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Acerca de Pablo

Diputado Federal por el distrito 23 de Coyoacán, CdMx. Miembro de Morena

Un año: balance de la nueva fuerza gobernante

Es inevitable un balance, el de un año, del nuevo gobierno, el cual llegó con grandes expectativas y demasiados problemas estructurales y de coyuntura. Tenemos un país donde la injusticia se ha ido acumulando durante cuatro décadas.

La reversión de la pérdida del salario es un campanazo que impacta la economía en su sentido más amplio y verdadero. Este proceso se ha iniciado, lentamente, es cierto, pero ya está entre nosotros.

El inicio de la fusión entre política social y política económica es un proceso en curso, por  vez primera en 50 años o más. Los programas sociales dejaron de ser una forma de clientelismo directo y se han convertido en un método de reconocimiento de derechos. El incremento de la capacidad de consumo de sectores depauperados incide en el mercado de bienes de producción nacional, es decir, promueve el mercado interno.

La educación superior como ineludible tarea social del Estado es un vuelco en tanto que rompe con la idea de que las familias deben sufragar crecientemente ese gasto, al tiempo que enfatiza su carácter social y derecho de todos. El elitismo de la enseñanza superior ha sido un factor de freno del desarrollo social y del progreso nacional.

La reivindicación de la atención médica universal como deber del Estado ha empezado a traducirse en reformas, aún tímidas, pero con perspectiva de dar un vuelco en materia de salud para todos.

La cancelación de subsidios corporativos a favor de organizaciones gestionadas por burocracias parasitarias y la ampliación de apoyos directos en la producción agropecuaria es la inauguración de una nueva forma de apoyar al campo en sus segmentos debilitados. Así se ha de fomentar la agricultura y ganadería para el mercado interno y la autosuficiencia nacional de granos básicos.

La nueva política de las industrias de energía es un rompimiento con su privatización y entrega de recursos naturales para favorecer la autosuficiencia nacional. Ningún país puede afrontar los retos del mundo actual bajo dependencia energética estructural. Siempre se había sabido, excepto por el neoliberalismo de la pobreza y el atraso que atascó al país de objetivos contrarios a los intereses populares y nacionales.

El inicio de la lucha contra el Estado corrupto es una respuesta histórica a un fenómeno devastador. En todas partes del mundo hay corrupción pero sólo en algunos es parte fundamental de la forma de gobierno. El primer paso es tener un gobierno que no sea corrupto, a partir de lo cual tendrá que mantenerse la lucha a favor de la desarticulación del viejo Estado.

Reivindicar la austeridad es un golpe contra la alta burocracia parasitaria, exageradamente bien pagada y derrochadora, que azotó al país. Hay mucho más que hacer en este sentido, pero ya se inició el proceso de construcción de un funcionariado diferente que vaya cerrando la inmensa brecha que le ha separado de la sociedad.

Las grandes empresas han dejado de regir al gobierno y al Congreso. El diálogo, el debate, la convergencia y la diferencia entre los poderes políticos y los capitalistas son elementos distintivos de las nuevas relaciones en el país. No hay una política expropiadora pero tampoco  otra promocional y corruptora como había sido hasta hace un año.

La crítica va y viene desde los medios, redes, partidos, organizaciones sociales y no gubernamentales, sin emolumentos de origen oficial, pero también fluye desde el gobierno, el Congreso y sus partidos. Si todos son libres, lo es también la fuerza gobernante. Así se construye una democracia sin hipocresía.

No se ha producido una reforma fiscal que fortalezca el proceso de redistribución del ingreso y aumente las inversiones públicas. Los lacerantes privilegios fiscales siguen vigentes en su mayoría. Tampoco se ha planteado un nuevo pacto fiscal entre entidades federativas y Federación. La ineludible nueva reforma del sistema electoral sigue estando pendiente. La seguridad pública es aún el pantano que el gobierno heredó de los anteriores con su cauda de horror y sangre.

Hay más temas para un balance.

INE y Constitución

Cuando el titular del Instituto Nacional Electoral calló frente al cuestionamiento de un  diputado en San Lázaro sobre el proyecto de aquél para ganar un 85% más que el sueldo del Presidente de la República, no estaba tomando en cuenta que la Cámara de Diputados es la única que puede aprobar el presupuesto y, en consecuencia, las remuneraciones. El silencio no es respuesta a un parlamentario en sede legislativa.

En el momento  que el INE declara que el presupuesto aprobado por la Cámara perjudica a la sociedad y pone en riesgo la «estabilidad política y económica del país», sus voceros están haciendo graves cargos políticos a integrantes del Poder Legislativo de la Unión que debieran formalizar.  No es admisible que lo dicho sea sólo una estrategia de comunicación circunstancial o meramente reactiva que exprese un enfado personal, ya que eso se encuentra al margen de sus facultades legales.

Cuando el INE afirma que se le han «recortado» más de mil millones de su presupuesto en realidad no sólo desconoce que la Cámara es la única que puede aprobar el gasto sino que miente. En verdad, el presupuesto del INE ha sido incrementado para el año 2020 en 1 297.75 millones de pesos respecto a lo autorizado para 2019: el 4.7% en términos reales. Su gasto total será de 16 mil 660.75 millones de pesos.

Señala que el gasto en 2020 será extraordinario porque se habrán de integrar en septiembre de ese mismo año 300 consejos distritales y 32 locales; en realidad vuelve a desinformar porque esos consejeros no tienen sueldo.

El INE pasa de declarar que la elección de 2021 está en riesgo con el presupuesto de 2020, a asegurar, al día siguiente, que ni siquiera peligra la expedición de credenciales, ya no se sabe cuál es el territorio en el que pretende ubicarse. Menos aún cuando reformula sus expresiones para volver luego a los ataques al decir que la no aprobación completa de su proyecto de gasto es un «intento» por «limitar a la autoridad electoral», por lo cual no se perfilan «buenos tiempos». Se nota, así, que el INE busca subrayar su enemistad con la mayoría parlamentaria es decir, es un asunto sólo político sin implicaciones administrativas ni técnicas.

Toda elección subsecuente será la mayor de la historia porque el listado siempre habrá de ser más grande durante muchas décadas más. Así que hablar de eso es expresar lo que se sabe de sobra. Pero sostener que el inexistente recorte presupuestal es el mayor de la historia ya no es tan simple porque no se ha recortado el presupuesto del INE. No todos los organismos públicos o entidades de la administración obtuvieron la cantidad de gasto que solicitaron. Uno de ellos ha sido el INEGI (31.9% de aumento) porque el año próximo habrá censo general de población, el cual se verifica cada 10 años. En otro sentido, la Fiscalía General solicitó tres mil millones de incremento y la Cámara sólo autorizó 1 500.

El Presupuesto de Egresos es de toda la Federación; sus entidades y organismos entienden que forman parte de un todo y que existe eso que se llama política de gasto. El hecho de que el INE no lograra la aprobación del 100% de su proyecto de gasto no es algo único sino normal: así ha sido casi siempre durante muchos años.

¿Qué quiere decir eso de que no se «perfilan buenos tiempos»? El INE no entra en detalles sobre su dicho, pero se entiende que los consejeros electorales están pesando en «malos tiempos». Si se refieren al país, como lo habían ya expresado el día anterior, el 21 de noviembre, entonces habría que cuestionarles si como personas se quieren inscribir en la oposición, en cuyo caso tienen el campo abierto como cualquiera, o si de lo que se trata es de convertir al INE en un instrumento político opositor, a lo que habría que adelantarles que eso sería contrario a la Constitución.

En cuanto a las remuneraciones, llama la atención que los consejeros electorales hubieran llegado a solicitar sueldos superiores a los del Presidente de la República cuando es sabido que eso no lo permite la Carta Magna. Fueron más lejos: pretendían que 100 servidores públicos del INE estuvieran por arriba del sueldo presidencial.

Quienes elaboraron el proyecto de presupuesto del INE tendrían que haber sabido que la Cámara de Diputados no puede autorizar gastos inconstitucionales, por lo que era imposible aceptar esa pretensión. Pero, ¿una autoridad puede hacer solicitudes violatorias de la ley fundamental? No han prometido todos ellos y ellas guardar y hacer guardar la Constitución? ¿Cómo quedamos al respeto?

En conclusión, la mayoría parlamentaria no tiene ningún problema con el INE. El litigio llegó a San Lázaro a partir de que se ha cuestionado la capacidad constitucional de la Cámara para aprobar el gasto y fijar las remuneraciones con apego a la legislación.

En términos directos, ni el INE puede estar en una «zona de riesgo» ni se va a «recrear» la democracia por acción de ese mismo instituto, como afirman sus voceros. Tampoco hay insuficiencia de fondos ni se han producido recortes. En conclusión, lo recomendable es serenidad, madurez, responsabilidad e institucionalidad. Eso es lo más fácil.

Catástrofe política en Bolivia

Ninguna persona intelectualmente honrada podría negar que en Bolivia se ha producido un golpe de Estado con el decisivo apoyo de los militares. Esa catástrofe política no se originó de manera repentina. Hay que hacer recuento de hechos y daños.

Evo Morales se equivocó cuando recurrió al máximo tribunal para anular la votación mayoritaria del electorado que refrendó el límite de dos periodos para la reelección del presidente. Eso no lo debe hacer un demócrata, mucho menos un líder popular como Evo, porque es algo contradictorio con esencia, promesa y programa.

Quienes nunca han sido demócratas sino elitistas, los integrantes del grupo económico conservador, clasista y racista de Bolivia, aprovecharon ese error de Evo Morales para cohesionar un bloque opositor antirreleccionista con vistas a la elección presidencial, esperanzados en una segunda vuelta porque no veían que les dieran los números en la primera.

En Bolivia, para obtener el triunfo se requería contar con la mayoría absoluta o con diez puntos porcentuales arriba del segundo lugar. Nadie, ni siquiera Evo Morales, consideraba seguro que esa diferencia se produjera. Cuando se anunció el resultado final del escrutinio, con un poco más de 10% de diferencia, la oposición denunció fraude y convocó a huelgas y bloqueos, pero nunca presentó casos concretos, por lo cual no hubo procesos judiciales.

Otro error que un demócrata no debe cometer fue el haber admitido que la Organización de Estados Americanos se convirtiera en dictaminador electoral con resolución vinculante. El informe que presentó la comisión de la OEA se basó en 300 casillas electorales seleccionadas, y unas cuantas consideraciones de carácter más bien político. Por su lado, los golpistas habían desconocido de antemano ese dictamen porque ya estaban demandando el retiro de Evo Morales y del vicepresidente García Linera, para tratar de imponer de esa forma a un nuevo mandatario, es decir, el golpe directo, con o sin OEA.

Bolivia se convirtió durante un par de días en un país sin guardias. Los opositores podían quemar lo que desearan porque la policía requería violencia como cobertura para pedir el retiro del presidente, por lo cual se «acuarteló» ella misma, en realidad se amotinó. Luego, el Ejército (protagonista directo de muchos golpes de Estado en la historia de Bolivia), presentó el ultimátum al gobierno. Evo Morales no tenía muchas opciones.

Los políticos golpistas, de la mano de militares y policías, han impuesto a una presidenta absolutamente espuria (Jeanine Áñez) antes de que el Poder Legislativo hubiera admitido o negado la renuncia del presidente y del vicepresidente, en acatamiento del artículo 162 de la Constitución. Además, el orden sucesorio legal boliviano señala a la presidenta del Senado (Adriana Salvatierra). El golpe ha sido consumado y el orden constitucional no está vigente.

El gobierno de Evo Morales recobró riquezas naturales y elevó la producción; realizó muchas reformas sociales; redistribuyó el ingreso; cambió el sistema político; le dio voz, voto y poder a la mayoría indígena; implantó la independencia nacional; golpeó la corrupción. La economía boliviana es la que más crece en América Latina.

Sin embargo, con un solo error madre se puede perjudicar la obra magnífica de una revolución pacífica.

Ahora, el curso de Bolivia no es predecible. Durante las próximas semanas podrán sobrevenir acontecimientos capaces de provocar vuelcos en cualquier sentido. A partir de este momento ya no habrá estabilidad política, mientras que la economía, lógicamente, sufrirá problemas ya superados.

La izquierda y las organizaciones sociales tendrán que resistir con tanta fuerza como sea necesaria para que la vía electoral sea reimplantada. Lo que debería quedar absolutamente claro es que no hay solución política o algo semejante si no es a través del voto popular. En consecuencia, los destacamentos del progreso y la democracia no pueden darse el lujo de dividirse en lo más mínimo. De eso depende todo, o casi.

España sin gobierno

Las elecciones del próximo domingo 10 de noviembre han sido convocadas debido al hecho de que España carece de gobierno y sólo tiene un encargado. Pues bien, éste pide que se le otorgue la investidura si acaso su partido logra ser el más votado aunque no consiga coligar una mayoría parlamentaria.

Se trata de un imposible porque no se puede cambiar una Constitución el día antes de la elección para complacer la exigencia de uno de los contendientes. Además, esa propuesta es contradictoria porque Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), no hubiera podido llegar al gobierno cuando el Congreso de los Diputados despachó a Mariano Rajoy luego de una sentencia judicial que comprometía directamente al Partido Popular (el cual era el más votado de la Legislatura) en hechos de corrupción.

El líder de PSOE quiere gobernar en solitario con un 27%, que es lo que probablemente obtendría según encuestas, convertido, con la magia del sistema electoral español, en 121 escaños de un total de 350, casi el 35%. No obstante, Pedro Sánchez quiere llevarse todos los sillones del gobierno, es decir, la totalidad de los ministerios. Esa no es una actitud democrática.

El PSOE considera que las nuevas elecciones de diputados se hicieron necesarias porque las derechas (Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) no estuvieron dispuestas a abstenerse en una segunda vuelta de investidura en el Congreso. ¿Por qué tendrían que haber estado en condición de hacerlo si la abstención en esa tesitura equivale a un apoyo?

El reproche que Sánchez le hace a sus rivales de la derecha contiene veneno de víbora, ya que implica que la única solución era y ha de ser un acuerdo de gobernabilidad entre una parte de la izquierda, sólo la suya, y el Partido Popular que fue removido mediante un mecanismo de unidad de las izquierdas, la misma que ahora le parece imposible al candidato del PSOE.

El cuasi empate político entre izquierdas y derechas en la actual España es ya un inmenso problema como para que las cosas se hagan más intrincadas con el sectarismo del líder del PSOE, dispuesto casi a todo con tal de no admitir un gobierno de coalición con Unidas Podemos (UP), que pudiera contar con el apoyo de algunos grupos pequeños, indispensables para obtener los 176 votos en primera vuelta o contar en la segunda con más apoyos que rechazos.

Lo que Sánchez podría buscar es un acuerdo con la derecha liberal, Ciudadanos (14 escaños), pero eso hubiera sido antes, cuando este último obtuvo en abril 42 asientos. Pero la caída de Ciudadanos ya le complicó el panorama al PSOE. Se debería reconocer que, con las nuevas elecciones, los únicos partidos que según encuestas están sumando son el PP y la ultraderecha Vox. Esta ha sido obra exclusiva de la dirigencia del Partido Socialista al bloquearse a sí mismo y tener que llamar a nuevas elecciones.

Los comicios españoles del 10 de noviembre nunca debieron ser convocados. Pedro Sánchez estaba obligado a brindar un gobierno al país en lugar de ir a una aventura que arrojaría la misma situación política, en el menos peor de los escenarios posibles.

España no puede tener gobierno porque el viejo partido socialista se mantiene en su pretensión exclusivista de que es la única y verdadera izquierda, cosa que jamás fue así y menos ahora.

Mas ese sectarismo es una forma de impedir obstrucciones procedentes de la izquierda dentro del Congreso y en el gobierno para de tal forma poder negociar a gusto con las derechas. Sin embargo, tal resultado que busca Sánchez es igual de antidemocrático que la idea de quedarse con todas las sillas del Consejo de Ministros teniendo sólo la cuarta parte de los votos ciudadanos.

La gente en casi toda España va a ir a votar entre la izquierda y la derecha, escogiendo dentro de esos dos grandes bandos a un partido en especial. Por ello, un gobierno monocolor de izquierda capaz de entenderse libremente con la derecha no corresponde al esquema político prevaleciente en el país, con excepción de Cataluña donde existe una situación particular.

Con la abstención de UP y Cs, más la de unos 30 diputados de los partidos menores,  en una segunda vuelta, las derechas PP-Vox bloquearían la investidura con sus 137 votos, contra los 121 del PSOE.

Así que los socialistas tendrían que sumar a 35 de Unidas Podemos y Más País,  y 20 de otros partidos para lograr una mayoría de 176 votos en la primera vuelta. Pero si todo es a fuerza, sólo bajo la amenaza de tener de nuevo que convocar convocar a elecciones, el nuevo gobierno no podría sostenerse más que por decreto, precariamente, o ceder en todo ante la derecha. No parece, sin embargo, que esa sea la idea de la mayoría absoluta de los electores de España.

Financiamiento público de partidos

El subsidio que entrega el Estado mexicano a los partidos es elevado porque, cuando se implantó, el PRI recibía demasiados millones procedentes de la administración pública. Para sustituir al menos una parte importante del gasto del entonces partido oficial, era necesario que el financiamiento público fuera alto.

El subsidio, sin embargo, nunca alcanzó a cubrir la mayor parte del gasto priista. En el año 2000, Ernesto Zedillo trasladó a Francisco Labastida, su candidato, mil millones de pesos desde Pemex, a través del sindicato. Pero de seguro hubieron más desvíos de fondos públicos que aún no se conocen.

El PRI se convirtió en un devorador de fondos públicos porque todo lo tenía que comprar. Nadie en ese partido brindaba trabajos militantes mientras que se compraban millones de votos con dinero en efectivo.

El financiamiento público de los partidos suele ser un sistema para evitar que aquellos sean comprados por los capitalistas. En México ha tenido otras características porque los dueños del dinero no han buscado adquirir partidos sino políticos y no lo han hecho, preferentemente, con dinero para campañas sino mediante el amplio sistema de la corrupción. El mayor mecanismo conocido de cooperación directa de empresarios fue el realizado a través de Amigos de Fox, justamente el mismo año del Pemexgate. Quien ganó la elección del año 2000 (PAN) violó la ley como también lo hizo el segundo lugar (PRI). El dinero ilegal cundió en la campaña electoral y marcó a los dos principales candidatos. Luego, Felipe Calderón recibió ayuda privada en propaganda radiodifundida (2006). Finalmente, Peña Nieto (2012) captó la mayor cooperación pública desde gobiernos locales, la cual no se ha contabilizado aún, además de las coberturas televisivas gratuitas mediante infomerciales.

El financiamiento público de los partidos fue una cobertura parcial de los gastos del PRI y ayudó, por otra parte, a los partidos de oposición a estar presentes en las campañas con mucha propaganda, aunque probablemente algo inservible.

En realidad lo que más propició la competencia fue el otorgamiento a los partidos de tiempos oficiales de radio y televisión, lo cual empezó desde 1979. Cuando se reformó la Constitución para impedir la propaganda política pagada, se dio un salto mayor en materia de la concurrencia política en las elecciones. Este fue uno de los resultados del movimiento postelectoral de López Obrador en el año 2006.

La Estafa Maestra fue un mecanismo de financiamiento de campañas electorales priistas, pero el dinero público no fluía hacia el partido sino directamente hacia los candidatos y candidatas priistas. Tenían la experiencia del Pemexgate y superaron todo lo anterior.

Ahora se discute en San Lázaro la propuesta de Morena para disminuir en un 50% el financiamiento público monetario de los partidos. Podría pensarse que es contradictorio que el partido con mayor caudal electoral y, por tanto, con mayor subsidio, sea el que proponga una rebaja sustancial. Sin embargo, esto se debe a que la existencia en México de una enorme corriente popular a favor de disminuir el gasto electoral coincide con la sensible disminución de la compra de votos. Como se sabe, los sufragios no se compran con dinero privado sino con el público, ya sea de procedencia legal o ilegal, pero este último no procede del bolsillo de los candidatos o patrocinadores sino también del erario. Así funciona.

La reducción del financiamiento público que se ha propuesto no abarca la rebaja en el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión ni la autorización de la compra de spots. Así que, al disminuirse el dinero entregado a los partidos, éstos podrían seguir haciendo su propaganda radiodifundida, quizá buscando superar los brevísimos mensajes y sustituirlos por emisiones algo mayores que permitan exponer puntos programáticos.

Mas, si no es posible comprar spots en radio y televisión, sí lo es reproducir mensajes pagados en internet, lo cual ya se puede hacer bajo fiscalización de gastos de campaña.

La rebaja del financiamiento público de los partidos podría generar una tendencia hacia la disminución de las burocracias partidistas que son parasitarias y abrir cauces para el fomento del trabajo militante. Quizá.

El partido que recién triunfó en la contienda por la Presidencia y el Congreso era el que tenía menor financiamiento público. Esto no podría ser norma, pero dice algo al respecto.

Culiacán por doquier

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador había anunciado una nueva política frente a la crisis de violencia delincuencial que vive México. Eso ocurrió desde que el ahora presidente era candidato.

Sin embargo, cuando se produjo el incidente de Culiacán el jueves 17 de octubre, la oposición actuó como si el país viviera bajo el gobierno de Felipe Calderón o en la guerra continuada de Enrique Peña Nieto. Para los diputados opositores el escándalo había consistido en el repliegue del operativo para detener a uno de los hijos del Chapo Guzmán y no en el despliegue del cártel de Sinaloa en todo un sector de la ciudad.

La conducta del gobierno fue comprendiéndose poco a poco, en tanto que se asimilaba la alternativa imperante en el momento del repliegue, así como el costo que hubiera sido necesario pagar con el enfrentamiento armado.

La política de López Obrador no consiste en la búsqueda del choque armado que, como ya se ha demostrado, genera más violencia y mayores daños humanos.

La nueva conducta del gobierno parte de analizar la crisis delincuencial en su complejidad social y política. Ante el colapso de la estrategia neoliberal empobrecedora y estratificadora, así como ante la crisis del Estado corrupto, entendido éste como sistema de gobierno, el fenómeno de proliferación de cárteles y de lucha entre los mismos reclama intentar aislar esa delincuencia a través de una nueva política social, un combate a la corrupción, un nuevo esquema de seguridad pública y procuración de justicia, así como una nueva actitud frente a las drogas.

La decisión del gabinete de seguridad en el sentido de ordenar el repliegue, posteriormente apoyada por el presidente, fue del todo congruente con esa nueva pauta que se tiene frente a un fenómeno que no se va a eliminar con la sola detención violenta de un capo ni con puros enfrentamientos armados.

El incidente de Culiacán no es algo aislado aunque éste haya sido especialmente grave y escandaloso. No es verdad que vaya a haber un antes y un después del 17 de octubre, ni que sea nueva la falta de control gubernamental del territorio ante la profundidad de la delincuencia armada. Lo nuevo ha sido la actitud asumida por el gobierno, su capacidad de repliegue para evitar una confrontación violenta que quizás hubiera llevado a muchas muertes, tanto de agentes del gobierno y delincuentes como de personas ajenas.

Culiacán está por doquier en alguna medida. La crisis de violencia delincuencial es profunda y extendida. Todos los días ocurren enfrentamientos, ya sea con la fuerza pública o entre los mismos cárteles o pandillas que tienen sus guerras particulares, todo lo cual conlleva daños contra la población en general.

Se ha llegado a decir que la ley debe aplicarse aun frente al inminente peligro de violencia y graves daños que se puedan generar. Este planteamiento es cuestionable de por sí aunque no sea extraño cuando lo formula la oposición política. Pero resulta condenable cuando procede, como ha sido el caso, del organismo nacional de defensa de los derechos humanos por boca de su presidente. Esta ha sido una vergüenza internacional.

Ni la elevación de penas ni la generalización de la prisión preventiva oficiosa, las cuales siguen de moda, deberían formar parte del nuevo esquema del gobierno para hacer frente a la crisis delincuencial de violencia. Así como se desechó la «guerra» contra los cárteles, se tiene que admitir a plenitud que la seguridad pública debe asentarse en reformas sociales y en una nueva política criminal.

El Culiacán que tenemos casi por doquier no será eliminado con el uso de las ametralladoras, aun cuando sean muchas veces necesarias, sino con una nueva construcción que acabe con el Estado que lo prohijó. Este camino es el que se ha abierto. No permitamos que se cierre.

Los sueldos de los jefes

Las remuneraciones de los altos jefes del Estado mexicano siempre iban en aumento. Cuando el Producto Interno Bruto per cápita se reducía, el presidente de la República y toda su corte se aumentaban los sueldos. El número de salarios mínimos contenido en la percepción total del jefe del Ejecutivo iba siempre en incremento: llegó a estar entre los más elevados del mundo. Además, esa misma política se aplicaba en los estados.

En el primer presupuesto de egresos bajo el nuevo gobierno, correspondiente a 2019, se disminuyeron los sueldos de la llamada burocracia dorada. Pero la mayoría de las entidades federativas sigue ignorando la disposición constitucional de que nadie en el Estado mexicano puede ganar más que el presidente.

Por eso, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado una nueva reforma de la Carta Magna, cuyo principal objetivo es hacer valer el texto vigente. Sí, aunque parezca mentira, México es un país en el que para hacer valer la Constitución suele ser necesario adicionarla. Y, a veces, ni así.

El pleito de quienes ya eran jefes por su sueldo es encarnizado. Recursos de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y más de dos mil amparos se han interpuesto para tratar de impedir la sencilla aplicación del artículo 127 de la Constitución del país.

La Suprema Corte ha condenado al Congreso a escribir en la ley los «parámetros» con los cuales se deba determinar el sueldo del presidente de la República y demás jefes. El Poder Legislativo cumplirá con ese requerimiento, pero el pleito no va a resolverse. Seguirá porque los «parámetros» no les van a gustar a algunos funcionarios que han gozado de elevadísimos salarios.

La idea de que los jefes deben ganar como si fueran gerentes de una trasnacional en expansión está anclada al patrimonialismo sobre el erario. En México, el Estado corrupto enseñó a los jefes que la recompensa tiene que abarcar el uso holgado y beneficioso del presupuesto.

La corrupción no consiste sólo en robar, defraudar, desviar, concesionar, regalar, malversar, dilapidar, etc., sino también en la asignación de sueldos y gastos excesivos, siempre de manera arbitraria o caprichosa.

Se ha estado exigiendo a la Cámara de Diputados que diga los criterios que tuvo para fijar el sueldo del actual presidente de la República con menos de la mitad de lo que ganaba su antecesor. El asunto es de respuesta sencilla con sólo trazar la ascendente curva de los aumentos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para no ir más atrás. México no puede pagar al presidente y miembros del gobierno como si estuviéramos en Alemania porque los salarios mexicanos son de los más bajos del mundo.

El sueldo de Andrés Manuel López Obrador no aumentará por más brincos que se observen en poderes, organismos autónomos y gobiernos locales. La Cámara de Diputados es la única instancia que puede fijar las remuneraciones en la Federación. Así ha sido desde 1857 y no tiene por que cambiar.

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) proponen ganar al año un millón de pesos más que el presidente de la República. Como es lógico, la Cámara de Diputados no les concederá ese sueldo, sino que fijará sus remuneraciones en términos consistentes con el marco constitucional y legal del país.

En la nueva temporada presupuestal quedará claro por segunda vez que eso de respetar la Constitución va en serio. Se va a acatar el artículo 127 sobre remuneraciones y también el 75. Este último señala a la representación nacional elegida por el pueblo como la autoridad que fija los sueldos de servidores públicos cuyos empleos están establecidos en las leyes. Las remuneraciones de esos funcionarios es, antes que otra cosa, una cuestión política (incumbe y afecta a todos), por lo que debe dirimirse en el terreno de la democracia.

Impuestos condonados

La Cámara de Diputados ha enviado al Senado un proyecto de reforma constitucional, iniciado por el Ejecutivo, para prohibir la condonación de impuestos. Las oposiciones dicen que están de acuerdo, pero no tanto y buscan enredar el texto.

Esas condonaciones siempre han sido indebidas porque no están autorizadas en la Constitución. El Ejecutivo carece de facultades expresas para perdonar adeudos fiscales.

Se sabe que las condonaciones han sido una característica del sistema impositivo mexicano desde hace muchos años. Centenares de miles de millones se dispensaron sólo en los últimos dos sexenios mediante autorizaciones legales difusas aprobadas por el Congreso y aplicadas muy concretamente por los sucesivos gobiernos.

La condonación se aplica sobre adeudos, es decir, impuestos ya generados pero todavía no pagados. Es un perdón de pago que en los hechos produce una transferencia de recursos públicos al causante incumplido.

Ahora se está diciendo en el Senado que hay que prever excepciones en el mismo texto constitucional, tales como condonar impuestos en casos de catástrofes naturales o a favor de «grupos vulnerables». Pero eso sería una forma de justificar de alguna manera lo que antes se hizo.

Para auxiliar en casos de catástrofes naturales o ante cualquiera otra situación de emergencia económica en alguna región o actividad se pueden conceder estímulos fiscales a del momento de la crisis, pero la condonación no es sobre los impuestos en curso sino sobre los adeudos.

Para ponerlo de otra manera: llega un huracán devastador y el gobierno perdona los adeudos fiscales, de tal forma que sólo gana el que debe, el incumplido, mientras quien está al corriente en el pago de sus impuestos sigue igual. ¿Qué clase de propuesta es esa?

Lo de las catástrofes viene a ser un nuevo cuento para mantener las condonaciones que siempre fueron actos de gobierno sin justificación.

La flexibilidad fiscal no debe incluir la condonación porque la inmensa mayoría de los causantes, empezando por los asalariados, jamás podrán ser beneficiados. Condonar es nulificar un adeudo que puede tener años. Es una amnistía fiscal para unos pocos contribuyentes, los incumplidos.

El texto aprobado en la Cámara de Diputados es escueto porque de otra manera se podría caer otra vez en lo que ya vivimos. El PRI había propuesto un enredado mecanismo para que el presidente de la República pudiera condonar en ciertas situaciones, a juicio de él mismo, bajo condición de que fuera «transparente», es decir, que se hiciera lo que nunca realizaron los priistas y panistas en el gobierno. Ese fue un intento de justificar las negras condonaciones del sexenio pasado, las cuales, con su parcial publicación, han provocado indignación en la ciudadanía, excepto, claro, en los líderes políticos de los partidos condonantes.

El secreto fiscal no aplica para los contribuyentes cautivos, pues sus enteros al fisco los hace el patrón, es decir, los conoce una persona diferente del trabajador. La secrecía es para quienes hacen declaraciones fiscales, los mismos que pueden recibir condonaciones, además de montones de estímulos, desgravaciones, perdones de multas y otras muchas prestaciones que abultan la lista de gastos fiscales. Lo peor es que al recibir esas oscuras recompensas se obtienen amparos de jueces que dicen proteger un secreto que en realidad es de clase, ya que no es de todos y para todos, sino que es usado para ocultar abusos de unos cuantos que esquilman las finanzas públicas.

La prohibición de las condonaciones fiscales en el artículo 28 de la Constitución debe ser sencilla, directa, efectiva y sin enredos, tal como se aprobó en la Cámara de Diputados.

La definición de Morena sobre su futuro

A ningún partido mexicano le ha ido bien en sus elecciones directas: casi todas han sido cuestionadas. Antes, ese método electivo no existía, pero los partidos eran otros. Los de ahora no aciertan a definir el mejor sistema electoral interno, quizá porque ese no existe.

Morena vive un proceso de elecciones internas y no parece haber una solución sencilla. El debate se había ubicado en el padrón de afiliados, el cual es una repetición de lo ocurrido en otros partidos en los últimos 30 años. Los inscritos pueden llegar a ser más de tres millones. Algunos preguntan ¿de dónde salieron todos esos?

El PRD llegó a tener una afiliación de 7 millones que ni en sueños se convirtieron en votos. Ese partido tenía (y tiene) en su peor momento muchos más miembros que sufragios. El PAN quintuplicó el número de sus afiliados tan luego que llegó al gobierno y después tuvo que depurar su padrón para dejarlo parecido a como era antes, al cabo de lo cual la disputa por la legitimidad del listado de afiliados no termina. El PRI jamás conoció de cierto su propio tamaño orgánico porque lo que le interesaba eran los votos y su capacidad de comprarlos, es decir, la población a su alcance: aún ahora el tema del padrón de afiliados es central en todo torneo interno priista, al grado de motivar escisiones.

En cuanto a sus adhesiones, Morena no es el mismo partido antes que después de su triunfo electoral. Eso es del todo entendible. Pero ese problema no es suyo sino del país.

En México, hace mucho que los partidos no están compuestos principalmente por militantes. Los afiliados suelen ser personas más o menos necesitadas de una relación específica con el poder, ya sea municipal, local o federal. No es que sea inexistente la membresía de convicción política e ideológica, sino que ésa suele ser marginal frente a los millones que son incorporados con facilidad a través de otros mecanismos. Este fenómeno se podría denominar clientelismo orgánico, es decir que los «clientes» son incorporados a la estructura partidaria como afiliados con plenos derechos.

Los partidos son organizaciones que agrupan a personas con semejantes ideas e intereses. Bien, pero éstos solían ser generales antes que demasiado concretos. En México, lo que domina es el clientelismo: en sus diferentes grados, el poder es como un panal.

Morena no puede saber quienes son sus militantes y quienes sólo sus afiliados más o menos ocasionales. Por ello, se propone, hay que acudir a la población abierta para decidir el lío de su nueva dirigencia. Así lo entiende Andrés Manuel y algunos otros. Pero el espíritu de partido, en especial la lealtad, decisión y esfuerzo de sus fundadores aconsejaría lo contrario, es decir, radicar la determinación electoral sólo en aquellos afiliados que iniciaron lo que se convirtió en una gran proeza nacional.

Sin embargo, Morena ha sido más un movimiento electoral que un partido organizado de militantes. Esa es una realidad, la cual tampoco podría ser alterada de un día para otro.

La propuesta de Andrés Manuel tiene dos lados: la encuesta como método decisorio (nada extraño en la historia reciente de la izquierda mexicana) y la concurrencia abierta al proceso, es decir, la admisión como candidatos de personas adheridas a Morena en cualquier momento. No es nada fácil.

El asunto no se resuelve con restringir o dilatar el listado de electores, aunque esa decisión debe tomarse con entera claridad, transparencia y convicción. El problema de fondo va a seguir siendo el de la naturaleza del partido que se precisa construir.

Lo que ya se demostró es que en el México de la segunda década del siglo XXI funcionó de maravilla un movimiento electoral abierto, como también lo fue de alguna manera el PRD en sus inicios. La cuestión es si, una vez que triunfó, Morena puede seguir en esa ruta con el mismo esquema orgánico. En realidad, esa pregunta es la que debería responder la próxima dirección, sean quienes fueren sus integrantes.

La noche de Iguala: los culpables

Los muertos, desaparecidos y lesionados del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, tienen culpables directos e indirectos. Así, también, hay responsables políticos de ese crimen como producto de un Estado sometido a la delincuencia armada. Y existen culpables de las torturas contra los detenidos, la inobservancia de la ley y la falta de probidad de aquellas autoridades que, sucesivamente, tomaron el caso.

El problema no sólo consiste en la versión del Ministerio Público sobre que los cuerpos de los estudiantes fueron arrojados e incinerados en el basurero de Cocula, a pesar de no haberse encontrado restos humanos. El mayor problema es que esa versión dio por cerrada virtualmente la investigación ministerial. Es hasta hace poco, con el nuevo fiscal general, que se intenta seguir con las indagatorias.

Son muchos los inculpados por desaparición, homicidio y lesiones, pero sus testimonios ante fiscales locales y federales no han servido para responder la pregunta de porqué la policía de Iguala se lanzó en tres ocasiones sucesivas contra los mismos autobuses en los que viajaban los estudiantes de Ayotzinapa y no se les permitió salir de la ciudad, llegar hasta la carretera, cuando ya se encontraban a una cuadra de distancia. Tampoco se conoce orden de autoridad emitida para ese propósito, a pesar de que muchos jóvenes detenidos fueron conducidos a la comisaría.  Es aún más oscura la narrativa sobre la actitud tomada por el gobierno de Guerrero, incluyendo los cuerpos locales de seguridad, la Policía Federal y los efectivos militares que cuentan en Iguala con un regimiento. Todos los estratos de autoridad existentes en México estaban presentes aquella noche en Iguala.

La «verdad histórica» de Murillo Karam ha sido presentada por su propio autor como una de las más grandes investigaciones criminales de la historia de México. Sin embargo, no da respuesta a ningún asunto principal de la tragedia, entre otros, la definición de qué ocurrió exactamente y dónde se encuentran los 43 normalistas. Se habla de un basurero y sólo se exhiben restos de dos jóvenes.

Una tragedia como la de Iguala requiere una explicación amplia de los hechos en sí, como de sus motivos y propósitos. Además, es preciso ahondar en las causas y modos de esa forma de ser del aparato de seguridad y justicia, la cual consiste en que para investigar delitos se comenten delitos.

Después de cinco años existen más dudas que certezas, más versiones improvisadas que pruebas, más impunidades de delincuentes y autoridades. Es por esto que todo debe cambiar en este tema tan emblemático. El país tiene derecho a recibir un relato completo y fundamentado de la noche de Iguala. Al tiempo, los funcionarios responsables por acción u omisión, los que ocultaron evidencias o simples datos, los torturadores, los cómplices, los mentirosos deben ser convocados a rendir cuentas.

Pero hay que ir más lejos. Es preciso abordar el tema de la crisis estatal-criminal de México, la cual no se ha empezado a superar a pesar del radical cambio de gobierno. La imbricación del Estado con la delincuencia organizada permitió un inusitado aumento de las bandas y su ramificación hacia otras actividades delictivas, en especial la extorsión, que se ha convertido probablemente en el delito más frecuente de dicha delincuencia.

Desarticular la extorsión no puede ser obra de la flamante Guardia Nacional, al menos de momento, porque ésta no cuenta con un aparato de investigación a profundidad, es decir, en las calles, sino sólo tiene fuerza armada disuasiva y persecutoria. El Ministerio Público –32 locales y uno federal– tampoco podría contrarrestar la extorsión con los escasos instrumentos con los que ahora cuenta. Se requiere montar una nueva organización de investigaciones criminales, sin importar a qué institución se le asigne.

Ahora mismo, para averiguar de nuevo la noche de Iguala, se requiere de esa estructura.