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Los sueldos de los jefes

Las remuneraciones de los altos jefes del Estado mexicano siempre iban en aumento. Cuando el Producto Interno Bruto per cápita se reducía, el presidente de la República y toda su corte se aumentaban los sueldos. El número de salarios mínimos contenido en la percepción total del jefe del Ejecutivo iba siempre en incremento: llegó a estar entre los más elevados del mundo. Además, esa misma política se aplicaba en los estados.

En el primer presupuesto de egresos bajo el nuevo gobierno, correspondiente a 2019, se disminuyeron los sueldos de la llamada burocracia dorada. Pero la mayoría de las entidades federativas sigue ignorando la disposición constitucional de que nadie en el Estado mexicano puede ganar más que el presidente.

Por eso, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado una nueva reforma de la Carta Magna, cuyo principal objetivo es hacer valer el texto vigente. Sí, aunque parezca mentira, México es un país en el que para hacer valer la Constitución suele ser necesario adicionarla. Y, a veces, ni así.

El pleito de quienes ya eran jefes por su sueldo es encarnizado. Recursos de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y más de dos mil amparos se han interpuesto para tratar de impedir la sencilla aplicación del artículo 127 de la Constitución del país.

La Suprema Corte ha condenado al Congreso a escribir en la ley los «parámetros» con los cuales se deba determinar el sueldo del presidente de la República y demás jefes. El Poder Legislativo cumplirá con ese requerimiento, pero el pleito no va a resolverse. Seguirá porque los «parámetros» no les van a gustar a algunos funcionarios que han gozado de elevadísimos salarios.

La idea de que los jefes deben ganar como si fueran gerentes de una trasnacional en expansión está anclada al patrimonialismo sobre el erario. En México, el Estado corrupto enseñó a los jefes que la recompensa tiene que abarcar el uso holgado y beneficioso del presupuesto.

La corrupción no consiste sólo en robar, defraudar, desviar, concesionar, regalar, malversar, dilapidar, etc., sino también en la asignación de sueldos y gastos excesivos, siempre de manera arbitraria o caprichosa.

Se ha estado exigiendo a la Cámara de Diputados que diga los criterios que tuvo para fijar el sueldo del actual presidente de la República con menos de la mitad de lo que ganaba su antecesor. El asunto es de respuesta sencilla con sólo trazar la ascendente curva de los aumentos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para no ir más atrás. México no puede pagar al presidente y miembros del gobierno como si estuviéramos en Alemania porque los salarios mexicanos son de los más bajos del mundo.

El sueldo de Andrés Manuel López Obrador no aumentará por más brincos que se observen en poderes, organismos autónomos y gobiernos locales. La Cámara de Diputados es la única instancia que puede fijar las remuneraciones en la Federación. Así ha sido desde 1857 y no tiene por que cambiar.

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) proponen ganar al año un millón de pesos más que el presidente de la República. Como es lógico, la Cámara de Diputados no les concederá ese sueldo, sino que fijará sus remuneraciones en términos consistentes con el marco constitucional y legal del país.

En la nueva temporada presupuestal quedará claro por segunda vez que eso de respetar la Constitución va en serio. Se va a acatar el artículo 127 sobre remuneraciones y también el 75. Este último señala a la representación nacional elegida por el pueblo como la autoridad que fija los sueldos de servidores públicos cuyos empleos están establecidos en las leyes. Las remuneraciones de esos funcionarios es, antes que otra cosa, una cuestión política (incumbe y afecta a todos), por lo que debe dirimirse en el terreno de la democracia.

Crisis fiscal mexicana

Los ingresos tributarios federales ascienden a 13.3% del PIB. Son de los menores del mundo. Se trata de un problema creado durante tres décadas. ¿Cómo hacer frente en el corto plazo a la precariedad de los ingresos? ¿Cómo iniciar el camino hacia la superación de tan grave escasez de recursos públicos?

El nuevo gobierno optó por mantener las tasas impositivas, no recortar gastos fiscales y detener el tobogán del endeudamiento. Esta decisión ha sido criticada desde algunos medios académicos y políticos, pues el país, en efecto, requiere un plan para remontar su gran deficiente fiscal. La respuesta gubernamental consiste en que es preciso ahora elevar la eficiencia recaudatoria, no sólo para medir el grado de descuido y corrupción que prevaleció, sino principalmente para elevar el ingreso público sin nuevas tasas impositivas. Y, en efecto, en los primeros 9 meses del año se ha elevado la masa recaudatoria de algunos conceptos fiscales, pero el porcentaje del PIB que se captará en 2020 seguirá siendo el mismo 13.3.

El problema es aún más serio en tanto que para detener el crecimiento del endeudamiento público se sigue recurriendo al llamado superávit primario, lo cual quiere decir que el gobierno devuelve a la sociedad menos de lo que recoge de ella. Este mecanismo es una respuesta de emergencia a una deuda pública que se acercaba a la mitad del PIB anual y podía poner en peligro la relativa estabilidad de las tasas de interés y, en el extremo, parte de la reserva internacional del país.

En el marco de una estabilidad cambiaria y de la reducción del rédito fuera de México, se han realizado operaciones de conversión de deuda pública, a partir de lo cual se reducirá el superávit primario, desde un punto del PIB a 0.75, lo cual permitirá aprovechar algo más de los recursos ingresados.

El gobierno ha impulsado programas sociales y de inversión que requieren ingentes recursos fiscales. La solución que se ha dado hasta ahora es la disminución de gastos de operación de los ramos administrativos y la terminación del sistema de pulverización presupuestal, el cual operó como base de la corrupción. Hasta ahora, han marchado los principales programas sociales nuevos, en los que se reconocen derechos sin condiciones políticas, pero la plataforma de gasto social apenas está empezando.

Cuando se cuenta con recursos fiscales  muy escasos, es demasiado complicado mejorar en algo la redistribución del ingreso a través del gasto público. No obstante, se ha demostrado que, aún así, es posible. El combate a la corrupción y al dispendio está dando resultados.

Sin embargo, el gran problema de la cuantía del gasto no sólo afecta los mecanismos redistributivos sino la inversión productiva del Estado que siempre ha sido clave para el crecimiento de la economía. Es justamente en este plano donde el proyecto de ingreso-gasto para 2020 expresa más claramente el inicuo retraso estructural de las finanzas públicas.

Hacia 2021 se tendrá que dar un cambio en materia fiscal. Ya no se podrá confiar tanto en seguir mejorando la recaudación dentro del mismo marco legislativo, reducir la corrupción y atacar el dispendio porque todo esto ya habrá dado de sí. Se deberá ir a una reforma fiscal sobre la base de proporcionalidad y justicia.

Es de esperarse que los grupos que se vean afectados por ese cambio se ubicarán en una militancia política en contra del gobierno, pero eso siempre se ha sabido. Aunque la situación política se vea afectada, de cualquier forma ya no debería considerarse argumento circunstancial alguno para diferir más el fortalecimiento de las finanzas públicas.

Superar por entero la crisis fiscal mexicana es vital para sustentar la nueva orientación política alejada del cartabón neoliberal que justamente nos condujo a la misma.

AMLO: administrar o vencer la corrupción

La primera renuncia en el gabinete de López Obrador proviene de divergencias en el plano de la administración. Germán Martínez ha dicho algo al respecto. Sin embargo, al quejarse de la corrupción que corroe al IMSS, se abstuvo de presentar diagnóstico y plan de combate contra ese flagelo.

Como es de comprenderse, lo trascendente no es la separación de Germán Martínez sino el debate sobre los planes del gobierno de López Obrador para combatir la corrupción a lo largo y ancho de la administración pública. ¿Es posible alcanzar el éxito si se comienza con hacer concesiones a los circuitos de la gran corrupción? Sabemos que no se puede de un momento a otro acabar con la mordida callejera y de ventanilla, pero eso no debería poder decirse de la corrupción realizada por mafias que operan dentro y fuera del Estado.

La austeridad es un tema diferente al de la lucha contra la corrupción aunque uno y otro tienen muchas conexiones. Una administración austera no busca gastar menos sino más, pero en lo que es debido, sin derroche. La plataforma de lucha contra la corrupción no busca «ahorrar» dinero sino evitar el robo, con lo cual se preservan fondos para usarlos en otros propósitos señalados como prioritarios. Se han reducido programas y partidas de gasto puramente operativo, burocrático, pero sobre todo se han combatido sobreprecios, desviación de fondos, aviadurías, moches y grandes mordidas, amén de huachicoleos. Esto apenas empieza; así lo debemos esperar y exigir.

Si López Obrador aflojara el paso, de seguro que el nuevo gobierno fracasaría. Precios alterados de insumos, pagos en demasía, negocios con recursos públicos, concesiones amañadas, contratos a modo, peculados y muchas más formas de corrupción han formado parte del sistema político. No estamos hablando de «vicios» sino de articulaciones delincuenciales construidas dentro del poder político.

Queda por completo claro que el Estado corrupto no existe en forma aislada sino articulado a la economía y a la cultura. No debería, por tanto, combatirse sólo mediante tiros de precisión, por lo cual se está usando la denuncia pública y el desmantelamiento de estructuras legales para modificar al Estado, incluyendo políticas como las salariales y las garantías de derechos sociales.

A México, como a otros países, le ha tocado un capitalismo salvajemente neoliberal, pero al mismo tiempo una de las peores combinaciones de aquél: la corrupción como sistema. De tal suerte, la redistribución del ingreso y el establecimiento del Estado democrático y social no son factibles sin un proceso simultáneo de desarticulación del Estado corrupto.

Las cifras de condonaciones fiscales dadas a conocer por Andrés Manuel hace unos días se nos revelan como una fotografía política: véase el primer año de mandato de Peña Nieto, con más de 200 mil millones de pesos de impuestos condonados, que fueron parte del pago de financiamientos políticos ilícitos y demás apoyos para gastos electorales y para otros mecanismos de poder. Todas las aportaciones privadas se pagaban y, al mismo tiempo, en esas exacciones se creaban nuevos fondos para financiar la futura actividad política. Ésta, en México, ha sido muy cara: de una forma o de otra todo el dinero tenía que ser aportado por el Estado.

La nueva administración no podía arribar a entidades y organismos públicos con la idea de ir mejorando las cosas. Esa actitud hubiera sido un error fatal. Si se quiere transformar hay que remover el aparato administrativo anterior. Esto incluye al Seguro Social, donde desde tiempos muy remotos ha sido una tradición ocupar las delegaciones en los estados como referentes políticos de grupos y figuras del poder. Ya no se hable, por sabido, de los sobreprecios de los insumos médicos: esos sí que son «inhumanos».

Pero como es hasta cierto punto natural, cada error administrativo ha de ser magnificado por los conservadores para defender su viejo Estado corrupto. Hasta ahora, la resistencia ha sido moderada, pero quizá pronto se haga virulenta. Si el gobierno de AMLO mantiene la firmeza suficiente podrá ganar esa lucha. Pero si empezara a postergar acciones y a ceder ante los circuitos de la corrupción con sus referentes en empresas y políticos tradicionales, todo se vendría abajo. Es más, para algunos, el ritmo actual es aún lento y no va a tomar velocidad organizando insustanciales subastas de aviones y automóviles, las cuales resultan ridículas en lugar de espectaculares.

Si no se admite el freno o la tesis de la cautela, entonces es preciso empujar. Si así fuera, se podría empezar a combatir la corrupción cotidiana, la que golpea más directamente a la ciudadanía: bajar hasta el primer peldaño de la escalera, el más alejado de la cúspide del poder.

La Suprema Corte frente a las remuneraciones escandalosas

Para resolver sobre la Ley de remuneraciones de servidores públicos, la Suprema Corte tiene frente a sí un proyecto para declarar inconstitucional ese ordenamiento. Los y las ministras se encuentran de cara a la Constitución.

Para el ponente, el ministro Alberto Pérez Dayán, la ley objetada no contiene lineamientos para modular la determinación del sueldo del presidente de la República. Según él, tiene que haber una «elaboración objetiva» de la remuneración presidencial.

La Ley de remuneraciones ha sido una de las más combatidas por ser chocante a los altos funcionarios, incluyendo a los del Poder Judicial. Durante muchos años, esos servidores públicos se asignaron su propio sueldo. Llegaron a los más altos montos jamás vistos. Hoy, no combaten en realidad la ley de remuneraciones, sino el texto de la Constitución (Art. 127) que les impide ganar más que el presidente de la República porque el sueldo de éste se redujo.

El parlamento moderno empezó asumiendo el «poder de bolsa». Contener al monarca mediante la fijación de los impuestos y la autorización de los gastos. Parece, sin embargo, que ahora se quiere que los gastos corrientes tengan «parámetros» predeterminados, racionalidades técnicas preestablecidas, «métodos de cálculo» definidos. Esto quiere el ministro instructor Pérez Dayán.

Sin embargo, el sistema democrático liberal que se mantiene en el texto constitucional expone otra cosa. A la espera de una democracia directa y participativa, la vigente, enteramente formalista, indica que la política de sueldos la marca la representación popular. El poder de bolsa es exclusivo del Congreso y tiene dos partes: ingresos y egresos. Estos últimos los determina de manera exclusiva la Cámara de Diputados en el Presupuesto, el cual es anual.

Se postula que la política de sueldos la determina el electorado, al elegir a quien mejor propuesta tiene al respecto. ¡Ah!, pero Pérez Dayán quiere que las remuneraciones de los altos funcionarios sean determinadas por «parámetros» y mediante métodos «objetivos». ¿Cuáles pueden ser éstos? Si tuviéramos una difícil situación de bajos ingresos y altas deudas tendríamos que bajar los sueldos de los jefes sin pensar en «parámetros». De la misma manera, cuando el pueblo ha votado y nos ha dicho que basta de privilegios, tenemos que bajar los sueldos de esos mismos jefes por el simple dictado del electorado. Cuando es preciso aumentar el gasto social y rebajar las erogaciones operativas, meramente burocráticas, hay que reducir los sueldos de los funcionarios de alto rango para dar al presupuesto otros objetivos. Todo esto es lo que está ocurriendo.

Así funciona el sistema representativo liberal formalista. ¡Ah!, pero Pérez Dayán quiere inventar un nuevo sistema tecnocrático y obligar al Congreso a expedir una ley que diga lo contrario, es decir, que los sueldos de los jefes del aparato público se deciden mediante criterios «objetivos» y «técnicos», pero de ninguna manera políticos en el sentido más amplio y exacto del término.

Si así lo dijera al final la Suprema Corte, no podría ser de esa forma porque el país no está para admitir que el sueldo del presidente se defina mediante imposibles «razones» técnicas, lógicamente, por parte de unos tecnócratas. Es decir, aunque se declarara en la Suprema Corte la inconstitucionalidad de la ley de remuneraciones, mientras no se deroguen los artículos 75 y 127 de la Constitución, el sueldo del presidente de la República, el más alto en el Estado mexicano, seguirá siendo determinado por votación en la Cámara de Diputados, cada año, como está establecido desde que se fundó la República.

El ministro Pérez Dayán va más lejos en su intento de echar abajo la ley de remuneraciones. Como dicho ordenamiento fue expedido por la Cámara de Diputados siete años después de que se lo enviara el Senado, entonces es nulo. ¿Qué? Pues sí. Ese ministro ponente pretende hacer que la Corte declare que una ley es inconstitucional porque el Congreso se tardó demasiado en expedirla. ¡Wau! Eso nunca se había visto.

No existe precepto alguno en Constitución, ley o reglamento que prescriba la caducidad de un proyecto enviado desde una cámara a la otra. Jamás. Las normas señalan la «preclusión» de la facultad de las comisiones para dictaminar una minuta procedente de la colegisladora cuando se hubiera agotado el plazo con el propósito de poder discutirla y votarla directamente en el pleno, como se hizo en este caso, pero no existe la posibilidad de declarar desechado un proyecto enviado desde la otra cámara sin la votación de la asamblea, pero, además, para devolverlo a la de su origen. Nadie por su propia decisión puede archivar una minuta o declararla extemporánea, excepto, por lo visto, Pérez Dayán, quien de seguro debió haber leído el artículo 72 de la Constitución cuando era estudiante, pero se nota que no entendió nada.

El ministro instructor dice que la ley de remuneraciones debió haber señalado lo que ya dice la Constitución en un artículo diferente al 127, justamente el 95, en el que se prescribe que las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial no puede ser disminuidas durante su encargo. Pero ese precepto vigente no requiere reglamentación especial porque es de aplicación directa. Es más, se ha respetado.

Dice el ponente que la ley de remuneraciones ataca la «autonomía presupuestal» del Poder Judicial y de los órganos «autónomos». Esta afirmación es por completo contraria a la Constitución. La Carta Magna dice que los «autónomos» y poderes deben enviar, a través del Ejecutivo, su proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados, pero no dice que ésta debe aprobarlo como llegue. El poder de bolsa, en su vertiente de egresos, corresponde por entero sólo a los diputados y diputadas. Punto.

Lo que además hace la Cámara es determinar toda «retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley», como le ordena la Constitución. Esto incluye a los integrantes de los órganos «autónomos», preocupados, todos ellos, por mantener sus altísimos e injustificados sueldos.

La llamada «autonomía presupuestal» indica que la administración del presupuesto que le asigna la Cámara a cada ente autónomo y a los poderes Judicial y Legislativo no corresponde al Ejecutivo sino a ellos mismos, sin poder eludir la revisión de sus gastos por parte de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Pero sólo la Cámara puede autorizar sus respectivos montos presupuestales y los sueldos de los empleos señalados en ley. Hagan lo que hagan, así seguirá siendo.

En el fondo de este largo, escabroso y lamentable litigio sobre la ley de remuneraciones se encuentra la aplicación del artículo 127 de la Constitución. Antes, cuando el presidente ganaba lo que quería, sin contar lo que robaba, no había problema alguno. Hoy, el sueldo presidencial es moderado y adecuado a un Estado empobrecido y saqueado. Sí, es políticamente adecuado.

Hay intereses evidentes en este asunto aunque también, podría pensarse, miseria moral de los altos jefes que reclaman inmensos sueldos cuando el país en el que se encumbraron quiere cambiar.

Existen también en la ponencia de Pérez Dayán otras pretensiones de inconstitucionalidad y algunas propuestas que son discutibles, pero el enfoque en su conjunto es inicuo porque propone la subversión de una parte del sistema político de la Constitución pero desde un mal uso del control constitucional que forma parte de ese mismo sistema.

La Suprema Corte de Justicia no puede dictar una sentencia de carácter aditivo, con la cual se agregue algo a una ley. Puede declarar omisiones legislativas pero no legislar directa o indirectamente.

En la situación actual, si la Corte declarara sin razón la inconstitucionalidad de la ley por «omisión legislativa» para tratar de obligar al Congreso a legislar por pedido y lograr así la elevación del sueldo del presidente de la República, la mayoría legislativa le respondería expidiendo el mismo texto vigente porque los elementos que Pérez Dayán quiere que entren en la legislación atentarían contra la facultad constitucional de la Cámara de Diputados para expedir el presupuesto de egresos e incluir ahí la política de sueldos. Eso no lo podría admitir un parlamento que está tratando de recobrar altura republicana y democrática.

La transformación que se está intentando en el país a partir de la victoria electoral del 1 de julio de 2018 no va a rodar sobre una mesa de billar. Es natural que los conservadores hagan lo que se pueda para, desde sus trincheras, combatir los elementos centrales del dictado de las urnas. La respuesta ha de ser tratar de impedírselos.

Autonomías y repartos políticos

Los únicos organismos públicos que gozan de autonomía son las universidades precisamente autónomas. Los demás que se denominan autónomos carecen de la facultad de emitir sus propias legislaciones y, más en general, “gobernarse a sí mismos”, como la Constitución les concede tajantemente a las instituciones de educación superior.

Hay en México organismos autónomos diseñados casi a imagen y semejanza del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos titulares no sólo son técnicos, sino también integrantes de la llamada clase política aun cuando no estén formalmente afiliados a partido alguno.

El ente no gubernamental que organiza las elecciones fue una exigencia de las oposiciones durante muchos años. Luego de su creación, sin embargo, sus titulares buscaron incidir en la política del país, no sólo en cuanto a la manipulación electoral, sino también en criterios, paradigmas, formas de actuar y demás características del quehacer político: suponen con frecuencia que tienen funciones de maestros políticos.

Fue un error costoso que ese aparato electoral estuviera a cargo de personas que con frecuencia polemizan con los partidos “adversarios”, mientras que ellos mismos no realizan con rigor técnico algunas de sus atribuciones más importantes.

Por ejemplo, los resultados electorales se conocen en su totalidad tres días después de la elección. México tiene uno de los sistemas de resultados más lentos. Pero, por otro lado, sus integrantes pretenden ser intocables al sostener que cualquier medida administrativa legal es un atentado contra el ejercicio de su función. Así lo volvieron a decir cuando la Cámara redujo su abultado presupuesto. Sostienen que el INE puede doblegar por vías políticas o legales al poder constituido. Han recurrido al amparo para seguir gozando de sueldos demasiado elevados, los cuales ya están eliminados por vía constitucional y presupuestal.

Todos los organismos «autónomos» han presentado recursos en la Suprema Corte contra la aplicación de las normas constitucionales en materia de remuneraciones de servidores públicos. Y todos ellos han argumentado que su alto sueldo es garantía de probidad e imparcialidad. Esto incluye al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien ha ejercido su atribución de presentar acción de inconstitucionalidad en materia justamente de derechos humanos, pero en este caso con motivo de la reducción de su sueldo. Esto nos recuerda aquello del conflicto de intereses y de la ética del servicio público.

Los gobernadores del Banco de México han recurrido a la Suprema Corte en procura de protección, pero no para defender el ejercicio de sus funciones sino sus sueldos. Es evidente que objetan una disposición constitucional, lo cual debería ser intransitable, pero lo peor es que, para ello, utilizan un recurso asignado al Banco como institución. No obstante, el ministro instructor de la Corte les concedió una suspensión, la cual no procede según la ley. Influencias políticas, nada más.

Los actuales integrantes de los “órganos autónomos” tuvieron que recurrir a un partido o un alto funcionario de gobierno para llegar a donde están, aún los que pasaron por un mecanismo de examen previo de conocimientos.

En otros países los integrantes de los órganos reguladores no discuten asuntos políticos, no postulan mediante sus cargos opiniones sobre su país y el mundo, sino que realizan funciones para las cuales, estrictamente, fueron designados. En México, sin embargo, esos organismos son diferentes porque el sistema político los ha llevado por otros caminos.

La creación de órganos “técnicos” declarados “autónomos” ha llegado a su agotamiento.

No obstante, se propone ahora que, en lugar del malogrado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se forme otro, pero igualmente “autónomo”, cuyos integrantes serían designados por el Senado. De nuevo se quiere el mismo reparto político.

Es preciso dejar de caminar sobre huellas de reformas pasadas y abrir la posibilidad de que, dentro de la administración pública, puedan existir órganos colegiados, sin personalidad jurídica propia pero con independencia en sus decisiones. Definidas sus funciones, el punto relevante sería diseñar el método de su designación.

En ocasión de la reforma educativa que se discute ahora en la Cámara de Diputados, se abre la oportunidad de intentar algo nuevo, sin repartos partidistas o burocráticos, en el diseño de organismos regulatorios y técnicos.

Corrupción en la política social

El debate sobre las estancias infantiles privadas para personas que no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social remite a un problema profundo de la política social.

No existen en el viejo régimen mexicano esferas públicas que no hayan sido afectadas por la corrupción como parte del sistema de administración del Estado. Las instituciones y programas sociales no son la excepción.

Son conocidos los métodos para eludir el pago debido de cuotas obrero-patronales al Seguro Social, lo cual reduce drásticamente los recursos que esa institución podría recaudar. Muchas empresas en el país utilizan esos métodos, los cuales encuentran asidero en algunas disposiciones de ley redactadas para tal efecto y en la tolerancia de la autoridad.

Es lacerante que se les niegue seguridad social a los obreros agrícolas sin que el gobierno garantice, como es su deber, el ejercicio de ese derecho constitucional.

También es inaceptable que se niegue educación superior a jóvenes y se llegue, a veces, a vender pruebas. Los exámenes de ingreso no tienen calificación mínima porque no buscan evaluar sino sólo rechazar a quienes no caben, sin que la creciente demanda imponga al Estado la creación de nuevos planteles. La educación superior debe ser considerado un derecho.

Es grotesco y aborrecible que se tenga que pagar algo al «gestor» o «líder» para mantenerse en programas de asistencia social, como lo que ha sido Progresa-Prospera que tiene como propósito central financiar mínimamente la concurrencia a la escuela básica.

Cobrar a adultos mayores por concepto de gastos de «gestión» o de «administración» para garantizar la pensión alimentaria es uno de los más canallescos giros de la corrupción pública.

Así también, simular estancias infantiles para madres no asalariadas es una manifestación de la forma tan «libre» como se han administrado recursos de programas sociales.

Para combatir la corrupción en estas materias se requiere modificar los procedimientos de control y, es cierto, una que otra ley. Se trata de grandes recursos económicos que no llegan a su objetivo proclamado sino a los bolsillos de una extensa burocracia corrompida. Ahí es donde es preciso atacar.

Por ejemplo, la pensión alimentaria de adultos mayores se entregará siempre directamente al beneficiario y nunca a través de organizaciones o «gestores». Esta pensión, la cual ha funcionado en la Ciudad de México desde el periodo gubernamental de AMLO, será de carácter universal-nacional y es vista como un derecho y no como una dádiva.

Puede entenderse fácilmente que la cobertura de «guardería» para trabajadoras no-asalariadas se entregue por lo pronto directamente a ellas como un derecho que se buscará hacerlo universal, comprendiendo, incluso, a los hombres.

Sin embargo, quienes han creado afanosamente el sistema de desvío de fondos y cobro de acceso de beneficiarios, hoy, se desgarran las vestiduras mediante la defensa, como maniobra discursiva, de quienes en las estancias infantiles no están dentro del círculo de corrupción.

No funcionarán las reformas de la política social mexicana si no se lleva a cabo la mayor transformación anticorrupción de la historia de México. Si en esto se falla, todo se irá al fracaso.

 

No se puede gastar más

El paquete de ingresos y gastos presentado por el nuevo gobierno tiene un mensaje demasiado contundente: no se puede gastar más.

Una manera de trascender el demacrado gasto público hubiera sido aprobar una reforma fiscal que recuperara ingreso desde las altas ganancias. El nuevo gobierno ha desechado sin embargo ese recurso, durante los próximos tres años, con la idea de que, primero, es indispensable hacer otra recuperación, la de los gravámenes evadidos y eludidos. Ha quedado pendiente también el compromiso de reducir las tasas fiscales de los trabajadores de menores ingresos.

No es posible calcular en cuánto podría elevarse la recaudación mediante una política de combate al fraude fiscal durante el próximo año. Por lo pronto, se va a elevar el cálculo de ingresos en la Cámara, aunque ligeramente, por lo que toca al combate a la facturación falsificada.

Esta cerrado el camino del aumento de la deuda en términos reales porque en los últimos años ésta fue casi duplicada, sin que el nuevo endeudamiento se tradujera en un incremento en la tasa de crecimiento del producto interno. La política de deuda de Peña-Videgaray fue desastrosa, pero lo peor es que sus efectos están vigentes. Tendremos ahora un superávit primario de 1% del PIB, es decir, el gobierno regresará, en ese mismo porcentaje, menos dinero que el que recoja de la economía.

Pero si dentro de ese marco no se puede gastar más, entonces la mayor obligación es gastar mejor.

La disminución de remuneraciones es la parte menos cuantiosa, aunque indispensable luego de varias décadas de aumentos escandalosos en los sueldos de una burocracia abusiva e insaciable que logró hacer realidad el sueño dorado de todo jerarca del Estado: decidir cuánto más va a ganar cada año.

Más allá de los sueldos, el conjunto de gastos de operación de las dependencias y entidades federales empezaron a crecer de manera escandalosa desde el sexenio de Vicente Fox. Tales aumentos tuvieron una motivación exactamente política, eran una forma de distribuir gasto público para cubrir tareas ligadas al futuro de los integrantes de la estructura gubernamental.

Es desde ese renglón donde se pueden obtener algunas importantes reorientaciones del gasto. López Obrador ha divulgado el concepto de austeridad republicana, inspirado en algunos liberales del siglo XIX, para convocar al combate del derroche, el dispendio y, en general, el mal uso de fondos públicos.

Al aplicar dicho concepto se arroja una considerable masa de recursos que se destinarán a dos grandes objetos de gasto: la política social y la inversión pública.

Los nuevos proyectos gubernamentales son un rompimiento inicial de una larga cadena neoliberal. Por una parte, la naturaleza universal de las asignaciones personales en pensiones alimentarias de adultos mayores y becas a estudiantes rompe con el asistencialismo tradicional que, por focalizado, fue un resquicio político-electoral en el gran edificio neoliberal del repliegue del Estado en su función de redistribuidor del ingreso.

Pero también existe una búsqueda del objetivo de unir la política económica y la política social. Para dar respuesta al drama social de la juventud arruinada, es decir, sin empleo y sin escuela, el nuevo gobierno plantea incorporar una enorme masa de jóvenes al trabajo productivo en la modalidad de asalariados del Estado. Los lugares de trabajo han de ser las empresas públicas, privadas y cooperativas, las cuales podrán aportar de tal manera algo más al producto nacional.

El arco iris de la política social tiene tonos para contribuir a la lucha por la paz y la seguridad en un México azotado por una crisis de inseguridad y violencia delincuencial sin precedentes en nuestra historia.

Como se sabe, la dictadura de los mercados internacionalizados o, como muchos dicen, globalizados, tiene un peso enorme, pero quizá en este momento lo más crítico es el diferencial que contiene una tasa de riesgo que debe pagar México a los inversionistas financieros y otros acreedores. En otras palabras, México paga mayor rédito, sólo por riesgo, que el establecido en Estados Unidos, Alemania y otros países que marcan las tasas referenciales a nivel mundial. Se considera que los inversionistas en mercados abiertos arriesgan más en México, por lo cual se llevan mayores regalías y utilidades.

Bajo la opresión de los mercados, México debe buscar nuevas formas de financiamiento que eludan en alguna medida la especulación de los mercados y, por ende, las elevadas tasas de riesgo.

Por lo pronto, no se puede gastar más, sino sólo mejor, hasta que se produzcan varios eventos. Tratemos, entonces, que así sea.

La danza de los sueldos

El artículo 127 de la Constitución, reformado totalmente en julio de 2009, comprende las remuneraciones, bajo cualquier denominación, «en efectivo o en especie», con las únicas excepciones de «los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales». El precepto abarca a la totalidad de los servidores públicos del Estado mexicano.

Las reglas concretas al respecto son directas: 1. Nadie puede ganar más que el Presidente de la República; 2. No se puede percibir más que el superior jerárquico; 3. No se conceden ni se cubren jubilaciones, pensiones o haberes de retiro fuera de lo señalado en ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo; 4. Las percepciones son públicas y se establecen exclusivamente en el presupuesto; 5. El Congreso y las legislaturas locales deben expedir leyes ordinarias sobre este tema y prescribir sanciones al «incumplimiento o elusión por simulación de lo establecido en este artículo».

El contenido de este precepto es algo muy sensato y lógico, lo escandaloso es que no se cumple ni se han emitido leyes reglamentarias, ¡luego de 9 años de vigencia!

López Obrador ha hecho un llamado al próximo Congreso para que expida la legislación derivada, la cual fue aprobada en el Senado desde el 8 de noviembre de 2011. Sí, ¡hace casi 7 años!, pero se encuentra congelada desde entonces en la Cámara de Diputados.

El tema de los sueldos de servidores públicos es uno de los más soterrados dentro del sistema político mexicano. Está relacionado con la corrupción porque las remuneraciones arbitrarias, dentro o fuera de presupuesto, al margen de la Constitución, son un mecanismo para gratificar lealtades políticas, complicidades, encubrimientos y demás mecanismos del Estado corrupto vigente hasta ahora en el país.

Esta situación se repite en los gobiernos locales, dentro del Congreso y en las legislaturas de los Estados, muchos ayuntamientos y especialmente en el sector paraestatal.

Como no se aplica la condensación de todos los ingresos, en efectivo o en especie, tal como lo señala la Carta Magna, entonces se reciben conceptos fraudulentamente disímbolos, cuya suma rebasa el sueldo nominal del Presidente de la República, quien también se lleva dinero por fuera.

Hay personas pensionadas por los bancos del Estado sólo por haber pasado por ahí durante poco tiempo, en aplicación de reglas internas de por sí ilegales que han sido inconstitucionales durante los últimos 9 años, pero los pagos han continuado. Lo mismo se puede decir de tantas liquidaciones y pensiones pagadas en otras empresas públicas a favor de altos funcionarios, incluyendo directores generales.

La corrupción es una hidra de muchas cabezas, pero no se trata de ir cortando una por una sino de elaborar una política que acorrale y elimine a ese monstruoso mecanismo de gobierno.

En lo que toca a los sueldos, no se trata sólo de detener gastos ilegítimos e ilegales sino principalmente de dignificar la función pública, de sustraer a los funcionarios de aquello que les obliga a soslayar sus deberes en aras de conseguir prebendas porque los altos jefes reparten todo el tiempo dineros públicos como si fueran de su propiedad.

Fijar con claridad los límites de las remuneraciones conforme a la Constitución es una cuestión política, es decir, un modelo de administración que debe estar basado en la transparencia, el profesionalismo, la probidad y la dignidad de los servidores públicos.

Cuando López Obrador plantea que el Presidente de la República debe ganar la mitad de lo que se le entrega ahora, lo que está diciendo es que a los gobernadores también les han de reducir sus sueldos y cancelar los sobresueldos y gastos que no comprueban, lo mismo que a legisladores y alcaldes de las grandes ciudades que a veces ganan lo indecible.

En México, los altos funcionarios no pueden ganar como en los países ricos, ya sea porque en éstos el costo de la vida es mucho mayor, como porque acá los sueldos de los empleados de base y supernumerarios es demasiado bajo en términos reales.

Alguna vez se consideró que la corrupción tendría que combatirse mediante el aumento de las percepciones de los altos funcionarios. Eso ha sido un fracaso porque ya se ha visto que el robo al erario, la mordida y el tráfico de influencias aumentan a pesar de los altísimos sueldos.

Luego de 9 años de incumplir el mandato de legislar, los estados también tendrán que hacerlo debido a la nueva composición de muchos congresos locales.

Después vendrán algunas otras leyes y decretos que ayuden al gobierno a cerrar los agujeros de la corrupción que tiene ese queso gruyer que se llama Estado mexicano y, ante todo, los presupuestos de egresos de la Federación y de las entidades que han renovado sus legislaturas. En especial, hay que cortar las uñas de los gastos discrecionales con los cuales se financian familias y grupos políticos, además de comprar votos.

No se tienen que dar palos de ciego. Estamos sencillamente en un proceso bajo una nueva fuerza gobernante. Ya se sabe que el tema de la corrupción no es el único, pero casi todos los demás se encuentran de alguna forma enredados en éste.

El examen de admisión sí es una mentira

De lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en el debate de Milenio TV se han derivado, por lo visto, varios temas. Uno de ellos es el de la educación superior. Guillermo Sheridan reacciona a lo dicho por el candidato de Morena con ironías y muchas oscuridades en su columna de El Universal del pasado martes.

Una verdad sabida es que el examen de admisión, como dijo AMLO, es una mentira, pues si todos los aspirantes obtuvieran calificación de diez, de cualquier forma no podrían ingresar porque no hay lugares suficientes. No se trata de un examen de conocimientos sino de un filtro, pues no existe calificación aprobatoria. Así ha sido desde que fue diseñado en tiempos de Ignacio Chávez, quien decía a los cuatro vientos que a la Universidad deberían ingresar sólo los mejores en el sentido de pocos y bien seleccionados.

Guillermo Sheridan rechaza la «utopía» de López Obrador en el sentido de que todos los aspirantes deben ingresar al ciclo superior. Sería como ha sido hasta ahora en Francia, desde tiempos de Napoleón: quien aprueba el examen de grado del Liceo puede ingresar en la universidad. Ahora, Emmanuel Macron, nuevo presidente neoliberal, quiere cambiar ese precepto bicentenario para que las universidades decidan a cuales aspirantes admiten y a quienes rechazan según otros parámetros, ya no igualitarios, entre ellos una pretendida reducción de la matrícula. De por sí, el filtro económico es contundente, pero siempre se busca poner otros.

Eso es lo que reivindica Sheridan. Pero en México en eso hemos vivido durante muchas décadas y, por ello, sufrimos desde entonces un desastre educativo.

Al final, Sheridan se queda en sus burlas y chistes de mala factura, pero no aporta absolutamente nada para entender uno de los más graves problemas nacionales.

Hace unos 30 años, Corea del Sur y México tenían en las aulas superiores al 25% de sus respectivas juventudes. Hoy, el país asiático tiene el 65% y el nuestro se ubica en el 28%. Esto es así a pesar de los rasgos francamente clasistas y autoritarios de la educación coreana, pero la pregunta es ¿por qué se estancó México? La respuesta es sencilla: la política educativa es nefasta.

Sheridan acusa a AMLO de querer dar órdenes a las universidades autónomas para que modifiquen sus métodos de ingreso. Pero, al respecto, las instituciones educativas carecen de política como no sea la de admitir a todos los que quepan en las aulas sin que haya calificación de ingreso sino sólo cupo. En Corea, a pesar de la brutal y enfermiza competencia existente, la calificación mínima aprobatoria es 250 sobre 400, es decir, 62.50 puntos en una escala de 100. Si en México ese fuera el mínimo de ingreso no habría bancas disponibles en las aulas. Para que un estudiante del bachillerato de la UNAM tenga pase automático dentro de su propia universidad requiere 7 de promedio en todo el ciclo.

Lo que está proponiendo AMLO es lo que se ha estado planteando durante más de 50 años, de lo cual, por lo visto, Sheridan no se ha enterado todavía. Aumentar el cupo en la educación superior para incorporar a todos los jóvenes aspirantes y elevar la proporción de ellos sobre el total de personas en edad de acceder a esos estudios. Estados Unidos y Europa están en el 75%, alto; América Latina se encuentra en el 44%, medio; México, casi en la cola mundial con su 28%.

Luego llegamos pronto a dos problemas. Uno de ellos es el presupuestal, que AMLO plantea primordialmente. El otro, que tendrán que resolver directamente las instituciones, autónomas y no, consiste en preparar a los profesores y organizar la docencia.

Esa es la utopía, según Sheridan. Pero, según el programa educativo histórico de todas las izquierdas mexicanas, sencillamente es poner fin al desastre educativo mexicano.

Hace más de 40 años, Pablo González Casanova y Manuel Pérez Rocha, uno, rector, el otro, fundador coordinador del CCH, decían una verdad de a kilo: no hay contradicción entre el tamaño y la calidad de la educación.

Una revolución educativa puede estar por empezar si se defiende con firmeza el planteamiento de que la educación es un derecho de todos los niños, niñas y jóvenes, que el Estado debe garantizar.

Los reaccionarios como Guillermo Sheridan deben pasar a la oposición y, desde ahí, seguir luchando contra la educación popular. Ese sería su derecho y su misión. Pero, mientras tanto, la realidad social de México estaría cambiando para mejorar.

La corrupción y su «caja negra»

 

Durante los cinco años del presente sexenio, Enrique Peña Nieto ha ejercido de manera discrecional un millón de millones de pesos (más de 50 000 mdd) a través del ramo 23 del Presupuesto de Egresos, con la sucesiva ayuda de Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.

Ese ramo ha sido el gran instrumento político de los presidentes desde que fue creado, con otro número y nombre, en 1947, por decisión de Miguel Alemán. Desde entonces, el decreto legislativo de egresos no es constitucional en su totalidad sino que opera una regla no escrita consistente en el gasto discrecional, el cual se encuentra prohibido. En esa gran bolsa se alojan también la mayor parte de los recursos no presupuestados. Sólo el jefe del Ejecutivo puede administrar la «caja negra» (ver, Pablo Gómez, Los gastos secretos del presidente. Caja negra del presupuesto nacional. Ed. Grijalbo, 1996).

El ramo 23 (Previsiones salariales y económicas) es el resumidero desde donde se canalizan ingentes cantidades que dan consistencia al sistema de corrupción imperante en el país. Por ejemplo, desde ahí se giraron los recursos a Sedesol para la «estafa maestra», de la cual no ha dado cuenta José Antonio Meade, ya fuera como titular de Desarrollo Social o como secretario de Hacienda: todo el dinero pasó por ambas dependencias y no se sabe de cierto dónde está, según reporta la Auditoría Superior de la Federación, a la que, por cierto, nadie en el gobierno le hace el menor caso.

El sistema político mexicano no se modificó durante los doce años de sucesivas presidencias del PAN porque no se produjo cambio alguno que suprimiera el uso discrecional de grandes fondos. Eso lo sabe muy bien Meade quien también fue secretario de Hacienda con Felipe Calderón.

Desde 1947 el porcentaje promedio de las disposiciones presidenciales ha sido del 15% sobre el gasto gubernamental autorizado por la Cámara de Diputados. Se ha dicho que se trata de «gasto programable» como lo indica la ley, pero en realidad no es programado sino que durante el ejercicio se van tomando decisiones sobre su utilización efectiva.

El sistema de gastos discrecionales ha sufrido ciertas modificaciones. Algunos diputados, por sí o por encargo de sus respectivos gobernadores, presionan para elevar el monto del Ramo 23. La ampliación de la «caja negra» tiene como propósito dejar puestas grandes sumas para propósitos no programables y que no pueden ser explicados. La condición es negociar con el Ejecutivo esas asignaciones, antes de la aprobación del presupuesto, para dejarlas pendientes pero comprometidas. Enrique Peña, por su lado, ha aprovechado esta situación para hacer repartos poco equitativos entre las entidades federativas, así como dejar de ejercer algunos gastos. Traiciones entre socios. Mal reparto del botín que ha generado algunos resonantes pleitos.

La fuerza del Ejecutivo no depende de su liderazgo, de sus convocatorias y propuestas, sino de la cantidad de dinero que él pueda repartir. El Estado corrupto funciona amarrado al Presidente de la República, lo cual se reproduce en cada entidad federativa con los gobernadores y el jefe de gobierno de la CDMX.

La lucha contra la corrupción no depende de un demagógico «sistema nacional». Es absurdo que los usufructuarios de la corrupción deban ser quienes acaben con la misma. Es imposible monitorear cotidianamente a miles de servidores públicos. Lo que es preciso llevar a cabo es organizar con precisión presupuestal el gasto, para ser ejercido y fiscalizado sin permitir que existan recursos «sueltos», discrecionales.

México está en el número 135 de la lista inversa de países donde más se percibe la corrupción. Si la administración central del presupuesto es discrecional entonces las prácticas corruptas penetran en los poros de la sociedad. Todo sistema corrupto reparte dinero, bienes, posiciones y, por tanto, siembra ambiciones.

El secreto de que el empresariado en su conjunto sea débil y titubeante en cuanto a la denuncia y la lucha contra la corrupción, se debe a que en los Estados corruptos el poder del dinero se robustece porque todo se puede comprar, incluyendo la elusión fiscal. Aún más, la existencia en México de una oligarquía, a la que AMLO llama «la mafia del poder», tiene entre sus bases funcionales precisamente un sistema de corrupción con el que se hacen derramas, aunque a los más ricos y a los políticos poderosos les toca la mayor parte.

La corrupción en México ha funcionado como acumulación capitalista originaria, pues ha sido fuente de inmensas fortunas que tienen forma de bancos, fábricas, empresas de servicios, comercios, etc.

Se podría decir que los mexicanos y mexicanas sabemos, al llegar a cierta edad, que nuestras instituciones son corruptas. Algunos podrían decir que eso es generalizar demasiado, pero no, sólo es una referencia de la profundidad inconmensurable de la corrupción mexicana.

Frente a este panorama, hay dos grandes opciones: seguir creyendo que la corrupción sólo es producto de «gente mala» o entrar de lleno a la destrucción institucional del Estado corrupto. Podría haber soluciones intermedias pero, de seguro, sin buenos resultados.

Antes que persecución, hay que reformar la administración pública del país. Así de grande es el reto. No tendría mucho sentido dedicarse desde el gobierno a buscar a los corruptos (lo cual tendría que hacerse en alguna medida), si no se modifica la manera de administrar cada peso de los presupuestos y de los ingresos no previstos o excedentes.

No se crea que las leyes deberían cambiar demasiado. Bastaría con algunas reformas. Lo que se debe lograr es lo que existe en muchos países: la autorización del gasto es estricta, así como su comprobación. En otras palabras, no se puede usar dinero para lo que no está destinado por decreto, ni se debe permitir que se administre en forma irregular. Aquí no habría «cero tolerancia» sino elemental y sencilla función pública, una nueva normalidad.

Al tiempo que sea modificada la forma de administración y rendición de cuentas, se tendría que cambiar también el sistema de gestión, con el propósito de eliminar las mordidas a lo ancho y largo de la administración pública.

Cualquiera diría que el que esto escribe ha perdido la razón. Pues sí. Hay que perder la razón del sistema político mexicano, la de gobernar con manejos discrecionales de fondos públicos y raterías como método de gestión.

Este año tenemos una oportunidad. No la dejemos pasar.