Archivo del Autor: Pablo Gómez

Acerca de Pablo Gómez

Economista (UNAM). Militante político (Morena)

Palabras del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, en la Conferencia Regional “El Uso de la de la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades”, Museo Nacional de Antropología, 9 de mayo de 2023.

Esta conferencia regional tiene varios significados desde el punto de vista de la lucha en contra de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y en favor de los mercados legales, de las actividades lícitas, no solamente en los aparatos financieros sino también en lo que llamamos las actividades vulnerables, una de las cuales es el mercado del arte, en todos sus aspectos.

Hemos puesto especial atención para que todos los negocios dentro del mercado del arte permanente, sistemática y puntualmente avisen a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de las actividades que realizan. Este es un elemento indispensable que quizá no lo haya en todos los países del mundo, pero forma parte de las indicaciones que, al respecto GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ha emitido con el propósito de aumentar el control y la supervisión del Estado en las actividades vulnerables y, especialmente en esta clase de mercados, en donde los recursos ilícitos pueden acomodarse de una manera más subrepticia, más engañosa, más oculta.

Este es uno de los asuntos que vamos a tratar y todos los países de América Latina que están participando en esta conferencia expondremos nuestros puntos de vista, experiencias y planteamientos. Contrastar la experiencia y el conocimiento es la llave para poder sacar colaboraciones e ideas nuevas; eso es lo que buscamos.

Como la conferencia está hecha en pie de igualdad, entonces podemos decir también que, desde el punto de vista del gobierno mexicano, la posesión ilícita de obras de arte antiguas como producto del despojo hace de esa posesión una presunción de delito en sí misma.

Hay personas que todo el año están comerciando, haciendo sus subastas en corto, colocando mercancía, con la gran ventaja de que no tiene que ser público. Esto debe ser considerado como nosotros lo hacemos como un probable delito predicado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. No hay otra manera de enfrentar ese fenómeno.

México es un país que se fue construyendo sobre la base de la destrucción del patrimonio material y del patrimonio espiritual de las civilizaciones anteriores. Esta colonia no fue como otras, esta colonia fue objeto de una sistemática acción destructiva porque el arte de las culturas originales no era apreciado como tal, era apreciado como vestigio, cosas antiguas, curiosas, por lo regular consideradas feas como dicen que le dijo Hernán Cortés a Moctezuma.

Con el tiempo se registró en los mercados el cambio de gusto de quienes operan, compran y venden en ellos, que no son nuestros propios países. En los países europeos y los Estados Unidos se generó toda una fascinación por este arte antiguo americano y se dio una valorización monetaria extraordinaria, pero todo fue producto de un despojo. Ningún país envía nada a otro por decisión propia, todo se lo llevaron, ese es el hecho histórico.

Cuando el Gobierno de México plantea una reconsideración a las potencias colonialistas sobre los hechos históricos vinculados con las conquistas y las colonias no está buscando un revanchismo, ni quiere insultar a nadie. Estamos conscientes de que muchos problemas actuales son impronta del pasado y la gran herramienta de la historia es la que permite darnos cuenta de lo que ha sucedido, admitir con sinceridad lo que ocurrió y las consecuencias de esos actos que hasta hoy están presentes. Pero no se nos contesta, creyendo que lo que estamos pidiendo es un acto de inclinación ritual, pero no. Si las repúblicas latinoamericanas se levantan como entidades que plantean igualdad entre los Estados, hay igualdad también en el diálogo, hay igualdad también en todo lo que se dice.

No ha habido nunca un periodo en la historia de México como el del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que la llamada libertad de expresión se haya manifestado tanto y tan decididamente, nunca, porque la transformación que buscamos es sobre la base de la concurrencia, del debate, el decir las cosas y entre las naciones lo hemos estado logrando como en ningún otro periodo de la historia, con nuestro vecino del norte, que como ustedes saben no es algo sencillo.

Entonces, el planteamiento es que convoquemos en la medida que vayamos entendiéndonos, a realizar expresiones de carácter legislativo en distintos países europeos y, quizá también, en algunos americanos con el propósito de hacer un esquema común no solamente de aplicación de normas sino también intercambio de información sistemática y de actos de colaboración.

El sistema de inteligencia financiera ya empezó la colaboración directa, incluso la actuación en tiempo real entre varias entidades de países diferentes. Nosotros no tenemos el menor problema, no confundimos la soberanía con el ocultamiento de información, al contrario, a todo mundo le pedimos el intercambio más grande, la información materia de inteligencia financiera para actuar conjuntamente. No siempre encontramos esa respuesta, pero vamos a seguir y creo que en GAFI estas ideas predominan y, sin duda, muchas de ellas se van a expresar aquí. Esa es la posición del Gobierno de México: todo el esfuerzo que podamos hacer.

Por ello, esta conferencia regional es relevante, es importante y todos estamos esperando que tenga muy buenos frutos.

Versión estenográfica de la intervención del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, en la firma del Convenio Marco de Colaboración con Pemex, realizada el 17 de enero de 2023

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Quisiera decir algunas cosas en relación con el convenio que hoy firmaremos el director general de PEMEX y yo, viejo amigo mío, por cierto, de luchas políticas muy fuertes y muy memorables.

Siempre he dicho que la deuda de Petróleos Mexicanos es enteramente una deuda del gobierno, con dispensa de las calificadoras, lo he dicho siempre, una cosa tan evidente, que no sé por qué las calificadoras no han terminado de entender nunca y, por lo visto, seguirán sin entender.

PEMEX le dio a México una riqueza enorme con la extracción de hidrocarburos que ya eran constitucionalmente propiedad de la nación antes de la expropiación de los bienes de las compañías extranjeras.

El gran cambio fue que al hacerse la expropiación se construyó la gran industria nacional de los hidrocarburos. Pero fue siempre un instrumento para hacer un gran fraude a la Constitución, es decir, la Constitución dice que no se pueden contratar empréstitos más que para obras que generen ingresos, así decía la Constitución. Pero los gobiernos no estaban de acuerdo con eso y PEMEX fue el instrumento para poder violar la Constitución, la carga fiscal de PEMEX era tan alta y obligada a recurrir al financiamiento cumplía con lo que dice la Constitución: obras que generen ingresos, lo que no podía hacer el gobierno para canalizar ese financiamiento que necesitaba hacía el gasto corriente. Entonces, la deuda tendía a incrementarse e incrementarse por la vía de las regulaciones de carácter fiscal.

Pero, el mal uso del producto generado con la extracción y comercialización de los hidrocarburos fue posible por el régimen político: el presidente decidía sin consulta, sin análisis colectivo, ni siquiera una prensa crítica había.

Fue posible también, porque la oposición oficial era una oposición demasiado leal y en estas materias más, porque en estas materias, es decir, PEMEX, una empresa pública nunca fue del agrado de la derecha opositora que nació, justamente, para protestar por la expropiación de los bienes de las compañías extranjeras. Y esta idea mexicana conservadora de luchar siempre del lado de las compañías extranjeras, por lo que veo yo y lo que hemos discutido, en materia de reformas al sistema eléctrico y otras más, sigue presente en esa corriente del pensamiento mexicano, que es muy importante porque es muy fuerte, y a pesar de toda la experiencia, no cambia. Qué difícil es cambiar la conciencia arraigada en partes de la sociedad, aun los hechos más duros no logran a veces cambiar eso.

Yo quise decir esto, en la torre de PEMEX, porque la defensa de la industria petrolera nacionalizada, como se decía antes, del Petróleos Mexicanos al servicio de la Patria, como aprendimos a leer por todas partes, en todo este país, los integrantes de mi generación siempre se nos quedó ese planteamiento, es una lucha vigente.

Todo lo que se ha hecho bajo la administración actual seguirá siendo motivo de discrepancia, nada es consolidable si no hay una defensa permanente, sistemática, militante, tratando de eludir las concesiones que atentan contra el proyecto que se trata de llevar a cabo. Así, el gobierno actual se planteó el rescate, y el rescate se inició, durará, esperamos que siga adelante, porque es la forma de poder reiterar que el proyecto original de algo al servicio de la Patria, es vigente. El mundo no ha cambiado en una dirección distinta para que no sea necesario utilizar los bienes comunes para beneficios comunes, ese es el planteamiento. Todos somos la Patria y a la nación le corresponde la riqueza de los hidrocarburos.

Quisiera decir, sobre nuestro convenio, que siento enorme satisfacción. Nuestro convenio tiende a continuar con una colaboración que es muy importante porque, en otro orden, pero junto con todo, PEMEX ha sido víctima de una cantidad de atracos impresionante y requiere todo el gobierno en su conjunto, todas las unidades gubernamentales, todas las dependencias de gobierno apoyen siempre en la vigilancia, en miles de formas que hay para apoyar que una empresa tan importante, trascendente, necesaria para nuestro país, propiedad de la nación, pues sea vigilada por todos y todos nos preocupemos.

Aquí se hicieron cosas, yo recuerdo, desde aquellos barcos, fueron 40 millones, 20 millones por cada barco, de sobreprecio, que fueron comprados con la aprobación del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y el sobreprecio nunca se encontró. No se supo o, si se supo, no se quiso decir quiénes eran, el que era director de PEMEX, a la sazón senador, fue desaforado y llevado a la cárcel, pero el dinero no se vio nunca.

Creo que la primera vez que se logra una proeza de esta naturaleza es Agronitrogenados. Somos socios en el proceso de Agronitrogenados, todo el gobierno, desde luego, pero específicamente la dirección de PEMEX, la dirección jurídica de PEMEX y la UIF. También en otros atracos que ha habido. PEMEX fue parte de la estafa maestra, tuvo su propia estafa maestra y, bueno, lo de Odebrecht, los procesos están abiertos, las idas y venidas, todos los problemas que tenemos de discusiones, a veces, con el Ministerio Público, no siempre lo que quisiéramos desde el lado del gobierno, bueno, es una institución autónoma.

La verdad que, hace muchísima falta, la conciencia de la integración en una sola gran ruta de acción de las entidades públicas, en la defensa del patrimonio nacional, de los recursos de la nación, de los presupuestos, no solo federal, sino también de las entidades y los municipios, es decir, de la lucha contra la corrupción.

Nosotros no vinimos de fenómenos de corrupción como hay en otros países. Ese problema nosotros no lo hemos tenido nunca, porque en México se construyó el Estado corrupto, que es otra cosa, no es lo mismo. Es la conversión de la corrupción en parte del sistema de gobierno y así funcionó, y le dio al Estado ese carácter, por ser parte de la gobernanza.

El Estado corrupto requiere ensancharse todo el tiempo, incorporar más y más gente, más y más empresas, más y más instrumentos del mismo Estado, como la judicatura, como la procuración de justicia, todo fue incorporado. Para superar ese fenómeno no se necesita agarrar a una mafia que gobernó durante un periodo, llegó al gobierno y se robó todo lo que pudo y salió corriendo. Aquí no fue así, no ha sido así, aquí era la reproducción del mismo sistema cada vez que había cambio de gobierno. Este es el primer gobierno, en la historia contemporánea de México que llega a luchar contra la corrupción, es el primero.

En el 2021, en las elecciones federales, por primera vez el gobierno federal no compró votos, por primera vez, se dice fácil. Qué difícil fue llegar ahí y lo vemos tan sencillo. Fue muy sencillo que en el gobierno federal no hubiera dinero para la compra de votos. Luchamos decenas de años, desde que empezamos en la lucha política, luchando contra la compra de votos como fenómeno que corrompe a la sociedad; ese es el problema, llega como Estado corrupto, en primer lugar, a los más pobres que son los que venden el voto.

Pemex ha sido el saqueadero, yo fui el que lo denunció en el Instituto electoral. No eran 500 millones de pesos, perdónenme, lo que se robaron fueron mil 100 para la campaña priista, todos sacados a través del sindicato, entregados al PRI. El IFE les dio el 50% de descuento. Así fue, es la verdad, no hay que olvidarlo, no es la institución inmaculada, nunca lo fue, viví allí, conozco sus movidas, parafraseando un poco vulgarmente a José Martí. Entonces qué, 50% de descuento, debieron de haber pagado dos mil millones de multa, mil que se robaron y mil de multa. Pagaron mil que fue un regreso y qué pasó en la sede el Ministerio Público. Nada, se declaró que no había daño patrimonial, que no había. Hubo un convenio con el sindicato por el cual el sindicato le iba a devolver el dinero sustraído y PEMEX firmó otro convenio con el sindicato para estarle dando el dinero que el sindicato le iba a devolver. Todo desde el poder se puede hacer así. Todas son engañifas, cosas así tan burdas, pero que no importa.

La Unidad de Inteligencia Financiera puede dar aportes en la lucha en contra de la corrupción, en la lucha por la reivindicación de los principios de honradez, los principios de austeridad. La lucha por la austeridad no es un asunto de tipo meramente económico, es un asunto de moral pública, porque cuando se derrocha el dinero público, se comete un acto de corrupción. Este es un problema muy serio y yo creo que ustedes están en esa lucha y siguen en eso. Es dificilísimo ¿Verdad? Hay que cambiar la mentalidad que durante décadas se fue haciendo: de que no te preocupes, al fin de cuentas, del presupuesto sale todo.

Nosotros colaboramos en la forma más incondicional con los organismos públicos, no solamente de la Federación, sino también de los estados y, naturalmente, PEMEX no es un organismo público cualquiera, es un organismo muy especial, es un organismo central, porque tiene que ver con la economía nacional, tiene que ver con el ingreso público, tiene que ver con la industrialización, tiene que ver con el desarrollo, con la ingeniería propia, tiene que ver con muchísimos aspectos de la vida de México.

Por lo tanto, para la Unidad de Inteligencia Financiera la colaboración con Petróleos Mexicanos siempre ha sido y seguirá siendo un elemento de la mayor importancia y este convenio se da en ese marco.

Muchas gracias.

REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL

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Texto leído por Pablo Gómez el 28 de abril de 2022 en la conferencia “mañanera”, del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

La iniciativa de reformas constitucionales que presenta al Congreso el Presidente de México en materia político-electoral tiene como propósitos principales los siguientes:

Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad. Por vez primera, en las elecciones de 2021, el gobierno federal no compró votos ni asignó dinero para que otros lo hicieran. Estamos de plano en la lucha efectiva contra la compra del sufragio, pero es necesaria una nueva reforma para lograr que ningún gobierno, ningunas empresas, ningunos poderes económicos puedan comprar votos, como tampoco utilizar instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular.

Erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que no sean protagonistas adicionales de la lucha por el poder. Es necesario superar la situación en la que las autoridares electorales se encontraban vinculadas de una forma u otra al gobierno en turno, lo cual, recientemente, se modificó al ubicarse esas mismas autoridades en el plano de la oposición abierta al gobierno. Ambas cosas son indebidas y dañosas para el país. Es necesario que las autoridades electorales, administrativas y judiciales, sean imparciales y se apeguen a la legalidad y los principios democráticos: que sean personas ciudadanas y no profesionales de la política.

Garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin censuras de ninguna especie. En estos tres años, ningún comunicador ha sido reprimido por el gobierno federal ni se ha perseguido a ningún partido o candidato. Gozamos del más amplio espacio de libertades en estas materias. Sin embargo, existen instancias públicas, organismos que supuestamente deben defender esas mismas libertades y hay también poderosas corporaciones privadas que pretenden acallar la crítica que procede del gobierno y de personas que se encuentran en el campo de la lucha por la transformación del país. “La libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”, consagrada con esta claridad en el artículo 7º de la Constitución, debe ser efectivamente “inviolable”, como lo marca la misma Carta Magna, y, por tanto, ser defendida también en todos los campos de la vida republicana de México.

Construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político. Los partidos deben existir legalmente sólo con base en el voto popular que obtengan y las candidaturas independientes deben tener la suficiente cobertura para su existencia y representar a sus votantes en los órganos del poder, al igual que los partidos políticos.

Conformar un sólo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial únicas, bajo el principio de la austeridad republicana. Ya se ha demostrado que el camino hacia la federalización de las instituciones electorales, proceso iniciado hace ya décadas, es correcto. El problema, sin embargo, es que no se ha culminado. Se plantea, por tanto, una sola legislación y unos organismos administrativos y judiciales únicos encargados de las funciones electorales, lo que, al mismo tiempo, disminuirá el gasto público que ahora se destina a la duplicidad de funciones.

Designar mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y a las jurisdiccionales, a través de la postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión. Es preciso que las instancias encargadas de organizar las elecciones y de decir el derecho electoral adquieran una dimensión ciudadana, para lo cual se propone que sus integrantes sean designados mediante votación popular, es decir, voto universal, libre y secreto.

Crear un nuevo sistema de elección en el que cada quien vote por sus representantes directos y todos los votos válidos se vean representados en los órganos colegiados del poder público, a través de una proporcionalidad pura. Uno de los mayores cambios políticos del momento actual consistiría en darle mayor representatividad a los órganos legislativos y municipales del país, para lo que se necesita que todos los votos válidos emitidos tengan el mismo peso y que los electores conozcan a los candidatos por quienes pueden votar directamente en cada entidad federativa y en cada municipio.

Elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en cada una de las entidades federativas, con el uso del método de listas postuladas por los partidos y listas de candidaturas independientes. Igual forma se aplicaría en cada elección legislativa local. Desaparecen las cinco circunscripciones plurinominales; en cada entidad federatriva se elegirán tantos integrantes de la Cámara como lo determine su población. De definirá la forma de votar dentro de cada lista para que los y las votantes de la misma determinen el orden de las y los candidatos.

Fijar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado. Asi mismo, establecer un tope máximo de 45 curules en las entidades más grandes para conformar sus legislaturas y un tope máximo de 9 integrantes en los mayores ayuntamientos. Se debe reconocer que el creciente número de representantes populares no mejora la calidad de la representación popular sino que sólo aumenta el gasto burocrático y la disputa por el mismo.

Limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral, suprimiendo el llamado financiamiento ordinario que se entrega cada mes durante todos los años. Al tiempo, regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de éstos. Los gastos en burocracia partidista sólo promueven que los partidos se abstengan de cobrar cuotas y gasten dinero en actividades que no están vinculadas a la democracia, ya que son parasitarias pero pagadas con fondos públicos. El financiamiento público de partidos y candidaturas independientes debe realizarse sólo para hacer menos dispareja la contienda electoral, es decir, durante las elecciones, pero sin subsidiar preferentemente a las burocracias partidistas.

Con esta propuesta se busca fortalecer la democracia y garantizar el cumplimiento de la voluntad popular. La autoridad electoral administrativa y judicial debe ser independiente del poder político, pero también de los partidos y grupos económicos. En los últimos dos años, el país ha vivido un proceso que nunca se había visto. El INE fue pasando de ser frecuente instrumental del gobierno en turno y de algunos partidos a convertirse en actor de la lucha política. Un grupo de integrantes de su Consejo General asumió esa conducta, la cual no pudo revertirse con la designación de la Cámara de Diputados de dos nuevas consejeras y dos nuevos consejeros. El órgano de gobierno del Instituto llegó al extremo de anular candidaturas aprobadas y no impugnadas, a través de oscuros e inaceptables procedimientos de fiscalización de pequeñeces. Quedó por los suelos el derecho al voto pasivo de quienes contaban con las calidades legales para aspirar a cargos de elección popular. Esa fue una ofensa principalmente contra el electorado, aún antes que contra los candidatos y sus partidos. Ningún consejo general se había atrevido a llegar a tal extremo, aunque también es cierto que sabía de antemano que contaría con la complicidad de una mayoría de magistrados. De esa forma, se produjo dentro del INE un insospechado cambio de reglas. Una de esas reglas consistía en que la autoridad no tenía derecho a relevar candidaturas para allanar el camino de otro partido o coalición y que, a pesar de la peculiar integración del órgano, el derecho formal al voto pasivo siempre debía ser respetado por poseer carácter fundamental. Esto ha dejado de ser vigente.

Junto con esos escandalosos acontecimientos, se han producido otros muchos que, aunque con diversas connotaciones y circunstancias, hablan de una crisis del Instituto y del Tribunal.

La conducta reciente de las autoridades electorales frente al mecanismo de revocación de mandato es elocuente por sí mismo, como antes lo fue con motivo de la consulta popular. Los mecanismos de participación ciudadana con los que simpatiza el actual gobierno son tratados de la peor forma justamente por la instancia constitucional que tiene a su cargo la organización del procedimiento democrático. Centenares de millones de pesos de dos fondos que no lo son, pues proceden del desvío de partidas subejercidas con otros objetos de gasto, fueron esterilizados antes de ponerlos al servicio de aquellos dos inéditos eventos de democracia directa. El número de casillas donde el pueblo vota sin distingos se redujo en dos tercios debido a que la oposición estaba obstruyendo, por su propio lado, la concurrencia a las urnas. El INE actuó como un opositor más. Esta es una violación formal suprema de todos los pactos político-electorales que se han firmado en México desde 1977. La crisis es profunda y no sólo es de “credibilidad”, sino de ausencia de legitimidad y legalidad, pues, antes que el cumplimiento del deber, ha predominado el enfoque faccioso pretendidamente justificado con un lenguaje mendaz. Al final de ese camino tortuoso, ha quedado al descubierto la sencilla verdad de que el INE contaba sobradamente con los recursos públicos necesarios para cumplir el mandato legal de instalación de casillas.

Se requiere volver a empezar en muchos aspectos, saliendo del hoyo cavado durante los últimos tiempos. Se propone crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como autoridad electoral independiente sin militancia política y con capacidad de articular su acción con las instituciones originales del Estado mexicano.

Descomposición moral de élites

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha suspendido la aplicación de algunos preceptos de la Ley de Remuneraciones para permitir que durante un año más los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los altos jefes del mismo ganen lo que ellos decidan, sin importar el límite constitucional.

La ley ordena que las normas generales no pueden ser suspendidas en su aplicación a través de medidas cautelares. Pero, en una votación de tres contra dos, la ley de remuneraciones no va a tener vigencia en el INE. Otra manera de decirlo es que el órgano máximo garante de la constitucionalidad ha violado la Constitución dos veces en un sólo acto: excluir por el momento al Instituto Nacional Electoral de la observancia de los artículos 75 y 127 de la Carta Magna y suspender, en el marco de una controversia, la vigencia plena de normas generales de observancia obligatoria, antes de resolver el fondo del asunto.

¿Por qué se ha rebajado tanto la Primera Sala de la Suprema Corte? No es la primera vez que lo hace. Lleva dos años autorizando remuneraciones discrecionales inconstitucionales de integrantes de órganos autónomos. La respuesta podría ser que una mayoría de la Corte no está de acuerdo con la nueva política de remuneraciones de los altos jefes de los entes públicos, pero como posiblemente no llegue a tener ocho votos, no puede resolver ningún asunto de estos en el Tribunal Pleno y, por ello, otorga suspensiones anuales en alguna de sus salas por mayoría simple de tres votos.

Sin embargo, el peor problema no lo tiene la Suprema Corte, sino una mayoría de consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral. Cualquiera quisiera ganar más, pero un servidor público no puede darse la licencia de violar la Constitución y la ley para elevar sus percepciones. Mucho menos un funcionario que se encarga de organizar la recepción del voto popular a través del cual los electores manifiestan su voluntad política.

Es evidente que en la elección de 2018 hubo una amplia mayoría que indicó su acuerdo con una nueva política de sueldos de los jefes de los entes públicos, pues el candidato ganador planteó con absoluta claridad esa propuesta. Lorenzo Córdova no puede decir que ignora que una mayoría electoral no está de acuerdo con que él gane más que el presidente de la República aunque la Carta Magna lo prohíba y se haya votado en favor de una nueva política de sueldos. Ese mismo dictado lo hemos constatado en la elección legislativa del presente año. ¿De qué democracia hablan en el INE, de qué legalidad presume la mayoría de consejeros y consejeras?

Sería difícil suponer que tres de los cinco integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte se hubieran puesto formalmente de acuerdo con seis de los 11 consejeros y consejeras para aplastar las normas constitucionales y legales sobre remuneraciones de servidores públicos. Sería más bien una coincidencia de propósitos, pero eso no supera la ausencia de ética de unos y otros en este escandaloso lance de los sueldos.

El asunto es más grave cuando esos seis consejeros y consejeras electorales han estado militando en contra de la nueva fuerza gobernante del país que implantó una nueva política de remuneraciones, estableció una austeridad republicana en el servicio público e impulsa un programa social contrario al neoliberalismo de los tiempos en los cuales ellos llegaron a los cargos que actualmente desempeñan.

No existe la menor duda de que, entre muchas otras tropelías del INE, la cancelación de registros de candidaturas de ciudadanos que cumplían con los requisitos de la ley fue una manera de tomar parte en la contienda electoral, frente a la cual se debe ser imparcial.

En el asunto de los sueldos en el INE, tampoco cabe la menor duda de que la Junta General Ejecutiva del Instituto ha estado tomando decisiones para beneficiar económicamente a sus propios integrantes al desobedecer la asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación y, con ello, los artículos 75 y 127 de la Constitución que ellos mismos protestaron cumplir y hacer cumplir.

El problema es de alto relieve ético y muestra con elementos adicionales la descomposición moral y política a la que se ha llegado dentro del INE. Bajo el Estado corrupto que imperó en el país y del cual todavía no salimos del todo, sino que estamos a medio camino, casi ningún ente público pudo asumir pautas diferentes. Pero pocas entidades han hecho lo que el INE: alegar la inaplicación de la Constitución respecto de sus altos mandos (unos 300), que tienen sueldos mayores que el presidente de la República, cuya percepción es la remuneración máxima constitucional. Esa es una distorsión monstruosa de la función pública donde el funcionario se ubica muy por encima del deber e, incluso, adopta una relación patrimonialista con los recursos puestos a su custodia, para lo cual ignora la ley suprema y, con ello, todo el sistema de leyes.

Es tan grotesco este asunto que en el INE no todos los consejeros y consejeras ganan lo mismo porque una minoría no admite el acuerdo de fijar remuneraciones inconstitucionales e ilegales, se niega a cobrarlas. Así que la percepción ya no es legal, igual e irrenunciable, como señala la norma máxima del país, sino que cada cual termina escogiendo su sueldo.

Aún así, con total falta de vergüenza y con absoluto descaro, algunos consejeros se toman de vez en vez su tiempo para fingir dar clases de política democrática y de legalidad a un país que, evidentemente, en su mayoría los desprecia.

Autonomía universitaria, al día de hoy

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La autonomía universitaria surgió en 1918 en Córdoba, Argentina, como producto de una lucha democrática de los estudiantes que buscaban formar parte del gobierno de su institución. En 1929 la Universidad Nacional de México se confrontó con el gobierno que le quería imponer hasta la manera de caminar. Derechas liberales e izquierdas liberales, unidas, se encararon con el gobierno y obtuvieron la victoria gracias a la persistencia de la huelga de los estudiantes. En 1932 se expidió una ley de autonomía.

La Universidad se hizo autónoma y democrática, pero su democracia fue víctima del comercio y de la corrupción. Derechas e izquierdas no pudieron lograr un campo común democrático en su histórica confrontación y arrojaron una crisis de gobierno interior. Si los votos se compraban en el Consejo Universitario era porque estaban a la venta. En medio de la crisis, se produjo la intervención del Estado, se acabó una democracia ingobernable y se impuso el autoritarismo funcional. Ese es el sistema que persiste desde 1945.

Cada universidad pública del país tuvo una historia semejante. Durante los años setenta del siglo XX, algunas universidades lograron la democracia paritaria entre estudiantes y profesores, la cual siempre fue criticada, hasta el momento en que la derribó la corrupción de mafias emergentes. Otras instituciones siguieron bajo la égida de la derecha tradicional, tipo Yunque. Otras más, continuaron bajo el esquema de mafias priistas, aunque, después, algunas sin PRI. Todas ellas son autónomas y se reúnen, para defender su propio estatus, en la ANUIES, gran interlocutor del sistema universitario nacional.

El común denominador de dicho sistema es que la democracia no aparece por ninguna parte. Algunas de esas universidades fueron precursoras de la democracia mexicana en 1968 y años posteriores. Todas ellas han quedado atrás del país al que defendieron y representaron en materia de democracia.

Existe en casi todas las universidades públicas un pacto interno, no democrático y, en consecuencia, de carácter más o menos mafioso, gracias al cual la institución funciona, pero carece de grandes propósitos. Ninguna de esas universidades ha sido en los últimos 30 años la sede de un programa de reforma de la educación superior, como antes lo habían sido varias de ellas gracias al impulso de la izquierda.

En verdad, el neoliberalismo fue una derrota casi de palmo a palmo, la cual se advierte también en las universidades públicas de México. Pero es tan contradictorio ese proceso que no puede ignorarse que la UNAM fue la cuna del movimiento anti neoliberal universitario más importante y exitoso: la huelga de 1987 contra las colegiaturas y de la posterior huelga de 1999, que también fue victoriosa, aunque la rompió la policía, pues ya había triunfado antes de su quebradura, un año después de su inicio.

México tiene en la UNAM del siglo XX tres momentos políticos estelares de la mayor trascendencia nacional. 1929: la autonomía como libertad y gobierno democrático propio. 1968: inicio de las libertades democráticas, junto con el IPN y muchas universidades públicas y privadas. 1988 y 1999: derrota del plan neoliberal de organización de la educación superior.

Hay una lista de universidades y escuelas superiores que lograron en algún momento su democratización, pero que fueron sometidas, poco a poco, por parte de grupos priistas y panistas de franca derecha.

La UNAM no fue democrática bajo la actual ley que data de 1945, la más antigua del país, pero varias de sus facultades lograron, durante periodos, el cogobierno extralegal de estudiantes y profesores. Las reformas educativas más importantes y trascendentes fueron promovidas por las izquierdas, cuando estas tomaron poder de decisión bajo métodos democráticos y gracias a ellos.

Las derechas carecen de un proyecto de reforma universitaria porque en realidad no tienen convocatoria de cambios sociales sino sólo de conservación de viejos privilegios. Pero, en tal situación, sobrevino el neoliberalismo como plaga mundial y llevó a las universidades a funcionar como empresas comerciales valedoras del sistema de que todo debe estar sometido a la relación mercantil directa. Ya no era la derecha católica reaccionaria, añorante del siglo XVIII colonial, o el liberalismo decimonónico, como tampoco el estatismo autoritario post revolucionario, sino el poder de las grandes empresas y de las estructuras monopólicas financieras que se relanzaron, luego de la última guerra, sobre la mayor parte del mundo. El neoliberalismo es el programa del capital financiero contra el Estado social de los países capitalistas. Luego, con la caída de la URSS y países socialistas incorporados, los neoliberales se quedaron prácticamente solos, hasta que vino la segunda ola del Estado social, la cual sigue su curso a través de fuertes contradicciones y duras luchas políticas, no sólo en América Latina, África y Asia, sino también en Europa, sin excluir a Estados Unidos. Vivimos un momento de gran intento de cambio mundial.

Es natural que las universidades mexicanas, como las de gran parte del mundo, hayan estado inmersas en esas luchas. Durante más de 30 años, las izquierdas pagaron todos los platos rotos del neoliberalismo galopante. También lo hizo la educación superior, cuya gratuidad fue eliminada de la Constitución bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, repuesta hace apenas unos meses por la 4T.

La inmensa mayoría de las universidades públicas del país se “derechizaron”. Claro, excepto las que ya eran francamente de derecha. Todas ellas son “plurales” o “pluralistas”, pero eso no quita su tendencia dominante.

Algo muy feo de este proceso es que grupos universitarios de izquierda llegaron algún día a la conclusión de que el neoliberalismo (formar una oligarquía de ricos financieros y desmantelar el Estado social) era mejor que vivir para siempre en la crisis del viejo estatismo que no había podido resolver ningún problema social de fondo.

Algunos de esos intelectuales de izquierda suponen que criticar a la universidad pública mexicana, por haber abrazado el proyecto neoliberal, es un atentado a la autonomía universitaria. Uno de ellos, ex miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, Rolando Cordera, en lanzamiento demencial, ha escrito que hemos de volver a la gesta de la defensa de la Universidad como en 1968.

El ejercicio de la autonomía universitaria depende del grado de democracia interna en las instituciones autónomas. De nada sirve un gobierno propio (“gobernarse a sí mismas”, dice la fracción VII del artículo 3º de la Constitución) si no se ejerce de conformidad con otros principios constitucionales de carácter democrático, la igualdad política y el derecho de elegir y, también, de decidir. La democracia concursal, formalista, es de por sí deficiente y se presta, como se ha visto, a grandes manipulaciones del poder del dinero, pero ni siquiera esa existe en el sistema público mexicano de educación superior.

La reforma universitaria nacional ha de ser pronto un movimiento para ubicar a la educación superior a la altura de la sociedad, en específico, del pueblo mexicano, el cual recién ha logrado lo que otros hicieron muchas veces a través de la historia: enseñar a sus propios profesores.

Rijosidad y rispidez

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Muchas personas en las oposiciones y en grandes medios consideran que el ambiente político de rijosidad y rispidez se debe a las frecuentes réplicas, ataques y explicaciones que hace el presidente de la República. Se toman en cuenta mucho menos las arremetidas cotidianas de los críticos y adversarios del gobierno que se difunden ampliamente en la prensa y las redes sociales.

En México se pensaba hasta hace poco que los jefes del poder político no debían enfrentarse directamente a sus opositores, sino de manera subrepticia o indirecta, para lograr protección personal sin dejar de hacer lo deseado. Eso ya no funciona.

Tenemos un escenario político de rijosidad y rispidez, es decir, los actores principales están dispuestos a pelear y lo hacen con vehemencia y escasa amabilidad. En lugar de estar buscando al culpable de este fenómeno, lo que debe hacerse es admitir la realidad política, ya que, a fin de cuentas, todo eso forma parte de la emersión de una nueva fuerza gobernante que no puede dejar de lado el instrumento que la llevó al poder: la crítica, incluyendo, naturalmente, la modalidad de la denuncia pública.

La rispidez y la mala educación se manifiestan a la menor provocación porque el poder está en juego cada día. Así se ha tejido la lucha política desde la instalación de una nueva mayoría legislativa y la llegada de un nuevo Poder Ejecutivo, es decir, desde el 1 de septiembre y el 1 de diciembre de 2018: nadie en las oposiciones se propuso entonces alguna forma de colaboración condicionada o acotada con los recién llegados al poder, como suele ocurrir en las “democracias occidentales”, sino que se adoptó como objetivo la confrontación hasta llegar al momento de la derrota de la 4T, programada para junio de 2021 como primera fase.

Las oposiciones son muy fuertes, cuentan con apoyo electoral, dinero, algunos gobiernos locales, medios de comunicación, organizaciones sociales, gran parte del clero católico, organismos autónomos del Estado, empresas, organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, no han podido derrotar a la 4T sino que han acumulado nuevos fracasos electorales en varios estados. Sin motivo lógico, en ese campo nadie en la coalición opositora intentó un análisis sereno de los resultados. Todo siguió casi igual.

Hay un grupo, cuyo nombre es “Sí por México”, que ha lanzado una nueva versión de su iniciativa unitaria de las oposiciones, la cual se va a denominar “Ciudadanos al Rescate Nacional”, lo que expresa mejor el propósito de volver a adquirir lo que antes se tuvo, el poder. Sus objetivos, según han dicho los dos principales líderes, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, ambos empresarios, son defender “la libertad, la democracia, la competitividad y la propiedad privada”.

El “rescate” es el contenido básico del discurso político porque corresponde a la realidad. Las oposiciones no pueden unirse orgánicamente sin tratar de reinstalar el Prian como mecanismo de administración de la mayor parte del espectro político mexicano y forma concreta de compartir el ejercicio del poder. Se ofrece, así, un regreso a algo conocido y, al mismo tiempo, se cree que eso habrá de tener la mayor fuerza de convencimiento popular. Nada fácil.

“Sí por México” es un grupo sin fuerza social, pero ha logrado un éxito inusitado en sus interlocuciones con los dos mayores partidos opositores, PAN y PRI, sin tener que ocultar su carácter ideológico de extrema derecha. Su tarea política consiste en aproximar a esos dos partidos y a otros para forjar una alternancia, pero cuando se anuncia la intensión de ir a una consulta sobre el mandato del presidente de la República, se desinfla todo y se renuncia al voto popular como instrumento de cambio. Ahora, “Sí por México” insiste en que toda la oposición debe ir en unidad, pero en el año de 2024 para llevar a un nuevo presidente contrario a la 4T.

El PAN no tiene problema alguno en su unidad con el PRI. Eso es lo más lógico porque el tricolor no ha elaborado un programa electoral de carácter social y debido a que el blanquiazul tiene mayor fuerza electoral, por lo cual le debería corresponder nombrar al candidato presidencial. El problema verdadero lo tiene el PRI porque cuenta con una masa electoral que no es de derecha en su mayoría y mucho menos de ultra derecha como “Sí por México” y segmentos relevantes de Acción Nacional que simpatizan con el partido fascista de España.

Es así como la rijosidad y la rispidez en las relaciones políticas se utilizan para confrontar más y más culpando al adversario. En realidad, la disposición a la pelea y la vehemencia son formas que expresan contenidos programáticos, pero principalmente en materia de política económica y social. Un Prian relanzado pero ahora con unidad orgánica no tendría más consecuencia que representar a los empresarios de extrema derecha, tal como lo hace “Sí por México”. El propósito no podría ser el restablecimiento de las libertades porque éstas existen hoy mucho más que antes, ni de la democracia que se sigue abriendo camino en el país, sino sólo la contención de la política social y la recuperación de viejos privilegios de unos pocos muy ricos.

La forma actual de discutir el tema político, es decir, rijosidad y feas maneras, practicada en no pocos países, en México ha venido a dar cobertura a la mentira como sistema instrumental. Nunca un gobierno ha sido tan difamado, pero ahora al menos no se han abierto procesos por daño moral contra ningún difamador. Aunque la decisión de no recurrir a tribunales en materia civil es políticamente adecuada, por desventura el país se acostumbra a la mendacidad en el debate público. La fabricación de falsedades ampliamente difundidas ya no es rispidez sino algo añadido que hace de la lucha política un ejercicio tan sucio como el practicado por Felipe Calderón cuando fue candidato a presidente (2006) y usó el dinero de la extrema derecha empresarial para difamar en radio y televisión a su contrincante, justamente Andrés Manuel López Obrador. Aquel grupo de capitalistas patrocinadores y aquel partido fueron exactamente “Sí por México” y el PAN.

¿Qué tienen que hacer los otros invitados a “abrazarse” en el pacto “Ciudadanos al Rescate Nacional”? Sería bueno escuchar respuestas inconcusas, pero al mismo tiempo sustentadas.

Ganancias caídas del cielo

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“Windfall profits” se le llama en España a la consecuencia del sistema tarifario de energía eléctrica. “Ganancias caídas del cielo”. El método es en el fondo sencillo: se venden las producciones de electricidad de menor costo a precio de la más cara. Es decir, la mayoría de la gente que se ubica en el mercado eléctrico cotidiano o de corto plazo tiene que pagar, según un mecanismo de subastas por día y por hora, la tarifa que corresponde a la energía de mayor precio de mayoreo. Como es lógico, los productores de la energía más barata acumulan enormes ganancias a costa de los consumidores y, además, se benefician en exclusiva del aumento de los precios de los energéticos. A esto le llaman mercado.

El esquema se hace más inicuo porque en España existe un oligopolio de electricidad: Endesa, Iberdrola y Naturgy poseen, juntos, casi el 90% del mercado y cada cual tiene sus regiones, como en tiempos feudales. La única empresa de capital mayoritario estatal es Endesa, propiedad de ENEL, la mayor empresa eléctrica de Italia que opera en 32 países, también en México, como lo hace Iberdrola. Sin embargo, la italiana asumió su papel oligopólico luego de tomar por asalto a Endesa a través de una oferta de bolsa. Existen en la Península Ibérica unas 300 comercializadoras operativas privadas de electricidad pero que operan en el margen.

El llamado “pool eléctrico” español pretende justificarse bajo la necesidad de promover las inversiones en energía eólica y fotovoltaica, pero, como se puede observar, a costa de bolsear a los consumidores. En España, no sólo dejó de existir la empresa pública sin tomar en cuenta que el país es una isla en materia de electricidad, pues su sistema sólo lo comparte con Portugal. Así es también México, una isla eléctrica: lo que no se solucione aquí, nadie podrá hacerlo. De esa forma, el tema energético es de alta seguridad nacional.

El sistema eléctrico mexicano no es idéntico al de España, pero aquí se las ingeniaron para hacerlo parecido. El Estado mexicano tiene el monopolio constitucional de la planeación y control del sistema, así como de la transmisión y distribución de energía. Al mismo tiempo, tiene una gran empresa pública, la CFE, que produce energía de las diversas fuentes. El problema es que, a partir de las reformas neoliberales de 2013 y 2014, empeoraron las normas y los contratos para mediatizar la capacidad estatal y beneficiar a empresas privadas. El Estado ha terminado subsidiando a los empresarios de la electricidad, lo que se expresa en los estados contables de la CFE. Las normas para usar las líneas de transmisión y la red de distribución de la CFE no son parejas para unos y otros productores, de tal forma que la capacidad productiva instalada de la empresa estatal se inutiliza en parte debido a la preferencia de la que gozan los privados, ya sea para el servicio público o dentro de esquemas de simulación de asociaciones de generación.

La CFE compra en contratos de largo plazo a precio y cantidad predeterminadas a los privados y se privilegia el despacho eléctrico de nuevos productores independientes. Además, se transmite casi gratis energía de sedicentes cogeneradores que claramente no lo son.

El planteamiento central del nuevo gobierno es que la CFE vuelva a ser jurídicamente un organismo público y participe en el ejercicio de las atribuciones constitucionales actuales que tiene el Estado, dejando atrás los indebidos privilegios actuales en favor de las empresas privadas, altamente costosos para la nación. Que haya, en síntesis, un mercado parejo y una verdadera regulación.

Algunos distinguidos políticos priistas, en especial Dulce María Sauri, están diciendo que la iniciativa de AMLO para reordenar la industria eléctrica es como regresar a los coches de caballos en pleno siglo XXI. Es decir, se quiere postular que la empresa estatal de electricidad debe desaparecer por ser un esquema viejo. Debería analizarse que ENEL, la primera empresa eléctrica de Italia es del Estado y tiene fijada una cuota del 50% de la producción total de ese país. Électricité de France (EDF) tiene capital estatal de 83% y es la tercera compañía mundial, después de la china State Grid y la mencionada ENEL italiana, ambas bajo control accionario de sus respectivos estados. La tercera empresa alemana, EnBW, es mixta con capital de una entidad federativa.

Al plantear que la empresa pública es hoy tan vieja e inservible como el coche de caballos se evade, con una simple frase, rendir cuentas de las consecuencias mexicanas de la aplicación del programa neoliberal. Significa seguir defendiendo el neoliberalismo a pesar de sus pésimos resultados mundiales para la mayoría que fue víctima de tal programa.

Se pretende postular desde sectores priistas (salinistas) que no hay que resolver ningún problema volviendo a hacer lo que antes se hizo, lo cual incluye al Estado social que ha sido disminuido por el neoliberalismo en la mayor parte del mundo. Pues bien, los priistas deben saber que el mayor partido actual no busca repetir fórmulas anteriores porque el país ya no es el mismo en muchas materias ni la nueva fuerza gobernante es igual, sino combatir la política de los neoliberales, que no sólo han sido del PRI, y sentar las bases de un Estado democrático y social de derecho, dentro del que se produzca una redistribución del ingreso y se eleve la capacidad productiva del trabajo social en beneficio de los propios trabajadores.

La reforma energética de 2013 fue un atraco porque estaba dirigida contra el patrimonio y los intereses estratégicos de la nación. No se trataba sólo de promover a empresas privadas, principalmente extranjeras, sino de otorgarles subsidios abiertos y encubiertos encaminados a crear un oligopolio en la industria eléctrica.

El siglo XXI no está obrando en favor de los neoliberales. Por el contrario, el programa del neoliberalismo desvela aquí y allá su verdadero contenido como promotor de estructuras oligopólicas que llevan a la concentración y centralización de la riqueza y el poder en pocas manos.

La iniciativa de AMLO sostiene que la transición energética que México está obligado a cumplir no puede hacerse bajo el liderazgo de un oligopolio que sólo busca tasas extraordinarias de ganancia a costa de lo que sea, incluyendo, naturalmente, la ruina de la empresa pública de electricidad. Los pactos mundiales sobre la defensa del planeta los ha suscrito el Estado mexicano, no los capitalistas, quienes deben ser regulados por la autoridad y no al revés.

El Consejo Coordinador Empresarial busca que el Estado se encargue solamente de transmitir y distribuir la electricidad, actividad mucho menos rentable que la de producción, para que las empresas privadas, en especial las extranjeras que ahora se representan a través de ese consejo de cúpula, tomen por completo el control de la industria.

Si el Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los estados) no se hace cargo de las obligaciones nacionales sobre energía, no habrá quien lo pueda hacer, mucho menos desde el abuso y el privilegio. Vean lo que ocurre en España y en algunos otros países en los que empezamos a ver una “nueva pobreza energética” en el marco de perniciosas estructuras oligopólicas privadas, a veces con la intervención de empresas públicas que se comportan con la misma voracidad. Lo moralmente peor es que todo eso se hace ofreciendo energía limpia, como si las grandes empresas privadas fueran las únicas que pudieran generar electricidad sin quemar fósiles.

No se le plantea al PRI que analice la historia mexicana del siglo XX ni tampoco su propia política neoliberal, sino que haga lo que hoy en día promete a su electorado en el sentido de velar por los intereses populares y nacionales. Qué difícil.

¿Se va a ir la luz?

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La iniciativa enviada por Andrés Manuel López Obrador al Congreso con el fin de reformar varios artículos de la Constitución en materia de energía eléctrica contiene una fuerte corrección a la reforma anterior. El texto hasta ahora vigente pretende eliminar paulatinamente a la Comisión Federal de Electricidad para conformar un oligopolio privado internacional.

Estamos hablando de una energía vital de todo país. No es un juego. Sin embargo, desde 1995 se ha venido creando una infraestructura industrial de producción de electricidad con empresas privadas, principalmente extranjeras, que entregan su producto a la empresa estatal en condiciones preferenciales y garantizadas, pues el Estado se obligó a comprar o distribuir lo que produjeran. A partir de la reforma de 2013, la situación empeoró pues la energía eléctrica producida por empresas privadas fue programada para que desplazara y arruinara a la CFE. Ese era el plan.

Como se sabe, la producción de energía eléctrica nunca fue monopolio del Estado. Cualquiera la puede generar. Pero, desde el punto de vista industrial, sólo es rentable si se posee o utiliza de manera continua y segura un sistema de transmisión y una trama de distribución. Esta infraestructura siempre ha sido del Estado y ningún inversionista privado ha planteado poder construir una nueva.

Dice actualmente el artículo 27 de la Constitución: “Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.”

Así, lo que se decidió en 2013 fue dejar al Estado como monopolio de la transmisión y distribución de la energía eléctrica y, al mismo tiempo, designar paulatinamente a las empresas privadas como oligopolio de la producción, cuyo fluido sería transmitido por el Estado desde los lugares de generación y distribuida hasta los sitios de consumo. Producir electricidad es más rentable que distribuirla porque tiene una composición orgánica de capital mucho más alta: mayor inversión fija y menor cantidad de trabajadores.

Además, todo sistema eléctrico requiere una reserva de capacidad de generación. Ante las bajas de potencia o para cuando se produzca una caída parcial en el sistema, deber existir capacidad instalada adicional, más aún en un país interconectado casi por completo. Esto tiene un costo, el cual se cubre hoy por cuenta del Estado y, naturalmente, en beneficio de las empresas privadas.

Como consecuencia de todo eso, se han repartido permisos de generación eléctrica para el servicio público en tal cantidad que, si en este momento todos los permisionarios en ciernes pudieran producir, el país tendría el doble de potencia, pero sin contar con una semejante capacidad de consumir justo a tiempo un producto que, como se sabe, no se puede almacenar. Ese innecesario aumento de la producción iría en demérito de la producción del Estado, incluyendo la hidroeléctrica que es energía limpia, aunque no se encuentre en la lista correspondiente por ser justamente de propiedad pública.

Entonces, el plan ha sido ir produciendo más y más electricidad desde las empresas privadas, y menos y menos de parte de la empresa del Estado, la CFE. Es la misma idea que se aplicó con motivo de la infortunada reforma petrolera. Esto es parte del programa neoliberal que considera que la empresa pública sólo se justifica como instrumento de subsidio a los capitalistas y facilitación de las actividades empresariales privadas, entre más oligopólicas, mejor.

Por ello existe un sistema de reparto de energía en favor de las empresas privadas, así como de obligaciones del Estado para dar a aquellas las mejores condiciones de desempeño, de tal manera que la tasa de ganancia bruta de las termo eléctricas privadas es mucho mayor que la de la empresa pública con lo cual en realidad se aplica un subsidio.

De lo que se trata ahora es de trazar una línea de igualdad aproximada entre la producción de las empresas privadas y la del organismo del Estado. Un reparto cercano a mitades, pero sobre la base de recuperar funciones de la CFE para asumir, como ya dice la Carta Magna, “la planeación y el control del sistema eléctrico nacional” y, además, llevar a cabo la modernización de sus propios generadores, especialmente de energía limpia para hacer frente a la transición energética.

Es indispensable ampliar la red de trasmisión y mejorar la distribución de la energía que llega a las casas, fábricas, comercios, sistemas de agua, transportes, etc., para lo cual se requieren grandes inversiones públicas. Si el Estado mexicano no retoma la conducción de la industria eléctrica como una responsabilidad ineludible, podríamos llegar a tener aquí algo parecido a lo que en estos momentos ocurre en parte de Europa, donde la tarifa eléctrica varía según la hora y el día, llegando ayer en España a los niveles más altos de su historia, desde 60 euros de hace unos tres años, hasta 320 euros (unos 7 500 pesos) por megawatt/hora; la tarifa más baja se fijó en 250 euros, pero entre las 4 y las 5 de la madrugada.

El argumento del Consejo Coordinador Empresarial en contra del proyecto del gobierno no es tal, puesto que se trata de una peregrina amenaza o, sencillamente, de una mala predicción: “habrá apagones y la luz será más cara”, dice el organismo cúpula. La afirmación carece de sentido cuando de lo que se trata es de garantizar que se pueda planear el desarrollo de la industria y proveer energía al más bajo costo posible, lo cual no requiere de diarias subastas entre productores que tienen, obviamente, costos diferentes según el fluctuante precio del gas, las horas de insolación, la velocidad del viento, entre otros factores. Si los industriales quieren tarifas estables y suficiente disponibilidad de energía a cualquier hora, que llamen a votar por la iniciativa de López Obrador en el Congreso. Si ésta es obstaculizada, vendrá tiempo de lamentos… por parte de ellos mismos.

El gobierno propone, entre otros textos, introducir en el artículo 27 lo siguiente: “Corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La Nación aprovechará los bienes y recursos naturales para dichos fines. El Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo”.

A la vez, se propone añadir en la Constitución: “La Comisión Federal de Electricidad generará al menos el cincuenta y cuatro por ciento de la energía eléctrica que requiere el país. El sector privado participará hasta en el cuarenta y seis por ciento de la generación que requiera el país. El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado”.

Como se aprecia, no se trata de expropiar ninguna planta privada de energía, sino de nacionalizar a la CFE, que hoy está a merced de las empresas privadas, con el fin de que la nación, a través del Estado, pueda tomar la conducción de la industria eléctrica e impedir la operación de un oligopolio privado.

Este es un problema de seguridad energética, la cual no debería estar subordinada al concurso de empresas privadas que sólo buscan, como es lógico, sus ganancias: entre mayores, mejor… para ellas. El país requiere garantía de generación suficiente, estable y con tarifas que sean adecuadas económica y socialmente a la realidad de México.

El neoliberalismo está en decadencia en el mundo. Por suerte también en México va de salida. Esperemos la aprobación de las reformas de la industria eléctrica para que no “se vaya la luz” o tengamos que pagar por ella más de 500% de súbito incremento en las tarifas, como está ocurriendo hoy en algunos países que se sienten “muy postmodernos”.

Ocaso del Estado corrupto

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Contar con un nuevo gobierno que no es corrupto, por vez primera en 70 años, no quiere decir que el Estado también ha dejado totalmente de serlo. Vivimos ahora un indispensable inicio que lleva a una lucha diaria, la cual habrá de prolongarse probablemente durante algunos años. El problema tiene dos lados: evitar la corrupción en tiempo real y ajustar cuentas con la corrupción sistémica de antes, sus mecanismos, sus leyes, sus mafias, sus vínculos de protección, complicidad y miedo.

El Estado corrupto es parte de todo el sistema de poder, por lo que no es una sobreposición a la gobernanza, un defecto. En todos los países existe corrupción, pero no todos tienen Estado corrupto. Este es una forma de hacer participar en la corrupción a las unidades económicas y organizaciones de la sociedad y, por tanto, impacta las relaciones sociales, las de carácter mercantil, es decir, al capitalismo. No se trata, claro está, de la dominación social ni de la forma de opresión, no es el centro de las relaciones de producción e intercambio, del capitalismo como tal, pero de este emerge y atenaza todo. Bajo el Estado corrupto han vivido las presentes generaciones mexicanas. Es un fenómeno histórico en el pleno sentido del término.

El primer acto contra la corrupción de la 4T se realizó antes de la protesta del nuevo gobierno. La nueva mayoría anunció en San Lázaro la abolición del método de los “moches”. No se aceptarían partidas específicas transadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aquellas que se aprobaban a cambio de posteriores recompensas, llamadas “moches”, a los diputados promoventes. Las oposiciones no han podido digerir hasta ahora este cambio.

El segundo acto fue aprobar un proyecto de ley largamente congelado de remuneraciones, para hacer valer el artículo 127 de la Constitución, a efecto de limitar los sueldos de los jefes al tope de aquel que se le asignare al presidente de la República, luego de lo cual se anunció una disminución de más del 50 por ciento a la remuneración del titular del Ejecutivo. Este lío tiene todavía asuntos pendientes con los organismos autónomos que han encontrado cobijo en el Poder Judicial y siguen decidiendo sus propios sueldos a despecho del artículo 75 constitucional.

Empezaron a aprobarse otras reformas: la prohibición de las condonaciones fiscales que habían sumado muchos miles de millones de pesos; el cobro de deudas fiscales de grandes contribuyentes; la entrega directa y personal de las subvenciones incluidas en los programas sociales; la ley de austeridad para evitar los gastos innecesarios, los cuales solían llevar el incentivo de cobrar el “moche” a los proveedores; la persecución de las facturas falsas para efectos fiscales y para justificar ilícitos pagos gubernamentales; la eliminación de las compras atadas a estructuras oligopólicas y de simulación de licitaciones, como las que se llevaban a cabo con las compras consolidadas de medicamentos; el descarte del método de asociación pública-privada; la congelación de rondas de asignación de concesiones para la explotación de hidrocarburos; las renegociaciones de leoninos contratos de gasoductos, prisiones y hospitales, entre otros; la vigilancia fiscal del comercio exterior y de la importación de energéticos; la lucha frontal contra el huachicoleo dentro y fuera de Pemex; la persecución de los defraudadores de casos como el de Agro Nitrogenados y otros; las denuncias presentadas por simulaciones defraudatorias, mordidas recibidas para el otorgamiento de contratos y robos directos al erario; la eliminación del outsourcing; la rendición de cuentas y el voto directo en los sindicatos; el primer juicio político en 90 años contra la “estafa maestra” del gobierno de Enrique Peña; la revelación de la compra de votos en el Congreso y de otras muchas manifestaciones de la corrupción, incluido el apoyo para desvelar en México el escándalo continental de Odebrecht, así como el primer desafuero de un gobernador. Aunque es un inicio, es también algo épico, frente a la profundidad del Estado corrupto y ante las resistencias políticas manifiestas.

Entre las reformas legales expedidas y las acciones políticas llevadas a cabo destaca la cancelación de centenares de fideicomisos que eran una manera de esterilizar recursos presupuestales en beneficio de administraciones conformadas como concesiones facciosas. Dentro de este esquema, aunque como agrupación privada, encontramos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A.C. ¿Para qué querría el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología una asociación privada que promoviera apoyos, es decir, canalizara recursos públicos en favor de proyectos de entidades de muy diverso tipo? Quizá para una cosa: que un grupo de personas afectas al poder asumiera funciones propias del Estado, bajo la dirección de facto de funcionarios, con el fin de repartir recursos públicos a conveniencia y con suficientes beneficios, pues casi nadie trabaja por amor al arte.

Los hechos fueron denunciados por el Conacyt sencillamente porque hacerlo es obligación de todo funcionario. El asunto está ubicado en la Fiscalía General de la República y en los tribunales de la Federación. El gobierno y el Congreso no son litigantes, al menos en este caso. Ningún derecho ha sido violado y esperemos que no lo sea en lo sucesivo.

Sin embargo, los directores de la UNAM y varios otros funcionarios académicos han elevado su protesta por lo que consideran una “inconcebible” acusación, “desproporcionada”, se afirma, contra 31 científicos, por delitos graves que resultan “improcedentes”, la cual resulta, se enfatiza, en una “condena a priori”, sin garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso.

Los conceptos expuestos carecen de importancia ya que son los mismo que mencionan con frecuencia ciertos despachos de defensores con respeto a cualquier cliente suyo acusado en el orden penal. Decir no cuesta, lo difícil es sostener, fundamentar y sustanciar lo dicho, sobre todo cuando, como en este penoso asunto, las imputaciones no han sido admitidas en ningún juzgado.

Lo más preocupante es que directores universitarios consideren que las imputaciones de la Fiscalía crean un “clima de desconfianza y linchamiento” contra los científicos mexicanos. Frente a esto, los mismos funcionarios universitarios llaman a una “adecuada interacción entre la academia y el gobierno” como elemento para poder “aspirar a una ciencia más humana y al servicio de la sociedad”.

Sin embargo, no existe en México la menor desconfianza y mucho menos “intentos de linchamiento” contra los profesionales de la ciencia y la tecnología. Un asunto penal relacionado con algunas personas en su calidad de servidores públicos o de promotores privados no tiene relación con el contenido del quehacer científico y tecnológico.

Por último, causa extrañeza advertir que personal académico afirme que la “calidad humana de la ciencia” pudiera depender en alguna medida de las relaciones entre la academia y el gobierno. De por sí eso no podría ser puesto que el gobierno afortunadamente no hace ciencia, pero, además, en México el contenido de la investigación, considerada ésta como una libertad, tiene estatus constitucional autonómico (Art. 3º-VII).

El Estado corrupto no es un fenómeno que sólo abarque a los políticos y a las relaciones de éstos con los empresarios. El asunto no es tan sencillo. Tampoco es una “cultura” como suele afirmarse con propósitos justificatorios. Se trata de un elemento propio de una forma de gobernar basada en un reparto de patrimonio público entre individuos y grupos que, en su conjunto, conforman un sistema de reproducción de vínculos específicos entre el Estado y la sociedad. Es un método para crear intereses comunes con el objeto de reproducir incesantemente una manera específica de gobernar basada en actividades ilícitas e inmorales.

El Estado corrupto está en su ocaso porque fue llevado a extremos de sí mismo justo en el momento de la crisis mundial del neoliberalismo. Contra uno y otro rasgo del capitalismo de nuestros días fue que se rebeló una parte decisiva del electorado, luego de muchas décadas de persistente lucha, que abarcó tres generaciones, en pos de la democracia. El cambio político de 2018 tiene como uno de sus principales motivos la superación de la corrupción como parte del sistema de gobierno. Sería por lo menos pueril suponer que ese sistema nunca tocó a las instituciones de investigación.

Como no existe persecución alguna contra científicos u otros académicos, lo pertinente es esperar a que el aparato de justicia resuelva el problema penal que tiene frente a sí. “Jus semper loquitor”, reza o rezaba el nombre de un auditorio en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Objeción de conciencia

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El Estado laico no toma parte en el tema religioso. Carece de teología y canon sacerdotal. No objeta creencia alguna. Se ubica por encima porque abarca a todas las religiones y a otras convicciones. Así es como se puede abrir lugar a la ciencia y a la libertad.

Eso no quiere decir que el Estado laico ignore la religiosidad de las personas como algo social. Al contrario, la respeta y la hace valer.

La legalización del aborto, iniciada en México desde 1871, es una conquista del Estado laico en tanto que reivindica la libertad y, en concreto, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. La creencia religiosa no es, en este terreno, ley del Estado, como tampoco lo es el machismo secular que somete a las mujeres a una condición de madres obligadas y cuidadoras designadas únicas de los integrantes de la familia.

Ahora bien, en el ejercicio profesional existen personas que tienen marcadas convicciones religiosas que deben ser respetadas por el Estado. Al ser ejercidos los derechos de interrupción del embarazo y de voluntad anticipada se involucran profesionales de la salud que están obligados a respetar la decisión de sus pacientes, pero que, a la vez, también tienen sus propios derechos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud (año 2018) que dice: “El Personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán (sic) ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta Ley.

“Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.

“El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.”

Por otra parte, la Ley de Salud de la Ciudad de México dice:

“Artículo 82. El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y, por tal razón, excusarse de realizarla, teniendo la obligación de referir de inmediato y por escrito a la mujer con un médico no objetor.

“Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer no podrá invocarse la objeción de conciencia.

“Es obligación de las instituciones públicas de salud del Gobierno garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en la materia.”

“Artículo 153. El personal de salud a cargo de cumplimentar lo dispuesto en el documento que emita el área responsable en materia de voluntad anticipada de la Secretaría y lo prescrito en la presente Ley, cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tales disposiciones, podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en su aplicación.

“Será obligación de la Secretaría garantizar y vigilar en las instituciones de salud la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor, a fin de garantizar el otorgamiento de los Cuidados Paliativos como parte del cumplimiento de la voluntad anticipada del enfermo en etapa terminal.”

Lo que destaca como diferencia entre el precepto federal y el local de la Ciudad de México es que, en el segundo, la institución de salud tiene el deber de proporcionar el servicio que se le requiera en todo tiempo y circunstancia. Además, el médico objetor tiene la obligación de conducir directamente al paciente a otro médico que no tenga objeción y, por tanto, que pueda dar el servicio.

Así, en la Ciudad de México, tanto la institución de salud como el médico en lo personal están obligados a proveer o promover la atención médica. En el caso del profesional de la salud que se haya declarado objetor, dicha antención se realiza por parte de otro facultativo a instancias del primero.

El asunto técnico está salvado en la norma de la Ciudad de México, la cual debería ser tomada en cuenta por parte del Congreso de la Unión para afrontar este problema, luego de que la Suprema Corte lo ha incitado a volver a hacerlo.

Sin embargo, parece estar en el fondo la validez de la objeción de conciencia en general.

En asuntos como la interrupción voluntaria del embarazo y la voluntad anticipada, existen conceptos religiosos regularmente adversos a esas dos prácticas, los cuales deben ser respetados por el Estado laico aunque no sean norma obligatoria general.

La laicidad del Estado adquiere legitimidad por muchos motivos, mas uno de ellos es que no se contrapone a las concepciones religiosas de las personas. El laicismo no es ofensivo, opresivo ni represivo. No hay que confundirlo con el ateismo oficial ni con la teocracia abierta o encubierta. Por tanto, las y los médicos tienen derecho a que sus convicciones religiosas, cuales fueran, sean respetadas en el ejercicio de su profesión. Ellos y ellas deben atender a todo paciente y, al existir alguna genuina objeción de conciencia, deben garantizar que tal paciente sea conducido a otra u otro médico que no tenga objeción alguna.

Se ha puesto en cuestión que el Estado pueda admitir la objeción de conciencia por motivos religiosos, sin embargo, no existe fundamentación válida alguna al respecto. La religión no podría ser el único motivo de alguna objeción, aunque fuera la más frecuente, por lo que el hecho de que el Estado reconozca creencias religiosas que puedan ser incompatibles con ciertas labores profesionales de carácter médico no debería perturbar a nadie. Se trata de algo natural, siempre que sea genuino, es decir que no sea algo fingido con el fin de evitar el cumplimiento del deber o bloquear el Estado de leyes.

En España se ha usado la objeción de conciencia como una especie de movimiento político en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. En México no hemos tenido ese problema. Así que no hagamos de algo sencillo un asunto de muy especial tratamiento.

Cuando se legalizó el aborto antes de las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México, se planteó correctamente el tema de la objeción de conciencia debido a que el Estado laico es el verdadero instrumento del respeto a las convicciones religiosas. Así fue como se reformó la ley local de salud aquí transcita. En ese mismo sentido debe perfeccionarse el respectivo precepto de la ley federal.

En esa tesitura, el problema no consiste en la objeción de conciencia, sino en cómo llevar al resto de los códigos locales y al código federal el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, siguiendo la pauta abierta por la Ciudad de México en abril del año de 2007, hace más de 14 años, que ha funcionado muy bien en favor de miles de mujeres y ha salvando muchas vidas.