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Gordillo: uso despótico y grotesco de la justicia

 

Elba Ester Gordillo pudo haber sido acusada mucho antes, junto con otros líderes magisteriales y de otros gremios. En el sindicalismo venal se cometen delitos como parte de la función de liderazgo y, al mismo tiempo, para el enriquecimiento personal. Desde hace varias décadas era muy conocida la forma y nivel de vida de la lideresa magisterial. Sin embargo, la impunidad siempre fue uno de los instrumentos con que funcionaba el sistema de ilegalidades en el sindicalismo oficial y así siguió siendo bajo los gobiernos del PAN. Al respecto, esa fue una transición a lo mismo.

El uso instrumental de la justicia por parte del poder político es una cara de la corrupción. Mas no se trata sólo de la persecución de los enemigos del régimen, sino también de algunos pocos de los viejos amigos, los caídos en desgracia, los disidentes, los indisciplinados. Es evidente que hay una abismal diferencia, por ejemplo, entre Valentín Campa, encarcelado durante 10 años por participar en una huelga de obreros ferrocarrileros, hombre de inmensa honorabilidad y honradez, que el proceso penal contra Joaquín Hernández Galicia, La Quina, un líder petrolero prototípico de la corrupción de la empresa pública mexicana y del sindicalismo venal, por haberle jugado las contras a Carlos Salinas.

Por lo regular los caídos en desgracia del presidente de la República son acusados de delitos que no cometieron, ya que los que sí cometieron suelen estar vinculados con sistemas de funcionamiento gubernamental e implicar a otros muchos personajes.

A Gordillo le acusan de lavar dinero pero no se persigue a quien se lo dio. Ella no era la única que tomaba recursos del sindicato. Además, como se sabe, tan luego como fue encarcelada nombró como sucesor a Juan Díaz, su segundo de abordo, ahora disciplinado al presidente de la República y al secretario de Educación: medio infalible de librar la cárcel.

Los sucesos relacionados con Elba Esther Gordillo se han proyectado hasta una decisión judicial, solicitada por la PGR, para impedirle comunicaciones y regular sus visitas personales, todo ello orquestado por la Presidencia de la República. Al respecto, el país está como en tiempos de Díaz Ordaz.

En las cárceles se prohíbe el uso de celulares y computadoras como medida de seguridad pero no como forma de restringir la comunicación de los internos ni su libertad de difundir ideas. Esa prohibición no va dirigida contra algún reo sino que es una norma de aplicación general. En casi todas las prisiones mexicanas, actualmente, existen teléfonos públicos, aunque haya horarios y filas. (Cuando estuve en Lecumberri (1968-1971) nunca pude hacer una llamada ni recibirla).

La prisión domiciliaria tampoco requiere bloquear las relaciones del procesado o condenado con otras personas. Se puede colocar al reo un brazalete para evitar que abandone su domicilio, ya que lo único que debe ser garantizado es que siga privado de su libertad de movilidad, pero la ley no autoriza impedir comunicaciones que puedan “desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano”. Eso no existe, es un inventado concepto enteramente despótico. Recuerda aquel delito de disolución social que fue derogado después de 1968.

El argumento de la PGR, admitido luego por un juzgador típicamente de consigna, es que la procesada, Elba Ester Gordillo, fue dirigente de un sindicato, tiene muchas relaciones y recibe personas sin que el Ministerio Público conozca para qué fines. Pero sus visitas y sus llamadas también existían cuando estaba recluida en un hospital. Es hasta ahora que el actual líder del SNTE ha pedido auxilio y se le ha dado de inmediato.

Por desgracia, el asunto tiene también otro ángulo. El presidente Enrique Peña Nieto se ha ubicado en un bajísimo escalón como jefe de Estado. Sostiene que eso que jefatura, el Estado, está en peligro debido a las visitas que recibe en su casa Elba Esther Gordillo, sus llamadas telefónicas, sus recados de internet. Ha usado su poder fáctico para hacer algo grotesco. Ella no está al frente de ningún movimiento social o político que pudiera provocar un levantamiento armado u otros hechos contrarios a la seguridad del Estado, ni su proceso es por rebelión, sedición, motín o conspiración sino por lavar dinero. ¿Elba Esther Gordillo es un peligro para alguien?

Como Gordillo es indefendible por parte de sus tradicionales adversarios políticos y mucho más por sus viejos amigos que ahora son sus enemigos disciplinados o miedosos, Peña Nieto se ha sentido con el espacio suficiente para hacer algo grotesco. El problema, sin embargo, consiste en que el país sufre cuando se efectúa una represalia política presidencial en desapego de la legalidad.

Esto se llama uso despótico y grotesco de la justicia como instrumento del poder político.

Relato precoz de una sucesión fracasada

 

La idea de postular un candidato independiente, un simple ciudadano, sólo podía desprenderse de las evidencias demoscópicas que reportaban la imposibilidad de que el PRI ganara la elección presidencial de 2018. El malestar social se dirigía concretamente hacia el gobierno priista, por más que tiempo después tuviera que ser calificado de “irracional”. La sucesión tenía que realizarse de una forma por completo heterodoxa.

La idea original de postular a Aurelio Nuño, para lo cual se le había llevado al gabinete, seguía siendo atractiva en Los Pinos pero sólo porque era la persona de mayor confianza del presidente. La propuesta de Luis Videgaray estaba más pegada al suelo: el candidato debe ser presentado como independiente para atraer a los críticos de la clase política, a la ciudadanía en su más alta abstracción. Pero, destacado funcionario sin afiliación política conocida, transpartido y transexenal, sólo había uno: José Antonio Meade.

El plan consistía en lanzar a quien pudiera ser visto como individuo sin compromisos, pero sabio, un técnico responsable, sensato, serio y capaz de proyectar a México por la senda de su conversión en potencia emergente. Todo estaba ligado, naturalmente, a la necesidad de postular a quien también pudiera lograr admiración y confianza en franjas sociales acomodadas, cúpulas empresariales y empresas monopolistas, las cuales ejercen considerable influencia política.

La primera disección debió ser una reforma del Estatuto del PRI, el cual prescribía, como requisito para obtener la candidatura, ser miembro del partido con 8 años de antigüedad y haber desempeñado algún cargo de elección popular. Nuño carecía de antigüedad y de cargo, pero Meade ni siquiera estaba afiliado. Así que, a favor de ambos, para no precipitarse demasiado, hubo que fabricar un nuevo texto redactado en Los Pinos: cualquiera puede ser candidato priista a Presidente de la República. Lo más relevante fue que en el cónclave partidario no hubo resistencias, todo pasó como miel sobre hojuelas. Esa era una manifestación de poder presidencial y disciplina de partido, como en los viejos tiempos.

Luego, expedida la convocatoria, se tenía que asegurar que no hubiera comicios internos ni otro aspirante, sino una proclamación. El gabinete y los gobernadores tenían que mostrar su disciplina y debida lealtad al presidente. Algunos secretarios ya habían emprendido sus promociones, alentadas desde arriba, pero sólo para hacer creer que había una competencia. Por lo demás, los más reconocidos como posibles, las principales figuras del sexenio, Videgaray y Osorio Chong, estaban por completo fuera de la idea de un candidato técnico, sin partido, ciudadano a secas. El secretario de Gobernación lo sabía mejor que nadie.

Luego de analizar opciones sobre la manera de oficializar el nombramiento, se optó por llevar a cabo lo que en otros tiempos se llamaba “destape”, pero ya no podía ser como antes, cuando se daba a conocer la decisión del partido a través de los líderes de los sectores y ese mismo día se le comunicaba al designado en su despacho, acto con el cual se iniciaba la campaña. Ahora, los tiempos y circunstancias habían cambiado. La autoridad presidencial debía hacerse sentir en persona para brindar todo el apoyo, por si acaso algunos se sentían movidos a discrepar o protestar. Así, se convocó a una ceremonia de relevo del secretario de Hacienda, pero se trataba de proclamar al candidato. Era Pepe, a quien el Jefe del Estado le deseaba éxito y suerte.

“Háganme suyo”, imploraba Meade a sus amigos, líderes de los “sectores”, legisladores, gobernadores. Ellos lo hicieron suyo desde el primer día, pero a costa de sacrificar el pretendido carácter de independiente, el cual no aparecía por más que la prensa se volcaba a anunciar los tiempos novísimos, que al fin habían llegado, con un candidato sin partido postulado por el PRI. Se hacía posible el anhelo ciudadano de un presidente sin partido.

En los años dorados del viejo PRI, desde Ruiz Cortines, los candidatos lanzaban sus consignas y presentaban su programa básico en los primeros días de su designación. Todos prometían cosas diferentes, al menos en apariencia, nuevas políticas sectoriales, obras, presupuestos, reformas innovadoras. José Antonio Meade, en su descarriado tiempo, no sabía qué criticar ni qué proponer. Algo tenía que decir, sin embargo: convertir a México en potencia; consigna que provocó rubor nacional y, por lo mismo, fue dejada de lado casi de inmediato.

Desde aquel día en que se le había entregado en Los Pinos su constancia de designación, Meade debía presentarse como el experto que podía garantizar la estabilidad económica del país, requisito indispensable para hacer cualquier cosa. Pero, con esa sensación de vacío político que hacía sentir su fría currícula de economista del gobierno, el candidato emprendía una gira tan modosa y tediosa como lo fue siempre su actividad burocrática. Nadie se emocionaba, con la necesaria excepción de los integrantes de las porras de las organizaciones sociales priistas y sus comités territoriales. Los asistentes a los mítines eran conocidos, liderados, llevados, pero no lograban escuchar algo interesante. Actos en lugares cerrados, en su mayoría, meticulosamente organizados. El mayor gasto de precampaña registrado ante el INE.

La proyección del precandidato en los medios de comunicación no estaba provocando confianza alguna. Era natural que Meade resintiera lo que desde hacía años le ocurría al gobierno: sus planteamientos no eran creíbles entre grandes segmentos de la sociedad. Ese enojo social, como luego tendría que ser reconocido por el mismísimo Presidente de la República, había sellado la candidatura de Meade, pues ésa era un acto de los causantes del malestar.

Resultó un fiasco el intento de nombrar “Meade” a la coalición liderada por el PRI, con lo cual, por cierto, el partido y el candidato se ahorraron tener que llevar a cuestas el ridículo. La imagen puramente ciudadana del candidato era una pifia que no se podía salvar poniendo su enredado apellido en el nombre de la coalición que lo postulaba.

No había ciudadano, pero tampoco líder ni forma de improvisarlo. La absurda idea de reproducir en México la exitosa campaña presidencial de Emmanuel Macron en Francia, era eso, algo imposible en un país con otra situación política, otra coyuntura, otra tradición, otra ciudadanía, otra ley electoral. Pero algo peor: era una mentira.

No existía tampoco salida alguna. A pesar de que Nuño era el suplente de Meade y aquél se encontraba en total disposición de tomar la estafeta, Enrique Peña envió a la mitad del gabinete a Toluca a proclamar que, así como había triunfado Alfredo del Mazo, la sucesión estaba asegurada, lo cual no alcanzó a proveer confianzas ni fortalezas.

A esas alturas, seguir con un 18 por ciento en las encuestas era como una bofetada en cara asoleada. Pero así estaba el país, ya que el Presidente de la República contaba sólo con ese mismo respaldo.

Luego vinieron las semanas de campaña legal, pero todo era igual, como si cada día se repitiera lo que antes se había visto. El resultado no hubiera podido ser otro que el fracaso del intento sucesorio. Mas, de seguro, no fue por omisión.

Este “irracional” enojo social

 

Mientras Enrique Graue, rector de la UNAM, estaba diciendo que nunca, como ahora, México había sido un país tan profundamente desigual y, por otro lado, la Concamin señalaba que no se había logrado la prometida tasa de crecimiento de más del 5 por ciento y que la de 2017 será la más baja, en promedio, de los últimos 30 años, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hacía un llamado, dijo, a “desterrar este que algunos llaman irracional enojo social”.

La frase es trascendental porque implica que el gobierno ya se ha dado cuenta de la indignación popular en su contra aunque ésta no sea racional, es decir, no sea producto del entendimiento de la realidad o no sea entendible en sí misma, por lo cual, su “destierro” (apartar de la mente un pensamiento o un sentimiento) se podría lograr –cree Peña—mediante la comunicación de los avances del gobierno. Asunto resuelto, se diría, con el muy meditado discurso del “Jefe del Ejecutivo”.

Peña se ha empeñado de inmediato en esa empresa y dijo ser “el primero en demandar de manera comedida (…) que haya memoria entre nuestra población, entre nuestra sociedad, y sepamos también reconocer de avances, de logros y de beneficios” (sic). La sociedad (desmemoriada) ya no presenta demandas al gobernante sino que ahora éste hace solicitudes al pueblo, comedidamente, claro. Sin duda, algo profundo ha ocurrido en el país como para ubicar las cosas al revés.

Al tiempo, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, afirmaba, sin titubeo, que “a México le ha ido bien”, pese al derrumbe petrolero en producción y precios.

Todo lo anterior ocurrió el pasado lunes 12 de febrero, el día en que terminó el periodo de precampañas. Mas, por lo visto, fue también el de inicio de la campaña electoral del gobierno, ya sin candidatos en la palestra.

La arremetida publicitaria del gobierno se prolongará hasta el día de la votación, pero no tiene como propósito hacer propaganda oficial, la cual está prohibida por la ley en el periodo electoral, sino difundir su mensaje político a través de gacetillas pagadas de diverso tipo. Para eso hay dinero… mucho y sin control alguno.

El fracaso de la candidatura priista es el fracaso del gobierno de Peña. Esta circunstancia es reconocida con amplitud, pues no existe dentro o fuera del país analista, político, periodista o académico que considere que la gestión de Peña ha sido exitosa. Mas no se trata sólo del contraste entre lo prometido y lo realizado, sino del balance neto de un gobierno que se perdió en sus propios dogmas y terminó generando desastres.

El número de “nuevos empleos”, que es el dato con el que Peña se glorifica, tiene un componente que no estaba antes en la estadística: la formalización de empleos ya existentes por efecto de los recientes cambios fiscales sobre los pequeños contribuyentes. Y tiene también algo estructural: casi todos son empleos de muy baja calificación y menor salario. En un marco general de estancamiento en términos reales, como el que mantuvo Peña estos cinco años como fiel heredero de sus predecesores, no se crean puestos de trabajo calificados más que en aquellas sub ramas integradas, como la automotriz, que han seguido creciendo.

Peña no habla del componente inducido que caracteriza la alta tasa de inflación, la cual rebasó por mucho el pronóstico oficial. Con el fin de promover gasolineras privadas y poner cara bonita para hacer licitaciones (entrega de yacimientos) entre las mayores compañías petroleras, se mantuvo un IEPS alto y móvil, cuyo nombre común es gasolinazo, extendiendo la carestía, con mayor salvajismo, al gas doméstico. Todo para nada: el IEPS sigue siendo “subsidiado” y las pérdidas económicas han sido mayúsculas para el país.

Dice el gobierno que las más recientes concesiones de crudo y gas le dejarán a México 159 mil millones de dólares. Todos ellos inventados porque, en realidad, se calcula que serán el monto de la inversión extranjera durante los próximos diez años, pero no serán ganancias del país ni se quedarán en México. De las últimas licitaciones que se hicieron, el ingreso del fisco será por un importe miserable de 500 millones de dólares, a cambio de concesiones por 20 años.

Que no se hable del escandaloso número de pobres mexicanos porque ese tema está clausurado en el gobierno, incluyendo a su candidato, debido a que convierte al país en algo impresentable. Tampoco se ha de hablar de que México es uno de los países socialmente más desiguales del mundo. Para ciertos sujetos y en ciertos temas, callar es mentir.

La “comunicación” de los “avances” logrados por el gobierno, ordenada por Peña, ha de ser una campaña política (electoral) de mentiras porque ese gobierno no conoce otro lenguaje, otra forma de ser. Es natural, por tanto, que el enojo social se vaya a incrementar.

Pero hay algo más. En la medida en que Peña lleve a cabo su campaña de “comunicación”, la gente le creerá mucho menos. Hay que tomar en cuenta que la falta de credibilidad es uno de los problemas que el gobierno ha trasladado al candidato Meade. Por lo demás, él ya tuvo sus momentos en el gabinete actual y en el anterior, en los que pudo haber demostrado que conoce otra política.

José Antonio Meade sabe todo lo anterior. Y sabe más porque conoce al gobierno y es parte de sus tramas. Sin embargo, no puede reaccionar, está atado a Peña y a sí mismo, es una de las partes del fenómeno conocido como enojo social, aunque algunos otros le llaman hartazgo.

INE: el trabajo de hablar demasiado… y mal

En casi todos los países existen autoridades electorales discretas y austeras. Eso se debe a que la organización y calificación de los comicios requiere exactitud, dedicación, rigor, certeza, independencia e imparcialidad. México es una reiterada y molesta excepción.

El fondo del problema consiste en que las consejeras y consejeros electorales del INE, así como sus colegas en las entidades federativas, se sienten representantes de elección popular, legisladores, alcaldes o gobernadores, o sea, próceres de la patria, antes que autoridades administrativas.

Es aún mayor el problema debido a los disparates que los administradores suelen decir. El reciente ha sido otro más de Lorenzo Córdova, quien se permitió intentar alarmar con la especie de que en México ha “disminuido significativamente” el “aprecio por la democracia”. Cualquiera pensaría que, ante el desprestigio de los políticos y en especial del gobierno, la democracia política se hace más necesaria y urgente. El administrador de la función electoral, en cambio, se basa en un “Latinbarómetro” para criticar a los mexicanos (quizá también a las mexicanas) por su desprecio de la democracia.

Lorenzo Córdova dijo más: “El descontento con la democracia y con la política es un fenómeno que afecta la calidad de la democracia y constituye para la autoridad electoral uno de los principales desafíos…”. ¿Cuál es el punto, más allá de sus enredos con el poco “aprecio”, el “descontento”, la democracia y los políticos? Que el INE –dijo su presidente– requiere respuesta ciudadana para “operar” las casillas. Y ya entrado en gastos, luego de su revoltillo conceptual, aterrizó diciendo que si las ciudadanas y los ciudadanos deciden no colaborar con el INE en la instalación de las mesas de casillas “estaremos en problemas, y estaremos en problemas todos”. Ominosa advertencia.

¿Es esa la situación política real del país en la presente coyuntura electoral? ¿La organización de los comicios está en peligro de no tener integrantes de casilla el próximo 1 de julio?

La autoridad electoral no se ha constituido para hacer politología barata con falsas conclusiones que sólo tienden a llamar la atención. Mucho menos ha sido designada para hacer alarmismo o presentar prospectivas sin el menor fundamento.

Sí se ha visto rechazo a tomar parte de las casillas, pero siempre vinculado a sucesos concretos, por ejemplo, situaciones de alarma por posible violencia local o rechazo al INE, como ocurrió con motivo de aquella filtración de una conversación de Lorenzo Córdova en la que se refería peyorativamente a un dirigente indígena. (Cfr. Informe al CG-INE, 29.07. 2015).

Se han presentado algunos otros repudios, pero nunca del nivel de una carencia de integrantes de mesas directivas, ni abarcando una entidad federativa, mucho menos el país. La ley tiene previsto, además, que las faltas de asistencia de funcionarios de casilla se cubran con electores de la fila.

Ahora, quizá para secundar a Córdova, el INE informa con dramatismo que un 22% de las secciones son de “atención especial”. Lo mismo de siempre. Ese porcentaje lo van a ir disminuyendo hasta el día de los comicios: sólo crean alarmas para hacerse los interesantes. Así no debería actuar una verdadera autoridad responsable.

¿Qué busca Córdova con esas declaraciones? Más allá de hacerse ver, quiere que, cuando se integren e instalen todas las casillas, como de seguro va a ocurrir, se le aclame como héroe electoral y genial conductor de instituciones, al servicio, claro está, de la democracia, aunque ésta se encuentre mayoritariamente despreciada, según él mismo lo asegura. Ya lo estoy viendo porque ya lo hemos visto.

Todo es ahora peor cuando varios miembros del INE asumen el discurso de que la próxima será una de las elecciones “más importantes de la historia de México”, con lo cual, en aras de llamar la atención, se convierten en involuntarios propagandistas de uno de los candidatos que, por cierto, no es el suyo.

Dentro de poco, Córdoba y sus colegas irán al tema de la abstención y luego otro y otro, porque parecen estar en campaña electoral.

La verdad, sin embargo, es que la autoridad no es responsable del nivel de concurrencia a las urnas. Ese es un problema del todo ajeno al INE, aunque los integrantes de éste suponen que ellos pueden lograr una mayor incidencia en los comicios, para lo cual gastan “dinero que no tienen para apantallar a gente que ni conocen”, es decir, se creen líderes políticos al olvidar que en realidad son servidores públicos con funciones definidas. El “descontento con la democracia”, como le llama Córdova, no existe, pero, si lo hubiera, no sería asunto institucional del órgano administrativo electoral.

El balance del IFE-INE contiene, como suele ocurrir con las instituciones, negros, grises y brillantes, pero los primeros han predominado con amplitud. Esto se debe a que la composición de su Consejo General es determinada con criterios de mansedumbre partidista. Hoy en día, el PRI tiene 4 votos duros (Baños, Favela, Andrade y Ravel), por lo que sólo requiere de sus votos blandos, los cuales suelen ser el del mismo Córdova y los de Murayama y Zavala, quienes, además, con frecuencia reciben ayuda de Nacif y de Rivera. El INE carece de la primera condición de todo órgano electoral, la imparcialidad. Lo hemos visto hasta el cansancio.

Quizá por eso sus integrantes hablan demasiado… y mal.

“Ni con el pétalo de una rosa”

 

“Se debe aplicar aquella frase de que ‘a la mujer ni con el pétalo de una rosa’, un principio que debe privar en la casa, trabajo, escuela y calle”. Esto lo ha dicho José Antonio Meade.

Con esa frase se confirma el atraso que comparte el virtual candidato priista en materia de cuestiones de género. Él parece un personaje del siglo XIX, de cuando, por cierto, se acuñó la famosa expresión del “pétalo”.

Desde el machismo más rancio se recuerda a veces esa frase para hablar de la protección de las mujeres, es decir, que nadie se meta con hija, hermana, novia o esposa ajena que esté bajo la tutela de padre, hermano, novio o marido.

Las personas protegidas tienen disminución de derechos porque éstos se encuentran precisamente asignados a los protectores. El espacio intocable y resguardado de las mujeres es aquél donde se realiza preferentemente su sometimiento, su carencia de derechos.

Es preciso romper esa ideología que se expresa en el “pétalo de una rosa”, la cual defiende Meade como su mayor aspiración personal y la eleva al rango de “principio”, porque con ella se considera a las mujeres como desvalidas y, por tanto, indefectiblemente protegidas por hombres.

Meade trata de sustanciar eso del “pétalo de una rosa” con promesas de mantener los programas ya existentes, aunque defectuosos, tales como el Seguro Popular que es para población abierta, y otras leyes que están vigentes, pero que el gobierno se niega a hacer cumplir, como la de salario igual a trabajo igual.

El precandidato promete brindar seguridad social a las mujeres que carecen de empleo y trabajan en su hogar todo el día. Soslaya Meade que las esposas de los trabajadores asegurados son derechohabientes pero corren la misma suerte de sus maridos: compartirán una paupérrima pensión y la de viudez habrá de ser menor. Este es el problema de millones. Por lo demás, las “amas de casa” sin seguridad social debido al trabajo precario del esposo y las empleadas en la economía informal no pueden pagar las cuotas del IMSS.

No hay nada en el discurso del candidato oficialista que vaya más lejos de lo que el gobierno ya ha hecho, ni siquiera algo que se acerque a lo que otros partidos han impulsado en niveles locales. Pero hay faltantes, por ejemplo, el tema de la perspectiva de género en políticas públicas y en administración de justicia, el cual no es planteado por el candidato priista a pesar de que ya se discute intensamente dentro del aparato del Estado, aunque con muy pocos resultados.

“Ni con el pétalo de una rosa”, convertido en eslogan electoral, es una ironía cuando aumenta la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio, sin que los gobernantes, policías, fiscales y jueces estén haciendo en verdad su trabajo.

Los derechos de las mujeres no sólo tienen que ver con la formalidad, pues existen algunos ya incorporados a la legislación, sino principalmente con las garantías efectivas para su acatamiento. La cuestión consiste en que el Estado sigue estando organizado al margen de la observancia del respeto a las mujeres. El machismo y sus expresiones más grotescas, como la misoginia, anidan en el aparato público en todos sus niveles porque éste ha sido construido con tales contenidos. Así es que cuando las leyes cambian, nada cambia en la realidad.

El género es una relación desigual de poder. Es un sistema que contiene, por tanto, una diferencia de derechos, garantías, capacidades, posibilidades, etcétera, entre hombres y mujeres.

Sabemos que esa opresión abarca a todas las mujeres, aunque algunas pocas sean ricas o poderosas. No obstante, eso no significa que las mujeres sean un “grupo vulnerable” como se les denomina para proclamar su “protección”. Las mujeres no son un “grupo” sino la mitad de la humanidad. No son tampoco “vulnerables” por naturaleza, sino que con gran frecuencia son vulneradas justamente debido a su condición de mujeres, de personas sometidas mediante un sistema de desigualdades, que es justamente lo que hay que abolir.

El protector no sólo es el marido, el hermano, el novio, el padre sino también el Estado, es decir, el entramado institucional que se erige en guardián máximo de las mujeres y, en tal función, las cataloga, con lo cual les brinda tratamientos diferenciados según clase, etnia, origen, nacionalidad, ocupación, preferencias, etcétera, pero sin superar la opresión de las mujeres en general.

El “pétalo de una rosa” es símbolo de uno de los mayores sometimientos de la historia, es decir, el sistema de desigualdad y discriminación de las mujeres basado en una falsa debilidad consustancial a su sexo. Se promete protegerlas dejándolas ahí, en su lugar, en su casa, adonde pueden realizarse exclusivamente como esposas y madres. La incorporación al trabajo asalariado o por cuenta propia de las mujeres no ha cambiado esencialmente la desigualdad y la discriminación porque ha surgido la doble jornada, la de afuera y la de adentro del hogar. Y, encima, las mujeres suelen sufrir otra discriminación, la laboral, la cual está terminantemente prohibida por la Constitución del país, pero se encuentra tolerada por las autoridades.

El precandidato José Antonio Meade podría asesorarse, pero no se observan en las filas de su comité de campaña personas que pudieran brindarle conocimiento sobre el tema de género y la realidad en que viven las mujeres. Mientras, él seguirá de aquí para allá pregonando que nadie las toque “ni con el pétalo de una rosa”, pero con esta vieja frase, ahora “principio” de Meade, nada cambiará porque se elaboró por los machistas para que nada fuera modificado… jamás.

¿Gobierno de coalición?

 

El gran cambio de régimen político que ofrece el candidato del PAN-PRD, el frentista Ricardo Anaya, es la creación de un gobierno de coalición, “por primera vez en la historia”, etcétera. Para ello, le pide al Congreso que emita una ley secundaria del precepto constitucional que permite al presidente de la República, si acaso lo desea, formar el tan mentado gobierno de coalición.

Esto requiere un análisis, mucho más allá de un eslogan de campaña electoral con el cual se manejan el PAN y el PRI en su alianza.

El gobierno de coalición no puede existir como tal, en verdad, si no se le dota de facultades, las cuales no pueden ser sino constitucionales, pues una ley reglamentaria no podría organizar dicho gobierno por encima de las atribuciones y deberes que actualmente se le otorgan a una persona, en la cual se deposita el Poder Ejecutivo de Unión. Es decir, si no se forma un concejo de gobierno, gabinete o cualquier otro organismo por mandato constitucional, con facultades bien determinadas, el gobierno seguirá siendo unipersonal, o sea, a cargo del presidente o presidenta de la República.

La introducción en la Carta Magna de la figura de “gobierno de coalición” es para decorar en la medida en que es potestativa del Ejecutivo unipersonal y también es funcional al mismo. Según el actual artículo 89, fracción XVII, de la Carta Magna, luego que el presidente de la República decida formar un gobierno de coalición, envía al Congreso un programa y una lista de secretarios de Estado –excepto de las fuerzas armadas– para ser ratificados. Forma un gobierno, sí, pero no un ente colegiado con facultades, pues el Poder Ejecutivo seguirá siendo el Presidente solo.

Contra la actual falsificación de un gobierno de coalición, existe una iniciativa de reforma constitucional para crear el Concejo de Gobierno, integrado por los secretarios de Estado y presidido por el propio Presidente de la República. Tales secretarios serían ratificados por el Congreso a propuesta del mismo Presidente, pero con una gran diferencia: dicho Concejo tendría facultades constitucionales como órgano colegiado. Así, el gobierno, fuera o no de coalición, sería un concejo que aprobaría los reglamentos, las iniciativas de ley del Ejecutivo, el proyecto de presupuesto de egresos, la cuenta pública, la promulgación de las leyes y decretos del Congreso y, en consecuencia, las observaciones que se presentaren sobre los mismos, las controversias constitucionales ante la Suprema Corte y los decretos del Ejecutivo.

¿De dónde saldrían estas facultades asignadas a un concejo y ya no a una sola persona? De la vieja institución, de origen monárquico y retomado por las repúblicas, que se llama refrendo. Actualmente, ninguna orden del Presidente debe ser obedecida si no va también firmada por el secretario del ramo correspondiente. Este refrendo tiene como propósitos dos instrumentos típicos del presidencialismo: que haya otra persona que se cerciore de la legalidad y ecuanimidad de la orden o, de lo contrario, que haga ver la posible violación o inconveniencia; y que haya un responsable de la orden emitida, lo cual implica que el secretario pueda ser sometido a juicio político por el Congreso.

Con una reforma de fondo, ese refrendo sería puesto en manos de todo un concejo de gobierno, pero expandido a las iniciativas de ley o decreto y a las devoluciones de los decretos al Legislativo.

De lo que está hablando el panista Ricardo Anaya no es de un gobierno de coalición sino de un ilusorio acuerdo con el PRD para que Miguel Ángel Mancera sea secretario de Gobernación y “jefe” del pretendido gabinete de coalición. En la realidad, si Anaya llegara a ser presidente de la República haría lo que quisiera con el Poder Ejecutivo porque la mención del gobierno de coalición en la actual Constitución no le quita ninguna de sus facultades al llamado titular del Ejecutivo.

Ricardo Anaya y sus cómplices del PRD no están planteando la creación de un concejo de gobierno con facultades constitucionales, sino quieren una absurda ley reglamentaria que no podría crear dicho concejo o, si lo creara, éste no podría tener facultades. Así de simple.

Es por este motivo que el pronunciamiento de Anaya sobre la necesidad de esa tal ley no es más que propaganda electoral para dar cobertura a su plan político de gobernar con el PRD hasta que él mismo así lo desee, si acaso accediera al Poder Ejecutivo como titular del mismo.

Para todos está claro que Ricardo Anaya es libre de decir cualquier mentira, completa o parcial, hacer eslogans exclusivamente propagandísticos, tratar de engañar a la gente con la gran idea de conformar “por primera vez” un gobierno de coalición y acabar con la Presidencia personal que tanto daño ha hecho al país, y bla, bla, bla. Pero el problema es que Anaya está tratando de presentarse como lo que no es, dicho así, como un partidario del sistema parlamentario que en su vida lo ha pensado, ya no digamos propuesto sino ni siquiera entendido.

Se puede hoy hacer un gobierno de coalición pero no sería más que la suma de los secretarios y la misma decisión unipersonal del Presidente de la República, según el molde constitucional original porque el artículo 89, fracción XVII, de la Constitución, que ahora habla de un gobierno de coalición, no limita las facultades presidenciales, ni siquiera en lo del nombramiento de secretarios que deben tener sanción del Senado, porque si éste no los ratifica en dos ocasiones, entonces el Presidente hace la designación libremente. O sea, ¿cuál coalición de gobierno? ¿De qué sanción parlamentaria están hablando?

De engañifas ya estamos hartos. Es cierto que el presidencialismo no ha demostrado ser, en muchas décadas, la mejor forma del Ejecutivo y que el país debe adentrarse en un sistema parlamentario de gobierno. Pero que no nos venga ahora el líder del PAN, Ricardo Anaya, a tratar de regalarnos la falsa idea de que él es el demócrata de la película.

Han existido presidencias unipersonales democráticas (más o menos). Pongo dos ejemplos: Roosevelt, en Estados Unidos, y Cárdenas, en México. Han existido también dictaduras bajo el sistema parlamentario. Así que, aunque el presidencialismo ha traído consecuencias pésimas, el camino hacia una democracia parlamentaria debe ser abierto, con verdad, sin falsificaciones. Ricardo Anaya es un falsificador que se ha colgado de una reforma constitucional, también mentirosa porque es de oropel, promovida por el priista Manlio Fabio Beltrones.

Para caminar hacia un nuevo régimen político es indispensable acabar con la gran convergencia de los últimos casi 30 años entre el PRI y el PAN, quienes han hecho juntos todo lo más importante. El bipartidismo mexicano no es orgánico sino exclusivamente estratégico. Lo hemos vivido alrededor de presidencias más o menos autoritarias pero con la misma política: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Veamos retrospectivamente al país y encontraremos una línea de continuidad, como si hubiera gobernado un mismo partido. ¿No es así…, honradamente?

Amenaza de recesión

La amenaza de recesión siempre ha sido un espantajo de las derechas para detener los avances de las izquierdas. Se postula que las transiciones políticas hacia los partidos que son críticos del modelo económico imperante, en específico, el neoliberalismo, generan tal desconfianza que empresas e inversionistas se retraen.

En esta temporada seguiremos viendo declaraciones de funcionarios de instituciones financieras privadas, las cuales formarán parte de la campaña electoral. Ninguna de esas negociaciones dirá claramente que apoya a tal o cual candidato, pero todas van a ubicar a Andrés Manuel López Obrador como irruptor de la actual política económica y, por tanto, promotor de la recesión y el desastre: un peligro.

En esta semana han destacado un par de declaraciones reproducidas por varios medios. En una de ellas, de Casa de Bolsa Finamex, Guillermo Aboumrad alerta que el triunfo de Morena podría retraer la inversión privada y provocar recesión. En la otra, de BBVA, Juan Ruiz nos habla desde Madrid de los “riesgos” mexicanos: elecciones y TLC. En cuanto a la contienda, este economista bancario dice que le preocupa “en términos de crecimiento potencial” la suerte de la reforma energética”, es decir, “la liberación del sector y las subastas de los campos petrolíferos”.

En 1982-1983, en que no hubo cambio de partido en el gobierno, vivimos una crisis profunda. En 1994-1996 se produjo otra fuerte recesión bajo el mismo esquema PRI-PRI, cuando Ernesto Zedillo sustituyó a Carlos Salinas. El país vivió entonces una caída brutal de la economía que, además, le costó, sólo por concepto de rescate de la banca (Fobaproa), 100 mil millones de dólares, de los que todavía se debe la mayor parte y se pagan los intereses por la vía del Presupuesto. Hubo inflación escandalosa, marcada disminución de los salarios reales, quiebra de numerosas empresas y monstruosas tasas de interés activas.

En relación con las inversiones petroleras, habría que decir que la participación de capitales extranjeros no está del todo definida y que no se sabe de qué tamaño será durante el presente año. Lo que sí se sabe es que, desafortunadamente, el Estado se ha replegado en este sector y, por tanto, la economía sufre.

La disminución del crecimiento anual de la inversión extranjera es consecuencia de tendencias recesivas. Por tanto, la participación foránea en las industrias de energía no va a sustituir la baja de reinversiones de empresas trasnacionales en México. Lo que ha salvado la situación, hasta cierto punto, son los posibles aumentos en las exportaciones manufactureras hacia Estados Unidos.

El incremento de la deuda no pudo ser atemperado con las subidas de la recaudación porque el gasto político y otros despilfarros del gobierno han alcanzado niveles inmanejables para cualquier administración responsable y porque el crecimiento esperado de la economía no llegó jamás. Ahora ya tenemos superávit primario, el cual es recesivo.

La inflación aumentó en 2017 por culpa del gobierno (Peña-Videgaray-Meade). Con la idea de que es preciso cobrar impuesto porcentual (IVA) más impuesto de tasa flexible (IEPS) a las gasolinas y que debe subir el precio del gas doméstico, debido a la depreciación del peso y el aumento del petróleo, se ha impactado severamente una economía que a duras penas venía amortiguando diversos eventos desfavorables. Todo, para satisfacer el dogma neoliberal de que el Estado tiene que forzar la concurrencia energética aunque ésta implique el mayor costo y se entreguen riquezas nacionales. Ahora, en estos días, cuando bajan el dólar y la cotización del crudo, los precios de las gasolinas y el gas no disminuyen o siguen creciendo.

El salario mínimo para 2017 aumentó más que otros años pero la inflación se duplicó, de tal manera que el deterioro salarial no se detuvo. Lo mismo puede decirse respecto de los salarios contractuales fijados a través del macabro sistema político de topes. José Antonio Meade, según ha dicho, no quiere control de precios en ninguna mercancía, excepto en esa especial mercancía que es la fuerza de trabajo y cuyo precio es el salario. Eso se llama desvergüenza.

Seguir deprimiendo el mercado interno es el camino de la continuidad desastrosa en la que ha vivido el país durante 30 años. ¿Esa es la política que se quiere conservar para lograr una estabilidad que “promueva” la inversión? Sí, es esa misma.

Es falso que el gobierno mexicano se encuentre preparado si Donald Trump decide iniciar un proceso de denuncia del TLCAN. Ningún gobierno podría prepararse para eso en un año. Pero menos cuando Peña y demás gobernantes se dedican a decir que las cosas pueden ir bien. No, no irán bien de ninguna manera. Si hubiera un acuerdo, de todas formas se erosionaría el superávit comercial mexicano con Estados Unidos. Además, ¿quién ha dicho que lo mejor para un país es tener un abultado superávit comercial? El problema de México consiste en que es demasiado deficitario con el resto del mundo.

El país tampoco está preparado para una corrida financiera si acaso ésta se produjera como consecuencia de la existencia de inmensos capitales que anidan en el mercado mexicano de capital-dinero. Y no lo está (ni siquiera con el compromiso de solvencia del FMI) porque el grado de volatilidad es demasiado costoso: el sistema de financiamiento del país se encuentra en crisis. Eso es lo que no se quiere reconocer porque no se desea cambiar nada.

El sistema de pensiones basado en las Afores ya tronó, absolutamente. La pensión casi nunca será superior al 30% del último salario y la mayoría no alcanzará ni el salario mínimo: tendrá que haber subsidio público. Sin embargo, el gobierno calla para defender al más canallesco negocio financiero, establecido por ley, pero no social, sino neoliberal. Dentro de tres años vendrá la explosión.

Que le pregunten a Peña, Videgaray o Meade, qué modificaciones deben hacerse a la política económica, luego de lo cual los verán respondiendo con evasivas o, de plano, cambiando de tema.

Mas los funcionarios de las empresas financieras no le preguntan nada al gobierno. Están felices con la actual política. Tienen las mayores tasas de ganancia en el escenario internacional. Es de entenderse que si nadie gana tanto como ellos, quieren que nada cambie.

El problema, sin embargo, es saber si la gente común y corriente desea cambios para buscar otros senderos. Por lo pronto, hay que rechazar los espantajos.

¡Ahí vienen los rusos!

 

Hace una semana (12.01.18) escribíamos sobre la guerra sucia electoral que está emprendiendo el gobierno con el propósito de ubicar a José Antonio Meade en lo alto de la contienda. Pero no calculábamos que, al caer en lo ridículo, sólo se nos muestra el alto grado de nerviosismo existente en el cenáculo político más elevado del país: Los Pinos.

Esto se revela con la reciente afirmación del oscuro personaje, varias veces transexenio y transpartido, que ha tomado el micrófono en el cuartel del aspirante priista: Javier Lozano.

La vieja frase “¡Ahí vienen los rusos!” está de regreso mediante las exclamaciones con las cuales se ha inaugurado la nueva vocería de prensa de Meade-Nuño-Videgaray. Es un concepto de la guerra fría que ha sido puesto en el escenario a propósito de las revelaciones de la CIA sobre intervenciones rusas a través de Internet y con el incesante activismo político de la prensa que mueve el Kremlin.

El rumor sobre el interés que pudiera tener la gente de Vladimir Putin en las próximas elecciones mexicanas ha llegado de un diario estadunidense pero no se han presentado indicios concretos. El gobierno mexicano, oficialmente, no podría hablar del punto sin presentar protesta documentada por vía diplomática a Rusia, por lo cual no tenemos ningún elemento.

Sin embargo, el vocero de Meade se toma la libertad de señalar a López Obrador y, haciéndose el chistoso, le llama Manuelovich, como supuesta demostración de las conexiones del líder de Morena con Moscú, para ver la posibilidad de contagiar con el ridículo apodo a algunos medios de comunicación afectos al oficialismo militante. Además, Lozano habla del modus operandi de los rusos, como si él conociera algo del tema.

Lo peor del lance de la casa de campaña del aspirante priista es que lo dicho por Lozano es responsabilidad de Meade en persona, por lo que lleva las miradas hacia él. El candidato del oficialismo tendrá que compartir la burla general de la peregrina afirmación sobre los rusos en las elecciones mexicanas.

Así, Meade no tiene ahora sólo uno sino dos brabucones de barrio. No fue suficiente Ochoa Reza, confeso beneficiario de numerosas concesiones de taxis y arrendador de los mismos, sino que ahora acude a otro golpeador, quizá peor por su larga experiencia en el oficio.

El grado de desesperación generada por una candidatura que no prende en el ánimo popular, podría ir mucho más lejos que las ridiculeces sobre la amenaza rusa. Podríamos tener pronto, a cargo de Lozano, cualquier acusación de robo, fraude, asalto, violación sexual o lo que fuera, para alimentar desconfianzas sobre López Obrador. Podríamos tener falsos testigos en los medios de comunicación para sostener calumnias, aunque los dichos fueran groseramente insostenibles.

La sola presencia de Javier Lozano como vocero ensucia la actuación de José Antonio Meade, pero el problema mayor es que a éste no le importa, pues, al parecer, aprecia los servicios de un individuo carente de todo principio ético, con tal de elevar su propia capacidad de calumnia (se le dice debate) frente a López Obrador.

Como es fácil entender, por desgracia el problema no es sólo del PRI sino de las condiciones en las que se desenvuelve la lucha política en el país.

A partir del incidente de Lozano sobre el tema de los rusos, los medios de comunicación, en la medida de lo posible, deberían asumir una actitud de prevención al lector u oyente sobre toda calumnia o afirmación inicua y sin elementos de prueba que lance el nuevo vocero de Meade contra otros candidatos, con exclusión de los inevitables insultos personales, los cuales suelen caer por sí solos.

Esa actitud sería un aporte efectivo al mejoramiento del clima político en medio de una campaña electoral, cuyo desenlace de seguro dejará una impronta que no podrá ser soslayada.

La fealdad de la campaña electoral

Lo deslucido de una campaña electoral es la falta de discusión, el derroche de ataques personales y la simulación. Eso ya está en la actual contienda por la Presidencia de la República.

Mas lo feo es la operación política sucia, la maniobra ilegal, la utilización de recursos públicos, la propaganda de mentiras y calumnias, la compra de votos, la cooptación de las instituciones electorales, la presión sobre los medios de difusión, el uso de paleros y provocadores, la intimidación, la agresión. Todo eso también lo tenemos en el México de nuestros días.

Lo deslucido puede ser producto de una burocracia del Estado detenida en el tiempo, pues los políticos mexicanos por lo regular tratan de ser, como antes, maniobreros geniales que operan a la sombra del poder. La falta de debate público no es algo nuevo, sino mala costumbre producto de una democracia formal deficiente.

Pero lo feo es expresión del Estado corrupto mexicano: el uso del poder para perseguir y derrotar a los adversarios políticos, la falta de verdaderos controles sobre los recursos públicos y la ausencia de moralidad republicana de los gobernantes.

Lo feo es la respuesta del poder político y del poder económico ante un fenómeno que tiene dos aspectos principales: el descrédito del gobierno hasta niveles inauditos, incluyendo su fracaso al presentar un falso candidato ciudadano, y la presencia de un aspirante, puntero en las encuestas de opinión, que por tercera vez intenta crear un gobierno de ruptura política.

En casi cualquier otro país, las dificultades del gobierno serían parte de la normalidad y los poderes actuarían bajo las reglas del juego político, es decir, de la competencia. En México no es así. Lo que existe en este momento es una conspiración, de la que toman parte el gobierno federal y ciertos multimillonarios, para tratar de detener a Andrés Manuel López Obrador con métodos ilegales e ilegítimos.

Las cosas están tan claras que bien podría darse por sentado que la campaña de mentiras, calumnias y difamaciones, al dirigirse contra un candidato y un partido, en realidad es una acometida política contra la ciudadanía.

El momento es de campaña electoral aunque el país se encuentra en un periodo en el que los partidos van a tomar sus decisiones formales. No obstante, ya se puede observar el contenido de los embates conservadores.

Es síntoma de descomposición llegar al punto de pagar pintas en Venezuela para que sean noticia en México, en la línea de convencer con artificio que López Obrador forma parte del esquema en el que se encontraría el gobierno de Nicolás Maduro. La asociación que se busca con Venezuela no resulta nueva sino polvo de viejos lodos de Felipe Calderón, el cual empezó con esa campaña que no ha cesado, sino que la toma el PRI.

No se trata sólo de hacer propaganda de falsos vínculos y asignar al líder de Morena puntos programáticos que evidentemente no sostiene, sino crear la idea de que López Obrador llevaría al país al desastre si llegara a la Presidencia. En ese esfuerzo se propagan ideas supuestamente técnicas sobre posibles respuestas dañinas de los mercados financieros ante un cambio político en la conducción del país.

Al estar ubicado el PRI como el partido más repudiado, es ya perceptible que el plan de propaganda del gobierno se dirige también a inducir miedo y desasosiego entre franjas libres del electorado para fomentar la abstención electoral.

El aspecto más irruptor será la compra masiva de votos. Sabemos que el gobierno federal y varios de carácter local tienen tomada la decisión y poseen la capacidad de coaccionar a votantes mediante dinero y bienes. En un marco de cerrada y confusa competencia, la compra de sufragios podría ser determinante. En esto entrarían ciertos empresarios muy adinerados, los cuales ya han hecho contribuciones ilegales, con el propósito de contribuir a las labores de coacción del voto de la ciudadanía.

Además de todo lo anterior, está lo que ya hemos visto en las dos últimas elecciones presidenciales: el partido ubicado en el tercer puesto de las encuestas cambia de rumbo y apoya subrepticiamente al PRI (2012) o, antes (2006), al PAN.

El llamado PRIAN es un mecanismo de bipartidismo que, desde 1988, opera cuando hay que defender políticas decisivas o intereses importantes. Mas su existencia y funcionamiento se basan en una aparente lucha política permanente entre esos dos partidos, el PRI y el PAN. Llegado el momento, probablemente le tocaría otra vez al PAN, arrastrando ahora al PRD, apoyar soterradamente al candidato priista.

Lo feo podría ponerse más feo. Esta es la aspiración de José Antonio Meade y de su padrino, Enrique Peña Nieto, quienes, por lo visto, no están dispuestos a acatar así nomás las reglas de la contienda política.

Gasolinazos: ¿oferta y demanda o mentiras repetidas?

 

Se dice que desde hace un año los precios de las gasolinas están determinados por la oferta y la demanda, más aún cuando desde el 30 de noviembre de 2017 tales precios ya son “libres”. En realidad esa afirmación es un engaño. Esos precios están controlados por el gobierno a través de un gravamen móvil, según el cual, cuando suben o bajan “demasiado”, la autoridad hacendaria puede modificar cada mes la tasa del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), sin consultar con el Congreso.

El punto que el gobierno defiende es dejar que las gasolinas suban de precio para que el gobierno alcance unos ingresos complementarios, aunque lleguen a estar más caras que en los otros lados de nuestras fronteras, tal como está ocurriendo. El sistema fiscal se convierte así en factor directo de encarecimiento, lo cual resulta al final más oneroso que cobrar unas tasas fijas y moderadas.

Veamos. El gobierno genera primero un subsidio virtual a través de una alta tasa impositiva que no se recauda efectivamente en su totalidad. Luego, denuncia la existencia de 200 mil millones de pesos anuales de dicho subsidio, suficientes para sufragar anualmente 20 universidades públicas, las cuales, sin embargo, siguen sin existir. En consecuencia y para aumentar por esa vía los ingresos (“no se aumentarán impuestos”, ha dicho la actual administración), se eleva la tasa real de IEPS y se cobra de manera regulada, en prevención de un disparo en los precios internos con motivo de la participación de las compañías importadoras y distribuidoras de gasolinas que están arribando al país.

Pero, ¿para qué querría México tener unas empresas privadas de gasolina? La respuesta es simple aunque contradictoria. El país ha tenido el crudo y ha podido producir los refinados, sin embargo, la reforma energética tiene como propósito rematar la riqueza nacional de hidrocarburos y, también, dejar de producir gasolinas con el argumento de que así serán más baratas y sin “subsidios”. El problema es que México no se va a beneficiar en el balance final sino que serán las empresas privadas, en su mayoría extranjeras, las cuales importarán el combustible. Todo esto no es más que un negocio promovido y protegido.

La reforma energética es también una derivación del dogma que sostiene que el Estado no debe hacerse cargo de la producción ni de la distribución de bienes y servicios. Por tanto, en la concepción del neoliberalismo en boga desde hace 30 años, la existencia de Pemex y la CFE habría sido un error histórico.

El resultado de la privatización no es sólo lograr que la oferta y la demanda se conviertan en cobertura de un emporio abigarrado de intereses particulares, sino que todo control de precios se efectúe en el marco de negocios privados, pero exclusivamente por cuenta de ingresos públicos. Es lo de siempre, las ganancias se privatizan, las pérdidas se socializan. Ahora tenemos tasas impositivas indexadas a las utilidades de unas cuantas empresas.

Además, el país deja de desarrollar su propia ingeniería para resolver problemas que van a seguir presentes durante varias décadas. Por desgracia, las gasolinas no serán sustituidas del todo dentro de diez o veinte años y, cuando por fin ocurra, la petroquímica seguirá siendo una de las bases industriales de cualquier país.

La oferta y demanda “internacional” no es lo que opera para la fijación de los precios internos de las gasolinas sino el nivel del IEPS petrolero, es decir, tenemos que, en los hechos, un duplicado gravamen al consumo se ha convertido en un renglón privilegiado de ingresos públicos.

Algo peor ha ocurrido con la súbita revolución del precio del gas doméstico, bajo la “desrregulación” del gobierno, pues su monstruoso aumento golpea en forma fuerte y súbita la economía de las familias pobres. Mejor sería abaratar ese gas produciendo más dentro del país.

Ahora bien, la inflación está entrando en una espiral por dos factores directos y un resultado esperado. El primero es la política de aumento de precios de bienes y servicios del sector público, la cual no se quiere revisar. El segundo consiste en que en el pasado reciente se incrementó la deuda pública por encima de la capacidad de pago, debido a que la economía creció muy poco; ahora viene la resaca que consiste en el superávit primario que le quita recursos a lo importante para lanzarlos a la esfera de la especulación financiera, es decir, sin que sean devueltos a la sociedad.

El resultado esperado consistió en la depreciación del peso con la consecuente subida de la tasa de interés como medio para prevenir la exportación de capital-dinero. No obstante, el aumento del rédito opera a favor de la inflación y, con ello, se volatiliza uno de los efectos deseados del aumento original de la tasa de interés que consiste en estabilizar el peso. Como la depreciación de la moneda está casi siempre a la puerta y, de la mano, el rédito se ha triplicado, entonces muchos precios tienden con frecuencia a subir.

En conclusión, al margen de las inicuas mentiras neoliberales, hay que cambiar la política económica, fortalecer la inversión productiva, aumentar los ingresos bajos, producir en suficiencia alimentos básicos, controlar bien los precios al público de los hidrocarburos, asumir la conducción e impulso del sector de la energía, modificar el sistema de financiamiento del Estado, administrar mejor y dejar de despilfarrar ingresos públicos, reimpulsar la política social y promover desde el Estado el crecimiento de la economía.

No sería la gran cosa, pero todo eso ya es una urgencia nacional.