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Outsourcing en aprietos

El sistema de subcontratación de fuerza de trabajo, es decir, contratar con otro empresario como si éste fuera dueño de plantillas de personas, es un método que precariza al trabajo en tanto que los salarios, prestaciones y condiciones laborales deben ser menores para que le convenga a las dos empresas, la que recibe y la que proporciona trabajadores. La forma de hacerlo no deja de recordar en algo los tiempos del tráfico de esclavos.

El sistema no es, sin embargo, algo parecido al esclavismo sino un método típicamente capitalista. La economía política enseña que dentro de los diversos métodos de incrementar la masa de plusvalía (ganancia del capitalista) existe una que es mayormente primitiva. Se llama plusvalía absoluta y consiste en reducir el salario o alargar la jornada, o ambas cosas a la vez. Eso es lo que se hace.

El outsourcing es usado también como sistema de movilidad laboral, pues las empresas subcontratan cuando requieren aumentar la producción durante un tiempo sin tener que contratar directamente a nuevos trabajadores. Esto permite una utilización más intensiva del llamado capital constante en la economía política, es decir, la maquinaria, edificios, materias primas, energía, etc., logrando trasladar al valor de la producción total una cantidad superior de valor procedente de esos medios de producción y al mismo tiempo una cantidad mayor de plusvalía derivada de la diferencia de valor que existe entre los salarios (capital variable) y el valor del nuevo producto, pero esto sólo por un tiempo. Esta nueva ganancia está determinada por la oportunidad de producir más justo en el momento requerido por el mercado. Luego, las cosas vuelven a ser como antes y se regresa al nivel habitual de la producción, pero ya se pudo elevar la ganancia total anual.

El outsourcing rebaja también el capital variable (salarios) invertido en la compra de fuerza de trabajo en tanto que suelen dejar de cubrirse cuotas patronales de seguridad social, impuestos, reparto de utilidades y otros gastos que son parte integrante de la remuneración del trabajo.

El sistema de outsourcing se ha desarrollado sobre el enorme desempleo formal que existe en el país desde hace décadas. Legiones de trabajadores eventuales, con salarios menores, sin derechos laborales, sin contrato colectivo ni medio alguno de defensa, son parte de un mundo aparte, diferente de lo que señala el orden jurídico y el derecho del trabajo. Todo, sobre la base de un alto desempleo estructural que provoca una competencia brutal entre los trabajadores.

La economía política también enseña que el desempleo y el subempleo son en realidad una parte de la acumulación de capital en tanto permiten la expansión. Cuando un capitalista (persona o empresa) requiere trabajadores para aumentar su producción (rama de servicios incluida) tiene un mercado siempre abierto. En el outsourcing ocurre el milagro de que esa expansión puede ser sólo por un tiempo determinado y con menores costos salariales.

Es claro que existe el fenómeno, aún más grotesco, de tener bajo el mismo techo a trabajadores contratados por la empresa y a aquellos proveídos por el subcontratista pero en forma permanente. Esta es quizá la parte más extendida del método del outsourcing, el cual abarca la industria, el comercio, los servicios, la banca, el Estado. Está por todas partes.

La amplitud del outsourcing es también producto de la debilidad de los sindicatos, los cuales han entrado en la peor de las crisis desde el momento en que se hundió el Estado corporativo priista y cada central o sindicato nacional se refugió dentro de los muros de su estrecho y lucrativo recinto. De tanto dejar de luchar por los derechos generales de los trabajadores, los sindicatos se convirtieron en corporaciones promocionales de sus integrantes y jugosos negocios de sus líderes.

En realidad, una parte del capital invertido en salarios no va a parar a manos de quienes realmente laboran sino de sus líderes. Al patrono le da igual si el dinero llega al bolsillo de cada obrero o se lo entrega a los líderes, a través de toda clase de convenios o como sencillo embute. Lo que no le es indiferente es que con la compra de los jefes sindicales resuelve algunos problemas y puede lograr, entre otras cosas, que se le permita el outsourcing.

En alguna medida el capitalismo mexicano es más desastroso porque el charrismo sindical y el sindicalismo blanco (son casi lo mismo) se convirtieron en un defecto social con gravísimas consecuencias económicas y en un elemento más del Estado corrupto mexicano.

Otro tema es que siendo el outsourcing una práctica que, según la ley, podría ser regulada por las autoridades del trabajo, no ocurre así ni se podría, ya que no hay inspectores suficientes para ello. La operación gubernamental para defender derechos sociales es muy débil en el país porque así se quiso que fuera durante muchas décadas.

Encima de todo, la subcontratación permite que con mayor facilidad funcione la evasión fiscal en varias de sus modalidades como ya se ha mencionado por parte de las autoridades.

La iniciativa presidencial para prohibir el outsourcing se envió a la Cámara luego de que las negociaciones en el Senado fracasaron porque estaban embarazadas de simulación e hipocresía. Ha sido mucho mejor alojar el diálogo en Palacio Nacional a partir de un proyecto inicial muy preciso.

Como vemos, el outsourcing se ha convertido en un mal agudo en el que se concentran varios de los grandes problemas del México de nuestros días. Hay enfermedades cuya cura requiere una cirugía mayor. Es el caso.

Esta no es una crisis económica

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El mayor problema de algunos economistas y no pocos periodistas, así como de muchos políticos, es creer que vivimos una crisis económica en vez de un parón por decreto de Estado.

No puede haber crisis económica sin biografía. Todas inician antes de que las personas puedan darse cuenta del carácter de sus precursores. Siempre hay fenómenos económicos y sucesivas decisiones políticas que al final llevan a una crisis.

No conviene confundir un parón económico por decreto con una crisis económica. El primero es consecuencia de una decisión de gobierno, mientras el segundo es resultado de una compleja relación entre múltiples factores, con frecuencia estructurales, acumulados paulatinamente.

Este asunto no tendría relevancia si no fuera por la necedad de analizar la caída decretada de la producción y los servicios a través de métodos y herramientas surgidos de las crisis económicas. Como se trata de dos situaciones diferentes, se ha producido un problema epistémico. Es decir, hay formas diferentes de conocer una realidad nueva sólo aparentemente igual a otras anteriores. Mas la baja del PIB en la dimensión en curso, como producto de un decreto, no es un fenómeno desencadenado y desencadenante.

La mitad de los empleos suspendidos durante tres meses se recuperó en un mes. Pocos creyeron que eso pudiera ocurrir porque sólo recuerdan las crisis económicas, pero no los parones decretados por pandemia, el último de los cuales quizá fue en 1918.

No obstante, frente a la baja de la producción y los servicios se sigue proponiendo que el gobierno se endeude mucho más de lo programado para cubrir la entrega de inusitados subsidios fiscales y ofrecer garantías sobre créditos privados. Desde las oposiciones, nadie propone que se invierta más en infraestructura. Por el contrario, se quiere que se desinvierta en los proyectos en curso en aras de brindar subsidios en el pago de impuestos.

La idea de un mayor endeudamiento público sigue en la primera línea de la discusión doméstica debido a la insistencia de la patronal y de las oposiciones políticas. Esto ocurre sin que los proponentes consideren la prohibición constitucional de contratar crédito para cubrir gastos que no sean de inversión productiva.

Como la Constitución no sirve para los propósitos del endeudamiento extraordinario, veamos si el nuevo mega crédito propuesto pudiera ayudar a la economía a mediano plazo. Los activos de mexicanos en el exterior, menos los activos mexicanos en poder de extranjeros, incluida la deuda correspondiente, tiene un déficit de 52.1%. O sea, los mexicanos tienen afuera poco menos de la mitad de lo que poseen los extranjeros en activos mexicanos (Posición de Inversión Internacional Neta –NIIP-). Menos mal que no estamos en el déficit de 73.5 que tiene España, cuya deuda pública ya rebasó el 100% de su PIB.

Esta situación es «manejable» a la luz de otros indicadores, según consideran los analistas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la prima de riesgo neta de la deuda de México es muy alta, mayor que la de España. Eso es lo que le duele a los mexicanos porque pagan más por lo mismo. El FMI parece soslayar que las migraciones de capital desde México no regresan al primer estímulo pues se realizan pensando en un futuro indefinido, como lo ha demostrado la escasa respuesta a las amnistías fiscales ilegalmente decretadas por el gobierno anterior. Además, los bonistas domésticos se comportan con frecuencia como externos, así que los acreedores del Estado mexicano residentes en México pueden al día siguiente aparecer con una cuenta en alguna financiera estadounidense, como si fueran extranjeros, lo cual se observa con harta frecuencia desde aquel 1982, cuando «ya nos saquearon». Tenemos mercados integrados pero muy diferenciados. El mismo FMI insiste, respecto de México, que «los grandes pasivos brutos de la cartera extranjera (y buena parte de la nacional, habría que agregar) son fuente de vulnerabilidad en situación de volatilidad financiera global.» Lo sabemos de sobra.

Al margen de esta situación, el NIIP no es tan malo para un país como México. Sin embargo, ayuda a generar unas tasas de interés usurarias. Cuando en Europa y Estados Unidos el interés ronda el cero por ciento, México, con 3% de inflación, tiene una carga pesada que ha orillado a un superávit primario en el presupuesto, lo cual indica que el Estado está recogiendo de la sociedad más dinero que el devuelto a ella. Todo en aras de contener la carga de la deuda que tiende a reproducirse incesantemente por sí misma. La cuestión no reside en cuánto debes sino en cuánto pagas de intereses. Si se decreta una explosión del débito, pronto habrá otra del pago de altos intereses y, entonces, se tendrían que reducir inversiones públicas y gasto social. Ya está cantado por parte de varias calificadoras internacionales que México perderá el próximo año el grado de inversión debido al débito petrolero, es decir, aconsejarán no adquirir y deshacerse de bonos mexicanos.

El crédito neto es un anticipo de ingresos y, en términos económicos (empresarial o estatal), la ocasión de ampliar la inversión siempre que su resultado permita cubrir el llamado costo financiero (compartir ganancias con los dueños del dinero), pero, al mismo tiempo, dejar puesto un valor mayor. Si, por el contrario, el monto de los intereses rebasa la ganancia, entonces se trabaja exclusivamente para el prestamista y se arroja una pérdida. Este problema se resuelve en el plano de la economía pública cuando los empréstitos detonan el crecimiento, en forma directa o indirecta, para generar más producción y, por esa vía, una mayor masa de impuestos, siempre por encima de los intereses pagados. Pero eso es justo lo que no ocurre cuando el Estado destina el débito a cubrir consumos improductivos. Es por tal razón que esto último no está permitido en la Constitución, la cual, al respecto, siempre fue violada.

El Fobaproa (IPAB) fue un nuevo endeudamiento por 100 mil millones de dólares, absolutamente inconstitucional. Deudas privadas convertidas en públicas por decreto del Congreso. ¿Cómo se «detonó» la economía? De ninguna forma, como no fuera con una restricción del gasto programable. La alternativa no era dejar que los dos bancos grandes que seguían vivos quebraran finalmente, sino que los activos inyectados por el gobierno no fueran regalos sino inversiones públicas en acciones bancarias sin derechos corporativos, cuyas regalías se acumularan hasta el momento de su amortización. Con el resto de los bancos que sí quebraron, el Estado formaría uno solo para resarcir quebrantos a través del tiempo. Esas propuestas, las cuales presenté en la Cámara de Diputados, fueron consideradas estrafalarias, según afirmó José Ángel Gurría, entonces secretario de Hacienda. Japón y, luego, Estados Unidos sí hicieron eso con medianos resultados, pero al menos no perdieron tanto como México. Más de 20 años después seguimos pagando intereses mes con mes, pero Bancomer y Banamex (BBVA y City Bank), poseedores de bonos Fobaproa, disfrutan de enormes ganancias, porcentualmente mayores que las de sus sedes en Madrid y Nueva York. En México no hemos tenido banca propiamente dicha sino usura. Así funcionan los esquemas monopólicos con ausencia de regulaciones del Estado.

El FMI, el cual también ha estado indicando que México tome crédito internacional, plantea que el gobierno lleve a cabo dos acciones: 1) reformas fiscales inclusivas y a favor del crecimiento, y 2) revitalizar las reformas estructurales a mediano plazo para mejorar la competitividad y el clima de inversión.

En el primer tema, el Congreso debería revisar los gastos fiscales para eliminar viejos privilegios que nunca se han justificado. Sin embargo, la política del gobierno aconseja esperar para hacer un ajuste en las tarifas sobre la renta, hacia arriba en los ingresos altos y a la baja en los medios.

En cuanto al segundo tema, sería muy difícil que cuando Pemex tiene ya un 23% de rendimiento (antes de impuestos y costo de la deuda), frente a 17% de Chevron, 12% de Total y 10% de ENI, BP, Repsol y Exxon, tuviéramos que volver a intentar matar a la gallina, la cual, además, tiene los menores costos de operación (68%) en relación con las grandes petroleras mundiales (85%). Toda la deuda de Pemex es del gobierno desde hace casi 40 años. Para contratar ilegalmente créditos para gasto corriente, los presidentes le quitaban a Pemex la mayor parte de sus ingresos y le obligaban a realizar sus inversiones con operaciones de deuda, las cuales hubieran sido innecesarias bajo un régimen fiscal diferente, sin dejar de recoger participaciones para el Estado. Así que, ahora, Pemex tiene que hacer malabares para cubrir intereses sobre lo que en verdad no debe, para solventar ilegalidades de los gobiernos anteriores que se fueron sin pagar.

Para hablar de endeudamiento excesivo, la experiencia Argentina es aleccionadora, con 9 default en su historia. El último ha culminado mediante un acuerdo con los acreedores extranjeros. Argentina no podía pagar los intereses de su deuda externa, con una tasa media de interés del 7% (mayor de la mexicana). Se ha llegado al acuerdo de reducir el monto del débito en poco más de la mitad y ubicar los intereses en 3%, lo cual conduce a dejar de pagar 30 mil millones de dólares durante los próximos 10 años.

La deuda pública central total de Argentina, unos 400 mil millones de dólares, es equivalente al 90% de su Producto Interno Bruto (en México es del 52%). Aquel país del sur lleva tres años en recesión con una devaluación de 80% en los últimos cinco años. Su anterior presidente contrató 44 mil millones de dólares con el FMI, los cuales se destinaron principalmente a defender el peso, es decir, a cubrir la compra de dólares que se fueron de regreso con el eterno agradecimiento de los más ricos del país.

Lo peor no estriba en los números macroeconómicos sino en el inmenso costo de esa crisis en términos sociales: otro volver atrás. Esta historia no es diferente a otras vividas en América Latina, México incluido, donde a partir de los tesobonos (que no eran otra cosa que deuda en dólares) se precipitó alguna vez (1994-95) una crisis financiera internacional denominada Efecto Tequila, pero conocida dentro del país como «el error de diciembre». Emigraban los dólares hacia el norte mientras el Estado iba perdiendo capacidad para garantizar el cambio de moneda. Como había ocurrido en 1982, no había con qué pagar. El peso cayó, las tasas internas de interés se revolucionaron, los deudores debían súbitamente más que el importe del préstamo original, la producción disminuyó (el famoso PIB), los bancos quebraron, la inflación acabó con gran parte de los ahorros líquidos y disminuyó la capacidad adquisitiva de los salarios. Al final, México hizo reconversión de deudas, pero ya había cosechado desgracias pocas veces vistas.

Para volver al tema de inicio de este artículo, México no debería cometer los mismos errores que suelen verse en las crisis económicas y, justo porque no vivimos una de esas sino un parón decretado debido a un gran problema de salud carente de causa económica, mucho menos debemos usar técnicas puestas en práctica en el pasado que han sido con frecuencia dañosas.

Como en realidad no estamos inmersos en la parte recesiva de un ciclo de la economía, hay que reconocer a plenitud que la economía no se «mueve sola», sino que, con entera pena y mucha esperanza, la manipula el Consejo de Salubridad y, ahora, también los gobiernos locales, para proteger la salud.

De por sí nuestra deuda crece rápido. No le metamos velocidad sin causa productiva alguna.

Salario y productividad

Cuando los salarios son bajos por decreto del Estado lo que ocurre es que el trabajo se deteriora, se descalifica. Muchos capitalistas se encuentran felices de pagar salarios bajos pero la productividad de sus trabajadores suele ser también baja. La tasa de plusvalor en los sectores de bajos salarios es menor que en los sectores de mayores remuneraciones y, por tanto, la tasa de explotación es también menor. Pero nuestro pequeño o mediano capitalista no se da cuenta de esto porque su masa de ganancia la utiliza con frecuencia para ahorrar en otro lado y para gastarla en lugar de invertir bajo nuevas pautas técnicas. Estará muy feliz en tanto que los salarios pagados sean bajos y se mantenga su tasa histórica de ganancia. Tiene que surgir un poderoso movimiento sindical que le haga entender que los bajos salarios que paga no le ayudan a realizar mejor sus funciones de explotador del trabajo ajeno mientras las grandes ganancias se concentran y centralizan en pocas manos de tal manera que el proceso de acumulación de capital se dirige desde unas cuantas corporaciones. Lo malo es que ese movimiento sindical no ha surgido.

La renovada tesis dogmática de que para aumentar los salarios (sanamente, Carstens dixit) se requiere que antes se eleve la productividad del trabajo asalariado es como la pregunta sobre el huevo y la gallina, o sea, es no comprender nada. El esquema de salarios bajos se basa en el trabajo menos calificado, es decir, con menor capacidad productiva, con menos generación de plusvalor por unidad de capital invertido en salarios (tasa de plusvalor), con trabajadores menos explotados pero quizá más simpáticos porque aguantan todo aunque viven muy mal. Lo sensacional es que esta tesis es también asumida por algunos líderes de la UNT (sí, Unión Nacional de Trabajadores), además de la CTM y otras centrales charras.

Quienes defienden los salarios bajos en realidad defienden una tasa general de ganancia que no es compatible con una mayor productividad o, dicho en otros términos, la ganancia por unidad monetaria invertida se basa en el bajo salario mucho más que en un incremento de la capacidad productiva del trabajo social. Existe una especie de artificio que es el decreto de control salarial, el cual opera siempre en contra de los trabajadores cuando en realidad eso del salario mínimo por ley ha sido planteado históricamente para dar una garantía a los trabajadores y atenuar la competencia entre éstos, la cual tiene en parte su base en el desempleo. Hoy, en México, el salario mínimo se ha convertido en lo contrario de lo que es en muchos otros países pues, si no existiera, no podría haber otro menor. Pero también juega un papel de control salarial sobre las percepciones contractuales, es decir, sobre los salarios en general.

Durante décadas, los salarios mínimos y la mayoría de los otros salarios han crecido por debajo de la inflación (han decrecido en términos reales), muchos de ellos también por debajo del aumento en la productividad, pero entonces no se dijo que tal salariocidio era inconveniente para la economía. Hoy, se dice que primero debe aumentar la productividad y, después, si acaso, el salario. Se mantiene el mismo círculo vicioso típico de esa rastacuera burguesía y sus políticos, con el cual han condenado al país a la paralización y la pobreza.

Cualquier política de bajos salarios impide el crecimiento de la productividad del trabajo y la ampliación del mercado interno. Como en México la única política productiva se llama NAFTA, entonces al gobierno y a la patronal les importa un comino el salario miserable y el estancamiento de la demanda doméstica.

Salario y ganancia

Cada año se le recorta al salario mínimo una parte de su valor mediante un sencillo decreto emitido por un organismo del Estado que sirve para expresar el acuerdo entre el gobierno y la patronal. Como se paga el salario mínimo oficial a relativamente pocos trabajadores, se olvida pronto que tiene en sí mismo un impacto y que el mínimo en verdad general está entre dos y tres salarios legales de tal forma que al mantener a la baja el SMG se rebaja también el salario mínimo funcional. En palabras más sencillas, cada año bajan los salarios de los trabajadores en general. El verdadero debate se encuentra en eso.

Una de las fórmulas mexicanas para sostener la inversión ha sido el defender las tasas de ganancia de las empresas pequeñas y medianas. El bajo salario de los trabajadores ha sido un instrumento de ese objetivo de política económica. Se trata en efecto de un mecanismo consistente en la determinación legal del salario mínimo y el establecimiento del llamado tope salarial que tiende a igualar el incremento nominal anual.

La desproporción se encuentra ubicada en la tasa de ganancia, es decir la utilidad neta obtenida por cada peso de inversión en el año. La política salarial ha defendido una determinada tasa media de ganancia que se cree permite la rentabilidad de la generalidad de los negocios. Muchos trabajadores calificados prefieren el trabajo eventual e informal que el de fábrica justamente por el bajo salario, mientras que los trabajadores no calificados generan una competencia muy fuerte en el mercado laboral porque son demasiados y ganan muy poco. En conclusión, el sistema no funciona para promover el trabajo calificado, lo cual perjudica el nivel de productividad de la economía. Todo ello en aras de una solución aparentemente fácil pero falsa al problema de la tasa media de ganancia.

Esa política salarial es defendida a capa y espada por el gobierno y la patronal como si se tratara de una tabla de salvación del capitalismo. La necedad de nuestra burguesía es verdaderamente ineluctable. El salario debe corresponder a una tasa media de ganancia que no impida otras tasas mucho mayores en función de la productividad del trabajo. Lo que ocurre en México es que el reducido salario tiende a nivelar a las empresas en forma tal que las pequeñas tienen unas tasas de ganancia demasiado altas, más allá de lo que es natural en esta clase de negocios. Para obtener una ganancia suficiente que permita el funcionamiento de un changarro se necesita una tasa enorme pero en México ésta se define sólo por el bajo salario del trabajador, de tal manera que la pobreza sostiene a un capitalismo de muy baja productividad. En consecuencia, importa menos el tamaño del mercado interno que la tasa histórica de ganancia con lo cual se renuncia a la expansión.

Los partidarios de la actual política salarial siguen sosteniendo el viejísimo dogma (siglo XVIII) de que los precios de las mercancías se determinan o regulan por los salarios, con el cual lo único que hacen es condenar al capitalismo mexicano a su mediocridad al no entender que, por regla general, el trabajo mejor retribuido produce mercancías más baratas y el peor retribuido produce mercancías más caras, lo cual de ninguna forma explica que el trabajo mal pagado y el mejor remunerado determinen los diferenciales de precio de las respectivas mercancías y servicios, pero sí demuestra que el salario no es el factor determinante de los precios.

La solución estriba en una nueva política salarial que permita, en primer lugar, la recuperación del salario pues éste ha perdido demasiado en los últimos lustros. En segundo lugar, se deben impulsar remuneraciones más vinculadas a la capacidad productiva del trabajo industrial y a los requerimientos modernizadores de los servicios. Mas, para ser sinceros, eso no podría ser posible sin que la izquierda tome el poder político.

¿Informalidad, enemiga?

En acto de pura parafernalia, el gobierno federal anunció una campaña a favor del empleo formal y para dejar atrás —se dijo— a esa enemiga de los trabajadores que es la informalidad. Por lo visto, si no fuera por el trabajo informal, la mayoría de los trabajadores carecería de enemigo pero también de empleo.

El empleo informal es irregular en tanto que está fuera del sistema fiscal y de la ley laboral, pero es del todo regular al tener un enorme peso en la economía y ser producto del sistema social. Es la válvula de escape de un capitalismo extremista en el que imperan los bajos salarios —eso sí, muy formales— y una pésima distribución del ingreso. Sin trabajo informal no podría funcionar ese capitalismo bestial porque el sistema formal carece de capacidad para crecer al ritmo de la realidad social.

Como es obvio, no hay otra forma de bajar la cifra de informalidad más que aumentando relativamente la de formalidad, pero para ello se requieren más empleos y mejores salarios, lo cual es justamente lo que no ocurre ni es parte de la política general del gobierno. Lo peor del acto de parafernalia fue que se realizó apenas se dieron a conocer las cifras del empleo formal, que van a la baja.

Otro problema es que la informalidad es producto también de la economía ilegal, es decir, de aquella que es formal e informal a la vez. Todo el outsourcing era hasta hace poco ilegal y lo sigue siendo en tanto que, entre otras cosas, no se pagan contribuciones de seguridad social. Empresas que tienen a la vez trabajadores formales e informales están en la economía informal sin que ningún gobernante se preocupe en lo más mínimo. ¿Qué son por ejemplo los cerillos de los supermercados sino personas sujetas a una relación de trabajo en la que se les admite, se les dirige y se les despide por la empresa? Mas existen otros sistemas mucho más extendidos sin que se les denuncie, mucho menos por ese sindicalismo gremialista que no mira más allá de su propio contrato.

Mientas tanto, en amplias zonas del campo predomina la informalidad con jornaleros sin derechos y con muy bajos salarios que son sometidos a contratos verbales tanto por pequeños propietarios como por ejidatarios que en sí mismos están en la economía formal y promueven la informal. Tiempos de siembras y de cosechas son momentos en los cuales la parte agraria del país se mira en el espejo del capitalismo del siglo XVIII.

¿El gobierno va a perseguir la informalidad que existe dentro de la formalidad? Claro que no. El gobierno lamenta el trabajo informal pero no hará la menor acción política concreta contra el mismo. México es en muchos aspectos un país informal donde es irrisoria la parafernalia del Estado, es decir, su formalidad oficial solemne. Se hacen muchas ceremonias pero no existe una política social de profundidad. Es más, sin el nivel de la llamada informalidad económica no existiría el sistema actual que ha sido incapaz de ofrecer empleo a la mayoría.

Así, el verdadero mayor enemigo de los trabajadores es el capitalismo desregulado y depredador. El gobierno de las parafernalias es su mejor aliado.