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Ley de educación superior: el cadáver político de Zedillo

El proyecto de ley de educación superior es un intento de resurrección del cadáver político de Ernesto Zedillo. Bajo un neoliberalismo muy poco disimulado, se nos anuncia que se quiere que todo siga más o menos igual que antes y se detengan los cambios.

El derecho a la educación superior es universal. Se requiere, claro está, cubrir los ciclos educativos anteriores, los cuales también son derechos sociales. Sin embargo, el proyecto de ley enviado por el Senado a la Cámara de Diputados agrega otra cosa como condición de acceso: “que (se) cumpla con los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior” (Art. 4). Aquí se cae todo.

Ernesto Zedillo mandó reformar la Carta Magna para que el Estado no tuviera que “impartir” educación superior, sino sólo “promoverla y atenderla”, con lo cual este tipo educativo ya no era un derecho que debiera garantizarse. Esto fue derogado por la reforma constitucional del 15 de mayo de 2019 que señala que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual debe brindar los medios de acceso a quienes reúnan los requisitos que, a todo análisis, consisten en contar con los certificados de estudios del ciclo anterior.

Según el proyecto de ley, el nuevo derecho ya no será un derecho propiamente dicho sino algo condicionado a unos requisitos impuestos por las “instituciones”, pero ni siquiera las autónomas solamente sino todas ellas. Es de seguro el examen de admisión y, quizá también, la procedencia, residencia o aspirantura de carrera, como ya lo hemos vivido. Según el proyecto de marras, tales “instituciones” determinarán por sí y ante sí el alcance de un derecho que, pensábamos, ya había sido proclamado como universal en cumplimiento de un compromiso de la 4T.

Se sabe de sobra que los exámenes de admisión siempre fueron filtros para dejar fuera a miles de estudiantes. No son parte de un sistema para conocer y mejorar la educación. Si todos los aspirantes aprobaran el examen con calificación de 10, el número de rechazados sería el mismo. Ahora, se quiere hacer de ese examen la condición legal para el ejercicio del nuevo derecho constitucional, el cual dejaría de serlo por mandato de una legislación secundaria. Es como un robo: tengo algo en la Constitución y me lo quitas en ley derivada. Eso no es algo nuevo en la historia mexicana, pero lo que se busca en concreto es mantener todo igual para impedir que lo nuevo pueda culminar.

La selección de estudiantes para la educación superior ha sido un fuerte mecanismo de clase porque en México vivimos una sociedad profundamente estratificada, lo que, precisamente, hay que reformar. Tal es el sentido, entre otros, del derecho a la educación superior.

Toda educación pública ha de ser gratuita. Por esto, Ernesto Zedillo descontó el nivel superior de aquella “impartida” por el Estado. Las colegiaturas que, sin embargo, ya existían, se buscaba elevarlas y hacerlas parte relevante y creciente del financiamiento de la educación.

En 1986-87 un poderoso movimiento estudiantil aplastó la pretensión de De la Madrid-Carpizo de aumentar las cuotas. Varios años más tarde, otra huelga universitaria que duró un año (1999-2000) hizo posible el repliegue de los neoliberales (Zedillo y compañía), pero se siguieron cobrando colegiaturas en las universidades públicas. Hoy, la Constitución tiene prohibidas las colegiaturas y es preciso resolver el problema definitivamente.

El proyecto de ley de educación superior no brinda un curso cierto para el logro de ese compromiso. Las instituciones públicas de los estados, en especial las autónomas, pretenden que todo se recargue en nuevas autorizaciones presupuestales federales, que son necesarias, pero sin rebajar sus actuales gastos prescindibles y onerosos. Más de la mitad del dinero procedente de cobros por inscripción y colegiatura es recaudada por las universidades estatales, a la vez que la Federación les aporta en promedio el 70% de su subsidio, pero no quieren hacer el menor esfuerzo en favor de la gratuidad. Así han redactado el proyecto de ley.

El llamado fondo de gratuidad de la Cámara de Diputados no puede ser sólo un aumento de subsidio sin propósito muy concreto, como lo pretende el proyecto. Eliminar las cuotas estudiantiles debe incluir un serio esfuerzo de austeridad burocrática por parte de quienes las cobran.

Casi todo el proyecto de ley de educación superior ha sido redactado dentro de la ANUIES y refleja, por tanto, la visión que tienen las dominantes burocracias institucionales.

En el texto del proyecto no se encuentra la palabra democracia, los estudiantes son inexistentes, los profesores son una vaga referencia. La educación superior y las escuelas no son aquello de lo que se habla en el proyecto de ley. Se trata de un texto redactado por las autoridades para ellas mismas.

En el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior que se quiere crear hay 107 autoridades, pero sólo nueve estudiantes y nueve profesores, supuestamente representantes de la totalidad de instituciones educativas públicas y privadas, que serían designados por el mismo consejo. Además, éste podría funcionar legalmente –se dice claro– sin la presencia de un solo estudiante, de un solo profesor. Es la plutocracia de las autoridades y la ausencia de todo concepto de representación.

En el proyecto de ley no se trata sólo de suprimir la palabra sino de eliminar el concepto de democracia. Se pretende, así, que en la nueva legislación no existan elementos republicanos, como si viviéramos bajo una dictadura de jure.

Además, el nuevo consejo nacional, que se pretende instalar aun sin estudiantes ni profesores, no es en realidad un órgano colegiado porque carece de toda capacidad para emitir resoluciones vinculantes. ¿Para qué construir una instancia más como lugar sólo para hablar y escuchar, si acaso?

Quizá por esto mismo ha resurgido en el proyecto la “evaluación”, reducida en el nuevo texto constitucional a ser instrumento diagnóstico de un sistema de mejoramiento educativo. Hoy, se plantea el fomento de “la cultura de la evaluación y acreditación” (Art. 48), que buscaban por varios métodos los neoliberales en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. El liberalismo ha impulsado siempre la competencia entre estudiantes, profesores e instituciones de educación, pero en México no habíamos oído hablar tan claramente de toda una “cultura de la evaluación educativa”.

Como es característica de todo planteamiento de derecha, el proyecto de ley de educación superior no confiere derechos de participación de estudiantes y profesores para intervenir en la determinación de las condiciones de su propia labor. Nunca se dice qué abarca el ser estudiante y el ser profesor, qué funciones desempeñan unos y otros, qué deberes, qué derechos. Nada. En el proyecto de ley, alumnos y maestros no existen más que a través de muy escasas referencias desafortunadas o confusas. En especial, los alumnos son elementos absolutamente pasivos y los maestros son simples subordinados. Se pretende expedir una ley de educación superior, pero sin proceso educativo, sin personas que se relacionan y actúan juntas, sino sólo para regular relaciones formalistas entre las burocracias dominantes.

Ya en el ámbito de lo absurdo, el proyecto busca impedir que los órganos legislativos admitan iniciativas o expidan reformas a la ley de cualquier universidad sin contar con una previa “respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno”. Pero el Congreso de la Unión carece, por una parte, de facultades para regir los procedimientos internos de los poderes legislativos de las entidades federativas y, por la otra, para negar el derecho constitucional de los legisladores y del Ejecutivo a presentar iniciativas de ley. Esta inaudita pretensión tiene el propósito de mantener viejas y caducas estructuras de las universidades, bajo la bandera de la defensa de la autonomía. Por desgracia, esa misma autonomía se confunde hoy día con algo por completo separado o de plano contrario a la democracia universitaria, sin la cual no puede cristalizarse aquella “capacidad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas”, de la que habla la fracción VII del artículo 3º  de la Constitución en referencia a las universidades autónomas.

El proyecto de ley de educación superior se ha presentado como una obra de amplio consenso y trabajo participativo. Pero a su redacción no fueron convidados los críticos de la actual educación superior, cuya organicidad es obsoleta. Nomás estuvo presente la derecha. Es entendible que se produjera un gran acuerdo.

Los movimientos estudiantiles anteriores y posteriores a la gran lucha de 1968 por la democracia política en todo el país buscaban una educación democrática, popular y científica. Hubo mucha represión, es cierto, pero también se lograron resonantes victorias. Universidades y escuelas democratizadas en las que alumbró una nueva educación con base en la ciencia y el examen crítico de la realidad. Fueron periodos en los que en muchos lugares estudiantes y profesores decidían objeto, contenido y métodos de los procesos educativos, con libertad y en pie de igualdad. Hoy vivimos la burocratización, el elitismo, los privilegios de autoridades y un profundo repliegue de la participación democrática de estudiantes y profesores.

Una nueva legislación no sería suficiente para superar este deplorable estado, pero no es aceptable expedir una norma, dejando todo igual o peor, sólo para cubrir un requerimiento. Pronto podríamos volver sobre el tema. Lo más importante en estos días es que no se apruebe una ley neoliberal en plena 4T porque sería una concesión innecesaria e inicua.

Que no se escarbe en tierra infértil para sacar el cadáver político de Ernesto Zedillo, de sus ideólogos y corifeos neoliberales.

Que no sea “… demasiado tarde”

Las versiones del poema de Bertolt Brecht (o de Martin Neimöller) terminan en una desolación: “ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde”. La censura, como toda persecución, es cosa de que se inicie para que luego pueda hacerse normal.

Twitter y Facebook suspendieron las cuentas del tal Donald Trump y eliminaron sus mensajes en las pantallas de millones de personas a partir del día del asalto al Capitolio. ¿Esto merece aplauso de parte de los adversarios del entonces presidente de Estados Unidos? ¿Es válido cancelar textos horrorosos bajo la aplicación del más simple criterio propio de los dueños de las empresas comunicadoras?

Han sido cuentas y frases de Trump las censuradas, pero podrían ser de otro. La amenaza culmina, como nos dice el poema, en que, si antes nada hiciste, ya llegaron por ti.

La Constitución mexicana (Art. 7) prescribe la neutralidad de la red internacional como parte de los medios a través de los cuales se realiza la libertad de difusión de opiniones, información e ideas, declarada como inviolable. La Carta Magna de México dice más: “No se puede restrigir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”.

“Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión”, sigue diciendo la Carta Fundamental mexicana. Los límites que pueden fijar a la libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas, siempre tendrían que incluirse en la ley y aplicarse por autoridad competente en el marco de otros derechos humanos.

Lo que han hecho las empresas que operan varias redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, es lo contrario a lo que prescribe la Constitución de México, para no hablar de las leyes de otros muchos países que tampoco tienen autorizados los bloqueos arbitrarios, Estados Unidos incluido.

Cancelaron en la cuenta de una persona sus mensajes y luego suspendieron la misma. Simultáneamente, impidieron que otros y otras pudieran conocer lo que expresaba el sujeto bloqueado. La libertad consiste en emitir y poder recibir mensajes. El que hubiera sido Donald Trump es relevante, pero no determinante en el significado del hecho, puesto que se trataba de la difusión de ideas e informaciones. Todo esto no sólo abarcó a EU sino al resto del mundo interconectado en el que vivimos.

En el momento en que la autoridad de algún país restringe a Twitter, Facebook (incluido Whatsapp), Telegram u otra red en la difusión de informaciones que denuncian al gobierno, tales empresas censuradas manifiestan su inconformidad, crean un conflicto político y en su auxilio concurren otros gobiernos y hasta la ONU.

Cuando esas empresas por sí mismas censuran y cancelan cuentas mediante las cuales se difunden ideas e informaciones, no pocos gobiernos y la ONU callan porque se trata, quizá, de la libertad de comercio, de las condiciones contractuales impuestas para la prestación de los servicios de comunicación.

Sin embargo, las empresas, las que sean, no emiten leyes sino regulaciones comerciales contractuales que no pueden estar por encima del derecho humano de libre difusión de opiniones, información e ideas. Este criterio es una herencia de algunos olvidados liberales decimonónicos, el cual consiste en que es inválido aceptar la renuncia del derecho propio y que todo acto tendiente a tal propósito es ilegal y nulo de plano. Ningún contrato civil, escrito o hablado, tiene validez si abarca la excepción de derechos y libertades.

La humanidad no puede ahora depositar en unas poderosas empresas de la comunicación mundial la “inviolable libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio”.

El carácter golpista que asumieron los actos del presidente de Estados Unidos el día de la toma del Capitolio no altera la validez de este principio, el cual ya es parte de los derechos humanos. Pero, además, los mayores censores suelen ser, entre otros, los fascistas, como lo son esos partidarios de Trump que buscaban impedir que el Congreso certificara la elección de Joe Biden, quien, por cierto, censuró a los asaltantes pero calló frente a Facebook y Twitter, porque los vio, quizá, como aliados, pero que cualquier día, no obstante, le podrían cancelar sus cuentas en las redes sociales.

Dar consentimiento al acto de censurar arbitrariamente, sin procedimiento ni autoridad, aunque sea tácito, admite que la misma censura pueda ser aplicada contra el aquiescente.

En el caso preciso de Donald Trump, la autoridad legítima ya ha tomado en sus manos el asunto. El aún presidente es un impeached (acusado) por segunda vez y el Senado estadunidense dictará sentencia, antes o después de la terminación de su mandato.

Pero el corte digital contra Trump también tiene otro fondo. Si en las redes se puede censurar opiniones e informaciones, entonces volvemos al esquema del imperio de los grandes medios convencionales. Dicho de otra manera, serán lo mismo Twitter y Facebook que los viejos periódicos y cadenas de radiodifusión. Es el monopolio de la información, en el cual se apoyaron durante dos siglos los poderes despóticos y las democracias formalistas de las clases dominantes.

La vieja libertad de imprenta, en el marco de la prensa escrita o hablada, se constreñía principalmente a los dueños de los periódicos y a los concesionarios de las telecomunicaciones, quienes gozaban de capacidad de difusión. Carecía de esa libertad el resto de la gente que no les podía pagar a aquellos por sus servicios. Al mismo tiempo, en México todo ese andamiaje fue controlado por el gobierno mediante compras, amenazas y represalias. Perder la libertad en las redes sociales sería una regresión.

Esto lo hizo ver el presidente de un país: México. Otros, quizá por convenencia o hipocrecía, ignoraron ese mensaje o voltearon a ver para otro lado, sin descontar a aquellos que insinuaron soezmente que la protesta de López Obrador contra esas empresas de redes sociales sería una forma de apoyo a Donald Trump.

México tiene que emitir una ley que impida la supresión y la censura previa en las redes. Si hasta ahora no se ha expedido es porque se consideraba que sería suficiente el texto constitucional. Pero como no pocos conservadores se han quedado callados frente a la acción de Facebook y el arrogante mensaje de su principal ejecutivo, entonces ya se ve que es necesario legislar y, además, convocar a todas las naciones a impedir las dos cosas: el imperio de las empresas privadas y la acción restrictiva y arbitraria de las autoridades, ya que unas y otras, juntas o separadas, son quienes poseen hoy en día capacidad de coartar la libertad en materia de difusión de opiniones, información e ideas.

Ha sido Donald Trump el acallado, por lo que no era necesario inconformarse; mañana habrá otro cualquiera y tampoco será preciso elevar la voz; al final, quizá seamos muchos y ya no habrá tiempo de detener a los arrogantes administradores de la “inviolable libertad de difundir opiniones, información e ideas”, como la denomina la Constitución mexicana. ¿La historia tiene que repetirse?

¿Quiénes deben combatir la discriminación?

Quienes tienen el encargo de garantizar la igualdad de todos y todas y de que nadie sea discriminado son las autoridades del país. Todas. Eso dice la Constitución en su artículo primero.

Por exigencia de personas defensoras de derechos humanos, pero también como forma de descargar la responsabilidad de las autoridades en materia de igualdad, se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). La generalidad de los entes de gobierno se desentienden del punto porque dicen que ya existe una pequeña dependencia descentralizada que se encarga de todo. ¿Qué es todo?

La discriminación en México se expresa a cada paso y en todas partes. Es imposible que una sola oficina se encargue de prevenir y mucho menos de combatir ese fenómeno ancestral de la vida de México.

Cuando Gilberto Rincón Gallardo, fundador del Conapred, asumió el cargo, fue a la Cámara de Diputados a quejarse de que Vicente Fox y Santiago Creel no gestionaban el presupuesto que él consideraba mínimo. Los diputados no le dieron más que lo solicitado por el Ejecutivo. En realidad, el gasto para prevenir la discriminación pudiera ser tan grande como los presupuestos de las entidades públicas que ejercen funciones de autoridad, porque todas ellas son competentes de alguna manera en el tema.

Esto es algo muy diferente a las funciones de investigar y perseguir delitos que solo tiene a su cargo el Ministerio Público, aunque éste también debe garantizar la igualdad. Además, no se requiere tener facultades de imponer directamente sanciones administrativas como condición para prevenir la discriminación. Cualquier autoridad tiene la obligación de denunciar los actos que vayan en contra de la observancia de la ley, no sólo los delitos.

Ahora bien. Hay varias leyes en México contra la discriminación. En cada Estado, en los bandos y ordenanzas municipales, en la legislación federal. Hay también autoridades que pueden imponer sanciones, multar, clausurar, etcétera. El problema es que los gobiernos de todos los niveles no promueven el respeto a la igualdad y no combaten la discriminación.

Carece de sentido que haya un consejo central para combatir la discriminación porque siempre será inoperante en el mar de tratos desiguales, ofensas racistas, clasistas, sexistas, por edad, género, preferencias, aspecto, gustos, cultura, etcétera, etcétera. En realidad, ningún país con alta discriminación, como existen tantos en el mundo, puede resolver algo mediante el funcionamiento de una inocua oficina.

El problema no es el presupuesto asignado al Conapred. Decir eso es una exageración y carece de sentido práctico. En cambio, es correcto considerar que, dentro del gobierno federal, le corresponde a la Secretaría de Gobernación, directamente y no a través de una extraña figura desconcentrada, hacerse cargo de las responsabilidades de organizar la atención oficial de ese tan relevante asunto.

Lo que hoy tenemos es que la gente se queja ante el Conapred y el gobierno chifla en la loma y se hace el que la virgen le habla. En los hechos ha ocurrido lo que el gobierno de Fox creyó que sería mejor: una oficina donde llegaran las quejas mientras que el aparato público siguiera viviendo en el disimulo. El Conapred ha sido usado por los gobernantes para quitarse un problema de encima. Pero, además, ningún nivel de gobierno le hace caso al Conapred porque ninguno está en la lucha contra la discriminación, considerada como un terreno espinoso.

La discriminación es un tema de la sociedad pero especialmente del Estado porque éste tiene deberes constitucionales, en especial el de hacer valer los derechos humanos.

La atomización del Estado es una manera de crear compartimentos inoperantes, es la distribución de cargos sin perspectiva alguna. No debe haber un pequeño y arrumbado organismo especializado en asuntos de igualdad y no discriminación cuando estos abarcan tanto. Especialistas en el tema deben estar en todas las dependencias públicas. Lo que sí se requiere es una secretaría de Estado, así como las de carácter local y municipal, que sea autoridad en la materia y tenga el mandato expreso y directo de organizar a las demás entidades públicas para aplicar los programas conducentes a la lucha contra la discriminación.

Toda política pública debe tener un contenido de igualdad, tanto en su confección como en su aplicación. Todas las entidades deben contar con el correspondiente protocolo de comportamiento en esta materia. Ningún servidor público puede tener licencia para discriminar. Toda queja debe ser gestionada y asesorada debidamente.

Conapred no cuesta al Estado dinero. Lo que le cuesta mucho al país es la inoperancia del aparato estatal mexicano para contrarrestar y combatir la discriminación. Por ello, son inmensas las tareas legislativas y administrativas que al respecto deben emprenderse.

Hay que ubicar este debate en sus verdaderos términos. Por ahí se tiene que empezar.

Lucha política en tiempos de olas migratorias

El mayor tropiezo político que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido la emergencia de olas migratorias procedentes de América Central. El problema ya lo había encarado la anterior administración, pero sin que se llegara al borde de una ruptura económica de parte de la Casa Blanca.

De los temas principales planteados por Donald Trump, el gobierno de México aceptó recibir a solicitantes de asilo en trámite en Estados Unidos, lo que ya se había hecho desde poco antes, y la prohibición formal de que los migrantes fueran admitidos en México en condición de tránsito hacia el norte.

Al tiempo, las autoridades mexicanas han reforzado la aplicación de la ley que obliga a todo extranjero a solicitar alguna forma legal de internamiento.

Esta reciente tensión en las relaciones entre los dos países ha tenido dos nuevos elementos políticos muy relevantes: la presión de Washington mediante la amenaza de imponer ilegalmente aranceles hasta el 20% a «todas las importaciones» procedentes de México y la muy sonada movilización de la novísima Guardia Nacional hacia las dos fronteras.

La inseguridad prevaleciente en el territorio mexicano y las altas tarifas de las bandas delincuenciales propiciaron un esquema de caravanas. Pero no sólo eso, sino que otra causa ha sido la agudización de la violencia social y la pobreza en los tres países centroamericanos expulsores de emigrantes. El fenómeno migratorio centroamericano sólo es nuevo en su forma y cuantía. En consecuencia, también en su repercusión política.

La crisis motivada por las olas migratorias como expresión extrema de la migración, va a seguir presente con o sin ellas porque aquélla es un fenómeno social y, en tanto, seguirá siendo motivo de confrontación entre los gobiernos de EU y México.

Por su lado, a diferencia de Estados Unidos, México no puede asimilar con normalidad entre 500 mil y un millón de migrantes por año. Su infraestructura, economía y sociedad no están preparados para eso. Aunque sería imposible que tales números se mantuvieran mucho tiempo, en sólo cinco años se podría tener que acomodar a más de tres millones de personas.

Es acertado el planteamiento de López Obrador en el sentido de que es preciso encarar la migración centroamericana con empleo, mejor salario y crecimiento económico, mediante inversiones en cooperación internacional. Sin embargo, no puede haber respuesta económica de consecuencias inmediatas ante este fenómeno. Mientras se integra un plan de largo aliento, sólo puede haber política migratoria.

A pesar del acuerdo signado en Washington entre los gobiernos de México y Estados Unidos, siguen existiendo divergencias entre ambos. México elude declararse formalmente como «tercer país», por lo cual no quiere hacerse cargo de deportados desde el norte para regresarlos a sus respectivos países.

El otro punto significativo de la política mexicana tiene que ser la apertura hacia una emigración que no se aglomere en la frontera norte esperando una oportunidad de paso, sino que se arraigue, al menos de momento, en zonas donde sea posible obtener empleo y alojamiento.

En este contexto destaca el trato a los migrantes. De ninguna manera el gobierno de México debería admitir la erección de barreras policiales en el sur o en el norte. No se debe impedir que los migrantes ingresen al territorio nacional ni se debe bloquear que lo abandonen, como ha sido el sueño dorado de los gobiernos estadunidenses. Las deportaciones deben ser estrictamente las indispensables y legales.

En un marco de respeto a los derechos de las personas y a los principios constitucionales en materia de ingreso y salida del territorio, podrían darse pasos de carácter económico y social para afrontar la migración centroamericana, no sólo la que llega en olas sino aquella que va a continuar indefinidamente a pesar de que pudiera mejorar la situación en los países de origen.

Un problema adicional es la llegada de migrantes procedentes del Caribe y de África. Estos no podrían aceptar un arraigo en México porque para eso mejor se hubieran quedado en sus países. Es gente cuyo viaje fue costoso y, por tanto, muchos tenían condiciones personales diferentes a las que predominan entre los desempleados y subempleados centroamericanos.

En el fondo, la respuesta estadunidense a esta crisis migratoria expresa un agotamiento de la capacidad subjetiva de absorción de migrantes de parte de la sociedad norteamericana. El racismo siempre ha estado presente con fuerza en Estados Unidos, pero ahora tenemos una xenofobia de expulsión, la cual está entrando hasta en sectores de procedencia migrante. Algo semejante ocurre en Europa. Es tanto así que el tema se ha convertido en uno de los problemas más agudos de la lucha política.

Las proyecciones que se hacen podrían estar indicando que la composición étnica y religiosa de algunos países capitalistas desarrollados terminaría por cambiar dentro de algunas décadas. No existe la suficiente cultura de la igualdad humana, el liberalismo ha sido engañoso al respecto. Por ello, surgen partidos xenófobos cada vez más fuertes y se han producido relevos de gobierno como el que se dio en Estados Unidos, aunque con un presidente de minoría, el cual levanta otra vez la bandera de la xenofobia y la «grandeza de US» para buscar un nuevo mandato.

Las potencias económicas no cuentan con una política dirigida a fomentar el crecimiento, productividad y distribución del ingreso de los países desde donde provienen las olas migratorias. Se encuentran de momento en disputas entre ellas. Donald Trump ha llegado para complicar el panorama porque está peleado con casi todo mundo y pasando toda clase de facturas, pero se sigue metiendo en los conflictos propios y ajenos, creando además otros nuevos. Más que nada, parece que resurge una nueva versión del hegemonismo estadunidense como falaz medio de volver a la grandeza, otra vez.

Desde México se debe empezar a hacer política en Estados Unidos y no sólo con Estados Unidos. Las dos economías están integradas, la nación mexicana sólo se ha expandido hacia el norte, las cercanías culturales han ido a más, el flujo humano en ambos sentidos es cada vez mayor. En este marco, a quien más debería preocupar el predominio político de una derecha troglodita es a México como Estado, país y sociedad.

Hacer política en EU es una tarea que deben emprender cuanto antes el gobierno de México y los partidos mexicanos. Y, por cierto, esa no se realiza a través de los consulados, es directa y abarcadora del entramado social o no lo será.

La CNDH se asoma a un precipicio

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez, tiene una percepción mensual neta de 170 373 pesos. Si la Cámara de Diputados llegara a aprobar una remuneración menor para el presidente de la República, como está propuesto, aquel sueldo tendría que ser reducido.

Esto sería consecuencia de que el artículo 127 de la Constitución establece, desde 2009, que ningún servidor público del Estado mexicano puede ganar más que el Presidente de la República. Además, dicha remuneración es determinada por la Cámara de Diputados, la cual «no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley», según ordena el artículo 75 de la misma Carta Magna. Sólo si, «por cualquier circunstancia», se omitiera hacerlo, el sueldo sería el mismo que el año anterior, pero eso ya no ocurre nunca y no debe ocurrir porque sería una transgresión de la norma.

No obstante, la CNDH ha interpuesto una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, recién expedida por el Congreso, con el propósito de que ésta sea declarada inconstitucional.

Un problema nada menor consiste en que la persona que firma dicho recurso ante la Suprema Corte de Justicia tiene interés personal en el asunto. Se trata del presidente de la CNDH, cuya remuneración actual corre peligro de contracción.

Supongamos que la Suprema Corte decide declarar la inconstitucionalidad de la ley mencionada, Raúl González no podría impedir que la Cámara de Diputados obedeciera el mandato del artículo 127 de la Carta Magna, ya que la Corte está incapacitada para declarar inconstitucional a la Constitución. De cualquier forma, al reducirse la remuneración del Presidente de la República, el resto de las retribuciones sólo podrían ser iguales o menores. La norma constitucional debe ser respetada, con o sin ley reglamentaria, porque es tan clara y directa que no requiere ninguna disposición secundaria para tener validez plena.

El argumento que usa la CNDH es que, con la ley de remuneraciones, se están violando derechos humanos. Esto es sin duda falso, pero si la Corte la cancelara, de igual forma, la remuneración de Raúl González a partir del 1º. de enero del próximo año no podría rebasar un solo peso el sueldo del Presidente de la República. Por ello, se está buscando que la misma Corte ordene a la Cámara de Diputados otorgar una remuneración a López Obrador en 2019 igual a la señalada para Peña Nieto en 2018.

Esto es lo que busca Raúl González en abierto reto a la institucionalidad democrática, el voto ciudadano, el mandato político de la mayoría y la vigencia del sistema político de la Constitución. Pero, lo que es peor es que se busca que la Corte ordene a los diputados y diputadas hacer algo indebido, contrario a sus facultades expresas, lo que provocaría un choque absurdo, por innecesario, entre poderes.

El ataque a la ley de remuneraciones sería inoperante ante el predominio de la Constitución, pero se quiere torcer el tronco de la legalidad desde una pretendida defensa de los derechos humanos. Esto último es lo que en realidad duele.

Se invoca un derecho humano de gozar siempre de una remuneración igual o mayor, y nunca menor, aunque sin precisar cuales serían sus actuales garantías constitucionales aplicables a los más altos servidores públicos. Esto es tanto más ofensivo contra el Congreso cuando las y los legisladores se han reducido ya sus propias remuneraciones, acto que no ha sido controvertido por parte de la CNDH ni por nadie por supuesto ataque a derechos humanos y a una buena interpretación de la Carta Magna.

Entre 2009 y 2017 el salario mínimo se ha reducido, tal como en la década anterior. Ha pasado de 54.8 a 88.36 pesos diarios con una inflación acumulada mayor que la suma de los aumentos nominales. La CNDH no ha interpuesto ninguna acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra los sucesivos actos de disminución salarial en términos reales, realizados por el organismo público encargado de fijar los salarios mínimos.

Más en concreto, la CNDH considera que reducir la remuneración del Presidente de la República, en el marco del artículo 127 constitucional que fija a ésta como la máxima, sería una trascendente violación de derechos humanos.

En su texto de 108 folios, la CNDH nunca defiende los salarios en general, sino sólo de los servidores públicos y, por su contexto, exclusivamente de aquellos que ahora están percibiendo más que el sueldo propuesto por López Obrador para el presupuesto de 2019. No se trata de los nuevos funcionarios sino sólo de aquellos que han sido designados para un periodo transexenal, entre ellos, el presidente de la CNDH.

¿De qué se trata la maniobra? De hacer declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Remuneraciones bajo el argumento de que ésta no impide que se rebaje el sueldo del Presidente de la República y, por lo mismo, tratar de impedir tal rebaja por la vía jurisdiccional, por orden de un tribunal.

Si la Ley de Remuneraciones hubiera fijado de alguna manera la remuneración del Presidente de la República o hubiera limitado su cuantía, como lo quiere Raúl González, entonces sí sería una ley inconstitucional porque desobedecería a la Carta Magna, la cual confiere sólo a la Cámara de Diputados la función de señalar la «retribución» correspondiente.

Lo que la Cámara de Diputados no podría hacer es rebajar el sueldo de los trabajadores, cuyos parámetros están relacionados en leyes, contratos, convenios que rigen las relaciones laborales, ya que esas normas se encuentran permanentemente en vigor y son de acatamiento obligatorio.

La CNDH pretende que se confundan las cosas y que el sueldo de su propio presidente sea considerado como algo determinado en un contrato laboral, lo cual, todos lo sabemos, no es así. El sueldo de Raúl González se fija cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con el artículo 75 de la Carta Magna, precepto que no es tomado en cuenta en el texto enviado a la Suprema Corte por parte de la CNDH.

Aunque parezca increíble, Raúl González hace abstracción de que se votó el pasado 1 de julio y se eligió a un nuevo presidente de la República, quien ha integrado un nuevo gobierno, el cual tiene una nueva política que va a proponer, en términos de un nuevo Presupuesto de Egresos, a una también nueva Cámara de Diputados, la cual cuenta con la facultad constitucional exclusiva de aprobar los egresos.

Es deber de todo ciudadano y toda ciudadana coadyuvar con los organismos de derechos humanos, entre ellos la CNDH, la cual se ha distinguido muchas veces por cumplir con su deber constitucional. Pero para seguir respetándola es preciso que ésta se respete a sí misma, se ciña a sus tareas, asuma el sistema democrático de decisión popular y los mandatos políticos de la ciudadanía, entre los cuales se encuentran los de la conducción de la administración pública.

El actual sueldo de Raúl González no tiene relación con un derecho humano sino es producto de la decisión política de la Cámara de Diputados que le asignó la cantidad neta de 5 679.10 pesos diarios. Según se infiere del mensaje y la conducta de la CNDH, cuando esa cantidad se aprobó por parte de los diputados y diputadas era justa, aunque millones ganaban la mísera cantidad de 88.36 al día, 64 veces menos que aquél, sin que algún órgano del Estado, ni los de derechos humanos, intentara alguna acción.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se asoma a un precipicio al proteger el sueldo de su presidente. Sus prerrogativas constitucionales no fueron otorgadas para tal propósito. Defendámosla porque le pertenece a los seres humanos.

 

UNAM: el gobierno nunca informa… tampoco ahora

La represión frente a la Torre de Rectoría es un hecho grave que debería ser motivo de sendos informes, tanto del gobierno federal, por tratarse de una institución nacional, como del gobierno capitalino, por haber ocurrido en la Ciudad de México.

Como fue un acto represivo contra el ejercicio de los derechos humanos de reunión, petición y manifestación de las ideas, perpetrado por un grupo de individuos organizados, presumiblemente una banda, aunque no fuera ésta de carácter gubernamental, es preciso saberlo todo al respecto. Es lo mínimo que debería reclamar la sociedad y, también, la misma Universidad.

Las autoridades han dicho que el Ministerio Público averigua. Mientras, un alud de exigencias se dirigen a pedir castigo para los responsables. Ya se sabe que el procurador debe intervenir, pues se han cometido delitos, lo cual implica investigaciones penales. No hace falta exigirlo.

El gobierno federal y, por lamentable extensión, el de la capital, nunca informan, son omisos en su deber de exponer y explicar lo ocurrido. Lo más que se ha atrevido a decir el jefe de gobierno de la capital es que los represores de la Rectoría llegaron en varios vehículos desde el Estado de México. El secretario de Gobernación no ha podido pronunciar ni palabra, parece que para él no hay materia; sencillamente, no gobierna.

Así como jamás nos informaron de lo ocurrido en Tlatlaya ni de los violentos sucesos de Nochixtlán, para recordar sólo dos desgarradores hechos sangrientos, tampoco nos hablan de lo que acaba de ocurrir en la Ciudad Universitaria, aunque ahí no hubieran intervenido fuerzas castrenses o policiales. ¿Para qué sirven los servicios de «inteligencia»? ¿A qué se dedican los observadores, halcones, palomas, orejas, mirones, chivatos, que por centenares tienen a su servicio el gobierno federal y el capitalino?

Es probable que los gobernantes de ambos niveles sí tengan informaciones que no quieran integrar en una versión concreta y pública. Pero es inadmisible que no se explique la naturaleza y propósitos del grupo agresor cuando el mismo rector ha expulsado de la UNAM a varios de sus probables integrantes. Por cierto, el doctor Enrique Graue se equivoca al dar a conocer los nombres de los alumnos sancionados, ya que éstos se encuentran bajo presunción de inocencia, tienen recurso para apelar la expulsión y no deberían ser estigmatizados. La Universidad debe ser la primera en respetar derechos por más que su rector tenga prisa de enviar un mensaje de severidad o algo por el estilo. No se pueden defender derechos de unos violando los de otros.

Aquí lo que importa no son los nombres de los expulsados, sino el conocimiento del entramado organizativo de los represores, sus actividades y propósitos. Tenemos derecho a saberlo todo al respecto. Luego, el Ministerio Público tendría que hacer su trabajo en relación con las personas.

Tampoco se ha explicado porqué en el momento de la agresión en la Torre de Rectoría, ninguna autoridad hizo algo para repelerla. ¿Cualquier cosa puede ocurrir bajo las barbas del rector sin que existan vigilantes o personal de resguardo y vigilancia para intervenir o, tal vez, llamar a algún cuerpo policial? Lo más que hicieron fue solicitar servicios médicos de urgencia. Esta realidad no se va a superar con la sola «suspensión» del encargado de la vigilancia de la UNAM sin dar las explicaciones del caso.

La autonomía universitaria obliga a la autoridad a llamar a la fuerza pública cuando estudiantes o profesores están siendo agredidos o reprimidos en una situación en la que el resguardo interno se muestra impotente, tal como ocurrió el pasado 3 de septiembre.

Lo que está sucediendo, con la entusiasta participación de la prensa, es una lluvia de especulaciones frente a las cuales ambos gobiernos guardan silencio porque decir algo concreto les obligaría a contarnos una historia que tal vez no desean que se conozcan o porque, de plano, la desconocen. En ambos casos estaríamos frente a autoridades incompetentes, ya fuera por acción o por omisión.

En este marco, está surgiendo lo que podría llegar a ser un movimiento estudiantil reivindicativo sobre el tema de la inseguridad y algunos otros puntos de carácter académico-administrativo, cuya atención ha estado postergada por demasiado tiempo.

La Universidad acusa un retraso en materia de democracia. Mientras en el país se han producido cambios, aunque a tropezones, el sistema de gobierno universitario sigue igual que hace 73 años. La democracia ha sido negada con el argumento de que la derecha es mayoritaria, pero, ¿y eso qué?

Por lo pronto, no sería menos importante que el estudiantado y los académicos exigieran al gobierno federal y al capitalino sendos informes, deber elemental de toda autoridad.

Conspiración contra los derechos humanos y la Constitución

 

Es el Estado, incluyendo sus aparatos armados, quien debe garantizar a las personas el ejercicio de sus derechos. Con el proyecto de Ley de Seguridad Interior, las cosas se plantean al revés: se quieren otorgar «garantías» a los jefes del Ejército y la Armada, entendidas ésas como un medio para sustraer sus propias actividades del sistema jurídico general del país y crear de tal forma una burbuja normativa.

Dice el artículo 18 del proyecto: «En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública». Esto quiere decir que las funciones de policía que desempeñen los militares sólo serán tales en la realidad, pero nunca según la ley. Todas las disposiciones vinculadas con la seguridad pública, incluyendo las relacionadas con detenidos y el uso de la fuerza, quedarían sin aplicación para los militares.

Para una mayor claridad, en el artículo 10 se dice que «la materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo», en la cual se encuentran reglas de la función pública y derechos de las personas, empezando por el de petición.

El artículo 30 permite a los militares llevar a cabo funciones de inteligencia de carácter civil. Además, señala que, «al realizar» tales tareas, las fuerzas federales (policía) y las fuerzas armadas «podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información», lo cual permitiría, por ejemplo, solicitar directamente, sin el Ministerio Público, la intervención de comunicaciones o llevar a cabo interrogatorios. La cuestión se redondea cuando el artículo 32 señala que «en materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos (!) deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley». Esas otras «autoridades» son los comandantes (así llamados) de las operaciones de seguridad interior, militares nombrados por el presidente de la República a quien deben rendir sus informes, de acuerdo con el proyecto de ley. Con esto, tales jefes podrían ordenar, por ejemplo, que se les entregue información de seguridad nacional (CISEN), fiscal, bancaria, ministerial, electoral (listados de electores e identificación de los mismos) y cualesquiera otras que requieran para sus «tareas de inteligencia». Lo anterior se aplica también a las entidades federativas, bajo las figuras llamadas «deberes de colaboración».

En cambio, el proyecto de ley declara que la información sobre «seguridad interior» queda protegida como si fuera de Seguridad Nacional, con lo cual, la deja durante años fuera del sistema de transparencia.

Así, los comandantes, bajo el esquema de seguridad interior, serán las personas más poderosas del país.

El proyecto habla de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior (siempre prorrogable y que puede ser innecesaria en situaciones «de grave peligro»), emitida por el presidente de la República, por sí o a petición de las entidades federativas. Además, se señala en el artículo 6 que «las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas… implementarán sin necesidad de Declaratoria… políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente… los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos…». Con esto, la nueva ley estaría en aplicación de manera permanente, en el colmo de la flexibilidad normativa, es decir, bajo la discrecionalidad total.

«La seguridad interior –dice el proyecto– es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional…». Es decir, el concepto no sólo abarca al Estado sino a todo lo relacionado con el país: su «desarrollo». Esa sería una ley sin límites.

El Ministerio Público, institución constitucional encargada de hacer las investigaciones y perseguir a los delincuentes, no aparece en la pretendida Ley de Seguridad Interior más que en un precepto (art. 27), como instancia a quien los militares le informan cuando haya delitos y, a través de la policía, le entregan a los detenidos, pero sin definir en qué momento.

Lo que se quiere es que esta ley sea la «carta de garantías» exigida por los generales y almirantes, quizá no todos, pero al menos el alto mando.

Se trata de una legalización de funciones que no corresponden a las fuerzas armadas, pero con la cual se quiere empeorarlo todo mediante una enorme centralización de poder.

Este proyecto no ha ido acompañado de una autocrítica sobre la política de seguridad pública aplicada a través de los cuerpos de policía y de las fuerzas armadas, la cual ha fracasado. Ahora es mayor la delincuencia organizada y la violencia.

En lugar de aprobar una ley dentro del mismo desastroso esquema, hay que llevar al Estado nacional, todo éste, a un examen riguroso y honrado de la crisis de seguridad.

Mas, por lo pronto, el punto de partida de cualquier cambio sería que no se extienda esa pretendida «carta de garantías».

Por otro lado, el proyecto de Ley de Seguridad Interior pretende hacer un fraude a la Constitución porque, siendo que el Congreso tiene facultad para legislar en materia de Seguridad Nacional (art.73. XXIX-M), carece de facultad para «… regular la función del Estado (Federación, entidades federativas y municipios) para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia», como lo pretende el proyecto de marras en su artículo 1. Por tanto, el contenido general de la pretendida ley es inconstitucional debido a la ausencia de facultades del Congreso en esa materia, la cual, por lo demás, ni siquiera existe como tal. Lo anterior, no obstante que en ese mismo artículo 1 se diga que «las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional», lo que evidentemente no es verdad, pues se trata de seguridad pública.

El proyecto se contradice también con los artículos 21 y 129 de la Constitución; el primero de ellos, sobre la seguridad pública como algo de carácter civil y, el segundo, sobre las autoridades militares, las cuales no pueden tener más funciones que las exactamente militares.

Es tarea urgente derrotar esa conspiración contra los derechos humanos y el orden constitucional.

Las mentirosas golondrinas en el alambre

El gobierno mexicano siempre ha escuchado comunicaciones telefónicas privadas. Lo nuevo consiste en cómo lo hace y en para qué usa el producto de sus ilegales intromisiones. También es novedad que ahora no sólo oye sino también lee las comunicaciones, como en los muy viejos tiempos en que la correspondencia aún no era libre e inviolable.

El gran problema que tiene hoy México es que no hay, ni se quiere que haya, el menor control sobre esa actividad. El gobierno ha dicho que no sabe nada de nada, pero no se le ha solicitado un informe oficial sobre las interferencias «legales», quiénes las hacen y con qué propósitos generales. Dicen que todo es secreto de «seguridad nacional», lo cual es una mentira, pero muchos medios y casi todos los partidos se la han creído.

Si en México existiera un verdadero Congreso, el gobierno tendría que informar lo que hace y cómo lo hace, en esta materia y en muchas otras. Lo que es secreto es lo que se oye o lo que se lee, excepto cuando el secretario de Gobernación decide filtrarlo a la prensa: lo secreto se convierte en público, pero el gobierno vuelve a negar su autoría.

En realidad, un gobierno que actúa de esa manera es de carácter delincuencial, pero eso no es visto así, sino que, por lo regular, se acepta que cualquier gobierno necesita conocer las comunicaciones de los adversarios, por un lado, y de los delincuentes organizados, por el otro. Pero se revuelven ambos planos de tal manera que el espía se puede meter con cualquiera.

Aun a los «malos» hay que espiarlos mediante órdenes judiciales, pero tampoco se conoce la estadística al respecto, la cual no tendría que ser secreta.

Las golondrinas en el alambre oyen o leen también a Enrique Peña Nieto, según él mismo ha dicho, aunque no aclaró que se trata de la NSA estadunidense. Sin embargo, tal afirmación del presidente fue para dar a entender que las intervenciones de teléfonos celulares y correos electrónicos son realizadas por personas enteramente desconocidas y, más aún, por cualquiera que se proponga hacerlo para el propósito que fuera. Esta es otra gran mentira de las golondrinas en el alambre, pero admitida por algún columnista que tilda de ingenuos a quienes niegan que pueda haber consorcio de espionaje ilegal fuera del gobierno. Ése, sin embargo, no ha sido ingenuo al tragarse la especie oficial, ni le hizo daño, sino todo lo contrario.

Los sistemas de interferencia de comunicaciones privadas tienen un costo. El poder de fiscalización lo posee el Congreso pero tampoco sabemos qué se ha comprado y cuánto se ha gastado porque se encuentra bajo secreto –»reservado», se dice–, lo que evidentemente es una mentira más de las aludidas golondrinas. Ninguna partida secreta ha sido aprobada por la Cámara desde hace varios años y, aunque la hubiera, el secreto no exime de dar cuenta del gasto.

La ex procuradora Arely Gómez dijo que la PGR compró equipo de interferencia, caro por bueno. La Secretaría de la Defensa ha dicho que también compró pero no le gustó el servicio del contratista. El CISEN no ha dicho nada, pero se filtra que sí, que lo tiene. Se añade que todo, sin embargo, ha sido enteramente legal. Las mentiras de las golondrinas llegan a su culminación.

Hay uno que otro periodista y director por añadidura, de esos que siempre están con el gobierno y la chota porque les pasan filtraciones de origen ilegal, que ha dicho que no hay motivo para no creerle a los funcionarios, de tal manera que las personas que quieren saber lo «secreto» del tinglado nomás están mal: prohibido inquirir, prohibido saber. Siempre ha habido periódicos así. Espero que en un lejano futuro no haya golondrinas ni redactores que les acompañen.

El `68, Perelló y el machismo

Una de las maneras de explicar las expresiones machistas, discriminadoras y ofensivas de Marcelino Perelló en la última emisión de su programa en Radio-UNAM, ha consistido en afirmar que él se quedó en lo que eran los jóvenes estudiantes en los años sesenta, y que no ha entendido los cambios producidos desde entonces en las relaciones de género.

El punto es relevante porque en los medios universitarios de fines de los años sesenta el machismo era menos desbocado que el predominante en el resto de la sociedad. En 1968 las estudiantes participaron junto con sus compañeros. Ese fue el primer movimiento estudiantil al que se incorporaron masivamente mujeres, con motivo del cual cambiaron varias cosas en sus relaciones con los hombres.

Es también relevante el punto porque cuando los dichos machistas de un comunicador social se atribuyen al predominio de una conciencia discriminatoria, en el fondo se está buscando justificarlos, es decir, convertir al conductor del programa en una especie de víctima de una sociedad machista que le ha impartido sus enseñanzas.

Es verdad que la discriminación de las mujeres es un producto histórico social, pero ver cada caso con ese lente es un callejón sin salida que sólo puede llevar a justificarla y a impedir su rechazo. La lucha por subvertir las desiguales relaciones de género no se dirige contra un fantasma que está en todos sitios y en ninguno, sino contra los elementos concretos de la conciencia patriarcal y de su práctica.

Decir en la radio que es normal ultrajar a una mujer –que fue lo expuesto por Perelló— es exactamente una manera de tratar de normalizar una conducta que, por más frecuente que sea, es socialmente repudiable.

Haber dicho en público eso en 1968 hubiera sido escandaloso e igualmente execrable. La diferencia es que ahora las mujeres tienen más voz y han logrado cambiar leyes y otras normas, además de que existen nuevos medios de comunicación no monopolizados como las redes sociales.

Desde el ángulo jurídico, la Constitución obliga ahora a la autoridad a hacer valer el derecho de todas las personas a no ser discriminadas, a ser respetadas por su sexo, edad, etcétera. Invocar la libertad de expresión (aquí sería la de difusión de las ideas a través de cualquier medio, incluida hace pocos años el artículo 7º. de la Constitución), es una falsedad porque nadie tiene derecho a difundir ofensas discriminantes y tendientes a la reproducción de condiciones de opresión de género a través de medios orales, visuales, escritos. Así es la ley porque de lo contrario sería imposible hacer efectivos los derechos humanos.

Si en la difusión se pudieran normalizar libremente los ultrajes sexuales, se haría nugatoria la norma fundamental consiste en que dichos actos son ilícitos. No se trata de suponer que tales ultrajes sean poco frecuentes sino que no sería válido considerar que, por no serlo, hubiera que ignorarlos o justificarlos con la falsa tesis de que no se pueden perseguir uno por uno. Si pocas o muchas personas debieron ser reconvenidas por acciones similares pero no fue así, eso no puede justificar la conducta ilícita de nadie más.

En la reciente discusión a propósito de lo dicho, refrendado y aumentado por Perelló, se ha hablado también de una supuesta actitud irreverente y subversiva del cuestionado conductor radiofónico. Pero en realidad es al revés: lo subversivo consiste en la crítica y la defenestración de la normalización de las agresiones sexuales. Nada que ver, por cierto, la discusión sobre el tipo penal vigente de violación, sino lo dicho por Perelló sobre lo normal que le parece a él la agresión sexual sin cópula, cuestión, por cierto, debatida y legislada desde el siglo XIX (1871 en México).

Por lo oído, algunas opiniones de Perelló al respecto no se ubican en los años sesentas del siglo XX sino en el siglo XVIII.

¿Para qué quieren otra ley las fuerzas armadas?

(Publicado en El Universal. 30.03.2017)

La propuesta de una nueva ley para las fuerzas armadas, denominada de «seguridad interior», promovida por los secretarios de Defensa y Marina, se ha presentado en el momento en que coinciden dos hechos: la llamada guerra contra el narcotráfico ha fracasado y, como responsables de la decepción, aparecen las fuerzas armadas, a las cuales se les ordenó demoler la delincuencia organizada.

¿Cuál sería el propósito de una ley de seguridad interior? Si se admite el fracaso y se están pidiendo nuevas normas ha de ser porque se considera que con las vigentes no es posible tener éxito, es decir, hay que otorgar a los militares funciones que no les corresponden y que tampoco están permitidas a la policía. Esto, en principio, es contrario a la Constitución.

Se busca que en los trabajos de «inteligencia» se puedan aplicar todas las «medidas necesarias» y se quiere también que los militares retengan detenidos, hagan investigaciones y, en fin, asuman funciones que tienen a su cargo, en combinación, la policía, la PGR, Gobernación y los jueces.

Con la nueva ley no se está buscando que el Ejército y la Armada regresen a los cuarteles, como han dicho algunos generales y almirantes, sino justo lo contrario, se espera que se queden en las calles pero con ilimitadas atribuciones, contrarias a la Constitución y al sistema mundial de los derechos humanos. De eso ya hemos tenido bastante en México.

Desde 1959, cuando se firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos en materia de drogas, se metió al Ejército en la persecución de la producción de opio y marihuana, y se recibió ayuda de Estados Unidos en armamento y equipo. Luego vino la «Operación Cooperación» de 1969, (Díaz Ordaz) para evitar las medidas unilaterales de EU en los pasos fronterizos. Después, luego del convenio internacional sobre drogas, se adoptó la «Operación Cóndor» en 1971 (Echeverría), la cual llevó a su sucesor (López Portillo) a hacer declarar al secretario de Defensa, Félix Galván, en 1978, que el narcotráfico había sido «erradicado» en un 95%. Se había «ganado» la «guerra», dijeron.

Ya desde los años 60 se denunciaban atropellos de tropas contra población rural, aunque al parecer no tan frecuentemente como ocurrió después, ni se conocieron ejecuciones extrajudiciales como la de Tlatlaya; sucesos como éste sólo se produjeron por motivos de represión política (guerra sucia). También se expidió la ley de pérdida de derechos agrarios de ejidatarios y comuneros (familias de ellos no importaban) que se dedicaran a la producción de estupefacientes, pero sin tocar a la «pequeña» propiedad. La actitud de las fuerzas encargadas de perseguir al narco siempre ha sido muy agresiva y trascendente. Al mismo tiempo, la corrupción no dejó fuera a ninguna corporación aunque sin duda en diferentes intensidades.

¿Para qué se querría hoy una ley exclusiva para las fuerzas armadas, después de 50 años del uso de éstas en la persecución de delitos federales? Parece ser que se piensa que el fracaso militar se ha debido a la falta de facultades inconstitucionales de los militares. Mas darle éstas a los institutos armados es lo más peligroso para cualquier poder civil. Ya de por sí el Ejército y la Armada no piden autorización para el uso discrecional y desproporcionado de la fuerza letal, mucho menos lo harán con una ley que se los autorice.

El debate sobre si la sociedad depende o no de los militares para acabar con la crisis de violencia en el país, creo que está resuelto a la luz del análisis de los últimos 55 años de narcotráfico en México. Hoy tenemos un problema mayor y una violencia mucho peor que hace dos lustros cuando la vieja «guerra» se volvió a declarar por parte de Felipe Calderón. Hacer discursos sobre el Ejercito y la Armada con halagos excesivos y un tanto ridículos, propios de una guerra internacional victoriosa, es por lo menos un desacierto. Pero la verdad está a la vista. Tenemos una «guerra» errónea porque enfrentar a la delincuencia organizada mediante una acción bélica no puede llevar a la victoria aunque tampoco hay una derrota. Sencilla, pero lamentablemente, tenemos una peor situación y a un alto costo en vidas, lesiones y angustias.

Hay que cambiar de política, pero del todo.