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El `68, Perelló y el machismo

Una de las maneras de explicar las expresiones machistas, discriminadoras y ofensivas de Marcelino Perelló en la última emisión de su programa en Radio-UNAM, ha consistido en afirmar que él se quedó en lo que eran los jóvenes estudiantes en los años sesenta, y que no ha entendido los cambios producidos desde entonces en las relaciones de género.

El punto es relevante porque en los medios universitarios de fines de los años sesenta el machismo era menos desbocado que el predominante en el resto de la sociedad. En 1968 las estudiantes participaron junto con sus compañeros. Ese fue el primer movimiento estudiantil al que se incorporaron masivamente mujeres, con motivo del cual cambiaron varias cosas en sus relaciones con los hombres.

Es también relevante el punto porque cuando los dichos machistas de un comunicador social se atribuyen al predominio de una conciencia discriminatoria, en el fondo se está buscando justificarlos, es decir, convertir al conductor del programa en una especie de víctima de una sociedad machista que le ha impartido sus enseñanzas.

Es verdad que la discriminación de las mujeres es un producto histórico social, pero ver cada caso con ese lente es un callejón sin salida que sólo puede llevar a justificarla y a impedir su rechazo. La lucha por subvertir las desiguales relaciones de género no se dirige contra un fantasma que está en todos sitios y en ninguno, sino contra los elementos concretos de la conciencia patriarcal y de su práctica.

Decir en la radio que es normal ultrajar a una mujer –que fue lo expuesto por Perelló— es exactamente una manera de tratar de normalizar una conducta que, por más frecuente que sea, es socialmente repudiable.

Haber dicho en público eso en 1968 hubiera sido escandaloso e igualmente execrable. La diferencia es que ahora las mujeres tienen más voz y han logrado cambiar leyes y otras normas, además de que existen nuevos medios de comunicación no monopolizados como las redes sociales.

Desde el ángulo jurídico, la Constitución obliga ahora a la autoridad a hacer valer el derecho de todas las personas a no ser discriminadas, a ser respetadas por su sexo, edad, etcétera. Invocar la libertad de expresión (aquí sería la de difusión de las ideas a través de cualquier medio, incluida hace pocos años el artículo 7º. de la Constitución), es una falsedad porque nadie tiene derecho a difundir ofensas discriminantes y tendientes a la reproducción de condiciones de opresión de género a través de medios orales, visuales, escritos. Así es la ley porque de lo contrario sería imposible hacer efectivos los derechos humanos.

Si en la difusión se pudieran normalizar libremente los ultrajes sexuales, se haría nugatoria la norma fundamental consiste en que dichos actos son ilícitos. No se trata de suponer que tales ultrajes sean poco frecuentes sino que no sería válido considerar que, por no serlo, hubiera que ignorarlos o justificarlos con la falsa tesis de que no se pueden perseguir uno por uno. Si pocas o muchas personas debieron ser reconvenidas por acciones similares pero no fue así, eso no puede justificar la conducta ilícita de nadie más.

En la reciente discusión a propósito de lo dicho, refrendado y aumentado por Perelló, se ha hablado también de una supuesta actitud irreverente y subversiva del cuestionado conductor radiofónico. Pero en realidad es al revés: lo subversivo consiste en la crítica y la defenestración de la normalización de las agresiones sexuales. Nada que ver, por cierto, la discusión sobre el tipo penal vigente de violación, sino lo dicho por Perelló sobre lo normal que le parece a él la agresión sexual sin cópula, cuestión, por cierto, debatida y legislada desde el siglo XIX (1871 en México).

Por lo oído, algunas opiniones de Perelló al respecto no se ubican en los años sesentas del siglo XX sino en el siglo XVIII.

Líos de preponderancia

Como se había advertido desde la presentación de la iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, América Móvil hará desinversiones para quedar fuera de la regla de preponderancia. Como es sabido, el carácter de preponderante obliga a Telmex-Telcel a compartir su infraestructura física con sus competidores y a otras medidas asimétricas tal como la añadida gratuidad unilateral y no compensada en la interconexión, tributo pagado a Nextel (Telefónica de España) y Iusacel (Azteca-Televisa). Asimismo, el preponderante requiere permisos especiales para cualquier cosa, incluyendo el acceso a la concesión única que podría llevar a Telmex a brindar el servicio de televisión restringida de paga, lo que ha sido impedido por Televisa que también en esto es un reforzado monopolio.

Las desinversiones de América Móvil no sólo tendrían que llevarla a un punto en el cual tuviera menos del 50 por ciento de suscriptores en el sector de telecomunicaciones, cuestión nada complicada, sino también a reunir ese requisito en cada servicio que presta: telefonía móvil, telefonía fija e internet, mas no sólo de suscriptores sino también de tráfico en sus redes y capacidad utilizada de las mismas, lo cual ya no es tan sencillo. De poco serviría a Slim dejar de ser preponderante para pasar a ser agente económico con poder sustancial en el mercado de uno o varios servicios. Es por ello que la desinversión tendrá que ser muy fuerte. Esto es parte del traje a la medida de la reforma constitucional. Es, sencillamente, una fórmula antimonopólica.

Ahora bien, ¿quién comprará? No se ve sencillo que sea un grupo mexicano sino más bien alguna telefónica extranjera, pues ya se permite la inversión foránea hasta el cien por ciento en telecomunicaciones. Eso dependerá de lo que se oferte y del precio que se fije. El retiro en América Móvil de ATT (ahora asociada a Televisa) se repondrá con creces mediante la venta de activos fijos pero no sabemos en qué y en dónde se harán las inversiones del producto de esa misma venta. Lo más probable es que se apliquen en el extranjero a menos que Slim se embarque en una nueva televisora abierta, aunque de todas formas le sobraría dinero.

El gobierno federal ya sabía desde hace muchos meses que Slim podía desinvertir para tratar de zafarse de su condición de predominante. También lo sabía Azcárraga. Es irónico que el gobierno le haya ayudado a América Móvil a tomar la decisión mediante la inclusión en ley de la gratuidad en la interconexión sólo para el preponderante, a diferencia de la retrasmisión de señales radiodifundidas que es gratis para todos en los dos sentidos.

Del otro lado, en la izquierda hay quienes dicen que la reciente manipulación legislativa de normas secundarias se debe al Pacto. Ya no se sabe hasta dónde puede llegar la confusión: justo como no hay Pacto y como el PAN se ablandó en el Congreso, el gobierno negoció con quien quiso y como quiso e impuso unas inconstitucionalidades bajo presión de Televisa y, otras, por conveniencia propia.

En cuanto al voto del PRD: felicidades. Ya era hora que se comportara como partido político y definiera una posición única para la cual se forman partidos, entre otras cosas, a diferencia de la desorganización de los ciudadanos que suele ser un objetivo de los enemigos de la democracia.

El voto del PRD en contra fue para rechazar con fuerza las concesiones inconstitucionales que se le hicieron al monopolio Televisa para seguir acaparando el servicio de televisión restringida de paga y también para rechazar el incumplimiento gubernamental de acuerdos sobre los derechos de las radiodifusoras sociales. No fue para oponerse a la larga distancia gratuita como dicen algunos voceros de Televisa que, por cierto, no suelen ser gratuitos.

Preponderancia

No sabemos cuantas veces más ha de ser necesario decir que la figura de preponderancia fue ideada como traje a la medida de América Móvil (Slim) y de Televisa (Azcárraga), dos grandes monopolios que deben ser tratados como tales. Esa figura obliga y limita a esos dos conglomerados. A quien le ha costado más es al consorcio de Slim porque es más rico. Quien ha tenido que ceder más es Azcárraga porque tiene más poder político. El problema es que ahora se quiere eximir a Televisa mediante una falsificación introducida en la ley secundaria. Eso busca Peña Nieto afanosamente.

Gabriel Contreras, comisionado presidente del Ifetel, dice que no tiene sentido sumar las audiencias de radio y televisión abierta porque son cosas diferentes. Pues sí, justo por eso el preponderante no debería serlo en todo el sector de radiodifusión (radio y TV) sino en el servicio de televisión abierta, altamente monopolizado. Pero además, el Ifetel hizo algo curioso y sospechoso: en radiodifusión declaró preponderante a Televisa en todo el sector y no sólo en el servicio de TV abierta, pero en telecomunicaciones declaró preponderante a América Móvil en los servicios de telefonía fija y móvil así como en el de internet, dejando en el vacío a la TV de paga.

Dice Frank La Rue, relator de la ONU sobre libertad de expresión, que la preponderancia debe ser declarada por servicios. Claro, pues en ninguna parte una figura semejante a ésta se ubica en los grandes sectores sino en cada uno de los servicios y, de ahí, hacia la propiedad cruzada de medios. De otra forma sería mucho más difícil combatir a los monopolios.

En esta coyuntura, López Dóriga se ha lanzado contra el PRD, o contra una parte de ese partido, acusándolo de apoyar a Slim. Ya sabemos qué es lo que nubla la inteligencia. Pero no aporta la menor evidencia: la reforma constitucional fue negociada en sus fundamentos entre el PRD y el PAN, y desde su diseño original abarcaba la contención del monopolio telefónico, el cual había sido producto de una entrega prácticamente gratuita (mordidas no vemos) por parte de Carlos Salinas. Así, una empresa paraestatal se convirtió en el principal pilar del mayor consorcio empresarial privado que ya es trasnacional. Telmex-Telcel ha sido más afectado pues ya tiene que compartir su infraestructura y modificar tarifas, entre otras nuevas obligaciones. Por su lado, Televisa quiere dejar de ser considerada preponderante, pero lo que más quiere es no ser declarada preponderante en TV de paga, donde es un monopolio en expansión. Pero quizá Azcárraga no ha informado al conductor noticioso que el asunto se va a dirimir en los tribunales donde otros pueden tratar de hacer valer la Constitución tal como la diseñamos para que no se pudieran escapar Carso y Televisa. Así que ya podrá la televisora someter a muchos legisladores con su conocido método de chantaje video-político, pero el asunto no estará definido hasta que se pronuncien las resoluciones judiciales en firme.

Una vez más hay que leer el decreto de reformas constitucionales con especial dedicatoria a todos los enceguecidos protectores de Televisa que defienden algo o quieren algo: “Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas.” Así, en negritas.

El premio de lotería ¿para quién?

En la iniciativa del gobierno sobre telecomunicaciones destaca la propuesta de crear la figura legal de autorizados, los cuales no serían concesionarios sino empresas de un mercado secundario. A esos autorizados puede referirse la conversación de la diputada Carpinteyro, los cuales existen en otros países.

Los autorizados serían revendedores con licencia del Ifetel. Su problema consistiría en comprar servicios a una empresa concesionaria y crear una clientela propia. Ahora bien, la cláusula de preponderancia obliga a Telcel a abrir su red a otros concesionarios pero no está tan claro, en la iniciativa del gobierno, que esa misma obligación vaya a existir a favor de los autorizados, a menos que el Ifetel así lo acuerde.

La otra vía para que una empresa minorista no concesionaria entre en los servicios de telecomunicaciones es el uso de la red pública compartida, ya aprobada por el Congreso, cuya construcción deberá iniciarse antes de que termine 2014 y entrar en operación antes de que concluya el año 2018.

A pesar de que tanto en la propuesta como en lo ya aprobado no existen objeciones, el gobierno –por lo que se observa—filtró la conversación de Carpinteyro dando a entender que ésta quería meter mano al proyecto para beneficiarse de algo que, sin embargo, podría estar al alcance de muchos otros. Tal vez el divulgador de la grabación ilegal tenga el propósito de incidir de mala forma en las negociaciones, en las cuales sí existen fuertes divergencias en otros renglones, como el premio de lotería que le quieren dar a Televisa. ¿Cuál es ése?

El transitorio octavo, fracción III, del decreto de reformas constitucionales señala: “Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas.” Esta es una parte del traje a la medida que confeccionamos en la iniciativa de reformas para declarar preponderantes a Slim y a Azcárraga, como lo son en realidad. El Ifetel, ha procedido a hacerlo, pero se abstuvo de declarar a Azcárraga como preponderante en el servicio de televisión restringida y sólo lo hizo en todo el sector de radiodifusión donde no lo es si tomamos dentro de éste a la radio en igualdad de condiciones que la TV.

En efecto, si en el texto de la ley se definiera, como lo propone el gobierno, que el preponderante lo es en uno u otro de los sectores (telecomunicaciones o radiodifusión) se estaría permitiendo a Televisa ya no ser preponderante en televisión abierta y no serlo tampoco en la restringida (cable y satélite), lo cual es una gigantesca mentira pues la empresa de Azcárraga es monopolista en esos servicios. En el otro camino, si se admite lo que señala el decreto de reformas constitucionales en el sentido de que el preponderante lo es en tanto controle más del 50 por ciento de la prestación de servicios, Slim seguirá siendo preponderante en telefonía fija, en telefonía móvil y en internet, mientras Azcárraga seguiría siendo preponderante en televisión abierta y lo sería también en televisión restringida, todo lo cual corresponde a la realidad.

¿Quién quiere sacarse el premio de lotería y dejar de ser agente económico preponderante? Un monopolista políticamente necesario para el gobierno de Peña: Azcárraga. Este es uno de los puntos que verdaderamente están a debate en la confección de la ley.