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Derecho a ser informados

Los asesinatos contra periodistas y líderes de derechos humanos, hombres y mujeres, que se han cometido con tanta frecuencia en los últimos años, siguen por lo regular en la impunidad, quizá por encima del 90 por ciento. Mas las autoridades tampoco explican el posible móvil concreto de cada acción homicida ni a quienes en específico están buscando.

La sociedad tiene derecho a la justicia pero también al conocimiento de los motivos de tan resonantes crímenes. Sin embargo, el gobierno no se preocupa por la ausencia de información ya que, de por sí, adolece de un grave problema de incomunicación con la ciudadanía.

Habría que tomar en cuenta que, por lo regular, los homicidas no entregan boletines de prensa, pero las autoridades policiales y el Ministerio Público cuentan con aparatos de inteligencia y conocen a las bandas del crimen organizado, lo que les debería también permitir hacer seguimientos precisos de lo que se publica o se declara acerca de aquellas mafias, lo cual es parte de los motivos criminales.

El gobierno nunca se ha preocupado por aportar datos informativos que sirvan para entender las causas precisas de esos asesinatos, tanto porque no se le exige que los brinde como porque tiene ciertas excusas legales de las cuales colgarse para mantener su silencio. O, quizá, porque, dentro de sus deficiencias, los oficiales policiales y los agentes ministeriales están tan perplejos ante el crimen organizado como el resto de la sociedad. El nuevo procurador general ha dicho que van a revisar expedientes, es decir, reconoce que está perdido. ¿Acaso esto se escucha en cualquier otro país?

La cuestión es aún más grave en tanto que los gobernantes tampoco se sienten obligados a explicar a la sociedad el porqué de tanta impunidad. Los recientes discursos en reunión de Peña Nieto, su gabinete y los gobernadores no han brindado al respecto nada nuevo. Se han juntado para que la ciudadanía observe a los políticos más poderosos del país preocupados de los más recientes asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, pero sólo ha sido publicidad. Se ha anunciado que ahora sí se hará lo que hace años se prometió. Se dice que la Federación apoyará a las procuradurías locales para que averigüen asesinatos cometidos por bandas que se dedican a cometer delitos federales. Se promete que ya se van a coordinar los “tres órdenes de gobierno”, lo que no podrá ser posible mientras se encuentren infiltrados por los delincuentes. Nada hubo de autocrítica concreta, específica, capaz de cambiar en algo la terrible situación. En tanto los gobernantes no se vean obligados a explicar la impunidad, no habrá cambios positivos en este tema. No lo hacen porque ello les llevaría a hablar de sí mismos pero en términos críticos y no con lamentos, mentiras o vanas promesas. Los reporteros han gritado contra los discursos porque quieren acciones efectivas.

La crisis de violencia ha golpeado desde un principio a defensores de derechos humanos y comunicadores profesionales. Pero las autoridades no nos han explicado si se trata de venganzas de actos concretos. También a este respecto, la falta de certezas de policías y fiscales se ha traducido en desinformación social. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirma que los asesinos de Miroslava Breach están identificados; si eso es verdad, entonces que lo publique para que la policía, si acaso, pueda ayudar a aprehenderlos. Algo parecido ocurre con el homicidio de Javier Valdez, que, en principio, está siendo investigado como un asalto a mano armada, mientras el gobernador, Quirino Ordaz, dice que él no sabe nada acerca de la delincuencia organizada y sólo “escucha leyendas que se han creado”. Con esos métodos, los cuales nunca se discuten, la impunidad seguirá como una constante de la crisis que azota al país.

Mucha gente ya ha pasado de la preocupación a la indignación y el enojo. No parece haber gobierno mientras las autoridades de distintos niveles callan sobre los hechos concretos, hacen discursos vagos y se culpan entre ellas. Va siendo tiempo de exigir que se nos informe sobre los posibles móviles e identidades de los presuntos asesinos, así como de los elementos que pudieran haber motivado una venganza en contra de los periodistas y los defensores de derechos (hombres y mujeres) que han sido asesinados en estos largos años de desgarradora violencia sobre México.

El gran fracaso frente a la violencia

 

El fracaso de la estrategia de guerra contra la delincuencia organizada, proclamada y conducida de manera personal por el entonces presidente Felipe Calderón, se convirtió en un gran fracaso bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto en los más de cuatro años en los que se ha refrendado, extendido y complicado dicha estrategia fallida.

Después de una década de “guerra”, la delincuencia organizada ha crecido en cantidad de personas directamente involucradas, en volúmenes comerciales, en delitos cometidos  contra la gente y en número de víctimas de la violencia, tanto la ejecutada por los grupos de la delincuencia organizada como de aquella consumada por las fuerzas encargadas de perseguirlos. Es inútil buscar esperanza en las variaciones mensuales del número de muertos o tratar de consolar a la opinión pública con el lugar de México en las estadísticas sobre la cantidad de asesinatos por cada 100 mil habitantes. La crisis de violencia mexicana se ha prolongado y se ha agudizado.

La pieza clave de la política oficial ha sido la intervención de las fueras armadas, con el fin de llevar a cabo un enfrentamiento armado con las mafias y contrarrestar el papel instrumental de numerosas autoridades civiles al lado de las bandas delincuenciales. Ahora mismo, se están poniendo las esperanzas en una nueva ley de seguridad interior para dotar a los militares de recursos jurídicos que les “otorguen garantías”. La autoridad, incluyendo a las fuerzas armadas, no está para exigir garantías en su exclusivo favor sino para promover, respetar y proteger los derechos de la gente. Lo que varios generales quieren es impunidad a perpetuidad para los oficiales y jefes que se encuentran en “el frente”. Pero eso no se permite ni en las guerras; ellos lo saben mejor que nadie.

Mas el sabor a derrota que deja la infortunada intervención masiva de los militares en la crisis de violencia delincuencial está ligada con esa amargura que provocan los centenares de víctimas civiles debido al uso incontrolado o desproporcionado de la fuerza. No han sido para menos, entre otros, los fusilamientos de Tlatlaya y el estremecedor video de Palmarito. La opinión pública nunca ha conocido los partes militares de los hechos sangrientos, pues se consideran documentos reservados por motivos de seguridad. Si hubiera que esclarecer lo que ocurrió en la reciente confrontación con huachicoleros poblanos, se tendría que partir de los partes que rinden oficiales y jefes a sus superiores.

Cuando el mando militar declara que todo debe ser esclarecido por el Ministerio Público Federal, está fingiendo ser ajeno a actos efectuados bajo su responsabilidad. El Ejército debería dar la cara directamente, o a través de un vocero de la Presidencia de la República, para explicar lo que ocurrió e informar al país.

Las autoridades en México están acostumbradas a anunciar lo obvio: que se investigará. En eso se pasan los meses y los años. Así ha sido siempre. Todavía estamos esperando el resultado de la investigación mandada a hacer con voz enérgica por Echeverría sobre la matanza del 10 de junio de 1971, ordenada por él mismo. Dicho esto para no tener que mencionar 1968, con su simulados procesos penales, y de otras muchas tropelías de gobernantes todopoderosos. El caso de Iguala –integrante de la actual crisis de violencia de México– podría durar abierto el tiempo en que se mantengan los mismos en el poder, a pesar de que todos, menos ciertos periodistas maiciados, están de acuerdo con que en el basurero de Cocula no pudieron desaparecer absolutamente los restos de 43 personas tatemadas durante unas cuantas horas; ni que hubiera sido Auswitch.

El gran fracaso no sólo consiste en que la violencia crece sino también que la corrupción aumenta. Pero si eso no fuera suficiente, también es cierto que el gobierno carece de una mínima autocrítica, no convoca a hacer nada, no se sabe cuál es el plan. Después de más de 4 años de sufrir el robo de combustibles, cuestión que se ha convertido en un problema de finanzas públicas, y luego de los enfrentamientos en Puebla, Peña ha dado órdenes para que en todo el gobierno, también generales y almirantes, se trabaje en la elaboración de un plan, sencillamente porque no había ninguno.

Los actuales gobernantes están imposibilitados para admitir que la delincuencia organizada se combate con Estado social y erradicación de la corrupción sistémica. No lo pueden hacer porque son neoliberales y su política de predominio del mercado no sirve para combatir a una de las actividades más lucrativas de ese mercado que es justamente el de las drogas prohibidas. Tampoco pueden porque forman parte del gran entramado global de la corrupción.

Mas los políticos del poder en México son también exponentes de esa moral que pretende prohibir todo lo que no se quiere ver. En México se prohibió la marihuana en los años treintas por presión de Estados Unidos, el mayor productor mundial de cannabis de todos los tiempos. La prohibición de drogas es, en sí misma, una enemiga de la sociedad porque promueve delincuencia, corrupción pública y violencia, pero no impide su producción y consumo. Esa es otra de las verdades que hay que decir al respecto del gran fracaso que corroe a la República.

¿Para qué quieren otra ley las fuerzas armadas?

(Publicado en El Universal. 30.03.2017)

La propuesta de una nueva ley para las fuerzas armadas, denominada de “seguridad interior”, promovida por los secretarios de Defensa y Marina, se ha presentado en el momento en que coinciden dos hechos: la llamada guerra contra el narcotráfico ha fracasado y, como responsables de la decepción, aparecen las fuerzas armadas, a las cuales se les ordenó demoler la delincuencia organizada.

¿Cuál sería el propósito de una ley de seguridad interior? Si se admite el fracaso y se están pidiendo nuevas normas ha de ser porque se considera que con las vigentes no es posible tener éxito, es decir, hay que otorgar a los militares funciones que no les corresponden y que tampoco están permitidas a la policía. Esto, en principio, es contrario a la Constitución.

Se busca que en los trabajos de “inteligencia” se puedan aplicar todas las “medidas necesarias” y se quiere también que los militares retengan detenidos, hagan investigaciones y, en fin, asuman funciones que tienen a su cargo, en combinación, la policía, la PGR, Gobernación y los jueces.

Con la nueva ley no se está buscando que el Ejército y la Armada regresen a los cuarteles, como han dicho algunos generales y almirantes, sino justo lo contrario, se espera que se queden en las calles pero con ilimitadas atribuciones, contrarias a la Constitución y al sistema mundial de los derechos humanos. De eso ya hemos tenido bastante en México.

Desde 1959, cuando se firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos en materia de drogas, se metió al Ejército en la persecución de la producción de opio y marihuana, y se recibió ayuda de Estados Unidos en armamento y equipo. Luego vino la “Operación Cooperación” de 1969, (Díaz Ordaz) para evitar las medidas unilaterales de EU en los pasos fronterizos. Después, luego del convenio internacional sobre drogas, se adoptó la “Operación Cóndor” en 1971 (Echeverría), la cual llevó a su sucesor (López Portillo) a hacer declarar al secretario de Defensa, Félix Galván, en 1978, que el narcotráfico había sido “erradicado” en un 95%. Se había “ganado” la “guerra”, dijeron.

Ya desde los años 60 se denunciaban atropellos de tropas contra población rural, aunque al parecer no tan frecuentemente como ocurrió después, ni se conocieron ejecuciones extrajudiciales como la de Tlatlaya; sucesos como éste sólo se produjeron por motivos de represión política (guerra sucia). También se expidió la ley de pérdida de derechos agrarios de ejidatarios y comuneros (familias de ellos no importaban) que se dedicaran a la producción de estupefacientes, pero sin tocar a la “pequeña” propiedad. La actitud de las fuerzas encargadas de perseguir al narco siempre ha sido muy agresiva y trascendente. Al mismo tiempo, la corrupción no dejó fuera a ninguna corporación aunque sin duda en diferentes intensidades.

¿Para qué se querría hoy una ley exclusiva para las fuerzas armadas, después de 50 años del uso de éstas en la persecución de delitos federales? Parece ser que se piensa que el fracaso militar se ha debido a la falta de facultades inconstitucionales de los militares. Mas darle éstas a los institutos armados es lo más peligroso para cualquier poder civil. Ya de por sí el Ejército y la Armada no piden autorización para el uso discrecional y desproporcionado de la fuerza letal, mucho menos lo harán con una ley que se los autorice.

El debate sobre si la sociedad depende o no de los militares para acabar con la crisis de violencia en el país, creo que está resuelto a la luz del análisis de los últimos 55 años de narcotráfico en México. Hoy tenemos un problema mayor y una violencia mucho peor que hace dos lustros cuando la vieja “guerra” se volvió a declarar por parte de Felipe Calderón. Hacer discursos sobre el Ejercito y la Armada con halagos excesivos y un tanto ridículos, propios de una guerra internacional victoriosa, es por lo menos un desacierto. Pero la verdad está a la vista. Tenemos una “guerra” errónea porque enfrentar a la delincuencia organizada mediante una acción bélica no puede llevar a la victoria aunque tampoco hay una derrota. Sencilla, pero lamentablemente, tenemos una peor situación y a un alto costo en vidas, lesiones y angustias.

Hay que cambiar de política, pero del todo.

Nochixtlán fue otra matanza (impune)

Los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de este año, luego del rápido desbloqueo de una carretera por parte de la Policía Federal, conforman una matanza más. No tendría que haber decenas de muertos para nombrar de tal forma un acontecimiento sangriento, es suficiente la forma en que se comportó la autoridad, en especial la responsabilidad que recae sobre la misma.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha realizado uno de esos lances que le caracterizan: ordenar una investigación conociendo de sobra lo ocurrido, pues él es el jefe de la policía, quien presuntamente ordenó la operación de desalojo del bloqueo y tal vez también el ataque policial contra la posterior protesta popular.

No es creíble que el jefe de la policía se encuentre ignorante de los detalles de Nochixtlán. En realidad, hay que insistir, Osorio tenía el reporte de los acontecimientos de ese día en esa población, contaba con su cuarto de guerra y daba órdenes. Sin embargo, se busca aparentar que aun cuando el país entero pudo ver en  video a un agente de policía federal disparando hacia la multitud, el único que no lo ha visto es el mismísimo jefe de los gendarmes.

El problema es aún más brusco desde el ángulo político, es decir, el de las decisiones que llevaron a la matanza en Nochixtlán. El primer paso se emprendió cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió cancelar negociaciones con la CNTE, luego de lo cual la PGR procedió a intensificar su programa de encarcelamientos de dirigentes magisteriales disidentes, detalladamente elaborado en la Secretaría de Educación Pública a cargo de Aurelio Nuño, quien al parecer sólo conversa con sus amigos y con escolares de primaria a quienes visita con harta frecuencia. Ambas acciones gubernamentales trajeron como consecuencia un incremento en los movimientos de los maestros, en especial el bloqueo de carreteras e, incluso, vías férreas. La respuesta oficial, largamente anunciada, consistió en ordenar la acción policial, tal como por el otro lado lo esperaban tanto manifestantes como la población de varios puntos críticos en Oaxaca y Chiapas.

No hay exageración al calificar esta forma de operar como algo kafkiano en referencia al libro El Proceso en el cual los enjuiciados ignoran de qué se les acusa, el procedimiento y el momento en que se les va a decretar la sentencia; aquí los responsables políticos se investigan a sí mismos y jamás se dictará nada en su contra, ni siquiera pronunciarán ellos alguna leve autocrítica. El gobierno de México supera a Kafka. Así lo vimos cuando Luis Echeverría mandó a investigar la matanza del 10 de junio de 1971 ordenada por él mismo. Claro está que nunca se inició siquiera la tal averiguación sino hasta 40 años después, luego de lo cual el Poder Judicial mexicano nos agravió de nuevo al declarar la prescripción. Cualquiera diría que nada ha cambiado aunque haya cambiado todo.

El hecho de que el diálogo se hubiera restaurado inmediatamente después de la matanza de Nochixtlán sólo indica que el gobierno no puede ocultar su responsabilidad por más investigaciones que simule realizar. Sin embargo, las negociaciones abiertas después de Nochixtlán parecen tener los mimos obstáculos que antes. La tesis peñista de que las leyes no se negocian es de origen diazordacista. La legislación es por excelencia el terreno de la negociación política. Lo que hay que cancelar es justamente el estereotipo de la evaluación. Nunca la enseñanza ha dependido de exámenes aplicados a profesores y a estudiantes. Por más que se hagan pruebas, la educación seguirá siendo buena, mala o regularcita. La nuestra es mala porque la escuela es autoritaria y, por tanto, los docentes y educandos no participan a plenitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje o, bien, éste se encuentra escindido. Aurelio Nuño es el funcionario público que menos está dispuesto a tratar de entender esa realidad.

Diálogo trágico

Tuvieron que morir por las balas de la Policía Federal ocho personas en Nochixtlán para que el gobierno abriera un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación después de meses de solicitudes infructuosas de los maestros y de francas negativas de parte de las autoridades. Dicho esto de otro modo, la política gubernamental de condicionar todo diálogo a la renuncia de las peticiones principales del movimiento arrojó un saldo sangriento de muertos y heridos. La responsabilidad de esa tragedia es sin  duda de Peña Nieto como jefe del gobierno pero el expositor sistemático de la negativa política fue Aurelio Nuño, secretario de Educación y hombre de mayor cercanía del presidente.

En un esfuerzo por sabotear el diálogo ya iniciado en la Secretaría de Gobernación, el mismo Nuño declaró que el tema educativo no sería tocado en las conversaciones. En realidad la reforma no es a la educación básica sino a la administración de la misma. Lo que tiene por ahora que abordarse entre los representantes de la CNTE y el gobierno es un tema de política de organización y administración de recursos humanos de las escuelas primarias y secundarias públicas del país. El sistema de evaluación jamás podrá ser la base del mejoramiento de la enseñanza, mucho menos cuando tiene aspectos punitivos entre otras contradicciones, pero lo verdaderamente grave es que el secretario del ramo así lo considere y por ello defienda las reglas de la evaluación como si fueran parte de una verdadera reforma educativa.

Para arrebatarle al SNTE el control del ingreso y la promoción en el magisterio no se requería improvisar un sistema de evaluación súbita y masiva, pero el gobierno lo adoptó por necedad y ha llevado al país a un ya largo conflicto donde las autoridades fueron cerrándose cada día más: fueron desde la amenaza y los procedimientos de separación de quienes no se presentaban a las evaluaciones hasta los ceses de faltistas y el encarcelamiento de dirigentes. Al final, hubo fuego de la policía.

Osorio Chong, jefe superior de la Policía Federal que disparó contra habitantes de Nochixtlán y quien, por tanto, alguna responsabilidad ha de tener en los hechos de sangre, encabeza la delegación del gobierno en las conversaciones del Palacio de Covián. En tal situación, ese secretario es quien debe encontrar la manera de eludir la línea más intransigente de Peña-Nuño que consiste en que para conversar se requiere la sumisión del que critica, denuncia y protesta.

Mas para lograr la derrota de esa línea intransigente y represiva se requiere que las fuerzas democráticas alcen su voz con la mayor fuerza. No se trata sólo de echar abajo la punitividad del sistema de evaluación sino de derrotar ese alcance punitivo hacia todo conflicto político. Hay que entonar muy alto para obligar a bajar el volumen del griterío autoritario dentro y fuera de los medios de comunicación. Hay que exigir, por tanto, que el diálogo tenga resultados, que predomine la voluntad de llegar a acuerdos.

Es mentira que las leyes no se negocian en sedes gubernamentales, esa afirmación es mendaz y forma parte de la línea de Nuño fraseada ahora por Osorio, la cual sólo busca colocar a las negociaciones de Bucareli sobre la cuerda floja. Tal tesis diazordacista, preámbulo de incontables represiones, debe ser derrotada.

Las investigaciones en curso de la PGR sobre los muertos y heridos por arma de fuego en Nochixtlán no son de fiar. La procuradora es parte del gobierno, lo es en los hechos aunque no lo sea en la ley. Por su lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es incapaz jurídicamente de abrir procesos penales. Así que, en este caso como en otros muchos, se requiere un fiscal independiente. El gobierno no debe seguir investigando al gobierno como hasta ahora ha ocurrido.

No fueron profesores de la CNTE las víctimas mortales del fuego policiaco sino la gente que buscaba impedir la acción de los gendarmes en Nochixtlán porque apoyaba a sus propios maestros. Esto nunca lo reconocerá a las claras un gobierno engreído que quiere dar lecciones de rigidez como instrumento de gobernabilidad.

Recordemos por otra parte que el gobierno no debe educar sino que debe ser educado, conocimiento éste alcanzado desde el siglo XIX. Pues sí, ya estamos en el XXI…, cronológicamente.

Desde Vallejo hasta Rubén Núñez

El encarcelamiento de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, líderes de la sección 22 del sindicato de profesores, es un acto de gobierno en el marco de un conflicto. Ellos son presos políticos. Los delitos que se les imputan ya no son de carácter político, como se usaba hace muchos años, pero la causa penal sí lo es. Se trata de una manipulación del aparato de justicia y así lo confirma el mismo gobierno con sus contradictorias explicaciones.

El cargo no ha sido como se había dicho el robo de libros de texto gratuitos, los cuales carecen de valor comercial. Esa acusación era demasiado débil por no decir ridícula. Se habla ahora de decenas de millones de pesos supuestamente “lavados”. Pero para que hayan operaciones con recursos de procedencia ilícita lo primero es acreditar la existencia de un delito anterior, el cual nunca ha sido denunciado y mucho menos perseguido. Lo que estamos viendo es lo de siempre: investigaciones falsas motivadas por instrucciones de gobierno, jueces de consigna, justicia corrompida por el poder político.

A Demetrio Vallejo y sus compañeros los acusaron en 1959 de disolución social, un  delito directamente político. Él estuvo en la cárcel unos doce años por haber dirigido una huelga. Antes se usaba el Código Penal en defensa declarada de la “seguridad” del Estado. Ahora se utiliza el prosaico “lavado de dinero” como instrumento político para sacar de circulación a ciertas personas.

El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo ha sido semejante por el uso de esa técnica pero con una gran diferencia: ella tiene una larga trayectoria delictiva, la cual siempre fue parte de la manera de operar el sindicalismo “charro”, es decir, de Estado. Lo mismo ocurrió en 1989 con Hernández Galicia, “La Quina”, a quien le plantaron en su casa cajas de armas e incluso un cadáver. Pero tanto la profesora como el líder petrolero eran parte de una estructura de Estado dentro de la cual se estaban produciendo traiciones o deslealtades, al final reprimidas con la misma ilegalidad con la cual se habían sostenido esos liderazgos. Por tal motivo, después de sus encarcelamientos, no sucedió nada relevante más que el encumbramiento de otros líderes de la misma familia política mafiosa pero ya docilitados.

La CNTE es una organización independiente y democrática en la cual existe militancia sindical de base, participación efectiva de sus miembros. Además, está en lucha. Encarcelar a dirigentes mediante inventos judiciales es un acto de represión política, como fue el caso de Vallejo y los ferrocarrileros, no es un ajuste personal de cuentas dentro del Estado corrupto como los casos de “La Quina” y Gordillo.

La lesión que se inflige a la sociedad es evidente porque se reprime la libertad política, la crítica, la movilización ciudadana. El secretario de Educación habla como bravero de barrio y es un golpeador de Peña Nieto. En el momento más complicado de la lucha de la CNTE se aprovecha la situación para, por fin, utilizar la prisión como factor político después de que el funcionario más cercano del presidente de la República, Aurelio Nuño, ya había condicionado el diálogo a una renuncia de la CNTE a sus demandas. Eso quiere decir que el oficialismo declara imposible toda interlocución con adversarios ya que ésa sólo tiene sentido cuando el tema es la divergencia de posiciones, no es una plática de amigos sino una confrontación de ideas y una búsqueda de acuerdos entre discrepantes. Con esto, el gobierno de Peña ha oficializado con absoluto cinismo la renuencia a discutir con opositores y el uso de la prisión como lenguaje político. Se repite el binomio Díaz Ordaz-Echeverría.

El gobierno sigue hacia abajo sobre un plano inclinado por él mismo construido. ¡Libertad a los presos políticos!

Ayotzinapa: responsabilidades

En la entrevista concedida por Enrique Peña Nieto a Rosa Elvira Vargas del diario La Jornada (23.05.16) se plantea una duda de imposible comprensión. Dice el presidente: “No he logrado entender cuándo pasó el gobierno a ser culpable” por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal y, habría que agregar, por el homicidio de seis personas aquella trágica noche en Iguala.

Lo que no se puede entender es la duda sencillamente porque no tendría que existir, crece de motivo. El gobierno federal es autoridad en todo el país, es deber suyo dar garantías a las personas para que éstas ejerzan sus derechos y, por tanto, evitar que otras autoridades o individuos las lesionen o les impidan algo en forma indebida. En Iguala existe una estación de la Policía Federal y todo un batallón del Ejército Mexicano. ¿Qué más fuerza se necesitaría para evitar un tiroteo de más de una hora y un levantón de las dimensiones de las de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2015?

Nadie ha dicho que el gobierno federal es el único responsable. También lo fueron los gobiernos de Guerrero, de Iguala y de Cocula, por lo menos. Pero esos tres han encarado de alguna manera su responsabilidad. El gobernador renunció a su cargo por presión política. Los presidentes municipales de Iguala (PRD) y de Cocula (PRI) (este último cuando ya había terminado su gestión) fueron acusados de varios delitos y encarcelados. Un debate se produjo dentro del PRD y no sólo en los medios de comunicación cuando se señaló que Ángel Aguirre tenía responsabilidad política en la tragedia por el sólo hecho de que ésta no había sido un acontecimiento precisamente espontáneo sino que se inició con la salida de los estudiantes de Tixtla, su llegada a Iguala y el intento de abandono de esa ciudad, todo lo cual fue monitoreado por la autoridad de Guerrero o, si no lo fue, es peor, debió haberlo sido. No hay duda respecto de que Aguirre merece ser sometido a juicio político en su Estado.

Fuerzas federales monitorearon el viaje de los normalistas y estaban al tanto de lo que ocurría. Cuando empezaron los disparos por parte de la policía municipal contra los estudiantes de Ayotzinapa y se inició la hasta ahora inexplicada persecución de los autobuses en los que viajaban, las autoridades federales, tanto como las estatales y municipales, se encontraban al corriente de lo que estaba sucediendo. Hay una zona gris justamente en aquellos momentos en que unos estudiantes fueron aprehendidos mientras otros lograron escapar.  Sobre esto nada se nos dice en forma precisa ni en la verdad histórica ni en la verdad declarada. La primera es la de Murillo Káram como procurador, la segunda es la creada con los testimonios de los policías de Iguala. Existe la increíble versión, implícita por lo demás, de que el omnipresente poder federal no asomaba en ese momento por ninguna parte.

Si los estudiantes que pudieron escapar de la cacería de la policía municipal fueron localizados por efectivos del Ejército antes de la medianoche –“¿ustedes son ayotzinapos?” les inquirieron los soldados–, ¿cómo es posible que éstos no supieran nada sobre el paradero de los estudiantes detenidos por la policía municipal? Los jóvenes que se dieron a la fuga han declarado que los militares recibieron reporte radial de un incidente en la carretera: era la agresión contra el equipo de futbol de los Avispones de Chilpancingo. Lo que se puede ver es que a los militares se les transmitía por radio lo que estaba ocurriendo en Iguala aquella noche. Pero, ¿dónde estaban en ese momento los estudiantes de Ayotzinapa detenidos? Al parecer desaparecieron de las comunicaciones policiales y del Ejército.

Pero hay algo más. Una parte de los presuntos victimarios son también presuntos delincuentes organizados, es decir, “perseguidos” por las autoridades federales desde tiempo atrás. Si la policía municipal estaba bajo el control de los narcos como todo indica, por otro lado en Iguala existe un fuerte destacamento militar que, por lo visto, nunca ha intentado poner orden. Esto tiene que ser explicado, como también la ocultada resolución de la PGR de fecha 31 de diciembre de 2010 de no ejercicio de la acción penal en favor de José Luis Abarca luego de una averiguación por denuncia anónima que duró seis meses.

La búsqueda de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa quedó a cargo de las autoridades federales luego de que la PGR atrajo a regañadientes el caso Iguala. Habría que recordar que el jefe de la seguridad pública federal, Osorio Chong, secretario de gobernación, había declarado que era en Guerrero donde debía arreglarse todo ese lío. Pues bien, las cosas resultaron tan duras y afrentosas que Peña Nieto tuvo que aceptar lo que era lógico, legal y necesario: hacerse cargo de la búsqueda de los estudiantes a quienes oficialmente había dejado de vigilar durante la noche del 26 de septiembre a pesar de que transitaban por carreteras federales.

Pues bien, el gobierno de Peña es, ha sido y seguirá siendo, mientras no se aclare todo, el responsable de decirnos qué ocurrió exactamente y por qué. Pero entonces nos tendrá que aclarar también su propio grado de responsabilidad en la tragedia de Iguala. Eso es lo que se busca eludir por supremos motivos políticos y acaso de defensa personal.

 

INFORME SOBRE IGUALA

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL PRESENTADO EL 6 DE MAYO DE 2015

Contribuciones al estudio y combate del fenómeno de la captura del Estado por parte de bandas de la delincuencia organizada, a la luz de la tragedia de Iguala

 

Introducción

 

El 29 de noviembre del año de 2014, el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática encomendó al Comité Ejecutivo Nacional integrar una comisión especial con el propósito de rendir un informe sobre la postulación de José Luis Abarca como candidato a presidente municipal de Iguala y la subsecuente campaña electoral, así como sobre las características políticas de su gestión al frente del Ayuntamiento. El CEN del PRD procedió, el 19 de diciembre de 2014 a nombrar dicha comisión, la cual quedó integrada por Octavio Cortés, Pablo Franco, Pablo Gómez y Karla Micheel Salas, siendo Gómez designado presidente de la misma en la sesión de instalación realizada el 12 de febrero de 2015. Con posterioridad a este acto, Salas se retiró de la comisión por decisión propia.

Como es del todo comprensible, el informe se ha hecho necesario en tanto que en Iguala se produjo un atentado a los derechos humanos con pocos precedentes en una sola jornada de represión policiaca y que en ese municipio gobernaba el Partido de la Revolución Democrática, partido surgido en 1989 con el propósito, entre otros, de realizar la promoción y defensa de los derechos humanos, y de que en los años de su existencia, especialmente en los primeros seis de ellos, fue víctima de numerosos atentados contra muchos de sus militantes, centenares de los cuales perdieron la vida a manos de agentes gubernamentales o a instancias de órganos de gobierno y del Partido Revolucionario Institucional. Desde su creación y hasta nuestros días, el PRD es el partido mexicano que por motivos políticos ha sufrido más la falta de respeto a los derechos humanos, el acoso sistemático del poder y los atentados contra la integridad personal y la vida de sus militantes.

Al mismo tiempo, el país y la opinión pública internacional tienen derecho a conocer las circunstancias y motivos por los que José Luis Abarca fue postulado por el PRD a la presidencia municipal de Iguala –en alianza con otros dos partidos: el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano—a pesar de que entonces no era miembro ni simpatizante –al menos declarado—de dicho partido y de ninguno de los otros dos que integraron la coalición. La gravedad de la represión policiaca desatada en Iguala la noche del 26 de septiembre del año de 2014 y la madrugada del siguiente día, adquieren una significación política específica en tanto que el jefe de la policía, de conformidad con la Constitución del país y con la de Guerrero era justamente el presidente municipal, José Luis Abarca, postulado por el Partido de la Revolución Democrática. El acontecimiento, por tanto, no forma parte de la normalidad política nacional en la cual las autoridades procedentes del Partido Revolucionario Institucional suelen representar intereses de mafias delincuenciales, tanto dentro de la esfera propiamente pública como de aquellas vinculadas con el narcotráfico y otros delitos asociados. En Iguala, municipio gobernado entonces por el PRD, la acción de la policía arrojó un saldo inusual: siete personas asesinadas presuntamente por los agentes policiacos y 43 desapariciones forzadas a manos de los mismos policías municipales. La presunta entrega de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa a la policía municipal de Cocula, municipio gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, no cambiaría la naturaleza criminal de los actos emprendidos por parte de los agentes policiacos de Iguala pero desvelaría una circunstancia especial que podría consistir en una relación estrecha, no institucional, entre los mandos policíacos de ambos municipios y al menos de una parte de los efectivos de tropa.

Estamos, por tanto, frente a un acontecimiento político que ha conducido a la lesión de los derechos humanos de muchos jóvenes y, por las peculiaridades del propio suceso, es algo perturbador y trascendente, tanto en nuestro país como en muchos otros. El origen del fenómeno que desembocó en la tragedia de Iguala, sus características, la situación que permitió el acceso de José Luis Abarca a la administración municipal, tienen que ser materias de análisis de parte del partido políticamente responsable, el Partido de la Revolución Democrática. Se trata de un informe independiente respeto de los actores directos de las situaciones políticas sujetas al análisis, es decir, de quienes forman parte de los esquemas de relación política imperantes en Iguala y en Guerrero. El propósito es informar al partido y al país sobre la política que hizo posible, lamentablemente, la tragedia, y reflexionar sobre los procesos que dieron lugar a esa política, así como al uso de al menos parte de la administración pública para ponerla al servicio de delincuentes organizados.

Dentro del marco general en el cual transcurre el presente informe, se entenderá siempre por responsabilidad política la definición constitucional mexicana: “actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, llevando esa misma definición al terreno de las funciones de dirección dentro del partido con señalado énfasis en aquellos actos u omisiones que lesionen los intereses del pueblo y la nación, así como los del partido como organización de ciudadanos y ciudadanas. Por probidad se entenderá siempre honradez y cumplimiento del deber. Asimismo, es preciso distinguir la responsabilidad política de la responsabilidad penal, las cuales pueden eventualmente coincidir o pueden acreditarse mediante los mismos hechos pero no es posible abordarlas de manera simultánea.

La represión policiaca de Iguala, como sucesión de actos criminales, con sus jóvenes asesinados y desaparecidos, no podría ser exhaustivamente abordada en el presente informe pues la comisión encargada de presentarlo carece de facultades y medios para averiguar lo realmente ocurrido e intentar alguna acusación de posibles responsabilidades penales. Tampoco es dable dejar establecidos vínculos delictivos entre personas relacionadas en el presente informe e integrantes de bandas de la llamada delincuencia organizada. Pero, además, en congruencia con principios y postulados constitucionales, personas relacionadas en el presente informe son vistas como presuntamente no culpables de los delitos que se les imputan (presunción de inocencia), tanto los detenidos como quienes tienen en su contra alguna orden de aprehensión.

El informe que ahora se presenta pretende ser una contribución al inaplazable debate sobre las formas de hacer política en un México atravesado por un fenómeno delincuencial sin precedente en la historia nacional y por una vorágine de violencia proveniente de grupos criminales de diversa naturaleza y de cuerpos de seguridad del Estado. Al buscar respuestas, este informe no podría aspirar a cerrar la discusión sobre Iguala, tanto en lo que toca a la candidatura de José Luis Abarca y su campaña electoral como al desempeño del gobierno municipal. En especial, el porqué y el cómo de la designación de Abarca son datos que se ubican dentro del gran conjunto de elementos que componen la crisis del poder político en México. Por todo esto, el debate apenas comienza y existe de nuestra parte la más completa apertura a otras informaciones y a otros puntos de vista que complementen o refuten el contenido del actual informe. Muy lejos de pretender concluir, ya no digamos el examen complejo de la crisis nacional sino las causas políticas inmediatas y concretas de la tragedia de Iguala, lo que se busca es promover la investigación, la reflexión y las conclusiones que pudieran ayudar al país a superar la ya larga y complicada situación en la que se encuentra.

 

Situación política del municipio de Iguala en la víspera de las elecciones locales de 2012

El gobierno municipal se encontraba en manos del Partido Revolucionario Institucional, quien había logrado una mayoría en las elecciones de 2009, aunque en la elección de gobernador de 2011, el PRD en alianza con el PT y el MC había obtenido la mayoría de votos en el municipio. En el momento en que se llevó a cabo la votación para elegir gobernador se ampliaron considerablemente las expectativas del PRD para logar un triunfo electoral municipal.

En anteriores elecciones el PRD había postulado a la alcaldía de Iguala a uno de sus miembros y había logrado el gobierno municipal en tres ocasiones. La característica político-electoral del municipio de Iguala es la de un bipartidismo, con la concurrencia de otras varias formaciones políticas, pero en la que sólo dos partidos disputan la presidencia municipal y los demás forman parte del Ayuntamiento. Los dos partidos que hasta ahora se enfrentan por la alcaldía son el PRI y el PRD, solos o en alianza con otros.

El gobierno priista encabezado por Raúl Tovar Tavera como presidente municipal (2009-2012) se había caracterizado por una falta de certeza y transparencia en sus acciones de gobierno y un fuerte endeudamiento del municipio por lo cual no gozaba de especial prestigio, lo que ayudaba a ubicar al PRD en la senda de la recuperación del gobierno municipal.

 

PRESIDENTES MUNICIPALES  IGUALA (1993-2015)

 

(1993 – 1996): José Luis Román Román – PRI

(1996 – 1999): Lázaro Mazón Alonso – PRD

(1999 – 2002): Juan Muñoz Caballero – PRI

(2002 – 2005): Lázaro Mazón Alonso – PRD

(2006 – 2008): Antonio S. Jaimes Herrera – PRD

(2009 – 2012): Raúl Tovar Tavera- PRI

(2012 – 2014): José Luis Abarca Velázquez- PRD/PT/MC

(2014): Óscar Antonio Chávez Pineda- PRD

(2014): Luis Mazón Alonso- PRD/PT/MC (Suplente de Abarca)

(2014-2015): Silvano Mendiola Pérez- (Enviado en terna por Rogelio Ortega)

 

La precandidatura de José Luis Abarca

Dentro del marco anteriormente descrito, José Luis Abarca decide aspirar a la candidatura del PRD. En ese momento, Abarca era administrador del Centro Joyero, cuyo cargo lo desempeñó durante 9 años, y al mismo tiempo administraba el centro comercial Galerías Tamarindos. Asimismo, Abarca era dueño, junto con su esposa, de varios locales comerciales del referido Centro Joyero de Iguala.

Esta postulación como aspirante dentro del PRD se produce aun cuando Abarca no era miembro del partido ni había sido un simpatizante abierto del mismo. Lázaro Mazón refiere que Abarca le apoyó cuando fue candidato a alcalde por primera vez y que en ocasiones posteriores había estado presente en algunos actos electorales del PRD, pero esa versión no ha sido confirmada por otros dirigentes del partido en el municipio, aunque fue ratificada por el propio Abarca en afirmaciones hechas ante esta Comisión, quien dijo que él le había ayudado a Mazón con dinero para sus campañas electorales. Gilberto Salgado, entonces abogado postulante que había realizado algunos trabajos legales para Abarca, miembro del PRD desde su temprana juventud y actual director del Registro Civil desde 2012, en conversación con esta Comisión Especial afirmó que Abarca le comunicó que buscaría la candidatura y le dijo también que había conocido a Ángel Aguirre con motivo de la campaña electoral de éste realizada en 2011. Dice Salgado que él le respondió que no lo veía como político sino como persona dedicada a sus negocios, a lo que Abarca repuso que lo iba a intentar. Antes, durante la campaña de gobernador, según Abarca, éste le entregó a Aguirre como apoyo a su campaña 5 000 playeras y 7 000 gorras a través de Reyna Jiménez Domínguez y le llevó personalmente al Centro Joyero a un acto de campaña. En efecto, tan luego como se realizaron las elecciones de 2011 para gobernador del Estado, José Luis Abarca inició trabajos tendientes a hacer saber que sería precandidato del PRD a presidente municipal de Iguala.

Frente a la candidatura de Abarca existían otras de militantes perredistas, algunos de los cuales habían buscado la postulación en anteriores ocasiones. Entre estos se encontraban Oscar Díaz Bello, actual diputado local por Iguala, Mario Castrejón, actual síndico procurador, Soledad Mastache, actual regidora de educación, Justino Carbajal, síndico administrador, asesinado unos meses después de las elecciones, Antonio Jaimes, ex presidente municipal, quien se postuló finalmente a través del Partido Verde (PVEM) en esa misma elección, entre otros. La convocatoria expedida por el partido no comprendía la votación de los militantes en urnas sino el método de consejo electivo en el que los consejeros estatales de Guerrero nombran a la totalidad de los candidatos y candidatas a los diferentes puestos de elección popular en la entidad, de tal forma que los actos de precampaña no perseguían el voto de los miembros del partido ni de la ciudadanía en general sino que buscaban un buen resultado en las encuestas que podrían llevarse a cabo cuando se acercara el momento de las designaciones. Por ello, Abarca realizó una precampaña electoral con visitas a numerosas colonias y con la publicación de impresos.

Según afirmaciones ante la Comisión Especial de varios de los principales dirigentes del partido que tuvieron que ver directamente con la postulación de Abarca, el primero de ellos que trató el tema de la candidatura de éste fue Lázaro Mazón, quien conocía a Abarca desde la adolescencia aunque no era un amigo cercano o de trato frecuente. Sin embargo, es posible que Lázaro Mazón hubiera conversado con Abarca hasta después de que éste ya había tomado la decisión de buscar la candidatura dentro del PRD, con el propósito de obtener el apoyo del propio Mazón. Según José Luis Abarca, en conversación con esta Comisión Especial en la prisión federal del Altiplano, quienes le invitaron a ser candidato fueron los miembros de Nueva Izquierda (NI-Coduc) y personalmente Sebastián de la Rosa, lo cual coincide con la versión del propio de la Rosa ante esta misma Comisión, aunque éste supone que Abarca ya había hablado con Lázaro Mazón al respecto, lo cual niega Abarca, quien afirma que Mazón nunca le apoyó sino que estaba plegado al deseo de Ángel Aguirre de lograr que Oscar Díaz Bello llegara a la presidencia municipal. De acuerdo con Sebastián de la Rosa, actual diputado federal y líder del grupo NI-Coduc, él tomó contacto con Abarca para efectos de la posible candidatura de éste. De la Rosa afirmó ante esta Comisión que “entre noviembre y los primeros días de diciembre del 2011, aproximadamente, fue cuando yo conocí a José Luis; entonces yo era precandidato a senador y mi equipo en Iguala me acercó una propuesta, que a decir de ellos, era una propuesta que estaba teniendo mucha aceptación por parte, sobre todo, decían, de la clase media, los empresarios.” Abarca puntualiza por su lado que no había tenido contacto con miembros de NI-Coduc antes de su entrevista con Sebastián de la Rosa y otros integrantes de ese grupo. Agrega que al principio dijo que no le parecía buena la idea y que, después, cambio de opinión.

Según Sebastián de la Rosa, Abarca le expresó que era amigo de Lázaro Mazón y que éste le estaba apoyando para ser candidato a presidente municipal, lo cual implicaría que de la Rosa y Mazón no habían tenido un acuerdo previo antes de que aquél se entrevistara con Abarca para tratar el tema de su precandidatura. De la Rosa sostiene que Abarca le dijo que conocía sus relaciones con Mazón y que entendía que el apoyo de éste podría implica el del mismo de la Rosa, quien sostuvo ante esta Comisión que le respondió a Abarca que “efectivamente, Lázaro Mazón y yo hemos tenido una relación muy cercana durante muchos años.” Abarca, por su lado, niega haber tenido el apoyo de Mazón y, por tanto, que le hubiera dicho a de la Rosa que así era. Aún más, Abarca afirma que cuando le comunicó a Mazón que se iba a postular como precandidato del PRD, éste se sorprendió y le aconsejó que conversara con Oscar Díaz Bello.

Sebastián de la Rosa afirma que le inquirió a José Luis Abarca sobre su posición política anterior y le preguntó que dónde había estado, le dijo que nunca le había visto participar en política, que ni siquiera le había conocido personalmente, a lo cual Abarca respondió que siempre había apoyado a todos los candidatos del PRD aunque en forma no visible debido a sus actividades empresariales que eran muy conocidas en Iguala. De la Rosa expuso a esta Comisión que Abarca le dijo en aquella ocasión en que se conocieron y abordaron el tema de su precandidatura: “mi actividad empresarial no me había permitido dar la cara pero Lázaro sabe, pregúntale a Lázaro”. Estas afirmaciones de Sebastián de la Rosa dejan la interrogante sobre el motivo por el cual, durante 20 años, Abarca consideró que no debía tener relaciones abiertas con el PRD y, de pronto, tomó la decisión de presentarse como precandidato externo de ese mismo partido sin ser una persona de pensamiento de izquierda. Al respecto, Lázaro Mazón afirmó ante esta Comisión que Abarca había simpatizado con los candidatos del PRD en Iguala y que, en algunas ocasiones, asistió como público a mítines electorales, pero tampoco expuso el motivo por el cual Abarca no había militado o simpatizado abiertamente con el PRD y, de pronto, la situación cambió radicalmente.

Sin embargo, de la Rosa opina que el motivo por el cual Abarca se propuso ser presidente municipal fue para proteger sus inversiones en Galerías Tamarindos, proyecto con un fuerte pasivo, y que podría ser afectado desde el Ayuntamiento a través de obstáculos administrativos. A este respecto, el mismo de la Rosa afirma que Abarca le confió que el entonces proyecto de Galerías Tamarindos tuvo varios problemas pues la autoridad no quería otorgar el permiso y que Lázaro Mazón, entonces senador, y Rubén Figueroa Smutny habían intercedido para lograr que se resolvieran afirmativamente los trámites administrativos. Esta apreciación es negada por completo por Abarca quien afirma que jamás tuvo obstáculos de parte de las autoridades para llevar a cabo la construcción de Galerías Tamarindos, que Mazón y Figueroa Smutny nunca intervinieron en su proyecto del centro comercial y que, para él, no “interesan los colores sino la playera ciudadana”, por lo cual el motivo de su postulación fue tratar de componer la administración municipal, implantar la honradez y un buen manejo de los recursos públicos. No obstante, sigue planteada la posibilidad de que la decisión de Abarca, ese cambio tan brusco en su comportamiento público que consistió en pasar al ámbito de la política, pudiera haberse debido a una indicación o un trato con el grupo delincuencial al que pertenecieron los hermanos de su esposa. No existe al respecto, sin embargo, más que la hipótesis sostenida en el comportamiento de la policía municipal durante la tragedia de Iguala y la del propio Abarca aquella noche aunque, como se verá más adelante, los mandos operativos del cuerpo policial y la tropa provenían de administraciones anteriores.

Sebastián de la Rosa afirma que se entrevistó con Lázaro Mazón posteriormente a la conversación que tuvo con Abarca, en la casa de aquél en Iguala, para tratar el tema de la candidatura a la presidencia municipal. De la Rosa señala que su corriente, cuya referencia nacional es Nueva Izquierda, tenía dos posibles candidatos, ninguno de los cuales pertenecía al grupo como tal: José Luis Abarca y Oscar Díaz Bello y que se optó por el primero, con lo que hubo “completa coincidencia” con Mazón, quien para ese entonces había abandonado a Nueva Izquierda pero sin que se hubiera producido un rompimiento o siquiera alejamiento con el grupo de Sebastián de la Rosa (NI-Coduc). Algunos de los integrantes de NI-Coduc de Iguala señalan que en la víspera de la realización del consejo estatal electivo decidieron retirarle el respaldo a Abarca porque éste no apoyaba las pretensiones de ese grupo de obtener la postulación para diputado local, lo cual, de ser cierto, hubiera sido irrelevante porque Abarca carecía de fuerza en el Consejo Estatal encargado de nombrar al candidato a legislador local por el distrito de Iguala. Abarca, por su lado, niega el incidente. Haya sido así o no, el asunto no tuvo ninguna trascendencia en la nominación de Abarca como candidato.

Los apoyos a favor de José Luis Abarca trajeron como consecuencia que Díaz Bello acusara a aquél de nexos con el narcotráfico. Sebastián de la Rosa afirma que le pidió a Jesús Zambrano, a la sazón presidente nacional del partido, que se investigara a Abarca al respecto y se solicitara informe al gobierno. Jesús Zambrano afirmó por su lado ante esta Comisión que antes de la postulación de Abarca solicitó en forma verbal al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, que le informara si éste y su esposa tenían vínculos con uno de los grupos que procedían de los Beltrán Leyva o de cualquier otro de la delincuencia organizada. De la Rosa afirma que recibió el informe de Zambrano en el sentido de que ninguno de los dos (Abarca y Pineda) estaba siendo investigado con motivo de posibles vínculos con el referido grupo delincuencial a pesar de la pertenencia al mismo de los hermanos de la esposa de Abarca. Esta versión ya había sido confirmada, por separado, ante la Comisión, por Jesús Zambrano, quien expone que no era nada extraordinario que se pidieran informes semejantes en forma puramente verbal y que las respuestas fueran de la misma forma. El secretario de Gobernación no informó a Zambrano que el Ministerio Público de la Federación (PGR) había recibido denuncia anónima el 1º. de junio de 2010 contra José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, con la que se abrió la averiguación previa PGR/GRO/IGU/M-I/64/2010, la cual involucró al Sistema de Administración Tributaria y al Registro Público de la Propiedad, y que concluyó: “Es procedente el no ejercicio de la acción penal”, mediante la resolución de 31 de diciembre de 2010 emitida por el agente del Ministerio Público Rubén Casanova, auxiliar del Procurador General de la República, y con la autorización de la doctora Estela Cadena Azcona, delegada estatal de la PGR. La denuncia original señalaba que ambos se habían enriquecido con recursos procedentes del crimen organizado de quien eran operadores y mencionaba algunas de las inversiones y propiedades de ambos denunciados. La averiguación previa señalada había sido abierta por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Llama la atención que la PGR, al dar a conocer sus conclusiones a la opinión pública, no hubiera mencionado esta averiguación llevada a cabo por ella misma durante seis meses del año 2010.

El 12 de mayo de 2012, Oscar Díaz Bello entregó a Andrés Manuel López Obrador, a la sazón candidato a presidente de la República por PRD-PT y MC, un documento en el cual, según refirió el mismo Díaz Bello ante esta Comisión, se incluían reportes periodísticos sobre los hermanos de Pineda, ligados al llamado crimen organizado. Al parecer, este hecho no tuvo trascendencia y sólo fue mencionado a través de varios medios de comunicación después de los trágicos acontecimientos de Iguala.

Los sucesos arriba señalados cobran alguna relevancia en tanto que el Ministerio Público de la Federación ha presentado acusación penal en contra de María de los Ángeles Pineda por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente procedentes del grupo denominado Guerreros Unidos, derivación del agrupamiento de los Beltrán Leyva, pero según insistentes declaraciones oficiales, la prueba consiste en los estados de cuenta bancarios de la mencionada Pineda que importaron tan sólo 13 millones de pesos durante cinco años. Esta situación ubica el presente informe frente al hecho de que ni siquiera se puede presumir la existencia de un vínculo económico entre María de los Ángeles Pineda y el grupo delincuencial que ordenó la represión en contra de los estudiantes de Ayotzinapa ya que el Ministerio Público –según su propio dicho—no ha presentado un caso sustentado ante los tribunales federales no obstante el confirmado auto de sujeción a proceso contra Pineda pronunciado por el mismo juez después de una revocación del anterior resuelta por una magistrada. Ni siquiera en el plano político puede ser posible atar los cabos necesarios para presumir un nexo económico entre el matrimonio Abarca-Pineda y Guerreros Unidos. Antes de la tragedia, no era voz pública en Iguala alguna relación económica entre estas personas y el grupo aludido. En otras palabras, la situación apreciable no era la misma que la divulgada cuando se produjeron las órdenes impartidas por el mencionado grupo de Guerreros Unidos a la policía municipal de Iguala y a la policía municipal de Cocula, cuyos jefes legales eran los correspondientes presidentes municipales. Hay que aclarar aquí que en Cocula sí habían ocurrido numerosas e impunes desapariciones de jóvenes con anterioridad a la tragedia de Iguala y todo indica que el autor fue el mismo grupo denominado Guerreros Unidos.

Con posterioridad a los trágicos hechos de Iguala, algunos medios de comunicación dijeron que Abarca había comprado su candidatura por dos millones de pesos. Resulta imposible para esta Comisión esclarecer tal dicho pero todo indica que la especie nunca antes había sido materia de rumor político en la entidad. Por su cuenta, Abarca negó tajantemente ante esta Comisión que hubiera entregado dos millones o cualquier otra cantidad de dinero a cambio de su candidatura.

En cuanto al programa que el partido hubiera negociado con el candidato, las indagatorias que al respecto realizó la Comisión arrojan el resultado de que ningún programa político fue elaborado por el PRD para las elecciones de ayuntamiento de Iguala. Ha declarado a la Comisión el mismo Sebastián de la Rosa: “aunque se oiga vergonzoso, en este partido –y yo soy de este partido– de lo que menos hablas con los candidatos es de su plan de gobierno. Ese municipio (Iguala) tiene un problema, se pierde en una, se gana en otra; no lo gobernábamos, lo gobernaba el PRI; queríamos recuperarlo y en mi lógica también estaba recuperar el municipio, entonces estaba buscando a alguien que pudiera darnos esa certeza de que ganáramos, esa es la verdad, para qué poner cosas aquí que no sucedieron”.

En la víspera de la designación de José Luis Abarca como candidato, se realizó una reunión, a instancias del mismo Abarca, entre Sebastián de la Rosa y un grupo de empresarios de Iguala, principalmente joyeros. La reunión tuvo lugar en el restaurante La Vaca Negra. En el evento, los empresarios asistentes se pronunciaron en contra de las candidaturas de Justino Carbajal y de Oscar Díaz Bello, a quienes –según relato del mismo de la Rosa—consideraban deshonestos.

 

La decisión

Como parte de los preparativos de la decisión, se llevó a cabo una encuesta en Iguala. El resultado favoreció a Oscar Díaz Bello por dos puntos porcentuales de diferencia con José Luis Abarca (en otra versión se habla de un solo punto), por lo cual se declaró un “empate técnico”, en consideración a que tal diferencia era menor al margen de error de la encuesta misma. La decisión debía tomarse dentro de la mesa que al efecto se había instalado para llevar propuestas de consenso al Consejo Estatal del PRD, el cual, según la convocatoria, debía designar a los candidatos a todos los cargos locales de elección popular. Dicha mesa de candidaturas estuvo integrada por el presidente del partido, Carlos Reyes; Sebastián de la Rosa; Evodio Velázquez; Víctor Aguirre; David Jiménez Rumbo o Celestino Cesáreo. Víctor Aguirre se opuso a la candidatura de Abarca en aras de promover la de Díaz Bello bajo el argumento de que éste había obtenido una mejor posición en la encuesta realizada. Según el mismo Víctor Aguirre, la decisión sobre la candidatura de Abarca fue tomada al final con la participación personal de Ángel Aguirre, a la sazón gobernador del Estado, en la mesa de acuerdos y sobre la base de que Díaz Bello ocupara la candidatura a diputado local del distrito de Iguala.

Por su lado, Lázaro Mazón admitió ante esta Comisión que en la víspera de la designación él había llamado personalmente al gobernador para pedirle el apoyo a favor de Abarca, ya que, como se ha indicado, Ángel Aguirre era partidario de Díaz Bello.

Un elemento que debe ser destacado es que en la mesa de consensos o también llamada de candidaturas no había, al menos físicamente, ningún dirigente político que no fuera de Guerrero, por lo que ha resultado imposible para esta Comisión indagar sobre la injerencia personal de dirigentes nacionales en la postulación de José Luis Abarca. Los dirigentes nacionales entrevistados por esta Comisión han negado cualquier participación y los dirigentes locales han corroborado tales dichos, con la excepción ya mencionada de la consulta realizada por Jesús Zambrano al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. Esta situación tiene relevancia al poner de manifiesto el desapego de la dirección nacional a las postulaciones, entre ellas las de candidatos externos, para cargos importantes de carácter local.

En cuanto a la llamada de atención de Oscar Díaz Bello respecto de los vínculos familiares de María de los Ángeles Pineda con destacados integrantes de una banda de la delincuencia organizada, la información aportada por éste ya era conocida y se trataba del otro precandidato. Díaz Bello afirmó ante esta Comisión que entregó, tanto a López Obrador como a Jesús Zambrano, un “expediente (que) contenía recortes de la revista Proceso, recortes de periódicos donde se hablaba de la relación (de Pineda y Abarca con los Guerreros Unidos); tenía también la encuesta donde yo estaba arriba; básicamente esto fue lo que le pude entregar en su momento”. Díaz Bello realizó varias marchas en Iguala bajo el lema de “no a la imposición”, no obstante las cuales el proceso de nombramiento de Abarca como candidato siguió el mismo rumbo que tenía desde su inicio. Aún más, Oscar Díaz Bello sostiene, que después de la designación de Abarca, Ángel Aguirre le llamó para pedirle que fuera candidato a diputado por Iguala y que no cometiera el error de aceptar una eventual candidatura a presidente municipal por parte del PRI. José Luis Abarca afirma que antes de la decisión final él mismo había expresado ante varios dirigentes perredistas que si se nombraba a Díaz Bello como candidato a presidente municipal y como él no aceptaba ser el candidato a diputado, entonces se postularía como candidato del PAN a alcalde ya que no estaría de acuerdo con serlo por el PRI a pesar de que Rubén Figueroa Alcocer se lo había ofrecido. Finalmente, Díaz Bello aceptó ser candidato a diputado por el PRD, pero no participó en la campaña junto a José Luis Abarca sino hizo la suya propia.

Otro elemento significativo de la postulación de Abarca es que éste no colocó a nadie como candidato a miembro del ayuntamiento, ya fuera síndico (existen dos en Iguala), regidor o regidora. Todos los integrantes de la planilla correspondieron a diversos grupos políticos o corrientes del PRD y a partidos aliados, sin excepción. Tal circunstancia no es común en el PRD pero llega a ocurrir cuando los grupos locales son fuertes y tienen capacidad para lograr su presencia en los órganos colegiados de gobierno municipal, cuando el candidato a alcalde es débil dentro de la estructura del partido o cuando hubo precandidatos internos fuertes. Esta circunstancia ubicó a José Luis Abarca en la condición de ser un candidato con un posible cabildo que no podría controlar ni siquiera considerando el eventual oportunismo de los regidores de los partidos de la oposición. Varios regidores y los dos síndicos habían sido precandidatos a presidente municipal. Destacan también los testimonios de los regidores del PRD, expuestos ante esta Comisión, en el sentido de que no habían tenido trato personal con José Luis Abarca hasta el momento en el cual éste fue designado candidato y se inició la campaña electoral. A pesar de los varios meses en los que Abarca fue precandidato dentro del PRD y de que era una persona conocida en Iguala como empresario, destacadamente como impulsor de Galerías Tamarindos, el único mall existente en la ciudad, seguía siendo un desconocido dentro del partido que lo postulaba. No obstante lo anterior, José Luis Abarca reconoce haber propuesto como suplente del presidente municipal a Luis Mazón Alonso, hermano mayor de Lázaro, por “ser su amigo personal”, aunque, como se sabe, los suplentes no fungen sino sólo en el caso de ausencia o falta del servidor público respectivo.

 

La campaña

La campaña local, como se ha dicho, estuvo escindida entre el candidato a alcalde y el candidato a diputado. Es preciso considerar también que la elección local se produjo al mismo tiempo que la federal para elegir presidente, senadores y diputado, circunstancia que generaba una coyuntura política abigarrada. En cuanto a la campaña de Abarca, ésta fue relativamente austera, es decir, no se produjo ningún acontecimiento inusitado ni se tiene registro visual de gastos exagerados. Según ha declarado a esta Comisión, Abarca costeó totalmente la campaña con su propio dinero y el partido no hizo aportaciones, sin embargo, él se negó a precisar la cantidad de dinero gastada, lo cual de cualquier manera, de ser cierto, señala algo por entero anómalo como es que un partido político no realice en absoluto gastos de campaña y, también, posiblemente, una conducta ilegal al rebasarse la aportación personal permitida. Para algunos dirigentes que fueron entrevistados por esta Comisión, la precampaña había incurrido en algunas promociones fuertes como regalar transformadores eléctricos a varias colonias o molinos de nixtamal en algunos sitios, pero la campaña asumió un perfil apegado a la ley, al menos en apariencia. A pesar de la disputa preelectoral, el PRD acudió unido a la cita comicial, motivado en gran parte por el triunfo que había obtenido en la reciente elección de gobernador y teniendo frente a sí a un PRI derrotado y a una administración municipal priista en Iguala que se distinguió por una especie de bancarrota financiera sin que hubiera obras que al menos explicaran la situación.

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS NUMÉRICOS DE LAS ELECCIONES EN IGUALA

2012                                              PRD/PT/MC                 PRI                         PVEM

Ayuntamiento                           21 546                           14 668                   10 623

Diputado local                            21 786                             12 124                     4 726

(casi todo el municipio)

 

Presidente de la República     25 977                             21 422 (PRI-PV)

Senadores                                     24 502                             21 301 (PRI-PV)

Diputado Federal                        23 202                           19 546 (PRI-PV)

 

Si se toma en cuenta que era un hecho que el PRI y el Verde no irían en alianza en el municipio de Iguala pues el PVEM decidió postular a un perredista que además había sido presidente municipal, el triunfo del PRD era seguro en la elección de Ayuntamiento porque tenía divididos a los adversarios más fuertes, no porque de por sí lo fuera el Partido Verde sino porque su candidato, Antonio Jaimes, era un político distinguido en el municipio pero no corría por el PRI. Por otra parte, en el distrito XXII local que comprende la ciudad y la mayor parte rural del municipio, aún con una alianza entre el PRI y el Verde, la coalición PRD/PT/MC hubiera ganado la diputación local. En cuanto a los resultados de las urnas federales, se puede observar que hubo más votos por los candidatos perredistas a presidente de la República, senadores y diputado federal que en las ánforas de la elección de Ayuntamiento, lo cual quiere decir que no todos los votantes aún del candidato federal menos votado del PRD/PT/MC sufragaron por la planilla municipal encabezada por Abarca. En otras palabras, Abarca no sumaba sino restaba y si el PRI y el Partido Verde hubieran pactado una alianza se hubiera abierto la posibilidad de un triunfo de ambos partidos en Iguala aunque quizá para ello hubiera sido necesario que el PRI admitiera a Jaimes como su candidato.

En la elección de gobernador (2011), el PRI se había presentado en coalición con el Verde y con Nueva Alianza mientras el PRD había ido en alianza con el PT y el MC. El resultado entonces fue de 26 359 de Ángel Aguirre contra 20 462 de Manuel Añorve en el municipio de Iguala, es decir que Aguirre había alcanzado en 2011 más votos que los obtenidos por Abarca en 2012 y que, en este año, una alianza entre el PRI y el Verde, en sumatoria directa y sin elementos añadidos de análisis político, hubiera vencido a Abarca pero no hubiera alcanzado más votos que los obtenidos por Aguirre en 2011. En conclusión, de acuerdo solamente con los números, la candidatura de Abarca no era necesaria para el PRD. Esto es relevante porque el argumento prácticamente único que se presentó para apoyar a José Luis Abarca fue el de alcanzar un alto número de votos y lograr la recuperación del Ayuntamiento. Tal argumento de entonces coincide con la forma en la que ahora mismo José Luis Abarca analiza el asunto, pues ha dicho en conversación con esta Comisión que él aportó al menos la mitad de la votación del PRD en la elección municipal, “procedente de la sociedad”, lo cual permitió el triunfo de este partido. El análisis cuantitativo de todos los resultados indica otra cosa.

Aquí surge una interrogante: ¿la tesis de que las candidaturas externas de empresarios suman votos al caudal electoral del PRD se aplica sobre la base de una convicción, es decir, de un análisis político puro, o se trata de un argumento para imponer una candidatura a modo de algunos grupos internos del partido? Probablemente la respuesta dependa del lugar y la situación concreta, pero la cuestión es pertinente en la medida en que la fuerte confrontación de los grupos internos del partido por las candidaturas, la cual ha ido de la elección primara (interna o abierta) a las encuestas como medio de resolver las candidaturas, en realidad ni siquiera tiene en los sondeos de opinión un elemento decisivo sino en el cuoteo. En el caso que se analiza, el de Iguala, en la elección de presidente municipal, José Luis Abarca no ganó la encuesta sino los apoyos de los representantes de la mayoría de los grupos representados en la mesa de negociaciones. En concreto: Nueva Izquierda (NI-Coduc) y Alianza Democrática Nacional (ADN-Grupo Guerrero), como grupos locales ligados orgánicamente a otras expresiones, con la inclusión final y a jalones del grupo de Ángel Aguirre, dieron el triunfo a Abarca a pesar de la encuesta que no le favorecía. El otro precandidato fuerte, Díaz Bello, afirma que no pertenecía a ningún grupo pero el hecho era que gozaba del apoyo de la corriente de Ángel Aguirre. Para ADN-Grupo Guerrero, al haberse ubicado su candidato natural en un lugar muy abajo en la encuesta, sencillamente tenía que decidir si apoyaba a Abarca o a Díaz Bello pues carecía de opción propia. Para Aguirre, no era nada despreciable ubicar a Díaz Bello (importante impulsor de su campaña como candidato a gobernador) en la candidatura a diputado local y seguir trabajando con él ya como legislador, pero eso en sí mismo no era un factor decisivo sino la lógica consecuencia explícita de volcar el apoyo hacia Abarca. Este círculo regresa al punto de partida: ¿por qué Sebastián de la Rosa y sus compañeros de Iguala decidieron apoyar a José Luis Abarca al grado de llevarlo a la presidencia municipal con el único argumento de que promovía apoyos de la clase media de Iguala, los cuales eran, se decía, indispensables para reconquistar el Ayuntamiento. ¿Qué motivos tuvo el Grupo Guerrero (ADN), encabezado por David Jiménez Rumbo, para apoyar a Abarca y no a Díaz Bello cuando su candidato natural, Mario Castrejón, ya no estaba en la competencia a la luz de la encuesta realizada? Y, finalmente, ¿por qué se prefirió a un candidato externo cuando en la historia del PRD en Iguala no se había presentado ese esquema? Cualesquiera que fueran las posibles respuestas a estas interrogantes o dudas respecto a la sucesión de decisiones que llevaron a José Luis Abarca a la Presidencia Municipal de Iguala, quedaría abierta la más inquietante de todas, la cual consiste en una posible intervención del grupo delincuencial denominado Guerreros Unidos como factor en la candidatura de Abarca. No existen elementos concluyentes al respecto y todo parece indicar que el terreno en el que podría dilucidarse el asunto sólo podría ser el de una investigación seria y profunda de parte del Ministerio Público, la cual no existe hasta ahora a juzgar por las declaraciones públicas que hizo el anterior procurador federal y las referencias sobre el contenido de la averiguación que han sido dadas a conocer a los medios de comunicación o filtradas a estos mismos por parte de la PGR.

 

El desempeño del Ayuntamiento y los sucesos políticos

El PRD en el Ayuntamiento no actuaba como partido. Sólo algunos de los perredistas se reunían de vez en cuando como fracción de partido: Valentín Amador, Soledad Mastache, Andrés Guzmán y Mario Castrejón síndico procurador. Esa fracción perredista, como tal, no tenía reuniones con el presidente municipal a pesar del ingreso de éste al Partido de la Revolución Democrática. Así, el alcalde trataba los asuntos del cabildo sólo en el pleno, las reuniones de comisiones y las conversaciones con algunos regidores de acuerdo con los temas institucionales.

De los testimonios rendidos ante esta Comisión de parte de la mayoría de integrantes perredistas del Ayuntamiento, se desprende que, a pesar de algunos desacuerdos, las relaciones con José Luis Abarca eran cordiales y respetuosas. Así también, el cabildo funcionaba con regularidad y en condiciones de normalidad institucional. Según Abarca, él tenía una mejor relación con los regidores priistas que con los perredistas. La regidora que con frecuencia presentaba críticas generales y concretas era Sofía Mendoza, perredista ligada a Izquierda Democrática Nacional (IDN) y titular de la Regiduría de Desarrollo Rural, esposa de Arturo Hernández Cardona, quien fuera asesinado el 30 de mayo de 2013. Incluso, la regidora Mendoza presentó formalmente al Congreso una solicitud de revocación de mandato de José Luis Abarca, la cual fue desechada.

Uno de los primeros problemas que se presentaron en el Ayuntamiento consistió en la suspensión de los sobresueldos implantados por la anterior administración debido a dos cosas: no había dinero suficiente y era necesario eliminarlos ya que eran la mayor parte del sueldo de unos 100 empleados de confianza que eran aviadores, los cuales fueron liquidados. El personal de base fue afectado con esa medida y hubo protestas entre los regidores ante la política de austeridad. Al final, una vez iniciado el nuevo año los sobresueldos fueron pagados retroactivamente al personal de base. Con esta medida se contribuyó a terminar el año en condiciones menos desfavorables para una hacienda pública llena de deudas y de compromisos injustificados de pago. Esta decisión generó confianza en la capacidad administrativa de Abarca para hacer frente a una situación difícil.

Otro incidente consistió en la no suscripción de un convenio con Diario 21, perteneciente a Jorge Albarrán, que pretendía seguir cobrando al Ayuntamiento 250 mil pesos al mes por servicios periodísticos, aunque le expresó al regidor de Hacienda que estaba dispuesto a aceptar tan sólo 150 mil pesos mensuales. Esta conducta implicó una pauta nueva en la relación del presidente municipal de Iguala con una parte influyente de la prensa local y un considerable ahorro al municipio, aunque el mismo Abarca reconoce que le entregaba 20 mil pesos al mes a TVcable.

El 8 de marzo de 2013 fue asesinado Justino Carbajal Salgado, síndico administrador del Ayuntamiento de Iguala, sin que se hubieran llevado a cabo investigaciones exitosas por parte del Ministerio Público de Guerrero. Unos días antes de su muerte, Carbajal había sufrido un intento de secuestro casi al llegar al palacio municipal. Este asesinato no fue considerado como un crimen político sino que el presidente municipal y el cabildo como tal se abstuvieron de dar una versión del posible móvil, de tal manera que el tan grave acontecimiento se sumió en las brumas del rumor y, en opinión de algunos políticos locales, del miedo. Sin embargo, es necesario precisar que poco antes de este crimen se había producido una fuerte contradicción entre Carbajal Salgado (síndico) y Arturo Hernández Cardona respecto a las demandas de Unidad Popular, liderada por este último, presentadas ante el Ayuntamiento, que contaban con una opinión negativa por parte de Carbajal. El hecho más recordable de este enfrentamiento, por parte de los presentes, fue que Carbajal acusó a Hernández Cardona de “vividor” y que éste tildó a aquél de “secuestrador”. Carbajal pidió al final una disculpa pero Hernández Cardona sostuvo su dicho, lo cual consta en una grabación realizada en el Ayuntamiento ya que los hechos ocurrieron en el salón de cabildos. Cuando se produjo el asesinato de Carvajal, algunos consideraron que Hernández Cardona podría haber sido el causante, pero sin presentar alguna prueba o indicio fuerte.

Otro de los mayores problemas fue el suscitado con el grupo encabezado por Arturo Hernández Cardona, “Unidad Popular”, el cual pretendía un apoyo para obras públicas de la zonas donde opera por la cantidad de 10 millones y un subsidio en fertilizante desde el gobierno del Estado, adicional al entregado por parte del Ayuntamiento según un padrón de beneficiarios. La cantidad autorizada finalmente para obra pública al grupo de Unidad Popular fue de 6.5 millones, lo cual, a decir de Abarca, satisfizo las aspiraciones de esa agrupación, pero el gobierno del Estado sólo autorizó 400 toneladas de fertilizantes adicionales en lugar de 500 que era la petición. La situación se hizo crítica cuando el mencionado Arturo Hernández Cardona, miembro del PRD, fue asesinado el 30 de mayo de 2013, junto con dos de sus compañeros de la organización social Unidad Popular pero que no eran miembros del PRD, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Banderas. El Ministerio Público de Guerrero examinó a unos cien posibles testigos pero nunca completó la investigación de tal suerte que no hubo inculpados. Existen denuncias públicas que señalan a José Luis Abarca como el responsable, ya fuera material o intelectual, de los tres asesinatos. La Red Solidaria Década Contra la Impunidad afirmó en conferencia de prensa que existe una declaración firmada de Nicolás Mendoza Villa, quien dijo haber sido sujeto de privación de su libertad junto a los tres dirigentes sociales asesinados, en la cual se acusa a José Luis Abarca de ser el autor material del homicidio de Hernández Cardona luego de haber ordenado que se torturara a los tres victimados. Al respecto, María Soledad Hernández Mena, hija del desaparecido Hernández Cardona, quien compareció por escrito y en persona ante esta Comisión a través del presidente de la misma, sostiene que de haberse admitido la remoción de Abarca y abierto una investigación exhaustiva de los hechos denunciados, “hubiera sido suficiente para evitar la masacre de Iguala del 26 de septiembre de 2014”. Según ella, Bernardo Ortega, líder del Congreso del Estado, defendió a José Luis Abarca debido a la pertenencia de ambos al mismo grupo político local y nacional. Es preciso informar, sobre este punto, que la comisión instructora del Congreso de Guerrero, encargada de hacer las investigaciones y presentar las imputaciones ante la cámara, comprendía el espectro político del Estado: estaba presidida por Flores Majul (priista), Bernardo Ortega y Luisa Ayala (perredistas), Emilio Ortega del Movimiento Ciudadano y Arturo Álvarez Angil del Partido Verde. Por otro lado, a pesar de las solicitudes formales e informales y de que, a propuesta de Dolores Padierna, la Comisión Permanente del Congreso federal se pronunció por la atracción del caso, la Procuraduría General de la República no aceptó hacerse cargo del triple homicidio sin que para tal actitud brindara explicaciones.

Al respecto de esos cuatro asesinatos, la Fiscalía General de Guerrero (Ministerio Público de la entidad) obtuvo el 21 de octubre de 2014 (un año y medio después de los homicidios y casi un mes después de la tragedia de Iguala) una orden de aprehensión contra José Luis Abarca, alcalde, y Felipe Flores, secretario de seguridad pública, ambos del municipio de Iguala, por el homicidio de Justino Carbajal y por los homicidios de Arturo Hernández Cardona y sus dos compañeros, obsequiada por Filomeno Vázquez Espinosa, juez segundo con sede en Iguala, a petición de la Fiscalía del Estado. El mismo juez comunicó la formal prisión el 13 de noviembre de 2014 contra José Luis Abarca, con lo cual el ex alcalde de Iguala se encuentra sujeto a un proceso por cuatro homicidios en el estado de Guerrero.

Entre los dirigentes políticos perredistas de Iguala existen varias opiniones sobre la situación general existente en el municipio durante la gestión de Abarca. Por una parte, algunos sostienen que, a pesar de algunos hechos violentos, las condiciones podrían considerarse como normales y que no existía un ambiente de especial inseguridad o zozobra. Por su lado, otros consideran que el clima era de violencia y amenazas dentro de un silencio entendible por el miedo a provocar represalias provenientes de Abarca, María de los Ángeles Pineda y el grupo delincuencial al que habían pertenecido los hermanos de esta última. Otros más opinan que la situación se podía considerar como normal pero que dentro de tal normalidad existía miedo; Mario Castrejón, síndico procurador de justicia del Ayuntamiento, confió a esta Comisión que desde el principio había tomado la decisión de limitarse a cuestiones administrativas, tales como asuntos de seguridad social y otras prestaciones, motivado por miedo a tocar asuntos relacionados con el funcionamiento del cuerpo policial. A pesar de tan diferentes apreciaciones y quizá por ello mismo, el tema no se ha debatido públicamente en ningún medio, asamblea o reunión dentro o fuera del PRD en el municipio o en el Estado. Este hecho es especialmente perturbador, pues niega de plano parte del objeto para el cual se organiza y actúa un partido político de izquierda: el análisis de la situación social y política, y las propuestas de solución de los problemas que afectan al pueblo.

Es relevante para el propósito del presente informe destacar que el nombramiento de Felipe Flores como secretario de seguridad pública del municipio de Iguala, cargo que había tenido anteriormente bajo la primera presidencia municipal de Lázaro Mazón (1996-99), no trajo como consecuencia cambios en los mandos operativos de la policía ni tampoco en la tropa. Felipe Flores, quien se encuentra prófugo, había regresado a ese puesto desde un empleo en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, pero ni el síndico procurador ni el resto de los regidores y funcionarios del Ayuntamiento que fueron entrevistados por esta comisión expresaron alguna hipótesis o versión suelta de los motivos o los conductos por los cuáles Flores fue designado. José Luis Abarca, por su lado, explica que él y Felipe Flores eran amigos de la infancia y habían sido vecinos, por lo cual se conocían bien y que, por tal motivo, lo invitó a ser Secretario de Seguridad Pública, para lo que tuvo que pedir permiso a las autoridades de Chilpancingo, pues Flores estaba adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública estatal donde se desempeñaba como comandante. Lázaro Mazón afirma que el nombramiento de Flores en su primera presidencia se debió a una propuesta del coronel del Ejército que estaba al mando de las fuerzas militares de Iguala (Flores fue militar antes de policía). Mazón no explica porqué no volvió a incorporar a Flores en su segunda presidencia ni admite que lo hubiera recomendado con Abarca.

La arbitrariedad de la policía de Iguala es considerada por parte de la mayoría de políticos que fueron entrevistados por esta comisión como algo dentro de la normalidad en Guerrero y en México. En cuanto a quien fuera secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, actualmente prófugo, no se le considera una persona especialmente arbitraria o autoritaria. Algunos relatan que en general tenía buen trato. En cuanto a su denunciado nexo con el grupo delincuencial Guerreros Unidos, el silencio es total. Hay que agregar la información de que Elías Flores Velázquez, contralor del Ayuntamiento bajo Abarca, es hermano de Felipe Flores Velázquez.

Algo semejante ha ocurrido en Iguala en relación con los hermanos Pineda Villa, dos de los cuales (Mario y Alberto) fueron asesinados en diferentes eventos (aunque Abarca habla de un tercer hermano también asesinado) presuntamente a manos de integrantes de su propio grupo delincuencial (Beltrán Leyva) en el estado de Morelos en septiembre de 2009, mientras que otro de ellos (Salomón) había sido aprehendido y encarcelado desde el 27 de julio de ese mismo año de 2009. Este último recobró su libertad el 6 de abril de 2013, casi un año después de realizadas las elecciones municipales de Iguala. Como ya se ha mencionado, Jesús Zambrano, en su calidad de presidente nacional del PRD, hizo una consulta verbal con el secretario de Gobernación, el cual, a decir del propio Zambrano, le mencionó la pertenencia de los hermanos de María de los Ángeles Pineda a un grupo de delincuentes y el encarcelamiento de uno de ellos, todo lo cual era público y precisamente el motivo de la consulta. Según Abarca, en entrevista con esta Comisión, la última vez que tuvo algún contacto con la familia de su esposa fue cuando nació su última hija, hace 18 años.

Era comprensible que María de los Ángeles Pineda y su esposo José Luis Abarca fueran vistos por algunos con desconfianza debido a sus nexos familiares con miembros de un grupo de la delincuencia organizada pero no se contaba con información sobre vínculos delictivos, la cual debía proceder del gobierno federal quien lleva el registro de los grupos delincuenciales, sus integrantes, sus relaciones, pues tiene a su cargo la persecución de los mismos. La tragedia de Iguala pone de manifiesto la ingente necesidad de disponer de elementos informativos confiables en especial en los lugares donde operan los principales carteles y bandas de delincuentes. A partir de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, se han producido muchos reportes en la prensa relacionados con el grupo denominado Guerreros Unidos –al parecer procedente de los Beltrán Leyva–, la producción de goma y de heroína derivada de aquélla, así como su envío a la ciudad de Chicago, pero no existe un reporte de carácter oficial. Según lo publicado al respecto, algunos de los envíos se hacen en autobús desde Iguala, lo cual, se afirma, se conoce desde hace algunos años sin que las autoridades hubieran puesto en alerta a los dirigentes de los partidos con mayor influencia en el municipio. Tal parece que esa actitud de omisión o de ignorancia de parte de las autoridades federales es generalizada. No existe, en síntesis, un sistema de alerta política sobre el fenómeno de infiltración y captura del Estado por parte de la delincuencia organizada.

Durante el mandato de Abarca como presidente municipal de Iguala, su esposa, María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF municipal, realizaba actividades políticas que podrían vincularse a un propósito de obtener la candidatura del PRD para encabezar el ayuntamiento en el año 2015. Así, Pineda alcanzó un asiento en el Consejo Estatal del PRD a través de la planilla NI-Coduc, Poder Campesino y Popular, encabezada en Guerrero por el diputado federal Sebastián de la Rosa, a la cual Abarca contribuyó de manera voluntaria con 200 mil pesos, según dijo éste a la Comisión Especial. Asimismo, Pineda acuñó las frases propagandísticas: “Más cerca de ti” y “Por Iguala 2015”. Este último slogan dejaba poca duda sobre su pretensión política. Aunque Abarca niega un plan para que Pineda le sucediera en el cargo, no explica el motivo por el cual él aparecía con ella en casi toda la propaganda oficial del Ayuntamiento, pero no en tanto presidenta del DIF sino sencillamente como su compañera. Aunque este proyecto político, de haber existido realmente, no parecía tan sencillo de alcanzar y algunos dirigentes locales lo consideraban imposible, pudo haber expresado la búsqueda de una especie de caciquismo político a partir de la llegada a la presidencia municipal de Iguala de una persona ajena a la política militante y postulada por un partido con el cual jamás había tenido algún nexo.

 

Líneas de acción del Ayuntamiento

Los dos proyectos principales de José Luis Abarca en su desempeño como presidente municipal fueron arreglar el centro de la ciudad y saldar la deuda de casi 98 millones de pesos dejada por el anterior Ayuntamiento. Ambas cosas se llevaron a cabo en parte con recursos federales. Un segmento de los 67 millones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Ramo XXIII), destinada a construir infraestructura donde ésta no existe, se invirtieron en la mayor obra de rehabilitación del Centro de Iguala. Esto ha sido observado por la Auditoría Superior de la Federación en los resultados del análisis de la cuenta pública de 2014. Asimismo, el gobierno federal condonó más de 4 millones por concepto de impuestos federales retenidos por el Ayuntamiento anterior pero no enterados a la Tesorería de la Federación.

En el momento del cambio del gobierno municipal de Iguala, la situación del Ayuntamiento se encontraba muy comprometida, al grado de que no había recursos para pagar los aguinaldos de fin de año, para lo cual se recurrió a un préstamo por 16 millones de pesos aportado por el gobierno del Estado. Además, fue necesario pagar 6 millones de pesos por concepto de finiquitos de personal que fue retirado del servicio y había sido contratado por el Ayuntamiento anterior.

Iguala es un municipio que dispone en total de 367 millones de pesos anuales, de los cuales 132 millones son usados en el pago de nóminas, por lo que la capacidad de realizar obras importantes suele ser muy limitada. Bajo Abarca se realizaron obras en la periferia de la ciudad pero las de mayor importancia fueron hechas en el centro, con lo cual se dio una muy especial orientación del gasto municipal hacia los intereses del comercio, lo cual era una de las motivaciones políticas principales desde el momento en que Abarca se presentó como precandidato dentro del PRD.

 

La Seguridad Pública

La política de seguridad pública no fue bajo Abarca diferente a la de sus antecesores. La policía municipal de Iguala tenía 285 efectivos, los cuales fueron evaluados positivamente por parte del gobierno del Estado. Más de la mitad de este personal (155) tomó un curso táctico para policías municipales impartido en el 40º. Batallón de Infantería ubicado en Ciudad Altamirano. Otros 20 efectivos policiales tomaron un curso táctico en el Centro de Adiestramiento Policial. Además, Iguala contaba con 92 agentes de tránsito, de los cuales 81 eran operativos.

En el segundo informe de gobierno de José Luis Abarca, el cual fue publicado pero ya no se presentó el 27 de septiembre de 2014, éste señalaba: “Los elementos de seguridad no son bien vistos por lo que esta administración se ha dado a la tarea de que los policías tengan un desarrollo integral, el que sólo se alcanza por medio de la carrera policial; una carrera que comprende esquemas de profesionalización, certificación de estudios, régimen disciplinario; todo eso con el fin de lograr el acrecentamiento institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los policías”. Como se observa, los valores de honradez, servicio a la comunidad y respeto a los derechos humanos no se encontraban en la profesionalización policial expuesta por Abarca al frente del Ayuntamiento de Iguala.

En las declaraciones que rindieron unos 20 policías ante el Ministerio Público de Guerrero el 27 de septiembre de 2012, ninguno pudo responder a preguntas sobre su conocimiento de la normatividad interna de la Secretaría de Seguridad Pública y el ordenamiento donde se encuentran las obligaciones del personal de policía, así como de los protocolos para llevar a cabo la detención de una persona, responder a la resistencia al arresto, usar la fuerza y las armas, pero afirmaron que habían acudido a Chilpancingo a tomar cursos y a presentar exámenes de control y confianza. Todos ellos eran agentes de policía con varios años de experiencia. Bajo Abarca no se modificó la plantilla de personal policíaco con excepción del secretario de Seguridad Pública.

 

Iguala: 26-27 de septiembre de 2014

Los efectivos policiales que fueron conducidos ante el Ministerio Público la madrugada del 27 de septiembre del 2014 y que rindieron declaración coincidieron en que no habían disparado contra los estudiantes ni contra los vehículos en los que éstos viajaban y sólo dos de ellos admitieron haber disparado al aire. Varios dijeron que no habían estado en los lugares de los hechos. Nadie admitió haber estado en la agresión contra el autobús del equipo de futbol. En síntesis, las declaraciones de los agentes de la policía daban la impresión de que habían tenido poca importancia los acontecimientos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2015, ya que nadie sabía de muertos ni de desaparecidos.

El anterior es un elemento típico de un cuerpo policial que, después de haber cometido fechorías y actos criminales, se pone de acuerdo en negar prácticamente todo lo ocurrido y, con tal actitud, buscar la impunidad. Sin embargo, el punto más destacado es la detención de 43 estudiantes de Ayotzinapa y su desaparición.

Para los fines del presente informe, adquiere especial importancia la presunta relación entre personal político del Ayuntamiento, en especial el presidente municipal, jefes policiales del municipio de Iguala, así como políticos y policías de Cocula y, eventualmente, personal de la policía del Estado destacamentada en Iguala, policías federales y efectivos militares, con el grupo delincuencial Guerreros Unidos. Como ya se ha comentado líneas arriba de este mismo informe, el Ministerio Público de la Federación no ha asumido la tarea de esclarecer estos puntos tan importantes para todo análisis político de la situación que llevó a los hechos del 26-27 de septiembre y de éstos en sí mismos. La “verdad histórica” presentada por el entonces procurador Murillo Káram pretendía tan sólo probar que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados en la madrugada del 27 de septiembre a manos de delincuentes miembros de Guerreros Unidos; éstos habían recibido a los jóvenes de quienes presuntamente los detuvieron, los policías de Iguala, y también de personal policial de Cocula a quienes la policía de Iguala les habían entregado “entre 10 y 15 estudiantes”. Fuera de esta situación que sin duda es un elemento importantísimo de toda investigación sobre la tragedia de Iguala, Murillo Káram no intentó sacar conclusiones sobre los motivos de los actos criminales ni sobre la relación entre las personas que intervinieron directa o indirectamente en los hechos. El caso, al parecer, está cerrado en cuanto a investigaciones propiamente dichas y todo lleva a dejar en la oscuridad la relación de hechos y de personas involucradas en los mismos. Existen policías de Cocula sometidos a procesos penales pero el presidente municipal, jefe de éstos, se encuentra desempeñando su cargo sin que su partido, el PRI, haya hecho siquiera alguna declaración al respecto.

En declaraciones oficiales se dijo que José Luis Abarca había ordenado que detuvieran a los estudiantes de Ayotzinapa cuando se estaba llevando a cabo el acto de informe de actividades de la presidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda, en la Explanada de Iguala, pero el ordenamiento cronológico de los hechos podría complicar el sentido de tales afirmaciones. El informe terminó cerca de las 21 horas e inmediatamente se retiraron Abarca y Pineda. La toma de autobuses se produjo aproximadamente a las 21:10. Los primeros disparos se escucharon de lejos en la Explanada cerca de las 22 horas y causaron el desalojo ordenado de los que aún permanecían en un baile en ese mismo lugar. Así que la detención de los estudiantes de Ayotzinapa difícilmente podría haber tenido como propósito impedir la interrupción de un acto que ya había terminado. Resulta inverosímil que la policía, la cual supuestamente trataba de que los estudiantes no afectaran el acto de la Explanada, fuera precisamente la que con sus disparos provocara el abandono de quienes todavía permanecían en el lugar. Por otro lado, Abarca mintió al declarar que cuando ocurrieron los hechos violentos él estaba bailando pues en ese momento ya no se encontraba en la Explanada, el acto político había terminado.

Oswaldo Arturo Vázquez Castillo, policía tercero, patrulla 017, escolta de Abarca, afirma que éste y Pineda se retiraron a las 20:45 de la Explanada donde se realizó el informe de la presidenta del DIF municipal y se trasladaron a la colonia Río Balsas, “donde ambos y sus hijos fueron a cenar” a una taquería. A las 22:20 se trasladaron a su casa. Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública, declara por su parte que Abarca le llamó varias veces para que aquél le informara lo que estaba ocurriendo. La hora aproximada de retiro de Abarca de la Explanada ha sido confirmada por todas las personas entrevistadas por esta Comisión que en ese momento aún se encontraban presentes en ese lugar. Esas mismas personas y varios de quienes comparecieron ante el Ministerio Público de Guerrero coinciden en que los disparos que se escucharon en la Explanada dieron lugar a que la gente que ahí se encontraba desalojara el sitio. Al mismo tiempo, todas las declaraciones coinciden en que precisamente esos disparos provinieron de agentes de la policía municipal y que los estudiantes no portaban armas.

Fausto Bruno Heredia, supervisor, policía primero con patrulla 020 (chofer: Esteban Ocampo Landa y escolta: José Vicencio Gómez), declaró que a las 21:10 horas se reportó la toma de autobuses. Que los estudiantes fueron interceptados por varias patrullas y que aquéllos les lanzaron piedras a los policías: “decidí dejar que siguieran su camino ya que estaban muy agresivos…”. “Luego me enteré por radio que había problemas en el periférico Norte”. “Nunca estuve cerca de las personas que se llevaron los autobuses, por temor a ser agredido en mi integridad física o en mi patrulla… no me percaté si alguno de mis compañeros policías preventivos realizó algún disparo y yo por mi parte nunca disparé”. De esta manera, ante el Ministerio Público, el principal jefe operativo de policía al momento de los hechos niega haber siquiera escuchado detonaciones a pesar de que varios cientos de personas que se encontraban más lejos que él del lugar de los disparos sí los oyeron y niega también haber estado al menos cerca de los sitios donde ocurrieron los otros hechos de violencia.

Raúl Cisneros García, comandante del sector centro (patrulla 023) afirma que “…dos individuos me sujetaron por el cuello por atrás de mi espalda y en ese momento forcejee tratando de quitármelos y en ese momento el supervisor Tenascalco realizó unos disparos al parecer con su arma corta sin poder precisar cuántos, y en ese acto corté cartucho con mi arma larga y realicé dos disparos al aire, por lo que en ese momento los sujetos me soltaron y corrieron hacia el interior de otro autobús del cual pude darme cuenta que los dos autobuses empezaron a circular a gran velocidad en dirección al centro, sobre esa misa calle Galeana…”.

Miguel Ángel Hernández Morales afirma que el radioperador Natividad Elías Moreno transmitió la orden para detener a los autobuses en la calle Álvarez esquina Zapata. Al atravesar la patrulla, los estudiantes se bajaron de los autobuses y les lanzaron piedras. Hernández afirma que decidió hacer un disparo al aire y posteriormente huyó del lugar. Los autobuses de los estudiantes se fueron por la calle Álvarez rumbo al llamado Periférico Norte que en realidad es la carretera 51.

El secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, dijo no haberse enterado de los disparos contra los estudiantes ni haber tenido noticias de las balaceras más que a través de preguntas de que le hacía por vía telefónica el presidente municipal, José Luis Abarca, quien presumiblemente recibía por su lado informaciones procedentes de personal no policial. El director de seguridad pública afirmó que no había dado ninguna orden para perseguir a los normalistas y que su conocimiento se había limitado a la toma de autobuses, el lanzamiento de piedras por parte de los estudiantes y algunos otros acontecimientos no confirmados. Sin embargo, el subdirector de Tránsito, Uzziel Peralta Rodríguez, quien también compareció ante el Ministerio Público de Guerrero, declaró que el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez “instruía que los detuvieran (a los estudiantes) a como diera lugar”. Por su lado, en sus dos comparecencias ante el Ministerio Público de Guerrero, Felipe Flores Velázquez negó haber tenido conocimiento de heridos y muertos e, incluso, de disparos y afirmó en su segunda comparecencia del 28 de septiembre que carecía de parte informativo policial y que no había podido conversar con los jefes operativos de la policía porque éstos estaban detenidos aunque todos ellos declararon que Flores les había ordenado precisamente que se presentaran primero en las oficinas de la policía estatal y después en el cuartel de la policía municipal donde fueron detenidos por el Ministerio Público. No obstante estas contradicciones y el hecho de que existía responsabilidad personal del secretario sobre la acción de la policía, el Ministerio Público inexplicablemente no lo retuvo sino que le permitió seguir en libertad, volver a su oficina y darse a la fuga frente a los ojos de los agentes estatales de seguridad. Felipe Flores Velázquez es un profesional de la carrera policial con 30 años de servicio en Guerrero.

La policía –secretario, jefes, supervisores y tropa– se negó a explicar el origen y motivo de los disparos que se escucharon en el centro de la ciudad y de la posterior violencia emprendida contra los estudiantes cerca de la carretera donde se produjeron los muertos y los heridos, así como se realizaron las detenciones de al menos una parte de los 43 normalistas desaparecidos.

El Ministerio Público de Guerrero no tomó declaración de José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala aunque no se lo impedía la inmunidad procesal penal inherente al cargo. Frente a esta Comisión Especial, en el penal del Altiplano, Abarca afirmó que la primera noticia que tuvo de que había disparos fue por una llamada telefónica del secretario general de Gobierno de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, luego de lo cual él se comunicó con Felipe Flores, secretario de seguridad pública municipal, para pedirle informes, el cual –según su propio dicho—no le informó de nada. Hay que recordar que el gobierno de Aguirre declaró que no había sido posible comunicarse con Abarca y por ende ordenar la intervención de los efectivos del gobierno del Estado, hasta las dos de la madrugada del día siguiente, es decir, del 27 de septiembre. Abarca niega haber dado órdenes a la policía y niega también haber tenido indicativo alguno incluyendo el de A-5 mediante el cual, según Murillo Káram, dio la orden de detener a los normalistas. Abarca afirma que a las 23:30 le pidió a Flores que llamara al Ejército y lo mismo le pidió al secretario de Gobierno del Estado. Dice también que intentó llamar a la Policía Federal sin ningún éxito. En síntesis, Abarca, según afirmó ante esta Comisión, permaneció en su casa sin dar órdenes a la policía y con la idea de que él no podía hacer nada frente a lo que estaba ocurriendo pues no era quien contaba con las armas para ello. Esta Comisión le repuso a Abarca que los disparos provinieron siempre de efectivos de la policía municipal que estaban, según la ley, bajo su mando, lo mismo que las detenciones de los estudiantes, pero al respecto no dio respuesta alguna. Al hacer Abarca esas afirmaciones y al no responder a interrogantes pertinentes parece que busca defenderse, que pretende comprobar no haber tenido nada que ver con los trágicos acontecimientos, sin embargo, se inculpa. Como supuesto integrante de la banda de delincuentes de Iguala tendría responsabilidad pero también la tendría como autoridad que permite cometer delitos a policías bajo su mando y a civiles sin dar órdenes ni intervenir de alguna otra forma o sólo pidiendo a algún funcionario que llame a los militares.

El problema es mayúsculo en tanto que la Procuraduría General de la República no ha acusado a José Luis Abarca por la detención ilegal y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, con lo cual en el proceso penal 100/2014 que se sigue en su contra en un juzgado federal de Matamoros no se encuentra el caso de los estudiantes muertos, heridos y desaparecidos sino sólo el tema de la organización Guerreros Unidos y el de sus posibles recursos económicos. Murillo Káram insistió varias veces en que Abarca dio las órdenes de detención pero no le inculpa por tal acto sino sólo por hechos distintos que de ser ciertos no ocurrieron el 26-27 de septiembre de 2014. Si la PGR no tiene pruebas de la supuesta orden impartida por Abarca, por lo visto tampoco tiene interés en vincular la gestión política con omisiones encaminadas a la consumación de delitos graves. En otras palabras, la PGR no acusa a Abarca por haber dado órdenes ni por no haberlas dado siendo el jefe de la policía según el artículo 115 de la Constitución del país. La coincidencia entre las declaraciones de Felipe Flores, ante el Ministerio Público, y de Abarca, ante esta Comisión Especial, podrían llevar a la hipótesis de que cualesquiera que hubieran sido los nexos entre ellos y los Guerreros Unidos o aun cuando no hubiera existido relación alguna de ambos con el grupo delincuencial, lo que se puede observar a partir de sus propios dichos es que los dos dejaron actuar a la policía y de esa forma también a la banda de delincuentes. Esclarecer el motivo exacto y las circunstancias precisas de todo esto debió haber sido un trabajo de la PGR aunque también, por cierto, de la Fiscalía de Guerrero.

Es también preocupante que la aprehensión de Abarca y Pineda se hubiera hecho sin orden judicial y simulando después una detención en flagrancia bajo el posible delito de cohecho que debió consistir en ofrecer dinero a unos policías preventivos que supuestamente les habían detenido en la calle sin que hubiera causa de esa primera detención.

Veamos ahora la versión de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes declararon ante el Ministerio Público de Guerrero el día 27 de septiembre. Francisco Trinidad Chalma López afirmó que dos autobuses Estrella de Oro, provenientes de Tixtla con estudiantes abordo, llegaron a la terminal de Iguala y los jóvenes tomaron tres autobuses. Una de las unidades salió por el lado derecho mientras las otras siguieron por la calle principal, el último de la caravana era uno de los dos autobuses Estrella de Oro en el cual habían llegado los normalistas originalmente. Después de un encuentro con la policía, los autobuses continuaron su marcha y fueron balaceados por los agentes policiacos. Al llegar al Zócalo, los estudiantes bajaron de los autobuses y les hicieron frente a los policías con piedras. El avance de los autobuses continuó durante cinco minutos. El tercer autobús fue rodeado por los policías, ante lo cual los estudiantes que viajaban en los dos primeros bajaron y les hicieron frente. Chalma López afirma que se puso “detrás de un policía municipal el cual ya había cortado cartucho y estaba apuntando su arma para disparar contra los compañeros en lo cual llegaron más compañeros y sus compañeros (del policía) que vieron que estábamos atrás de él nos encañonaron a mí y a mis compañeros hacia nuestras personas, lo cual para detener la acción de los policías tuve un pequeño jaloneo… lo tomé por la espalda y le empecé a jalar el rifle… eran tres policías… con el que estaba yo forcejeando disparó contra mis compañeros como a una distancia de un metro, pero cuando levantó el arma para disparar hacia ellos, mis compañeros ya se habían abierto y los otros dos policías, cuando vieron que su compañero empezó a disparar, también ellos dispararon contra mis compañeros a una distancia de unos siete o diez metros porque ya se habían alejado. Nos subimos nuevamente a los autobuses y seguimos avanzando como otros diez minutos hacia la avenida donde está la mini bodega Aurrerá, cerca del Batallón y en el transcurso del camino los policías iban disparando contra el autobús y le poncharon las llantas, le dieron a los cristales y para ese momento ya eran como diez patrullas y todas decían Policía Municipal, todas eran camionetas… seguimos avanzando con las llantas ponchadas y ya casi al llegar a lo que era la carretera atravesaron una patrulla y se bajaron y se pusieron del otro lado, aproximadamente como a veinte metros y empezaron a apuntar sus armas, al ver eso intentamos bajarnos de los autobuses e intentamos mover la patrulla y yo me subí al volante de la patrulla, tenía la llave, intenté ponerla en marcha, y al ver que no podíamos intentamos empujarla y ya en ese momento nos estaban disparando, a lo cual al intentar hacerla atrás llega un compañero mío y me saca de la patrulla y me hace señas que viera a un compañero que había caído y yo pensé que había sido por la movida de la camioneta y al verlo vi que era por un impacto de bala ya que por el orificio le brotaba un chorro de sangre de la cabeza y lo que hice fue acercarme y tratar de taparle el orificio y los policías seguían accionando sus armas para que nos quitáramos de ahí y nos resguardamos de los impactos de bala en el primer y segundo autobús, por lo menos dos horas… en el transcurso de esas dos horas cada vez que nos asomábamos nos disparaban… y los cuerpos policíacos nos decían que nos retiráramos y volvieron a accionar sus armas… decidimos retroceder para no arriesgar más vidas… los del tercer autobús estaban siendo bajados por los municipales … eran como 17 o 18 y los policías eran como 60 o más y al parecer había compañeros heridos porque los tuvieron un rato en el suelo y a nosotros nos querían persuadir para que nos entregáramos y a ellos se los llevaron por rumbo desconocido y estuvimos una hora más en ese lugar y éramos como 25 los que nos quedamos y al poco rato empezaron a llegar más cuerpos policíacos, como otras seis patrullas, de las cuales una se veía como seminueva y traía la leyenda de Policía Municipal de la cual se bajaron seis policías bien equipados porque traían un aditamento para ametralladora en la que había un elemento posicionado encañonándonos y no nos asomábamos mucho porque cada vez que lo hacíamos accionaban sus armas contra nosotros… pasó como otra media hora para que la ambulancia se llevara a nuestro compañero que estaba herido de bala, después de ello estaban los policías en una esquina apuntándonos con sus armas, como a una distancia de diez metros aproximadamente, y se burlaban de nosotros ya que nos hacían señas que nos acercáramos hacia ellos y nos seguían apuntando… pasó como una hora para que se empezaran a retirar los policías y empezaron a llegar compañeros del centro regional de educación normal (Cren) de Iguala y compañeros de la normal de Ayotzinapa en una urban y en carros particulares…, al poco rato empezaron a llegar los medios informativos de prensa escrita y radio… empezaron a llegar maestros… una hora y 45 minutos después se escucharon otras ráfagas, empezamos a correr y nos dimos cuenta de que un compañero estaba herido de bala en la boca por lo que lo auxiliamos y lo llevamos a un laboratorio que estaba en la misma calle principal y estuvimos en ese lugar como media hora ya que no tenían médico… llegaron dos unidades militares y al bajar de sus camionetas, escuchamos que cerrojaron sus armas y pidieron que abriéramos la puerta, fue lo que hicimos y el que iba a cargo de esas unidades preguntó quiénes éramos, preguntando si éramos los ayotzinapos… pedimos ayuda para nuestro compañero que se estaba desangrando y lo que nos dijo fue que tuviéramos huevos para enfrentarlo como así hacíamos nuestro desmadre, cateó toda la clínica…, le volvimos a pedir apoyo con una ambulancia para trasladar a nuestro compañero y nos contestaron que ellos iban a mandar a los municipales para que vinieran por nosotros, que ellos se iban porque estaban dos cuerpos en la carretera… que esperáramos ahí y que iban a mandar una ambulancia… dejamos al compañero herido de bala y a otro compañero para que lo acompañara en el laboratorio y el resto nos salimos de ahí y caminamos con rumbo desconocido… éramos como 25 y llegamos a una casa donde nos dieron asilo para pasar la noche… eran aproximadamente las dos de la mañana del 27 de septiembre.”

“ …circulábamos tres autobuses en fila y yo iba en el segundo, –declaró el estudiante Luis Gabino Martínez Vargas–, de pronto se empezaron a escuchar varias detonaciones de armas de fuego ya que le tiraban al último autobús y como tratábamos de que no fuéramos a ser lesionados, el que manejaba el autobús le pitaba a los carros que iban adelante para que pudiéramos avanzar… me bajé del autobús para tratar de apoyar a los que venían en el último autobús y, al bajarme, vi que los policías municipales hacían disparos con sus armas hacia arriba y como a 20 metros de distancia vi que un compañero forcejeaba con un policía ya que el policía lo apuntaba con el arma y fue que se escucharon como siete disparos hacia el suelo. Al ver esto, lo que hice fue subirme al autobús donde venía y los tres autobuses siguieron su marcha y en el trayecto nos seguían haciendo disparos. Cuando llegamos al entronque para agarrar el boulevard para la salida, una patrulla de la policía municipal se le atravesó al primer autobús y los compañeros se bajaron así como también hicimos lo propio los del segundo y tercer autobús, para mover la patrulla y seguir nuestro camino y, cuando hacíamos movimientos para quitar la patrulla, los policías empezaron a hacer disparos hacia los compañeros que trataban de mover la camioneta de la policía municipal y lo que hice fue correr para refugiarme en un espacio que había entre el primero y el segundo autobús y fue cuando uno de los compañeros dijo ´mataron a uno, le dieron en la cabeza´ y lo que hicimos fue ir a ver al compañero agredido y cuando nos asomábamos nos disparaban los policías y de donde me encontraba refugiado, hacia donde estaba el compañero tirado, había como unos 20 metros, y lo que hicimos fue llamar a la ambulancia, tardando en llegar como media hora; le gritábamos a los policías que no nos tiraran que no estábamos armados, que lo que queríamos era que al compañero se lo llevara al hospital y cuando llegó la ambulancia se llevó a nuestro compañero, pero a los que venían en el tercer autobús ya la policía los tenía detenidos y unos se encontraban heridos. Como media hora después llegaron más compañeros de otras normales, una de Iguala y otros compañeros más de la normal de Tixtla. Como 30 minutos después, cuando las cosas se habían calmado, de pronto se escucharon varios disparos que venían de atrás y fue cuando empezamos a correr y al ir corriendo vi un bordito y me tiré al suelo con un compañero, ya que seguían los disparos y de pronto volteé la cabeza hacia mi derecha y a una distancia como de diez metros vi tirados a dos compañeros y uno de ellos dijo ´ayuda´ en una sola ocasión y después ya no habló y unos compañeros se refugiaban tirados debajo de los carros y el compañero que dijo ´ayuda´ vi que ya estaba muerto así como otro compañero.”

Todos los estudiantes de Ayotzinapa que rindieron declaración ante el Ministerio Público de Guerrero coinciden en la misma versión sobre las agresiones que sufrieron cuando transitaban en los autobuses desde la central camionera de Iguala.

Aquí surge sin embargo una pregunta que no ha sido respondida hasta ahora: ¿por qué la mayoría de los estudiantes optó por transitar por la calle Galeana y su continuación Juan N. Álvarez, rumbo al norte, en lugar de tomar desde la terminal de autobuses el Periférico Sur que conduce directamente a la carretera federal 95 que va rumbo a Chilpancingo? Según declaraciones de estudiantes de Ayotzinapa rendidas ante el Ministerio Público de Guerrero, al salir de la central de autobuses de Iguala un autobús de los normalistas se dio vuelta a la derecha, es decir, que pudo haberse dirigido hacia el rumbo del Periférico Sur a fin de tomar directamente la carretera 95, mientras los otros tres transportes siguieron por la calle Hermenegildo Galeana y su continuación Juan N. Álvarez que atraviesa el centro de Iguala y pasa a una cuadra de la Explanada. El autobús que dio vuelta a la derecha para posiblemente regresar hacia el sur se reincorporó después según la versión de la PGR e, incluso, en ese autobús Estrella de Oro –uno de los que habían transportado originalmente a los estudiantes desde Tixtla– viajaba el líder del grupo de normalistas (uno de los 43 desaparecidos), de acuerdo con la versión de la misma PGR. No consta, sin embargo, en las declaraciones de los estudiantes y de los policías que el cuarto autobús se hubiera incorporado a la fila que fue obstruida en dos ocasiones durante su camino y, finalmente, fue detenida antes de llegar a la carretera donde la policía de Iguala disparó directamente contra los normalistas, hirió y mató a varios e hizo numerosas detenciones.

Otro de los aspectos oscuros de la versión oficial sobre la tragedia de Iguala es la agresión al autobús en el que viajaba el equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, la cual ocurrió al filo de la medianoche. La PGR sostiene que los agresores fueron policías de Iguala , “por equivocación”, aunque no lo documenta, al menos en lo que ha informado, a pesar de que las declaraciones ministeriales de los testigos presenciales, es decir, de los deportistas, apuntan en un sentido diferente. Según José Luis Díaz Rodríguez, integrante del equipo, después de que cesó la agresión cuya duración de acuerdo con todos los testigos que declararon duró entre tres y cinco minutos, “llegaron federales, paramédicos, militares y personal ministerial”. De ser esto cierto, antes de la medianoche del 26 de septiembre ya estaban actuando en Iguala cuerpos federales de seguridad. La versión del estudiante Francisco Trinidad Chalma López, arriba referida ampliamente, cuando menciona lo que le dijeron los militares en el laboratorio al abandonar el lugar, concuerda con la presencia de los soldados en el sitio de la carretera donde había justamente dos cuerpos, lo cual coincide con los dos muertos que iban a bordo del autobús del equipo de futbol, de lo que se sigue que los militares estaban activos antes de la agresión contra los Avispones, tenían comunicación directa con cuerpos de seguridad municipales y estatales, y se encontraban tomando decisiones, todo lo cual es omitido por la PGR. Ahora bien, según la versión de Murillo Káram sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, éstos no habían sido aún entregados a esa ahora al grupo de Guerreros Unidos, incluso la PGR dice que el comandante de policía de Cocula, Ignacio Aceves, pasó por el lugar donde estaba el transporte baleado de los futbolistas y se siguió de frente rumbo al lugar donde tenía que recoger a varios estudiantes detenidos, pero no parece que alguien los estuviera buscando o indagando su paradero, lo cual no es en absoluto cuestionado por el entonces procurador. Es claro que la búsqueda de los estudiantes no iba a estar a cargo de quienes los habían detenido pero, ¿las demás autoridades de seguridad?

 

Necesidad de alcanzar una interpretación política de la tragedia

La primera cuestión política radica en explicar porqué los policías trataban de detener a los estudiantes en lugar de permitir que se retiraran de Iguala, como hubiera sido más práctico. Los autobuses tomados por los estudiantes habían sido cedidos por los gerentes de la línea como era frecuente, el propósito de los normalistas era llevarse esos transportes para usarlos en alguna movilización próxima y, como evidencia de todo eso, los choferes eran los mismos asignados a esas unidades por la empresa propietaria. No había ninguna denuncia. Aquí es donde surge la versión de que el grupo delincuencial Guerreros Unidos creyó que los estudiantes o algunos de ellos eran enviados por el grupo rival, Los Rojos, y que para detenerlos y matarlos utilizó a las policías municipales de Iguala y Cocula. Lo que no se ha tratado de explicar era el supuesto objetivo concreto que se les atribuía a los presuntos infiltrados. Además, la forma y el momento en la que los Guerreros Unidos presuntamente dieron la orden a los policías, a quiénes se la dieron y cómo se ejecutó, quedan para las indagatorias que debería realizar el Ministerio Público, pero no sólo el federal sino también el del Estado de Guerrero, quien parece ignorar que en su propio estado ocurrió una tragedia de enorme trascendencia nacional e internacional.

Son de llamar la atención las discrepancias entre las declaraciones ministeriales rendidas el 27 de septiembre de 2014 por estudiantes, por una parte, y policías, por la otra, con la versión oficial de la Procuraduría General de la República, dada a conocer el 27 de enero de 2015, cuatro meses después de la tragedia. Los hechos referidos por la PGR a partir de la salida de los estudiantes de la central de autobuses no corresponden con los relatos de normalistas y tampoco con los de algunos de los policías, aquellos que hicieron referencia a hechos propios. En particular, el denominado “segundo evento” de la versión de la PGR difiere de los relatos de los testigos y oculta tanto el tiempo como las circunstancias de cada hecho, la persecución de los autobuses, la cantidad de disparos, el número de patrullas involucradas, el lugar y modo de los homicidios y las lesiones, como el momento de la detención de los estudiantes y la aparición de fuerzas federales. Además, la explicación pública de la PGR saca de una línea de tiempo los diversos eventos, en especial los que estaban ocurriendo en Iguala cuando los estudiantes fueron presuntamente entregados a los miembros del grupo delincuencial: la PGR afirma, por ejemplo, que entre 10 a 15 estudiantes fueron entregados a Ignacio Aceves, comandante de la policía de Cocula, enviado por César Nava, su jefe, a Iguala, pero no menciona quiénes se los entregaron; luego, afirma que el resto de normalistas ya estaba en camino pero no indica quiénes eran los custodios y, en su lugar, identifica el vehículo usado como si eso fuera más importante que conocer los nombres de las personas involucradas y sus motivos. Parece que la versión de la PGR se dirige hacia la abstracción de responsabilidades de diversas autoridades estatales y federales, las cuales no aparecen relacionadas. Existen, por ejemplo, testimonios de que la Policía Federal fue informada desde el momento de la toma de los autobuses; hay también otros testimonios que hacen ver que efectivos del Ejército intervinieron, ¿cómo y porqué llegaron al laboratorio donde se encontraba una veintena de estudiantes de Ayotzinapa con un herido? Queda claro en el testimonio del estudiante Chalma López que los militares sabían que aquellos jóvenes eran “ayotzinapos”. Hay elementos que indican también la intervención de policías ministeriales de Guerrero en Iguala mucho antes de la hora en que presumiblemente fueron entregados los estudiantes al grupo Guerreros Unidos. Pero, además, la PGR no explica la intervención de José Luis Abarca y de Felipe Flores, así como de Bruno Heredia y de Alejandro Tenexcalco, entre otros, quienes posiblemente debieron haber entregado u ordenado la entrega de los 43 desaparecidos. En relación con Abarca, la PGR sólo acusa a éste de haber dado la orden a la policía de interceptar los autobuses en los que viajaban los normalistas cuando salieron de la central camionera y para ello menciona el indicativo de A5 del presidente municipal supuestamente dado a través de la radio, el cual, como ya se expuso, es negado por el propio Abarca quien afirma que jamás tuvo indicativo alguno para las referencias radiales de la policía.

Las relaciones entre la policía de Iguala y los integrantes del grupo Guerreros Unidos no aparecen o no se explican, como tampoco se hace referencia al vínculo de jerarquía entre César Nava e Ignacio Aceves, jefes policiacos de Cocula, con el presidente municipal, quien sigue en el puesto aunque uno de los inculpados menciona a Nava y Aceves como personas que se reunieron en una piquera en la madrugada del 27 de septiembre con los jefes de Guerreros Unidos, de tal manera que tenemos a unos comandantes de policía que formaban parte integrante de Guerreros Unidos, pero el presidente municipal, su jefe, ni siquiera ha sido sujeto de responsabilidad política y, después de haber sido examinado por la PGR, ésta lo exoneró sin explicación alguna. Como ya se ha indicado en el presente informe, la PGR no ha fincado cargos contra Abarca en cuanto a su posible responsabilidad como jefe de la policía de Iguala, según la Constitución, quizá porque eso lo obligaría a hacerlo contra el presidente municipal de Cocula, jefe de la policía de ese lugar, o porque las omisiones de los gobernantes pudieran de tal manera empezar a formar parte de la configuración de delitos cometidos por sus subordinados cuando éstos afectan a grupos de personas, es decir, cuando se cometen actos represivos. Como puede verse, no sólo se trata de pobreza en la exposición del caso de parte de la PGR sino de datos falsos y deformaciones, así como de elusiones de referencias de tiempo, modo, lugar y circunstancia de los diversos hechos. Además, la investigación, según lo que se informa, no parece abarcar hechos anteriores, referencias a lo que debería ser el conjunto de antecedentes relacionados con la tragedia de Iguala, nunca aparece el negocio fundamental, es decir, la producción, transformación y tráfico de drogas, así como otros delitos conexos, la relación entre dicho negocio y los cuerpos policiales de Iguala y Cocula y las autoridades políticas.

En síntesis, estamos frente a una versión de la PGR que, en lugar de clarificar y explicar, tiende a ocultar y confundir.

También requiere explicación la actitud inicial del gobierno federal en el sentido de considerar los homicidios y las desapariciones forzadas en Iguala como acontecimientos puramente locales que debían dilucidarse sólo por parte de las autoridades de Guerrero, cuestión que, incluso, fue planteada por el mismo presidente de la República. ¿Qué se pretendía con esa actitud política, qué la determinaba, por qué se tuvo que modificar? En este mismo sentido, la opinión pública nunca fue informada de los motivos por los cuales la Procuraduría General de la República (legalmente independiente del Ejecutivo) tomó el caso una semana después de los trágicos acontecimientos cuando ya estaban procesados en Guerrero una veintena de policías municipales y varios presuntos integrantes de la banda de los Guerreros Unidos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no ha presentado ningún informe sobre la intervención de fuerzas federales en los sucesos de Iguala, no ha comparecido ante ninguna cámara del Congreso a efecto de exponer lo que hizo y lo que dejó de hacer el gobierno federal cuando se desataron los hechos de violencia. Todo lo que corresponde a las fuerzas federales ha sido ocultado. Pero además (y no menos grave) la opinión pública no conoce ningún reporte sobre el grupo delincuencial Guerreros Unidos y sobre sus presuntos rivales, Los Rojos, por lo cual carece de información que pudiera poner en contexto la tragedia de Iguala. El gobierno federal tampoco ha aportado, a través de sus servicios de inteligencia, los datos necesarios para conocer los móviles de la violencia. Todas estas son obligaciones gubernamentales incumplidas.

No existen relaciones oficiales en las cuales se esclarezca la reacción del gobierno del Estado de Guerrero frente a los trágicos acontecimientos de Iguala. Se dispone sólo de las declaraciones inmediatas de algunos funcionarios, las cuales no dan respuesta a las omisiones cometidas desde la salida de los estudiantes de Tixtla, su recorrido, su llegada a Iguala, sus actividades, la toma de los autobuses, el intento de salida de Iguala, las agresiones de la policía municipal y la obstrucción del camino por parte de esa misma cuando fueron agredidos, lesionados, asesinados y detenidos. Tampoco hay explicación alguna de la conducta de las delegaciones de gobernación y del Ministerio Público de Guerrero, así como de la policía del Estado, frente a los hechos y, en especial, frente a la detención de los 43 jóvenes desaparecidos. No existe informe oficial de la conducta del gobierno de Guerrero durante las horas de agresiones contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Siempre fue increíble la versión publicada de que no había sido posible comunicarse con el presidente municipal sino hasta las dos de la mañana por lo cual el gobierno del Estado no tomó acciones con anterioridad, la que, por otro lado, ha sido ha sido desmentida por José Luis Abarca quien sostiene que tuvo comunicación telefónica con el secretario de Gobierno luego de que se produjeron los primeros disparos. La verdad es que mucho antes de las dos de la mañana ya estaban en Iguala policías ministeriales y agentes del Ministerio Público, los cuales se comunicaron con el secretario de Seguridad Pública municipal para ordenarle que presentara al personal policial. Según la Constitución federal, los gobernadores pueden puede dar órdenes a las policías municipales cuando, a su juicio, surjan casos de fuerza mayor o cuando haya alteración grave del orden público. Aquí surge de nuevo la pregunta hecha con motivo de la intervención de las fuerzas federales: ¿quién tenía que encargarse de buscar a los 43 estudiantes desaparecidos?

La responsabilidad política del gobernador Ángel Aguirre no ha sido esclarecida en forma alguna más allá de su voluntaria separación del cargo. El Congreso del Estado nunca ha abierto una investigación sobre los hechos en cuanto a la relación de éstos con alguna presunta responsabilidad política de los gobernantes de entonces. El único funcionario que aparece con responsabilidad es José Luis Abarca, encausado en el Congreso. Esta situación acusa una debilidad institucional en Guerrero, una atrofia constitucional, una irresponsabilidad del Poder Legislativo. Desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, el asunto se encuentra abierto y lo estará durante un año a partir de los hechos de Iguala.

Pero, además, esa misma situación acusa también un defecto del partido mayoritario, el Partido de la Revolución Democrática, cuya conducción del proceso político sobre la tragedia de Iguala simplemente no existió. El PRD en Guerrero, hasta hoy, no ha discutido el asunto, no ha hecho el análisis, no ha tomado resoluciones, no ha dado directrices para encarar su responsabilidad política. La declaración del presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, desde Iguala, en el sentido de que su partido pedía perdón por las acciones y omisiones políticas en las que incurrió, ha sido mal vista por la mayoría de los dirigentes políticos perredistas de Guerrero con quienes esta Comisión tuvo oportunidad de discutir el punto. El Consejo Nacional del PRD rehusó plantear la necesidad de la salida de Ángel Aguirre del gobierno del Estado para encarar su propia responsabilidad en la tragedia, concentrando la crítica y el ataque sólo hacia José Luis Abarca quien ya se había separado del cargo.

 

Las situaciones mencionadas en el presente informe, aquellas sobre las que no puede haber certeza con la información disponible, no están teniendo respuesta de parte del gobierno federal y tampoco de los poderes del Estado de Guerrero, así como de sus respectivos ministerios públicos, lo que es una tarea de urgente cumplimiento porque son claves para descifrar el aspecto político de la tragedia de Iguala: la captura del Estado por parte de la delincuencia organizada.

 

 

Ciudad de México, seis de mayo de dos mil quince.

 

LA COMISIÓN ESPECIAL

 

PABLO GÓMEZ, presidente; OCTAVIO CORTÉS; PABLO FRANCO

De Iguala a Cocula

La tragedia de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y del asesinato de seis personas, hechos ocurridos en Iguala, se ha convertido en el tema del basurero de Cocula. No se discuten ya los levantones y los homicidios de Iguala sino lo que posiblemente ocurrió en Cocula, mejor dicho, lo que no pudo ocurrir ahí: la incineración total de 43 cuerpos en el breve lapso de una noche.

Tampoco se sabe algo sobre las causas de las desapariciones y de la conducta de la policía preventiva municipal al tratar de detener a los estudiantes. Nada se conoce del paradero del entonces secretario de seguridad pública de Iguala ni de sus posibles nexos con el grupo Guerreros Unidos. Tampoco se comentan hechos concretos que vinculen al entonces alcalde y a la esposa de éste con ese mismo grupo de narcotraficantes, buena parte de los cuales se encuentra en prisión.

La opinión pública carece de dato alguno sobre el negocio de producción, industrialización, tráfico, distribución y venta de derivados de la goma de amapola y otras drogas procedentes de Tierra Caliente, tanto en México como en Estados Unidos, todo lo cual podría estar relacionado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Nada sabemos tampoco del otro grupo, el rival, se dice, denominado Los Rojos, a pesar de las detenciones de varios de sus jefes.

Mucho menos se ha tocado el porqué los autobuses en los cuales aquella noche se transportaban los estudiantes tomaron rumbo hacia el centro de Iguala en lugar de virar hacia la carretera que conduce a Chilpancingo y a Tixtla. Aún más oscuro está la causa de la vuelta a la derecha que dio casi simultáneamente otro de los autobuses para enrumbarse directamente hacia la carretera, no obstante lo cual, según la verdad histórica de la PGR, sus ocupantes también fueron víctimas de un levantón de la policía municipal.

Los agentes activos y pasivos de estos hechos no han sido relacionados por la autoridad, ni siquiera entre sí. Al menos, ésta no se ha tomado la molestia de explicar algo al respecto. El contexto que se presenta ante la opinión pública es que nada coincide, que se trata de piezas de rompecabezas diferentes. Una obsesión se advierte: dar por hecho que nada tuvieron que ver militares y policías federales.

Los expertos independientes se han trenzado en una mala relación con las autoridades del gobierno y con la PGR al punto de que éstas ya no ocultan su deseo de que aquéllos se vayan y nunca vuelvan, mientras los enviados de la CIDH no aciertan a comunicar si desean continuar su trabajo o ya prefieren irse del país. De cualquier forma, el resultado es que la opinión pública, a estas alturas, nada tiene claro y ya hasta se duda de que haya alguien capaz de explicar bien alguno de los temas imbricados en la tragedia de Iguala.

Si en el basurero de Cocula ardieron aquella noche pocos, muchos o ningún cuerpo; si los posibles cadáveres calcinados en ese lugar corresponden a los estudiantes detenidos en Iguala; si hubo un gran incendio controlado aquella madrugada y si llovió poco o mucho, son aspectos que pudieran ser vistos siempre que se encontraran directamente relacionados con lo básico: ¿qué ocurrió y porqué?

Nos han sacado de Iguala y nos han llevado a Cocula, como dicen que hicieron los narcos con los estudiantes, por veredas oscuras y sin que nos diéramos cuenta, sólo para ocultar lo que sucedió aquella infausta noche y mantenernos en la ignorancia sobre quiénes hicieron cada cosa y porqué, es decir, alejarnos del conocimiento del significado verdadero de los hechos reales.

¿Quién atiende el binomio política-delincuencia?

El Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional han pedido a la comisión de seguridad nacional del Congreso que promueva ante la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República el examen del problema consistente en que políticos ligados a la delincuencia organizada obtienen candidaturas y desempeñan cargos de elección popular o gubernamentales. Este fenómeno es viejo pero hasta ahora no se han  producido propuestas institucionales para contrarrestarlo. Alguna vez Miguel Ángel Osorio presentó a los presidentes de esos dos partidos algunas observaciones del Cisen sobre sus respectivos aspirantes a cargos de elección. Pero no existe un sistema, todo es circunstancial.

La PGR ha declarado que no tiene permitido dar a conocer elementos de averiguaciones en curso ni tampoco investigar sin “querella”, es decir, denuncia. Pero entonces, ¿por qué lo hace con irritante frecuencia a la menor insinuación de Los Pinos o de Bucareli? La respuesta brindada al PRD y PAN es francamente desesperante pues denota que al Ministerio Público Federal le importa un comino que haya políticos ligados a los carteles. Sin embargo, lleva a cabo filtraciones a los medios, detenciones ilegales y arraigos cuestionables cada vez que lo decide, es decir, según conveniencias políticas. ¿No conviene prevenir institucionalmente a los partidos, incluyendo al PRI donde forma filas la procuradora? Por lo demás, quizá se equivocaron PRD y PAN al incluir a la PGR en su solicitud a la comisión del Congreso porque ésta con la mayor frecuencia no ata ni desata.

Por ejemplo, Humberto Moreira se gastaba más de 300 mil pesos al mes en España, al grado que la policía le investigó sus movimientos. La PGR lo ha exonerado de todo delito en México, pero nadie ha logrado explicar porqué el ex gobernador de Coahuila gasta tanto en su sustento personal. Y así sucesivamente. Este cuento de que el Ministerio Público tiene a su cargo perseguir al binomio crimen-política no se lo cree nadie en el país. Mas ese binomio es mucho mayor que la llamada infiltración del narco en la política pero cuando esta última surgió hace 70 años todo era tan paradisiaco para los políticos oficialistas que sus vínculos con el narco resultaron naturales. Así lo entendió entonces el Ministerio Público y sigue.

El gobierno federal sigue culpando a los partidos (excepto al PRI, el que más) de sufrir la “infiltración” de la delincuencia organizada. Se ignora con evidentes propósitos políticos que los partidos carecen de instrumentos legales, extralegales o ilegales para investigar a sus propios miembros, a sus aspirantes, a sus candidatos, a sus legisladores, ediles, gobernadores, etc. Pero apenas declara algo la PGR, los dirigentes partidistas se lanzan contra los indiciados (excepto cuando son del PRI), los linchan inmediatamente sin datos precisos de alguna posible relación ilícita, sólo para cubrirse. Aquí la presunción de inocencia es una frase, tal como ocurre en la PGR y con no pocos jueces penales. En  realidad ningún partido por sí mismo está en condiciones de hacer trabajos de “inteligencia criminal”. Sólo el gobierno puede.

Sin embargo, ante esta tragicómica realidad, el gobierno no responde a los llamados a crear un sistema de prevención de uno de los fenómenos asociados a la delincuencia organizada. Si esto ocurre cuando los personajes, es decir, los políticos, están al descubierto, imaginemos lo que sucede con individuos que trabajan de manera clandestina.

Han pasado nueve años desde que se declaró la “guerra” a la delincuencia organizada de fuera del Estado y de la empresa formal. Durante ese tiempo han muerto en esa “guerra” decenas de miles de personas y se encuentran desaparecidas otras tantas. En realidad aquello no tenía ningún plan sino que era el discurso para justificar la presencia de los militares en las calles y para seguir sin buscar tener una policía de verdad y sin corrupción. En el fondo se trata de la renuncia a luchar contra el Estado corrupto que es la base sobre la que descansa el sistema dentro del cual se encuentra el narcotráfico y el binomio política-delincuencia. Felipe Calderón no hizo absolutamente nada para combatir la corrupción dentro del aparato del Estado; al contrario, la fomentó, como ya lo había hecho Fox. Este es el mayor fracaso histórico del PAN, aún mayor que el de sus inconsecuencias respecto de la democracia.

La negativa del gobierno de Peña de colaborar con los partidos para prevenir candidaturas ligadas a los narcos refleja la manera como funciona el Estado corrupto mexicano. Mientras, las mayores tareas del momento son desaforar a Lucero Sánchez, meter a la cárcel a Kate Del Castillo y extraditar a Guzmán Loera.