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Corrupción que se quiere retener

 

Decir que en México es imposible eliminar la corrupción es en realidad una defensa del sistema político. Quienes se encargan de difundir la idea de un país irremediablemente corrupto no son estudiosos del problema sino aquellos operadores políticos que se benefician de la corrupción.

En cualquier Estado existe corrupción pero no todos ellos son corruptos. México sí lo es. La cuestión central consiste en que el sistema político opera con la corrupción: es ésta misma en todas sus formas operativas. Los gobernantes realizan sus funciones en un medio de corrupción, pero no porque ellos sean personalmente corruptos (que lo son en su mayoría), sino porque los procedimientos políticos, la administración pública, la vida institucional, funcionan con base en mecanismos de corrupción.

No ha habido gobierno que no se pronuncie de alguna manera contra la corrupción. Han existido momentos en que el más corrupto llama a combatir la corrupción. Ahora, el país está construyendo un Sistema Nacional Anticorrupción, mientras que los políticos se encuentran en una lucha para designar al mejor fiscal de la materia, el cual sería el más amigo y el más flexible, aquel que entienda justamente que es imposible eliminar la corrupción y que ese puesto no es para perjudicar a quienes dan los cargos.

Ese sistema anticorrupción (así, con minúsculas) no tiene el menor sentido práctico porque quienes están sentados en su mesa de consejo son corruptos al ser operadores de un sistema político que usa la corrupción como método de gobierno.

Aún más, no existe separación clara entre la política social como forma de gobernanza y la corrupción. En la inmensa mayoría de los programas sociales se practica la corrupción como instrumento de la política. Ni siquiera se exceptúan los hospitales, mucho menos las ayudas y los subsidios. La corrupción es sistémica, estructural, es un fenómeno eminentemente político, por lo que abarca al país entero.

Para combatir la corrupción es preciso destruir el sistema político actual, la forma en que operan las instituciones del Estado, no sólo en el plano de la administración de los recursos presupuestales sino principalmente en las funciones sustantivas que aquellas realizan con el público. La relación entre los servidores públicos y la gente tendría que modificarse totalmente.

Esto no es posible si no lo encabeza el gobierno. La denuncia pública es a lo sumo un instrumento de propaganda, por lo cual debería abarcar el planteamiento del cambio de gobernantes. Lo que se requiere es un gobierno capaz de realizar sus funciones de otra manera, sin buscar acuerdos corruptos por todos lados, que deje de dar a ganar a cambio de apoyo y dinero, que rompa con los repartos, mordidas, moches, embutes, diezmos, etcétera, que caracterizan a todos los niveles de gobierno y, en especial, con la impunidad galopante que existe en la función pública.

Es imposible calcular el monto al que asciende la corrupción. Lo que se estudia es la percepción de la gente a través de análisis demoscópicos. México es uno de los más corruptos en el mundo y el número 1 de la OCDE. Hay quienes hablan del 10% del PIB y otros de mucho más. Algo sabremos hasta cuando se combata en serio la corrupción y se pueda advertir su expresión cuantitativa pero, sobre todo, haya una forma nueva de relacionar a la ciudadanía con los órganos del Estado y con los servidores públicos.

Un combate a fondo contra la corrupción traería como consecuencia insurrecciones organizadas para restablecer los repartos ilegales, los privilegios. Dejémonos de slogans absurdos como ese de promover la “cultura de la denuncia”. El gobierno tendría que denunciar los subsistemas corruptos, explicar con detalles cómo funciona cada mecanismo, desde las dádivas hasta los moches de los legisladores, las grandes mordidas en las obras públicas y en las compras gubernamentales. De seguro que las sociedades corruptas redoblarían su estrategia escatológica apoyada en la inducida creencia de que todos estamos manchados y que la limpieza es imposible. Pero un gobierno decidido tendría que resistir todos los lanzamientos en su contra. Habría que recurrir a un cierto estoicismo para aguantarlo todo.

Acabar con el sistema político que prohíja la corrupción no sería una revolución pero cambiaría mucho el cauce de la lucha política en México. Además, nos permitiría apreciar mejor los problemas de mayor fondo, entre ellos la desigualdad y la pobreza, en los cuales se expresan las contradicciones sociales.

A la Fepade se le atravesó un zombi

 

Las sucesivas reformas electorales han tenido varios fracasos: se buscaba un órgano regulador íntegramente imparcial, lo cual no se ha logrado; se quería un tribunal de justicia electoral, pero por lo regular no funciona de ese modo; se requirió un fiscal de delitos electorales (Fepade) que nunca existió como tal.

Un caso emblemático fue el de “Amigos de Fox”, en el cual el entonces presidente de la República y principal denunciado, Vicente Fox, se negó a que se nombrara un fiscal independiente. La Fepade-PGR (Fromow-Macedo) resolvió el no ejercicio de la acción penal, aunque el IFE multó al PAN y al PVEM con más de 300 millones de entonces. “Amigos de Fox” fue ilegal, sin duda. Entre otros muchos, Carlos Slim, el mayor capitalista del país, había aportado tan sólo 17 millones, aunque no tuviera, dijo, intereses políticos y mucho menos “vocación”.

Ahora, desde la Presidencia de la República se ha ordenado la destitución del fiscal electoral porque existe un caso de alto riesgo: una denuncia de financiación ilegal de la campaña de Peña Nieto (2012) con un soborno procedente de la firma brasileña Odebrecht, presuntamente recibido por Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

Al parecer, el gobierno no le tenía suficiente confianza a Santiago Nieto al frente de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Ya no se trata de asuntos varios y muchas veces menores, sino que ahora se encuentra en el centro Enrique Peña Nieto y la parte de su gabinete que operó la campaña electoral. Por menos de eso caen gobiernos en América y Europa.

No existe la menor duda de que la orden de destitución ha procedido de Los Pinos y ha sido ejecutada por el encargado de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene capacidad de dar órdenes a la PGR mientras que el flamante encargado podría sólo permanecer por el tiempo que se requiriera para que sea designado el nuevo procurador, pero aquél seguirá hasta el fin del sexenio, según ha dicho él mismo, lo cual es ilegal, pues la vacante debe cumplirse mediante el mecanismo constitucional. Este punto es aun más relevante porque Alberto Elías, el encargado, no tiene la antigüedad en la profesión jurídica que se requiere para ser procurador, entonces tampoco la tendría para destituir a un fiscal especial. Todo huele a que Raúl Cervantes quiso poner su renuncia antes de que se tuviera que cumplir la orden presidencial de mandar al diablo a la Fepade, para no verse envuelto en otro lío.

Al respecto de la infidencia como causa del despido de Santiago Nieto, nomás recuérdese que la PGR publica conversaciones telefónicas, videos, rumores, dichos y cuanta cosa cree que le beneficia, como forma de conducir casos resonantes. Lo ha hecho siempre y nadie ha logrado tumbar por ello a un procurador. Hemos visto en la televisión supuestas detenciones o declaraciones de detenidos. Sólo recuérdese el asunto de Florence Cassez (conducido por la policía y admitido por la PGR) y el de un par de operadores de la pandilla de “Guerreros Unidos” de Iguala con motivo de la versión del entonces procurador Murillo Karam, quien quería dar por comprobada la incineración en Cocula de los 43 de Ayotzinapa. Hay miles de sucesos parecidos a estos.

Si se hubiera querido sancionar a Santiago Nieto con fundamentos, por lo menos se hubieran tomado la molestia de abrir un procedimiento formal, pero lo que hubo fue la orden directa de un encargado, por instrucciones superiores, ante lo cual el presidente de la República ha dicho que es un asunto del Senado. ¿También lo fue el cese del fiscal electoral?

Ya en el Senado las cosas han seguido el mismo curso. Gamboa Patrón ha dicho que no admite presiones ni chantajes, ni nada de nada. Lo que quieren los priistas es acatar la orden presidencial y llevar a cabo, para tal efecto, una votación secreta. En el Congreso, se votan mediante cédulas las designaciones. Nieto ya está designado, lo que se podría votar es el rechazo a su destitución.

Aunque el asunto consiste en una denuncia en materia electoral y no se ha hecho la investigación ni mucho menos Lozoya está a punto de ser inculpado, es tanto el miedo de que el asunto Odebrecht se muestre relacionado con Lozoya y con la campaña de Peña que el fiscal electoral ha tenido que pagar por anticipado.

Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, ha dicho que tiene ya concluidos varios procedimientos relacionados con los sobornos de Odebrecht. Hay que esperar para poder verlos. México, como siempre, es el último en enterarse de algo trasnacional: hay 10 países donde ya hay sentencias penales vinculadas al sistema de sobornos de la empresa brasileña.

La Fepade nunca ha existido en realidad, pero cuando por una vez, el fiscal quería, al parecer, hacer algo a la altura de su deber, se le ha atravesado el zombi del presidencialismo mexicano y se le quiere enviar de regreso a su despacho privado, alejado por completo de las causas penales que le corresponden a los fiscales. Si fuera posible que el Senado se interpusiera, eso sería una gran cosa.

Al diablo con las instituciones

Aquella frase tan comentada y criticada de López Obrador, “al diablo con sus instituciones”, se ha convertido en una realización bajo la actual administración, pero no en un sentido de renovación para mejorar. El largo proceso de deterioro y degeneración de las instituciones del Estado mexicano se ha llevado a peores y mayores consecuencias.

La Procuraduría General de la República siempre tuvo el problema de que el presidente en turno le daba órdenes al procurador, pero nunca estuvo tan deteriorada como ahora. Al tiempo de su renuncia, Raúl Cervantes dijo que es preciso que el Ministerio Público sea eficaz e independiente. Él no pudo lograrlo en el breve lapso de su gestión, pero es que nadie puede, ya que no es cuestión simplemente de nuevas leyes sino de que la PGR no es una verdadera institución del Estado, como tampoco lo son las procuradurías de las entidades federativas.

La Fiscalía General que está prevista en la Constitución, cuya ley aún no existe, sería la infortunada heredera de la vetusta PGR. Ya desde ahora las designaciones del fiscal general y del fiscal anticorrupción han generado un gran follón en el Congreso porque no hay institucionalidad en la procuración de justicia, no existe una digna profesión de los y las fiscales, no hay de dónde sacar maestros prácticos del Ministerio Público. Nomás véase que todos los procuradores y procuradoras han sido unos improvisados e improvisadas pero, eso sí, disciplinados y disciplinadas al presidente de la República. Esa institución está mandada al diablo.

En la PGR todavía se sostiene la tesis de que el basurero de Cocula fue convertido en un gran horno crematorio, durante una sola noche, ni siquiera completa, mediante el simple uso de gasolina y llantas, para desaparecer 43 cuerpos sin que se haya podido recuperar el más pequeño residuo luego de un gigantesco incendio cuya existencia pasó desapercibida por completo.

Aturdidos, pudimos observar cómo Enrique Peña mandó al diablo a la maltrecha Secretaría de la Función Pública. Fue enviado ahí un abogado como secretario, con la expresa encomienda de investigar la misteriosa enajenación de una casa blanca de Las Lomas. El presidente de un país nombra especialmente a quien le va a investigar a él y a su esposa, el cual les exonera, naturalmente. ¿Cómo se llama la obra? La tragedia política mexicana. Luego, ante el desprestigio de aquel señor secretario, debido a la unánime burla popular, la procuradora fue trasladada ahí como relevo después de haber fracasado como jefa del Ministerio Público.

El secretario de Gobernación, Osorio Chong, se ha negado sistemáticamente a dar cuenta de lo ocurrido en Nochixtlán el 19 de junio de 2016, donde murieron 7 civiles. Con esa actitud, el “jefe del Gabinete” ha mandado al diablo, como instituciones, a la Policía Federal y a su Gendarmería, de las cuales es el jefe superior. Lo que Osorio hizo luego de los hechos fue ordenar una “investigación” y, después, se olvidó del asunto para siempre. Por su lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de 16 meses de dificultosas indagaciones, recién ha concluido que hubo violaciones a la libertad, la integridad y la seguridad, así como al acceso a la justicia, a la verdad y a un recurso jurídico efectivo. El operativo de aquel día es considerado por la CNDH como indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado, todo lo cual, decimos, es responsabilidad política del secretario de Gobernación. La recomendación del ombudsman será, eso sí, intrascendente para el poder político que se especializa en mandar al diablo a las instituciones.

Tenemos una pandemia de atracos en numerosos gobiernos locales. Las denuncias públicas de hechos escandalosos y el cambio de partido gobernante en algunos lugares han llevado a que varios ex gobernadores sean inculpados. Esta corrupción no es nueva pero tiene una característica que no siempre ha estado presente: el Estado corrupto se encuentra ahora demasiado descentralizado. El presidente de la República no ha logrado organizar bien los procedimientos y su partido está volcado sobre los recursos públicos, sin descontar que algunos más, de otras procedencias, también se han servido lo que han podido. Esas instituciones fueron mandadas al diablo, aunque bien sabemos que por enésima vez.

La presidencia de la República siempre ha presionado a los medios de comunicación. Compra servicios publicitarios para complacer y recibir halagos y notas destacadas, pero también impone fuertes límites. Antes, los motivos eran la gobernabilidad, el interés de partido, el bloqueo de criticas y de críticos, el ocultamiento o deformación de hechos, en fin, los intereses generales del poder. Ahora las cosas han cambiado para empeorar. Los periodistas expulsados lo han sido debido a críticas de la conducta personal del presidente o de familiares de éste. Ya llevamos varios casos muy fuertes que han producido escándalos. De esa manera, la presidencia de la República también ha sido mandada al diablo por el mismísimo presidente que pone por delante a su propia persona.

La Suprema Corte de Justicia acató una consigna del gobierno para impedir la consulta popular sobre la reforma energética, solicitada mediante todos los elementos legales y procedimentales. El argumento fue tan baladí que nunca se olvidará ese lance de la Corte en contra de la democracia participativa. Con un solo voto en contra, el del ministro Cosío, la mayoría de togados mandó al diablo al Poder Judicial y a esa institución constitucional conocida como el derecho ciudadano de ser consultado.

En un minucioso recuento podríamos traer a nuestra memoria miles de actos institucionales que han mandado al diablo a las instituciones.

No dudo que con la frase de “al diablo con las instituciones”, López Obrador haya querido decir que es preciso reformar las instituciones porque las actuales son malas, en lo que tendría razón, pero se debe agregar que, para hacerlas verdaderamente nuevas, no sólo hay que cambiar nombres y titulares.

La tarea de reconstrucción institucional de México es gigantesca pero no se ha iniciado aún, todo ha sido hasta ahora, más o menos, cosmético.

 

Manipulación priista de la desgracia

 

Para buscar atronadores aplausos, el PRI ha propuesto que se cancele total y definitivamente el financiamiento público de los partidos políticos y se recorte la representación proporcional en el Congreso de la Unión.

En un momento en el que el partidismo en general y los partidos políticos, como entidades individuales, sufren descrédito, repudio e, incluso, descomposición, el PRI (léase Enrique Peña Nieto) ha decidido pegar un grito para que se escuche bien que él y su gente están del lado de los más resueltos demoledores del sistema de partidos, pero ahora bajo la atroz cobertura de ayudar a los damnificados. Sin embargo, ese discurso no le va a quitar al PRI su condición de partido más repudiado del país. Lo que busca Peña es poner a otros partidos contra la pared aunque sea dudoso que lo pueda lograr.

La propuesta priista para abolir el financiamiento público y desmochar la representación proporcional es engañosa porque implica que el Congreso la apruebe por dos tercios en ambas cámaras, pero esta mayoría no la alcanza el PRI ni con los partidos bonsai. Además, existe un principio en la Constitución (art. 105. i) en el sentido de que durante el proceso electoral, que ya inició, no se pueden introducir modificaciones legales fundamentales y, aunque esta sería una derogación de preceptos de la Carta Magna, habría que expedir luego una nueva legislación ordinaria que regulara el financiamiento privado de los partidos y la asignación de asientos en las cámaras. Para todo eso no hay tiempo ni oportunidad, por lo cual, no se podría expedir la reforma anunciada por el PRI antes de las elecciones del año próximo.

Mientras, el resto del financiamiento público del PRI de 2017, recortado por las multas en curso de pago, será donado a la Federación con el fin de que se incorpore a los gastos tendientes a atender a los damnificados de los sismos. ¿Quién pagará los sueldos de los empleados y de dirigentes de ese partido en lo que resta del año incluyendo los aguinaldos? De seguro, Enrique Ochoa, nominal líder priista, dividirá la nómina entre entidades públicas de gobiernos priistas y algunos empresarios ricos, pues al PRI no lo van a cerrar, todavía.

Como antes de las reformas electorales, los recursos de procedencia ilícita forman parte del sistema político. El financiamiento público de los partidos no ha inhibido las operaciones ilícitas que ocultan el rebase de topes de gastos, ni tampoco ha detenido a los gobernantes que canalizan fondos presupuestales hacia campañas electorales. Mas aquí la clave ha sido la impunidad, ya que no existe autoridad capaz de perseguir esos ilícitos, debiéndolo hacer. Es decir, no hace falta una ley sino que ésta se cumpla.

Sin embargo, lo que el PRI busca es un sistema en el que los partidos competitivos sean exclusivamente aquellos que puedan recibir enormes cantidades de dinero de los grandes ricos del país y, de seguro, habría que incluir entre estos a algunos de la llamada delincuencia organizada.

En cuanto a la representación proporcional, este sistema se estableció para que la mayor parte de los electores pudiera estar representada en congresos y ayuntamientos, lo cual, a su vez, permitiría un pluralismo electoral. Si en México sólo existieran 300 diputados de mayoría relativa (uno por distrito), quedaría sin representación al menos el 40% del electorado cuyo candidato no hubiera alcanzado la mayoría relativa en el correspondiente distrito. Eso es lo que ocurre en varios países con sistema electoral viejo y anacrónico como Estados Unidos y Gran Bretaña.

En efecto, el PRI desea el sistema electoral gringo, con sus contribuyentes de Wall Street, como dice el senador Bernie Sanders, que convierte a los candidatos triunfadores en lacayos del capital financiero.

Peña Nieto desea un sistema bipartidista de opciones netamente burguesas para eclipsar a las formaciones populares que, por consecuencia, no podrían competir en el marco de un incontrolable financiamiento privado concentrado en dos partidos que se repartieran las curules dentro de un sistema de representación de mayoría, tal como ocurre en Estados Unidos, donde sólo hay distritos uninominales y el financiamiento público, incompatible con el privado, es rehusado por los principales candidatos porque lo consideran pequeño para cubrir sus inmensos gastos.

Lo que busca el PRI es una regresión. Menos mal que no ha de ser para esta temporada, por lo cual, de momento, es pura propaganda. Lo peor estriba en que ésta se hace en nombre de los damnificados. Eso se llama manipulación de la desgracia y describe bien la estatura política de sus iniciadores.

Odebrecht, Calderón, Peña, Lozoya y demás

 
La empresa Odebrecht, de origen brasileño, ha sido señalada como creadora de un sistema de sobornos de alcance internacional. Numerosos gobiernos fueron “seducidos” mediante grandes sumas de dinero ofrecidas como recompensas a cambio de contratos para la realización de obras públicas a cargo de la trasnacional brasileña. El primer procurador que se lanzó contra esa empresa ha sido el estadunidense, luego de lo cual otros países siguieron ese mismo rumbo, precisamente contra altos funcionarios, incluso ex presidentes. En Brasil, el caso es de amplios vuelos.
 
En México, todo parecía apacible no obstante que nuestro flamante procurador había viajado a Brasil para recabar los datos necesarios para poner en claro los contratos de Pemex con Odebrecht. Sin embargo, la PGR ocultó todo lo que pudo saber al respecto y declaró que seguía investigando el asunto. Por su lado, Odebrecht se dio el lujo de responder a López Obrador, quien se había atrevido a señalar a esa empresa como repartidora de mordidas, mediante el argumento de que es imposible que en México esa compañía pudiera organizar un sistema de sobornos.
 
Ahora, después de los testimonios rendidos en Brasil, los mismos directivos de Odebrecht en el país declaran que están listos a colaborar. ¿Para esclarecer lo imposible?
 
Marcelo Odebrecht, socio mayor y presidente de la empresa que lleva su propio apellido, logró una entrevista con Enrique Peña Nieto en octubre de 2013, cuyo contenido, naturalmente, está en la más completa oscuridad, pero que hubo de tener algún propósito concreto. La trasnacional brasileña ha contratado en México por 1 400 millones de dólares. Los directivos de Odebrecht que han declarado ante la justicia en Brasil dicen que entregaron a Emilio Lozoya, en total, 10 millones de dólares, con lo cual se estarían refiriendo a un miserable 1% de soborno, cuando en México la tasa de referencia de las mordidas es de 10%, el llamado diezmo.
 
Esta situación abre un enorme campo a las hipótesis: podrían los 10 millones entregados presuntamente a Lozoya estar relacionados sólo con algunos contratos o sólo serían para el director de Pemex mientras otras cantidades mayores hubieran sido entregadas a diversos miembros del gobierno, antes y después de diciembre de 2012, es decir, algo le hubiera tocado a Felipe Calderón.
 
También podría ser que los declarantes brasileños no hubieran sabido de la suma total de sobornos en México, sino sólo de una parte menor, aquella que les consta directamente.
 
Marcelo Odebrecht fue sometido a juicio en Estados Unidos en 2015, luego de lo cual, todas las operaciones de su empresa en el Continente tuvieron que ser analizadas como posibles partes integrantes de una forma de actuar basada en el soborno. Eso ocurrió en muchos países, excepto, como siempre, en México.
 
Anteayer, en la llamada cumbre de fiscales de América Latina (11 países), Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República, dijo cualquier cantidad de frases enredadas o sin sentido para agradecer las informaciones provenientes del exterior, especialmente de Brasil, sobre el comportamiento de Odebricht, pero se pudo observar que carece de un caso conformado.
 
En ese momento, Emilio Lozoya estaba rindiendo su declaración ante el Ministerio Público, pero, como dijo su abogado, el muy conocido Javier Coello Trejo, él nomás iba a eludir todo lo relacionado con las cuestiones que pudieran inculparlo. Pues claro, Lozoya no va a confesar, como no lo hacen quienes reciben mordidas. El problema es que la PGR no tiene nada porque sencillamente no ha investigado nada.
 
Como los sobornos pudieron haber empezado, según los inculpados en Brasil, antes del 1º. de diciembre de 2012, el asunto pudiera tener alguna conexión con los gastos de la campaña priista, lo cual sería conveniente investigar con la ayuda del entonces, como ahora, operador de Peña Nieto, el actual secretario de Relaciones Exteriores, el señor Luis Videgaray, organizador, en ese mismo lado, de las ilegales tarjetas de pago en la campaña electoral de 2012. Si así fuera, las mordidas de Odebrecht hubieran tenido que ser lavadas y qué mejor que pagando con tarjetas.
 
Emilio Lozoya salió de la PGR tan campante como entró. Él ya lo sabía. En su calidad de inculpado, no tiene obligación de responder las preguntas del Ministerio Público. Así que, si quieren acusarlo, que le demuestren algo, pero como no se trata de eso, la PGR está en situación de completo extravío mental, como casi siempre en asuntos relacionados con la corrupción y algunos otros más.
 
En Estados Unidos, Brasil, Perú y otros países ya están abiertos los procesos penales sobre sobornos de Odebricht, excepto en México.
 
La solicitud de legisladores para que se den a conocer las auditorías en Pemex no está mal, pero las mordidas no se anotan en los libros de contabilidad. Es dinero que se cuela. La declaración del defensor de Lozoya (antes agresivo persecutor por consigna), en el sentido de que no hay depósitos bancarios sobre ese dinero, claro que debe tener sus bases porque las cosas se hacen con cuidado.
 
Los corruptos son eso, no son estúpidos. No hay dinero a la vista, lo cual no demuestra que no lo haya en absoluto. Para investigar existe el Ministerio Público, pero en México ése no fue creado para tal efecto. Triste realidad.

Corrupción al estilo Atlacomulco

Pablo Gómez

Desde antes de la fundación del antecesor del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, el Estado de México era mencionado por sus fraudes electorales y la corrupción como forma de gobernar. En libros de historia y en novelas podemos alcanzar a ver que la política en esa entidad no era tranquila. Sin embargo, nada se compara con el estilo Atlacomulco de las últimas décadas.

Peña Nieto patrocinó a varios candidatos a gobernadores de su propio partido cuando él era mandatario. Está claro que las transferencias al gasto electoral de sus correligionarios no salían de su bolsillo sino de los fondos públicos mexiquenses y gracias al talento administrativo de Luis Videgaray. Fue tan exitoso su desempeño como padrino de candidatos que le sirvió, más que otros factores, para obtener la candidatura del PRI a la Presidencia de la República.

La publicidad ilegal de Peña en Televisa fue cubierta naturalmente con recursos públicos, aunque el Tribunal Electoral exoneró al entonces gobernador argumentando que todo había sido producto de errores de la televisora, lo cual nadie creyó en lo más mínimo. En realidad, al entonces gobernador se le conoció en otros estados gracias a sus espots, con “producto integrado”, que incluyen entrevistas y noticias falsas. Después, ya vimos cómo se compra el voto con tarjetas Monex, entre otras, y cómo se canalizan ilícitamente millonarias cantidades a una campaña electoral.

El estilo Atlacomulco nunca se ha visto afectado por falta de billetes. Hank González no sólo usaba el dinero para la política en su Estado sino a nivel nacional y para el patrimonio familiar. Aquel que empezó siendo un profesor rural, se convirtió en un acaudalado transportista e industrial, y decía que “un político pobre es un pobre político”, una de las frases supremas del estilo Atlacomulco.

Se podría escribir acerca de cada gobernador mexiquense pero sería largo. El que conmovió por burdo y descarado fue Arturo Montiel, quien había postulado que los delincuentes no tienen derechos humanos, claro que sin incluirse él mismo. Su hijo fue sorprendido en una sucursal bancaria con muchos millones en efectivo para pagar la compra de una casa. Era tan escandaloso el enriquecimiento de Montiel, el maestro y protector de Peña Nieto, que tuvo que tomar la “decisión más difícil de mi vida”, según dijo, de retirarse de la contienda priista por la candidatura presidencial de 2006, pero fue declarado políticamente inimputable por su protegido y discípulo.

El tema de la “casa blanca” de Las Lomas es tan conocido que ya ni vale la pena destinarle más de una frase.

El Grupo Atlacomulco ha creado estilo pero no sólo por el alto nivel de su corrupción e impunidad sino por la forma en que usa los recursos públicos para hacer política a nivel nacional. Podría decirse que esos políticos son incultos pero no lugareños.

Eruviel Ávila, el actual gobernador, publica su foto todos los días en muchos periódicos y también aparece en otros medios de comunicación. Todo eso costeado con dinero público, lo cual convierte sus “mensajes” en actos inconstitucionales, pues el artículo 134, párrafo 8, de la Constitución dice, en referencia a la publicidad de los poderes y demás entidades públicas: “En ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen propaganda personalizada de cualquier servidor público”. Hay muchos políticos que violan este y otros preceptos de la Carta Magna, pero, ¿todos los días, como lo hace Eruviel Ávila? Este es puro estilo Atlacomulco.

Mas al actual gobernador mexiquense, tan difundido por la gacetilla, le importa poco que la Auditoría Superior de la Federación señale públicamente que “no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicablesen la materia”, en referencia a recursos federales trasladados para obra pública. Además, se sabe que deposita el dinero del presupuesto en instrumentos financieros y, después de meses, se vuela los intereses o regalías. Esto se llama “jinetear” y privatizar beneficios. Forma parte del mencionado estilo.

Todo lo anterior viene a cuento porque el PRI, como era de esperarse, ha postulado a un distinguido integrante del Grupo Atlacomulco, quien además está en el árbol genealógico y es pariente de Peña Nieto: Alfredo del Mazo. Por añadidura, es hijo de uno que fue gobernador con estilo.

El priista dice que es el candidato de las mujeres, de los jóvenes, de los adultos mayores, de los empresarios, de los campesinos, de los obreros, de los comerciantes y hasta de los niños, aunque no voten. Lo que sí es seguro es que representa a un grupo especialmente significado por su corrupción, la cual ya ha asomado en la precampaña, siempre acompañada de medio gabinete presidencial y del mismísimo Peña Nieto. Lo único que pide ahora Alfredo del Mazo es que López Obrador no se vuelva a parar en el Estado de México hasta después de las elecciones locales, solicitud que le ha presentado formalmente y en público a Delfina Gómez, candidata de Morena. Esta clase de peticiones no era algo del estilo Atlacomulco. Por lo visto algo ha cambiado.

Barrales desvela lo que ella había ocultado

El mayor problema no consiste en la filtración de informaciones sobre ingresos y patrimonios sino en el origen de los mismos. En Estados Unidos se proyectó la idea de que lo más grave no eran los malos manejos políticos del Comité Nacional Demócrata ni las mentiras de los colaboradores de Trump sino las intolerables filtraciones.

Así se han puesto las cosas también en México. La presidenta del PRD, en lugar de encarar una denuncia por enriquecimiento ilícito, exige que se persiga al filtrador de su inexplicado patrimonio. No pocos medios de comunicación le han  seguido el juego. Mas lo peor es que un partido alguna vez inventado para unir a toda la izquierda hacia la conquista de un nuevo régimen político, se encuentra ya tan comprometido con el viejo sistema que sólo exige castigo a quien filtró pero no critica a quien ocultó un patrimonio que debió declararse y justificarse.

Se exigen “pruebas” de un “supuesto delito”. Pero el enriquecimiento ilícito del Código Penal Federal (CPF) sólo requiere que se muestre el ingreso y el patrimonio (declarados o no declarados), luego de lo cual la acreditación de su carácter lícito corre por cuenta del servidor público. Es hasta cierto punto al revés de cualquier otro delito, pues en éste el servidor público es quien debe “acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño” (art. 224 del CPF). Para el investigador basta con conocer los bienes del servidor público y comparar ingresos lícitos con posesiones. Eso sería muy sencillo si en México viviéramos bajo un Estado de derecho, pero no es el caso.

Olvidemos la pena de cárcel, la multa y la inhabilitación que indica el Código. Imaginemos sólo el “decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar”, como lo señala el CPF, con el cual tendríamos una sonada victoria en un país de tan precaria justicia.

Otro lamentable hecho consiste en que de repente se desveló algo que estaba oculto y quien había sido la responsable de tal ocultamiento acepta la existencia de un bien cuya procedencia lícita debería demostrar pero nadie se lo reclama. El problema es que, por un lado, no hay denuncia y, por el otro, la autoridad que debiera exigir el acreditamiento de la licitud de ese patrimonio que estaba oculto no se ha dado por excitada.

En cambio, algunos de los líderes perredistas, en lugar de convocar a su comité para realizar un examen del escándalo, hacen politiquería exigiendo a gritos la persecución del filtrador cuyo nombre adivinan.

Del PRI a la PGR

Raúl Cervantes Andrade, ahora procurador, ha sido delegado a las asambleas nacionales XVIII (2001) y XIX (2005), consejero político nacional, coordinador de asuntos jurídicos y secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional, además de tres veces legislador federal plurinominal. Todas estas funciones y cargos las desempeñó dentro del Partido Revolucionario Institucional. Es sin duda un militante sólido.

Enrique Peña Nieto lo había perfilado como ministro de la Suprema Corte aun cuando no reunía las exigencias de la ley porque era senador, cargo irrenunciable. Ahora lo ha impuesto como procurador y pretende dejarlo como Fiscal General cuando él ya no sea presidente de la República. Esto se llama designación transexenal que, para colmo, se encuentra prevista en un transitorio del decreto publicado el 10 de febrero de 2014 con el cual se reformó el artículo 102 constitucional.

Peña desea imponer un funcionario por once años en total aunque su partido, el PRI, sea desalojado del Poder Ejecutivo y aunque la Fiscalía, se supone, deba ser independiente del Ejecutivo y de cualquier partido político. Lo que no se explica es que casi toda la oposición haya ratificado el nombramiento de Raúl Cervantes, destacado dirigente priista, sin que éste cubra requisitos de idoneidad para el cargo de procurador. No ha tenido nada que ver con la investigación criminal, no ha estudiado criminología, no ha tenido contacto con la procuración de justicia, carece de conocimientos sobre la organización de la PGR. Al respecto, el nuevo procurador está en blanco y así se puede pasar años. Un verdadero fiscal no se improvisa.

En otros países se busca un procurador profesional. En México con la mayor frecuencia se nombra a un experimentado político oficialista experto en maniobras propias de su ramo. Así ha sido durante muchas décadas. Baste recodar algunos personajes como Portes Gil, López Arias, Sánchez Vargas, Ojeda Paullada, Oscar Flores, Morales Lechuga, (Lozano Gracia, PAN), Macedo, Murillo Karam, entre otros. La Procuraduría ha sido una posición política, no una institución de Estado. Ha sido instrumento para perseguir y para perdonar, para amenazar y para negociar. Nunca nadie ha tenido la confianza plena en el Ministerio Público convertido en instrumento del poder político. Carranza quería una especie de ombudsman, al margen de los jueces porfirianos de consigna y de la Secretaría de Justicia, entonces abolida, pero se equivocó de lado a lado cuando implantó la norma de que el procurador debía ser nombrado y podía ser removido libremente por el presidente de la República en turno: hasta aquí llegaron las ansias reformadoras de la justicia en 1917.

Bajo un sistema de partido dominante de Estado y, además, corrupto, la justicia no puede ser independiente aunque lo proclame la ley. De lo que se trata es que ya lo sea después de cien años. Ese requisito es uno de los elementos básicos para desarrollar la democracia política y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, sociales y políticos. Pero Raúl Cervantes, prominente militante priista e integrante del entorno cercano de Peña Nieto, no es la persona capaz de abrir el paso a una Fiscalía General independiente basada en la legalidad y la probidad.

¿Para qué se quiere a Cervantes? Para tener ahora y después de Peña el control de la procuración de justicia, de las investigaciones penales, de la cantada lucha dosificada y con dedicatoria contra la corrupción y del uso instrumental del Ministerio Público. El procurador Raúl Cervantes nos quiere decir que el sistema no cambiará aunque las leyes hayan sido modificadas.

Sólo hay dos gruesos detalle: 1) no habrá fiscal hasta que haya ley de la Fiscalía, lo cual depende del Senado y 2) el próximo presidente de la República podría remover a Cervantes del puesto de Fiscal General si el Senado se abstuviera de objetar dicha remoción en un plazo de diez días. Así que es algo pronto para que Peña y su grupo, así como otras bandas priistas, canten victoria con la llegada de Raúl Cervantes a la PGR y luego a la Fiscalía General. Los ex gobernadores en capilla, por su lado, ya no tienen salvación porque son el estandarte de la anunciada derrota de la corrupción del Estado mexicano. Ya hemos visto lo que eso significa cuando son los mismos (o parecidos) quienes gobiernan.

Enrique Ochoa Reza (PRI) y de la CFE violaron la Constitución

El artículo 126 de la Constitución dice que “no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior”, pero como era una costumbre violar ese antiguo precepto, hubo necesidad de reformar el siguiente artículo, el 127, el cual, entre otras muchas cosas, prescribe: “No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.

Enrique Ochoa Reza, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional, cobró un millón 206 mil pesos netos por haberse separado voluntariamente como director general de la Comisión Federal de Electricidad para aceptar un nuevo encargo presidencial, al margen de la función pública, luego de 2 años y 155 días de dirigir la paraestatal. El instrumento invocado por el “líder” priista para demandar y obtener su “liquidación” fue el Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando de la CFE que no es ley, no es presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, no es contrato colectivo, no es condiciones generales de trabajo, en virtud de lo cual sus reglas particulares sobre pagos de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y liquidaciones por servicios prestados son nulas de toda nulidad según la Carta Magna.

Mas el problema no termina ahí sino que está bastante más complicado. El “Manual” no permite otorgar “liquidación” a los jefes de la CFE que se separen de manera voluntaria, como fue el caso del líder priista, el señor Ochoa Reza, antes de tres años. El artículo 33 de ese “Manual” tiene dos apartados en cuanto al pago por servicios prestados: retiro “por voluntad propia”, que es el caso, y por “liquidación” que de ninguna manera es el caso. De haberse aplicado el primero y no el segundo el señor Ochoa Reza no hubiera alcanzado ningún pago porque sólo aplica para después de tres años de servicio.

Está claro que el “Manual” es groseramente contrario a la Constitución pero, en el colmo, también fue violado para poder entregar de todas maneras un dinero a Ochoa Reza por cuenta de la nación.

La redacción actual del artículo 127 de la Constitución fue discutida en el Senado durante dos años. Yo fui quien redactó y presentó la iniciativa. Después, estuvo congelada en la Cámara donde tuvo que ser sacada de los cajones cuando los consejeros del IFE pretendieron aumentarse el sueldo con lo cual se provocó un escándalo. Finalmente, el decreto de reforma constitucional se aprobó en los estados y se publicó el 24 de agosto de 2009, junto con un plazo para que el Congreso emitiera la ley reglamentaria. A pesar de que el Senado aprobó un proyecto de ley en 2011, desde entonces el PRI y el PAN han olvidado ilegalmente la minuta: ahí sigue sin que haya explicación alguna, al estilo mexicano. No obstante, el texto constitucional está vigente y debería ser respetado pues contiene normas que no requieren interpretación alguna.

Así como Ochoa Reza ha cobrado una liquidación inconstitucional y, en el colmo del abuso, contraria a las mismas reglas inconstitucionales de la CFE, hay muchos que lo hicieron antes y muchos más que, habiéndolo hecho, reciben además una pensión vitalicia. No sólo son los ex presidentes de la República sino los ex directores de organismos descentralizados. José Ángel Gurría, por ejemplo, fue empleado de Hacienda desde muy joven y cuando después de pocos años en el cargo abandonó la dirección de Nacional Financiera le contaron su antigüedad en la Secretaría para juntar años y aplicar un reglamento interno que otorga buenas pensiones por haber estado en “el sector financiero”. Al pensar en personas como ésa, genuinos exponentes de la corrupción mexicana, el Congreso estableció la regla de que, a pesar de haberse otorgado en el pasado al margen de la ley, “no se concederán ni cubrirán (hoy, mañana y siempre) jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados”.

Al respecto de la corrupción, Enrique Peña Nieto ha dicho que “No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra…”. Es decir, que la corrupción está en todos y beneficia a todos. Esta es la idea que se ha querido implantar sobre ese lacerante fenómeno desde los años cincuenta del siglo XX, es un criterio netamente priista. Los gobernantes roban y arrojan escurriduras sobre algunos otros, funcionarios y particulares, para que formen “parte de un modelo”, como lo ha catalogado el mismo presidente de la República. Estamos seguros que Peña conoce ese “modelo”, el cual contiene, según los conceptos de él mismo, una fórmula tendiente a culpar a “todos” de lo que ha sido una penetrante obra del poder.

Quienes firmaron la autorización para pagar a Enrique Ochoa Reza su millón y pico de pesos son Jaime Tadeo Castelán y Karine Slim, el primero es subgerente de Relaciones Laborales, el segundo es jefe del Departamento de Dictámenes, pero ambos tienen jefes que ordenan. El convenio fue registrado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje aunque no corresponda a la naturaleza de esa fraudulenta “liquidación”. Junto a Ochoa Reza, esas dos personas, por lo menos, deben ser sometidas a un procedimiento en el órgano interno de control de la CFE. El asunto tendría que llegar a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y al Ministerio Público. Así suelen tratarse esa clase de conductas en muchos países, pero como México no hay dos.

Elecciones 2015: lecciones

Las contiendas en los 12 estados del país donde se elegirán gobernadores o gobernadoras el próximo 5 de junio han sido las más sucias de los últimos años. Llama la atención que el jefe de un partido, Enrique Peña Nieto, se haya condolido de esta situación cuando el PRI es el que más ha contribuido al enchiqueramiento de la competencia electoral.

Por su parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ha llegado al extremo de ejercer la inconstitucional censura previa contra mensajes de radio y televisión, pero lo peor es que el Tribunal Electoral las confirmó en sentencias que agravian la libertad de difusión y podrán tener consecuencias gravísimas debido a los argumentos fraudulentos con que se dictaron. A cambio, el INE ha mantenido en el aire espots claramente calumniadores, como uno en Zacatecas que fue suspendido por el Tribunal pero un día antes de la terminación del periodo de campaña. Gran parte del reciente lodazal se debe al gobierno y a la influencia de éste en el INE y el TEPJF.

Manlio Fabio Beltrones se ha estrenado como líder priista en unas elecciones ganables pero con guerra sucia y más que nada con el poderoso respaldo de los programas sociales del gobierno incluyendo el Fondo Nacional de Desastres Naturales. El oficialismo ha regalado todo lo que tuvo a la mano a cambio del voto coaccionado, cada vez más necesario por parte del viejo PRI que no tiene la menor intención de cambiar su forma de ser.

Convertir las campañas en intercambios de injurias, calumnias, difamaciones y otras formas de denostar o de plano defenestrar al adversario se ha traducido en el estrechamiento del campo de las propuestas. Es miserable que casi todos los candidatos y candidatas prometan lo mismo: más empleo y mejor seguridad pública (hay uno en Tamaulipas que ha dicho que no habrá un secuestro más durante su sexenio). Ninguno lo puede lograr. Mas lo peor es que casi no hay propuestas de reformas económicas, administrativas y democráticas. Pareciera que no hay tareas generales pero tampoco se mencionan otras de carácter concreto. La pobreza programática ciertamente corresponde a los candidatos y candidatas, con sus buenas excepciones,  pero también es característica de los partidos que han postulado a personas sin perspectivas transformadoras. El fenómeno consiste en que los partidos mexicanos son cada vez menos propositivos; lo que quieren es ganar a como dé lugar aunque ellos mismos no sepan exactamente para qué como no sea el desempeño de los cargos públicos y el control del gasto.

Lo anterior ha conducido a que cada vez gobiernan más las personas y mucho menos los partidos que, se supone, han sido creados con ese propósito. En la contienda de este año casi ningún partido llevó a cabo una campaña unitaria a pesar de que la mitad del país va a votar. Esto habla de una despolitización del poder público y de la conversión de los partidos en simples frentes electorales.

Aquí hay una crisis política que tiene como expresión superficial el hartazgo popular de los políticos y el debilitamiento de la lucha entre los partidos. La democracia mexicana, exclusivamente representativa y formalista, está al borde de la bancarrota porque la clase política no alcanza a ver que una ciudadanía nueva requiere no sólo elegir sino también proponer, decidir, remover y disponer. El sistema constitucional mexicano requiere un cambio de gran alcance, el cual está siendo postergando por los partidos, inmersos como se encuentran en luchas personalistas y de grupos que se benefician de la corrupción pública, es decir, que son funcionales al Estado corrupto.

Sean quienes sean los próximos gobernadores y gobernadoras el hecho es que no hay una mayoría política en el país. En varios estados las diferencias van a ser pequeñas de manera que los nuevos gobiernos vivirán su gestión con mayores vigilancias y en medio de la crítica de sus opositores, los cuales serán representantes en suma de la mayoría ciudadana. Esta característica no es nueva, sin embargo no está escrito que así debe ser en cada ocasión. Lo significativo hoy es que seguirá la dispersión del voto entre tres o cuatro pedazos de ciudadanía.

Otra característica de la temporada ha sido la división en la izquierda. Cualquier observador en Veracruz, Oaxaca, Zacatecas, Tlaxcala podría decir que la tarea era unir a las izquierdas para ganar de seguro esas gubernaturas. Es cierto que a pesar de la división algunos resultados pueden ser favorables a una de las izquierdas, sin embargo, tanto la posición de Morena de rehusar la búsqueda de acuerdos con el PRD como la de éste de aliarse con el PAN en varias entidades, no eran los mejores caminos. Para el PRD la cuestión se complicó aún más debido a que en varios estados cosechó nuevas escisiones. Tal vez el resultado electoral muestre que la política correcta es edificar la unidad en la acción en lugar de profundizar la división con base en ataques insultantes pero insulsos que sólo impiden la polémica de fondo tan necesaria para las fuerzas de izquierda.