Archivo del Autor: Pablo Gómez

Acerca de Pablo Gómez

Economista (UNAM). Militante político (Morena)

Nuevas tareas

El inicio de la Cuarta Transformación debe verse como un proceso hacia la construcción de un nuevo Estado y la reforma de la sociedad. Los cambios que se están realizando no se han analizado como puertos de llegada sino como parte de una travesía. Por esto, en lugar de un simple continuismo defensivo, como algunos lo intentan, es preciso plantear la continuidad del proceso transformador.

En ese contexto, la guía de las consolidaciones y los nuevos cambios se nutre de los objetivos trazados alrededor de la construcción de un Estado democrático y social.

En los últimos cuatro años, se ha alcanzado el mayor nivel de ejercicio de las libertades. Se combate por vez primera el Estado corrupto que ha padecido México durante siete décadas. Al tiempo, el gasto público ha conocido su mayor porcentaje de componente directamente social como instrumento de redistribución del ingreso. El salario mínimo y el medio contractual están cerca de recuperar varias décadas de deterioro. Se han aplicado las políticas de autosuficiencia energética y alimentaria. Se ha lanzado un proyecto viable de atención médica universal. Se ha proclamado la conversión de México en un país de becarios en la educación pública. Se prohibió la condonación de impuestos y se persigue la evasión. Se ha rechazado lo fundamental del programa neoliberal y se ha fijado el objetivo del Estado social.

La estabilidad económica no es en sí misma un objetivo de la 4T sino un instrumento para llevar a cabo reformas. Por lo regular, los cambios que se plantean desde un movimiento electoral requieren un cierto grado de acomodo dentro del sistema social prevaleciente, pero, al mismo tiempo, no se pueden consolidar si no se profundizan hacia reformas en la distribución del ingreso y en la pauta de la acumulación de capital. Este es el primer renglón del nuevo listado.

La línea del gobierno ha sido la de no aumentar las tasas impositivas ni crear nuevos gravámenes. Esta orientación ha dado ciertos resultados en cuanto a que, a pesar de la recesión decretada por los gobiernos de todo el mundo con motivo de la pandemia de covid y de la inflación posterior, las inversiones, el empleo, los salarios y el consumo se han ido recuperando. Sin embargo, dentro de poco, esta situación mostrará sus límites si no crecen sensiblemente los ingresos fiscales.

Aumentar tasas impositivas carecería de utilidad cuando estas no son altas en los países con los que México mantiene más de 80% de sus relaciones económicas. Por ello, el tema importante es la eficiencia de la fiscalidad, mas no se trata sólo de cobrar los impuestos y derechos sino de hacerlo sin privilegios legales y sin normas tramposas en favor de los grandes capitales. Los ingresos medios están pagando en México una tasa efectiva mucho mayor que los grandes, a tal grado que ese paradigma estadunidense es aún más pronunciado en la economía mexicana.

Una revisión profunda de los gastos fiscales, es decir, de lo que no se cobra debiéndose hacer según el sistema ya establecido, es una tarea que podría conducir al aumento de los ingresos públicos con cierta rapidez y efectividad para expandir el gasto en bienestar social y obras públicas.

Aunque el incremento en la masa de capital productivo depende de la ampliación del campo de las inversiones, el Estado está volviendo a ser impulsor y ordenador directo de la economía. Este vuelco se debe al fracaso del neoliberalismo en sus propios términos. La inversión pública y la gestión estatal tienden a crecer en casi todo el mundo y así seguirá previsiblemente. Por su lado, el gobierno mexicano está realizando grandes proyectos autofinanciados de infraestructura. Sin embargo, ese plan ha sido insuficiente para impulsar desde el Estado la inversión productiva que requiere la economía nacional. Se necesita un gran programa de infraestructuras que operen bajo el sistema de generar los ingresos para el pago completo del servicio de las deudas. Hay que crear, por tanto, un gran fondo de inversiones en infraestructura como instrumento directo de gobierno.

Formular una política industrial ya es indispensable. Mas no se trata del camino de los subsidios al productor, sino de la integración de las cadenas, es decir, crear sistemas, lo cual es preciso hacerlo desde el gobierno. La promoción del crédito barato, más aún en tiempos de altas tasas de interés, es también una función pública, tanto porque el gobierno puede conseguir réditos más favorables como porque puede asumir algunos riesgos a fin de otorgar garantías sobre créditos a empresas pequeñas.

La política industrial no sólo tiende a promover inversiones sino a conducir procesos complejos que redundan en la regulación de mercados, incluyendo el comercio exterior, así como en la elevación de la productividad del trabajo y la innovación.

La planeación se va a tener que establecer, pero no sólo del gasto público sino también en la regulación de los procesos económicos, el uso del territorio, el desarrollo de los asentamientos, la política medioambiental, las grandes tareas de la producción agropecuaria y especialmente alimentaria, la industrialización y la economía internacional. El gobierno carece todavía de una oficina de planeación económica y social propiamente dicha, la cual tendría que hacerse cargo de la formulación de los planes y del plan general. El neoliberalismo está presente aún entre nosotros, pero ya no es el tiempo de su impetuoso predominio.

La política salarial del gobierno actual ha demostrado, entre otras cosas, que es una falacia asignar al salario mínimo un impacto determinante en el ritmo de crecimiento de los precios. Además, la política del gobierno ha impactado en la determinación de los aumentos anuales de los salarios contractuales de muchas empresas. También se ha mostrado la fuerza que posee la recuperación salarial como estímulo de la producción interna. Sería oportuno que desde el gobierno se estimularan a las organizaciones sindicales para establecer un sistema nacional de negociación salarial con la patronal, con el propósito de que las y los trabajadores puedan ejercer de manera unida su fuerza en la determinación de los salarios contractuales e incorporar en este proceso a las y los obreros agrícolas.

Durante las últimas seis décadas, en México se generaron estructuras monopólicas privadas. En los años del neoliberalismo (1982-2018) la empresa pública fue cediendo ante los grandes grupos, fortalecidos estos por el proceso de privatizaciones. Los esquemas monopólicos mexicanos tienen al Estado como su gran promotor. A esto se debe que las leyes antimonopólicas sean débiles y sus mecanismos de aplicación tengan un diseño en favor de la concentración y centralización del capital y la producción, excepto cuando se trata de perjudicar a las empresas públicas y al gobierno. Como el monopolismo es muy fuerte se requieren nuevas leyes e instrumentos orgánicos para combatirlo, pues se ha convertido en un valladar del desarrollo económico y de la redistribución del ingreso.

La ampliación y el fortalecimiento del mercado interno sigue siendo la gran prioridad mexicana, aun cuando la globalización está mostrando ajustes que podrían beneficiar la producción local de manufacturas para la exportación. El desarrollo del mercado doméstico es una base primordial para realizar procesos de redistribución del ingreso, aumentar el empleo formal y elevar la capacidad productiva del trabajo social.

En alguna medida, la corrupción suele estar presente en todos los países. Sin embargo, ese no ha sido el problema concreto de México, donde se conformó un Estado corrupto, el cual es un fenómeno peculiar y endémico. Es preciso arrancar el análisis desde los años 50 del siglo XX, cuando se creó un ramo presupuestal para el gasto discrecional del presidente de la República, con el cual la distribución directa de fondos públicos se amalgamó con los mecanismos existentes del peculado y el soborno, creando un solo sistema de carácter político. El Estado corrupto es la unificación de los diversos métodos de la corrupción pública en un solo engranaje hasta convertirse en uno de los sostenes estructurales de la gobernanza del país entero. La corrupción pudo llegar a todas partes y ámbitos bajo esquemas de ensanchamiento permanente, incorporación de más y más personas a sus prácticas y crecimiento continuo de la masa de riqueza ilegalmente apropiada. Ahora, por vez primera, ha llegado un gobierno que busca la destrucción del Estado corrupto. Esta tarea ya ha empezado, pero se requieren mayores revisiones del marco jurídico, la creación de nuevos instrumentos institucionales, el desplazamiento de grupos de servidores públicos que se formaron en la corrupción, la fiscalización organizada de las relaciones entre entidades públicas y privadas, así como la elevación de la conciencia popular sobre los daños materiales y morales de la corrupción. Se trata de una gran causa nacional y así debe tratarse.

Las libertades se han garantizado como nunca, al tiempo, el gobierno ya no repitió la vieja práctica de comprar votos, pero el país sigue demasiado anclado en la democracia formal. El establecimiento de la consulta popular en la Constitución, logrado antes del cambio político de 2018, no ha tenido los resultados esperados porque, en una ocasión, la Suprema Corte negó ese derecho en materia de las reformas de las industrias de energía y, después, ya bajo el nuevo gobierno, las oposiciones impusieron la separación de la consulta del día de las elecciones, lo cual dificulta la obtención del quórum requerido para que su resultado sea obligatorio. El país requiere cada vez con mayor urgencia un sistema completo de consultas populares, incluyendo la revocación de mandatos, como medio privilegiado de encarar las divergencias políticas que se presentan en el seno de la sociedad. No se trata de un instrumento del poder sino de un derecho de la ciudadanía para tomar parte de las grandes decisiones nacionales y de carácter local. La democracia participativa debe abrirse paso y vencer los obstáculos que le han impuesto las fuerzas antidemocráticas del país.

La libertad de organización sindical es una de las que requieren señaladamente una continuidad del esfuerzo ya iniciado recientemente. México acusa un retraso en esta materia, de tal forma que la mayoría de los asalariados no se encuentra organizada en sindicatos y muchos de estos son de fachada o manejados por burocracias parasitarias.

Otras libertades están por consolidarse o apenas alcanzarse, entre ellas las relacionadas con el gran tema de género, la regulación de las drogas, la interrupción voluntaria del embarazo, los servicios sexuales, la expresión de las convicciones políticas de los sacerdotes en todo lugar y momento, la difusión por cualquier medio de ideas y opiniones sin importar el empleo en el servicio público, entre algunas más sobre las que se requieren definiciones exactas o supresión de restricciones a las que han sido sometidas.

El sistema político de la Constitución requiere nuevos arreglos en tanto que el país ha cambiado. El actual sistema de partidos corresponde a otro momento, se requiere superar ya el monopolio electoral de pequeñas burocracias que han conducido a la ruina de sus propias organizaciones políticas, las cuales subsisten con crecientes dificultades, gracias a que operan dentro del marco del viejo Estado corrupto. Es preciso abrir el camino hacia la adopción de la reforma constitucional propuesta por el actual presidente de la República en materia de sistema de partidos, representación popular e integración de los órganos electorales.

La reforma judicial recién emprendida fue apenas una tímida respuesta a la corrupción de los tribunales mexicanos. El país requiere todo un plan para remover las estructuras creadas dentro del Estado corrupto, dotando a la judicatura de cualidades apegadas al deber justiciero, la defensa de los intereses sociales, populares y nacionales y el respeto de los derechos en el marco de la independencia de toda clase de otros poderes políticos y fácticos.

El fenómeno de la delincuencia organizada ligada al narcotráfico como actividad matriz se convirtió en México en uno de los más grandes problemas. Esto se debe a que apenas recién el gobierno se ha propuesto atender las causas económicas y el resentimiento social ligado a la falta de perspectivas de vida de muchos jóvenes. Pero también se debe a que, de todas maneras, se ha mantenido el postulado de la prohibición de las drogas, el cual ha fracasado en todo el mundo. Es urgente aprobar la nueva legislación sobre la cannabis, que ya está en trámite en el Congreso, y poder pasar a discutir los posibles mecanismos para la regulación legal de las demás drogas. Aun así, la delincuencia organizada seguiría existiendo, pero su poder económico sería mucho menor, de tal suerte que podría combatirse a través de métodos de investigación y, ante todo, de solidaridad y participación social que sólo ocasionalmente se han utilizado.

El desarrollo de actual proceso de la 4T requiere profundizar su sustento popular, pero, a partir de ahora, con mecanismos más incluyentes. Los viejos métodos organizativos de los partidos más o menos burocratizados han quedado atrás, hoy se requieren mecanismos participativos que permitan intervenir a la ciudadanía en procesos de poder mediante la toma de decisiones. La consulta es una forma, pero se requiere también la deliberación en la que el pueblo hable y decida. La gestión de los instrumentos de la 4T debe girar en torno a estas nuevas formas e irlas recreando a través de la experiencia. Los partidos han ido cambiando en casi todo el mundo. Tienden a ser lo que quizá fueron en un principio: movimientos. El problema que se debe resolver es el derivado de los métodos de adhesión, pertenencia, solidaridad y decisión. Un partido es, esencialmente, un programa político. El asunto suele consistir en quiénes formulan y quiénes aplican ese programa. Abrir a la opinión popular cada propuesta, tanto la que viene desde abajo como la que se elabora en las instancias de gobierno, es una de las claves. Mas, al mismo tiempo, se requieren los mecanismos para el seguimiento de los planteamientos programáticos, desde los nacionales hasta los más locales. En esto deben usarse los métodos de asambleas y consultas. Morena es ya un partido de gobierno y, por tanto, tiene que actuar con la organicidad, la temática y la responsabilidad que brinda el ejercicio del poder político. La voz del partido debe ser la del movimiento que en éste se expresa, lo cual implica el rompimiento de las capillas políticas tradicionales que han colmado la disputa y el ejercicio del poder. Todo esto requiere un ajuste de normas y, sobre todo, de prácticas. En la nueva etapa que se avecina luego de las próximas elecciones, Morena va a necesitar una gran convención nacional, luego de convenciones estatales, para llegar a un gran acuerdo sobre el movimiento que el pueblo trabajador va a requerir en la nueva etapa del país.

El gran cambio electoral iniciado en 2018 puso crudamente de manifiesto el estado que guarda el periodismo en México. El divorcio entre la prensa y el método tradicional de sostenimiento de ésta, caracterizado por la subvención gubernamental, desveló la afiliación política orgánica de los medios de comunicación, en su gran mayoría, a lo que hoy se conoce como PRIAN, es decir, la aproximación continua e ininterrumpida de los dos mayores partidos conservadores del país en un sistema cerrado de alternancias. El arraigo de la prensa al Estado corrupto se manifiesta también en la conducta opositora de la gran mayoría de los medios formales. Mas, por el otro lado, el respeto del gobierno a los críticos, incluyendo a los que usan la calumnia y los métodos de desinformación, le ha dado a la prensa mexicana en su conjunto una libertad de la que jamás gozó. La respuesta de la 4T ha sido las réplicas y, sobre todo, las comparecencias cotidianas del jefe del gobierno. Sin embargo, se resiente cada vez más la ausencia de una prensa profesional, independiente y ligada a sus lectores, aquella que pudiera decir lo que sucede y comentar analíticamente el estado del país. Un periodismo así es hoy casi marginal. Por ello, se requiere con urgencia generar iniciativas de financiamiento y organización de medios de comunicación nuevos que le otorguen a México una plataforma de prensa democrática comprometida con el pueblo.

Como se entiende, la prosecución del cambio mexicano depende a muy corto plazo del resultado de las elecciones de junio de 2024. La nueva conquista del gobierno federal y de la mayoría en el Congreso, así como de varias gubernaturas que se elegirán, ha de ser la ocasión de dar un nuevo impulso a ese cambio. Sin embargo, la tarea se aprecia complicada. El país se encuentra dividido políticamente en dos grandes bloques. El sector político conservador se haya ahora en algunos aprietos, pero las grandes masas de población que representa y la gran mayoría de la clase dominante, amén de casi todos los medios de comunicación y de franjas significativas del clero católico, no parecen estar mudando de actitud. La amalgama de fuerzas políticas del bloque opositor, al margen de su candidatura final, puede llegar cohesionada a la elección porque la une la 4T, es decir, la posible permanencia de este movimiento en el poder, su programa de transformaciones y el combate de los privilegios del pasado reciente. Los políticos pueden seguir desgranándose de sus respectivos partidos en crisis, pero la enorme corriente de oposición, el conservadurismo social más amplio, no se va a disolver. Por este motivo, las fuerzas de la 4T y sus líderes deben precisar con mucha claridad el planteamiento programático y las tareas políticas del momento. En especial, Morena debe dejar atrás el triunfalismo, tanto porque no es congruente con la realidad compleja y difícil que vive el país, como porque es una arrogancia incompatible con sus tareas democráticas. La ciudadanía votará y decidirá; esto no les corresponde a los voceros políticos, ni siquiera a las y los candidatos, quienes deben pedir el voto popular y convocar a la lucha, no presumir que ya poseen la mayoría. Esa debería ser la pauta de comportamiento de un movimiento popular respetuoso del pueblo mismo, del pluralismo realmente existente en el país y del valor supremo del mandato ciudadano.

04.07.2023

A FAVOR DE MÉXICO, EL FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES DE MIAMI EN LA DEMANDA CIVIL CONTRA LA RED DE CORRUPCIÓN DE GARCÍA LUNA

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CONTEXTO Y ANTECEDENTES

Red de corrupción de García Luna

Bajo auspicio de Genaro García Luna, un conglomerado empresarial obtuvo ilícitamente 30 contratos con entes públicos de seguridad en México, extrayendo más de 650 millones de dólares de las arcas nacionales. Recursos que fueron transferidos, a través de paraísos fiscales, al estado de Florida y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos.

Demanda civil

El 21 de septiembre de 2021, el gobierno mexicano presentó una demanda civil ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos. De los bienes detectados, se tienen aseguradas 19 propiedades de García Luna y sus cómplices.

Apelación

Los demandados, cómplices de García Luna, presentaron diversas solicitudes de desechamiento del juicio (motions to dismiss), pero el Juez de primera instancia las negó. Estas resoluciones fueron impugnadas mediante apelación, obteniendo la suspensión temporal del juicio civil.

RESOLUCIÓN Y EFECTOS:

El pasado 14 de junio, las Magistraturas que integran la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito en el Estado de Florida resolvieron por unanimidad confirmar los actos del Juez de primera instancia.

Con la resolución, la Corte de Apelaciones ratificó la competencia del Juez de Primera Instancia para conocer y resolver la demanda civil presentada por el gobierno mexicano contra García Luna y sus cómplices.

Además, levantó la suspensión dictadaen noviembre, con lo quepermite continuar con las siguientes etapas del juicio civil hasta su conclusión.

QUÉ SIGUE?

El procedimiento reinicia en la etapa de descubrimiento de pruebas por las partes, lo que incluye la presentación de documentos y testimonios a cargo de los demandados, sus cómplices, contadores, abogados y demás personas involucradas, así como de operaciones registradas en varios bancos en EE.UU, México y Barbados, para esclarecer los flujos de dinero provenientes de las contrataciones que se procuraron por medio de actos de corrupción.

Concluido el descubrimiento probatorio, el Juez dará por cerrada la etapa de preparación y someterá el caso a juicio, en el que se buscará convencer al jurado de las pretensiones del Estado Mexicano para que le otorgue la razón y se consiga la recuperación de activos producto de la red de corrupción de García Luna.

Raíz socialista de la democracia*

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La democracia política surge sobre la base de la liberación de la fuerza de trabajo servil y la consecuente destrucción de las relaciones feudales. El individuo (hombre) ya es libre de moverse en el territorio y se vuelve a formar la polis, integrada por personas formalmente iguales. La democracia no es producto de un ideal de igualdad, ni de ningún otro ideal, sino del establecimiento de una nueva desigualdad social, la del nuevo mundo, la nueva opresión basada en la explotación de la fuerza de trabajo de personas libres que pueden vender su fuerza de trabajo.

Por esto, los sistemas democráticos surgen como formas de representación y de integración del poder político por parte de los propietarios, que eran quienes podían votar y ser votados. El voto censatario es la marca de origen de la democracia moderna.

Mientras que para la nueva clase dominante el sufragio universal era un peligro, para la otra nueva clase, la de los trabajadores asalariados, el proletariado de la modernidad, era la forma de tomar parte de la lucha política, es decir de tener sus propios representantes. La burguesía, como es de suyo propio, tiene el poder del dinero a través del cual puede influir en el poder político. Así, la democracia es producto histórico de los trabajadores ya que es uno de los grandes intereses políticos de quienes no pueden ejercer ningún poder que no provenga de la representación directa del pueblo.

El enfoque del socialismo mexicano no fue siempre democrático. Durante décadas, la democracia política, aún la más formalista, se observaba en México como algo propio de sociedades avanzadas, para algunos, o como un gran engaño histórico de la burguesía, para las corrientes más dogmáticas. Entre el oportunismo, que observaba la antidemocracia del sistema político mexicano y la escasez de libertades democráticas como algo natural en tanto país pobre y atrasado, y la otra postura de que toda democracia política era instrumento directo de la opresión de la clase dominante, la izquierda mexicana, en su mayoría, vivía de espaldas al tema de la democracia.

Desde estos extremos, falsos por igual, empezó a surgir el programa democrático, tanto en lo referente a las libertades en general como en la reforma concreta del sistema político para lograr, en palabras de Arnoldo Martínez Verdugo, la “libertad política para todos los ciudadanos.” México estaba a mediados de siglo XX como otros países estuvieron a principios del siglo XIX, a pesar de que la Constitución reconocía los derechos de expresión, prensa, asociación, reunión, voto activo y pasivo, sindicación, huelga, etcétera: puras proclamas sin vigencia.

Varios movimientos sindicales, campesinos y estudiantiles fueron reprimidos durante las dos décadas que precedieron al gran movimiento estudiantil de 1968 en favor de las libertades democráticas. La represión volvió entonces a cundir con un horrible saldo de muertos y encarcelados. Ya no debería haber duda de que el problema concreto más importante de México era el de la democracia, es decir, la grosera falta de ésta.

A la clase dominante, en todas sus fracciones políticas y sus diversas agrupaciones gremiales, especialmente a la oligarquía propiamente dicha que manejaba al gobierno más o menos a su antojo, no le preocupaba la ausencia de libertades democráticas sino, en realidad, que se produjera una reforma política que pudiera abrir un camino democrático para el país. Por eso tardó tanto la llamada transición y por eso fue tan defectuosa en términos de la democracia formal predominante en el mundo occidental.

En su origen, en 1978, la reforma política, como ampliación del derecho de asociación, voto pasivo y acceso de los partidos a la radio y la televisión, fue producto de la lucha de la izquierda independiente, tanto la organizada en partido como de aquella que representó la juventud intelectual de los años sesenta y setenta. La derecha, oposición siempre leal, el Partido Acción Nacional, pedía el respeto a sus votos, pero no procuraba las libertades democráticas en general, es decir, para todos. Nunca en su historia el PAN ha pretendido algo más que concesiones particulares y jamás ha llevado a cabo acciones en favor de derechos políticos y sociales para la sociedad entera. Ese partido no es diferente a otros muchos del mismo signo en el resto del mundo.

El Partido Socialista Unificado de México surgió a convocatoria del Partido Comunista Mexicano y, dentro de éste, de Arnoldo Martínez Verdugo, quien luchó incansablemente en favor de la unidad de las izquierdas mexicanas. Él fue, en reconocimiento de su programa democrático y de su lucha unificadora, el candidato del PSUM a presidente de la República en 1982. Eran corrientes de la izquierda histórica, de la oportunista y de la más dogmática, que convergieron en un mismo partido donde la pregunta no era de dónde venías sino a dónde querías llegar. Predominaron dos planteamientos programáticos: la democracia política y el Estado social. La izquierda, a través de su partido indiscutiblemente más importante, respetable e influyente, era ya, sin duda, partidaria de la democracia política.

Mas no se trataba solamente del sistema electoral sino de todas las libertades. México tenía un partido, el PSUM, que luchaba en favor de todas, las que derivan de derechos fundamentales y de aquellas que son reivindicadas por segmentos de la sociedad como nuevos derechos. Era una izquierda laica, a pesar de sus remanentes ateístas, reminiscencias de un pasado esencialmente liberal asombrosamente entrelazado con el socialismo más dogmático. El PSUM fue, como todo partido de verdad, un proyecto político que no se concebía como algo inmóvil. El proceso de unificación no debía limitarse a sí mismo, por ello surgió a los seis años una nueva formación, el Partido Mexicano Socialista, y luego del levantamiento electoral de 1988, bajo la convocatoria de Cuauhtémoc Cárdenas, esa izquierda se sumó a la formación del Partido de la Revolución Democrática. Esa izquierda democrática de los años sesenta y setenta, la que conquistó sus propios derechos electorales en 1978, la que nunca dejó de abrir senderos de la democracia política y de las reformas sociales, se encuentra casi toda en Morena. La izquierda democrática no es una sigla sino una corriente histórica. Quienes se han rezagado se distinguen por su inconsecuencia o por su franca regresión a posturas oportunistas, por lo cual no resultan ser más que integrantes del conservadurismo y, por ende, del bloque opositor. Pero hayan o no militado en el PSUM, esos grupos o individuos que alguna vez estuvieron del lado de la izquierda democrática han perdido el rumbo porque, debido a sus posiciones, viejas o nuevas, rechazan el mandato popular, reniegan del principio de la democracia en el mejor momento que ésta ha tenido en México.

Durante los últimos cuatro años y medio, se ha logrado el mayor respeto a las libertades por las que la izquierda democrática mexicana se organizó, luchó y fue víctima de innumerables represiones. Los cotidianos y sistemáticos ataques contra el gobierno federal y la 4T no se responden con actos de fuerza; son libres por entero los críticos y maledicentes, como nunca lo fueron sus correspondientes en otros años. Por primera vez, el gobierno federal no ha comprado votos en las elecciones y ha promovido la consulta popular, a pesar de los grandes obstáculos legales y políticos que se han levantado desde las derechas contra los mecanismos de participación directa. El poder no ha roto ninguna huelga. Las manifestaciones son respetadas. Las protestas de la oposición han llegado irónicamente a ser alentadas por el jefe del gobierno. Ningún medio de comunicación, ni comunicador, ha sido censurado en lo más mínimo, aunque no paguen bien sus impuestos. Los actos indebidos cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad se están investigando y castigando. Se ha iniciado la lucha contra el Estado corrupto que durante décadas predominó en el país. Se acabaron en un solo día los llamados moches en la Cámara de Diputados, sistema de tráfico de influencias para esquilmar el presupuesto federal. Se ha realizado una reforma administrativa basada en aumentar la rentabilidad social del gasto público, acabar con el derroche, establecer el criterio de la austeridad y combatir la corrupción. Se está reponiendo la brutal pérdida histórica de los salarios. La política social se ensanchó, pero sin intermediarios mafiosos. El asistencialismo ha sido sustituido por el ejercicio de derechos al retiro, a la educación, a la salud y a la subvención económica socialmente necesaria. México ha optado por convertirse pronto en un país de becarios en la educación pública. Se ha iniciado un camino hacia el sistema de atención médica universal y sin costo para los no afiliados a la seguridad social, al tiempo que se pretende recuperar el tiempo perdido en la formación de personal médico y en la edificación de unidades de salud. Las estructuras monopólicas han dejado de ser favorecidas, se ha prohibido la condonación de impuestos y el disimulo frente a la evasión. Se ha elevado mucho la recaudación aun sin la elevación de tasas impositivas. Ha quedado atrás la política de asociación pública-privada. Los subsidios ya no son de tipo neoliberal para favorecer a los más ricos. Se ha abandonado la política de otorgar concesiones sobre bienes propiedad de la nación. Se han cancelado contratos leoninos y privilegios especiales de empresas, concedidos por los gobiernos neoliberales. Existen grandes planes de infraestructura con fondeo presupuestal del Estado para eludir los esquemas de financiamiento que benefician principalmente a los acreedores a través de las políticas públicas. Se ha avanzado mucho en la ruta hacia de la autosuficiencia energética y se han rescatado las empresas públicas de ese sector. Se ha adoptado el postulado de la autosuficiencia alimentaria y se dejaron de canalizar grandes subsidios en favor de líderes agrarios y agricultores ricos. Se ha subrayado el esquema de relaciones internacionales sin supeditación a pesar de las objetivas desigualdades económicas. El gobierno de México ya es respetado en el mundo sin que ello implique la renuncia a expresar sus propios puntos de vista ni a defender los principios históricos de México en materia de política exterior.

La lista de cambios y reformas es mucho más larga, pero lo más importante del tema es que todo lo descrito estuvo en el programa de las izquierdas unificadas en los partidos de ese trayecto: PCM-PSUM-PMS-PRD, al cual, inevitablemente, aunque con otra forma de integración, habría que añadir a Morena.

La democracia ha sido y es la divisa de la izquierda independiente desde principios de los años sesenta del siglo XX. Quienes observan en el tono del debate político una supuesta manifestación de intolerancia de parte del jefe del gobierno están queriendo conducir la lucha política hacia una forma que no es democrática, es decir, quieren que la absoluta mayoría de la prensa se siga lanzando todos los días contra el gobierno, incluso con grandes mentiras, y éste se haga el disimulado.

El debate es consustancial al ejercicio de las libertades democráticas. El problema antidemocrático es la monopolización de los grandes medios, el cual no ha sido del todo superado con las redes sociales. Exigir que el jefe de gobierno no gobierne en público ni responda cotidianamente y en persona a los ataques es, en esencia, una posición antidemocrática pues pretende el predominio incontestable de la gran prensa que se ubica en el bloque opositor. En realidad, esos escritores de periódico y otros comentaristas, tan molestos con los señalamientos cotidianos del jefe del gobierno, jamás dicen algo cuando sus colegas y ellos mismos arremeten contra la 4T con una furia, quizá digna de mejor causa, pero que corresponde a su propio derecho, hoy, como nunca, respetado.

En México jamás había existido tanta libertad de comunicación de ideas como hoy en día. Esta es, aunque se quiera olvidar, un legado de la izquierda que resistió por años innumerables represiones con la bandera bien alta de las libertades democráticas.

* Ponencia presentada en el Foro “La democracia mexicana y su raíz socialista: a 43 años de la Fundación del PSUM”, organizado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

Palabras del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, en la Conferencia Regional “El Uso de la de la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades”, Museo Nacional de Antropología, 9 de mayo de 2023.

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Esta conferencia regional tiene varios significados desde el punto de vista de la lucha en contra de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y en favor de los mercados legales, de las actividades lícitas, no solamente en los aparatos financieros sino también en lo que llamamos las actividades vulnerables, una de las cuales es el mercado del arte, en todos sus aspectos.

Hemos puesto especial atención para que todos los negocios dentro del mercado del arte permanente, sistemática y puntualmente avisen a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de las actividades que realizan. Este es un elemento indispensable que quizá no lo haya en todos los países del mundo, pero forma parte de las indicaciones que, al respecto GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ha emitido con el propósito de aumentar el control y la supervisión del Estado en las actividades vulnerables y, especialmente en esta clase de mercados, en donde los recursos ilícitos pueden acomodarse de una manera más subrepticia, más engañosa, más oculta.

Este es uno de los asuntos que vamos a tratar y todos los países de América Latina que están participando en esta conferencia expondremos nuestros puntos de vista, experiencias y planteamientos. Contrastar la experiencia y el conocimiento es la llave para poder sacar colaboraciones e ideas nuevas; eso es lo que buscamos.

Como la conferencia está hecha en pie de igualdad, entonces podemos decir también que, desde el punto de vista del gobierno mexicano, la posesión ilícita de obras de arte antiguas como producto del despojo hace de esa posesión una presunción de delito en sí misma.

Hay personas que todo el año están comerciando, haciendo sus subastas en corto, colocando mercancía, con la gran ventaja de que no tiene que ser público. Esto debe ser considerado como nosotros lo hacemos como un probable delito predicado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. No hay otra manera de enfrentar ese fenómeno.

México es un país que se fue construyendo sobre la base de la destrucción del patrimonio material y del patrimonio espiritual de las civilizaciones anteriores. Esta colonia no fue como otras, esta colonia fue objeto de una sistemática acción destructiva porque el arte de las culturas originales no era apreciado como tal, era apreciado como vestigio, cosas antiguas, curiosas, por lo regular consideradas feas como dicen que le dijo Hernán Cortés a Moctezuma.

Con el tiempo se registró en los mercados el cambio de gusto de quienes operan, compran y venden en ellos, que no son nuestros propios países. En los países europeos y los Estados Unidos se generó toda una fascinación por este arte antiguo americano y se dio una valorización monetaria extraordinaria, pero todo fue producto de un despojo. Ningún país envía nada a otro por decisión propia, todo se lo llevaron, ese es el hecho histórico.

Cuando el Gobierno de México plantea una reconsideración a las potencias colonialistas sobre los hechos históricos vinculados con las conquistas y las colonias no está buscando un revanchismo, ni quiere insultar a nadie. Estamos conscientes de que muchos problemas actuales son impronta del pasado y la gran herramienta de la historia es la que permite darnos cuenta de lo que ha sucedido, admitir con sinceridad lo que ocurrió y las consecuencias de esos actos que hasta hoy están presentes. Pero no se nos contesta, creyendo que lo que estamos pidiendo es un acto de inclinación ritual, pero no. Si las repúblicas latinoamericanas se levantan como entidades que plantean igualdad entre los Estados, hay igualdad también en el diálogo, hay igualdad también en todo lo que se dice.

No ha habido nunca un periodo en la historia de México como el del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que la llamada libertad de expresión se haya manifestado tanto y tan decididamente, nunca, porque la transformación que buscamos es sobre la base de la concurrencia, del debate, el decir las cosas y entre las naciones lo hemos estado logrando como en ningún otro periodo de la historia, con nuestro vecino del norte, que como ustedes saben no es algo sencillo.

Entonces, el planteamiento es que convoquemos en la medida que vayamos entendiéndonos, a realizar expresiones de carácter legislativo en distintos países europeos y, quizá también, en algunos americanos con el propósito de hacer un esquema común no solamente de aplicación de normas sino también intercambio de información sistemática y de actos de colaboración.

El sistema de inteligencia financiera ya empezó la colaboración directa, incluso la actuación en tiempo real entre varias entidades de países diferentes. Nosotros no tenemos el menor problema, no confundimos la soberanía con el ocultamiento de información, al contrario, a todo mundo le pedimos el intercambio más grande, la información materia de inteligencia financiera para actuar conjuntamente. No siempre encontramos esa respuesta, pero vamos a seguir y creo que en GAFI estas ideas predominan y, sin duda, muchas de ellas se van a expresar aquí. Esa es la posición del Gobierno de México: todo el esfuerzo que podamos hacer.

Por ello, esta conferencia regional es relevante, es importante y todos estamos esperando que tenga muy buenos frutos.

Versión estenográfica de la intervención del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, en la firma del Convenio Marco de Colaboración con Pemex, realizada el 17 de enero de 2023

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Quisiera decir algunas cosas en relación con el convenio que hoy firmaremos el director general de PEMEX y yo, viejo amigo mío, por cierto, de luchas políticas muy fuertes y muy memorables.

Siempre he dicho que la deuda de Petróleos Mexicanos es enteramente una deuda del gobierno, con dispensa de las calificadoras, lo he dicho siempre, una cosa tan evidente, que no sé por qué las calificadoras no han terminado de entender nunca y, por lo visto, seguirán sin entender.

PEMEX le dio a México una riqueza enorme con la extracción de hidrocarburos que ya eran constitucionalmente propiedad de la nación antes de la expropiación de los bienes de las compañías extranjeras.

El gran cambio fue que al hacerse la expropiación se construyó la gran industria nacional de los hidrocarburos. Pero fue siempre un instrumento para hacer un gran fraude a la Constitución, es decir, la Constitución dice que no se pueden contratar empréstitos más que para obras que generen ingresos, así decía la Constitución. Pero los gobiernos no estaban de acuerdo con eso y PEMEX fue el instrumento para poder violar la Constitución, la carga fiscal de PEMEX era tan alta y obligada a recurrir al financiamiento cumplía con lo que dice la Constitución: obras que generen ingresos, lo que no podía hacer el gobierno para canalizar ese financiamiento que necesitaba hacía el gasto corriente. Entonces, la deuda tendía a incrementarse e incrementarse por la vía de las regulaciones de carácter fiscal.

Pero, el mal uso del producto generado con la extracción y comercialización de los hidrocarburos fue posible por el régimen político: el presidente decidía sin consulta, sin análisis colectivo, ni siquiera una prensa crítica había.

Fue posible también, porque la oposición oficial era una oposición demasiado leal y en estas materias más, porque en estas materias, es decir, PEMEX, una empresa pública nunca fue del agrado de la derecha opositora que nació, justamente, para protestar por la expropiación de los bienes de las compañías extranjeras. Y esta idea mexicana conservadora de luchar siempre del lado de las compañías extranjeras, por lo que veo yo y lo que hemos discutido, en materia de reformas al sistema eléctrico y otras más, sigue presente en esa corriente del pensamiento mexicano, que es muy importante porque es muy fuerte, y a pesar de toda la experiencia, no cambia. Qué difícil es cambiar la conciencia arraigada en partes de la sociedad, aun los hechos más duros no logran a veces cambiar eso.

Yo quise decir esto, en la torre de PEMEX, porque la defensa de la industria petrolera nacionalizada, como se decía antes, del Petróleos Mexicanos al servicio de la Patria, como aprendimos a leer por todas partes, en todo este país, los integrantes de mi generación siempre se nos quedó ese planteamiento, es una lucha vigente.

Todo lo que se ha hecho bajo la administración actual seguirá siendo motivo de discrepancia, nada es consolidable si no hay una defensa permanente, sistemática, militante, tratando de eludir las concesiones que atentan contra el proyecto que se trata de llevar a cabo. Así, el gobierno actual se planteó el rescate, y el rescate se inició, durará, esperamos que siga adelante, porque es la forma de poder reiterar que el proyecto original de algo al servicio de la Patria, es vigente. El mundo no ha cambiado en una dirección distinta para que no sea necesario utilizar los bienes comunes para beneficios comunes, ese es el planteamiento. Todos somos la Patria y a la nación le corresponde la riqueza de los hidrocarburos.

Quisiera decir, sobre nuestro convenio, que siento enorme satisfacción. Nuestro convenio tiende a continuar con una colaboración que es muy importante porque, en otro orden, pero junto con todo, PEMEX ha sido víctima de una cantidad de atracos impresionante y requiere todo el gobierno en su conjunto, todas las unidades gubernamentales, todas las dependencias de gobierno apoyen siempre en la vigilancia, en miles de formas que hay para apoyar que una empresa tan importante, trascendente, necesaria para nuestro país, propiedad de la nación, pues sea vigilada por todos y todos nos preocupemos.

Aquí se hicieron cosas, yo recuerdo, desde aquellos barcos, fueron 40 millones, 20 millones por cada barco, de sobreprecio, que fueron comprados con la aprobación del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y el sobreprecio nunca se encontró. No se supo o, si se supo, no se quiso decir quiénes eran, el que era director de PEMEX, a la sazón senador, fue desaforado y llevado a la cárcel, pero el dinero no se vio nunca.

Creo que la primera vez que se logra una proeza de esta naturaleza es Agronitrogenados. Somos socios en el proceso de Agronitrogenados, todo el gobierno, desde luego, pero específicamente la dirección de PEMEX, la dirección jurídica de PEMEX y la UIF. También en otros atracos que ha habido. PEMEX fue parte de la estafa maestra, tuvo su propia estafa maestra y, bueno, lo de Odebrecht, los procesos están abiertos, las idas y venidas, todos los problemas que tenemos de discusiones, a veces, con el Ministerio Público, no siempre lo que quisiéramos desde el lado del gobierno, bueno, es una institución autónoma.

La verdad que, hace muchísima falta, la conciencia de la integración en una sola gran ruta de acción de las entidades públicas, en la defensa del patrimonio nacional, de los recursos de la nación, de los presupuestos, no solo federal, sino también de las entidades y los municipios, es decir, de la lucha contra la corrupción.

Nosotros no vinimos de fenómenos de corrupción como hay en otros países. Ese problema nosotros no lo hemos tenido nunca, porque en México se construyó el Estado corrupto, que es otra cosa, no es lo mismo. Es la conversión de la corrupción en parte del sistema de gobierno y así funcionó, y le dio al Estado ese carácter, por ser parte de la gobernanza.

El Estado corrupto requiere ensancharse todo el tiempo, incorporar más y más gente, más y más empresas, más y más instrumentos del mismo Estado, como la judicatura, como la procuración de justicia, todo fue incorporado. Para superar ese fenómeno no se necesita agarrar a una mafia que gobernó durante un periodo, llegó al gobierno y se robó todo lo que pudo y salió corriendo. Aquí no fue así, no ha sido así, aquí era la reproducción del mismo sistema cada vez que había cambio de gobierno. Este es el primer gobierno, en la historia contemporánea de México que llega a luchar contra la corrupción, es el primero.

En el 2021, en las elecciones federales, por primera vez el gobierno federal no compró votos, por primera vez, se dice fácil. Qué difícil fue llegar ahí y lo vemos tan sencillo. Fue muy sencillo que en el gobierno federal no hubiera dinero para la compra de votos. Luchamos decenas de años, desde que empezamos en la lucha política, luchando contra la compra de votos como fenómeno que corrompe a la sociedad; ese es el problema, llega como Estado corrupto, en primer lugar, a los más pobres que son los que venden el voto.

Pemex ha sido el saqueadero, yo fui el que lo denunció en el Instituto electoral. No eran 500 millones de pesos, perdónenme, lo que se robaron fueron mil 100 para la campaña priista, todos sacados a través del sindicato, entregados al PRI. El IFE les dio el 50% de descuento. Así fue, es la verdad, no hay que olvidarlo, no es la institución inmaculada, nunca lo fue, viví allí, conozco sus movidas, parafraseando un poco vulgarmente a José Martí. Entonces qué, 50% de descuento, debieron de haber pagado dos mil millones de multa, mil que se robaron y mil de multa. Pagaron mil que fue un regreso y qué pasó en la sede el Ministerio Público. Nada, se declaró que no había daño patrimonial, que no había. Hubo un convenio con el sindicato por el cual el sindicato le iba a devolver el dinero sustraído y PEMEX firmó otro convenio con el sindicato para estarle dando el dinero que el sindicato le iba a devolver. Todo desde el poder se puede hacer así. Todas son engañifas, cosas así tan burdas, pero que no importa.

La Unidad de Inteligencia Financiera puede dar aportes en la lucha en contra de la corrupción, en la lucha por la reivindicación de los principios de honradez, los principios de austeridad. La lucha por la austeridad no es un asunto de tipo meramente económico, es un asunto de moral pública, porque cuando se derrocha el dinero público, se comete un acto de corrupción. Este es un problema muy serio y yo creo que ustedes están en esa lucha y siguen en eso. Es dificilísimo ¿Verdad? Hay que cambiar la mentalidad que durante décadas se fue haciendo: de que no te preocupes, al fin de cuentas, del presupuesto sale todo.

Nosotros colaboramos en la forma más incondicional con los organismos públicos, no solamente de la Federación, sino también de los estados y, naturalmente, PEMEX no es un organismo público cualquiera, es un organismo muy especial, es un organismo central, porque tiene que ver con la economía nacional, tiene que ver con el ingreso público, tiene que ver con la industrialización, tiene que ver con el desarrollo, con la ingeniería propia, tiene que ver con muchísimos aspectos de la vida de México.

Por lo tanto, para la Unidad de Inteligencia Financiera la colaboración con Petróleos Mexicanos siempre ha sido y seguirá siendo un elemento de la mayor importancia y este convenio se da en ese marco.

Muchas gracias.

REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL

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Texto leído por Pablo Gómez el 28 de abril de 2022 en la conferencia “mañanera”, del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

La iniciativa de reformas constitucionales que presenta al Congreso el Presidente de México en materia político-electoral tiene como propósitos principales los siguientes:

Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad. Por vez primera, en las elecciones de 2021, el gobierno federal no compró votos ni asignó dinero para que otros lo hicieran. Estamos de plano en la lucha efectiva contra la compra del sufragio, pero es necesaria una nueva reforma para lograr que ningún gobierno, ningunas empresas, ningunos poderes económicos puedan comprar votos, como tampoco utilizar instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular.

Erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que no sean protagonistas adicionales de la lucha por el poder. Es necesario superar la situación en la que las autoridares electorales se encontraban vinculadas de una forma u otra al gobierno en turno, lo cual, recientemente, se modificó al ubicarse esas mismas autoridades en el plano de la oposición abierta al gobierno. Ambas cosas son indebidas y dañosas para el país. Es necesario que las autoridades electorales, administrativas y judiciales, sean imparciales y se apeguen a la legalidad y los principios democráticos: que sean personas ciudadanas y no profesionales de la política.

Garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin censuras de ninguna especie. En estos tres años, ningún comunicador ha sido reprimido por el gobierno federal ni se ha perseguido a ningún partido o candidato. Gozamos del más amplio espacio de libertades en estas materias. Sin embargo, existen instancias públicas, organismos que supuestamente deben defender esas mismas libertades y hay también poderosas corporaciones privadas que pretenden acallar la crítica que procede del gobierno y de personas que se encuentran en el campo de la lucha por la transformación del país. “La libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”, consagrada con esta claridad en el artículo 7º de la Constitución, debe ser efectivamente “inviolable”, como lo marca la misma Carta Magna, y, por tanto, ser defendida también en todos los campos de la vida republicana de México.

Construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político. Los partidos deben existir legalmente sólo con base en el voto popular que obtengan y las candidaturas independientes deben tener la suficiente cobertura para su existencia y representar a sus votantes en los órganos del poder, al igual que los partidos políticos.

Conformar un sólo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial únicas, bajo el principio de la austeridad republicana. Ya se ha demostrado que el camino hacia la federalización de las instituciones electorales, proceso iniciado hace ya décadas, es correcto. El problema, sin embargo, es que no se ha culminado. Se plantea, por tanto, una sola legislación y unos organismos administrativos y judiciales únicos encargados de las funciones electorales, lo que, al mismo tiempo, disminuirá el gasto público que ahora se destina a la duplicidad de funciones.

Designar mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y a las jurisdiccionales, a través de la postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión. Es preciso que las instancias encargadas de organizar las elecciones y de decir el derecho electoral adquieran una dimensión ciudadana, para lo cual se propone que sus integrantes sean designados mediante votación popular, es decir, voto universal, libre y secreto.

Crear un nuevo sistema de elección en el que cada quien vote por sus representantes directos y todos los votos válidos se vean representados en los órganos colegiados del poder público, a través de una proporcionalidad pura. Uno de los mayores cambios políticos del momento actual consistiría en darle mayor representatividad a los órganos legislativos y municipales del país, para lo que se necesita que todos los votos válidos emitidos tengan el mismo peso y que los electores conozcan a los candidatos por quienes pueden votar directamente en cada entidad federativa y en cada municipio.

Elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en cada una de las entidades federativas, con el uso del método de listas postuladas por los partidos y listas de candidaturas independientes. Igual forma se aplicaría en cada elección legislativa local. Desaparecen las cinco circunscripciones plurinominales; en cada entidad federatriva se elegirán tantos integrantes de la Cámara como lo determine su población. De definirá la forma de votar dentro de cada lista para que los y las votantes de la misma determinen el orden de las y los candidatos.

Fijar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado. Asi mismo, establecer un tope máximo de 45 curules en las entidades más grandes para conformar sus legislaturas y un tope máximo de 9 integrantes en los mayores ayuntamientos. Se debe reconocer que el creciente número de representantes populares no mejora la calidad de la representación popular sino que sólo aumenta el gasto burocrático y la disputa por el mismo.

Limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral, suprimiendo el llamado financiamiento ordinario que se entrega cada mes durante todos los años. Al tiempo, regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de éstos. Los gastos en burocracia partidista sólo promueven que los partidos se abstengan de cobrar cuotas y gasten dinero en actividades que no están vinculadas a la democracia, ya que son parasitarias pero pagadas con fondos públicos. El financiamiento público de partidos y candidaturas independientes debe realizarse sólo para hacer menos dispareja la contienda electoral, es decir, durante las elecciones, pero sin subsidiar preferentemente a las burocracias partidistas.

Con esta propuesta se busca fortalecer la democracia y garantizar el cumplimiento de la voluntad popular. La autoridad electoral administrativa y judicial debe ser independiente del poder político, pero también de los partidos y grupos económicos. En los últimos dos años, el país ha vivido un proceso que nunca se había visto. El INE fue pasando de ser frecuente instrumental del gobierno en turno y de algunos partidos a convertirse en actor de la lucha política. Un grupo de integrantes de su Consejo General asumió esa conducta, la cual no pudo revertirse con la designación de la Cámara de Diputados de dos nuevas consejeras y dos nuevos consejeros. El órgano de gobierno del Instituto llegó al extremo de anular candidaturas aprobadas y no impugnadas, a través de oscuros e inaceptables procedimientos de fiscalización de pequeñeces. Quedó por los suelos el derecho al voto pasivo de quienes contaban con las calidades legales para aspirar a cargos de elección popular. Esa fue una ofensa principalmente contra el electorado, aún antes que contra los candidatos y sus partidos. Ningún consejo general se había atrevido a llegar a tal extremo, aunque también es cierto que sabía de antemano que contaría con la complicidad de una mayoría de magistrados. De esa forma, se produjo dentro del INE un insospechado cambio de reglas. Una de esas reglas consistía en que la autoridad no tenía derecho a relevar candidaturas para allanar el camino de otro partido o coalición y que, a pesar de la peculiar integración del órgano, el derecho formal al voto pasivo siempre debía ser respetado por poseer carácter fundamental. Esto ha dejado de ser vigente.

Junto con esos escandalosos acontecimientos, se han producido otros muchos que, aunque con diversas connotaciones y circunstancias, hablan de una crisis del Instituto y del Tribunal.

La conducta reciente de las autoridades electorales frente al mecanismo de revocación de mandato es elocuente por sí mismo, como antes lo fue con motivo de la consulta popular. Los mecanismos de participación ciudadana con los que simpatiza el actual gobierno son tratados de la peor forma justamente por la instancia constitucional que tiene a su cargo la organización del procedimiento democrático. Centenares de millones de pesos de dos fondos que no lo son, pues proceden del desvío de partidas subejercidas con otros objetos de gasto, fueron esterilizados antes de ponerlos al servicio de aquellos dos inéditos eventos de democracia directa. El número de casillas donde el pueblo vota sin distingos se redujo en dos tercios debido a que la oposición estaba obstruyendo, por su propio lado, la concurrencia a las urnas. El INE actuó como un opositor más. Esta es una violación formal suprema de todos los pactos político-electorales que se han firmado en México desde 1977. La crisis es profunda y no sólo es de “credibilidad”, sino de ausencia de legitimidad y legalidad, pues, antes que el cumplimiento del deber, ha predominado el enfoque faccioso pretendidamente justificado con un lenguaje mendaz. Al final de ese camino tortuoso, ha quedado al descubierto la sencilla verdad de que el INE contaba sobradamente con los recursos públicos necesarios para cumplir el mandato legal de instalación de casillas.

Se requiere volver a empezar en muchos aspectos, saliendo del hoyo cavado durante los últimos tiempos. Se propone crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como autoridad electoral independiente sin militancia política y con capacidad de articular su acción con las instituciones originales del Estado mexicano.

Descomposición moral de élites

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha suspendido la aplicación de algunos preceptos de la Ley de Remuneraciones para permitir que durante un año más los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los altos jefes del mismo ganen lo que ellos decidan, sin importar el límite constitucional.

La ley ordena que las normas generales no pueden ser suspendidas en su aplicación a través de medidas cautelares. Pero, en una votación de tres contra dos, la ley de remuneraciones no va a tener vigencia en el INE. Otra manera de decirlo es que el órgano máximo garante de la constitucionalidad ha violado la Constitución dos veces en un sólo acto: excluir por el momento al Instituto Nacional Electoral de la observancia de los artículos 75 y 127 de la Carta Magna y suspender, en el marco de una controversia, la vigencia plena de normas generales de observancia obligatoria, antes de resolver el fondo del asunto.

¿Por qué se ha rebajado tanto la Primera Sala de la Suprema Corte? No es la primera vez que lo hace. Lleva dos años autorizando remuneraciones discrecionales inconstitucionales de integrantes de órganos autónomos. La respuesta podría ser que una mayoría de la Corte no está de acuerdo con la nueva política de remuneraciones de los altos jefes de los entes públicos, pero como posiblemente no llegue a tener ocho votos, no puede resolver ningún asunto de estos en el Tribunal Pleno y, por ello, otorga suspensiones anuales en alguna de sus salas por mayoría simple de tres votos.

Sin embargo, el peor problema no lo tiene la Suprema Corte, sino una mayoría de consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral. Cualquiera quisiera ganar más, pero un servidor público no puede darse la licencia de violar la Constitución y la ley para elevar sus percepciones. Mucho menos un funcionario que se encarga de organizar la recepción del voto popular a través del cual los electores manifiestan su voluntad política.

Es evidente que en la elección de 2018 hubo una amplia mayoría que indicó su acuerdo con una nueva política de sueldos de los jefes de los entes públicos, pues el candidato ganador planteó con absoluta claridad esa propuesta. Lorenzo Córdova no puede decir que ignora que una mayoría electoral no está de acuerdo con que él gane más que el presidente de la República aunque la Carta Magna lo prohíba y se haya votado en favor de una nueva política de sueldos. Ese mismo dictado lo hemos constatado en la elección legislativa del presente año. ¿De qué democracia hablan en el INE, de qué legalidad presume la mayoría de consejeros y consejeras?

Sería difícil suponer que tres de los cinco integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte se hubieran puesto formalmente de acuerdo con seis de los 11 consejeros y consejeras para aplastar las normas constitucionales y legales sobre remuneraciones de servidores públicos. Sería más bien una coincidencia de propósitos, pero eso no supera la ausencia de ética de unos y otros en este escandaloso lance de los sueldos.

El asunto es más grave cuando esos seis consejeros y consejeras electorales han estado militando en contra de la nueva fuerza gobernante del país que implantó una nueva política de remuneraciones, estableció una austeridad republicana en el servicio público e impulsa un programa social contrario al neoliberalismo de los tiempos en los cuales ellos llegaron a los cargos que actualmente desempeñan.

No existe la menor duda de que, entre muchas otras tropelías del INE, la cancelación de registros de candidaturas de ciudadanos que cumplían con los requisitos de la ley fue una manera de tomar parte en la contienda electoral, frente a la cual se debe ser imparcial.

En el asunto de los sueldos en el INE, tampoco cabe la menor duda de que la Junta General Ejecutiva del Instituto ha estado tomando decisiones para beneficiar económicamente a sus propios integrantes al desobedecer la asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación y, con ello, los artículos 75 y 127 de la Constitución que ellos mismos protestaron cumplir y hacer cumplir.

El problema es de alto relieve ético y muestra con elementos adicionales la descomposición moral y política a la que se ha llegado dentro del INE. Bajo el Estado corrupto que imperó en el país y del cual todavía no salimos del todo, sino que estamos a medio camino, casi ningún ente público pudo asumir pautas diferentes. Pero pocas entidades han hecho lo que el INE: alegar la inaplicación de la Constitución respecto de sus altos mandos (unos 300), que tienen sueldos mayores que el presidente de la República, cuya percepción es la remuneración máxima constitucional. Esa es una distorsión monstruosa de la función pública donde el funcionario se ubica muy por encima del deber e, incluso, adopta una relación patrimonialista con los recursos puestos a su custodia, para lo cual ignora la ley suprema y, con ello, todo el sistema de leyes.

Es tan grotesco este asunto que en el INE no todos los consejeros y consejeras ganan lo mismo porque una minoría no admite el acuerdo de fijar remuneraciones inconstitucionales e ilegales, se niega a cobrarlas. Así que la percepción ya no es legal, igual e irrenunciable, como señala la norma máxima del país, sino que cada cual termina escogiendo su sueldo.

Aún así, con total falta de vergüenza y con absoluto descaro, algunos consejeros se toman de vez en vez su tiempo para fingir dar clases de política democrática y de legalidad a un país que, evidentemente, en su mayoría los desprecia.

Autonomía universitaria, al día de hoy

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La autonomía universitaria surgió en 1918 en Córdoba, Argentina, como producto de una lucha democrática de los estudiantes que buscaban formar parte del gobierno de su institución. En 1929 la Universidad Nacional de México se confrontó con el gobierno que le quería imponer hasta la manera de caminar. Derechas liberales e izquierdas liberales, unidas, se encararon con el gobierno y obtuvieron la victoria gracias a la persistencia de la huelga de los estudiantes. En 1932 se expidió una ley de autonomía.

La Universidad se hizo autónoma y democrática, pero su democracia fue víctima del comercio y de la corrupción. Derechas e izquierdas no pudieron lograr un campo común democrático en su histórica confrontación y arrojaron una crisis de gobierno interior. Si los votos se compraban en el Consejo Universitario era porque estaban a la venta. En medio de la crisis, se produjo la intervención del Estado, se acabó una democracia ingobernable y se impuso el autoritarismo funcional. Ese es el sistema que persiste desde 1945.

Cada universidad pública del país tuvo una historia semejante. Durante los años setenta del siglo XX, algunas universidades lograron la democracia paritaria entre estudiantes y profesores, la cual siempre fue criticada, hasta el momento en que la derribó la corrupción de mafias emergentes. Otras instituciones siguieron bajo la égida de la derecha tradicional, tipo Yunque. Otras más, continuaron bajo el esquema de mafias priistas, aunque, después, algunas sin PRI. Todas ellas son autónomas y se reúnen, para defender su propio estatus, en la ANUIES, gran interlocutor del sistema universitario nacional.

El común denominador de dicho sistema es que la democracia no aparece por ninguna parte. Algunas de esas universidades fueron precursoras de la democracia mexicana en 1968 y años posteriores. Todas ellas han quedado atrás del país al que defendieron y representaron en materia de democracia.

Existe en casi todas las universidades públicas un pacto interno, no democrático y, en consecuencia, de carácter más o menos mafioso, gracias al cual la institución funciona, pero carece de grandes propósitos. Ninguna de esas universidades ha sido en los últimos 30 años la sede de un programa de reforma de la educación superior, como antes lo habían sido varias de ellas gracias al impulso de la izquierda.

En verdad, el neoliberalismo fue una derrota casi de palmo a palmo, la cual se advierte también en las universidades públicas de México. Pero es tan contradictorio ese proceso que no puede ignorarse que la UNAM fue la cuna del movimiento anti neoliberal universitario más importante y exitoso: la huelga de 1987 contra las colegiaturas y de la posterior huelga de 1999, que también fue victoriosa, aunque la rompió la policía, pues ya había triunfado antes de su quebradura, un año después de su inicio.

México tiene en la UNAM del siglo XX tres momentos políticos estelares de la mayor trascendencia nacional. 1929: la autonomía como libertad y gobierno democrático propio. 1968: inicio de las libertades democráticas, junto con el IPN y muchas universidades públicas y privadas. 1988 y 1999: derrota del plan neoliberal de organización de la educación superior.

Hay una lista de universidades y escuelas superiores que lograron en algún momento su democratización, pero que fueron sometidas, poco a poco, por parte de grupos priistas y panistas de franca derecha.

La UNAM no fue democrática bajo la actual ley que data de 1945, la más antigua del país, pero varias de sus facultades lograron, durante periodos, el cogobierno extralegal de estudiantes y profesores. Las reformas educativas más importantes y trascendentes fueron promovidas por las izquierdas, cuando estas tomaron poder de decisión bajo métodos democráticos y gracias a ellos.

Las derechas carecen de un proyecto de reforma universitaria porque en realidad no tienen convocatoria de cambios sociales sino sólo de conservación de viejos privilegios. Pero, en tal situación, sobrevino el neoliberalismo como plaga mundial y llevó a las universidades a funcionar como empresas comerciales valedoras del sistema de que todo debe estar sometido a la relación mercantil directa. Ya no era la derecha católica reaccionaria, añorante del siglo XVIII colonial, o el liberalismo decimonónico, como tampoco el estatismo autoritario post revolucionario, sino el poder de las grandes empresas y de las estructuras monopólicas financieras que se relanzaron, luego de la última guerra, sobre la mayor parte del mundo. El neoliberalismo es el programa del capital financiero contra el Estado social de los países capitalistas. Luego, con la caída de la URSS y países socialistas incorporados, los neoliberales se quedaron prácticamente solos, hasta que vino la segunda ola del Estado social, la cual sigue su curso a través de fuertes contradicciones y duras luchas políticas, no sólo en América Latina, África y Asia, sino también en Europa, sin excluir a Estados Unidos. Vivimos un momento de gran intento de cambio mundial.

Es natural que las universidades mexicanas, como las de gran parte del mundo, hayan estado inmersas en esas luchas. Durante más de 30 años, las izquierdas pagaron todos los platos rotos del neoliberalismo galopante. También lo hizo la educación superior, cuya gratuidad fue eliminada de la Constitución bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, repuesta hace apenas unos meses por la 4T.

La inmensa mayoría de las universidades públicas del país se “derechizaron”. Claro, excepto las que ya eran francamente de derecha. Todas ellas son “plurales” o “pluralistas”, pero eso no quita su tendencia dominante.

Algo muy feo de este proceso es que grupos universitarios de izquierda llegaron algún día a la conclusión de que el neoliberalismo (formar una oligarquía de ricos financieros y desmantelar el Estado social) era mejor que vivir para siempre en la crisis del viejo estatismo que no había podido resolver ningún problema social de fondo.

Algunos de esos intelectuales de izquierda suponen que criticar a la universidad pública mexicana, por haber abrazado el proyecto neoliberal, es un atentado a la autonomía universitaria. Uno de ellos, ex miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, Rolando Cordera, en lanzamiento demencial, ha escrito que hemos de volver a la gesta de la defensa de la Universidad como en 1968.

El ejercicio de la autonomía universitaria depende del grado de democracia interna en las instituciones autónomas. De nada sirve un gobierno propio (“gobernarse a sí mismas”, dice la fracción VII del artículo 3º de la Constitución) si no se ejerce de conformidad con otros principios constitucionales de carácter democrático, la igualdad política y el derecho de elegir y, también, de decidir. La democracia concursal, formalista, es de por sí deficiente y se presta, como se ha visto, a grandes manipulaciones del poder del dinero, pero ni siquiera esa existe en el sistema público mexicano de educación superior.

La reforma universitaria nacional ha de ser pronto un movimiento para ubicar a la educación superior a la altura de la sociedad, en específico, del pueblo mexicano, el cual recién ha logrado lo que otros hicieron muchas veces a través de la historia: enseñar a sus propios profesores.

Rijosidad y rispidez

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Muchas personas en las oposiciones y en grandes medios consideran que el ambiente político de rijosidad y rispidez se debe a las frecuentes réplicas, ataques y explicaciones que hace el presidente de la República. Se toman en cuenta mucho menos las arremetidas cotidianas de los críticos y adversarios del gobierno que se difunden ampliamente en la prensa y las redes sociales.

En México se pensaba hasta hace poco que los jefes del poder político no debían enfrentarse directamente a sus opositores, sino de manera subrepticia o indirecta, para lograr protección personal sin dejar de hacer lo deseado. Eso ya no funciona.

Tenemos un escenario político de rijosidad y rispidez, es decir, los actores principales están dispuestos a pelear y lo hacen con vehemencia y escasa amabilidad. En lugar de estar buscando al culpable de este fenómeno, lo que debe hacerse es admitir la realidad política, ya que, a fin de cuentas, todo eso forma parte de la emersión de una nueva fuerza gobernante que no puede dejar de lado el instrumento que la llevó al poder: la crítica, incluyendo, naturalmente, la modalidad de la denuncia pública.

La rispidez y la mala educación se manifiestan a la menor provocación porque el poder está en juego cada día. Así se ha tejido la lucha política desde la instalación de una nueva mayoría legislativa y la llegada de un nuevo Poder Ejecutivo, es decir, desde el 1 de septiembre y el 1 de diciembre de 2018: nadie en las oposiciones se propuso entonces alguna forma de colaboración condicionada o acotada con los recién llegados al poder, como suele ocurrir en las “democracias occidentales”, sino que se adoptó como objetivo la confrontación hasta llegar al momento de la derrota de la 4T, programada para junio de 2021 como primera fase.

Las oposiciones son muy fuertes, cuentan con apoyo electoral, dinero, algunos gobiernos locales, medios de comunicación, organizaciones sociales, gran parte del clero católico, organismos autónomos del Estado, empresas, organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, no han podido derrotar a la 4T sino que han acumulado nuevos fracasos electorales en varios estados. Sin motivo lógico, en ese campo nadie en la coalición opositora intentó un análisis sereno de los resultados. Todo siguió casi igual.

Hay un grupo, cuyo nombre es “Sí por México”, que ha lanzado una nueva versión de su iniciativa unitaria de las oposiciones, la cual se va a denominar “Ciudadanos al Rescate Nacional”, lo que expresa mejor el propósito de volver a adquirir lo que antes se tuvo, el poder. Sus objetivos, según han dicho los dos principales líderes, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, ambos empresarios, son defender “la libertad, la democracia, la competitividad y la propiedad privada”.

El “rescate” es el contenido básico del discurso político porque corresponde a la realidad. Las oposiciones no pueden unirse orgánicamente sin tratar de reinstalar el Prian como mecanismo de administración de la mayor parte del espectro político mexicano y forma concreta de compartir el ejercicio del poder. Se ofrece, así, un regreso a algo conocido y, al mismo tiempo, se cree que eso habrá de tener la mayor fuerza de convencimiento popular. Nada fácil.

“Sí por México” es un grupo sin fuerza social, pero ha logrado un éxito inusitado en sus interlocuciones con los dos mayores partidos opositores, PAN y PRI, sin tener que ocultar su carácter ideológico de extrema derecha. Su tarea política consiste en aproximar a esos dos partidos y a otros para forjar una alternancia, pero cuando se anuncia la intensión de ir a una consulta sobre el mandato del presidente de la República, se desinfla todo y se renuncia al voto popular como instrumento de cambio. Ahora, “Sí por México” insiste en que toda la oposición debe ir en unidad, pero en el año de 2024 para llevar a un nuevo presidente contrario a la 4T.

El PAN no tiene problema alguno en su unidad con el PRI. Eso es lo más lógico porque el tricolor no ha elaborado un programa electoral de carácter social y debido a que el blanquiazul tiene mayor fuerza electoral, por lo cual le debería corresponder nombrar al candidato presidencial. El problema verdadero lo tiene el PRI porque cuenta con una masa electoral que no es de derecha en su mayoría y mucho menos de ultra derecha como “Sí por México” y segmentos relevantes de Acción Nacional que simpatizan con el partido fascista de España.

Es así como la rijosidad y la rispidez en las relaciones políticas se utilizan para confrontar más y más culpando al adversario. En realidad, la disposición a la pelea y la vehemencia son formas que expresan contenidos programáticos, pero principalmente en materia de política económica y social. Un Prian relanzado pero ahora con unidad orgánica no tendría más consecuencia que representar a los empresarios de extrema derecha, tal como lo hace “Sí por México”. El propósito no podría ser el restablecimiento de las libertades porque éstas existen hoy mucho más que antes, ni de la democracia que se sigue abriendo camino en el país, sino sólo la contención de la política social y la recuperación de viejos privilegios de unos pocos muy ricos.

La forma actual de discutir el tema político, es decir, rijosidad y feas maneras, practicada en no pocos países, en México ha venido a dar cobertura a la mentira como sistema instrumental. Nunca un gobierno ha sido tan difamado, pero ahora al menos no se han abierto procesos por daño moral contra ningún difamador. Aunque la decisión de no recurrir a tribunales en materia civil es políticamente adecuada, por desventura el país se acostumbra a la mendacidad en el debate público. La fabricación de falsedades ampliamente difundidas ya no es rispidez sino algo añadido que hace de la lucha política un ejercicio tan sucio como el practicado por Felipe Calderón cuando fue candidato a presidente (2006) y usó el dinero de la extrema derecha empresarial para difamar en radio y televisión a su contrincante, justamente Andrés Manuel López Obrador. Aquel grupo de capitalistas patrocinadores y aquel partido fueron exactamente “Sí por México” y el PAN.

¿Qué tienen que hacer los otros invitados a “abrazarse” en el pacto “Ciudadanos al Rescate Nacional”? Sería bueno escuchar respuestas inconcusas, pero al mismo tiempo sustentadas.

Ganancias caídas del cielo

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“Windfall profits” se le llama en España a la consecuencia del sistema tarifario de energía eléctrica. “Ganancias caídas del cielo”. El método es en el fondo sencillo: se venden las producciones de electricidad de menor costo a precio de la más cara. Es decir, la mayoría de la gente que se ubica en el mercado eléctrico cotidiano o de corto plazo tiene que pagar, según un mecanismo de subastas por día y por hora, la tarifa que corresponde a la energía de mayor precio de mayoreo. Como es lógico, los productores de la energía más barata acumulan enormes ganancias a costa de los consumidores y, además, se benefician en exclusiva del aumento de los precios de los energéticos. A esto le llaman mercado.

El esquema se hace más inicuo porque en España existe un oligopolio de electricidad: Endesa, Iberdrola y Naturgy poseen, juntos, casi el 90% del mercado y cada cual tiene sus regiones, como en tiempos feudales. La única empresa de capital mayoritario estatal es Endesa, propiedad de ENEL, la mayor empresa eléctrica de Italia que opera en 32 países, también en México, como lo hace Iberdrola. Sin embargo, la italiana asumió su papel oligopólico luego de tomar por asalto a Endesa a través de una oferta de bolsa. Existen en la Península Ibérica unas 300 comercializadoras operativas privadas de electricidad pero que operan en el margen.

El llamado “pool eléctrico” español pretende justificarse bajo la necesidad de promover las inversiones en energía eólica y fotovoltaica, pero, como se puede observar, a costa de bolsear a los consumidores. En España, no sólo dejó de existir la empresa pública sin tomar en cuenta que el país es una isla en materia de electricidad, pues su sistema sólo lo comparte con Portugal. Así es también México, una isla eléctrica: lo que no se solucione aquí, nadie podrá hacerlo. De esa forma, el tema energético es de alta seguridad nacional.

El sistema eléctrico mexicano no es idéntico al de España, pero aquí se las ingeniaron para hacerlo parecido. El Estado mexicano tiene el monopolio constitucional de la planeación y control del sistema, así como de la transmisión y distribución de energía. Al mismo tiempo, tiene una gran empresa pública, la CFE, que produce energía de las diversas fuentes. El problema es que, a partir de las reformas neoliberales de 2013 y 2014, empeoraron las normas y los contratos para mediatizar la capacidad estatal y beneficiar a empresas privadas. El Estado ha terminado subsidiando a los empresarios de la electricidad, lo que se expresa en los estados contables de la CFE. Las normas para usar las líneas de transmisión y la red de distribución de la CFE no son parejas para unos y otros productores, de tal forma que la capacidad productiva instalada de la empresa estatal se inutiliza en parte debido a la preferencia de la que gozan los privados, ya sea para el servicio público o dentro de esquemas de simulación de asociaciones de generación.

La CFE compra en contratos de largo plazo a precio y cantidad predeterminadas a los privados y se privilegia el despacho eléctrico de nuevos productores independientes. Además, se transmite casi gratis energía de sedicentes cogeneradores que claramente no lo son.

El planteamiento central del nuevo gobierno es que la CFE vuelva a ser jurídicamente un organismo público y participe en el ejercicio de las atribuciones constitucionales actuales que tiene el Estado, dejando atrás los indebidos privilegios actuales en favor de las empresas privadas, altamente costosos para la nación. Que haya, en síntesis, un mercado parejo y una verdadera regulación.

Algunos distinguidos políticos priistas, en especial Dulce María Sauri, están diciendo que la iniciativa de AMLO para reordenar la industria eléctrica es como regresar a los coches de caballos en pleno siglo XXI. Es decir, se quiere postular que la empresa estatal de electricidad debe desaparecer por ser un esquema viejo. Debería analizarse que ENEL, la primera empresa eléctrica de Italia es del Estado y tiene fijada una cuota del 50% de la producción total de ese país. Électricité de France (EDF) tiene capital estatal de 83% y es la tercera compañía mundial, después de la china State Grid y la mencionada ENEL italiana, ambas bajo control accionario de sus respectivos estados. La tercera empresa alemana, EnBW, es mixta con capital de una entidad federativa.

Al plantear que la empresa pública es hoy tan vieja e inservible como el coche de caballos se evade, con una simple frase, rendir cuentas de las consecuencias mexicanas de la aplicación del programa neoliberal. Significa seguir defendiendo el neoliberalismo a pesar de sus pésimos resultados mundiales para la mayoría que fue víctima de tal programa.

Se pretende postular desde sectores priistas (salinistas) que no hay que resolver ningún problema volviendo a hacer lo que antes se hizo, lo cual incluye al Estado social que ha sido disminuido por el neoliberalismo en la mayor parte del mundo. Pues bien, los priistas deben saber que el mayor partido actual no busca repetir fórmulas anteriores porque el país ya no es el mismo en muchas materias ni la nueva fuerza gobernante es igual, sino combatir la política de los neoliberales, que no sólo han sido del PRI, y sentar las bases de un Estado democrático y social de derecho, dentro del que se produzca una redistribución del ingreso y se eleve la capacidad productiva del trabajo social en beneficio de los propios trabajadores.

La reforma energética de 2013 fue un atraco porque estaba dirigida contra el patrimonio y los intereses estratégicos de la nación. No se trataba sólo de promover a empresas privadas, principalmente extranjeras, sino de otorgarles subsidios abiertos y encubiertos encaminados a crear un oligopolio en la industria eléctrica.

El siglo XXI no está obrando en favor de los neoliberales. Por el contrario, el programa del neoliberalismo desvela aquí y allá su verdadero contenido como promotor de estructuras oligopólicas que llevan a la concentración y centralización de la riqueza y el poder en pocas manos.

La iniciativa de AMLO sostiene que la transición energética que México está obligado a cumplir no puede hacerse bajo el liderazgo de un oligopolio que sólo busca tasas extraordinarias de ganancia a costa de lo que sea, incluyendo, naturalmente, la ruina de la empresa pública de electricidad. Los pactos mundiales sobre la defensa del planeta los ha suscrito el Estado mexicano, no los capitalistas, quienes deben ser regulados por la autoridad y no al revés.

El Consejo Coordinador Empresarial busca que el Estado se encargue solamente de transmitir y distribuir la electricidad, actividad mucho menos rentable que la de producción, para que las empresas privadas, en especial las extranjeras que ahora se representan a través de ese consejo de cúpula, tomen por completo el control de la industria.

Si el Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los estados) no se hace cargo de las obligaciones nacionales sobre energía, no habrá quien lo pueda hacer, mucho menos desde el abuso y el privilegio. Vean lo que ocurre en España y en algunos otros países en los que empezamos a ver una “nueva pobreza energética” en el marco de perniciosas estructuras oligopólicas privadas, a veces con la intervención de empresas públicas que se comportan con la misma voracidad. Lo moralmente peor es que todo eso se hace ofreciendo energía limpia, como si las grandes empresas privadas fueran las únicas que pudieran generar electricidad sin quemar fósiles.

No se le plantea al PRI que analice la historia mexicana del siglo XX ni tampoco su propia política neoliberal, sino que haga lo que hoy en día promete a su electorado en el sentido de velar por los intereses populares y nacionales. Qué difícil.