Archivo del Autor: Pablo Gómez

Acerca de Pablo Gómez

Economista (UNAM). Militante político (Morena)

Pablo Gómez: “Lo que queremos de Claudia Sheinbaum es una reforma económica, política y sindical”

El titular de la UIF e integrante del oficialismo espera del nuevo Gobierno enmiendas profundas en todos los ámbitos, incluidos los “sindicatos dominados por mafias”

Entrevista de Elia Castillo publicada en el periódico El País el  20 de octubre de 2024

El triunfo arrollador de Claudia Sheinbaum en las urnas que la ha llevado a ocupar la silla presidencial es apenas la punta de iceberg en la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad. A esta guerra aún le queda un buen tramo de batallas por enfrentar, sostiene Pablo Gómez (Ciudad de México, 77 años), referente de la izquierda en México, activista durante el álgido movimiento estudiantil de 1968 y funcionario federal. El político mexicano, integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), espera de la presidenta Claudia Sheinbaum una profunda reforma democrática, económica, política y sindical lo que implica un buen puñado de enmiendas constitucionales y legales en todos los sectores. “Tenemos que extender la democracia en todos los aspectos de la vida del país, una reforma económica que finalmente resuelva el problema de inmensa desigualdad”, apunta.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Hacienda pública y precursor de la izquierda mexicana hace una pausa en sus funciones para la entrevista vía remota con EL PAÍS. Gómez reflexiona sobre lo que ha tenido que pasar para que el país sea dirigido por una presidenta y lo mucho que queda por hacer. “Es necesario que las mujeres tomen no solamente la palabra, el poder de decisión es lo importante”, dice el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Hacienda pública.

Las voces que hablan de una sombra patriarcal sobre la nueva Administración del Estado mexicano son cuestionadas por Gómez quien sostiene que “Claudia [Sheinbaum] no es el clon femenino de Andrés Manuel López Obrador”, estas apreciaciones irritan al funcionario. “Es una visión machista”, lanza con la misma fuerza que sostiene que una mujer por sí misma no es garantía de buen Gobierno. Para el líder de la izquierda mexicana, dirigente del Partido Socialista Unificado de México (1982) y del Partido de la Revolución Democrática (1999), los triunfos y el avance de las mujeres en el ámbito político son relativamente fáciles respecto a los cambios que se deben realizar en todos los sectores de una sociedad culturalmente machista.

Pregunta. ¿Qué significa la llegada de una mujer a la presidencia?

Respuesta. El hecho es que es la primera vez que una mujer gobierna el país, es todo un acontecimiento pero hay que ver qué fue lo que lo produjo, cuál es el tracto sucesivo. Por un lado la izquierda ya había llegado al Gobierno por primera vez, desde 1940 probablemente. Además que el movimiento en favor de los derechos, la libertad y la participación de las mujeres en pie de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en México, sino en el mundo, está en un estadio bastante elevado como no se había visto antes. Para que haya mayores cambios en la lucha por la igualdad sustantiva es necesario que las mujeres tomen no solamente la palabra, el poder de decisión es lo importante. El poder político no es el lugar de llegada, puede ser un instrumento gigantesco para poder continuar pero para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres se tiene que ir a todos los ámbitos de la sociedad, para resumir todo, en el hogar.

P. ¿Qué ha tenido que pasar para que una mujer gobierne un país culturalmente machista?

R. El machismo mexicano no es considerablemente mayor que el que existe en otros países. No hay que centrar todo en eso, pero sí es muy alto, es algo que tiene un raigambre bastante fuerte. Se juntaron dos cosas: la lucha por la participación de las mujeres, las acciones afirmativas, la denuncia, la lucha contra los feminicidios; el que fuera conformando toda una plataforma de igualdad sustantiva de relevancia en la parte politica. Es más difícil reformar la desigualdad en el hogar, en la fábrica. La desigualdad en otros ámbitos es mucho más difícil de remover súbitamente. En el plano político es más rápido llevar a cabo cierto tipo de cambios. Las acciones afirmativas fueron una palanca, no lo son todo y sin embargo aquí fueron un instrumento muy grande, llevaron a la paridad y metidos ahí hay poca escapatoria para los que defienden los escenarios masculinos. El hecho de qué tengamos una presidenta de la República no quiere decir que el asunto está resuelto, estamos lejos todavía, hay que hacer muchísimas transformaciones.

P. ¿Qué transformaciones?

R. Laeducación tiene que tomar un papel muy importante. Tenemos todavía una educación muy cargada del lado del espacio y de las reglas masculinas. México tiene una escuela antidemocrática, no se ha producido una revolución para igualar la concurrencia de hombres y mujeres; no de competencia sino de concurrencia simultánea en los procesos. Hay otros ámbitos, México es un país de una precaria vida sindical, la inmensa mayoría de los sindicatos no son democráticos, están dominados por mafias, es la herencia del viejo régimen. Se han hecho esfuerzos pero estamos todavía en pañales. El desarrollo va a tener que ir acompañado de una desmasculinización de los liderazgos sindicales en el país. Igualdad entre unos y otros, no se trata de una nueva discriminación contra los hombres. En los ámbitos educativo y sindical es necesario hacer una gran transformación. Se ha logrado algo muy importante, empezó con las acciones afirmativas en materia política y terminó con una presidenta mujer.

P. ¿Cuál es el reto para la presidenta?

R. Acompañar los procesos de democratización y de transformación de la vida social. La educación, la vida sindical, la laboral, en las fábricas, en los lugares de trabajo, en las oficinas, en los ejidos, en las comunidades indígenas. Digan lo que digan, el dominio masculino sigue siendo amplísimamente predominante. Se tiene que expresar a través de reformas democráticas. Porque en este momento la democracia política formal, el sistema competencial que tenemos entre partidos es completamente insuficiente para dar la pauta a una sucesiva transformación. No son en sí mismos temas exclusivamente de la igualdad sustantiva, México no es un país democrático, como España tampoco lo es, por más que digan que sí lo es. El plano de la competencia política y de la participación de las mujeres en el poder debe verse como algo inicial.

P. ¿Qué espera del Gobierno de Claudia Sheinbaum?

R. No podría responder esa pregunta en términos personales. Lo que queremos es una profunda reforma democrática, económica y política. En México hay un poder nuevo, el resto del mundo todavía no se da cuenta de eso. Ya no vivimos en la época de las revoluciones, estamos viviendo una época de cambios radicales en el mundo por la vía competencial. Tenemos que extender la democracia en todos los aspectos de la vida del país, construir una reforma económica que finalmente resuelva el problema de la inmensa desigualdad. Somos partidarios de una democracia participativa. La consulta popular, la capacidad del pueblo para legislar, para decidir, para revocar mandatos, como dice Andrés Manuel [López Obrador], el pueblo pone y el pueblo quita. Lograr una mayoría política del tamaño de la que hoy tenemos en México es algo digno no sólo de ser reconocido, es digno de ser estudiado, la experiencia mexicana es digna de ser estudiada. El Estado corrupto no es cosa de darle una patada a una pelota de fútbol, lo sacas del campo y se acabó, no. Es bastante complicado, hay que continuar, Claudia lo tiene muy claro.

P. Hay quienes consideran que es necesario que Sheinbaum borre la sombra del patriarca que representa López Obrador ¿Cuál es su opinión?

R. ¿Para qué queremos borrarlo? Llegamos al Gobierno queriendo borrar el Estado corrupto, la antidemocracia, la represión, el uso de la fuerza pública para aplastar a las movilizaciones populares, la miseria, el atraso, eso es lo que queremos borrar. Hay que borrar realidades, estructuras, explotación, inequidad, injusticia. Borrar un Poder Judicial corrupto hasta el tuétano. Eso es lo que hay que borrar, no vamos a borrar la sombra de López Obrador si fue quien encabezó el momento del quiebre. Sería absurdo. Harakiris no, por favor. No vamos a decir, ya nos arrepentimos, ahora vamos a ser muy nice. Carita bonita [decirles] a ver, oligarcas, síganle, perdónennos, perdonen nuestros excesos. No ha habido ningún exceso, además, si lo hubiera habido pues ya ni modo. A nadie hemos reprimido.

P. ¿Es necesario un punto y aparte entre los dos Gobiernos, una propia personalidad política?

R. Claudia tiene su propia personalidad política. ¿Qué quieren que diga? La reforma del Poder Judicial ya no pudo ser, ya nos arrepentimos, nos echamos para atrás. ¡No manchen! Ese no es un punto y aparte. Evidentemente que con Claudia las cosas son a su propio estilo y no necesita estar demostrando que hace las cosas como ella considera. No tiene que estar haciendo contrapuntos con Andrés Manuel. ¡A ver! Claudia no es el clon femenino de Andrés Manuel, esa es una visión machista. ¡Por favor tranquilícense!

P. ¿Qué sigue después de este capítulo inédito en la política, de este salto en la igualdad sustantiva?

R. La reforma del Poder Judicial, van a venir una serie de reformas, se están produciendo rápidamente en el Congreso. Llegamos con una fuerza que nos permite aplicar el programa completo. Tenemos que echar adelante el programa que se planteó, estamos modificando la Constitución cada tercer día y vamos despacio. Aquí no se está improvisando nada, todo se dijo, todo se habló en la campaña electoral. Es más, el Gobierno presentó antes de las elecciones iniciativas de reformas constitucionales que hay que llevar a cabo, si no 100%, una que otra habría que modificarla para tratar de mantener la suficiente unidad dentro de la 4T. Pero fuera de eso, lo básico, lo esencial se va a llevar a cabo.

P. ¿Una mujer al mando es garantía de buen Gobierno?

R. No. Me acuerdo de Margaret Thatcher, una neoliberal que tocaba por nota. Fue maestra de varios neoliberales mexicanos, privatizadores. Carlos Salinas de Gortari, [Pedro] Aspe, todos los que hicieron las privatizaciones. Margaret Thatcher se puso a hacer privatizaciones y tomaron su técnica, nada más que le agregaron un fenómeno, un factor muy peculiar: la corrupción.

P. ¿Sheinbaum tiene que sumar a su mandato la presión por ser la primera mujer en la presidencia?

R. No creo que estas alturas vaya a ser relevante o problemático que Claudia sea presidenta. El país ya digirió que tiene a una mujer en el Ejecutivo, votada por una mayoría muy consistente.

Versión estenográfica de la intervención del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, sobre el caso Genaro García Luna, en la conferencia de prensa de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, realizada el 18 de octubre de 2024 en Palacio Nacional.

Buenos días, ciudadana presidenta; buenos días, compañeras, compañeros.

Vamos a hablar de la trama corrupta de García Luna. Durante el periodo de 2009 a 2018, la Policía Federal, el Cisen y el OADPRS, que es el organismo de prisiones, otorgaron 30 contratos.

García Luna, a través del tejido empresarial del Grupo Weinberg, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, obtuvo contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos, de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos con el siguiente detalle.

Como ustedes pueden ver, la empresa Nunvav Inc recibió pagos del organismo de prisiones OADPRS por 288 millones y medio.

Nunvav recibió del Cisen 44 millones de dólares y algo más, y 67 millones y pico de pesos.

Y de la Policía Federal, 14 millones 500 mil dólares.

Nunvav Technologies Inc, del Cisen, recibió 208.83 millones de dólares.

Y Nice Systems recibió de la Policía Federal 69 millones, 100 mil dólares.

Glac, que es una empresa que aparece como propiedad de García Luna y su esposa, recibió de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México aquí como contrato un reconocimiento de adeudo y le pagaron en algún momento 26 millones 666 mil 666 pesos mexicanos con 60 centavos.

Este cuadro se conformó gracias al apoyo que llevó a cabo la entonces secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, que está aquí presente; bueno, que estaba, se nos adelantó al trabajo.

De estos pagos, entre 2009 y 2018, la Policía Federal, Cisen, el OADPRS y la procuraduría (PGJCDMX), pagaron 625 millones y fracción de dólares y 93 millones de pesos al Grupo Weinberg a cuentas en México, Barbados e Israel.

Entre julio de 2013 a enero de 2020, Nunvav envió recursos a Estados Unidos por un total de 528 millones de pesos y 28 millones de dólares de manera directa.

Los pagos del cuadro de arriba fueron hechos por entidades gubernamentales y depositados en cuentas de Nunvav en el extranjero. Los de los cuadros de abajo fueron hechos por la empresa Nunvav, cobrados en cuentas mexicanas y enviados al extranjero posteriormente, como se puede ver en ese cuadro, en donde tenemos 28 millones y medio de dólares y 528 millones de pesos.

Quiero decir que las empresas Nunvav son constituidas en Panamá, no son empresas constituidas en el territorio mexicano, aunque operaron en México; nunca pagaron impuestos en México y tampoco, que se sepa, en algún otro país. Esta es una red internacional de lavado que complementa la red de defraudación al Estado mexicano.

Regresaron a México, de cuentas del Grupo Weinberg, 189 millones 801 mil 468 dólares a 109 beneficiarios; 82 empresas, entre 2012 y 2020, por un monto de 182 millones 543 mil 823 dólares; 27 personas físicas, entre 12 y 20, también en ese periodo, por siete millones punto 257 dólares. Un total de 189.80 millones de dólares que volvieron al país en la triangulación que estuvieron haciendo. O sea, les pagaba el Estado mexicano, sacaban el dinero al extranjero y una parte lo regresaban y lo entregaban a empresas que son pantalla, que son empresas de cartón, muchos de ellos han sido considerados de esa manera como factureros por el Sistema de Administración Tributaria; y algunas otras empresas existen, aunque no tienen un funcionamiento normal. También, hay 27 personas a las que físicamente se les hicieron pagos.

Ahora veamos un detalle. Como ya lo mencionó Rosa Icela, la secretaria de Gobernación, la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y fiscales de la Fiscalía General de la República integraron una carpeta de investigación contra Genaro García Luna y sus socios relacionada con la contratación en el organismo de prisiones, OADPRS contra 61 imputados, respecto a los cuales se obtuvo 61 órdenes de aprehensión, 12 de las cuales fueron cumplidas, 36 están vigentes, ocho personas fueron detenidas, ocho vinculadas, además, a proceso.

El Estado mexicano está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid, como posible responsable del tejido empresarial del Grupo Weinberg, que fue el que utilizó García Luna para poder conseguir los contratos, primero daba él los contratos a través de otros funcionarios que ya están sometidos a proceso y después que dejó de ser servidor público los conseguía, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, él operó transexenalmente.

Ahora, tenemos un proceso civil que va a culminar en un juicio en el estado de Florida, la demanda civil para la recuperación de activos presentada por el Gobierno de México en contra de Genaro García Luna y cómplices ante las cortes del condado de Miami Dade, en el estado norteamericano de Florida. Se reclaman más de 600 millones de dólares procedentes del Estado mexicano a través de operaciones realizadas por el tejido empresarial del Grupo Weinberg, dirigido por Genaro García Luna, mediante una red de corrupción y lavado de dinero internacional, en la cual participan siete personas físicas, cuatro empresas contratistas, 40 empresas norteamericanas, constituidas para adquirir, poseer bienes, diseminar recursos, recibir pagos y simular actividades.

Antes del juicio propiamente dicho, que se llevará a cabo próximamente, dentro del proceso civil le ha ORDENADO el juzgado ordenado entregarle al Gobierno de México dos millones 406 mil 427 dólares, producto de la venta de inmuebles y de un acuerdo reparatorio que se hizo como parte de este proceso. Además, un departamento valuado en 555 mil 800 dólares, que fue propiedad de García Luna, y que ya se entregó al Gobierno de México para su venta. Ya han sido aseguradas 15 propiedades adicionalmente pertenecientes a García Luna y sus cómplices.

Ahora, esto se adelantó, no hubo necesidad de concluir el juicio porque García Luna se negó a comparecer en el juicio personalmente, y su esposa también, y fueron declarados en rebeldía. Y entonces los bienes que estaban a su nombre, los que conocemos —puesto que ha sido una investigación que es muy complicada, pero tuvo algunos avances—, esos ya han estado siendo adjudicados al Gobierno de México y han sido regresados, y entregado el dinero, conforme se ha ido vendiendo los inmuebles, a la Tesorería de la Federación.

Muchas gracias.

Intervención del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, con motivo del movimiento de 1968, en la conferencia de prensa de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional, realizada el 2 de octubre de 2024.

Buenos días, ciudadana presidenta, ciudadana secretaria de Gobernación, Consejera Jurídica.

Es para mí un momento de mucha distinción que la Presidenta me haya encomendado dirigir, con motivo este homenaje al movimiento de 1968, algunas palabras en referencia con dicha gesta histórica.

El movimiento de los estudiantes del 68 no fue un movimiento de la Ciudad de México como algunos suponen; fue un movimiento nacional, en casi todo el país tuvo expresiones de distinto género. Este movimiento fue un movimiento por las libertades democráticas; por tanto, en contra del régimen de represión política que existía.

En los años anteriores, movimientos ferrocarrileros, movimientos del magisterio, los telefonistas, los telegrafistas, muchos otros movimientos fueron reprimidos violentamente por la fuerza pública y sus principales dirigentes fueron encarcelados, acusados de delito de disolución social; que no se sabía exactamente qué cosa era eso, pero lo aplicaban para reprimir, encarcelar a los luchadores. Fue un movimiento de la juventud intelectual de México, se levantó esta contra el estado de represión, reivindicando las libertades democráticas.

Nunca hubo conversaciones con el gobierno. El movimiento pedía diálogo público, porque la tradición de contubernios entre líderes de movimientos y los gobernantes, pues era muy fuerte, y para ventilar el asunto público, el asunto nacional, que era el de conquistar las libertades democráticas para todos, pues tenía que ser igualmente público.

Hay varias versiones que los enemigos del movimiento han construido; que se trató de una provocación, algunos llegaron a decir que había sido una provocación de la agencia de inteligencia de los Estados Unidos en contra del Gobierno de México, cosas tan extrañas como eso. Una conspiración internacional, dijeron, fraguada en La Habana con motivo de la Conferencia Latinoamericana de Solidaridad. Esto es lo que consta en la acusación del Ministerio Público en contra de los presos del 68, en la versión oficial del fiscal, de entonces del procurador, y el gobierno lo sostuvo.

Hay quien ha llegado a decir desde sedes de la más alta judicatura del país que el gobierno estaba convencido de la existencia de ese plan internacional y por esa razón reprimió. El gobierno no estaba convencido de ningún plan internacional, de ninguna conspiración, no sólo porque no existía, sino porque el gobierno era quien más información tenía procedente de todas partes, y había espías del gobierno por todas partes.

Otros han dicho que era una manipulación de políticos con vistas a una sucesión presidencial que vendría años después.

Los enemigos del 68 eran los que no son demócratas, los que se oponían al ejercicio de las libertades democráticas, los que consideraban que la libertad iba a llegar a una situación de ingobernabilidad y de anarquía en México.

Había y hay la idea de que las libertades democráticas y la democracia misma conduce a situaciones de desequilibrio social y de ingobernabilidad. Se ha demostrado desde entonces hasta ahora, y especialmente en los tiempos que estamos viviendo, que todo eso es una gran mentira en contra del ejercicio de las libertades democráticas y del sistema democrático.

La matanza fue ordenada, obviamente, por el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República. Él mismo lo ha reconocido y lo reconoció en su 5º informe de gobierno. Esto se ha discutido mucho; sin embargo, ¿quién más pudo haber ordenado algo como esto? Y si no hubiera habido la orden, no hubiera habido presencia militar aquella tarde en Tlatelolco ¿qué objeto tenía que no fuera la represión y la masacre?

El otro asunto es el de los procesos penales. Quienes fuimos acusados de la matanza, de los muertos, de los heridos, fuimos los presos políticos del 68. Las víctimas, parte de ellas, aparecían como victimarios de sus propios compañeros; de ese tamaño era la perversidad del poder político de entonces, de ese tamaño. El Poder Judicial a través de un tribunal nos sentenció a 16 años de prisión. Finalmente, se concedió por parte del Congreso una amnistía.

Y podríamos terminar diciendo: el movimiento estudiantil de 1968 ha sido en estos 56 años totalmente vigente, muchos recogieron el mensaje y el objetivo del movimiento, las libertades democráticas. Parte de quienes recogieron y han venido recogiendo desde entonces ese mensaje, esa práctica, esa rebeldía, esa lucha, es la Cuarta Transformación, es la fuerza política mayoritaria del país porque la 4T proviene en gran medida del mensaje, de la acción, de la práctica y de la continuidad del movimiento estudiantil de 1968, que estará no sólo como parte de la historia formal, sino también continuará en la memoria de las siguientes generaciones de mexicanas y mexicanos.

Muchas gracias.

Intervención del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, con motivo del movimiento de 1968, en la conferencia de prensa de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional, el 2 de octubre de 2024.

Buenos días, ciudadana presidenta, ciudadana secretaria de Gobernación, Consejera Jurídica.

Es para mí un momento de mucha distinción que la Presidenta me haya encomendado dirigir, con motivo este homenaje al movimiento de 1968, algunas palabras en referencia con dicha gesta histórica.

El movimiento de los estudiantes del 68 no fue un movimiento de la Ciudad de México como algunos suponen; fue un movimiento nacional, en casi todo el país tuvo expresiones de distinto género. Este movimiento fue un movimiento por las libertades democráticas; por tanto, en contra del régimen de represión política que existía.

En los años anteriores, movimientos ferrocarrileros, movimientos del magisterio, los telefonistas, los telegrafistas, muchos otros movimientos fueron reprimidos violentamente por la fuerza pública y sus principales dirigentes fueron encarcelados, acusados de delito de disolución social; que no se sabía exactamente qué cosa era eso, pero lo aplicaban para reprimir, encarcelar a los luchadores. Fue un movimiento de la juventud intelectual de México, se levantó esta contra el estado de represión, reivindicando las libertades democráticas.

Nunca hubo conversaciones con el gobierno. El movimiento pedía diálogo público, porque la tradición de contubernios entre líderes de movimientos y los gobernantes, pues era muy fuerte, y para ventilar el asunto público, el asunto nacional, que era el de conquistar las libertades democráticas para todos, pues tenía que ser igualmente público.

Hay varias versiones que los enemigos del movimiento han construido; que se trató de una provocación, algunos llegaron a decir que había sido una provocación de la agencia de inteligencia de los Estados Unidos en contra del Gobierno de México, cosas tan extrañas como eso. Una conspiración internacional, dijeron, fraguada en La Habana con motivo de la Conferencia Latinoamericana de Solidaridad. Esto es lo que consta en la acusación del Ministerio Público en contra de los presos del 68, en la versión oficial del fiscal, de entonces del procurador, y el gobierno lo sostuvo.

Hay quien ha llegado a decir desde sedes de la más alta judicatura del país que el gobierno estaba convencido de la existencia de ese plan internacional y por esa razón reprimió. El gobierno no estaba convencido de ningún plan internacional, de ninguna conspiración, no sólo porque no existía, sino porque el gobierno era quien más información tenía procedente de todas partes, y había espías del gobierno por todas partes.

Otros han dicho que era una manipulación de políticos con vistas a una sucesión presidencial que vendría años después.

Los enemigos del 68 eran los que no son demócratas, los que se oponían al ejercicio de las libertades democráticas, los que consideraban que la libertad iba a llegar a una situación de ingobernabilidad y de anarquía en México.

Había y hay la idea de que las libertades democráticas y la democracia misma conduce a situaciones de desequilibrio social y de ingobernabilidad. Se ha demostrado desde entonces hasta ahora, y especialmente en los tiempos que estamos viviendo, que todo eso es una gran mentira en contra del ejercicio de las libertades democráticas y del sistema democrático.

La matanza fue ordenada, obviamente, por el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República. Él mismo lo ha reconocido y lo reconoció en su 5º informe de gobierno. Esto se ha discutido mucho; sin embargo, ¿quién más pudo haber ordenado algo como esto? Y si no hubiera habido la orden, no hubiera habido presencia militar aquella tarde en Tlatelolco ¿qué objeto tenía que no fuera la represión y la masacre?

El otro asunto es el de los procesos penales. Quienes fuimos acusados de la matanza, de los muertos, de los heridos, fuimos los presos políticos del 68. Las víctimas, parte de ellas, aparecían como victimarios de sus propios compañeros; de ese tamaño era la perversidad del poder político de entonces, de ese tamaño. El Poder Judicial a través de un tribunal nos sentenció a 16 años de prisión. Finalmente, se concedió por parte del Congreso una amnistía.

Y podríamos terminar diciendo: el movimiento estudiantil de 1968 ha sido en estos 56 años totalmente vigente, muchos recogieron el mensaje y el objetivo del movimiento, las libertades democráticas. Parte de quienes recogieron y han venido recogiendo desde entonces ese mensaje, esa práctica, esa rebeldía, esa lucha, es la Cuarta Transformación, es la fuerza política mayoritaria del país porque la 4T proviene en gran medida del mensaje, de la acción, de la práctica y de la continuidad del movimiento estudiantil de 1968, que estará no sólo como parte de la historia formal, sino también continuará en la memoria de las siguientes generaciones de mexicanas y mexicanos.

Muchas gracias.

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Discurso de Pablo Gómez en el acto sobre la reforma de la Constitución de la Ciudad de México, el 2 de septiembre de 2024, bajo la presidencia de Martí Batres, jefe de gobierno.

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La propiedad originaria de la Nación sobre tierras y aguas no es sólo una declaración democrática, es decir, una reivindicación de poder soberano del pueblo sobre su territorio, sino que es al mismo tiempo un instrumento para reformar la sociedad, justo en los términos del mismo texto constitucional de 1917: “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.

Estos conceptos han sido introducidos como precisa referencia en la Constitución de la Ciudad de México, mas no se trata de un homenaje al contenido social de la revolución de 1910-1917, expresado en la carta de Querétaro, sino de la actualización de ese legado histórico.

Hoy, en el marco de una transformación largamente esperada, adquieren nueva fuerza esos referentes de cambio social que vienen de la historia contemporánea de nuestro país y que fueron obra de las clases populares. El cambio político en curso ha sido producto genuino de sucesivas luchas de trabajadores del campo y la ciudad, de mujeres, de jóvenes, a lo largo del siglo XX.

La lucha por la democracia política condujo a la victoria del 2018, cuando se logró el cambio del gobierno nacional y se abrió un capítulo nuevo. No ha sido este cambio una modificación en las posiciones de algunos grupos políticos, como ocurrió a principios del siglo actual, sino el desplazamiento del poder de una capa política representativa de la clase socialmente dominante que implantó una dominación oligárquica y le impuso al país el programa neoliberal que resultó un valladar del progreso y el mayor instrumento de postergación, a un alto costo, de cambios sociales que ya eran apremiantes.

Como hija del proceso de lucha democrática de finales del pasado siglo, que claramente se ha reimpulsado, la transformación en curso está haciendo el recuento programático de su propio origen. Un punto relevante ha sido congelar y revertir en ciertas ramas el programa neoliberal de privatizaciones que, por cierto, como todo programa de los tiempos priistas y prianistas, llevaba el sello de la corrupción. El impulso de las industrias de energía no sólo ha sido una recuperación de riqueza pública sino la búsqueda de la independencia nacional en la materia. El viejo texto del artículo 27 constitucional ha sido desempolvado en los últimos años y eso ha ayudado, pero, como hemos visto, las resistencias de los conservadores han sido rabiosas. Ahora buscamos revertir los giros entreguistas de la llamada reforma constitucional energética votada por la alianza del PRI y el PAN, cuya entonces mayoría calificada en el Congreso nunca fue reprobada por la gran prensa, las organizaciones patronales ni las derechas neoliberales de México y del mundo. Al revés, dicha mayoría era enaltecida como expresión de “estabilidad política”, aunque en realidad era instrumento de reformas reaccionarias.

Cuando la izquierda busca lograr una mayoría suficiente para revertir lo que antes se hizo con soltura desde la derecha, se le acusa de antidemocrática e, incluso, de ilegal. Pero el pueblo sabe que la ley electoral de hoy es la misma que la de entonces, cuando los neoliberales estaban rematando la capacidad de generación eléctrica y los campos petroleros, condenando al país a depender de los mercados controlados por las trasnacionales.

En estos años de transformación casi todo ha sido un conflicto. Eso ya se esperaba. Lo que está presente es la disputa sobre quiénes han de tomar las decisiones. Eso se llama desde hace milenios la lucha por el poder. Sin embargo, un gran aporte de la nueva situación política de México y de la nueva forma de gobernar es que esa lucha por el poder no sólo se ha transparentado, sino que, además, se han hecho evidentes los verdaderos motivos de cada segmento involucrado.

No ha sido sencillo ejercer un gobierno transformador siendo obstaculizado de manera sistemática por la mayoría de quienes integran el Poder Judicial. Cuando se está en la lucha política, a veces se olvida que no sólo hay gobierno y legislatura, sino que también hay jueces, quienes no pueden hacer reformas sociales y económicas, pero pueden en cambio obstaculizarlas y que muchos han sido llevados a la judicatura justo para proteger el estatus quo, incluyendo el viejo Estado corrupto.

México tuvo uno de los sistemas judiciales más abyectos al poder político. Luchamos contra eso y no queremos volver a tan despreciable situación. Pero esa corrupción judicial que padecimos por décadas, luego que la izquierda se hizo del gobierno y de la legislatura, se convirtió en militancia oposicionista porque no sólo es la mordida que se cobra muchas veces sino los intereses sociales y políticos que se representan. ¿Qué independencia judicial existe cuando desde los tribunales se han combatido por sistema las reformas del gobierno de la transformación justamente con argumentos de la derecha y, muchas veces, en grosera violación de textos constitucionales?

Se ha llegado al extremo de que cuando la Carta Magna dice no, los ministros leen sí. De esa forma, un ministro admitió una controversia y, al mismo tiempo, suspendió el decreto de reformas electorales, pero quien presentó el recurso carecía de capacidad para eso e, incluso, lo tiene prohibido en el texto constitucional. México es el único país donde la autoridad administrativa electoral, encargada de aplicar las leyes precisamente electorales, ha logrado que deje de tener vigencia un decreto de esa materia expedido por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo el día anterior. ¿Acaso en la Corte no han leído el artículo 105 de la Constitución? De seguro que sí, este no es un problema de sabiduría jurídica sino de conversión del Poder Judicial en un bloque de oposición.

Ahora tenemos a una juez y a un juez tratando de impedir que la Cámara de Diputados discuta un proyecto. Pero ¿es que se quiere que en el Poder Judicial se deba decidir si se enlista en el orden del día de alguna de las cámaras del Congreso un determinado asunto que no sea del agrado de ciertos juzgadores. Las comisiones dictaminadoras en el Congreso mexicano no son “autoridades”, no son capaces de realizar actos que puedan dañar derechos, intereses, propiedades, libertades, etcétera, de las personas. Elaboran proyectos a partir de iniciativas. Pero hay una jueza que considera que lo que pudiera llegar a aprobar la Cámara a partir de un proyecto de comisión es ya como un decreto expedido por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo. Más aún, en su pretensión de suspender el trámite legislativo declara, de antemano, que el contenido del dictamen (que quiere decir opinión) es claramente contrario a los derechos humanos de los quejosos, quienes también son jueces. En la suspensión provisional ha quedado resuelto el supuesto fondo del juicio de amparo.

Lo que tenemos aquí es un intento de inhabilitación del funcionamiento del Poder Legislativo desde un par de juzgados de distrito, bajo la piadosa mirada del Consejo de la Judicatura. Y se trata de algo irónico después de que se ha renovado todo el Congreso en una elección realmente trascendente por su transparencia y por sus resultados concluyentes. Se intenta dar un golpe contra la soberanía popular que ha sido depositada para su ejercicio en representantes elegidos con capacidad para legislar.

En el marco del debate actual sobre la judicatura mexicana sobran motivos para inclinarse en favor de una regeneración del Poder Judicial. Nada asegura la honradez e independencia de jueces y juezas, pero el actual sistema de conformación de ese poder, mucho menos. Quienes defienden la estructura judicial vigente dicen que la elección popular podría no llevar a combatir la corrupción; luego, se entiende que admiten que la corrupción sí es un problema de la judicatura. ¿Qué proponen, entonces? Dejar todo como está. Así, de verdad, es muy difícil cualquier discusión interesante y constructiva.

Los llamados a realizar “acercamientos y reconciliaciones” entre los dos grandes bandos políticos del México de hoy no son viables debido al nivel de contradicciones realmente existentes y a que, por más que se oigan voces en este sentido, el asunto se ha convertido en algo impracticable. Lo que podría pactarse sería algo vinculado a la urbanidad, dejar de usar tonos ofensivos, pero para ello se tendría que renunciar a las campañas de mentiras y calumnias del bando que, por exceso de poder económico, puede gastar lo que sea para llevarlas a cabo. Como a eso no van a renunciar los económicamente poderosos, es mejor buscar la continuidad de lo más civilizado de nuestra época: la lucha política que, para la izquierda de antes y de ahora, abarca privilegiadamente la conciencia y la movilización populares.

Democracia, corrupción y justicia

Elemento primordial de la democracia es el principio de la mayoría. Sin este no puede existir aquélla, por más discursos que se pronuncien. La mayoría hace posible el marco de las libertades y derechos de todos y todas porque es el suyo propio. Así, sin decisiones por mayoría serían irrealizables tales libertades y derechos. No hay “derecho natural”, el cual sólo postulan los reaccionarios, sino conquistas sucesivas alcanzadas a través de la lucha política.

El gran problema de las sociedades modernas e, incluso, contemporáneas, es hacer valer decisiones mayoritarias, populares, en forma permanente y progresiva. El marco constitucional vigente en México fue elaborado a través de sus tres revoluciones, pero eso no quiere decir que fuera respetado por el poder establecido.

Superado en 2018 el priismo degenerado en prianismo, entendido este último como la unidad neoliberal básica de quienes habían sido los dos principales rivales entre los años 40-79, se ha emitido un mandato popular que busca el divorcio entre el poder político y el poder económico, es decir, la supresión del factor oligárquico como fuente principal de las decisiones sobre el rumbo de la nación, incluyendo la impartición de justicia. La democracia, todavía en el marco de la formalidad y del sistema político competencial, ha dado lugar a un mandato mayoritario, el de la 4T.

Es un programa de Estado democrático y social tendiente a hacer valer derechos irrespetados, libertades negadas, soberanía nacional mancillada y una nueva vía de distribución del ingreso.

Dentro de los inmensos problemas de los años del priismo y del prianismo, destaca la formación del Estado corrupto mexicano a partir de los años cincuenta (PRI) y relanzado durante los años 2000-2018 (PRIAN). Se trata de un fenómeno consistente en incorporar en la gobernanza del país un elemento pilar que se compone de sistemas articulados y permanentes de peculado, robo, fraude, extorsión y otros comportamientos ilícitos, pero enteramente normalizados. Este fue uno de los sostenes políticos del régimen, junto con el presidencialismo despótico, el corporativismo de las organizaciones sociales, la creación de estructuras monopólicas y el partido de Estado con su completo control del sistema electoral. Al mismo tiempo, la justicia, como gran sistema articulador, fue sometida al mismo molde estatal de corrupción y, así, de subordinación inicua al poder político.

Cuando se produjo el cambio de 2018, los poderes Ejecutivo y Legislativo empezaron el rompimiento del Estado corrupto, pero el Poder Judicial se mantuvo prácticamente igual. Centenares de jueces formados en el priismo y, luego, en el prianismo, así como magistrados y ministros de la misma procedencia, salvo algunas excepciones, mantuvieron los mecanismos de tráfico de influencias y sobornos. Por lo mismo, el sistema judicial, en su gran mayoría, es militantemente contrario a la 4T.

Las cosas llegaron a los extremos cuando jueces, tribunales de circuito y Suprema Corte (en sus tres consistorios: pleno y dos salas) se lanzaron resolviendo casos en indubitable inconstitucionalidad. Caso extremo en que un ministro instructor admite una acción de inconstitucionalidad procedente del INE que carece de esa potestad en la Carta Magna e, incluso, que la tiene prohibida, y en el acto ordena la suspensión de un decreto del Congreso recién publicado, para lo que él carece también de potestad. La idea era impedir que el decreto siguiera vigente mientras la verdadera acción de inconstitucionalidad de parte de los partidos se presentara al Pleno para ser resuelta, por cierto, sin entrar al fondo, sino alegando asuntos de trámite para los cuales carece de capacidad. La Suprema Corte ya era una facción política que acudía a la transgresión brutal de la Constitución de la República: era el Prian.

Así hubo muchos casos, siempre en favor de partidos y grandes consorcios empresariales; siempre en contra del gobierno; siempre en contradicción con las normas que los jueces deben respetar y hacer respetar. Todo juez tiene libertad de afiliación política, pero ninguno posee licencia para resolver por consigna de partido, grupo, empresa, familia o poder público.

Tanto fue el cántaro al agua que terminó de romperse. Llegó un momento en que ya no había tregua sino continua confrontación, incluso en asuntos aparentemente del diario, como los sabadazos de jueces, las suspensiones provisionales que resolvían el fondo del amparo y reiteración de criterios francamente ventajosos en favor de políticos y empresarios oligárquicos, además de presuntos delincuentes.

Durante años, se les pidió a los togados que al menos atenuaran su militancia política, su oposicionismo, que se plegaran al derecho y a la ley. Sin embargo, todo iba peor.

La elección de 2024 era, por fin, la oportunidad para buscar una reforma del Poder Judicial, ya que la autocorrección de jueces no había sido posible. Reivindicar el principio de la mayoría –mandato supremo de la República— como forma de solución del conflicto entre el Poder Judicial y los poderes Legislativo y Ejecutivo. Así se planteó el asunto, ante las burlas de la oposición y el desdén de la mayoría de jueces, magistrados y ministros. Entonces no buscaban “diálogo”.

Llegó el día de la elección, no sin antes presentar el Ejecutivo al Legislativo una batería de reformas constitucionales que incluyen un cambio del Poder Judicial. En este contexto es que se ha votado, pero los integrantes del Poder Judicial carecen de respeto a las decisiones populares ya que consideran que sus cargos están determinados mediante el mecanismo de gremio. Juran que el acceso a la función judicial responde a una sabiduría jurídica reconocida por jurisconsultos en funciones: sistema corporativo por excelencia. Nos dicen que la elección popular de los togados no corresponde al ámbito de derechos ciudadanos ya que la judicatura es una “carrera” conducida y vigilada por los mismos integrantes del gremio y porque el voto de selectos miembros del claustro es superior al del pueblo pues expresa jerarquía y sabiduría (Edad Media). Sin embargo, no se basan en principio político alguno. Es nomás su dicho. Sin embargo, el artículo 39 de la original Constitución, que nadie ha pedido que se cambie, dice sencillamente: “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Es un liberalismo original, pero democrático. Nuestros jueces, por desventura, son liberales pero antidemocráticos.

Inevitable mayoría

La oposición está reclamando una forma nueva pero ilegal de asignar las curules en la Cámara de Diputados, no obstante que la Constitución en esta materia no admite interpretaciones al gusto. El reparto de las curules plurinominales se hace entre los partidos y sobre los votos obtenidos por cada uno de ellos por separado con independencia de las coaliciones que se hubieran conformado para la elección de las curules de distrito, llamadas de mayoría relativa. Son dos sistemas de representación política que operan de manera simultánea desde 1979.

La oposición reclama que el reparto sea por coalición, es decir, la regla constitucional se aplicaría entre dos coaliciones y un partido. Sin embargo, la oposición no ha hecho un análisis de la dimensión de su propia derrota, pues de cualquier forma en que se hiciera el reparto de plurinominales, respetando la norma de que nadie se puede sobre representar más de 8% de su propia votación nacional efectiva ni tampoco sub representar por debajo de ese mismo porcentaje, el resultado no cambiaría sustancialmente, es decir, en términos de la correlación política en la Cámara.

                                   500 CURULES

             (Mayoría calificada de la Cámara 334 curules)

Reparto                                                       Reparto

Constitucional por partido                    Inconstitucional por coalición

                                    Morena-PT-PVEM

364 curules                                                       350 curules

                                       PAN-PRI-PRD

108 curules                                                         123 curules

                                          MC

27 curules                                                                26 curules

                                                     Independiente

1 curul                                                                                 1 curul

Hay que aclarar que el reparto por coaliciones, como se ha mencionado por la derecha, es prácticamente imposible porque cada partido tiene registrada su propia lista plurinominal, es decir, al no haber una sola lista por coalición, la autoridad no podría decidir en qué orden entrarían las candidaturas.

La obligada pregunta luego de ver la tabla y la aclaración precedentes es: ¿para qué tanto escándalo si de todas formas la 4T tendría que asumir la mayoría calificada? La respuesta es sencilla y corresponde al examen del método de narrativa creado durante años por la oposición: repetir y repetir la mentira, la falsedad.

Los votantes de las fuerzas conservadoras son millones, muchos millones se podría decir. La derrota de la derecha no implica su propia desarticulación, por más merecidas festividades que se hagan desde la izquierda. Los enormes sectores de población que votan por el PRIAN conducen a esta coalición a mantener un discurso de lucha sistemática e incansable contra su adversario. Así, no importa qué tan falso sea el argumento con tal que vaya dirigido contra la 4T que se levantó victoriosa en un lance electoral sin precedente.

Los intelectuales de la derecha que han perdido la vergüenza desde hace ya tiempo exigen que la autoridad aplique una interpretación nunca antes intentada. Algunos fueron autoridades electorales que aplicaron la regla constitucional, pero hoy le exigen a sus sucesores que hagan justo lo contrario.

El sistema de representación popular mexicano no es ni jamás ha sido proporcional. El PRI y el PAN nunca propusieron a lo largo de su existencia un mecanismo de asignación de curules conforme al porcentaje directo obtenido por cada partido.

La mayoría calificada en las cámaras mexicanas se ha venido haciendo más necesaria en tanto prevalece en la derecha unida la táctica de bloquear todo lo que provenga de la 4T. Ya no hay debate ni se buscan entendimientos mediante la negociación. Ahora, el método es buscar el desgaste, alimentar a los sectores sociales de la derecha con mecanismos tendientes a acosar, descalificar e inhabilitar a la izquierda. Esa táctica está fracasando como lo indica el resultado electoral reciente, pero insisten en lo mismo, es decir, en el camino que les ha estado llevando a desastres electorales, tanto en comicios federales como en locales.

A pesar de que se ha unido y cuenta con instrumentos de poder, la derecha no reconoce la existencia de una fuerza política mayoritaria. Se aleja así de la lucha política propiamente dicha y se entrega por entero a los órganos de la gran prensa en manos del periodismo más ruin.

Una tesis central es que México se está yendo hacia un nuevo autoritarismo, pero no se encuentran actos autoritarios. El país nunca gozó de la libertad de difusión de las ideas como la hemos tenido en los últimos seis años, sólo que esa libertad, como las demás, es para todos. El que habla puede ser replicado en público, cualquiera que sea su profesión u oficio.

La composición que tendrá el Congreso no se observa desde la derecha como expresión conjunta de la gran victoria electoral de la izquierda y la existencia de un sistema de representación política creado durante años por el PRIAN. No quisieron antes analizar un cambio en el sistema político de la Constitución, ni siquiera buscaron una discusión al respecto, se atrincheraron, lanzaron burlones gritos de victoria cuando desecharon la iniciativa presidencial, se sintieron poderosos y capaces de derrotar en las urnas a la izquierda, a la que siempre han despreciado, denostado y calumniado. El Presidente hizo ver que la respuesta popular podría ser un cambio mayor en la relación de fuerzas políticas, aún más grande que la de 2018. Así fue: con reparto de curules entre partidos o entre coaliciones, sería básicamente lo mismo: hay un mandato popular.

Nuevas tareas

     El inicio de la Cuarta Transformación debe verse como un proceso hacia la construcción de un nuevo Estado y la reforma de la sociedad. Los cambios que se están realizando no se han analizado como puertos de llegada sino como parte de una travesía. Por esto, en lugar de un simple continuismo defensivo, como algunos lo intentan, es preciso plantear la continuidad del proceso transformador.

En ese contexto, la guía de las consolidaciones y los nuevos cambios se nutre de los objetivos trazados alrededor de la construcción de un Estado democrático y social.

En los últimos cuatro años, se ha alcanzado el mayor nivel de ejercicio de las libertades. Se combate por vez primera el Estado corrupto que ha padecido México durante siete décadas. Al tiempo, el gasto público ha conocido su mayor porcentaje de componente directamente social como instrumento de redistribución del ingreso. El salario mínimo y el medio contractual están cerca de recuperar varias décadas de deterioro. Se han aplicado las políticas de autosuficiencia energética y alimentaria. Se ha lanzado un proyecto viable de atención médica universal. Se ha proclamado la conversión de México en un país de becarios en la educación pública. Se prohibió la condonación de impuestos y se persigue la evasión. Se ha rechazado lo fundamental del programa neoliberal y se ha fijado el objetivo del Estado social.

La estabilidad económica no es en sí misma un objetivo de la 4T sino un instrumento para llevar a cabo reformas. Por lo regular, los cambios que se plantean desde un movimiento electoral requieren un cierto grado de acomodo dentro del sistema social prevaleciente, pero, al mismo tiempo, no se pueden consolidar si no se profundizan hacia reformas en la distribución del ingreso y en la pauta de la acumulación de capital. Este es el primer renglón del nuevo listado.

La línea del gobierno ha sido la de no aumentar las tasas impositivas ni crear nuevos gravámenes. Esta orientación ha dado ciertos resultados en cuanto a que, a pesar de la recesión decretada por los gobiernos de todo el mundo con motivo de la pandemia de covid y de la inflación posterior, las inversiones, el empleo, los salarios y el consumo se han ido recuperando. Sin embargo, dentro de poco, esta situación mostrará sus límites si no crecen sensiblemente los ingresos fiscales.

Aumentar tasas impositivas carecería de utilidad cuando estas no son altas en los países con los que México mantiene más de 80% de sus relaciones económicas. Por ello, el tema importante es la eficiencia de la fiscalidad, mas no se trata sólo de cobrar los impuestos y derechos sino de hacerlo sin privilegios legales y sin normas tramposas en favor de los grandes capitales. Los ingresos medios están pagando en México una tasa efectiva mucho mayor que los grandes, a tal grado que ese paradigma estadunidense es aún más pronunciado en la economía mexicana.

Una revisión profunda de los gastos fiscales, es decir, de lo que no se cobra debiéndose hacer según el sistema ya establecido, es una tarea que podría conducir al aumento de los ingresos públicos con cierta rapidez y efectividad para expandir el gasto en bienestar social y obras públicas.

Aunque el incremento en la masa de capital productivo depende de la ampliación del campo de las inversiones, el Estado está volviendo a ser impulsor y ordenador directo de la economía. Este vuelco se debe al fracaso del neoliberalismo en sus propios términos. La inversión pública y la gestión estatal tienden a crecer en casi todo el mundo y así seguirá previsiblemente. Por su lado, el gobierno mexicano está realizando grandes proyectos autofinanciados de infraestructura. Sin embargo, ese plan ha sido insuficiente para impulsar desde el Estado la inversión productiva que requiere la economía nacional. Se necesita un gran programa de infraestructuras que operen bajo el sistema de generar los ingresos para el pago completo del servicio de las deudas. Hay que crear, por tanto, un gran fondo de inversiones en infraestructura como instrumento directo de gobierno.

Formular una política industrial ya es indispensable. Mas no se trata del camino de los subsidios al productor, sino de la integración de las cadenas, es decir, crear sistemas, lo cual es preciso hacerlo desde el gobierno. La promoción del crédito barato, más aún en tiempos de altas tasas de interés, es también una función pública, tanto porque el gobierno puede conseguir réditos más favorables como porque puede asumir algunos riesgos a fin de otorgar garantías sobre créditos a empresas pequeñas.

La política industrial no sólo tiende a promover inversiones sino a conducir procesos complejos que redundan en la regulación de mercados, incluyendo el comercio exterior, así como en la elevación de la productividad del trabajo y la innovación.

La planeación se va a tener que establecer, pero no sólo del gasto público sino también en la regulación de los procesos económicos, el uso del territorio, el desarrollo de los asentamientos, la política medioambiental, las grandes tareas de la producción agropecuaria y especialmente alimentaria, la industrialización y la economía internacional. El gobierno carece todavía de una oficina de planeación económica y social propiamente dicha, la cual tendría que hacerse cargo de la formulación de los planes y del plan general. El neoliberalismo está presente aún entre nosotros, pero ya no es el tiempo de su impetuoso predominio.

La política salarial del gobierno actual ha demostrado, entre otras cosas, que es una falacia asignar al salario mínimo un impacto determinante en el ritmo de crecimiento de los precios. Además, la política del gobierno ha impactado en la determinación de los aumentos anuales de los salarios contractuales de muchas empresas. También se ha mostrado la fuerza que posee la recuperación salarial como estímulo de la producción interna. Sería oportuno que desde el gobierno se estimularan a las organizaciones sindicales para establecer un sistema nacional de negociación salarial con la patronal, con el propósito de que las y los trabajadores puedan ejercer de manera unida su fuerza en la determinación de los salarios contractuales e incorporar en este proceso a las y los obreros agrícolas.

Durante las últimas seis décadas, en México se generaron estructuras monopólicas privadas. En los años del neoliberalismo (1982-2018) la empresa pública fue cediendo ante los grandes grupos, fortalecidos estos por el proceso de privatizaciones. Los esquemas monopólicos mexicanos tienen al Estado como su gran promotor. A esto se debe que las leyes antimonopólicas sean débiles y sus mecanismos de aplicación tengan un diseño en favor de la concentración y centralización del capital y la producción, excepto cuando se trata de perjudicar a las empresas públicas y al gobierno. Como el monopolismo es muy fuerte se requieren nuevas leyes e instrumentos orgánicos para combatirlo, pues se ha convertido en un valladar del desarrollo económico y de la redistribución del ingreso.

La ampliación y el fortalecimiento del mercado interno sigue siendo la gran prioridad mexicana, aun cuando la globalización está mostrando ajustes que podrían beneficiar la producción local de manufacturas para la exportación. El desarrollo del mercado doméstico es una base primordial para realizar procesos de redistribución del ingreso, aumentar el empleo formal y elevar la capacidad productiva del trabajo social.

En alguna medida, la corrupción suele estar presente en todos los países. Sin embargo, ese no ha sido el problema concreto de México, donde se conformó un Estado corrupto, el cual es un fenómeno peculiar y endémico. Es preciso arrancar el análisis desde los años 50 del siglo XX, cuando se creó un ramo presupuestal para el gasto discrecional del presidente de la República, con el cual la distribución directa de fondos públicos se amalgamó con los mecanismos existentes del peculado y el soborno, creando un solo sistema de carácter político. El Estado corrupto es la unificación de los diversos métodos de la corrupción pública en un solo engranaje hasta convertirse en uno de los sostenes estructurales de la gobernanza del país entero. La corrupción pudo llegar a todas partes y ámbitos bajo esquemas de ensanchamiento permanente, incorporación de más y más personas a sus prácticas y crecimiento continuo de la masa de riqueza ilegalmente apropiada. Ahora, por vez primera, ha llegado un gobierno que busca la destrucción del Estado corrupto. Esta tarea ya ha empezado, pero se requieren mayores revisiones del marco jurídico, la creación de nuevos instrumentos institucionales, el desplazamiento de grupos de servidores públicos que se formaron en la corrupción, la fiscalización organizada de las relaciones entre entidades públicas y privadas, así como la elevación de la conciencia popular sobre los daños materiales y morales de la corrupción. Se trata de una gran causa nacional y así debe tratarse.

Las libertades se han garantizado como nunca, al tiempo, el gobierno ya no repitió la vieja práctica de comprar votos, pero el país sigue demasiado anclado en la democracia formal. El establecimiento de la consulta popular en la Constitución, logrado antes del cambio político de 2018, no ha tenido los resultados esperados porque, en una ocasión, la Suprema Corte negó ese derecho en materia de las reformas de las industrias de energía y, después, ya bajo el nuevo gobierno, las oposiciones impusieron la separación de la consulta del día de las elecciones, lo cual dificulta la obtención del quórum requerido para que su resultado sea obligatorio. El país requiere cada vez con mayor urgencia un sistema completo de consultas populares, incluyendo la revocación de mandatos, como medio privilegiado de encarar las divergencias políticas que se presentan en el seno de la sociedad. No se trata de un instrumento del poder sino de un derecho de la ciudadanía para tomar parte de las grandes decisiones nacionales y de carácter local. La democracia participativa debe abrirse paso y vencer los obstáculos que le han impuesto las fuerzas antidemocráticas del país.

La libertad de organización sindical es una de las que requieren señaladamente una continuidad del esfuerzo ya iniciado recientemente. México acusa un retraso en esta materia, de tal forma que la mayoría de los asalariados no se encuentra organizada en sindicatos y muchos de estos son de fachada o manejados por burocracias parasitarias.

Otras libertades están por consolidarse o apenas alcanzarse, entre ellas las relacionadas con el gran tema de género, la regulación de las drogas, la interrupción voluntaria del embarazo, los servicios sexuales, la expresión de las convicciones políticas de los sacerdotes en todo lugar y momento, la difusión por cualquier medio de ideas y opiniones sin importar el empleo en el servicio público, entre algunas más sobre las que se requieren definiciones exactas o supresión de restricciones a las que han sido sometidas.

El sistema político de la Constitución requiere nuevos arreglos en tanto que el país ha cambiado. El actual sistema de partidos corresponde a otro momento, se requiere superar ya el monopolio electoral de pequeñas burocracias que han conducido a la ruina de sus propias organizaciones políticas, las cuales subsisten con crecientes dificultades, gracias a que operan dentro del marco del viejo Estado corrupto. Es preciso abrir el camino hacia la adopción de la reforma constitucional propuesta por el actual presidente de la República en materia de sistema de partidos, representación popular e integración de los órganos electorales.

La reforma judicial recién emprendida fue apenas una tímida respuesta a la corrupción de los tribunales mexicanos. El país requiere todo un plan para remover las estructuras creadas dentro del Estado corrupto, dotando a la judicatura de cualidades apegadas al deber justiciero, la defensa de los intereses sociales, populares y nacionales y el respeto de los derechos en el marco de la independencia de toda clase de otros poderes políticos y fácticos.

El fenómeno de la delincuencia organizada ligada al narcotráfico como actividad matriz se convirtió en México en uno de los más grandes problemas. Esto se debe a que apenas recién el gobierno se ha propuesto atender las causas económicas y el resentimiento social ligado a la falta de perspectivas de vida de muchos jóvenes. Pero también se debe a que, de todas maneras, se ha mantenido el postulado de la prohibición de las drogas, el cual ha fracasado en todo el mundo. Es urgente aprobar la nueva legislación sobre la cannabis, que ya está en trámite en el Congreso, y poder pasar a discutir los posibles mecanismos para la regulación legal de las demás drogas. Aun así, la delincuencia organizada seguiría existiendo, pero su poder económico sería mucho menor, de tal suerte que podría combatirse a través de métodos de investigación y, ante todo, de solidaridad y participación social que sólo ocasionalmente se han utilizado.

El desarrollo de actual proceso de la 4T requiere profundizar su sustento popular, pero, a partir de ahora, con mecanismos más incluyentes. Los viejos métodos organizativos de los partidos más o menos burocratizados han quedado atrás, hoy se requieren mecanismos participativos que permitan intervenir a la ciudadanía en procesos de poder mediante la toma de decisiones. La consulta es una forma, pero se requiere también la deliberación en la que el pueblo hable y decida. La gestión de los instrumentos de la 4T debe girar en torno a estas nuevas formas e irlas recreando a través de la experiencia. Los partidos han ido cambiando en casi todo el mundo. Tienden a ser lo que quizá fueron en un principio: movimientos. El problema que se debe resolver es el derivado de los métodos de adhesión, pertenencia, solidaridad y decisión. Un partido es, esencialmente, un programa político. El asunto suele consistir en quiénes formulan y quiénes aplican ese programa. Abrir a la opinión popular cada propuesta, tanto la que viene desde abajo como la que se elabora en las instancias de gobierno, es una de las claves. Mas, al mismo tiempo, se requieren los mecanismos para el seguimiento de los planteamientos programáticos, desde los nacionales hasta los más locales. En esto deben usarse los métodos de asambleas y consultas. Morena es ya un partido de gobierno y, por tanto, tiene que actuar con la organicidad, la temática y la responsabilidad que brinda el ejercicio del poder político. La voz del partido debe ser la del movimiento que en éste se expresa, lo cual implica el rompimiento de las capillas políticas tradicionales que han colmado la disputa y el ejercicio del poder. Todo esto requiere un ajuste de normas y, sobre todo, de prácticas. En la nueva etapa que se avecina luego de las próximas elecciones, Morena va a necesitar una gran convención nacional, luego de convenciones estatales, para llegar a un gran acuerdo sobre el movimiento que el pueblo trabajador va a requerir en la nueva etapa del país.

El gran cambio electoral iniciado en 2018 puso crudamente de manifiesto el estado que guarda el periodismo en México. El divorcio entre la prensa y el método tradicional de sostenimiento de ésta, caracterizado por la subvención gubernamental, desveló la afiliación política orgánica de los medios de comunicación, en su gran mayoría, a lo que hoy se conoce como PRIAN, es decir, la aproximación continua e ininterrumpida de los dos mayores partidos conservadores del país en un sistema cerrado de alternancias. El arraigo de la prensa al Estado corrupto se manifiesta también en la conducta opositora de la gran mayoría de los medios formales. Mas, por el otro lado, el respeto del gobierno a los críticos, incluyendo a los que usan la calumnia y los métodos de desinformación, le ha dado a la prensa mexicana en su conjunto una libertad de la que jamás gozó. La respuesta de la 4T ha sido las réplicas y, sobre todo, las comparecencias cotidianas del jefe del gobierno. Sin embargo, se resiente cada vez más la ausencia de una prensa profesional, independiente y ligada a sus lectores, aquella que pudiera decir lo que sucede y comentar analíticamente el estado del país. Un periodismo así es hoy casi marginal. Por ello, se requiere con urgencia generar iniciativas de financiamiento y organización de medios de comunicación nuevos que le otorguen a México una plataforma de prensa democrática comprometida con el pueblo.

Como se entiende, la prosecución del cambio mexicano depende a muy corto plazo del resultado de las elecciones de junio de 2024. La nueva conquista del gobierno federal y de la mayoría en el Congreso, así como de varias gubernaturas que se elegirán, ha de ser la ocasión de dar un nuevo impulso a ese cambio. Sin embargo, la tarea se aprecia complicada. El país se encuentra dividido políticamente en dos grandes bloques. El sector político conservador se haya ahora en algunos aprietos, pero las grandes masas de población que representa y la gran mayoría de la clase dominante, amén de casi todos los medios de comunicación y de franjas significativas del clero católico, no parecen estar mudando de actitud. La amalgama de fuerzas políticas del bloque opositor, al margen de su candidatura final, puede llegar cohesionada a la elección porque la une la 4T, es decir, la posible permanencia de este movimiento en el poder, su programa de transformaciones y el combate de los privilegios del pasado reciente. Los políticos pueden seguir desgranándose de sus respectivos partidos en crisis, pero la enorme corriente de oposición, el conservadurismo social más amplio, no se va a disolver. Por este motivo, las fuerzas de la 4T y sus líderes deben precisar con mucha claridad el planteamiento programático y las tareas políticas del momento. En especial, Morena debe dejar atrás el triunfalismo, tanto porque no es congruente con la realidad compleja y difícil que vive el país, como porque es una arrogancia incompatible con sus tareas democráticas. La ciudadanía votará y decidirá; esto no les corresponde a los voceros políticos, ni siquiera a las y los candidatos, quienes deben pedir el voto popular y convocar a la lucha, no presumir que ya poseen la mayoría. Esa debería ser la pauta de comportamiento de un movimiento popular respetuoso del pueblo mismo, del pluralismo realmente existente en el país y del valor supremo del mandato ciudadano.

04.07.2023

A FAVOR DE MÉXICO, EL FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES DE MIAMI EN LA DEMANDA CIVIL CONTRA LA RED DE CORRUPCIÓN DE GARCÍA LUNA

CONTEXTO Y ANTECEDENTES

  1. Red de corrupción de García Luna

Bajo auspicio de Genaro García Luna, un conglomerado empresarial obtuvo ilícitamente 30 contratos con entes públicos de seguridad en México, extrayendo más de 650 millones de dólares de las arcas nacionales. Recursos que fueron transferidos, a través de paraísos fiscales, al estado de Florida y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos.

  • Demanda civil

El 21 de septiembre de 2021, el gobierno mexicano presentó una demanda civil ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos. De los bienes detectados, se tienen aseguradas 19 propiedades de García Luna y sus cómplices.

  • Apelación

Los demandados, cómplices de García Luna, presentaron diversas solicitudes de desechamiento del juicio (motions to dismiss), pero el Juez de primera instancia las negó. Estas resoluciones fueron impugnadas mediante apelación, obteniendo la suspensión temporal del juicio civil.

RESOLUCIÓN Y EFECTOS:

El pasado 14 de junio, las Magistraturas que integran la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito en el Estado de Florida resolvieron por unanimidad confirmar los actos del Juez de primera instancia.

Con la resolución, la Corte de Apelaciones ratificó la competencia del Juez de Primera Instancia para conocer y resolver la demanda civil presentada por el gobierno mexicano contra García Luna y sus cómplices.

Además, levantó la suspensión dictadaen noviembre, con lo quepermite continuar con las siguientes etapas del juicio civil hasta su conclusión.

QUÉ SIGUE?

El procedimiento reinicia en la etapa de descubrimiento de pruebas por las partes, lo que incluye la presentación de documentos y testimonios a cargo de los demandados, sus cómplices, contadores, abogados y demás personas involucradas, así como de operaciones registradas en varios bancos en EE.UU, México y Barbados, para esclarecer los flujos de dinero provenientes de las contrataciones que se procuraron por medio de actos de corrupción.

Concluido el descubrimiento probatorio, el Juez dará por cerrada la etapa de preparación y someterá el caso a juicio, en el que se buscará convencer al jurado de las pretensiones del Estado Mexicano para que le otorgue la razón y se consiga la recuperación de activos producto de la red de corrupción de García Luna.

Raíz socialista de la democracia*

La democracia política surge sobre la base de la liberación de la fuerza de trabajo servil y la consecuente destrucción de las relaciones feudales. El individuo (hombre) ya es libre de moverse en el territorio y se vuelve a formar la polis, integrada por personas formalmente iguales. La democracia no es producto de un ideal de igualdad, ni de ningún otro ideal, sino del establecimiento de una nueva desigualdad social, la del nuevo mundo, la nueva opresión basada en la explotación de la fuerza de trabajo de personas libres que pueden vender su fuerza de trabajo.

Por esto, los sistemas democráticos surgen como formas de representación y de integración del poder político por parte de los propietarios, que eran quienes podían votar y ser votados. El voto censatario es la marca de origen de la democracia moderna.

Mientras que para la nueva clase dominante el sufragio universal era un peligro, para la otra nueva clase, la de los trabajadores asalariados, el proletariado de la modernidad, era la forma de tomar parte de la lucha política, es decir de tener sus propios representantes. La burguesía, como es de suyo propio, tiene el poder del dinero a través del cual puede influir en el poder político. Así, la democracia es producto histórico de los trabajadores ya que es uno de los grandes intereses políticos de quienes no pueden ejercer ningún poder que no provenga de la representación directa del pueblo.

El enfoque del socialismo mexicano no fue siempre democrático. Durante décadas, la democracia política, aún la más formalista, se observaba en México como algo propio de sociedades avanzadas, para algunos, o como un gran engaño histórico de la burguesía, para las corrientes más dogmáticas. Entre el oportunismo, que observaba la antidemocracia del sistema político mexicano y la escasez de libertades democráticas como algo natural en tanto país pobre y atrasado, y la otra postura de que toda democracia política era instrumento directo de la opresión de la clase dominante, la izquierda mexicana, en su mayoría, vivía de espaldas al tema de la democracia.

Desde estos extremos, falsos por igual, empezó a surgir el programa democrático, tanto en lo referente a las libertades en general como en la reforma concreta del sistema político para lograr, en palabras de Arnoldo Martínez Verdugo, la “libertad política para todos los ciudadanos.” México estaba a mediados de siglo XX como otros países estuvieron a principios del siglo XIX, a pesar de que la Constitución reconocía los derechos de expresión, prensa, asociación, reunión, voto activo y pasivo, sindicación, huelga, etcétera: puras proclamas sin vigencia.

Varios movimientos sindicales, campesinos y estudiantiles fueron reprimidos durante las dos décadas que precedieron al gran movimiento estudiantil de 1968 en favor de las libertades democráticas. La represión volvió entonces a cundir con un horrible saldo de muertos y encarcelados. Ya no debería haber duda de que el problema concreto más importante de México era el de la democracia, es decir, la grosera falta de ésta.

A la clase dominante, en todas sus fracciones políticas y sus diversas agrupaciones gremiales, especialmente a la oligarquía propiamente dicha que manejaba al gobierno más o menos a su antojo, no le preocupaba la ausencia de libertades democráticas sino, en realidad, que se produjera una reforma política que pudiera abrir un camino democrático para el país. Por eso tardó tanto la llamada transición y por eso fue tan defectuosa en términos de la democracia formal predominante en el mundo occidental.

En su origen, en 1978, la reforma política, como ampliación del derecho de asociación, voto pasivo y acceso de los partidos a la radio y la televisión, fue producto de la lucha de la izquierda independiente, tanto la organizada en partido como de aquella que representó la juventud intelectual de los años sesenta y setenta. La derecha, oposición siempre leal, el Partido Acción Nacional, pedía el respeto a sus votos, pero no procuraba las libertades democráticas en general, es decir, para todos. Nunca en su historia el PAN ha pretendido algo más que concesiones particulares y jamás ha llevado a cabo acciones en favor de derechos políticos y sociales para la sociedad entera. Ese partido no es diferente a otros muchos del mismo signo en el resto del mundo.

El Partido Socialista Unificado de México surgió a convocatoria del Partido Comunista Mexicano y, dentro de éste, de Arnoldo Martínez Verdugo, quien luchó incansablemente en favor de la unidad de las izquierdas mexicanas. Él fue, en reconocimiento de su programa democrático y de su lucha unificadora, el candidato del PSUM a presidente de la República en 1982. Eran corrientes de la izquierda histórica, de la oportunista y de la más dogmática, que convergieron en un mismo partido donde la pregunta no era de dónde venías sino a dónde querías llegar. Predominaron dos planteamientos programáticos: la democracia política y el Estado social. La izquierda, a través de su partido indiscutiblemente más importante, respetable e influyente, era ya, sin duda, partidaria de la democracia política.

Mas no se trataba solamente del sistema electoral sino de todas las libertades. México tenía un partido, el PSUM, que luchaba en favor de todas, las que derivan de derechos fundamentales y de aquellas que son reivindicadas por segmentos de la sociedad como nuevos derechos. Era una izquierda laica, a pesar de sus remanentes ateístas, reminiscencias de un pasado esencialmente liberal asombrosamente entrelazado con el socialismo más dogmático. El PSUM fue, como todo partido de verdad, un proyecto político que no se concebía como algo inmóvil. El proceso de unificación no debía limitarse a sí mismo, por ello surgió a los seis años una nueva formación, el Partido Mexicano Socialista, y luego del levantamiento electoral de 1988, bajo la convocatoria de Cuauhtémoc Cárdenas, esa izquierda se sumó a la formación del Partido de la Revolución Democrática. Esa izquierda democrática de los años sesenta y setenta, la que conquistó sus propios derechos electorales en 1978, la que nunca dejó de abrir senderos de la democracia política y de las reformas sociales, se encuentra casi toda en Morena. La izquierda democrática no es una sigla sino una corriente histórica. Quienes se han rezagado se distinguen por su inconsecuencia o por su franca regresión a posturas oportunistas, por lo cual no resultan ser más que integrantes del conservadurismo y, por ende, del bloque opositor. Pero hayan o no militado en el PSUM, esos grupos o individuos que alguna vez estuvieron del lado de la izquierda democrática han perdido el rumbo porque, debido a sus posiciones, viejas o nuevas, rechazan el mandato popular, reniegan del principio de la democracia en el mejor momento que ésta ha tenido en México.

Durante los últimos cuatro años y medio, se ha logrado el mayor respeto a las libertades por las que la izquierda democrática mexicana se organizó, luchó y fue víctima de innumerables represiones. Los cotidianos y sistemáticos ataques contra el gobierno federal y la 4T no se responden con actos de fuerza; son libres por entero los críticos y maledicentes, como nunca lo fueron sus correspondientes en otros años. Por primera vez, el gobierno federal no ha comprado votos en las elecciones y ha promovido la consulta popular, a pesar de los grandes obstáculos legales y políticos que se han levantado desde las derechas contra los mecanismos de participación directa. El poder no ha roto ninguna huelga. Las manifestaciones son respetadas. Las protestas de la oposición han llegado irónicamente a ser alentadas por el jefe del gobierno. Ningún medio de comunicación, ni comunicador, ha sido censurado en lo más mínimo, aunque no paguen bien sus impuestos. Los actos indebidos cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad se están investigando y castigando. Se ha iniciado la lucha contra el Estado corrupto que durante décadas predominó en el país. Se acabaron en un solo día los llamados moches en la Cámara de Diputados, sistema de tráfico de influencias para esquilmar el presupuesto federal. Se ha realizado una reforma administrativa basada en aumentar la rentabilidad social del gasto público, acabar con el derroche, establecer el criterio de la austeridad y combatir la corrupción. Se está reponiendo la brutal pérdida histórica de los salarios. La política social se ensanchó, pero sin intermediarios mafiosos. El asistencialismo ha sido sustituido por el ejercicio de derechos al retiro, a la educación, a la salud y a la subvención económica socialmente necesaria. México ha optado por convertirse pronto en un país de becarios en la educación pública. Se ha iniciado un camino hacia el sistema de atención médica universal y sin costo para los no afiliados a la seguridad social, al tiempo que se pretende recuperar el tiempo perdido en la formación de personal médico y en la edificación de unidades de salud. Las estructuras monopólicas han dejado de ser favorecidas, se ha prohibido la condonación de impuestos y el disimulo frente a la evasión. Se ha elevado mucho la recaudación aun sin la elevación de tasas impositivas. Ha quedado atrás la política de asociación pública-privada. Los subsidios ya no son de tipo neoliberal para favorecer a los más ricos. Se ha abandonado la política de otorgar concesiones sobre bienes propiedad de la nación. Se han cancelado contratos leoninos y privilegios especiales de empresas, concedidos por los gobiernos neoliberales. Existen grandes planes de infraestructura con fondeo presupuestal del Estado para eludir los esquemas de financiamiento que benefician principalmente a los acreedores a través de las políticas públicas. Se ha avanzado mucho en la ruta hacia de la autosuficiencia energética y se han rescatado las empresas públicas de ese sector. Se ha adoptado el postulado de la autosuficiencia alimentaria y se dejaron de canalizar grandes subsidios en favor de líderes agrarios y agricultores ricos. Se ha subrayado el esquema de relaciones internacionales sin supeditación a pesar de las objetivas desigualdades económicas. El gobierno de México ya es respetado en el mundo sin que ello implique la renuncia a expresar sus propios puntos de vista ni a defender los principios históricos de México en materia de política exterior.

La lista de cambios y reformas es mucho más larga, pero lo más importante del tema es que todo lo descrito estuvo en el programa de las izquierdas unificadas en los partidos de ese trayecto: PCM-PSUM-PMS-PRD, al cual, inevitablemente, aunque con otra forma de integración, habría que añadir a Morena.

La democracia ha sido y es la divisa de la izquierda independiente desde principios de los años sesenta del siglo XX. Quienes observan en el tono del debate político una supuesta manifestación de intolerancia de parte del jefe del gobierno están queriendo conducir la lucha política hacia una forma que no es democrática, es decir, quieren que la absoluta mayoría de la prensa se siga lanzando todos los días contra el gobierno, incluso con grandes mentiras, y éste se haga el disimulado.

El debate es consustancial al ejercicio de las libertades democráticas. El problema antidemocrático es la monopolización de los grandes medios, el cual no ha sido del todo superado con las redes sociales. Exigir que el jefe de gobierno no gobierne en público ni responda cotidianamente y en persona a los ataques es, en esencia, una posición antidemocrática pues pretende el predominio incontestable de la gran prensa que se ubica en el bloque opositor. En realidad, esos escritores de periódico y otros comentaristas, tan molestos con los señalamientos cotidianos del jefe del gobierno, jamás dicen algo cuando sus colegas y ellos mismos arremeten contra la 4T con una furia, quizá digna de mejor causa, pero que corresponde a su propio derecho, hoy, como nunca, respetado.

En México jamás había existido tanta libertad de comunicación de ideas como hoy en día. Esta es, aunque se quiera olvidar, un legado de la izquierda que resistió por años innumerables represiones con la bandera bien alta de las libertades democráticas.

* Ponencia presentada en el Foro “La democracia mexicana y su raíz socialista:  a 43 años de la Fundación del PSUM”, organizado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.