Según la ley, debe existir un organismo público, diferente de la CFE, que se encargue del servicio de electricidad en la llamada zona centro. Sin embargo, después del sabadazo en el que Calderón extinguió el hasta entonces existente, ya no existe ninguno.
Según la ley, las relaciones de trabajo no se terminan por decreto presidencial, sino como consecuencia de actos convenidos o resoluciones jurisdiccionales.
Según la ley, un contrato colectivo de trabajo no se extingue por el simple cambio de denominación del patrón o por la sustitución del mismo.
Según la ley, el patrón sustituto es quien se hace cargo de los activos en funcionamiento de la empresa que se transforma o fusiona con otra y quien asume, por tanto, las relaciones laborales existentes con anterioridad. Es, digamos, la herencia laboral, que hasta ahora se había respetado, más o menos.
Todo lo anterior, inscrito en las leyes de México, ha sido borrado de un golpe por un individuo que se dice ser el presidente del empleo pero ha logrado correr a más de 50 mil trabajadores mediante un solo decreto.
Son los tiempos, diríase. Pero son, más bien, los actos realizados por un partido –el PAN—que, antes, demandó el respeto al Estado de derecho y que, hoy, se encarga de seguir desobedeciendo cuantas leyes puede. No es de extrañar que le apoye su maestro, el PRI.
Luz y Fuerza del Centro compraba la electricidad más cara que la tarifa a la que la vendía. Pero, además, la comercialización del servicio –llevar el fluido eléctrico–, tiene un costo mucho mayor que la producción de la electricidad. Cuando el gobierno presenta su balance económico, oculta esa realidad, como también omite decir que para manejar una red eléctrica obsoleta se requieren más trabajadores que si el gobierno hubiera invertido en la modernización de Luz y Fuerza.
Según Calderón, los electricistas tienen la responsabilidad de la obsolescencia de Luz y Fuerza, pero, según la ley y la realidad, ese organismo siempre estuvo dirigido por el gobierno. Su atraso técnico es responsabilidad de los gobernantes, quienes han demostrado carencia de interés por dotar a la vieja Compañía de Luz de las condiciones mínimas para prestar un servicio más o menos aceptable. Si la energía eléctrica no se suspende más frecuentemente es porque hemos tenido a unos trabajadores magos, que se las saben todas y arreglan cualquier desperfecto a pesar de que los cables y los transformadores ya cumplieron su vida útil hace décadas.
Algo odioso es criticar a un sindicato por haber logrado buenos salarios y prestaciones. Se supone, según varios medios de información, que los miembros del SME debieron haber tenido condiciones laborales tan deplorables como en muchas industrias donde ni sindicatos existen o están protegidas por los consabidos charros.
El señor Calderón ha aceptado pagar las jubilaciones. Luego, admite la vigencia del contrato colectivo y actúa como patrón sustituto. Todo esto no hace más que confirmar que, en efecto, el gobierno dice puras mentiras.
Además, la Secretaría de Hacienda está dispuesta a pagar a los trabajadores de Luz y Fuerza una liquidación copeteada, como diría Fox, a través de un bono de esquirolaje. ¿Desde cuándo es el patrón quien determina unilateralmente la cuantía de la indemnización de los obreros despedidos? ¿En qué parte del Presupuesto de Egresos se autorizó al Ejecutivo a pagar indemnizaciones mayores que las establecidas en la ley y el contrato de trabajo?
No hay ningún aspecto que sea legal en el sabadazo de Calderón. Todo ha sido una acción política, pero de la mala.
Por último, los “ahorros” de los que habla el gobierno son del todo demagógicos. Si las tarifas finales no aumentan, si los jubilados no se mueren todos al mismo tiempo, si la CFE no reduce sus tarifas como productor, si quienes se roban la luz –pobres y ricos—no dejan de hacerlo, si no se realiza la modernización, los “ahorros” serán tan mínimos que el saldo final de la operación sólo va a arrojar un daño político y social.
Bueno, para eso llegó Calderón a Los Pinos. ¿Para qué más?