Archivo del Autor: Pablo

Acerca de Pablo

Diputado Federal por el distrito 23 de Coyoacán, CdMx. Miembro de Morena

Los muertos que gritan

La conciencia de las generaciones fracasadas de gobernantes del pasado reciente se sigue expresando con la misma soltura de antes. Los seguidores de los neoliberales defienden hoy, sin la menor autocrítica, los evidentes fracasos de hace poco.

Con motivo de la discusión sobre la reforma de la ley de la industria eléctrica, se presentó el andamiaje neoliberal en los mismos términos que cuando se construyó el mecanismo de preferencias a la inversión privada, especialmente extranjera, en la generación de electricidad. Lo que se defendió por parte de las actuales oposiciones ya fracasó, empezando por el hecho de que las tarifas no se redujeron como ellos prometieron cuando eran gobierno.

Quienes decretaron el gasolinazo neoliberal afirman ahora, sin admitir sus tropelías inflacionarias de hace poco tiempo, que la reforma en curso de la ley de la industria eléctrica llevará al incremento de las tarifas. La historia conocida es que las recetas neoliberales fueron las que condujeron a mercados descontrolados o transados, como ha sido en México. Los promotores de “tarifazos” en toda América Latina han sido justamente los defensores del neoliberalismo.

Quienes protestaron airadamente por la cancelación del aeropuerto de Texcoco están exigiendo que el gobierno actual cancele el proyecto de Santa Lucía. Quienes alguna vez apoyaron el proyecto de construir una refinería en Tula, de la cual sólo se completó la barda perimetral en un terreno adquirido por el gobierno local, ahora se oponen a la de Dos Bocas. Aquellos que elaboraron el proyecto Alfa-Omega para crear una vía transoceánica en el istmo de Tehuantepec, ahora exigen que se abandonen las obras de modernización de un ferrocarril que data de principios del siglo XX. Los que argumentan que se requiere apoyar el turismo, exigen airosos que se detengan los trabajos del Tren Maya. No les importan los proyectos en sí mismos, sino que odian al gobierno que los lleva a cabo.

Eso no se puede llamar locura. ¿Qué es? Oposición sin propuesta, política de golpeteo, ambición de poder sin proyecto nacional.

Los argumentos expuestos en la Cámara para tratar de bloquear la nueva reforma de la industria eléctrica defendieron el “libre mercado” más transado que hay en el mundo, el que se encuentra en la ley vigente y en los contratos que se firmaron para defenestrar a la empresa pública.

Es la defensa de la conciencia de una generación política que ha fracasado. Aquella del neoliberalismo que llevó a una mayor pobreza en casi toda América Latina, la que se embonó muy bien con los esquemas de corrupción, en especial con el Estado corrupto mexicano.

El problema mayor no era el lugar donde construir un nuevo aeropuerto sino cómo hacerlo. En Zumpango se lleva a cabo una obra financiada con recursos presupuestales, sin empréstitos onerosos. El “fabuloso” aeropuerto de Texcoco era un plan que al final le iba a costar al erario algo así como 400 mil millones para beneficiar directamente a unos diez consorcios. Ya no habrá aeropuerto en el lago, pero, entonces, los representantes de la conciencia de los fracasados gritan, como calacas histéricas, que deben clausurarse las obras del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

Según esos muertos, los proyectos grandes de la nueva administración deber cerrarse en nombre de la conciencia neoliberal, pero no por ser obras, construcciones, sino por no hacerse de conformidad con los cánones de la defenestración de la empresa pública y la glorificación del Estado corrupto privatizador.

Los muertos sí gritan, vociferan. Es que no están tan muertos todavía. Se unen para tratar de volver a estar tan vivos como cuando reformaban leyes para dar concesiones innecesarias, privatizar en favor de elegidos, lucrar a partir de negocios con empresas privadas, condonar impuestos, otorgar concesiones a granel, promover y proteger monopolios.

La incesante repetición de las palabras de esos muertos que no están tan muertos se hace para aparentar ser una verdad, pero sólo para aquellos cuya conciencia quedó anclada en lo que ya se hizo viejo, el neoliberalismo. Esta longevidad no se debe a que nació aquí hace 35 años, sino a que fracasó en toda la línea: nada de lo prometido funcionó para bien del país y de la mayoría nacional.

Los gritos de aquellos muertos que se escuchan en el Congreso, los medios y las redes son convulsivos porque sus emisores nunca admitieron que fuera posible que otros emprendieran un camino divergente al que ellos trazaron durante tres décadas. Esos muertos están desconsolados, desesperados, desorientados. Se unen hoy sólo para gritar más fuerte, para vociferar, para repetir las mismas frases una y otra vez, para insultar con desesperación. Al filo de las 5 de la mañana, en plena sesión de Cámara y desde la tribuna, un afectado vocero del PAN llamó “descerebrados” a sus colegas de Morena.

Los muertos que aún viven, maledicentes y farsantes, buscan su más completa resurrección, pero no aspiran a construir nada nuevo porque son el resumidero de lo viejo.

Simulaciones políticas

La injerencia presidencial en los procesos electorales era tan fuerte y directa en México que se prolongaba mucho más lejos que la integración de los órganos comiciales y se inscribía en la designación de candidatos del partido oficial y de otros varios, así como en el financiamiento con recursos públicos y la gestión de privados. En el campo de las formas todo era simulación.

El presidente tenía impunidad y las críticas personales en su contra eran escasas y riesgosas. El presidente acalló y castigó a críticos –periodistas y políticos— con violencia o arbitrariedad y jamás polemizó con sus víctimas.

No se informaba sobre la gestión cotidiana del jefe del gobierno, sus orientaciones e instrucciones propiamente gubernativas no eran conocidas. De vez en cuando, el presidente fijaba su opinión o impartía en público alguna orden, generalmente para hacer propaganda de acciones solicitadas o anheladas por algún sector de la sociedad.

El llamado primer magistrado de la nación o jefe de las instituciones nacionales expresaba sus opiniones principalmente a través de otros funcionarios, eludía el debate directo. Cuando se veía orillado a decir una cosa, con frecuencia se hacía algo diferente. La hipocresía era forma de ser del comportamiento oficial.

Las conferencias de prensa y otras comparecencias del actual presidente de la República son parte de un cambio tan grande de costumbres políticas que han provocado escándalos, objeciones, odios y fobias enfermizas. Esto es todo un fenómeno. El nivel de debate de Andrés Manuel López Obrador con la llamada gran prensa, las oposiciones y las organizaciones sociales contestatarias sigue siendo alto y fuerte luego de más de dos años de gobierno.

En este marco, no podía faltar el conflicto con una mayoría de integrantes del Instituto Nacional Electoral que con frecuencia adopta militancias políticas y enemistades con casi todos los partidos políticos. El INE ha centrado su línea en regular las conferencias de prensa presidenciales y otros discursos que pudieran hacer alusiones de carácter político. La autoridad electoral ha llegado al extremo inaudito de tratar de prohibir frases que no se han dicho aún, es decir, una especie de censura previa, terminantemente prohibida. Pero aquí es peor porque abarca algo desconocido, ya que es sobre lo que el presidente pueda llegar a decir en algún momento. Esa es la censura del mal posible.

Es peor si se considera que la norma inventada en el INE iba dirigida a una persona, aunque agregaron de último minuto a los gobernadores como simple simulación. Norma privativa, diría algún jurista de inspiración decimonónica, la cual está expresamente prohibida por la Constitución.

Por fortuna, el intento del INE ha sido revocado por el Tribunal Electoral.

El punto al que nos lleva todo lo anterior estriba en que la intocable figura presidencial se ha convertido en la más desafiada y tocada debido a que existe una mayor libertad, pero también a que el presidente está en el debate cotidiano.

Se vive en México un momento de gran transición en la forma de hacer política, de tal forma que, del presidente omnímodo y jefe de todo, se tiene un presidente que sólo jefatura a su gobierno. Mas los gobiernos obedecen a las fuerzas políticas; no salen de la nada ni se apoyan en el aire. La vieja idea de que el presidente de la República era jefe de su partido (y de otros), pero no podía admitirlo públicamente, se debía a que el mandatario usaba al gobierno para beneficio político del mismo. Hoy, la enfermedad del presidencialismo se ha convertido en la agudización de la lucha política, del debate, de la crítica libérrima, aunque también, por desgracia, del insulto, la calumnia y la falsedad.

El gobierno se tiene prohibido a sí mismo utilizar recursos públicos en favor de partido alguno, pero las oposiciones miran desvío de fondos hasta en las vacunas que irán hacia toda la población. El nuevo gobierno se encuentra en situación complicada porque está en el debate y tiene que mantener cautela sobre su intervención en aquellos asuntos políticos en los cuales se enfrentan los partidos, excepto, claro está, los más importantes y trascendentes. Esto limita seriamente la acción política de la 4T en su conjunto porque los cambios no se producen con la celeridad que se requiere.

Un ejemplo de esto es que las dos cámaras de Congreso no se mueven siempre conforme al mismo diapasón. El Senado tiene sin dictamen 240 proyectos de los diputados y, éstos, 110 de su colegisladora. Además, existe pendiente en el Senado una sentencia de juicio político, que es obligatoria y tiene plazo. Las ausencias de liderazgo no es algo bueno para el funcionamiento del Estado ni para el ejercicio de la llamada democracia representativa, de la que tanto se habla.

En los países de sistema parlamentario, el jefe o jefa del partido mayoritario lo es, a la vez, del gobierno. En muchos otros de régimen presidencial, el o la titular del Ejecutivo asume el liderazgo de su partido. En México, aún con toda su historia presidencialista de excesos y corrupciones, las cosas no pueden ser tan diferentes, pues lo que puede estar en cuestión, al mismo tiempo, es la fortaleza del Ejecutivo y la fuerza del partido.

Así que pronto tendrá que llegar la hora en que, en el terreno de la relación gobierno-partido, las cosas se hagan con una mayor sinceridad y transparencia, manteniendo la ya vigente prohibición del uso ilícito de recursos públicos y de instrumentos de la gobernanza.

El presidente tiene ahora una sola cara. Eso es lo que molesta a las oposiciones y periodistas acostumbrados y beneficiados de la dualidad. Nadie nunca ha creído que a un presidente le puede importar un bledo la lucha política de partidos en la que está inevitablemente inmerso y donde juega un ineludible papel de liderazgo.

La simulación no puede ser un instrumento de la vida democrática de un país. Es un obstáculo.

Neoliberalismo corrupto

El primer lugar en desastres socio-económicos de finales del siglo XX y principios del XXI lo ocuparon países con sistema político dictatorial en los que el neoliberalismo se entronizó; el segundo lugar correspondió al esquema neoliberal corrupto. Este último azotó a México durante 35 años, aderezado con escandalosos fraudes electorales y otras muchas violencias políticas.

Desde la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE; 1937) y mucho después de la llamada nacionalización de la industria eléctrica (1960) bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, el Estado concedía subsidios a consumidores domésticos, como lo sigue haciendo, pero transfería mucho más a las empresas industriales. Esto último era parte de la política de fomento de la industrialización y de la sustitución de importaciones, aunque también había corrupción en la condonación de adeudos.

El abandono del fomento de la industria nacional para promover la extranjera, en el marco de la gran apertura comercial, obligaba a restringir el subsidio eléctrico y acotar el desequilibrio costo-precio. Pero no hay muchos países como México. Aquí se fue reduciendo el subsidio a la industria en general para concentrarse en nuevas empresas productoras de electricidad que aparecían conforme se aceleraba la defenestración de la CFE.

Los neoliberales lanzaron, para empezar, la figura de “productores independientes” que usan el llamado ciclo combinado que quema fósiles. Estos venden por contrato a la CFE pero en el acuerdo no se abarca la proporción correcta de la reserva eléctrica que es preciso cubrir, es decir, aquella parte de la planta productora de energía que no opera siempre porque realiza el papel de respaldo. Ningún sistema eléctrico funciona sin capacidad de suplir una caída de la generación por cualquier causa.

Como esa reserva es costosa, se postula que deba ser pagada en su mayor parte por la nación. Así se piensa y eso ocurre. Esto apareció con mayor énfasis luego de la “reforma energética”, con la entrada de nuevos productores de electricidad, entre ellos los que utilizan sistemas de viento e insolación, quienes tienen asegurado su ingreso en el reparto de electricidad, a pesar de que no generan energía todo el día de todos los días, sino de manera intermitente. Para ellos opera una parte del respaldo a cargo del Estado mediante contratos leoninos que los protegen.

Las cosas han llegado a extremos inusitados. La CFE vende sólo el 35.4% de la demanda de electricidad, pero posee más de la mitad de la capacidad nacional de generación. El problema es aún más serio cuando se advierte que la política eléctrica durante los cuatro anteriores sexenios llevó al país al absurdo de tener una capacidad instalada de casi el doble de lo que se consume, es decir una reserva cercana al 50%, cuando la recomendación internacional es de 20%. ¿Por qué este desperdicio de infraestructura productiva industrial? La respuesta es sencilla pero lacerante: porque se ha venido desplazando artificialmente a la empresa pública para beneficiar a las privadas. Eso no es un mercado propiamente dicho; es una costosa política privatizadora.

El neoliberalismo mexicano repudió la empresa pública, considerada irreformable, no rentable y altamente dañina por ser monopólica, pero redistribuyó subsidios, antes amplios, para concentrarlos hacia ciertas empresas. Así se creó un sistema de generación de electricidad paralelo al del Estado pero que depende del mismo, no sólo en el aspecto técnico de transmisión y distribución, sino en la rentabilidad. Esto último no es frecuente en otros países. Es difícil lograrlo porque hay que tener una cara muy dura para atentar contra los intereses nacionales desde el gobierno con el engaño de que se le hace un bien al país y a la sociedad, la cual paga los costos en aras de que exista un “mercado libre”. Pero tal mercado, idolatrado por los neoliberales, no aplicó, debido a que fue sustituido por contratos cerrados y subsidios selectivos para patrocinar empresas con el fin de acelerar el bombardeo sobre una entidad pública productiva, la CFE.

El escándalo de la planta Agronitrogenados no es algo del todo diferente. Así como Pemex compró a una empresa privada, Altos Hornos de México (AHMSA), una vieja planta industrial muy endeudada y nada rentable, por un monto de 200 millones de dólares, diciendo que era para mejorar la operación de la paraestatal, así también se otorgaron a granel autorizaciones para instalar productoras de electricidad subsidiada por el Estado mismo. Recién, se ha usado también el argumento de que hay que dejar de quemar materia fósil y ayudar al planeta, pero, de paso, se transfiere riqueza pública a manos privadas, en especial si se trata de compañías extranjeras. A esto podría llamársele corrupción verde.

Se ha dicho que la CFE desprecia la energía llamada limpia, es decir, sin gases ni partículas contaminantes, pero se oculta neciamente que la empresa estatal sigue siendo la mayor generadora de esa clase de energía: hidroeléctrica, geotérmica y nuclear.

Desde un principio, el neoliberalismo mexicano se expandió en medio de la corrupción porque el viraje programático se dio sin ruptura política, es decir, dentro del viejo Estado corrupto. Por eso, las izquierdas, al exigir democracia y rechazar la política económica, también denunciaban la corrupción. Ese fue el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y la misma plataforma básica de 2018 con López Obrador.

En México, las privatizaciones no se hicieron igual que en Gran Bretaña, sino que se aplicó la tecnología de Margaret Thatcher, pero con mordidas y favoritismos. En la venta de Telmex, por ejemplo, pudieron comprarse acciones a crédito al tiempo de que con el 5.5% del capital social fue suficiente para tomar el control total de la compañía. ¡Qué fácil! Así, cualquiera. La cuestión consistía en ser comprador designado. Un monopolio estatal se convirtió en un monopolio privado, pero en nombre del mercado libre. Así fue.

Además, la modernización de la industria eléctrica mexicana se dejó en su mayor parte a empresas extranjeras, pero sobre la base de otorgarles un trato privilegiado en detrimento de la CFE, con el propósito de irla achicando por decreto, tal como el plan contra Pemex.

Empezar a revertir esa situación es lo que se busca con la reforma de la ley de la industria eléctrica que ha propuesto el presidente de la República. Ya se había tardado un poco.

Odios y diálogos

Desde la oposición, la tesis de la temporada parlamentaria en curso consiste en que la 4T tiene odio y el PAN busca el diálogo. Aunque no ha quedado claro contra qué o quiénes es el odio y qué temas y propuestas debe contener el diálogo, se entiende que es, una vez más, el esquema del mal y el bien, los elementos de la visión dicotómica de la historia y de la vida personal.

Es el diálogo que dice estar enfrentado al odio, pero así no puede ser una solución política, tanto porque se le asigna al mismo concepto de diálogo la existencia de un opuesto, el odio, como porque la apertura dialogante en política no cancela los odios propios.

El punto central, en realidad, es que Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional reclaman que la 4T abandone su programa porque –se sostiene– expresa odio a la vieja institucionalidad que tales partidos construyeron durante varias décadas de luchar entre ellos y de coincidir en lo fundamental, así como a una política económica y social que profundizó la pobreza y concentró el ingreso como en pocos otros países.

Ambos partidos no se han sumado en el Congreso a las reformas sociales en curso, en cierta medida porque éstas desmontan la vieja política clientelar que se construyó en el país y fue durante años la base de la fuerza electoral y mecanismo de la compra de votos.

Los odios políticos del tiempo que corre se encuentran en todas las banderías. Las recientes reformas expresan un rechazo a la política del viejo sistema mientras que los defensores de ésta repudian cada paso que intenta dar la nueva fuerza gobernante, por eso se les denomina conservadores, aunque también los hay reaccionarios.

¿En qué se piensa cuando se convoca al diálogo en Palacio Nacional entre el presidente y los líderes parlamentarios de todos los partidos? Los jefes del PAN y el PRI no han presentado la lista de posibles acuerdos. Por lo demás, no sería inconveniente que todos aquéllos se reunieran a conversar lo que cada cual desee, pero ese no es el diálogo que se ha demandado en San Lázaro.

La bandera del diálogo es un slogan de momento porque no sería posible que antes de las elecciones pudieran producirse algunas negociaciones políticas propiamente dichas. Las oposiciones unidas no podrían llegar a acuerdos con la 4T, por ejemplo, para garantizar estabilidad de precios de la electricidad y cerrar la llave de los subsidios estatales a los productores privados.

Recién lo ha dicho con sus propias palabras un vocero panista: hoy tenemos, afirmó, “reformas que sólo buscan el deterioro de la vida republicana”, cuando se requieren “reformas para crecer y ser mejor país”. El mal y el bien.

Quizá los odios no admitan serlo, pero, de que existen, no hay duda. Mas en la lucha política, quien odia una ley ha de ser porque le perjudica y podría existir otra mejor. Quien odia un sistema de ingreso tendría que ser por encontrarse del lado del salario o de la producción mercantil simple, pues ahí no se acumula capital. En realidad, los mayores odios se encuentran entre los pobres y explotados de la sociedad. Pero también existen intereses de carácter moral, es decir, la defensa de ideas convenientes que, cuando se llevan a la lucha política, pueden conducir a la violencia, como la hemos visto de sobra, ya que en el fondo expresan privilegios o creencias heredadas de las generaciones muertas o, del otro lado, aspiraciones creadas por sujetos emergentes de la sociedad.

El PAN y el PRI se han unido luego de odiarse entre sí o de decirse odiados por el otro. La vida los llevó por el camino del neoliberalismo como medio para defender y realzar en la arena política los intereses que representan. Se trata de elementos de carácter económico, de lugar en la escala social, de capacidad para asumir determinadas decisiones favorables a la parte de la sociedad a la que son afectos.

Ahora, cuando la izquierda ha llegado al gobierno y tiene la mayoría en el Congreso, los odios se han repartido de otra manera, pero lo cierto es que la unidad de PAN y PRI significa que se busca un esquema bipartidista en la próxima elección, como medio para obtener una mayoría parlamentaria y algunas gubernaturas: la contención de la 4T, se dice.

“El odio no ha nacido…” en nadie (parafraseando a un presidente odiado como pocos), pero tampoco se le ha olvidado a ninguno, sino que existe una fuerte convergencia de intereses sociales de los conservadores, aún antes de los propiamente políticos, puesto que el poder se ejerce para algo, no es una fiesta, sino la manera de procurar intereses de conjuntos de la sociedad.

El llamamiento al diálogo que proviene del PAN, como cabeza de coalición electoral, carece de un sentido mayor al de ser incorporado al discurso electoral con el fin de hacerse pasar como quien no odia, sino que, si en efecto lo llega a hacer, al menos sabe usar formas civilizadas. Existe en la derecha un sector bien educado; no todos son como aquellos que en redes sociales insultan el día entero al presidente y a la 4T con las palabras más soeces posibles, en una especie de relación escatológica con el odiado.

En la lucha política, no hay odiosos ni dialogantes, aunque de que los hay los hay. Esto quiere decir que nadie se deja llevar por esos atributos sino por la realización de sus funciones representativas. Esa es la política, la representación de los desiguales, de los adversarios, de los contrarios… y la lucha entre ellos.

La opción política opositora es lo más viejo de México

La temporada electoral ha empezado con la iracunda acusación de las dos oposiciones (PRI y PAN), ahora más unidas, de que el gobierno va a condicionar la vacunación al voto del próximo 6 de junio en favor de Morena.

La especie cae en la estulticia. Nadie puede condicionar una vacuna a cambio del voto, pues si la inmunización se hace antes de votar, no hay devolución posible; si se hace después, ya no hay objeto. Tampoco es dable condicionar la entrega de un bien –la vacuna— que por fuerza ha de ser distribuido hacia todos y todas, conforme a la norma sanitaria, pues sólo de esa forma podría lograrse la inmunización social que se busca. Los prianistas creen que vacunar es como prometer despensas o comprar votos con pago diferido, es decir, hacer “operación tamal”.

Los programas sociales focalizados, de manufactura priista y continuados por el PAN, podían incluir condicionamientos porque era posible suspenderlos o restringirlos en las localidades donde los resultados electorales no fueran satisfactorios para el operador, es decir, el gobierno. Pero las vacunas jamás fueron condicionadas. El exitoso sistema mexicano de vacunación no fue diseñado con propósitos electorales porque un intento así hubiera sido absurdo: el Estado corrupto no lo alcanzó, algo un tanto insólito. Una peculiaridad de la vacunación para prevenir la enfermedad Covid-19 es que se requiere garantizar la custodia del biológico, es decir, muchos servidores públicos movilizados, bastante más que el personal paramédico que lo aplica. Todo esto, sin embargo, es inútil tratar de explicárselo a los jefes de la alianza política opositora.

Los programas de la 4T son o tienden a ser universales, por lo cual no están vinculados a los resultados de las votaciones ni tampoco se reparten en forma indirecta a través de organizaciones clientelares.

Más allá de aquellos fuegos artificiales, la característica meramente política de las próximas elecciones no consiste en la nueva enfermedad contagiosa, la cual conforma un marco general de la coyuntura nacional, sino en la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, la cual le está siendo muy difícil de explicar a sus propios autores.

El punto 10 de la coalición “Va por México” propone “restituir la democracia”. ¿De qué se habla? ¿De reavivar los fraudes electorales? La lucha contra estos la ha estado haciendo la 4T, que es consciente de que los defraudadores se encuentran justamente en el bando contrario, son los de antes, los de siempre.

La nueva coalición PAN-PRI promete también simples deslindes: rechazar cualquier cambio que implique reforma en la administración pública y en el sistema político. La acusación de líderes priistas y panistas consiste en que López Obrador ha concentrado mayor poder, pero no señalan cuándo y cuánto, ya que las facultades presidenciales no han aumentado sino disminuido con las reformas realizadas por la 4T, desde prohibir la condonación presidencial de impuestos hasta cancelar el poderoso embute a los medios de comunicación.

Las oposiciones suponen que las conferencias de López Obrador, por sí mismas, le brindan a éste un poder extraordinario, lo cual es una afirmación hilarante. El punto, sin embargo, consiste en que, como opositores, les resulta difícil discutir con un presidente que gobierna en público, en lugar de hacer lo que ellos han practicado siempre: el refugio en lo oscurito, el territorio de la transa y la negociación subrepticia.

La tesis de que la democracia deber ser “restituida” no explica cómo debe ser. Ello obedece en realidad a que no se busca una democratización sino regresar a los métodos de gobierno de ellos mismos, los cuales han sido criticados y repudiados por un amplio porcentaje de la ciudadanía. En México, ninguna vuelta atrás brindará democracia porque antes siempre fue inexistente o precaria.

Los opositores coligados también ofrecen “desterrar la corrupción”, como si el Estado corrupto no fuera un síndrome heredado de los sucesivos gobiernos de priistas y panistas, que, ahora, por fin, está siendo combatido.

“Va por México” no va a ninguna parte al postular que en México existe un “gobierno autoritario, homicida y dictatorial”. Los opositores se cierran, de tal manera, a cualquier acercamiento luego de las elecciones, pues nadie podría ir a buscar acuerdos con unos dictadores homicidas, ni siquiera sentarse junto a ellos. Pase lo que pase el día de las próximas elecciones, los integrantes de la flamante coalición opositora se tendrán que comer sus propias palabras.

Los contrastes entre el discurso opositor y la realidad cotidiana son demasiado grandes como para considerar a aquel como un intento viable de engaño político. En México, nunca como ahora había existido tanta libertad de difusión por cualquier medio. Tenemos un amplio campo para el debate en la tolerancia. Sencillamente, no hay represión política, fuera de actos arbitrarios de algunas autoridades locales o menores. En el sentido contrario a las afirmaciones de los opositores, el hecho de que el jefe del gobierno debata en público, sin intermediarios ni hipocresías, es un avance democrático en un país donde predominó la simulación en un marco de atraso político y precariedad ciudadana.

Llena de generalidades, la plataforma PAN-PRI no ofrece nada nuevo, pero incluye un planteamiento panista, ahora modificado, en materia de política social. La principal propuesta del PAN en 2018 fue la “renta ciudadana mínima” para 58 millones de personas (Población Económicamente Activa), que equivaldría a 3 billones de pesos al año, igual cantidad que los ingresos totales tributarios federales. Nadie le hizo caso a esa promesa de imposible realización. Ahora, en alianza con el PRI, el PAN promete el “ingreso básico alimentario” para 25 millones de personas que, a salario mínimo, importaría 1.3 billón de pesos anual, el 30% del gasto programable total del gobierno federal. Les va a ocurrir lo mismo porque no hay manera sensata de obtener esos fondos en el corto plazo. Pero aunque se lograra juntar tal cantidad mediante un plan extraordinario de recortes al gasto y despidos masivos, así como con un aumento de impuestos al consumo, los viejos partidos harían un programa social focalizado, forma preferida por los priistas de siempre y sus discipulos panistas, para crear sistemas clientelares con contornos muy definidos y políticamente controlables.

Las “10 soluciones por México”, presentadas por PAN y PRI, aparecen como repeticiones de un guion ya conocido, un querer volver a gobernar como lo hicieron sucesivamente, pero ya por completo juntos, sin disimulos, con el programa de siempre, bajo el régimen político de antes. En el momento actual, no hay en el país una fuerza de relevo con un programa nuevo: la opción política opositora es lo más viejo de México.

Ley de educación superior: el cadáver político de Zedillo

El proyecto de ley de educación superior es un intento de resurrección del cadáver político de Ernesto Zedillo. Bajo un neoliberalismo muy poco disimulado, se nos anuncia que se quiere que todo siga más o menos igual que antes y se detengan los cambios.

El derecho a la educación superior es universal. Se requiere, claro está, cubrir los ciclos educativos anteriores, los cuales también son derechos sociales. Sin embargo, el proyecto de ley enviado por el Senado a la Cámara de Diputados agrega otra cosa como condición de acceso: “que (se) cumpla con los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior” (Art. 4). Aquí se cae todo.

Ernesto Zedillo mandó reformar la Carta Magna para que el Estado no tuviera que “impartir” educación superior, sino sólo “promoverla y atenderla”, con lo cual este tipo educativo ya no era un derecho que debiera garantizarse. Esto fue derogado por la reforma constitucional del 15 de mayo de 2019 que señala que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual debe brindar los medios de acceso a quienes reúnan los requisitos que, a todo análisis, consisten en contar con los certificados de estudios del ciclo anterior.

Según el proyecto de ley, el nuevo derecho ya no será un derecho propiamente dicho sino algo condicionado a unos requisitos impuestos por las “instituciones”, pero ni siquiera las autónomas solamente sino todas ellas. Es de seguro el examen de admisión y, quizá también, la procedencia, residencia o aspirantura de carrera, como ya lo hemos vivido. Según el proyecto de marras, tales “instituciones” determinarán por sí y ante sí el alcance de un derecho que, pensábamos, ya había sido proclamado como universal en cumplimiento de un compromiso de la 4T.

Se sabe de sobra que los exámenes de admisión siempre fueron filtros para dejar fuera a miles de estudiantes. No son parte de un sistema para conocer y mejorar la educación. Si todos los aspirantes aprobaran el examen con calificación de 10, el número de rechazados sería el mismo. Ahora, se quiere hacer de ese examen la condición legal para el ejercicio del nuevo derecho constitucional, el cual dejaría de serlo por mandato de una legislación secundaria. Es como un robo: tengo algo en la Constitución y me lo quitas en ley derivada. Eso no es algo nuevo en la historia mexicana, pero lo que se busca en concreto es mantener todo igual para impedir que lo nuevo pueda culminar.

La selección de estudiantes para la educación superior ha sido un fuerte mecanismo de clase porque en México vivimos una sociedad profundamente estratificada, lo que, precisamente, hay que reformar. Tal es el sentido, entre otros, del derecho a la educación superior.

Toda educación pública ha de ser gratuita. Por esto, Ernesto Zedillo descontó el nivel superior de aquella “impartida” por el Estado. Las colegiaturas que, sin embargo, ya existían, se buscaba elevarlas y hacerlas parte relevante y creciente del financiamiento de la educación.

En 1986-87 un poderoso movimiento estudiantil aplastó la pretensión de De la Madrid-Carpizo de aumentar las cuotas. Varios años más tarde, otra huelga universitaria que duró un año (1999-2000) hizo posible el repliegue de los neoliberales (Zedillo y compañía), pero se siguieron cobrando colegiaturas en las universidades públicas. Hoy, la Constitución tiene prohibidas las colegiaturas y es preciso resolver el problema definitivamente.

El proyecto de ley de educación superior no brinda un curso cierto para el logro de ese compromiso. Las instituciones públicas de los estados, en especial las autónomas, pretenden que todo se recargue en nuevas autorizaciones presupuestales federales, que son necesarias, pero sin rebajar sus actuales gastos prescindibles y onerosos. Más de la mitad del dinero procedente de cobros por inscripción y colegiatura es recaudada por las universidades estatales, a la vez que la Federación les aporta en promedio el 70% de su subsidio, pero no quieren hacer el menor esfuerzo en favor de la gratuidad. Así han redactado el proyecto de ley.

El llamado fondo de gratuidad de la Cámara de Diputados no puede ser sólo un aumento de subsidio sin propósito muy concreto, como lo pretende el proyecto. Eliminar las cuotas estudiantiles debe incluir un serio esfuerzo de austeridad burocrática por parte de quienes las cobran.

Casi todo el proyecto de ley de educación superior ha sido redactado dentro de la ANUIES y refleja, por tanto, la visión que tienen las dominantes burocracias institucionales.

En el texto del proyecto no se encuentra la palabra democracia, los estudiantes son inexistentes, los profesores son una vaga referencia. La educación superior y las escuelas no son aquello de lo que se habla en el proyecto de ley. Se trata de un texto redactado por las autoridades para ellas mismas.

En el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior que se quiere crear hay 107 autoridades, pero sólo nueve estudiantes y nueve profesores, supuestamente representantes de la totalidad de instituciones educativas públicas y privadas, que serían designados por el mismo consejo. Además, éste podría funcionar legalmente –se dice claro– sin la presencia de un solo estudiante, de un solo profesor. Es la plutocracia de las autoridades y la ausencia de todo concepto de representación.

En el proyecto de ley no se trata sólo de suprimir la palabra sino de eliminar el concepto de democracia. Se pretende, así, que en la nueva legislación no existan elementos republicanos, como si viviéramos bajo una dictadura de jure.

Además, el nuevo consejo nacional, que se pretende instalar aun sin estudiantes ni profesores, no es en realidad un órgano colegiado porque carece de toda capacidad para emitir resoluciones vinculantes. ¿Para qué construir una instancia más como lugar sólo para hablar y escuchar, si acaso?

Quizá por esto mismo ha resurgido en el proyecto la “evaluación”, reducida en el nuevo texto constitucional a ser instrumento diagnóstico de un sistema de mejoramiento educativo. Hoy, se plantea el fomento de “la cultura de la evaluación y acreditación” (Art. 48), que buscaban por varios métodos los neoliberales en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. El liberalismo ha impulsado siempre la competencia entre estudiantes, profesores e instituciones de educación, pero en México no habíamos oído hablar tan claramente de toda una “cultura de la evaluación educativa”.

Como es característica de todo planteamiento de derecha, el proyecto de ley de educación superior no confiere derechos de participación de estudiantes y profesores para intervenir en la determinación de las condiciones de su propia labor. Nunca se dice qué abarca el ser estudiante y el ser profesor, qué funciones desempeñan unos y otros, qué deberes, qué derechos. Nada. En el proyecto de ley, alumnos y maestros no existen más que a través de muy escasas referencias desafortunadas o confusas. En especial, los alumnos son elementos absolutamente pasivos y los maestros son simples subordinados. Se pretende expedir una ley de educación superior, pero sin proceso educativo, sin personas que se relacionan y actúan juntas, sino sólo para regular relaciones formalistas entre las burocracias dominantes.

Ya en el ámbito de lo absurdo, el proyecto busca impedir que los órganos legislativos admitan iniciativas o expidan reformas a la ley de cualquier universidad sin contar con una previa “respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno”. Pero el Congreso de la Unión carece, por una parte, de facultades para regir los procedimientos internos de los poderes legislativos de las entidades federativas y, por la otra, para negar el derecho constitucional de los legisladores y del Ejecutivo a presentar iniciativas de ley. Esta inaudita pretensión tiene el propósito de mantener viejas y caducas estructuras de las universidades, bajo la bandera de la defensa de la autonomía. Por desgracia, esa misma autonomía se confunde hoy día con algo por completo separado o de plano contrario a la democracia universitaria, sin la cual no puede cristalizarse aquella “capacidad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas”, de la que habla la fracción VII del artículo 3º  de la Constitución en referencia a las universidades autónomas.

El proyecto de ley de educación superior se ha presentado como una obra de amplio consenso y trabajo participativo. Pero a su redacción no fueron convidados los críticos de la actual educación superior, cuya organicidad es obsoleta. Nomás estuvo presente la derecha. Es entendible que se produjera un gran acuerdo.

Los movimientos estudiantiles anteriores y posteriores a la gran lucha de 1968 por la democracia política en todo el país buscaban una educación democrática, popular y científica. Hubo mucha represión, es cierto, pero también se lograron resonantes victorias. Universidades y escuelas democratizadas en las que alumbró una nueva educación con base en la ciencia y el examen crítico de la realidad. Fueron periodos en los que en muchos lugares estudiantes y profesores decidían objeto, contenido y métodos de los procesos educativos, con libertad y en pie de igualdad. Hoy vivimos la burocratización, el elitismo, los privilegios de autoridades y un profundo repliegue de la participación democrática de estudiantes y profesores.

Una nueva legislación no sería suficiente para superar este deplorable estado, pero no es aceptable expedir una norma, dejando todo igual o peor, sólo para cubrir un requerimiento. Pronto podríamos volver sobre el tema. Lo más importante en estos días es que no se apruebe una ley neoliberal en plena 4T porque sería una concesión innecesaria e inicua.

Que no se escarbe en tierra infértil para sacar el cadáver político de Ernesto Zedillo, de sus ideólogos y corifeos neoliberales.

Que no sea “… demasiado tarde”

Las versiones del poema de Bertolt Brecht (o de Martin Neimöller) terminan en una desolación: “ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde”. La censura, como toda persecución, es cosa de que se inicie para que luego pueda hacerse normal.

Twitter y Facebook suspendieron las cuentas del tal Donald Trump y eliminaron sus mensajes en las pantallas de millones de personas a partir del día del asalto al Capitolio. ¿Esto merece aplauso de parte de los adversarios del entonces presidente de Estados Unidos? ¿Es válido cancelar textos horrorosos bajo la aplicación del más simple criterio propio de los dueños de las empresas comunicadoras?

Han sido cuentas y frases de Trump las censuradas, pero podrían ser de otro. La amenaza culmina, como nos dice el poema, en que, si antes nada hiciste, ya llegaron por ti.

La Constitución mexicana (Art. 7) prescribe la neutralidad de la red internacional como parte de los medios a través de los cuales se realiza la libertad de difusión de opiniones, información e ideas, declarada como inviolable. La Carta Magna de México dice más: “No se puede restrigir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”.

“Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión”, sigue diciendo la Carta Fundamental mexicana. Los límites que pueden fijar a la libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas, siempre tendrían que incluirse en la ley y aplicarse por autoridad competente en el marco de otros derechos humanos.

Lo que han hecho las empresas que operan varias redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, es lo contrario a lo que prescribe la Constitución de México, para no hablar de las leyes de otros muchos países que tampoco tienen autorizados los bloqueos arbitrarios, Estados Unidos incluido.

Cancelaron en la cuenta de una persona sus mensajes y luego suspendieron la misma. Simultáneamente, impidieron que otros y otras pudieran conocer lo que expresaba el sujeto bloqueado. La libertad consiste en emitir y poder recibir mensajes. El que hubiera sido Donald Trump es relevante, pero no determinante en el significado del hecho, puesto que se trataba de la difusión de ideas e informaciones. Todo esto no sólo abarcó a EU sino al resto del mundo interconectado en el que vivimos.

En el momento en que la autoridad de algún país restringe a Twitter, Facebook (incluido Whatsapp), Telegram u otra red en la difusión de informaciones que denuncian al gobierno, tales empresas censuradas manifiestan su inconformidad, crean un conflicto político y en su auxilio concurren otros gobiernos y hasta la ONU.

Cuando esas empresas por sí mismas censuran y cancelan cuentas mediante las cuales se difunden ideas e informaciones, no pocos gobiernos y la ONU callan porque se trata, quizá, de la libertad de comercio, de las condiciones contractuales impuestas para la prestación de los servicios de comunicación.

Sin embargo, las empresas, las que sean, no emiten leyes sino regulaciones comerciales contractuales que no pueden estar por encima del derecho humano de libre difusión de opiniones, información e ideas. Este criterio es una herencia de algunos olvidados liberales decimonónicos, el cual consiste en que es inválido aceptar la renuncia del derecho propio y que todo acto tendiente a tal propósito es ilegal y nulo de plano. Ningún contrato civil, escrito o hablado, tiene validez si abarca la excepción de derechos y libertades.

La humanidad no puede ahora depositar en unas poderosas empresas de la comunicación mundial la “inviolable libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio”.

El carácter golpista que asumieron los actos del presidente de Estados Unidos el día de la toma del Capitolio no altera la validez de este principio, el cual ya es parte de los derechos humanos. Pero, además, los mayores censores suelen ser, entre otros, los fascistas, como lo son esos partidarios de Trump que buscaban impedir que el Congreso certificara la elección de Joe Biden, quien, por cierto, censuró a los asaltantes pero calló frente a Facebook y Twitter, porque los vio, quizá, como aliados, pero que cualquier día, no obstante, le podrían cancelar sus cuentas en las redes sociales.

Dar consentimiento al acto de censurar arbitrariamente, sin procedimiento ni autoridad, aunque sea tácito, admite que la misma censura pueda ser aplicada contra el aquiescente.

En el caso preciso de Donald Trump, la autoridad legítima ya ha tomado en sus manos el asunto. El aún presidente es un impeached (acusado) por segunda vez y el Senado estadunidense dictará sentencia, antes o después de la terminación de su mandato.

Pero el corte digital contra Trump también tiene otro fondo. Si en las redes se puede censurar opiniones e informaciones, entonces volvemos al esquema del imperio de los grandes medios convencionales. Dicho de otra manera, serán lo mismo Twitter y Facebook que los viejos periódicos y cadenas de radiodifusión. Es el monopolio de la información, en el cual se apoyaron durante dos siglos los poderes despóticos y las democracias formalistas de las clases dominantes.

La vieja libertad de imprenta, en el marco de la prensa escrita o hablada, se constreñía principalmente a los dueños de los periódicos y a los concesionarios de las telecomunicaciones, quienes gozaban de capacidad de difusión. Carecía de esa libertad el resto de la gente que no les podía pagar a aquellos por sus servicios. Al mismo tiempo, en México todo ese andamiaje fue controlado por el gobierno mediante compras, amenazas y represalias. Perder la libertad en las redes sociales sería una regresión.

Esto lo hizo ver el presidente de un país: México. Otros, quizá por convenencia o hipocrecía, ignoraron ese mensaje o voltearon a ver para otro lado, sin descontar a aquellos que insinuaron soezmente que la protesta de López Obrador contra esas empresas de redes sociales sería una forma de apoyo a Donald Trump.

México tiene que emitir una ley que impida la supresión y la censura previa en las redes. Si hasta ahora no se ha expedido es porque se consideraba que sería suficiente el texto constitucional. Pero como no pocos conservadores se han quedado callados frente a la acción de Facebook y el arrogante mensaje de su principal ejecutivo, entonces ya se ve que es necesario legislar y, además, convocar a todas las naciones a impedir las dos cosas: el imperio de las empresas privadas y la acción restrictiva y arbitraria de las autoridades, ya que unas y otras, juntas o separadas, son quienes poseen hoy en día capacidad de coartar la libertad en materia de difusión de opiniones, información e ideas.

Ha sido Donald Trump el acallado, por lo que no era necesario inconformarse; mañana habrá otro cualquiera y tampoco será preciso elevar la voz; al final, quizá seamos muchos y ya no habrá tiempo de detener a los arrogantes administradores de la “inviolable libertad de difundir opiniones, información e ideas”, como la denomina la Constitución mexicana. ¿La historia tiene que repetirse?

Annus Terribilis

La pandemia de 2020, recrudecida hacia finales del año, podría recordar a los historiadores aquella de 1346, ANNUS TERRIBILIS de peste negra que se alargó durante siete más. Las grandes epidemias suelen cambiar la forma de vida en muchos aspectos, pero también, consecuentemente, la manera de analizar la sociedad.

Acostumbrado a los desequilibrios económicos, el mundo tiene ahora otra cosa, con intermitentes parones de actividades productivas, algo que no es propiamente una crisis capitalista aunque pueda tener consecuencias parecidas, pero sólo de momento. La estructura económica de la sociedad parece seguir igual, mas tiene su parte dramática en una mayor cantidad de personas sin trabajo asalariado y de pequeños propietarios arruinados o al borde de estarlo.

Sin embargo, se han apresurado algunos cambios en proceso, tales como el trabajo, los servicios y el comercio a distancia, la sustitución de funciones humanas, la mayor concentración en los circuitos del capital financiero y la celeridad de procesos de innovación.

Algunos inventores de fármacos han logrado ya producir vacunas, siempre en combinación financiera con gobiernos. Las ganancias serán grandes, obtenidas mediante ventas a los sistemas sanitarios de todo el mundo. De nueva cuenta, la abismal disparidad del desarrollo económico, en especial la alta tecnología, generará una corriente de valor a partir de transferencias hacia unos cuantos países desde los demás. Este esquema puede durar algún tiempo pues no se tienen todos los datos sobre la inmunización, ni la frecuencia de la aplicación de vacunas. La pandemia se encuentra tan extendida que surgirán nuevos biológicos y medicamentos en una competencia que irá dejando su secuela oligopólica. Se verá pronto hasta dónde puede llegar Cuba con sus vacunas soberanas, excepcionales para un país pobre y pequeño.

Los gobiernos han aplicado subsidios muy disímbolos, según su capacidad de generar nuevos pasivos consolidados, como en Estados Unidos, o con adelantos de asignaciones comunitarias sin rédito, como en la Unión Europea. Los gobiernos de países pobres han subsidiado mucho menos, por lo que la consecuencia social inmediata de sus parones económicos ha sido proporcionalmente mayor. La inyección de liquidez desde los bancos centrales ha vuelto a ser un mecanismo como el que se usa en las recesiones, aunque no haya propiamente en curso ningún ciclo económico de ese carácter. Como ocurre con frecuencia, los más protegidos son los bancos privados.

Desde la cuenta provisional de cerca de dos millones de víctimas mortales de la Covid-19, pasando por la incontable cantidad de personas con secuelas (86 millones han enfermado), el saldo final podría ser enorme aunque no llegara a los números de la gripe española (brotó en Kansas) que inició en 1918. Sin embargo, quizá la nueva peste traiga también otra clase de consecuencias.

En todo el mundo se requiere más personal sanitario y unidades médicas. Ningún sistema de salud está al nivel de la vida social. La gran industria farmacéutica supedita el progreso a su altísima rentabilidad económica; lo mismo hacen los inventores de equipo médico. Parte de la dieta de las personas es definida sólo en términos de buen negocio, mientras la desnutrición abarca todavía a un segmento de la humanidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está tocada por el síndrome de caducidad que padece el Sistema de Naciones Unidas.

Asimismo, la organización de la sociedad no corresponde a las necesarias tareas comunes, como las que se desprenden de una emergencia sanitaria y otras tantas calamidades que pueden caer sobre la gente. Desde el principio de la pandemia, la disciplina casi siempre fue impuesta con toques de queda y otras medidas coercitivas que resultaron a la postre insuficientes.

El Estado, por lo general, jamás ha sido capaz de responder bien a desastres, pero, al intentarlo, lo hace por lo regular para evitar que la gente tome poder. Es así que la gestión de la pandemia se ha realizado mediante disposiciones que combinan la limitación de la movilidad personal y de la actividad económica, lo cual no siempre ha funcionado en la forma planeada, sino con estiras y aflojes para contener en algo el enfado popular y la pérdida de ingresos. Es por ello que la gente aparece ahora como la culpable por haberse ido de fiesta.

Quizá lo peor ha ocurrido en Estados Unidos porque ese país tiene una sociedad desarticulada, donde su clase política no ha hecho otra cosa que disputarse el presupuesto y la política exterior, incluido, claro está, el negocio de la guerra. Salud, calidad alimentaria, educación, distribución del ingreso, sistema fiscal, déficit público, cooperación comunitaria, asistencia social, migración, comercio internacional, están en crisis al mismo tiempo. Casi todo depende de la velocidad de sus inventos de tecnología de punta y la captación de excedentes en Wall Street, pero sólo con eso no se organiza una sociedad, ni siquiera un mega Estado. Esto se ha visto más claramente en la pandemia.

No sólo ha sido una larga alerta debido a que la enfermedad puede ser contagiada a cualquiera, en casi todas partes, sin que la víctima se percate y sin que luego haya remedios. La Covid-19 ha provocado espanto entre miles de millones, en especial en los centros urbanos donde los contagios son mayores: una gran parte de la humanidad vive aglomerada y, ahora, aterrorizada.

Cuan vulnerable es nuestra especie. Esto siempre se ha sabido como expresión de actos conscientes de los mismos seres humanos, la guerra en primer término, pero también de catástrofes naturales y de enfermedades contagiosas. La cuestión es que, ahora, el capitalismo ha generado una conciencia de superioridad, de algo nuevo y poderosísimo. A la hora de la pandemia causada por el CoV-2, la reacción no pudo ser otra que el parón económico.

Esto se debe a que no existe esa superioridad capitalista para resolver en pocos días lo imprevisto porque no hay de por sí un adecuado sistema de medicina ni una suficiente organización de la gente. El desastre no ha estado lejos de casi ninguna parte. No es que sea global, sino que es parte integrante de la globalidad en sí misma, de aquella que es más un medio de dominio, en la que ninguno discute los problemas de los demás países sino acaso sólo del suyo propio.

La arrogancia alemana y la altivez británica han caído por los suelos cuando cada una de tales potencias llegó a contar, al finalizar el año, muchos más contagiados por día que México, teniendo aquellos países menos habitantes y estando “impecablemente bien organizados y disciplinados”. Como antes, nadie pudo prever las intermitencias de la pandemia.

La debilidad del poder establecido (político y económico) no sólo se desprende de su falta de convocatoria específica sino de algo anterior: la ausencia de credibilidad y de adhesión.

El Annus Terribilis de 2020 ha tocado a muchas sociedades y a las llamadas relaciones globales, de tal suerte que, tan luego que la pandemia empiece a reducirse, las personas se podrán hacer nuevas preguntas. Es probable que entonces sea buen momento de volver a intentar grandes cambios sociales.

Dictadura en la Suprema Corte

En la Suprema Corte se ha vuelto a autorizar el pago de remuneraciones mayores a las que recibe el presidente de la República. Cualquier persona podría preguntar ¿cómo es que el máximo tribunal decide sueldos de altos servidores públicos, lo cual, dice el artículo 75 de la Constitución, le corresponde a la Cámara de Diputados?

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, ministros integrantes de la comisión de receso de la Suprema Corte, admitieron a trámite unas controversias y, acto seguido, han suspendido la aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para que los miembros de los órganos de gobierno del Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Banco de México (Banxico), más los que se acumulen esta semana, sigan cobrando lo mismo que hasta ahora, en forma enteramente inconstitucional.

Ya llevan dos años en lo mismo y quieren un tercero. Esos servidores públicos, ejecutores de altas funciones y garantes de derechos, exigen un trato privilegiado, con la simpatía de algunos ministros, unos seis, los cuales les conceden suspensiones anuales de controversias que nunca se resuelven por parte del Tribunal Pleno.

La maniobra consiste en dejar todo congelado, aprovechando que, en las salas, integradas cada una por cinco, no se requiere mayoría calificada para negar o confirmar la suspensión de una norma o acto. Se elude de esa forma la resolución del fondo, la cual sólo podría adoptarse con ocho votos del total de 11 ministros. Al siguiente año, se sobresee la controversia anterior porque el Presupuesto de Egresos impugnado ya dejó de tener vigencia y se vuelve a maniobrar de la misma manera. Así nos podríamos llevar toda la vida sin que la Suprema Corte resolviera algún día el asunto, como es su deber constitucional.

Ya no tenemos, en el caso, un tribunal que imparta justicia sino otro que sólo suspende la aplicación de normas, pero nunca dice el derecho.

Aquí estamos ante un fenómeno insólito en que una mayoría constitucionalmente insuficiente le impone a la Suprema Corte y al país entero su propia e ilegítima voluntad, frente a la cual no existe recurso alguno. Esta es una dictadura ejercida con base en chicanadas absolutamente impropias de tan altos dignatarios judiciales de un país cualquiera.

No se trata sólo de que la remuneración más alta en el Estado nacional mexicano sea la fijada para el presidente de la República, según lo marca el artículo 127 de la Constitución, sino que la misma Carta Magna señala en su artículo 75 que la “Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley”.

Los integrantes de los órganos de gobierno del INE y la Cofece existen por disposición legal y son “servidores públicos de la Federación”. La “autonomía” regulada que se les ha conferido no tiene nada que ver con esta condición.

En cuanto al Banco de México, cuyo presupuesto lo aprueba su propia Junta de Gobierno, el asunto consiste en que las remuneraciones de los integrantes de ésta son fijadas por una comisión ad hoc, creada por la ley y dominada por el gobierno, la cual no puede otorgarles un sueldo mayor que el del presidente de la República porque, de lo contrario, sería un acto violatorio de la Constitución. Así que volvemos al mismo punto. Hay más: los miembros de la Junta del banco no son servidores públicos del mismo, sino, difusamente, del Estado nacional mexicano, por lo cual carecen de derechos laborales. Al respecto, ellos son como el presidente de la República, los miembros del gobierno, los legisladores, entre otros: sus eventuales prestaciones sólo se pueden conferir mediante ley o decreto legislativo.

Los jefes de estos tres (se esperan más) organismos públicos se sienten parte de una élite, de una burocracia dorada intocable, que labora al margen del Estado de derecho. Lo peor de todo es que hay seis ministros de la Suprema Corte que están de acuerdo. Quizá porque ellos mismos, en el pasado, se ponían el sueldo que querían sin que nadie les dijera nada porque la Cámara les autorizaba todo, sin ver.

A propósito, la Constitución señala que los únicos altos servidores públicos que tienen un sueldo irreductible durante su periodo son justamente los ministros, consejeros, magistrados y jueces (art.94), pero no dice que deba aumentar cada vez en términos reales, como así fue durante mucho tiempo, mientras el salario bajaba realmente cada año.

La lucha actual para establecer remuneraciones congruentes con la situación del país, la austeridad republicana y las finanzas públicas lleva apenas unos 10 años, pero, en realidad, en términos fácticos, tiene apenas dos años, los de la 4T. Bajar el sueldo del presidente de la República fue la clave porque ya la Constitución fijaba la remuneración de éste como la más alta, lo cual no era preocupante para la burocracia dorada, ya que era bastante alta.

Cuando, en 2019, bajó el sueldo presidencial a menos de la mitad, crujieron ciertos privilegiados. Tenemos desde entonces un conflicto abierto. Lo más feo de esta comedia es que la Suprema Corte de Justicia, designada como garante de la constitucionalidad, milita dictatorialmente en favor de privilegios e ilegalidades groseras de esa burocracia dorada, de esa élite que opera por encima del Estado de leyes.

La oposición unida, ¿jamás será vencida?

La hipótesis de las actuales derechas mexicanas consiste en que la oposición unida no podría ser vencida, a partir de la idea de que la 4T no tiene el apoyo mayoritario ni se acerca al mismo. Los postulantes de tal planteamiento, ahora coligados, abarcan desde intelectuales neoconservadores hasta neofascistas, un espectro muy amplio dentro del escenario nacional, pero con específicos propósitos e intereses comunes. Quizá no exista organización tan diversa y, al mismo tiempo, tan unida.

El respeto al pluralismo como fenómeno de la sociedad contemporánea no es lo mismo que utilizarlo como bandera. Pero la nueva coalición ni defiende el pluralismo ni expresa a éste como dato social, sino que la unión de los tan diversos y confrontados desvela una ambición política a costa de lo que sea. En conclusión, los integrantes de la nueva coalición conservadora niegan el pluralismo que ellos mismos expresan en su evidente diversidad, pero sólo en aras de disputar una mayoría legislativa que sería, por tanto, enteramente espuria.

Nunca se había presentado tan diversa coincidencia política en el más alto grado, es decir, mediante la formación de una coalición electoral formal, con programa propio y candidatos comunes. En ese conglomerado están representantes del Estado corrupto, el presidencialismo despótico, la vieja clase política degenerada, el oscurantismo católico, la intelectualidad oportunista, la prensa opositora, las cofradías conservadoras, los agrupamientos empresariales más elitistas del país y los cenáculos del neofascismo a la mexicana. Sus partidos instrumentales son el PRI y el PAN-PRD.

El punto que une a todas esas fuerzas es uno solo: que Morena no siga siendo mayoría en la Cámara de Diputados. Buscan impedir que el presidente de la República cuente con respaldo parlamentario para aprobar otras reformas y el presupuesto federal con el que se financian la nueva política social y los programas de inversión pública, en el marco de una estructura anticorrupción y de austeridad republicana. Los nuevos derechos a la educación, la salud, el retiro, la vivienda, el salario remunerador, entre otros, tendrán que votarse otra vez en la próxima elección.

No habíamos visto antes una situación política tan polarizada como ésta. Se abren a la vista dos terrenos dentro de una confrontación que terminará siendo clara para la ciudadanía.

Sin embargo, el pacto entre el PRI y el PAN-PRD es un espantapájaros, muñeco de trapo construido para detener, supuestamente, que se sigan cercenando las libertades, se concentre el poder político y se acabe con el sistema democrático. Pero no se menciona una libertad que haya sido menoscabada, alguna nueva facultad del presidente de la República, un ataque a la democracia. En verdad, se repudia el contenido de la política del gobierno, su orientación social en favor de los trabajadores de la ciudad y el campo, su reivindicación de los intereses populares y su pretensión de abrir espacio a los métodos de democracia directa.

El PRI y el PAN-PRD han votado en el Congreso en contra de las nuevas reformas mexicanas y están dispuestos a echarlas abajo, pero no proponen otras reformas. Su triunfo sería un paso en dirección a lo de antes, sin excluir el Estado corrupto, con sus sistemas de reparto criminal de recursos públicos.

Es del todo natural que esas dos fuerzas políticas hayan hecho un pacto electoral. Eso era lo que se esperaba. A fin de cuentas, ninguna de ellas tiene algo que perder. En su camino de poder, perdieron programa y dignidad políticas.

Las oposiciones se han unido bajo el aliento de fuerzas antidemocráticas y también de sectores que defienden privilegios muy concretos. Los grupos y personas que están al frente del nuevo pacto firmado entre las direcciones priista y panista saben funcionar bajo relaciones ilegítimas y muchas veces ilícitas con las instancias del poder. Una nueva mayoría en la Cámara, integrada con ese diseño, no podría operar más que de esa misma manera, bastante conocida, por lo demás. Casi todos los pactistas se conocen entre ellos de sobra y comparten necesidades y objetivos concretos.

La coalición electoral entre el PRI y el PAN-PRD espera ser más que la suma de los votos de cada cual. Sin embargo, también puede ser una resta. Los líderes actuales de esas fuerzas políticas carecen del control que antes ejercieron sobre millones de personas.

El partido más extendido y con mayor organización territorial, el PRI, se ha reducido drásticamente en número de votos cautivos por efecto de una crisis de las viejas relaciones de poder en las que se asentaban mecanismos clientelares focalizados. Es cada vez más difícil desviar recursos públicos hacia la compra de votos, elemento básico del viejo sistema.

El partido de la clase media propietaria y la burguesía conservadora, el PAN, carece de liderazgo y acusa deterioro político en lugares donde gobierna debido a sus desatinos y sus corrupciones. No es ya el partido de renovación y alternancia que alguna vez fue, ya que fracasó en la representación de ese papel político que había logrado arrogarse.

La lucha política del momento actual consiste en seguir en el camino abierto en junio de 2018 o regresar a las veredas del viejo sistema político. La unidad de los opositores ha dejado así los términos de la disputa. Por ello, al no tener más que ofrecer que volver a lo de antes, la coalición opositora opera como instrumento reaccionario. Un regreso, luego del desastre al que habían conducido a la nación, sería, evidentemente, una realización reaccionaria. No es sólo volver al neoliberalismo sino también a la corrupción y el uso faccioso del poder público.

Como se han ubicado las cosas hacia la próxima elección de diputados federales, hay poco espacio para opciones distintas a las de ganar o no la mayoría por parte de alguno de los dos extremos de la contienda. El papel que pudieran jugar los partidos de reciente registro o los candidatos independientes se estrecha en la polarización, de la dualidad política que resulta artificial en la medida en que la coalición opositora carece obviamente de congruencia, no sólo por su diversidad contradictoria sino también por su falta de liderazgo.

México ya ha entrado a un enredo en el que sólo desde el lado de la 4T puede existir cordura y serenidad. De parte de la oposición unida, que piensa que jamás será vencida, no habría que esperar algo a este respecto porque vive en estado de desazón y, además, trae consigo a nuevos agentes de la provocación más reaccionaria. Al final, el sistema democrático competencial en el que vivimos tendrá que dar la respuesta.