Después de las elecciones locales de 13 entidades, como era de esperarse, han resurgido las desavenencias en los principales partidos de la oposición. Pero no hay debate político amplio, sino circunscrito al llamado Pacto por México.

En efecto, el gobierno incumplió y sigue incumpliendo el adendo del Pacto, con lo cual asume la responsabilidad del hundimiento de éste, ya que quien no respeta lo firmado no puede aspirar a seguir signando ilegítimos documentos con sus interlocutores. Pero, más allá de las inconsecuencias gubernamentales, el debate sobre la validez del instrumento llamado Pacto sigue siendo actual.

El Pacto no es un acuerdo de gobierno y ni siquiera legislativo. Es un mecanismo de negociación política, el cual no se puede llevar a cabo en el Congreso, como ya se ha visto. La llamada parálisis legislativa es un fenómeno recrudecido, pues las cámaras no se han puesto de acuerdo en temas muy importantes tales como la réplica, el fuero, la publicidad gubernamental, la ley de sueldos y un largo etcétera. Hay más de cien minutas congeladas, lo cual es inconstitucional.

Esa parálisis tiene su causa en la situación de los partidos, no sólo en los de oposición, sino también en el gubernamental. Ninguno tiene una dirección con firme liderazgo dentro y fuera del Congreso. El PRI sigue bajo los designios de sus gobernadores, como antes. El PAN se ha seccionado dentro y fuera de las cámaras. El PRD no ha podido llegar a una propuesta política nacional única y a un acuerdo sobre sus métodos internos.

El Pacto es un esfuerzo por llegar a acuerdos políticos, aunque sin la menor garantía de que éstos se produzcan. Pero la izquierda no puede ser una fuerza que avance por dar la espalda al diálogo que siempre ha exigido. Quienes se han negado a ordenar la lucha política mediante el debate, los desacuerdos y los acuerdos abiertos y dignos han sido justamente los gobernantes priistas y panistas. La lucha entre partidos no tiene por qué llevarse con acuerdos poco claros. En este año, la oposición ha seguido siéndolo con sus propias limitaciones e incapacidades sin que estorbe en absoluto ese listado de temas y esa mesa inestable de negociaciones a la que le llaman Pacto por México. Hallar en éste la causa de los fracasos es pura pereza intelectual o franco interés en tomarse la dirección partidista, más aún cuando sus impugnadores estarían en la misma mesa que critican si fueran los dirigentes de sus respectivos partidos. Cordero, de plano, se confesó al declarar que su proyecto de reforma política será enviado a Peña Nieto. Cualquiera diría que es mejor una mesa formal de negociación que unas peticiones epistolares al Ejecutivo.

No es exagerado decir que sin el Pacto no hubiera sido posible aprobar en el Congreso la reforma de telecomunicaciones.

El Pacto puede hacer agua, pero que sea por indolencia del gobierno y el desconocimiento de la firma propia por parte de Peña Nieto, sin que la oposición tenga ahora que asumir el boicot al diálogo político de manera oscura, es decir, sin reconocer a las claras que tal diálogo no es fructífero, hoy y aquí, en el Congreso. La mesa del Pacto puede suspenderse cualquier día ante desacuerdos insalvables —como el tema petrolero—, pero entonces tendría que saberse la causa de interés nacional y social que estuviera impidiendo el diálogo entre oposición y gobierno. Esa sería otra historia.