El mayor problema de algunos economistas y no pocos periodistas, así como de muchos políticos, es creer que vivimos una crisis económica en vez de un parón por decreto de Estado.
No puede haber crisis económica sin biografía. Todas inician
antes de que las personas puedan darse cuenta del carácter de sus precursores. Siempre
hay fenómenos económicos y sucesivas decisiones políticas que al final llevan a
una crisis.
No conviene confundir un parón económico por decreto con una crisis económica. El primero es
consecuencia de una decisión de gobierno, mientras el segundo es resultado de
una compleja relación entre múltiples factores, con frecuencia estructurales,
acumulados paulatinamente.
Este asunto no tendría relevancia si no fuera por la necedad
de analizar la caída decretada de la producción y los servicios a través de métodos
y herramientas surgidos de las crisis económicas. Como se trata de dos
situaciones diferentes, se ha producido un problema epistémico. Es decir, hay
formas diferentes de conocer una realidad nueva sólo aparentemente igual a otras
anteriores. Mas la baja del PIB en la dimensión en curso, como producto de un
decreto, no es un fenómeno desencadenado y desencadenante.
La mitad de los empleos suspendidos durante tres meses se
recuperó en un mes. Pocos creyeron que eso pudiera ocurrir porque sólo
recuerdan las crisis económicas, pero no los parones decretados por pandemia,
el último de los cuales quizá fue en 1918.
No obstante, frente a la baja de la producción y los
servicios se sigue proponiendo que el gobierno se endeude mucho más de lo programado
para cubrir la entrega de inusitados subsidios fiscales y ofrecer garantías
sobre créditos privados. Desde las oposiciones, nadie propone que se invierta
más en infraestructura. Por el contrario, se quiere que se desinvierta en los
proyectos en curso en aras de brindar subsidios en el pago de impuestos.
La idea de un mayor endeudamiento público sigue en la primera
línea de la discusión doméstica debido a la insistencia de la patronal y de las
oposiciones políticas. Esto ocurre sin que los proponentes consideren la
prohibición constitucional de contratar crédito para cubrir gastos que no sean
de inversión productiva.
Como la Constitución no sirve para los propósitos del
endeudamiento extraordinario, veamos si el nuevo mega crédito propuesto pudiera
ayudar a la economía a mediano plazo. Los activos de mexicanos en el exterior,
menos los activos mexicanos en poder de extranjeros, incluida la deuda
correspondiente, tiene un déficit de 52.1%. O sea, los mexicanos tienen afuera poco
menos de la mitad de lo que poseen los extranjeros en activos mexicanos (Posición
de Inversión Internacional Neta –NIIP-). Menos mal que no estamos en el déficit
de 73.5 que tiene España, cuya deuda pública ya rebasó el 100% de su PIB.
Esta situación es «manejable» a la luz de otros
indicadores, según consideran los analistas del Fondo Monetario Internacional
(FMI). Sin embargo, la prima de riesgo neta de la deuda de México es muy alta, mayor
que la de España. Eso es lo que le duele a los mexicanos porque pagan más por
lo mismo. El FMI parece soslayar que las migraciones de capital desde México no
regresan al primer estímulo pues se realizan pensando en un futuro indefinido,
como lo ha demostrado la escasa respuesta a las amnistías fiscales ilegalmente
decretadas por el gobierno anterior. Además, los bonistas domésticos se
comportan con frecuencia como externos, así que los acreedores del Estado
mexicano residentes en México pueden al día siguiente aparecer con una cuenta
en alguna financiera estadounidense, como si fueran extranjeros, lo cual se
observa con harta frecuencia desde aquel 1982, cuando «ya nos
saquearon». Tenemos mercados integrados pero muy diferenciados. El mismo
FMI insiste, respecto de México, que «los grandes pasivos brutos de la
cartera extranjera (y buena parte de la nacional, habría que agregar) son
fuente de vulnerabilidad en situación de volatilidad financiera global.»
Lo sabemos de sobra.
Al margen de esta situación, el NIIP no es tan malo para un
país como México. Sin embargo, ayuda a generar unas tasas de interés usurarias.
Cuando en Europa y Estados Unidos el interés ronda el cero por ciento, México,
con 3% de inflación, tiene una carga pesada que ha orillado a un superávit
primario en el presupuesto, lo cual indica que el Estado está recogiendo de la
sociedad más dinero que el devuelto a ella. Todo en aras de contener la carga
de la deuda que tiende a reproducirse incesantemente por sí misma. La cuestión
no reside en cuánto debes sino en cuánto pagas de intereses. Si se decreta una
explosión del débito, pronto habrá otra del pago de altos intereses y, entonces,
se tendrían que reducir inversiones públicas y gasto social. Ya está cantado
por parte de varias calificadoras internacionales que México perderá el próximo
año el grado de inversión debido al
débito petrolero, es decir, aconsejarán no adquirir y deshacerse de bonos mexicanos.
El crédito neto es un anticipo de ingresos y, en términos económicos
(empresarial o estatal), la ocasión de ampliar la inversión siempre que su
resultado permita cubrir el llamado costo financiero (compartir ganancias con
los dueños del dinero), pero, al mismo tiempo, dejar puesto un valor mayor. Si,
por el contrario, el monto de los intereses rebasa la ganancia, entonces se
trabaja exclusivamente para el prestamista y se arroja una pérdida. Este
problema se resuelve en el plano de la economía pública cuando los empréstitos detonan el crecimiento, en forma directa
o indirecta, para generar más producción y, por esa vía, una mayor masa de
impuestos, siempre por encima de los intereses pagados. Pero eso es justo lo
que no ocurre cuando el Estado destina el débito a cubrir consumos improductivos.
Es por tal razón que esto último no está permitido en la Constitución, la cual,
al respecto, siempre fue violada.
El Fobaproa (IPAB) fue un nuevo endeudamiento por 100 mil
millones de dólares, absolutamente inconstitucional. Deudas privadas
convertidas en públicas por decreto del Congreso. ¿Cómo se «detonó» la economía? De ninguna
forma, como no fuera con una restricción del gasto programable. La alternativa
no era dejar que los dos bancos grandes que seguían vivos quebraran finalmente,
sino que los activos inyectados por el gobierno no fueran regalos sino
inversiones públicas en acciones bancarias sin derechos corporativos, cuyas
regalías se acumularan hasta el momento de su amortización. Con el resto de los
bancos que sí quebraron, el Estado formaría uno solo para resarcir quebrantos a
través del tiempo. Esas propuestas, las cuales presenté en la Cámara de
Diputados, fueron consideradas estrafalarias, según afirmó José Ángel Gurría,
entonces secretario de Hacienda. Japón y, luego, Estados Unidos sí hicieron eso
con medianos resultados, pero al menos no perdieron tanto como México. Más de
20 años después seguimos pagando intereses mes con mes, pero Bancomer y Banamex
(BBVA y City Bank), poseedores de bonos Fobaproa, disfrutan de enormes
ganancias, porcentualmente mayores que las de sus sedes en Madrid y Nueva York.
En México no hemos tenido banca propiamente dicha sino usura. Así funcionan los
esquemas monopólicos con ausencia de regulaciones del Estado.
El FMI, el cual también ha estado indicando que México tome
crédito internacional, plantea que el gobierno lleve a cabo dos acciones: 1) reformas
fiscales inclusivas y a favor del crecimiento, y 2) revitalizar las reformas estructurales
a mediano plazo para mejorar la competitividad y el clima de inversión.
En el primer tema, el Congreso debería revisar los gastos
fiscales para eliminar viejos privilegios que nunca se han justificado. Sin
embargo, la política del gobierno aconseja esperar para hacer un ajuste en las
tarifas sobre la renta, hacia arriba en los ingresos altos y a la baja en los
medios.
En cuanto al segundo tema, sería muy difícil que cuando Pemex
tiene ya un 23% de rendimiento (antes de impuestos y costo de la deuda), frente
a 17% de Chevron, 12% de Total y 10% de ENI, BP, Repsol y Exxon, tuviéramos que
volver a intentar matar a la gallina, la cual, además, tiene los menores costos
de operación (68%) en relación con las grandes petroleras mundiales (85%). Toda
la deuda de Pemex es del gobierno desde hace casi 40 años. Para contratar
ilegalmente créditos para gasto corriente, los presidentes le quitaban a Pemex la
mayor parte de sus ingresos y le obligaban a realizar sus inversiones con
operaciones de deuda, las cuales hubieran sido innecesarias bajo un régimen
fiscal diferente, sin dejar de recoger participaciones para el Estado. Así que,
ahora, Pemex tiene que hacer malabares para cubrir intereses sobre lo que en
verdad no debe, para solventar ilegalidades de los gobiernos anteriores que se
fueron sin pagar.
Para hablar de endeudamiento excesivo, la experiencia Argentina
es aleccionadora, con 9 default en su
historia. El último ha culminado mediante un acuerdo con los acreedores
extranjeros. Argentina no podía pagar los intereses de su deuda externa, con
una tasa media de interés del 7% (mayor de la mexicana). Se ha llegado al
acuerdo de reducir el monto del débito en poco más de la mitad y ubicar los
intereses en 3%, lo cual conduce a dejar de pagar 30 mil millones de dólares
durante los próximos 10 años.
La deuda pública central total de Argentina, unos 400 mil
millones de dólares, es equivalente al 90% de su Producto Interno Bruto (en
México es del 52%). Aquel país del sur lleva tres años en recesión con una
devaluación de 80% en los últimos cinco años. Su anterior presidente contrató
44 mil millones de dólares con el FMI, los cuales se destinaron principalmente
a defender el peso, es decir, a
cubrir la compra de dólares que se fueron de regreso con el eterno
agradecimiento de los más ricos del país.
Lo peor no estriba en los números macroeconómicos sino en el
inmenso costo de esa crisis en términos sociales: otro volver atrás. Esta historia no es diferente a otras
vividas en América Latina, México incluido, donde a partir de los tesobonos (que
no eran otra cosa que deuda en dólares) se precipitó alguna vez (1994-95) una
crisis financiera internacional denominada Efecto
Tequila, pero conocida dentro del país como «el error de
diciembre». Emigraban los dólares hacia el norte mientras el Estado iba
perdiendo capacidad para garantizar el cambio de moneda. Como había ocurrido en
1982, no había con qué pagar. El peso cayó, las tasas internas de interés se
revolucionaron, los deudores debían súbitamente más que el importe del préstamo
original, la producción disminuyó (el famoso PIB), los bancos quebraron, la
inflación acabó con gran parte de los ahorros líquidos y disminuyó la capacidad
adquisitiva de los salarios. Al final, México hizo reconversión de deudas, pero
ya había cosechado desgracias pocas veces vistas.
Para volver al tema de inicio de este artículo, México no
debería cometer los mismos errores que suelen verse en las crisis económicas y,
justo porque no vivimos una de esas sino un parón decretado debido a un gran
problema de salud carente de causa económica, mucho menos debemos usar técnicas
puestas en práctica en el pasado que han
sido con frecuencia dañosas.
Como en realidad no estamos inmersos en la parte recesiva de un ciclo de la economía, hay que reconocer a plenitud que la economía no se «mueve sola», sino que, con entera pena y mucha esperanza, la manipula el Consejo de Salubridad y, ahora, también los gobiernos locales, para proteger la salud.
De por sí nuestra deuda crece rápido. No le metamos velocidad
sin causa productiva alguna.