Archivo de la etiqueta: PRD

Penosa derrota de la CNTE

Dentro del carnaval del odio promovido por los más importantes medios de comunicación, es inminente la derrota de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese carnaval promovido por los López-Dóriga y otros (vendedores de jugosas gacetillas a cualquier gobernante necesitado), aderezado por uno que otro Ciro Gómez Leyva, siempre menor pero muy afanoso, tiene su base en la negativa de los profesores a negociar directamente el contenido de las leyes y en los innecesarios bloqueos que a ninguna autoridad presionan como quisieran sus realizadores.

La CNTE no objeta, sin declararlo, las dos leyes ya aprobadas, la del instituto de evaluación y la general de educación, pero sigue sin proponer un texto concreto de cómo quisiera que fuera la del Servicio Profesional Docente, la cual debería haber sido promulgada hace décadas. El PRD bloqueó la aprobación de esta última, pero no podrá hacerlo por mucho más tiempo. El bloqueo legislativo era para tratar de llegar a un acuerdo con la CNTE ante el silencio sospechoso de los líderes del SNTE, pero casi nada hay sobre la mesa. Ahí es donde radica la derrota: al final, no se habrá logrado nada aunque se haya logrado mucho.

El principio de que la evaluación no debe ser punitiva, es decir, no debe ser instrumento para despedir a los maestros, ya se ha incorporado al proyecto (el último, negociado después del dictamen de la comisión en la Cámara), por lo cual no queda más que esperar un texto de la CNTE, como lo ha pedido el PRD con sobrada esperanza. Ya sabemos que PAN y PRI quieren la vía autoritaria que consiste en que los profesores de educación básica deban admitir sin protesta toda clase de reglas laborales especiales pretendidamente promotoras de la calidad educativa que nunca han impulsado en tantos años de ejercer el poder.

Pero la CNTE, en lugar de entrar en una negociación, sigue con la necedad de la derogación (dice abrogación) de las recientes reformas del artículo tercero de la Carta Magna. Pero eso no puede obtenerse. Lo que correspondería a la CNTE es impedir que la ley se convierta en un subapartado B del artículo 123 de la Constitución, es decir, reducir derechos laborales de los profesores. Es evidente que eso sería inaceptable desde todo punto de vista válido, ya que se trata de derechos universales de los trabajadores, protegidos por la Constitución mexicana y los tratados internacionales.

Esa necedad de que la reforma constitucional deba ser derogada ha llevado a la CNTE a no negociar nada sobre la mesa. Mientras, sus acciones han perjudicado a la ciudad que siempre apoya las causas sociales y democráticas. De aquí se han colgado, como siempre, los sembradores de odios, los López-Dóriga, los pequeños Ciro, quienes jamás fueron a una manifestación, nunca tuvieron el valor de arriesgar el físico para exigir algo de justicia o democracia. Recuerdo a aquellos Zabludovsky mintiendo y clamando represión contra los estudiantes en 1968. Los manipuladores de la opinión pública defienden lo suyo. El problema ahora está en no dar espacio a la promoción del odio. Eso no lo ha sabido hacer la CNTE.

A la sección 22 de Oaxaca, mis respetos por la lucha política que dio contra el despotismo priista en su estado, pero mis condolencias por su regreso al gremialismo estéril que lleva a cabo en estos días.

Alianzas

Las alianzas entre izquierdas y derechas siempre se han pactado sobre objetivos concretos y coyunturales. Por lo general, se han dado con el propósito de remontar un sistema o régimen político y alcanzar nuevas bases de carácter democrático. Esto implica que tanto las derechas como las izquierdas sean más o menos democráticas.

En el año 2000 se abrió la posibilidad de una alianza electoral entre el PRD y el PAN alrededor de objetivos muy concretos, en especial la necesidad de remontar el sistema priista, el presidencialismo absolutista o despótico, para instaurar un régimen abierto a la transición. El PAN bloqueó esa posibilidad y, después, con el triunfo de Vicente Fox, éste cerró toda concertación política para avanzar en reformas democráticas en el país. En realidad, el PAN ha usado el andamiaje jurídico del viejo régimen priista y, ahora, lo quiere profundizar a favor del poder Ejecutivo.

Antes del 2000, el PRD convino algunas alianzas locales con el PAN y, en algunos estados, se produjeron triunfos electorales, los cuales, después, fueron un fiasco. El PRD estaba entonces movido por la idea de que era necesario erosionar el viejo sistema priista, pero el PAN no compartía el mismo punto de vista, pues la derechización del gobierno federal, especialmente a partir de Salinas, era vista como un triunfo moral del panismo histórico. En realidad, el PAN buscaba sus propios acomodos a través de algunas alianzas con el PRD. La verdad sea dicha, el PAN salió ganando siempre.

Hoy, la situación ha cambiado. El PAN es gobierno y aplica, naturalmente, una línea derechista. Además, carece de propuesta democrática en materia política y pide el fortalecimiento del presidencialismo frente a un Congreso plural donde ningún partido tiene mayoría. Como era de esperarse, en materia social el PAN aplica el programa de los grandes conglomerados capitalistas que, en México, conforman una oligarquía que usa al gobierno federal para su propia defensa y expansión.

En cuanto a la idea de golpear al PRI en algunos estados para limitar sus posibilidades de retornar al poder en el país, el argumento es débil. ¿Qué diferencia importante existe entre los gobiernos panistas y priistas? Ni en materia de derechos y mucho menos en cuanto a política económica y social, se pueden advertir divergencias entre esos dos partidos.

¿Qué buscaría la izquierda perredista con la idea de aliarse extemporáneamente con el PAN en algunos estados? Se dice que golpear al PRI, pero eso no puede ser hoy el planteamiento de un partido político de izquierda, sino las reformas, los cambios políticos y económicos a favor de la mayoría trabajadora del país, lo cual implica combatir a las derechas por igual.

En cuanto a la inexplicable idea de postular para gobernador de Tamaulipas al tal Lino Korrodi, lo mejor es decir que es tan obscena que es mejor no entrar en detalles.

¿Qué hay en el fondo? La falta de análisis concreto de la realidad, la cual predomina en la dirección del PRD, donde el exceso de pragmatismo lleva a errores de carácter estratégico, es decir, de los que perduran y trascienden. Es en verdad difícil entender cómo una izquierda cualquiera puede dejar de darse cuenta de que sus eventuales alianzas con la derecha no serían más que formas de alimentar las tendencias bipartidistas, las cuales se promueven desde el PAN y el PRI sobre la base de que en la realidad política del país ya tienen suficiente espacio. Las alianzas se están dando entre el PRI y el PAN en casi todo el país, aunque esos dos partidos compitan en las elecciones.

Nada debería hacer el PRD para alentar esas tendencias hacia un bipartidismo de dos formaciones políticas de derecha. Al PRD le conviene singularizarse en lugar de sumarse a la derecha no priista, pues ésta no tiene diferencias apreciables con la otra. Si la dirección del PRD quiere seguir extraviada, sin propuesta política propia, sin capacidad de convocatoria, sin prestigio popular, sin ideas fuerza, que pacte lo que sea con quien sea y ya veremos qué hacemos para volver a empezar.

¿Qué propone Calderón?

Después de tres años de gobierno y de haber perdido la elección intermedia del sexenio, Felipe Calderón ha presentado su propuesta de reforma del sistema político de la Constitución. De los diez puntos, sólo dos significarían cambios trascendentes en el subsistema de partidos: las candidaturas independientes y la segunda vuelta en la elección de presidente de la República.

El primero de ellos –las candidaturas independientes– se encuentra en el programa del PRD pero no en el del PAN, como tampoco en el del PRI. Éste sería un cambio positivo de mucho fondo pues le arrancaría a los partidos el actual monopolio que ostentan y pondría en cuestión el carácter de franquicias que tienen todos ellos.

El segundo –la doble vuelta– es una forma de bregar a favor de un sistema bipartidista y, en consecuencia, de combatir el pluralismo político, aunque sea en forma tendencial. Sería, por tanto, una manera de obligar a una parte del electorado a votar por alguno de sus adversarios políticos en la segunda vuelta que, en México, probablemente se llevaría a cabo en cada ocasión, como ocurre con la mayor frecuencia en los países que tienen ese sistema. Pero además, hay un plan con maña que no existe en ninguna parte: la segunda vuelta se realizaría en la misma fecha que la elección de legisladores con el evidente propósito de que los dos candidatos finalistas se lleven casi todos los votos y dejen fuera de las cámaras a los demás. Esta genialidad es un monstruo político antidemocrático, es la inducción del voto para elegir Congreso a través de la Constitución misma, la que dice reconocer el pluralismo político de la sociedad.

La reelección de legisladores y ayuntamientos es una tímida forma de abordar el asunto. ¿Por qué sólo de ésos? No se responde. En verdad, no existe ningún argumento sólido en contra de la reelección inmediata –ya existe en forma intermitente para tales cargos—como no sea la realidad política de México, es decir, el carácter más o menos autoritario de los partidos y, sobre todo, el hecho de que la mayoría de la gente no la quiere. Quizá la obligación de los partidos de hacer elecciones primarias directas–como en Argentina—podría ser una solución al tema de la reelección, pero esto último no se encuentra en la propuesta.

La disminución del número de diputados implicaría el agrandamiento de los distritos electorales –de 300 a 240—con lo cual sólo se alejaría a los diputados de sus ya lejanos electores. En cuanto al Senado, la eliminación de la lista nacional sólo traería como consecuencia que más electores dejen de hacerse representar en ese órgano del Congreso.

A partir de aquí todo tiende a ser peor. El referéndum al estilo de Pinochet, para votar exclusivamente iniciativas de reforma constitucional del presidente de la República, sería un acto dictatorial en plena forma. Además, la capacidad del Ejecutivo de legislar cuando el Congreso no vote sus iniciativas sería una antinomia dentro de la Constitución, la cual prohíbe que el poder Legislativo se deposite en una sola persona.

En cuanto al llamado veto parcial, se trata de una facultad mayor del Ejecutivo y una disminución de la fuerza del Congreso, mientras que la reconducción presupuestal es de corte eminentemente conservadora: dejar las cosas como estaban el año anterior.

El aumento del dos al cuatro por ciento para que un partido mantenga su registro es parte de la tendencia hacia la reducción del pluralismo político. El derecho de iniciativa de la Suprema Corte es absurdo cuando ésta es ya un tribunal constitucional.

Finalmente, en cuanto a la iniciativa ciudadana, ésa es una buena propuesta perredista, pero lo más destacado es que no se propone el referéndum como instrumento del pueblo para derogar disposiciones de carácter general ni se admite la revocación del mandato, ambas, también, propuestas del PRD.

En síntesis, en México no hay derecha democrática.

Todos en contra

Felipe Calderón ha conseguido lo hasta ahora considerado imposible: ha puesto a todos en su contra. Los motivos de las diferentes clases o sectores de éstas son, sin embargo, diferentes. Quienes pagan impuestos no están de acuerdo con pagar más; quienes no pagan rehúsan ahora pagar un poco por cuenta de lo que han dejado de aportar.

Es evidente que la gran burguesía monopolista, la cual no paga como lo afirma con razón el mismo Calderón (quien asumió por un instante el discurso de López Obrador, aunque sin la misma consecuencia), combate el aumento de la tarifa máxima del impuesto sobre la renta de 28 a 30 por ciento, aunque tampoco lo va a pagar, pero se opone sobre todo al pellizco de los impuestos retenidos (aparte de los no pagados) entre 1999 y 2004 –más de 80 mil millones en el cálculo más conservador—que Calderón les pidió entregar en cinco cómodas anualidades.

Quienes pagan los impuestos no están de acuerdo con un aumento de dos puntos porcentuales sobre sus ingresos, lo cual significaría poco más de siete por ciento de incremento a todos y, para los más bajos salarios que hoy contribuyen, representa casi 20 por ciento de aumento respecto de lo que están pagando ahora, lo cual es un atraco. (Nuestra insigne prensa libre mexicana no ha dicho la verdad sobre el proyecto gubernamental de impuesto sobre la renta ni ha intentado explicar a su sufrido público lo que significa el régimen de consolidación fiscal de los súper ricos mexicanos; lo que al respecto se ha planteado por el PRD desde el Congreso no ha sido publicado, sencillamente).

En cuanto a los impuestos al gasto no se trata sólo de dos por ciento adicional, reducido por la Cámara a uno por ciento en el IVA, sino también el tres por ciento a los usuarios de telecomunicaciones, dos pesos por cajetilla sin importar el precio de la misma y un incremento a las bebidas alcohólicas y a la cerveza, todo lo cual le pega a casi todo mundo.

Los ciudadanos diputados de la mayoría de PRI y PAN (encabezados por sus respectivos presidentes nacionales) se aventaron la puntada de aprobar la condonación de derechos a los concesionarios de las nuevas frecuencias de telecomunicaciones, por la friolera de casi 5 mil millones de pesos, con el propósito –dijeron—de “incentivar” que le hagan el favor a México de invertir en la banda más lucrativa del espectro radioeléctrico (la más rápida) y la de mayor tasa económica de retorno, como si fuera petróleo crudo. No se sabe qué favores, también de retorno, están aquí comprometidos.

En síntesis, Calderón plantea que quienes ya están pagando impuestos (trabajadores y empresarios pequeños y medianos) ahora paguen más y quienes no pagan casi nada sigan así, aunque les quiere cobrar a éstos en 2010 unos 27 mil millones por cuenta de lo que no han pagado en los últimos diez años. Esto fue lo que amarró la pinza de la unidad nacional: todos en contra. Mayor torpeza es difícil.

Los privilegios fiscales, sin embargo, no se tocan, pues el régimen de consolidación fiscal de las holdings no se quiere suprimir, ni se quiere cobrar el impuesto sobre la renta a las ganancias de bolsa, ni se pretende tocar a las empresas mineras que prácticamente no pagan nada por derechos de extracción, ni tampoco se desea eliminar los regímenes de privilegio del llamado sector primario y los transportes. En fin, Calderón respeta a los ricos y sólo les pide a los más ricos una pequeña contribución de 27 mil millones, por la cual éstos chillan como marranos atorados (tienen ingresos brutos anuales por más de cinco millones de millones de pesos).

El secretario de Hacienda, ante tal desastre y pésimo resultado político, debería renunciar como responsable de la aplicación de las órdenes recibidas de su jefe, Calderón. El paquete fiscal presentado por el gobierno no puede más que llevar al nombramiento de un nuevo secretario, aunque quien debería irse, en verdad, es el mismo Calderón por haber unificado a todos en su contra. Digo, es una idea.