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La deuda interna de Peña Nieto

 

Cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República, los bonos gubernamentales en circulación ascendían a 4.39 billones de pesos (un billón, en español, es un millón de millones; billion, en inglés, son mil millones). Hoy, la deuda interna en bonos asciende a 6.33 billones de pesos, es decir, 45% de aumento. La diferencia nominal es casi de 2 billones. ¿Esta cantidad es igual o menor que la inversión pública fija desembolsada del gobierno federal durante los años del actual sexenio? Pues no. Esto quiere decir que la deuda de los bonos es inconstitucional, al menos en parte, porque la Carta Magna obliga a invertir ese dinero en obras que produzcan incrementos en los ingresos públicos, para asegurar su pago (art. 73, fracc. VIII).

Debe decirse que la deuda externa es un capítulo que se cuece aparte, del cual podremos hablar algún otro día.

Los comunicadores, políticos y empresarios que se dicen preocupados por el “populismo”, no lo están, sin embargo, con el loco incremento de la deuda interna. Éste era el “populismo” de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado. Ahora ya no lo es, debido a que, en nuestros días, por “populismo” se entiende tener programa social y procurar medios propios para su financiamiento.

Lo que Peña ha hecho es aumentar otra vez los gastos de operación del gobierno, disecar a Pemex, apoyar a los gobiernos locales priistas y a otros amigos comprometidos, derrochar muchos millones en gastos de propaganda e impulsar proyectos especiales de inspiración presidencial. Estamos en realidad en el viejo populismo, lo que se confirma con el hecho de que no hay plan porque no hay objetivos nacionales. Como país, no sabemos a dónde se quiere ir.

Del total de bonos colocados en el mercado interno (6.33 billones), 2 billones se encuentran en manos de extranjeros. Esta última cantidad corresponde en su mayor parte al presente sexenio, ya que hasta el año de 2012 sólo estaban en manos foráneas menos de 500 mil millones de pesos.

Se diría que el riesgo es el mismo porque, como sabemos, los inversionistas mexicanos (tienen 70 mil millones de dólares en el exterior) pueden sacar su dinero del país cuando lo desean (muchos de ellos ni siquiera suelen pagar impuesto sobre la renta), al igual que los extranjeros, vendiendo sus bonos y cambiando sus pesos por dólares, pero es mucho más sencillo para los fondos internacionales tomar decisiones rápidas y sorpresivas, con las cuales podrían crear un problema mayor a la economía mexicana. De los 2 billones de incremento total de los bonos desde el año de 2012, los inversionistas extranjeros han tomado 1.66 billones, cantidad no tan lejana al monto de la reserva internacional disponible del Banco de México. Mejor no recordar los Tesobonos de Salinas.

La subvaluación del peso, efecto del proceso de desvalorizaciones durante del actual sexenio, se debió a una extraordinaria demanda de divisas que no provenía de necesidades de pago, sino justamente de la venta de bonos gubernamentales y de retiros de inversiones de bolsa.

Recién han vuelto algunos, excitados por el aumento de los intereses. La tasa de riesgo mexicana (diferencial neto de interés entre México y EU) se encuentra ya en un nivel inusitado en muchos años. Lo peor de todo es que el crecimiento del rédito dificulta las inversiones productivas cuando la economía sigue atorada. El Banco de México tendrá que aumentar otra vez su tasa de referencia a partir del incremento decidido por la FED (Banco Central de Estados Unidos) de 0.25%, con el fin de “proteger” la desdichada tasa de riesgo que pagamos los mexicanos para que no nos presione el capital rentista, sólo por ser “pobres e inseguros”. Pero Agustín Carstens podría decidir un mayor aumento para seguir cubriendo una inflación que contrasta ya demasiado con la estadunidense, la cual se está volviendo a ubicar en el 2%, frente al 6% en México.

Debido a la deuda errónea e ilegítima de Peña, se decretó un “superávit primario” para el presente año. Pero, como van las cosas, es difícil que se logre el monto previsto porque la tasa de interés sigue subiendo y, con ésta, el costo financiero de la deuda. Los errores de estos años no se resuelven con un “superávit”, sino se empeoran, porque éste no es otra cosa que hacer crecer la parte del ingreso que el Estado no le regresa a la sociedad.

Entre los países grandes, el Estado mexicano es uno de los fiscalmente más pobres, es decir, con un bajo porcentaje de su Producto Interno Bruto para ser destinado a gastos comunes. Si este asunto no se resuelve, los demás temas siempre serán demasiado complicados. Por ejemplo, México tendría que duplicar el número de estudiantes universitarios tan sólo para alcanzar un nivel internacional mediocre en esta materia.

El problema está en la política económica estructuralmente equivocada que padece el país. Los gobernantes sólo se preocupan de que las cosas no vayan peor, mas con frecuencia también fracasan en ese empeño.

La solución empezará cuando el Estado promueva la inversión, el crecimiento de la economía, el aumento salarial, la redistribución del ingreso y el desarrollo social. Aunque a esto se le llama “populismo”, al menos no llevaría, como lo ha hecho Peña, a ahogar al país en una deuda ilegítima con un entorno de estancamiento y pobreza.

La crisis está llegando

Con una total espontaneidad, el presidente del 12% de preferencias nos ha dicho que vivimos un momento de “desafío económico”. Bueno, para algunos no estaría mal esa respuesta considerando la capacidad explicativa de Peña Nieto, pero todo país tiene siempre desafíos, especialmente en el terreno económico. Así que nos hemos quedado en las mismas.

El tema es si México está a las puertas de una nueva crisis económica o logrará sortear la recesión que ya se advierte.

Creo que estamos viendo cómo se acerca la recesión. No se trata de una “incertidumbre por lo que va a pasar con Estados Unidos”, como ha dicho Peña. Para nuestro infortunio, la devaluación del peso lleva los 4 años de su presidencia mientras que la recesión industrial arrancó el año pasado, antes de la elección de Donald Trump.

El presidente mexicano no tiene temor a que lo desmientan. Con frecuencia hace afirmaciones con inexactitud o franca falsificación de hechos. Así, el incremento en las afiliaciones al IMSS en los dos últimos años no se ha debido, en su mayoría, a “empleos nuevos”, como él afirma, sino a empleos ya existentes incorporados al régimen de seguridad social por la vía de una reforma fiscal que abarcó a una gran parte del sector informal tradicional del país. Lo que hemos visto es una formalización del empleo inducida mediante el mecanismo fiscal. Ese es un asunto que llevaba años discutiéndose (más bien comentándose) en el Congreso hasta que, mediante un acuerdo entre Videgaray y el PRD se produjo la reproducción de los peces o de los panes, es decir, que se pudieron medir muchos empleos antes informales pero verdaderos.

Tenemos en realidad una disminución evidente del ritmo de crecimiento y en la industria se reporta ya un decrecimiento. Esto quiere decir que si no se produce un repunte, el país llegará muy pronto a la recesión. Esa será la crisis cierta aunque Peña siga hablando de “incertidumbre”.

El gobierno ha cometido errores. Al aumentar la recaudación por efecto de la reforma fiscal, también se decidió incrementar el déficit del sector público. Pero el destino de los nuevos ingresos no fue el adecuado, es decir, el impulso a proyectos productivos, sino que el gobierno se gastó gran parte de ese dinero en esto y lo otro, o sea, en satisfacer pendientes, otorgar prebendas, repartir dinero dentro del aparato gubernamental para utilizarlo en gasto político. No había un verdadero buen plan de inversiones. El país no reaccionó a esos cambios en la política de ingresos y prosiguió por la cuesta en la que ya venía.

El resultado de ese desastre fue que los requerimientos de la deuda rebasaron las mejorías en los ingresos públicos pues el déficit creció también en términos relativos. La aspirina para esta enfermedad se llama “superávit primario”, es decir, regresar a la sociedad menos dinero de lo que se le quita por parte del fisco con el propósito de aminorar el incremento porcentual de la deuda.

Pero como la devaluación del peso continúa en gran medida por la situación de la deuda, la tasa de riesgo que demandan los inversionistas en bonos gubernamentales es cada vez mayor, lo cual, a su vez, ha orillado al Banco de México a elevar mucho su tasa de interés para bajar la presión sobre el mercado de cambios, pues la mayoría de quienes venden sus bonos compran dólares con destino a sus cuentas en el exterior. El Banco de México quiso antes regular ese mercado haciendo subastas pero la verdad es que ese mecanismo es poco útil cuando los inversionistas tocan retirada. México lo debería saber de sobra: “ya nos saquearon”, dijo un presidente, “yo no sabía nada de los tesobonos”, dijo otro. Las crisis de deuda en México han generado estropicios mayores: devaluación y recesión.

México (su gobierno) insiste en seguir jugando principalmente en el mercado abierto de los grandes inversionistas, depende de ellos y siempre será víctima de sus decisiones. Es preciso cambiar el esquema, recomprar bonos gubernamentales, fondearse en mecanismos de deuda institucional, abrir la participación popular en la deuda interna, etcétera. Si la economía no crece, la deuda enferma; si la economía decrece, la deuda aniquila. Podría México estar transitando de un escenario al otro.

Peña no ha querido hablar del repunte de la inflación. Cuando las presiones inflacionarias derivadas, entre otros factores, de la devaluación continua del peso, estaban llegado a su punto de impacto, se le ocurrió aumentar los precios de las gasolinas, recetarnos el gasolinazo: era un plan de Videgaray para cubrir deuda sacándole a la economía real muchos miles de millones adicionales. Ese combustible es ahora más caro en México que en Texas y, aun así, Peña insiste en que el aumento se debió al incremento del precio del petróleo. Ante el golpe, la protesta hizo que Peña suspendiera el segundo gasolinazo, pero el esquema sigue siendo el mismo.

La crisis está llegando.

Migajas de corrupción

El método de repartir migajas presupuestales a los diputados no es nuevo. Lo inventó el PRI en el Estado de México hace muchos años y lo utilizó Peña en sus años de gobernador. Son migajas porque 10 mil millones de pesos (20 millones por cabeza) es mucho dinero pero muy poco dentro de un presupuesto de más de cuatro millones de millones. Se trata de un reparto de dinero para que cada diputado y diputada decida en qué debe usarse. Es como si cada representante popular sacara de su cartera un dinero para entregárselo directamente a su gente, a sus amigos, a sus seguidores.

Cuando este sistema opera para obras públicas o adquisiciones, se abre el enorme campo de los moches que son los cobros por haber sacado dinero del presupuesto para determinados propósitos, por ejemplo, el diez por ciento del gasto en cuestión para quien lo hizo posible, el diputado, sedicente legislador.

El presupuesto es un terreno de disputa política. Siempre lo ha sido. Pero una cosa es que los partidos y los legisladores traten de orientar el gasto hacia determinados propósitos como parte de políticas públicas y otra cosa muy diferente es que cada legislador se tome una bolsa de veinte millones para repartirlos él mismo en determinados lugares y con determinadas cuotas para ciertos propósitos compartidos entre el promotor y el beneficiario, como si el representante popular fuera un coyote, en lo cual se convierte inmediatamente con esta práctica. Tal uso de los recursos públicos se lleva a cabo a través de una colusión de servidores públicos que se ponen de acuerdo para realizar actividades que no son lícitas: es un delito.

Según el acuerdo de la Cámara de Diputados, los diez mil millones de pesos tendrán el propósito que cada diputado y diputada determine y se ejercerán con reglas de operación determinadas por la Secretaría de Hacienda en el mes de marzo del próximo año. El fin de cada peso del presupuesto debe estar determinado en el propio decreto, ser válido desde el punto de vista de la ley y ejercido de acuerdo con normas presupuestales. No es legal aprobar dinero con propósitos determinables con posterioridad por parte de cada legislador convertido ilícitamente en agente intermediario del ejercicio del gasto. Tampoco es legal utilizar dinero del erario para hacer política en favor de cualquier servidor público

Además, con 10 mil millones de pesos anuales se podría financiar una universidad de buen tamaño, construir varios hospitales de zona, reparar miles de escuelas ruinosas que hoy existen en el país, entre otros muchos propósitos. Pero, ¿cuál es el programa presupuestal de ese gasto de 10 mil millones? Ninguno. Por tanto, es inconstitucional ya que el gasto se conforma de programas con criterios y objetivos cuantitativos y cualitativos previamente determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación según reza la Carta Magna.

En términos generales, el acuerdo de reparto de dinero en San Lázaro es parte del funcionamiento del Estado corrupto. Y en términos concretos es la comisión de un delito y una transgresión grave de la Constitución del país.

Impunidad grosera

Entre 1989 y 1994 –sexenio de Carlos Salinas—la partida secreta ascendió a una suma total de 854 millones 670 mil dólares que ahora equivalen a 12.5 mil millones de pesos. Se le ha atribuido a Luis Téllez la afirmación de que Salinas se robó la mitad de la partida secreta, la cual sería una cantidad de más 6 mil millones de pesos actuales. En realidad los Salinas se robaron toda la partida secreta porque el uso político discrecional de esos fondos también era un robo aunque parte del dinero no hubiera ido a parar a las cuentas bancarias de la familia. En realidad, no sabemos cuánto dinero se robaron pero no comprobaron un solo peso en desacato al mandato de que todos los gastos públicos deben justificarse, sin excluir a las partidas secretas, según reza la Constitución.

La absolución judicial de Raúl Salinas es un acto de impunidad grosera. Había sido acusado de enriquecerse ilícitamente con 224 millones de pesos, una cantidad pequeña frente al torrente millonario de la partida secreta, pero es que sólo esa suma fue incluida en la denuncia. Lo que no ha sido documentado es mucho más importante. Este personaje no ha sido el hermano incómodo de Carlos Salinas sino uno de sus cobradores y tesoreros.

Ya Miguel de la Madrid tuvo oportunidad de señalar a Carlos Salinas como un ladrón en una entrevista que él mismo desautorizó después de recibir en su casa visitas de conocidos políticos como Emilio Gamboa. En efecto, De la Madrid había aumentado la partida secreta en 1988 para financiar la campaña de Carlos Salinas: 1987: 56.8 millones de dólares; 1988: 90.93 millones de dólares, es decir, el doble que había tenido en 1983, pero Carlos Salinas la llevó hasta 190 millones de dólares en los dos últimos años de su gestión (600 millones de pesos). En los presupuestos de 1995 y 1996, con Ernesto Zedillo, la cantidad en pesos fue de 650 millones aunque en términos de dólares los montos resultaron menores por efecto de la devaluación de la moneda. De cualquier forma, decidieron robar a Pemex mil millones de pesos para las elecciones del año 2000.

Con todo lo escandaloso que fue la partida secreta, ésta era un fragmento menor de la corrupción pública. Si tomamos las erogaciones adicionales (Ramo 23) del presupuesto entre 1980 y 1994, en los años de elecciones y en el siguiente las cantidades dan brincos. En 1988, para el encumbramiento de Salinas, tales gastos llegaron a casi 500 millones de dólares, pero ya en la Presidencia, en 1989, el personaje se gastó en adicionales poco más de mil millones de dólares y en 1992 tales erogaciones llegaron a dos mil 100 millones de dólares, casi igual cantidad (2.4 mil millones de dólares) que fue gastado adicionalmente en 1994 cuando a Zedillo se le llevó al poder. El gasto discrecional de los presidentes ha sido el más alto de los países con controles parlamentarios, es decir, que aquí la Cámara de Diputados no controla el gasto público. Si a México llegara súbitamente la justicia para desplazar a la impunidad, veríamos a miles de políticos tras las rejas, encabezados por Carlos Salinas.

La absolución de Raúl Salinas o Juan Manuel Gómez Gutiérrez o varios otros alias, con sus respectivos pasaportes expedidos por el gobierno, es la impunidad vigente. En este país puede ocurrir que se haga increíble la fortuna de la esposa del presidente de la República sin que tal cosa trascienda al campo de una investigación seria e imparcial, o que muchos crean que ahora los sobornos se pagan con residencias adquiridas a plazos, como la del mismísimo secretario de Hacienda, pero sin que pueda la ciudadanía tener certeza de algo, ya fuera saber que hay empresarios dadivosos con sus estrellas o con amigos que les otorgan contratos, o que el patrimonio de los servidores públicos y sus familiares puede incrementarse de alguna otra oculta manera.

                         (Las cifras son de: Pablo Gómez, Los gastos secretos del presidente, Ed. Grijalbo, 1996).

 

 

Mayoría parlamentaria para la rebatinga

En cualquier parlamento la mayoría tiene el poder de bolsa. Pero no en cualquier parte esa mayoría tiene la capacidad o el talento político para ejercer su prerrogativa. En México, la coalición PRI-PVEM en la Cámara administró de la peor forma su fuerza mayoritaria, no supo hacer un presupuesto ni negociarlo con los sujetos del gasto. Todo fue una rebatinga y una forma nefasta de llegar a arreglos de la mano de la Secretaría de Hacienda.

¿Por qué el PRI, con su aliado PVEM, no pudo diseñar una política de gasto? Porque carece de una cualquiera. Para el PRI, el presupuesto es un instrumento de reparto entre facciones políticas. No más. Así se modificó el proyecto inicial de Calderón –de por sí carente de rumbo– para asignar recursos en función de quienes los pedían y no de qué se iba a hacer con los mismos. Hay dos métodos: el priista, que consiste en conceder solicitudes de poderosos, y el normal, digamos, de elaborar las prioridades de gasto en función de un programa nacional.

La educación no es una prioridad para Calderón pero tampoco para el PRI. Durante años, los dos sucesivos gobiernos panistas han enviado proyectos de recorte al gasto educativo, especialmente a la educación superior. La Cámara ha tenido que buscar dinero de donde se ha podido para otorgar la misma cantidad del año anterior y, algunas veces, hemos logrado incrementar ese gasto pero nunca en la cantidad necesaria. Esta trampa ha sido utilizada para obligar a los diputados a dirigir los recursos no previstos en el proyecto original hacia los renglones de gasto más importantes. Pero ahora casi no hubo diferencia entre la cantidad de gasto total propuesta por el Ejecutivo y el cálculo final del ingreso. De esta forma, las negociaciones sobre el presupuesto fueron de reasignaciones dentro del proyecto original: quitar aquí para poner allá.

La mayoría priista de la Cámara volvió a caer en la trampa a pesar de su experiencia porque carecía de proyecto propio y liderazgo. En lugar de rehacer el presupuesto, negoció durante días con Hacienda para recortar algunas asignaciones con el propósito de satisfacer las peticiones de sus propios gobernadores y de instituciones y organizaciones que hubieran sido demasiado afectadas con la aprobación del proyecto de Calderón.

El PRD estuvo en la banca sin poder entrar a la cancha, pero al final se le hicieron pequeñas asignaciones a las entidades gobernadas por ese partido y a algunas instituciones públicas. El método no cambió, sin embargo, y todo siguió siendo una rebatinga.

El primer año en que el PRI –con el PVEM– es mayoría en la Cámara todo ha sido un desastre. No podía ser de otra forma con una congregación política que carece de proyecto de rumbo nacional pero defiende poderes políticos locales y grandes intereses económicos. Desde la discusión de los ingresos todo fue una mala conducción política: el PRI (mayoría) votó el aumento del IVA y culpó a la minoría (PAN) de haberlo aprobado. En el Senado el asunto se volvió ridículo cuando el PRI se desapareció del salón de sesiones en el momento de la votación de la tasa al valor agregado para que la minoría panista senatorial la confirmara. En síntesis, la nueva mayoría no se ha hecho responsable de sus actos y tampoco parece querer explicar la rebatinga presupuestal. ¿Qué quiere entonces?

El descrédito del gobierno de Calderón parece apuntar a un fortalecimiento del PRI, es decir, la reposición de un poder priista en Los Pinos. Pero ya el PRI no es el mismo en cuanto a su verticalidad y liderazgo. De aquí la rebatinga y la ausencia de proyectos comunes. En conclusión, la política del país está de pronóstico reservado.