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México no debe aceptar una guerra de aranceles

El gobierno de Donald Trump es contrario, en general, al libre comercio con México y con casi todo el mundo, aún más que aquellos políticos demócratas quienes, en su mayoría, votaron en contra del TLC en el Capitolio hace 25 años. El actual presidente, sin embargo, ha logrado un nuevo acuerdo trilateral (México-EU-Canadá) con varias modificaciones, bajo la amenaza de dar por terminado el tratado original.

Sin embargo, si el Congreso estadunidense llegara a aprobar el nuevo T-MEC, el déficit comercial de Estados Unidos con México no disminuiría sensiblemente por efecto de las nuevas normas. En 2018 llegó a 81,500 millones de dólares, equivalentes al 13% de su balanza deficitaria mundial. A la economía norteamericana le hace falta ahorro interno. No tiene un problema con el mundo sino consigo misma.

Por otro lado, la crisis migratoria no podrá resolverse en unos meses, ni siquiera antes de dos años, porque hay oleadas de refugiados económicos que, además, huyen de la violencia social.

El plan de Trump para detener la inmigración sin visa no tiene viabilidad y no la tendría aunque se lograra pronto la conclusión final del ya viejo muro fronterizo.

Las relaciones entre México y Estados Unidos se encuentran entrampadas en dos problemas sin solución de corto plazo: comercio y migración fronteriza. Sobre este último tema, lo que busca Donald Trump es un manojo de concesiones de parte de México: 1) Forzar a los migrantes centroamericanos a admitir su estancia permanente en México, lo cual les haría inelegibles para optar por asilo en EU; 2) Deportar desde México a los extranjeros que lleguen a la frontera norte, incluyendo a los que ya hubieran solicitado asilo en EU; 3) Impedir el paso en la frontera sur mexicana de migrantes que pudieran estar dirigiéndose  a EU.

A juzgar por la pretensión norteamericana de lograr un sistema de persecución brutal de todo migrante procedente del sur hacia Estados Unidos a través del territorio mexicano, es decir, la solución final de Trump, todo indica que un acuerdo completo sobre el tema no se encuentra al alcance de la mano.

El establecimiento de un arancel general de 25% para los bienes procedentes de México, empezando por un 5% hasta llegar al máximo luego de cuatro meses, sería una acción ilegal del gobierno de Estados Unidos, ya que el Tratado de Libre Comercio (TLC-NAFTA) es una norma aprobada por el Congreso de ese país. Si el Ejecutivo no la obedece, podría incurrir en un ilícito. La ley que permite la manipulación de las relaciones económicas internacionales de Estados Unidos está condicionada a una situación de «emergencia» que justamente no existe en materia económica, ya que el mismo Trump ha firmado el nuevo T-MEC con México.

Donald Trump pudo vetar el rechazo del Congreso al traspaso de fondos hacia la construcción del muro fronterizo. Por ello, esperaría que tampoco hubiera mayoría suficiente en el Capitolio (2/3 en ambas cámaras) para romper el veto en materia arancelaria.

El gobierno norteamericano cometería una transgresión a las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) al desconocer (denunciar) en los hechos al TLC sin cumplir con los requisitos señalados en el mismo. Aún sin tratado alguno, Estados Unidos no puede lícitamente imponer a un país miembro de la OMC aranceles superiores a los establecidos para el resto. Parece que, con las guerras de Trump, el comercio mundial pactado podría quedar hecho añicos cuando las reglas ya no están vigentes para la mayor economía.

Otro de los problemas creados por Donald Trump es que él usa la presión arancelaria para atender un asunto que no es comercial y que, además, está prohibido por las normas de la OMC. La capacidad de Trump para modificar los aranceles, como asimismo la tiene el presidente mexicano, se refiere al comercio pero no a la migración.

Al mismo tiempo, los aranceles a las importaciones son pagados por los consumidores estadunidenses y es difícil subsidiarlos como se estila para defender al producto nacional y colocarlo en el exterior. A esto hay que agregar que gran parte de los bienes exportados desde México a Estados Unidos proceden directamente de empresas extranjeras, muchas estadunidenses, que se verían afectadas en sus ganancias con el pago de un arancel sin poder repercutirlo en su totalidad en el precio de sus productos.

Si el próximo lunes 10 de junio hubiera aranceles ilegales o si se difiriera la aplicación de los mismos por parte de Trump, de cualquier forma México tendría que definir con claridad que no desea ir a una «guerra arancelaria». Nuestro país no es una potencia económica que pudiera entrar a un intercambio de represalias comerciales, menos con Estados Unidos, país fronterizo con el cual México tiene cerca del 80% de su comercio exterior.

Si el gobierno de México hiciera «operación espejo», los consumidores mexicanos de productos estadunidenses se encontrarían en una situación semejante: pagarían un nuevo impuesto, sobre el cual, por cierto, opera el IVA porque aquel es incorporado en el precio de venta. Se tendría un costo doble: el determinado por la paulatina reducción de las exportaciones, por efecto del arancel de EU, y el que se provocaría por el incremento de precios internos a causa del arancel mexicano.

Existen otros terrenos en los cuales se puede dar la lucha contra el uso ilegal e ilegítimo de los aranceles. Hay fuerzas en Estados Unidos que podrían marchar junto a México para lograr un repliegue de Trump en esta materia, ya que gran parte de las mercancías de origen mexicano no pueden ser sustituidas rápidamente por producción local. La idea de que las empresas estadunidenses que operan en México regresarían pronto a su país no tiene mucho sentido porque en Estados Unidos los salarios son mucho mayores, por lo que, aún con arancel, las ganancias seguirían siendo buenas para muchos industriales.

Donald Trump es más rudo que otros poderosos, pero no está presentando objetivos personales. En Estados Unidos existe una gran corriente que es partidaria de exigir al mundo concesiones en todos los aspectos, incluyendo el sometimiento de gobiernos a los requerimientos norteamericanos. Es una cara del viejo hegemonismo. Dentro de poco tiempo sabremos si se trata de una mayoría electoral.

Con aranceles violatorios del TLC, el nuevo T-MEC ni siquiera se pondría a votación en el Capitolio, como lo ha dicho la diputada Nancy Pelosi, presidenta y líder de la mayoría en la Cámara de Representantes. En eso podrían converger muchos demócratas con unos cuantos republicanos, pues el viejo TLC tendría que ser denunciado formalmente por el mismo Donald Trump, tal como él lo quería hacer en un principio. Quizá esto se encuentre dentro de los cálculos de la Casa Blanca.

El intento de obligar a un Estado fronterizo, México, a poner barreras humanas con el fin de «proteger» a Estados Unidos es una mala idea, por ser ineficaz para perseguir el objetivo de los poderes políticos estadunidenses: detener la disminución relativa de la franja blanca de la planta laboral, en especial en la industria, así como el desalojo de la actual fuerza de trabajo de puestos relativamente menos remunerados. Se busca frenar el traslado de la «ventaja comparativa» de la fuerza de trabajo mal pagada hacia el interior del territorio estadunidense, lo cual ya ocurre, generando presiones sobre el salario medio y el empleo, por lo que es preciso detener brutalmente la migración, según el actual gobierno norteamericano.

El conflicto ya no es el muro que iba a pagar México, según Donald Trump. Ahora son las murallas policiales que el mismo Trump exige que sean erigidas, en el sur y en el norte, por parte del gobierno de López Obrador. Algo así, se sabe, no es prácticamente posible ni políticamente admisible. Es un viejo sueño recurrente del poder político estadunidense.

La solución debe buscarse en otro lado: remontar las causas principales de la emigración centroamericana (y mexicana). Este tema, sin embargo, no parece interesar al actual presidente norteamericano. Veremos por cuanto tiempo más. Jugamos ajedrez, no ping-pong.

El desvanecimiento de la OEA

Los momentos más importantes de la historia de la Organización de Estados Americanos han estado vinculados a las órdenes impartidas por el gobierno de Estados Unidos. Se recordará, entre otros muchos, la expulsión de Cuba («incompatibilidad de regímenes sociales») y la ocupación militar para derrocar al gobierno constitucionalista de la República Dominicana.

Pero desde aquello que era dramático se ha llegado al ridículo inaudito: una organización de Estados admite como miembro del mismo al Poder Legislativo de un país. La idea de reconocer a Guaidó como Presidente de Venezuela fracasó cuando en la resolución se sustituyó el término República Bolivariana de Venezuela por Asamblea Nacional, es decir, que el país ya no es integrante de la organización sino sólo su Poder Legislativo. Fue Jamaica, el voto 18 que era indispensable para alcanzar la mayoría suficiente, quien introdujo la corrección.

La OEA es ya una organización en la que están en la mesa gobiernos y una asamblea de diputados. Dentro de poco, de seguro podrán ingresar con derechos plenos partidos políticos si acaso eso sirve para llevar a cabo planes intervencionistas.

Hay un tal Almagro, quien opera como Secretario General de la OEA, que se ha dedicado a combatir todo aquello que odia Donald Trump en el continente. Entre los dos están logrando lo que no se pudo antes: llevar a la OEA a su completo desvanecimiento.

Una organización de tan pobre perfil que llega a los extremos de promover golpes de Estado, ya se ubica un peldaño más abajo que cuando admitía los mismos con simpatía. Pero al designar por sí y ante sí al representante de un Estado soberano, como recurso político golpista, conduce las relaciones internacionales hemisféricas al extremo del colapso. En realidad, esa resolución carece por completo de efectos reales, como se dijo luego de la votación.

La OEA no ha sido un foro privilegiado de sus países miembros, pues casi todos ellos han creado instancias regionales para impulsar relaciones políticas y económicas de mucho mayor calado que el viejo «ministerio yanqui de colonias», como algunas veces le llamaba Fidel Castro.

El arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no fue lo que más aumentó la presión sobre la OEA. El mayor problema ha sido el conjunto de derrotas de las izquierdas en varios países. La llegada de gobiernos francamente derechistas en Argentina, Chile, Brasil, Perú y Ecuador ha llevado a la OEA a ser algo parecido a lo que era en los sesentas y setentas del siglo pasado.

México ha tenido históricamente una distancia de la OEA. Casi todos sus gobiernos fueron fríos en tanto que, por nacimiento y desempeño, esa organización estaba más cerca de la doctrina Monroe que de unas relaciones hemisféricas en pie de igualdad. El Estado mexicano nunca necesitó a la OEA,  por lo cual fue uno de los más alejados de la misma.

El embajador mexicano ante ese organismo, Jorge Lemónaco,  ha dicho que la afiliación de la Asamblea Nacional de Venezuela a la OEA es una victoria pírrica de algunos, es decir, que le ha costado demasiado a sus patrocinadores, para empezar, el más completo ridículo.

Nicolás Maduro quizá podrá caer, pero es más difícil que Juan Guaidó, el designado por Trump, llegue a ser realmente presidente. La crisis venezolana no es un fenómeno que afecte al hemisferio y mucho menos a las relaciones internacionales del mundo, como pretenden 50 gobiernos que quieren decidir la coyuntura en el país de Bolívar. Sin embargo, se encuentra sorprendentemente en la lista de conflictos mundiales.

En Europa occidental y central pocos han resistido los requerimientos de la Casa Blanca, pero acá, en América Latina, al menos existen todavía gobiernos con dignidad para negarse a intervenir en asuntos internos de otras naciones. México es uno de ellos.

Mientras, la OEA se ha desvanecido. En horabuena.