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Raíz socialista de la democracia*

La democracia política surge sobre la base de la liberación de la fuerza de trabajo servil y la consecuente destrucción de las relaciones feudales. El individuo (hombre) ya es libre de moverse en el territorio y se vuelve a formar la polis, integrada por personas formalmente iguales. La democracia no es producto de un ideal de igualdad, ni de ningún otro ideal, sino del establecimiento de una nueva desigualdad social, la del nuevo mundo, la nueva opresión basada en la explotación de la fuerza de trabajo de personas libres que pueden vender su fuerza de trabajo.

Por esto, los sistemas democráticos surgen como formas de representación y de integración del poder político por parte de los propietarios, que eran quienes podían votar y ser votados. El voto censatario es la marca de origen de la democracia moderna.

Mientras que para la nueva clase dominante el sufragio universal era un peligro, para la otra nueva clase, la de los trabajadores asalariados, el proletariado de la modernidad, era la forma de tomar parte de la lucha política, es decir de tener sus propios representantes. La burguesía, como es de suyo propio, tiene el poder del dinero a través del cual puede influir en el poder político. Así, la democracia es producto histórico de los trabajadores ya que es uno de los grandes intereses políticos de quienes no pueden ejercer ningún poder que no provenga de la representación directa del pueblo.

El enfoque del socialismo mexicano no fue siempre democrático. Durante décadas, la democracia política, aún la más formalista, se observaba en México como algo propio de sociedades avanzadas, para algunos, o como un gran engaño histórico de la burguesía, para las corrientes más dogmáticas. Entre el oportunismo, que observaba la antidemocracia del sistema político mexicano y la escasez de libertades democráticas como algo natural en tanto país pobre y atrasado, y la otra postura de que toda democracia política era instrumento directo de la opresión de la clase dominante, la izquierda mexicana, en su mayoría, vivía de espaldas al tema de la democracia.

Desde estos extremos, falsos por igual, empezó a surgir el programa democrático, tanto en lo referente a las libertades en general como en la reforma concreta del sistema político para lograr, en palabras de Arnoldo Martínez Verdugo, la “libertad política para todos los ciudadanos.” México estaba a mediados de siglo XX como otros países estuvieron a principios del siglo XIX, a pesar de que la Constitución reconocía los derechos de expresión, prensa, asociación, reunión, voto activo y pasivo, sindicación, huelga, etcétera: puras proclamas sin vigencia.

Varios movimientos sindicales, campesinos y estudiantiles fueron reprimidos durante las dos décadas que precedieron al gran movimiento estudiantil de 1968 en favor de las libertades democráticas. La represión volvió entonces a cundir con un horrible saldo de muertos y encarcelados. Ya no debería haber duda de que el problema concreto más importante de México era el de la democracia, es decir, la grosera falta de ésta.

A la clase dominante, en todas sus fracciones políticas y sus diversas agrupaciones gremiales, especialmente a la oligarquía propiamente dicha que manejaba al gobierno más o menos a su antojo, no le preocupaba la ausencia de libertades democráticas sino, en realidad, que se produjera una reforma política que pudiera abrir un camino democrático para el país. Por eso tardó tanto la llamada transición y por eso fue tan defectuosa en términos de la democracia formal predominante en el mundo occidental.

En su origen, en 1978, la reforma política, como ampliación del derecho de asociación, voto pasivo y acceso de los partidos a la radio y la televisión, fue producto de la lucha de la izquierda independiente, tanto la organizada en partido como de aquella que representó la juventud intelectual de los años sesenta y setenta. La derecha, oposición siempre leal, el Partido Acción Nacional, pedía el respeto a sus votos, pero no procuraba las libertades democráticas en general, es decir, para todos. Nunca en su historia el PAN ha pretendido algo más que concesiones particulares y jamás ha llevado a cabo acciones en favor de derechos políticos y sociales para la sociedad entera. Ese partido no es diferente a otros muchos del mismo signo en el resto del mundo.

El Partido Socialista Unificado de México surgió a convocatoria del Partido Comunista Mexicano y, dentro de éste, de Arnoldo Martínez Verdugo, quien luchó incansablemente en favor de la unidad de las izquierdas mexicanas. Él fue, en reconocimiento de su programa democrático y de su lucha unificadora, el candidato del PSUM a presidente de la República en 1982. Eran corrientes de la izquierda histórica, de la oportunista y de la más dogmática, que convergieron en un mismo partido donde la pregunta no era de dónde venías sino a dónde querías llegar. Predominaron dos planteamientos programáticos: la democracia política y el Estado social. La izquierda, a través de su partido indiscutiblemente más importante, respetable e influyente, era ya, sin duda, partidaria de la democracia política.

Mas no se trataba solamente del sistema electoral sino de todas las libertades. México tenía un partido, el PSUM, que luchaba en favor de todas, las que derivan de derechos fundamentales y de aquellas que son reivindicadas por segmentos de la sociedad como nuevos derechos. Era una izquierda laica, a pesar de sus remanentes ateístas, reminiscencias de un pasado esencialmente liberal asombrosamente entrelazado con el socialismo más dogmático. El PSUM fue, como todo partido de verdad, un proyecto político que no se concebía como algo inmóvil. El proceso de unificación no debía limitarse a sí mismo, por ello surgió a los seis años una nueva formación, el Partido Mexicano Socialista, y luego del levantamiento electoral de 1988, bajo la convocatoria de Cuauhtémoc Cárdenas, esa izquierda se sumó a la formación del Partido de la Revolución Democrática. Esa izquierda democrática de los años sesenta y setenta, la que conquistó sus propios derechos electorales en 1978, la que nunca dejó de abrir senderos de la democracia política y de las reformas sociales, se encuentra casi toda en Morena. La izquierda democrática no es una sigla sino una corriente histórica. Quienes se han rezagado se distinguen por su inconsecuencia o por su franca regresión a posturas oportunistas, por lo cual no resultan ser más que integrantes del conservadurismo y, por ende, del bloque opositor. Pero hayan o no militado en el PSUM, esos grupos o individuos que alguna vez estuvieron del lado de la izquierda democrática han perdido el rumbo porque, debido a sus posiciones, viejas o nuevas, rechazan el mandato popular, reniegan del principio de la democracia en el mejor momento que ésta ha tenido en México.

Durante los últimos cuatro años y medio, se ha logrado el mayor respeto a las libertades por las que la izquierda democrática mexicana se organizó, luchó y fue víctima de innumerables represiones. Los cotidianos y sistemáticos ataques contra el gobierno federal y la 4T no se responden con actos de fuerza; son libres por entero los críticos y maledicentes, como nunca lo fueron sus correspondientes en otros años. Por primera vez, el gobierno federal no ha comprado votos en las elecciones y ha promovido la consulta popular, a pesar de los grandes obstáculos legales y políticos que se han levantado desde las derechas contra los mecanismos de participación directa. El poder no ha roto ninguna huelga. Las manifestaciones son respetadas. Las protestas de la oposición han llegado irónicamente a ser alentadas por el jefe del gobierno. Ningún medio de comunicación, ni comunicador, ha sido censurado en lo más mínimo, aunque no paguen bien sus impuestos. Los actos indebidos cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad se están investigando y castigando. Se ha iniciado la lucha contra el Estado corrupto que durante décadas predominó en el país. Se acabaron en un solo día los llamados moches en la Cámara de Diputados, sistema de tráfico de influencias para esquilmar el presupuesto federal. Se ha realizado una reforma administrativa basada en aumentar la rentabilidad social del gasto público, acabar con el derroche, establecer el criterio de la austeridad y combatir la corrupción. Se está reponiendo la brutal pérdida histórica de los salarios. La política social se ensanchó, pero sin intermediarios mafiosos. El asistencialismo ha sido sustituido por el ejercicio de derechos al retiro, a la educación, a la salud y a la subvención económica socialmente necesaria. México ha optado por convertirse pronto en un país de becarios en la educación pública. Se ha iniciado un camino hacia el sistema de atención médica universal y sin costo para los no afiliados a la seguridad social, al tiempo que se pretende recuperar el tiempo perdido en la formación de personal médico y en la edificación de unidades de salud. Las estructuras monopólicas han dejado de ser favorecidas, se ha prohibido la condonación de impuestos y el disimulo frente a la evasión. Se ha elevado mucho la recaudación aun sin la elevación de tasas impositivas. Ha quedado atrás la política de asociación pública-privada. Los subsidios ya no son de tipo neoliberal para favorecer a los más ricos. Se ha abandonado la política de otorgar concesiones sobre bienes propiedad de la nación. Se han cancelado contratos leoninos y privilegios especiales de empresas, concedidos por los gobiernos neoliberales. Existen grandes planes de infraestructura con fondeo presupuestal del Estado para eludir los esquemas de financiamiento que benefician principalmente a los acreedores a través de las políticas públicas. Se ha avanzado mucho en la ruta hacia de la autosuficiencia energética y se han rescatado las empresas públicas de ese sector. Se ha adoptado el postulado de la autosuficiencia alimentaria y se dejaron de canalizar grandes subsidios en favor de líderes agrarios y agricultores ricos. Se ha subrayado el esquema de relaciones internacionales sin supeditación a pesar de las objetivas desigualdades económicas. El gobierno de México ya es respetado en el mundo sin que ello implique la renuncia a expresar sus propios puntos de vista ni a defender los principios históricos de México en materia de política exterior.

La lista de cambios y reformas es mucho más larga, pero lo más importante del tema es que todo lo descrito estuvo en el programa de las izquierdas unificadas en los partidos de ese trayecto: PCM-PSUM-PMS-PRD, al cual, inevitablemente, aunque con otra forma de integración, habría que añadir a Morena.

La democracia ha sido y es la divisa de la izquierda independiente desde principios de los años sesenta del siglo XX. Quienes observan en el tono del debate político una supuesta manifestación de intolerancia de parte del jefe del gobierno están queriendo conducir la lucha política hacia una forma que no es democrática, es decir, quieren que la absoluta mayoría de la prensa se siga lanzando todos los días contra el gobierno, incluso con grandes mentiras, y éste se haga el disimulado.

El debate es consustancial al ejercicio de las libertades democráticas. El problema antidemocrático es la monopolización de los grandes medios, el cual no ha sido del todo superado con las redes sociales. Exigir que el jefe de gobierno no gobierne en público ni responda cotidianamente y en persona a los ataques es, en esencia, una posición antidemocrática pues pretende el predominio incontestable de la gran prensa que se ubica en el bloque opositor. En realidad, esos escritores de periódico y otros comentaristas, tan molestos con los señalamientos cotidianos del jefe del gobierno, jamás dicen algo cuando sus colegas y ellos mismos arremeten contra la 4T con una furia, quizá digna de mejor causa, pero que corresponde a su propio derecho, hoy, como nunca, respetado.

En México jamás había existido tanta libertad de comunicación de ideas como hoy en día. Esta es, aunque se quiera olvidar, un legado de la izquierda que resistió por años innumerables represiones con la bandera bien alta de las libertades democráticas.

* Ponencia presentada en el Foro “La democracia mexicana y su raíz socialista: a 43 años de la Fundación del PSUM”, organizado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

El PRI ante la línea de “contención” impuesta por la extrema derecha

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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se deslizó hasta convertirse en un partido de derecha, una más entre las varias que existen. No obstante, insistió durante años en ubicarse dentro de la socialdemocracia, ya cargada hacia el neoliberalismo, como integrante de la Internacional Socialista, de la cual sigue siendo miembro.

A pesar de haber sido un partido antidemocrático, represor y corrupto, el PRI sostuvo una política internacional de cierta independencia y una línea de separación respecto de las extremas derechas, en especial debido a su etapa antifascista y a la persistencia de la vieja rama reaccionaria y extremista del catolicismo dentro del país. Así, el PRI se distinguió por negarse a romper relaciones diplomáticas con Cuba (1962), cuando la OEA decretó la expulsión de la isla, pero sí lo hizo con el gobierno golpista, dictatorial y pro yanqui del general chileno Augusto Pinochet (1973). Antes de esto último, se había negado a formar parte de la cobertura política creada por EU, a través de la OEA, para justificar la invasión militar estadunidense en Santo Domingo (1965).

La tendencia más acusada del PRI hacia las derechas se produjo cuando se convirtió en parte del neoliberalismo, hace ya unos 40 años. Como esa corriente mundial tiene un carácter predominantemente socio-económico, podía compartir objetivos con regímenes como el de Pinochet, a pesar del insólito rompimiento con éste.

El neoliberalismo mexicano tenía que erosionar al viejo estatismo y, al mismo tiempo, como era lógico, al nacionalismo que en su origen ha sido atribuido a la Revolución Mexicana. Sin embargo, los sucesivos gobiernos priistas pasaron toda la Guerra Fría con un alineamiento discreto con Occidente, sin llegar a convertirse en portavoces del anticomunismo militante y manteniendo una abierta simpatía, aunque lejana, con los procesos emancipatorios anticolonialistas y antimperialistas.

Es recordable la posición del gobierno de México en los conflictos en Centroamérica, en los que jugó un relevante papel en contra del intervencionismo de Estados Unidos y en apoyo político a las izquierdas de Nicaragua y El Salvador.

El último gobierno priista no se condujo en función de los principios mexicanos de política exterior. El alineamiento del entonces presidente Enrique Peña Nieto en favor de la injerencia golpista de Estados Unidos en Venezuela fue un viraje demasiado contrastante y, por tanto, digno de ser analizado como parte de cambios dentro del priismo como corriente política. El PAN aplaudió con entusiasmo la capitulación mexicana.

Lo que al respecto se ha hecho recientemente tiene ya expresiones grotescas: la visita del presidente del PRI, Alejandro Moreno, por vez primera en la historia de ese partido y del país, a la oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos encargada de las relaciones con México, con el propósito de denunciar al gobierno mexicano por un supuesto financiamiento electoral procedente de organizaciones de narcotraficantes. Eso mismo lo había hecho el día anterior ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien se caracteriza por organizar alineamientos políticos intervencionistas y golpistas contra países de América Latina gobernados por fuerzas consideradas hostiles o indeseables por parte del gobierno de Estados Unidos. “Ministerio de colonias”, se le llamó a la OEA durante décadas, y lo sigue siendo.

El dirigente priista fue acompañado ciertamente por el presidente del Partido Acción Nacional y el de una de las sucursales de éste, pero eso no atenúa el significado de sus actuaciones, sino que le otorga una mayor gravedad, en tanto que se buscaba representar a la oposición mexicana en el papel de promotora de un franco injerencismo político, adverso a la independencia nacional y al principio de soberanía que contiene justamente la no injerencia de gobiernos extranjeros en la política interna de México. La ridiculez de dicha pretensión no elimina en absoluto su naturaleza ni la responsabilidad de sus autores.

La alianza del PRI con el PAN ha tenido sus costos al hacer depender las definiciones priistas de la opinión de la dirigencia panista, pero no sólo las de carácter meramente legislativo, sino también en el discurso priista, el cual se aleja cada vez más de planteamientos de carácter nacional y social.

El acercamiento de una parte del PAN al partido ultraderechista español Vox también puso en aprietos al aliado, es decir, al PRI, pues ha desvelado que esa unidad de acción abarca a un segmento claramente profascista. Nadie en la dirigencia priista se tomó la molestia de criticar la visita del líder de Vox al grupo senatorial de Acción Nacional y la firma en público de la llamada “Declaración de Madrid”.

El hecho de que las posiciones del PRI se definan dentro de una alianza con el PAN, el cual comprende a la extrema derecha, no sólo le resta independencia al priismo, sino que lo ubica dentro de esquemas relativamente nuevos, cargados más y más hacia la derecha, lo que incluye el racismo y el clasismo como manifestaciones culturales discriminatorias que denotan formas de opresión existentes.

Los dirigentes y legisladores priistas han perdido discurso propio para ir asumiendo como suyos ataques, calumnias e insultos contra el gobierno que profiere su aliado, el PAN, lo cual es también una forma de comportamiento muy ligado a esa manera de ser que tiene la extrema derecha.

La vieja política de proteger intereses económicos de grandes empresarios es una característica del PRI, pero otra cosa es arrimarse a posiciones francamente reaccionarias en lo social y en lo cultural. Se entiende que el PRI sea hostil a la política social de la 4T, pero no tanto por el esfuerzo de redistribuir una parte del ingreso, sino por la forma de hacerlo, por completo diferente al método político con el que se aplicaron los programas sociales priistas. Mas mucho peor resulta que el PRI defienda las fracasadas políticas del PAN, como el Seguro Popular y la privatización de partes del sistema de salud y de la seguridad social.

Ante el fracaso estrepitoso de la política de energía que implantó Peña Nieto de la mano del PAN, unos años después de que el PRI había rechazado parcialmente la propuesta de Felipe Calderón, lo menos que pudiera hacer la dirección priista sería admitir que ese no era un camino correcto para México en esa materia y formular, por tanto, un nuevo planteamiento. Sin embargo, todo es puro rechazo a las propuestas del gobierno actual, muy al estilo de la extrema derecha opositora.

La alianza del PRI con el PAN es, naturalmente, más benéfica para el segundo, pero no sólo porque ese tenga mayor fuerza electoral, sino porque cualquier arreglo de coalición fortalece las posiciones panistas, tal como se observó en la reciente elección de diputados y gobernadores. Lo peor ha sido tener que cargar con ciertas candidaturas que son hostiles al PRI, para, al final, perder de todas maneras.

Crear un frente de “contención”, como se le ha llamado a la alianza legislativa PAN-PRI, es por origen algo demasiado pobre para cualquier partido que pretenda seguir siendo una fuerza política. La oposición sin programa alternativo no es plenamente oposición, sino que ha surgido mutilada. Asumir por decisión propia el papel de tratar siempre de “contener” al gobierno no sólo enfatiza su función destructiva sino también conduce a una frustración tras otra.

Ahora, el frente de “contención” se va a centrar en las tres reformas constitucionales que ha anunciado el presidente de la República, apoyados en que hoy, como antes, la 4T carece de los dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Pero la unión opositora no es una propuesta en sí misma. ¿Carece el PRI de opción para la industria eléctrica, la seguridad pública y el sistema electoral? De todas formas, se haga lo que se haga, el PAN tratará de llevar al PRI al terreno de impedir que haya modificación alguna porque, para el actual panismo, todo cambio resulta inaceptable cuando es el gobierno quien lo propone.

Resalta mucho el recuerdo de que, cuando perdió el gobierno federal frente al PAN, el PRI no asumió la práctica de oposición colérica que ahora desempeña en ridícula imitación de la conducta de la extrema derecha frente a un gobierno de izquierda.

Llegado el momento de decidir la candidatura común a la Presidencia de la República, la mano correspondería al PAN por simple correlación de fuerzas, ya fuera la o el aspirante militante o francotirador. Eso lo sabe la dirigencia priista pero no se lo cuenta a nadie. La campaña electoral sería, en consecuencia, algo dominado por la derecha tradicional y, tal vez, por la extrema derecha, grotescamente contraria a todo lo que está haciendo la 4T, sin detenerse a analizar a cuantos millones estaría beneficiando la nueva política. La divisa de la acción electoral de los coligados sería la de ninguna concesión al Estado social, sin detenerse tampoco a calibrar la crisis mundial en la que se encuentra el neoliberalismo.

Una candidatura presidencial de “contención” sería desastrosa y esto lo ha de saber el PRI. ¿Tratar de quitar a la izquierda la Presidencia de la República para entregársela a la extrema derecha? Eso sería la puntilla para el priismo.

Camino de la Cuarta T

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La Cuarta Transformación culmina la mitad del sexenio presidencial de Andrés Manuel López Obrador. No tendría sentido discutir si se ha notado el cambio respecto de los gobiernos anteriores, pues los opositores, representativos de lo viejo, son quienes más lo sienten y lo resienten, con añadidas muestras de añoranza de lo de antes.

El programa de la 4T se ha puesto en práctica en el momento en que la política neoliberal, con sus prácticas políticas y sus rasgos culturales francamente de derechas, se encuentra en repliegue mundial. En México, luego de más de tres décadas de padecimientos sin fin, había que empezar tratando de borrar las improntas neoliberales e iniciar la edificación del Estado social.

Redistribuir una parte grande y creciente del ingreso captado por el fisco hacia el gasto social más urgente: pensión básica universal, aumento progresivo (anual) del salario mínimo general, educación (becas incluidas), atención médica universal y gratuita a los no asegurados, subsidio directo al empleo de jóvenes, trabajo asalariado a campesinos en la reforestación de un millón de hectáreas, mejoramiento de vivienda precaria, precios de garantía de granos, restablecimiento de estímulos fiscales y duplicación del salario mínimo en las fronteras, cobertura vitalicia de una renta a menores discapacitados permanentes, créditos a la palabra para microempresas.

Mas desmontar la política neoliberal abarca también la cancelación de la entrega de bienes públicos a la clase minoritaria: detener la privatización de recursos naturales, acabar con las asociaciones público-privadas, prohibir las condonaciones fiscales, restringir los subsidios virtuales, cobrar debidamente los impuestos, impedir sistemas de precarización de la fuerza de trabajo formal, como el outsourcing, y combatir el oprobioso sometimiento de los obreros agrícolas.

El programa democrático de la 4T ha tenido que cubrir un requisito explícito: apartar del gobierno a la gran burguesía y, en especial, a su capa oligárquica. Los grandes capitalistas ya no mandan en Palacio (antes Los Pinos). Sin esto no hubiera sido posible encarar las contradicciones entre la política económica y la política social. Pocos gobiernos en América Latina han demostrado que es posible la estabilidad macroeconómica y la redistribución del ingreso. Las concesiones a los ricos han venido disminuyendo al ritmo del impulso de la política social y de nuevas inversiones directas del Estado, así como del fortalecimiento del sector productivo paraestatal.

Esta limitación del poder de la gran burguesía se expresa en aspectos relevantes como la libertad sindical, con el derecho de los trabajadores a votar su propio contrato colectivo y su sindicato. La insistencia en la consulta popular y la revocación de mandato forma parte de la creación de una nueva institucionalidad democrática, mucho antes que de asuntos de coyuntura.

Un elemento esencial del programa democrático ha sido dejar de lado la represión. Ya no existe la prisión política como instrumento de gobierno, ni se persiguen las luchas sociales, como tampoco se busca castigar a los críticos y opositores. Esos periodistas que dicen estar acosados se refieren a que el gobierno ya no les paga por sus servicios, silencios o maquillajes. Confunden la respuesta verbal con la represalia física.

El punto de la democracia es algo muy complicado para la 4T porque el país no cuenta con un vigoroso sistema de organizaciones sociales de lucha, ni las instituciones están basadas en la participación social. Se encuentran vigentes derechos formales, largamente demandados, pero no existen sistemas participativos. La escuela mexicana sigue sin ser democrática; el magisterio ha sido gremializado y carece de proyecto educativo propio. El sindicalismo aún está dominado por las anteriores estructuras, mientras que muchas dirigencias de izquierda se comportan casi igual que el viejo charrismo. En el campo, los viejos liderazgos exigen al gobierno el retorno a las intermediaciones de subsidios y al reparto jerárquico de bonificaciones.

Morena llegó al gobierno sin el apoyo directo de las organizaciones sociales de obreros, empleados y campesinos, las cuales no estuvieron nunca en la lucha por el poder, ya fueran priistas o de izquierda. Las universidades que hace ya muchos años lograron conquistar sistemas democráticos, aterrizaron al final en la creación de mafias endurecidas que impiden la participación de estudiantes y profesores.

La democracia no debe seguir alojándose sólo en la consulta electoral. Esto lo sabe de sobra el actual presidente de la República, pero la 4T no puede decretar por magia la democracia en todas partes porque ésta tiene que surgir de las bases, para no regresar nunca a las estáticas estructuras jerárquicas de las organizaciones sociales, incluyendo, por cierto, las patronales.

Por lo pronto, el marco de libertades se ha ensanchado como nunca. Así también, en las recientes elecciones no fluyó dinero procedente del gobierno federal: primera vez en la historia.

En este marco, la 4T lleva a cabo una acción en contra de otro de los grandes anclajes del viejo régimen: la corrupción. Nada de la vida pública y de las relaciones mercantiles estuvo al margen este fenómeno. En casi todas partes aún existe corrupción, pero ese no es el peculiar problema de México, sino que durante 60 años se construyó un Estado corrupto, lo cual es otra cosa. Hoy, el gobierno se siente satisfecho de que no se observe la corrupción dentro del gabinete y su entorno inmediato, pero se sabe que existe como gran lastre que debe ser combatido en todo tiempo, lugar y circunstancia.

El Estado corrupto abarca la función pública en conjunto. Se trata, en efecto, de una organización para el reparto de recompensas y otros ingresos dentro de las estructuras del aparato estatal, especialmente basado en el peculado y la mordida. El Estado corrupto es parte del sistema de gobierno. Por ello, la corrupción se enraizó en casi todas partes. Su extinción como estructura tendrá que ser producto de reformas de enorme profundidad, no sólo de carácter institucional o de control práctico, sino de funcionamiento de las entidades públicas y de las relaciones de éstas con la clase dominante que goza del poder del dinero. La 4T es un buen comienzo, pero aún no estamos en el periodo de culminación de tan grande propósito.

El otro capítulo es la violencia. No es México el país con mayor delincuencia, pero sí lo es con mayor violencia delincuencial. Es una crisis que ha durado 15 años, conjunción de varios factores: 1) productor y abastecedor del mayor mercado de drogas prohibidas; 2) sucesivas crisis económicas, precarización del trabajo y empobrecimiento; 3) deficiente sistema educativo público en extensión y contenidos; 4) resentimiento social de gran parte de la sociedad, en especial de la juventud, la cual carece de expectativas de mejor futuro; 5) gobiernos corruptos; 6) estructura policial inexistente; 7) sistema judicial (jueces y Ministerio Público) sometido a la corrupción; 8) exaltación de la narco delincuencia en los grandes y pequeños medios de comunicación y amarillismo de la prensa. No son estos unos factores inconexos, sino que se amarraron durante la larga decadencia moral del poder, la cual se conoce ahora como prian.

La Guardia Nacional no va a disolver a la delincuencia más violenta, sino que se trata de una nueva institución para dotar al país de un verdadero cuerpo de policía que antes no existió. El trabajo policial es necesario, pero no resuelve ninguna crisis social y moral. Así que las bases que se han sentado por la 4T tienen que ver principalmente con las reformas sociales: ingreso, trabajo, pensiones, educación, salud y vivienda.

La política económica del gobierno ha sido la menos entendida por economistas académicos y analistas calificadores de riesgos; los primeros sufren desorientación teórica y política; los segundos pierden su tiempo tratando de chantajear al gobierno con el cuento de la vulnerabilidad de la deuda de Pemex.

No se puede negar que en casi tres años ha existido algo así como una huelga calculada y silenciosa de inversiones de parte de la llamada iniciativa privada, desde los medianos hasta los muy grandes empresarios. Esto se complicó con la pandemia, pero antes ya había empezado. Quienes no le vieron sentido a esa huelga fueron los inversionistas extranjeros que aplican parte de sus ganancias en nuevas inversiones dentro del país.

El gobierno no quiere tres cosas en el plano macroeconómico: seguir aumentando la deuda pública, elevar las tasas impositivas y encarecer los energéticos. Eso fue lo que hizo el binomio Peña Nieto-Videgaray, pero resulto muy mal.

Hoy, desde el presupuesto se financia la mayor parte de la inversión pública federal, aunque el problema es que ésta sigue siendo reducida. En la segunda parte del sexenio se deberán encontrar mecanismos que permitan aumentar las inversiones públicas productivas (con retorno), con o sin socios privados. Se tiene que emprender la reforma de la banca de desarrollo, aunado a nuevos sistemas de presupuestación de largo plazo de la Federación y las entidades.

México tiene una conformación industrial con alto componente de maquila para el mercado internacional. Eso puede ser mejor aprovechado si, al mismo tiempo, se desarrolla una tecnología propia y se compite con los “socios” de las metrópolis. La burguesía mexicana no lo va a hacer porque no sabe cómo y le interesa muy poco el tema cuando tiene sus propios oligopolios internos. Sólo el Estado lo lograría. La cuestión depende de que la 4T inicie pronto el camino de una nueva industrialización tecnológica, con un nuevo sistema de financiamiento y un enorme plan de infraestructuras, para aprovechar los pactos comerciales que ya se tienen con medio mundo.

Con suficiencia energética y alimentaria, que hoy se busca afanosamente, México podría sentar las bases de una industrialización de nuevo tipo, sin someterse a los tonos marcados por las grandes trasnacionales, sino en un plano de intercambio y competencia, como suele ocurrir entre naciones. La apertura comercial puede lesionar el mercado interno (ya lo vimos en México), pero la competencia con el mundo obliga a expandirlo, como ya se ha comprobado en varios países. Sólo el Estado democrático puede ordenar el proceso de acumulación con el fin de atender prioridades sociales nacionales. Así ha sido a través de la historia del capitalismo.

No podría ser sencillo construir el basamento de una transformación iniciada mediante un cambio pacífico y electoral como el que se produjo en 2018, pero nada indica que la cosa no vaya a funcionar. Es cuestión, como siempre en la vida, de seguir luchando sin dejarse desviar por cantos engañosos y sin sentir miedos inducidos por las tendencias conservadoras, con sus viejos y nuevos intelectuales.

Corrupción, antidemocracia, represión y neoliberalismo, combinación de un pasado reciente

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Toda síntesis es arriesgada e inexacta, pero es inevitable hacerla. Si a un opositor de antes, que luchó contra el Estado corrupto y en favor de la democracia política, que denunció y sufrió la represión, luego de lo cual levantó un programa político en contra del neoliberalismo, enfermedad mundial que golpeó con fuerza inusitada a México, se le preguntara qué es el pasado, pues lógicamente contestaría que todo aquello que ha criticado y tratado de cambiar.

Toda persona que busca el pensamiento crítico nunca debiera renunciar a tan alta cualidad, por lo que sería impropio pedirle que deje de examinar los hechos concretos. Por tanto, quienes advierten que los cambios actuales van en la dirección de superar aquel pasado considerado oprobioso, tienen a salvo su derecho de crítica y de réplica. La que no se explica de igual forma es la conducta que asumen algunos que, no obstante haber criticado desde la izquierda al viejo régimen, se ubican prácticamente en la oposición cuando justamente todos esos elementos del pasado empiezan a ser derruidos y se camina en pos de nuevos “modelos” de Estado y sociedad.

Los beneficiarios del régimen anterior añoran ese pasado y buscarían volver a aquellas condiciones que han empezado a cambiar. Pero, desde la izquierda, ¿es válido apoyar a aquellos que gobernaron antes y que ahora quieren volver?

Uno de los argumentos de esos disidentes estriba en negar que el gobierno de López Obrador sea de izquierda. Tienen una idea muy individual sobre el socialismo moderno como gran corriente internacional desde el siglo XVIII, que sigue existiendo a pesar de su diversidad y, aún más, de sus contradicciones y catástrofes.

La mayoría de esos progresistas o personas de la izquierda o del socialismo, como se quieran definir a sí mismos, no han manifestado el menor acuerdo con alguna de las líneas de la política gubernamental. Para ellos, todo es falso, incorrecto, engañoso o nefasto. Por tales motivos manifiestan coincidencias con la coalición opositora, “frente de contención” o como se quiera denominar al PRIAN.

Existe otra situación peculiar. Desde una sedicente e indefinida izquierda, esos opositores están fuera del debate nacional. No pocos de ellos escriben artículos y hasta opúsculos, pero no aciertan a definir un marco conceptual y mucho menos a realizar un análisis concreto. Sencillamente, salvan su alma, desprecian a la 4T y, de tal forma, pueden justificar, ante sí mismos, la causa de su propia inutilidad.

Ese territorio poblado de personas que toda su vida fueron de izquierda para terminar ahora simpatizando con la derecha política, es un lugar sin horizonte. Desde ahí, se piensa, podría volverse a vivir aquellos años que, al menos por ahora, ya quedaron atrás. Fueron momentos en los cuales era posible ser oportunista frente al gobierno priista o panista y, al mismo tiempo, ser crítico de esa combinación tan mexicana de corrupción, antidemocracia, represión y neoliberalismo. Ahora ya no, pues para ejercer aquella crítica sería indispensable romper de plano con los actuales representantes del viejo régimen.

Justo en el momento en que las herencias del pasado reciente son defenestradas desde un nuevo gobierno, algunos críticos de antes lanzan sus nuevas críticas contra la negación de lo mismo que criticaban. Las frases que escriben o pronuncian están más bien ligadas a que no les gusta el “estilo personal” del presidente de la República, como si ese hubiera sido alguna vez decisivo en la definición de la política gubernamental.

No es México el único país de América Latina en el que un gobierno de izquierdas es atacado por algunos que antes sostuvieron críticas de fondo de las políticas de las derechas. Hemos visto en Brasil, Argentina, Ecuador, entre otros, a grupos de secuaces o cómplices de los neoliberales en el marco de varias catástrofes políticas.

Hay que aclarar que aquí no tomo en cuenta a aquellos que, viniendo de la izquierda partidista, militan ahora orgánicamente en las filas de la oposición prianista, que son candidatos y vocingleros de consignas maledicentes de la alianza de las derechas y que, para oprobio histórico, utilizan las siglas construidas por la izquierda en momentos de tremenda confrontación. Estamos hablando ahora de quienes no se resbalaron por el tobogán de la corrupción, por lo que su conducta requiere buscar explicaciones o, al menos, descripciones de un fenómeno en el que gente de izquierda deja de serlo funcionalmente en el mejor momento de la corriente histórica en la que se formó.

Son personas de izquierda alineadas con la derecha, exponiendo su nueva posición como valladar frente a una supuesta vuelta al autoritarismo, a pesar de que no han aportado un sólo elemento concreto al respecto. Al asumir la versión de que México está al borde de una especie de dictadura bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, hacen suyo un novísimo espantajo de la derecha más reaccionaria. De esa forma, unos que antes cerraron filas con la izquierda en favor de la democracia política, se transfieren al otro bando político y social, en busca de rescatar una bandera que ahora carece de la significación que tuvo cuando se luchaba contra la prisión política y por los derechos ciudadanos de todos. Esa bandera no tiene ya la misma vigencia, pero no por ser enarbolada por la derecha, sino por ser producto de una mentira.

Dentro de unos meses se producirá en México un plebiscito revocatorio del mandato del presidente de la República, acto insólito de participación popular. De por sí, la cita de las urnas es una práctica generosa en el marco de la lucha política, pero también será un momento de definiciones y deslindes. Mucho aprenderá el país. Veremos hasta dónde y qué tanto pueden coincidir aquellos que durante años lucharon por superar el viejo régimen y en favor de transformaciones sociales y políticas.

La taza

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“Si no le quitamos la Cámara, nos va a quitar el país”, dice la taza que se muestra en internet como instrumento de propaganda electoral. Se refiere, claro, al presidente de la República y a la Cámara de Diputados. Pero ¿a quién le va a quitar el país Andrés Manuel López Obrador? El dueño de la taza nos va a responder que al pueblo de México.

La taza muestra un malestar profundo, un odio sin disimulo, una premura insoportable, desesperación.

Más allá de un estado de ánimo, la taza nos habla de unas relaciones sociales y de poder que han empezado a modificarse. La pirámide de distribución del ingreso no se hizo por equivocaciones acumuladas sino por políticas instauradas desde el Estado. Dentro de la forma en que el ingreso se reparte, destaca una inusitada concentración de las ganancias que ha llevado a una centralización del poder económico.

Quien mandó a fabricar la taza es de seguro integrante o empleado de uno de los grandes corporativos que asumieron el control del país y se beneficiaron del Estado corrupto construido bajo la dominación política priista y la continuidad panista.

Las ideas sociales y políticas no suelen ser casualidades. Vienen de realidades objetivas. Los partidos y otras muchas organizaciones expresan intereses difusos y concretos, por lo que se alían con otros, aunque sean diferentes, buscando puntos comunes.

¿Cómo se creó el PRIAN en México? Todo empezó cuando la izquierda, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, apareció en 1988 como una fuerte opción política nacional. Hasta antes, la derecha tradicional soñaba en un bipartidismo. A partir de entonces se ha desenvuelto una colaboración continua y cada vez mayor entre el PRI y el PAN para cerrar el paso a la izquierda.

Hemos visto caminar juntos a esos dos partidos desde el pacto con Carlos Salinas, el cual se expresó de forma grotesca en la quema de las boletas de la elección de 1988, pero tenía una significación mucho mayor. Se trataba de reducir a la izquierda, reconstruir el esquema formalista anterior y salvaguardar al entonces neoliberalismo emergente.

Las privatizaciones de Carlos Salinas –verdaderos atracos a la nación— fueron bendecidas por el PAN. La reestructuración parcial de la vieja oligarquía, con nuevos apostadores en las ruletas neoliberales, en realidad fue obra de un incipiente PRIAN, sus primeros pasos.

El pacto del PAN con el gobierno priista para legalizar la deuda del Fobaproa fue escandaloso pero muy duradero. Hasta hoy le cuesta al erario 50 mil millones anuales por pago de intereses, ya llevamos más de dos décadas y la deuda sigue vigente. El robo histórico del Fobaproa llevó a un fraude nuevo cuando Banamex fue vendido a Citybank, con todos los activos de los bonos gubernamentales, naturalmente, pero sin pagar impuestos por las enormes ganancias que realizó por esa venta el grupo de Roberto Hernández. Esto último lo autorizó el gobierno panista.

Bajo Vicente Fox, a partir del año 2001, las concesiones siguieron. Se le perdonó a Ernesto Zedillo y a Francisco Labastida el robo del Pemexgate, pues el PRI sólo pagó una multa electoral. A la vez, el PRI no presentó denuncia penal por Los Amigos de Fox. Esa la presenté yo, pero el presidente panista ordenó a la PGR declarar el no ejercicio de la acción penal contra sí mismo y nuestro Poder Judicial no admitió el amparo contra esa decisión. El PAN también sólo pagó una multa electoral. Se emparejaron los cartones: ambos resultaron penalmente inocentes. Unos protegían a los otros y viceversa. Eso también es el PRIAN.

Los moches empezaron como industria bajo Vicente Fox. El PRI lograba meter asignaciones presupuestales dirigidas a proyectos aislados y el gobierno panista las admitía al grado de pagarlas: se “bajaba el recurso”, a cambio de lo cual se realizaba el moche de al menos un 10%. Pero los diputados del PAN no se quisieron quedar atrás y entraron en el negocio. Otros lo hicieron también, aunque en menores cuantías. En esto, el PRI y el PAN eran uno solo.

Cuando Vicente Fox y Santiago Creel decidieron impedir, mediante el desafuero, la candidatura de López Obrador a la presidencia de la República, el PRI no dudó un instante en apoyar esa aventura, pues era volver a las bases fundacionales del PRIAN: detener a la izquierda a cualquier costo. Luego estuvieron muy juntos en el fraude de 2006.

Mientras se hacía todo lo anterior, lo más importante era la coincidencia bipartidista en la política económica. El país tenía un neoliberalismo galopante. El salario mínimo disminuyó en términos reales durante ese largo periodo. La pobreza creció. El sistema abierto de salud pasó a depender de una especie de empresa aseguradora que nunca abarcó a todas las personas ni a todas las enfermedades. El PAN era más neoliberal doctrinalmente; el PRI era más neoliberal operativamente: la mejor combinación.

Así fue como PRI y PAN decidieron lanzarse a eliminar del mapa a Pemex y arrinconar a la CFE. Esa fue la “reforma energética”.

En conclusión, la irrupción de la izquierda como fuerza alternativa de poder convirtió la convergencia histórica de las derechas neoliberales en un sistema funcional, hoy conocido como PRIAN, pero que abarca más en términos sociales: las dirigencias empresariales de derecha, los intelectuales del régimen en los tiempos recientes, el sector reaccionario de la iglesia católica y las instituciones generadas al calor de la corrupción y la simulación, la burocracia dorada.

Con el triunfo electoral de la izquierda, el PRIAN es ya prácticamente un solo partido, aunque mantenga discrepancias en temas menores y en espacios acotados. Como consecuencia de esto, carece de programa propio.

De este y de sus poderosos aliados es la taza, pero ya no el país.

No es tiempo de matices

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El hecho de que este no sea tiempo de matices como objeto de la disputa política se debe a la convergencia conservadora frente a la irrupción de la izquierda en el poder. En este momento las oposiciones se están oponiendo y punto. Si hubiera algún partido de oposición que planteara negociaciones sobre la base del respeto a la mayoría surgida de las urnas, pero con campo abierto hacia otras propuestas, la situación política del país sería algo diferente.

Cuando los conservadores dominaban la política hacían todo tipo de acuerdos abiertos y encubiertos, pero discrepaban a menudo sobre temas menores y de reparto de canonjías. Aquel era tiempo de matices, pero neoliberales casi todos ellos. Ahora que esos conservadores se encuentran en la oposición, se han ido acomodando entre sí, pero se van a enfrentar pronto al difícil reto de crear una coalición.

El objetivo concreto opositor es derrotar a Morena en 2021 y a Andrés Manuel en 2022. Cambiar la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados y revocar el mandato del presidente de la República. Quien de manera más directa lo ha cifrado es Héctor Aguilar Camín en su conversatorio telemático fechado el reciente 23 de mayo: que Morena pierda la mayoría en 2021 y que en 2022 se revoque en las urnas a López Obrador… «por pendejo», según dijo.

Esa vulgaridad denominada Proyecto BOA (víbora que estruja a sus víctimas para tragarlas), repite aquellos dos objetivos con la misma claridad con que lo hacen otros conservadores. Su convocatoria busca la unidad de los importantes, el «círculo rojo», dice Aguilar Camín: partidos opositores, gobiernos locales, jueces, medios de comunicación, toda clase de organizaciones patronales, empresarios, intelectuales, etc. Nadie ha respondido por BOA, pero muchos no desconocen el objetivo. No tendrían por qué, es del todo verdadero. El mismísimo presidente del PAN recién lo ha dicho claramente.

No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador afirma que los adversarios de la transformación que él encabeza están a favor de conservar el viejo sistema de injusticias, privilegios y corrupción. Esto se debe al rechazo de plano que manifiestan los opositores a toda la política del gobierno, es decir, justamente a la ausencia de matices.

Al mismo tiempo, como complemento, en el ambiente político no sólo está presente la crítica del gobierno, de la política de éste y de sus actos concretos, sino también una considerable cantidad de mentiras e insultos que se pueden leer a diario en medios de difusión de toda clase. La convergencia conservadora no es sólo de los líderes sino también de las bases.

En condiciones normales sería un error político que el gobierno del cambio respondiera a los conservadores como si casi todos ellos fueran un solo bloque consolidado, pero bajo la situación política actual de México se ha vuelto inevitable, ya que del lado de los opositores la tarea es repudiar en bloque el programa de la 4T y tratar de cambiar de rumbo político; lo demás ya se verá, ahora no discuten entre sí.

El carácter reactivo de ese plan es otro elemento más que confirma la ausencia de matices en la política mexicana, mientras que la rispidez y la maledicencia son fórmulas que contribuyen a la ausencia de diálogo político.

Por ejemplo, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, fraguó la maniobra de responsabilizar al presidente de la República de choques de la policía local contra jóvenes manifestantes que exigían esclarecimiento y castigo por la detención y asesinato de Giovanni López. La idea de ese político conservador es que entre más logre confrontarse con el presidente, mejor será su propio prestigio personal, pero resulta ser otra cosa acusar sin motivo al titular del Ejecutivo federal de provocar la represión de manifestantes. Justificar la violencia mediante el infundio es viejo recurso de los déspotas mexicanos.

Hay que aclarar que la causa de fondo de que este no sea tiempo de matices no radica en las malquerencias, las cuales no parecen tener remedio, sino a que, frente a una hilada de cambios y nuevos enfoques, los opositores carecen por el momento de propuestas puntuales que pudieran discutirse en paralelo. Lo que proponen es volver a lo de antes en materia económica, social y administrativa (corrupción pública), lo cual sería el suicidio de la 4T.

Si Andrés Manuel se la pasara llamando al diálogo perdería tiempo y consistencia porque se ha estrechado demasiado el terreno de las interlocuciones entre grandes bandos políticos contrarios. No es una cuestión de personalidades o de opciones a la carta sino de hechos políticos duros.

En todo momento esto podría empezar a cambiar, pero es poco probable que sea pronto. En cambio, luego de las elecciones de 2021, dentro de un año, sí habrá cambios, tanto si Morena confirma su mayoría política como si la pierde. Eso lo saben los conservadores, a pesar de lo cual ellos no han optado por preparar una contienda de programas sino de desgaste de la Presidencia de la República mediante el ataque, la burla y el insulto sistemáticos. Entonces, estamos peor que antes porque, antes de votar, no parece haber materia para el diálogo aunque ambos alineamientos se sigan culpando mutuamente de la ausencia del mismo y afirmen que sería bueno. Círculo vicioso podría denominarse la coyuntura.

Si no hay campo para arreglos puntuales mientras votamos, después quizá se abra, pero no es seguro.

España: coalición y crispación

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Desde el restablecimiento de la democracia en España no se había dado un gobierno de coalición. Durante 40 años el partido más votado controló la administración pública central. Algunas veces, en minoría, lograba acuerdos parlamentarios ocasionales con otras formaciones, pero el Consejo de Ministros fue siempre de un solo instituto político.

El gobierno español es ahora diferente. El viejo partido socialista, el PSOE, ha admitido la creación del gobierno de coalición con Unidas Podemos que está formado por varias expresiones unitarias de izquierda. El líder de aquél, Pedro Sánchez, se negó durante meses a integrar ese gobierno, a pesar de que era viable alcanzar más apoyos que rechazos en el Congreso de los Diputados, requisito constitucional para lograr la investidura. Al final, la realidad política lo sobrepasó.

España entró hace algunos años en una crisis del sistema en el que el bipartidismo (PSOE y PP) solía tratarse con rispidez, pero siempre con tendencia a llegar a acuerdos, a conducir conjuntamente al Estado, en especial en la conformación de las instituciones, mientras que, a veces, partidos regionales aportaban votos para sacar presupuestos cuidadosamente desequilibrados.

Como elementos de la crisis política surgieron Podemos y Ciudadanos. El primero, izquierda crítica del PSOE y del bipartidismo. El segundo, liberal derechista y crítico de la corrupción en el entonces gobernante Partido Popular. Había surgido un nuevo sistema político con dos izquierdas y dos derechas, además de fuertes partidos locales en algunas regiones. Pero los viejos institutos políticos estaban pensando en encontrar la forma de volver a lo de antes.

Esa crisis se reveló desde que se hizo imposible que alguno de los partidos del desarticulado bipartidismo pudiera gobernar por sí sólo en relativa estabilidad. España había cambiado en medio de la incredulidad de los políticos tradicionales.

La corrupción en el PP, la cual llevó a Mariano Rajoy a ser despedido como presidente del Gobierno, le otorgó al PSOE la oportunidad de oro para reconocer los cambios en la política española. Sin embargo, una mayoría de dirigentes socialistas impidieron dar ese paso. El surgimiento del gobierno de coalición estaba maduro meses atrás, luego de la primera elección parlamentaria de 2019, pero no se hizo por la necedad de las bandas sectarias del PSOE. Entonces hubiera sido más fácil que ahora, por cierto.

Luego de la segunda elección de 2019 ya no había más remedio que admitir los resultados comiciales como indicadores de que hay un gran segmento social que ya le dio la espalda al bipartidismo y busca una nueva democracia.

En la derecha, que ahora es de tres cabezas, se han visto disminuido los nuevos liberales de Ciudadanos que eran la esperanza de mucha gente que cuestionaba al PP y al PSOE desde actitudes moderadas y críticas de la corrupción española. Ha surgido un sello electoral llamado Vox que es un partido abiertamente machista y homofóbico, además de añorante del orden franquista, al que le repugna la Unión Europea y, sobre todo, la emigración africana y latinoamericana. Es ese el tercero más votado en las recientes elecciones.

Si las principales izquierdas no se hubiera unido en coalición con el apoyo, mediante la abstención, de los dos partidos nacionalistas más importantes (el catalán Esquerra y el vasco Bildu), se habría tenido que convocar a una tercera elección en medio de mayores desuniones en la izquierda y reencuentros en la derecha. Es decir, una catástrofe.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su partido son quienes llevan el mérito mayor porque desde un principio propusieron con firmeza y lealtad la coalición de gobierno.

Al mismo tiempo, la formación del nuevo gobierno ha llevado a la crispación política. Ya se ha advertido esto en los discursos parlamentarios de los actos previos a la investidura de Pedro Sánchez. Las derechas se van a ir aproximando cada día más porque tienen base común suficiente y el claro objetivo de lograr el fracaso de la coalición de izquierdas. En el PP no hay moderación y en Ciudadanos hay repulsión visceral a la izquierda emergente, mientras en Vox existe un repudio virulento a todo progreso social y cultural.

La agenda social española es muy amplia pero destacan las tareas ideológicas que hay que reemprender contra la intolerancia y las fobias de las fuerzas reaccionarias. El nuevo gobierno de coalición y sus opositores desde la izquierda, en especial Bildu y Esquerra, tienen que buscar acuerdos que vayan mucho más lejos de la simple estabilidad parlamentaria. Aun cuando mantengan sus polémicas sobre el tema de las nacionalidades y el derecho de autodeterminación, se requiere una unidad de acción. El asunto político de mayor actualidad en este momento no es la independencia de Cataluña sino impedir que toda España caiga en manos de una derecha que sería mucho peor que una vuelta de José María Aznar al poder.

La triunfante propuesta de integrar una coalición gobernante de izquierdas, la cual ha tenido a pesar de los pesares el respaldo decisivo de otras formaciones, debería convertirse en un momento de lucha por una España democrática y socialista.

Catástrofe política en Bolivia

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Ninguna persona intelectualmente honrada podría negar que en Bolivia se ha producido un golpe de Estado con el decisivo apoyo de los militares. Esa catástrofe política no se originó de manera repentina. Hay que hacer recuento de hechos y daños.

Evo Morales se equivocó cuando recurrió al máximo tribunal para anular la votación mayoritaria del electorado que refrendó el límite de dos periodos para la reelección del presidente. Eso no lo debe hacer un demócrata, mucho menos un líder popular como Evo, porque es algo contradictorio con esencia, promesa y programa.

Quienes nunca han sido demócratas sino elitistas, los integrantes del grupo económico conservador, clasista y racista de Bolivia, aprovecharon ese error de Evo Morales para cohesionar un bloque opositor antirreleccionista con vistas a la elección presidencial, esperanzados en una segunda vuelta porque no veían que les dieran los números en la primera.

En Bolivia, para obtener el triunfo se requería contar con la mayoría absoluta o con diez puntos porcentuales arriba del segundo lugar. Nadie, ni siquiera Evo Morales, consideraba seguro que esa diferencia se produjera. Cuando se anunció el resultado final del escrutinio, con un poco más de 10% de diferencia, la oposición denunció fraude y convocó a huelgas y bloqueos, pero nunca presentó casos concretos, por lo cual no hubo procesos judiciales.

Otro error que un demócrata no debe cometer fue el haber admitido que la Organización de Estados Americanos se convirtiera en dictaminador electoral con resolución vinculante. El informe que presentó la comisión de la OEA se basó en 300 casillas electorales seleccionadas, y unas cuantas consideraciones de carácter más bien político. Por su lado, los golpistas habían desconocido de antemano ese dictamen porque ya estaban demandando el retiro de Evo Morales y del vicepresidente García Linera, para tratar de imponer de esa forma a un nuevo mandatario, es decir, el golpe directo, con o sin OEA.

Bolivia se convirtió durante un par de días en un país sin guardias. Los opositores podían quemar lo que desearan porque la policía requería violencia como cobertura para pedir el retiro del presidente, por lo cual se «acuarteló» ella misma, en realidad se amotinó. Luego, el Ejército (protagonista directo de muchos golpes de Estado en la historia de Bolivia), presentó el ultimátum al gobierno. Evo Morales no tenía muchas opciones.

Los políticos golpistas, de la mano de militares y policías, han impuesto a una presidenta absolutamente espuria (Jeanine Áñez) antes de que el Poder Legislativo hubiera admitido o negado la renuncia del presidente y del vicepresidente, en acatamiento del artículo 162 de la Constitución. Además, el orden sucesorio legal boliviano señala a la presidenta del Senado (Adriana Salvatierra). El golpe ha sido consumado y el orden constitucional no está vigente.

El gobierno de Evo Morales recobró riquezas naturales y elevó la producción; realizó muchas reformas sociales; redistribuyó el ingreso; cambió el sistema político; le dio voz, voto y poder a la mayoría indígena; implantó la independencia nacional; golpeó la corrupción. La economía boliviana es la que más crece en América Latina.

Sin embargo, con un solo error madre se puede perjudicar la obra magnífica de una revolución pacífica.

Ahora, el curso de Bolivia no es predecible. Durante las próximas semanas podrán sobrevenir acontecimientos capaces de provocar vuelcos en cualquier sentido. A partir de este momento ya no habrá estabilidad política, mientras que la economía, lógicamente, sufrirá problemas ya superados.

La izquierda y las organizaciones sociales tendrán que resistir con tanta fuerza como sea necesaria para que la vía electoral sea reimplantada. Lo que debería quedar absolutamente claro es que no hay solución política o algo semejante si no es a través del voto popular. En consecuencia, los destacamentos del progreso y la democracia no pueden darse el lujo de dividirse en lo más mínimo. De eso depende todo, o casi.

España sin gobierno

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Las elecciones del próximo domingo 10 de noviembre han sido convocadas debido al hecho de que España carece de gobierno y sólo tiene un encargado. Pues bien, éste pide que se le otorgue la investidura si acaso su partido logra ser el más votado aunque no consiga coligar una mayoría parlamentaria.

Se trata de un imposible porque no se puede cambiar una Constitución el día antes de la elección para complacer la exigencia de uno de los contendientes. Además, esa propuesta es contradictoria porque Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), no hubiera podido llegar al gobierno cuando el Congreso de los Diputados despachó a Mariano Rajoy luego de una sentencia judicial que comprometía directamente al Partido Popular (el cual era el más votado de la Legislatura) en hechos de corrupción.

El líder de PSOE quiere gobernar en solitario con un 27%, que es lo que probablemente obtendría según encuestas, convertido, con la magia del sistema electoral español, en 121 escaños de un total de 350, casi el 35%. No obstante, Pedro Sánchez quiere llevarse todos los sillones del gobierno, es decir, la totalidad de los ministerios. Esa no es una actitud democrática.

El PSOE considera que las nuevas elecciones de diputados se hicieron necesarias porque las derechas (Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) no estuvieron dispuestas a abstenerse en una segunda vuelta de investidura en el Congreso. ¿Por qué tendrían que haber estado en condición de hacerlo si la abstención en esa tesitura equivale a un apoyo?

El reproche que Sánchez le hace a sus rivales de la derecha contiene veneno de víbora, ya que implica que la única solución era y ha de ser un acuerdo de gobernabilidad entre una parte de la izquierda, sólo la suya, y el Partido Popular que fue removido mediante un mecanismo de unidad de las izquierdas, la misma que ahora le parece imposible al candidato del PSOE.

El cuasi empate político entre izquierdas y derechas en la actual España es ya un inmenso problema como para que las cosas se hagan más intrincadas con el sectarismo del líder del PSOE, dispuesto casi a todo con tal de no admitir un gobierno de coalición con Unidas Podemos (UP), que pudiera contar con el apoyo de algunos grupos pequeños, indispensables para obtener los 176 votos en primera vuelta o contar en la segunda con más apoyos que rechazos.

Lo que Sánchez podría buscar es un acuerdo con la derecha liberal, Ciudadanos (14 escaños), pero eso hubiera sido antes, cuando este último obtuvo en abril 42 asientos. Pero la caída de Ciudadanos ya le complicó el panorama al PSOE. Se debería reconocer que, con las nuevas elecciones, los únicos partidos que según encuestas están sumando son el PP y la ultraderecha Vox. Esta ha sido obra exclusiva de la dirigencia del Partido Socialista al bloquearse a sí mismo y tener que llamar a nuevas elecciones.

Los comicios españoles del 10 de noviembre nunca debieron ser convocados. Pedro Sánchez estaba obligado a brindar un gobierno al país en lugar de ir a una aventura que arrojaría la misma situación política, en el menos peor de los escenarios posibles.

España no puede tener gobierno porque el viejo partido socialista se mantiene en su pretensión exclusivista de que es la única y verdadera izquierda, cosa que jamás fue así y menos ahora.

Mas ese sectarismo es una forma de impedir obstrucciones procedentes de la izquierda dentro del Congreso y en el gobierno para de tal forma poder negociar a gusto con las derechas. Sin embargo, tal resultado que busca Sánchez es igual de antidemocrático que la idea de quedarse con todas las sillas del Consejo de Ministros teniendo sólo la cuarta parte de los votos ciudadanos.

La gente en casi toda España va a ir a votar entre la izquierda y la derecha, escogiendo dentro de esos dos grandes bandos a un partido en especial. Por ello, un gobierno monocolor de izquierda capaz de entenderse libremente con la derecha no corresponde al esquema político prevaleciente en el país, con excepción de Cataluña donde existe una situación particular.

Con la abstención de UP y Cs, más la de unos 30 diputados de los partidos menores, en una segunda vuelta, las derechas PP-Vox bloquearían la investidura con sus 137 votos, contra los 121 del PSOE.

Así que los socialistas tendrían que sumar a 35 de Unidas Podemos y Más País, y 20 de otros partidos para lograr una mayoría de 176 votos en la primera vuelta. Pero si todo es a fuerza, sólo bajo la amenaza de tener de nuevo que convocar convocar a elecciones, el nuevo gobierno no podría sostenerse más que por decreto, precariamente, o ceder en todo ante la derecha. No parece, sin embargo, que esa sea la idea de la mayoría absoluta de los electores de España.

¿Quiénes ganaron las elecciones?

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Existe un debate informal y deshilachado en varios periódicos sobre quiénes ganaron las elecciones desde un punto de vista politológico o, más ampliamente, sociológico. Se insiste en eso de los populistas sobre lo cual no existe una definición, se habla de una izquierda sospechosa por indefinida y, por último, se insiste en un inusitado y asombroso movimiento popular democrático, al que se refiere el mismo candidato triunfante.

Unos días después de las elecciones del 1 de julio, me encontré a Roger Bartra en el supermercado y de inmediato me dijo que había ganado «un nuevo PRI». Rebatí de botepronto su aseveración, posible conclusión de un análisis sociológico viniendo de un reputado investigador, con el argumento de que Morena no se basa en aparatos corporativos ni es parte de la forma de gobernar asentada en la corrupción. Bartra replicó con una evidencia: «no veo en el nuevo gobierno a ningún revolucionario». Le aclaré que revolucionarios no hay porque no se están produciendo revoluciones; vivimos en un mundo diferente al del siglo XX, aquel «siglo de los extremos», según Eric Hobsbawm. Las revoluciones están en receso. Me pareció que él aceptaba estas afirmaciones mías pero volvió a la carga y dijo que López Obrador no iba a combatir la corrupción. Al final, le reiteré uno de los principales compromisos de campaña, el de acabar con el Estado corrupto mexicano. En lugar de decirme adiós, Bartra se despidió con un «veremos» de incredulidad.

Tanto en el terreno de la forma de gobernar, en el que destaca el tema de la corrupción, como en lo tocante a la política social, el ingreso y el impulso del crecimiento de la economía, existen muchas dudas. No es sólo la prensa sino también la intelectualidad e, incluso, señaladamente, mucha gente de la ciudadanía que salió a votar por el cambio y en la noche de ese día difícil se encontró con el hecho político de que era mayoría absoluta de su país.

Existe desconfianza en los programas políticos porque hasta ahora casi todo ha sido mentira. Ni la corrupción bajó, ni la economía creció, mucho menos se redujo la pobreza o mejoró la distribución del ingreso. En los últimos seis años tampoco se dio la prometida respuesta a la crisis de violencia delincuencial.

Un nuevo PRI es imposible porque sería algo del todo artificial y, por tanto, grotesco. Durante casi 40 años se ha producido un largo y desesperante proceso de cambios políticos, gracias al cual, finalmente, gozamos de aquellas libertades que el PRI le había arrebatado al país. Nuestra democracia, del todo formalista, aún no ha incluido a la escuela ni al sindicato, pero se expresa en otros ámbitos. Esa es la palanca para alcanzar un sistema político participativo y, con ello, construir una nueva ciudadanía. Tal es el nuevo propósito.

Ese movimiento popular, el que rebasó por completo al PRIAN como articulación de poder, se encuentra obligado a cambiar el estilo político. No es sólo minimizar la parafernalia oficial sino la completa cancelación del reparto de prebendas, favores, influencias, contratos, moches, en el que se sostiene actualmente la capacidad gubernativa. No habrá otra oportunidad, es ahora.

La política social debe dejar de ser un instrumento de organización territorial y sectorial de grupos a cargo de agentes del gobierno, con beneficiarios siempre amenazados y sometidos al despotismo burocrático. La forma de hacerlo es implantar derechos sociales de carácter general. Esa es la nueva pauta.

El derroche presupuestal debe dejar su lugar a una razonable austeridad de la función pública en vías de la elevación del gasto social y de inversión. Poco a poco, año tras año, esa nueva política dará sorprendentes resultados.

Por lo pronto, entre esperanzas y escepticismos, al fin la transición está dando inicio. Sí es una proeza histórica haber logrado el resultado electoral que se tiene, por más que algunos francotiradores de izquierda, es decir, personas sin compromiso político orgánico, hayan dejado de confiar en sí mismos o, dicho de otra manera, ya no crean en lo que fue su propio discurso. Todo es real aunque parezca un sueño, tenemos una nueva fuerza gobernante popular y democrática con un duro mandato popular. Nadie es perfecto o sin defecto alguno pero esta es la verdad disponible, sobre la cual es preciso trabajar sin buscar refugio en el amargo rincón donde ya no se cree ni se piensa en nada nuevo.