El debate sobre las drogas prohibidas es mundial y actual. Sostener que no hay que participar porque existen otros temas más importantes como el crecimiento, la pobreza, el empleo, etcétera, es tratar de eludir algo sobre lo cual no se quiere opinar, seguramente porque se tiene una vergonzosa posición conservadora. Ése es el contenido del mensaje de Andrés Manuel López Obrador sobre el asunto, como antes lo fue en relación con la interrupción voluntaria del embarazo y los matrimonios entre personas del mismo sexo. La izquierda sin embargo está a favor de todo eso y mucho más que implique la ampliación de las libertades y la eliminación de elementos de criminalización de conductas fustigadas por la ideología dominante.

La idea penal de la ley es que la producción y comercio de ciertas drogas lesiona a la sociedad. El Estado ha decidido que las drogas son socialmente malignas, como alguna vez en Estados Unidos se consideró también al alcohol. Pero el vigente debate sobre la malignidad social de las drogas —tabaco y alcohol incluidos— no debería ubicarse en el ámbito del Código Penal.

El delito es una prescripción del Estado, el cual ha sido investido con el monopolio de decidir lo prohibido y lo lícito, lo bueno y lo malo. Se supone que el poder tiene conferida esa función por dictado del pueblo pero ya se sabe de sobra que eso no corresponde exactamente a la realidad. El comercio de opio, por ejemplo, no solo estuvo permitido sino que se impuso a China mediante una guerra por parte de Gran Bretaña. En la actualidad la mayoría de los estados nacionales y la ONU reprueban producción, tráfico, comercio, posesión y consumo. Sin embargo, esas actividades van en aumento, generan una inmensa delincuencia y promueven la corrupción de los gobiernos encargados de combatirlas.

La legalización de las drogas es la única forma de intentar la regulación de la producción y el comercio de las mismas por parte del Estado. No existe otra manera. Sin embargo, pocas voces se levantan para decir las verdades mundiales. Una de ellas es la de Uruguay, país que se ha limitado a la mariguana, que es la droga de mayor consumo interno.

En México, Fox y Calderón intentaron penalizar el consumo de drogas pero el Congreso se negó y expidió una ley que permite la posesión y uso personal de las mismas a pesar de las protestas del gobierno de Estados Unidos. Hoy, el debate es más fuerte y ha surgido como algo local en la Ciudad de México, lo cual tiene sus problemas jurídicos. Los delitos contra la salud comprenden la producción y comercio de estupefacientes, dentro de los cuales se encuentra la mariguana. Es decir, se trata de un delito federal. Si se quiere despenalizar esa droga o cualquier otra, se debe modificar la legislación federal.

El otro gran problema es el de Estados Unidos. Hay cosas que México no puede resolver nomás porque quiera. Una de ésas es la de las drogas. El gobierno estadunidense es uno de los más dogmáticos a pesar de que varios estados han venido asumiendo normas propias y se anuncian cambios en otros más. Por tanto, el primer asunto es el de la posición oficial del gobierno mexicano frente al problema. Si ésta fuera favorable a un control estatal de la producción y comercio de estupefacientes, se abriría un debate nuevo en el mundo y Estados Unidos —el mayor consumidor— tendría que sentarse a negociar seriamente.