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Diputado Federal por el distrito 23 de Coyoacán, CdMx. Miembro de Morena

El problema no es la consulta sino Texcoco

Pablo Gómez

 

Es falsa la propaganda de que la consulta sobre el proyecto del aeropuerto en Texcoco es un problema creado por su convocante, Andrés Manuel López Obrador. El problema real consiste en la decisión de cambiar de aeropuerto, lo que, de llevarse a cabo, impondría al país un costo de más de 300 mil millones y muchos otros estragos.

Enrique Peña Nieto nunca consultó a la ciudadanía sobre tema alguno. Todo su legado fue impuesto, incluso las inicuas deudas como las del proyecto de Texcoco.

Es también falso que la consulta convocada por AMLO sea ilegal. El que no sea alguna de las que habla la Constitución (las cuales sólo se pueden efectuar el día de elecciones), no quiere decir que sea contraria a la legalidad. La consulta será una un acto de libertad, así del convocante como de quienes concurran voluntariamente.

Según los contratistas y sus amigos del gobierno, dejando al margen a los numerosos corifeos, el proyecto de Texcoco es un asunto exclusivo de los “técnicos”, pero fueron los políticos quienes tomaron la decisión. Al tiempo, se usarán recursos públicos de directo desembolso presupuestal y de empréstitos del Estado con la garantía del cobro de un derecho (TUA) que, como todos, forma parte de la hacienda pública.

Mas el asunto es de mucha mayor importancia. Mientras que Peña Nieto decidió emprender una obra transexenal de grandes dimensiones, la nueva fuerza gobernante del país, la cual se formalizará el 1º de diciembre, no ha simpatizado en absoluto con el proyecto de Texcoco, pero tendría que financiarlo a costa de otras infraestructuras.

Los promotores del aeropuerto de Texcoco como aeródromo único de la ciudad, es decir, con exclusión del Benito Juárez y, de paso, de la base aérea de Santa Lucía, no consultaron más que a algunos expertos y a los posibles contratistas. Es comprensible que hubiera unanimidad. Esa es la clase de consultas a las que está acostumbrado el viejo grupo hegemónico.

A ese problema original se le agrega un segundo que consiste en que ya se gastaron varios miles de millones de pesos en el último año, a toda prisa, para que fuera más difícil una marcha atrás. De cualquier manera, ese aeropuerto no sería inaugurado antes de cinco o seis años.

El único argumento a favor del aeropuerto de Texcoco es el dinero ya invertido.

Otro problema sería el cierre del actual aeropuerto Benito Juárez a partir del mismo día de la inauguración del de Texcoco. Al respecto no hay proyectos y mucho menos fondos públicos de inversión. En el agonizante gobierno de Peña no han pensado en las gigantescas inversiones que se requerirían para darle un uso distinto, el que fuera, a una enorme terminal aérea.

Si al nuevo gobierno le corresponde ahora tomar la decisión, así como también a la Cámara de Diputados en el momento de la aprobación del presupuesto de 2019, algo en el terreno político tendría que hacerse. La consulta no será de una amplia cobertura debido a la precariedad de los recursos disponibles, pero basta con que lo sea para indicar una tendencia en la opinión popular.

En cualquier escenario, en la consulta no radica problema alguno.

1968: mentiras persistentes

No es tema menor la versión de que durante el movimiento estudiantil de 1968 operaron grupos con “ocultas intenciones” como dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue, en la sesión solemne de la Cámara de Diputados el pasado 2 de octubre.

Con esa versión se ha buscado erosionar la legitimidad del movimiento. La especie de que aquella lucha, como otras, fue manipulada desde las oscuridades siempre ha tenido como propósito la descalificación proveniente de las fuerzas, y partidos conservadores.

Esa acusación contra el movimiento del ´68 se produjo desde los inicios de éste. El que tantos jóvenes enarbolaran un programa de libertades democráticas sin una sola demanda puramente estudiantil era repudiable en las filas del despotismo oficial y otros alineamientos reaccionarios. En ese contexto represivo, sólo fuerzas oscuras o desde la oscuridad tendrían que estar promoviendo la movilización.

El rector Enrique Graue se equivoca también al señalar que el gobierno de entonces “creía ver en las genuinas manifestaciones estudiantiles las maquinaciones de una conspiración internacional encaminadas a derrocar al régimen establecido”. Era al revés, el poder no creía ni un ápice de su argumento público sobre una conspiración internacional ni de un fantasioso objetivo de derrocarlo, sino que se encontraba convencido que la calumnia era un medio de propaganda para desprestigiar al movimiento y justificar su propia violencia.

La conspiración comunista internacional, procedente del extranjero, siempre fue la versión del Ministerio Público federal. Sin embargo, el procurador Sánchez Vargas sabía de sobra que todo ese cuento era absolutamente falso, pero lo sostenía como móvil de múltiples delitos dentro de las acusaciones formales en los tribunales.

Enrique Graue profundiza su error al ubicarse en el filo de la justificación de la masacre. Dice: “por lo menos yo quiero imaginar que esa fue la razón principal [creer en la conspiración internacional] por la que el Estado se dedicó en forma sistemática a intentar acallar el movimiento a través de la negación, la represión y la sinrazón”.

Fue en este contexto discursivo que Graue afirmó: “tampoco dudo ni por un momento que intenciones de grupos de poder, o en búsqueda de él, hayan aprovechado o aprovechen circunstancias de conflicto para escalarlas, persiguiendo ocultas y obscuras intenciones. Si ese fue el caso en aquel entonces, no por eso demerita lo genuino, lo espontáneo, el (sic) auténtico del Movimiento Estudiantil de 1968”.

En mi turno, respondí improvisamente al rector en forma un tanto general: “No había poderes ocultos, doctor Graue. Nadie, nadie, nos manipuló, éramos libres, decidíamos nuestras resoluciones, no había nada oculto. ¿Sabe qué había?, un poder unido al mando de los asesinos en Tlatelolco, que era el despotismo presidencial del viejo sistema que aún da, a veces, ciertas señales de existir”.

Entre las versiones descalificadoras que tienden a negar el carácter genuino del movimiento del ´68 también se encuentran, como variante de “fuerzas oscuras”, aquella que consiste en que había injerencia de políticos oficialistas, priistas, que estaban en pugna con otros dentro del proceso de sucesión presidencial. En verdad, no había tal pugna. Todos los grupos priistas estaban absolutamente alineados con Díaz Ordaz, como lo demostraron con su propia obsecuencia, cuando no su complicidad.

Luego de 50 años parece que no sólo nos persigue aquella violencia y la matanza del 2 de octubre sino otros daños, uno de ellos es la mentira, la calumnia. No hay movimiento político mexicano que haya sido más denostado, al grado que no pocos de sus participantes, como Enrique Graue, se han creído dos de las muchas mentiras: que hubo fuerzas que desde posiciones oscuras quisieron aprovecharse del movimiento y que el gobierno creía que aquel expresaba una conspiración comunista internacional para derrocarlo. Mentiras persistentes que no se caen con el simple pasar del tiempo.

1968: legado político de hoy

El movimiento estudiantil de 1968 enarboló la bandera de las libertades democráticas. Nada más, pero nada menos. Además, fue una lucha de carácter nacional y no sólo en la Ciudad de México.

El régimen del presidencialismo despótico respondió con represión y masacre. Así fue derrotado el movimiento, pero su causa sería cada vez más fuerte y brillante.

Poco a poco, algunas libertades empezaron a ser respetadas o menos atropelladas. Asociación, reunión, manifestación, expresión, prensa, adquirieron paulatinamente carta de naturalización en grandes regiones del país. Diez años después, en 1978, se produjo una reforma política que permitió a nuevas oposiciones estar presentes en la Cámara de Diputados y se les abrió un acceso a la radio y la televisión.

Sin embargo, después de 50 años, las libertades democráticas no se pueden ejercer a plenitud. Existe una agenda pendiente. La escuela mexicana es autoritaria y no forma ciudadanos en la democracia; las universidades, en su mayoría, aún tienen formas verticales de gestión; casi todos los sindicatos son antidemocráticos, lo cual impide su libertad; abundan los contratos colectivos de protección; existen centenares de presos políticos, en su mayoría por conflictos locales lo que no cambia su significado; no se ha creado todavía un fuerte sistema de radio y televisión de Estado verdaderamente plural; parte de la prensa sigue aprisionada en el sistema de la gacetilla política y el chayote; los cacicazgos no son escasos; los fraudes electorales, entre ellos la compra del voto con recursos públicos, siguen siendo un fenómeno mexicano.

No obstante lo extenso de esa agenda pendiente, es preciso atenderla ahora en el marco de la lucha por una nueva democracia participativa. Las libertades democráticas deben ser el marco general para el ejercicio de nuevos derechos: proponer, impugnar, decidir, revocar, refrendar, rechazar.

El formalismo de la democracia, una consulta cada periodo de años, es algo del siglo XIX. Aunque en México fue preciso luchar por el voto libre durante todo el siglo XX, y a pesar de que no se ha conquistado a plenitud, hay que avanzar hacia un sistema mucho más participativo.

El tema es aún más relevante a partir del 1º de julio, cuando una mayoría de votantes fijó un cambio de rumbo político. Tratar de alcanzar a plenitud solamente la democracia formalista sería postergar el núcleo del cambio democrático cuya realización ya es mandato popular. La vieja agenda pendiente debe resolverse dentro de la nueva agenda porque ésta también contiene elementos que corresponden a las últimas cinco décadas.

Se escuchan gritos, sin embargo, que arguyen, por ejemplo, el carácter técnico de toda obra pública, para implorar que jamás debe ser motivo de consulta popular. Las construcciones requieren tecnología, sin duda, pero no son eso. Debe definirse motivo, necesidad, justificación y cobertura de costos. Por ello, toda obra pública es, ante todo, una decisión política. Las controversias sobre la realización de obras, en especial cuando esas son grandes y costosas, pueden ser consultadas a la ciudadanía, tal como si tratara de leyes de trascendencia.

¿Para qué sirve la libertad de crítica si los argumentos que prevalecen en la decisión siempre son, al final, los del gobernante? Para que esa libertad funcione tiene que existir el conducto político para impugnar y decidir: la consulta popular.

En el año de 2014, la Suprema Corte de Justicia le infringió un golpe bajo al naciente sistema de participación popular directa. Bajo consigna del Ejecutivo, ese tribunal, el más alto del país, violó la Constitución mediante su negativa a la solicitada consulta sobre la reforma energética. Esto no debe volver a ocurrir.

La revocación de mandato de los cargos ejecutivos de todo el Estado debe ser un medio nuevo para resolver conflictos políticos que se presentan con frecuencia. El derecho de elegir debe ir acompañado del derecho de revocar mandatos.

Así, todo derecho formal, tradicional, debe acompañarse con otro, su complemento, que otorgue poder funcional a la gente, es decir, que construya una nueva ciudadanía afincada en la democracia.

En el siglo XXI, ese podría ser el legado político del movimiento estudiantil de 1968.

“Bonanza” o “bancarrota”: dos visiones

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el país se encuentra en “bancarrota”. Pudo haber dicho quiebra, ruina o desastre. La respuesta no tardó en llegar por boca del secretario de Hacienda y algunos corifeos de la prensa neoliberal, quienes pintaron un paisaje de bonanza económica.

Ambos extremos no podrían concordar con absoluta exactitud con la situación, pero mantienen abierto el debate sobre de qué lado estamos más cerca, de la bonanza o del desastre.

No todo el dinero que la Federación recauda es regresado a la sociedad como pudiera esperarse. Esto se debe a que el endeudamiento de Peña-Videgaray ha sido tan alto, gravoso e inservible que obliga al gobierno a usar parte de la recaudación en solventar débito, con lo cual se desvían recursos, es decir, se gasta en otro objeto que no está en la sociedad misma. Se supone que el gobierno no debe retener o descaminar dinero sino regresarlo de otra manera a su lugar de origen. Esto último es justamente lo que no está ocurriendo con una fracción relevante del gasto público.

Un Estado que no regresa a la sociedad lo que le quita está de alguna forma en quiebra, ya que parte de sus ingresos no los destina a su propósito inherente sino a otros objetos, ajenos a la gente.

Si analizamos la caja del Estado y la manera en que éste gasta podemos ver que se está mucho más cerca de una bancarrota que de una bonanza.

En un sentido más general, el producto por habitante no ha crecido y el asunto se aprecia desastroso cuando analizamos que el salario mínimo es menor ahora que hace 30 años.

Al estudiar el estancamiento económico durante el reinado neoliberal, es necesario hacer una liga con el patrón mexicano de distribución del ingreso que es de los más regresivos del mundo. Una economía más o menos estancada que concentra el ingreso está produciendo pobreza incesantemente y, en tal virtud, contiene fuertes estructuras que reproducen el mismo estancamiento. En ese círculo vicioso ha vivido el México neoliberal.

La pobreza reporta números absolutos más altos entre cada sexenio, pero también porcentajes mayores. Existe una bancarrota social.

Hace 30 años teníamos poco menos de un tercio de la juventud en las aulas; hoy tenemos casi el mismo porcentaje, mientras países que se encontraban igual que México ya sobrepasan el 60 por ciento de matricula universitaria.

Existen también elementos que no son directamente económicos o que no se observan en el PIB ni en los índices de distribución del ingreso, aunque ahí están también, como es la delincuencia organizada, la acumulación de dinero ilícito y otros, aún más lesivos, como el incremento incesante del número de homicidios dolosos, feminicidios, extorsiones, violaciones y otras conductas ilícitas cuyos números son agobiantes cuando se analizan en términos absolutos como en relativos.

Es verdad que hace 30 años había un Estado corrupto, mas el hecho de que lo siga habiendo no significa estar igual sino peor, ya que se suponía que las alternancias electorales iban a empezar a resolver ese gigantesco problema pero, en la realidad, lo profundizaron. Esto también es una bancarrota, pero ya no sólo económica sino también moral.

El PRIAN fue un régimen que dejó incólume lo más inicuo del sistema de partido absoluto y, al mismo tiempo, aumentó la adoración de las recetas neoliberales y de la concentración de riqueza e ingreso. Tenemos hoy una sociedad más estratificada y más injusta.

Si analizamos la situación en la que se encuentran los grandes conglomerados capitalistas, entonces sí que vivimos en bonanza.

Es cuestión de precisar desde dónde se observa la realidad.

UNAM: el gobierno nunca informa… tampoco ahora

La represión frente a la Torre de Rectoría es un hecho grave que debería ser motivo de sendos informes, tanto del gobierno federal, por tratarse de una institución nacional, como del gobierno capitalino, por haber ocurrido en la Ciudad de México.

Como fue un acto represivo contra el ejercicio de los derechos humanos de reunión, petición y manifestación de las ideas, perpetrado por un grupo de individuos organizados, presumiblemente una banda, aunque no fuera ésta de carácter gubernamental, es preciso saberlo todo al respecto. Es lo mínimo que debería reclamar la sociedad y, también, la misma Universidad.

Las autoridades han dicho que el Ministerio Público averigua. Mientras, un alud de exigencias se dirigen a pedir castigo para los responsables. Ya se sabe que el procurador debe intervenir, pues se han cometido delitos, lo cual implica investigaciones penales. No hace falta exigirlo.

El gobierno federal y, por lamentable extensión, el de la capital, nunca informan, son omisos en su deber de exponer y explicar lo ocurrido. Lo más que se ha atrevido a decir el jefe de gobierno de la capital es que los represores de la Rectoría llegaron en varios vehículos desde el Estado de México. El secretario de Gobernación no ha podido pronunciar ni palabra, parece que para él no hay materia; sencillamente, no gobierna.

Así como jamás nos informaron de lo ocurrido en Tlatlaya ni de los violentos sucesos de Nochixtlán, para recordar sólo dos desgarradores hechos sangrientos, tampoco nos hablan de lo que acaba de ocurrir en la Ciudad Universitaria, aunque ahí no hubieran intervenido fuerzas castrenses o policiales. ¿Para qué sirven los servicios de “inteligencia”? ¿A qué se dedican los observadores, halcones, palomas, orejas, mirones, chivatos, que por centenares tienen a su servicio el gobierno federal y el capitalino?

Es probable que los gobernantes de ambos niveles sí tengan informaciones que no quieran integrar en una versión concreta y pública. Pero es inadmisible que no se explique la naturaleza y propósitos del grupo agresor cuando el mismo rector ha expulsado de la UNAM a varios de sus probables integrantes. Por cierto, el doctor Enrique Graue se equivoca al dar a conocer los nombres de los alumnos sancionados, ya que éstos se encuentran bajo presunción de inocencia, tienen recurso para apelar la expulsión y no deberían ser estigmatizados. La Universidad debe ser la primera en respetar derechos por más que su rector tenga prisa de enviar un mensaje de severidad o algo por el estilo. No se pueden defender derechos de unos violando los de otros.

Aquí lo que importa no son los nombres de los expulsados, sino el conocimiento del entramado organizativo de los represores, sus actividades y propósitos. Tenemos derecho a saberlo todo al respecto. Luego, el Ministerio Público tendría que hacer su trabajo en relación con las personas.

Tampoco se ha explicado porqué en el momento de la agresión en la Torre de Rectoría, ninguna autoridad hizo algo para repelerla. ¿Cualquier cosa puede ocurrir bajo las barbas del rector sin que existan vigilantes o personal de resguardo y vigilancia para intervenir o, tal vez, llamar a algún cuerpo policial? Lo más que hicieron fue solicitar servicios médicos de urgencia. Esta realidad no se va a superar con la sola “suspensión” del encargado de la vigilancia de la UNAM sin dar las explicaciones del caso.

La autonomía universitaria obliga a la autoridad a llamar a la fuerza pública cuando estudiantes o profesores están siendo agredidos o reprimidos en una situación en la que el resguardo interno se muestra impotente, tal como ocurrió el pasado 3 de septiembre.

Lo que está sucediendo, con la entusiasta participación de la prensa, es una lluvia de especulaciones frente a las cuales ambos gobiernos guardan silencio porque decir algo concreto les obligaría a contarnos una historia que tal vez no desean que se conozcan o porque, de plano, la desconocen. En ambos casos estaríamos frente a autoridades incompetentes, ya fuera por acción o por omisión.

En este marco, está surgiendo lo que podría llegar a ser un movimiento estudiantil reivindicativo sobre el tema de la inseguridad y algunos otros puntos de carácter académico-administrativo, cuya atención ha estado postergada por demasiado tiempo.

La Universidad acusa un retraso en materia de democracia. Mientras en el país se han producido cambios, aunque a tropezones, el sistema de gobierno universitario sigue igual que hace 73 años. La democracia ha sido negada con el argumento de que la derecha es mayoritaria, pero, ¿y eso qué?

Por lo pronto, no sería menos importante que el estudiantado y los académicos exigieran al gobierno federal y al capitalino sendos informes, deber elemental de toda autoridad.

Esperanzas y desesperanzas políticas

Con la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador y la conformación de una mayoría parlamentaria, que se extiende hacia 21 entidades federativas, hay dos grandes clases de personas, sin contar a los irremediables enemigos de los cambios prometidos.

Por un lado se encuentran los millones que tienen esperanzas en que el cambio por el que votaron se haga realidad, que se empiece a sepultar el Estado corrupto, al tiempo de que se inicie una reversión en el actual patrón de distribución del ingreso y se combata la pobreza y el atraso social.

Por el otro lado, se encuentran aquellos que no creen que algo se pueda cambiar verdaderamente y, mucho menos, en la medida en lo que se está anunciando por Morena desde la reciente campaña electoral.

Hay quienes advierten peligros en el terreno de las libertades. Se preguntan con insistencia si tanto respaldo popular en favor de Andrés Manuel podría devenir en autoritarismo y persecución política. Suponen, sin admitirlo, que el poder no debe servir para cambiar sino para dejar todo igual con el solo fin de proteger el incipiente grado de libertades y democracia. Sin embargo, todo cambio popular, hoy y aquí, tiene que ser democrático, pues de lo contrario no será.

Hay, por otra parte, escépticos y preocupados de verdad, quienes se encuentran un poco amargados de tanta simulación a través de tantos años o, sencillamente, son pesimistas, no creen en mejorías.

Vivimos aún con el trauma de la transición simulada, la que protagonizó el PAN con Vicente Fox, primero, y con Felipe Calderón, después. La “retransición” de Enrique Peña Nieto fue igual de mala. Cambios sólo formales, con el fin de que no se produjeran modificaciones de verdad, terminaron en una suerte de defraudación del dictado popular. Mucha gente supone que ahora será igual, por lo que no quiere esperanzarse debido a tantos desengaños anteriores.

El éxito de la cuarta transformación, como le llama López Obrador, no depende de que lo quiera quien será presidente a partir del 1º de diciembre, sino de lo que éste pueda, lo cual, a su vez, estará determinado por la capacidad de exigencia de la ciudadanía que exige los cambios.

Un presidente con mayoría parlamentaria no tiene excusa, pero necesita soporte popular y presión ciudadana. De eso depende todo. En lugar de dudar, ahora es preciso ayudar al esfuerzo colectivo.

El miedo más grande que provoca cualquier cambio en los tiempos que vivimos es que la menor modificación puede traer un castigo de los “mercados”. Pero, ¿qué cosa es eso? Nuestro país, como muchos otros, depende en medida cada vez mayor del poder del dinero: inversionistas y especuladores de divisas. Los llamados mercados financieros son capaces de someter a los gobiernos y también a las empresas. La “confianza” que vale no es la de los trabajadores, campesinos, pequeños comerciantes e industriales –la inmensa mayoría–, sino de los centros de concentración de capital-dinero y los grandes conglomerados que realizan las inversiones, es decir, conducen el proceso de conversión de la ganancia en nuevo capital productivo.

En realidad, el éxito del nuevo gobierno, las esperanzas de millones, depende en mucho de la capacidad para sortear la acción de tal poder financiero que se cierne sobre la mayor parte del mundo como instrumento de sanciones impuestas a quien discrepa del inicuo orden establecido.

Mas no se trata de simple habilidad, sino de una acción política que permita tomar las decisiones que conduzcan a neutralizar, al menos en parte, las arremetidas de los llamados mercados contra toda decisión que pudiera causar “nerviosismo” o “desconfianza”.

Los escépticos, desconfiados y pesimistas deberían poner su energía al servicio de causas mejores que la pasividad y las malas vibras. Va a llegar el momento en que las presiones de todo el ámbito de los privilegios y del acaparamiento del ingreso y la riqueza se conviertan en realidad y traten de operar en el terreno de la política, en especial para hacer más difícil cada paso en la dirección de los cambios económicos y sociales que requiere un país tan arruinado y pobre como México.

A pesar de que el nuevo gobierno aún no ha asumido y que el Congreso todavía no ha aprobado decreto alguno, se nos quiere llevar al campo de la desesperanza, la cual no es otra cosa que la desilusión por adelantado, el pesimismo que brinda la cobardía. Ya nos están cayendo gordos esos que niegan la posibilidad de todo cambio verdadero. Son agoreros de lo peor con el sólo propósito de justificar sus desatinos.

Los gobernantes deben ser educados

Azorados algunos, preocupados otros, advierten que el próximo gobierno está dispuesto a cancelar la llamada reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto. El punto de inicio del debate ha sido el de que la Constitución fue cambiada para agregar algo que no pone ni quita nada a la educación pública, a saber, que la autoridad es la encargada de contratar a los profesores.

Además, fue creado por disposición constitucional un instituto de evaluación que suele existir en otros países pero que sólo en México ha de integrarse como si fuera la suprema corte de justicia, a propuesta del Ejecutivo y con el voto de las dos terceras partes de los senadores, cuyas funciones son “diseñar mediciones”, “expedir lineamientos” de evaluación y “generar y difundir información.” Todo lo cual se puede hacer sin tanta pompa y costo.

No era necesario modificar la Constitución si no hubiera sido porque el gobierno de Peña Nieto no encontró otra forma de encararse con el SNTE, sindicato con dirección “charra” con canonjías concedidas por los sucesivos gobiernos (del PRI y del PAN) para designar directores hasta el nivel de subsecretario de educación básica. En cuanto a los “comisionados” de dicho sindicato (burócratas que cobran pero no dan clases), las cosas no parecen haber cambiado demasiado.

Las leyes reglamentarias de dicha reforma constitucional son en realidad el problema mayor porque, entre otras cosas, establecen un sistema de evaluación que premia a algunos profesores con incrementos de sueldo mientras que a los demás los deja igual. Esto no es compatible con la Constitución porque el trabajo es igual pero el sueldo no, aún con antigüedades idénticas.

Los profesores, oficialistas y disidentes, consideran que el sistema impuesto por Peña Nieto es punitivo, es decir, castiga sin evaluar la educación, en otras palabras, evalúa a cada maestro sin tomar en cuenta el sistema mismo.

Se ha seguido cayendo en el error histórico de suponer que el gobierno debe educar cuando, en realidad, debe ser educado. Quienes tendrían que normar el sistema educativo, tanto en su contenido como en su organización, son justamente los educadores. Pero ellos y ellas siguen brillando por su ausencia en tales funciones.

El profesorado de primaria y secundaria ha sido alojado en la escala socioeconómica más baja del trabajo intelectual. Pero no se trata sólo del sueldo sino de su intervención en el proceso educativo del cual es una de las dos partes fundamentales, junto a los educandos.

No se ha producido ninguna reforma en los contenidos, programas y métodos de enseñanza. La escuela mexicana sigue siendo de dos clases: la pobre y la paupérrima. Las zonas más pobres tienen escuelas sin equipamiento y, a veces, sin maestros, pero el presupuesto público debería repartirse igual en los lugares menos pobres y en los más pobres de México. No es así, pero ninguna autoridad “responsable” responde en algún sentido al respecto. La escuela reproduce la pobreza extrema.

 

La “calidad de la educación” ha querido ponerse en el centro de la tal reforma, pero no se dice qué se entiende por eso. Se trata sólo de un eslogan, sin contenido.

Para hacer un cambio en la educación, además de repartir el presupuesto de manera igualitaria porque no hay motivo para diferenciar la inversión educativa como medio de castigo a los más castigados de por sí, es preciso dar la palabra a los educadores.

La evaluación de la educación no puede consistir en aplicar el peor método de educar que es el de hacer exámenes todo el tiempo y poner a competir a los alumnos. El método de la competencia es la peor forma de alcanzar una educación formativa basada en el trabajo de conjunto y la solidaridad de los grupos de estudiantes.

Los objetivos de la educación, su calidad, no deberían estar definidos mediante la capacidad de resolver exámenes sino en aprender a resolver problemas.

La reforma no es educativa sino administrativa pero en el peor sentido. La estratificación del magisterio es una forma de romper los lazos de solidaridad e impedir el trabajo colectivo. La competencia como método de aprendizaje y de organización de la enseñanza es doblemente nefasta.

Es preciso abrogar la llamada reforma educativa de Peña Nieto y redactar nuevas leyes con la concurrencia de los educadores para que ellos y no el gobierno asuman la tarea de la enseñanza.

¿Quién debe aprobar los sueldos?

Durante muchos años, los más altos jefes del aparato estatal mexicano se han otorgado a sí mismos sus respectivos sueldos. Al principio, el presidente de la República finalmente los aprobaba, pero llegó un momento en que en los poderes judicial y legislativo, así como en el sector paraestatal, los mismos jefes decidían con libertad.

Las compensaciones, estímulos, prestaciones, ayudas, pago por riesgo, seguros de gastos médicos, separación, retiro y, al final, el “sueldo base”, formaron parte de los muchos conceptos en los que se ha dividido la remuneración de los jefes.

En el sector paraestatal existen indemnizaciones y pensiones ilegalmente otorgadas a personas que pasaron por los puestos directivos y salieron con sueldos vitalicios.

Una de las características del Estado corrupto es justamente la discrecionalidad en el otorgamiento de sueldos, bajo numerosos conceptos, que llevan a la conformación de una alta burocracia muy bien pagada y, consecuentemente, comprometida con una política patrimonialista de la función pública.

Este sistema genera unas relaciones de poder en las que personas y grupos se imbrican entre sí como detentadores de los altos puestos, se forman capillas y se construyen relaciones de complicidad: surge un monopolio de la función pública. Por ello, algunos hablan de “clase política” y, ahora, también de “tecnocracia” del Estado.

Altísimos sueldos no es lo más redituable del sistema, lo sabemos, sino toda clase de actos corruptos, moches y mordidas, así como el robo directo de fondos, pero es una expresión institucional aparentemente legalizada.

¿Quién debe aprobar los sueldos? Según la Constitución, esta facultad corresponde en exclusiva a la Cámara de Diputados y a los congresos de las entidades federativas, aún cuando se trate de los ayuntamientos. Nada más. Ahí está el poder de bolsa del Estado. Lo demás siempre será propuesta, pero no autorización. Sin embargo, en México no está vigente el Estado de derecho, sino que hay una realidad que no es legal. Digamos que es lo único funcional, hasta ahora.

La aprobación del nuevo artículo 127 de la Constitución, sobre el tema de las remuneraciones de los servidores públicos, en realidad no cambió nada como no fuera la nomenclatura en algunos presupuestos. Como el proyecto de ley reglamentaria, aprobado en el Senado, sigue congelado en la Cámara luego de siete años, muchos funcionarios se niegan a obedecer las reglas constitucionales con el pretexto de que no hay legislación secundaria, la cual no sería indispensable aunque sí es necesaria.

Ya es inminente la aprobación de dicha ley federal de remuneraciones, que tiene que verse como eslabón de una nueva política administrativa y, se piensa, debería reproducirse en las entidades federativas, tal como lo marca el mismo artículo 127 constitucional.

Esa nueva política debe promover la reducción de gastos de operación innecesarios, incluyendo las remuneraciones de los jefes.

El “sueldo base” siempre es moderado. Por ejemplo, en la Suprema Corte, donde se encuentran las remuneraciones más elevadas, dicho sueldo es de 54 mil pesos al mes, antes de impuesto, apenas el 13.73% de la mensualidad de cada uno de los once ministros y ministras, a lo que se agregan 7 conceptos de “prestaciones” diversas por un subtotal de 1.3 millones al año, más 853 mil pesos anuales de “pago por riesgo”; todo eso para cada cual.

Al comenzar a bajar desde la cumbre del abuso, las remuneraciones van siendo menores pero contienen los mismos conceptos e injusticias.

Existen dos seguros que son los más extracontractuales y recientes: de separación y de gastos médicos, pero se les cubren a quienes también son objeto de cuotas “patronales” de seguridad social. El Estado paga doble cuota, la institucional y la de seguro privado. Los restantes trabajadores no tienen esas prestaciones adicionales. El seguro médico privado cuesta más de 5 mil millones al año sólo en la administración pública federal y el de separación consiste entre el 8 y el 12% de la remuneración, es como un aumento mensual automático. ¿Por qué sostener una política estratificadora, discriminadora e injusta?

Hasta ahora, la Cámara de Diputados ha dejado pasar casi todo, ocupados muchos diputados en aumentar el estimado de ingresos con el fin de repartir el “excedente” en proyectos dirigidos, para luego proceder a cobrar los “moches”. Pero eso ya se va a cerrar.

En lo que no se debe caer es en una asignación de remuneraciones según criterios sueltos o de momento. Se trata de implantar una nueva política de administración y no de ejecutar un plan de recortes.

Las remuneraciones de cada nivel deben estar en función de la responsabilidad implícita y la habilidad requerida. Asimismo, la política salarial debe combatir el criterio estratificador de antes, con el propósito de empezar a romper el carácter estamental de la alta burocracia del Estado y contribuir a restarle autonomía.

El punto político central del plan de reforma de la administración pública consiste en que las decisiones presupuestales del Estado empiecen a ser escrutadas por la opinión pública, no sólo mediante la transparencia en lo que ya se ha avanzado algo, sino respecto de sus motivos, alcances y objetivos.

La administración pública es parte integrante de lo que se llama política y, por ello, debe concentrar la atención de la ciudadanía. Esa es la idea.

Poder de poderes

La tradición política republicana en México es el predominio avasallador del Poder Ejecutivo sobre todo otro órgano del Estado.

Es a esto a lo que se refiere Andrés Manuel López Obrador cuando renuncia a esa herencia en su discurso en el Tribunal Electoral. Mas eso no significa que el sistema político de la Constitución consigne la existencia de una “separación” de poderes y ni siquiera se habla ahí de “contrapesos” y otras expresiones que corresponden más bien al lenguaje coloquial. “Los Poderes”, de los que habla la Carta Magna, constituyen el “Supremo Poder de la Federación” (art.49). Por otro lado, en la teoría, el poder del Estado es uno sólo, excepto en dualidades o paralelismos revolucionarios o solamente bélicos.

Conforme a la doctrina constitucional que prevalece en México y al texto mismo de la Carta Magna, la única rama del poder que puede legalmente remover a los integrantes de las otras dos, incluyendo los llamados organismos autónomos, es el Congreso. Al presidente, que no es sujeto de juicio político (espero que siga sin serlo), también se le puede remover a través de un juicio, pero de carácter penal (art. 108, 2º y 111,4o), a cargo del Poder Legislativo.

La realidad, sin embargo, no es tan esquemática. Las cámaras del Congreso no se encuentran en manos de un solo partido como para ejercer esas altísimas facultades. Se requieren votaciones de dos tercios y ninguno puede, de entrada, contar con esa mayoría. Sólo varios partidos podrían remover y sustituir al Poder Ejecutivo y al Judicial, incluyendo a los gobernadores del Banco de México, a los organismos llamados autónomos o independientes y al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De ese tamaño es el poder que la Constitución le asigna, técnicamente, al Congreso.

Quienes representan a la Nación son los que, llegado el caso, pueden tener el poder de poderes, llevado éste a la remoción de todos los demás, pero no siempre para dar órdenes directas al Ejecutivo, excepto en situaciones y momentos definidos en la ley.

Con dinero, decretos, concesiones, nombramientos y amenazas, el presidente de la República ha controlado por completo a su propio partido, según la tradición mexicana. Durante décadas ése tenía la mayoría calificada. Como esto es lo que se quiere eliminar, entonces podríamos entrar a una situación en la que el presidente sea el líder político de su partido y tome en el seno de éste las decisiones políticas más importantes que tuvieran que ser impulsadas en el Ejecutivo y en el Legislativo. Como dentro de las formaciones políticas ya se discute, se comparte, se negocia, se rivaliza y se toman acuerdos, ese partido del presidente podría empezar a ser partido de verdad.

Dice Andrés Manuel que no tendrá palomas ni halcones, en clara referencia a que nadie podrá actuar en su nombre más que en forma oficial. Quizá lo anticipe porque ya se observan intentos de algunos muy listos de pasar supuesta consigna del Presidente Electo por debajo del agua o con simples insinuaciones. Así ha operado el viejo sistema y hasta en ese punto es preciso cambiarlo todo.

Ha dicho también López Obrador que no será tapadera de nadie. El Congreso, por su parte, tampoco tendría que serlo. Esto abre la posibilidad de que las cámaras ejerzan a plenitud sus facultades de control político que son muchas y relevantes, sin entrar en mecanismos de encubrimiento o complicidad. No importaría que dicho control afectara a secretarios de Estado y personas allegadas al presidente de la República: nadie tendría su tapadera, ni siquiera AMLO.

Lo que sería por completo desastroso es que no hubiera diálogo y negociación políticas entre los integrantes de la fuerza que ha recibido el mandato de cambiar el viejo sistema y buscar su sustitución radical. En el nuevo esquema, presidente y partido no deben estar lejos o cerca, extremos de los cuales antes se hablaba, sino ser un mecanismo de decisiones, ya que los objetivos generales se conocen, mas las formas, tiempos y maneras tienen que ser definidas a cada paso.

Si se quiere que los propósitos del 1 de julio se conviertan en realidades, la nueva disciplina debe basarse en la solidaridad, la cual implica igualdad y apertura políticas, sin secretos, insinuaciones, seguidismos, lecturas de pensamiento ni engaños.

Sería un error convertir a Morena en una agencia electoral, sin vida propia, sin opinión ni manera de actuar con sus gobiernos y grupos parlamentarios.

Los partidos no deben ser sólo para hacer campañas sino para elaborar ideas y luchar por ellas, para asumir la responsabilidad de marcar un rumbo. Por su lado, los gobiernos no son aparecidos incidentales sino que surgen de formaciones políticas más o menos estables; rara vez proceden de un independiente, en cuyo caso, ése de seguro forma un partido de cualquier estilo.

El país requiere una fuerza política de relevo que sea verdadera, es decir, que no conforme un club de negocios sino un sistema para expresar objetivos y métodos con transparencia y honradez. La esencia de un partido es su programa, el que sea, pero verdadero; es la expresión de ideas e intereses de grupos y clases. He aquí una tarea para hacer historia.

Hay temas legislativos mayores

Hay temas que acaparan la atención en los medios y redes sociales. Son los de sueldos, delegados del gobierno federal en los estados y uno que otro futuro nombramiento en el Ejecutivo.

Ya se sabe, a pesar de brincos, que los más altos sueldos de la administración pública van a ser rebajados; que ya no se cubrirán las pensiones ilegales y abusivas de los ex directores generales del sector paraestatal (art. 127), así como de los ex presidentes y sus esposas y viudas; que no habrá compensaciones escondidas; que los tabuladores serán verdaderamente públicos; que nadie podrá cobrar más de lo que tiene legalmente asignado (art. 127). Ya se sabe también que se van a cancelar las plazas de confianza creadas para complacer a amigos y cómplices, y que, en lugar de centenares de delegados del gobierno federal en los estados, sólo habrá uno por entidad. Por último, todos tenemos la información de que los cargos que no requieren confirmación parlamentaria, son de la exclusiva responsabilidad del Ejecutivo.

Pero hay temas legislativos mayores que casi no se están mencionando aunque se sabe que el Congreso abre sesiones el 1 de septiembre.

La Cámara de Diputados debe clausurar el departamento de regalos, a través del cual se agregan al presupuesto federal asignaciones al margen de toda meta y objetivo, es decir, sin programa alguno. De esa práctica vienen los “moches”, cuando quien metió el concepto en el Presupuesto pasa a cobrarle al que está recibiendo el recurso.

Al mismo tiempo, el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos debe ser exclusivamente para aumentos de sueldos durante el ejercicio y ajustes de partidas ya incluidas en el mismo. El gasto discrecional debe ser sustituido por una política de modificación de programas y partidas sólo mediante ajustes propiamente presupuestales. En una frase, los gastos secretos del Presidente deben ser cosa del pasado, lo cual ha de ser un paso de gran calado en el combate al Estado corrupto que ha prevalecido en México.

El primer paso en materia salarial es asegurar que los incrementos anuales a los mínimos general y profesionales siempre se fijen por encima del aumento de precios registrado en el año anterior más un porcentaje que compense lo que durante los 12 meses anteriores se hubiera perdido por la inflación. Así mismo, ¿de qué tamaño debe ser el aumento de precios para obligar a un incremento antes de que se cumpla el año de su vigencia? La ley debe señalarlo, en lugar de que, como ahora, lo decida el gobierno.

Uno de los primeros puntos que deben cumplir los legisladores es eliminar su propio fuero y el de los demás políticos poderosos, lo que implica ponerlos a nivel de cualquier persona susceptible de ser sometido a proceso penal, si acaso llegaran a existir causas para ello. Esto es tanto más importante porque la eliminación del fuero se aplicaría también en delitos cometidos antes de asumir el cargo.

En cuanto al presidente de la República, éste puede ser ahora sujeto a proceso por delitos del orden común (art. 108, 2º ), pero sólo por parte del Congreso. Lo que ahora es preciso modificar es que se puedan abrir en su contra procesos penales en los tribunales ordinarios.

Lo que es aconsejable cuidar es que los titulares de los poderes públicos no puedan ser detenidos o limitados en su libertad cuando se les someta a un proceso penal, sólo con el propósito de garantizar el normal funcionamiento de tales poderes y evitar golpes de Estado por la vía policial-judicial. Sería un sistema semejante a la libertad bajo fianza a la que tiene derecho cualquier procesado. Luego de la condena, se revoca la inmunidad, se remueve del cargo y se ejecuta la sentencia. Este mecanismo impediría la impunidad, lo cual es la parte más importante.

Si el Ejecutivo “no va a ser tapadera de nadie”, como lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, el Congreso tampoco debería serlo. Las comisiones investigadoras de las cámaras nunca han llevado a cabo su cometido porque están limitadas al sector paraestatal y carecen de capacidad para hacer comparecer a cualquiera bajo protesta de decir verdad. Una reforma en esta materia es urgente para trasparentar el funcionamiento del Estado mexicano, incluyendo contratos y cuentas, a través de mecanismos políticos permanentes y viables. Habría que inscribir a México dentro del control parlamentario que existe en muchos países, lo cual implica abrir todo lo público al escrutinio.

Como está ahora el calendario de sesiones ordinarias, el Congreso no va a poder agotar sus agendas legislativas y ocurrirá lo que ya hemos visto: nunca hay tiempo de discutir los temas más importantes que se dejan para el final. Además, no es aceptable que los legisladores trabajen 5 meses y medio pero cobren doce. Es fácil concluir que se precisa ampliar ese calendario.

Es necesario introducir en la Constitución la revocación del mandato de los cargos ejecutivos de elección popular, lo cual sería una nueva forma de resolver problemas políticos por vías civilizadas y populares, dos de las condiciones básicas de un sistema democrático.

En cuanto a las consultas populares, se requiere impedir que éstas sean arbitrariamente impedidas por la Suprema Corte, como ocurrió con la llamada reforma energética. En realidad, la Carta Magna sólo impide poner a consulta el presupuesto, las tasas impositivas y el financiamiento público. Así se convino en el Congreso y eso es lo que quiere decir el texto vigente. Ahora, es preciso remontar aquel percance de la democracia participativa y poner las cosas en su lugar.

En el plano fiscal no habrá aumento de tasas impositivas ni nuevos impuestos. Sin embargo, existe una lista de pendientes sobre aquellos decretos que el Ejecutivo ha emitido, por encima del Congreso y de la Constitución, para perdonar a algunos privilegiados el pago debido de sus contribuciones. Por motivos de justicia, no convendría dar largas al tema, pero también para no permitir que las políticas de otorgar privilegios sigan como si nada.

Se tiene que revisar de inmediato la reciente ley de propaganda oficial y volver a los proyectos anteriores para asegurar que en ese tema se cumpla la Constitución y se acabe con simulaciones y discriminaciones. En específico, ningún gobernante debe usar fondos públicos para hacer propaganda de su persona porque la Carta Magna lo prohíbe.

El financiamiento público de los partidos debe ser reducido ante la evidente exigencia popular, aunque sin desregular el financiamiento privado. Esto debería hacerse antes de que termine el año para aplicarlo en el ejercicio fiscal de 2019.

Hay más leyes urgentes que deben ser discutidas en el Congreso. Las listas se encuentran en manos de los futuros grupos parlamentarios y de muchas organizaciones sociales y civiles donde hay proyectos cuyo rezago es largo.

Medios y redes podrían abrir la discusión sobre tan importantes temas nacionales. Podrían, digo.