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Versión estenográfica de la intervención del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, en la firma del Convenio Marco de Colaboración con Pemex, realizada el 17 de enero de 2023

Quisiera decir algunas cosas en relación con el convenio que hoy firmaremos el director general de PEMEX y yo, viejo amigo mío, por cierto, de luchas políticas muy fuertes y muy memorables.

Siempre he dicho que la deuda de Petróleos Mexicanos es enteramente una deuda del gobierno, con dispensa de las calificadoras, lo he dicho siempre, una cosa tan evidente, que no sé por qué las calificadoras no han terminado de entender nunca y, por lo visto, seguirán sin entender.

PEMEX le dio a México una riqueza enorme con la extracción de hidrocarburos que ya eran constitucionalmente propiedad de la nación antes de la expropiación de los bienes de las compañías extranjeras.

El gran cambio fue que al hacerse la expropiación se construyó la gran industria nacional de los hidrocarburos. Pero fue siempre un instrumento para hacer un gran fraude a la Constitución, es decir, la Constitución dice que no se pueden contratar empréstitos más que para obras que generen ingresos, así decía la Constitución. Pero los gobiernos no estaban de acuerdo con eso y PEMEX fue el instrumento para poder violar la Constitución, la carga fiscal de PEMEX era tan alta y obligada a recurrir al financiamiento cumplía con lo que dice la Constitución: obras que generen ingresos, lo que no podía hacer el gobierno para canalizar ese financiamiento que necesitaba hacía el gasto corriente. Entonces, la deuda tendía a incrementarse e incrementarse por la vía de las regulaciones de carácter fiscal.

Pero, el mal uso del producto generado con la extracción y comercialización de los hidrocarburos fue posible por el régimen político: el presidente decidía sin consulta, sin análisis colectivo, ni siquiera una prensa crítica había.

Fue posible también, porque la oposición oficial era una oposición demasiado leal y en estas materias más, porque en estas materias, es decir, PEMEX, una empresa pública nunca fue del agrado de la derecha opositora que nació, justamente, para protestar por la expropiación de los bienes de las compañías extranjeras. Y esta idea mexicana conservadora de luchar siempre del lado de las compañías extranjeras, por lo que veo yo y lo que hemos discutido, en materia de reformas al sistema eléctrico y otras más, sigue presente en esa corriente del pensamiento mexicano, que es muy importante porque es muy fuerte, y a pesar de toda la experiencia, no cambia. Qué difícil es cambiar la conciencia arraigada en partes de la sociedad, aun los hechos más duros no logran a veces cambiar eso.

Yo quise decir esto, en la torre de PEMEX, porque la defensa de la industria petrolera nacionalizada, como se decía antes, del Petróleos Mexicanos al servicio de la Patria, como aprendimos a leer por todas partes, en todo este país, los integrantes de mi generación siempre se nos quedó ese planteamiento, es una lucha vigente.

Todo lo que se ha hecho bajo la administración actual seguirá siendo motivo de discrepancia, nada es consolidable si no hay una defensa permanente, sistemática, militante, tratando de eludir las concesiones que atentan contra el proyecto que se trata de llevar a cabo. Así, el gobierno actual se planteó el rescate, y el rescate se inició, durará, esperamos que siga adelante, porque es la forma de poder reiterar que el proyecto original de algo al servicio de la Patria, es vigente. El mundo no ha cambiado en una dirección distinta para que no sea necesario utilizar los bienes comunes para beneficios comunes, ese es el planteamiento. Todos somos la Patria y a la nación le corresponde la riqueza de los hidrocarburos.

Quisiera decir, sobre nuestro convenio, que siento enorme satisfacción. Nuestro convenio tiende a continuar con una colaboración que es muy importante porque, en otro orden, pero junto con todo, PEMEX ha sido víctima de una cantidad de atracos impresionante y requiere todo el gobierno en su conjunto, todas las unidades gubernamentales, todas las dependencias de gobierno apoyen siempre en la vigilancia, en miles de formas que hay para apoyar que una empresa tan importante, trascendente, necesaria para nuestro país, propiedad de la nación, pues sea vigilada por todos y todos nos preocupemos.

Aquí se hicieron cosas, yo recuerdo, desde aquellos barcos, fueron 40 millones, 20 millones por cada barco, de sobreprecio, que fueron comprados con la aprobación del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y el sobreprecio nunca se encontró. No se supo o, si se supo, no se quiso decir quiénes eran, el que era director de PEMEX, a la sazón senador, fue desaforado y llevado a la cárcel, pero el dinero no se vio nunca.

Creo que la primera vez que se logra una proeza de esta naturaleza es Agronitrogenados. Somos socios en el proceso de Agronitrogenados, todo el gobierno, desde luego, pero específicamente la dirección de PEMEX, la dirección jurídica de PEMEX y la UIF. También en otros atracos que ha habido. PEMEX fue parte de la estafa maestra, tuvo su propia estafa maestra y, bueno, lo de Odebrecht, los procesos están abiertos, las idas y venidas, todos los problemas que tenemos de discusiones, a veces, con el Ministerio Público, no siempre lo que quisiéramos desde el lado del gobierno, bueno, es una institución autónoma.

La verdad que, hace muchísima falta, la conciencia de la integración en una sola gran ruta de acción de las entidades públicas, en la defensa del patrimonio nacional, de los recursos de la nación, de los presupuestos, no solo federal, sino también de las entidades y los municipios, es decir, de la lucha contra la corrupción.

Nosotros no vinimos de fenómenos de corrupción como hay en otros países. Ese problema nosotros no lo hemos tenido nunca, porque en México se construyó el Estado corrupto, que es otra cosa, no es lo mismo. Es la conversión de la corrupción en parte del sistema de gobierno y así funcionó, y le dio al Estado ese carácter, por ser parte de la gobernanza.

El Estado corrupto requiere ensancharse todo el tiempo, incorporar más y más gente, más y más empresas, más y más instrumentos del mismo Estado, como la judicatura, como la procuración de justicia, todo fue incorporado. Para superar ese fenómeno no se necesita agarrar a una mafia que gobernó durante un periodo, llegó al gobierno y se robó todo lo que pudo y salió corriendo. Aquí no fue así, no ha sido así, aquí era la reproducción del mismo sistema cada vez que había cambio de gobierno. Este es el primer gobierno, en la historia contemporánea de México que llega a luchar contra la corrupción, es el primero.

En el 2021, en las elecciones federales, por primera vez el gobierno federal no compró votos, por primera vez, se dice fácil. Qué difícil fue llegar ahí y lo vemos tan sencillo. Fue muy sencillo que en el gobierno federal no hubiera dinero para la compra de votos. Luchamos decenas de años, desde que empezamos en la lucha política, luchando contra la compra de votos como fenómeno que corrompe a la sociedad; ese es el problema, llega como Estado corrupto, en primer lugar, a los más pobres que son los que venden el voto.

Pemex ha sido el saqueadero, yo fui el que lo denunció en el Instituto electoral. No eran 500 millones de pesos, perdónenme, lo que se robaron fueron mil 100 para la campaña priista, todos sacados a través del sindicato, entregados al PRI. El IFE les dio el 50% de descuento. Así fue, es la verdad, no hay que olvidarlo, no es la institución inmaculada, nunca lo fue, viví allí, conozco sus movidas, parafraseando un poco vulgarmente a José Martí. Entonces qué, 50% de descuento, debieron de haber pagado dos mil millones de multa, mil que se robaron y mil de multa. Pagaron mil que fue un regreso y qué pasó en la sede el Ministerio Público. Nada, se declaró que no había daño patrimonial, que no había. Hubo un convenio con el sindicato por el cual el sindicato le iba a devolver el dinero sustraído y PEMEX firmó otro convenio con el sindicato para estarle dando el dinero que el sindicato le iba a devolver. Todo desde el poder se puede hacer así. Todas son engañifas, cosas así tan burdas, pero que no importa.

La Unidad de Inteligencia Financiera puede dar aportes en la lucha en contra de la corrupción, en la lucha por la reivindicación de los principios de honradez, los principios de austeridad. La lucha por la austeridad no es un asunto de tipo meramente económico, es un asunto de moral pública, porque cuando se derrocha el dinero público, se comete un acto de corrupción. Este es un problema muy serio y yo creo que ustedes están en esa lucha y siguen en eso. Es dificilísimo ¿Verdad? Hay que cambiar la mentalidad que durante décadas se fue haciendo: de que no te preocupes, al fin de cuentas, del presupuesto sale todo.

Nosotros colaboramos en la forma más incondicional con los organismos públicos, no solamente de la Federación, sino también de los estados y, naturalmente, PEMEX no es un organismo público cualquiera, es un organismo muy especial, es un organismo central, porque tiene que ver con la economía nacional, tiene que ver con el ingreso público, tiene que ver con la industrialización, tiene que ver con el desarrollo, con la ingeniería propia, tiene que ver con muchísimos aspectos de la vida de México.

Por lo tanto, para la Unidad de Inteligencia Financiera la colaboración con Petróleos Mexicanos siempre ha sido y seguirá siendo un elemento de la mayor importancia y este convenio se da en ese marco.

Muchas gracias.

Descomposición moral de élites

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha suspendido la aplicación de algunos preceptos de la Ley de Remuneraciones para permitir que durante un año más los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los altos jefes del mismo ganen lo que ellos decidan, sin importar el límite constitucional.

La ley ordena que las normas generales no pueden ser suspendidas en su aplicación a través de medidas cautelares. Pero, en una votación de tres contra dos, la ley de remuneraciones no va a tener vigencia en el INE. Otra manera de decirlo es que el órgano máximo garante de la constitucionalidad ha violado la Constitución dos veces en un sólo acto: excluir por el momento al Instituto Nacional Electoral de la observancia de los artículos 75 y 127 de la Carta Magna y suspender, en el marco de una controversia, la vigencia plena de normas generales de observancia obligatoria, antes de resolver el fondo del asunto.

¿Por qué se ha rebajado tanto la Primera Sala de la Suprema Corte? No es la primera vez que lo hace. Lleva dos años autorizando remuneraciones discrecionales inconstitucionales de integrantes de órganos autónomos. La respuesta podría ser que una mayoría de la Corte no está de acuerdo con la nueva política de remuneraciones de los altos jefes de los entes públicos, pero como posiblemente no llegue a tener ocho votos, no puede resolver ningún asunto de estos en el Tribunal Pleno y, por ello, otorga suspensiones anuales en alguna de sus salas por mayoría simple de tres votos.

Sin embargo, el peor problema no lo tiene la Suprema Corte, sino una mayoría de consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral. Cualquiera quisiera ganar más, pero un servidor público no puede darse la licencia de violar la Constitución y la ley para elevar sus percepciones. Mucho menos un funcionario que se encarga de organizar la recepción del voto popular a través del cual los electores manifiestan su voluntad política.

Es evidente que en la elección de 2018 hubo una amplia mayoría que indicó su acuerdo con una nueva política de sueldos de los jefes de los entes públicos, pues el candidato ganador planteó con absoluta claridad esa propuesta. Lorenzo Córdova no puede decir que ignora que una mayoría electoral no está de acuerdo con que él gane más que el presidente de la República aunque la Carta Magna lo prohíba y se haya votado en favor de una nueva política de sueldos. Ese mismo dictado lo hemos constatado en la elección legislativa del presente año. ¿De qué democracia hablan en el INE, de qué legalidad presume la mayoría de consejeros y consejeras?

Sería difícil suponer que tres de los cinco integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte se hubieran puesto formalmente de acuerdo con seis de los 11 consejeros y consejeras para aplastar las normas constitucionales y legales sobre remuneraciones de servidores públicos. Sería más bien una coincidencia de propósitos, pero eso no supera la ausencia de ética de unos y otros en este escandaloso lance de los sueldos.

El asunto es más grave cuando esos seis consejeros y consejeras electorales han estado militando en contra de la nueva fuerza gobernante del país que implantó una nueva política de remuneraciones, estableció una austeridad republicana en el servicio público e impulsa un programa social contrario al neoliberalismo de los tiempos en los cuales ellos llegaron a los cargos que actualmente desempeñan.

No existe la menor duda de que, entre muchas otras tropelías del INE, la cancelación de registros de candidaturas de ciudadanos que cumplían con los requisitos de la ley fue una manera de tomar parte en la contienda electoral, frente a la cual se debe ser imparcial.

En el asunto de los sueldos en el INE, tampoco cabe la menor duda de que la Junta General Ejecutiva del Instituto ha estado tomando decisiones para beneficiar económicamente a sus propios integrantes al desobedecer la asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación y, con ello, los artículos 75 y 127 de la Constitución que ellos mismos protestaron cumplir y hacer cumplir.

El problema es de alto relieve ético y muestra con elementos adicionales la descomposición moral y política a la que se ha llegado dentro del INE. Bajo el Estado corrupto que imperó en el país y del cual todavía no salimos del todo, sino que estamos a medio camino, casi ningún ente público pudo asumir pautas diferentes. Pero pocas entidades han hecho lo que el INE: alegar la inaplicación de la Constitución respecto de sus altos mandos (unos 300), que tienen sueldos mayores que el presidente de la República, cuya percepción es la remuneración máxima constitucional. Esa es una distorsión monstruosa de la función pública donde el funcionario se ubica muy por encima del deber e, incluso, adopta una relación patrimonialista con los recursos puestos a su custodia, para lo cual ignora la ley suprema y, con ello, todo el sistema de leyes.

Es tan grotesco este asunto que en el INE no todos los consejeros y consejeras ganan lo mismo porque una minoría no admite el acuerdo de fijar remuneraciones inconstitucionales e ilegales, se niega a cobrarlas. Así que la percepción ya no es legal, igual e irrenunciable, como señala la norma máxima del país, sino que cada cual termina escogiendo su sueldo.

Aún así, con total falta de vergüenza y con absoluto descaro, algunos consejeros se toman de vez en vez su tiempo para fingir dar clases de política democrática y de legalidad a un país que, evidentemente, en su mayoría los desprecia.

Ocaso del Estado corrupto

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Contar con un nuevo gobierno que no es corrupto, por vez primera en 70 años, no quiere decir que el Estado también ha dejado totalmente de serlo. Vivimos ahora un indispensable inicio que lleva a una lucha diaria, la cual habrá de prolongarse probablemente durante algunos años. El problema tiene dos lados: evitar la corrupción en tiempo real y ajustar cuentas con la corrupción sistémica de antes, sus mecanismos, sus leyes, sus mafias, sus vínculos de protección, complicidad y miedo.

El Estado corrupto es parte de todo el sistema de poder, por lo que no es una sobreposición a la gobernanza, un defecto. En todos los países existe corrupción, pero no todos tienen Estado corrupto. Este es una forma de hacer participar en la corrupción a las unidades económicas y organizaciones de la sociedad y, por tanto, impacta las relaciones sociales, las de carácter mercantil, es decir, al capitalismo. No se trata, claro está, de la dominación social ni de la forma de opresión, no es el centro de las relaciones de producción e intercambio, del capitalismo como tal, pero de este emerge y atenaza todo. Bajo el Estado corrupto han vivido las presentes generaciones mexicanas. Es un fenómeno histórico en el pleno sentido del término.

El primer acto contra la corrupción de la 4T se realizó antes de la protesta del nuevo gobierno. La nueva mayoría anunció en San Lázaro la abolición del método de los “moches”. No se aceptarían partidas específicas transadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aquellas que se aprobaban a cambio de posteriores recompensas, llamadas “moches”, a los diputados promoventes. Las oposiciones no han podido digerir hasta ahora este cambio.

El segundo acto fue aprobar un proyecto de ley largamente congelado de remuneraciones, para hacer valer el artículo 127 de la Constitución, a efecto de limitar los sueldos de los jefes al tope de aquel que se le asignare al presidente de la República, luego de lo cual se anunció una disminución de más del 50 por ciento a la remuneración del titular del Ejecutivo. Este lío tiene todavía asuntos pendientes con los organismos autónomos que han encontrado cobijo en el Poder Judicial y siguen decidiendo sus propios sueldos a despecho del artículo 75 constitucional.

Empezaron a aprobarse otras reformas: la prohibición de las condonaciones fiscales que habían sumado muchos miles de millones de pesos; el cobro de deudas fiscales de grandes contribuyentes; la entrega directa y personal de las subvenciones incluidas en los programas sociales; la ley de austeridad para evitar los gastos innecesarios, los cuales solían llevar el incentivo de cobrar el “moche” a los proveedores; la persecución de las facturas falsas para efectos fiscales y para justificar ilícitos pagos gubernamentales; la eliminación de las compras atadas a estructuras oligopólicas y de simulación de licitaciones, como las que se llevaban a cabo con las compras consolidadas de medicamentos; el descarte del método de asociación pública-privada; la congelación de rondas de asignación de concesiones para la explotación de hidrocarburos; las renegociaciones de leoninos contratos de gasoductos, prisiones y hospitales, entre otros; la vigilancia fiscal del comercio exterior y de la importación de energéticos; la lucha frontal contra el huachicoleo dentro y fuera de Pemex; la persecución de los defraudadores de casos como el de Agro Nitrogenados y otros; las denuncias presentadas por simulaciones defraudatorias, mordidas recibidas para el otorgamiento de contratos y robos directos al erario; la eliminación del outsourcing; la rendición de cuentas y el voto directo en los sindicatos; el primer juicio político en 90 años contra la “estafa maestra” del gobierno de Enrique Peña; la revelación de la compra de votos en el Congreso y de otras muchas manifestaciones de la corrupción, incluido el apoyo para desvelar en México el escándalo continental de Odebrecht, así como el primer desafuero de un gobernador. Aunque es un inicio, es también algo épico, frente a la profundidad del Estado corrupto y ante las resistencias políticas manifiestas.

Entre las reformas legales expedidas y las acciones políticas llevadas a cabo destaca la cancelación de centenares de fideicomisos que eran una manera de esterilizar recursos presupuestales en beneficio de administraciones conformadas como concesiones facciosas. Dentro de este esquema, aunque como agrupación privada, encontramos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A.C. ¿Para qué querría el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología una asociación privada que promoviera apoyos, es decir, canalizara recursos públicos en favor de proyectos de entidades de muy diverso tipo? Quizá para una cosa: que un grupo de personas afectas al poder asumiera funciones propias del Estado, bajo la dirección de facto de funcionarios, con el fin de repartir recursos públicos a conveniencia y con suficientes beneficios, pues casi nadie trabaja por amor al arte.

Los hechos fueron denunciados por el Conacyt sencillamente porque hacerlo es obligación de todo funcionario. El asunto está ubicado en la Fiscalía General de la República y en los tribunales de la Federación. El gobierno y el Congreso no son litigantes, al menos en este caso. Ningún derecho ha sido violado y esperemos que no lo sea en lo sucesivo.

Sin embargo, los directores de la UNAM y varios otros funcionarios académicos han elevado su protesta por lo que consideran una “inconcebible” acusación, “desproporcionada”, se afirma, contra 31 científicos, por delitos graves que resultan “improcedentes”, la cual resulta, se enfatiza, en una “condena a priori”, sin garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso.

Los conceptos expuestos carecen de importancia ya que son los mismo que mencionan con frecuencia ciertos despachos de defensores con respeto a cualquier cliente suyo acusado en el orden penal. Decir no cuesta, lo difícil es sostener, fundamentar y sustanciar lo dicho, sobre todo cuando, como en este penoso asunto, las imputaciones no han sido admitidas en ningún juzgado.

Lo más preocupante es que directores universitarios consideren que las imputaciones de la Fiscalía crean un “clima de desconfianza y linchamiento” contra los científicos mexicanos. Frente a esto, los mismos funcionarios universitarios llaman a una “adecuada interacción entre la academia y el gobierno” como elemento para poder “aspirar a una ciencia más humana y al servicio de la sociedad”.

Sin embargo, no existe en México la menor desconfianza y mucho menos “intentos de linchamiento” contra los profesionales de la ciencia y la tecnología. Un asunto penal relacionado con algunas personas en su calidad de servidores públicos o de promotores privados no tiene relación con el contenido del quehacer científico y tecnológico.

Por último, causa extrañeza advertir que personal académico afirme que la “calidad humana de la ciencia” pudiera depender en alguna medida de las relaciones entre la academia y el gobierno. De por sí eso no podría ser puesto que el gobierno afortunadamente no hace ciencia, pero, además, en México el contenido de la investigación, considerada ésta como una libertad, tiene estatus constitucional autonómico (Art. 3º-VII).

El Estado corrupto no es un fenómeno que sólo abarque a los políticos y a las relaciones de éstos con los empresarios. El asunto no es tan sencillo. Tampoco es una “cultura” como suele afirmarse con propósitos justificatorios. Se trata de un elemento propio de una forma de gobernar basada en un reparto de patrimonio público entre individuos y grupos que, en su conjunto, conforman un sistema de reproducción de vínculos específicos entre el Estado y la sociedad. Es un método para crear intereses comunes con el objeto de reproducir incesantemente una manera específica de gobernar basada en actividades ilícitas e inmorales.

El Estado corrupto está en su ocaso porque fue llevado a extremos de sí mismo justo en el momento de la crisis mundial del neoliberalismo. Contra uno y otro rasgo del capitalismo de nuestros días fue que se rebeló una parte decisiva del electorado, luego de muchas décadas de persistente lucha, que abarcó tres generaciones, en pos de la democracia. El cambio político de 2018 tiene como uno de sus principales motivos la superación de la corrupción como parte del sistema de gobierno. Sería por lo menos pueril suponer que ese sistema nunca tocó a las instituciones de investigación.

Como no existe persecución alguna contra científicos u otros académicos, lo pertinente es esperar a que el aparato de justicia resuelva el problema penal que tiene frente a sí. “Jus semper loquitor”, reza o rezaba el nombre de un auditorio en la Facultad de Derecho de la UNAM.

¿Justicia tras las rejas?

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El uso del poder político para encarcelar a adversarios, críticos o estorbosos fue una larga tradición en México. La otra costumbre ha sido la impunidad de amigos y simpáticos afectos al poder. Aunque parezcan imperecederas, ambas usanzas deben desaparecer. En eso se trabaja.

¿Qué debe hacer el fiscal con los legisladores panistas que recibieron las maletas de dinero procedentes del director de Pemex en los tiempos de Peña Nieto y Luis Videgaray? Lo más sencillo sería olvidar el asunto en un cajón de escritorio, como se hizo tantas veces. Sin embargo, Alejandro Gertz Manero tiene que dar salida al asunto de Emilio Lozoya, por deber y porque la Fiscalía se encuentra comprometida, en especial por haber pactado con el procesado a cambio de unas denuncias que éste mismo presentó para dar lugar a procedimientos que ayuden a desvelar las tramas de Odebrecht, Agronitrogenados y otras, como la compra de votos en el Poder Legislativo. Son 70 las personas mencionadas.

Ricardo Anaya se ha ido del país, según él mismo lo anunció. Desde entonces aviva su presencia en redes sociales, pero ahora sólo para defenderse y atacar de paso al presidente de la República, a quien señala como autor de una persecución política, a cargo de la Fiscalía General de la República.

¿De la lista de legisladores y otros funcionarios señalados por Lozoya, es preciso que el fiscal elimine el nombre de Ricardo Anaya sólo por el hecho de que fue candidato a presidente de la República y está siendo defendido por su partido? Si así fuera, se estaría dentro de la costumbre de brindar impunidad por conveniencia política. Pero si Gertz Manero mantuviera su rumbo actual, él mismo tendría que demostrar ante tribunales que sus acusaciones contra Anaya contienen el fundamento que la ley precisa y, por tanto, carecen de otro motivo cualquiera.

Por lo pronto, a Ricardo Anaya le dieron un pitazo para salir volando del país, lo cual es otra tradición mexicana. El punto más conmovedor, sin embargo, ha sido la manifestación de unos legisladores en la FGR para dejar en claro –dijeron— que todos los cargos contra Anaya son falsos, aunque sin haber analizado la carpeta de investigación. Esta es otra costumbre de algunos políticos mexicanos que hablan nomás. ¿El resto de los involucrados son también inocentes? Eso no se precisó.

Ricardo Anaya ha obtenido la posposición de la audiencia judicial hasta octubre, a efecto de que él pueda estudiar la investigación que lleva la FGR, pero al término de este plazo tendría que ubicarse en territorio nacional o de plano ausentarse. Mientras, pase lo que pase, sus amigos lo seguirán declarando inocente de todos los cargos.

Pero las cosas en realidad sí han cambiado. Aunque el excandidato panista se haya tenido que precipitar en fuga para no correr el menor riesgo, los cargos en su contra se van a ventilar públicamente en relación con una trama de corrupción política. Es aquí donde puede salir a flote lo verdaderamente importante: la investigación y publicidad de mordidas y robos, así como la distribución de ilícitas ganancias entre poderosos. El objeto principal no tendría que ser enviar a algunos de estos últimos a la cárcel, sino poner de relieve hechos concretos de corrupción dentro del marco general del Estado corrupto.

Mientras tanto, el presidente del PAN, acompañado por el del PRI, visitaba la oficina de asuntos sobre México del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en Washington, con el objeto de acusar al gobierno mexicano de utilizar el poder para propósitos ilícitos, contrarios a la democracia, y denunciar la intromisión del narcotráfico en las elecciones mexicanas. Ha sido un acto insólito pues ningún ciudadano mexicano se había lanzado a ese vacío. La visita (se desconoce quién los recibió) no requiere más comentario porque rebasa lo simplemente grotesco, pero no está desligado de la defensa de políticos inculpados. La táctica de la oposición unificada es recriminar al presidente de México, en lo personal, de todo lo que es denunciado por ella misma y pregonado como hechos ciertos por parte de la prensa, ya sea perseguir a ciertas personas o acabar de plano con las libertades y la democracia.

Si los líderes del PAN quisieran en verdad denunciar jurídicamente a López Obrador, tendrían que presentar denuncias formales, en este caso de que el presidente le ha dado órdenes ilegales al fiscal Gertz Manero para perseguir a un inocente de toda inocencia, con unos “propósitos políticos” (revancha e inhabilitación política) que, al final de cuentas, casi nadie se atreve a manifestar como indicios para no correr el riesgo de provocar carcajadas.

El presidente de México ya puede ser denunciado, imputado y enjuiciado por cualquier delito, de acuerdo con el nuevo texto del párrafo segundo del artículo 108 de la Constitución, aprobado, por cierto, a partir de la iniciativa enviada al Congreso por López Obrador.

En realidad, las oposiciones unificadas querrían llevar tras las rejas a la justicia, bajo acusación de ser responsable de persecución política, en un lado, y de impunidades, en otro. Mas, por lo pronto, sólo es propaganda porque no tienen el poder para cometer ellas mismas esas transgresiones. Buscan con falsedad identificar al Ejecutivo y a la actual procuración de justicia con una imagen lo más cercana posible a lo que ambas instituciones eran cuando ellos gobernaban.

Votar en la consulta popular es obligatorio y necesario

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Según el artículo 36.III de la Constitución, además de votar en las elecciones, es obligación ciudadana participar en los procesos de consulta y de revocación de mandato.

El artículo 38.I de la Constitución señala que “la falta de cumplimiento” de esas obligaciones es causal de “suspensión de derechos ciudadanos. Siempre se ha dicho por equivocación que no hay sanción por no ir a votar sin causa justificada. En realidad, lo que no ha habido es la decisión de castigar, de seguro por lo imposible que resulta abarcar a la mitad de la ciudadanía. Pero, lo de fondo consiste en que votar sí es una obligación ciudadana, incluyendo hacerlo en la consulta popular.

Mas la relevancia de la consulta convocada por el Congreso, que se realizará el 1º de agosto del presente año, no estriba en su carácter formalmente obligatorio.

Se trata de la convocatoria a otorgar un mandato popular para romper con una de las peores tradiciones políticas: la impunidad administrativa y penal del presidente y su círculo.

Un periodista me preguntó hace días que si la Fiscalía General de la República (FGR) requería una consulta para investigar y perseguir. Le respondí que no, que es la ciudadanía la que necesita presionar al fiscal, a jueces e, incluso, al gobierno (como posible denunciante) para que se enderecen las chuecuras del pasado con las que los políticos gozaron de impunidad. Se trata, en síntesis, de hacer vinculante (de obligado acatamiento) la exigencia de aplicación de las leyes y eliminación de abusos de poder.

En México, este pronunciamiento popular tendría una trascendencia extraordinaria debido a que se ha padecido un Estado corrupto desde los años cincuenta del siglo XX, el cual siempre fue denunciado pero, en lugar de declinar, se fue profundizando. La corrupción se incorporó a la forma de gobernar, primero, y, después, a todo el funcionamiento del Estado.

También fueron represivos los sucesivos gobiernos durante 60 años. Sus jefes ordenaron en varias ocasiones disparar contra personas que ejercían pacíficamente sus derechos. No sólo hicieron matanzas en actos públicos, sino también torturas, ejecuciones y desapariciones contra personas en forma individual: demandantes, opositores y críticos.

La consulta popular sobre los expresidentes y sus entornos cercanos no es ociosa ni demagógica. Es parte de una larga lucha en la que se ha pugnado en favor de que se declare que esa época va de salida y el Estado, como un todo, va a tener que asumir el encargo popular de ajustar cuentas.

No se busca ver en la cárcel a funcionarios de antes o de ahora, aunque tampoco se repudia la prisión como castigo. Lo importante es que se abran procedimientos que pongan las cosas en claro, que muestren, más allá de rumores y conjeturas, hechos ilícitos trascendentes efectivamente ocurridos dentro del poder.

La consulta del 1º de agosto es un acto político en el pleno sentido del término, es decir, la expresión de la “polis”, el pueblo, ante al poder. Los encargados del Ejecutivo y los legisladores nunca se habían preocupado por preguntar algo a la gente, a la “polis”, sino por interpretarla a su manera para gobernar y dictar leyes. Tiene que haber un momento en el que se rompa esa tradición, a propósito de repudiar lo más lacerante, sangriento y humillante que hemos tenido: el Estado corrupto y el Estado represivo. De esto se trata la consulta popular.

Los opositores no concurrirán. No son capaces de confesar que están por el No. Quieren salir “por peteneras”, descalificar el sentido y la validez de la consulta, buscando que no alcance el quórum suficiente que es del 40% del listado de electores, unos 37 millones, cantidad mucho mayor que la obtenida por López Obrador en 2018.

No será fácil llegar a esa cantidad de votantes. De cualquier forma, con el voto ausente de todas las oposiciones, unidas ahora casi por entero en el PRIAN, más el abstencionismo político, llamado estructural y persistente, el posible resultado de la consulta es todo un enigma, más aún cuando mucha gente desconoce su realización.

De entre quienes concurran, de seguro que una apabullante mayoría dirá Sí. Con una participación, aun menor al 40% de la lista de electores, habrá un dictado popular: abajo el Estado corrupto; abajo el Estado represivo. Esta es una gran lucha, protagonizada por sucesivas generaciones. Seguiremos.

Partida secreta: sello del Estado corrupto

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El concepto de partida secreta fue incorporado en la Constitución por Venustiano Carranza en su proyecto de reformas de 1916. Lo que buscaba el Encargado del Poder Ejecutivo era que esos gastos fueran aprobados por la Cámara de Diputados, ejercidos por los secretarios de Estado con la firma del Presidente de la República y justificados posteriormente.

Poco después de la entrada en vigor de la nueva Constitución, los presidentes empezaron a ejercer directamente esas partidas como un renglón de gasto político y personal absolutamente discrecional. Con el tiempo desaparecieron misteriosamente del Presupuesto de Egresos. Fueron sustituidas por una partida del señor presidente sin justificación contable, lo que se hacía en forma por completo ilegal pero normal.

En 1985 la partida secreta fue otra vez presupuestada con ese nombre. La llamada renovación moral de la sociedad, eslogan de la campaña priista, quería que la partida del señor presidente fuera explícita, aunque seguía siendo secreta y nunca se justificó. En 1982, la partida secreta ascendió a 56 millones de dólares. En 1994 llegó a 188 millones de dólares. (Cfr. Pablo Gómez, Los gastos secretos del presidente. Ed. Grijalbo, 1996. México).

Miguel de la Madrid dijo una vez en una entrevista con Carmen Aristegui que Carlos Salinas se había robado la partida secreta. Ni dudarlo. Pero esa era la menor cantidad entre los gastos discrecionales que llegaron en 1994 a 2 mil 417 millones de dólares (Ibid).

La partida secreta es un sello del Estado corrupto, aunque en forma alguna hubiera sido alguna vez el resumidero de la corrupción. Era sencillamente la caja chica del presidente.

Existe un proceso judicial vinculado a la partida secreta. Raúl Salinas apareció en cierta ocasión como quien había cobrado directamente dineros procedentes de esa partida que administraba su hermano, entonces presidente. Un juez llegó a la conclusión de que ese dinero no requería justificación porque provenía de la partida secreta que, como tal, seguía siéndolo aun después de ejercida. Todo mundo sabe que esto es falso, pues la Carta Magna dice que todos los gastos deben ser justificados y no hace excepción de los de carácter secreto. Ningún precepto legal podría interpretarse como permiso para robar. Pero ya sabemos como se las gastan algunos sedicentes impartidores de justicia.

Prohibir las partidas secretas del texto de la Constitución, proyecto aprobado hace dos años en la Cámara de Diputados y ahora convalidado por el Senado, quien lo ha enviado a las legislaturas locales, es una forma de eliminar ese sello del Estado corrupto mexicano, pero no únicamente. Es preciso garantizar que ningún presidente o presidenta pueda en el futuro hacer uso de ese privilegio en el que se convirtieron los gastos secretos, no solo de la partida del mismo apellido, sino de cualquier otro concepto de gasto.

Así que no se trata solamente de ajustar unas cuentas con el pasado de presidencialismo despótico y corrupto, sino también de declarar que se precisan continuos actos políticos tendientes a la más completa defenestración de ese ignominioso sistema.

El viejo Estado de corrupción no se supera con una modificación del texto constitucional para prohibir los gastos secretos, pero todo cuenta.

Gobernantes impunes

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En Francia se ha sentenciado a una persona que fue presidente de la República, Nicolas Sarkozy. Es el segundo mandatario nacional que recibe una sanción penal en ese país, el anterior fue Jacques Chirac, quien no fue a la cárcel por motivos de edad y salud.

El hecho de que los delitos acreditados no eran demasiado trascendentes aumenta nuestra admiración por Francia porque se proclama que, no por poca la monta o el daño, se debiera soslayar el abuso de un poderoso. En México, hemos tenido presidentes delincuentes y algunos hasta terroristas, torturadores, asesinos.

Las denuncias contra los presidentes mexicanos probablemente eran en su mayoría simples afirmaciones presentadas ante los fiscales, pero hay algunas hechas públicas que debieron al menos ser investigadas a fondo y resueltas conforme a derecho.

Lo que hizo el poder judicial con Luis Echeverría no tiene nombre. Primero se dictó un auto de prisión, la cual se llevó a cabo en su domicilio por la edad y supuestas enfermedades. Luego, se declaró que los delitos habían prescrito. Así, un mandatario represor se queda tranquilo con el simple pasar del tiempo aun cuando durante años no se le abrió proceso justamente porque era poderoso y aun cuando la clase de delitos que ese señor cometió ya ni siquiera prescriben en el mundo.

El primer responsable del Pemexgate (mil millones de Petróleos Mexicanos entregados al PRI en el año 2000) fue en realidad quien dio la orden, es decir, el presidente de la República. Esto no exime a los demás, pero tampoco oculta al jefe. Otro presidente, el siguiente, decidió que el asunto debía resolverse en definitiva con la declaración de que no había daño patrimonial a Pemex porque el sindicato se comprometió a pagar en abonos el desfalco con dinero que, por otro lado, le daría la empresa, por decisión personal del nuevo presidente, Vicente Fox, quien ordenó hacer toda la maniobra al entonces director de la paraestatal. Nadie fue a la cárcel y mucho menos Ernesto Zedillo, como tampoco el candidato priista que había enviado su propio automóvil blindado a recoger los billetes. Nadie fue procesado. Todo quedó en una multa de mil millones, a cargo del PRI, impuesta por el IFE.

La investigación a Vicente Fox por el escándalo de Amigos del mismo apellido culminó en una decisión de no ejercicio de la acción penal tomada por el procurador y la fiscal que él mismo había nombrado. La motivación de esa torcedura fue que el delito electoral del que se le acusaba consistía en el manejo de recursos de procedencia ilícita, pero los nuevos amigos de Fox que eran ahora Ministerio Público, le agregaron la palabra “penal”, cuando el Código no lo menciona así. El dinero que manejó Fox tenía procedencia “ilícita electoral”, por lo que era un delito, tal como fue confirmado por el órgano administrativo (IFE) y el judicial (TEPJF). Todo quedó en una multa de más de 300 millones, pero a cargo del PAN. Fox y sus amigos no fueron procesados.

Hay muchas otras denuncias de hechos verdaderos contra presidentes que están en el limbo de la impunidad. Si todas aquellas enderezadas contra Calderón por concesiones ilegales y contratos con daño patrimonial contra el Estado hubieran sido analizadas, este personaje de la vida política de México quedaría a deber años de prisión. Algo igual podría decirse de ese otro personaje de reciente desaparición que lleva por nombre Enrique Peña Nieto.

No podemos hablar de Carlos Salinas porque este es el mayor impulsor del Estado corrupto desde Miguel Alemán. Así que mejor ahorramos tinta y sólo nos lamentamos del infortunio mexicano. De Díaz Ordaz, punto y aparte.

El Ministerio Público y los tribunales fueron incorporados con bastante rapidez y facilidad al sistema corrupto mexicano. Como integrantes del aparato estatal, esas instituciones se convirtieron en instrumentos esenciales. El primer paso fue que nadie podía levantar un acta en contra del presidente. Después, ni siquiera una línea crítica. Luego, tampoco la menor insinuación.

Cuando empezó a ser posible presentar denuncias contra el presidente en turno, jamás se abría la averiguación. Al cabo de varios años y muchas promesas de cambio, ya se “iniciaban” las “investigaciones” que invariablemente quedaban en la nada de la nada, como era lo prudente, necesario y comedido. Al menos tenemos un archivo voluminoso, material para historiadores, pero nunca para jueces. Así ha sido México.

Terminar con esa oprobiosa y vergonzosa realidad de impunidad es mayor tarea política. Pero no se trata sólo de los presidentes sino de muchos otros poderosos que actuaban con la certeza de que su “patriotismo y su amor por México” justificaban sus actos ilegales.

Tiene mucho de cierto el que la impunidad fue el certificado de autenticidad y normalidad de la represión, el crimen de Estado y la corrupción. Los conservadores, en el sentido literal del término, saben de qué se está hablando. Nadie quiere que México sea como Francia sino conquistar una nueva época mexicana.

Cuando se ensanchó el Estado corrupto

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La denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General contiene asuntos ya comentados, como la corrupción de la empresa Higa, los sobornos de Odebrecht, el trinquete de Agronitrogenados y el contrato leonino con Etanol XXI, pero incluye lo que un video mostró apenas hace unos días: la entrega de billetes a funcionarios del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El motivo del pago de 6 millones en efectivo no está revelado en dicho video pero ahí se habla de otros abonos mayores.

Una grabación que permite observar que una persona entrega millones en efectivo a servidores públicos, asistentes de unos legisladores, abre la razonable posibilidad de un acto delictivo. Desde el 11 de agosto, Emilio Lozoya había presentado ante la FGR una lista de pagos por «extorsiones» en dos momentos: la reforma constitucional de energía y la expedición de las leyes reglamentarias de la misma.

Es parte de un ritual que el PAN y los políticos señalados nieguen todo y se declaren inocentes e indignados. Lo mismo sucedió antes con los moches, mecanismo con el que se canalizaban directamente miles de millones hacia estados, municipios y entidades privadas, luego de lo cual se cobraban los favores. La historia de los moches se puede escribir por ahora con la descripción documentada de las cantidades y destinos de los gastos, pero no ha sido posible probar lo que de sobra se sabe: gestores, principalmente diputados, cobraban el servicio, ya fuera en efectivo o mediante la adjudicación contractual de las obras.

Una cosa es que dentro de cada gobierno (priista o panista) existiera una red de corrupción y otra que esa misma abarcara también a la oposición. En esto ha consistido parte del reciente ensanchamiento del Estado corrupto.

El gobernador de Querétaro no le preguntó a su recién despedido secretario particular por qué, con instrucciones de quién y para qué recibió los seis millones. De seguro era innecesario. Nadie en el PAN podría tampoco tomar la lista de entregas incluida en la denuncia de Lozoya y explicar desde dónde y por qué motivo se recibieron esos muchos millones en una casa de Las Lomas, la cual, se sabe, era una de las guaridas gubernamentales.

Así como los gestores y coyotes nunca han explicado cómo se operaban los moches, tampoco esos empleados del Senado nos van a querer contar su historia. ¿El actual presidente del PAN estaría dispuesto a realizar al respecto una investigación sobre un militante de su partido al que se observa recibiendo seis millones en efectivo? La respuesta negativa ya se produjo. (El caso de René Bejarano llevó al desafuero, a procesos penales y encarcelamientos, así como a una investigación interna que culminó en expulsiones, entre ellas, la de quien era la presidenta del partido en el momento de los hechos).

Emilio Lozoya le ha contado unas historias a la Fiscalía, pero al mismo tiempo se incrimina, como es del todo natural. Busca que, al colaborar, la justicia sea menos severa. Eso está muy claro, pero no es el mayor problema.

Para desmontar el Estado corrupto que ha padecido México se precisa profundizar en sus modos de ser, operar, repartir e involucrar a muchos del entorno político e ir más lejos.

No existe sistema de corrupción como forma de gobernar que no requiera desarrollo. Eso es justamente lo que ocurrió en México desde 1949. Antes, había corrupción pero no era un sistema político como tal. A partir de su inicio, con la toma del gobierno por parte de algunos licenciados encabezados por Miguel Alemán, el Estado corrupto tuvo su siguiente gran salto en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y, recientemente, con Enrique Peña Nieto. En un ínterin de 12 años, las presidencias panistas dejaron las cosas más o menos como estaban y añadieron algunos tintes, entre ellos los moches, con los cuales el PAN hizo historia. Quizá ahora podremos saber algo de la corrupción bajo Calderón en el marco de las relaciones con el Cártel de Sinaloa, aunque no se podría considerar que esa conducta hubiera sido una aportación original.

Como es natural, los muchos fraudes electorales de los que México ha sido víctima siempre estuvieron relacionados con la corrupción. Como medio de conservar el poder corrupto y corruptor se hacía necesario usar dinero ilícito. Los Estados corruptos suelen funcionar de esa manera. Pero en México se han presentado fenómenos casi fantásticos, como el del año 2000, cuando el candidato ganador y el situado en segundo lugar usaron dinero ilícito. Al menos se conocieron entonces partes de ambas tramas y, luego de años de controversias, se multaron a los respectivos partidos, pero no hubo procesos penales debido a la ilegal orden de uno de los denunciados: Vicente Fox, presidente de la República.

La defraudación de Felipe Calderón (2006) ocupó montos mayores recolectados de manera ilícita para financiar la campaña y una propaganda mendaz, absolutamente difamatoria, además de la alteración de resultados. Todo esto con la colaboración de las autoridades electorales.

El último fraude sexenal (2012) fue dirigido por Luis Videgaray, lo cual es de público conocimiento. Los recursos dispersados con las tarjetas de Monex eran una pequeña parte de un total desconocido, pero nada fue puesto en claro con las investigaciones manipuladas. Se compró casi todo lo comprable, se violaron las leyes, pero el país siguió en una normalidad de alternancias en el gobierno, título de orgullo de algunos consejeros y ex consejeros del INE que, sin embargo, sacan de contexto esos momentos de cambio engañoso, que no sirvieron para detener el funcionamiento del Estado corrupto.

Hace unos 30 años nadie iba a pensar que Acción Nacional se iba a lanzar a la gananciosa aventura de la corrupción, hacer fraudes, usar financiamientos ilícitos, manipular la justicia, cobrar moches y mordidas, recibir dádivas del poder, etc. Pero lo hizo. Se lo tragó el Estado corrupto.

Este fenómeno es digno de investigaciones concretas sin límites, pero también de estudios teóricos para descubrir las bases estructurales y funcionales de poder sobre las cuales la corrupción pasa de un partido a otro sin detenerse o, al menos, moderarse. En este marco, habría que analizar el ensanchamiento del Estado corrupto mediante el cual se financia ilícitamente al opositor o se comparten ganancias.

El esfuerzo de hoy no es sólo para lograr que se interrumpa ese fenómeno, lo cual exige una gran lucha sistemática y cotidiana para desmontar el Estado corrupto, sino también para sentar bases que hagan políticamente imposible un cambio regresivo.

De la Estafa Maestra al juicio político

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Hace 94 años que no se abría en México un juicio político. Muchos podrían pensar que durante ese lapso gozamos de los mejores gobernantes jamás vistos en el mundo: ninguno de ellos fue juzgado en el Congreso. Todos se presentaban como impolutos, los más honrados.

Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó acusar ante el Senado a una ex secretaria de Estado, Rosario Robles, por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, concepto éste contenido en la Constitución y que quiere decir acusar a alguien por ejercer un mal gobierno en contravención de las leyes.

El presidente de la República no es sujeto de juicio político pero sí lo son las y los secretarios. A su vez, las órdenes presidenciales no deben ser obedecidas si no van firmadas por el secretario o secretaria del ramo; esto se llama refrendo. Tal sistema permite que el Congreso pueda ejercer control sobre la política gubernamental y sancionar a los gobernantes con la destitución y la inhabilitación.

Este juicio no es de carácter penal y ni siquiera del ámbito administrativo, sino que tiene un espacio propio que consiste en juzgar la función gubernamental.

La acción parlamentaria de reclamar responsabilidad política fue eliminada en los hechos, mas no en las leyes, desde el maximato de Plutarco Elías Calles, a partir del cual los presidentes se volvieron la única instancia para impartir justicia a los demás gobernantes. Por esto casi nadie entiende en qué consiste el hasta ahora arrumbado juicio político y porqué la Cámara de Diputados acusa ante el Senado, el cual sentencia.

No hay tampoco que confundir el juicio político con el procedimiento de censura a los ministros o a todo el gobierno, el cual existe en los países con sistema parlamentario. En México es otra cosa: un enjuiciamiento por actos y omisiones políticos, así como su correspondiente sanción. Esto implica que el Congreso mexicano se convierte en una instancia jurisdiccional cuyas declaraciones y resoluciones son inatacables, según deja muy en claro el artículo 110 de la Constitución.

La reciente acusación de la Cámara contra una ex secretaria del Despacho es vigente no obstante que ella ya no se encuentra en ejercicio, pues el procedimiento se inició antes de cumplido un año de que aquella hubiera dejado el cargo, como lo prescribe la ley. Asimismo, el juicio procede aunque dicha ex secretaria se encuentra bajo proceso penal y en sede administrativa se le ha impuesto una sanción por omitir datos en su declaración patrimonial. La responsabilidad política corre por cuerda propia, lo cual es lógico, porque si no fuera así cualquier multa interrumpiría la función del Congreso de la Unión de vigilar al gobierno. Pero, además, todas esas son conductas diferentes.

El juicio político se realiza contra una persona pero no contiene sólo lo que ésta hizo o dejó de hacer, sino abarca la política que el gobierno practicó. La Estafa Maestra no fue obra de una secretaria de la Sedesol y luego de la Sedatu. Ese mecanismo de desvío de recursos públicos se ha observado en otras dependencias. El hecho que sólo a esa funcionaria se le hubiera abierto el juicio se debe a que muchos denunciados no son sujetos del mismo, a la ausencia de denuncias contra otros servidores públicos o a que varios dejaron sus cargos más de un año antes de la llegada de la nueva mayoría parlamentaria.

El principal argumento de defensa de la ahora acusada consiste en que la existencia del juicio político viola los derechos humanos, lo cual no podría ser resuelto dentro del mismo procedimiento porque las cámaras del Congreso no se pueden negar a obedecer la Constitución. Ya no es como antes. Otros argumentos, como la existencia simultánea de un proceso penal y de una sanción administrativa carecen de bases legales para impedir el juicio político, por los motivos antes expuestos. En fin, durante la instrucción y en sus alegatos, la ahora acusada objetó varias cosas pero nunca negó los hechos ni las conductas y omisiones que se le atribuyen.

Sin embargo, personas ignorantes de este procedimiento constitucional histórico, suspendido durante casi 100 años, se han permitido atacar a la mayoría parlamentaria de la Cámara de Diputados. Si esas personas han condenado alguna vez la impunidad; si han reclamado la sustitución del ejercicio de facultades del Congreso por mandatos presidenciales; si han criticado a los legisladores por no ejercer sus funciones a cabalidad y con independencia de criterio; si se han sumado al repudio de la corrupción y se han lamentado de que las leyes no se aplican; entonces aquello que han dicho se les ha venido abajo por condenar ahora la conducta de la Cámara de Diputados que consiste en cumplir con su deber.

La Estafa Maestra se conoció por investigaciones de medios de comunicación pero se documentó por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano de la Cámara de Diputados. Si no se hubiera abierto el procedimiento de juicio político, la propia Cámara se encontraría en grave situación de incongruencia, simulación, encubrimiento; como antes era.

Las conclusiones de la Sección Instructora han puesto de relieve la creación de redes de desvío de recursos como forma de gobernar, no sólo para beneficiar a unos cuantos funcionarios. También se ha desvelado el método de incorporar a entidades públicas que no son de gobierno y a empresas privadas, reales o fantasmas, que operaban como dispersores de dinero dentro y fuera del país, tal como ha quedado demostrado. Asimismo, se ha reportado lo sencillo que fue la falta de comprobación contable, consuetudinaria e impune, de erogaciones de recursos presupuestales: durante años, la Auditoría le exigió a la Sedesol y luego a la Sedatu que solventara las observaciones pero no obtuvo la menor respuesta.

No hubo venganza en las conclusiones de la Sección Instructora porque no habría motivo alguno para aquélla. Mucho menos hubo inexplicables miedo y odio. Quienes votaron a favor de presentar la acusación al Senado cumplieron sencillamente con un deber y rescataron una facultad constitucional histórica del Congreso que le fue arrebatada por el presidencialismo despótico mexicano durante casi 100 años.

No hay el menor aspecto personal en la acusación. Si ha de continuar la nueva transformación de la vida pública de México, no puede haber concesiones políticas a la vieja forma de gobernar. El pasado no está pisado. Los grandes cambios requieren el concurso de todos los que en verdad pueden contribuir a tan elevados propósitos. El Congreso es una pieza vital en ese proceso, tal como poco a poco se ha venido acreditando ante la conciencia política de la nación.

Conclusiones de la Sección Instructora en

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200318-A.pdf

Emilio Lozoya: antes, después y hoy

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Está claro que Emilio Lozoya no es exponente de «la peor corrupción estructural mexicana». Hay episodios, sistemas, tramas, personajes y fortunas mucho peores. Nomás pensemos en el imperio corrupto de Carlos Salinas de Gortari. Pero el papel que jugó el hoy perseguido de la justicia es ocasión para que el país se asome a uno de los episodios de la historia de su Estado corrupto.

Emilio Lozoya viene de la alta burocracia política mexicana, toda ella corrompida, en línea con uno de los elementos básicos del poder. Su padre fue uno de esos burócratas empoderados. Pero, luego de un adecuado entrenamiento, ese personaje se proyecta en el momento en que le podía ser útil a una causa política concreta que era la recuperación de la Presidencia de la República por parte del PRI, a partir del gobierno del Estado de México y de la candidatura de Enrique Peña Nieto.

El antes fue la precampaña y campaña del abanderado priista, con todo el impresionante apoyo mediático de Televisa. El después fue la llegada de Peña a la Presidencia de la República. El hoy es la oportunidad de averiguar más sobre las tramas corruptas.

Conseguir apoyos mediáticos y económicos tuvo que ser el primer paso. Emilio Lozoya no era un político operativo. Sus tareas tenían que ver con relaciones, especialmente entre empresarios y poderosos de la esfera pública. Hizo bien su trabajo en tanto que logró obtener financiamientos. Así, tuvo que estar vinculado a Luis Videgaray.

El primer cargo penal que se le hace es obtener de la trasnacional brasileña Odebrecht fondos para la campaña de Peña Nieto. ¿Cuánto entregó al PRI y cuánto retuvo? No lo sabemos, pero supongamos que todo se lo dio a Videgaray.

Ya como director de Pemex, Lozoya había de beneficiar a la empresa donante. Según la acusación, así fue, pero con nuevos y mayores sobornos.

Hoy, se tiene que saber dónde está el dinero, cuál fue su ruta y destino. Es un laberinto.

Pero hay más. Pemex tuvo participación en la llamada Estafa Maestra, es decir, fondos entregados a organismos públicos como pago de algún servicio pero que no se aplicaban al objeto establecido en el convenio sino se canalizaban través de empresas fantasmas. Aquí, el hoy tendría que ser el conocimiento del propósito de tal estafa y del destino final del dinero.

Mas lo que supera la relación de Lozoya con Odebrecht y la versión petrolera de la Estafa Maestra es la compra de Pemex de la planta de Nitrogenados por 500 millones de dólares a la empresa privada Altos Hornos de México. Se ha calculado que esa «chatarra», como la definió la Auditoría Superior de la Federación, podría haber tenido un valor de unos 15 millones de dólares, si acaso.

Los privatizadores neoliberales en el gobierno no sólo vendían y entregaban propiedades públicas sino también estatizaban chatarra. Todo, para hacer negocios corruptos.

El jefe de Altos Hornos, también perseguido, no hubiera podido quedarse con la totalidad del dinero. Eso hubiera sido imposible. Así que ya no fueron sólo 10 millones de dólares procedentes de Odebrecht. Después cayeron otros 500 millones volando entre las sombras de los forajidos. ¿Cuál fue la distribución? ¿Dónde está ahora el dinero?

Qué pequeño se antoja, comparativamente, aquel robo a Pemex de mil millones de pesos para financiar la campaña de Francisco Labastida como candidato del PRI en el año 2000, por órdenes de Ernesto Zedillo a través de Romero Deschamps y Rogelio Montemayor, a la sazón líder sindical y director de la paraestatal, respectivamente, ambos connotados y muy activos priistas de estrellato salinista. Entonces hubo total impunidad penal gracias a la capitulación en la activación del aparato de justicia por parte, directamente, de Vicente Fox y su partido, el PAN. Se otorgó un perdón de facto. Sólo se logró una multa electoral contra el PRI, justamente de esa misma cantidad.

Quizá en algún momento, el mismo Peña Nieto y su administrador y operador político, Luis Videgaray, entre otros, tuvieran que ser interrogados si el fiscal careciera de otra opción. Habría que esperar que, llegada la situación, no fuera sólo un espectáculo mediático.

Lo peor de este periodo de la historia del Estado corrupto mexicano sería que el desempeño de Emilio Lozoya resultara haber sido algo marginal. Poca cosa en términos comparativos al gran total. Entonces tendríamos un hoy desgarrador. Puede ser.