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¿Para qué quieren otra ley las fuerzas armadas?

(Publicado en El Universal. 30.03.2017)

La propuesta de una nueva ley para las fuerzas armadas, denominada de “seguridad interior”, promovida por los secretarios de Defensa y Marina, se ha presentado en el momento en que coinciden dos hechos: la llamada guerra contra el narcotráfico ha fracasado y, como responsables de la decepción, aparecen las fuerzas armadas, a las cuales se les ordenó demoler la delincuencia organizada.

¿Cuál sería el propósito de una ley de seguridad interior? Si se admite el fracaso y se están pidiendo nuevas normas ha de ser porque se considera que con las vigentes no es posible tener éxito, es decir, hay que otorgar a los militares funciones que no les corresponden y que tampoco están permitidas a la policía. Esto, en principio, es contrario a la Constitución.

Se busca que en los trabajos de “inteligencia” se puedan aplicar todas las “medidas necesarias” y se quiere también que los militares retengan detenidos, hagan investigaciones y, en fin, asuman funciones que tienen a su cargo, en combinación, la policía, la PGR, Gobernación y los jueces.

Con la nueva ley no se está buscando que el Ejército y la Armada regresen a los cuarteles, como han dicho algunos generales y almirantes, sino justo lo contrario, se espera que se queden en las calles pero con ilimitadas atribuciones, contrarias a la Constitución y al sistema mundial de los derechos humanos. De eso ya hemos tenido bastante en México.

Desde 1959, cuando se firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos en materia de drogas, se metió al Ejército en la persecución de la producción de opio y marihuana, y se recibió ayuda de Estados Unidos en armamento y equipo. Luego vino la “Operación Cooperación” de 1969, (Díaz Ordaz) para evitar las medidas unilaterales de EU en los pasos fronterizos. Después, luego del convenio internacional sobre drogas, se adoptó la “Operación Cóndor” en 1971 (Echeverría), la cual llevó a su sucesor (López Portillo) a hacer declarar al secretario de Defensa, Félix Galván, en 1978, que el narcotráfico había sido “erradicado” en un 95%. Se había “ganado” la “guerra”, dijeron.

Ya desde los años 60 se denunciaban atropellos de tropas contra población rural, aunque al parecer no tan frecuentemente como ocurrió después, ni se conocieron ejecuciones extrajudiciales como la de Tlatlaya; sucesos como éste sólo se produjeron por motivos de represión política (guerra sucia). También se expidió la ley de pérdida de derechos agrarios de ejidatarios y comuneros (familias de ellos no importaban) que se dedicaran a la producción de estupefacientes, pero sin tocar a la “pequeña” propiedad. La actitud de las fuerzas encargadas de perseguir al narco siempre ha sido muy agresiva y trascendente. Al mismo tiempo, la corrupción no dejó fuera a ninguna corporación aunque sin duda en diferentes intensidades.

¿Para qué se querría hoy una ley exclusiva para las fuerzas armadas, después de 50 años del uso de éstas en la persecución de delitos federales? Parece ser que se piensa que el fracaso militar se ha debido a la falta de facultades inconstitucionales de los militares. Mas darle éstas a los institutos armados es lo más peligroso para cualquier poder civil. Ya de por sí el Ejército y la Armada no piden autorización para el uso discrecional y desproporcionado de la fuerza letal, mucho menos lo harán con una ley que se los autorice.

El debate sobre si la sociedad depende o no de los militares para acabar con la crisis de violencia en el país, creo que está resuelto a la luz del análisis de los últimos 55 años de narcotráfico en México. Hoy tenemos un problema mayor y una violencia mucho peor que hace dos lustros cuando la vieja “guerra” se volvió a declarar por parte de Felipe Calderón. Hacer discursos sobre el Ejercito y la Armada con halagos excesivos y un tanto ridículos, propios de una guerra internacional victoriosa, es por lo menos un desacierto. Pero la verdad está a la vista. Tenemos una “guerra” errónea porque enfrentar a la delincuencia organizada mediante una acción bélica no puede llevar a la victoria aunque tampoco hay una derrota. Sencilla, pero lamentablemente, tenemos una peor situación y a un alto costo en vidas, lesiones y angustias.

Hay que cambiar de política, pero del todo.

Reforma del DF de noviembre de 2013

El siguiente texto fue redactado como iniciativa para ser presentada en el Congreso, pero había sido en lo fundamental producto de una negociación entre el gobierno federal (PRI), el PAN y el PRD durante el año 2013. La representación del PRD, en acuerdo con el jefe de gobierno del DF, estuvo a cargo de Pablo Gómez. La iniciativa no fue presentada porque Miguel Ángel Mancera se deslindó al final de las negociaciones del esfuerzo por convertir al DF en un nuevo Estado de la Federación. En su lugar se inició en el Senado un proyecto confeccionado originalmente por el gobierno de la ciudad para convertir al DF en una ciudad autónoma. Con modificaciones introducidas en ambas cámaras, el proyecto fue aprobado y se dio lugar al Constituyente.

INICIATIVA PARA REFORMAR DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 

SENADO DE LA REPÚBLICA,

HONORABLE ASAMBLEA:

 

Los senadores y senadoras al Congreso de la Unión abajo firmantes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentan a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Ciudad de México.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La Ciudad de México, ciudad capital desde el siglo XIV, es distrito federal no obstante el régimen de autonomía que le confiere actualmente la Constitución. Se trata de un peculiar sistema en el que la ciudad es una entidad federativa pero con derechos todavía restringidos y con un sistema de administración de sus demarcaciones territoriales por completo atípico y prácticamente único en el mundo. Es por ahora el Congreso de la Unión el que determina el régimen político interno de la ciudad, las facultades de sus órganos de gobierno e, incluso, hasta la forma de integrar su legislatura. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, aprobado por el Congreso federal, establece normas que son de la expedición exclusiva de las demás entidades del país.

Es verdad que en muchos aspectos la Ciudad de México es prácticamente un estado de la Federación pero en otros dista mucho de serlo. Además de las limitaciones legislativas subsistentes y de la autoridad directa que aún ejercen los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, la limitación más pronunciada es la incapacidad política de los habitantes de la ciudad para elegir a sus propios ayuntamientos, limitándose a la elección popular de jefes delegaciones que, por consiguiente, no dependen de un cabildo, en demarcaciones ahora consideradas como órganos desconcentrados.

Está fuera de discusión que los principales servicios públicos en la ciudad deben ser centralizados y, por tanto, su hacienda debe estar integrada, pero la representación ciudadana en las demarcaciones territoriales debe existir, como expresión republicana y democrática, a pesar de las peculiaridades de la ciudad. El diseño político de la Ciudad de México, como entidad que goza de autonomía, no abarcó uno de los aspectos principales de todo sistema democrático: la administración local, la participación ciudadana en la gestión de la unidad administrativa elemental de toda entidad política. Este error se ha traducido en evidentes deficiencias derivadas de la toma de decisiones locales por parte de una sola persona, sin la concurrencia de representantes, y con la característica de una administración de un solo partido.

La característica histórica de las municipalidades o alcaldías ha sido la existencia de ayuntamientos. El administrador unipersonal es una anomalía que, no obstante, se ha impuesto a la ciudad sin su consentimiento. Es por ello que la presente iniciativa plantea la conversión de la Ciudad de México en un estado de la Federación aún con sus peculiaridades en dos sentidos: como capital de la República sede los poderes federales y como gran ciudad integrada. Ambas deben verse efectivamente como peculiaridades pero no como barreras a la conformación de la ciudad en un estado de la Unión.

Como parte de un sistema impropio de un sistema federal y republicano, los órganos ejecutivo y legislativo de la Ciudad de México no son considerados como poderes, aunque lo sean en la mayoría de los aspectos pero sujetos a cláusulas limitantes inexplicadas. Así, por ejemplo, la capacidad del Senado de remover al jefe de gobierno o la forma de nombrar al procurador y al jefe de la policía son elementos inservibles desde el punto de vista del funcionamiento en la ciudad de los poderes de la Unión. Otro ejemplo imposible de explicar es que la ciudad puede dotarse de su propio código penal pero no puede expedir la ley orgánica de la Procuraduría de Justicia.

El régimen especial de autonomía de la Ciudad de México no atiende a requerimientos de la Federación sino a visiones políticas que han demostrado su inadecuación a la realidad de la ciudad. Este punto ha sido discutido en México desde la redacción de la primera constitución del país, la cual, sin embargo, admitió la existencia de municipalidades y ayuntamientos en el Distrito Federal que existieron hasta 1928 cuando fueron eliminados por motivos políticos circunstanciales. Ahora, la ciudad goza de autonomía para elegir a sus gobernantes pero sigue careciendo de ayuntamientos, lo cual es una evidente contradicción.

En la presente iniciativa para convertir a la Ciudad de México en un estado de la Federación se contemplan las peculiaridades de esta entidad, en especial las relacionadas con la sistema municipal pero se mantiene el régimen de representación señalado en el artículo 115 constitucional. Es evidente, como ya se ha apuntado, que la mayoría de los servicios deben estar centralizados pero de ninguna forma tal circunstancia impide la existencia y funcionamiento de ayuntamientos.

En la presente iniciativa se plantea que el legislativo local expida una ley de coordinación fiscal con el propósito de dotar a los municipios de los recursos necesarios con los cuales cada uno de ellos apruebe su propio presupuesto de egresos. La propuesta de una autorización legislativa previa del gasto corriente de los ayuntamientos tiene sólo el propósito de evitar el despilfarro y someter a un mismo tabulador de sueldos a los servidores públicos de todos los municipios sin distinciones ni privilegios por pertenecer a uno u otro ayuntamiento.

El Congreso de la Unión expediría una ley en la cual se establecieran las prevenciones necesarias para el funcionamiento adecuado de los poderes federales en la capital del país. Así mismo, en la presente iniciativa se incluye la creación de un organismo metropolitano, bajo ley del Congreso de la Unión, que se encargue de coordinar tanto al gobierno federal como a las entidades que forman parte de la zona metropolitana de la ciudad en diversas materias a efecto de lograr una mejor administración y prestación de servicios. Además, como parte de la iniciativa se incluye también la existencia de una transferencia presupuestal de la Federación hacia la ciudad como producto de su condición de capital federal, lo cual ya ha empezado a ocurrir y requiere de una referencia legal permanente.

En cuanto a las disposiciones transitorias, se contempla la convocatoria a un congreso constituyente de la Ciudad de México, integrado por diputadas y diputados elegidos mediante voto popular, como corresponde a todo poder constituyente y sin intervención de los poderes constituidos tal como ha ocurrido a través de la historia. Las bases de integración del constituyente serían las mismas que las definidas para la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La constitución debería ser expedida antes de las elecciones de 2015 a efecto de que el nuevo régimen municipal y las facultades de los poderes locales estuvieran precisados con anterioridad a las elecciones de ese año. El congreso constituyente trabajaría durante a lo sumo tres meses. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa actualmente en funciones mantendría, naturalmente, la totalidad de atribuciones sin que el constituyente pudiera interferir.

En cuanto a la deuda del Distrito Federal, ésta se mantendría como deuda soberana ya que ha sido autorizada por el Congreso de la Unión y sus reestructuras o reconversiones mantendrían la misma naturaleza jurídica. La afiliación de los trabajadores al ISSSTE se mantendría en los términos actuales y se llevaría a cabo un convenio entre la Ciudad de México y ese instituto para afiliar a los trabajadores de nuevo ingreso. Las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores se mantendrían en los mismos términos en la nueva entidad. Finalmente, como es del todo natural, las menciones constitucionales que actualmente se refieren al Distrito Federal, sus órganos y funcionarios serían eliminadas.

 

Bajo las anteriores consideraciones, se presenta la presente iniciativa con el siguiente

 

PROYECTO DE DECRETO

 

ARTÍCULO PRIMERO: Se adiciona el artículo 43 y se reforman los artículos 44 y 122, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

 

“Artículo 43. Los Estados integrantes de la Federación son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.”

 

“Artículo 44. La Ciudad de México es la capital de los Estados Unidos Mexicanos y la sede de los poderes de la Unión.”

 

“Artículo 122. Las disposiciones que esta Constitución establece para los estados y los municipios le son aplicables a la Ciudad de México y sus municipios con las excepciones y peculiaridades establecidas en este artículo:

 

PRIMERA.- La Ciudad de México garantiza el funcionamiento de los poderes y de los órganos y organismos constitucionales autónomos de la Unión.

 

El Congreso de la Unión dictará disposiciones generales que aseguren el funcionamiento de los poderes de la Unión y de los órganos y organismos federales en la capital, las cuales sólo podrán comprender las que sean necesarias para el ejercicio de sus facultades y funciones.

 

El Congreso de la Unión expedirá la ley que garantice que los bienes inmuebles de dominio público de la Federación ubicados en la Ciudad de México estén exclusivamente bajo jurisdicción federal.

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación establecerá los recursos que se otorgarán anualmente a la Ciudad de México por su condición de capital de la República, así como las bases para su ejercicio.

 

SEGUNDA.- El poder público de la Ciudad de México se organiza de conformidad con lo que dispone el artículo 116 de esta Constitución y con las modalidades que establece el presente artículo.

 

La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal, y su hacienda pública se organiza conforme al criterio de unidad financiera en los términos que señale la Constitución local. Los municipios no podrán realizar operaciones de deuda pública.

 

A los municipios de la Ciudad de México les será aplicable lo dispuesto por el artículo 115 de esta Constitución, con las siguientes excepciones:

 

  1. El Gobierno de la Ciudad de México tendrá a su cargo las funciones y servicios públicos:
    1. Agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales;
    2. Alumbrado público en vías primarias;
    3. Recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
    4. Limpia en vías primarias;
    5. Centrales de abasto;
    6. Seguridad pública, policía preventiva y tránsito;
    7. Cuerpo de bomberos;
    8. Imposición de sanciones administrativas por infracciones a las leyes y reglamentos.
    9. Prestación o concesión de servicios públicos de cobertura general en la entidad o que tengan impacto en dos o más municipios;
    10. Planeación y ejecución de obras que incidan o se relacionen con el conjunto de la ciudad o tengan impacto en dos o más municipios, y
    11. Transporte público de pasajeros.

 

Las leyes establecerán mecanismos de coordinación del Ejecutivo de la Ciudad de México con los municipios de la entidad para la prestación de estos servicios.

 

  1. La facultad de expedir disposiciones en materia de policía y gobierno a que se refiere la fracción II del artículo 115 de esta Constitución corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México.

 

  1. Las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales, que establezca la Ciudad de México sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, a que se refiere el inciso a) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, forman parte de la hacienda pública estatal. El cobro y la administración de estas contribuciones corresponden al Ejecutivo de la Ciudad de México.

 

La legislatura de la Ciudad de México expedirá la ley de coordinación fiscal, mediante la cual se distribuirán a los municipios recursos fiscales de la entidad de acuerdo con criterios y mecanismos legales de asignación. El destino y objeto de las participaciones y asignaciones federales de carácter municipal serán de la competencia exclusiva de la Federación.

 

Al aprobar su presupuesto de egresos, cada ayuntamiento deberá ajustar su gasto corriente a las normas y montos máximos que para cada uno de los municipios establezca previamente la legislatura de la Ciudad de México, así como a los tabuladores de percepciones y remuneraciones de los servidores públicos municipales que determine la misma.

 

  1. En la legislación de la Ciudad de México se establecerán las normas y procedimientos bajo los cuales intervendrán el gobierno de la entidad y los ayuntamientos en el ejercicio de las facultades a que se refiere la fracción V del artículo 115 constitucional, en el marco de la legislación federal y local.

 

TERCERA.- Para la eficaz coordinación entre la Federación, la Ciudad de México y los demás estados conurbados en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones metropolitanas y regionales para la prestación de servicios públicos y construcción de infraestructura se crea el Consejo de Desarrollo Metropolitano. Este Consejo podrá acordar acciones de planeación, regulación y coordinación para el desarrollo en las siguientes materias: asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; movilidad y transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos; y seguridad pública.

 

Una ley del Congreso de la Unión establecerá las bases para la integración y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, las cuales deberán ajustarse a lo dispuesto en este artículo y a lo establecido en el artículo 115, fracción VI, de esta Constitución, así como a las competencias constitucionales de los órdenes de gobierno que integren el Consejo.

 

La ley que cree el Consejo de Desarrollo Metropolitano establecerá normas para:

a)    Determinar los ámbitos territoriales y las funciones para la ejecución y operación de obras públicas, prestación de servicios públicos y realización de acciones en las materias indicadas en el tercer párrafo de esta base;

b)    Establecer sus funciones específicas en las materias referidas, así como las reglas para la aportación común de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación;

c)     La regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios públicos y realización de acciones que acuerden los integrantes del Consejo de Desarrollo Metropolitano;

d)    Creación de organismos públicos descentralizados de carácter metropolitano para la prestación de servicios y para la administración de infraestructura compartida.”

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hacen referencia al Distrito Federal o a sus funcionarios y demarcaciones para eliminar dichas alusiones.

 

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

SEGUNDO.-  Los ordenamientos que regulan al Distrito Federal al momento de la publicación del presente decreto continuarán vigentes en tanto no se expidan aquellos que deban sustituirlos. Los periodos para los cuales fueron elegidos el jefe de gobierno, los legisladores y los jefes delegacionales se mantendrán hasta su conclusión.

 

TERCERO.- De conformidad con lo que dispone el presente decreto, la Constitución Política de la Ciudad de México será aprobada y expedida por el Congreso Constituyente de la Ciudad de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberá presentar al Congreso Constituyente un proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México en la sesión inmediata posterior a la de su instalación.

 

CUARTO.- Ninguna autoridad podrá hacer observaciones a la Constitución Política de la Ciudad de México que expida el Congreso Constituyente de la Ciudad de México.

 

QUINTO.- La integración, organización y funcionamiento del Congreso Constituyente de la Ciudad de México se regirá exclusivamente por lo dispuesto en el presente decreto y en el reglamento que el propio Congreso aprobará al inicio de sus trabajos, conforme a las siguientes bases:

 

  1. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México se integrará de conformidad con las siguientes reglas:

a)     Se compondrá por 45 diputados y diputadas constituyentes; 27 elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa, votados en cada uno de los distritos electorales uninominales federales establecidos en el Distrito Federal para la elección federal del año de 2012, y 18 elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción electoral.

En la distribución y asignación de los diputados por el principio de representación proporcional se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 54 constitucional. El número máximo de diputados, por ambos principios, con los que podrá contar un partido político y el límite a la sobrerrepresentación se aplicarán de conformidad con los criterios establecidos en dicho artículo constitucional.

b)    En esta elección podrán solicitar el registro de candidatos los partidos políticos nacionales y los ciudadanos bajo las reglas que establezca la legislación electoral federal de la materia y los acuerdos que al efecto apruebe el organismo encargado de organizar la elección.

Los requisitos para ser diputado constituyente serán, en lo que resulte aplicable, los que establece el artículo 55 constitucional. Además, no podrán ser elegidos los legisladores federales y locales electos en el año 2012.

c)     En términos de lo dispuesto por este decreto, es competente para organizar la elección de los integrantes del Congreso Constituyente, el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales previsto en el artículo 41 constitucional y, en materia jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

d)    En todo lo que no se oponga al presente decreto, en la elección de los integrantes del Congreso Constituyente será aplicable la legislación electoral federal. El máximo órgano de dirección del organismo electoral federal encargado de organizar la elección dictará los acuerdos necesarios para llevarla a cabo de conformidad con estas bases.

e)     El máximo órgano de dirección del organismo electoral federal emitirá la convocatoria a la elección del Congreso Constituyente dentro de los diez días siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. La elección se deberá celebrar dentro de los ciento veinte días siguientes a la emisión de la convocatoria a la elección.

f)     Las campañas electorales durarán treinta días y se ajustarán a las reglas generales establecidas en la legislación electoral federal en materia de precampañas, campañas, financiamiento, acceso a medios, fiscalización y medios de impugnación, así como a lo dispuesto en los acuerdos que apruebe el máximo órgano de dirección del organismo electoral federal.

 

2a. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México tendrá las siguientes facultades:

a)   Aprobar dentro de sus primeros cinco días de labores su propio reglamento, a propuesta de su Mesa Directiva.

b)    Sesionar en pleno y en comisiones.

c)     Integrar las comisiones que considere necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

d)    Dictar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de su función como poder constituyente de la Ciudad de México.

e)     Recibir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que le sea presentado por el jefe de gobierno del Distrito Federal.

f)     Aprobar y expedir la Constitución Política de la Ciudad de México.

g)     Las demás establecidas en el presente decreto.

 

3ª. En términos de lo dispuesto por el presente Decreto, el Congreso Constituyente de la Ciudad de México gozará de plena autonomía para el ejercicio de sus facultades como Poder Constituyente de la Ciudad de México y, salvo lo expresamente establecido en el presente Decreto, ninguna autoridad podrá intervenir ni interferir en su instalación y funcionamiento.

 

4ª. Para efectos de acreditación de sus integrantes y de su instalación, se formará la Junta Instaladora:

 

a)          La Junta Instaladora se integrará por los siete diputados y diputadas constituyentes que hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador federal o del Distrito Federal. En caso de presentarse antigüedades iguales, la precedencia se establecerá en favor de quienes hayan pertenecido al mayor número de legislaturas federales y/o locales y, en su caso, a los de mayor edad. El diputado electo que cuente con mayor antigüedad será el presidente de la Junta Instaladora. Serán vicepresidentes los diputados electos que cuenten con las dos siguientes mayores antigüedades. En calidad de secretarios les asistirán los siguientes cuatro diputados electos que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades.

 

b)         La Junta Instaladora deberá quedar integrada a más tardar tres días antes del inicio de los trabajos del Congreso Constituyente, bajo el siguiente procedimiento:

 

  1. El órgano de gobierno del organismo que hubiera tenido a su cargo el proceso electoral dará a conocer las antigüedades a las que se refiere el inciso anterior y los notificará personalmente a quienes integrarán la Junta Instaladora. El presidente de la misma convocará a los integrantes de la Junta a reunión previa de la misma.
  2. La Junta Instaladora convocará a los diputados constituyentes a la sesión de instalación del Congreso Constituyente y proveerá lo necesario para que ésta se lleve a cabo.

 

c)          A las 10:00 horas del tercer día previo al señalado para el inicio de los trabajos del Congreso Constituyente, los diputados y diputadas constituyentes electos que hayan recibido su constancia de mayoría y validez, así como los que figuren en la constancia de asignación proporcional expedida a los partidos políticos, se reunirán en el recinto del Congreso Constituyente con el objeto de celebrar la sesión de instalación de ésta.

 

d)         La Junta Instaladora, de acuerdo con las constancias de mayoría y validez, así como las de asignación proporcional de los diputados y diputadas constituyentes, los acreditará como tales para participar en la sesión de instalación y en los trabajos de ésta. Declarado el quórum constitucional, los diputados y diputadas constituyentes electos, reunidos en pleno, rendirán protesta y elegirán por mayoría de votos a quienes habrán de integrar la Mesa Directiva del Congreso Constituyente.

 

e)          La Mesa Directiva se integrará por un presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios, procurando reflejar la pluralidad en la integración del Congreso, cuyo desempeño durará durante el tiempo en que sesione el mismo.

 

5ª. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México sesionará en el recinto que se establezca en la convocatoria a la elección. El pleno podrá acordar en cualquier momento la habilitación de otro recinto para sesionar.

 

6ª. La Mesa Directiva del Congreso Constituyente de la Ciudad de México acordará con las autoridades federales y del Distrito Federal los apoyos materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

 

7ª. Los recintos que ocupe el Congreso Constituyente de la Ciudad de México para el cumplimiento de su función como poder constituyente de la Ciudad de México son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso expreso del presidente del Congreso, pero en tal caso estará bajo las órdenes de éste. Los diputados y diputadas constituyentes gozarán de las inmunidades que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para los legisladores federales.

 

8ª. El presidente del Congreso Constituyente de la Ciudad de México podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar la inviolabilidad de los recintos que ocupe el Congreso y para garantizar a sus integrantes el libre ejercicio de su función.

 

9ª. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México deberá quedar instalado a más tardar dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la celebración de la elección de sus integrantes. Para que sesione válidamente se requiere la presencia de más de la mitad de los miembros que la integran. Si por cualquier causa no asistiera la mayoría de sus integrantes a la sesión de instalación, el presidente de la Junta Instaladora citará nuevamente a todos los integrantes del Congreso, en segunda convocatoria para el día siguiente. En caso de que tampoco se reúna la mayoría de sus integrantes el día de la segunda convocatoria, el presidente de la Junta Instaladora citará a los suplentes de los diputados electos que no hayan asistido. Por el solo hecho de no asistir a la segunda convocatoria, se entenderá que los diputados constituyentes que incurran en esta falta no aceptan su encargo, por lo que perderán el derecho a integrarse al Congreso y su lugar lo ocupará definitivamente el respectivo suplente.

 

10ª. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México deberá concluir sus trabajos a más tardar dentro de los noventa días siguientes al inicio de sus funciones y no podrá suspender sus trabajos por más de dos días naturales consecutivos. Si el presidente se negara a convocar a sesión del pleno durante un período mayor a dos días naturales, la mayoría de los integrantes de la misma podrá convocarla.

 

11ª. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México sesionará en pleno y en comisiones de conformidad con lo que disponga su reglamento y tomará sus acuerdos, tanto en el pleno como en sus comisiones, por mayoría de sus integrantes. Para que el pleno y las comisiones sesionen válidamente se requerirá la presencia de la mayoría de sus integrantes.

 

  1. Si alguno de los integrantes del Congreso Constituyente de la Ciudad de México se ausenta de los trabajos del pleno o de comisiones, sin causa justificada, por más de tres sesiones o reuniones consecutivas o por más de nueve intermitentes perderá por ese solo hecho el carácter de diputado constituyente y se convocará de inmediato a su suplente, quien ocupará el cargo en forma definitiva hasta la conclusión de los trabajos del Congreso Constituyente.

 

  1. Los integrantes del Congreso Constituyente de la Ciudad de México recibirán una dieta durante el tiempo de ejercicio de su encargo; el monto de ésta no podrá ser superior a la que reciben los diputados federales.

 

La Mesa Directiva del Congreso Constituyente someterá a la consideración del pleno la propuesta de apoyos materiales y financieros que se otorgarán a sus integrantes para el cumplimiento de su función.

 

  1. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México no podrá interferir, bajo ninguna circunstancia, en las funciones de los poderes de la Unión ni de los órganos del Distrito Federal. Tampoco podrá realizar pronunciamientos o tomar acuerdos respecto del ejercicio de los gobiernos Federal o del Distrito Federal o de cualquier otro poder federal o local.

 

SEXTO.- Los inmuebles ubicados en la Ciudad de México que estén al servicio de los poderes federales y de los organismos u órganos autónomos de la Federación, así como cualquier otro bien afecto al uso de dichos poderes, organismos y órganos, al momento de la entrada en vigor del presente decreto, continuarán bajo la jurisdicción federal.

 

SÉPTIMO. La deuda pública del Distrito Federal contratada con autorización del Congreso de la Unión mantendrá su misma naturaleza jurídica al igual que toda operación posterior de reestructura o reconversión de la misma.

 

OCTAVO. La afiliación de los servidores públicos del Distrito Federal al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a la fecha de entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México se mantendrá indefinidamente. Con antelación a esta fecha, la Ciudad de México y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deberán realizar el o los convenios a que se refiere la fracción V del artículo primero de la ley de este último a efecto de garantizar la afiliación con plenos derechos de los servidores públicos de nuevo ingreso.

 

NOVENO. Las relaciones laborales entre las entidades públicas del Distrito Federal y sus trabajadores se trasladarán en sus términos a las de la Ciudad de México y sus trabajadores. Los trabajadores del Distrito Federal mantendrán sus derechos bajo la normatividad de la Ciudad de México.

 

 

Ciudad de México, a los 28 días del mes de noviembre del año de dos mil trece.

 

 

Mejor acabar con el presidencialismo

Algunos lamentan que el informe presidencial se haya eliminado como acto ceremonial y que ahora sea un trámite burocrático. Pero el problema nunca ha sido la forma de presentar las cuentas sino el carácter del poder ejecutivo. Sea cual fuere el método de informar, bajo el sistema presidencialista la función de gobierno está conferida a una sola persona mientras que la representación popular vive en permanente minusvalía e, incluso, requiere una mayoría de dos tercios de sus integrantes para hacer valer sus propios proyectos de ley.

El informe del ejecutivo viene de las monarquías constitucionales y fue asumido por las repúblicas junto con otras fórmulas tendientes a reducir las funciones de los parlamentarios. Esa división en la que cada poder (el ejecutivo y el legislativo) debe sostenerse por sí mismo no se convirtió en los hechos en una dictadura congresual, como se argumentó al principio al concederse a los representantes el control de ingresos y gastos o poder de bolsa. Por el contrario, el ejecutivo tiene una enorme capacidad para brincarse el presupuesto e incluso para reducirlo en los hechos. Luego de eso, presenta cuentas y no ocurre absolutamente nada.

Quienes se lamentan de la cancelación de la lectura del informe en plenaria del Congreso consideran que hace falta escuchar los compromisos que desee hacer el presidente en turno, pero en realidad el informe fue instituido para entregar cuentas de la administración pública y no para conocer el programa del gobierno, aunque tampoco se impiden las promesas.

La cancelación de la visita anual del presidente al Congreso fue resultado de la crisis del presidencialismo exacerbado que el país sufrió durante muchos años, al tiempo que la oposición adquiría mucha mayor presencia en las cámaras. Desde 1979 se empezaron a intentar las interpelaciones al ejecutivo durante la sesión del informe. Llegó un momento en que era mejor para el titular del ejecutivo que se  le impidiera hablar y que se aplicara a la letra el precepto que ordenaba la concurrencia del presidente y la presentación de un informe por escrito. Así sucedió.

Cuando el presidente concurría al Congreso, el informe se discutía en las cámaras de manera ritual y sin repercusiones; ahora que se envía por oficialía de partes todo es igual. En realidad, lo que está en crisis en México es el sistema político que opera bajo la simulación y la falta de discusiones verdaderas entre los partidos políticos.

La propuesta de crear un concejo de gobierno, integrado por los secretarios de despacho ratificados por el Congreso y presidido por el titular del Ejecutivo, fue rechazada tanto por el PRI como por el PAN. Ahora se propone para la Ciudad de México y creo que  volverá a ser rechazado porque no se advierte disposición de empezar siquiera a erosionar el molde presidencialista.

En cambio, el PAN, con apoyos en el PRD, pide la segunda vuelta en la elección presidencial, la cual no resuelve el menor problema pero de seguro llevaría al país a votar en dos ocasiones para elegir a un presidente que tendría la misma fuerza política que en la primera de ellas, pues el sentido del segundo voto es algo obligado por la circunstancia.

Mejor sería terminar con el presidencialismo, modificar el sistema político del país para que el parlamento, conformado mediante la representación proporcional, formara gobierno. Con eso también se podría avanzar en lo tocante a los partidos políticos, los cuales asumirían la función de fuerza gobernante cuando estuvieran en mayoría y serían oposición reconocida cuando se encontraran en minoría. Los gobiernos de coalición serían posibles como pactos formales en el seno del Congreso para dar suficiencia parlamentaria al gobierno.

Claro, toda resolución del parlamento tendría que ser obligatoria para el ejecutivo, integrado éste en un concejo en cuyo seno se adoptaran resoluciones legales de cara al país.

Abrir la política, pues. ¿Para qué volver a la parafernalia de la lectura presidencial? Mejor que se debata entre iguales.

Juicio político: estrenar la Constitución… de 1917

Una noticia chusca ha conmocionado selectos medios. Un juzgado administrativo le ha puesto un plazo hasta el próximo domingo a los integrantes de las comisiones de gobernación y de justicia de la Cámara de Diputados para que procedan a integrar la Sub-comisión de Examen Previo. Si no lo hicieren así, la jueza podría consignar a los contumaces, ya multados y desaforados por ella misma, a otro juzgado, bajo la acusación de cometer el delito de incumplimiento de sentencia de amparo o algo por el estilo.

¿Qué es esto? Algo inaudito. Un abogado, Horacio Culebro, héroe de varias batallas, acudió hace ya muchos meses a un juzgado en procura de la protección de la justicia federal contra la omisión de la Cámara de Diputados al no integrar, como lo indica la ley, la sombría Sub-comisión de Examen Previo para sustanciar los procedimientos de responsabilidad política de altos servidores de la Federación y los estados. Existen 300 denuncias que no han sido tramitadas y, como es tradicional, la Cámara de Diputados no tramitará ninguna, al extremo de negarse a integrar el organismo que debe hacerlo.

En México nunca se ha llevado a cabo un juicio político desde que la actual Constitución entró en vigor. Puede decirse entonces que en este país ningún alto funcionario ha cometido jamás actos u omisiones que afecten los intereses públicos y su buen despacho en contravención de normas constitucionales o legales. Ninguno es ninguno, en 99 años. México es un país inverosímil, nadie en el mundo podría admitir la existencia de tan maciza realidad política. Aquí no hay dictadura perfecta –con licencia de Vargas Llosa– sino Estado perfecto, aún más difícil de alcanzar.

El juicio político suele confundirse con el desafuero, pero son diferentes. El primero es, como lo dice su nombre, eminentemente político y está dirigido a remover altos servidores públicos por mala gestión, abuso, ignorancia o error grave que afecte intereses públicos. Por otra banda, el desafuero es quitar la inmunidad a efecto de que el servidor público aforado pueda ser acusado en un juzgado penal de haber cometido un delito. Claro, se le separa del cargo, pero si el juez rebota la acusación, el desaforado puede regresar al cargo. Desde 1917 se han producido unos cuantos desafueros, los cuales, en los años veinte y treinta, tuvieron como propósito sólo remover legisladores y gobernadores, pero después se decidió castigar con cárcel, como a Díaz Serrano, para dar sustento al lema electoral de renovación moral de la sociedad (!); por cierto, el dinero del fraude nunca apareció. También se recuerda el desafuero de López Obrador, singular acontecimiento a cargo de Vicente Fox en la Presidencia y del PRI y el PAN en la Cámara, para abrir un juicio penal y suspender el derecho ciudadano de ser elegido, lo cual fue en realidad un ignominioso acto contra la precaria democracia nacional. Pronto veremos otro desafuero pero sin trascendencia alguna.

El juicio político, por su lado, es un instrumento parlamentario de vieja hechura que le otorga al Legislativo capacidad de control sobre el Ejecutivo. No se trata sólo de revisar las cuentas sino de evaluar el desempeño de los altos funcionarios, su capacidad, el apego a lo prescrito en las leyes y a los requerimientos de la sociedad. El presidente de la República no es sujeto de juicio político porque no se le ha querido dar al Congreso la facultad de removerlo por motivos puramente políticos ya que el Legislativo nombra al sustituto, pero las órdenes del jefe del gobierno deben ser firmadas por el secretario de despacho correspondiente, el cual sí es sujeto de responsabilidad política y puede ser enjuiciado por el Congreso. El presidente de la República es sin embargo sujeto de juicio bicameral de destitución (impeachment), pero sólo acusado de delitos del orden común o traición a la patria. Bueno, pero todo esto es puro postulado constitucional que jamás ha tenido expresión alguna.

Ahora bien, cuando la oposición empezó a tomar fuerza en la Cámara de Diputados, el PRI se encargó de enredar el trámite de los juicios políticos, por si acaso. Se designó a las comisiones de gobernación y de justicia para incoar los procedimientos después de pasar por una subcomisión de examen previo. Ésta es la que aún no existe. Si no hay a quien enviar un papel, tampoco habrá quien lo pueda regresar. Así es la lógica política en San Lázaro. Una vez cubiertos ambos trámites, dice la norma, la sección instructora entra en escena y la hace de fiscal. Pero la tal sección sólo se ha ocupado de desafueros (procedencia, se le llama) pero nunca de juicios de responsabilidad política.

Cuando no fue por una causa fue por otra, pero siempre el PRI se ha salido con la suya y, en varias ocasiones, el PAN ha acudido en su ayuda. Una vez que el PAN apoyó incoar el procedimiento a pedido del PRD, el PVEM empató la votación para evitar el juicio político contra Madrazo Pintado a pesar de que ese dizque partido entonces era aliado de los panistas y no de los priistas. Hasta ahora, todo ha quedado en las puras ganas de estrenar la Constitución… de 1917.

Así no tiene caso el debate sobre la mariguana

Enrique Peña Nieto ordenó la apertura de un debate sobre la mariguana organizado por su propio gobierno. Ese mismo día reiteró: “mi posición categórica de estar en contra de la legalización de la mariguana”. “No se confundan, se abre un debate”, le ha dicho a sus hijos quienes le preguntaron si podrán pronto fumarse un churro en Los Pinos. El padre protector ya lo ha dicho: nada de churros. ¿Para qué convoca al debate? ¿Para concluir irremediablemente con su “posición categórica”? La cuestión es relevante porque el presidente de la República, en México, puede vetar las leyes del Congreso y se necesitaría el voto de dos tercios de los legisladores presentes en ambas cámaras para vencer la resistencia presidencial: imposible en este caso.

Las consultas convocadas en las cámaras, tal como la que organizará Osorio Chong, serán ejercicios con un solo resultado posible: dejar las cosas más o menos como están. Sin embargo, el uso de la mariguana es un problema cada vez mayor en México, pero no por cierto por sus consecuencias de salud sino por el rápido crecimiento del comercio ilegal monopolizado por bandas delincuenciales muy violentas y armadas hasta los dientes.

La cuestión no es médica porque la mariguana hace mucho menos daño que las drogas permitidas y porque los médicos especialistas están divididos en sus opiniones de tal manera que cuentan más las consideraciones morales que cualesquiera otras. Es evidente que no todo lo que hace daño o puede hacer daño a la salud está prohibido. Así que esa discusión carece de sentido.

Pero el endeble argumento de la salud se mezcla con otros temas en forma equivocada por parte de algunos responsables padres de familia. Veamos lo que dice quien va a vetar toda ley que al respecto no le guste: “¿para combatir el crimen organizado pongamos en riesgo la salud de la niñez y la juventud mexicanas? Mi respuesta es no”, ha dicho Peña Nieto. La pregunta está desfasada. Si la mariguana hiciera daño a la salud de niños y jóvenes, eso ya está sucediendo en forma creciente e imparable, tal como en efecto ocurre con las drogas legales, el alcohol, el tabaco. Fallecen muchos miles de adultos al año por alcoholismo y tabaquismo, pero no se tiene registro de decesos por consumir mariguana. Sin embargo, mueren muchos miles al año, jóvenes en su mayoría, en una guerra imposible de ganar e imposible de perder contra la delincuencia organizada que trafica con mariguana.

Las preguntas que hay que hacer son muy importantes porque de las equivocadas, como la hecha por Peña, se obtienen respuestas erróneas. Que cualquiera las haga, tiene poca importancia, pero tratándose de quien puede vetar leyes, es cosa grave.

Un debate verdadero podría requerir a los criminólogos. La división entre ellos generaría al menos la exposición de diversas teorías sobre el crimen, la cual, a su vez, ilustraría a la opinión pública sobre un tema que México vive trágicamente pero que no se discute.

Sin embargo, la discusión es principalmente política. La cuestión radica en cómo combatir a la delincuencia organizada ligada al tráfico de drogas. Como eso ya se ha intentado hasta el desangramiento,  el camino que hoy se abre en el mundo es el de revisar la prohibición. Prohibir siempre ha sido lo más fácil. Perseguir a los transgresores ha sido más complicado. Detener con la pura prohibición un comercio con gran demanda ha sido enteramente imposible, al menos bajo el Estado secular. Pero aún es más trascendente discutir este tema desde el lado de las libertades, cuestión que se trata de dejar de lado en los foros o debates convocados sólo para especialistas en diversos temas pero con la ausencia de intelectuales capaces de introducir el elemento central que es la capacidad de autodecisión de las personas.

No tiene caso llevar a cabo debates y foros sabiendo el resultado de antemano. En este contexto, son un fraude, uno más. Carece de ética convocar a una discusión sobre la base de tener tomada la decisión de impedir cualquier opción contraria a la propia, como ha dejado dicho Peña Nieto con entera claridad.

Así que sería mejor realizar el debate por fuera pero en contra de las posiciones presidenciales categóricas.

Migajas de corrupción

El método de repartir migajas presupuestales a los diputados no es nuevo. Lo inventó el PRI en el Estado de México hace muchos años y lo utilizó Peña en sus años de gobernador. Son migajas porque 10 mil millones de pesos (20 millones por cabeza) es mucho dinero pero muy poco dentro de un presupuesto de más de cuatro millones de millones. Se trata de un reparto de dinero para que cada diputado y diputada decida en qué debe usarse. Es como si cada representante popular sacara de su cartera un dinero para entregárselo directamente a su gente, a sus amigos, a sus seguidores.

Cuando este sistema opera para obras públicas o adquisiciones, se abre el enorme campo de los moches que son los cobros por haber sacado dinero del presupuesto para determinados propósitos, por ejemplo, el diez por ciento del gasto en cuestión para quien lo hizo posible, el diputado, sedicente legislador.

El presupuesto es un terreno de disputa política. Siempre lo ha sido. Pero una cosa es que los partidos y los legisladores traten de orientar el gasto hacia determinados propósitos como parte de políticas públicas y otra cosa muy diferente es que cada legislador se tome una bolsa de veinte millones para repartirlos él mismo en determinados lugares y con determinadas cuotas para ciertos propósitos compartidos entre el promotor y el beneficiario, como si el representante popular fuera un coyote, en lo cual se convierte inmediatamente con esta práctica. Tal uso de los recursos públicos se lleva a cabo a través de una colusión de servidores públicos que se ponen de acuerdo para realizar actividades que no son lícitas: es un delito.

Según el acuerdo de la Cámara de Diputados, los diez mil millones de pesos tendrán el propósito que cada diputado y diputada determine y se ejercerán con reglas de operación determinadas por la Secretaría de Hacienda en el mes de marzo del próximo año. El fin de cada peso del presupuesto debe estar determinado en el propio decreto, ser válido desde el punto de vista de la ley y ejercido de acuerdo con normas presupuestales. No es legal aprobar dinero con propósitos determinables con posterioridad por parte de cada legislador convertido ilícitamente en agente intermediario del ejercicio del gasto. Tampoco es legal utilizar dinero del erario para hacer política en favor de cualquier servidor público

Además, con 10 mil millones de pesos anuales se podría financiar una universidad de buen tamaño, construir varios hospitales de zona, reparar miles de escuelas ruinosas que hoy existen en el país, entre otros muchos propósitos. Pero, ¿cuál es el programa presupuestal de ese gasto de 10 mil millones? Ninguno. Por tanto, es inconstitucional ya que el gasto se conforma de programas con criterios y objetivos cuantitativos y cualitativos previamente determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación según reza la Carta Magna.

En términos generales, el acuerdo de reparto de dinero en San Lázaro es parte del funcionamiento del Estado corrupto. Y en términos concretos es la comisión de un delito y una transgresión grave de la Constitución del país.

¿Y el fuero? Que le pregunten a Peña Nieto

El Congreso expidió una reforma sobre la corrupción. Se trata de un proyecto de poco alcance, desarticulado, inocuo en algunos de sus segmentos y difícil de ser aplicado. Después de tantos esfuerzos, discursos, denuncias, lamentaciones, hipocresías y reconversiones –todo sucesivo pero revuelto—la plataforma anticorrupción de la presente legislatura ha quedado muy por debajo de las expectativas ciudadanas.

Uno de los temas que ha sido ignorado es el fuero, es decir, la inmunidad procesal penal de los altos funcionarios de la Federación, y su correspondiente esquema en los estados. Ha sido Peña Nieto quien ha impedido que el asunto sea tocado. Al respeto es preciso contar una historia.

En noviembre de 2011 culminó en el Senado una negociación sobre la desaparición de la figura del fuero constitucional. La iniciativa que yo había presentado unos cuatro años antes fue motivo de negociaciones dilatadas pero al final exitosas. Se votó un proyecto que aprobaba la iniciativa con cambios, los cuales, sin embargo, no modificaban su contenido básico: todos los altos funcionarios de la Federación que habían estado aforados hasta entonces podrían ser ahora sujetos de proceso penal como cualquier otro ciudadano o ciudadana. La única circunstancia especial consistía en que durante el proceso permanecerían en libertad, como si estuvieran bajo fianza, y en el ejercicio de su cargo sólo para evitar que autoridades menores pudieran dar un golpe de mano contra el Ejecutivo, el Congreso o la judicatura. Una vez que el juez de la causa dictara sentencia de primera instancia, el funcionario debería ser separado de su cargo por la Cámara de Diputados, sin dictamen previo, mediante un procedimiento político y, de tal forma, ser entregado a la justicia. El presidente de la República estaba incluido en este sistema puesto que no debe haber, se dice, privilegios de ninguna especie. El auto de sujeción a proceso dictado por el juez contra estos funcionarios podría ser recurrido directamente ante la Suprema Corte para evitar el uso político de la justicia en la apertura de procesos penales, pero eso no implicaba ningún privilegio personal sino sólo un mecanismo de seguridad para el funcionamiento normal de los poderes públicos. Así, cualquier alto funcionario de la Federación y de las entidades federativas podría ser sujeto de proceso penal aunque, como todo mundo, bajo el principio de presunción de inocencia.

La Cámara de Diputados se hizo la disimulada y congeló el proyecto enviado por el Senado por instrucciones directas y personales de Enrique Peña Nieto, quien ya había asumido la dirección del grupo parlamentario del PRI en esa cámara desde antes de ser nombrado oficialmente candidato, lo cual, por cierto, era diferente en el Senado. El PRI tenía entonces más de un tercio de los diputados y, por tanto, capacidad de bloquear cualquier reforma constitucional. Así las cosas, transcurrió el periodo de sesiones que terminó el 30 de abril de 2012, día del niño, feneciendo de tal forma la legislatura.

En marzo de 2013, con la actual legislatura y con el Pacto por México (mal llamado y mal logrado), el cual señalaba que debía eliminarse el fuero, la Cámara de Diputados modificó el proyecto original del Senado para hacer un verdadero enredo en el contenido y en la forma. Por órdenes de Peña Nieto, se eliminó al presidente de la República de la lista de funcionarios sujetos a procesos penales lo cual contó con la vergonzosa complicidad del PAN, pero se olvidó reponer un artículo derogado en el proyecto del Senado de tal forma que ubicaba, sin querer y por torpeza, al presidente de la República sin inmunidad alguna, es decir, que éste podía ser detenido por cualquier gendarme y mucho más fácilmente encarcelado por un juez. Además, ubicaba el momento en que un funcionario debía abandonar su cargo en la ejecución de la sentencia, es decir, después de años de recursos procesales interminables, y no cuando se dictara sentencia de primera instancia como decía el proyecto del Senado.

Dentro de la reforma constitucional contra la corrupción, el PRI se negó a volver al proyecto original para eliminar el fuero, pero además mantuvo al presidente de la República sin responsabilidad administrativa alguna, lo cual es ya insostenible. El partido oficial se disciplinó a la consigna presidencial aún a riesgo de que no fuera aprobado su débil y engañoso decreto contra la corrupción. Creo que las oposiciones debieron haber congelado esa reforma hasta que todo se descongelara. Por lo pronto, el fuero sigue por sus fueros gracias a Enrique Peña Nieto quien además mantiene su impunidad en materia administrativa, la cual ya no existe en ninguna parte del mundo.

Preponderancia

No sabemos cuantas veces más ha de ser necesario decir que la figura de preponderancia fue ideada como traje a la medida de América Móvil (Slim) y de Televisa (Azcárraga), dos grandes monopolios que deben ser tratados como tales. Esa figura obliga y limita a esos dos conglomerados. A quien le ha costado más es al consorcio de Slim porque es más rico. Quien ha tenido que ceder más es Azcárraga porque tiene más poder político. El problema es que ahora se quiere eximir a Televisa mediante una falsificación introducida en la ley secundaria. Eso busca Peña Nieto afanosamente.

Gabriel Contreras, comisionado presidente del Ifetel, dice que no tiene sentido sumar las audiencias de radio y televisión abierta porque son cosas diferentes. Pues sí, justo por eso el preponderante no debería serlo en todo el sector de radiodifusión (radio y TV) sino en el servicio de televisión abierta, altamente monopolizado. Pero además, el Ifetel hizo algo curioso y sospechoso: en radiodifusión declaró preponderante a Televisa en todo el sector y no sólo en el servicio de TV abierta, pero en telecomunicaciones declaró preponderante a América Móvil en los servicios de telefonía fija y móvil así como en el de internet, dejando en el vacío a la TV de paga.

Dice Frank La Rue, relator de la ONU sobre libertad de expresión, que la preponderancia debe ser declarada por servicios. Claro, pues en ninguna parte una figura semejante a ésta se ubica en los grandes sectores sino en cada uno de los servicios y, de ahí, hacia la propiedad cruzada de medios. De otra forma sería mucho más difícil combatir a los monopolios.

En esta coyuntura, López Dóriga se ha lanzado contra el PRD, o contra una parte de ese partido, acusándolo de apoyar a Slim. Ya sabemos qué es lo que nubla la inteligencia. Pero no aporta la menor evidencia: la reforma constitucional fue negociada en sus fundamentos entre el PRD y el PAN, y desde su diseño original abarcaba la contención del monopolio telefónico, el cual había sido producto de una entrega prácticamente gratuita (mordidas no vemos) por parte de Carlos Salinas. Así, una empresa paraestatal se convirtió en el principal pilar del mayor consorcio empresarial privado que ya es trasnacional. Telmex-Telcel ha sido más afectado pues ya tiene que compartir su infraestructura y modificar tarifas, entre otras nuevas obligaciones. Por su lado, Televisa quiere dejar de ser considerada preponderante, pero lo que más quiere es no ser declarada preponderante en TV de paga, donde es un monopolio en expansión. Pero quizá Azcárraga no ha informado al conductor noticioso que el asunto se va a dirimir en los tribunales donde otros pueden tratar de hacer valer la Constitución tal como la diseñamos para que no se pudieran escapar Carso y Televisa. Así que ya podrá la televisora someter a muchos legisladores con su conocido método de chantaje video-político, pero el asunto no estará definido hasta que se pronuncien las resoluciones judiciales en firme.

Una vez más hay que leer el decreto de reformas constitucionales con especial dedicatoria a todos los enceguecidos protectores de Televisa que defienden algo o quieren algo: “Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas.” Así, en negritas.

El premio de lotería ¿para quién?

En la iniciativa del gobierno sobre telecomunicaciones destaca la propuesta de crear la figura legal de autorizados, los cuales no serían concesionarios sino empresas de un mercado secundario. A esos autorizados puede referirse la conversación de la diputada Carpinteyro, los cuales existen en otros países.

Los autorizados serían revendedores con licencia del Ifetel. Su problema consistiría en comprar servicios a una empresa concesionaria y crear una clientela propia. Ahora bien, la cláusula de preponderancia obliga a Telcel a abrir su red a otros concesionarios pero no está tan claro, en la iniciativa del gobierno, que esa misma obligación vaya a existir a favor de los autorizados, a menos que el Ifetel así lo acuerde.

La otra vía para que una empresa minorista no concesionaria entre en los servicios de telecomunicaciones es el uso de la red pública compartida, ya aprobada por el Congreso, cuya construcción deberá iniciarse antes de que termine 2014 y entrar en operación antes de que concluya el año 2018.

A pesar de que tanto en la propuesta como en lo ya aprobado no existen objeciones, el gobierno –por lo que se observa—filtró la conversación de Carpinteyro dando a entender que ésta quería meter mano al proyecto para beneficiarse de algo que, sin embargo, podría estar al alcance de muchos otros. Tal vez el divulgador de la grabación ilegal tenga el propósito de incidir de mala forma en las negociaciones, en las cuales sí existen fuertes divergencias en otros renglones, como el premio de lotería que le quieren dar a Televisa. ¿Cuál es ése?

El transitorio octavo, fracción III, del decreto de reformas constitucionales señala: “Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas.” Esta es una parte del traje a la medida que confeccionamos en la iniciativa de reformas para declarar preponderantes a Slim y a Azcárraga, como lo son en realidad. El Ifetel, ha procedido a hacerlo, pero se abstuvo de declarar a Azcárraga como preponderante en el servicio de televisión restringida y sólo lo hizo en todo el sector de radiodifusión donde no lo es si tomamos dentro de éste a la radio en igualdad de condiciones que la TV.

En efecto, si en el texto de la ley se definiera, como lo propone el gobierno, que el preponderante lo es en uno u otro de los sectores (telecomunicaciones o radiodifusión) se estaría permitiendo a Televisa ya no ser preponderante en televisión abierta y no serlo tampoco en la restringida (cable y satélite), lo cual es una gigantesca mentira pues la empresa de Azcárraga es monopolista en esos servicios. En el otro camino, si se admite lo que señala el decreto de reformas constitucionales en el sentido de que el preponderante lo es en tanto controle más del 50 por ciento de la prestación de servicios, Slim seguirá siendo preponderante en telefonía fija, en telefonía móvil y en internet, mientras Azcárraga seguiría siendo preponderante en televisión abierta y lo sería también en televisión restringida, todo lo cual corresponde a la realidad.

¿Quién quiere sacarse el premio de lotería y dejar de ser agente económico preponderante? Un monopolista políticamente necesario para el gobierno de Peña: Azcárraga. Este es uno de los puntos que verdaderamente están a debate en la confección de la ley.

¿Quién decide el precio de la gasolina?

La respuesta al título de este texto es muy sencilla: el gobierno. Pero la pregunta va dirigida a la ley y no a la costumbre. Sí, el gobierno dispone de los bienes públicos pero eso no es lo señalado en la Carta Magna. Según la Constitución, el Congreso debe aprobar cada año la Ley de Ingresos. Los precios y tarifas del sector público son ingresos precisamente públicos y, por tanto, deben establecerse en la ley, es decir, en un mandato de cobro. En México no existe el Estado de derecho, de tal suerte que el Ejecutivo asume funciones que no le corresponden.

Ya sabemos que los precios del gas, el diesel y la gasolina, entre otros, están siendo incrementados con el propósito de elevar ingresos públicos en lugar de cobrar impuestos, por lo cual, con mayor razón el Congreso debería fijarlos como expresión de la política fiscal. Si así fuera, el PRI hubiera tenido que votar con el PAN los aumentos, ya que el viejo partido es incapaz de negarle al Ejecutivo un requerimiento de ingreso, menos aún cuando una parte del botín del asalto que implican tales aumentos va a parar a las arcas de los gobernadores.

Pero he aquí que el PRI se ha negado persistentemente a definir en la Ley de Ingresos una política de precios y tarifas del sector público, al menos de la parte sujeta a control presupuestal directo, como es el caso de Pemex y CFE. Cada año se lo hemos planteado y se hace el disimulado. Luego, cuando el gobierno panista hace los aumentos, se hace el enojado. Este juego tiene como propósito, por un lado, no impedir los aumentos y, por el otro, no aparecer como responsable de los mismos.

Ahora, el PRI anuncia una iniciativa para radicar en el Congreso la capacidad de definir los precios de gasolinas, electricidad y gas. Pero eso no es necesario. La Constitución ya le otorga al poder Legislativo esa atribución. Habría que recordar que la violación de la ley se hace desde los años de captura del Estado por parte del PRI. Durante muchas décadas, el presidente de la República en turno ha dispuesto de los bienes públicos como si fuera el dueño de una gran compañía. Calderón lo sigue haciendo, a pesar de la falsa crítica del PAN al viejo régimen de presidencialismo autoritario.

La política de precios de los bienes y servicios de origen público es peor que la de los monopolios pues éstos deben cuidar un cierto nivel óptimo de ventas, pero las gasolinas tienen una demanda menos elástica. El gobierno abusa del monopolio público que debería servir para fijar precios adecuados a la economía en su conjunto en lugar de verlo como un instrumento para sacarle dinero a la gente.

En la ciudad de México se hizo un gran escándalo con el aumento de la tarifa del Metro de dos a tres pesos. La anterior tarifa era ya ridícula para el costo de operación del sistema y la Asamblea Legislativa fue quien tomó la difícil decisión. El problema del pasaje del Metro es que no puede ser incrementado paulatinamente pues no existe suficiente circulante de baja denominación lo que llevó a un rezago de varios años. Pero al menos que no digan que el aumento del Metro y el de los precios de la gasolina y el gas son lo mismo. Estos energéticos no han dejado de subir de precio y, ahora, el gobierno a las claras nos dice que eso va a seguir en tanto que el Congreso no ejerce sus facultades constitucionales.

La contradicción entre el PRI y Calderón sólo fue porque éste aplicó el aumento al combustible antes de tiempo, unos días, pues su compromiso era congelar el precio durante todo 2009 y ni siquiera eso quiso cumplir.

Los incrementos de precios y tarifas de bienes públicos, aunados a la subida de impuestos, han traído las consecuencias que ya se esperaban. Pero las mercancías que más aumentan son los alimentos, es decir, otra vez el pueblo paga. Mientras, Calderón, desde Los Pinos, nos augura un buen año 2010, año de la patria.