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El `68, Perelló y el machismo

Una de las maneras de explicar las expresiones machistas, discriminadoras y ofensivas de Marcelino Perelló en la última emisión de su programa en Radio-UNAM, ha consistido en afirmar que él se quedó en lo que eran los jóvenes estudiantes en los años sesenta, y que no ha entendido los cambios producidos desde entonces en las relaciones de género.

El punto es relevante porque en los medios universitarios de fines de los años sesenta el machismo era menos desbocado que el predominante en el resto de la sociedad. En 1968 las estudiantes participaron junto con sus compañeros. Ese fue el primer movimiento estudiantil al que se incorporaron masivamente mujeres, con motivo del cual cambiaron varias cosas en sus relaciones con los hombres.

Es también relevante el punto porque cuando los dichos machistas de un comunicador social se atribuyen al predominio de una conciencia discriminatoria, en el fondo se está buscando justificarlos, es decir, convertir al conductor del programa en una especie de víctima de una sociedad machista que le ha impartido sus enseñanzas.

Es verdad que la discriminación de las mujeres es un producto histórico social, pero ver cada caso con ese lente es un callejón sin salida que sólo puede llevar a justificarla y a impedir su rechazo. La lucha por subvertir las desiguales relaciones de género no se dirige contra un fantasma que está en todos sitios y en ninguno, sino contra los elementos concretos de la conciencia patriarcal y de su práctica.

Decir en la radio que es normal ultrajar a una mujer –que fue lo expuesto por Perelló— es exactamente una manera de tratar de normalizar una conducta que, por más frecuente que sea, es socialmente repudiable.

Haber dicho en público eso en 1968 hubiera sido escandaloso e igualmente execrable. La diferencia es que ahora las mujeres tienen más voz y han logrado cambiar leyes y otras normas, además de que existen nuevos medios de comunicación no monopolizados como las redes sociales.

Desde el ángulo jurídico, la Constitución obliga ahora a la autoridad a hacer valer el derecho de todas las personas a no ser discriminadas, a ser respetadas por su sexo, edad, etcétera. Invocar la libertad de expresión (aquí sería la de difusión de las ideas a través de cualquier medio, incluida hace pocos años el artículo 7º. de la Constitución), es una falsedad porque nadie tiene derecho a difundir ofensas discriminantes y tendientes a la reproducción de condiciones de opresión de género a través de medios orales, visuales, escritos. Así es la ley porque de lo contrario sería imposible hacer efectivos los derechos humanos.

Si en la difusión se pudieran normalizar libremente los ultrajes sexuales, se haría nugatoria la norma fundamental consiste en que dichos actos son ilícitos. No se trata de suponer que tales ultrajes sean poco frecuentes sino que no sería válido considerar que, por no serlo, hubiera que ignorarlos o justificarlos con la falsa tesis de que no se pueden perseguir uno por uno. Si pocas o muchas personas debieron ser reconvenidas por acciones similares pero no fue así, eso no puede justificar la conducta ilícita de nadie más.

En la reciente discusión a propósito de lo dicho, refrendado y aumentado por Perelló, se ha hablado también de una supuesta actitud irreverente y subversiva del cuestionado conductor radiofónico. Pero en realidad es al revés: lo subversivo consiste en la crítica y la defenestración de la normalización de las agresiones sexuales. Nada que ver, por cierto, la discusión sobre el tipo penal vigente de violación, sino lo dicho por Perelló sobre lo normal que le parece a él la agresión sexual sin cópula, cuestión, por cierto, debatida y legislada desde el siglo XIX (1871 en México).

Por lo oído, algunas opiniones de Perelló al respecto no se ubican en los años sesentas del siglo XX sino en el siglo XVIII.

¿Para qué quieren otra ley las fuerzas armadas?

(Publicado en El Universal. 30.03.2017)

La propuesta de una nueva ley para las fuerzas armadas, denominada de “seguridad interior”, promovida por los secretarios de Defensa y Marina, se ha presentado en el momento en que coinciden dos hechos: la llamada guerra contra el narcotráfico ha fracasado y, como responsables de la decepción, aparecen las fuerzas armadas, a las cuales se les ordenó demoler la delincuencia organizada.

¿Cuál sería el propósito de una ley de seguridad interior? Si se admite el fracaso y se están pidiendo nuevas normas ha de ser porque se considera que con las vigentes no es posible tener éxito, es decir, hay que otorgar a los militares funciones que no les corresponden y que tampoco están permitidas a la policía. Esto, en principio, es contrario a la Constitución.

Se busca que en los trabajos de “inteligencia” se puedan aplicar todas las “medidas necesarias” y se quiere también que los militares retengan detenidos, hagan investigaciones y, en fin, asuman funciones que tienen a su cargo, en combinación, la policía, la PGR, Gobernación y los jueces.

Con la nueva ley no se está buscando que el Ejército y la Armada regresen a los cuarteles, como han dicho algunos generales y almirantes, sino justo lo contrario, se espera que se queden en las calles pero con ilimitadas atribuciones, contrarias a la Constitución y al sistema mundial de los derechos humanos. De eso ya hemos tenido bastante en México.

Desde 1959, cuando se firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos en materia de drogas, se metió al Ejército en la persecución de la producción de opio y marihuana, y se recibió ayuda de Estados Unidos en armamento y equipo. Luego vino la “Operación Cooperación” de 1969, (Díaz Ordaz) para evitar las medidas unilaterales de EU en los pasos fronterizos. Después, luego del convenio internacional sobre drogas, se adoptó la “Operación Cóndor” en 1971 (Echeverría), la cual llevó a su sucesor (López Portillo) a hacer declarar al secretario de Defensa, Félix Galván, en 1978, que el narcotráfico había sido “erradicado” en un 95%. Se había “ganado” la “guerra”, dijeron.

Ya desde los años 60 se denunciaban atropellos de tropas contra población rural, aunque al parecer no tan frecuentemente como ocurrió después, ni se conocieron ejecuciones extrajudiciales como la de Tlatlaya; sucesos como éste sólo se produjeron por motivos de represión política (guerra sucia). También se expidió la ley de pérdida de derechos agrarios de ejidatarios y comuneros (familias de ellos no importaban) que se dedicaran a la producción de estupefacientes, pero sin tocar a la “pequeña” propiedad. La actitud de las fuerzas encargadas de perseguir al narco siempre ha sido muy agresiva y trascendente. Al mismo tiempo, la corrupción no dejó fuera a ninguna corporación aunque sin duda en diferentes intensidades.

¿Para qué se querría hoy una ley exclusiva para las fuerzas armadas, después de 50 años del uso de éstas en la persecución de delitos federales? Parece ser que se piensa que el fracaso militar se ha debido a la falta de facultades inconstitucionales de los militares. Mas darle éstas a los institutos armados es lo más peligroso para cualquier poder civil. Ya de por sí el Ejército y la Armada no piden autorización para el uso discrecional y desproporcionado de la fuerza letal, mucho menos lo harán con una ley que se los autorice.

El debate sobre si la sociedad depende o no de los militares para acabar con la crisis de violencia en el país, creo que está resuelto a la luz del análisis de los últimos 55 años de narcotráfico en México. Hoy tenemos un problema mayor y una violencia mucho peor que hace dos lustros cuando la vieja “guerra” se volvió a declarar por parte de Felipe Calderón. Hacer discursos sobre el Ejercito y la Armada con halagos excesivos y un tanto ridículos, propios de una guerra internacional victoriosa, es por lo menos un desacierto. Pero la verdad está a la vista. Tenemos una “guerra” errónea porque enfrentar a la delincuencia organizada mediante una acción bélica no puede llevar a la victoria aunque tampoco hay una derrota. Sencilla, pero lamentablemente, tenemos una peor situación y a un alto costo en vidas, lesiones y angustias.

Hay que cambiar de política, pero del todo.

Absolución del aborto

El pontífice máximo de la Iglesia Católica ha concedido a todos los sacerdotes la facultad de absolver a quienes hubieran procurado un aborto. Se trata de una decisión permanente, una prórroga indefinida de lo que había sido establecido por el mismo Papa sólo para un año, el de la misericordia, recién concluido. Además, el perdón del aborto ha de ser “omnicomprensivo”, es decir, abarcará a todas las personas que hubieren intervenido en la interrupción del embarazo, esposos, familiares, enfermeras, enfermeros, médicos, etc.

Como se sabe, el aborto es un pecado grave en la Iglesia Romana. Bajo la política de misericordia promovida por el actual pontífice católico, Francisco, el interrumpir de manera voluntaria un aborto no dejará de ser el mismo pecado que antes pero en lo sucesivo podrá ser perdonado por cualquier sacerdote y no sólo por un obispo bajo condiciones extraordinarias. Cada aborto ya será, por tanto, una conducta posible de ser perdonada a juicio de cualquier ministro de culto católico.

El pontificado de Francisco se ubica de esta forma en el mismo nivel que los países donde se perdona el aborto, aún considerado como delito, tomando en cuenta las condiciones bajo las cuales se realiza. Ese fue el primer paso que se tuvo que dar en muchos lugares donde ahora el aborto ya es considerado como una decisión de cada cual.

Roma se incorpora de esta manera al inicio del proceso de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y, por tanto, del reconocimiento pleno del derecho de las mujeres sobre el libre uso de su propio cuerpo, lo que incluye la maternidad libre, es decir, no obligada por la condición de sexo como fue durante milenios. Las mujeres no están ya sometidas a una condición de reproductoras, de receptáculos de la semilla masculina para la perpetuación de la especie humana y de la estirpe de los dominantes.

Francisco ha tocado un punto que siempre fue en extremo delicado desde un punto de vista teológico. Él lo aborda por el lado de la misericordia. Sin embargo, deja planteado dentro de la Iglesia Católica un asunto de mayor fondo: los derechos de las mujeres.

El actual pontífice máximo quizá no podrá concluir su obra consistente en reconocer que la iglesia romana “no es nadie para juzgar” las preferencias e inclinaciones del prójimo, lo cual habrá de ser finalmente la gran reforma eclesial que coloque al sacerdocio en pié de igualdad con los demás individuos que son entre sí iguales según el Estado moderno laico. Empezar a despojar al clero de su condición de representante de la divinidad será sin duda una reforma que, sin negar la teología, admita ubicar a las personas en el plano en que las ha puesto la doctrina de la igualdad humana. Esto tendría que abarcar también la igualdad entre hombres y mujeres, lo cual es harto complicado en el seno de una clerecía masculina.

Hasta hace poco, especialmente con motivo de enérgicos pronunciamientos episcopales sobre aborto y matrimonios igualitarios, no se había visto una vereda hacia la humanización del clero, su despojo de las prendas divinas con las que se arropa para enjuiciar en forma inapelable la totalidad de las acciones de los seres humanos y para condenar bajo sus propias y exclusivas leyes.

Francisco, quien conoce muy bien la arrogancia sacerdotal de una representación divina depositada en individuos hombres profesionalmente capacitados para profesar el Evangelio, implora la misericordia, la reconciliación y el perdón, principios católicos, para avanzar en la desestructuración de aquella divinización del sacerdocio masculino en aras de volver a integrar a los curas, los cuidadores, a la sociedad de la cual se han desprendido inmisericordemente.

Más interesante aún es que Francisco se esté ubicando en mejor posición que los reaccionarios panistas y priistas, usufructuarios del Estrado laico, quienes votan en las cámaras a favor de la persecución penal del aborto.

Valdemar y el clero

Hugo Valdemar Romero se ha convertido en los hechos en el principal vocero del Episcopado Mexicano. Bajo el cobijo de Norberto Rivera Carrera, cardenal y arzobispo de la Ciudad de México, ha convertido su voz en la del clero católico con la cobertura que le brindan los grandes medios de comunicación.
Este sacerdote sostiene que la homosexualidad se “padece” y hay que “liberarse” de ella, para lo cual recomienda a un psicólogo de apellido Cohen, “quien padeció la homosexualidad y pudo liberarse”, según dijo Valdemar en una declaración hecha ante sí mismo, el Sistema Informativo de la Arquidiócesis, y desde luego difundida por la prensa.
Valdemar no expone una interpretación de los Evangelios sino una ética que promueve la intolerancia y el odio hacia los y las diferentes. Lo ha hecho con los islamistas y, de costumbre, lo hace contra los homosexuales y las lesbianas, a quienes considera contagiados y contagiosos pero, como la cura es una “reorientación a la normalidad” y una “liberación”, según palabras de Valdemar, se trata de arrancar deseos, inclinaciones o lo que sea distinto al paradigma ético que sostiene el sacerdote ¿de cuál iglesia?
Para Valdemar, el matrimonio entre personas del mismo sexo, llamado también matrimonio igualitario, pone en riesgo el futuro de la sociedad, según dijo en reciente entrevista radiofónica. Aunque con confusos y equivocados conceptos, el sacerdote convertido en ideólogo privilegiado del clero católico decía a José Cárdenas que “atrás de todo este tipo de iniciativas hay una teoría e ideología de género (sic), donde se va implementando toda una serie de nuevos valores, falsos valores, que niega la misma antropología y la misma constitución humana de la persona (sic)”.
Valdemar sabe que seguirá habiendo parejas de homosexuales y lesbianas, las cuales no pueden evitarse con la fuerza que hoy tienen los enemigos del respeto a las diferencias, mas lo que él busca, tal como sus mentores, es que tales parejas no se vean, que se mantengan ocultas. Es por ello que el acto civil del matrimonio igualitario se analiza como contrario al matrimonio eclesial católico y los derechos legales de la pareja no heterosexual son inaceptables para ese oscurantismo decaído y vuelto a levantar. Pero, en el fondo, ninguna religión tendría que verse ofendida en absoluto con la legalización de decisiones convenidas entre dos personas cualesquiera que sean su sexo y su preferencia sexual.
Valdemar postula sin recato la ideología de género todavía dominante, la cual es excluyente, maniquea, opresiva, es algo de lo que algunos llaman “dominación masculina” (Bordieu) o, en términos más amplios, “opresión de género” (Pitch), llevada a las leyes modernas por aquel liberalismo que, como parte de su homofobia, replanteó que las relaciones entre hombres eran un delito (sodomía) en el primer código penal de 1835, en Veracruz, y prescribió la pena “de diez a quince años de trabajos forzados” con el propósito de castigar a unos y lograr que otros ocultaran sus preferencias sexuales. Empoderados católicos de inspiración medieval como Valdemar hacían leyes todavía en la primera mitad del siglo XIX, mas los liberales anticlericales las siguieron haciendo por el estilo a partir de la segunda mitad de ese mismo siglo persiguiendo actos sexuales contrarios al “orden natural” (Código de 1871), “antinaturales”, escriben hoy Rivera y Valdemar en su semanario. La homofobia no es exclusiva de sacerdotes. Ahora, cuando la proclama de la modernidad es ya historia, se anatematizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo tal como ocurría en las oscuridades medievales.
Dentro de esta misma discusión, nos enteramos por Valdemar que la Conapred y la Copred (organismos públicos para garantizar la no discriminación) son “instituciones represoras” que “actúan para que encarcelen a los padres de familia que no aceptan la dictadura gay”. Al respecto Valdemar dice que esto es “diabólico”. ¿A que diablo se refiere?
Me niego a creer que todo el clero, por el que habla Valdemar, tenga esas ideas. Me quedo al respecto con un obispo, el de Roma, Francisco, quien en referencia a los homosexuales dijo “¿quién soy yo para juzgarles?”. Algo nuevo tendría que hacer en México el pontífice católico cuando Rivera ya no sea arzobispo en funciones, ya pronto.
 

El clero político y los políticos

Cuando Benito Juárez expidió la ley del matrimonio civil el 23 de junio de 1859, refugiado en Veracruz mientras el amotinado Félix Zuloaga despachaba en Palacio Nacional, la nueva Constitución tenía ya casi dos años de haber entrado en vigor (16 de septiembre de 1857) pero era difícil alcanzar las libertades prometidas.

Una de esas libertades consistía en poder casarse sin someterse a los requisitos eclesiales ni a los costos inherentes. Al reconocer que “todos nacen libres” y que “los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales” (art. 1º.), el Estado estaba obligado a integrar el registro civil para hacer efectiva la libertad de casarse y para que los “actos de la autoridad civil surtan ya todos su efectos legales”. Para la ley, desde entonces, el matrimonio no es un acto religioso por más que tal sacramento se encuentre permitido como parte de las libertades que se proclaman.

A pesar de las dos guerras que desató contra la República, el clero dejó de ser autoridad sobre “los principales actos de la vida de los ciudadanos”. En consecuencia, el matrimonio legal no es un asunto suyo. No obstante, varios obispos convocan a manifestaciones el 10 y el 24 de septiembre próximos para oponerse al proyecto sobre el matrimonio de personas del mismo sexo y, consecuentemente, a las leyes locales ya en vigor sobre ese mismo tema.

Nadie exige que el clero católico o cualquier otro admita casar a parejas del mismo sexo. Ese es un asunto exclusivo de las corporaciones eclesiales. Pero si a partir de 1859 el matrimonio legal no es religioso (la separación, divorcio o anulación, en consecuencia, tampoco), sino exclusivamente civil, ¿cuál es el litigio?

Cuando Juárez emitió la ley del matrimonio, el alto clero reaccionario estaba pensando que iba a triunfar el motín militar que había alentado y que financiaba con recursos recaudados para “obras piadosas”. Para suerte del país, los obispos estaban equivocados. Pero, ¿qué ha pasado para suponer que más de un siglo y medio después los sucesores de aquellos jerarcas golpistas podrán imponer su designio sobre las leyes del país?

El problema principal no es el clero sino los políticos reaccionarios, los oportunistas, los electoreros, los pusilánimes. Los Zuloaga de hoy no son pocos ni menos poderosos, al parecer. A pesar de que Peña envió la iniciativa sobre matrimonio de personas del mismo sexo, su partido no está de acuerdo porque tiene miedo a una repercusión electoral y teme romper lanzas con el Episcopado.

Aunque la reforma al código civil federal no tendría incidencia en la realización de matrimonios pues casi todos deben efectuarse conforme a los códigos locales, el PRI sabe que su voto a favor lo ubicaría, al menos en ese punto, en el campo de las corrientes que promueven mayores libertades. Sería tildado de “defensor de homosexuales y lesbianas”.

No es que se busque negar la existencia de parejas del mismo sexo sino que se pretende que no se vean o que se vean mal, que se oculten, que carezcan de otros derechos, porque su presencia es considerada incómoda por parte de personas que sostienen principios éticos contrarios al pleno reconocimiento de las libertades. Así como se decía, o se dice, que por decisión divina hay razas por lo que juntarlas es contrario a la voluntad de Dios, se sigue diciendo que hay dos sexos, etc. Por su lado, los reaccionarios liberales afirman que el llamado matrimonio gay es “antinatural”. Ya no hay un dios sino Natura. Es lo mismo, sin embargo.

Sí tenemos un problema del Estado laico pero no de un imposible gobierno eclesiástico. Antes, el clero era autoridad, tenía facultades legales para decidir y resolver sobre asuntos relacionados con las personas desde el nacimiento de éstas hasta su muerte. Eso no va a regresar por más reaccionarios que sean los arzobispos mexicanos y sus voceros. Lo de hoy es la pretendida validez de principios tendientes a negar las nuevas libertades, una de ellas es el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El Estado laico sufre en la medida en que es arrastrado a una moral que tiene su base en principios religiosos. Cuando el país se atrevió a proclamar la separación del Estado y la Iglesia a partir de la Constitución de 1857 y la ley del 4 de diciembre de 1860 se produjeron sendos acontecimientos: en el primer caso, “ninguna corporación civil o eclesiástica tendrá capacidad para adquirir bienes raíces” que no sean “destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución” (art. 27), que fue base para la desamortización y posterior nacionalización de los bienes eclesiásticos, es decir, eliminar el poder económico de la Iglesia; y, en el segundo caso, la ley que tutelaba la libertad religiosa y proclamaba que la “independencia entre el Estado por una parte, y las creencias y prácticas religiosas por la otra, es y será perfecta e inviolable” (art. 1º.), la cual se basaba en las libertades constitucionales y, en consecuencia, afirmaba la renuncia del Estado a postular creencias religiosas.

No se ha dicho que el matrimonio sea un derecho individual, sino que todos somos libres para contraerlo. Sería ridículo que una sola persona exigiera ser casado. El derecho consiste en decidir sobre uno mismo y en convenir con otros y con otras. Si se proclama por ley que todos pueden asumir esa clase de decisiones en libertad, las parejas del mismo sexo tienen igual derecho que las de sexo distinto para convenir su unión formal y pública. Nadie puede ser discriminado con motivo de sus preferencias sexuales dice el articulo 1º. de la Constitución vigente.

No es el clero sino el PRI el que tiene en sus manos el punto… por ahora.

INFORME SOBRE IGUALA

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL PRESENTADO EL 6 DE MAYO DE 2015

Contribuciones al estudio y combate del fenómeno de la captura del Estado por parte de bandas de la delincuencia organizada, a la luz de la tragedia de Iguala

 

Introducción

 

El 29 de noviembre del año de 2014, el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática encomendó al Comité Ejecutivo Nacional integrar una comisión especial con el propósito de rendir un informe sobre la postulación de José Luis Abarca como candidato a presidente municipal de Iguala y la subsecuente campaña electoral, así como sobre las características políticas de su gestión al frente del Ayuntamiento. El CEN del PRD procedió, el 19 de diciembre de 2014 a nombrar dicha comisión, la cual quedó integrada por Octavio Cortés, Pablo Franco, Pablo Gómez y Karla Micheel Salas, siendo Gómez designado presidente de la misma en la sesión de instalación realizada el 12 de febrero de 2015. Con posterioridad a este acto, Salas se retiró de la comisión por decisión propia.

Como es del todo comprensible, el informe se ha hecho necesario en tanto que en Iguala se produjo un atentado a los derechos humanos con pocos precedentes en una sola jornada de represión policiaca y que en ese municipio gobernaba el Partido de la Revolución Democrática, partido surgido en 1989 con el propósito, entre otros, de realizar la promoción y defensa de los derechos humanos, y de que en los años de su existencia, especialmente en los primeros seis de ellos, fue víctima de numerosos atentados contra muchos de sus militantes, centenares de los cuales perdieron la vida a manos de agentes gubernamentales o a instancias de órganos de gobierno y del Partido Revolucionario Institucional. Desde su creación y hasta nuestros días, el PRD es el partido mexicano que por motivos políticos ha sufrido más la falta de respeto a los derechos humanos, el acoso sistemático del poder y los atentados contra la integridad personal y la vida de sus militantes.

Al mismo tiempo, el país y la opinión pública internacional tienen derecho a conocer las circunstancias y motivos por los que José Luis Abarca fue postulado por el PRD a la presidencia municipal de Iguala –en alianza con otros dos partidos: el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano—a pesar de que entonces no era miembro ni simpatizante –al menos declarado—de dicho partido y de ninguno de los otros dos que integraron la coalición. La gravedad de la represión policiaca desatada en Iguala la noche del 26 de septiembre del año de 2014 y la madrugada del siguiente día, adquieren una significación política específica en tanto que el jefe de la policía, de conformidad con la Constitución del país y con la de Guerrero era justamente el presidente municipal, José Luis Abarca, postulado por el Partido de la Revolución Democrática. El acontecimiento, por tanto, no forma parte de la normalidad política nacional en la cual las autoridades procedentes del Partido Revolucionario Institucional suelen representar intereses de mafias delincuenciales, tanto dentro de la esfera propiamente pública como de aquellas vinculadas con el narcotráfico y otros delitos asociados. En Iguala, municipio gobernado entonces por el PRD, la acción de la policía arrojó un saldo inusual: siete personas asesinadas presuntamente por los agentes policiacos y 43 desapariciones forzadas a manos de los mismos policías municipales. La presunta entrega de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa a la policía municipal de Cocula, municipio gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, no cambiaría la naturaleza criminal de los actos emprendidos por parte de los agentes policiacos de Iguala pero desvelaría una circunstancia especial que podría consistir en una relación estrecha, no institucional, entre los mandos policíacos de ambos municipios y al menos de una parte de los efectivos de tropa.

Estamos, por tanto, frente a un acontecimiento político que ha conducido a la lesión de los derechos humanos de muchos jóvenes y, por las peculiaridades del propio suceso, es algo perturbador y trascendente, tanto en nuestro país como en muchos otros. El origen del fenómeno que desembocó en la tragedia de Iguala, sus características, la situación que permitió el acceso de José Luis Abarca a la administración municipal, tienen que ser materias de análisis de parte del partido políticamente responsable, el Partido de la Revolución Democrática. Se trata de un informe independiente respeto de los actores directos de las situaciones políticas sujetas al análisis, es decir, de quienes forman parte de los esquemas de relación política imperantes en Iguala y en Guerrero. El propósito es informar al partido y al país sobre la política que hizo posible, lamentablemente, la tragedia, y reflexionar sobre los procesos que dieron lugar a esa política, así como al uso de al menos parte de la administración pública para ponerla al servicio de delincuentes organizados.

Dentro del marco general en el cual transcurre el presente informe, se entenderá siempre por responsabilidad política la definición constitucional mexicana: “actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, llevando esa misma definición al terreno de las funciones de dirección dentro del partido con señalado énfasis en aquellos actos u omisiones que lesionen los intereses del pueblo y la nación, así como los del partido como organización de ciudadanos y ciudadanas. Por probidad se entenderá siempre honradez y cumplimiento del deber. Asimismo, es preciso distinguir la responsabilidad política de la responsabilidad penal, las cuales pueden eventualmente coincidir o pueden acreditarse mediante los mismos hechos pero no es posible abordarlas de manera simultánea.

La represión policiaca de Iguala, como sucesión de actos criminales, con sus jóvenes asesinados y desaparecidos, no podría ser exhaustivamente abordada en el presente informe pues la comisión encargada de presentarlo carece de facultades y medios para averiguar lo realmente ocurrido e intentar alguna acusación de posibles responsabilidades penales. Tampoco es dable dejar establecidos vínculos delictivos entre personas relacionadas en el presente informe e integrantes de bandas de la llamada delincuencia organizada. Pero, además, en congruencia con principios y postulados constitucionales, personas relacionadas en el presente informe son vistas como presuntamente no culpables de los delitos que se les imputan (presunción de inocencia), tanto los detenidos como quienes tienen en su contra alguna orden de aprehensión.

El informe que ahora se presenta pretende ser una contribución al inaplazable debate sobre las formas de hacer política en un México atravesado por un fenómeno delincuencial sin precedente en la historia nacional y por una vorágine de violencia proveniente de grupos criminales de diversa naturaleza y de cuerpos de seguridad del Estado. Al buscar respuestas, este informe no podría aspirar a cerrar la discusión sobre Iguala, tanto en lo que toca a la candidatura de José Luis Abarca y su campaña electoral como al desempeño del gobierno municipal. En especial, el porqué y el cómo de la designación de Abarca son datos que se ubican dentro del gran conjunto de elementos que componen la crisis del poder político en México. Por todo esto, el debate apenas comienza y existe de nuestra parte la más completa apertura a otras informaciones y a otros puntos de vista que complementen o refuten el contenido del actual informe. Muy lejos de pretender concluir, ya no digamos el examen complejo de la crisis nacional sino las causas políticas inmediatas y concretas de la tragedia de Iguala, lo que se busca es promover la investigación, la reflexión y las conclusiones que pudieran ayudar al país a superar la ya larga y complicada situación en la que se encuentra.

 

Situación política del municipio de Iguala en la víspera de las elecciones locales de 2012

El gobierno municipal se encontraba en manos del Partido Revolucionario Institucional, quien había logrado una mayoría en las elecciones de 2009, aunque en la elección de gobernador de 2011, el PRD en alianza con el PT y el MC había obtenido la mayoría de votos en el municipio. En el momento en que se llevó a cabo la votación para elegir gobernador se ampliaron considerablemente las expectativas del PRD para logar un triunfo electoral municipal.

En anteriores elecciones el PRD había postulado a la alcaldía de Iguala a uno de sus miembros y había logrado el gobierno municipal en tres ocasiones. La característica político-electoral del municipio de Iguala es la de un bipartidismo, con la concurrencia de otras varias formaciones políticas, pero en la que sólo dos partidos disputan la presidencia municipal y los demás forman parte del Ayuntamiento. Los dos partidos que hasta ahora se enfrentan por la alcaldía son el PRI y el PRD, solos o en alianza con otros.

El gobierno priista encabezado por Raúl Tovar Tavera como presidente municipal (2009-2012) se había caracterizado por una falta de certeza y transparencia en sus acciones de gobierno y un fuerte endeudamiento del municipio por lo cual no gozaba de especial prestigio, lo que ayudaba a ubicar al PRD en la senda de la recuperación del gobierno municipal.

 

PRESIDENTES MUNICIPALES  IGUALA (1993-2015)

 

(1993 – 1996): José Luis Román Román – PRI

(1996 – 1999): Lázaro Mazón Alonso – PRD

(1999 – 2002): Juan Muñoz Caballero – PRI

(2002 – 2005): Lázaro Mazón Alonso – PRD

(2006 – 2008): Antonio S. Jaimes Herrera – PRD

(2009 – 2012): Raúl Tovar Tavera- PRI

(2012 – 2014): José Luis Abarca Velázquez- PRD/PT/MC

(2014): Óscar Antonio Chávez Pineda- PRD

(2014): Luis Mazón Alonso- PRD/PT/MC (Suplente de Abarca)

(2014-2015): Silvano Mendiola Pérez- (Enviado en terna por Rogelio Ortega)

 

La precandidatura de José Luis Abarca

Dentro del marco anteriormente descrito, José Luis Abarca decide aspirar a la candidatura del PRD. En ese momento, Abarca era administrador del Centro Joyero, cuyo cargo lo desempeñó durante 9 años, y al mismo tiempo administraba el centro comercial Galerías Tamarindos. Asimismo, Abarca era dueño, junto con su esposa, de varios locales comerciales del referido Centro Joyero de Iguala.

Esta postulación como aspirante dentro del PRD se produce aun cuando Abarca no era miembro del partido ni había sido un simpatizante abierto del mismo. Lázaro Mazón refiere que Abarca le apoyó cuando fue candidato a alcalde por primera vez y que en ocasiones posteriores había estado presente en algunos actos electorales del PRD, pero esa versión no ha sido confirmada por otros dirigentes del partido en el municipio, aunque fue ratificada por el propio Abarca en afirmaciones hechas ante esta Comisión, quien dijo que él le había ayudado a Mazón con dinero para sus campañas electorales. Gilberto Salgado, entonces abogado postulante que había realizado algunos trabajos legales para Abarca, miembro del PRD desde su temprana juventud y actual director del Registro Civil desde 2012, en conversación con esta Comisión Especial afirmó que Abarca le comunicó que buscaría la candidatura y le dijo también que había conocido a Ángel Aguirre con motivo de la campaña electoral de éste realizada en 2011. Dice Salgado que él le respondió que no lo veía como político sino como persona dedicada a sus negocios, a lo que Abarca repuso que lo iba a intentar. Antes, durante la campaña de gobernador, según Abarca, éste le entregó a Aguirre como apoyo a su campaña 5 000 playeras y 7 000 gorras a través de Reyna Jiménez Domínguez y le llevó personalmente al Centro Joyero a un acto de campaña. En efecto, tan luego como se realizaron las elecciones de 2011 para gobernador del Estado, José Luis Abarca inició trabajos tendientes a hacer saber que sería precandidato del PRD a presidente municipal de Iguala.

Frente a la candidatura de Abarca existían otras de militantes perredistas, algunos de los cuales habían buscado la postulación en anteriores ocasiones. Entre estos se encontraban Oscar Díaz Bello, actual diputado local por Iguala, Mario Castrejón, actual síndico procurador, Soledad Mastache, actual regidora de educación, Justino Carbajal, síndico administrador, asesinado unos meses después de las elecciones, Antonio Jaimes, ex presidente municipal, quien se postuló finalmente a través del Partido Verde (PVEM) en esa misma elección, entre otros. La convocatoria expedida por el partido no comprendía la votación de los militantes en urnas sino el método de consejo electivo en el que los consejeros estatales de Guerrero nombran a la totalidad de los candidatos y candidatas a los diferentes puestos de elección popular en la entidad, de tal forma que los actos de precampaña no perseguían el voto de los miembros del partido ni de la ciudadanía en general sino que buscaban un buen resultado en las encuestas que podrían llevarse a cabo cuando se acercara el momento de las designaciones. Por ello, Abarca realizó una precampaña electoral con visitas a numerosas colonias y con la publicación de impresos.

Según afirmaciones ante la Comisión Especial de varios de los principales dirigentes del partido que tuvieron que ver directamente con la postulación de Abarca, el primero de ellos que trató el tema de la candidatura de éste fue Lázaro Mazón, quien conocía a Abarca desde la adolescencia aunque no era un amigo cercano o de trato frecuente. Sin embargo, es posible que Lázaro Mazón hubiera conversado con Abarca hasta después de que éste ya había tomado la decisión de buscar la candidatura dentro del PRD, con el propósito de obtener el apoyo del propio Mazón. Según José Luis Abarca, en conversación con esta Comisión Especial en la prisión federal del Altiplano, quienes le invitaron a ser candidato fueron los miembros de Nueva Izquierda (NI-Coduc) y personalmente Sebastián de la Rosa, lo cual coincide con la versión del propio de la Rosa ante esta misma Comisión, aunque éste supone que Abarca ya había hablado con Lázaro Mazón al respecto, lo cual niega Abarca, quien afirma que Mazón nunca le apoyó sino que estaba plegado al deseo de Ángel Aguirre de lograr que Oscar Díaz Bello llegara a la presidencia municipal. De acuerdo con Sebastián de la Rosa, actual diputado federal y líder del grupo NI-Coduc, él tomó contacto con Abarca para efectos de la posible candidatura de éste. De la Rosa afirmó ante esta Comisión que “entre noviembre y los primeros días de diciembre del 2011, aproximadamente, fue cuando yo conocí a José Luis; entonces yo era precandidato a senador y mi equipo en Iguala me acercó una propuesta, que a decir de ellos, era una propuesta que estaba teniendo mucha aceptación por parte, sobre todo, decían, de la clase media, los empresarios.” Abarca puntualiza por su lado que no había tenido contacto con miembros de NI-Coduc antes de su entrevista con Sebastián de la Rosa y otros integrantes de ese grupo. Agrega que al principio dijo que no le parecía buena la idea y que, después, cambio de opinión.

Según Sebastián de la Rosa, Abarca le expresó que era amigo de Lázaro Mazón y que éste le estaba apoyando para ser candidato a presidente municipal, lo cual implicaría que de la Rosa y Mazón no habían tenido un acuerdo previo antes de que aquél se entrevistara con Abarca para tratar el tema de su precandidatura. De la Rosa sostiene que Abarca le dijo que conocía sus relaciones con Mazón y que entendía que el apoyo de éste podría implica el del mismo de la Rosa, quien sostuvo ante esta Comisión que le respondió a Abarca que “efectivamente, Lázaro Mazón y yo hemos tenido una relación muy cercana durante muchos años.” Abarca, por su lado, niega haber tenido el apoyo de Mazón y, por tanto, que le hubiera dicho a de la Rosa que así era. Aún más, Abarca afirma que cuando le comunicó a Mazón que se iba a postular como precandidato del PRD, éste se sorprendió y le aconsejó que conversara con Oscar Díaz Bello.

Sebastián de la Rosa afirma que le inquirió a José Luis Abarca sobre su posición política anterior y le preguntó que dónde había estado, le dijo que nunca le había visto participar en política, que ni siquiera le había conocido personalmente, a lo cual Abarca respondió que siempre había apoyado a todos los candidatos del PRD aunque en forma no visible debido a sus actividades empresariales que eran muy conocidas en Iguala. De la Rosa expuso a esta Comisión que Abarca le dijo en aquella ocasión en que se conocieron y abordaron el tema de su precandidatura: “mi actividad empresarial no me había permitido dar la cara pero Lázaro sabe, pregúntale a Lázaro”. Estas afirmaciones de Sebastián de la Rosa dejan la interrogante sobre el motivo por el cual, durante 20 años, Abarca consideró que no debía tener relaciones abiertas con el PRD y, de pronto, tomó la decisión de presentarse como precandidato externo de ese mismo partido sin ser una persona de pensamiento de izquierda. Al respecto, Lázaro Mazón afirmó ante esta Comisión que Abarca había simpatizado con los candidatos del PRD en Iguala y que, en algunas ocasiones, asistió como público a mítines electorales, pero tampoco expuso el motivo por el cual Abarca no había militado o simpatizado abiertamente con el PRD y, de pronto, la situación cambió radicalmente.

Sin embargo, de la Rosa opina que el motivo por el cual Abarca se propuso ser presidente municipal fue para proteger sus inversiones en Galerías Tamarindos, proyecto con un fuerte pasivo, y que podría ser afectado desde el Ayuntamiento a través de obstáculos administrativos. A este respecto, el mismo de la Rosa afirma que Abarca le confió que el entonces proyecto de Galerías Tamarindos tuvo varios problemas pues la autoridad no quería otorgar el permiso y que Lázaro Mazón, entonces senador, y Rubén Figueroa Smutny habían intercedido para lograr que se resolvieran afirmativamente los trámites administrativos. Esta apreciación es negada por completo por Abarca quien afirma que jamás tuvo obstáculos de parte de las autoridades para llevar a cabo la construcción de Galerías Tamarindos, que Mazón y Figueroa Smutny nunca intervinieron en su proyecto del centro comercial y que, para él, no “interesan los colores sino la playera ciudadana”, por lo cual el motivo de su postulación fue tratar de componer la administración municipal, implantar la honradez y un buen manejo de los recursos públicos. No obstante, sigue planteada la posibilidad de que la decisión de Abarca, ese cambio tan brusco en su comportamiento público que consistió en pasar al ámbito de la política, pudiera haberse debido a una indicación o un trato con el grupo delincuencial al que pertenecieron los hermanos de su esposa. No existe al respecto, sin embargo, más que la hipótesis sostenida en el comportamiento de la policía municipal durante la tragedia de Iguala y la del propio Abarca aquella noche aunque, como se verá más adelante, los mandos operativos del cuerpo policial y la tropa provenían de administraciones anteriores.

Sebastián de la Rosa afirma que se entrevistó con Lázaro Mazón posteriormente a la conversación que tuvo con Abarca, en la casa de aquél en Iguala, para tratar el tema de la candidatura a la presidencia municipal. De la Rosa señala que su corriente, cuya referencia nacional es Nueva Izquierda, tenía dos posibles candidatos, ninguno de los cuales pertenecía al grupo como tal: José Luis Abarca y Oscar Díaz Bello y que se optó por el primero, con lo que hubo “completa coincidencia” con Mazón, quien para ese entonces había abandonado a Nueva Izquierda pero sin que se hubiera producido un rompimiento o siquiera alejamiento con el grupo de Sebastián de la Rosa (NI-Coduc). Algunos de los integrantes de NI-Coduc de Iguala señalan que en la víspera de la realización del consejo estatal electivo decidieron retirarle el respaldo a Abarca porque éste no apoyaba las pretensiones de ese grupo de obtener la postulación para diputado local, lo cual, de ser cierto, hubiera sido irrelevante porque Abarca carecía de fuerza en el Consejo Estatal encargado de nombrar al candidato a legislador local por el distrito de Iguala. Abarca, por su lado, niega el incidente. Haya sido así o no, el asunto no tuvo ninguna trascendencia en la nominación de Abarca como candidato.

Los apoyos a favor de José Luis Abarca trajeron como consecuencia que Díaz Bello acusara a aquél de nexos con el narcotráfico. Sebastián de la Rosa afirma que le pidió a Jesús Zambrano, a la sazón presidente nacional del partido, que se investigara a Abarca al respecto y se solicitara informe al gobierno. Jesús Zambrano afirmó por su lado ante esta Comisión que antes de la postulación de Abarca solicitó en forma verbal al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, que le informara si éste y su esposa tenían vínculos con uno de los grupos que procedían de los Beltrán Leyva o de cualquier otro de la delincuencia organizada. De la Rosa afirma que recibió el informe de Zambrano en el sentido de que ninguno de los dos (Abarca y Pineda) estaba siendo investigado con motivo de posibles vínculos con el referido grupo delincuencial a pesar de la pertenencia al mismo de los hermanos de la esposa de Abarca. Esta versión ya había sido confirmada, por separado, ante la Comisión, por Jesús Zambrano, quien expone que no era nada extraordinario que se pidieran informes semejantes en forma puramente verbal y que las respuestas fueran de la misma forma. El secretario de Gobernación no informó a Zambrano que el Ministerio Público de la Federación (PGR) había recibido denuncia anónima el 1º. de junio de 2010 contra José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, con la que se abrió la averiguación previa PGR/GRO/IGU/M-I/64/2010, la cual involucró al Sistema de Administración Tributaria y al Registro Público de la Propiedad, y que concluyó: “Es procedente el no ejercicio de la acción penal”, mediante la resolución de 31 de diciembre de 2010 emitida por el agente del Ministerio Público Rubén Casanova, auxiliar del Procurador General de la República, y con la autorización de la doctora Estela Cadena Azcona, delegada estatal de la PGR. La denuncia original señalaba que ambos se habían enriquecido con recursos procedentes del crimen organizado de quien eran operadores y mencionaba algunas de las inversiones y propiedades de ambos denunciados. La averiguación previa señalada había sido abierta por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Llama la atención que la PGR, al dar a conocer sus conclusiones a la opinión pública, no hubiera mencionado esta averiguación llevada a cabo por ella misma durante seis meses del año 2010.

El 12 de mayo de 2012, Oscar Díaz Bello entregó a Andrés Manuel López Obrador, a la sazón candidato a presidente de la República por PRD-PT y MC, un documento en el cual, según refirió el mismo Díaz Bello ante esta Comisión, se incluían reportes periodísticos sobre los hermanos de Pineda, ligados al llamado crimen organizado. Al parecer, este hecho no tuvo trascendencia y sólo fue mencionado a través de varios medios de comunicación después de los trágicos acontecimientos de Iguala.

Los sucesos arriba señalados cobran alguna relevancia en tanto que el Ministerio Público de la Federación ha presentado acusación penal en contra de María de los Ángeles Pineda por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente procedentes del grupo denominado Guerreros Unidos, derivación del agrupamiento de los Beltrán Leyva, pero según insistentes declaraciones oficiales, la prueba consiste en los estados de cuenta bancarios de la mencionada Pineda que importaron tan sólo 13 millones de pesos durante cinco años. Esta situación ubica el presente informe frente al hecho de que ni siquiera se puede presumir la existencia de un vínculo económico entre María de los Ángeles Pineda y el grupo delincuencial que ordenó la represión en contra de los estudiantes de Ayotzinapa ya que el Ministerio Público –según su propio dicho—no ha presentado un caso sustentado ante los tribunales federales no obstante el confirmado auto de sujeción a proceso contra Pineda pronunciado por el mismo juez después de una revocación del anterior resuelta por una magistrada. Ni siquiera en el plano político puede ser posible atar los cabos necesarios para presumir un nexo económico entre el matrimonio Abarca-Pineda y Guerreros Unidos. Antes de la tragedia, no era voz pública en Iguala alguna relación económica entre estas personas y el grupo aludido. En otras palabras, la situación apreciable no era la misma que la divulgada cuando se produjeron las órdenes impartidas por el mencionado grupo de Guerreros Unidos a la policía municipal de Iguala y a la policía municipal de Cocula, cuyos jefes legales eran los correspondientes presidentes municipales. Hay que aclarar aquí que en Cocula sí habían ocurrido numerosas e impunes desapariciones de jóvenes con anterioridad a la tragedia de Iguala y todo indica que el autor fue el mismo grupo denominado Guerreros Unidos.

Con posterioridad a los trágicos hechos de Iguala, algunos medios de comunicación dijeron que Abarca había comprado su candidatura por dos millones de pesos. Resulta imposible para esta Comisión esclarecer tal dicho pero todo indica que la especie nunca antes había sido materia de rumor político en la entidad. Por su cuenta, Abarca negó tajantemente ante esta Comisión que hubiera entregado dos millones o cualquier otra cantidad de dinero a cambio de su candidatura.

En cuanto al programa que el partido hubiera negociado con el candidato, las indagatorias que al respecto realizó la Comisión arrojan el resultado de que ningún programa político fue elaborado por el PRD para las elecciones de ayuntamiento de Iguala. Ha declarado a la Comisión el mismo Sebastián de la Rosa: “aunque se oiga vergonzoso, en este partido –y yo soy de este partido– de lo que menos hablas con los candidatos es de su plan de gobierno. Ese municipio (Iguala) tiene un problema, se pierde en una, se gana en otra; no lo gobernábamos, lo gobernaba el PRI; queríamos recuperarlo y en mi lógica también estaba recuperar el municipio, entonces estaba buscando a alguien que pudiera darnos esa certeza de que ganáramos, esa es la verdad, para qué poner cosas aquí que no sucedieron”.

En la víspera de la designación de José Luis Abarca como candidato, se realizó una reunión, a instancias del mismo Abarca, entre Sebastián de la Rosa y un grupo de empresarios de Iguala, principalmente joyeros. La reunión tuvo lugar en el restaurante La Vaca Negra. En el evento, los empresarios asistentes se pronunciaron en contra de las candidaturas de Justino Carbajal y de Oscar Díaz Bello, a quienes –según relato del mismo de la Rosa—consideraban deshonestos.

 

La decisión

Como parte de los preparativos de la decisión, se llevó a cabo una encuesta en Iguala. El resultado favoreció a Oscar Díaz Bello por dos puntos porcentuales de diferencia con José Luis Abarca (en otra versión se habla de un solo punto), por lo cual se declaró un “empate técnico”, en consideración a que tal diferencia era menor al margen de error de la encuesta misma. La decisión debía tomarse dentro de la mesa que al efecto se había instalado para llevar propuestas de consenso al Consejo Estatal del PRD, el cual, según la convocatoria, debía designar a los candidatos a todos los cargos locales de elección popular. Dicha mesa de candidaturas estuvo integrada por el presidente del partido, Carlos Reyes; Sebastián de la Rosa; Evodio Velázquez; Víctor Aguirre; David Jiménez Rumbo o Celestino Cesáreo. Víctor Aguirre se opuso a la candidatura de Abarca en aras de promover la de Díaz Bello bajo el argumento de que éste había obtenido una mejor posición en la encuesta realizada. Según el mismo Víctor Aguirre, la decisión sobre la candidatura de Abarca fue tomada al final con la participación personal de Ángel Aguirre, a la sazón gobernador del Estado, en la mesa de acuerdos y sobre la base de que Díaz Bello ocupara la candidatura a diputado local del distrito de Iguala.

Por su lado, Lázaro Mazón admitió ante esta Comisión que en la víspera de la designación él había llamado personalmente al gobernador para pedirle el apoyo a favor de Abarca, ya que, como se ha indicado, Ángel Aguirre era partidario de Díaz Bello.

Un elemento que debe ser destacado es que en la mesa de consensos o también llamada de candidaturas no había, al menos físicamente, ningún dirigente político que no fuera de Guerrero, por lo que ha resultado imposible para esta Comisión indagar sobre la injerencia personal de dirigentes nacionales en la postulación de José Luis Abarca. Los dirigentes nacionales entrevistados por esta Comisión han negado cualquier participación y los dirigentes locales han corroborado tales dichos, con la excepción ya mencionada de la consulta realizada por Jesús Zambrano al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. Esta situación tiene relevancia al poner de manifiesto el desapego de la dirección nacional a las postulaciones, entre ellas las de candidatos externos, para cargos importantes de carácter local.

En cuanto a la llamada de atención de Oscar Díaz Bello respecto de los vínculos familiares de María de los Ángeles Pineda con destacados integrantes de una banda de la delincuencia organizada, la información aportada por éste ya era conocida y se trataba del otro precandidato. Díaz Bello afirmó ante esta Comisión que entregó, tanto a López Obrador como a Jesús Zambrano, un “expediente (que) contenía recortes de la revista Proceso, recortes de periódicos donde se hablaba de la relación (de Pineda y Abarca con los Guerreros Unidos); tenía también la encuesta donde yo estaba arriba; básicamente esto fue lo que le pude entregar en su momento”. Díaz Bello realizó varias marchas en Iguala bajo el lema de “no a la imposición”, no obstante las cuales el proceso de nombramiento de Abarca como candidato siguió el mismo rumbo que tenía desde su inicio. Aún más, Oscar Díaz Bello sostiene, que después de la designación de Abarca, Ángel Aguirre le llamó para pedirle que fuera candidato a diputado por Iguala y que no cometiera el error de aceptar una eventual candidatura a presidente municipal por parte del PRI. José Luis Abarca afirma que antes de la decisión final él mismo había expresado ante varios dirigentes perredistas que si se nombraba a Díaz Bello como candidato a presidente municipal y como él no aceptaba ser el candidato a diputado, entonces se postularía como candidato del PAN a alcalde ya que no estaría de acuerdo con serlo por el PRI a pesar de que Rubén Figueroa Alcocer se lo había ofrecido. Finalmente, Díaz Bello aceptó ser candidato a diputado por el PRD, pero no participó en la campaña junto a José Luis Abarca sino hizo la suya propia.

Otro elemento significativo de la postulación de Abarca es que éste no colocó a nadie como candidato a miembro del ayuntamiento, ya fuera síndico (existen dos en Iguala), regidor o regidora. Todos los integrantes de la planilla correspondieron a diversos grupos políticos o corrientes del PRD y a partidos aliados, sin excepción. Tal circunstancia no es común en el PRD pero llega a ocurrir cuando los grupos locales son fuertes y tienen capacidad para lograr su presencia en los órganos colegiados de gobierno municipal, cuando el candidato a alcalde es débil dentro de la estructura del partido o cuando hubo precandidatos internos fuertes. Esta circunstancia ubicó a José Luis Abarca en la condición de ser un candidato con un posible cabildo que no podría controlar ni siquiera considerando el eventual oportunismo de los regidores de los partidos de la oposición. Varios regidores y los dos síndicos habían sido precandidatos a presidente municipal. Destacan también los testimonios de los regidores del PRD, expuestos ante esta Comisión, en el sentido de que no habían tenido trato personal con José Luis Abarca hasta el momento en el cual éste fue designado candidato y se inició la campaña electoral. A pesar de los varios meses en los que Abarca fue precandidato dentro del PRD y de que era una persona conocida en Iguala como empresario, destacadamente como impulsor de Galerías Tamarindos, el único mall existente en la ciudad, seguía siendo un desconocido dentro del partido que lo postulaba. No obstante lo anterior, José Luis Abarca reconoce haber propuesto como suplente del presidente municipal a Luis Mazón Alonso, hermano mayor de Lázaro, por “ser su amigo personal”, aunque, como se sabe, los suplentes no fungen sino sólo en el caso de ausencia o falta del servidor público respectivo.

 

La campaña

La campaña local, como se ha dicho, estuvo escindida entre el candidato a alcalde y el candidato a diputado. Es preciso considerar también que la elección local se produjo al mismo tiempo que la federal para elegir presidente, senadores y diputado, circunstancia que generaba una coyuntura política abigarrada. En cuanto a la campaña de Abarca, ésta fue relativamente austera, es decir, no se produjo ningún acontecimiento inusitado ni se tiene registro visual de gastos exagerados. Según ha declarado a esta Comisión, Abarca costeó totalmente la campaña con su propio dinero y el partido no hizo aportaciones, sin embargo, él se negó a precisar la cantidad de dinero gastada, lo cual de cualquier manera, de ser cierto, señala algo por entero anómalo como es que un partido político no realice en absoluto gastos de campaña y, también, posiblemente, una conducta ilegal al rebasarse la aportación personal permitida. Para algunos dirigentes que fueron entrevistados por esta Comisión, la precampaña había incurrido en algunas promociones fuertes como regalar transformadores eléctricos a varias colonias o molinos de nixtamal en algunos sitios, pero la campaña asumió un perfil apegado a la ley, al menos en apariencia. A pesar de la disputa preelectoral, el PRD acudió unido a la cita comicial, motivado en gran parte por el triunfo que había obtenido en la reciente elección de gobernador y teniendo frente a sí a un PRI derrotado y a una administración municipal priista en Iguala que se distinguió por una especie de bancarrota financiera sin que hubiera obras que al menos explicaran la situación.

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS NUMÉRICOS DE LAS ELECCIONES EN IGUALA

2012                                              PRD/PT/MC                 PRI                         PVEM

Ayuntamiento                           21 546                           14 668                   10 623

Diputado local                            21 786                             12 124                     4 726

(casi todo el municipio)

 

Presidente de la República     25 977                             21 422 (PRI-PV)

Senadores                                     24 502                             21 301 (PRI-PV)

Diputado Federal                        23 202                           19 546 (PRI-PV)

 

Si se toma en cuenta que era un hecho que el PRI y el Verde no irían en alianza en el municipio de Iguala pues el PVEM decidió postular a un perredista que además había sido presidente municipal, el triunfo del PRD era seguro en la elección de Ayuntamiento porque tenía divididos a los adversarios más fuertes, no porque de por sí lo fuera el Partido Verde sino porque su candidato, Antonio Jaimes, era un político distinguido en el municipio pero no corría por el PRI. Por otra parte, en el distrito XXII local que comprende la ciudad y la mayor parte rural del municipio, aún con una alianza entre el PRI y el Verde, la coalición PRD/PT/MC hubiera ganado la diputación local. En cuanto a los resultados de las urnas federales, se puede observar que hubo más votos por los candidatos perredistas a presidente de la República, senadores y diputado federal que en las ánforas de la elección de Ayuntamiento, lo cual quiere decir que no todos los votantes aún del candidato federal menos votado del PRD/PT/MC sufragaron por la planilla municipal encabezada por Abarca. En otras palabras, Abarca no sumaba sino restaba y si el PRI y el Partido Verde hubieran pactado una alianza se hubiera abierto la posibilidad de un triunfo de ambos partidos en Iguala aunque quizá para ello hubiera sido necesario que el PRI admitiera a Jaimes como su candidato.

En la elección de gobernador (2011), el PRI se había presentado en coalición con el Verde y con Nueva Alianza mientras el PRD había ido en alianza con el PT y el MC. El resultado entonces fue de 26 359 de Ángel Aguirre contra 20 462 de Manuel Añorve en el municipio de Iguala, es decir que Aguirre había alcanzado en 2011 más votos que los obtenidos por Abarca en 2012 y que, en este año, una alianza entre el PRI y el Verde, en sumatoria directa y sin elementos añadidos de análisis político, hubiera vencido a Abarca pero no hubiera alcanzado más votos que los obtenidos por Aguirre en 2011. En conclusión, de acuerdo solamente con los números, la candidatura de Abarca no era necesaria para el PRD. Esto es relevante porque el argumento prácticamente único que se presentó para apoyar a José Luis Abarca fue el de alcanzar un alto número de votos y lograr la recuperación del Ayuntamiento. Tal argumento de entonces coincide con la forma en la que ahora mismo José Luis Abarca analiza el asunto, pues ha dicho en conversación con esta Comisión que él aportó al menos la mitad de la votación del PRD en la elección municipal, “procedente de la sociedad”, lo cual permitió el triunfo de este partido. El análisis cuantitativo de todos los resultados indica otra cosa.

Aquí surge una interrogante: ¿la tesis de que las candidaturas externas de empresarios suman votos al caudal electoral del PRD se aplica sobre la base de una convicción, es decir, de un análisis político puro, o se trata de un argumento para imponer una candidatura a modo de algunos grupos internos del partido? Probablemente la respuesta dependa del lugar y la situación concreta, pero la cuestión es pertinente en la medida en que la fuerte confrontación de los grupos internos del partido por las candidaturas, la cual ha ido de la elección primara (interna o abierta) a las encuestas como medio de resolver las candidaturas, en realidad ni siquiera tiene en los sondeos de opinión un elemento decisivo sino en el cuoteo. En el caso que se analiza, el de Iguala, en la elección de presidente municipal, José Luis Abarca no ganó la encuesta sino los apoyos de los representantes de la mayoría de los grupos representados en la mesa de negociaciones. En concreto: Nueva Izquierda (NI-Coduc) y Alianza Democrática Nacional (ADN-Grupo Guerrero), como grupos locales ligados orgánicamente a otras expresiones, con la inclusión final y a jalones del grupo de Ángel Aguirre, dieron el triunfo a Abarca a pesar de la encuesta que no le favorecía. El otro precandidato fuerte, Díaz Bello, afirma que no pertenecía a ningún grupo pero el hecho era que gozaba del apoyo de la corriente de Ángel Aguirre. Para ADN-Grupo Guerrero, al haberse ubicado su candidato natural en un lugar muy abajo en la encuesta, sencillamente tenía que decidir si apoyaba a Abarca o a Díaz Bello pues carecía de opción propia. Para Aguirre, no era nada despreciable ubicar a Díaz Bello (importante impulsor de su campaña como candidato a gobernador) en la candidatura a diputado local y seguir trabajando con él ya como legislador, pero eso en sí mismo no era un factor decisivo sino la lógica consecuencia explícita de volcar el apoyo hacia Abarca. Este círculo regresa al punto de partida: ¿por qué Sebastián de la Rosa y sus compañeros de Iguala decidieron apoyar a José Luis Abarca al grado de llevarlo a la presidencia municipal con el único argumento de que promovía apoyos de la clase media de Iguala, los cuales eran, se decía, indispensables para reconquistar el Ayuntamiento. ¿Qué motivos tuvo el Grupo Guerrero (ADN), encabezado por David Jiménez Rumbo, para apoyar a Abarca y no a Díaz Bello cuando su candidato natural, Mario Castrejón, ya no estaba en la competencia a la luz de la encuesta realizada? Y, finalmente, ¿por qué se prefirió a un candidato externo cuando en la historia del PRD en Iguala no se había presentado ese esquema? Cualesquiera que fueran las posibles respuestas a estas interrogantes o dudas respecto a la sucesión de decisiones que llevaron a José Luis Abarca a la Presidencia Municipal de Iguala, quedaría abierta la más inquietante de todas, la cual consiste en una posible intervención del grupo delincuencial denominado Guerreros Unidos como factor en la candidatura de Abarca. No existen elementos concluyentes al respecto y todo parece indicar que el terreno en el que podría dilucidarse el asunto sólo podría ser el de una investigación seria y profunda de parte del Ministerio Público, la cual no existe hasta ahora a juzgar por las declaraciones públicas que hizo el anterior procurador federal y las referencias sobre el contenido de la averiguación que han sido dadas a conocer a los medios de comunicación o filtradas a estos mismos por parte de la PGR.

 

El desempeño del Ayuntamiento y los sucesos políticos

El PRD en el Ayuntamiento no actuaba como partido. Sólo algunos de los perredistas se reunían de vez en cuando como fracción de partido: Valentín Amador, Soledad Mastache, Andrés Guzmán y Mario Castrejón síndico procurador. Esa fracción perredista, como tal, no tenía reuniones con el presidente municipal a pesar del ingreso de éste al Partido de la Revolución Democrática. Así, el alcalde trataba los asuntos del cabildo sólo en el pleno, las reuniones de comisiones y las conversaciones con algunos regidores de acuerdo con los temas institucionales.

De los testimonios rendidos ante esta Comisión de parte de la mayoría de integrantes perredistas del Ayuntamiento, se desprende que, a pesar de algunos desacuerdos, las relaciones con José Luis Abarca eran cordiales y respetuosas. Así también, el cabildo funcionaba con regularidad y en condiciones de normalidad institucional. Según Abarca, él tenía una mejor relación con los regidores priistas que con los perredistas. La regidora que con frecuencia presentaba críticas generales y concretas era Sofía Mendoza, perredista ligada a Izquierda Democrática Nacional (IDN) y titular de la Regiduría de Desarrollo Rural, esposa de Arturo Hernández Cardona, quien fuera asesinado el 30 de mayo de 2013. Incluso, la regidora Mendoza presentó formalmente al Congreso una solicitud de revocación de mandato de José Luis Abarca, la cual fue desechada.

Uno de los primeros problemas que se presentaron en el Ayuntamiento consistió en la suspensión de los sobresueldos implantados por la anterior administración debido a dos cosas: no había dinero suficiente y era necesario eliminarlos ya que eran la mayor parte del sueldo de unos 100 empleados de confianza que eran aviadores, los cuales fueron liquidados. El personal de base fue afectado con esa medida y hubo protestas entre los regidores ante la política de austeridad. Al final, una vez iniciado el nuevo año los sobresueldos fueron pagados retroactivamente al personal de base. Con esta medida se contribuyó a terminar el año en condiciones menos desfavorables para una hacienda pública llena de deudas y de compromisos injustificados de pago. Esta decisión generó confianza en la capacidad administrativa de Abarca para hacer frente a una situación difícil.

Otro incidente consistió en la no suscripción de un convenio con Diario 21, perteneciente a Jorge Albarrán, que pretendía seguir cobrando al Ayuntamiento 250 mil pesos al mes por servicios periodísticos, aunque le expresó al regidor de Hacienda que estaba dispuesto a aceptar tan sólo 150 mil pesos mensuales. Esta conducta implicó una pauta nueva en la relación del presidente municipal de Iguala con una parte influyente de la prensa local y un considerable ahorro al municipio, aunque el mismo Abarca reconoce que le entregaba 20 mil pesos al mes a TVcable.

El 8 de marzo de 2013 fue asesinado Justino Carbajal Salgado, síndico administrador del Ayuntamiento de Iguala, sin que se hubieran llevado a cabo investigaciones exitosas por parte del Ministerio Público de Guerrero. Unos días antes de su muerte, Carbajal había sufrido un intento de secuestro casi al llegar al palacio municipal. Este asesinato no fue considerado como un crimen político sino que el presidente municipal y el cabildo como tal se abstuvieron de dar una versión del posible móvil, de tal manera que el tan grave acontecimiento se sumió en las brumas del rumor y, en opinión de algunos políticos locales, del miedo. Sin embargo, es necesario precisar que poco antes de este crimen se había producido una fuerte contradicción entre Carbajal Salgado (síndico) y Arturo Hernández Cardona respecto a las demandas de Unidad Popular, liderada por este último, presentadas ante el Ayuntamiento, que contaban con una opinión negativa por parte de Carbajal. El hecho más recordable de este enfrentamiento, por parte de los presentes, fue que Carbajal acusó a Hernández Cardona de “vividor” y que éste tildó a aquél de “secuestrador”. Carbajal pidió al final una disculpa pero Hernández Cardona sostuvo su dicho, lo cual consta en una grabación realizada en el Ayuntamiento ya que los hechos ocurrieron en el salón de cabildos. Cuando se produjo el asesinato de Carvajal, algunos consideraron que Hernández Cardona podría haber sido el causante, pero sin presentar alguna prueba o indicio fuerte.

Otro de los mayores problemas fue el suscitado con el grupo encabezado por Arturo Hernández Cardona, “Unidad Popular”, el cual pretendía un apoyo para obras públicas de la zonas donde opera por la cantidad de 10 millones y un subsidio en fertilizante desde el gobierno del Estado, adicional al entregado por parte del Ayuntamiento según un padrón de beneficiarios. La cantidad autorizada finalmente para obra pública al grupo de Unidad Popular fue de 6.5 millones, lo cual, a decir de Abarca, satisfizo las aspiraciones de esa agrupación, pero el gobierno del Estado sólo autorizó 400 toneladas de fertilizantes adicionales en lugar de 500 que era la petición. La situación se hizo crítica cuando el mencionado Arturo Hernández Cardona, miembro del PRD, fue asesinado el 30 de mayo de 2013, junto con dos de sus compañeros de la organización social Unidad Popular pero que no eran miembros del PRD, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Banderas. El Ministerio Público de Guerrero examinó a unos cien posibles testigos pero nunca completó la investigación de tal suerte que no hubo inculpados. Existen denuncias públicas que señalan a José Luis Abarca como el responsable, ya fuera material o intelectual, de los tres asesinatos. La Red Solidaria Década Contra la Impunidad afirmó en conferencia de prensa que existe una declaración firmada de Nicolás Mendoza Villa, quien dijo haber sido sujeto de privación de su libertad junto a los tres dirigentes sociales asesinados, en la cual se acusa a José Luis Abarca de ser el autor material del homicidio de Hernández Cardona luego de haber ordenado que se torturara a los tres victimados. Al respecto, María Soledad Hernández Mena, hija del desaparecido Hernández Cardona, quien compareció por escrito y en persona ante esta Comisión a través del presidente de la misma, sostiene que de haberse admitido la remoción de Abarca y abierto una investigación exhaustiva de los hechos denunciados, “hubiera sido suficiente para evitar la masacre de Iguala del 26 de septiembre de 2014”. Según ella, Bernardo Ortega, líder del Congreso del Estado, defendió a José Luis Abarca debido a la pertenencia de ambos al mismo grupo político local y nacional. Es preciso informar, sobre este punto, que la comisión instructora del Congreso de Guerrero, encargada de hacer las investigaciones y presentar las imputaciones ante la cámara, comprendía el espectro político del Estado: estaba presidida por Flores Majul (priista), Bernardo Ortega y Luisa Ayala (perredistas), Emilio Ortega del Movimiento Ciudadano y Arturo Álvarez Angil del Partido Verde. Por otro lado, a pesar de las solicitudes formales e informales y de que, a propuesta de Dolores Padierna, la Comisión Permanente del Congreso federal se pronunció por la atracción del caso, la Procuraduría General de la República no aceptó hacerse cargo del triple homicidio sin que para tal actitud brindara explicaciones.

Al respecto de esos cuatro asesinatos, la Fiscalía General de Guerrero (Ministerio Público de la entidad) obtuvo el 21 de octubre de 2014 (un año y medio después de los homicidios y casi un mes después de la tragedia de Iguala) una orden de aprehensión contra José Luis Abarca, alcalde, y Felipe Flores, secretario de seguridad pública, ambos del municipio de Iguala, por el homicidio de Justino Carbajal y por los homicidios de Arturo Hernández Cardona y sus dos compañeros, obsequiada por Filomeno Vázquez Espinosa, juez segundo con sede en Iguala, a petición de la Fiscalía del Estado. El mismo juez comunicó la formal prisión el 13 de noviembre de 2014 contra José Luis Abarca, con lo cual el ex alcalde de Iguala se encuentra sujeto a un proceso por cuatro homicidios en el estado de Guerrero.

Entre los dirigentes políticos perredistas de Iguala existen varias opiniones sobre la situación general existente en el municipio durante la gestión de Abarca. Por una parte, algunos sostienen que, a pesar de algunos hechos violentos, las condiciones podrían considerarse como normales y que no existía un ambiente de especial inseguridad o zozobra. Por su lado, otros consideran que el clima era de violencia y amenazas dentro de un silencio entendible por el miedo a provocar represalias provenientes de Abarca, María de los Ángeles Pineda y el grupo delincuencial al que habían pertenecido los hermanos de esta última. Otros más opinan que la situación se podía considerar como normal pero que dentro de tal normalidad existía miedo; Mario Castrejón, síndico procurador de justicia del Ayuntamiento, confió a esta Comisión que desde el principio había tomado la decisión de limitarse a cuestiones administrativas, tales como asuntos de seguridad social y otras prestaciones, motivado por miedo a tocar asuntos relacionados con el funcionamiento del cuerpo policial. A pesar de tan diferentes apreciaciones y quizá por ello mismo, el tema no se ha debatido públicamente en ningún medio, asamblea o reunión dentro o fuera del PRD en el municipio o en el Estado. Este hecho es especialmente perturbador, pues niega de plano parte del objeto para el cual se organiza y actúa un partido político de izquierda: el análisis de la situación social y política, y las propuestas de solución de los problemas que afectan al pueblo.

Es relevante para el propósito del presente informe destacar que el nombramiento de Felipe Flores como secretario de seguridad pública del municipio de Iguala, cargo que había tenido anteriormente bajo la primera presidencia municipal de Lázaro Mazón (1996-99), no trajo como consecuencia cambios en los mandos operativos de la policía ni tampoco en la tropa. Felipe Flores, quien se encuentra prófugo, había regresado a ese puesto desde un empleo en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, pero ni el síndico procurador ni el resto de los regidores y funcionarios del Ayuntamiento que fueron entrevistados por esta comisión expresaron alguna hipótesis o versión suelta de los motivos o los conductos por los cuáles Flores fue designado. José Luis Abarca, por su lado, explica que él y Felipe Flores eran amigos de la infancia y habían sido vecinos, por lo cual se conocían bien y que, por tal motivo, lo invitó a ser Secretario de Seguridad Pública, para lo que tuvo que pedir permiso a las autoridades de Chilpancingo, pues Flores estaba adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública estatal donde se desempeñaba como comandante. Lázaro Mazón afirma que el nombramiento de Flores en su primera presidencia se debió a una propuesta del coronel del Ejército que estaba al mando de las fuerzas militares de Iguala (Flores fue militar antes de policía). Mazón no explica porqué no volvió a incorporar a Flores en su segunda presidencia ni admite que lo hubiera recomendado con Abarca.

La arbitrariedad de la policía de Iguala es considerada por parte de la mayoría de políticos que fueron entrevistados por esta comisión como algo dentro de la normalidad en Guerrero y en México. En cuanto a quien fuera secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, actualmente prófugo, no se le considera una persona especialmente arbitraria o autoritaria. Algunos relatan que en general tenía buen trato. En cuanto a su denunciado nexo con el grupo delincuencial Guerreros Unidos, el silencio es total. Hay que agregar la información de que Elías Flores Velázquez, contralor del Ayuntamiento bajo Abarca, es hermano de Felipe Flores Velázquez.

Algo semejante ha ocurrido en Iguala en relación con los hermanos Pineda Villa, dos de los cuales (Mario y Alberto) fueron asesinados en diferentes eventos (aunque Abarca habla de un tercer hermano también asesinado) presuntamente a manos de integrantes de su propio grupo delincuencial (Beltrán Leyva) en el estado de Morelos en septiembre de 2009, mientras que otro de ellos (Salomón) había sido aprehendido y encarcelado desde el 27 de julio de ese mismo año de 2009. Este último recobró su libertad el 6 de abril de 2013, casi un año después de realizadas las elecciones municipales de Iguala. Como ya se ha mencionado, Jesús Zambrano, en su calidad de presidente nacional del PRD, hizo una consulta verbal con el secretario de Gobernación, el cual, a decir del propio Zambrano, le mencionó la pertenencia de los hermanos de María de los Ángeles Pineda a un grupo de delincuentes y el encarcelamiento de uno de ellos, todo lo cual era público y precisamente el motivo de la consulta. Según Abarca, en entrevista con esta Comisión, la última vez que tuvo algún contacto con la familia de su esposa fue cuando nació su última hija, hace 18 años.

Era comprensible que María de los Ángeles Pineda y su esposo José Luis Abarca fueran vistos por algunos con desconfianza debido a sus nexos familiares con miembros de un grupo de la delincuencia organizada pero no se contaba con información sobre vínculos delictivos, la cual debía proceder del gobierno federal quien lleva el registro de los grupos delincuenciales, sus integrantes, sus relaciones, pues tiene a su cargo la persecución de los mismos. La tragedia de Iguala pone de manifiesto la ingente necesidad de disponer de elementos informativos confiables en especial en los lugares donde operan los principales carteles y bandas de delincuentes. A partir de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, se han producido muchos reportes en la prensa relacionados con el grupo denominado Guerreros Unidos –al parecer procedente de los Beltrán Leyva–, la producción de goma y de heroína derivada de aquélla, así como su envío a la ciudad de Chicago, pero no existe un reporte de carácter oficial. Según lo publicado al respecto, algunos de los envíos se hacen en autobús desde Iguala, lo cual, se afirma, se conoce desde hace algunos años sin que las autoridades hubieran puesto en alerta a los dirigentes de los partidos con mayor influencia en el municipio. Tal parece que esa actitud de omisión o de ignorancia de parte de las autoridades federales es generalizada. No existe, en síntesis, un sistema de alerta política sobre el fenómeno de infiltración y captura del Estado por parte de la delincuencia organizada.

Durante el mandato de Abarca como presidente municipal de Iguala, su esposa, María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF municipal, realizaba actividades políticas que podrían vincularse a un propósito de obtener la candidatura del PRD para encabezar el ayuntamiento en el año 2015. Así, Pineda alcanzó un asiento en el Consejo Estatal del PRD a través de la planilla NI-Coduc, Poder Campesino y Popular, encabezada en Guerrero por el diputado federal Sebastián de la Rosa, a la cual Abarca contribuyó de manera voluntaria con 200 mil pesos, según dijo éste a la Comisión Especial. Asimismo, Pineda acuñó las frases propagandísticas: “Más cerca de ti” y “Por Iguala 2015”. Este último slogan dejaba poca duda sobre su pretensión política. Aunque Abarca niega un plan para que Pineda le sucediera en el cargo, no explica el motivo por el cual él aparecía con ella en casi toda la propaganda oficial del Ayuntamiento, pero no en tanto presidenta del DIF sino sencillamente como su compañera. Aunque este proyecto político, de haber existido realmente, no parecía tan sencillo de alcanzar y algunos dirigentes locales lo consideraban imposible, pudo haber expresado la búsqueda de una especie de caciquismo político a partir de la llegada a la presidencia municipal de Iguala de una persona ajena a la política militante y postulada por un partido con el cual jamás había tenido algún nexo.

 

Líneas de acción del Ayuntamiento

Los dos proyectos principales de José Luis Abarca en su desempeño como presidente municipal fueron arreglar el centro de la ciudad y saldar la deuda de casi 98 millones de pesos dejada por el anterior Ayuntamiento. Ambas cosas se llevaron a cabo en parte con recursos federales. Un segmento de los 67 millones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Ramo XXIII), destinada a construir infraestructura donde ésta no existe, se invirtieron en la mayor obra de rehabilitación del Centro de Iguala. Esto ha sido observado por la Auditoría Superior de la Federación en los resultados del análisis de la cuenta pública de 2014. Asimismo, el gobierno federal condonó más de 4 millones por concepto de impuestos federales retenidos por el Ayuntamiento anterior pero no enterados a la Tesorería de la Federación.

En el momento del cambio del gobierno municipal de Iguala, la situación del Ayuntamiento se encontraba muy comprometida, al grado de que no había recursos para pagar los aguinaldos de fin de año, para lo cual se recurrió a un préstamo por 16 millones de pesos aportado por el gobierno del Estado. Además, fue necesario pagar 6 millones de pesos por concepto de finiquitos de personal que fue retirado del servicio y había sido contratado por el Ayuntamiento anterior.

Iguala es un municipio que dispone en total de 367 millones de pesos anuales, de los cuales 132 millones son usados en el pago de nóminas, por lo que la capacidad de realizar obras importantes suele ser muy limitada. Bajo Abarca se realizaron obras en la periferia de la ciudad pero las de mayor importancia fueron hechas en el centro, con lo cual se dio una muy especial orientación del gasto municipal hacia los intereses del comercio, lo cual era una de las motivaciones políticas principales desde el momento en que Abarca se presentó como precandidato dentro del PRD.

 

La Seguridad Pública

La política de seguridad pública no fue bajo Abarca diferente a la de sus antecesores. La policía municipal de Iguala tenía 285 efectivos, los cuales fueron evaluados positivamente por parte del gobierno del Estado. Más de la mitad de este personal (155) tomó un curso táctico para policías municipales impartido en el 40º. Batallón de Infantería ubicado en Ciudad Altamirano. Otros 20 efectivos policiales tomaron un curso táctico en el Centro de Adiestramiento Policial. Además, Iguala contaba con 92 agentes de tránsito, de los cuales 81 eran operativos.

En el segundo informe de gobierno de José Luis Abarca, el cual fue publicado pero ya no se presentó el 27 de septiembre de 2014, éste señalaba: “Los elementos de seguridad no son bien vistos por lo que esta administración se ha dado a la tarea de que los policías tengan un desarrollo integral, el que sólo se alcanza por medio de la carrera policial; una carrera que comprende esquemas de profesionalización, certificación de estudios, régimen disciplinario; todo eso con el fin de lograr el acrecentamiento institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los policías”. Como se observa, los valores de honradez, servicio a la comunidad y respeto a los derechos humanos no se encontraban en la profesionalización policial expuesta por Abarca al frente del Ayuntamiento de Iguala.

En las declaraciones que rindieron unos 20 policías ante el Ministerio Público de Guerrero el 27 de septiembre de 2012, ninguno pudo responder a preguntas sobre su conocimiento de la normatividad interna de la Secretaría de Seguridad Pública y el ordenamiento donde se encuentran las obligaciones del personal de policía, así como de los protocolos para llevar a cabo la detención de una persona, responder a la resistencia al arresto, usar la fuerza y las armas, pero afirmaron que habían acudido a Chilpancingo a tomar cursos y a presentar exámenes de control y confianza. Todos ellos eran agentes de policía con varios años de experiencia. Bajo Abarca no se modificó la plantilla de personal policíaco con excepción del secretario de Seguridad Pública.

 

Iguala: 26-27 de septiembre de 2014

Los efectivos policiales que fueron conducidos ante el Ministerio Público la madrugada del 27 de septiembre del 2014 y que rindieron declaración coincidieron en que no habían disparado contra los estudiantes ni contra los vehículos en los que éstos viajaban y sólo dos de ellos admitieron haber disparado al aire. Varios dijeron que no habían estado en los lugares de los hechos. Nadie admitió haber estado en la agresión contra el autobús del equipo de futbol. En síntesis, las declaraciones de los agentes de la policía daban la impresión de que habían tenido poca importancia los acontecimientos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2015, ya que nadie sabía de muertos ni de desaparecidos.

El anterior es un elemento típico de un cuerpo policial que, después de haber cometido fechorías y actos criminales, se pone de acuerdo en negar prácticamente todo lo ocurrido y, con tal actitud, buscar la impunidad. Sin embargo, el punto más destacado es la detención de 43 estudiantes de Ayotzinapa y su desaparición.

Para los fines del presente informe, adquiere especial importancia la presunta relación entre personal político del Ayuntamiento, en especial el presidente municipal, jefes policiales del municipio de Iguala, así como políticos y policías de Cocula y, eventualmente, personal de la policía del Estado destacamentada en Iguala, policías federales y efectivos militares, con el grupo delincuencial Guerreros Unidos. Como ya se ha comentado líneas arriba de este mismo informe, el Ministerio Público de la Federación no ha asumido la tarea de esclarecer estos puntos tan importantes para todo análisis político de la situación que llevó a los hechos del 26-27 de septiembre y de éstos en sí mismos. La “verdad histórica” presentada por el entonces procurador Murillo Káram pretendía tan sólo probar que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados en la madrugada del 27 de septiembre a manos de delincuentes miembros de Guerreros Unidos; éstos habían recibido a los jóvenes de quienes presuntamente los detuvieron, los policías de Iguala, y también de personal policial de Cocula a quienes la policía de Iguala les habían entregado “entre 10 y 15 estudiantes”. Fuera de esta situación que sin duda es un elemento importantísimo de toda investigación sobre la tragedia de Iguala, Murillo Káram no intentó sacar conclusiones sobre los motivos de los actos criminales ni sobre la relación entre las personas que intervinieron directa o indirectamente en los hechos. El caso, al parecer, está cerrado en cuanto a investigaciones propiamente dichas y todo lleva a dejar en la oscuridad la relación de hechos y de personas involucradas en los mismos. Existen policías de Cocula sometidos a procesos penales pero el presidente municipal, jefe de éstos, se encuentra desempeñando su cargo sin que su partido, el PRI, haya hecho siquiera alguna declaración al respecto.

En declaraciones oficiales se dijo que José Luis Abarca había ordenado que detuvieran a los estudiantes de Ayotzinapa cuando se estaba llevando a cabo el acto de informe de actividades de la presidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda, en la Explanada de Iguala, pero el ordenamiento cronológico de los hechos podría complicar el sentido de tales afirmaciones. El informe terminó cerca de las 21 horas e inmediatamente se retiraron Abarca y Pineda. La toma de autobuses se produjo aproximadamente a las 21:10. Los primeros disparos se escucharon de lejos en la Explanada cerca de las 22 horas y causaron el desalojo ordenado de los que aún permanecían en un baile en ese mismo lugar. Así que la detención de los estudiantes de Ayotzinapa difícilmente podría haber tenido como propósito impedir la interrupción de un acto que ya había terminado. Resulta inverosímil que la policía, la cual supuestamente trataba de que los estudiantes no afectaran el acto de la Explanada, fuera precisamente la que con sus disparos provocara el abandono de quienes todavía permanecían en el lugar. Por otro lado, Abarca mintió al declarar que cuando ocurrieron los hechos violentos él estaba bailando pues en ese momento ya no se encontraba en la Explanada, el acto político había terminado.

Oswaldo Arturo Vázquez Castillo, policía tercero, patrulla 017, escolta de Abarca, afirma que éste y Pineda se retiraron a las 20:45 de la Explanada donde se realizó el informe de la presidenta del DIF municipal y se trasladaron a la colonia Río Balsas, “donde ambos y sus hijos fueron a cenar” a una taquería. A las 22:20 se trasladaron a su casa. Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública, declara por su parte que Abarca le llamó varias veces para que aquél le informara lo que estaba ocurriendo. La hora aproximada de retiro de Abarca de la Explanada ha sido confirmada por todas las personas entrevistadas por esta Comisión que en ese momento aún se encontraban presentes en ese lugar. Esas mismas personas y varios de quienes comparecieron ante el Ministerio Público de Guerrero coinciden en que los disparos que se escucharon en la Explanada dieron lugar a que la gente que ahí se encontraba desalojara el sitio. Al mismo tiempo, todas las declaraciones coinciden en que precisamente esos disparos provinieron de agentes de la policía municipal y que los estudiantes no portaban armas.

Fausto Bruno Heredia, supervisor, policía primero con patrulla 020 (chofer: Esteban Ocampo Landa y escolta: José Vicencio Gómez), declaró que a las 21:10 horas se reportó la toma de autobuses. Que los estudiantes fueron interceptados por varias patrullas y que aquéllos les lanzaron piedras a los policías: “decidí dejar que siguieran su camino ya que estaban muy agresivos…”. “Luego me enteré por radio que había problemas en el periférico Norte”. “Nunca estuve cerca de las personas que se llevaron los autobuses, por temor a ser agredido en mi integridad física o en mi patrulla… no me percaté si alguno de mis compañeros policías preventivos realizó algún disparo y yo por mi parte nunca disparé”. De esta manera, ante el Ministerio Público, el principal jefe operativo de policía al momento de los hechos niega haber siquiera escuchado detonaciones a pesar de que varios cientos de personas que se encontraban más lejos que él del lugar de los disparos sí los oyeron y niega también haber estado al menos cerca de los sitios donde ocurrieron los otros hechos de violencia.

Raúl Cisneros García, comandante del sector centro (patrulla 023) afirma que “…dos individuos me sujetaron por el cuello por atrás de mi espalda y en ese momento forcejee tratando de quitármelos y en ese momento el supervisor Tenascalco realizó unos disparos al parecer con su arma corta sin poder precisar cuántos, y en ese acto corté cartucho con mi arma larga y realicé dos disparos al aire, por lo que en ese momento los sujetos me soltaron y corrieron hacia el interior de otro autobús del cual pude darme cuenta que los dos autobuses empezaron a circular a gran velocidad en dirección al centro, sobre esa misa calle Galeana…”.

Miguel Ángel Hernández Morales afirma que el radioperador Natividad Elías Moreno transmitió la orden para detener a los autobuses en la calle Álvarez esquina Zapata. Al atravesar la patrulla, los estudiantes se bajaron de los autobuses y les lanzaron piedras. Hernández afirma que decidió hacer un disparo al aire y posteriormente huyó del lugar. Los autobuses de los estudiantes se fueron por la calle Álvarez rumbo al llamado Periférico Norte que en realidad es la carretera 51.

El secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, dijo no haberse enterado de los disparos contra los estudiantes ni haber tenido noticias de las balaceras más que a través de preguntas de que le hacía por vía telefónica el presidente municipal, José Luis Abarca, quien presumiblemente recibía por su lado informaciones procedentes de personal no policial. El director de seguridad pública afirmó que no había dado ninguna orden para perseguir a los normalistas y que su conocimiento se había limitado a la toma de autobuses, el lanzamiento de piedras por parte de los estudiantes y algunos otros acontecimientos no confirmados. Sin embargo, el subdirector de Tránsito, Uzziel Peralta Rodríguez, quien también compareció ante el Ministerio Público de Guerrero, declaró que el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez “instruía que los detuvieran (a los estudiantes) a como diera lugar”. Por su lado, en sus dos comparecencias ante el Ministerio Público de Guerrero, Felipe Flores Velázquez negó haber tenido conocimiento de heridos y muertos e, incluso, de disparos y afirmó en su segunda comparecencia del 28 de septiembre que carecía de parte informativo policial y que no había podido conversar con los jefes operativos de la policía porque éstos estaban detenidos aunque todos ellos declararon que Flores les había ordenado precisamente que se presentaran primero en las oficinas de la policía estatal y después en el cuartel de la policía municipal donde fueron detenidos por el Ministerio Público. No obstante estas contradicciones y el hecho de que existía responsabilidad personal del secretario sobre la acción de la policía, el Ministerio Público inexplicablemente no lo retuvo sino que le permitió seguir en libertad, volver a su oficina y darse a la fuga frente a los ojos de los agentes estatales de seguridad. Felipe Flores Velázquez es un profesional de la carrera policial con 30 años de servicio en Guerrero.

La policía –secretario, jefes, supervisores y tropa– se negó a explicar el origen y motivo de los disparos que se escucharon en el centro de la ciudad y de la posterior violencia emprendida contra los estudiantes cerca de la carretera donde se produjeron los muertos y los heridos, así como se realizaron las detenciones de al menos una parte de los 43 normalistas desaparecidos.

El Ministerio Público de Guerrero no tomó declaración de José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala aunque no se lo impedía la inmunidad procesal penal inherente al cargo. Frente a esta Comisión Especial, en el penal del Altiplano, Abarca afirmó que la primera noticia que tuvo de que había disparos fue por una llamada telefónica del secretario general de Gobierno de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, luego de lo cual él se comunicó con Felipe Flores, secretario de seguridad pública municipal, para pedirle informes, el cual –según su propio dicho—no le informó de nada. Hay que recordar que el gobierno de Aguirre declaró que no había sido posible comunicarse con Abarca y por ende ordenar la intervención de los efectivos del gobierno del Estado, hasta las dos de la madrugada del día siguiente, es decir, del 27 de septiembre. Abarca niega haber dado órdenes a la policía y niega también haber tenido indicativo alguno incluyendo el de A-5 mediante el cual, según Murillo Káram, dio la orden de detener a los normalistas. Abarca afirma que a las 23:30 le pidió a Flores que llamara al Ejército y lo mismo le pidió al secretario de Gobierno del Estado. Dice también que intentó llamar a la Policía Federal sin ningún éxito. En síntesis, Abarca, según afirmó ante esta Comisión, permaneció en su casa sin dar órdenes a la policía y con la idea de que él no podía hacer nada frente a lo que estaba ocurriendo pues no era quien contaba con las armas para ello. Esta Comisión le repuso a Abarca que los disparos provinieron siempre de efectivos de la policía municipal que estaban, según la ley, bajo su mando, lo mismo que las detenciones de los estudiantes, pero al respecto no dio respuesta alguna. Al hacer Abarca esas afirmaciones y al no responder a interrogantes pertinentes parece que busca defenderse, que pretende comprobar no haber tenido nada que ver con los trágicos acontecimientos, sin embargo, se inculpa. Como supuesto integrante de la banda de delincuentes de Iguala tendría responsabilidad pero también la tendría como autoridad que permite cometer delitos a policías bajo su mando y a civiles sin dar órdenes ni intervenir de alguna otra forma o sólo pidiendo a algún funcionario que llame a los militares.

El problema es mayúsculo en tanto que la Procuraduría General de la República no ha acusado a José Luis Abarca por la detención ilegal y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, con lo cual en el proceso penal 100/2014 que se sigue en su contra en un juzgado federal de Matamoros no se encuentra el caso de los estudiantes muertos, heridos y desaparecidos sino sólo el tema de la organización Guerreros Unidos y el de sus posibles recursos económicos. Murillo Káram insistió varias veces en que Abarca dio las órdenes de detención pero no le inculpa por tal acto sino sólo por hechos distintos que de ser ciertos no ocurrieron el 26-27 de septiembre de 2014. Si la PGR no tiene pruebas de la supuesta orden impartida por Abarca, por lo visto tampoco tiene interés en vincular la gestión política con omisiones encaminadas a la consumación de delitos graves. En otras palabras, la PGR no acusa a Abarca por haber dado órdenes ni por no haberlas dado siendo el jefe de la policía según el artículo 115 de la Constitución del país. La coincidencia entre las declaraciones de Felipe Flores, ante el Ministerio Público, y de Abarca, ante esta Comisión Especial, podrían llevar a la hipótesis de que cualesquiera que hubieran sido los nexos entre ellos y los Guerreros Unidos o aun cuando no hubiera existido relación alguna de ambos con el grupo delincuencial, lo que se puede observar a partir de sus propios dichos es que los dos dejaron actuar a la policía y de esa forma también a la banda de delincuentes. Esclarecer el motivo exacto y las circunstancias precisas de todo esto debió haber sido un trabajo de la PGR aunque también, por cierto, de la Fiscalía de Guerrero.

Es también preocupante que la aprehensión de Abarca y Pineda se hubiera hecho sin orden judicial y simulando después una detención en flagrancia bajo el posible delito de cohecho que debió consistir en ofrecer dinero a unos policías preventivos que supuestamente les habían detenido en la calle sin que hubiera causa de esa primera detención.

Veamos ahora la versión de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes declararon ante el Ministerio Público de Guerrero el día 27 de septiembre. Francisco Trinidad Chalma López afirmó que dos autobuses Estrella de Oro, provenientes de Tixtla con estudiantes abordo, llegaron a la terminal de Iguala y los jóvenes tomaron tres autobuses. Una de las unidades salió por el lado derecho mientras las otras siguieron por la calle principal, el último de la caravana era uno de los dos autobuses Estrella de Oro en el cual habían llegado los normalistas originalmente. Después de un encuentro con la policía, los autobuses continuaron su marcha y fueron balaceados por los agentes policiacos. Al llegar al Zócalo, los estudiantes bajaron de los autobuses y les hicieron frente a los policías con piedras. El avance de los autobuses continuó durante cinco minutos. El tercer autobús fue rodeado por los policías, ante lo cual los estudiantes que viajaban en los dos primeros bajaron y les hicieron frente. Chalma López afirma que se puso “detrás de un policía municipal el cual ya había cortado cartucho y estaba apuntando su arma para disparar contra los compañeros en lo cual llegaron más compañeros y sus compañeros (del policía) que vieron que estábamos atrás de él nos encañonaron a mí y a mis compañeros hacia nuestras personas, lo cual para detener la acción de los policías tuve un pequeño jaloneo… lo tomé por la espalda y le empecé a jalar el rifle… eran tres policías… con el que estaba yo forcejeando disparó contra mis compañeros como a una distancia de un metro, pero cuando levantó el arma para disparar hacia ellos, mis compañeros ya se habían abierto y los otros dos policías, cuando vieron que su compañero empezó a disparar, también ellos dispararon contra mis compañeros a una distancia de unos siete o diez metros porque ya se habían alejado. Nos subimos nuevamente a los autobuses y seguimos avanzando como otros diez minutos hacia la avenida donde está la mini bodega Aurrerá, cerca del Batallón y en el transcurso del camino los policías iban disparando contra el autobús y le poncharon las llantas, le dieron a los cristales y para ese momento ya eran como diez patrullas y todas decían Policía Municipal, todas eran camionetas… seguimos avanzando con las llantas ponchadas y ya casi al llegar a lo que era la carretera atravesaron una patrulla y se bajaron y se pusieron del otro lado, aproximadamente como a veinte metros y empezaron a apuntar sus armas, al ver eso intentamos bajarnos de los autobuses e intentamos mover la patrulla y yo me subí al volante de la patrulla, tenía la llave, intenté ponerla en marcha, y al ver que no podíamos intentamos empujarla y ya en ese momento nos estaban disparando, a lo cual al intentar hacerla atrás llega un compañero mío y me saca de la patrulla y me hace señas que viera a un compañero que había caído y yo pensé que había sido por la movida de la camioneta y al verlo vi que era por un impacto de bala ya que por el orificio le brotaba un chorro de sangre de la cabeza y lo que hice fue acercarme y tratar de taparle el orificio y los policías seguían accionando sus armas para que nos quitáramos de ahí y nos resguardamos de los impactos de bala en el primer y segundo autobús, por lo menos dos horas… en el transcurso de esas dos horas cada vez que nos asomábamos nos disparaban… y los cuerpos policíacos nos decían que nos retiráramos y volvieron a accionar sus armas… decidimos retroceder para no arriesgar más vidas… los del tercer autobús estaban siendo bajados por los municipales … eran como 17 o 18 y los policías eran como 60 o más y al parecer había compañeros heridos porque los tuvieron un rato en el suelo y a nosotros nos querían persuadir para que nos entregáramos y a ellos se los llevaron por rumbo desconocido y estuvimos una hora más en ese lugar y éramos como 25 los que nos quedamos y al poco rato empezaron a llegar más cuerpos policíacos, como otras seis patrullas, de las cuales una se veía como seminueva y traía la leyenda de Policía Municipal de la cual se bajaron seis policías bien equipados porque traían un aditamento para ametralladora en la que había un elemento posicionado encañonándonos y no nos asomábamos mucho porque cada vez que lo hacíamos accionaban sus armas contra nosotros… pasó como otra media hora para que la ambulancia se llevara a nuestro compañero que estaba herido de bala, después de ello estaban los policías en una esquina apuntándonos con sus armas, como a una distancia de diez metros aproximadamente, y se burlaban de nosotros ya que nos hacían señas que nos acercáramos hacia ellos y nos seguían apuntando… pasó como una hora para que se empezaran a retirar los policías y empezaron a llegar compañeros del centro regional de educación normal (Cren) de Iguala y compañeros de la normal de Ayotzinapa en una urban y en carros particulares…, al poco rato empezaron a llegar los medios informativos de prensa escrita y radio… empezaron a llegar maestros… una hora y 45 minutos después se escucharon otras ráfagas, empezamos a correr y nos dimos cuenta de que un compañero estaba herido de bala en la boca por lo que lo auxiliamos y lo llevamos a un laboratorio que estaba en la misma calle principal y estuvimos en ese lugar como media hora ya que no tenían médico… llegaron dos unidades militares y al bajar de sus camionetas, escuchamos que cerrojaron sus armas y pidieron que abriéramos la puerta, fue lo que hicimos y el que iba a cargo de esas unidades preguntó quiénes éramos, preguntando si éramos los ayotzinapos… pedimos ayuda para nuestro compañero que se estaba desangrando y lo que nos dijo fue que tuviéramos huevos para enfrentarlo como así hacíamos nuestro desmadre, cateó toda la clínica…, le volvimos a pedir apoyo con una ambulancia para trasladar a nuestro compañero y nos contestaron que ellos iban a mandar a los municipales para que vinieran por nosotros, que ellos se iban porque estaban dos cuerpos en la carretera… que esperáramos ahí y que iban a mandar una ambulancia… dejamos al compañero herido de bala y a otro compañero para que lo acompañara en el laboratorio y el resto nos salimos de ahí y caminamos con rumbo desconocido… éramos como 25 y llegamos a una casa donde nos dieron asilo para pasar la noche… eran aproximadamente las dos de la mañana del 27 de septiembre.”

“ …circulábamos tres autobuses en fila y yo iba en el segundo, –declaró el estudiante Luis Gabino Martínez Vargas–, de pronto se empezaron a escuchar varias detonaciones de armas de fuego ya que le tiraban al último autobús y como tratábamos de que no fuéramos a ser lesionados, el que manejaba el autobús le pitaba a los carros que iban adelante para que pudiéramos avanzar… me bajé del autobús para tratar de apoyar a los que venían en el último autobús y, al bajarme, vi que los policías municipales hacían disparos con sus armas hacia arriba y como a 20 metros de distancia vi que un compañero forcejeaba con un policía ya que el policía lo apuntaba con el arma y fue que se escucharon como siete disparos hacia el suelo. Al ver esto, lo que hice fue subirme al autobús donde venía y los tres autobuses siguieron su marcha y en el trayecto nos seguían haciendo disparos. Cuando llegamos al entronque para agarrar el boulevard para la salida, una patrulla de la policía municipal se le atravesó al primer autobús y los compañeros se bajaron así como también hicimos lo propio los del segundo y tercer autobús, para mover la patrulla y seguir nuestro camino y, cuando hacíamos movimientos para quitar la patrulla, los policías empezaron a hacer disparos hacia los compañeros que trataban de mover la camioneta de la policía municipal y lo que hice fue correr para refugiarme en un espacio que había entre el primero y el segundo autobús y fue cuando uno de los compañeros dijo ´mataron a uno, le dieron en la cabeza´ y lo que hicimos fue ir a ver al compañero agredido y cuando nos asomábamos nos disparaban los policías y de donde me encontraba refugiado, hacia donde estaba el compañero tirado, había como unos 20 metros, y lo que hicimos fue llamar a la ambulancia, tardando en llegar como media hora; le gritábamos a los policías que no nos tiraran que no estábamos armados, que lo que queríamos era que al compañero se lo llevara al hospital y cuando llegó la ambulancia se llevó a nuestro compañero, pero a los que venían en el tercer autobús ya la policía los tenía detenidos y unos se encontraban heridos. Como media hora después llegaron más compañeros de otras normales, una de Iguala y otros compañeros más de la normal de Tixtla. Como 30 minutos después, cuando las cosas se habían calmado, de pronto se escucharon varios disparos que venían de atrás y fue cuando empezamos a correr y al ir corriendo vi un bordito y me tiré al suelo con un compañero, ya que seguían los disparos y de pronto volteé la cabeza hacia mi derecha y a una distancia como de diez metros vi tirados a dos compañeros y uno de ellos dijo ´ayuda´ en una sola ocasión y después ya no habló y unos compañeros se refugiaban tirados debajo de los carros y el compañero que dijo ´ayuda´ vi que ya estaba muerto así como otro compañero.”

Todos los estudiantes de Ayotzinapa que rindieron declaración ante el Ministerio Público de Guerrero coinciden en la misma versión sobre las agresiones que sufrieron cuando transitaban en los autobuses desde la central camionera de Iguala.

Aquí surge sin embargo una pregunta que no ha sido respondida hasta ahora: ¿por qué la mayoría de los estudiantes optó por transitar por la calle Galeana y su continuación Juan N. Álvarez, rumbo al norte, en lugar de tomar desde la terminal de autobuses el Periférico Sur que conduce directamente a la carretera federal 95 que va rumbo a Chilpancingo? Según declaraciones de estudiantes de Ayotzinapa rendidas ante el Ministerio Público de Guerrero, al salir de la central de autobuses de Iguala un autobús de los normalistas se dio vuelta a la derecha, es decir, que pudo haberse dirigido hacia el rumbo del Periférico Sur a fin de tomar directamente la carretera 95, mientras los otros tres transportes siguieron por la calle Hermenegildo Galeana y su continuación Juan N. Álvarez que atraviesa el centro de Iguala y pasa a una cuadra de la Explanada. El autobús que dio vuelta a la derecha para posiblemente regresar hacia el sur se reincorporó después según la versión de la PGR e, incluso, en ese autobús Estrella de Oro –uno de los que habían transportado originalmente a los estudiantes desde Tixtla– viajaba el líder del grupo de normalistas (uno de los 43 desaparecidos), de acuerdo con la versión de la misma PGR. No consta, sin embargo, en las declaraciones de los estudiantes y de los policías que el cuarto autobús se hubiera incorporado a la fila que fue obstruida en dos ocasiones durante su camino y, finalmente, fue detenida antes de llegar a la carretera donde la policía de Iguala disparó directamente contra los normalistas, hirió y mató a varios e hizo numerosas detenciones.

Otro de los aspectos oscuros de la versión oficial sobre la tragedia de Iguala es la agresión al autobús en el que viajaba el equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, la cual ocurrió al filo de la medianoche. La PGR sostiene que los agresores fueron policías de Iguala , “por equivocación”, aunque no lo documenta, al menos en lo que ha informado, a pesar de que las declaraciones ministeriales de los testigos presenciales, es decir, de los deportistas, apuntan en un sentido diferente. Según José Luis Díaz Rodríguez, integrante del equipo, después de que cesó la agresión cuya duración de acuerdo con todos los testigos que declararon duró entre tres y cinco minutos, “llegaron federales, paramédicos, militares y personal ministerial”. De ser esto cierto, antes de la medianoche del 26 de septiembre ya estaban actuando en Iguala cuerpos federales de seguridad. La versión del estudiante Francisco Trinidad Chalma López, arriba referida ampliamente, cuando menciona lo que le dijeron los militares en el laboratorio al abandonar el lugar, concuerda con la presencia de los soldados en el sitio de la carretera donde había justamente dos cuerpos, lo cual coincide con los dos muertos que iban a bordo del autobús del equipo de futbol, de lo que se sigue que los militares estaban activos antes de la agresión contra los Avispones, tenían comunicación directa con cuerpos de seguridad municipales y estatales, y se encontraban tomando decisiones, todo lo cual es omitido por la PGR. Ahora bien, según la versión de Murillo Káram sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, éstos no habían sido aún entregados a esa ahora al grupo de Guerreros Unidos, incluso la PGR dice que el comandante de policía de Cocula, Ignacio Aceves, pasó por el lugar donde estaba el transporte baleado de los futbolistas y se siguió de frente rumbo al lugar donde tenía que recoger a varios estudiantes detenidos, pero no parece que alguien los estuviera buscando o indagando su paradero, lo cual no es en absoluto cuestionado por el entonces procurador. Es claro que la búsqueda de los estudiantes no iba a estar a cargo de quienes los habían detenido pero, ¿las demás autoridades de seguridad?

 

Necesidad de alcanzar una interpretación política de la tragedia

La primera cuestión política radica en explicar porqué los policías trataban de detener a los estudiantes en lugar de permitir que se retiraran de Iguala, como hubiera sido más práctico. Los autobuses tomados por los estudiantes habían sido cedidos por los gerentes de la línea como era frecuente, el propósito de los normalistas era llevarse esos transportes para usarlos en alguna movilización próxima y, como evidencia de todo eso, los choferes eran los mismos asignados a esas unidades por la empresa propietaria. No había ninguna denuncia. Aquí es donde surge la versión de que el grupo delincuencial Guerreros Unidos creyó que los estudiantes o algunos de ellos eran enviados por el grupo rival, Los Rojos, y que para detenerlos y matarlos utilizó a las policías municipales de Iguala y Cocula. Lo que no se ha tratado de explicar era el supuesto objetivo concreto que se les atribuía a los presuntos infiltrados. Además, la forma y el momento en la que los Guerreros Unidos presuntamente dieron la orden a los policías, a quiénes se la dieron y cómo se ejecutó, quedan para las indagatorias que debería realizar el Ministerio Público, pero no sólo el federal sino también el del Estado de Guerrero, quien parece ignorar que en su propio estado ocurrió una tragedia de enorme trascendencia nacional e internacional.

Son de llamar la atención las discrepancias entre las declaraciones ministeriales rendidas el 27 de septiembre de 2014 por estudiantes, por una parte, y policías, por la otra, con la versión oficial de la Procuraduría General de la República, dada a conocer el 27 de enero de 2015, cuatro meses después de la tragedia. Los hechos referidos por la PGR a partir de la salida de los estudiantes de la central de autobuses no corresponden con los relatos de normalistas y tampoco con los de algunos de los policías, aquellos que hicieron referencia a hechos propios. En particular, el denominado “segundo evento” de la versión de la PGR difiere de los relatos de los testigos y oculta tanto el tiempo como las circunstancias de cada hecho, la persecución de los autobuses, la cantidad de disparos, el número de patrullas involucradas, el lugar y modo de los homicidios y las lesiones, como el momento de la detención de los estudiantes y la aparición de fuerzas federales. Además, la explicación pública de la PGR saca de una línea de tiempo los diversos eventos, en especial los que estaban ocurriendo en Iguala cuando los estudiantes fueron presuntamente entregados a los miembros del grupo delincuencial: la PGR afirma, por ejemplo, que entre 10 a 15 estudiantes fueron entregados a Ignacio Aceves, comandante de la policía de Cocula, enviado por César Nava, su jefe, a Iguala, pero no menciona quiénes se los entregaron; luego, afirma que el resto de normalistas ya estaba en camino pero no indica quiénes eran los custodios y, en su lugar, identifica el vehículo usado como si eso fuera más importante que conocer los nombres de las personas involucradas y sus motivos. Parece que la versión de la PGR se dirige hacia la abstracción de responsabilidades de diversas autoridades estatales y federales, las cuales no aparecen relacionadas. Existen, por ejemplo, testimonios de que la Policía Federal fue informada desde el momento de la toma de los autobuses; hay también otros testimonios que hacen ver que efectivos del Ejército intervinieron, ¿cómo y porqué llegaron al laboratorio donde se encontraba una veintena de estudiantes de Ayotzinapa con un herido? Queda claro en el testimonio del estudiante Chalma López que los militares sabían que aquellos jóvenes eran “ayotzinapos”. Hay elementos que indican también la intervención de policías ministeriales de Guerrero en Iguala mucho antes de la hora en que presumiblemente fueron entregados los estudiantes al grupo Guerreros Unidos. Pero, además, la PGR no explica la intervención de José Luis Abarca y de Felipe Flores, así como de Bruno Heredia y de Alejandro Tenexcalco, entre otros, quienes posiblemente debieron haber entregado u ordenado la entrega de los 43 desaparecidos. En relación con Abarca, la PGR sólo acusa a éste de haber dado la orden a la policía de interceptar los autobuses en los que viajaban los normalistas cuando salieron de la central camionera y para ello menciona el indicativo de A5 del presidente municipal supuestamente dado a través de la radio, el cual, como ya se expuso, es negado por el propio Abarca quien afirma que jamás tuvo indicativo alguno para las referencias radiales de la policía.

Las relaciones entre la policía de Iguala y los integrantes del grupo Guerreros Unidos no aparecen o no se explican, como tampoco se hace referencia al vínculo de jerarquía entre César Nava e Ignacio Aceves, jefes policiacos de Cocula, con el presidente municipal, quien sigue en el puesto aunque uno de los inculpados menciona a Nava y Aceves como personas que se reunieron en una piquera en la madrugada del 27 de septiembre con los jefes de Guerreros Unidos, de tal manera que tenemos a unos comandantes de policía que formaban parte integrante de Guerreros Unidos, pero el presidente municipal, su jefe, ni siquiera ha sido sujeto de responsabilidad política y, después de haber sido examinado por la PGR, ésta lo exoneró sin explicación alguna. Como ya se ha indicado en el presente informe, la PGR no ha fincado cargos contra Abarca en cuanto a su posible responsabilidad como jefe de la policía de Iguala, según la Constitución, quizá porque eso lo obligaría a hacerlo contra el presidente municipal de Cocula, jefe de la policía de ese lugar, o porque las omisiones de los gobernantes pudieran de tal manera empezar a formar parte de la configuración de delitos cometidos por sus subordinados cuando éstos afectan a grupos de personas, es decir, cuando se cometen actos represivos. Como puede verse, no sólo se trata de pobreza en la exposición del caso de parte de la PGR sino de datos falsos y deformaciones, así como de elusiones de referencias de tiempo, modo, lugar y circunstancia de los diversos hechos. Además, la investigación, según lo que se informa, no parece abarcar hechos anteriores, referencias a lo que debería ser el conjunto de antecedentes relacionados con la tragedia de Iguala, nunca aparece el negocio fundamental, es decir, la producción, transformación y tráfico de drogas, así como otros delitos conexos, la relación entre dicho negocio y los cuerpos policiales de Iguala y Cocula y las autoridades políticas.

En síntesis, estamos frente a una versión de la PGR que, en lugar de clarificar y explicar, tiende a ocultar y confundir.

También requiere explicación la actitud inicial del gobierno federal en el sentido de considerar los homicidios y las desapariciones forzadas en Iguala como acontecimientos puramente locales que debían dilucidarse sólo por parte de las autoridades de Guerrero, cuestión que, incluso, fue planteada por el mismo presidente de la República. ¿Qué se pretendía con esa actitud política, qué la determinaba, por qué se tuvo que modificar? En este mismo sentido, la opinión pública nunca fue informada de los motivos por los cuales la Procuraduría General de la República (legalmente independiente del Ejecutivo) tomó el caso una semana después de los trágicos acontecimientos cuando ya estaban procesados en Guerrero una veintena de policías municipales y varios presuntos integrantes de la banda de los Guerreros Unidos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no ha presentado ningún informe sobre la intervención de fuerzas federales en los sucesos de Iguala, no ha comparecido ante ninguna cámara del Congreso a efecto de exponer lo que hizo y lo que dejó de hacer el gobierno federal cuando se desataron los hechos de violencia. Todo lo que corresponde a las fuerzas federales ha sido ocultado. Pero además (y no menos grave) la opinión pública no conoce ningún reporte sobre el grupo delincuencial Guerreros Unidos y sobre sus presuntos rivales, Los Rojos, por lo cual carece de información que pudiera poner en contexto la tragedia de Iguala. El gobierno federal tampoco ha aportado, a través de sus servicios de inteligencia, los datos necesarios para conocer los móviles de la violencia. Todas estas son obligaciones gubernamentales incumplidas.

No existen relaciones oficiales en las cuales se esclarezca la reacción del gobierno del Estado de Guerrero frente a los trágicos acontecimientos de Iguala. Se dispone sólo de las declaraciones inmediatas de algunos funcionarios, las cuales no dan respuesta a las omisiones cometidas desde la salida de los estudiantes de Tixtla, su recorrido, su llegada a Iguala, sus actividades, la toma de los autobuses, el intento de salida de Iguala, las agresiones de la policía municipal y la obstrucción del camino por parte de esa misma cuando fueron agredidos, lesionados, asesinados y detenidos. Tampoco hay explicación alguna de la conducta de las delegaciones de gobernación y del Ministerio Público de Guerrero, así como de la policía del Estado, frente a los hechos y, en especial, frente a la detención de los 43 jóvenes desaparecidos. No existe informe oficial de la conducta del gobierno de Guerrero durante las horas de agresiones contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Siempre fue increíble la versión publicada de que no había sido posible comunicarse con el presidente municipal sino hasta las dos de la mañana por lo cual el gobierno del Estado no tomó acciones con anterioridad, la que, por otro lado, ha sido ha sido desmentida por José Luis Abarca quien sostiene que tuvo comunicación telefónica con el secretario de Gobierno luego de que se produjeron los primeros disparos. La verdad es que mucho antes de las dos de la mañana ya estaban en Iguala policías ministeriales y agentes del Ministerio Público, los cuales se comunicaron con el secretario de Seguridad Pública municipal para ordenarle que presentara al personal policial. Según la Constitución federal, los gobernadores pueden puede dar órdenes a las policías municipales cuando, a su juicio, surjan casos de fuerza mayor o cuando haya alteración grave del orden público. Aquí surge de nuevo la pregunta hecha con motivo de la intervención de las fuerzas federales: ¿quién tenía que encargarse de buscar a los 43 estudiantes desaparecidos?

La responsabilidad política del gobernador Ángel Aguirre no ha sido esclarecida en forma alguna más allá de su voluntaria separación del cargo. El Congreso del Estado nunca ha abierto una investigación sobre los hechos en cuanto a la relación de éstos con alguna presunta responsabilidad política de los gobernantes de entonces. El único funcionario que aparece con responsabilidad es José Luis Abarca, encausado en el Congreso. Esta situación acusa una debilidad institucional en Guerrero, una atrofia constitucional, una irresponsabilidad del Poder Legislativo. Desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, el asunto se encuentra abierto y lo estará durante un año a partir de los hechos de Iguala.

Pero, además, esa misma situación acusa también un defecto del partido mayoritario, el Partido de la Revolución Democrática, cuya conducción del proceso político sobre la tragedia de Iguala simplemente no existió. El PRD en Guerrero, hasta hoy, no ha discutido el asunto, no ha hecho el análisis, no ha tomado resoluciones, no ha dado directrices para encarar su responsabilidad política. La declaración del presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, desde Iguala, en el sentido de que su partido pedía perdón por las acciones y omisiones políticas en las que incurrió, ha sido mal vista por la mayoría de los dirigentes políticos perredistas de Guerrero con quienes esta Comisión tuvo oportunidad de discutir el punto. El Consejo Nacional del PRD rehusó plantear la necesidad de la salida de Ángel Aguirre del gobierno del Estado para encarar su propia responsabilidad en la tragedia, concentrando la crítica y el ataque sólo hacia José Luis Abarca quien ya se había separado del cargo.

 

Las situaciones mencionadas en el presente informe, aquellas sobre las que no puede haber certeza con la información disponible, no están teniendo respuesta de parte del gobierno federal y tampoco de los poderes del Estado de Guerrero, así como de sus respectivos ministerios públicos, lo que es una tarea de urgente cumplimiento porque son claves para descifrar el aspecto político de la tragedia de Iguala: la captura del Estado por parte de la delincuencia organizada.

 

 

Ciudad de México, seis de mayo de dos mil quince.

 

LA COMISIÓN ESPECIAL

 

PABLO GÓMEZ, presidente; OCTAVIO CORTÉS; PABLO FRANCO

De Iguala a Cocula

La tragedia de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y del asesinato de seis personas, hechos ocurridos en Iguala, se ha convertido en el tema del basurero de Cocula. No se discuten ya los levantones y los homicidios de Iguala sino lo que posiblemente ocurrió en Cocula, mejor dicho, lo que no pudo ocurrir ahí: la incineración total de 43 cuerpos en el breve lapso de una noche.

Tampoco se sabe algo sobre las causas de las desapariciones y de la conducta de la policía preventiva municipal al tratar de detener a los estudiantes. Nada se conoce del paradero del entonces secretario de seguridad pública de Iguala ni de sus posibles nexos con el grupo Guerreros Unidos. Tampoco se comentan hechos concretos que vinculen al entonces alcalde y a la esposa de éste con ese mismo grupo de narcotraficantes, buena parte de los cuales se encuentra en prisión.

La opinión pública carece de dato alguno sobre el negocio de producción, industrialización, tráfico, distribución y venta de derivados de la goma de amapola y otras drogas procedentes de Tierra Caliente, tanto en México como en Estados Unidos, todo lo cual podría estar relacionado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Nada sabemos tampoco del otro grupo, el rival, se dice, denominado Los Rojos, a pesar de las detenciones de varios de sus jefes.

Mucho menos se ha tocado el porqué los autobuses en los cuales aquella noche se transportaban los estudiantes tomaron rumbo hacia el centro de Iguala en lugar de virar hacia la carretera que conduce a Chilpancingo y a Tixtla. Aún más oscuro está la causa de la vuelta a la derecha que dio casi simultáneamente otro de los autobuses para enrumbarse directamente hacia la carretera, no obstante lo cual, según la verdad histórica de la PGR, sus ocupantes también fueron víctimas de un levantón de la policía municipal.

Los agentes activos y pasivos de estos hechos no han sido relacionados por la autoridad, ni siquiera entre sí. Al menos, ésta no se ha tomado la molestia de explicar algo al respecto. El contexto que se presenta ante la opinión pública es que nada coincide, que se trata de piezas de rompecabezas diferentes. Una obsesión se advierte: dar por hecho que nada tuvieron que ver militares y policías federales.

Los expertos independientes se han trenzado en una mala relación con las autoridades del gobierno y con la PGR al punto de que éstas ya no ocultan su deseo de que aquéllos se vayan y nunca vuelvan, mientras los enviados de la CIDH no aciertan a comunicar si desean continuar su trabajo o ya prefieren irse del país. De cualquier forma, el resultado es que la opinión pública, a estas alturas, nada tiene claro y ya hasta se duda de que haya alguien capaz de explicar bien alguno de los temas imbricados en la tragedia de Iguala.

Si en el basurero de Cocula ardieron aquella noche pocos, muchos o ningún cuerpo; si los posibles cadáveres calcinados en ese lugar corresponden a los estudiantes detenidos en Iguala; si hubo un gran incendio controlado aquella madrugada y si llovió poco o mucho, son aspectos que pudieran ser vistos siempre que se encontraran directamente relacionados con lo básico: ¿qué ocurrió y porqué?

Nos han sacado de Iguala y nos han llevado a Cocula, como dicen que hicieron los narcos con los estudiantes, por veredas oscuras y sin que nos diéramos cuenta, sólo para ocultar lo que sucedió aquella infausta noche y mantenernos en la ignorancia sobre quiénes hicieron cada cosa y porqué, es decir, alejarnos del conocimiento del significado verdadero de los hechos reales.

Nuevos derechos constitucionales

INTERVENCIÓN DE PABLO GÓMEZ EN LA CONFERENCIA DE PRENSA CON MOTIVO DEL ANUNCIO DE SU PRECANDIDATURA A DIPUTADO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FEBRERO 25 DE 2016)

 

 

El principal reto de la redacción de una carta fundamental para la Ciudad de México consiste en establecer derechos económicos, sociales y políticos que no se encuentran en la legislación federal ni en las de las demás entidades federativas. Habría que alcanzar una constitución original pues sería un desperdicio si sólo se repitieran los derechos ya consagrados en la carta federal.

En las últimas décadas se han producido grandes avances en materia de derechos humanos y también se han defendido en muchas partes del mundo los derechos sociales. Al mismo tiempo, el rezago de México en materia de participación ciudadana hace necesario empezar a crear un sistema de decisiones directas. Es por ello que se requiere una Constitución de la Ciudad de México original y avanzada.

Para alcanzar este objetivo se necesita la elaboración de nuevos conceptos de carácter constitucional y de las garantías para hacer efectivos los derechos, tanto los que ya existen en la legislación mexicana como los nuevos que se introducirían en el nuevo texto.

 

DERECHOS FUNDAMENTALES

  1. Los derechos fundamentales deben pormenorizarse de tal manera que todos ellos queden directamente incluidos en el texto constitucional. Esto tiene el propósito de evitar su dispersión normativa y garantizar a la vez su pleno reconocimiento por parte de las autoridades, las cuales quedarían obligadas a divulgar, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales.
  2. La acción para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos fundamentales debe estar a cargo de diversas autoridades, cada cual en su esfera de competencia, mas se construirá un tribunal constitucional de derechos capaz de obligar a las autoridades de la ciudad a cumplir con sus obligaciones en esta materia. Dicho tribunal será un órgano especializado del Poder Judicial de la Ciudad de México encargado de hacer valer los derechos fundamentales y proveer lo necesario para el efectivo otorgamiento de las garantías de los mismos. Sus resoluciones serán vinculantes para los órganos de gobierno y otras autoridades administrativas de la ciudad. Estará compuesto por un colegio de magistrados así como defensores de derechos con funciones ministeriales de asistir y representar a las personas en sus denuncias, quejas y reclamos, así como velar por el debido proceso dentro de dicho tribunal y en otras instancias administrativas cuando se trate de derechos fundamentales. Este tribunal resolverá en única instancia sobre la constitucionalidad de las leyes y decretos emitidos por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, así como de los decretos, acuerdos, ordenanzas y reglamentos del Poder Ejecutivo Local y las alcaldías, a través del recurso de inconstitucionalidad presentado dentro del marco normativo señalado en la propia Constitución y conforme a la ley.
  3. Los derechos de igualdad y no discriminación se harán efectivos constitucionalmente y tendrán garantías expresas y precisas.
  4. La igualdad entre hombres y mujeres abarcará todos los ámbitos en la ciudad. La discriminación y el hostigamiento contra las mujeres, en todas sus formas, serán impedidas, perseguidas y sancionadas. El gobierno estará obligado a promover activamente la eliminación de la violencia contra las mujeres incluyendo toda manifestación del machismo.
  5. Los menores de edad estarán protegidos constitucionalmente y se establecerán las garantías de alimentación, educación, libertad y trato no violento ni discriminatorio.
  6. La ciudad contará con un organismo público independiente de radio y televisión, de carácter plural, supervisado por un consejo ciudadano que garantice el derecho de todos y todas a una difusión abierta y libre.
  7. Toda persona estará dotada de plena capacidad para presentar quejas y denuncias por infracciones a las disposiciones sobre el medio ambiente, las cuales deberán ser atendidas de inmediato por las autoridades sin otro requisito que el testimonio personal.
  8. Los derechos fundamentales podrán ser reclamados tanto en forma individual como colectiva.

 

DERECHOS SOCIALES

  1. Entre los derechos sociales habrá derechos fundamentales que podrán reclamarse de acuerdo con su carácter constitucional.
  2. Los derechos sociales más importantes serán:
  3. Derecho a la atención médica. Toda persona tendrán derecho a la atención médica completa y gratuita con independencia de su afiliación a alguna institución de seguridad social.
  4. Derecho a la educación. Toda persona tendrá derecho a la educación en todos sus niveles. Todo joven estudiante de educación media superior y superior en los establecimientos públicos de la Ciudad y residente de la misma tendrá derecho a un salario como elemento de garantía de terminación de sus estudios.
  5. Derecho a la cultura. Toda persona tendrá derecho a solicitar libros y otros materiales impresos o en lenguaje electrónico de la Gran Biblioteca de la Ciudad de México que constituirá un sistema público. Los jóvenes menores de 25 años y los mayores de 65 tendrán derecho a ingresar gratuitamente a las actividades artísticas y culturales a cargo del gobierno de la Ciudad. En las actividades culturales privadas se brindarán descuentos a los jóvenes y adultos mayores. La Ciudad organizará un sistema público de educación artística. El espacio público de la ciudad estará disponible para la organización de actividades de promoción y difusión culturales en forma no discriminatoria y gratuita, de conformidad con una ley.
  6. Derecho al deporte. La ciudad organizará un sistema deportivo abierto para la participación de personas de todas las edades y sexos.
  7. Derecho al retiro. Toda persona tendrá derecho por ley a recibir una pensión de retiro a partir de los 67 años de edad cualquiera que haya sido su condición laboral. Este derecho abarcará a las personas con dificultad o incapacidad de incorporación al trabajo cualquiera que sea su edad.
  8. Derecho a la vivienda. Toda familia tendrá derecho a una vivienda en propiedad siempre que no cuente con algún otro inmueble y haya tenido residencia en la ciudad durante el tiempo que determine la ley.
  9. Derecho al trabajo. El gobierno pugnará por la creación de los puestos de trabajo productivo para cubrir las necesidades de la ciudad mediante la política económica y la inversión pública. Establecerá un subsidio para cubrir las necesidades familiares de los trabajadores desempleados hasta por un máximo de tiempo. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la ciudad tendrá autonomía en el desempeño de sus funciones y será independiente del gobierno de conformidad con su ley orgánica; sus funciones abarcarán también la capacidad de dar fe de controversias relacionadas con sindicación, registros sindicales, tomas de nota, recuentos, entre otras, así como la supervisión del desempeño de la Junta de Conciliación y Arbitraje. La ley prohibirá y perseguirá toda forma de contrato laboral de protección y la existencia de sindicatos ficticios. Los trabajadores tendrán derecho a la libertad sindical y no podrán ser obligados a afiliarse a ninguna organización. El sindicato efectivamente mayoritario administrará el contrato colectivo sin menoscabo de los derechos y participación de los trabajadores no sindicalizados o pertenecientes a otros sindicatos. Los derechos de contratación colectiva y huelga serán plenamente respetados y las autoridades otorgarán las garantías para su ejercicio.
  10. Derecho al salario decente. La ciudad establecerá el salario decente con independencia del salario mínimo federal, el cual será moralmente obligatorio para todos los empleadores incluyendo el gobierno. La fijación del salario decente estará a cargo de una institución de la Ciudad que gozará de completa independencia y asumirá sus funciones de manera autónoma con base en su ley orgánica. El salario decente se fijará de conformidad con el concepto de salario mínimo contenido en la Constitución federal así como con un programa de recuperación salarial. Se concederá plena capacidad de denuncia pública moral contra quienes no acaten el salario decente.

 

DERECHOS POLÍTICOS

  1. Todo ciudadano y toda ciudadana tendrá derecho de voto y de ser votado teniendo las cualidades legales, así como a participar en las consultas populares, (plebiscito o referéndum) que sean convocadas para la toma colectiva de decisiones, tanto en el ámbito de toda la ciudad, de una o varias alcaldías o de una o varias colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales. La consulta popular se convocará obligatoriamente a partir de que sus requisitos legales sean colmados por los solicitantes y se llevará a cabo tan luego como pueda ser organizado el proceso por parte de la autoridad competente según la ley. El Tribunal Constitucional de Derechos de la Ciudad de México hará la declaratoria y emitirá la convocatoria a la consulta popular. La autoridad administrativa será el órgano encargado de las elecciones. No podrán ser objeto de consultas los impuestos y otros financiamientos, los presupuestos de egresos ni la vigencia de los derechos fundamentales, así como tampoco aquellas normas legales que tengan su base en la Constitución federal.
  2. Para ocupar cualquier cargo de elección, empleo o comisión de carácter público será suficiente tener al menos 18 años cumplidos, excepto en aquellos casos en los que la Constitución federal imponga otra edad.
  3. A toda petición personal o colectiva la autoridad responderá dentro de los siguientes 10 días hábiles a partir de su recepción, con excepción de aquellos casos en los que las leyes determinen un plazo menor.
  4. Los concejos de las alcaldías tendrán a su cargo, entre otras funciones, ratificar el nombramiento de los jefes de la administración pública, elaborar el proyecto de presupuesto, iniciar procedimientos para realizar consultas ciudadanas, investigar denuncias sobre el desempeño de servidores públicos de la alcaldía, dar seguimiento a las obras públicas, recibir y discutir el informe semestral del alcalde o alcaldesa, oír en sesión plenaria quejas y propuestas de los ciudadanos y ciudadanas y gestionar su atención en el ámbito administrativo.
  5. Todo ciudadano tendrá derecho de presentar denuncia por responsabilidad política contra el jefe de gobierno, los diputados, los magistrados, el fiscal, los alcaldes y concejales, los secretarios de despacho, los presidentes, directores o encargados de los organismos públicos de cualquier naturaleza así como de los integrantes de sus respectivos órganos de gobierno, ante el Tribunal Constitucional de Derechos de la Ciudad de México, el cual incoará el procedimiento de juicio político, llevará a cabo el debido proceso y aprobará sus conclusiones, las cuales, cuando sean acusatorias, serán enviadas a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde se resolverá en plazo perentorio por mayoría absoluta de sus integrantes.
  6. Ningún funcionario de la ciudad gozará de fuero. Los legisladores no podrán nunca ser reconvenidos exclusivamente por los puntos de vista que expresen. El jefe o jefa de gobierno, los diputados y diputadas, los alcaldes y alcaldesas, los o las secretarios del despacho, así como el o la fiscal general, gozarán de inmunidad por lo cual no podrán ser detenidos mientras se encuentren en funciones, pero podrán ser sujetos de proceso penal como cualquier otra persona. En el caso de que el juez de primera instancia dicte sentencia condenatoria, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México resolverá la separación del cargo mediante la mayoría de votos de sus integrantes.
  7. La Ciudad de México tendrá una fiscalía en la que se organice el Ministerio Público. El fiscal general será nombrado por la Asamblea Legislativa, gozará de independencia respecto de los poderes públicos, será autónomo en sus decisiones y podrá ser sujeto de juicio político. La ley fijará su organización y funcionamiento, y tendrá presupuesto propio aprobado por el poder legislativo de la Ciudad. Como parte del Ministerio Público, existirá una fiscalía contra la corrupción cuyo titular será nombrado y removido por la Asamblea Legislativa; la ley definirá con precisión la esfera de competencia de este organismo.
  8. Todo ciudadano podrá ejercer acción penal ante los tribunales cuando se trate de delitos contra su patrimonio, integridad, libertad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad y, de manera colectiva, de delitos contra el servicio público tanto de servidores públicos como de particulares, delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos, así como delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Los tribunales estarán expeditos y la negativa será especialmente sancionada como ataque al ejercicio de un derecho, por lo cual el juzgador infractor será removido del cargo y suspendido para ejercer la profesión. La defensoría de oficio será habilitada también para auxiliar a los particulares que ejerzan acción penal.

 

REFORMA ADMINISTRATIVA

La Constitución de la Ciudad de México debe contener una reforma administrativa que potencie sus recursos económicos y el talento de sus servidores públicos al tiempo que elimine la corrupción. Las normas constitucionales que deberán incluirse son, entre otras, las siguientes:

  1. Creación de un sistema de planeación del desarrollo de la Ciudad con participación popular y expedición de una ley reglamentaria por parte de la Asamblea Legislativa.
  2. Creación de un mecanismo de auditoría superior de carácter independiente de los poderes públicos, con autonomía en sus decisiones y con capacidad de acción penal. La auditoría tendrá capacidad para realizar auditorías y revisiones en cualquier momento y no sólo después de concluido el ejercicio presupuestal anual. Obligación de la auditoría para realizar actuaciones por mandato de la Asamblea Legislativa.
  3. Creación de un nuevo sistema de seguimiento y control de las obras públicas. Rendimiento de informes parciales de gasto y avance de las obras, y amplia publicidad de los mismos. Publicidad de todos los mecanismos de adquisiciones de parte del gobierno de la ciudad y las alcaldías, así como de todo otro ente público.
  4. Establecimiento de un cuerpo de policía de investigación dentro de la nueva Fiscalía Anticorrupción.
  5. Derecho de los ciudadanos de ejercer acción penal ante los tribunales por los delitos contra el servicio público. Establecimiento de contralorías ciudadanas para la verificación de las obras a cargo de las alcaldías.
  6. Prohibición para que las dependencias del Ejecutivo, organismos descentralizados, órganos autónomos y poderes Legislativo y Judicial realicen inversiones financieras. Todo subejercicio debe conducir al retorno de los fondos no utilizados a la Tesorería de la Ciudad. Prohibición de crear fideicomisos públicos sin ley o decreto del Poder Legislativo.
  7. Prohibición estricta de utilizar recursos públicos en gastos de carácter personal y, por tanto, eliminación de todas las partidas de tal naturaleza. Ningún servidor público podrá disponer de más recursos en dinero o en especie que lo especificado en el presupuesto debidamente aprobado.
  8. Establecimiento por ley de un salario máximo y aplicación estricta del artículo 127 de la Constitución federal. Obligación constitucional de expedir una ley de sueldos. Creación de los delitos referentes al pago de remuneraciones no autorizadas en dinero o en especie.
  9. Imposibilidad legal para que las alcaldías redunden los programas sociales del gobierno de la Ciudad. Prohibición de todo subsidio no autorizado expresamente en el presupuesto de egresos de la ciudad.

 

A los anteriores derechos y reformas de orden constitucional será pertinente añadir otros temas de interés ciudadano que durante el periodo preelectoral podremos ir presentando a la opinión pública.

El Chapo en una campaña del poder

A la memoria de Gerardo Unzueta

 Ha dicho Joaquín Guzmán Loera en la entrevista publicada en la revista Rolling Stone que “el narcotráfico no depende de una persona; depende de muchísimas personas”. Esta verdad incontrovertible no parece afectar el ánimo de los gobernantes mexicanos que han organizado una campaña de medios para presentar la captura del jefe narcotraficante como una proeza histórica y un fuerte golpe a la industria del narcotráfico. “Misión cumplida”, escribió el presidente de este país en su twitter.

Que el gobierno entregue videos tomados dentro de la residencia de Guzmán Loera para ser difundidos por la televisión abierta es un hecho absolutamente condenable. Los gobernantes no están autorizados a difundir la violencia militar o policial ni la violencia a secas. Esa propaganda no corresponde a un Estado afecto a los derechos humanos. El país está ahora peor que bajo el gobierno de Felipe Calderón quien empezó el espectáculo. Ahora Peña Nieto da a conocer acciones militares, disparos a discreción, explosiones de granadas como si se tratara de un filme de ficción. Esa campaña envilece al gobierno, lo convierte en un promotor de la violencia. Al tiempo, presenta a El Chapo como un personaje épico con lo que converge con la industria del entretenimiento basado en el amarillismo, el uso de armas y la apología del crimen.

Tiene razón Aurelio Nuño cuando afirma que no se debe presentar la historia de los delincuentes como algo exitoso, pero el secretario de Educación no se atrevió a deslindarse de la campaña gubernamental que presenta la violencia real como único instrumento contra los narcotraficantes. ¿Eso es lo que debe enseñarse en las escuelas? La detención se produjo sin violencia lejos de la casa de El Chapo, pero lo filmado y difundido se presenta como el acto mismo de la aprehensión. Se sabe que Guzmán Loera escapó de la residencia allanada, que los militares no se dieron cuenta de ese hecho hasta después de una hora o más y que su detención en la carretera fue incruenta. No hay nada heroico en tales acciones como lo pretende el gobierno a través de su campaña. Sin  embargo, se organizó un tour de periodistas para que éstos reportaran los vestigios de la violencia, la sangre resecada, las huellas de la muerte, los impactos de las balas y los destrozos de las granadas.

La falta de buenos resultados de la gestión gubernamental es cubierta con una acción de pura violencia. Los padres y madres tienen ahora que tratar de explicar a sus hijos e hijas qué es lo que ésta significa, cuál es su causa, y cada quien debe intentar una versión a su modo pues el gobierno no ofrece ninguna sino que nos lanza orgulloso un video a la cara sin brindar la menor explicación del fenómeno que está en el fondo. ¿Qué es el narcotráfico? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué debe hacerse? Un Estado que no dice, miente.

¿Es necesario que el poder haga escandaloso alarde de fuerza? No, ni en la guerra, mucho menos cuando ese mismo poder ha sido sobajado durante décadas por la delincuencia organizada que es un producto genuinamente suyo aunque sea monstruoso, que lo sustituye, que cobra impuestos informales, que controla territorios y órganos del Estado para proteger hechos delictivos, entre ellos muchos de violencia extrema. El video del asalto a la casa de Guzmán Loera no puede ser admitido como un medio de hacer sentir el poder sobre la delincuencia organizada sencillamente porque todo mundo sabe que no se producirán afectaciones en la industria del narcotráfico. Ningún jefe narco tiene ahora más miedo que antes. La tesis de Felipe Calderón era falsa y, en la chocante versión de Peña Nieto, sigue siendo igual de falsa.

Avergüenza tener un gobierno así, sin cultura, sin  decencia, sin verdad, sin discurso político, sin propuesta. Todas las instituciones han sido llevadas al festín de la captura del “hombre más buscado del mundo”, según se dijo. Para empeorar las cosas, la PRG se ha puesto a decir disparates sobre las supuestas decisiones de no capturar a El Chapo en recientes ocasiones como si esa dependencia hubiera tenido que ver algo en la persecución y, además, para mayor escándalo se ha referido a la entrevista periodística realizada por Sean Penn y al contacto con Kate Del Castillo mediante comentarios telenovelescos impropios de lo que se supone que sería la alta responsabilidad del Ministerio Público. La PGR no ha tenido sencillamente ni la menor injerencia en estos asuntos. La procuradora debería al menos guardar la compostura. Roberto Campa, supuesto encargado gubernamental de la defensa de los derechos humanos pero convertido sin recato en policía, brinda su aporte a la telecomedia oficial al afirmar que “una pareja que quería servir al mal terminó sirviendo al bien” (a propósito, ¿dónde están los 17 levantados de Arcelia, señor Campa?). El gobierno da a conocer la transcripción de varios chats sin la autorización de ninguna autoridad competente, como vulgar filtración, sólo para llenar de morbo todo el asunto de El Chapo y dar color a su campaña de medios. Y, en fin, como si todo eso fuera poco, el gobierno analiza la manera de extraditar al jefe narcotraficante a Estados Unidos con lo cual sólo demostraría que no está seguro de que se puedan concluir los juicios en México. No hay el menor recato ni la menor decisión de cumplir con el deber sino sólo de hacer propaganda cruda, barata y dañina del poder establecido.

Mariguana: un debate para alcanzar soluciones

El debate sobre las drogas no se ha abierto con la resolución de la Suprema Corte sobre el derecho a cultivar y transportar mariguana para consumo propio. El punto ha sido tratado durante muchos años. A partir de la crisis de violencia en México, el asunto se convirtió en algo verdaderamente urgente. Por ello, la culminación de este debate debe hacerse pronto y arrojar soluciones efectivas.

Sería perder el tiempo seguir con la discusión sobre los posibles daños de la mariguana a la salud de los consumidores. Nadie muere por sobredosis de cannabis ni se ha demostrado que fumar esa hierba produzca adicción. Si la mariguana no puede ser tratada de igual forma que el alcohol y el tabaco –extendidos problemas de salud– mucho menos debe mantenerse prohibida.

El problema que hay que plantear es el control del Estado sobre la producción, transporte, distribución y comercio de la mariguana. Lo que se debe buscar es que se termine con la actividad ilegal pero no para desregularla. La Corte considera que la gente puede cultivar su propia cannabis, lo cual implica que también se puede asociar para tal fin. Aunque la mariguana puede cultivarse hasta en macetas, sería difícil tratar de resolver el problema con la pura resolución judicial pues el comercio ilegal se mantendría casi en el mismo nivel que hasta ahora.

De lo que se trata es de sustraer la mariguana del nefasto comercio de drogas que tanto daño ha hecho al mundo, no por las drogas en sí sino por la delincuencia violenta que ha prohijado la prohibición y por el carácter corrupto del Estado que forma parte de este esquema. Cierto es que en el futuro cercano deberá acabarse con la prohibición en general, mas por lo pronto la mariguana es un buen comienzo porque es la más consumida entre las drogas actualmente prohibidas.

La experiencia holandesa debe ser analizada y seguir con atención lo que ocurre en Uruguay y en varios estados de la Unión Americana. Pero lo más urgente es que el tema entre en la esfera de la política, que los partidos definan posiciones y el Congreso aborde el problema sin maniobras distraccionistas o dilatorias que no conducirían más que a dejar las cosas como están. El tema no será resuelto en los tribunales sino en el Poder Legislativo como se desprende del sistema político de la Constitución.

Ahora bien, los obstáculos a un cambio efectivo en este tema se derivan del miedo a que se relajen las buenas costumbres y a que el Estado termine promoviendo el consumo de drogas. Este miedo no se va a eliminar con una discusión sensata porque sencillamente no proviene de la sensatez. Los bandos de opinión a este respecto no coinciden exactamente con la derecha y la izquierda ya que hay gente muy conservadora en materia política y social que combate la prohibición mientras que personas de izquierda tienen miedo y se muestran defensoras de una ley que ha demostrado su naturaleza inicua en el plano social, económico y jurídico. Aunque existe una mayoría de derechistas que defienden el pernicioso sistema actual, no todos lo hacen ni son los únicos en hacerlo.

Otro problema sobre este tema es que bajo el Estado corrupto la desregulación no supera necesariamente la mordida. Como se trata de despenalizar para controlar con certeza y probidad, puede ser una nueva amenaza la generalizada falta de honradez de la autoridad y, por tanto, la violación organizada de las leyes. Hay que admitir que la lucha contra la prohibición es parte de la lucha contra el Estado corrupto pero sólo en un sentido general. Como la persecución legal del negocio de las drogas es parte integrante del sistema de corrupción que impera en México, con la sola regulación de la producción y distribución de la mariguana no se va a reformar el gobierno. Esto quiere decir que se requeriría la más amplia y solidaria participación vigilante de los consumidores para evitar que las autoridades abran un nuevo mercado paralelo ilegal.

Ninguna reforma se realiza sin generar problemas nuevos pero éstos se pueden resolver con el mismo ímpetu con el cual fue posible realizar tal reforma. Con ese espíritu habría que acometer esta tarea. Pero hay algo indispensable: que no se cuelgue nadie de las malintencionadas tesis de que este tema no es importante o que primero debe votarse en plebiscito. Por un lado, no sólo los más grandes problemas deben resolverse. Por el otro, las libertades y derechos humanos no son materia de consultas populares o, al menos, no deberían de serlo.