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Enfermedad de contratismo

En la respuesta del gobierno a Alfonso Cuarón se plantea que deben ponerse a subasta los derechos de extracción de petróleo para lograr la mayor renta posible. Esta ciencia es enternecedora: el dueño de Pemex, un importante productor en el mundo, tiene que ir a buscar otras compañías que sólo le pagarían una renta y que se quedarían con la ganancia industrial que es lo principal.

El gobierno se cuestiona a sí mismo: “¿cómo logramos que la reforma nos permita dar vuelta al deterioro (de las finanzas) que ya se observó?” Y se responde: “el uso de contratos permitirá que aumente aún más la inversión en el sector.” No se dice la verdad: las inversiones de Pemex han sido escasas si se toma en cuenta el potencial existente en el subsuelo y la baja de la extracción, pero la causa no es una falta de dinero ni la ausencia de proyectos sino la incapacidad de operación que se inventaron los últimos gobiernos, incluyendo el actual. Sin embargo, Pemex podría crecer y mejorar. Ahora bien, el contratismo no aporta mayor riqueza. Cualquiera que sea el esquema de éste, se ha de compartir lo que ya se tiene, sacrificando además desarrollo tecnológico. Ninguna trasnacional querría venir a extraer petróleo a cambio de migajas sino para realizar un gran negocio. Lo que esas empresas ganen, lo perderá la nación.

El gobierno agrega: “la reforma nos permitirá dar vuelta a la caída en la producción de petróleo al mismo tiempo que el Estado mexicano ya no es el único que incurre en todos los riesgos y costos asociados a esa mayor producción”. Costos financieros también los tienen las trasnacionales que encuentran dinero en el mismo lugar que los gobiernos. Pero, ¿cuáles son los riesgos? No los conocemos. La producción petrolera es algo de lo más rentable en el mundo a través de precios artificiales. El crudo es un bien monopolizable y monopolizado pero, a diferencia del suelo, es exclusivo de un grupo de países con excedentes. Hay precios mundiales de petróleo solamente según su calidad. Pueden producirse accidentes pero ese riesgo es inherente a toda industria. Puede bajar el precio, como ha ocurrido, pero siempre estará por arriba de los costos y ya se inventaron los fondos de estabilización. “Compartir riesgos” es el peor argumento que se puede utilizar para compartir en realidad una riqueza nacional que tiene la peculiaridad de brindar ganancias extraordinarias.

El gobierno dice que “el régimen fiscal de Pemex implica que todas las utilidades se transfieren a la Secretaría de Hacienda independientemente de si Pemex tiene buenas oportunidades de reinversión de esas utilidades”. El sistema no funciona así. El monto que Pemex entrega al gobierno es decidido por el gobierno mismo. Los excedentes petroleros se convierten en ingresos de gobierno ante la falta de otros y se obliga a Pemex a tomar deudas que el mismo gobierno tendría que contratar para cubrir su propio gasto. Pero, con la reforma, en lugar de que Pemex invierta más y produzca más, lo harían las trasnacionales dejando menos al país.

El gobierno afirma que con su plan se podría pasar de 2.5 millones de barriles diarios a 3 millones en el año 2018. Se habla de medio millón de barriles adicionales que sólo equivale al doble de lo que hoy se produce en Ku-Maloob. Serían unos 200 mil millones de pesos brutos al año, de los cuales las trasnacionales se llevarían más de la mitad. ¿Para eso se tiene que convertir a Pemex en una empresa más frente a las trasnacionales, en su propio territorio y por decisión de su propio gobierno?

La tesis del tesorito, propagada por Calderón, es la misma de Peña, pero ahora se trata del contratismo como enfermedad: las asignaciones se realizarían directamente por el gobierno a través de contratos y de un nuevo sistema de licencias, es decir, concesiones.

¿Por qué no le proponen el mismo plan a Arabia Saudita, primer exportador mundial de crudo? Todos en ese país se reirían hasta las lágrimas.

Te quieren engañar, Cuarón

En la respuesta del gobierno a Alfonso Cuarón se dice que el precio del gas se reducirá porque se va a producir más. No se dice que ese precio no está determinado por el volumen de la producción potencial sino por la demanda en la zona geográfica internacional de su consumo. No se explica tampoco por qué no se ha querido producir mayor cantidad teniendo el hidrocarburo en el subsuelo. La mentira es mayor cuando se ocultan tres aspectos: que Pemex quema gas en la atmósfera; que parte del gas producido en México está sometido a contratos con compañías privadas (Cuenca de Burgos); y que Pemex puede invertir como cualquier otra compañía.

Dice la respuesta a Cuarón: “Entre más gas se produzca en México, menores serán los costos de generar electricidad”. Esto es una verdad a medias porque la sustitución de combustóleo por gas en la producción eléctrica es algo que debió haberse culminado hace tiempo y de hecho se ha venido haciendo pero comprando el gas fuera del país. Cuando se empezó a regasificar parte de lo importado y cuando se redujo el precio del gas de Texas, no bajó la tarifa eléctrica. Sin embargo, con una mayor producción del Estado, la renta, la ganancia industrial y los empleos serían de nuestro país. Por eso se insiste en que Pemex se amplíe pues con los extranjeros la ganancia se iría a otro lado y la nación se quedaría sólo con la renta como ahora ocurre en Burgos.

Se afirma en la respuesta a Cuarón que “el país no desarrolló la infraestructura necesaria para transportar el gas por ductos”. Pero no se dice por qué el gobierno no invirtió y no invierte lo necesario. Cierto es que faltan ductos pero no se midieron en gastos cuando construyeron la regasificadora de Manzanillo para recibir el gas de Perú.

Dice el gobierno: “con la Reforma Energética, las empresas privadas podrán producir gas en México y venderlo en nuestro país, generando empleos y pagando impuestos en nuestro territorio”. Y sigue: “a partir de los nuevos cambios, existirán múltiples productores de gas en México, compitiendo entre sí, con lo cual tendremos gas suficiente y a menor precio”. Esta es otra maraña de mentiras. Primero: ya tenemos varias empresas privadas que producen gas pero el precio es el mismo, como es natural en este mercado. Segundo: la existencia de “múltiples” productores no implica competencia ni reducción del precio: sólo se produce el gas que se puede vender mediante contrato con los consumidores. Tercero: nada que puedan hacer las trasnacionales es imposible por parte del Estado mexicano en esta materia.

Se sigue leyendo en la respuesta a Cuarón: “En el caso de la gasolina, México importa el 49% del consumo nacional, por lo que la reforma prevé la apertura a la inversión en refinación para incrementar la oferta. Además, la gasolina es subsidiada y el esquema de subsidios vigente es altamente regresivo”. Más mentiras. Primero: México importa gasolina por decisión del gobierno. El Estado puede producir toda la necesaria como lo hizo durante muchos años. Segundo: el “subsidio” a la gasolina tendría que mantenerse debido al valor del crudo incorporado; nuestro país no tiene dos precios diferentes de su petróleo; éste es uno y se determina según la demanda porque la oferta está regulada internacionalmente. Tercero: el llamado subsidio no sólo opera para los ricos o clase media sino para todos los que consumen productos transportados en vehículos a diesel o gasolina. Las refinerías extranjeras en México venderían las gasolinas al mismo precio que lo hacen hoy en el mundo pero se llevarían la ganancia industrial, claro está.

He aquí un comentario a la primera de las 10 respuestas a las preguntas de Cuarón. Las demás están por el estilo. No era de esperarse otra cosa.

Finanzas públicas y petróleo

Los motivos de la reciente reforma energética parecen un simple entreguismo nacional, pero tienen algunas otras implicaciones. Cuando se descubrió Cantarel, el mayor yacimiento de todos los tiempos en México, el gobierno decidió hacer algo nuevo: obtuvo financiamiento y realizó una gran obra de ingeniería a cargo de Pemex. Hoy, ese depósito de hidrocarburos, con toda su inevitable declinación, sigue siendo uno de los mayores aportantes de recursos fiscales sin que sus cuantiosos ingresos deban ser compartidos con las trasnacionales. Otro problema fue que López Portillo y sucesores no hicieron reservas de capital dinero y se lo gastaron todo, mal, por cierto.

El gobierno de Peña quiere dinero rápido. Pero a diferencia de Cantarel y otros yacimientos, lo que se busca es generar recursos presupuestales dentro del marco de una compartición colosal de riqueza, la mayor de la historia del país después de 1938. El potencial energético del Golfo de México es tan grande que pudiera aportar unos dos millones de barriles diarios dentro de algunos años, pero una parte de los mismos irían a parar a manos de las grandes trasnacionales. Todo ello al margen del esquema de una industria nacionalizada. Es por eso que se puede decir que la reforma de Peña es una desnacionalización petrolera, pero también se puede decir que es una manera de obtener recursos fiscales al más alto precio.

En la actualidad, Pemex ha renunciado a desarrollar tecnología propia y se concentra en su compra aunque bajo su dirección técnica, más o menos. Los esquemas de contratos de servicios totales (exploración, perforación y producción) han sido onerosos, pero no tanto como pueden ser los de utilidades o producción compartidas y mucho menos de las licencias o permisos que son más o menos unas concesiones. Lo que une a todos esos esquemas es una innecesaria entrega de hidrocarburos a las grandes trasnacionales pero hay algo igual de importante: la industria nacionalizada deja de ser un polo de desarrollo tecnológico, productivo, de empleo y de ingresos como lo fue alguna vez, cuando los problemas eran encarados en el marco del concepto nacional del petróleo.

La estrategia desnacionalizadora no es un buen negocio para ningún país. Se aplica cuando no existe una industria petrolera propia, en países más atrasados no sólo en cuanto a las actividades extractivas, sino en general en las industriales. México tuvo una industrialización de cierta importancia y el petróleo le otorgó oportunidades que no hubiera tenido de otra manera. La reforma de Peña es como echar a andar la rueda de la historia pero hacia atrás: en lugar de usar el petróleo y el gas como palancas industrializadoras que logren impulsar la ingeniería nacional, lo que vemos es una derrota decretada desde el Congreso y el Ejecutivo. En lugar de ir al Golfo a impulsar nueva tecnología y desarrollar una petroquímica de nivel mundial se opta por las licencias o permisos y, por lo menos, por otros contratos que siempre serán generadores de corrupción tal como está demostrado en medio mundo.

Con la reforma energética de Peña, el país tendrá algunos ingresos públicos mayores que si no se hiciera nada, pero mucho menores si se opta por el desarrollo industrial. Es de suyo entendido que toda plataforma industrial requiere financiamiento y que el costo financiero es algo que hay que pagar. Pero eso es poco comparado con lo que será preciso entregar con contratos de utilidades o producción compartidas y con permisos o licencias, cuyos titulares se llevan una parte demasiado grande del valor de un producto que es, por definición, de la nación, es decir, de todos los mexicanos y mexicanas. Por desgracia, no sólo se trata de ingresos, sino también de desarrollo industrial, el cual, por lo que se observa, no les importa a los actuales gobernantes.

Canto de sirenas

El secretario de Energía, Pedro Joaquín, ha comparecido en el Senado para defender la propuesta de Peña sobre energía. Es un canto de sirenas hablar de “cambio histórico” como no sea en sentido regresivo. Las industrias nacionales no necesitan competencia porque ésta siempre será una concesión, un traslado de riqueza a las empresas privadas. Si bien es cierto que el capitalismo mexicano no surgió así, sino bajo un sistema duro de propiedad privada, aquella línea de los liberales fue criticada y modificada de tal manera que el Estado tomó en exclusiva bienes nacionales y actividades estratégicas. ¿Por qué desandar para volver a un régimen de entreguismo nacional?

Para explicar la posición reaccionaria (volver a los anteriores privilegios) se nos habla de negocios y de progreso. La tesis es que, hoy, no puede haber progreso en las industrias de energía sin el concurso de las grandes trasnacionales, lo cual no está en absoluto demostrado. Se insiste en que el Estado no cuenta con suficiente dinero para invertir con la cuantía requerida, pero no se explica la manera en que se financian las trasnacionales para realizar sus propias inversiones, es decir, en los mismos mercados que los Estados. Pues bien, dejada de lado la mentira de la falta de financiamiento, lo que le queda al gobierno es demostrar que Pemex y CFE no pueden acometer grandes proyectos.

Sobre la incapacidad de las empresas del Estado se ha hablado hasta el cansancio, en especial por los grandes empresarios y los gobernantes, quienes son los responsables de la corrupción en el sector público. Nadie más que el gobierno ha dirigido Pemex y CFE, por lo cual si se ha administrado mal, ya llegó el tiempo en que las empresas públicas se reformen y se deje de presentar el defecto propio como argumento de la propuesta oficial.

No hay nada verdadero en la iniciativa de Peña, pero ahora dijo Pedro Joaquín que no debe impedirse a Pemex asociarse con otras empresas. Lo primero que salta a la vista es que el proyecto oficial no abarca asociaciones de la paraestatal con las trasnacionales, sino directamente del gobierno. Se quiere hacer a un lado al Pemex corrupto e inoperante antes de reformarlo. Se busca que sea el gobierno el que haga los contratos con las grandes trasnacionales. Si se aceptara, sin conceder que eso es mejor, el problema no cambiaría en sus términos. Todo contrato de producción o utilidades compartidas, por definición, entrega parte de algo. Ese algo es el dominio y usufructo exclusivos de la nación sobre los hidrocarburos. ¿Para qué? Para producir, se dice, tres millones de barriles diarios; eso ya lo hicimos y el país no cambió. En este punto ha metido directamente su cuchara Peña Nieto, quien nos ha informado que Estados Unidos será en dos años autosuficiente en energía. Aquí la cosa empeora, pues casi todos nuestros excedentes de crudo se exportan a ese país, lo cual ya no se podrá seguir haciendo y tendremos que buscar clientes lejanos, por lo cual no estaría asegurada la colocación de un millón de barriles diarios, mucho menos de dos. Entonces, ¿para qué la prisa de producir más aceite si no tenemos clientes asegurados a precios elevados? Pero, además, con una disminución de la demanda internacional, el crudo podría bajar de precio cuando México estuviera produciendo petróleo a un costo mayor de 50 dólares por barril en asociación con las grandes trasnacionales, las cuales, de cualquier manera, tendrían garantizadas, por parte del gobierno mexicano, la cobertura de sus costos y una ganancia porcentual. Hablan con fantasías en lugar de buscar hacer negocios nacionales. Es un canto de sirenas. Hay que amarrarse al mástil para atravesar el mar.

Legalizar la ilegalidad, ¿se vale?

Como ya sabemos, la Constitución prohíbe los contratos en materia de hidrocarburos. Sabemos también que no se prohíben todos los contratos, por ejemplo, las compras de bienes, alquileres y la prestación de servicios. Se trata de contratos de riesgo en cualquiera de sus modalidades, ya sea de producción compartida o de utilidades compartidas. El contenido actual del artículo 27 constitucional tiende a proteger la propiedad nacional de los hidrocarburos y a impulsar una industria petrolera propia. Si esa riqueza es de la nación, nadie tendría, en consecuencia, el derecho de repartirla entre particulares. No parece tener este concepto alguna dificultad en su comprensión.

La nueva ley de Pemex (art. 61) señala que en la realización de contratos, Pemex no concederá derecho alguno sobre las reservas, se mantendrá en todo momento el control y dirección de la industria, las remuneraciones a los contratistas serán siempre en efectivo, por lo que en ningún caso podrá pactarse como pago un porcentaje de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados o de las utilidades de la entidad contratante, no se suscribirán contratos que contemplen esquemas de producción compartida ni asociaciones en las áreas exclusivas y estratégicas a cargo de la Nación. Además, los contratos que no observen las disposiciones legales serán nulos de pleno derecho.

Esto es lo que quiere derogar el gobierno actual a pesar de que ya se inventaron, desde la anterior administración —la de Calderón— los “contratos incentivados” que no son otra cosa que de utilidades compartidas, es decir, el gobierno viola la Constitución y la ley. En otras palabras se quiere legalizar la ilegalidad a través de una reforma constitucional. Así, después de violada, regalada. ¿Es esto válido?

Hace poco, después de largos debates y posteriores negociaciones, las fuerzas políticas del país llegaron a un acuerdo. El primero fue que la Constitución no debería ser violada, al menos tan fácilmente. El segundo fue que la ley debería ser fiel a la Carta Magna. El tercero fue que Pemex debería tener mayor libertad de operación y la explotación de hidrocarburos debería apegarse a una planeación que asegurara la seguridad energética y el aprovechamiento de los recursos nacionales.

Pero las ansias expoliadoras de las trasnacionales son grandes y los criterios de una parte de la clase política coinciden con las mismas. Lo que se nos está diciendo es que la Constitución y la ley están mal, que por ello son violadas impunemente y que para evitar seguir en la ilegalidad se requiere modificar la ley en el sentido que desean los violadores de ésta. O sea, para evitar la impunidad hay que dar la razón a los impunes. Han de decir que muerto el perro —la Constitución— se acabó la rabia —la violación de la ley—, por lo cual la nación mexicana tendría que dar la razón a los críticos históricos de la expropiación de los bienes de las compañías petroleras de 1938 y llegar a la conclusión de que dicho acto no fue el conveniente: que compañías privadas se apropien de parte de lo que no es suyo, sino de la nación, aunque sea en la forma de contratos de utilidades compartidas y ya no de concesiones directas, como lo sigue proponiendo el PAN.

Bueno, los violadores de la legislación actual dicen que esa defensa total de los hidrocarburos no es más que un nacionalismo trasnochado que ya no tiene justificación. Pero lo que en realidad importa es el mal negocio que hace una nación al compartir sus propias riquezas por falta de inteligencia, decisión y arrojo de sus gobernantes cuando éstos representan intereses diferentes a los nacionales.

Dilema petrolero

México se enfrenta a un dilema sobre su industria petrolera. No es la primera vez. Pero, ahora, la prisa del gobierno y las ansias del PAN han puesto las cosas en una situación de alarma nacional. Si un país tiene dos cosas: petróleo e industria petrolera nacional, pública y administrada por el Estado, debe resolver el problema de la declinación de su propia producción. Aquí es donde surge el dilema: lo hace directamente o lo encarga a las trasnacionales.

Estados Unidos no tiene problema, pues carece de industria nacional y pública. Recurre a las empresas privadas, como siempre lo ha hecho, mediante una política de concesiones en los mares y apertura de nuevos campos. Ésa es su propia vía hacia la seguridad energética.

Pero los países como México tienen que tomar una decisión. No se trata del financiamiento, pues se sabe que una fuerte industria nacional puede financiarse mejor que las trasnacionales. El problema consiste en la capacidad operativa y la tecnología. Para el gobierno de Peña Nieto, Pemex carece de capacidad de incorporar y apropiarse de la tecnología que requieren los yacimientos de aguas profundas. Ya hemos dicho que varias empresas nacionales en el mundo pudieron resolver este problema, pero la pregunta sobre si México es capaz ha generado un debate que huele a otra cosa que no es precisamente industrial.

No habría dilema entre desarrollar la industria propia o llamar a las trasnacionales si no fuera por dos factores: la prisa en aumentar los ingresos públicos de procedencia petrolera y la perniciosa idea de que el país no puede hacerlo. El primer factor tiene que ver con la estrecha visión sexenal de la política nacional. Todo presidente quiere hacer las cosas rapidito, es decir, dentro de su periodo improrrogable, sin analizar el horizonte transexenal. El segundo factor tiene varios componentes que van desde la hipertrofia burocrática, mafiosa y de corrupción (sindicato incluido) que padece Pemex hasta la duda en que un esfuerzo propio pudiera ser fructífero sin tener que entregar una parte del producto a los capitalistas privados (extranjeros por añadidura).

El dilema es enteramente político. No existiría si la industria petrolera nacionalizada se pusiera en movimiento, se lanzara a resolver problemas, obtuviera el apoyo del gobierno y del Congreso para desarrollar mayores inversiones y, finalmente, lograra un nuevo impulso de la ingeniería mexicana para mantener la plataforma de producción de crudo o, incluso, elevarla.

Cuando se abrió Cantarell, Pemex no era experto en yacimientos marítimos. Hoy lo es. Este yacimiento está en declive irreversible, como le suele ocurrir a cualquiera y, aunque no es previsible encontrar otro de igual capacidad, México puede ir al golfo a obtener petróleo de grandes yacimientos. ¡Ah!, pero solo no, dice el gobierno. Ya se sabe que solo no lo hará porque las soledades industriales no existen, sino porque se requiere el concurso de muchas empresas de la industria mundial, pero no necesariamente a partir de la compartición de utilidades, sino como prestadoras de servicios que cobran y se van.

El plan del gobierno es traer a las trasnacionales para realizar la exploración, la perforación y la producción. Pemex no metería ni las manitas en toda esa ingeniería. Pero, además de compartir el petróleo, el gobierno tendría que pasársela en los tribunales porque las trasnacionales son irremediables generadoras de litigios judiciales debido a su inveterada gandallez. ¡Qué futuro tan malo nos depara la propuesta del gobierno!

La verdad y los silencios de Lozoya

El director de Pemex ha dicho una verdad y ha callado muchas otras. En su comparecencia ante empresarios hace un par de semanas, Emilio Lozoya habló muy claro, tanto que avanzó en un sentido distinto a la propaganda gubernamental. El estratega de inversiones privadas dijo que la reforma que propone Peña Nieto busca la participación de las trasnacionales petroleras en cantidad y rapidez inusitadas bajo contratos de utilidades compartidas.

Sí, ésa es la verdad. El gobierno mexicano considera que no es capaz de hacer lo que hacen los grandes conglomerados privados de la energía. No opinan así otros muchos gobiernos que han demostrado que las compañías nacionales pueden crecer más rápidamente que las trasnacionales y de hecho así es. Se pone el ejemplo de la brasileña Petrobras, pero ésa no ha requerido a las trasnacionales, sino que se ha apropiado de la tecnología necesaria y ha conseguido el financiamiento suficiente para mantener un alto ritmo de expansión en aguas profundas. Como ése hay muchos otros ejemplos de empresas nacionales.

Es incomprensible en el mundo la manera en que el gobierno de Peña pretende quitarse el problema de tener que expandir la industria nacional y desarrollar nuevos campos petroleros especialmente en el golfo de México. Pero el proyecto gubernamental sí puede ser entendido al tomar en cuenta la mentalidad predominante en la derecha política mexicana —PRI y PAN—, la cual tiene una idea de la globalización que va en retirada en casi todo el resto del mundo. Sí existe una clara diferencia entre hacer las cosas y llamar a extranjeros para que las hagan en exclusiva. Lo que Peña quiere es evadir el esfuerzo nacional, pero al costo de entregar una parte del valor de los hidrocarburos que son propiedad de la nación.

Lo que no dijo Lozoya es que las industrias de la energía son generadoras de tecnología propia o apropiada y que crean una fuerza de trabajo altamente calificada. Lo que tampoco dijo es que la capacidad productiva propia —incluyendo gas, gasolinas y electricidad— es la base de la seguridad energética de cualquier país y que ésta sigue siendo un concepto válido en el mundo.

Tampoco ha dicho Lozoya cómo es que un país con industria petrolera consolidada y con reservas de hidrocarburos no puede resolver sus problemas de energía sin el concurso oneroso de las trasnacionales. En el extremo absurdo, México no tiene suficiente producción de gas, pero una parte de la extracción que ya se lleva a cabo es quemada en la atmósfera sin que el señor Lozoya haya presentado algún plan para superar esa lastimosa situación.

Otra cosa que no dijo el señor Lozoya es que las empresas de energía se financian en los mercados internacionales, no tienen dinero debajo del colchón, mientras un Estado puede obtener financiamiento en condiciones aún mejores que las trasnacionales para dar sustento a sus propias inversiones.

En su discurso el señor Lozoya se hubiera tomado la molestia de explicar en cuánto y cuándo bajarían el precio del gas y las tarifas eléctricas con la aplicación del proyecto de Peña, pero no lo hizo porque sencillamente no tiene la menor idea.

Otra vez, el petróleo

En casi todos los países, el dueño del suelo no lo es del subsuelo. Por tanto, la nación es propietaria de lo que está debajo hasta el centro inexpugnable de la Tierra. México es uno de ésos. Pero lo es desde antes de la expropiación de los bienes de las compañías petroleras, las cuales operaban como concesionarias: Cárdenas les expropió sus bienes mas no los yacimientos, que ya eran de la nación.

Nadie, ciertamente, pide que ese régimen jurídico de propiedad sea modificado, pero sólo aparentemente. Lo que se busca es que los productos posibles del subsuelo —como ocurre con la minería— sean concesionables, pero no directamente como antes del decreto del general Cárdenas, sino de manera indirecta, lo cual quiere decir engañosa, tramposa. Y, para ello, hay maneras de privatizar sin decir que se privatiza.

Los contratos de riesgo, prohibidos por la Constitución, tienen ahora otro nombre: “contratos incentivados”. La dificultad estriba en que éstos no están permitidos por la ley, por lo cual todos los firmados hasta ahora por Pemex son, como dice la norma vigente, “nulos de pleno derecho”.

Dichos “contratos incentivados” no sólo abarcan obras de exploración y perforación, sino también la producción durante todo el tiempo en que el pozo esté activo. Así, el concesionario opera para siempre y cobra según la capacidad productiva del yacimiento.

Para abrir la industria petrolera más allá de la prestación de servicios concretos con contraprestaciones determinadas —como dice la ley vigente— se necesita cambiar la legislación si se quiere llevar la práctica ilegal al plano de la legalidad, aunque nunca de la constitucionalidad. Es por ello que se ha planteado la reforma de la Carta Magna.

Privatizar no quiere decir por fuerza la conversión de Pemex en una sociedad anónima con o sin mayoría del capital privado, sino abrir la ganancia industrial petrolera —todos los hidrocarburos— al capital privado. Es pueril ese argumento tan repetido de que no se quiere privatizar, sino compartir con el capital privado un recurso que es propiedad de la nación. El país que concesiona comparte y el que “incentiva” también comparte: es lo mismo con denominación diferente.

Lo que se busca, en síntesis, es ir al fondo del Golfo de México a buscar crudo con la “ayuda” de las transnacionales, las cuales exigen contratos de riesgo: me pagas por lo que extraigo; si el pozo está seco no pagas nada. Pero la Constitución y la ley prohíben ese trato: no se puede pagar a un contratista con base en el volumen de lo producido ni en su valor, sino por la obra realizada con independencia del hidrocarburo, tal como se hace al contratar la construcción de un puente en cualquier remoto lugar.

El argumento es que el Estado no tiene recursos para aumentar, sin endeudamiento, las inversiones en la industria petrolera. Pero es que los ingresos de Pemex se los come el gasto corriente del gobierno federal, por lo que ese organismo público carece de suficientes recursos propios de inversión. El gobierno federal cubre gran parte de su gasto corriente con petróleo: así de simple.

Nota para los periodistas y comentaristas falsarios por acelere, ignorancia, cochambre ideológico o conveniencia: privatizar no sólo es vender propiedad pública, sino también entregar a privados una riqueza nacional.

Otra vez Pemex

Un par de empresarios prominentes: Daniel Servitje (Bimbo) y X. González (Kimberly) se pronunciaron anteayer a favor de la propuesta de Peña Nieto para convertir a Pemex en una sociedad anónima.

Para cualquier inversionista de bolsa la propuesta es magnífica, pero cada uno de ellos, al igual que Peña, debería explicar cómo sería tal cosa posible. Para empezar, Pemex es una empresa con capital contable negativo, corrupción crónica, charrismo sindical galopante, pésima administración e inmensa deuda. Pero el problema mayor —para convertirlo en sociedad anónima—quizá sea el régimen fiscal al que está sometido.

Los ingresos de Pemex son casi en su totalidad tomados por el gobierno federal para financiar el gasto corriente del mismo y de las entidades federativas. En realidad, Pemex es el mayor suministrador de fondos para sostener el costo del Estado mexicano, de tal manera que, al expropiarle sus recursos, el aparato público obliga a la paraestatal a recurrir a la deuda como medio para realizar sus inversiones. Así, el gobierno federal tiene un déficit bajo (0.4% del PIB) y Pemex toma la mayor parte del verdadero déficit (2.4% del mismo PIB), la cual se asigna a la llamada administración pública descentralizada.

Supongamos que se admite la propuesta de Peña Nieto y sus apoyadores, prominentes empresarios. Primer problema: ¿cómo sustituir ingresos fiscales actualmente a cargo de Pemex con el propósito de hacer funcionar la nueva sociedad anónima? No existiría otro método que ir por los dos puntos porcentuales del PIB a donde está el dinero: en las arcas de las grandes corporaciones que casi no pagan impuestos. Pero tal reforma implicaría cambiar el acuerdo supremo capitalistas-gobierno (sea del PRI o del PAN) bajo el cual se protegen las altas tasas de ganancia del sector monopólico del país. Pero en esto no van a estar de acuerdo ni Peña Nieto ni Servitje ni X. González ni los demás oligarcas mexicanos. Sin una gran reforma fiscal, imaginemos a Pemex pagando el impuesto sobre la renta más un porcentaje ínfimo por la extracción de hidrocarburos, digamos, como las empresas mineras: 5 pesos semestrales por hectárea concesionada. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar los sueldos del Estado mexicano? A esto no responden ni el político (candidato) ni los dos entusiastas empresarios.

Segundo problema: la deuda de Pemex es tan grande que una sociedad anónima tendría que dedicarse en las próximas décadas a pagar el débito. No habría realmente utilidades y mucho menos repartibles. A menos, claro está, que el Estado benefactor (de ricos) asumiera, como ahora, la deuda de Pemex como deuda soberana, lo que sería algo así como un nuevo Fobaproa mediante el cual el pueblo pagaría para que unos cuantos hicieran negocio con el petróleo propiedad de la nación.

Ahora bien, supongamos que se admite la propuesta de Peña Nieto y Pemex se convierte en una sociedad anónima con un régimen fiscal normal mientras su gigantesca deuda es asumida por la Federación. Pues bien, los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo —propiedad de la nación— pasarían a manos privadas y se tomarían los capitalistas una revancha histórica. Díganlo así, con sinceridad.

Dicen sus promotores que la privatización sería la única forma de incrementar la inversión petrolera. Se equivocan. Como organismo público, Pemex podría invertir más si el gobierno dejara de expropiarle todos sus ingresos. Además, existe el financiamiento de mercado, por lo que si Pemex fuera eficiente podría hacer las inversiones necesarias sin comprar acciones de Repsol por más de mil 500 millones de dólares (70% a crédito) cuando se requieren proyectos nuevos en México, país donde la importación de gasolinas resulta ser como vender naranjas para importar después jugo de naranja.

Pero, se dirá, negocios son negocios.