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El adiós del PRD

 

Al decir adiós, el Partido de la Revolución Democrática no lo hace sólo por la gran cantidad de miembros y simpatizantes que le han abandonado y le abandonan cada día, sino porque ya no es el partido que fue y, por tal motivo, pronto, con seguridad desaparecerá por completo.

El fenómeno no es nuevo. Hemos visto partidos que se van haciendo pasita conforme aumenta su extravío hasta que desaparecen del mapa político. El PRD lleva varios años en ese proceso. El esfuerzo de muchos de sus integrantes por frenar su deterioro ha resultado infructuoso. Cuanto más arreciaba la crítica interna a la política de su dirección, el PRD empeoraba. Su enfermedad tiene dos aspectos principales, aunque no son los únicos: la corrupción y el oportunismo que terminaron envueltos en un síndrome incurable. La dirección perredista se dedica al comercio y, como recién se ha visto, en ocasiones ha vendido, incluso, el puesto de presidenta o presidente del partido.

La alianza con Acción Nacional para llevar a la Presidencia de la República al líder de ese partido es una muestra de lo bajo que han caído unos dirigentes políticos a quienes no les importa estar llevando a la desaparición a un partido que fue la trinchera de millones para lograr la transformación social y política de México.

La dirección que ha firmado con el PAN la entrega del partido está caduca, pero no sólo en el sentido político, sino también porque su mandato terminó el 5 de octubre del presente año sin que convocara a elecciones. El sistema en el PRD es ahora autocrático, los dirigentes se designan a sí mismos.

De los principios, el programa, la línea política y el estatuto no ha quedado absolutamente nada. Esto no es una exageración sino hechos, por más increíbles que puedan parecer. El más reciente Congreso Nacional (2015) dijo claramente que con el PAN no se realizaría ninguna alianza general, que la línea era promover la unidad de las izquierdas. El documento aprobado jamás se imprimió, quedó medio escondido en la página electrónica a pesar de que abordaba los temas principales de la agenda nacional.

La canallada que hizo la dirección perredista en el Estado de México sólo tenía como propósito permitir que al PRI le funcionara la compra de votos porque, de otra manera, hubiera llegado a la gubernatura el mayor partido electoral de la entidad, que es Morena aún en los cómputos oficiales amañados. Esa dirección se convirtió en esquirol político, aunque otros le llaman palero del poder, ya que sólo deseaba que la izquierda no gobernara el mayor estado, cayendo así en un franco repudio de todo criterio elementalmente democrático. ¿Cuánto costó al gobierno federal esa acción del PRD? Quizá nunca lo sabremos pero de seguro que no fue poco.

A todo análisis, por decisión de su dirección ilegítima e ilegal, el PRD le dice adiós a su país. Sin embargo, la izquierda no desaparece en tanto que muere el partido que llegó a ser su estandarte casi único. Ésa sigue en la lucha, por lo cual la mayor tarea es unir en la acción a toda la gente que quiera un cambio a partir de las posiciones de una amplia izquierda.

Como muchos otros y otras, en lo personal he abandonado al Partido de la Revolución Democrática después de ser militante desde la primera convocatoria. Sigo en la izquierda y por ello tengo que dar la espalda a los tránsfugas antes que admitir como candidato a un neoliberal de la derecha más tradicional del país. Para luchar contra el neoliberalismo priista, la trinchera es la de la izquierda y no la otra derecha. El candidato de las izquierdas mexicanas, en la dimensión popular de éstas, no podría ser un panista sino el que efectivamente lo es ya en la realidad: Andrés Manuel López Obrador.

La gran corriente de izquierda debe unirse para dar la batalla electoral, pero ya no sumará las siglas con las que alguna vez casi toda ella se agrupó. El PRD dice adiós. Así sea.

PABLO GÓMEZ RESPONDE A LA ACUSACIÓN EN SU CONTRA

PABLO GÓMEZ RESPONDE A LA ACUSACIÓN EN SU CONTRA CON VISTAS A FABRICAR SU EXPULSIÓN DEL PRD
Ciudad de México, 5 de diciembre de 2017.

COMISIÓN NACIONAL JURISDICCIONAL

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA:

 

Quien suscribe, PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, miembro del Partido de la Revolución Democrática, con el domicilio señalado en el mismo acuerdo que se responde, comparezco al tenor de lo siguiente:

 

1º. He sido notificado, el 28 de los corrientes, mediante escrito aparentemente firmado por quien se ostenta como presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, de nombre FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ, de un acuerdo tomado por él mismo dentro del EXPEDIENTE: PE/NAL/309/2017, en el que admite a trámite un PROCEDIMIENTO ESPECIAL en mi contra, interpuesto por MARY TELMA GUAJARDO VILLAREAL Y OTROS, quienes se ostentan, a su vez, como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, y en el cual se ordena correrme traslado del escrito presentado por las personas aludidas.

2º. En el mismo acuerdo notificado se me brinda un plazo de 5 días hábiles para comparecer ante la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática con el objeto de que yo “aporte pruebas respecto de las imputaciones” que se me hacen por parte de las personas arriba aludidas.

3º. Las imputaciones hechas en mi contra son violaciones de la Línea Política, el Programa y las “normas que rigen la vida interna del Partido” de tal forma que “afectan la imagen y ponen en riesgo los intereses del Partido de la Revolución Democrática”. La acusación consiste en que apoyo a MORENA y a su presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero nunca se dice cómo ni para qué.

4º. Quien se ostenta como presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional, en su mencionado acuerdo, dentro del EXPEDIENTE PE/NAL/309/2007, dice haber recibido “escrito de procedimiento especial” presentado por MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL y otros, en contra de PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, del cual anexa copia simple, y afirma que “no ha lugar a dictar medida provisional consistente en la suspensión de derechos partidarios de PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ”; señala que corre traslado a PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ del “medio de defensa” presentado por MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL y otros; y acuerda admitir a trámite el “procedimiento especial interpuesto por los CC. MARY TELMA GUAJARDO, BEATRIZ MOJICA MORGA, SERGIO LEYVA RAMÍREZ Y OTROS, en su carácter en su calidad (sic) de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática”.

5º. El escrito ante la Comisión Nacional Jurisdiccional, que hacen los recurrentes MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL y otros, es presentado como una remisión del expediente integrado por el Comité Ejecutivo Nacional, “en términos del Artículo 103, inciso q) del Estatuto del PRD” y ahí adjuntan lo que se dice que es una resolución del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, de fecha de 18 de noviembre de 2017, en la que se “procede a solicitar a la Comisión Nacional Jurisdiccional… inicie el procedimiento especial que se solicita mediante el presente acuerdo señalando a este acto se dicte la medida provisional consistente en la suspensión de sus derechos partidarios de los militantes listados“, en términos de lo dispuesto por el artículo 103 inciso q) del Estatuto. Aunque en dicho acuerdo se ordena notificar a la Comisión Nacional Jurisdiccional, no existe documento que lo acredite ni dicha Comisión se da por enterada como sí lo hace del escrito firmado por MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL y otros con el cual se abrió el EXPEDIENTE: PE/NAL/309/2017, con fecha del 24 de noviembre del presente año.

 

EN EL MARCO ANTERIOR, y aún si conocer de cierto si se trata de una “queja”, de un “medio de defensa” o de cualquier otro recurso, procedo a responder algunos de los contenidos del escrito relacionado con el pretendido “procedimiento especial”:

 

A. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN

I. En el escrito de “queja” los actores afirman que la presentan como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, lo que acreditan con el resolutivo del Consejo Nacional relativo al nombramiento de los integrantes de dicho Comité.

 

Afirman que, con tal carácter, remiten el “expediente” integrado por el Comité Ejecutivo Nacional, en términos del artículo 103, inciso q) del Estatuto, debido a hechos que el citado Comité presume y considera vulnera la Línea Política, el Programa y las normas que rigen la vida interna del Partido, y que dada la gravedad de las conductas que me son atribuidas afectan la imagen y ponen en riesgo los intereses del Partido, a efecto de que se inicie un “procedimiento especial”.

 

Al referirse a la legitimación procesal activa para iniciar el procedimiento, mencionan que ésta se produce cuando el derecho que se cuestiona en el juicio es ejercitada en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio, que la legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestiona.

 

Afirman los “quejosos” que tienen plena legitimación procesal para presentar la queja a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, ya que, aseguran, cuentan con plena capacidad legal para remitir la integración del expediente en razón de las facultades que· “nos otorga” el artículo 103 inciso q) del Estatuto.

 

Lo expuesto por los “quejosos” es falso, ya que carecen de legitimación para iniciar personalmente el procedimiento especial a que se refiere el artículo 103 inciso q) del Estatuto, por lo siguiente.

 

El artículo 34 del Estatuto establece que el Comité Ejecutivo Nacional es parte de la estructura orgánica del Partido, que funciona como una instancia colegiada de dirección, representación y ejecutivas.

 

Por su parte el 101 del mismo Estatuto indica que el Comité Ejecutivo Nacional, se integra de la siguiente manera:

 

  1. a) Un titular de la Presidencia Nacional;

 

  1. b) Un titular de la Secretaría General;

 

  1. c) Por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido en el Congreso de la Unión; y

 

  1. d) Veintiún integrantes electos por el Consejo Nacional.

 

El artículo 103 menciona las funciones propias que el citado Comité Enecutivo Nacional puede ejercer, entre otras, el de remitir, de manera extraordinaria, para efecto de resolución inmediata, a la Comisión Nacional Jurisdiccional aquellos asuntos en los que estén implicadas afiliados que presuma violen la Línea Política, el Programa y las normas que rigen la vida interna del Partido, y que dada la gravedad de las conductas que le sean atribuidas afecten la imagen y pongan en riesgo los intereses del Partido.

 

Asimismo menciona que el Comité Ejecutivo integrará un expediente en donde se incluyan los hechos que se imputan a la persona afiliada y las pruebas que al respecto tengan, fundando y motivando la necesidad de imposición de medidas provisionales y la urgente resolución, mismo que remitirá a la Comisión Nacional Jurisdiccional para que conozca de dicho asunto,

 

Finalmente, el 104 del citado Estatuto menciona que el titular de la Presidencia Nacional tiene, entre otras funciones y atribuciones la de representar legalmente al Partido y designar apoderados de tal representación.

 

Lo anterior significa que si el Estatuto del Partido otorga al Comité Ejecutivo Nacional la facultad de remitir, de manera extraordinaria, a la Comisión Nacional Jurisdiccional aquellos asuntos graves a que se refiere el artículo 103, inciso q), entonces quien debe firmar la queja o escrito debe ser quien ostenta la representación legal de dicho órgano de dirección, que de acuerdo a la normatividad interna es el titular de la Presidencia Nacional Y NO SUS INTEGRANTES, como en el caso ocurrió.

 

Lo anterior es importante y trascendente, ya que como bien lo dicen en la queja, la legitimación en el proceso le corresponde a quien tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestiona y aún cuando afirman que ellos tienen plena legitimación procesal para presentar la queja a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, en términos del artículo 103 inciso q) del Estatuto, lo cierto es que NO TIENEN NINGUNA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL, ES DECIR, CON LA SIMPLE FIRMA DE CADA UNO DE ELLOS, LA QUEJA O REMITIR EL EXPEDIENTE.

 

Al no tener la representación legal del Comité Ejecutivo Nacional, es claro que los quejosos tampoco pueden solicitar el inicio del procedimiento especial como erróneamente lo acordó esta Comisión Nacional Jurisdiccional, a través de su sedicente presidente, pues precisamente la gravedad del asunto es lo que hace que la facultad del Comité Ejecutivo Nacional sea extraordinaria, pues de lo contrario la queja debe ser presentada por cualquier militante o integrante de algún órgano de dirección.

 

El Estatuto establece expresamente que en casos ordinarios, todos los afiliados pueden acudir a la Comisión Nacional Jurisdiccional a presentar queja contra persona, en términos de lo establecido en los artículos 42, 43, 44 y 45 del Reglamento de Disciplina Interna y que en casos extraordinarios y de urgencia, será el Comité Ejecutivo Nacional quien la presenta con los elementos de prueba.

 

Es decir, una vez que el Comité Ejecutivo Nacional tuvo conocimiento de los hechos y pruebas y, analizado, en términos del artículo 103, inciso q) del Estatuto, que se acreditaban los supuestos de procedencia, entonces debió haber remitido el expediente a la Comisión Nacional Jurisdiccional, por conducto de su representante legal, NO A TRAVÉS DE ALGUNOS O DE TODOS SUS INTEGRANTES, ya que si bien forman parte del Comité Ejecutivo Nacional, NO lo representan legalmente, como pretenden hacerlo creer.

 

En todo caso, cualesquiera de los integrantes pudo haber presentado la queja directamente ante la Comisión Nacional Jurisdiccional, sin ostentar una representación que no tienen porque no les ni otorga la normatividad interna.

 

El artículo 10 del mismo Reglamento de Disciplina Interna señala que sólo podrá iniciar un procedimiento ante la Comisión o intervenir en él, aquella persona afiliada, órgano del Partido e integrante del mismo que tenga legitimación e interés jurídico en que el órgano jurisdiccional imponga una sanción.

 

Y claro está que los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que firman el escrito de queja NO tienen la representación legal de dicho órgano de dirección para remitir el expediente en términos del artículo 103, inciso q) del Estatuto.

 

Incluso, esta Comisión reconoce que quienes firman el escrito de remisión del expediente, lo hacen como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, pero NO en su representación, de la que por supuesto carecen.

 

A manera de ejemplo, es como si varios consejeros nacionales o estatales presentan queja, o algún otro escrito a nombre del Consejo Nacional o del Consejo Estatal, o que desde luego sería un acto ilegal, nulo. Es como si varios diputados presentan escrito en nombre de la Cámara, sin que ésta lo tramitara formalmente, lo cual no sería admisible.

 

En este caso, existe una disposición expresa que establece que será el Comité Ejecutivo Nacional quien pueda remitir el expediente integrado cuando se actualice la hipótesis establecida en el artículo 103, inciso q) del Estatuto, SIN QUE, POR TANTO, PUEDA HACERLO uno o varios de sus integrantes, ni siquiera todos ellos como simples integrantes individuales del mismo pero no como Comité.

 

Por tal razón, esta Comisión Nacional Jurisdiccional debe declarar la improcedencia de la “queja”, del “medio de defensa” o del “procedimiento especial”, en términos del artículo 40 del Reglamento de Disciplina Interna.

 

Lo anterior se agrava por el hecho de que la resolución Comité Ejecutivo Nacional que, se dice, adoptó el 18 de noviembre de 2017 (ACU-CEN-052/2017), fue certificada, sin tener facultades estatutarias para ello, por el “secretario técnico” del Comité, luego de lo cual este mismo secretario técnico la notificó por estrados mediante una cédula de notificación, sin número, de fecha 18 de noviembre de 2017 que presentan los “quejosos”, con lo cual la Comisión Nacional Jurisdiccional no pudo haberse considerado notificada, como en efecto se demuestra por la inexistencia, dentro de la resolución vinculada al EXPEDIENTE: PE/NAL/309/207, de referencia alguna a un acto de admision por parte de dicha Comisión de tal resolución ACU-CEN-052/2017, como queja que pretendiera el inicio del procedimiento especial, sino que, en su resolución del 24 de noviembre, quien se ostenta como presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional admitió a trámite como procedimiento especial el escrito interpuesto por los CC. MARY TELMA GUAJARDO VILLAREAL, BEATRIZ MOJICA MORGA, SERGIO LEYVA RAMÍRZ Y OTROSen su carácter en su calidad (sic) de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática”.

 

Todo lo anterior fue realizado por el sedicente presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional, sin justificar su facultad para hacerlo, ni después de un análisis de la procedencia estatutaria de la solicitud de los “quejosos”, presentada el 23 de noviembre de 2017, en la que se dice que fue firmada por los referidos “quejosos” el 18 del mismo mes y año, al parecer por 18 personas cuyas rúbricas aparecen, pero sin que al respecto se hubiera anexado copia del acta de la supuesta sesión del Comité Ejecutivo Nacional ni de la eventual minuta de la deliberación respectiva.

II, Sin menoscabo de lo antes expuesto, en dicha resolución del 18 de noviembre (ACU-CEN-052/2017), con la cual se pretende haber “remitido expediente” ante la Comisión Nacional Jurisdiccional, de haber sido presentada efectivamente ante dicha Comisión, no hubiera respetado mi derecho de audiencia, entendido como derecho de defensa, que señala el Estatuto y el marco constitucional mexicano (ver al respecto la reciente SUP_JODC-1029/2017 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, en relación a la revocación del Acuerdo Plenario emitido por la Comisión Nacional Jurisdiccional en el expediente PE/NAL/229/2017, p. 10, en relación con la “OPORTUNIDAD DE DEFENSA“).

 

III. Todo lo anterior, con independencia de que los actuales integrantes del Comité Ejecutivo Nacional actúan de manera antiestatutaria e ilegal, pues su periodo para el cual fueron elegidos se encuentra concluido y el Estatuto no permite una prórroga, expresa o tácita. En la resolución del expediente SUP-JDC-633/2017, la Sala Superior así lo determinó, razón por la cual ordenó que en un plazo de 60 días convoque a elecciones internas lo que se ha negado a realizar en los términos de la resolución jurisdiccional.

 

 B. CON RELACIÓN A LOS HECHOS QUE SE ME ATRIBUYEN, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

I. De nueva cuenta, han iniciado un procedimiento sancionatorio en contra de mi persona por supuestos actos de apoyo a favor de MORENA y, en específico, de su presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, lo que, en opinión de los pretendidos quejosos, es contrario a la línea política, al programa y las normas que rigen la vida interna del Partido.

 

En realidad, el verdadero motivo para tratar de cancelar mi afiliación al Partido, por parte de quienes hoy ostentan las secretarías del Comité Ejecutivo Nacional, es que ellos no permiten que algunos militantes piensen de manera distinta, particularmente en lo relativo a las alianzas políticas y electorales del PRD con vistas a la próxima elección, ya que pretenden hacerlo con la derecha, en tanto que otros opinamos que debe ser con los partidos de izquierda, como lo aprobó el Congreso Nacional del Partido.

 

Varios militantes hemos expresado la conveniencia de que el PRD haga una alianza electoral con MORENA y otros partidos y organizaciones de izquierda y que Andrés Manuel López Obrador sea el candidato a la Presidencia de la República. Esta opinión ha ocasionado el enojo de la mayoría de quienes hoy dirigen al Partido, los cuales iniciado procedimientos sancionatorios en contra de mi persona, al margen del Estatuto.

 

Esta es la primera vez que sucede en la historia del Partido de la Revolución Democrática, pues en otras ocasiones se ha respetado el derecho a disentir y de proponer.

 

Por el contrario, se ha convertido en línea política la opinión de quienes se han pronunciado a favor de que PRD pacte una alianza electoral con la derecha, específicamente con el PAN.

 

A pesar de lo anterior, en tanto el PRD no registre legalmente candidatos de una coalición electoral ante el INE, pactada con otros partidos, significativamente Acción Nacional, es válido seguir proponiendo una alianza electoral con las izquierdas que sea encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

Con relación a los hechos, el artículo 1 del Reglamento de Disciplina Interna menciona que sus disposiciones son de observancia general para los afiliados y sus órganos del Partido, y que tiene por objeto reglamentar los procedimientos de los asuntos sometidos a consideración de la Comisión Nacional Jurisdiccional.

 

Así, el artículo 44 menciona que los escritos de queja deberán presentarse dentro de los sesenta días hábiles siguientes a aquél en que aconteció el acto que se reclama.

 

Siendo la Comisión Nacional Jurisdiccional –se dice– un “órgano profesional e imparcial”, seguramente se ajustará a dicho marco normativo, y todos los hechos que se me imputan fuera del plazo de los sesenta días, deberán declararse improcedentes, en términos del artículo 40, inciso h) del citado Reglamento.

 

En este sentido, no tienen razón los “quejosos” al afirmar que los actos que se me atribuyen fuera del plazo de los 60 días son omisiones y, mucho menos, que sean de tracto sucesivo. Afirmarlo es contrario a mi garantía de seguridad jurídica, ya que entonces cualquier acto podrá denunciarse en cualquier tiempo con el argumento de que su efecto permanece o de que se tuvo conocimiento del acto en fecha reciente, dentro de los 60 días, lo cual sería evidentemente falso a la luz de la anterior resolucion en mi contra de la Comision Nacional Jurisdiccional que suspendió mis derechos como afialido al PRD y fue revocada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SUP-JDC-1029/2017.

 

Por tal razón, la Comisión Nacional Jurisdiccional debería sujetarse al principio de legalidad y declarar la prescripción de los hechos denunciados ocurridos fuera de los sesenta días. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia 11/98 de la tercera época, emitida por la Sala Superior:

 

CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS. Aunque ambas instituciones o figuras jurídicas constituyen formas de extinción de derechos, que descansan en el transcurso del tiempo, existen diferencias que las distinguen; la prescripción supone un hecho negativo, una simple abstención que en el caso de las acciones consiste en no ejercitarlas, pero para que pueda declararse requiere que la haga valer en juicio a quien la misma aproveche, mientras que la caducidad supone un hecho positivo para que no se pierda la acción, de donde se deduce que la no caducidad es una condición sine qua non para este ejercicio; para que la caducidad no se realice deben ejercitarse los actos que al respecto indique la ley dentro del plazo fijado imperativamente por la misma. Ello explica la razón por la que la prescripción es considerada como una típica excepción; y la caducidad, cuando se hace valer, como una inconfundible defensa; la primera, merced al tiempo transcurrido que señale la ley y la voluntad de que se declare, expresada ante los tribunales, por la parte en cuyo favor corre, destruye la acción; mientras que la segunda (caducidad), sólo requiere la inacción del interesado, para que los juzgadores la declaren oficiosamente; no hay propiamente una destrucción de la acción, sino la falta de un requisito o presupuesto necesario para su ejercicio.

 

Además aplica la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de La Nación:

 

FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS. De los artículos 76, párrafo primero, 79, fracción X y 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como de los diversos 50, 62, fracción II y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos abrogada, ambas del Estado de Guerrero, se advierte la naturaleza del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial local, sus atribuciones, los ordenamientos jurídicos que por él pueden ser invocados, las reglas y los plazos que deben ser atendidos a fin de ejercitar su facultad sancionadora. Así, cuando los servidores públicos del mencionado Poder Judicial dejan de atender sus deberes consignados en la ley y atentan contra los principios fundamentales de la función pública, el Estado debe reaccionar, a fin de procurar la correcta continuación de las labores y actividades que tiene encomendadas para que éstas no se interrumpan o afecten por la actuación irregular de uno de sus miembros; y así surge la facultad sancionadora, entendida como la opción y obligación del órgano público de atender ese desajuste en su estructura y organización. Esto es, la aplicación de sanciones ante la actuación indebida de un servidor público es una facultad, en tanto que la propia ley confiere al Estado esa prerrogativa expresa para actuar; empero, su proceder también implica un deber, toda vez que conlleva la vigilancia estricta del adecuado funcionamiento de sus órganos integrantes, con miras a salvaguardar el adecuado desarrollo de sus actividades tendentes a la consecución de fines que interesan a la colectividad, por lo que la conservación de la disciplina dentro de la función judicial no es un asunto interno, sino que tiene interés público. En ese sentido, la regla general que opera, tomando como base la función desempeñada por el Consejo de la Judicatura (como órgano vigilante del adecuado funcionamiento del Poder Judicial del Estado), es precisamente la aplicación de las sanciones que correspondan al servidor público responsable; sin embargo, es factible que se actualice una excepción, que se materializa cuando concurre alguna de las causas específicamente previstas en la ley, las cuales extinguen esa facultad como lo es la prescripción. Por ende, se concluye que esta figura representa una autolimitación que el propio Estado se impone para el ejercicio de la función sancionadora que tiene encomendada, en atención a que dicha atribución de la autoridad también representa una garantía a favor del servidor público, pues con la existencia de la prescripción subsiste la posibilidad de que éste no sea infraccionado una vez que transcurrió el plazo previsto en la ley, al desaparecer el derecho del Estado para perseguir y sancionar una conducta específica y determinada.

 

III. Con relación al primero y segundo hechos de la “queja”, manifiesto que se trata de un mismo hecho que los “quejosos” manifiestan ocurrió el 03 de julio de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que desde la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho, a la de presentación de la queja, (23 de noviembre de 2017) ya habían trascurrido más de 60 días hábiles, lo que hace notoriamente improcedente la queja en cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.

 

Resulta aplicable las tesis de jurisprudencia ya citadas de rubro: “CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS”. y “FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS.”

 

Sin embargo debe tomarse en cuenta que en el hecho, que se convierte en supuesta transgresion, se mencionó que el PRD debe participar en el bloque de fuerzas políticas de izquierda, incluido a MORENA, además se dijo que en su momento estaríamos a favor de postular a un candidato de izquierda y rechazamos a cualquier candidato que favorezca los intereses de PAN o del PRI, y que estaríamos dispuestos a apoyar a un candidato surgido del PRD, pero sin que vaya en alianza con el PAN.

 

Esta declaración en nada afecta la línea política del partido, ni su normatividad interna.

IV. Con relación al tercer hecho de la queja, manifiesto que se trata de un hecho que los quejosos manifiestan ocurrió el 07 de agosto de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que de la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho a la de presentación de la queja, ya habían trascurrido más de 60 días hábiles, lo que hace notoriamente improcedente la queja en cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.

 

Resulta también aplicable las tesis de jurisprudencia ya citadas de rubro: “CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS”. y “FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS.”

 V. Con relación al cuarto, quinto, sexto hecho de la queja, manifiesto que se trata de hechos que los quejosos manifiestan ocurrió el 07 de agosto de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que de la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho a la de presentación de la queja, ya habían trascurrido más de 60 días hábiles, lo que hace notoriamente improcedente la queja en cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.

 

Resulta también aplicable las tesis de jurisprudencia ya citadas de rubro: “CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS”. y “FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS.”

VI. Con relación al séptimo hecho de la queja, manifiesto que se trata de hechos que los quejosos manifiestan ocurrió el 09 de agosto de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que de la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho a la de presentación de la queja, ya habían trascurrido más de 60 días hábiles, lo que hace notoriamente improcedente la queja cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.

 

Resulta también aplicable las tesis de jurisprudencia ya citadas de rubro: “CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS”. y “FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS.”

 

VII. Con relación al octavo hecho de la queja, manifiesto que se trata de hechos que los “quejosos” manifiestan ocurrió el 15 de agosto de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que de la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho a la de presentación de la queja, (19 de octubre de 2017) ya habían trascurrido más de 60 días hábiles, lo que hace notoriamente improcedente la queja en cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.

 

Resulta también aplicable las tesis de jurisprudencia ya citadas de rubro: “CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS”. y “FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS.”

 

VIII. Con relación al noveno hecho de la queja, manifiesto que se trata de hechos que los quejosos manifiestan ocurrió el 17 de agosto de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que de la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho a la de presentación de la queja, ya habían trascurrido más de 60 días, lo que hace notoriamente improcedente la queja en cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.

 

Resulta también aplicable las tesis de jurisprudencia ya citadas de rubro: “CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS”. y “FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS.”

IX. Con relación al décimo hecho de la queja, manifiesto que se trata de hechos que los quejosos manifiestan ocurrió el 18 de agosto de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que de la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho a la de presentación de la queja, ya habían trascurrido más de 60 días hábiles, lo que hace notoriamente improcedente la queja en cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.

 

Resulta también aplicable las tesis de jurisprudencia ya citadas de rubro: “CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS”. y “FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS.”

 X. Con relación al Décimo primer hecho de la queja, manifiesto que se trata de hechos que los quejosos manifiestan ocurrió el 19 de agosto de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que de la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho a la de presentación de la queja, ya habían trascurrido más de 60 días hábiles, lo que hace notoriamente improcedente la queja en cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.

 

Resulta también aplicable las tesis de jurisprudencia ya citadas de rubro: “CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS”. y “FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS.”

XI. Con relación a los hecho señalados en los párrafos del 12 al 29, del escrito de queja, se advierte que, en términos generales, se afirma que el suscrito ha manifestado públicamente apoyo a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR como candidato de las izquierdas a la Presidencia de la República, quien además fue nuestro candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y dos veces a la Presidencia.

 

Que he afirmado que trabajaré para que sea el candidato de las izquierdas a la Presidencia y que formaré comités de base para lograr que sea el candidato y que posteriormente gane la Presidencia de la Republica.

 

Se me acusa de manifestar públicamente que hago un esfuerzo por lograr que la derecha no llegue de nuevo a la Presidencia, de trabajar para cambiar el modelo de desarrollo económico de los últimos 18 años y de hacer un llamado al interior del partido para recuperar y hacer vigente su línea política, su Declaración de Principios, y su Programa de Acción aprobado en el último Congreso Nacional del Partido y contribuir al logro de los objetivos por los cuales se fundó el 5 de mayo de 1989.

 

Se solicita mi expulsión al PRD por el hecho de manifestar pública y reiteradamente mi oposición a la realización de alianzas electorales, legales o de facto, con el PRI o con el PAN.

 

Se afirma que violo la línea política del partido, su programa y la normatividad del partido por apoyar a López Obrador para que sea el candidato a la presidencia de la izquierda, a pesar de no ser el candidato del PRD (el cual no existe evidentemente, a la fecha).

 

Se me atribuye como un acto contrario a la normatividad (los “quejosos” le llaman denostar a la dirigencia) el señalar que los actuales integrantes del Comité Ejecutivo Nacional permanecen en el cargo de manera ilegal, ya que el periodo para el cual fueron electos concluyó en la primera semana de octubre de 2017, que por primera vez en 30 años la dirigencia actual ha omitido convocar a elección de sus dirigentes y la presidenta nacional del Partido, legalmente, no puede estar ocupando dicho cargo ya que el artículo 11 del Estatuto no se lo permite por ser a la vez senadora de la republica.

 

Se me acusa también de haber participado en un acto político en el Monumento a la Revolución en el que firmé, junto con otros compañeros del PRD, el Acuerdo de Unidad Nacional al que ha convocado López Obrador a diversos sectores de la sociedad.

 

Así mismo, se me acusa de hacer propaganda en favor de MORENA, lo cual es un hecho falso ya que jamás me he pronunciado en favor de dicho partido político, tan es así que de las pruebas aportada ninguna se refiere a ese aspecto. Sin embargo, los “quejosos” pretenden atribuirme dicho hecho a partir de que López Obrador es el presidente nacional de ese partido. Esta Comisión Nacional Jurisdiccional no encontrará una declaración en la que afirme que apoyo al presidente nacional de MORENA, no tendría por qué hacerlo. Lo que sí he manifestado es que López Obrador sea el candidato de las izquierdas mientras otros miembros del PRD, específicamente su presidenta y otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional que me acusan, se han pronunciado públicamente a favor de otro posible candidato.

 

Se afirma también que con mi actitud se pretenda generar confusión entre la militancia y la propia ciudadanía a efecto de dar la impresión de que el Partido de la Revolución Democrática apoyará a Andrés Manuel López Obrador, lo cual es un hecho incierto ya que falta tiempo para que los partidos postulen a sus respectivos candidatos, según la legislacion de la materia.

 

En su escrito, los quejoso retoman las mismas declaraciones y las hacen aparecer como si se tratara de hechos distintos, cuando en realidad se trata de las mismas, sólo que publicadas en diferentes medios, como prensa, televisión o redes sociales.

 

XII. En abono de todo lo anterior se transcriben los acuerdos vigentes y válidos adoptados por el Partido de la Revolución Democrática en su más reciente Congreso Nacional y que no han sido modificados por otro Congreso:

 

Reafirmamos que en la perspectiva actual de nuestro partido no existe propósito alguno de establecer alianzas electorales de carácter general con el Partido Acción Nacional.

(…)

El país se caracteriza también por una dispersión de las fuerzas democráticas y de izquierda al tiempo que se observa un debilitamiento y falta de claridad de las alternativas de esta gran corriente del pensamiento social y de la lucha política.

El resultado de la reciente elección muestra una izquierda que compite entre sí a pesar del acierto de haber logrado una coalición entre el PRD y el PT. El discurso y la actitud entre varios partidos, en especial entre Morena y el PRD, han generado un clima de confrontación que carece de bases programáticas claras para la ciudadanía. Asimismo, es preciso admitir que el resultado de las elecciones de diputados y de algunos gobiernos locales demuestran con entera claridad que es un error postular una política de amplias divisiones.

La escisión del Partido de la Revolución Democrática ha tenido lugar. No es un hecho que pueda ser revertido pues también tiene expresión jurídica con el registro de Morena como nuevo partido. Lo que hoy debe ser discutido es el comportamiento de las fuerzas progresistas y de izquierda, las que evidentemente tienen grandes coincidencias programáticas aunque también algunas diferencias.

El primer punto es que el comportamiento político de cada cual no puede ser la referencia principal para definir la capacidad de todos para actuar de común acuerdo cuando haya coincidencia, pues si así fuera no existirían las alianzas en la historia política del mundo. El segundo punto es que debe reconocerse que los partidos de izquierda en México, más allá de sus diferencias, tienen coincidencias programáticas de gran alcance. El tercer punto es que la acción común de la izquierda, incluyendo sus alianzas electorales, es indispensable para lograr una mayoría de votos que se requieren hacia los grandes cambios políticos en el país. La disputa entre la izquierda será siempre una inmensa ventaja para la derecha tal como la confrontación electoral entre el PRI y el PAN debe reconocerse como una ventaja para la izquierda.

Es una tarea nacional y popular lograr la mayor unidad posible de la izquierda y otras fuerzas progresistas y democráticas, la cual debe comprender la comparecencia electoral con candidatos y programas comunes, es decir, la alianza en las elecciones. Esta tarea no corresponde sólo a los partidos de esta expresión sino a las personas de izquierda, a las asociaciones democráticas de diverso tipo, a los medios de comunicación progresistas. La conjunción de muchas fuerzas alrededor de un proyecto unitario podrá lograr este objetivo. El PRD está dispuesto a llegar tan luego como sea posible a un amplio frente político de las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda con la formalidad que sea necesaria para lograr un comportamiento unitario que permita el triunfo electoral nacional y la conformación de un gobierno de coalición capaz de aplicar un plan de grandes y trascendentales reformas sociales y democráticas.

En lo que toca al Partido de la Revolución Democrática, éste no pone condición alguna para lograr las alianzas como no sea la precisión por escrito de los objetivos y de las normas de funcionamiento de los esquemas políticos unitarios. Al mismo tiempo, está dispuesto a discutir las condiciones que puedan tener otros partidos y grupos políticos para el establecimiento de acuerdos de alianza política y electoral. El PRD parte del respeto a las decisiones de los demás y a la vida interna de cada cual. No puede haber esfuerzo aliancista que no sea honrado mediante un consecuente comportamiento de sus protagonistas y un respetuoso trato entre todos. Sobre esta base el Partido de la Revolución Democrática procurará la más amplia alianza electoral y política de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda que rechacen la regresión política en la que ha ido entrando el país.

XIII. La escandalosa pretendida alianza del PRD con el Partido Acción Nacional es una ilegítima e ilegal violación del mandato del Congreso Nacional del Partido, adoptado mediante una resolución política que no ha sido modificada puesto que no se ha realizado un nuevo Congreso. La creación del Frente Ciudadano por México es una defenestración del mandato del Congreso Nacional del PRD y es una traición porque va dirigida a la transformación de aquél en una coalición electoral.

El motivo de la persecución en mi contra es justamente que no acepto que la dirección del Partido, en lugar de aplicar la línea aprobada, se dedique a inventar otra complemente diferente que consiste en aliarse con un partido de derecha que no ha exhibido ser progresista ni democrático, pues luego de 12 años en el gobierno federal, el PAN mostró ser lo que siempre fue en la visión crítica de la izquierda mexicana.

Lo que he propuesto es que el Partido de la Revolución Democrática y Morena pacten una alianza electoral. Así mismo, propongo a mi propio partido que esa alianza postule a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República, quien ha sido candidato del PRD en dos ocasiones anteriores. En el momento presente, no hay candidatos ni campañas electorales. Lo que se discute es quién será candidato del PRD a la Presidencia de la República. Hay varias proposiciones y el debate se encuentra abierto. Sugerir que proponer a López Obrador es actuar contra el Partido de la Revolución Democrática quiere decir que, en opinión de los grupos dominantes de este partido (incluidos en la Comisión Nacional Jurisdiccional), el PRD carece de candidato formal pero sí tiene un no candidato formal y ése es justamente López Obrador. Es declarar que se tiene un enemigo. Tal decisión no ha sido tomada por nadie formalmente y mucho menos por el Congreso Nacional que se pronunció a favor de otra línea política. Un antilopezobradorismo quiere convertirse en divisa de una dirección de partido que busca con desesperación a Acción Nacional para poder tener candidato a la Presidencia de la República aunque éste nada tenga que ver con la causa de la izquierda mexicana.

XIV. Como respuesta a mi proposición, absolutamente apegada a mi derecho de proponer y consistente con la línea política del Partido, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional proponen que el PRD apoye como candidato a la Presidencia de la República a otra persona que no sea de izquierda, a pesar de las resoluciones válidas y vigentes del Partido. En estricto sentido, son esos dirigentes quienes deberían comparecer para responder por sus evidentes desacatos y su falta de probidad.

 

 

Todas las imputaciones anteriores, por supuesto que las niego pues se trata únicamente de una opinión política respecto de mis declaraciones, las cuales son tan respetables como las de cualquier otro afiliado al PRD.

 

Por lo anteriormente expuesto:

PRIMERO: Téngase por presentado el presente escrito como respuesta a la resolución de quien se ostenta como presidente de esa Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, de nombre FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ, de fecha 24 de noviembre de 2017, dentro del expediente PE/NAL/309/2017.

SEGUNDO: Se me tenga por presentado improcedencia de la acción, en los términos expuestos.

TERCERO: En su oportunidad, se declare que no se acreditan los supuestos de las infracciones que se me imputan.

CUARTO: Que se sustente en vía jurisdiccional la vigencia del artículo 17, inciso d) del Estatuto, el cual establece como un derecho de todo afiliado el de manifestar libremente sus puntos de vista dentro y fuera del Partido, así como del artículo 12 que menciona que, dentro del Partido, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición o discriminación.

 

 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS”

 

 

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ

El candidato de la izquierda

 

Dentro de la camarilla que administra al Partido de la Revolución Democrática existen dos grupos de interés. Uno de ellos desea postular a la Presidencia de la República al candidato del Partido Acción Nacional a través, se dice, de un Frente Amplio. El otro desea postular a Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno de la CDMX. Ambos grupos estarían conformes si el candidato de la alianza con el PAN fuera el mismo Mancera u otro personaje “sin partido”, lo cual se ofrece imposible.

Es obvio que un candidato panista no sería de izquierda sino de derecha. Es claro que Mancera no es un político ni mucho menos uno de izquierda y que su gobierno casi no se ha visto porque desde el principio careció de programa.

Partir del esquema anterior no nos ayuda demasiado a confeccionar una prospectiva sobre las tendencias electorales en el país, pero ayuda a tal propósito y nos indica de cierto que en la izquierda mexicana, considerada ésta como el pueblo de izquierda, sólo hay un candidato y que, como todos lo sabemos, ése es Andrés Manuel López Obrador.

Desde el punto de vista del perredismo que durante casi 30 años ha buscado el poder para aplicar un programa democrático y social, sería una inmensa equivocación caer en la patética situación de postular a un panista o una panista, sin importar la generación y el grupo al que pertenezca, o en caer en el engaño de un candidato del tipo de Mancera que sólo funcionaría para restar votos a López Obrador, a cambio de alguna prebenda oculta pero efectiva de parte del gobierno peñista.

Lo que los administradores del PRD hicieron en el Estado de México fue una canallada. Su candidato no era opción de gobierno. El abanderado, Juan Zepeda, habló con López Obrador sobre el tema y las condiciones de un posible acuerdo que fuera digno para las dos partes. Los franquiciatarios del PRD se negaron a colaborar porque tenían un acuerdo con el gobierno federal, especialmente impulsado por Mancera, el mismo personaje que ahora quiere ser candidato a presidente para seguir luchando contra la izquierda del país. Aún hoy, después de la fraudulenta elección, el PRD se niega a admitir que Morena es el partido más votado en el Estado de México según las mismísimas cifras oficiales, pues la ventaja asignada a Del Mazo proviene de los partidos bonsái.

Los administradores del PRD niegan en público que desde el gobierno de la Ciudad de México se compraron votos en las dos últimas elecciones (la de diputados y la de constituyentes), no obstante lo cual ese partido perdió su condición de ser el más votado. El trato que le ha dado el PRD a Morena en la Asamblea de la CDMX nunca se había visto entre partidos porque cuenta con el apoyo del PRI y del PAN, unidos todos contra el “populismo”, aun sin que alguien defina el contenido de esa expresión, ahora usada como insulto. Los diputados del PRD en la Asamblea no son de izquierda, sino que piensan, votan, hablan, actúan, agandallan y disfrutan como siempre lo ha hecho la derecha: son manceristas, aunque el mancerismo no exista.

Esa misma dirección ilegítima no quiere admitir lo que todos sabemos: el PRD no es opción de gobierno en ninguna parte del país en este momento. A esa situación se le ha conducido al un partido que unió a todas las izquierdas y se convirtió en una posible alternancia democrática, popular y social de México.

¿Por qué ha caído tan bajo el PRD? Sus administradores entraron en el mercado de la política a obtener o recoger ventajas de circunstancia. Ellos olvidaron luchar por un cambio de rumbo para México, quizá porque todo lo vieron muy difícil, pero nadie había dicho que iba a ser fácil. Cuando Andrés Manuel rompió con el PRD, algunos esperábamos que se abriera un camino de cambios profundos y radicales en la conducción de ese partido. Aunque se dieron muchas luchas con ese propósito, hasta ahora todas ellas han fracasado.

El punto, por tanto, es que si no se ha podido remover a la dirección ilegítima que desconoce el programa, se niega a convocar a elecciones y se quiere perpetuar en la dirección, tal como lo hacen los autócratas, entonces es preciso organizar a los miembros del PRD para apoyar, juntos, al candidato de la izquierda, es decir, a nuestro candidato.

Las críticas que se expresan contra López Obrador desde la izquierda, aquellas que son sinceras y no provienen, por tanto, de las tribus de tránsfugas que administran el PRD, son parte de las discusiones en una corriente viva que siempre ha estado compuesta de varias izquierdas, tendencias de pensamiento y acción que deben discutir, confrontarse, no sólo a través de la exposición de sus respectivas ideas sino de la práctica política, sin renunciar a sus inmensas coincidencias.

Los actuales administradores del Partido de la Revolución Democrática deberían desalojar sus puestos. Mientras tanto, es preciso contribuir desde diferentes lugares y circunstancias a la unidad de la izquierda, como ha sido siempre la línea política escrita del PRD, apoyando todos al mismo candidato a la Presidencia de la República, al candidato de la izquierda mexicana.

Renegados de la izquierda

 

Entre los directivos del Partido de la Revolución Democrática que se encuentran más comprometidos con el proyecto de hacer una alianza con el Partido Acción Nacional, destacan aquellos que sostienen la tesis de que los propósitos de tal coalición electoral serían, dicen, impedir que el PRI repita en el gobierno y evitar que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de la República.

El planteamiento, así de sencillo y directo, es algo inusitado en México. Un partido de izquierda postula que es preciso detener a la izquierda y sostiene la idea de que para ello sería preciso llevar a la derecha panista al gobierno nacional. Esta es la línea que se ejecutó recientemente en el Estado de México, aunque entonces fue para beneficiar al PRI. Por ello hemos dicho que el PRD actúa ahora como parte del mercado político.

La fundamentación analítica de tal línea política no existe en realidad. Lo que se dice al respecto es que Morena es “populista conservador”, pretendida categoría que no se explica, pero que de cualquier forma no podría ser suficiente para preferir a los reaccionarios de Acción Nacional.

Es evidente que en una alianza entre el PRD y el PAN se le entregaría la candidatura a quien los panistas decidieran postular a través de sus mecanismos internos. De otra forma, sencillamente no habría coalición y, entonces, ¿para qué tanta estridencia?

Durante casi 25 años, varios actuales voceros perredistas que hoy proclaman la lucha contra López Obrador apoyaron a éste muchas veces, le acompañaron en el desempeño de la presidencia del PRD, en la gestión de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en las campañas electorales nacionales. ¿Qué ha ocurrido en el mundo, en México, en la ciudad, para que aquella fuerte coincidencia política y programática se haya traducido en su contrario?

Para cualquiera es claro que entre más desunidas vayan las izquierdas en las elecciones, menor será la probabilidad de que éstas obtengan la mayoría. Lo vemos por casi todo el mundo. También está claro que los partidos más competitivos, en general, no pueden ir solos debido a la atomización política existente en el electorado del país. Es dentro de este esquema que el grupo dirigente perredista hace militancia con la pretensión de llevar a la Presidencia de la República a un nuevo Fox, a un nuevo Calderón, porque repudia la idea de llevar a López Obrador, a pesar de haberlo intentado en dos ocasiones.

La excusa de algunos es que el problema radica en que Andrés Manuel ha rehusado un acuerdo electoral con el PRD, pero no recuerdan el denominado ultimátum en el Estado de México, el cual fue contestado con un rotundo no por parte del entonces candidato perredista, con el entusiasta aplauso de su propia dirigencia nacional. Se replica, al respecto, que con ultimátum no se puede construir nada, como si en la lucha política no lo encontráramos con frecuencia como método de advertencia y presión que, en aquel caso, era una forma de seguir insistiendo en el apoyo del PRD a Morena para llegar al gobierno mexiquense, lo cual estaba verdaderamente al alcance de la mano: Morena obtuvo más votos que el PRI según los cómputos oficiales, es el partido más votado en el Estado de México; los partidos bonsái hicieron la diferencia. Todo esto, sin descontar la descomunal compra de votos y el exceso de gastos, es decir, el fraude electoral que pudo haberse neutralizado.

Si en verdad se tratara de derrotar al PRI, mejor sería buscar la convergencia del conjunto de la izquierda, la cual haría más probable la victoria que si se marchara al lado de la derecha panista que no ofrece cambio alguno para el país. Por ello, no cuesta trabajo advertir que la tesis de apoyar al PAN para contener a la otra izquierda, Morena, es en realidad una retractación ideológica y un entreguismo político. El grupo que impulsa en el PRD la coalición con Acción Nacional se integra por renegados de la izquierda que buscan con desesperación un gobierno panista para “resolver los problemas del país”, según han apostillado en sus infundados discursos.

Lo peor, sin embargo, es que, al admitir de facto que la disputa electoral principal pudiera estar entre Morena y el PRI, el grupo que usufructúa la franquicia electoral del PRD intenta dividir a la izquierda, vista ésta como parte del pueblo mexicano, lo cual terminaría favoreciendo al actual partido oficial.

En cualquier escenario, el mejor servicio que se puede hacer a las fuerzas conservadoras y reaccionarias es luchar desde la izquierda contra la izquierda. Bajo la línea de claudicación y entreguismo, el problema entonces no es el PRD, el cual de todas maneras perdería, ya fuera yendo en coalición con Acción Nacional o lanzando un candidato propio sin alianzas. La lamentable cuestión de fondo es el sitio en el que la ilegítima dirección perredista pretende colocar a la corriente histórica de la que surgió ese mismo partido y de la que hoy evidentemente reniega.

La respuesta que hay que propinar a esa traición al partido y a su programa escrito es unir nuevamente a la gente de izquierda dentro de una sola opción electoral nacional, tal como se comportó esa gran corriente mexicana a partir de 1988.

El PRD en su encrucijada existencial

 

Para el Partido de la Revolución Democrática, la coalición con el Partido Acción Nacional sería un rompimiento con la izquierda en su acepción más amplia y popular, que podría ya no tener retorno. El país no vive en la cerrada resistencia a la superación del sistema de partido-Estado, la cual alguna vez actualizó la idea de una alianza entre las izquierdas y la derecha panista. Después de sufrir 12 años de gobiernos del PAN y un regreso priista que no logró la intentada restauración, México vive un régimen de competencia electoral aunque se siguen produciendo actos ilícitos y persiste la impunidad.

El desprestigio del gobierno de Peña es profundo. El país tiene un presidente con el 15% de apoyo, según casi todas las encuestas. La indignación ciudadana frente al estado de cosas no se traduce en la búsqueda popular de una opción moderada, como lo demostró la reciente elección del Estado de México. La derecha panista no es respuesta a la derecha priista porque ambas están comprometidas con la corrupción, el estancamiento económico y la crisis de violencia que azota al país.

Una alianza con el PAN sólo llevaría al PRD al naufragio, tanto si esa coalición alcanzara la presidencia de la República como si se quedara en segundo o tercer puesto de la competencia. En cualquier escenario, el PRD no gobernaría pero habría defenestrado su propia historia.

El PRD no tiene siquiera una dirección política legítima, la cual ha traicionado a la izquierda como programa y como pueblo. A pesar de la pobreza del comunicado perredista donde se dio a conocer la decisión de buscar la coalición con Acción Nacional, este posible aliado no podría estar de acuerdo con la mayoría de las frases ahí escritas. Imaginemos al PAN, por ejemplo, firmando a favor de la “recuperación de la soberanía energética”, no obstante las diversas interpretaciones contemporáneas del concepto “soberanía”, pues lo que no podría ser admitido por los panistas es el término “recuperación”. En realidad, no existen bases programáticas comunes, excepto que éstas sean puras declaraciones vagas para dar cobertura al oportunismo de ambas partes.

El propósito expuesto por los líderes perredistas es construir un frente amplio “donde –afirman– quepan todos los ciudadanos que se identifiquen con la lucha por las causas ciudadanas” (sic). En realidad no existe convocatoria a “los ciudadanos” identificados con sus propias “causas”, según reza el texto redactado en círculos, sino un coqueteo con el PAN, aunque enviaron cartas a todos los demás partidos, excepto al PRI, para justificar la inconsulta e ilegal resolución del Comité Ejecutivo. La amplitud de ese “frente” no podría ir más lejos que sus convocantes, pero no por ser partidos políticos, sino porque carecen de líderes populares.

La ruta de los directivos perredistas para llegar a ese nuevo “frente” político es que “todos”(?) alcancen un “consenso”. Los planteamientos circulares no llevan a nada que no sea lo ya conocido: “convocar a una mesa de diálogo” para redactar una plataforma y “determinar” los candidatos. En otras palabras, los jefes del PRD y el PAN lo decidirían todo, pero hasta que lograran tener un presidente de la República, en cuyo caso ése diría siempre la última palabra como ya se ha visto con los gobiernos locales conocidos como “aliancistas”, por no denominarlos “panistas con ayuda”.

Las consecuencias de la llegada de Acción Nacional al gobierno ya están a la vista, pues tuvimos 12 años de estancamiento económico y político a cargo de presidentes panistas que dejaron la corrupción igual o peor que cómo la habían recibido, además de miles de muertos en una “guerra” que no se puede ganar ni se puede perder, la cual ha sido continuada por parte de Peña Nieto. En todos esos años de alternancia formal, el salario se ha mantenido a la baja con el conocido efecto del estancamiento económico. No hay, por lo demás, ningún ex presidente y ni un solo ex gobernador panista que sea gratamente recordado por la ciudadanía, en su generalidad.

En algún momento se tendría que llegar a un nombre. ¿A quién le correspondería decirlo? A juzgar por la cantidad de gobernadores y el número de votos a nivel nacional, el PAN sería el dicente: Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle, Juan Carlos Romero Hicks o cualquiera otro, como Miguel Ángel Yunes, quien ya encabeza una falsa coalición de gobierno en Veracruz. Por parte del PRD, si fuera el dicente, sería Miguel Ángel Mancera el designado pero a ése no lo va a admitir el PAN aunque se trate del más mediocre y, justamente, también con ese argumento. La presunta solución de los directivos perredistas sería un candidato sin vínculo con partido alguno. Pues bien, que lo intenten, ya veremos que les responden.

De otro lado, López Obrador ha anunciado el abandono de todo esfuerzo a favor de una alianza formal con el PRD, tal como éste lo ha hecho respecto de Morena, acusada por los “líderes” perredistas de “populista conservadora”, cualquier cosa que eso signifique. El planteamiento de AMLO se debe a la idea de que buscar una aproximación con la directiva perredista sería alentar la esperanza de que ésta pudiera rectificar su rumbo, lo cual no tendría justificación a la luz de la reciente experiencia vivida en el Estado de México, donde el esquema político estaba absolutamente claro.

Morena, sin embargo, debería aclarar bien su posición contraria a la política de los directivos del PRD, pero en favor de la más amplia alianza formal de las izquierdas, siempre sin invitación a cualquier derecha. Así de simple, pues no se debería facilitar la vergonzosa tarea a los “líderes” perredistas que denuestan a sus viejos compañeros de partido en aras de purificar a la derecha panista, presentada como salvación política. Todavía es tiempo de frasear tal contenido, de suerte que esté más claro el panorama y otros actores políticos puedan intervenir en la coyuntura, aunque hayan estado recientemente en “células dormidas”.

Votar por la izquierda en el EdoMex

 

No hay duda que la izquierda es la mayoría electoral en el Estado de México. Tiene, no obstante, tres candidatos (Morena, PRD, PT) y un solo adversario: el viejo sistema político, anterior incluso a la formación del PRI, el llamado Grupo Atlacomulco. No habrá, sin embargo, unidad formal, según se desprende de las declaraciones del candidato del PRD, Juan Zepeda, quien respondió claramente que no al presidente de Morena, quien había puesto un ultimátum para que aquél definiera su postura con la suficiente anticipación al día de la jornada electoral.

Los candidatos, todos, han hecho sus campañas. El resultado preliminar consiste en que la pelea por la gubernatura está entre dos de ellos: Delfina Gómez y Alfredo Del Mazo. La situación es la misma que al principio del periodo electoral, es decir, la izquierda es amplia mayoría, pero las decisiones de sus núcleos de dirección podrían mediatizarla, lo cual llevaría al circunstancial triunfo de una minoría que sostiene al sistema PRI, con sus características de conservadurismo, corrupción, fraude, compra del voto, compadrazgo, influyentismo, venalidad e ilegitimidad política. Hay una inmensa mayoría en ese estado que está harta del PRI, el cual está empeñado en hacer otra vez una elección de Estado con la coacción y la compra masiva de votos.

Por ello, la solución a este problema ya no se encuentra en los núcleos de dirección de los tres partidos sino en el pueblo de izquierda, en los críticos del priismo que no son derechistas, en la gente que quiere un cambio sin demora. La dimensión popular es la que debe encarar y superar la división.

La candidatura que se ha perfilado claramente es la de Delfina Gómez, a pesar de la unidad del PRI y PAN para combatirla, primero, con los más deleznables argumentos referidos a su origen social y a su profesión; después, con denuncias de pretendidos hechos que nunca fueron motivo de queja en Texcoco durante la presidencia municipal de la misma Delfina Gómez.

Lo que está en juego en el Estado de México no es sólo definir la persona que va a asumir la gubernatura de la entidad sino el partido que se va a hacer cargo de la administración pública. Más allá de las promesas nunca antes oídas que hace el candidato del PRI en materia social, todo mundo sabe que de llegar Del Mazo a la gubernatura seguiría el más consistente y persistente sistema de corrupción política que ha conocido el país en toda su historia. Frente a esto, la candidatura de Delfina Gómez supone un cambio de método de administración con un marcado sello de ruptura con la familia de Atlacomulco.

El sentido de la política social de la que habla la candidata de Morena otorga un alcance universal a los programas más importantes, como el de pensiones mínimas y el de salario estudiantil, los cuales, al no ser focalizados ni, por tanto, condicionados, difuminan el clientelismo, se inscriben en el ámbito de la lucha política y dejan atrás el mecanismo de voto cautivo.

Se trata también de acabar con diezmos y moches que son la característica de toda obra pública y toda compra gubernamental. No sólo se ahorrarían las empresas un dinero, las cuales muchas veces lo recargan en los precios y tarifas, sino principalmente se eliminaría el carácter patrimonial del gasto público en manos de políticos inescrupulosos y francamente ladrones. El aparato estatal mexiquense en su conjunto está corrompido, por lo cual, la deshonestidad es también una cuestión de finanzas públicas. El cambio planteado no es menor.

El hartazgo de la corrupción y la simulación en el Estado de México ha llegado a su máximo histórico. Sería algo indigno que la izquierda, que compone la mayoría electoral, no le fuera fiel a su propia entidad, a su propio pueblo. Si las dirigencias no quieren o no pueden admitir esta situación, por los motivos que sean, los cuales ya a estas alturas importan muy poco, el pueblo de izquierda, los grupos progresistas, los hartados, deben votar por Delfina Gómez, dar a su voto un sentido de cambio político efectivo.

El aspirante del PRD es bueno, malo o regular, según las diversas opiniones, pero hoy no se necesita un candidato para defender la votación de un partido sino un gobernador, en este caso, una gobernadora, con el fin de desechar la dinastía priista e impedir la continuidad de un régimen de corrupción pública, conservadurismo social y atraso cultural. Quien puede ser esa gobernadora es Delfina Gómez, con el voto de la izquierda y de otras tendencias ciudadanas progresistas de la entidad. No es hora de regateos, pruritos y perjuicios, sino de la sencilla pero definitiva acción de votar con dignidad y responsabilidad democrática.

No saber qué hacer

 

A poco más de un año que falta para tener la elección de Presidente, los partidos saben que ya están en competencia y deben preparar la designación de su candidato. De entrada hace falta allanar el terreno para lanzar con suavidad a un o una aspirante que tenga fuerza política y moral, hasta donde se pueda, claro está.

Sin embargo, existe un partido que no sabe qué hacer. Es el Partido de la Revolución Democrática. Su Consejo Nacional no ha podido reunirse porque no se sabe qué es lo que debe aprobar, si habrá elecciones internas pronto y si entrará a los preparativos de una candidatura o seguirá esperando que los peces llenen el canasto por obra de un milagro.

El asunto se encuentra en el Tribunal Electoral, el cual habrá de decidir si obliga a la dirección ejecutiva del PRD a convocar a su propio Consejo. Es decir, no hay manera de resolver algunos problemas internos más que a través de instancias jurisdiccionales externas.

La candidatura de Miguel Ángel Mancera, como la de Silvano Aurioles, no son cosas muy serias. El primero dice que todo depende del apoyo ciudadano que reciba, el cual no se va a producir de ninguna forma porque él es un falso aspirante de la “sociedad civil”. Su postulación depende exclusivamente del PRD y de la capacidad económica y clientelar de su gobierno. El segundo busca que una nueva dirección nacional del partido le apoye incondicionalmente para, a partir de ese punto, analizar las condiciones de una posible candidatura suya a Presidente de la República. O sea, nada concreto por ningún lado.

Lo lógico sería que el PRD renovara su dirección, se planteara una política de alianzas, avanzara en la definición de sus métodos para postular sus candidatos, lanzara su propuesta política nacional para las elecciones y organizara su estructura electoral. Eso es lo que los demás partidos están haciendo, unos más que otros, unos mejor que otros, pero ya están trabajando. En el PRD nadie hace labor política sino sólo grillas internas.

No es de extrañar que miles de miembros del PRD acudan a la firma del acuerdo por la unidad presentado por Morena y su dirigente, lo cual es un reconocimiento del liderazgo que éstos han logrado dentro de la izquierda mexicana. Dice Mancera, al respecto, que es necesario que el PRD se depure. Así dirige a ese partido sin ser militante: de depuración en depuración construirá el camino hacia la inanición.

Hay perredistas que desean concurrir a las elecciones internas para obtener lugares en el Consejo Nacional y, llegado el momento, promover sus propias candidaturas. Es esa una manera de tomar parte de la lucha política. Pero lo que no están analizando es que, si se llevan a cabo esos comicios, más del 90% de los votantes acarreados (que serán la inmensa mayoría) corresponderán sólo a tres grupos políticos, los cuales no están dispuestos a nominar más candidatos que los suyos propios. Pero, ¿para qué ese sectarismo? El PRD no va a poder obtener curules y escaños uninominales sino que todos serán de lista, como antes de 1988, pero ahora monopolizados por unos cuantos políticos. En la Ciudad de México ya se instauró el viejo método del tapadismo, pero quien sea ungido candidato o candidata por parte de Mancera no va a ser jefe de gobierno porque el PRD perdió la mayoría desde 2015, por cuyo motivo la única esperanza que le queda a sus dirigentes o patrones es una alianza vergonzosa y contraproducente con el PAN.

El PRD no sabe qué hacer más allá de sus propias grillas, las cuales son cada vez menos trascendentes. Se ha generado una discusión en el vacío. Por un lado se dice que no hay porqué desahuciar a ese partido y, por el otro, éste es convertido en un organismo menos útil a la democracia y al programa social. Envuelto ya en escándalos de corrupción, el PRD inventa un discurso sin contenido, cuyo postulado principal es que nadie podrá matarle cuando, en realidad, es él mismo quien se dirige al suicidio. De nada servirán mítines con camisetas y banderas nuevas para todo el personal, efectuados con el peor estilo tradicional del PRI de todos los tiempos.

Si se hace abstracción de la falta de reflexión y análisis concreto que acusa la enorme mayoría de los miembros del Consejo Nacional del PRD, se diría que ese partido puede lograr un golpe de timón que le permita navegar. Sin embargo, con los pies en la tierra, por lo pronto no se advierten posibilidades reales.

Estar sin saber qué hacer debe ser horrible. Sin renunciar a mi membresía en el PRD, partido al que ayudé a fundar y a luchar, he respondido al llamamiento de López Obrador. Y, de paso, les recuerdo a quienes hacen campaña en mi contra diciendo que siempre he sido legislador federal plurinominal perredista (lo cual no sería demeritorio en absoluto), que en el PRD siempre fui diputado y senador de mayoría relativa.

Le toca a la izquierda con López Obrador

La izquierda mexicana en su conjunto mide un 20 por ciento de los votantes y cuenta con una banda de desplazamiento de otro 20 por ciento, compuesta por quienes, llegado el momento, podrían apoyarla.

En México, a nivel nacional, el electorado activo ha conformado, desde hace años, tres tercios políticos, de tal suerte que quien obtiene el mayor de éstos se hace presidente del país. Si la izquierda se une y avanza hacia su electorado vecino próximo, tendrá acceso a Los Pinos en 2018.

El tiempo de una presidencia de izquierda estaba definido en 2006, después del fracaso de Vicente Fox y su traición a la democracia, como lo dijo muy bien López Obrador. Ocurrieron, sin embargo, algunos imprevistos y una parte del PRI se fue de plano a apoyar a Felipe Calderón, quien además hizo algunos “ajustes” electorales en varios estados, especialmente en Guanajuato, de tal manera que, por cinco décimas de diferencia, obtuvo la Presidencia de la República, “haiga sido como haiga sido”, según sus propias palabras.

El acceso al Poder Ejecutivo de un priista convencional en el año 2012 ha estado operando como promisorio factor para que la izquierda se aproxime a su propio tiempo, ya que no es sencillo para cualquier gobierno ir tan mal como el de Peña Nieto: no ha resuelto ningún problema pero tampoco convoca a resolver alguno. En consecuencia, el presidente habla sin que se le entienda.

Tenemos dos crisis paralelas, aunque vinculadas a través de múltiples vasos comunicantes: la de violencia y la de corrupción. Además, la economía no crece y la angustia invade millones de hogares, lo cual conforma una tercera crisis, pero ya encallecida durante 35 penosos años de estancamiento en que se ha concentrado el ingreso como en ningún otro país.

Los dos partidos que comparten el modelo económico y el sistema político, es decir, el PRI y el PAN, no han sido capaces de proponer algo interesante para remontar la tercia de crisis que nos agobia. La instauración de un Estado democrático y social de derecho, bandera de las izquierdas mexicanas, sería un camino viable si acaso fuera acompañada de una condición indispensable: el combate radical contra la corrupción.

Es aquí donde la historia se vuelve a encontrar con Andrés Manuel López Obrador, quien considera que la corrupción es el principal problema político del país. En esto no se equivoca, aunque la lucha contra ésta tampoco resolvería por sí misma los problemas sociales de México, los cuales son de mayor calado. De poco serviría combatir la corrupción sin programa social y democrático.

Si la izquierda en su acepción más amplia, es decir, el pueblo de izquierda y el sector proclive a escuchar los llamados políticos y morales de ésta, no acertara en retomar sus propios pasos de unidad política, la cual implicaría una sola candidatura a la Presidencia de la República y unos candidatos comunes al Congreso, se convertiría en una corriente de espaldas a su propia gente y a su propio país.

En términos más concretos, si el PRD, en su acelerado declive político y moral, insistiera en repudiar la candidatura de López Obrador, estaría apostando en favor del fracaso de la izquierda en el nuevo intento de tomar la Presidencia de la República para buscar otro rumbo nacional. Cierto que el PRD podría fracasar en impedir que la izquierda se alzara con la victoria electoral, pero también podría lograr la obstrucción, con la cual el país sería entonces conducido, una vez más, al despeñadero que le siguen ofreciendo las derechas, el cual consiste en no tener rumbo alguno en el marco del resonante fracaso del neoliberalismo.

Cierto que, llegado el momento, podrían ser pocos quienes votaran por el PRD, pero a veces –ya lo hemos visto– , unos cuantos sufragios pueden hacer la diferencia. De cualquier forma, la obligación de todas las izquierdas, aunque algunas ya sean más nominales que reales, es tener un solo candidato y tratar de dar una salida al manojo de crisis que vive el país.

Este es el plano en el que se desenvuelve y va creciendo la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, sujeto a toda clase de campañas en su contra, las cuales podrían conducir al intento de invalidar su candidatura en una suerte de nuevo desafuero. Que luego no se niegue el complot.

Como no se trata de una persona sino de una gran parte de la sociedad mexicana, lo necesario en el momento actual es definir una opción clara de candidatura, dejarse de grillas y especulaciones, sentar posición y tomar parte de un bando en el plano de la lucha política.

Hay que concurrir, por ello, a una gran confluencia de las fuerzas de izquierda con la candidatura de López Obrador a la Presidencia de la República, manteniendo abiertas las discusiones sinceras y honradas, así como la crítica pública, pero sin dejar de tener los pies sobre la superficie y, ante todo, jugársela con lealtad en los pantanosos terrenos de la lucha política.

¿Cuál es el plan del PRD?

En el marco del escándalo por la ilegal suspensión de derechos y la inmediata destitución de Miguel Barbosa como coordinador del PRD en el Senado, así como de la posterior renuncia de éste y el nombramiento mayoritario pero objetado de Raúl Morón, ha salido el ineluctable tema del plan de la dirección perredista para la próxima elección presidencial. ¿Cuál es ese plan?

Como el PRD ha dejado de ser una opción singular, es decir, ya no aspira a hacerse cargo del poder político de la República, se ha instalado plenamente en el mercado político mexicano. Al hacerlo, cada vez que va a haber una elección se analizan en sede perredista las posibilidades de formar parte de algún esquema político de los adversarios. Así hemos visto las alianzas electorales con Acción Nacional y, ahora, las candidaturas propias con el propósito de ayudar a derrotar a Morena.

Según los ofrecimientos de las fuerzas contrarias –los dos partidos relevantes de la derecha mexicana (PRI y PAN)–, la dirección del PRD toma sus decisiones. Siempre se discute si es mejor aliarse con el PAN o desempeñar el papel de palero, es decir, tener candidatura sin opción real de gobierno pero tampoco discurso propio, definido, crítico, fuerte, convocante: ambos elementos ya se han perdido lastimosamente.

El mercado funciona mediante pactos públicos o en la oscuridad, pero de acuerdo con las ofertas que hacen otros. Por ejemplo, en Nayarit, el PRD apoyaba al alcalde panista de Tepic, mas la lucha interna en el PAN arrojó otro candidato de ese mismo partido, al cual decidieron respaldar los perredistas después de ponerse de acuerdo, superficial y lastimeramente, con éste mas no con el PAN. Lo que siempre se descartó fue buscar la alianza de las izquierdas. Por otro lado, en el Estado de México, luego de que un grupo de perredistas (Nueva Izquierda) fracasó en la búsqueda de una alianza con el PAN, el otro grupo, el que resultó victorioso en el lance (ADN), logró postular un candidato, lo cual no estaría nada mal si no fuera porque no pocos tienen el propósito de dividir el voto popular de la izquierda, lo que le daría el triunfo al PRI o al PAN. En realidad, la izquierda en su conjunto es ahora mayoría electoral relativa en el Estado de México.

Como parte del mismo fenómeno, hay estados donde el PRD mantiene la conducta de permitir que el gobernador en turno dirija más o menos al partido. Tres ejemplos: en Veracruz, Javier Duarte (PRI) manejó al PRD durante varios años y hoy lo hace el nuevo gobernador, Miguel Ángel Yunes (PAN); en Chiapas, el gobernador Manuel Velasco (PVEM) tiene comprados a varios de los principales dirigentes perredistas. Miguel Ángel Mancera maneja a su gusto al presidente del PRD en la CDMX y a otros líderes y legisladores quienes ya le han postulado formalmente como precandidato a presidente, lo cual ayuda al esclarecimiento político, pero ese abrumador manejo es ilegítimo en tanto que el jefe de gobierno no es miembro del partido. Las operaciones político-mercantiles se realizan casi siempre con poderes públicos.

He dicho antes que el PRD siempre está en venta, mas eso requiere una aclaración. Nadie lo compra para siempre y en todos niveles y lugares. El sistema no funcionaría de esa manera. En realidad se trata de ventas sucesivas o simultáneas en las que el servicio brindado y el comprador pueden ser cambiados o modificados según el lugar, la coyuntura, las contraprestaciones, etcétera.

Frente a la elección presidencial de 2018, el Plan de la dirección nacional del PRD consiste en esperar a que las ofertas políticas adquieran mayor claridad para decidir qué hacer. Una alianza con el PAN no está descartada en absoluto si acaso hubiera algo de suerte. La candidatura de Mancera o de Aureoles, el palerismo, es un posible escenario si hubiera un  buen convenio con el gobierno actual (PRI) para combatir a López Obrador. Apoyar a un candidato independiente podría ser una variante del palerismo. Lo menos grato para los actuales líderes perredistas sería una alianza con Morena si se estrecharan las posibilidades de otras salidas o los acontecimientos no dejaran otra opción.

El PRD puede hacer cualquier cosa con cualquiera, pero siempre de acuerdo con el mercado político nacional.

¿Es útil a su país un partido así?

MANCERA COMPRA AL PRD

PUBLICADO EN EL UNIVERSAL (09.03.2017)

 

Ha empezado una purga en el gobierno capitalino. Se “renuncia” a quienes proponen a López Obrador como candidato de las izquierdas. Eso nunca se había visto, ni en tiempos de Cárdenas, de AMLO y de Ebrard. La cuestión es fea pero no es grave. Lo que no tiene nombre es que Miguel Ángel Mancera haya comprado al PRD.

La supuesta destitución de Miguel Barbosa como coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, por la vía de la también imaginaria suspensión de sus derechos, es un manojo de ilegalidades insostenible porque quien “suspendió” derechos (el CEN) carece de facultades y la “destitución” la hizo sin abrir causa y dar audiencia, pero además se inventaron un grave “delito” de opinión. A Barbosa se le acusa de proponer que el PRD postule a AMLO, quien no es miembro del partido como tampoco lo es Mancera aunque quiere ser candidato presidencial del mismo PRD. Además, los legisladores jamás podrán ser reconvenidos por las opiniones que manifiesten, dice la Constitución del país (art. 61).

Pero, más allá de las aberraciones jurídicas, importa que estando el PRD todo el tiempo en venta, condición que ha tenido en los últimos años, Mancera aprovechó las ofertas y se lo ha comprado, al menos por el momento. Primero, se apropió de la mayoría del comité perredista de la CDMX. Segundo,  se apropió de la conducta política del grupo mayoritario en el Estado de México (ADN), dirigido por Héctor Bautista. Tercero, impuso contra todo sentido político (partidista) a la actual presidenta. Cuarto, ha dado instrucciones para que se obedezca la orden de ese siniestro operador político cuyo nombre es Héctor Serrano, conductor de las dos últimas campañas electorales desastrosas del PRD en la capital. ¿Cuál es esa orden? Destituir a Barbosa por tener propuesta propia, es decir, por no apoyarle a él.

Miguel Ángel Mancera es un falso candidato ciudadano. Busca en realidad el apoyo de los partidos políticos. El más fácil (mientras siga en venta) es el PRD, luego el PT, enseguida el Movimiento Ciudadano, todos éstos con el fin ilusorio de lograr un pacto con el PAN y llegar triunfal a la Presidencia de la República: el primer presidente sin partido, el ciudadano Mancera. Es natural que en este curso de imaginarios sucesos López Obrador termine siendo un político odiado por los perredistas sin proyecto propio. En realidad lo único que puede lograr Mancera es convertirse en candidato del PRD pero palero de alguna de las derechas para restar votos a la izquierda.

Mancera es jefe de gobierno de la CDMX porque así lo decidió Marcelo Ebrard, quien dirigía en ese entonces al PRD en la capital. Desde que llegó al cargo no hemos podido averiguar cuáles son sus ideas políticas ni qué pretende. Por momentos la ciudad da la impresión de que no tiene gobierno, lo cual habla muy bien de sus habitantes porque, aunque mal, funciona. Con excepción de la reducción de la velocidad máxima de los vehículos y las fotomultas privatizadas, ¿qué hay de nuevo?

Pasemos ahora, por fin, al problema mayor: el PRD y la izquierda. En su más reciente congreso nacional (sept. 2015) ese partido aprobó por unanimidad: “el Partido de la Revolución Democrática procurará la más amplia alianza electoral y política de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda que rechacen la regresión política en la que ha ido entrando el país”. Y fue más lejos, resolvió: “El PRD está dispuesto a llegar tan luego como sea posible a un amplio frente político de las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda con la formalidad que sea necesaria para lograr un comportamiento unitario que permita el triunfo electoral nacional y la conformación de un gobierno de coalición capaz de aplicar un plan de grandes y trascendentales reformas sociales y democráticas.”

Miguel Barbosa camina en dirección de la línea política del PRD mientras que Jesús Ortega, Héctor Bautista y el comprador, Mancera, la han defenestrado. La propuesta de postular a AMLO corresponde por lo demás a miles y miles de afiliados al PRD, no es sólo un asunto de Barbosa. Además, el hecho de que un coordinador parlamentario tenga opinión propia es lo normal pues el Estatuto  reconoce la libertad de critica.

Mancera está perdiendo la cabeza. Su candidatura “ciudadana” no depende de sus gestos grotescos, incluyendo entre ellos las compras. Barrales le va a traicionar, lo mismo que Los Chuchos y los líderes de ADN. Ellos tienen otros intereses aunque de momento les encanten ciertos beneficios y, además, poder derribar a un partidario de López Obrador, pues a éste se le ha convertido en el ogro del momento pero ya no sólo del PRI y el PAN sino también de la dirigencia perredista que en realidad carece de un plan político.