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¿Quién debe aprobar los sueldos?

Durante muchos años, los más altos jefes del aparato estatal mexicano se han otorgado a sí mismos sus respectivos sueldos. Al principio, el presidente de la República finalmente los aprobaba, pero llegó un momento en que en los poderes judicial y legislativo, así como en el sector paraestatal, los mismos jefes decidían con libertad.

Las compensaciones, estímulos, prestaciones, ayudas, pago por riesgo, seguros de gastos médicos, separación, retiro y, al final, el “sueldo base”, formaron parte de los muchos conceptos en los que se ha dividido la remuneración de los jefes.

En el sector paraestatal existen indemnizaciones y pensiones ilegalmente otorgadas a personas que pasaron por los puestos directivos y salieron con sueldos vitalicios.

Una de las características del Estado corrupto es justamente la discrecionalidad en el otorgamiento de sueldos, bajo numerosos conceptos, que llevan a la conformación de una alta burocracia muy bien pagada y, consecuentemente, comprometida con una política patrimonialista de la función pública.

Este sistema genera unas relaciones de poder en las que personas y grupos se imbrican entre sí como detentadores de los altos puestos, se forman capillas y se construyen relaciones de complicidad: surge un monopolio de la función pública. Por ello, algunos hablan de “clase política” y, ahora, también de “tecnocracia” del Estado.

Altísimos sueldos no es lo más redituable del sistema, lo sabemos, sino toda clase de actos corruptos, moches y mordidas, así como el robo directo de fondos, pero es una expresión institucional aparentemente legalizada.

¿Quién debe aprobar los sueldos? Según la Constitución, esta facultad corresponde en exclusiva a la Cámara de Diputados y a los congresos de las entidades federativas, aún cuando se trate de los ayuntamientos. Nada más. Ahí está el poder de bolsa del Estado. Lo demás siempre será propuesta, pero no autorización. Sin embargo, en México no está vigente el Estado de derecho, sino que hay una realidad que no es legal. Digamos que es lo único funcional, hasta ahora.

La aprobación del nuevo artículo 127 de la Constitución, sobre el tema de las remuneraciones de los servidores públicos, en realidad no cambió nada como no fuera la nomenclatura en algunos presupuestos. Como el proyecto de ley reglamentaria, aprobado en el Senado, sigue congelado en la Cámara luego de siete años, muchos funcionarios se niegan a obedecer las reglas constitucionales con el pretexto de que no hay legislación secundaria, la cual no sería indispensable aunque sí es necesaria.

Ya es inminente la aprobación de dicha ley federal de remuneraciones, que tiene que verse como eslabón de una nueva política administrativa y, se piensa, debería reproducirse en las entidades federativas, tal como lo marca el mismo artículo 127 constitucional.

Esa nueva política debe promover la reducción de gastos de operación innecesarios, incluyendo las remuneraciones de los jefes.

El “sueldo base” siempre es moderado. Por ejemplo, en la Suprema Corte, donde se encuentran las remuneraciones más elevadas, dicho sueldo es de 54 mil pesos al mes, antes de impuesto, apenas el 13.73% de la mensualidad de cada uno de los once ministros y ministras, a lo que se agregan 7 conceptos de “prestaciones” diversas por un subtotal de 1.3 millones al año, más 853 mil pesos anuales de “pago por riesgo”; todo eso para cada cual.

Al comenzar a bajar desde la cumbre del abuso, las remuneraciones van siendo menores pero contienen los mismos conceptos e injusticias.

Existen dos seguros que son los más extracontractuales y recientes: de separación y de gastos médicos, pero se les cubren a quienes también son objeto de cuotas “patronales” de seguridad social. El Estado paga doble cuota, la institucional y la de seguro privado. Los restantes trabajadores no tienen esas prestaciones adicionales. El seguro médico privado cuesta más de 5 mil millones al año sólo en la administración pública federal y el de separación consiste entre el 8 y el 12% de la remuneración, es como un aumento mensual automático. ¿Por qué sostener una política estratificadora, discriminadora e injusta?

Hasta ahora, la Cámara de Diputados ha dejado pasar casi todo, ocupados muchos diputados en aumentar el estimado de ingresos con el fin de repartir el “excedente” en proyectos dirigidos, para luego proceder a cobrar los “moches”. Pero eso ya se va a cerrar.

En lo que no se debe caer es en una asignación de remuneraciones según criterios sueltos o de momento. Se trata de implantar una nueva política de administración y no de ejecutar un plan de recortes.

Las remuneraciones de cada nivel deben estar en función de la responsabilidad implícita y la habilidad requerida. Asimismo, la política salarial debe combatir el criterio estratificador de antes, con el propósito de empezar a romper el carácter estamental de la alta burocracia del Estado y contribuir a restarle autonomía.

El punto político central del plan de reforma de la administración pública consiste en que las decisiones presupuestales del Estado empiecen a ser escrutadas por la opinión pública, no sólo mediante la transparencia en lo que ya se ha avanzado algo, sino respecto de sus motivos, alcances y objetivos.

La administración pública es parte integrante de lo que se llama política y, por ello, debe concentrar la atención de la ciudadanía. Esa es la idea.

Poder de poderes

La tradición política republicana en México es el predominio avasallador del Poder Ejecutivo sobre todo otro órgano del Estado.

Es a esto a lo que se refiere Andrés Manuel López Obrador cuando renuncia a esa herencia en su discurso en el Tribunal Electoral. Mas eso no significa que el sistema político de la Constitución consigne la existencia de una “separación” de poderes y ni siquiera se habla ahí de “contrapesos” y otras expresiones que corresponden más bien al lenguaje coloquial. “Los Poderes”, de los que habla la Carta Magna, constituyen el “Supremo Poder de la Federación” (art.49). Por otro lado, en la teoría, el poder del Estado es uno sólo, excepto en dualidades o paralelismos revolucionarios o solamente bélicos.

Conforme a la doctrina constitucional que prevalece en México y al texto mismo de la Carta Magna, la única rama del poder que puede legalmente remover a los integrantes de las otras dos, incluyendo los llamados organismos autónomos, es el Congreso. Al presidente, que no es sujeto de juicio político (espero que siga sin serlo), también se le puede remover a través de un juicio, pero de carácter penal (art. 108, 2º y 111,4o), a cargo del Poder Legislativo.

La realidad, sin embargo, no es tan esquemática. Las cámaras del Congreso no se encuentran en manos de un solo partido como para ejercer esas altísimas facultades. Se requieren votaciones de dos tercios y ninguno puede, de entrada, contar con esa mayoría. Sólo varios partidos podrían remover y sustituir al Poder Ejecutivo y al Judicial, incluyendo a los gobernadores del Banco de México, a los organismos llamados autónomos o independientes y al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De ese tamaño es el poder que la Constitución le asigna, técnicamente, al Congreso.

Quienes representan a la Nación son los que, llegado el caso, pueden tener el poder de poderes, llevado éste a la remoción de todos los demás, pero no siempre para dar órdenes directas al Ejecutivo, excepto en situaciones y momentos definidos en la ley.

Con dinero, decretos, concesiones, nombramientos y amenazas, el presidente de la República ha controlado por completo a su propio partido, según la tradición mexicana. Durante décadas ése tenía la mayoría calificada. Como esto es lo que se quiere eliminar, entonces podríamos entrar a una situación en la que el presidente sea el líder político de su partido y tome en el seno de éste las decisiones políticas más importantes que tuvieran que ser impulsadas en el Ejecutivo y en el Legislativo. Como dentro de las formaciones políticas ya se discute, se comparte, se negocia, se rivaliza y se toman acuerdos, ese partido del presidente podría empezar a ser partido de verdad.

Dice Andrés Manuel que no tendrá palomas ni halcones, en clara referencia a que nadie podrá actuar en su nombre más que en forma oficial. Quizá lo anticipe porque ya se observan intentos de algunos muy listos de pasar supuesta consigna del Presidente Electo por debajo del agua o con simples insinuaciones. Así ha operado el viejo sistema y hasta en ese punto es preciso cambiarlo todo.

Ha dicho también López Obrador que no será tapadera de nadie. El Congreso, por su parte, tampoco tendría que serlo. Esto abre la posibilidad de que las cámaras ejerzan a plenitud sus facultades de control político que son muchas y relevantes, sin entrar en mecanismos de encubrimiento o complicidad. No importaría que dicho control afectara a secretarios de Estado y personas allegadas al presidente de la República: nadie tendría su tapadera, ni siquiera AMLO.

Lo que sería por completo desastroso es que no hubiera diálogo y negociación políticas entre los integrantes de la fuerza que ha recibido el mandato de cambiar el viejo sistema y buscar su sustitución radical. En el nuevo esquema, presidente y partido no deben estar lejos o cerca, extremos de los cuales antes se hablaba, sino ser un mecanismo de decisiones, ya que los objetivos generales se conocen, mas las formas, tiempos y maneras tienen que ser definidas a cada paso.

Si se quiere que los propósitos del 1 de julio se conviertan en realidades, la nueva disciplina debe basarse en la solidaridad, la cual implica igualdad y apertura políticas, sin secretos, insinuaciones, seguidismos, lecturas de pensamiento ni engaños.

Sería un error convertir a Morena en una agencia electoral, sin vida propia, sin opinión ni manera de actuar con sus gobiernos y grupos parlamentarios.

Los partidos no deben ser sólo para hacer campañas sino para elaborar ideas y luchar por ellas, para asumir la responsabilidad de marcar un rumbo. Por su lado, los gobiernos no son aparecidos incidentales sino que surgen de formaciones políticas más o menos estables; rara vez proceden de un independiente, en cuyo caso, ése de seguro forma un partido de cualquier estilo.

El país requiere una fuerza política de relevo que sea verdadera, es decir, que no conforme un club de negocios sino un sistema para expresar objetivos y métodos con transparencia y honradez. La esencia de un partido es su programa, el que sea, pero verdadero; es la expresión de ideas e intereses de grupos y clases. He aquí una tarea para hacer historia.

Hay temas legislativos mayores

Hay temas que acaparan la atención en los medios y redes sociales. Son los de sueldos, delegados del gobierno federal en los estados y uno que otro futuro nombramiento en el Ejecutivo.

Ya se sabe, a pesar de brincos, que los más altos sueldos de la administración pública van a ser rebajados; que ya no se cubrirán las pensiones ilegales y abusivas de los ex directores generales del sector paraestatal (art. 127), así como de los ex presidentes y sus esposas y viudas; que no habrá compensaciones escondidas; que los tabuladores serán verdaderamente públicos; que nadie podrá cobrar más de lo que tiene legalmente asignado (art. 127). Ya se sabe también que se van a cancelar las plazas de confianza creadas para complacer a amigos y cómplices, y que, en lugar de centenares de delegados del gobierno federal en los estados, sólo habrá uno por entidad. Por último, todos tenemos la información de que los cargos que no requieren confirmación parlamentaria, son de la exclusiva responsabilidad del Ejecutivo.

Pero hay temas legislativos mayores que casi no se están mencionando aunque se sabe que el Congreso abre sesiones el 1 de septiembre.

La Cámara de Diputados debe clausurar el departamento de regalos, a través del cual se agregan al presupuesto federal asignaciones al margen de toda meta y objetivo, es decir, sin programa alguno. De esa práctica vienen los “moches”, cuando quien metió el concepto en el Presupuesto pasa a cobrarle al que está recibiendo el recurso.

Al mismo tiempo, el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos debe ser exclusivamente para aumentos de sueldos durante el ejercicio y ajustes de partidas ya incluidas en el mismo. El gasto discrecional debe ser sustituido por una política de modificación de programas y partidas sólo mediante ajustes propiamente presupuestales. En una frase, los gastos secretos del Presidente deben ser cosa del pasado, lo cual ha de ser un paso de gran calado en el combate al Estado corrupto que ha prevalecido en México.

El primer paso en materia salarial es asegurar que los incrementos anuales a los mínimos general y profesionales siempre se fijen por encima del aumento de precios registrado en el año anterior más un porcentaje que compense lo que durante los 12 meses anteriores se hubiera perdido por la inflación. Así mismo, ¿de qué tamaño debe ser el aumento de precios para obligar a un incremento antes de que se cumpla el año de su vigencia? La ley debe señalarlo, en lugar de que, como ahora, lo decida el gobierno.

Uno de los primeros puntos que deben cumplir los legisladores es eliminar su propio fuero y el de los demás políticos poderosos, lo que implica ponerlos a nivel de cualquier persona susceptible de ser sometido a proceso penal, si acaso llegaran a existir causas para ello. Esto es tanto más importante porque la eliminación del fuero se aplicaría también en delitos cometidos antes de asumir el cargo.

En cuanto al presidente de la República, éste puede ser ahora sujeto a proceso por delitos del orden común (art. 108, 2º ), pero sólo por parte del Congreso. Lo que ahora es preciso modificar es que se puedan abrir en su contra procesos penales en los tribunales ordinarios.

Lo que es aconsejable cuidar es que los titulares de los poderes públicos no puedan ser detenidos o limitados en su libertad cuando se les someta a un proceso penal, sólo con el propósito de garantizar el normal funcionamiento de tales poderes y evitar golpes de Estado por la vía policial-judicial. Sería un sistema semejante a la libertad bajo fianza a la que tiene derecho cualquier procesado. Luego de la condena, se revoca la inmunidad, se remueve del cargo y se ejecuta la sentencia. Este mecanismo impediría la impunidad, lo cual es la parte más importante.

Si el Ejecutivo “no va a ser tapadera de nadie”, como lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, el Congreso tampoco debería serlo. Las comisiones investigadoras de las cámaras nunca han llevado a cabo su cometido porque están limitadas al sector paraestatal y carecen de capacidad para hacer comparecer a cualquiera bajo protesta de decir verdad. Una reforma en esta materia es urgente para trasparentar el funcionamiento del Estado mexicano, incluyendo contratos y cuentas, a través de mecanismos políticos permanentes y viables. Habría que inscribir a México dentro del control parlamentario que existe en muchos países, lo cual implica abrir todo lo público al escrutinio.

Como está ahora el calendario de sesiones ordinarias, el Congreso no va a poder agotar sus agendas legislativas y ocurrirá lo que ya hemos visto: nunca hay tiempo de discutir los temas más importantes que se dejan para el final. Además, no es aceptable que los legisladores trabajen 5 meses y medio pero cobren doce. Es fácil concluir que se precisa ampliar ese calendario.

Es necesario introducir en la Constitución la revocación del mandato de los cargos ejecutivos de elección popular, lo cual sería una nueva forma de resolver problemas políticos por vías civilizadas y populares, dos de las condiciones básicas de un sistema democrático.

En cuanto a las consultas populares, se requiere impedir que éstas sean arbitrariamente impedidas por la Suprema Corte, como ocurrió con la llamada reforma energética. En realidad, la Carta Magna sólo impide poner a consulta el presupuesto, las tasas impositivas y el financiamiento público. Así se convino en el Congreso y eso es lo que quiere decir el texto vigente. Ahora, es preciso remontar aquel percance de la democracia participativa y poner las cosas en su lugar.

En el plano fiscal no habrá aumento de tasas impositivas ni nuevos impuestos. Sin embargo, existe una lista de pendientes sobre aquellos decretos que el Ejecutivo ha emitido, por encima del Congreso y de la Constitución, para perdonar a algunos privilegiados el pago debido de sus contribuciones. Por motivos de justicia, no convendría dar largas al tema, pero también para no permitir que las políticas de otorgar privilegios sigan como si nada.

Se tiene que revisar de inmediato la reciente ley de propaganda oficial y volver a los proyectos anteriores para asegurar que en ese tema se cumpla la Constitución y se acabe con simulaciones y discriminaciones. En específico, ningún gobernante debe usar fondos públicos para hacer propaganda de su persona porque la Carta Magna lo prohíbe.

El financiamiento público de los partidos debe ser reducido ante la evidente exigencia popular, aunque sin desregular el financiamiento privado. Esto debería hacerse antes de que termine el año para aplicarlo en el ejercicio fiscal de 2019.

Hay más leyes urgentes que deben ser discutidas en el Congreso. Las listas se encuentran en manos de los futuros grupos parlamentarios y de muchas organizaciones sociales y civiles donde hay proyectos cuyo rezago es largo.

Medios y redes podrían abrir la discusión sobre tan importantes temas nacionales. Podrían, digo.

 

El `68, sus detractores y la impunidad

El movimiento estudiantil de 1968 ha sido maldecido, tergiversado, falsificado, defenestrado, desvirtuado, calumniado, quizá como ninguna otra lucha política de la historia mexicana del siglo XX.

No es sólo que los gobiernos priistas y otros partidos hayan tenido interés en justificar las atrocidades represivas, sino también que las derechas en general y algunas izquierdas en extremo oportunistas o sectarias nunca quisieron admitir la vigencia de la lucha por la democracia política como la planteó el movimiento de 1968, es decir, la libertad para todos los ciudadanos.

Se ha dicho sobre esa gesta, que llega en estos días a su cincuentenario, que fue producto de una lucha intestina en el gobierno entre quienes se disputaban la sucesión presidencial; que se trató de una provocación de la CIA; que fue resultado de una conspiración comunista doméstica aprovechando la proximidad de los Juegos Olímpicos; que existió un “plan subversivo de proyección internacional elaborado en el extranjero”; que era una moda internacional de jóvenes clasemedieros sin causa social alguna; que la represión se produjo ante la intransigencia de la dirección estudiantil; que en realidad el gobierno sí deseaba un arreglo satisfactorio y lo estaba buscando pero los líderes de los estudiantes sólo pretendían la confrontación; que el Consejo Nacional de Huelga estaba creando columnas armadas en vías de una insurrección; que esas columnas abrieron fuego contra los soldados en la Plaza de las Tres Culturas; que el Ejército fue sorprendido por el Estado Mayor Presidencial en Tlatelolco. Hay más frases sueltas, la mayoría de ellas sin referencia alguna, las cuales no pretenden más que negar el significado histórico de la lucha de la juventud intelectual de México en los años 60 o esconder el carácter represivo y despótico del poder priista.

Algunos otros han intentado explicaciones sociológicas y psicológicas sobre las causas y el desenvolvimiento de la acción estudiantil. Casi siempre se le han atribuido a los jóvenes de entonces pretensiones que nunca manifestaron, pero que, consideradas después, han servido para hacer análisis teóricos poco apegados a la historia.

Frente a los que han atacado al movimiento y ante quienes le han atribuido a éste pretensiones disimuladas o significados inescrutables, lo que al final nos queda es el movimiento mismo, su acción, su proclama, su objetivo, su forma de ser.

El movimiento estudiantil de 1968 concluyó con una derrota. De unos 50 presos políticos, por cuya libertad teníamos una huelga casi nacional de estudiantes, pasamos a contar con unos 400 luego del 2 de octubre, muchos de los cuales permanecieron en prisión casi tres años. Los jefes policiacos, responsables directos de las represiones de julio, se sostuvieron en sus cargos como si nada hubiera ocurrido. El Cuerpo de Granaderos fue mantenido como fuerza represiva de carácter político y se formaron grupos de choque sin uniforme. El Ejército siguió siendo utilizado como instrumento directo de la represión. Sólo el artículo 145 del Código Penal fue derogado, después de más de un año, por lo que obtuvieron su libertad Demetrio Vallejo y Valentín Campa, pero ya el famoso delito de disolución social había dejado de aplicarse a los presos políticos: ahora se les acusaba de homicidio, lesiones, sedición, invitación a la rebelión y 15 más.

Fue grande la depresión colectiva entre muchos miles estudiantes y entre las familias que les habían apoyado moralmente. La impotencia frente a la violencia del poder, es decir, esa situación de incapacidad para siquiera protestar, amargó la vida de muchos. Así suelen ser las derrotas.

Pero las enseñanzas grandiosas del movimiento estudiantil perduraron a pesar de todo. Ese planteamiento de libertades democráticas, justo en el país gobernado por el PRI con toda su carga autoritaria, represiva, políticamente castrante, que ello implicaba, ha sido durante 50 años un punto de referencia ineludible.

La democracia se legitimó en México en el momento preciso en que los estudiantes de México se levantaron contra el sistema político. Ya nadie pudo argumentar en contra, ni hacer del punto algo tan relativo o discutible que valiera la pena analizarlo de nuevo. Ya ninguno alcanzó a hacer valer las socorridas explicaciones de que el atraso económico mexicano o su vecindad determinaban la falta de democracia. Ya no se podía impedir que el país como tal pensara en cosas que no incluyeran su propia libertad política.

Todas las mentiras, sobreestimaciones, interpretaciones personales, sentimientos encontrados, perplejidades y justificaciones de la violencia del poder fueron cayendo poco a poco ante la contundencia de aquella lección histórica de la juventud intelectual mexicana.

Sin embargo, sigue existiendo un punto pendiente: el silencio cómplice del Poder Judicial, aquel que no ha procedido en absoluto contra los culpables y ni siquiera ha revisado los procesos de México 68, grandes monstruosidades jurídicas de indiscutible nivel histórico.

Al menos, el Poder Legislativo inscribió en ley el 2 de octubre como fecha de izamiento obligatorio de la bandera a media asta en señal de duelo, incluyendo los cuarteles. Al menos, se intentó por poco tiempo una fiscalía para abrir procesos penales contra los culpables de la represión. Mas, para el Poder Judicial hubo actos genocidas pero no personas genocidas. Esos represores y terroristas de Estado eran los más altos dignatarios, todos lo sabemos, pero los jueces se han encargado de mantenerlos en la más completa impunidad, la cual ya casi no alcanza a las personas, porque en su mayoría han muerto, pero se mantiene aquella que es la peor: la impunidad judicial histórica. Vergüenza nacional.

¿Quiénes ganaron las elecciones?

Existe un debate informal y deshilachado en varios periódicos sobre quiénes ganaron las elecciones desde un punto de vista politológico o, más ampliamente, sociológico. Se insiste en eso de los populistas sobre lo cual no existe una definición, se habla de una izquierda sospechosa por indefinida y, por último, se insiste en un inusitado y asombroso movimiento popular democrático, al que se refiere el mismo candidato triunfante.

Unos días después de las elecciones del 1 de julio, me encontré a Roger Bartra en el supermercado y de inmediato me dijo que había ganado “un nuevo PRI”. Rebatí de botepronto su aseveración, posible conclusión de un análisis sociológico viniendo de un reputado investigador, con el argumento de que Morena no se basa en aparatos corporativos ni es parte de la forma de gobernar asentada en la corrupción. Bartra replicó con una evidencia: “no veo en el nuevo gobierno a ningún revolucionario”. Le aclaré que revolucionarios no hay porque no se están produciendo revoluciones; vivimos en un mundo diferente al del siglo XX, aquel “siglo de los extremos”, según Eric Hobsbawm. Las revoluciones están en receso. Me pareció que él aceptaba estas afirmaciones mías pero volvió a la carga y dijo que López Obrador no iba a combatir la corrupción. Al final, le reiteré uno de los principales compromisos de campaña, el de acabar con el Estado corrupto mexicano. En lugar de decirme adiós, Bartra se despidió con un “veremos” de incredulidad.

Tanto en el terreno de la forma de gobernar, en el que destaca el tema de la corrupción, como en lo tocante a la política social, el ingreso y el impulso del crecimiento de la economía, existen muchas dudas. No es sólo la prensa sino también la intelectualidad e, incluso, señaladamente, mucha gente de la ciudadanía que salió a votar por el cambio y en la noche de ese día difícil se encontró con el hecho político de que era mayoría absoluta de su país.

Existe desconfianza en los programas políticos porque hasta ahora casi todo ha sido mentira. Ni la corrupción bajó, ni la economía creció, mucho menos se redujo la pobreza o mejoró la distribución del ingreso. En los últimos seis años tampoco se dio la prometida respuesta a la crisis de violencia delincuencial.

Un nuevo PRI es imposible porque sería algo del todo artificial y, por tanto, grotesco. Durante casi 40 años se ha producido un largo y desesperante proceso de cambios políticos, gracias al cual, finalmente, gozamos de aquellas libertades que el PRI le había arrebatado al país. Nuestra democracia, del todo formalista, aún no ha incluido a la escuela ni al sindicato, pero se expresa en otros ámbitos. Esa es la palanca para alcanzar un sistema político participativo y, con ello, construir una nueva ciudadanía. Tal es el nuevo propósito.

Ese movimiento popular, el que rebasó por completo al PRIAN como articulación de poder, se encuentra obligado a cambiar el estilo político. No es sólo minimizar la parafernalia oficial sino la completa cancelación del reparto de prebendas, favores, influencias, contratos, moches, en el que se sostiene actualmente la capacidad gubernativa. No habrá otra oportunidad, es ahora.

La política social debe dejar de ser un instrumento de organización territorial y sectorial de grupos a cargo de agentes del gobierno, con beneficiarios siempre amenazados y sometidos al despotismo burocrático. La forma de hacerlo es implantar derechos sociales de carácter general. Esa es la nueva pauta.

El derroche presupuestal debe dejar su lugar a una razonable austeridad de la función pública en vías de la elevación del gasto social y de inversión. Poco a poco, año tras año, esa nueva política dará sorprendentes resultados.

Por lo pronto, entre esperanzas y escepticismos, al fin la transición está dando inicio. Sí es una proeza histórica haber logrado el resultado electoral que se tiene, por más que algunos francotiradores de izquierda, es decir, personas sin compromiso político orgánico, hayan dejado de confiar en sí mismos o, dicho de otra manera, ya no crean en lo que fue su propio discurso. Todo es real aunque parezca un sueño, tenemos una nueva fuerza gobernante popular y democrática con un duro mandato popular. Nadie es perfecto o sin defecto alguno pero esta es la verdad disponible, sobre la cual es preciso trabajar sin buscar refugio en el amargo rincón donde ya no se cree ni se piensa en nada nuevo.

La danza de los sueldos

El artículo 127 de la Constitución, reformado totalmente en julio de 2009, comprende las remuneraciones, bajo cualquier denominación, “en efectivo o en especie”, con las únicas excepciones de “los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”. El precepto abarca a la totalidad de los servidores públicos del Estado mexicano.

Las reglas concretas al respecto son directas: 1. Nadie puede ganar más que el Presidente de la República; 2. No se puede percibir más que el superior jerárquico; 3. No se conceden ni se cubren jubilaciones, pensiones o haberes de retiro fuera de lo señalado en ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo; 4. Las percepciones son públicas y se establecen exclusivamente en el presupuesto; 5. El Congreso y las legislaturas locales deben expedir leyes ordinarias sobre este tema y prescribir sanciones al “incumplimiento o elusión por simulación de lo establecido en este artículo”.

El contenido de este precepto es algo muy sensato y lógico, lo escandaloso es que no se cumple ni se han emitido leyes reglamentarias, ¡luego de 9 años de vigencia!

López Obrador ha hecho un llamado al próximo Congreso para que expida la legislación derivada, la cual fue aprobada en el Senado desde el 8 de noviembre de 2011. Sí, ¡hace casi 7 años!, pero se encuentra congelada desde entonces en la Cámara de Diputados.

El tema de los sueldos de servidores públicos es uno de los más soterrados dentro del sistema político mexicano. Está relacionado con la corrupción porque las remuneraciones arbitrarias, dentro o fuera de presupuesto, al margen de la Constitución, son un mecanismo para gratificar lealtades políticas, complicidades, encubrimientos y demás mecanismos del Estado corrupto vigente hasta ahora en el país.

Esta situación se repite en los gobiernos locales, dentro del Congreso y en las legislaturas de los Estados, muchos ayuntamientos y especialmente en el sector paraestatal.

Como no se aplica la condensación de todos los ingresos, en efectivo o en especie, tal como lo señala la Carta Magna, entonces se reciben conceptos fraudulentamente disímbolos, cuya suma rebasa el sueldo nominal del Presidente de la República, quien también se lleva dinero por fuera.

Hay personas pensionadas por los bancos del Estado sólo por haber pasado por ahí durante poco tiempo, en aplicación de reglas internas de por sí ilegales que han sido inconstitucionales durante los últimos 9 años, pero los pagos han continuado. Lo mismo se puede decir de tantas liquidaciones y pensiones pagadas en otras empresas públicas a favor de altos funcionarios, incluyendo directores generales.

La corrupción es una hidra de muchas cabezas, pero no se trata de ir cortando una por una sino de elaborar una política que acorrale y elimine a ese monstruoso mecanismo de gobierno.

En lo que toca a los sueldos, no se trata sólo de detener gastos ilegítimos e ilegales sino principalmente de dignificar la función pública, de sustraer a los funcionarios de aquello que les obliga a soslayar sus deberes en aras de conseguir prebendas porque los altos jefes reparten todo el tiempo dineros públicos como si fueran de su propiedad.

Fijar con claridad los límites de las remuneraciones conforme a la Constitución es una cuestión política, es decir, un modelo de administración que debe estar basado en la transparencia, el profesionalismo, la probidad y la dignidad de los servidores públicos.

Cuando López Obrador plantea que el Presidente de la República debe ganar la mitad de lo que se le entrega ahora, lo que está diciendo es que a los gobernadores también les han de reducir sus sueldos y cancelar los sobresueldos y gastos que no comprueban, lo mismo que a legisladores y alcaldes de las grandes ciudades que a veces ganan lo indecible.

En México, los altos funcionarios no pueden ganar como en los países ricos, ya sea porque en éstos el costo de la vida es mucho mayor, como porque acá los sueldos de los empleados de base y supernumerarios es demasiado bajo en términos reales.

Alguna vez se consideró que la corrupción tendría que combatirse mediante el aumento de las percepciones de los altos funcionarios. Eso ha sido un fracaso porque ya se ha visto que el robo al erario, la mordida y el tráfico de influencias aumentan a pesar de los altísimos sueldos.

Luego de 9 años de incumplir el mandato de legislar, los estados también tendrán que hacerlo debido a la nueva composición de muchos congresos locales.

Después vendrán algunas otras leyes y decretos que ayuden al gobierno a cerrar los agujeros de la corrupción que tiene ese queso gruyer que se llama Estado mexicano y, ante todo, los presupuestos de egresos de la Federación y de las entidades que han renovado sus legislaturas. En especial, hay que cortar las uñas de los gastos discrecionales con los cuales se financian familias y grupos políticos, además de comprar votos.

No se tienen que dar palos de ciego. Estamos sencillamente en un proceso bajo una nueva fuerza gobernante. Ya se sabe que el tema de la corrupción no es el único, pero casi todos los demás se encuentran de alguna forma enredados en éste.

Nueva fuerza gobernante

México tendrá una nueva fuerza gobernante. Este es el gran cambio de partida. Luego vendrán otros. Habrá que forjarlos.

El candidato triunfante, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo la mayoría de votos en 31 de las 32 entidades federativas. La coalición que lo postuló triunfó en 24 de éstas en la elección de senadores y en 219 de los 300 distritos electorales de la Cámara de Diputados. En total, la coalición que postuló a AMLO tendrá algo más de 300 de 500 asientos en San Lázaro y unos 70 de 128 en el Senado. Más de la mitad de esa mayoría estará compuesta de mujeres, lo que es otro acontecimiento.

México tendrá un presidente elegido con mayoría absoluta, la cual eleva la carga política de éste y, al mismo tiempo, le otorga una enorme fuerza moral para aplicar su programa, aquel que la mayor parte de los votantes ha respaldado en las urnas.

Se confirmó la tendencia señalada por el promedio de las encuestas. Esto muestra la forma en que se perfiló el inevitable desenlace. En esencia, la justa terminó como había empezado, sólo con el añadido de que la diferencia numérica fue creciendo sin tregua.

Es frecuente que un partido pase a la oposición, pero no lo es tanto que lo haga reduciendo casi a la mitad su porcentaje anterior y sea derrotado en todos sus baluartes. De controlar la mayoría absoluta en una cámara de 500, el PRI pasará a tener un grupo parlamentario de unos 47 diputados (9%). En el Senado podrá llegar a 13 legisladores (10%).

Acción Nacional ha quedado en segundo sitio en la contienda por la Presidencia, pero con un porcentaje menor que hace seis años. Con 83 diputados (17%), el PAN tendrá su fuerza parlamentaria más reducida de los últimos 30 años. Con 24 senadores (19%), perderá su lugar de balanceador.

Ninguno de los dos viejos partidos poseerá por sí mismo el tercio más uno necesario para bloquear reformas constitucionales y designaciones. A este respecto, tendrán que negociar entre ambos, como hermanos programáticos, en un renovado PRIAN, pero ya no con mayoría conjunta sino sólo como minoría de bloqueo. Esto se llama cambio súbito de la situación.

Las coaliciones construidas por los dos partidos tradicionales del país fueron inoperantes e, incluso, perjudiciales para sus miembros. El PRI no agregó más que el fardo de un Partido Verde (1.8%) que es lesivo a toda causa política, y un PANAL (1%) estancado en el SNTE, sindicato dirigido por líderes venales. Por su lado, el PAN optó por moverse entre las arenas movedizas del Movimiento Ciudadano (1.7%), el cual sólo cuenta con fuerza en Jalisco, pero de parte de un personaje que le es esencialmente ajeno y que ahora, sin apoyo panista, será gobernador del Estado. Su frente, pretendidamente “ciudadano”, se incubó a partir del respaldo de la decadente dirección del Partido de la Revolución Democrática (2.8%).

De las nueve gubernaturas en disputa, el PRI no logró ninguna, mientras el PAN se ha replegado a Guanajuato, reclama Puebla en medio de acusaciones de fraude y le ha arrebatado Yucatán al PRI, aprovechando coyunturalmente el surgimiento de una tercera fuerza electoral en ese estado, Morena.

Si todos los 32 gobernadores se hubieran elegido en esta oportunidad, Morena tendría la victoria al menos en 24 estados, según los registros de votos de las elecciones de senadores.

Sin embargo, se han producido bruscas modificaciones en la composición de las legislaturas locales. En 13 de las 15 entidades donde no hubo elección de gobernador pero sí de congreso local, Morena y aliados alcanzaron la mayoría de curules, tal como ocurrió donde este partido obtuvo el gobierno. Con 18 legislaturas, la nueva fuerza gobernante tiene la llave para el refrendo de las reformas constitucionales que apruebe el Congreso. Además, en muchos ayuntamientos se ha realizado también una remoción política.

Hay un nuevo contexto y, en consecuencia, nuevas tareas políticas. Morena debe implantarse en todo el territorio nacional; organizar a sus afiliados de nuevo modo, sin agrupamientos sectarios internos y reparto de posiciones, inagotable fuente de mercadeo y clientelismos; discutir y resolver en sus filas las orientaciones de gobierno, tanto en el plano local como nacional; respaldar a los trabajadores del campo y la ciudad en sus luchas reivindicativas, sin repliegues, evasivas ni maniobras; exigir a los gobernantes y legisladores la realización de la plataforma que conquistó 30 millones de voluntades.

Tener la Presidencia de la República, la mayoría en el Congreso y más de la mitad de las legislaturas locales es una mayúscula responsabilidad porque no habría pretextos para dejar de aplicar la plataforma presentada y las promesas hechas.

Mientras la izquierda por fin llegó al poder político y lo hizo en óptimas condiciones, el partido que le antecedió en la izquierda y del que fue presidente y dos veces candidato López Obrador, el PRD, perdió el 90% de su caudal registrado en 2012. Las causas de este fenómeno fueron el oportunismo y la conversión paulatina pero muy efectiva de ese partido en una central de negocios, que le llevó hasta la fatídica alianza con la derecha tradicional. Así, en esta elección de 2018 se aprecia también ese excelso triunfo ciudadano, ya antes visto, que consiste en repudiar efectivamente a partidos inconsecuentes, inservibles y corruptos.

La derecha ultraconservadora que odia la representación proporcional debería hablar ahora, pero calla sonrojada. Si se le hubiera hecho caso para eliminar los asientos de minoría en las cámaras, habría la siguiente composición: la coalición de Morena tendría 219 de 300 curules (73%) y 50 de 64 escaños (78%). Con estos números, bajo el sistema mayoritario estilo Estados Unidos y Gran Bretaña, aquel que tanto exigen los falsos demócratas del ala reaccionaria acomodada en el PRI y el PAN, así como en círculos patronales y algunos medios de comunicación, el partido emergente tendría sobradamente capacidad para reformar por sí mismo la Constitución, así como designar a quienes quisiera en la Suprema Corte de Justicia y en los organismos autónomos. Eso es lo que habían querido, pero sólo como instrumento dictatorial de las derechas. Ahora, no podrían proponerlo porque esa regresión ya no les conviene.

En contraste, la izquierda gobernará bajo un sistema proporcional, consciente de que ése sigue siendo el mejor desde el punto de vista de la democracia política.

La contienda terminó como había iniciado

El espectáculo escatológico que acaba de culminar, llamado a veces “guerra sucia”, no es del todo diferente a lo que habíamos visto en contiendas electorales anteriores, en especial en la de 2006. Sin embargo, el país ya tenía una situación política distinta.

El fracaso de la función de gobierno no corresponde sólo a un partido sino a dos. En el lapso de 12 años, entre el año 2000 y el 2012, hubo dos cambios políticos de gobierno, pero ninguno hizo la crítica pertinente ni planteó una modificación de rumbo. En un periodo de 18 años, los partidos de la alternancia fracasaron luego de aplicar la misma política.

Mientras la confrontación entre los abanderados de PRI y PAN era muchas veces algo personal, ya que las acusaciones entre ellos nunca tocaron la gestión de gobierno, ambos presentaban los mismos denuestos hacia el candidato de Morena debido a las profundas divergencias con su programa. La convergencia programática entre los viejos partidos era evidente en los discursos y las polémicas.

El peligro a lo desconocido, denominado “populismo”, “irresponsabilidad”, “ocurrencias”, “locuras”, etc., no era más que el repudio a un cambio de orientación política del gobierno y del Congreso.

Los candidatos de la línea política bipartidista hablaron mucho del peligro inminente de una vuelta al pasado, a las crisis económicas recurrentes, el estancamiento económico y la regresión social, pero sin admitir que en los últimos 18 años no se ha visto crecimiento y ha empeorado el patrón de distribución del ingreso.

Ambos candidatos del neoliberalismo lanzaron una inusitada plataforma de promesas de política social que no corresponde con sus verdaderas inclinaciones, pero sólo era para contrarrestar al otro aspirante. Pocos les creyeron, lógicamente.

Algunos intelectuales de centro-derecha han reconocido cierto fracaso del neoliberalismo en México, pero difunden la idea de que desviar el curso con un golpe de timón sería una vuelta atrás. En el colmo, Aguilar Camín (Milenio, 27.06.18) ha enunciado la tesis de que ese neoliberalismo fue el que condujo a la competencia política, como si el viejo sistema priista y su oposición de derecha hubieran prohijado las libertades políticas que hoy se tienen, es decir, se quiere borrar a la izquierda mexicana como si ésta nunca hubiera existido, para lo cual se desconoce el largo y penoso proceso de lucha popular por las reformas políticas, incluida la primera sacudida de 1988.

El desastre del desbordamiento delincuencial y la violencia que afecta al país no es cualquier añadido de una crisis nacional en curso. En este tema todo parece indicar que las cosas están empeorando rápidamente. La alternancia de los viejos partidos no sólo fracasó sino que es parte del mismo problema que se ha incubado en la falta de un programa social, en la corrupción generalizada y en el deterioro del aparato público.

La crítica del Estado corrupto mexicano no podría venir de los mismos que han construido ese sistema de gobernar. Cuando los candidatos de los partidos más comprometidos con la corrupción se lanzaban con cierta desesperación a condenarla, se estaban refiriendo en general al fenómeno, sin entrar en espinosos detalles. Esto ayudó a confirmar lo que ya se sabía: las condenas a la corrupción procedentes de los abanderados del PRI y del PAN no se las cree casi nadie, muchos menos ellos mismos.

En medio de ataques, afirmaciones falsas e insultos se realizó una contienda política que, sin embargo, terminó como había empezado. Las preferencias se mantuvieron casi igual que al principio de esos meses en los que se intentaba desacreditar un programa democrático y social. Una gran parte de la sociedad mexicana ya había cambiado para entonces y también se había conformado la fuerza política capaz de encabezarla. El poder lo sabía, pero tuvo que defenderse todo lo que pudo, era su obligación consigo mismo.

Krauze, el absolutismo político y la mayoría

México tuvo una especie de absolutismo político en tanto que el Estado era un partido y todo el sistema electoral estaba en manos del Ejecutivo. Ninguna libertad podía ejercerse a cabalidad. Así también, el poder judicial carecía casi por completo de certeza y legalidad. El presidencialismo era despótico al grado de usar la violencia como método de gobierno. Y, por si todo eso fuera poco, la prensa estaba amenazada y comprada.

¿México puede volver a tal situación? Si se trata de tomar parte en la contienda electoral, se puede decir que sí, siempre que le convenga a un candidato. Pero si se quisiera analizar con honradez intelectual la realidad de México, sería imposible sustentar la tesis del inminente peligro de volver a ese absolutismo político.

Enrique Krauze se ha lanzado a la lucha electoral con la novedosa tesis de que con una mayoría legislativa de Morena o de la coalición electoral que encabeza Andrés Manuel López Obrador se podría regresar a México a aquel absolutismo. Por tanto, el conocido biógrafo de personajes históricos convoca a los probables votantes de AMLO a sufragar a favor de otro partido en las boletas de diputados y senadores. Equilibrio, implora.

Esa preocupación es nueva para Krauze, quien ni siquiera criticó el burdo fraude del año 2015, consumado en la mesa del Consejo General del INE y confirmado en el TEPJF, para dotar a Peña Nieto de la actual mayoría de la que ha gozado en la Cámara de Diputados.

Enrique Krauze publicó en 1984 su ensayo sobre la democracia (Vuelta, num. 86), en el cual recomendaba un sistema bipartidista, como el establecido en Inglaterra a partir de las reformas políticas de fines del siglo XVIII y las de 1832, cuando no había sufragio universal. Aquellos eran dos partidos que representaban a las clases propietarias, pues los trabajadores aún carecían del derecho a votar. Esa era la democracia en la que se inspiraba Krauze para sugerir el bipartidismo en México, con el fin de superar la corrupción, como se intentó en Inglaterra, mediante un sistema de vigilancia entre dos partidos competitivos pero que en el fondo eran lo mismo.

A Krauze no le importaba en absoluto que un partido tuviera el Ejecutivo y el Legislativo al mismo tiempo porque su plan para México, el bipartidismo, funciona con la mayor frecuencia dentro de un control de ambos poderes por la misma formación política.

El esquema bipartidista no tuvo éxito en el país porque se presentó la crisis de 1988 que llevó a la izquierda, con Cuahutémoc Cárdenas, al surgimiento de un amplio partido que planteaba remover al Estado unipartidista. El absolutismo político mexicano fue declinando paulatinamente a pesar de la presidencia de Carlos Salinas, quien intensificó la represión y la corrupción respecto del sexenio anterior. Los fraudes ya no se hacían contra el PAN sino sólo contra el entonces nuevo partido, el PRD.

Sobre el tema de la corrupción, que en 1984 le preocupaba a Krauze, no se produjeron cambios cuando el PAN se hizo cargo del gobierno federal y de varios otros de carácter local a partir del año 2000 y hasta el 2012.

El sistema bipartidista no ha sido admitido por la ciudadanía mexicana ni era solución al Estado corrupto. El problema consiste en que en México la corrupción es parte de la forma de gobernar. El aparato público opera bajo normas no escritas (a veces también escritas) de la corrupción, la cual no es sólo la disposición de fondos públicos de parte de funcionarios sino principalmente el uso de las instituciones para llevar a cabo toda clase de actos ilícitos e, incluso, lícitos, que benefician a los operadores de las funciones estatales y a integrantes o amigos de la oligarquía que López Obrador denomina “la mafia del poder”.

Es imposible combatir la corrupción cuando el presidente de la República gobierna bajo los usos de un Estado corrupto. Vicente Fox, por ejemplo, llegó a la Presidencia siendo denunciado por ilícitos electorales, los cuales fueron sancionados con multa administrativa por el IFE, pero la PGR declaró que no hubo delito alguno, luego, claro, de rehusar que se nombrara un fiscal independiente, como suele ocurrir en muchos países cuando el presidente puede ser inculpado.

Si Morena no llegara a tener una mayoría legislativa sería difícil y complicado tomar las decisiones que condujeran al establecimiento en México del Estado de derecho. Los partidos que han demostrado ser funcionales al Estado corrupto pondrían toda clase de obstáculos a los decretos que se trataran de expedir.

Quisiera poner un solo ejemplo. El “departamento de regalos” (como yo le llamo) es un mecanismo que consiste en crear cada año una bolsa de dinero no contemplado en el proyecto del Ejecutivo, con el fin de hacer asignaciones en la Cámara. Sin programas ni políticas públicas, se reparten fondos por parte de los diputados, a pedido de otros políticos e, incluso, asociaciones civiles. Así se obtienen los “moches”, cuando el creador de la partida pasa a cobrarle al beneficiario un diezmo sobre lo otorgado. Suelen repartirse así muchos miles de millones.

La corrupción es parte del sistema de gobierno, de los métodos de gobernar, de la forma de ser del aparato público, de la creación de fortunas personales, de la manera en que cualquier persona supera un obstáculo en la órbita del Estado. La mayoría legislativa es necesaria para acometer contra la corrupción, ciertamente existente en todos los Estados del mundo, pero que México es diferente: aquí, el Estado es corrupto.

Se entiende que Enrique Krauze conozca el tráfico de influencias y el dispendio presupuestal, pero no parece que le preocupe demasiado, como en 1984, el tema de la corrupción. El PRIAN, del cual él mismo es uno de sus ideólogos más conspicuos, es un genuino producto de esa corrupción estatal.

La existencia de una mayoría legislativa no podría conformar, por sí misma, un absolutismo político. El sistema parlamentario funciona generalmente con mayoría, ya sea con uno o varios partidos, pero nadie habla de un regreso al absolutismo, término, por cierto, que viene del Estado monárquico en el que no había libertades ni elecciones.

Si ante la falta de una mayoría en el Congreso, el PRIAN, aderezado como ya está con los tránsfugas de la izquierda, se propusiera bloquear sistemáticamente las iniciativas del partido emergente, el Congreso se paralizaría en un alto grado. En un esquema así, se podría orillar al uso recurrente de las facultades presidenciales que confieren las leyes, en lugar de ubicar las reformas en el plano de la discusión pública y el debate parlamentario. ¿Es eso lo que se busca como contexto para atacar por sistema al nuevo presidente de la República?

Toda la campaña sucia contra Andrés Manuel se ha basado en infundios tendientes a generar desconfianza y miedo. Ante la expectativa de una gran votación en su favor, se recurre ahora a tratar de meter otro miedo, el cual ya no es sólo el del nuevo presidente, sino el de que éste cuente con mayoría en el Congreso. Lo lógico, en todas partes, es que cuando existe una mayoría ciudadana, ésta asume el poder Ejecutivo y el Legislativo, que son justamente los de elección popular. No hay motivo válido alguno para pedir la disgregación de la mayoría política que se ha venido conformando en el país. Pero, ¿quiénes buscan hoy que esa mayoría se divida por miedo de sí misma? Son los integrantes del PRIAN que se resisten al desmoronamiento de su sistema político. Enrique Krauze no es sólo un ideólogo de esa amalgama de poder sino es también uno de sus matraqueros.

El fracaso del frente panista

Entre el 17 de octubre y el 17 de noviembre de 2017, el frente integrado por el PAN con otros dos partidos pasó de 35 al 25% en el promedio de mediciones demoscópicas. Ese fue el efecto Ricardo Anaya, pues corresponde al momento de la formalización política de su candidatura, luego de la renuncia al partido de Margarita Zavala. No es verdad que los posteriores señalamientos penales en contra de Anaya le hayan restado porcentaje. La baja de diez puntos es atribuible al candidato. El PAN debió cambiarlo a fines de noviembre para tratar de recuperar algunos votos. Había tiempo, pues la convocatoria iba a ser expedida hasta el 21 de diciembre.

El hundimiento del proyecto de hacer un “frente ciudadano”, aunque que en realidad era sólo de tres partidos, no fue causado por el simple hecho de hacer una alianza sino por sus insostenibles bases constitutivas. El encuentro histórico de la derecha con la izquierda no se pudo acreditar porque no lo era, ya que, desde antes, el PRD había dado la espalda a la corriente política nacional y popular de la cual surgió. La alianza de la dirección perredista con el PAN era un medio de confirmar la traición, no tanto por hacer un frente, sino porque el candidato era justamente el presidente del viejo partido de la derecha.

El frente construido por el PAN se ubicó en algo así como un vacío político, el cual quiso ser llenado con la propuesta izquierdista de renta ciudadana universal, presentada por Ricardo Anaya en el momento de lanzarse como (pre) candidato. Acción Nacional no podía respaldar esa idea ni tampoco era realizable, al menos en el corto plazo, porque costaría casi la mitad del presupuesto federal.

Anaya se mostró como un neoliberal sin escrúpulos, capaz de presentar la idea más atractiva para combatir la pobreza, pero sin la menor congruencia con la política de su partido ni con sus propias convicciones. La renta universal era, entonces, tan solo un operativo para ganar una elección y, luego, incumplir la promesa por inviable.

El candidato del PAN hacía de tal forma un juego de audacia que en realidad era escandaloso en un doble sentido. En su propio bando, la promesa de renta ciudadana generó rechazo por “populista” y, en todos los otros, hubo mutismo por ser simplemente demagógica. Él mismo la dejó caer. Nadie la recogió en el debate político nacional. El tema, sin embargo, es de gran importancia pero Anaya lo ha pervertido al utilizarlo en forma inescrupulosa y soez. Eso suele ocurrir con los proyectos de izquierda apropiados por la derecha: todo se torna en lacerante mentira.

El gobierno de coalición fue otro instrumento de la audacia del frente creado por el PAN. Ante un presidencialismo despótico en declive pero subsistente bajo su forma corrupta, Acción Nacional adoptó la idea de pactar una futura coalición de gobierno. El PAN y el PRD han ganado juntos varias gubernaturas pero en ninguna de ellas existe algo así, sino que el gobernador quita, pone y repone a su gusto y es el jefe único.

Un gobierno de coalición de carácter legal, como el que se plantea, requiere, antes que nada, la conformación de un colegiado con facultades constitucionales, pero eso es justamente lo que no propone el frente creado por el PAN. Se quiere engañar a partir de una figura introducida recientemente en la Constitución, llamada “gobierno de coalición”, pero que depende por completo de la decisión personal del presidente. O sea, no es lo que dice ser.

El frente panista abrazó la tesis de que los liderazgos políticos se pueden improvisar. En esto existe un paralelismo con la postulación de José Antonio Meade, presentado como candidato “ciudadano” postulado, contradictoriamente, por el presidente de la República. En el PAN fabricaron la invendible mercancía de que el frente sería “ciudadano” y, el líder, un personaje sin pasado, aunque, en verdad, con trayectoria tormentosa. La postulación de Anaya fue también ocasión para consumar un rompimiento, largamente incubado en el PAN, para dejar fuera a Felipe Calderón, mediante el uso de una aplanadora mayoría en los órganos de dirección panista. Pero el monto de lo que se rompe arriba suele ser menor que lo quebrado abajo. Esa es la historia de la candidatura malograda de Margarita Zavala y de todo lo que fue dejando el panismo en el camino.

El PAN tiene un competidor que se llama José Antonio Meade. El espacio de la derecha lo ocupan en empate dos partidos, Acción Nacional y el PRI. Por reveladora coincidencia, los candidatos de ambos partidos están haciendo promesas en materia de redistribución del ingreso, principalmente por cuenta de los fondos públicos. El “populismo” defenestrado por la derecha política es retomado sin explicación alguna por los candidatos Anaya y Meade. Eso les hace aun menos creíbles. ¿Por qué nada de eso propusieron antes?

La idea de convocar al “voto útil” para derrotar a López Obrador hubiera tenido que partir de un rechazo mayoritario hacia el líder de Morena, pero las encuestas registran más repudios contra los candidatos del PRI y del PAN. El “voto útil” se hizo inoperante por falta de utilidad.

Según los demoscópicos, más de la tercera parte de quienes se consideran a sí mismos perredistas manifiestan su intensión de votar por AMLO mientras que otro tercio se encuentra entre quienes no manifiestan preferencia alguna. El frente es un fracaso también desde el punto de vista cuantitativo, es decir, en su elemental propósito de sumar votos. El asunto se agrava cuando Meade se nutre de la décima parte del voto duro tradicional panista y pretende sacar más mediante la campaña contra Anaya por los negocios oscuros que se le atribuyen. “Aquí eres el único indiciado, Ricardo”, le ha dicho el priista en el reciente debate, aunque ya antes lo había tildado de traidor, sin precisar causa ni gobierno traicionado.

Es verdad que el PAN, con otro candidato y sin incómodas alianzas, no hubiera sido tampoco una fuerza con perspectiva de triunfo en la elección presidencial, debido a que no es opción alternativa frente al sistema actual de gobierno, pero, al menos, no estaría en la complicada situación de integrar una coalición anómala, inconsistente e inexplicada, la cual le divide, desdibuja y desarregla en el espectro político nacional.

La idea de Anaya de presentarse como el mejor y más seguro relevo del gobierno actual siempre fue una vana ilusión porque el PAN operó casi siempre como segmento del PRIAN durante el mandato de Peña Nieto. Se podría decir que las políticas de Vicente Fox y de Felipe Calderón fueron aproximadas reproducciones de la tradición priista y del Estado corrupto mexicano. Nada mejoró en el país y algunas cosas empeoraron. El contraste nunca existió o jamás fue percibido, lo que equivale a seguir en lo mismo. El PAN desperdició miserablemente sus dos oportunidades.

Ante su propio fracaso, el último recurso del frente panista ha sido el de denunciar un pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador. Pero tal sensacional revelación se hace luego de buscar con desesperación e infructuosamente la declinación de Meade en favor de Anaya. Este giro tiene dos componentes: por un lado, es la tesis del PRD de que AMLO quiere restaurar el priismo, con la cual busca justificar su inocultable traición a la izquierda popular mexicana; por el otro lado, es una prematura explicación de la derrota electoral de Acción Nacional.

De ese frente creado con grandes ilusiones por el PAN no quedará más que amargura. Ese partido tendrá que ajustar filas internas, pero volverá a su estado de partido de derecha tradicional, neoliberal, sin duda, lo cual le moderniza pero no tanto. Podrán los panistas digerir la audaz aventura de haberse presentado como lo que no son, pero su líder actual y candidato tendrá que morder el polvo de la derrota.