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Guardia Nacional: ¿militarización o civilidad?

No es que se busque militarizar la seguridad pública sino que ya se hizo. Bajo ese fenómeno no se han eliminado las policías civiles sino que ésas no funcionan bien; las tres: federal, locales y municipales.

Ante la agudización de la crisis de seguridad pública en casi todo el país se plantearon diversas opciones. Desde el “fortalecimiento” de la policía federal, un súper subsidio a los estados para sus cuerpos policiales, hasta el seguir con la misma dinámica que consiste en incrementar las labores del Ejército y la Armada en funciones de policía. Ninguna de estas puede convencer a nadie.

La idea de una nueva guardia no es nueva. Se ha hablado de ella durante los años del fracaso del Estado mexicano en la materia de seguridad pública. La ley de “seguridad interna” fracasó antes de ponerse en práctica, tanto porque el candidato que luego resultó triunfador había dicho que no la aplicaría, como porque la Suprema Corte la declaró inconstitucional. Hay que recordar que esa efímera ley señalaba que se nombraría un “comandante” militar al frente de todo el aparato de “seguridad” en los estados que lo requirieran. Eso era un abierto y legalizado ejercicio militar de autoridad en asuntos civiles, como parte del proceso en el que hemos estado inmersos desde hace 12 años.

La Guardia Nacional fue eminentemente ciudadana en el pasado, aunque bajo disciplina militar. Lo mismo en Francia que en México y muchos países. En otros, la guardia es profesional, como ahora en Europa y varios países de América Latina.

Se propone crear un cuerpo de seguridad pública nuevo, con perspectiva ciudadana, aunque sólo por sus funciones y compromisos, que vaya ocupando el territorio nacional, empezando por los lugares donde la crisis de inseguridad y violencia es mayor.

¿De dónde sacar a los primeros efectivos? Tendrían que salir del Ejército, la Armada y la Policía Federal, sencillamente porque no se podría hacer un súbito reclutamiento de civiles que requerirían uno o dos años de entrenamiento.

Pero no se trata de que el personal castrense se quede a vivir en la Guardia Nacional, sino que se produzca un proceso de entrenamiento y educación de nuevos reclutas, de guardias.

La Guardia Nacional sería un cuerpo de seguridad bajo leyes civiles, expedidas por el Congreso, con responsabilidad exclusivamente civil, integrada en la administración pública dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Luego de tres años, dice el proyecto de decreto, el Presidente de la República y del Congreso de la Unión harán una evaluación para tomar las nuevas medidas que sean necesarias, las cuales podrían ir desde la disolución de la Guardia hasta su continuación y reformas.

La idea de crear la Guardia no ofrece garantía de éxito, pero tampoco es aconsejable convertir la preocupación en premonición de fracaso y mucho menos de catástrofe. Lo que se desea es poder atender gigantescos requerimientos de seguridad pública y empezar el regreso de los militares a sus cuarteles, aunque, mientras tanto, se trasladen miles de efectivos castrenses a las filas de una guardia militarizada en su disciplina, pero civil en su relación con la sociedad, como lo son no pocas en el mundo entero.

El camino hacia la superación de la política de creciente intervención militar en la seguridad pública estará llena de obstáculos, pero hay que emprenderlo ahora mismo con lo que se tiene.

Como sea que se analice el asunto, es tanta la violencia delincuencial, que se requiere empezar a cubrir el territorio. Al menos es preciso aceptar esto y luego arriesgarse a decir de qué otra manera se podría lograr. El debate va a fortalecer la lucha contra esa violencia, ya que existe en el país un acuerdo sobre el qué y sólo debatimos los cómo.

Si la Guardia Nacional se reinstala en el país con otras formas y tareas, aquellas derivadas de la crisis de violencia, tendremos tiempo para evaluar su funcionamiento. Lo que no podemos hacer es seguir reprobando el esquema actual de seguridad pública nacional sin que se emprenda algo nuevo.

El problema, sin embargo, es que no hay soluciones ya probadas aunque fueran parciales. Lo que ahora se proponga y luego se intente llevar a cabo estará sometido al criterio de la verdad: la práctica.

UNAM: el gobierno nunca informa… tampoco ahora

La represión frente a la Torre de Rectoría es un hecho grave que debería ser motivo de sendos informes, tanto del gobierno federal, por tratarse de una institución nacional, como del gobierno capitalino, por haber ocurrido en la Ciudad de México.

Como fue un acto represivo contra el ejercicio de los derechos humanos de reunión, petición y manifestación de las ideas, perpetrado por un grupo de individuos organizados, presumiblemente una banda, aunque no fuera ésta de carácter gubernamental, es preciso saberlo todo al respecto. Es lo mínimo que debería reclamar la sociedad y, también, la misma Universidad.

Las autoridades han dicho que el Ministerio Público averigua. Mientras, un alud de exigencias se dirigen a pedir castigo para los responsables. Ya se sabe que el procurador debe intervenir, pues se han cometido delitos, lo cual implica investigaciones penales. No hace falta exigirlo.

El gobierno federal y, por lamentable extensión, el de la capital, nunca informan, son omisos en su deber de exponer y explicar lo ocurrido. Lo más que se ha atrevido a decir el jefe de gobierno de la capital es que los represores de la Rectoría llegaron en varios vehículos desde el Estado de México. El secretario de Gobernación no ha podido pronunciar ni palabra, parece que para él no hay materia; sencillamente, no gobierna.

Así como jamás nos informaron de lo ocurrido en Tlatlaya ni de los violentos sucesos de Nochixtlán, para recordar sólo dos desgarradores hechos sangrientos, tampoco nos hablan de lo que acaba de ocurrir en la Ciudad Universitaria, aunque ahí no hubieran intervenido fuerzas castrenses o policiales. ¿Para qué sirven los servicios de “inteligencia”? ¿A qué se dedican los observadores, halcones, palomas, orejas, mirones, chivatos, que por centenares tienen a su servicio el gobierno federal y el capitalino?

Es probable que los gobernantes de ambos niveles sí tengan informaciones que no quieran integrar en una versión concreta y pública. Pero es inadmisible que no se explique la naturaleza y propósitos del grupo agresor cuando el mismo rector ha expulsado de la UNAM a varios de sus probables integrantes. Por cierto, el doctor Enrique Graue se equivoca al dar a conocer los nombres de los alumnos sancionados, ya que éstos se encuentran bajo presunción de inocencia, tienen recurso para apelar la expulsión y no deberían ser estigmatizados. La Universidad debe ser la primera en respetar derechos por más que su rector tenga prisa de enviar un mensaje de severidad o algo por el estilo. No se pueden defender derechos de unos violando los de otros.

Aquí lo que importa no son los nombres de los expulsados, sino el conocimiento del entramado organizativo de los represores, sus actividades y propósitos. Tenemos derecho a saberlo todo al respecto. Luego, el Ministerio Público tendría que hacer su trabajo en relación con las personas.

Tampoco se ha explicado porqué en el momento de la agresión en la Torre de Rectoría, ninguna autoridad hizo algo para repelerla. ¿Cualquier cosa puede ocurrir bajo las barbas del rector sin que existan vigilantes o personal de resguardo y vigilancia para intervenir o, tal vez, llamar a algún cuerpo policial? Lo más que hicieron fue solicitar servicios médicos de urgencia. Esta realidad no se va a superar con la sola “suspensión” del encargado de la vigilancia de la UNAM sin dar las explicaciones del caso.

La autonomía universitaria obliga a la autoridad a llamar a la fuerza pública cuando estudiantes o profesores están siendo agredidos o reprimidos en una situación en la que el resguardo interno se muestra impotente, tal como ocurrió el pasado 3 de septiembre.

Lo que está sucediendo, con la entusiasta participación de la prensa, es una lluvia de especulaciones frente a las cuales ambos gobiernos guardan silencio porque decir algo concreto les obligaría a contarnos una historia que tal vez no desean que se conozcan o porque, de plano, la desconocen. En ambos casos estaríamos frente a autoridades incompetentes, ya fuera por acción o por omisión.

En este marco, está surgiendo lo que podría llegar a ser un movimiento estudiantil reivindicativo sobre el tema de la inseguridad y algunos otros puntos de carácter académico-administrativo, cuya atención ha estado postergada por demasiado tiempo.

La Universidad acusa un retraso en materia de democracia. Mientras en el país se han producido cambios, aunque a tropezones, el sistema de gobierno universitario sigue igual que hace 73 años. La democracia ha sido negada con el argumento de que la derecha es mayoritaria, pero, ¿y eso qué?

Por lo pronto, no sería menos importante que el estudiantado y los académicos exigieran al gobierno federal y al capitalino sendos informes, deber elemental de toda autoridad.

Conspiración contra los derechos humanos y la Constitución

 

Es el Estado, incluyendo sus aparatos armados, quien debe garantizar a las personas el ejercicio de sus derechos. Con el proyecto de Ley de Seguridad Interior, las cosas se plantean al revés: se quieren otorgar “garantías” a los jefes del Ejército y la Armada, entendidas ésas como un medio para sustraer sus propias actividades del sistema jurídico general del país y crear de tal forma una burbuja normativa.

Dice el artículo 18 del proyecto: “En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública”. Esto quiere decir que las funciones de policía que desempeñen los militares sólo serán tales en la realidad, pero nunca según la ley. Todas las disposiciones vinculadas con la seguridad pública, incluyendo las relacionadas con detenidos y el uso de la fuerza, quedarían sin aplicación para los militares.

Para una mayor claridad, en el artículo 10 se dice que “la materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo”, en la cual se encuentran reglas de la función pública y derechos de las personas, empezando por el de petición.

El artículo 30 permite a los militares llevar a cabo funciones de inteligencia de carácter civil. Además, señala que, “al realizar” tales tareas, las fuerzas federales (policía) y las fuerzas armadas “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”, lo cual permitiría, por ejemplo, solicitar directamente, sin el Ministerio Público, la intervención de comunicaciones o llevar a cabo interrogatorios. La cuestión se redondea cuando el artículo 32 señala que “en materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos (!) deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley”. Esas otras “autoridades” son los comandantes (así llamados) de las operaciones de seguridad interior, militares nombrados por el presidente de la República a quien deben rendir sus informes, de acuerdo con el proyecto de ley. Con esto, tales jefes podrían ordenar, por ejemplo, que se les entregue información de seguridad nacional (CISEN), fiscal, bancaria, ministerial, electoral (listados de electores e identificación de los mismos) y cualesquiera otras que requieran para sus “tareas de inteligencia”. Lo anterior se aplica también a las entidades federativas, bajo las figuras llamadas “deberes de colaboración”.

En cambio, el proyecto de ley declara que la información sobre “seguridad interior” queda protegida como si fuera de Seguridad Nacional, con lo cual, la deja durante años fuera del sistema de transparencia.

Así, los comandantes, bajo el esquema de seguridad interior, serán las personas más poderosas del país.

El proyecto habla de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior (siempre prorrogable y que puede ser innecesaria en situaciones “de grave peligro”), emitida por el presidente de la República, por sí o a petición de las entidades federativas. Además, se señala en el artículo 6 que “las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas… implementarán sin necesidad de Declaratoria… políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente… los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos…”. Con esto, la nueva ley estaría en aplicación de manera permanente, en el colmo de la flexibilidad normativa, es decir, bajo la discrecionalidad total.

“La seguridad interior –dice el proyecto– es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional…”. Es decir, el concepto no sólo abarca al Estado sino a todo lo relacionado con el país: su “desarrollo”. Esa sería una ley sin límites.

El Ministerio Público, institución constitucional encargada de hacer las investigaciones y perseguir a los delincuentes, no aparece en la pretendida Ley de Seguridad Interior más que en un precepto (art. 27), como instancia a quien los militares le informan cuando haya delitos y, a través de la policía, le entregan a los detenidos, pero sin definir en qué momento.

Lo que se quiere es que esta ley sea la “carta de garantías” exigida por los generales y almirantes, quizá no todos, pero al menos el alto mando.

Se trata de una legalización de funciones que no corresponden a las fuerzas armadas, pero con la cual se quiere empeorarlo todo mediante una enorme centralización de poder.

Este proyecto no ha ido acompañado de una autocrítica sobre la política de seguridad pública aplicada a través de los cuerpos de policía y de las fuerzas armadas, la cual ha fracasado. Ahora es mayor la delincuencia organizada y la violencia.

En lugar de aprobar una ley dentro del mismo desastroso esquema, hay que llevar al Estado nacional, todo éste, a un examen riguroso y honrado de la crisis de seguridad.

Mas, por lo pronto, el punto de partida de cualquier cambio sería que no se extienda esa pretendida “carta de garantías”.

Por otro lado, el proyecto de Ley de Seguridad Interior pretende hacer un fraude a la Constitución porque, siendo que el Congreso tiene facultad para legislar en materia de Seguridad Nacional (art.73. XXIX-M), carece de facultad para “… regular la función del Estado (Federación, entidades federativas y municipios) para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia”, como lo pretende el proyecto de marras en su artículo 1. Por tanto, el contenido general de la pretendida ley es inconstitucional debido a la ausencia de facultades del Congreso en esa materia, la cual, por lo demás, ni siquiera existe como tal. Lo anterior, no obstante que en ese mismo artículo 1 se diga que “las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional”, lo que evidentemente no es verdad, pues se trata de seguridad pública.

El proyecto se contradice también con los artículos 21 y 129 de la Constitución; el primero de ellos, sobre la seguridad pública como algo de carácter civil y, el segundo, sobre las autoridades militares, las cuales no pueden tener más funciones que las exactamente militares.

Es tarea urgente derrotar esa conspiración contra los derechos humanos y el orden constitucional.

España sin corona

 

La requisitoria de Felipe de Borbón en contra de los partidarios de la independencia de Catalunya resultó ser, antes que nada, una airada defensa de la monarquía española, ahora amenazada por el resurgimiento de la vieja aspiración catalana de formar un Estado propio bajo el sistema republicano.

El rey de España no es más que el defensor de un decadente y corrompido sistema monárquico en pleno siglo XXI, con su inútil y costosa parafernalia, que ni siquiera funciona como jefatura del Estado. España no necesita al rey, quien no resuelve problema alguno, sino que él mismo es un problema.

El punto es que Felipe de Borbón amenaza a su reino con un conflicto violento, pero él es intocable porque es rey. Las consecuencias de los enfrentamientos las tendría que encarar el gobierno pero no el supuesto jefe del Estado. El rey no ha sido elegido por nadie, no es responsable ante la ley y la ciudadanía, pues sólo en casos personales extremos se le puede declarar inhabilitado y su lugar lo toma su propio heredero. Esto nada tiene que ver con la democracia invocada por el mismo monarca. El rey de España, como casi todo rey, puede llevar a su reino a un desastre pero siempre para defender su propio reinado.

En cuanto a la unidad de España tal como es ahora, sería de esperar que la defendiera un jefe de Estado pero, ante la reivindicación independentista catalana, Felipe de Borbón no ha propuesto absolutamente nada como no sea que las cosas sigan como antes. Si todo lo que está vigente fuera inmejorable, no habría estallado la crisis actual. Desde el trono no se alcanza a ver la realidad, el cretinismo real suele ser peor que otros muchos.

Según la línea adoptada por la derecha posfranquista, lo único que se podría admitir es la renuncia absoluta a la aspiración de una Catalunya independiente. En lenguaje coloquial podría hablarse de una rendición incondicional.

La independencia catalana es una aspiración muy vieja. Por ello, cuando el Partido Popular y otras derechas concurrentes condujeron a una escalada conflictiva al cercenar el nuevo Estatut (ley de autonomía para Catalunya) y eludir unas negociaciones verdaderas y sinceras para encarar el problema nacional catalán, lo que sobrevino fue otro escalamiento, el de los separatistas, cuyo número ha ido creciendo conforme Mariano Rajoy se les enfrenta con la cara más dura que puede poner un gobernante.

La independencia de Catalunya no es, sin embargo, el único camino que tienen los partidarios del derecho de autodeterminación popular catalana. Ni siquiera está tan claro que lo mejor para ese viejo y culto país fuera realmente la independencia en tiempos de la Unión Europea. Mas cualquiera que sea el fondo de la crisis, el gran tema es el de siempre, el acomodo o no acomodo de Catalunya en España.

El punto de partida del posfranquismo es negar el derecho de autodeterminación del pueblo de Catalunya porque no se le considera como un pueblo ni como una nación, sino como algo que es parte de España por designio histórico. Ese discurso recuerda lo que exclamaban los gobernantes españoles cuando Hispanoamérica se les estaba yendo pero la defendían a sangre y fuego a pesar de la inmensidad atlántica. En realidad, el nacionalismo catalán no es tanto el problema como lo es el nacionalismo español, el españolismo.

Quizá por eso el gobierno del Partido Popular está más fuerte que nunca a pesar de ser de minoría parlamentaria. El Partido Socialista (PSOE), que intenta un discurso sobre la cuestión nacional aunque sin suficiente acuerdo interno al respecto, cuenta con una dirección carente de iniciativa política capaz de desviar el proceder de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. Frente al discurso intimidatorio de Felipe de Borbón, pronunciado el martes 3 de octubre, el PSOE transita desde el aplauso de unos hasta las tímidas observaciones de otros, y sólo protesta por la violencia policial contra los votantes del domingo anterior. Rajoy está aún lejos de caer del gobierno y el partido Podemos, la oposición parlamentaria, se encuentra aislado.

La Generalitat, por su lado, tendrá que aplicar su propia ley, aquella que está suspendida por el Tribunal Constitucional de España, aunque eso signifique su inmolación, pero no política, sino personal de sus integrantes. De momento, el gobierno de Catalunya sigue hablando de negociaciones e intermediación.

En la crisis catalana podría haber una violencia no vivida en 40 años y, posiblemente, peor que en los últimos de la dictadura. El día del referéndum hubo unos 800 golpeados, por completo ignorados luego por el rey en su arenga política: de seguro que son vistos como víctimas que se merecían los macanazos de la Guardia Civil sólo por querer votar en su propio país. Hay en España un coro que exige derrocamiento del gobierno autonómico catalán y cárcel para sus integrantes, así como ocupación militar de Catalunya. Es el nuevo rostro del posfranquismo.

No debería ser ese el camino por el que opte la España de los derechos y las libertades.

Derecho a ser informados

Los asesinatos contra periodistas y líderes de derechos humanos, hombres y mujeres, que se han cometido con tanta frecuencia en los últimos años, siguen por lo regular en la impunidad, quizá por encima del 90 por ciento. Mas las autoridades tampoco explican el posible móvil concreto de cada acción homicida ni a quienes en específico están buscando.

La sociedad tiene derecho a la justicia pero también al conocimiento de los motivos de tan resonantes crímenes. Sin embargo, el gobierno no se preocupa por la ausencia de información ya que, de por sí, adolece de un grave problema de incomunicación con la ciudadanía.

Habría que tomar en cuenta que, por lo regular, los homicidas no entregan boletines de prensa, pero las autoridades policiales y el Ministerio Público cuentan con aparatos de inteligencia y conocen a las bandas del crimen organizado, lo que les debería también permitir hacer seguimientos precisos de lo que se publica o se declara acerca de aquellas mafias, lo cual es parte de los motivos criminales.

El gobierno nunca se ha preocupado por aportar datos informativos que sirvan para entender las causas precisas de esos asesinatos, tanto porque no se le exige que los brinde como porque tiene ciertas excusas legales de las cuales colgarse para mantener su silencio. O, quizá, porque, dentro de sus deficiencias, los oficiales policiales y los agentes ministeriales están tan perplejos ante el crimen organizado como el resto de la sociedad. El nuevo procurador general ha dicho que van a revisar expedientes, es decir, reconoce que está perdido. ¿Acaso esto se escucha en cualquier otro país?

La cuestión es aún más grave en tanto que los gobernantes tampoco se sienten obligados a explicar a la sociedad el porqué de tanta impunidad. Los recientes discursos en reunión de Peña Nieto, su gabinete y los gobernadores no han brindado al respecto nada nuevo. Se han juntado para que la ciudadanía observe a los políticos más poderosos del país preocupados de los más recientes asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, pero sólo ha sido publicidad. Se ha anunciado que ahora sí se hará lo que hace años se prometió. Se dice que la Federación apoyará a las procuradurías locales para que averigüen asesinatos cometidos por bandas que se dedican a cometer delitos federales. Se promete que ya se van a coordinar los “tres órdenes de gobierno”, lo que no podrá ser posible mientras se encuentren infiltrados por los delincuentes. Nada hubo de autocrítica concreta, específica, capaz de cambiar en algo la terrible situación. En tanto los gobernantes no se vean obligados a explicar la impunidad, no habrá cambios positivos en este tema. No lo hacen porque ello les llevaría a hablar de sí mismos pero en términos críticos y no con lamentos, mentiras o vanas promesas. Los reporteros han gritado contra los discursos porque quieren acciones efectivas.

La crisis de violencia ha golpeado desde un principio a defensores de derechos humanos y comunicadores profesionales. Pero las autoridades no nos han explicado si se trata de venganzas de actos concretos. También a este respecto, la falta de certezas de policías y fiscales se ha traducido en desinformación social. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirma que los asesinos de Miroslava Breach están identificados; si eso es verdad, entonces que lo publique para que la policía, si acaso, pueda ayudar a aprehenderlos. Algo parecido ocurre con el homicidio de Javier Valdez, que, en principio, está siendo investigado como un asalto a mano armada, mientras el gobernador, Quirino Ordaz, dice que él no sabe nada acerca de la delincuencia organizada y sólo “escucha leyendas que se han creado”. Con esos métodos, los cuales nunca se discuten, la impunidad seguirá como una constante de la crisis que azota al país.

Mucha gente ya ha pasado de la preocupación a la indignación y el enojo. No parece haber gobierno mientras las autoridades de distintos niveles callan sobre los hechos concretos, hacen discursos vagos y se culpan entre ellas. Va siendo tiempo de exigir que se nos informe sobre los posibles móviles e identidades de los presuntos asesinos, así como de los elementos que pudieran haber motivado una venganza en contra de los periodistas y los defensores de derechos (hombres y mujeres) que han sido asesinados en estos largos años de desgarradora violencia sobre México.

El gran fracaso frente a la violencia

 

El fracaso de la estrategia de guerra contra la delincuencia organizada, proclamada y conducida de manera personal por el entonces presidente Felipe Calderón, se convirtió en un gran fracaso bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto en los más de cuatro años en los que se ha refrendado, extendido y complicado dicha estrategia fallida.

Después de una década de “guerra”, la delincuencia organizada ha crecido en cantidad de personas directamente involucradas, en volúmenes comerciales, en delitos cometidos  contra la gente y en número de víctimas de la violencia, tanto la ejecutada por los grupos de la delincuencia organizada como de aquella consumada por las fuerzas encargadas de perseguirlos. Es inútil buscar esperanza en las variaciones mensuales del número de muertos o tratar de consolar a la opinión pública con el lugar de México en las estadísticas sobre la cantidad de asesinatos por cada 100 mil habitantes. La crisis de violencia mexicana se ha prolongado y se ha agudizado.

La pieza clave de la política oficial ha sido la intervención de las fueras armadas, con el fin de llevar a cabo un enfrentamiento armado con las mafias y contrarrestar el papel instrumental de numerosas autoridades civiles al lado de las bandas delincuenciales. Ahora mismo, se están poniendo las esperanzas en una nueva ley de seguridad interior para dotar a los militares de recursos jurídicos que les “otorguen garantías”. La autoridad, incluyendo a las fuerzas armadas, no está para exigir garantías en su exclusivo favor sino para promover, respetar y proteger los derechos de la gente. Lo que varios generales quieren es impunidad a perpetuidad para los oficiales y jefes que se encuentran en “el frente”. Pero eso no se permite ni en las guerras; ellos lo saben mejor que nadie.

Mas el sabor a derrota que deja la infortunada intervención masiva de los militares en la crisis de violencia delincuencial está ligada con esa amargura que provocan los centenares de víctimas civiles debido al uso incontrolado o desproporcionado de la fuerza. No han sido para menos, entre otros, los fusilamientos de Tlatlaya y el estremecedor video de Palmarito. La opinión pública nunca ha conocido los partes militares de los hechos sangrientos, pues se consideran documentos reservados por motivos de seguridad. Si hubiera que esclarecer lo que ocurrió en la reciente confrontación con huachicoleros poblanos, se tendría que partir de los partes que rinden oficiales y jefes a sus superiores.

Cuando el mando militar declara que todo debe ser esclarecido por el Ministerio Público Federal, está fingiendo ser ajeno a actos efectuados bajo su responsabilidad. El Ejército debería dar la cara directamente, o a través de un vocero de la Presidencia de la República, para explicar lo que ocurrió e informar al país.

Las autoridades en México están acostumbradas a anunciar lo obvio: que se investigará. En eso se pasan los meses y los años. Así ha sido siempre. Todavía estamos esperando el resultado de la investigación mandada a hacer con voz enérgica por Echeverría sobre la matanza del 10 de junio de 1971, ordenada por él mismo. Dicho esto para no tener que mencionar 1968, con su simulados procesos penales, y de otras muchas tropelías de gobernantes todopoderosos. El caso de Iguala –integrante de la actual crisis de violencia de México– podría durar abierto el tiempo en que se mantengan los mismos en el poder, a pesar de que todos, menos ciertos periodistas maiciados, están de acuerdo con que en el basurero de Cocula no pudieron desaparecer absolutamente los restos de 43 personas tatemadas durante unas cuantas horas; ni que hubiera sido Auswitch.

El gran fracaso no sólo consiste en que la violencia crece sino también que la corrupción aumenta. Pero si eso no fuera suficiente, también es cierto que el gobierno carece de una mínima autocrítica, no convoca a hacer nada, no se sabe cuál es el plan. Después de más de 4 años de sufrir el robo de combustibles, cuestión que se ha convertido en un problema de finanzas públicas, y luego de los enfrentamientos en Puebla, Peña ha dado órdenes para que en todo el gobierno, también generales y almirantes, se trabaje en la elaboración de un plan, sencillamente porque no había ninguno.

Los actuales gobernantes están imposibilitados para admitir que la delincuencia organizada se combate con Estado social y erradicación de la corrupción sistémica. No lo pueden hacer porque son neoliberales y su política de predominio del mercado no sirve para combatir a una de las actividades más lucrativas de ese mercado que es justamente el de las drogas prohibidas. Tampoco pueden porque forman parte del gran entramado global de la corrupción.

Mas los políticos del poder en México son también exponentes de esa moral que pretende prohibir todo lo que no se quiere ver. En México se prohibió la marihuana en los años treintas por presión de Estados Unidos, el mayor productor mundial de cannabis de todos los tiempos. La prohibición de drogas es, en sí misma, una enemiga de la sociedad porque promueve delincuencia, corrupción pública y violencia, pero no impide su producción y consumo. Esa es otra de las verdades que hay que decir al respecto del gran fracaso que corroe a la República.

¿Para qué quieren otra ley las fuerzas armadas?

(Publicado en El Universal. 30.03.2017)

La propuesta de una nueva ley para las fuerzas armadas, denominada de “seguridad interior”, promovida por los secretarios de Defensa y Marina, se ha presentado en el momento en que coinciden dos hechos: la llamada guerra contra el narcotráfico ha fracasado y, como responsables de la decepción, aparecen las fuerzas armadas, a las cuales se les ordenó demoler la delincuencia organizada.

¿Cuál sería el propósito de una ley de seguridad interior? Si se admite el fracaso y se están pidiendo nuevas normas ha de ser porque se considera que con las vigentes no es posible tener éxito, es decir, hay que otorgar a los militares funciones que no les corresponden y que tampoco están permitidas a la policía. Esto, en principio, es contrario a la Constitución.

Se busca que en los trabajos de “inteligencia” se puedan aplicar todas las “medidas necesarias” y se quiere también que los militares retengan detenidos, hagan investigaciones y, en fin, asuman funciones que tienen a su cargo, en combinación, la policía, la PGR, Gobernación y los jueces.

Con la nueva ley no se está buscando que el Ejército y la Armada regresen a los cuarteles, como han dicho algunos generales y almirantes, sino justo lo contrario, se espera que se queden en las calles pero con ilimitadas atribuciones, contrarias a la Constitución y al sistema mundial de los derechos humanos. De eso ya hemos tenido bastante en México.

Desde 1959, cuando se firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos en materia de drogas, se metió al Ejército en la persecución de la producción de opio y marihuana, y se recibió ayuda de Estados Unidos en armamento y equipo. Luego vino la “Operación Cooperación” de 1969, (Díaz Ordaz) para evitar las medidas unilaterales de EU en los pasos fronterizos. Después, luego del convenio internacional sobre drogas, se adoptó la “Operación Cóndor” en 1971 (Echeverría), la cual llevó a su sucesor (López Portillo) a hacer declarar al secretario de Defensa, Félix Galván, en 1978, que el narcotráfico había sido “erradicado” en un 95%. Se había “ganado” la “guerra”, dijeron.

Ya desde los años 60 se denunciaban atropellos de tropas contra población rural, aunque al parecer no tan frecuentemente como ocurrió después, ni se conocieron ejecuciones extrajudiciales como la de Tlatlaya; sucesos como éste sólo se produjeron por motivos de represión política (guerra sucia). También se expidió la ley de pérdida de derechos agrarios de ejidatarios y comuneros (familias de ellos no importaban) que se dedicaran a la producción de estupefacientes, pero sin tocar a la “pequeña” propiedad. La actitud de las fuerzas encargadas de perseguir al narco siempre ha sido muy agresiva y trascendente. Al mismo tiempo, la corrupción no dejó fuera a ninguna corporación aunque sin duda en diferentes intensidades.

¿Para qué se querría hoy una ley exclusiva para las fuerzas armadas, después de 50 años del uso de éstas en la persecución de delitos federales? Parece ser que se piensa que el fracaso militar se ha debido a la falta de facultades inconstitucionales de los militares. Mas darle éstas a los institutos armados es lo más peligroso para cualquier poder civil. Ya de por sí el Ejército y la Armada no piden autorización para el uso discrecional y desproporcionado de la fuerza letal, mucho menos lo harán con una ley que se los autorice.

El debate sobre si la sociedad depende o no de los militares para acabar con la crisis de violencia en el país, creo que está resuelto a la luz del análisis de los últimos 55 años de narcotráfico en México. Hoy tenemos un problema mayor y una violencia mucho peor que hace dos lustros cuando la vieja “guerra” se volvió a declarar por parte de Felipe Calderón. Hacer discursos sobre el Ejercito y la Armada con halagos excesivos y un tanto ridículos, propios de una guerra internacional victoriosa, es por lo menos un desacierto. Pero la verdad está a la vista. Tenemos una “guerra” errónea porque enfrentar a la delincuencia organizada mediante una acción bélica no puede llevar a la victoria aunque tampoco hay una derrota. Sencilla, pero lamentablemente, tenemos una peor situación y a un alto costo en vidas, lesiones y angustias.

Hay que cambiar de política, pero del todo.

Nochixtlán fue otra matanza (impune)

Los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de este año, luego del rápido desbloqueo de una carretera por parte de la Policía Federal, conforman una matanza más. No tendría que haber decenas de muertos para nombrar de tal forma un acontecimiento sangriento, es suficiente la forma en que se comportó la autoridad, en especial la responsabilidad que recae sobre la misma.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha realizado uno de esos lances que le caracterizan: ordenar una investigación conociendo de sobra lo ocurrido, pues él es el jefe de la policía, quien presuntamente ordenó la operación de desalojo del bloqueo y tal vez también el ataque policial contra la posterior protesta popular.

No es creíble que el jefe de la policía se encuentre ignorante de los detalles de Nochixtlán. En realidad, hay que insistir, Osorio tenía el reporte de los acontecimientos de ese día en esa población, contaba con su cuarto de guerra y daba órdenes. Sin embargo, se busca aparentar que aun cuando el país entero pudo ver en  video a un agente de policía federal disparando hacia la multitud, el único que no lo ha visto es el mismísimo jefe de los gendarmes.

El problema es aún más brusco desde el ángulo político, es decir, el de las decisiones que llevaron a la matanza en Nochixtlán. El primer paso se emprendió cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió cancelar negociaciones con la CNTE, luego de lo cual la PGR procedió a intensificar su programa de encarcelamientos de dirigentes magisteriales disidentes, detalladamente elaborado en la Secretaría de Educación Pública a cargo de Aurelio Nuño, quien al parecer sólo conversa con sus amigos y con escolares de primaria a quienes visita con harta frecuencia. Ambas acciones gubernamentales trajeron como consecuencia un incremento en los movimientos de los maestros, en especial el bloqueo de carreteras e, incluso, vías férreas. La respuesta oficial, largamente anunciada, consistió en ordenar la acción policial, tal como por el otro lado lo esperaban tanto manifestantes como la población de varios puntos críticos en Oaxaca y Chiapas.

No hay exageración al calificar esta forma de operar como algo kafkiano en referencia al libro El Proceso en el cual los enjuiciados ignoran de qué se les acusa, el procedimiento y el momento en que se les va a decretar la sentencia; aquí los responsables políticos se investigan a sí mismos y jamás se dictará nada en su contra, ni siquiera pronunciarán ellos alguna leve autocrítica. El gobierno de México supera a Kafka. Así lo vimos cuando Luis Echeverría mandó a investigar la matanza del 10 de junio de 1971 ordenada por él mismo. Claro está que nunca se inició siquiera la tal averiguación sino hasta 40 años después, luego de lo cual el Poder Judicial mexicano nos agravió de nuevo al declarar la prescripción. Cualquiera diría que nada ha cambiado aunque haya cambiado todo.

El hecho de que el diálogo se hubiera restaurado inmediatamente después de la matanza de Nochixtlán sólo indica que el gobierno no puede ocultar su responsabilidad por más investigaciones que simule realizar. Sin embargo, las negociaciones abiertas después de Nochixtlán parecen tener los mimos obstáculos que antes. La tesis peñista de que las leyes no se negocian es de origen diazordacista. La legislación es por excelencia el terreno de la negociación política. Lo que hay que cancelar es justamente el estereotipo de la evaluación. Nunca la enseñanza ha dependido de exámenes aplicados a profesores y a estudiantes. Por más que se hagan pruebas, la educación seguirá siendo buena, mala o regularcita. La nuestra es mala porque la escuela es autoritaria y, por tanto, los docentes y educandos no participan a plenitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje o, bien, éste se encuentra escindido. Aurelio Nuño es el funcionario público que menos está dispuesto a tratar de entender esa realidad.

Diálogo trágico

Tuvieron que morir por las balas de la Policía Federal ocho personas en Nochixtlán para que el gobierno abriera un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación después de meses de solicitudes infructuosas de los maestros y de francas negativas de parte de las autoridades. Dicho esto de otro modo, la política gubernamental de condicionar todo diálogo a la renuncia de las peticiones principales del movimiento arrojó un saldo sangriento de muertos y heridos. La responsabilidad de esa tragedia es sin  duda de Peña Nieto como jefe del gobierno pero el expositor sistemático de la negativa política fue Aurelio Nuño, secretario de Educación y hombre de mayor cercanía del presidente.

En un esfuerzo por sabotear el diálogo ya iniciado en la Secretaría de Gobernación, el mismo Nuño declaró que el tema educativo no sería tocado en las conversaciones. En realidad la reforma no es a la educación básica sino a la administración de la misma. Lo que tiene por ahora que abordarse entre los representantes de la CNTE y el gobierno es un tema de política de organización y administración de recursos humanos de las escuelas primarias y secundarias públicas del país. El sistema de evaluación jamás podrá ser la base del mejoramiento de la enseñanza, mucho menos cuando tiene aspectos punitivos entre otras contradicciones, pero lo verdaderamente grave es que el secretario del ramo así lo considere y por ello defienda las reglas de la evaluación como si fueran parte de una verdadera reforma educativa.

Para arrebatarle al SNTE el control del ingreso y la promoción en el magisterio no se requería improvisar un sistema de evaluación súbita y masiva, pero el gobierno lo adoptó por necedad y ha llevado al país a un ya largo conflicto donde las autoridades fueron cerrándose cada día más: fueron desde la amenaza y los procedimientos de separación de quienes no se presentaban a las evaluaciones hasta los ceses de faltistas y el encarcelamiento de dirigentes. Al final, hubo fuego de la policía.

Osorio Chong, jefe superior de la Policía Federal que disparó contra habitantes de Nochixtlán y quien, por tanto, alguna responsabilidad ha de tener en los hechos de sangre, encabeza la delegación del gobierno en las conversaciones del Palacio de Covián. En tal situación, ese secretario es quien debe encontrar la manera de eludir la línea más intransigente de Peña-Nuño que consiste en que para conversar se requiere la sumisión del que critica, denuncia y protesta.

Mas para lograr la derrota de esa línea intransigente y represiva se requiere que las fuerzas democráticas alcen su voz con la mayor fuerza. No se trata sólo de echar abajo la punitividad del sistema de evaluación sino de derrotar ese alcance punitivo hacia todo conflicto político. Hay que entonar muy alto para obligar a bajar el volumen del griterío autoritario dentro y fuera de los medios de comunicación. Hay que exigir, por tanto, que el diálogo tenga resultados, que predomine la voluntad de llegar a acuerdos.

Es mentira que las leyes no se negocian en sedes gubernamentales, esa afirmación es mendaz y forma parte de la línea de Nuño fraseada ahora por Osorio, la cual sólo busca colocar a las negociaciones de Bucareli sobre la cuerda floja. Tal tesis diazordacista, preámbulo de incontables represiones, debe ser derrotada.

Las investigaciones en curso de la PGR sobre los muertos y heridos por arma de fuego en Nochixtlán no son de fiar. La procuradora es parte del gobierno, lo es en los hechos aunque no lo sea en la ley. Por su lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es incapaz jurídicamente de abrir procesos penales. Así que, en este caso como en otros muchos, se requiere un fiscal independiente. El gobierno no debe seguir investigando al gobierno como hasta ahora ha ocurrido.

No fueron profesores de la CNTE las víctimas mortales del fuego policiaco sino la gente que buscaba impedir la acción de los gendarmes en Nochixtlán porque apoyaba a sus propios maestros. Esto nunca lo reconocerá a las claras un gobierno engreído que quiere dar lecciones de rigidez como instrumento de gobernabilidad.

Recordemos por otra parte que el gobierno no debe educar sino que debe ser educado, conocimiento éste alcanzado desde el siglo XIX. Pues sí, ya estamos en el XXI…, cronológicamente.

Desde Vallejo hasta Rubén Núñez

El encarcelamiento de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, líderes de la sección 22 del sindicato de profesores, es un acto de gobierno en el marco de un conflicto. Ellos son presos políticos. Los delitos que se les imputan ya no son de carácter político, como se usaba hace muchos años, pero la causa penal sí lo es. Se trata de una manipulación del aparato de justicia y así lo confirma el mismo gobierno con sus contradictorias explicaciones.

El cargo no ha sido como se había dicho el robo de libros de texto gratuitos, los cuales carecen de valor comercial. Esa acusación era demasiado débil por no decir ridícula. Se habla ahora de decenas de millones de pesos supuestamente “lavados”. Pero para que hayan operaciones con recursos de procedencia ilícita lo primero es acreditar la existencia de un delito anterior, el cual nunca ha sido denunciado y mucho menos perseguido. Lo que estamos viendo es lo de siempre: investigaciones falsas motivadas por instrucciones de gobierno, jueces de consigna, justicia corrompida por el poder político.

A Demetrio Vallejo y sus compañeros los acusaron en 1959 de disolución social, un  delito directamente político. Él estuvo en la cárcel unos doce años por haber dirigido una huelga. Antes se usaba el Código Penal en defensa declarada de la “seguridad” del Estado. Ahora se utiliza el prosaico “lavado de dinero” como instrumento político para sacar de circulación a ciertas personas.

El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo ha sido semejante por el uso de esa técnica pero con una gran diferencia: ella tiene una larga trayectoria delictiva, la cual siempre fue parte de la manera de operar el sindicalismo “charro”, es decir, de Estado. Lo mismo ocurrió en 1989 con Hernández Galicia, “La Quina”, a quien le plantaron en su casa cajas de armas e incluso un cadáver. Pero tanto la profesora como el líder petrolero eran parte de una estructura de Estado dentro de la cual se estaban produciendo traiciones o deslealtades, al final reprimidas con la misma ilegalidad con la cual se habían sostenido esos liderazgos. Por tal motivo, después de sus encarcelamientos, no sucedió nada relevante más que el encumbramiento de otros líderes de la misma familia política mafiosa pero ya docilitados.

La CNTE es una organización independiente y democrática en la cual existe militancia sindical de base, participación efectiva de sus miembros. Además, está en lucha. Encarcelar a dirigentes mediante inventos judiciales es un acto de represión política, como fue el caso de Vallejo y los ferrocarrileros, no es un ajuste personal de cuentas dentro del Estado corrupto como los casos de “La Quina” y Gordillo.

La lesión que se inflige a la sociedad es evidente porque se reprime la libertad política, la crítica, la movilización ciudadana. El secretario de Educación habla como bravero de barrio y es un golpeador de Peña Nieto. En el momento más complicado de la lucha de la CNTE se aprovecha la situación para, por fin, utilizar la prisión como factor político después de que el funcionario más cercano del presidente de la República, Aurelio Nuño, ya había condicionado el diálogo a una renuncia de la CNTE a sus demandas. Eso quiere decir que el oficialismo declara imposible toda interlocución con adversarios ya que ésa sólo tiene sentido cuando el tema es la divergencia de posiciones, no es una plática de amigos sino una confrontación de ideas y una búsqueda de acuerdos entre discrepantes. Con esto, el gobierno de Peña ha oficializado con absoluto cinismo la renuencia a discutir con opositores y el uso de la prisión como lenguaje político. Se repite el binomio Díaz Ordaz-Echeverría.

El gobierno sigue hacia abajo sobre un plano inclinado por él mismo construido. ¡Libertad a los presos políticos!