Archivo de la categoría: educación

El Memorándum de AMLO: de la forma al fondo

Algunos, los conservadores, no se han dado cuenta de que la manera de hacer política está cambiando en aras de que cambie el contenido de la misma, el fondo. No se trata de que ese cambio sea bueno nomás por serlo, pero de que hay cambio, lo hay.

El presidente ha firmado un documento insólito: un Memorándum público dirigido a una secretaria y dos secretarios de Estado, recordándoles la política administrativa que se habrá de aplicar en lo referente a la educación básica. Como eso es desusado, luego se ha señalado como «inconstitucional» por varios opositores y algunos críticos. Un ex ministro de la Suprema Corte dijo que era recurrible: lo es todo acto conocido de la autoridad.

Los presidentes mexicanos no tenían costumbre de recordar a sus subordinados el contenido de la política de manera pública más que cuando declaraban: «he dado instrucciones para…», pero, ¿sus órdenes estaban por escrito?

El Memorándum de AMLO está firmado y es público porque es parte de una difícil negociación, en varias bandas, para abrogar la reforma educativa de Peña Nieto, tal como lo dice el texto presidencial. Ese es el fondo.

Las oposiciones tienen una iniciativa conjunta. El SNTE, que no se movilizó contra aquella reforma, nunca ha estado de acuerdo con la misma. Se encuentran de manera relevante los maestros (CNTE) que lucharon arduamente contra ella y fueron víctimas de represalias administrativas y penales. Finalmente, está el bloque parlamentario mayoritario y el gobierno de López Obrador que buscan la manera de construir el acuerdo conveniente.

La iniciativa original enviada por el Ejecutivo ha sido modificada en un proceso enredado, pero el dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados no es del todo el texto que se requiere.

El Memorándum expresa algunos aspectos que no podrían ir tan claramente en un decreto de reforma constitucional, tales como actos de política administrativa que son necesarios: revocar ceses, tratar de cancelar procesos penales, dejar de pagar a los «aviadores», centralizar la nómina, contratar prioritariamente a los egresados de las normales, entre otros aspectos.

El actual gobierno busca, como todo mundo sabe, la abrogación de la reforma educativa. Mientras tanto, hay que tomar algunas orientaciones, pero, sobre todo, advertir que, después de la aprobación del nuevo texto constitucional, la cauda dañina de la reforma va a quedar subsanada.

Políticos y juristas acartonados parecen no entender el contexto político. No existe en el Memorándum ningún acto de gobierno contrario a la Carta Magna porque, para empezar, no se trata de un decreto, sino de un recordatorio interno sobre la orientación política del Ejecutivo en el tema.

Si esos «especialistas» escandalizados quieren defender la reforma de Peña Nieto, tal como parece, que lo digan y veremos cual es el contenido del debate. Si defienden el método de la política en lo oscurito, como era antes, que lo señalen también. Si lo que molesta es que el Ejecutivo pueda dar a conocer públicamente orientaciones internas dirigidas a su gabinete y no sólo actos concretos, pues están viviendo en otra época.

Si en lugar de Memorándum ese texto hubiera sido el de un discurso, los objetores no habrían podido decir nada por falta de firma, es decir, de formalidad. Pero entonces no tendría el alcance que se le ha dado en el marco de las negociaciones entre bandos que no se tienen confianza entre sí.

Ya no son tiempos de aquella hipocresía bajo la cual las decisiones del presidente eran grises, de tal forma que, si  acaso generaban rechazo, la culpa era del secretario de Estado del ramo. «Reservar instancia», se decía, cuando se ejecutaba algo que podría luego ser rectificado por el superior, aunque éste lo hubiera decidido desde un principio. Pura forma.

En cuanto a motivar y fundar los textos oficiales, eso opera para las órdenes, decretos, resoluciones, contestaciones y cosas por el estilo, con el propósito de hacer valer los principios de legalidad y certeza. Pero no se puede estar hablando de la misma manera para todo memorándum interno del gobierno. Cuando alguno de los secretarios que recibieron el Memorándum dicte alguna resolución, entonces de seguro dirá bajo qué norma está actuando: así podrán los juristas acartonados tomarse la molestia de ir con los jueces.

Otros han dicho que el Memorándum no tiene importancia ni trascendencia porque no es una figura jurídica. Entonces, ¿por qué lo cuestionan?

Gracias al ruido desatado sobre el dichoso Memorándum, éste ha tenido mayor resonancia. Como la discusión sobre su legitimidad es algo que no puede conducir a ningún acuerdo, entonces se ha convertido en un instrumento político de mayor alcance. La discusión es algo que a México le había hecho falta durante décadas. Ahora se discute casi todo lo formal, hasta el tiempo que duran las conferencias mañaneras del nuevo presidente.

Sin embargo, en política la forma no es fondo; sólo el fondo lo es. Lo trascendente no es la forma de memorándum sino el contenido del texto firmado y, especialmente, lo que se va a hacer.

La pugna sobre el trabajo docente

El centro de la reforma al artículo 3º de la Constitución vuelve a ser el carácter del trabajo docente. Este tema oscurece el debate más general sobre el sistema educativo. Por ello, es preciso concluirlo pronto.

El punto es cómo se organiza el ingreso y la promoción a la carrera magisterial. La reforma de Peña Nieto montó un aparato de inspección, premiación y sanción sobre cada maestro y maestra. No era un sistema para evaluar colectivos y reformar contenidos y métodos, como se dijo, sino de reestructuración administrativa para aplicar una típica receta neoliberal basada en la competencia individual, con el máximo esfuerzo, para obtener mayor utilidad.

La nueva reforma que se procesa en el Congreso postula que el ingreso, la promoción y el reconocimiento de los maestros y directivos se base en procesos de selección marcados por la ley sin que éstos se encuentren vinculados a la permanencia de los maestros y maestras en el empleo. Es decir, que la legislación no sea punitiva ni el sistema sea vertical.

La cuestión consiste entonces en que los sindicatos no podrían proponer candidatos a ingresar a la docencia o a desempeñar puestos de dirección y de supervisión. Se crearía, por tanto, un derecho académico-profesional, paralelo a los derechos laborales. Desde luego que va a existir un cruce conflictivo entre ambos derechos, como ocurre en las universidades autónomas, pero no es aceptable seguir con la gremialización de la academia, mucho menos cuando predomina un sindicalismo corrompido.

Las instituciones de enseñanza superior no han estado a salvo de burocracias académicas que administran el ingreso y la definitividad de profesores e investigadores, pero al menos no se advierte un comercio de plazas como el que se produjo en el sistema educativo básico.

Crear una nueva ley para definir las instancias y procedimientos de ingreso, promoción y reconocimiento alcanzaría justificación plena sólo si se incorpora la participación de los maestros y maestras, es decir, si se construye un sistema democrático y horizontal. Como instancia burocrática, al estilo de la reforma de Peña Nieto, la carrera docente estaría destinada a ser de nuevo totalmente instrumental, sin relación sustantiva con el proceso educativo visto en su conjunto.

La CNTE tiene razón en temer que con una nueva ley se siga sin incorporar al magisterio en los diversos procesos de selección. No hay, por el momento, manera de convencer a esa organización sindical, o a cualquier otra, que se trata de lograr que los educadores como tales vayan reasumiendo la función propiamente educativa y propiciar que los sindicatos ejerzan bien su carácter de organizaciones democráticas de defensa laboral.

En otras palabras, no es aceptable que una burocracia política controle el sistema de ingreso y promoción, pero tampoco se puede consentir que los líderes sindicales –la otra burocracia— sigan gremializando el sistema educativo nacional.

Si la desconfianza principal consiste en el contenido de una nueva ley que habrá de expedirse en los próximos meses, nada de lo que se redacte en el actual proyecto de reforma constitucional podría superar por completo los temores al respeto.

En el estira y afloja de los textos del articulado podría avanzarse en los próximos días e, incluso, en la revisión en el Senado, pero la desconfianza no desaparecerá. La política en México ha sido conducida con engaño, mentira, alevosía, ilegalidad y cinismo. Pensar que, con el reciente cambio, la impronta del sistema político mexicano se ha adelgazado como para ser sustituida por un ambiente generalizado de lealtad, honradez, transparencia y legalidad, es sin duda un buen deseo, pero de seguro algo así ha de tardar años de arduo esfuerzo.

Mientras tanto, será indispensable que la nueva ley reglamentaria de la carrera docente, al ser expedida, contenga ya un cambio democrático en la política de admisión y promoción del magisterio. Algo que en verdad aporte al gran tema de la transformación de la escuela mexicana. Los educadores profesionales son quienes deben educar, pero, para esto, ellos deben alcanzar conciencia de tales.

Entonces se habrá de reformar otra vez el artículo 3º, con el fin de sentar ahí la base de una nueva organicidad de la conducción del proceso educativo a partir de los educadores y los alumnos, de verdaderas instancias académicas colegiadas. Será lo que el movimiento estudiantil planteó desde principios de los años sesenta del siglo XX: «una educación democrática, popular y científica.»

La bancarrota del sistema educativo

La profesión de maestro en la educación básica ha sido ubicada en el escalón más bajo del trabajo intelectual. Los educadores no son  considerados como tales sino que han sido sometidos a unas burocracias sindical y gubernamental desde donde se organiza la función educativa con una muy escasa participación del magisterio.

Las condiciones materiales de los planteles educativos se encuentran por lo regular también en la ruina. Los hay pobres y los demás son paupérrimos.

Los niveles en el aprendizaje de los educandos son bajos en comparación con los observados en otros países con desarrollo semejante al nuestro.

Para completar este deteriorado cuadro, la escuela mexicana es autoritaria y, en consecuencia, no prepara a la juventud para la democracia mediante el método de la conjunción de la teoría y la práctica.

Las y los educadores sólo intervienen mediante consejos técnicos escolares, sin tomar parte en las decisiones generales. Al carecer de parámetros educativos, maestros y maestras no cuentan con instrumentos para comparar a su propia escuela con otras y evaluar al sistema educativo en conjunto. No pueden, por tanto, hacer firmes propuestas de modificación del proceso educativo. No existen consejos académicos propiamente dichos.

Durante muchos años, la ausencia de instancias de participación académica y técnica del profesorado contribuyó al gremialismo estrecho, sectario y corrupto, hostil a la democracia y, en consecuencia, orilló a la clausura de la intervención del magisterio en la forja de la materia de su propia profesión.

Muchas autoridades educativas no han sido profesores sino burócratas. El Estado no es quien debe educar sino ser educado. El Congreso debe proveer, el gobierno debe administrar.

Tampoco se integraron suficientes contenidos regionales a los programas de estudio ni se analizaron las problemáticas de los pueblos indígenas y sus derechos políticos y culturales.

El reconocimiento de que los educadores son aquellos integrantes activos del magisterio no debería ser indispensable, pero lo es, aquí y ahora, porque se niega en los hechos el carácter profesional de las maestras y maestros.

El acceso de las y los educadores a la formación académica debería ser un derecho garantizado por el Estado mediante todo un entramado institucional: la escuela de la escuela como proceso de continuo cambio e innovación.

Como trabajadores, las maestras y maestros fueron sometidos por el charrismo sindical, lo cual generó un desgastante proceso de resistencias en muchos lugares del país. Esto, como se sabe, se agudizó a partir de la reforma educativa del sexenio pasado. En lugar de construir las bases de la nueva escuela mexicana, se abrieron exámenes punitivos y promocionales a las y los educadores. La escuela, como tal, no fue evaluada y mucho menos reformada. Así ha llegado a la bancarrota.

Se precisa, por tanto, un acuerdo político nacional para acometer una transformación que abarque la reforma de la escuela y las garantías del derecho a la educación, otorgadas de manera siempre creciente por el Estado: abrir la educación, mejorar la escuela y garantizar la permanencia y éxito de los alumnos.

El magisterio y el alumnado deben ser los dos grandes protagonistas de la nueva escuela mexicana en un marco democrático y participativo.

Los gobernantes deben ser educados

Azorados algunos, preocupados otros, advierten que el próximo gobierno está dispuesto a cancelar la llamada reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto. El punto de inicio del debate ha sido el de que la Constitución fue cambiada para agregar algo que no pone ni quita nada a la educación pública, a saber, que la autoridad es la encargada de contratar a los profesores.

Además, fue creado por disposición constitucional un instituto de evaluación que suele existir en otros países pero que sólo en México ha de integrarse como si fuera la suprema corte de justicia, a propuesta del Ejecutivo y con el voto de las dos terceras partes de los senadores, cuyas funciones son «diseñar mediciones», «expedir lineamientos» de evaluación y «generar y difundir información.» Todo lo cual se puede hacer sin tanta pompa y costo.

No era necesario modificar la Constitución si no hubiera sido porque el gobierno de Peña Nieto no encontró otra forma de encararse con el SNTE, sindicato con dirección «charra» con canonjías concedidas por los sucesivos gobiernos (del PRI y del PAN) para designar directores hasta el nivel de subsecretario de educación básica. En cuanto a los «comisionados» de dicho sindicato (burócratas que cobran pero no dan clases), las cosas no parecen haber cambiado demasiado.

Las leyes reglamentarias de dicha reforma constitucional son en realidad el problema mayor porque, entre otras cosas, establecen un sistema de evaluación que premia a algunos profesores con incrementos de sueldo mientras que a los demás los deja igual. Esto no es compatible con la Constitución porque el trabajo es igual pero el sueldo no, aún con antigüedades idénticas.

Los profesores, oficialistas y disidentes, consideran que el sistema impuesto por Peña Nieto es punitivo, es decir, castiga sin evaluar la educación, en otras palabras, evalúa a cada maestro sin tomar en cuenta el sistema mismo.

Se ha seguido cayendo en el error histórico de suponer que el gobierno debe educar cuando, en realidad, debe ser educado. Quienes tendrían que normar el sistema educativo, tanto en su contenido como en su organización, son justamente los educadores. Pero ellos y ellas siguen brillando por su ausencia en tales funciones.

El profesorado de primaria y secundaria ha sido alojado en la escala socioeconómica más baja del trabajo intelectual. Pero no se trata sólo del sueldo sino de su intervención en el proceso educativo del cual es una de las dos partes fundamentales, junto a los educandos.

No se ha producido ninguna reforma en los contenidos, programas y métodos de enseñanza. La escuela mexicana sigue siendo de dos clases: la pobre y la paupérrima. Las zonas más pobres tienen escuelas sin equipamiento y, a veces, sin maestros, pero el presupuesto público debería repartirse igual en los lugares menos pobres y en los más pobres de México. No es así, pero ninguna autoridad «responsable» responde en algún sentido al respecto. La escuela reproduce la pobreza extrema.

 

La «calidad de la educación» ha querido ponerse en el centro de la tal reforma, pero no se dice qué se entiende por eso. Se trata sólo de un eslogan, sin contenido.

Para hacer un cambio en la educación, además de repartir el presupuesto de manera igualitaria porque no hay motivo para diferenciar la inversión educativa como medio de castigo a los más castigados de por sí, es preciso dar la palabra a los educadores.

La evaluación de la educación no puede consistir en aplicar el peor método de educar que es el de hacer exámenes todo el tiempo y poner a competir a los alumnos. El método de la competencia es la peor forma de alcanzar una educación formativa basada en el trabajo de conjunto y la solidaridad de los grupos de estudiantes.

Los objetivos de la educación, su calidad, no deberían estar definidos mediante la capacidad de resolver exámenes sino en aprender a resolver problemas.

La reforma no es educativa sino administrativa pero en el peor sentido. La estratificación del magisterio es una forma de romper los lazos de solidaridad e impedir el trabajo colectivo. La competencia como método de aprendizaje y de organización de la enseñanza es doblemente nefasta.

Es preciso abrogar la llamada reforma educativa de Peña Nieto y redactar nuevas leyes con la concurrencia de los educadores para que ellos y no el gobierno asuman la tarea de la enseñanza.

El examen de admisión sí es una mentira

De lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en el debate de Milenio TV se han derivado, por lo visto, varios temas. Uno de ellos es el de la educación superior. Guillermo Sheridan reacciona a lo dicho por el candidato de Morena con ironías y muchas oscuridades en su columna de El Universal del pasado martes.

Una verdad sabida es que el examen de admisión, como dijo AMLO, es una mentira, pues si todos los aspirantes obtuvieran calificación de diez, de cualquier forma no podrían ingresar porque no hay lugares suficientes. No se trata de un examen de conocimientos sino de un filtro, pues no existe calificación aprobatoria. Así ha sido desde que fue diseñado en tiempos de Ignacio Chávez, quien decía a los cuatro vientos que a la Universidad deberían ingresar sólo los mejores en el sentido de pocos y bien seleccionados.

Guillermo Sheridan rechaza la «utopía» de López Obrador en el sentido de que todos los aspirantes deben ingresar al ciclo superior. Sería como ha sido hasta ahora en Francia, desde tiempos de Napoleón: quien aprueba el examen de grado del Liceo puede ingresar en la universidad. Ahora, Emmanuel Macron, nuevo presidente neoliberal, quiere cambiar ese precepto bicentenario para que las universidades decidan a cuales aspirantes admiten y a quienes rechazan según otros parámetros, ya no igualitarios, entre ellos una pretendida reducción de la matrícula. De por sí, el filtro económico es contundente, pero siempre se busca poner otros.

Eso es lo que reivindica Sheridan. Pero en México en eso hemos vivido durante muchas décadas y, por ello, sufrimos desde entonces un desastre educativo.

Al final, Sheridan se queda en sus burlas y chistes de mala factura, pero no aporta absolutamente nada para entender uno de los más graves problemas nacionales.

Hace unos 30 años, Corea del Sur y México tenían en las aulas superiores al 25% de sus respectivas juventudes. Hoy, el país asiático tiene el 65% y el nuestro se ubica en el 28%. Esto es así a pesar de los rasgos francamente clasistas y autoritarios de la educación coreana, pero la pregunta es ¿por qué se estancó México? La respuesta es sencilla: la política educativa es nefasta.

Sheridan acusa a AMLO de querer dar órdenes a las universidades autónomas para que modifiquen sus métodos de ingreso. Pero, al respecto, las instituciones educativas carecen de política como no sea la de admitir a todos los que quepan en las aulas sin que haya calificación de ingreso sino sólo cupo. En Corea, a pesar de la brutal y enfermiza competencia existente, la calificación mínima aprobatoria es 250 sobre 400, es decir, 62.50 puntos en una escala de 100. Si en México ese fuera el mínimo de ingreso no habría bancas disponibles en las aulas. Para que un estudiante del bachillerato de la UNAM tenga pase automático dentro de su propia universidad requiere 7 de promedio en todo el ciclo.

Lo que está proponiendo AMLO es lo que se ha estado planteando durante más de 50 años, de lo cual, por lo visto, Sheridan no se ha enterado todavía. Aumentar el cupo en la educación superior para incorporar a todos los jóvenes aspirantes y elevar la proporción de ellos sobre el total de personas en edad de acceder a esos estudios. Estados Unidos y Europa están en el 75%, alto; América Latina se encuentra en el 44%, medio; México, casi en la cola mundial con su 28%.

Luego llegamos pronto a dos problemas. Uno de ellos es el presupuestal, que AMLO plantea primordialmente. El otro, que tendrán que resolver directamente las instituciones, autónomas y no, consiste en preparar a los profesores y organizar la docencia.

Esa es la utopía, según Sheridan. Pero, según el programa educativo histórico de todas las izquierdas mexicanas, sencillamente es poner fin al desastre educativo mexicano.

Hace más de 40 años, Pablo González Casanova y Manuel Pérez Rocha, uno, rector, el otro, fundador coordinador del CCH, decían una verdad de a kilo: no hay contradicción entre el tamaño y la calidad de la educación.

Una revolución educativa puede estar por empezar si se defiende con firmeza el planteamiento de que la educación es un derecho de todos los niños, niñas y jóvenes, que el Estado debe garantizar.

Los reaccionarios como Guillermo Sheridan deben pasar a la oposición y, desde ahí, seguir luchando contra la educación popular. Ese sería su derecho y su misión. Pero, mientras tanto, la realidad social de México estaría cambiando para mejorar.

El Estado no debe educar sino ser educado

 
Dice Enrique Peña Nieto que estar contra la reforma educativa de su gobierno es estar contra México. Le importa menos al presidente de la República qué clase de reforma es ésa porque lo que busca es poner a la oposición más crítica y rupturista en la tesitura de tener que estar contra México. Y como no se trata de ser declarado adversario de cualquier otra cosa, sino justamente del país al que se pertenece, entonces tenemos una excomunión no eclesial sino nacional.
 
La intolerancia de Peña es conocida, pero ese discurso para fustigar a quienes están contra su política ya fue desorbitado. Parece que para el gobierno ha llegado el momento de hacer exaltación de la propaganda del exclusivismo político y la prepotencia, es decir, de la forma priista de ser. Pero, entre más lo haga, aún menos respaldo tendrá, aunque él no lo quiera admitir por pura necedad.
 
El presidente afirma que su reforma educativa llevará a la escuela mexicana a altos niveles de calidad, de lo cual no se ha visto ni el inicio.
 
Ninguna evaluación personal es capaz de hacer mejor a un maestro o maestra. Lo que en verdad se requiere saber es cómo se encuentra el sistema educativo y eso es justamente lo que no se sabe bien, mientras lo que se sabe se oculta.
 
La escuela pública mexicana va de ser pobre a ser paupérrima. Es tanto más pobre cuanto más lo son las familias de los alumnos. El presupuesto educativo se distribuye con una franca discriminación de los más indigentes de México. Esto nunca ha sido reconocido por algún Secretario, ya fuera de Educación o de Hacienda, pero es una inconfundible consecuencia de concretas decisiones de gobierno. Y mientras no se hable con la verdad, aunque sea sólo con la más fehaciente, no podrá haber reforma educativa propiamente dicha.
 
La calidad de la educación (término inapropiado pero de uso común) se mejora a través de la definición de nuevos objetivos alcanzables, la priorización del gasto público, la corrección del sistema educacional y la organización de la comunidad escolar para lograr un desempeño solidario. Nada de esto se encuentra en la reforma educativa de Peña.
 
En cambio, se cometen tropelías como la de establecer una diferenciación de sueldos entre docentes de la misma categoría laboral y antigüedad en función del resultado de un examen, ahora llamado evaluación. Esa pauta de acción administrativa busca dividir al magisterio en la base, beneficiando sólo a una pequeña parte. A trabajo igual corresponde salario igual es un principio que se enseña en las escuelas. Sin embargo, eso no es algo respetable según Peña Nieto y los líderes de un sindicato de opereta, el SNTE. En realidad, se trata de pura manipulación política pero sin objetivos educacionales.
 
Todo cuerpo docente requiere una preparación incesante pero esa es justamente la que siguen sin tener los profesores y profesoras del sistema de educación básica.
 
La reforma de Peña no ha planteado un nuevo sistema nacional pedagógico para los maestros y maestras. Al respecto, todo está igual que antes, es decir, avanza por la ruta de la mediocridad cuando no del fracaso.
 
En el fondo del problema educativo se encuentra la misma situación siempre: la pretensión del Estado de educar a los niños y los jóvenes. En realidad, el Estado mexicano tiene que ser educado por lo cual no puede educar. Lo que debe hacer es financiar adecuadamente el sistema educativo con el fin de hacer universal el acceso a la enseñanza y dotar a éste de los instrumentos necesarios. La educación debe estar a cargo de los educadores. Para esto, no sólo se requieren sistemas propiamente educacionales sino también sistemas democráticos que promuevan la participación de los docentes, de los padres y madres de los alumnos y de estos mismos. Sin embargo, este idioma no lo pueden entender los actuales gobernantes pues nunca han estudiado el tema ni dan muestras de querer hacerlo, son políticos convencionales.
 
Mientras, habría que declararse «contra México» aunque sólo se esté contra una efímera reforma que no es más que un intento de control administrativo de la educación básica. En realidad, se trata de una recuperación política por parte del PRI, en su ropaje de gobierno, luego de que Elba Esther Gordillo se rebeló y puso changarro aparte. Convertir al secretario de Educación en el mandamás del sistema educativo básico, en lugar de una lideresa corrupta, ahora encarcelada, no resulta ser avance, menos cuando ese puesto lo ocupa Aurelio Nuño, convertido en educador de México aunque, como ya nos dimos cuenta, no puede distinguir entre astronomía y astrología.

MEJOR DISCUTAMOS SOBRE EL DERECHO AL DEPORTE

En México hay algunos buenos deportistas olímpicos. El caso que hemos visto una vez más es que los de otros países son buenísimos. Si no hay política deportiva nunca habrá muchos jóvenes con excelentes desempeños. Por tanto, es un error discutir la política deportiva del gobierno mexicano porque ésa no existe. Lo que se hace desde la Conade es sólo administración de un coto político. Lo mismo ocurre en las 32 entidades del país.

Sabemos de sobra que para hacer deporte se requiere antes que nada saltar unos obstáculos más difíciles que los de una competencia de vallas en la pista. Nada está organizado. Tanto deportistas como promotores del deporte carecen de verdaderos apoyos. Los jóvenes tienen que pagar para poder realizar cualquier actividad deportiva pero no sólo en los establecimientos privados que para cobrar han sido creados sino en los públicos.

Nunca ha tenido México una política deportiva. No se puede tener nadadores y nadadoras si no hay albercas y maestros. Eso cualquiera lo podría entender, excepto el gobierno, claro está.

La escasez de deportistas con cualidades para participar en unos juegos olímpicos es sólo una evidencia del problema de falta de deporte en México, pero no es el problema en sí mismo. Es decir, no se trataría de buscar a unos cuantos jóvenes, prepararlos muy bien y tener un equipo olímpico con muchas especialidades. Eso no funciona porque se requieren millones de jóvenes haciendo deporte para que de ellos salga un centenar de buenísimos deportistas. El objetivo no puede ser tener a esos cien excepcionales sino que se logra un buen equipo olímpico en un país cuando el deporte es un derecho efectivo de los jóvenes.

Lo que se debería empezar a discutir en México, a propósito de los denuestos a deportistas, manejadores, entrenadores y burócratas, es lo que en verdad es importante: los derechos de la juventud, entre ellos el deporte. Si no hay financiamiento para que los estudiantes se mantengan en las escuelas, es decir, el pago de un salario por estudiar, está claro que la deserción y el bajo rendimiento será lo que ha sido. Lo mismo ocurre en el aspecto concreto del deporte, pues para acceder a éste se requiere tener satisfechas las necesidades básicas y además contar con instalaciones y profesores suficientes. Eso es lo que hace falta.

La política deportiva no puede ser definida por organismos que gastan dinero en sueldos y viáticos pero no están diseñados para hacer algo concreto, incluyendo como parte de éstos a las llamadas federaciones que nadie sabe exactamente qué cosa son. El deporte debe organizarse desde abajo, desde la escuela, el barrio, la colonia, el pueblo. Para ello se requiere infraestructura. ¿Dónde está el plan nacional en este aspecto? Existen proclamados objetivos muy generales y programas demasiado estrechos pero nada más.

Los comentaristas deportivos traen una discusión muy entretenida pero por completo infértil porque ningún problema está alojado en el lugar donde lo analizan. Los burócratas por su lado se  encuentran en el horrible tapete de justificaciones propias e inculpaciones de los demás. Sin embargo, por lo que se advierte, no habrá pronto cambios políticos pero tampoco existe, lastimosamente, un planteamiento surgido del deporte mismo, del que se hace de verdad, del que se sufre y se ama. Esto se debe a que la burocratización del deporte ha llegado a lo ridículo.

Diálogo trágico

Tuvieron que morir por las balas de la Policía Federal ocho personas en Nochixtlán para que el gobierno abriera un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación después de meses de solicitudes infructuosas de los maestros y de francas negativas de parte de las autoridades. Dicho esto de otro modo, la política gubernamental de condicionar todo diálogo a la renuncia de las peticiones principales del movimiento arrojó un saldo sangriento de muertos y heridos. La responsabilidad de esa tragedia es sin  duda de Peña Nieto como jefe del gobierno pero el expositor sistemático de la negativa política fue Aurelio Nuño, secretario de Educación y hombre de mayor cercanía del presidente.

En un esfuerzo por sabotear el diálogo ya iniciado en la Secretaría de Gobernación, el mismo Nuño declaró que el tema educativo no sería tocado en las conversaciones. En realidad la reforma no es a la educación básica sino a la administración de la misma. Lo que tiene por ahora que abordarse entre los representantes de la CNTE y el gobierno es un tema de política de organización y administración de recursos humanos de las escuelas primarias y secundarias públicas del país. El sistema de evaluación jamás podrá ser la base del mejoramiento de la enseñanza, mucho menos cuando tiene aspectos punitivos entre otras contradicciones, pero lo verdaderamente grave es que el secretario del ramo así lo considere y por ello defienda las reglas de la evaluación como si fueran parte de una verdadera reforma educativa.

Para arrebatarle al SNTE el control del ingreso y la promoción en el magisterio no se requería improvisar un sistema de evaluación súbita y masiva, pero el gobierno lo adoptó por necedad y ha llevado al país a un ya largo conflicto donde las autoridades fueron cerrándose cada día más: fueron desde la amenaza y los procedimientos de separación de quienes no se presentaban a las evaluaciones hasta los ceses de faltistas y el encarcelamiento de dirigentes. Al final, hubo fuego de la policía.

Osorio Chong, jefe superior de la Policía Federal que disparó contra habitantes de Nochixtlán y quien, por tanto, alguna responsabilidad ha de tener en los hechos de sangre, encabeza la delegación del gobierno en las conversaciones del Palacio de Covián. En tal situación, ese secretario es quien debe encontrar la manera de eludir la línea más intransigente de Peña-Nuño que consiste en que para conversar se requiere la sumisión del que critica, denuncia y protesta.

Mas para lograr la derrota de esa línea intransigente y represiva se requiere que las fuerzas democráticas alcen su voz con la mayor fuerza. No se trata sólo de echar abajo la punitividad del sistema de evaluación sino de derrotar ese alcance punitivo hacia todo conflicto político. Hay que entonar muy alto para obligar a bajar el volumen del griterío autoritario dentro y fuera de los medios de comunicación. Hay que exigir, por tanto, que el diálogo tenga resultados, que predomine la voluntad de llegar a acuerdos.

Es mentira que las leyes no se negocian en sedes gubernamentales, esa afirmación es mendaz y forma parte de la línea de Nuño fraseada ahora por Osorio, la cual sólo busca colocar a las negociaciones de Bucareli sobre la cuerda floja. Tal tesis diazordacista, preámbulo de incontables represiones, debe ser derrotada.

Las investigaciones en curso de la PGR sobre los muertos y heridos por arma de fuego en Nochixtlán no son de fiar. La procuradora es parte del gobierno, lo es en los hechos aunque no lo sea en la ley. Por su lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es incapaz jurídicamente de abrir procesos penales. Así que, en este caso como en otros muchos, se requiere un fiscal independiente. El gobierno no debe seguir investigando al gobierno como hasta ahora ha ocurrido.

No fueron profesores de la CNTE las víctimas mortales del fuego policiaco sino la gente que buscaba impedir la acción de los gendarmes en Nochixtlán porque apoyaba a sus propios maestros. Esto nunca lo reconocerá a las claras un gobierno engreído que quiere dar lecciones de rigidez como instrumento de gobernabilidad.

Recordemos por otra parte que el gobierno no debe educar sino que debe ser educado, conocimiento éste alcanzado desde el siglo XIX. Pues sí, ya estamos en el XXI…, cronológicamente.

Yanis Varoufakis

«Portaré el odio de los acreedores con orgullo» ha dicho Yanis Varoufakis al dejar el ministerio de finanzas de Grecia y, al tiempo, se ha convertido en un referente indispensable de la historia de la lucha contra los poderes financieros del mundo. Varoufakis ha dejado su cargo por demanda de los acreedores a quienes por lo visto les faltan argumentos con los cuales vencer al griego. El pueblo de Grecia ha dicho no, lo cual no depende de que Varoufakis sea ministro de finanzas o un diputado sin cartera. Pero la actitud de éste, en consonancia con el gobierno del que formó parte de manera brillante, es lo que prevalece. Dadle a los cobardes la presa que más desean en sus ansias de venganza pues eso no comprometerá la decisión de todo un pueblo en rebeldía frente a los usureros de Europa.

Penosa derrota de la CNTE

Dentro del carnaval del odio promovido por los más importantes medios de comunicación, es inminente la derrota de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese carnaval promovido por los López-Dóriga y otros (vendedores de jugosas gacetillas a cualquier gobernante necesitado), aderezado por uno que otro Ciro Gómez Leyva, siempre menor pero muy afanoso, tiene su base en la negativa de los profesores a negociar directamente el contenido de las leyes y en los innecesarios bloqueos que a ninguna autoridad presionan como quisieran sus realizadores.

La CNTE no objeta, sin declararlo, las dos leyes ya aprobadas, la del instituto de evaluación y la general de educación, pero sigue sin proponer un texto concreto de cómo quisiera que fuera la del Servicio Profesional Docente, la cual debería haber sido promulgada hace décadas. El PRD bloqueó la aprobación de esta última, pero no podrá hacerlo por mucho más tiempo. El bloqueo legislativo era para tratar de llegar a un acuerdo con la CNTE ante el silencio sospechoso de los líderes del SNTE, pero casi nada hay sobre la mesa. Ahí es donde radica la derrota: al final, no se habrá logrado nada aunque se haya logrado mucho.

El principio de que la evaluación no debe ser punitiva, es decir, no debe ser instrumento para despedir a los maestros, ya se ha incorporado al proyecto (el último, negociado después del dictamen de la comisión en la Cámara), por lo cual no queda más que esperar un texto de la CNTE, como lo ha pedido el PRD con sobrada esperanza. Ya sabemos que PAN y PRI quieren la vía autoritaria que consiste en que los profesores de educación básica deban admitir sin protesta toda clase de reglas laborales especiales pretendidamente promotoras de la calidad educativa que nunca han impulsado en tantos años de ejercer el poder.

Pero la CNTE, en lugar de entrar en una negociación, sigue con la necedad de la derogación (dice abrogación) de las recientes reformas del artículo tercero de la Carta Magna. Pero eso no puede obtenerse. Lo que correspondería a la CNTE es impedir que la ley se convierta en un subapartado B del artículo 123 de la Constitución, es decir, reducir derechos laborales de los profesores. Es evidente que eso sería inaceptable desde todo punto de vista válido, ya que se trata de derechos universales de los trabajadores, protegidos por la Constitución mexicana y los tratados internacionales.

Esa necedad de que la reforma constitucional deba ser derogada ha llevado a la CNTE a no negociar nada sobre la mesa. Mientras, sus acciones han perjudicado a la ciudad que siempre apoya las causas sociales y democráticas. De aquí se han colgado, como siempre, los sembradores de odios, los López-Dóriga, los pequeños Ciro, quienes jamás fueron a una manifestación, nunca tuvieron el valor de arriesgar el físico para exigir algo de justicia o democracia. Recuerdo a aquellos Zabludovsky mintiendo y clamando represión contra los estudiantes en 1968. Los manipuladores de la opinión pública defienden lo suyo. El problema ahora está en no dar espacio a la promoción del odio. Eso no lo ha sabido hacer la CNTE.

A la sección 22 de Oaxaca, mis respetos por la lucha política que dio contra el despotismo priista en su estado, pero mis condolencias por su regreso al gremialismo estéril que lleva a cabo en estos días.