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Ganancias caídas del cielo

“Windfall profits” se le llama en España a la consecuencia del sistema tarifario de energía eléctrica. “Ganancias caídas del cielo”. El método es en el fondo sencillo: se venden las producciones de electricidad de menor costo a precio de la más cara. Es decir, la mayoría de la gente que se ubica en el mercado eléctrico cotidiano o de corto plazo tiene que pagar, según un mecanismo de subastas por día y por hora, la tarifa que corresponde a la energía de mayor precio de mayoreo. Como es lógico, los productores de la energía más barata acumulan enormes ganancias a costa de los consumidores y, además, se benefician en exclusiva del aumento de los precios de los energéticos. A esto le llaman mercado.

El esquema se hace más inicuo porque en España existe un oligopolio de electricidad: Endesa, Iberdrola y Naturgy poseen, juntos, casi el 90% del mercado y cada cual tiene sus regiones, como en tiempos feudales. La única empresa de capital mayoritario estatal es Endesa, propiedad de ENEL, la mayor empresa eléctrica de Italia que opera en 32 países, también en México, como lo hace Iberdrola. Sin embargo, la italiana asumió su papel oligopólico luego de tomar por asalto a Endesa a través de una oferta de bolsa. Existen en la Península Ibérica unas 300 comercializadoras operativas privadas de electricidad pero que operan en el margen.

El llamado “pool eléctrico” español pretende justificarse bajo la necesidad de promover las inversiones en energía eólica y fotovoltaica, pero, como se puede observar, a costa de bolsear a los consumidores. En España, no sólo dejó de existir la empresa pública sin tomar en cuenta que el país es una isla en materia de electricidad, pues su sistema sólo lo comparte con Portugal. Así es también México, una isla eléctrica: lo que no se solucione aquí, nadie podrá hacerlo. De esa forma, el tema energético es de alta seguridad nacional.

El sistema eléctrico mexicano no es idéntico al de España, pero aquí se las ingeniaron para hacerlo parecido. El Estado mexicano tiene el monopolio constitucional de la planeación y control del sistema, así como de la transmisión y distribución de energía. Al mismo tiempo, tiene una gran empresa pública, la CFE, que produce energía de las diversas fuentes. El problema es que, a partir de las reformas neoliberales de 2013 y 2014, empeoraron las normas y los contratos para mediatizar la capacidad estatal y beneficiar a empresas privadas. El Estado ha terminado subsidiando a los empresarios de la electricidad, lo que se expresa en los estados contables de la CFE. Las normas para usar las líneas de transmisión y la red de distribución de la CFE no son parejas para unos y otros productores, de tal forma que la capacidad productiva instalada de la empresa estatal se inutiliza en parte debido a la preferencia de la que gozan los privados, ya sea para el servicio público o dentro de esquemas de simulación de asociaciones de generación.

La CFE compra en contratos de largo plazo a precio y cantidad predeterminadas a los privados y se privilegia el despacho eléctrico de nuevos productores independientes. Además, se transmite casi gratis energía de sedicentes cogeneradores que claramente no lo son.

El planteamiento central del nuevo gobierno es que la CFE vuelva a ser jurídicamente un organismo público y participe en el ejercicio de las atribuciones constitucionales actuales que tiene el Estado, dejando atrás los indebidos privilegios actuales en favor de las empresas privadas, altamente costosos para la nación. Que haya, en síntesis, un mercado parejo y una verdadera regulación.

Algunos distinguidos políticos priistas, en especial Dulce María Sauri, están diciendo que la iniciativa de AMLO para reordenar la industria eléctrica es como regresar a los coches de caballos en pleno siglo XXI. Es decir, se quiere postular que la empresa estatal de electricidad debe desaparecer por ser un esquema viejo. Debería analizarse que ENEL, la primera empresa eléctrica de Italia es del Estado y tiene fijada una cuota del 50% de la producción total de ese país. Électricité de France (EDF) tiene capital estatal de 83% y es la tercera compañía mundial, después de la china State Grid y la mencionada ENEL italiana, ambas bajo control accionario de sus respectivos estados. La tercera empresa alemana, EnBW, es mixta con capital de una entidad federativa.

Al plantear que la empresa pública es hoy tan vieja e inservible como el coche de caballos se evade, con una simple frase, rendir cuentas de las consecuencias mexicanas de la aplicación del programa neoliberal. Significa seguir defendiendo el neoliberalismo a pesar de sus pésimos resultados mundiales para la mayoría que fue víctima de tal programa.

Se pretende postular desde sectores priistas (salinistas) que no hay que resolver ningún problema volviendo a hacer lo que antes se hizo, lo cual incluye al Estado social que ha sido disminuido por el neoliberalismo en la mayor parte del mundo. Pues bien, los priistas deben saber que el mayor partido actual no busca repetir fórmulas anteriores porque el país ya no es el mismo en muchas materias ni la nueva fuerza gobernante es igual, sino combatir la política de los neoliberales, que no sólo han sido del PRI, y sentar las bases de un Estado democrático y social de derecho, dentro del que se produzca una redistribución del ingreso y se eleve la capacidad productiva del trabajo social en beneficio de los propios trabajadores.

La reforma energética de 2013 fue un atraco porque estaba dirigida contra el patrimonio y los intereses estratégicos de la nación. No se trataba sólo de promover a empresas privadas, principalmente extranjeras, sino de otorgarles subsidios abiertos y encubiertos encaminados a crear un oligopolio en la industria eléctrica.

El siglo XXI no está obrando en favor de los neoliberales. Por el contrario, el programa del neoliberalismo desvela aquí y allá su verdadero contenido como promotor de estructuras oligopólicas que llevan a la concentración y centralización de la riqueza y el poder en pocas manos.

La iniciativa de AMLO sostiene que la transición energética que México está obligado a cumplir no puede hacerse bajo el liderazgo de un oligopolio que sólo busca tasas extraordinarias de ganancia a costa de lo que sea, incluyendo, naturalmente, la ruina de la empresa pública de electricidad. Los pactos mundiales sobre la defensa del planeta los ha suscrito el Estado mexicano, no los capitalistas, quienes deben ser regulados por la autoridad y no al revés.

El Consejo Coordinador Empresarial busca que el Estado se encargue solamente de transmitir y distribuir la electricidad, actividad mucho menos rentable que la de producción, para que las empresas privadas, en especial las extranjeras que ahora se representan a través de ese consejo de cúpula, tomen por completo el control de la industria.

Si el Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los estados) no se hace cargo de las obligaciones nacionales sobre energía, no habrá quien lo pueda hacer, mucho menos desde el abuso y el privilegio. Vean lo que ocurre en España y en algunos otros países en los que empezamos a ver una “nueva pobreza energética” en el marco de perniciosas estructuras oligopólicas privadas, a veces con la intervención de empresas públicas que se comportan con la misma voracidad. Lo moralmente peor es que todo eso se hace ofreciendo energía limpia, como si las grandes empresas privadas fueran las únicas que pudieran generar electricidad sin quemar fósiles.

No se le plantea al PRI que analice la historia mexicana del siglo XX ni tampoco su propia política neoliberal, sino que haga lo que hoy en día promete a su electorado en el sentido de velar por los intereses populares y nacionales. Qué difícil.

¿Se va a ir la luz?

1 respuesta

La iniciativa enviada por Andrés Manuel López Obrador al Congreso con el fin de reformar varios artículos de la Constitución en materia de energía eléctrica contiene una fuerte corrección a la reforma anterior. El texto hasta ahora vigente pretende eliminar paulatinamente a la Comisión Federal de Electricidad para conformar un oligopolio privado internacional.

Estamos hablando de una energía vital de todo país. No es un juego. Sin embargo, desde 1995 se ha venido creando una infraestructura industrial de producción de electricidad con empresas privadas, principalmente extranjeras, que entregan su producto a la empresa estatal en condiciones preferenciales y garantizadas, pues el Estado se obligó a comprar o distribuir lo que produjeran. A partir de la reforma de 2013, la situación empeoró pues la energía eléctrica producida por empresas privadas fue programada para que desplazara y arruinara a la CFE. Ese era el plan.

Como se sabe, la producción de energía eléctrica nunca fue monopolio del Estado. Cualquiera la puede generar. Pero, desde el punto de vista industrial, sólo es rentable si se posee o utiliza de manera continua y segura un sistema de transmisión y una trama de distribución. Esta infraestructura siempre ha sido del Estado y ningún inversionista privado ha planteado poder construir una nueva.

Dice actualmente el artículo 27 de la Constitución: “Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.”

Así, lo que se decidió en 2013 fue dejar al Estado como monopolio de la transmisión y distribución de la energía eléctrica y, al mismo tiempo, designar paulatinamente a las empresas privadas como oligopolio de la producción, cuyo fluido sería transmitido por el Estado desde los lugares de generación y distribuida hasta los sitios de consumo. Producir electricidad es más rentable que distribuirla porque tiene una composición orgánica de capital mucho más alta: mayor inversión fija y menor cantidad de trabajadores.

Además, todo sistema eléctrico requiere una reserva de capacidad de generación. Ante las bajas de potencia o para cuando se produzca una caída parcial en el sistema, deber existir capacidad instalada adicional, más aún en un país interconectado casi por completo. Esto tiene un costo, el cual se cubre hoy por cuenta del Estado y, naturalmente, en beneficio de las empresas privadas.

Como consecuencia de todo eso, se han repartido permisos de generación eléctrica para el servicio público en tal cantidad que, si en este momento todos los permisionarios en ciernes pudieran producir, el país tendría el doble de potencia, pero sin contar con una semejante capacidad de consumir justo a tiempo un producto que, como se sabe, no se puede almacenar. Ese innecesario aumento de la producción iría en demérito de la producción del Estado, incluyendo la hidroeléctrica que es energía limpia, aunque no se encuentre en la lista correspondiente por ser justamente de propiedad pública.

Entonces, el plan ha sido ir produciendo más y más electricidad desde las empresas privadas, y menos y menos de parte de la empresa del Estado, la CFE. Es la misma idea que se aplicó con motivo de la infortunada reforma petrolera. Esto es parte del programa neoliberal que considera que la empresa pública sólo se justifica como instrumento de subsidio a los capitalistas y facilitación de las actividades empresariales privadas, entre más oligopólicas, mejor.

Por ello existe un sistema de reparto de energía en favor de las empresas privadas, así como de obligaciones del Estado para dar a aquellas las mejores condiciones de desempeño, de tal manera que la tasa de ganancia bruta de las termo eléctricas privadas es mucho mayor que la de la empresa pública con lo cual en realidad se aplica un subsidio.

De lo que se trata ahora es de trazar una línea de igualdad aproximada entre la producción de las empresas privadas y la del organismo del Estado. Un reparto cercano a mitades, pero sobre la base de recuperar funciones de la CFE para asumir, como ya dice la Carta Magna, “la planeación y el control del sistema eléctrico nacional” y, además, llevar a cabo la modernización de sus propios generadores, especialmente de energía limpia para hacer frente a la transición energética.

Es indispensable ampliar la red de trasmisión y mejorar la distribución de la energía que llega a las casas, fábricas, comercios, sistemas de agua, transportes, etc., para lo cual se requieren grandes inversiones públicas. Si el Estado mexicano no retoma la conducción de la industria eléctrica como una responsabilidad ineludible, podríamos llegar a tener aquí algo parecido a lo que en estos momentos ocurre en parte de Europa, donde la tarifa eléctrica varía según la hora y el día, llegando ayer en España a los niveles más altos de su historia, desde 60 euros de hace unos tres años, hasta 320 euros (unos 7 500 pesos) por megawatt/hora; la tarifa más baja se fijó en 250 euros, pero entre las 4 y las 5 de la madrugada.

El argumento del Consejo Coordinador Empresarial en contra del proyecto del gobierno no es tal, puesto que se trata de una peregrina amenaza o, sencillamente, de una mala predicción: “habrá apagones y la luz será más cara”, dice el organismo cúpula. La afirmación carece de sentido cuando de lo que se trata es de garantizar que se pueda planear el desarrollo de la industria y proveer energía al más bajo costo posible, lo cual no requiere de diarias subastas entre productores que tienen, obviamente, costos diferentes según el fluctuante precio del gas, las horas de insolación, la velocidad del viento, entre otros factores. Si los industriales quieren tarifas estables y suficiente disponibilidad de energía a cualquier hora, que llamen a votar por la iniciativa de López Obrador en el Congreso. Si ésta es obstaculizada, vendrá tiempo de lamentos… por parte de ellos mismos.

El gobierno propone, entre otros textos, introducir en el artículo 27 lo siguiente: “Corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La Nación aprovechará los bienes y recursos naturales para dichos fines. El Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo”.

A la vez, se propone añadir en la Constitución: “La Comisión Federal de Electricidad generará al menos el cincuenta y cuatro por ciento de la energía eléctrica que requiere el país. El sector privado participará hasta en el cuarenta y seis por ciento de la generación que requiera el país. El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado”.

Como se aprecia, no se trata de expropiar ninguna planta privada de energía, sino de nacionalizar a la CFE, que hoy está a merced de las empresas privadas, con el fin de que la nación, a través del Estado, pueda tomar la conducción de la industria eléctrica e impedir la operación de un oligopolio privado.

Este es un problema de seguridad energética, la cual no debería estar subordinada al concurso de empresas privadas que sólo buscan, como es lógico, sus ganancias: entre mayores, mejor… para ellas. El país requiere garantía de generación suficiente, estable y con tarifas que sean adecuadas económica y socialmente a la realidad de México.

El neoliberalismo está en decadencia en el mundo. Por suerte también en México va de salida. Esperemos la aprobación de las reformas de la industria eléctrica para que no “se vaya la luz” o tengamos que pagar por ella más de 500% de súbito incremento en las tarifas, como está ocurriendo hoy en algunos países que se sienten “muy postmodernos”.

Que se vote la luz

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En estos días, España vive una crisis tarifaria de electricidad. Son casi las tarifas más elevadas que se hayan tenido. Eso ocurre también en otros países europeos. Pues bien, como se sabe, en el país ibérico la tarifa varía según la hora del día (hay tres periodos) y se fija diariamente. Los usuarios nunca saben por cuánto llegará el recibo, pero no por las variaciones en su propio consumo, sino por las tarifas bailarinas que azotan a la sociedad española. Además, la derecha estableció fuertes cargas impositivas y la izquierda ya no sabe como salir de ese enredo.

El sistema mexicano no es como aquel porque hay una empresa del Estado que tiene el monopolio de la transmisión y distribución de electricidad, lo cual protege a los consumidores, pero también existen, como en España, tarifas mayoristas bailadoras.

Al mismo tiempo que transmite y distribuye electricidad, nuestra empresa pública es la mayor productora, incluyendo energía llamada limpia. Hasta aquí, todo bien. Los problemas empiezan con el trato preferente que el Estado brinda a los productores privados. Como se sabe, las reformas neoliberales de energía se hicieron como un robo a la nación, pero no sólo en materia de hidrocarburos, sino también en electricidad.

En síntesis, el Estado entrega subsidios virtuales a productores privados mediante reglas expedidas por los neoliberales cuando ellos gobernaban.

Para abandonar esa política de subsidios, el Congreso aprobó, por iniciativa del Ejecutivo, modificaciones de ley. Hay, sin embargo, un par de jueces que las han derogado, en los hechos y por lo pronto, mediante la figura de suspensión definitiva dentro de juicios de amparo, lo cual, por cierto, también debería llevar a más claras reformas legales.

En realidad, al aplicar ciertos principios sobre la competencia económica establecidos en la Constitución, los jueces han podido hasta ahora violar la misma Carta Magna en su artículo 27, el cual no sólo determina que corresponde a la nación el servicio público de transmisión y distribución, sino el control del sistema eléctrico nacional y que serán las leyes las que fijen los términos en los que el Estado pueda celebrar contratos con particulares, mismas leyes que, además, determinarán la forma en que los particulares puedan participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Se está hablando, por tanto, de facultades constitucionales del Congreso.

Las recientes reformas legales en materia eléctrica se hicieron para eliminar los subsidios que se habían introducido por los neoliberales en la ley. Luego entonces, han de tener la misma validez que alguna vez tuvieron aquellos preceptos aprobados por el PRIAN. La cuestión es que los jueces militan contra la 4T y son quienes dicen el derecho, con o sin razón.

Por ello, Andrés Manuel López Obrador está planteando una modificación constitucional para saldar el problema, de tal manera que no pueda erigirse la competencia económica en obstáculo a para que el Congreso, a través de la ley, ejerza a plenitud las capacidades legislativas que le confiere actualmente el artículo 27 de la misma Carta Magna.

Sin embargo, no se observa una actitud de apertura mental en las oposiciones y menos después de las elecciones en las que fracasó su pacto de sangre. Ellos defienden los intereses de las empresas privadas de electricidad y están de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial y la Canacintra (es difícil entender la posición de esta cámara industrial), con el objeto de mantener los subsidios virtuales del Estado.

El mecanismo para aprobar la nueva reforma de la industria eléctrica, garantizar la estabilidad de tarifas e impulsar el crecimiento de todo el sector, sería convocar a una consulta popular en términos del artículo 35-VIII de la Constitución.

La institución de la consulta popular está hecha para resolver una divergencia en un asunto de alta trascendencia e interés nacionales. Usar este método sería lo más conveniente ante la resistencia a dejar atrás mecanismos incubados en el seno del Estado corrupto que azotó al país y de la política neoliberal que arruinó al Estado y empobreció a los trabajadores.

La consulta popular puede realizarse una vez por año y es factible hacer varias en un mismo día, con tal de que sean de temas diferentes.

Las limitaciones de la consulta sólo son los temas relacionados con restricción de derechos humanos; la República representativa, democrática, laica y popular; federalismo; materia electoral; ingresos y gastos; revocación de mandato, que es otro procedimiento; sistema financiero; ingresos, gastos y presupuesto; obras de infraestructura en ejecución; seguridad nacional; y organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Así que cabe perfectamente el tema de la industria eléctrica y las bases para hacer respetar el “control del sistema eléctrico” de parte de la nación, con todo lo que esto implica, según dice ya el texto de la Constitución.

Si fuera necesario modificar la Carta Magna sobre la competencia económica, entonces ese sería el tema de la consulta, de tal manera que se dejara absolutamente claro que es posible que el Estado se niegue a subsidiar a los productores privados de energía eléctrica.

Al respecto, es preciso subrayar que las regulaciones asimétricas de competencia, que se imponen a ciertos conglomerados empresariales con motivo de su posición dominante de mercado, se refieren a situaciones en las cuales los otros participantes, es decir, competidores, tienen un ámbito de acción ilimitado, pueden vender o prestar servicios a quien sea. En la industria eléctrica, existe por disposición constitucional un solo ente que se encarga de la transmisión y la distribución, de tal manera que, aplicarle a éste reglas asimétricas, necesariamente lleva a obligarlo a comprar a otro o a realizar el producto de otro, siempre en detrimento de la empresa pública pero sólo por ser pública.

La “libre concurrencia” no ha operado en el mercado eléctrico mayorista porque hicieron las normas para que la electricidad de ciertos productores se vendiera primero y, también, para que el Estado estuviera obligado a comprarle su producción a otros bajo leoninas condiciones previamente impuestas en contratos.

Desde los años cuarenta del siglo pasado, la nodriza del sector paraestatal tuvo modalidades, una de las cuales fue comprar a ciertas empresas los insumos y vender a otras a precios subsidiados, pero ahora tenemos casi todas las variantes en un solo instrumento, más la obligación de asumir toda la producción de los supuestos competidores. Ahora, se apoya a empresas privadas otorgando una especie de seguro de beneficio empresarial, al grado de que ciertos productores de energía ganan en México una tasa inalcanzable en cualquier otra parte del mundo.

Por otro lado, es falso que el tratado comercial de América del Norte impida el establecimiento de regulaciones en materia de energía, pues la Constitución, en esta materia, quedó expresamente a salvo, es decir, lo que dice hoy y lo que llegue a decir en el futuro.

Lo mejor sería convocar a una consulta popular para 2022, luego de la primera que vamos a tener el primer domingo de agosto del presente año sobre el tema de acciones contra los expresidentes.

La 4T lleva 22 reformas a la Constitución

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Menudo asunto se ha creado a partir de la suspensión judicial con efectos generales de las recientes reformas a la ley de electricidad y de la airada respuesta del presidente de la República. Luego, se puso mejor cuando el mismo Andrés Manuel López Obrador dijo que si se llegara a declarar inconstitucional el nuevo articulado, el Ejecutivo presentaría una iniciativa de reformas a la Carta Magna con el propósito de superar el obstáculo.

Este debate es cosa normal en las democracias conocidas, sin que se produzca un escándalo como aquí. Se acusa a López Obrador de intolerante y se es insolente con él. Los jefes de gobierno discuten casi todo el tiempo. Los demás integrantes de los poderes del Estado lo hacen con frecuencia.

Los jueces no tienen muy buena fama en México. Hace pocos días, uno de ellos resolvió suspender la aplicación de varios preceptos de ley, pero con carácter general, es decir, para todo mundo, para el que sea, a pesar de que el amparo tiene efectos sólo en favor del quejoso. De otra manera, cada juez sería un derogador de leyes y, por esa vía, un legislador. Además, suspender con efectos generales una ley puede implicar que siga en vigencia la anterior: un desastre. ¿Qué tiene de osado que el presidente proteste?

La crítica del posible intento de reformar la Constitución es aún más impertinente porque ese mecanismo ha sido una de las vías practicadas para superar contradicciones. Es un instrumento peculiar porque requiere dos tercios de ambas cámaras y mayoría de legislaturas de las entidades federativas.

En los últimos dos años y medio, el Congreso ha reformado la Constitución 22 veces, sólo en 5 de las cuales hubo iniciativa del Ejecutivo. El actual presidente ya no opera como en tiempos del partido del Estado y del presidencialismo exacerbado y despótico (el reino del PRI), cuando el Ejecutivo era el único que iniciaba proyectos viables. Por cierto, es mentira que la iniciativa de reformas a la ley de la industria eléctrica no haya sido modificada “en una sola coma”: se agregó un artículo transitorio. La mayoría parlamentaria no enmienda proyectos de ley para dar alguna “buena impresión” a sus adversarios sino para mejorarlos. Los opositores y algunos periodistas se inclinan ahora por la práctica de repetir sin cesar mentiras agradables. Así fue el caso de “la coma” en la reforma de la ley de la industria eléctrica. Mas, al margen de lo anterior, ¿por qué se habría que modificar un proyecto considerado bueno y muy conveniente sólo porque proviniera de Palacio Nacional?

En las democracias reconocidas, los poderes Ejecutivo y Legislativo suelen estar en manos del mismo partido o coalición. Así es ahora en México por decisión del electorado. ¿Dónde está el defecto? Para los intelectuales y periodistas de oposición, así como para los partidos minoritarios en el Congreso, eso es antidemocrático. Claro, mientras ellos no sean mayoría.

La inconformidad del presidente con la suspensión de la reforma de la ley de electricidad carece de alcance para el Poder Judicial. López Obrador no puede sancionar al juez que hizo la maniobra de convertir una queja individual en la momentánea anulación de unos nuevos preceptos de ley. Tampoco podría obligar a un tribunal a revertir el fallo. Debería estar claro que el Ejecutivo tiene derecho a presentar recurso de revisión y eso es lo que está haciendo, como también lo han hecho las cámaras del Congreso. En conclusión, el presidente de la República no puede más que lo fijado en la ley.

Las oposiciones operan con la información política que estaba vigente antes, basada en la supremacía del presidente, la consigna presidencial, el acoso, el uso indebido del poder político, la corrupción y la hipocresía. Pero ya no son aquellos tiempos.

Los muertos que gritan

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La conciencia de las generaciones fracasadas de gobernantes del pasado reciente se sigue expresando con la misma soltura de antes. Los seguidores de los neoliberales defienden hoy, sin la menor autocrítica, los evidentes fracasos de hace poco.

Con motivo de la discusión sobre la reforma de la ley de la industria eléctrica, se presentó el andamiaje neoliberal en los mismos términos que cuando se construyó el mecanismo de preferencias a la inversión privada, especialmente extranjera, en la generación de electricidad. Lo que se defendió por parte de las actuales oposiciones ya fracasó, empezando por el hecho de que las tarifas no se redujeron como ellos prometieron cuando eran gobierno.

Quienes decretaron el gasolinazo neoliberal afirman ahora, sin admitir sus tropelías inflacionarias de hace poco tiempo, que la reforma en curso de la ley de la industria eléctrica llevará al incremento de las tarifas. La historia conocida es que las recetas neoliberales fueron las que condujeron a mercados descontrolados o transados, como ha sido en México. Los promotores de “tarifazos” en toda América Latina han sido justamente los defensores del neoliberalismo.

Quienes protestaron airadamente por la cancelación del aeropuerto de Texcoco están exigiendo que el gobierno actual cancele el proyecto de Santa Lucía. Quienes alguna vez apoyaron el proyecto de construir una refinería en Tula, de la cual sólo se completó la barda perimetral en un terreno adquirido por el gobierno local, ahora se oponen a la de Dos Bocas. Aquellos que elaboraron el proyecto Alfa-Omega para crear una vía transoceánica en el istmo de Tehuantepec, ahora exigen que se abandonen las obras de modernización de un ferrocarril que data de principios del siglo XX. Los que argumentan que se requiere apoyar el turismo, exigen airosos que se detengan los trabajos del Tren Maya. No les importan los proyectos en sí mismos, sino que odian al gobierno que los lleva a cabo.

Eso no se puede llamar locura. ¿Qué es? Oposición sin propuesta, política de golpeteo, ambición de poder sin proyecto nacional.

Los argumentos expuestos en la Cámara para tratar de bloquear la nueva reforma de la industria eléctrica defendieron el “libre mercado” más transado que hay en el mundo, el que se encuentra en la ley vigente y en los contratos que se firmaron para defenestrar a la empresa pública.

Es la defensa de la conciencia de una generación política que ha fracasado. Aquella del neoliberalismo que llevó a una mayor pobreza en casi toda América Latina, la que se embonó muy bien con los esquemas de corrupción, en especial con el Estado corrupto mexicano.

El problema mayor no era el lugar donde construir un nuevo aeropuerto sino cómo hacerlo. En Zumpango se lleva a cabo una obra financiada con recursos presupuestales, sin empréstitos onerosos. El “fabuloso” aeropuerto de Texcoco era un plan que al final le iba a costar al erario algo así como 400 mil millones para beneficiar directamente a unos diez consorcios. Ya no habrá aeropuerto en el lago, pero, entonces, los representantes de la conciencia de los fracasados gritan, como calacas histéricas, que deben clausurarse las obras del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

Según esos muertos, los proyectos grandes de la nueva administración deber cerrarse en nombre de la conciencia neoliberal, pero no por ser obras, construcciones, sino por no hacerse de conformidad con los cánones de la defenestración de la empresa pública y la glorificación del Estado corrupto privatizador.

Los muertos sí gritan, vociferan. Es que no están tan muertos todavía. Se unen para tratar de volver a estar tan vivos como cuando reformaban leyes para dar concesiones innecesarias, privatizar en favor de elegidos, lucrar a partir de negocios con empresas privadas, condonar impuestos, otorgar concesiones a granel, promover y proteger monopolios.

La incesante repetición de las palabras de esos muertos que no están tan muertos se hace para aparentar ser una verdad, pero sólo para aquellos cuya conciencia quedó anclada en lo que ya se hizo viejo, el neoliberalismo. Esta longevidad no se debe a que nació aquí hace 35 años, sino a que fracasó en toda la línea: nada de lo prometido funcionó para bien del país y de la mayoría nacional.

Los gritos de aquellos muertos que se escuchan en el Congreso, los medios y las redes son convulsivos porque sus emisores nunca admitieron que fuera posible que otros emprendieran un camino divergente al que ellos trazaron durante tres décadas. Esos muertos están desconsolados, desesperados, desorientados. Se unen hoy sólo para gritar más fuerte, para vociferar, para repetir las mismas frases una y otra vez, para insultar con desesperación. Al filo de las 5 de la mañana, en plena sesión de Cámara y desde la tribuna, un afectado vocero del PAN llamó “descerebrados” a sus colegas de Morena.

Los muertos que aún viven, maledicentes y farsantes, buscan su más completa resurrección, pero no aspiran a construir nada nuevo porque son el resumidero de lo viejo.

Neoliberalismo corrupto

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El primer lugar en desastres socio-económicos de finales del siglo XX y principios del XXI lo ocuparon países con sistema político dictatorial en los que el neoliberalismo se entronizó; el segundo lugar correspondió al esquema neoliberal corrupto. Este último azotó a México durante 35 años, aderezado con escandalosos fraudes electorales y otras muchas violencias políticas.

Desde la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE; 1937) y mucho después de la llamada nacionalización de la industria eléctrica (1960) bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, el Estado concedía subsidios a consumidores domésticos, como lo sigue haciendo, pero transfería mucho más a las empresas industriales. Esto último era parte de la política de fomento de la industrialización y de la sustitución de importaciones, aunque también había corrupción en la condonación de adeudos.

El abandono del fomento de la industria nacional para promover la extranjera, en el marco de la gran apertura comercial, obligaba a restringir el subsidio eléctrico y acotar el desequilibrio costo-precio. Pero no hay muchos países como México. Aquí se fue reduciendo el subsidio a la industria en general para concentrarse en nuevas empresas productoras de electricidad que aparecían conforme se aceleraba la defenestración de la CFE.

Los neoliberales lanzaron, para empezar, la figura de “productores independientes” que usan el llamado ciclo combinado que quema fósiles. Estos venden por contrato a la CFE pero en el acuerdo no se abarca la proporción correcta de la reserva eléctrica que es preciso cubrir, es decir, aquella parte de la planta productora de energía que no opera siempre porque realiza el papel de respaldo. Ningún sistema eléctrico funciona sin capacidad de suplir una caída de la generación por cualquier causa.

Como esa reserva es costosa, se postula que deba ser pagada en su mayor parte por la nación. Así se piensa y eso ocurre. Esto apareció con mayor énfasis luego de la “reforma energética”, con la entrada de nuevos productores de electricidad, entre ellos los que utilizan sistemas de viento e insolación, quienes tienen asegurado su ingreso en el reparto de electricidad, a pesar de que no generan energía todo el día de todos los días, sino de manera intermitente. Para ellos opera una parte del respaldo a cargo del Estado mediante contratos leoninos que los protegen.

Las cosas han llegado a extremos inusitados. La CFE vende sólo el 35.4% de la demanda de electricidad, pero posee más de la mitad de la capacidad nacional de generación. El problema es aún más serio cuando se advierte que la política eléctrica durante los cuatro anteriores sexenios llevó al país al absurdo de tener una capacidad instalada de casi el doble de lo que se consume, es decir una reserva cercana al 50%, cuando la recomendación internacional es de 20%. ¿Por qué este desperdicio de infraestructura productiva industrial? La respuesta es sencilla pero lacerante: porque se ha venido desplazando artificialmente a la empresa pública para beneficiar a las privadas. Eso no es un mercado propiamente dicho; es una costosa política privatizadora.

El neoliberalismo mexicano repudió la empresa pública, considerada irreformable, no rentable y altamente dañina por ser monopólica, pero redistribuyó subsidios, antes amplios, para concentrarlos hacia ciertas empresas. Así se creó un sistema de generación de electricidad paralelo al del Estado pero que depende del mismo, no sólo en el aspecto técnico de transmisión y distribución, sino en la rentabilidad. Esto último no es frecuente en otros países. Es difícil lograrlo porque hay que tener una cara muy dura para atentar contra los intereses nacionales desde el gobierno con el engaño de que se le hace un bien al país y a la sociedad, la cual paga los costos en aras de que exista un “mercado libre”. Pero tal mercado, idolatrado por los neoliberales, no aplicó, debido a que fue sustituido por contratos cerrados y subsidios selectivos para patrocinar empresas con el fin de acelerar el bombardeo sobre una entidad pública productiva, la CFE.

El escándalo de la planta Agronitrogenados no es algo del todo diferente. Así como Pemex compró a una empresa privada, Altos Hornos de México (AHMSA), una vieja planta industrial muy endeudada y nada rentable, por un monto de 200 millones de dólares, diciendo que era para mejorar la operación de la paraestatal, así también se otorgaron a granel autorizaciones para instalar productoras de electricidad subsidiada por el Estado mismo. Recién, se ha usado también el argumento de que hay que dejar de quemar materia fósil y ayudar al planeta, pero, de paso, se transfiere riqueza pública a manos privadas, en especial si se trata de compañías extranjeras. A esto podría llamársele corrupción verde.

Se ha dicho que la CFE desprecia la energía llamada limpia, es decir, sin gases ni partículas contaminantes, pero se oculta neciamente que la empresa estatal sigue siendo la mayor generadora de esa clase de energía: hidroeléctrica, geotérmica y nuclear.

Desde un principio, el neoliberalismo mexicano se expandió en medio de la corrupción porque el viraje programático se dio sin ruptura política, es decir, dentro del viejo Estado corrupto. Por eso, las izquierdas, al exigir democracia y rechazar la política económica, también denunciaban la corrupción. Ese fue el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y la misma plataforma básica de 2018 con López Obrador.

En México, las privatizaciones no se hicieron igual que en Gran Bretaña, sino que se aplicó la tecnología de Margaret Thatcher, pero con mordidas y favoritismos. En la venta de Telmex, por ejemplo, pudieron comprarse acciones a crédito al tiempo de que con el 5.5% del capital social fue suficiente para tomar el control total de la compañía. ¡Qué fácil! Así, cualquiera. La cuestión consistía en ser comprador designado. Un monopolio estatal se convirtió en un monopolio privado, pero en nombre del mercado libre. Así fue.

Además, la modernización de la industria eléctrica mexicana se dejó en su mayor parte a empresas extranjeras, pero sobre la base de otorgarles un trato privilegiado en detrimento de la CFE, con el propósito de irla achicando por decreto, tal como el plan contra Pemex.

Empezar a revertir esa situación es lo que se busca con la reforma de la ley de la industria eléctrica que ha propuesto el presidente de la República. Ya se había tardado un poco.

Cuando se ensanchó el Estado corrupto

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La denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General contiene asuntos ya comentados, como la corrupción de la empresa Higa, los sobornos de Odebrecht, el trinquete de Agronitrogenados y el contrato leonino con Etanol XXI, pero incluye lo que un video mostró apenas hace unos días: la entrega de billetes a funcionarios del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El motivo del pago de 6 millones en efectivo no está revelado en dicho video pero ahí se habla de otros abonos mayores.

Una grabación que permite observar que una persona entrega millones en efectivo a servidores públicos, asistentes de unos legisladores, abre la razonable posibilidad de un acto delictivo. Desde el 11 de agosto, Emilio Lozoya había presentado ante la FGR una lista de pagos por «extorsiones» en dos momentos: la reforma constitucional de energía y la expedición de las leyes reglamentarias de la misma.

Es parte de un ritual que el PAN y los políticos señalados nieguen todo y se declaren inocentes e indignados. Lo mismo sucedió antes con los moches, mecanismo con el que se canalizaban directamente miles de millones hacia estados, municipios y entidades privadas, luego de lo cual se cobraban los favores. La historia de los moches se puede escribir por ahora con la descripción documentada de las cantidades y destinos de los gastos, pero no ha sido posible probar lo que de sobra se sabe: gestores, principalmente diputados, cobraban el servicio, ya fuera en efectivo o mediante la adjudicación contractual de las obras.

Una cosa es que dentro de cada gobierno (priista o panista) existiera una red de corrupción y otra que esa misma abarcara también a la oposición. En esto ha consistido parte del reciente ensanchamiento del Estado corrupto.

El gobernador de Querétaro no le preguntó a su recién despedido secretario particular por qué, con instrucciones de quién y para qué recibió los seis millones. De seguro era innecesario. Nadie en el PAN podría tampoco tomar la lista de entregas incluida en la denuncia de Lozoya y explicar desde dónde y por qué motivo se recibieron esos muchos millones en una casa de Las Lomas, la cual, se sabe, era una de las guaridas gubernamentales.

Así como los gestores y coyotes nunca han explicado cómo se operaban los moches, tampoco esos empleados del Senado nos van a querer contar su historia. ¿El actual presidente del PAN estaría dispuesto a realizar al respecto una investigación sobre un militante de su partido al que se observa recibiendo seis millones en efectivo? La respuesta negativa ya se produjo. (El caso de René Bejarano llevó al desafuero, a procesos penales y encarcelamientos, así como a una investigación interna que culminó en expulsiones, entre ellas, la de quien era la presidenta del partido en el momento de los hechos).

Emilio Lozoya le ha contado unas historias a la Fiscalía, pero al mismo tiempo se incrimina, como es del todo natural. Busca que, al colaborar, la justicia sea menos severa. Eso está muy claro, pero no es el mayor problema.

Para desmontar el Estado corrupto que ha padecido México se precisa profundizar en sus modos de ser, operar, repartir e involucrar a muchos del entorno político e ir más lejos.

No existe sistema de corrupción como forma de gobernar que no requiera desarrollo. Eso es justamente lo que ocurrió en México desde 1949. Antes, había corrupción pero no era un sistema político como tal. A partir de su inicio, con la toma del gobierno por parte de algunos licenciados encabezados por Miguel Alemán, el Estado corrupto tuvo su siguiente gran salto en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y, recientemente, con Enrique Peña Nieto. En un ínterin de 12 años, las presidencias panistas dejaron las cosas más o menos como estaban y añadieron algunos tintes, entre ellos los moches, con los cuales el PAN hizo historia. Quizá ahora podremos saber algo de la corrupción bajo Calderón en el marco de las relaciones con el Cártel de Sinaloa, aunque no se podría considerar que esa conducta hubiera sido una aportación original.

Como es natural, los muchos fraudes electorales de los que México ha sido víctima siempre estuvieron relacionados con la corrupción. Como medio de conservar el poder corrupto y corruptor se hacía necesario usar dinero ilícito. Los Estados corruptos suelen funcionar de esa manera. Pero en México se han presentado fenómenos casi fantásticos, como el del año 2000, cuando el candidato ganador y el situado en segundo lugar usaron dinero ilícito. Al menos se conocieron entonces partes de ambas tramas y, luego de años de controversias, se multaron a los respectivos partidos, pero no hubo procesos penales debido a la ilegal orden de uno de los denunciados: Vicente Fox, presidente de la República.

La defraudación de Felipe Calderón (2006) ocupó montos mayores recolectados de manera ilícita para financiar la campaña y una propaganda mendaz, absolutamente difamatoria, además de la alteración de resultados. Todo esto con la colaboración de las autoridades electorales.

El último fraude sexenal (2012) fue dirigido por Luis Videgaray, lo cual es de público conocimiento. Los recursos dispersados con las tarjetas de Monex eran una pequeña parte de un total desconocido, pero nada fue puesto en claro con las investigaciones manipuladas. Se compró casi todo lo comprable, se violaron las leyes, pero el país siguió en una normalidad de alternancias en el gobierno, título de orgullo de algunos consejeros y ex consejeros del INE que, sin embargo, sacan de contexto esos momentos de cambio engañoso, que no sirvieron para detener el funcionamiento del Estado corrupto.

Hace unos 30 años nadie iba a pensar que Acción Nacional se iba a lanzar a la gananciosa aventura de la corrupción, hacer fraudes, usar financiamientos ilícitos, manipular la justicia, cobrar moches y mordidas, recibir dádivas del poder, etc. Pero lo hizo. Se lo tragó el Estado corrupto.

Este fenómeno es digno de investigaciones concretas sin límites, pero también de estudios teóricos para descubrir las bases estructurales y funcionales de poder sobre las cuales la corrupción pasa de un partido a otro sin detenerse o, al menos, moderarse. En este marco, habría que analizar el ensanchamiento del Estado corrupto mediante el cual se financia ilícitamente al opositor o se comparten ganancias.

El esfuerzo de hoy no es sólo para lograr que se interrumpa ese fenómeno, lo cual exige una gran lucha sistemática y cotidiana para desmontar el Estado corrupto, sino también para sentar bases que hagan políticamente imposible un cambio regresivo.

Interminable historia de los subsidios eléctricos

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La empresa estatal mexicana de electricidad, fundada en agosto de 1937 por Lázaro Cárdenas, se hizo para llevar el fluido a mucho más de la mitad de la población que carecía de ese servicio y para dotar de infraestructura a la industria. En aquel año era tan caro que desde un principio se apreció que iba a ser inevitable subsidiarlo para consumo popular, pero no para el industrial. Sin embargo, ambas cosas se han hecho durante 80 años.

El traslado de valor desde la industria eléctrica a empresas privadas y públicas es inestimable. Es quizá el mayor volumen de subsidio industrial de la historia del país.

Desde los años setenta del siglo XX, cada nuevo presidente prometía poner un límite a los subsidios, incluso a los dirigidos a la población. La solución se fue decantando hacia la apertura de la industria eléctrica al capital privado, especialmente extranjero, para que nuevas y modernas plantas elevaran la oferta y distribuyeran el fluido a través de la red eléctrica.

La generación de electricidad es altamente rentable. Lo que no lo es consiste en distribuirla. La idea de los neoliberales mexicanos ha sido que la producción esté en manos privadas y la distribución siga siendo del Estado. Así lo cifraron en la Constitución.

En la actualidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene a su cargo cerca de la mitad de la generación. Pero como es el gran distribuidor, se encarga de llevar el fluido eléctrico de los privados a través de su red. El funcionamiento de ésta es la que requiere un ejército de trabajadores, a diferencia de la generación.

Por otro lado, la reserva de electricidad en un país es vital para el funcionamiento del sistema en conjunto porque éste no puede operar con la generación máxima. Con una planta que se pare se puede venir todo abajo. La reserva es muy costosa porque representa un alto porcentaje de la capacidad de generación en exceso del consumo promedio diario.

En cuanto a las plantas eólicas y solares el problema es mayor porque su capacidad de producción es variable, según insolación y velocidad del viento. El trato que ha tenido la CFE con las empresas productoras no abarca la participación de éstas en la cobertura del costo de la reserva de la que dependen ellas mismas.

El Estado distribuye fluido eléctrico en la cantidad que generan las plantas privadas y les cubre un precio, pero no les descuenta la parte proporcional de lo que la CFE debe erogar para mantener la reserva. Esta no es el costo de lo que se produce sino de lo que se deja de generar para tener garantizado que siempre haya electricidad suficiente en la red.

En conclusión, el Estado mexicano sigue en la interminable historia de los subsidios, sólo que ahora tenemos unos nuevos beneficiarios: te doy subsidio eléctrico para que hagas negocio en la industria eléctrica.

Dicen algunos, pero no por ignorancia, sino por conveniencia, que el gobierno actual está obstruyendo la generación de electricidad mediante tecnología eólica y solar. Otros, también interesados, afirman que el presidente de la República quiere un monopolio estatal de la generación de electricidad, lo cual no tendría nada de nuevo, pero tampoco es cierto.

Lo que no se quiere es subsidiar, dentro de la peor de las tradiciones mexicanas, a las empresas privadas como un medio para garantizarles sus operaciones. Esa ya no debe ser función del Estado.

Los subsidios existen en cualquier país. El problema estriba en para qué, a quiénes, cuánto y hasta cuándo. México tiene una de las peores experiencias en el mundo justamente en materia de electricidad.

Como dijo el clásico, «ya nos saquearon; no nos volverán a saquear». Alguien le respondió: ¿por qué no? En eso han seguido.

La «quiebra» de Pemex: segundo Fobaproa

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Desde un punto de vista meramente formal Pemex está en quiebra porque debe más de lo que tiene. Pero bajo un análisis estrictamente económico, Pemex ha sido saqueado por los gobiernos anteriores.

Esa inmensa deuda externa de la petrolera, que asciende a más de 100 mil millones de dólares, no fue consecuencia de necesidades reales de la empresa, sino de una forma de financiamiento del gasto público improductivo, la cual, por tanto, fue inconstitucional.

Fobaproa-IPAB llegó a alcanzar 100 mil millones de dólares de deuda (un millón de millones de pesos de entonces), por lo que se puede decir que la «quiebra» de Pemex es una nueva versión, sólo que este endeudamiento público no ha sido para cubrir deudas y quebrantos de empresarios y bancos privados, sino para sufragar el gasto de operación del gobierno federal durante los cuatro sexenios anteriores. Sin embargo, ambos fraudes también tienen en común que el pueblo tendrá que pagar.

Como se sabe, el débito gubernamental debe ser destinado a inversiones que produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos, excepto reestructuraciones o regulaciones monetarias. Esto señala la Constitución. Para eludir fácilmente este mandato, las sucesivas administraciones mantuvieron muy pesada la «carga fiscal» de Pemex, obligándolo a contratar deuda soberana. Es decir, el dinero que Pemex invertía no venía de sus propios ingresos, lo que hubiera sido natural y nada oneroso, sino de los préstamos.

Si los impuestos de Pemex hubieran sido fijados según el exacto nivel de sus necesidades de operación, mantenimiento e inversión, la empresa no hubiera tenido que contratar deuda, pero el gobierno tampoco hubiera podido financiar sus gastos de operación, los cuales fueron aumentando con enorme velocidad a partir del gobierno de Vicente Fox. En el fondo, se trataba de gasto político.

Se pasaba el dinero de una caja a otra para poder elevar el gasto no productivo mientras la inversión de Pemex se tenía que financiar con créditos en el extranjero, después de saquear todos los días a Pemex. La Ley de Ingresos disponía una cantidad fija diaria que Pemex debía entregar como anticipo del pago de sus contribuciones.

México cometió el mismo error que otros países pobres del mundo: dilapidó sus excedentes petroleros en gastos de mantenimiento político, meramente operativos, de una burocracia costosa y parasitaria, así como en subsidios, muchos de los cuales eran innecesarios. A esto hay que agregar la inmensa corrupción que llevaba ríos de dinero hacia las cuentas de gobernantes, funcionarios y contratistas.

Los sucesivos gobiernos decían que el dinero procedente del petróleo debía ser destinado a cubrir las necesidades de gasto de «todos los mexicanos…». Pero esa afirmación era una mentira. Gran parte del dinero procedente del petróleo se estaba usando en sufragar el gasto administrativo del gobierno, en lugar de usarlo en inversiones productivas, petroleras también. La tolerancia hacia la elusión y la evasión fiscal era menos problemática porque más de un tercio del presupuesto se cubría con los excedentes petroleros. En síntesis, todo fue un esquema parasitario hecho por parásitos.

En los últimos años, ante la crisis de la deuda pública y bajo la política de extinción de la empresa por quiebra total, Pemex tuvo que reducir drásticamente sus inversiones. Cayó la producción y la petrolera fue presentada como el fracaso más grande, aunque corrupción y huachicol seguían hacia arriba.

El nuevo gobierno está ahora entregando recursos frescos a Pemex, ha rebajado parte del pago de sus derechos fiscales y autorizó una reconversión de deuda. Se ha evitado más del 90% del robo de combustibles. Si Pemex continúa invirtiendo para producir más, el fisco podrá ir poco a poco regresándole lo que le debe con el fin de hacer de esa empresa una plataforma de crecimiento y desarrollo.

Al mismo tiempo, la producción de refinados es una tarea de Pemex por una razón: México no debe depender (al menos no casi totalmente como ahora ocurre), de las importaciones de gasolinas y gas porque en el momento en que hubiera problemas en el suministro, la economía del país podría paralizarse. Nadie, en serio, podría sostener que México deba seguir trayendo de fuera el 90% de las gasolinas.

El esquema elaborado por la convergencia política PRI-PAN en la «reforma energética» incluyó el plan para que compañías extranjeras trajeran las gasolinas. Pero eso no cambiaría en nada la situación. Quizá la complicara.

No existe energético más caro que el no se tiene. Así han pensado los estadunidenses desde hace años en su política de alcanzar la autosuficiencia en hidrocarburos. Ya casi lo logran, aunque deban producir petróleo y gas más caros. ¿Y México? ¿En qué es distinto en ese aspecto? Estados Unidos tiene el más poderoso ejército para ir a buscar el petróleo a donde sea, pero eso ni por asomo lo podría intentar México.

Moody´s afirma que Dos Bocas costará más de 10 mil millones de dólares y no los 8 mil calculados por el gobierno, lo cual ha de generar, dice, un boquete fiscal. Se basa en la falta de experiencia nacional en la construcción de refinerías, pero no explica dónde está la experiencia propia de esa «calificadora» de riesgos en la presupuestación de complejos petroleros. Sean 8 mil, 10 mil o más, el gobierno de México tiene que hacer lo que sea necesario, para lo cual no se requieren empresas calificadoras porque no es un asunto meramente financiero sino estratégico, un problema de Estado.

Eso nos lleva a un tema mucho más complejo: más allá de los viejos conflictos regionales históricos, la globalización no está evitando del todo nuevas contradicciones internacionales. Los desbalances del comercio han vuelto al escenario, como lo indica la «guerra» arancelaria de Estados Unidos contra China, así como otras medidas tomadas en contra de diversos países, incluido México.

Al mismo tiempo, Estados Unidos ha recrudecido su capacidad de bloqueo comercial y financiero contra aquellos países considerados como amenazas o sencillamente de gobiernos «indeseables».

Pasar de la «guerra arancelaria» a los bloqueos comerciales y financieros requiere tan sólo un paso. ¿Hasta dónde podrían llegar los conflictos dentro de la modernísima globalización? ¿De qué manera y hasta qué punto se podría descomponer la libertad mundial de comercio y circulación de capitales? En verdad no lo podemos saber, sino sólo sospechar. Por lo pronto, Dos Bocas debe ir adelante y luego averiguamos. Así se trabajan estos temas.

Gasolinazos: ¿oferta y demanda o mentiras repetidas?

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Se dice que desde hace un año los precios de las gasolinas están determinados por la oferta y la demanda, más aún cuando desde el 30 de noviembre de 2017 tales precios ya son «libres». En realidad esa afirmación es un engaño. Esos precios están controlados por el gobierno a través de un gravamen móvil, según el cual, cuando suben o bajan «demasiado», la autoridad hacendaria puede modificar cada mes la tasa del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), sin consultar con el Congreso.

El punto que el gobierno defiende es dejar que las gasolinas suban de precio para que el gobierno alcance unos ingresos complementarios, aunque lleguen a estar más caras que en los otros lados de nuestras fronteras, tal como está ocurriendo. El sistema fiscal se convierte así en factor directo de encarecimiento, lo cual resulta al final más oneroso que cobrar unas tasas fijas y moderadas.

Veamos. El gobierno genera primero un subsidio virtual a través de una alta tasa impositiva que no se recauda efectivamente en su totalidad. Luego, denuncia la existencia de 200 mil millones de pesos anuales de dicho subsidio, suficientes para sufragar anualmente 20 universidades públicas, las cuales, sin embargo, siguen sin existir. En consecuencia y para aumentar por esa vía los ingresos («no se aumentarán impuestos», ha dicho la actual administración), se eleva la tasa real de IEPS y se cobra de manera regulada, en prevención de un disparo en los precios internos con motivo de la participación de las compañías importadoras y distribuidoras de gasolinas que están arribando al país.

Pero, ¿para qué querría México tener unas empresas privadas de gasolina? La respuesta es simple aunque contradictoria. El país ha tenido el crudo y ha podido producir los refinados, sin embargo, la reforma energética tiene como propósito rematar la riqueza nacional de hidrocarburos y, también, dejar de producir gasolinas con el argumento de que así serán más baratas y sin «subsidios». El problema es que México no se va a beneficiar en el balance final sino que serán las empresas privadas, en su mayoría extranjeras, las cuales importarán el combustible. Todo esto no es más que un negocio promovido y protegido.

La reforma energética es también una derivación del dogma que sostiene que el Estado no debe hacerse cargo de la producción ni de la distribución de bienes y servicios. Por tanto, en la concepción del neoliberalismo en boga desde hace 30 años, la existencia de Pemex y la CFE habría sido un error histórico.

El resultado de la privatización no es sólo lograr que la oferta y la demanda se conviertan en cobertura de un emporio abigarrado de intereses particulares, sino que todo control de precios se efectúe en el marco de negocios privados, pero exclusivamente por cuenta de ingresos públicos. Es lo de siempre, las ganancias se privatizan, las pérdidas se socializan. Ahora tenemos tasas impositivas indexadas a las utilidades de unas cuantas empresas.

Además, el país deja de desarrollar su propia ingeniería para resolver problemas que van a seguir presentes durante varias décadas. Por desgracia, las gasolinas no serán sustituidas del todo dentro de diez o veinte años y, cuando por fin ocurra, la petroquímica seguirá siendo una de las bases industriales de cualquier país.

La oferta y demanda «internacional» no es lo que opera para la fijación de los precios internos de las gasolinas sino el nivel del IEPS petrolero, es decir, tenemos que, en los hechos, un duplicado gravamen al consumo se ha convertido en un renglón privilegiado de ingresos públicos.

Algo peor ha ocurrido con la súbita revolución del precio del gas doméstico, bajo la «desrregulación» del gobierno, pues su monstruoso aumento golpea en forma fuerte y súbita la economía de las familias pobres. Mejor sería abaratar ese gas produciendo más dentro del país.

Ahora bien, la inflación está entrando en una espiral por dos factores directos y un resultado esperado. El primero es la política de aumento de precios de bienes y servicios del sector público, la cual no se quiere revisar. El segundo consiste en que en el pasado reciente se incrementó la deuda pública por encima de la capacidad de pago, debido a que la economía creció muy poco; ahora viene la resaca que consiste en el superávit primario que le quita recursos a lo importante para lanzarlos a la esfera de la especulación financiera, es decir, sin que sean devueltos a la sociedad.

El resultado esperado consistió en la depreciación del peso con la consecuente subida de la tasa de interés como medio para prevenir la exportación de capital-dinero. No obstante, el aumento del rédito opera a favor de la inflación y, con ello, se volatiliza uno de los efectos deseados del aumento original de la tasa de interés que consiste en estabilizar el peso. Como la depreciación de la moneda está casi siempre a la puerta y, de la mano, el rédito se ha triplicado, entonces muchos precios tienden con frecuencia a subir.

En conclusión, al margen de las inicuas mentiras neoliberales, hay que cambiar la política económica, fortalecer la inversión productiva, aumentar los ingresos bajos, producir en suficiencia alimentos básicos, controlar bien los precios al público de los hidrocarburos, asumir la conducción e impulso del sector de la energía, modificar el sistema de financiamiento del Estado, administrar mejor y dejar de despilfarrar ingresos públicos, reimpulsar la política social y promover desde el Estado el crecimiento de la economía.

No sería la gran cosa, pero todo eso ya es una urgencia nacional.