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¿Quién debe aprobar los sueldos?

Durante muchos años, los más altos jefes del aparato estatal mexicano se han otorgado a sí mismos sus respectivos sueldos. Al principio, el presidente de la República finalmente los aprobaba, pero llegó un momento en que en los poderes judicial y legislativo, así como en el sector paraestatal, los mismos jefes decidían con libertad.

Las compensaciones, estímulos, prestaciones, ayudas, pago por riesgo, seguros de gastos médicos, separación, retiro y, al final, el “sueldo base”, formaron parte de los muchos conceptos en los que se ha dividido la remuneración de los jefes.

En el sector paraestatal existen indemnizaciones y pensiones ilegalmente otorgadas a personas que pasaron por los puestos directivos y salieron con sueldos vitalicios.

Una de las características del Estado corrupto es justamente la discrecionalidad en el otorgamiento de sueldos, bajo numerosos conceptos, que llevan a la conformación de una alta burocracia muy bien pagada y, consecuentemente, comprometida con una política patrimonialista de la función pública.

Este sistema genera unas relaciones de poder en las que personas y grupos se imbrican entre sí como detentadores de los altos puestos, se forman capillas y se construyen relaciones de complicidad: surge un monopolio de la función pública. Por ello, algunos hablan de “clase política” y, ahora, también de “tecnocracia” del Estado.

Altísimos sueldos no es lo más redituable del sistema, lo sabemos, sino toda clase de actos corruptos, moches y mordidas, así como el robo directo de fondos, pero es una expresión institucional aparentemente legalizada.

¿Quién debe aprobar los sueldos? Según la Constitución, esta facultad corresponde en exclusiva a la Cámara de Diputados y a los congresos de las entidades federativas, aún cuando se trate de los ayuntamientos. Nada más. Ahí está el poder de bolsa del Estado. Lo demás siempre será propuesta, pero no autorización. Sin embargo, en México no está vigente el Estado de derecho, sino que hay una realidad que no es legal. Digamos que es lo único funcional, hasta ahora.

La aprobación del nuevo artículo 127 de la Constitución, sobre el tema de las remuneraciones de los servidores públicos, en realidad no cambió nada como no fuera la nomenclatura en algunos presupuestos. Como el proyecto de ley reglamentaria, aprobado en el Senado, sigue congelado en la Cámara luego de siete años, muchos funcionarios se niegan a obedecer las reglas constitucionales con el pretexto de que no hay legislación secundaria, la cual no sería indispensable aunque sí es necesaria.

Ya es inminente la aprobación de dicha ley federal de remuneraciones, que tiene que verse como eslabón de una nueva política administrativa y, se piensa, debería reproducirse en las entidades federativas, tal como lo marca el mismo artículo 127 constitucional.

Esa nueva política debe promover la reducción de gastos de operación innecesarios, incluyendo las remuneraciones de los jefes.

El “sueldo base” siempre es moderado. Por ejemplo, en la Suprema Corte, donde se encuentran las remuneraciones más elevadas, dicho sueldo es de 54 mil pesos al mes, antes de impuesto, apenas el 13.73% de la mensualidad de cada uno de los once ministros y ministras, a lo que se agregan 7 conceptos de “prestaciones” diversas por un subtotal de 1.3 millones al año, más 853 mil pesos anuales de “pago por riesgo”; todo eso para cada cual.

Al comenzar a bajar desde la cumbre del abuso, las remuneraciones van siendo menores pero contienen los mismos conceptos e injusticias.

Existen dos seguros que son los más extracontractuales y recientes: de separación y de gastos médicos, pero se les cubren a quienes también son objeto de cuotas “patronales” de seguridad social. El Estado paga doble cuota, la institucional y la de seguro privado. Los restantes trabajadores no tienen esas prestaciones adicionales. El seguro médico privado cuesta más de 5 mil millones al año sólo en la administración pública federal y el de separación consiste entre el 8 y el 12% de la remuneración, es como un aumento mensual automático. ¿Por qué sostener una política estratificadora, discriminadora e injusta?

Hasta ahora, la Cámara de Diputados ha dejado pasar casi todo, ocupados muchos diputados en aumentar el estimado de ingresos con el fin de repartir el “excedente” en proyectos dirigidos, para luego proceder a cobrar los “moches”. Pero eso ya se va a cerrar.

En lo que no se debe caer es en una asignación de remuneraciones según criterios sueltos o de momento. Se trata de implantar una nueva política de administración y no de ejecutar un plan de recortes.

Las remuneraciones de cada nivel deben estar en función de la responsabilidad implícita y la habilidad requerida. Asimismo, la política salarial debe combatir el criterio estratificador de antes, con el propósito de empezar a romper el carácter estamental de la alta burocracia del Estado y contribuir a restarle autonomía.

El punto político central del plan de reforma de la administración pública consiste en que las decisiones presupuestales del Estado empiecen a ser escrutadas por la opinión pública, no sólo mediante la transparencia en lo que ya se ha avanzado algo, sino respecto de sus motivos, alcances y objetivos.

La administración pública es parte integrante de lo que se llama política y, por ello, debe concentrar la atención de la ciudadanía. Esa es la idea.

La danza de los sueldos

El artículo 127 de la Constitución, reformado totalmente en julio de 2009, comprende las remuneraciones, bajo cualquier denominación, “en efectivo o en especie”, con las únicas excepciones de “los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”. El precepto abarca a la totalidad de los servidores públicos del Estado mexicano.

Las reglas concretas al respecto son directas: 1. Nadie puede ganar más que el Presidente de la República; 2. No se puede percibir más que el superior jerárquico; 3. No se conceden ni se cubren jubilaciones, pensiones o haberes de retiro fuera de lo señalado en ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo; 4. Las percepciones son públicas y se establecen exclusivamente en el presupuesto; 5. El Congreso y las legislaturas locales deben expedir leyes ordinarias sobre este tema y prescribir sanciones al “incumplimiento o elusión por simulación de lo establecido en este artículo”.

El contenido de este precepto es algo muy sensato y lógico, lo escandaloso es que no se cumple ni se han emitido leyes reglamentarias, ¡luego de 9 años de vigencia!

López Obrador ha hecho un llamado al próximo Congreso para que expida la legislación derivada, la cual fue aprobada en el Senado desde el 8 de noviembre de 2011. Sí, ¡hace casi 7 años!, pero se encuentra congelada desde entonces en la Cámara de Diputados.

El tema de los sueldos de servidores públicos es uno de los más soterrados dentro del sistema político mexicano. Está relacionado con la corrupción porque las remuneraciones arbitrarias, dentro o fuera de presupuesto, al margen de la Constitución, son un mecanismo para gratificar lealtades políticas, complicidades, encubrimientos y demás mecanismos del Estado corrupto vigente hasta ahora en el país.

Esta situación se repite en los gobiernos locales, dentro del Congreso y en las legislaturas de los Estados, muchos ayuntamientos y especialmente en el sector paraestatal.

Como no se aplica la condensación de todos los ingresos, en efectivo o en especie, tal como lo señala la Carta Magna, entonces se reciben conceptos fraudulentamente disímbolos, cuya suma rebasa el sueldo nominal del Presidente de la República, quien también se lleva dinero por fuera.

Hay personas pensionadas por los bancos del Estado sólo por haber pasado por ahí durante poco tiempo, en aplicación de reglas internas de por sí ilegales que han sido inconstitucionales durante los últimos 9 años, pero los pagos han continuado. Lo mismo se puede decir de tantas liquidaciones y pensiones pagadas en otras empresas públicas a favor de altos funcionarios, incluyendo directores generales.

La corrupción es una hidra de muchas cabezas, pero no se trata de ir cortando una por una sino de elaborar una política que acorrale y elimine a ese monstruoso mecanismo de gobierno.

En lo que toca a los sueldos, no se trata sólo de detener gastos ilegítimos e ilegales sino principalmente de dignificar la función pública, de sustraer a los funcionarios de aquello que les obliga a soslayar sus deberes en aras de conseguir prebendas porque los altos jefes reparten todo el tiempo dineros públicos como si fueran de su propiedad.

Fijar con claridad los límites de las remuneraciones conforme a la Constitución es una cuestión política, es decir, un modelo de administración que debe estar basado en la transparencia, el profesionalismo, la probidad y la dignidad de los servidores públicos.

Cuando López Obrador plantea que el Presidente de la República debe ganar la mitad de lo que se le entrega ahora, lo que está diciendo es que a los gobernadores también les han de reducir sus sueldos y cancelar los sobresueldos y gastos que no comprueban, lo mismo que a legisladores y alcaldes de las grandes ciudades que a veces ganan lo indecible.

En México, los altos funcionarios no pueden ganar como en los países ricos, ya sea porque en éstos el costo de la vida es mucho mayor, como porque acá los sueldos de los empleados de base y supernumerarios es demasiado bajo en términos reales.

Alguna vez se consideró que la corrupción tendría que combatirse mediante el aumento de las percepciones de los altos funcionarios. Eso ha sido un fracaso porque ya se ha visto que el robo al erario, la mordida y el tráfico de influencias aumentan a pesar de los altísimos sueldos.

Luego de 9 años de incumplir el mandato de legislar, los estados también tendrán que hacerlo debido a la nueva composición de muchos congresos locales.

Después vendrán algunas otras leyes y decretos que ayuden al gobierno a cerrar los agujeros de la corrupción que tiene ese queso gruyer que se llama Estado mexicano y, ante todo, los presupuestos de egresos de la Federación y de las entidades que han renovado sus legislaturas. En especial, hay que cortar las uñas de los gastos discrecionales con los cuales se financian familias y grupos políticos, además de comprar votos.

No se tienen que dar palos de ciego. Estamos sencillamente en un proceso bajo una nueva fuerza gobernante. Ya se sabe que el tema de la corrupción no es el único, pero casi todos los demás se encuentran de alguna forma enredados en éste.

Así, sí: separar al poder económico del poder político

En el ríspido debate entre el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y Andrés Manuel López Obrador se ha hecho, por parte de este último, un viejo planteamiento, pero que en México es de lo más actual y pertinente: separar al poder económico del poder político.

Una cuota de la gran corrupción, entendida ésta como parte del sistema de gobierno, tiene su origen en la rapacidad de grupos de empresarios dispuestos a comprar a quien sea con tal de hacer negocios, los cuales, por lo regular, son sucios o están ensuciados.

De sobra se conoce la tesis de que es desde la esfera gubernamental donde se consuma la corrupción. Eso ya lo sabemos. Pero también tenemos noticias de la avidez de empresarios por entrar en ese sistema de las mordidas, del cual se derivan, por cierto, ilegales apoyos económicos a políticos. En México se realizan negocios fabulosos al amparo del gobierno. Baste recordar los rescates bancario y carretero que le trasladaron al Estado inmensas deudas privadas, las cuales se siguen pagando a través del presupuesto federal: 40 mil millones de pesos anuales de intereses, equivalentes al subsidio a la UNAM, la mayor universidad del país.

Mas la corrupción empresarial, como parte del mismo método de gobernar, siempre es negada por las organizaciones empresariales, las cuales, por tanto, no se proponen hacer algo para combatirla.

Cuando López Obrador se refería a integrantes del CMN como “una minoría rapaz”, estaba obligándose a proponer una salida. Esa es la de eliminar el sistema de mordidas y tráfico de influencias a través del cual se han generado inmensas fortunas, se ha agudizado la concentración de riqueza e ingreso y se ha promovido la centralización del capital, con sus consecuentes estructuras monopólicas. Por el otro lado, México vive, en contraste, dentro de un creciente mar de pobreza y atraso social.

Esa ruptura no puede proceder más que del gobierno, es decir, de otro gobierno. Pero no se trataría de abrir una contienda civil sino de vincular la acción pública con la observancia de la ley en las relaciones entre empresas y gobernantes.

Se sabe de sobra que mientras exista el poder del dinero, éste tendrá influencia en el Estado, directa e indirectamente. Esa es la parte estructural del problema. Pero también existe el escenario de la corrupción. No es posible, bajo el sistema actual, acabar por completo con la presión que se genera desde los cenáculos del gran capital, pero lo que no se debe admitir es la dependencia y subordinación del gobierno a decisiones de directivos y ejecutivos de grandes corporaciones empresariales. Esto debe terminar.

El CMN es el club más selecto del país. Hasta hace poco se denominaba consejo de hombres de negocios, pero se ha cambiado el nombre porque ya agrupa a unas cinco mujeres. Es miembro del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE) con derecho de voto, a la par de las grandes confederaciones y el sindicato empresarial, la Coparmex. Ahí, unos cuantos pesan más que miles de empresarios, debido a que gozan de especial influencia entre los líderes cupulares. Algunos de los integrantes del CMN son líderes de líderes de líderes.

Así es que casi todo el entramado organizativo del empresariado se ha solidarizado con el CMN, en una suerte de cohesión de clase, en una fiesta de membretes empresariales firmantes. Pero, ¿cuál es la causa? López Obrador se refirió a ese club de famosos y súper ricos (ni siquiera todos sus integrantes), pero no se metió con el CCE ni con la Coparmex. Sin embargo, muchas cámaras han publicado un desplegado de varias planas exigiendo “respeto”. “Así, no”, han dicho muy orondas. En una inexplicada defensa de un club semiclandestino, ajeno por lo demás a la generalidad del empresariado, se condena la ríspida crítica y la acometida política, debido a que los más poderosos personajes se sienten ofendidos y, algo más, reprimidos en el ejercicio de sus “libertades”. Ninguno de los integrantes del CMN respondió en forma personal, lo cual habla de su falta de dignidad. Logran que otros los defiendan porque es más cómodo y menos arriesgado.

Lo que ellos se han embolsado (Fobaproa y largos etcéteras) no se considera como acto criticable, atacable, combatible, despreciable. La magia de las privatizaciones tampoco fue un truco sucio. De seguro los beneficiarios siempre se han sacrificado por la Patria o, al menos, son beneméritos, de tal suerte que figuran, algunos, en el listado de Forbes.

Los socios y admiradores de ese club, juntos o por separado, no deben seguir tomando las decisiones trascendentales del país, porque impiden de esa manera la democracia más formal posible, que es la que existe. Ese es el planteamiento. Si quieren el poder político, que se postulen y busquen el voto, conforme a la regla general, pero no podrían utilizar más dinero en sus campañas que los demás candidatos y candidatas. Así, sí.

La corrupción y su «caja negra»

 

Durante los cinco años del presente sexenio, Enrique Peña Nieto ha ejercido de manera discrecional un millón de millones de pesos (más de 50 000 mdd) a través del ramo 23 del Presupuesto de Egresos, con la sucesiva ayuda de Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.

Ese ramo ha sido el gran instrumento político de los presidentes desde que fue creado, con otro número y nombre, en 1947, por decisión de Miguel Alemán. Desde entonces, el decreto legislativo de egresos no es constitucional en su totalidad sino que opera una regla no escrita consistente en el gasto discrecional, el cual se encuentra prohibido. En esa gran bolsa se alojan también la mayor parte de los recursos no presupuestados. Sólo el jefe del Ejecutivo puede administrar la «caja negra» (ver, Pablo Gómez, Los gastos secretos del presidente. Caja negra del presupuesto nacional. Ed. Grijalbo, 1996).

El ramo 23 (Previsiones salariales y económicas) es el resumidero desde donde se canalizan ingentes cantidades que dan consistencia al sistema de corrupción imperante en el país. Por ejemplo, desde ahí se giraron los recursos a Sedesol para la “estafa maestra”, de la cual no ha dado cuenta José Antonio Meade, ya fuera como titular de Desarrollo Social o como secretario de Hacienda: todo el dinero pasó por ambas dependencias y no se sabe de cierto dónde está, según reporta la Auditoría Superior de la Federación, a la que, por cierto, nadie en el gobierno le hace el menor caso.

El sistema político mexicano no se modificó durante los doce años de sucesivas presidencias del PAN porque no se produjo cambio alguno que suprimiera el uso discrecional de grandes fondos. Eso lo sabe muy bien Meade quien también fue secretario de Hacienda con Felipe Calderón.

Desde 1947 el porcentaje promedio de las disposiciones presidenciales ha sido del 15% sobre el gasto gubernamental autorizado por la Cámara de Diputados. Se ha dicho que se trata de “gasto programable” como lo indica la ley, pero en realidad no es programado sino que durante el ejercicio se van tomando decisiones sobre su utilización efectiva.

El sistema de gastos discrecionales ha sufrido ciertas modificaciones. Algunos diputados, por sí o por encargo de sus respectivos gobernadores, presionan para elevar el monto del Ramo 23. La ampliación de la «caja negra» tiene como propósito dejar puestas grandes sumas para propósitos no programables y que no pueden ser explicados. La condición es negociar con el Ejecutivo esas asignaciones, antes de la aprobación del presupuesto, para dejarlas pendientes pero comprometidas. Enrique Peña, por su lado, ha aprovechado esta situación para hacer repartos poco equitativos entre las entidades federativas, así como dejar de ejercer algunos gastos. Traiciones entre socios. Mal reparto del botín que ha generado algunos resonantes pleitos.

La fuerza del Ejecutivo no depende de su liderazgo, de sus convocatorias y propuestas, sino de la cantidad de dinero que él pueda repartir. El Estado corrupto funciona amarrado al Presidente de la República, lo cual se reproduce en cada entidad federativa con los gobernadores y el jefe de gobierno de la CDMX.

La lucha contra la corrupción no depende de un demagógico “sistema nacional”. Es absurdo que los usufructuarios de la corrupción deban ser quienes acaben con la misma. Es imposible monitorear cotidianamente a miles de servidores públicos. Lo que es preciso llevar a cabo es organizar con precisión presupuestal el gasto, para ser ejercido y fiscalizado sin permitir que existan recursos “sueltos”, discrecionales.

México está en el número 135 de la lista inversa de países donde más se percibe la corrupción. Si la administración central del presupuesto es discrecional entonces las prácticas corruptas penetran en los poros de la sociedad. Todo sistema corrupto reparte dinero, bienes, posiciones y, por tanto, siembra ambiciones.

El secreto de que el empresariado en su conjunto sea débil y titubeante en cuanto a la denuncia y la lucha contra la corrupción, se debe a que en los Estados corruptos el poder del dinero se robustece porque todo se puede comprar, incluyendo la elusión fiscal. Aún más, la existencia en México de una oligarquía, a la que AMLO llama “la mafia del poder”, tiene entre sus bases funcionales precisamente un sistema de corrupción con el que se hacen derramas, aunque a los más ricos y a los políticos poderosos les toca la mayor parte.

La corrupción en México ha funcionado como acumulación capitalista originaria, pues ha sido fuente de inmensas fortunas que tienen forma de bancos, fábricas, empresas de servicios, comercios, etc.

Se podría decir que los mexicanos y mexicanas sabemos, al llegar a cierta edad, que nuestras instituciones son corruptas. Algunos podrían decir que eso es generalizar demasiado, pero no, sólo es una referencia de la profundidad inconmensurable de la corrupción mexicana.

Frente a este panorama, hay dos grandes opciones: seguir creyendo que la corrupción sólo es producto de “gente mala” o entrar de lleno a la destrucción institucional del Estado corrupto. Podría haber soluciones intermedias pero, de seguro, sin buenos resultados.

Antes que persecución, hay que reformar la administración pública del país. Así de grande es el reto. No tendría mucho sentido dedicarse desde el gobierno a buscar a los corruptos (lo cual tendría que hacerse en alguna medida), si no se modifica la manera de administrar cada peso de los presupuestos y de los ingresos no previstos o excedentes.

No se crea que las leyes deberían cambiar demasiado. Bastaría con algunas reformas. Lo que se debe lograr es lo que existe en muchos países: la autorización del gasto es estricta, así como su comprobación. En otras palabras, no se puede usar dinero para lo que no está destinado por decreto, ni se debe permitir que se administre en forma irregular. Aquí no habría “cero tolerancia” sino elemental y sencilla función pública, una nueva normalidad.

Al tiempo que sea modificada la forma de administración y rendición de cuentas, se tendría que cambiar también el sistema de gestión, con el propósito de eliminar las mordidas a lo ancho y largo de la administración pública.

Cualquiera diría que el que esto escribe ha perdido la razón. Pues sí. Hay que perder la razón del sistema político mexicano, la de gobernar con manejos discrecionales de fondos públicos y raterías como método de gestión.

Este año tenemos una oportunidad. No la dejemos pasar.

Corrupción que se quiere retener

 

Decir que en México es imposible eliminar la corrupción es en realidad una defensa del sistema político. Quienes se encargan de difundir la idea de un país irremediablemente corrupto no son estudiosos del problema sino aquellos operadores políticos que se benefician de la corrupción.

En cualquier Estado existe corrupción pero no todos ellos son corruptos. México sí lo es. La cuestión central consiste en que el sistema político opera con la corrupción: es ésta misma en todas sus formas operativas. Los gobernantes realizan sus funciones en un medio de corrupción, pero no porque ellos sean personalmente corruptos (que lo son en su mayoría), sino porque los procedimientos políticos, la administración pública, la vida institucional, funcionan con base en mecanismos de corrupción.

No ha habido gobierno que no se pronuncie de alguna manera contra la corrupción. Han existido momentos en que el más corrupto llama a combatir la corrupción. Ahora, el país está construyendo un Sistema Nacional Anticorrupción, mientras que los políticos se encuentran en una lucha para designar al mejor fiscal de la materia, el cual sería el más amigo y el más flexible, aquel que entienda justamente que es imposible eliminar la corrupción y que ese puesto no es para perjudicar a quienes dan los cargos.

Ese sistema anticorrupción (así, con minúsculas) no tiene el menor sentido práctico porque quienes están sentados en su mesa de consejo son corruptos al ser operadores de un sistema político que usa la corrupción como método de gobierno.

Aún más, no existe separación clara entre la política social como forma de gobernanza y la corrupción. En la inmensa mayoría de los programas sociales se practica la corrupción como instrumento de la política. Ni siquiera se exceptúan los hospitales, mucho menos las ayudas y los subsidios. La corrupción es sistémica, estructural, es un fenómeno eminentemente político, por lo que abarca al país entero.

Para combatir la corrupción es preciso destruir el sistema político actual, la forma en que operan las instituciones del Estado, no sólo en el plano de la administración de los recursos presupuestales sino principalmente en las funciones sustantivas que aquellas realizan con el público. La relación entre los servidores públicos y la gente tendría que modificarse totalmente.

Esto no es posible si no lo encabeza el gobierno. La denuncia pública es a lo sumo un instrumento de propaganda, por lo cual debería abarcar el planteamiento del cambio de gobernantes. Lo que se requiere es un gobierno capaz de realizar sus funciones de otra manera, sin buscar acuerdos corruptos por todos lados, que deje de dar a ganar a cambio de apoyo y dinero, que rompa con los repartos, mordidas, moches, embutes, diezmos, etcétera, que caracterizan a todos los niveles de gobierno y, en especial, con la impunidad galopante que existe en la función pública.

Es imposible calcular el monto al que asciende la corrupción. Lo que se estudia es la percepción de la gente a través de análisis demoscópicos. México es uno de los más corruptos en el mundo y el número 1 de la OCDE. Hay quienes hablan del 10% del PIB y otros de mucho más. Algo sabremos hasta cuando se combata en serio la corrupción y se pueda advertir su expresión cuantitativa pero, sobre todo, haya una forma nueva de relacionar a la ciudadanía con los órganos del Estado y con los servidores públicos.

Un combate a fondo contra la corrupción traería como consecuencia insurrecciones organizadas para restablecer los repartos ilegales, los privilegios. Dejémonos de slogans absurdos como ese de promover la “cultura de la denuncia”. El gobierno tendría que denunciar los subsistemas corruptos, explicar con detalles cómo funciona cada mecanismo, desde las dádivas hasta los moches de los legisladores, las grandes mordidas en las obras públicas y en las compras gubernamentales. De seguro que las sociedades corruptas redoblarían su estrategia escatológica apoyada en la inducida creencia de que todos estamos manchados y que la limpieza es imposible. Pero un gobierno decidido tendría que resistir todos los lanzamientos en su contra. Habría que recurrir a un cierto estoicismo para aguantarlo todo.

Acabar con el sistema político que prohíja la corrupción no sería una revolución pero cambiaría mucho el cauce de la lucha política en México. Además, nos permitiría apreciar mejor los problemas de mayor fondo, entre ellos la desigualdad y la pobreza, en los cuales se expresan las contradicciones sociales.

A la Fepade se le atravesó un zombi

 

Las sucesivas reformas electorales han tenido varios fracasos: se buscaba un órgano regulador íntegramente imparcial, lo cual no se ha logrado; se quería un tribunal de justicia electoral, pero por lo regular no funciona de ese modo; se requirió un fiscal de delitos electorales (Fepade) que nunca existió como tal.

Un caso emblemático fue el de “Amigos de Fox”, en el cual el entonces presidente de la República y principal denunciado, Vicente Fox, se negó a que se nombrara un fiscal independiente. La Fepade-PGR (Fromow-Macedo) resolvió el no ejercicio de la acción penal, aunque el IFE multó al PAN y al PVEM con más de 300 millones de entonces. “Amigos de Fox” fue ilegal, sin duda. Entre otros muchos, Carlos Slim, el mayor capitalista del país, había aportado tan sólo 17 millones, aunque no tuviera, dijo, intereses políticos y mucho menos “vocación”.

Ahora, desde la Presidencia de la República se ha ordenado la destitución del fiscal electoral porque existe un caso de alto riesgo: una denuncia de financiación ilegal de la campaña de Peña Nieto (2012) con un soborno procedente de la firma brasileña Odebrecht, presuntamente recibido por Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

Al parecer, el gobierno no le tenía suficiente confianza a Santiago Nieto al frente de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Ya no se trata de asuntos varios y muchas veces menores, sino que ahora se encuentra en el centro Enrique Peña Nieto y la parte de su gabinete que operó la campaña electoral. Por menos de eso caen gobiernos en América y Europa.

No existe la menor duda de que la orden de destitución ha procedido de Los Pinos y ha sido ejecutada por el encargado de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene capacidad de dar órdenes a la PGR mientras que el flamante encargado podría sólo permanecer por el tiempo que se requiriera para que sea designado el nuevo procurador, pero aquél seguirá hasta el fin del sexenio, según ha dicho él mismo, lo cual es ilegal, pues la vacante debe cumplirse mediante el mecanismo constitucional. Este punto es aun más relevante porque Alberto Elías, el encargado, no tiene la antigüedad en la profesión jurídica que se requiere para ser procurador, entonces tampoco la tendría para destituir a un fiscal especial. Todo huele a que Raúl Cervantes quiso poner su renuncia antes de que se tuviera que cumplir la orden presidencial de mandar al diablo a la Fepade, para no verse envuelto en otro lío.

Al respecto de la infidencia como causa del despido de Santiago Nieto, nomás recuérdese que la PGR publica conversaciones telefónicas, videos, rumores, dichos y cuanta cosa cree que le beneficia, como forma de conducir casos resonantes. Lo ha hecho siempre y nadie ha logrado tumbar por ello a un procurador. Hemos visto en la televisión supuestas detenciones o declaraciones de detenidos. Sólo recuérdese el asunto de Florence Cassez (conducido por la policía y admitido por la PGR) y el de un par de operadores de la pandilla de “Guerreros Unidos” de Iguala con motivo de la versión del entonces procurador Murillo Karam, quien quería dar por comprobada la incineración en Cocula de los 43 de Ayotzinapa. Hay miles de sucesos parecidos a estos.

Si se hubiera querido sancionar a Santiago Nieto con fundamentos, por lo menos se hubieran tomado la molestia de abrir un procedimiento formal, pero lo que hubo fue la orden directa de un encargado, por instrucciones superiores, ante lo cual el presidente de la República ha dicho que es un asunto del Senado. ¿También lo fue el cese del fiscal electoral?

Ya en el Senado las cosas han seguido el mismo curso. Gamboa Patrón ha dicho que no admite presiones ni chantajes, ni nada de nada. Lo que quieren los priistas es acatar la orden presidencial y llevar a cabo, para tal efecto, una votación secreta. En el Congreso, se votan mediante cédulas las designaciones. Nieto ya está designado, lo que se podría votar es el rechazo a su destitución.

Aunque el asunto consiste en una denuncia en materia electoral y no se ha hecho la investigación ni mucho menos Lozoya está a punto de ser inculpado, es tanto el miedo de que el asunto Odebrecht se muestre relacionado con Lozoya y con la campaña de Peña que el fiscal electoral ha tenido que pagar por anticipado.

Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, ha dicho que tiene ya concluidos varios procedimientos relacionados con los sobornos de Odebrecht. Hay que esperar para poder verlos. México, como siempre, es el último en enterarse de algo trasnacional: hay 10 países donde ya hay sentencias penales vinculadas al sistema de sobornos de la empresa brasileña.

La Fepade nunca ha existido en realidad, pero cuando por una vez, el fiscal quería, al parecer, hacer algo a la altura de su deber, se le ha atravesado el zombi del presidencialismo mexicano y se le quiere enviar de regreso a su despacho privado, alejado por completo de las causas penales que le corresponden a los fiscales. Si fuera posible que el Senado se interpusiera, eso sería una gran cosa.

Al diablo con las instituciones

Aquella frase tan comentada y criticada de López Obrador, “al diablo con sus instituciones”, se ha convertido en una realización bajo la actual administración, pero no en un sentido de renovación para mejorar. El largo proceso de deterioro y degeneración de las instituciones del Estado mexicano se ha llevado a peores y mayores consecuencias.

La Procuraduría General de la República siempre tuvo el problema de que el presidente en turno le daba órdenes al procurador, pero nunca estuvo tan deteriorada como ahora. Al tiempo de su renuncia, Raúl Cervantes dijo que es preciso que el Ministerio Público sea eficaz e independiente. Él no pudo lograrlo en el breve lapso de su gestión, pero es que nadie puede, ya que no es cuestión simplemente de nuevas leyes sino de que la PGR no es una verdadera institución del Estado, como tampoco lo son las procuradurías de las entidades federativas.

La Fiscalía General que está prevista en la Constitución, cuya ley aún no existe, sería la infortunada heredera de la vetusta PGR. Ya desde ahora las designaciones del fiscal general y del fiscal anticorrupción han generado un gran follón en el Congreso porque no hay institucionalidad en la procuración de justicia, no existe una digna profesión de los y las fiscales, no hay de dónde sacar maestros prácticos del Ministerio Público. Nomás véase que todos los procuradores y procuradoras han sido unos improvisados e improvisadas pero, eso sí, disciplinados y disciplinadas al presidente de la República. Esa institución está mandada al diablo.

En la PGR todavía se sostiene la tesis de que el basurero de Cocula fue convertido en un gran horno crematorio, durante una sola noche, ni siquiera completa, mediante el simple uso de gasolina y llantas, para desaparecer 43 cuerpos sin que se haya podido recuperar el más pequeño residuo luego de un gigantesco incendio cuya existencia pasó desapercibida por completo.

Aturdidos, pudimos observar cómo Enrique Peña mandó al diablo a la maltrecha Secretaría de la Función Pública. Fue enviado ahí un abogado como secretario, con la expresa encomienda de investigar la misteriosa enajenación de una casa blanca de Las Lomas. El presidente de un país nombra especialmente a quien le va a investigar a él y a su esposa, el cual les exonera, naturalmente. ¿Cómo se llama la obra? La tragedia política mexicana. Luego, ante el desprestigio de aquel señor secretario, debido a la unánime burla popular, la procuradora fue trasladada ahí como relevo después de haber fracasado como jefa del Ministerio Público.

El secretario de Gobernación, Osorio Chong, se ha negado sistemáticamente a dar cuenta de lo ocurrido en Nochixtlán el 19 de junio de 2016, donde murieron 7 civiles. Con esa actitud, el “jefe del Gabinete” ha mandado al diablo, como instituciones, a la Policía Federal y a su Gendarmería, de las cuales es el jefe superior. Lo que Osorio hizo luego de los hechos fue ordenar una “investigación” y, después, se olvidó del asunto para siempre. Por su lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de 16 meses de dificultosas indagaciones, recién ha concluido que hubo violaciones a la libertad, la integridad y la seguridad, así como al acceso a la justicia, a la verdad y a un recurso jurídico efectivo. El operativo de aquel día es considerado por la CNDH como indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado, todo lo cual, decimos, es responsabilidad política del secretario de Gobernación. La recomendación del ombudsman será, eso sí, intrascendente para el poder político que se especializa en mandar al diablo a las instituciones.

Tenemos una pandemia de atracos en numerosos gobiernos locales. Las denuncias públicas de hechos escandalosos y el cambio de partido gobernante en algunos lugares han llevado a que varios ex gobernadores sean inculpados. Esta corrupción no es nueva pero tiene una característica que no siempre ha estado presente: el Estado corrupto se encuentra ahora demasiado descentralizado. El presidente de la República no ha logrado organizar bien los procedimientos y su partido está volcado sobre los recursos públicos, sin descontar que algunos más, de otras procedencias, también se han servido lo que han podido. Esas instituciones fueron mandadas al diablo, aunque bien sabemos que por enésima vez.

La presidencia de la República siempre ha presionado a los medios de comunicación. Compra servicios publicitarios para complacer y recibir halagos y notas destacadas, pero también impone fuertes límites. Antes, los motivos eran la gobernabilidad, el interés de partido, el bloqueo de criticas y de críticos, el ocultamiento o deformación de hechos, en fin, los intereses generales del poder. Ahora las cosas han cambiado para empeorar. Los periodistas expulsados lo han sido debido a críticas de la conducta personal del presidente o de familiares de éste. Ya llevamos varios casos muy fuertes que han producido escándalos. De esa manera, la presidencia de la República también ha sido mandada al diablo por el mismísimo presidente que pone por delante a su propia persona.

La Suprema Corte de Justicia acató una consigna del gobierno para impedir la consulta popular sobre la reforma energética, solicitada mediante todos los elementos legales y procedimentales. El argumento fue tan baladí que nunca se olvidará ese lance de la Corte en contra de la democracia participativa. Con un solo voto en contra, el del ministro Cosío, la mayoría de togados mandó al diablo al Poder Judicial y a esa institución constitucional conocida como el derecho ciudadano de ser consultado.

En un minucioso recuento podríamos traer a nuestra memoria miles de actos institucionales que han mandado al diablo a las instituciones.

No dudo que con la frase de “al diablo con las instituciones”, López Obrador haya querido decir que es preciso reformar las instituciones porque las actuales son malas, en lo que tendría razón, pero se debe agregar que, para hacerlas verdaderamente nuevas, no sólo hay que cambiar nombres y titulares.

La tarea de reconstrucción institucional de México es gigantesca pero no se ha iniciado aún, todo ha sido hasta ahora, más o menos, cosmético.

 

Manipulación priista de la desgracia

 

Para buscar atronadores aplausos, el PRI ha propuesto que se cancele total y definitivamente el financiamiento público de los partidos políticos y se recorte la representación proporcional en el Congreso de la Unión.

En un momento en el que el partidismo en general y los partidos políticos, como entidades individuales, sufren descrédito, repudio e, incluso, descomposición, el PRI (léase Enrique Peña Nieto) ha decidido pegar un grito para que se escuche bien que él y su gente están del lado de los más resueltos demoledores del sistema de partidos, pero ahora bajo la atroz cobertura de ayudar a los damnificados. Sin embargo, ese discurso no le va a quitar al PRI su condición de partido más repudiado del país. Lo que busca Peña es poner a otros partidos contra la pared aunque sea dudoso que lo pueda lograr.

La propuesta priista para abolir el financiamiento público y desmochar la representación proporcional es engañosa porque implica que el Congreso la apruebe por dos tercios en ambas cámaras, pero esta mayoría no la alcanza el PRI ni con los partidos bonsai. Además, existe un principio en la Constitución (art. 105. i) en el sentido de que durante el proceso electoral, que ya inició, no se pueden introducir modificaciones legales fundamentales y, aunque esta sería una derogación de preceptos de la Carta Magna, habría que expedir luego una nueva legislación ordinaria que regulara el financiamiento privado de los partidos y la asignación de asientos en las cámaras. Para todo eso no hay tiempo ni oportunidad, por lo cual, no se podría expedir la reforma anunciada por el PRI antes de las elecciones del año próximo.

Mientras, el resto del financiamiento público del PRI de 2017, recortado por las multas en curso de pago, será donado a la Federación con el fin de que se incorpore a los gastos tendientes a atender a los damnificados de los sismos. ¿Quién pagará los sueldos de los empleados y de dirigentes de ese partido en lo que resta del año incluyendo los aguinaldos? De seguro, Enrique Ochoa, nominal líder priista, dividirá la nómina entre entidades públicas de gobiernos priistas y algunos empresarios ricos, pues al PRI no lo van a cerrar, todavía.

Como antes de las reformas electorales, los recursos de procedencia ilícita forman parte del sistema político. El financiamiento público de los partidos no ha inhibido las operaciones ilícitas que ocultan el rebase de topes de gastos, ni tampoco ha detenido a los gobernantes que canalizan fondos presupuestales hacia campañas electorales. Mas aquí la clave ha sido la impunidad, ya que no existe autoridad capaz de perseguir esos ilícitos, debiéndolo hacer. Es decir, no hace falta una ley sino que ésta se cumpla.

Sin embargo, lo que el PRI busca es un sistema en el que los partidos competitivos sean exclusivamente aquellos que puedan recibir enormes cantidades de dinero de los grandes ricos del país y, de seguro, habría que incluir entre estos a algunos de la llamada delincuencia organizada.

En cuanto a la representación proporcional, este sistema se estableció para que la mayor parte de los electores pudiera estar representada en congresos y ayuntamientos, lo cual, a su vez, permitiría un pluralismo electoral. Si en México sólo existieran 300 diputados de mayoría relativa (uno por distrito), quedaría sin representación al menos el 40% del electorado cuyo candidato no hubiera alcanzado la mayoría relativa en el correspondiente distrito. Eso es lo que ocurre en varios países con sistema electoral viejo y anacrónico como Estados Unidos y Gran Bretaña.

En efecto, el PRI desea el sistema electoral gringo, con sus contribuyentes de Wall Street, como dice el senador Bernie Sanders, que convierte a los candidatos triunfadores en lacayos del capital financiero.

Peña Nieto desea un sistema bipartidista de opciones netamente burguesas para eclipsar a las formaciones populares que, por consecuencia, no podrían competir en el marco de un incontrolable financiamiento privado concentrado en dos partidos que se repartieran las curules dentro de un sistema de representación de mayoría, tal como ocurre en Estados Unidos, donde sólo hay distritos uninominales y el financiamiento público, incompatible con el privado, es rehusado por los principales candidatos porque lo consideran pequeño para cubrir sus inmensos gastos.

Lo que busca el PRI es una regresión. Menos mal que no ha de ser para esta temporada, por lo cual, de momento, es pura propaganda. Lo peor estriba en que ésta se hace en nombre de los damnificados. Eso se llama manipulación de la desgracia y describe bien la estatura política de sus iniciadores.

Odebrecht, Calderón, Peña, Lozoya y demás

 
La empresa Odebrecht, de origen brasileño, ha sido señalada como creadora de un sistema de sobornos de alcance internacional. Numerosos gobiernos fueron “seducidos” mediante grandes sumas de dinero ofrecidas como recompensas a cambio de contratos para la realización de obras públicas a cargo de la trasnacional brasileña. El primer procurador que se lanzó contra esa empresa ha sido el estadunidense, luego de lo cual otros países siguieron ese mismo rumbo, precisamente contra altos funcionarios, incluso ex presidentes. En Brasil, el caso es de amplios vuelos.
 
En México, todo parecía apacible no obstante que nuestro flamante procurador había viajado a Brasil para recabar los datos necesarios para poner en claro los contratos de Pemex con Odebrecht. Sin embargo, la PGR ocultó todo lo que pudo saber al respecto y declaró que seguía investigando el asunto. Por su lado, Odebrecht se dio el lujo de responder a López Obrador, quien se había atrevido a señalar a esa empresa como repartidora de mordidas, mediante el argumento de que es imposible que en México esa compañía pudiera organizar un sistema de sobornos.
 
Ahora, después de los testimonios rendidos en Brasil, los mismos directivos de Odebrecht en el país declaran que están listos a colaborar. ¿Para esclarecer lo imposible?
 
Marcelo Odebrecht, socio mayor y presidente de la empresa que lleva su propio apellido, logró una entrevista con Enrique Peña Nieto en octubre de 2013, cuyo contenido, naturalmente, está en la más completa oscuridad, pero que hubo de tener algún propósito concreto. La trasnacional brasileña ha contratado en México por 1 400 millones de dólares. Los directivos de Odebrecht que han declarado ante la justicia en Brasil dicen que entregaron a Emilio Lozoya, en total, 10 millones de dólares, con lo cual se estarían refiriendo a un miserable 1% de soborno, cuando en México la tasa de referencia de las mordidas es de 10%, el llamado diezmo.
 
Esta situación abre un enorme campo a las hipótesis: podrían los 10 millones entregados presuntamente a Lozoya estar relacionados sólo con algunos contratos o sólo serían para el director de Pemex mientras otras cantidades mayores hubieran sido entregadas a diversos miembros del gobierno, antes y después de diciembre de 2012, es decir, algo le hubiera tocado a Felipe Calderón.
 
También podría ser que los declarantes brasileños no hubieran sabido de la suma total de sobornos en México, sino sólo de una parte menor, aquella que les consta directamente.
 
Marcelo Odebrecht fue sometido a juicio en Estados Unidos en 2015, luego de lo cual, todas las operaciones de su empresa en el Continente tuvieron que ser analizadas como posibles partes integrantes de una forma de actuar basada en el soborno. Eso ocurrió en muchos países, excepto, como siempre, en México.
 
Anteayer, en la llamada cumbre de fiscales de América Latina (11 países), Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República, dijo cualquier cantidad de frases enredadas o sin sentido para agradecer las informaciones provenientes del exterior, especialmente de Brasil, sobre el comportamiento de Odebricht, pero se pudo observar que carece de un caso conformado.
 
En ese momento, Emilio Lozoya estaba rindiendo su declaración ante el Ministerio Público, pero, como dijo su abogado, el muy conocido Javier Coello Trejo, él nomás iba a eludir todo lo relacionado con las cuestiones que pudieran inculparlo. Pues claro, Lozoya no va a confesar, como no lo hacen quienes reciben mordidas. El problema es que la PGR no tiene nada porque sencillamente no ha investigado nada.
 
Como los sobornos pudieron haber empezado, según los inculpados en Brasil, antes del 1º. de diciembre de 2012, el asunto pudiera tener alguna conexión con los gastos de la campaña priista, lo cual sería conveniente investigar con la ayuda del entonces, como ahora, operador de Peña Nieto, el actual secretario de Relaciones Exteriores, el señor Luis Videgaray, organizador, en ese mismo lado, de las ilegales tarjetas de pago en la campaña electoral de 2012. Si así fuera, las mordidas de Odebrecht hubieran tenido que ser lavadas y qué mejor que pagando con tarjetas.
 
Emilio Lozoya salió de la PGR tan campante como entró. Él ya lo sabía. En su calidad de inculpado, no tiene obligación de responder las preguntas del Ministerio Público. Así que, si quieren acusarlo, que le demuestren algo, pero como no se trata de eso, la PGR está en situación de completo extravío mental, como casi siempre en asuntos relacionados con la corrupción y algunos otros más.
 
En Estados Unidos, Brasil, Perú y otros países ya están abiertos los procesos penales sobre sobornos de Odebricht, excepto en México.
 
La solicitud de legisladores para que se den a conocer las auditorías en Pemex no está mal, pero las mordidas no se anotan en los libros de contabilidad. Es dinero que se cuela. La declaración del defensor de Lozoya (antes agresivo persecutor por consigna), en el sentido de que no hay depósitos bancarios sobre ese dinero, claro que debe tener sus bases porque las cosas se hacen con cuidado.
 
Los corruptos son eso, no son estúpidos. No hay dinero a la vista, lo cual no demuestra que no lo haya en absoluto. Para investigar existe el Ministerio Público, pero en México ése no fue creado para tal efecto. Triste realidad.

Corrupción al estilo Atlacomulco

Pablo Gómez

Desde antes de la fundación del antecesor del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, el Estado de México era mencionado por sus fraudes electorales y la corrupción como forma de gobernar. En libros de historia y en novelas podemos alcanzar a ver que la política en esa entidad no era tranquila. Sin embargo, nada se compara con el estilo Atlacomulco de las últimas décadas.

Peña Nieto patrocinó a varios candidatos a gobernadores de su propio partido cuando él era mandatario. Está claro que las transferencias al gasto electoral de sus correligionarios no salían de su bolsillo sino de los fondos públicos mexiquenses y gracias al talento administrativo de Luis Videgaray. Fue tan exitoso su desempeño como padrino de candidatos que le sirvió, más que otros factores, para obtener la candidatura del PRI a la Presidencia de la República.

La publicidad ilegal de Peña en Televisa fue cubierta naturalmente con recursos públicos, aunque el Tribunal Electoral exoneró al entonces gobernador argumentando que todo había sido producto de errores de la televisora, lo cual nadie creyó en lo más mínimo. En realidad, al entonces gobernador se le conoció en otros estados gracias a sus espots, con “producto integrado”, que incluyen entrevistas y noticias falsas. Después, ya vimos cómo se compra el voto con tarjetas Monex, entre otras, y cómo se canalizan ilícitamente millonarias cantidades a una campaña electoral.

El estilo Atlacomulco nunca se ha visto afectado por falta de billetes. Hank González no sólo usaba el dinero para la política en su Estado sino a nivel nacional y para el patrimonio familiar. Aquel que empezó siendo un profesor rural, se convirtió en un acaudalado transportista e industrial, y decía que “un político pobre es un pobre político”, una de las frases supremas del estilo Atlacomulco.

Se podría escribir acerca de cada gobernador mexiquense pero sería largo. El que conmovió por burdo y descarado fue Arturo Montiel, quien había postulado que los delincuentes no tienen derechos humanos, claro que sin incluirse él mismo. Su hijo fue sorprendido en una sucursal bancaria con muchos millones en efectivo para pagar la compra de una casa. Era tan escandaloso el enriquecimiento de Montiel, el maestro y protector de Peña Nieto, que tuvo que tomar la “decisión más difícil de mi vida”, según dijo, de retirarse de la contienda priista por la candidatura presidencial de 2006, pero fue declarado políticamente inimputable por su protegido y discípulo.

El tema de la “casa blanca” de Las Lomas es tan conocido que ya ni vale la pena destinarle más de una frase.

El Grupo Atlacomulco ha creado estilo pero no sólo por el alto nivel de su corrupción e impunidad sino por la forma en que usa los recursos públicos para hacer política a nivel nacional. Podría decirse que esos políticos son incultos pero no lugareños.

Eruviel Ávila, el actual gobernador, publica su foto todos los días en muchos periódicos y también aparece en otros medios de comunicación. Todo eso costeado con dinero público, lo cual convierte sus “mensajes” en actos inconstitucionales, pues el artículo 134, párrafo 8, de la Constitución dice, en referencia a la publicidad de los poderes y demás entidades públicas: “En ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen propaganda personalizada de cualquier servidor público”. Hay muchos políticos que violan este y otros preceptos de la Carta Magna, pero, ¿todos los días, como lo hace Eruviel Ávila? Este es puro estilo Atlacomulco.

Mas al actual gobernador mexiquense, tan difundido por la gacetilla, le importa poco que la Auditoría Superior de la Federación señale públicamente que “no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicablesen la materia”, en referencia a recursos federales trasladados para obra pública. Además, se sabe que deposita el dinero del presupuesto en instrumentos financieros y, después de meses, se vuela los intereses o regalías. Esto se llama “jinetear” y privatizar beneficios. Forma parte del mencionado estilo.

Todo lo anterior viene a cuento porque el PRI, como era de esperarse, ha postulado a un distinguido integrante del Grupo Atlacomulco, quien además está en el árbol genealógico y es pariente de Peña Nieto: Alfredo del Mazo. Por añadidura, es hijo de uno que fue gobernador con estilo.

El priista dice que es el candidato de las mujeres, de los jóvenes, de los adultos mayores, de los empresarios, de los campesinos, de los obreros, de los comerciantes y hasta de los niños, aunque no voten. Lo que sí es seguro es que representa a un grupo especialmente significado por su corrupción, la cual ya ha asomado en la precampaña, siempre acompañada de medio gabinete presidencial y del mismísimo Peña Nieto. Lo único que pide ahora Alfredo del Mazo es que López Obrador no se vuelva a parar en el Estado de México hasta después de las elecciones locales, solicitud que le ha presentado formalmente y en público a Delfina Gómez, candidata de Morena. Esta clase de peticiones no era algo del estilo Atlacomulco. Por lo visto algo ha cambiado.