El inicio de la Cuarta Transformación debe verse como un proceso hacia la construcción de un nuevo Estado y la reforma de la sociedad. Los cambios que se están realizando no se han analizado como puertos de llegada sino como parte de una travesía. Por esto, en lugar de un simple continuismo defensivo, como algunos lo intentan, es preciso plantear la continuidad del proceso transformador.

En ese contexto, la guía de las consolidaciones y los nuevos cambios se nutre de los objetivos trazados alrededor de la construcción de un Estado democrático y social.

En los últimos cuatro años, se ha alcanzado el mayor nivel de ejercicio de las libertades. Se combate por vez primera el Estado corrupto que ha padecido México durante siete décadas. Al tiempo, el gasto público ha conocido su mayor porcentaje de componente directamente social como instrumento de redistribución del ingreso. El salario mínimo y el medio contractual están cerca de recuperar varias décadas de deterioro. Se han aplicado las políticas de autosuficiencia energética y alimentaria. Se ha lanzado un proyecto viable de atención médica universal. Se ha proclamado la conversión de México en un país de becarios en la educación pública. Se prohibió la condonación de impuestos y se persigue la evasión. Se ha rechazado lo fundamental del programa neoliberal y se ha fijado el objetivo del Estado social.

La estabilidad económica no es en sí misma un objetivo de la 4T sino un instrumento para llevar a cabo reformas. Por lo regular, los cambios que se plantean desde un movimiento electoral requieren un cierto grado de acomodo dentro del sistema social prevaleciente, pero, al mismo tiempo, no se pueden consolidar si no se profundizan hacia reformas en la distribución del ingreso y en la pauta de la acumulación de capital. Este es el primer renglón del nuevo listado.

La línea del gobierno ha sido la de no aumentar las tasas impositivas ni crear nuevos gravámenes. Esta orientación ha dado ciertos resultados en cuanto a que, a pesar de la recesión decretada por los gobiernos de todo el mundo con motivo de la pandemia de covid y de la inflación posterior, las inversiones, el empleo, los salarios y el consumo se han ido recuperando. Sin embargo, dentro de poco, esta situación mostrará sus límites si no crecen sensiblemente los ingresos fiscales.

Aumentar tasas impositivas carecería de utilidad cuando estas no son altas en los países con los que México mantiene más de 80% de sus relaciones económicas. Por ello, el tema importante es la eficiencia de la fiscalidad, mas no se trata sólo de cobrar los impuestos y derechos sino de hacerlo sin privilegios legales y sin normas tramposas en favor de los grandes capitales. Los ingresos medios están pagando en México una tasa efectiva mucho mayor que los grandes, a tal grado que ese paradigma estadunidense es aún más pronunciado en la economía mexicana.

Una revisión profunda de los gastos fiscales, es decir, de lo que no se cobra debiéndose hacer según el sistema ya establecido, es una tarea que podría conducir al aumento de los ingresos públicos con cierta rapidez y efectividad para expandir el gasto en bienestar social y obras públicas.

Aunque el incremento en la masa de capital productivo depende de la ampliación del campo de las inversiones, el Estado está volviendo a ser impulsor y ordenador directo de la economía. Este vuelco se debe al fracaso del neoliberalismo en sus propios términos. La inversión pública y la gestión estatal tienden a crecer en casi todo el mundo y así seguirá previsiblemente. Por su lado, el gobierno mexicano está realizando grandes proyectos autofinanciados de infraestructura. Sin embargo, ese plan ha sido insuficiente para impulsar desde el Estado la inversión productiva que requiere la economía nacional. Se necesita un gran programa de infraestructuras que operen bajo el sistema de generar los ingresos para el pago completo del servicio de las deudas. Hay que crear, por tanto, un gran fondo de inversiones en infraestructura como instrumento directo de gobierno.

Formular una política industrial ya es indispensable. Mas no se trata del camino de los subsidios al productor, sino de la integración de las cadenas, es decir, crear sistemas, lo cual es preciso hacerlo desde el gobierno. La promoción del crédito barato, más aún en tiempos de altas tasas de interés, es también una función pública, tanto porque el gobierno puede conseguir réditos más favorables como porque puede asumir algunos riesgos a fin de otorgar garantías sobre créditos a empresas pequeñas.

La política industrial no sólo tiende a promover inversiones sino a conducir procesos complejos que redundan en la regulación de mercados, incluyendo el comercio exterior, así como en la elevación de la productividad del trabajo y la innovación.

La planeación se va a tener que establecer, pero no sólo del gasto público sino también en la regulación de los procesos económicos, el uso del territorio, el desarrollo de los asentamientos, la política medioambiental, las grandes tareas de la producción agropecuaria y especialmente alimentaria, la industrialización y la economía internacional. El gobierno carece todavía de una oficina de planeación económica y social propiamente dicha, la cual tendría que hacerse cargo de la formulación de los planes y del plan general. El neoliberalismo está presente aún entre nosotros, pero ya no es el tiempo de su impetuoso predominio.

La política salarial del gobierno actual ha demostrado, entre otras cosas, que es una falacia asignar al salario mínimo un impacto determinante en el ritmo de crecimiento de los precios. Además, la política del gobierno ha impactado en la determinación de los aumentos anuales de los salarios contractuales de muchas empresas. También se ha mostrado la fuerza que posee la recuperación salarial como estímulo de la producción interna. Sería oportuno que desde el gobierno se estimularan a las organizaciones sindicales para establecer un sistema nacional de negociación salarial con la patronal, con el propósito de que las y los trabajadores puedan ejercer de manera unida su fuerza en la determinación de los salarios contractuales e incorporar en este proceso a las y los obreros agrícolas.

Durante las últimas seis décadas, en México se generaron estructuras monopólicas privadas. En los años del neoliberalismo (1982-2018) la empresa pública fue cediendo ante los grandes grupos, fortalecidos estos por el proceso de privatizaciones. Los esquemas monopólicos mexicanos tienen al Estado como su gran promotor. A esto se debe que las leyes antimonopólicas sean débiles y sus mecanismos de aplicación tengan un diseño en favor de la concentración y centralización del capital y la producción, excepto cuando se trata de perjudicar a las empresas públicas y al gobierno. Como el monopolismo es muy fuerte se requieren nuevas leyes e instrumentos orgánicos para combatirlo, pues se ha convertido en un valladar del desarrollo económico y de la redistribución del ingreso.

La ampliación y el fortalecimiento del mercado interno sigue siendo la gran prioridad mexicana, aun cuando la globalización está mostrando ajustes que podrían beneficiar la producción local de manufacturas para la exportación. El desarrollo del mercado doméstico es una base primordial para realizar procesos de redistribución del ingreso, aumentar el empleo formal y elevar la capacidad productiva del trabajo social.

En alguna medida, la corrupción suele estar presente en todos los países. Sin embargo, ese no ha sido el problema concreto de México, donde se conformó un Estado corrupto, el cual es un fenómeno peculiar y endémico. Es preciso arrancar el análisis desde los años 50 del siglo XX, cuando se creó un ramo presupuestal para el gasto discrecional del presidente de la República, con el cual la distribución directa de fondos públicos se amalgamó con los mecanismos existentes del peculado y el soborno, creando un solo sistema de carácter político. El Estado corrupto es la unificación de los diversos métodos de la corrupción pública en un solo engranaje hasta convertirse en uno de los sostenes estructurales de la gobernanza del país entero. La corrupción pudo llegar a todas partes y ámbitos bajo esquemas de ensanchamiento permanente, incorporación de más y más personas a sus prácticas y crecimiento continuo de la masa de riqueza ilegalmente apropiada. Ahora, por vez primera, ha llegado un gobierno que busca la destrucción del Estado corrupto. Esta tarea ya ha empezado, pero se requieren mayores revisiones del marco jurídico, la creación de nuevos instrumentos institucionales, el desplazamiento de grupos de servidores públicos que se formaron en la corrupción, la fiscalización organizada de las relaciones entre entidades públicas y privadas, así como la elevación de la conciencia popular sobre los daños materiales y morales de la corrupción. Se trata de una gran causa nacional y así debe tratarse.

Las libertades se han garantizado como nunca, al tiempo, el gobierno ya no repitió la vieja práctica de comprar votos, pero el país sigue demasiado anclado en la democracia formal. El establecimiento de la consulta popular en la Constitución, logrado antes del cambio político de 2018, no ha tenido los resultados esperados porque, en una ocasión, la Suprema Corte negó ese derecho en materia de las reformas de las industrias de energía y, después, ya bajo el nuevo gobierno, las oposiciones impusieron la separación de la consulta del día de las elecciones, lo cual dificulta la obtención del quórum requerido para que su resultado sea obligatorio. El país requiere cada vez con mayor urgencia un sistema completo de consultas populares, incluyendo la revocación de mandatos, como medio privilegiado de encarar las divergencias políticas que se presentan en el seno de la sociedad. No se trata de un instrumento del poder sino de un derecho de la ciudadanía para tomar parte de las grandes decisiones nacionales y de carácter local. La democracia participativa debe abrirse paso y vencer los obstáculos que le han impuesto las fuerzas antidemocráticas del país.

La libertad de organización sindical es una de las que requieren señaladamente una continuidad del esfuerzo ya iniciado recientemente. México acusa un retraso en esta materia, de tal forma que la mayoría de los asalariados no se encuentra organizada en sindicatos y muchos de estos son de fachada o manejados por burocracias parasitarias.

Otras libertades están por consolidarse o apenas alcanzarse, entre ellas las relacionadas con el gran tema de género, la regulación de las drogas, la interrupción voluntaria del embarazo, los servicios sexuales, la expresión de las convicciones políticas de los sacerdotes en todo lugar y momento, la difusión por cualquier medio de ideas y opiniones sin importar el empleo en el servicio público, entre algunas más sobre las que se requieren definiciones exactas o supresión de restricciones a las que han sido sometidas.

El sistema político de la Constitución requiere nuevos arreglos en tanto que el país ha cambiado. El actual sistema de partidos corresponde a otro momento, se requiere superar ya el monopolio electoral de pequeñas burocracias que han conducido a la ruina de sus propias organizaciones políticas, las cuales subsisten con crecientes dificultades, gracias a que operan dentro del marco del viejo Estado corrupto. Es preciso abrir el camino hacia la adopción de la reforma constitucional propuesta por el actual presidente de la República en materia de sistema de partidos, representación popular e integración de los órganos electorales.

La reforma judicial recién emprendida fue apenas una tímida respuesta a la corrupción de los tribunales mexicanos. El país requiere todo un plan para remover las estructuras creadas dentro del Estado corrupto, dotando a la judicatura de cualidades apegadas al deber justiciero, la defensa de los intereses sociales, populares y nacionales y el respeto de los derechos en el marco de la independencia de toda clase de otros poderes políticos y fácticos.

El fenómeno de la delincuencia organizada ligada al narcotráfico como actividad matriz se convirtió en México en uno de los más grandes problemas. Esto se debe a que apenas recién el gobierno se ha propuesto atender las causas económicas y el resentimiento social ligado a la falta de perspectivas de vida de muchos jóvenes. Pero también se debe a que, de todas maneras, se ha mantenido el postulado de la prohibición de las drogas, el cual ha fracasado en todo el mundo. Es urgente aprobar la nueva legislación sobre la cannabis, que ya está en trámite en el Congreso, y poder pasar a discutir los posibles mecanismos para la regulación legal de las demás drogas. Aun así, la delincuencia organizada seguiría existiendo, pero su poder económico sería mucho menor, de tal suerte que podría combatirse a través de métodos de investigación y, ante todo, de solidaridad y participación social que sólo ocasionalmente se han utilizado.

El desarrollo de actual proceso de la 4T requiere profundizar su sustento popular, pero, a partir de ahora, con mecanismos más incluyentes. Los viejos métodos organizativos de los partidos más o menos burocratizados han quedado atrás, hoy se requieren mecanismos participativos que permitan intervenir a la ciudadanía en procesos de poder mediante la toma de decisiones. La consulta es una forma, pero se requiere también la deliberación en la que el pueblo hable y decida. La gestión de los instrumentos de la 4T debe girar en torno a estas nuevas formas e irlas recreando a través de la experiencia. Los partidos han ido cambiando en casi todo el mundo. Tienden a ser lo que quizá fueron en un principio: movimientos. El problema que se debe resolver es el derivado de los métodos de adhesión, pertenencia, solidaridad y decisión. Un partido es, esencialmente, un programa político. El asunto suele consistir en quiénes formulan y quiénes aplican ese programa. Abrir a la opinión popular cada propuesta, tanto la que viene desde abajo como la que se elabora en las instancias de gobierno, es una de las claves. Mas, al mismo tiempo, se requieren los mecanismos para el seguimiento de los planteamientos programáticos, desde los nacionales hasta los más locales. En esto deben usarse los métodos de asambleas y consultas. Morena es ya un partido de gobierno y, por tanto, tiene que actuar con la organicidad, la temática y la responsabilidad que brinda el ejercicio del poder político. La voz del partido debe ser la del movimiento que en éste se expresa, lo cual implica el rompimiento de las capillas políticas tradicionales que han colmado la disputa y el ejercicio del poder. Todo esto requiere un ajuste de normas y, sobre todo, de prácticas. En la nueva etapa que se avecina luego de las próximas elecciones, Morena va a necesitar una gran convención nacional, luego de convenciones estatales, para llegar a un gran acuerdo sobre el movimiento que el pueblo trabajador va a requerir en la nueva etapa del país.

El gran cambio electoral iniciado en 2018 puso crudamente de manifiesto el estado que guarda el periodismo en México. El divorcio entre la prensa y el método tradicional de sostenimiento de ésta, caracterizado por la subvención gubernamental, desveló la afiliación política orgánica de los medios de comunicación, en su gran mayoría, a lo que hoy se conoce como PRIAN, es decir, la aproximación continua e ininterrumpida de los dos mayores partidos conservadores del país en un sistema cerrado de alternancias. El arraigo de la prensa al Estado corrupto se manifiesta también en la conducta opositora de la gran mayoría de los medios formales. Mas, por el otro lado, el respeto del gobierno a los críticos, incluyendo a los que usan la calumnia y los métodos de desinformación, le ha dado a la prensa mexicana en su conjunto una libertad de la que jamás gozó. La respuesta de la 4T ha sido las réplicas y, sobre todo, las comparecencias cotidianas del jefe del gobierno. Sin embargo, se resiente cada vez más la ausencia de una prensa profesional, independiente y ligada a sus lectores, aquella que pudiera decir lo que sucede y comentar analíticamente el estado del país. Un periodismo así es hoy casi marginal. Por ello, se requiere con urgencia generar iniciativas de financiamiento y organización de medios de comunicación nuevos que le otorguen a México una plataforma de prensa democrática comprometida con el pueblo.

Como se entiende, la prosecución del cambio mexicano depende a muy corto plazo del resultado de las elecciones de junio de 2024. La nueva conquista del gobierno federal y de la mayoría en el Congreso, así como de varias gubernaturas que se elegirán, ha de ser la ocasión de dar un nuevo impulso a ese cambio. Sin embargo, la tarea se aprecia complicada. El país se encuentra dividido políticamente en dos grandes bloques. El sector político conservador se haya ahora en algunos aprietos, pero las grandes masas de población que representa y la gran mayoría de la clase dominante, amén de casi todos los medios de comunicación y de franjas significativas del clero católico, no parecen estar mudando de actitud. La amalgama de fuerzas políticas del bloque opositor, al margen de su candidatura final, puede llegar cohesionada a la elección porque la une la 4T, es decir, la posible permanencia de este movimiento en el poder, su programa de transformaciones y el combate de los privilegios del pasado reciente. Los políticos pueden seguir desgranándose de sus respectivos partidos en crisis, pero la enorme corriente de oposición, el conservadurismo social más amplio, no se va a disolver. Por este motivo, las fuerzas de la 4T y sus líderes deben precisar con mucha claridad el planteamiento programático y las tareas políticas del momento. En especial, Morena debe dejar atrás el triunfalismo, tanto porque no es congruente con la realidad compleja y difícil que vive el país, como porque es una arrogancia incompatible con sus tareas democráticas. La ciudadanía votará y decidirá; esto no les corresponde a los voceros políticos, ni siquiera a las y los candidatos, quienes deben pedir el voto popular y convocar a la lucha, no presumir que ya poseen la mayoría. Esa debería ser la pauta de comportamiento de un movimiento popular respetuoso del pueblo mismo, del pluralismo realmente existente en el país y del valor supremo del mandato ciudadano.

04.07.2023