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No es tiempo de matices

El hecho de que este no sea tiempo de matices como objeto de la disputa política se debe a la convergencia conservadora frente a la irrupción de la izquierda en el poder. En este momento las oposiciones se están oponiendo y punto. Si hubiera algún partido de oposición que planteara negociaciones sobre la base del respeto a la mayoría surgida de las urnas, pero con campo abierto hacia otras propuestas, la situación política del país sería algo diferente.

Cuando los conservadores dominaban la política hacían todo tipo de acuerdos abiertos y encubiertos, pero discrepaban a menudo sobre temas menores y de reparto de canonjías.  Aquel era tiempo de matices, pero neoliberales casi todos ellos. Ahora que esos conservadores se encuentran en la oposición, se han ido acomodando entre sí, pero se van a enfrentar pronto al difícil reto de crear una coalición.

El objetivo concreto opositor es derrotar a Morena en 2021 y a Andrés Manuel en 2022. Cambiar la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados y revocar el mandato del presidente de la República. Quien de manera más directa lo ha cifrado es Héctor Aguilar Camín en su conversatorio telemático fechado el reciente 23 de mayo: que Morena pierda la mayoría en 2021 y que en 2022 se revoque en las urnas a López Obrador… «por pendejo», según dijo.

Esa vulgaridad denominada Proyecto BOA (víbora que estruja a sus víctimas para tragarlas), repite aquellos dos objetivos con la misma claridad con que lo hacen otros conservadores. Su convocatoria busca la unidad de los importantes, el «círculo rojo», dice Aguilar Camín: partidos opositores, gobiernos locales, jueces, medios de comunicación, toda clase de organizaciones patronales, empresarios, intelectuales, etc. Nadie ha respondido por BOA, pero muchos no desconocen el objetivo. No tendrían por qué, es del todo verdadero. El mismísimo presidente del PAN recién lo ha dicho claramente.

No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador afirma que los adversarios de la transformación que él encabeza están a favor de conservar el viejo sistema de injusticias, privilegios y corrupción. Esto se debe al rechazo de plano que manifiestan los opositores a toda la política del gobierno, es decir, justamente a la ausencia de matices.

Al mismo tiempo, como complemento, en el ambiente político no sólo está presente la crítica del gobierno, de la política de éste y de sus actos concretos, sino también una considerable cantidad de mentiras e insultos que se pueden leer a diario en medios de difusión de toda clase. La convergencia conservadora no es sólo de los líderes sino también de las bases.

En condiciones normales sería un error político que el gobierno del cambio respondiera a los conservadores como si casi todos ellos fueran un solo bloque consolidado, pero bajo la situación política actual de México se ha vuelto inevitable, ya que del lado de los opositores la tarea es repudiar en bloque el programa de la 4T y tratar de cambiar de rumbo político; lo demás ya se verá, ahora no discuten entre sí.

El carácter reactivo de ese plan es otro elemento más  que confirma la ausencia de matices en la política mexicana, mientras que la rispidez y la maledicencia son fórmulas que contribuyen a la ausencia de diálogo político.

Por ejemplo, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, fraguó la maniobra de responsabilizar al presidente de la República de choques de la policía local contra jóvenes manifestantes que exigían esclarecimiento y castigo por la detención y asesinato de Giovanni López. La idea de ese político conservador es que entre más logre confrontarse con el presidente, mejor será su propio prestigio personal, pero resulta ser otra cosa acusar sin motivo al titular del Ejecutivo federal de provocar la represión de manifestantes. Justificar la violencia mediante el infundio es viejo recurso de los déspotas mexicanos.

Hay que aclarar que la causa de fondo de que este no sea tiempo de matices no radica en las malquerencias, las cuales no parecen tener remedio, sino a que, frente a una hilada de cambios y nuevos enfoques, los opositores carecen por el momento de propuestas puntuales que pudieran discutirse en paralelo. Lo que proponen es volver a lo de antes en materia económica, social y administrativa (corrupción pública), lo cual sería el suicidio de la 4T.

Si Andrés Manuel se la pasara llamando al diálogo perdería tiempo y consistencia porque se ha estrechado demasiado el terreno de las interlocuciones entre grandes bandos políticos contrarios. No es una cuestión de personalidades o de opciones a la carta sino de hechos políticos duros.

En todo momento esto podría empezar a cambiar, pero es poco probable que sea pronto. En cambio, luego de las elecciones de 2021, dentro de un año, sí habrá cambios, tanto si Morena confirma su mayoría política como si la pierde. Eso lo saben los conservadores, a pesar de lo cual ellos no han optado por preparar una contienda de programas sino de desgaste de la Presidencia de la República mediante el ataque, la burla y el insulto sistemáticos. Entonces, estamos peor que antes porque, antes de votar, no parece haber materia para el diálogo aunque ambos alineamientos se sigan culpando mutuamente de la ausencia del mismo y afirmen que sería bueno. Círculo vicioso podría denominarse la coyuntura.

Si no hay campo para arreglos puntuales mientras votamos, después quizá se abra, pero no es seguro.

España: coalición y crispación

Desde el restablecimiento de la democracia en España no se había dado un gobierno de coalición. Durante 40 años el partido más votado controló la administración pública central. Algunas veces, en minoría, lograba acuerdos parlamentarios ocasionales con otras formaciones, pero el Consejo de Ministros fue siempre de un solo instituto político.

El gobierno español es ahora diferente. El viejo partido socialista, el PSOE, ha admitido la creación del gobierno de coalición con Unidas Podemos que está formado por varias expresiones unitarias de izquierda. El líder de aquél, Pedro Sánchez, se negó durante meses a integrar ese gobierno, a pesar de que era viable alcanzar más apoyos que rechazos en el Congreso de los Diputados, requisito constitucional para lograr la investidura. Al final, la realidad política lo sobrepasó.

España entró hace algunos años en una crisis del sistema en el que el bipartidismo (PSOE y PP) solía tratarse con rispidez, pero siempre con tendencia a llegar a acuerdos, a conducir conjuntamente al Estado, en especial en la conformación de las instituciones, mientras que, a veces, partidos regionales aportaban votos para sacar presupuestos cuidadosamente desequilibrados.

Como elementos de la crisis política surgieron Podemos y Ciudadanos. El primero, izquierda crítica del PSOE y del bipartidismo. El segundo, liberal derechista y crítico de la corrupción en el entonces gobernante Partido Popular. Había surgido un nuevo sistema político con dos izquierdas y dos derechas, además de fuertes partidos locales en algunas regiones. Pero los viejos institutos políticos estaban pensando en encontrar la forma de volver a lo de antes.

Esa crisis se reveló desde que se hizo imposible que alguno de los partidos del desarticulado bipartidismo pudiera gobernar por sí sólo en relativa estabilidad. España había cambiado en medio de la incredulidad de los políticos tradicionales.

La corrupción en el PP, la cual llevó a Mariano Rajoy a ser despedido como presidente del Gobierno, le otorgó al PSOE la oportunidad de oro para reconocer los cambios en la política española. Sin embargo, una mayoría de dirigentes socialistas impidieron dar ese paso. El surgimiento del gobierno de coalición estaba maduro meses atrás, luego de la primera elección parlamentaria de 2019, pero no se hizo por la necedad de las bandas sectarias del PSOE. Entonces hubiera sido más fácil que ahora, por cierto.

Luego de la segunda elección de 2019 ya no había más remedio que admitir los resultados comiciales como indicadores de que hay un gran segmento social que ya le dio la espalda al bipartidismo y busca una nueva democracia.

En la derecha, que ahora es de tres cabezas, se han visto disminuido los nuevos liberales de Ciudadanos que eran la esperanza de mucha gente que cuestionaba al PP y al PSOE desde actitudes moderadas y críticas de la corrupción española. Ha surgido un sello electoral llamado Vox que es un partido abiertamente machista y homofóbico, además de añorante del orden franquista, al que le repugna la Unión Europea y, sobre todo, la emigración africana y latinoamericana. Es ese el tercero más votado en las recientes elecciones.

Si las principales izquierdas no se hubiera unido en coalición con el apoyo, mediante la abstención, de los dos partidos nacionalistas más importantes (el catalán Esquerra y el vasco Bildu), se habría tenido que convocar a una tercera elección en medio de mayores desuniones en la izquierda y reencuentros en la derecha. Es decir, una catástrofe.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su partido son quienes llevan el mérito mayor porque desde un principio propusieron con firmeza y lealtad la coalición de gobierno.

Al mismo tiempo, la formación del nuevo gobierno ha llevado a la crispación política. Ya se ha advertido esto en los discursos parlamentarios de los actos previos a la investidura de Pedro Sánchez. Las derechas se van a ir aproximando cada día más porque tienen base común suficiente y el claro objetivo de lograr el fracaso de la coalición de izquierdas. En el PP no hay moderación y en Ciudadanos hay repulsión visceral  a la izquierda emergente, mientras en Vox existe un repudio virulento a todo progreso social y cultural.

La agenda social española es muy amplia pero destacan las tareas ideológicas que hay que reemprender contra la intolerancia y las fobias de las fuerzas reaccionarias. El nuevo gobierno de coalición y sus opositores desde la izquierda, en especial Bildu y Esquerra, tienen que buscar acuerdos que vayan mucho más lejos de la simple estabilidad parlamentaria. Aun cuando mantengan sus polémicas sobre el tema de las nacionalidades y el derecho de autodeterminación, se requiere una unidad de acción. El asunto político de mayor actualidad en este momento no es la independencia de Cataluña sino impedir que toda España caiga en manos de una derecha que sería mucho peor que una vuelta de José María Aznar al poder.

La triunfante propuesta de integrar una coalición gobernante de izquierdas, la cual ha tenido a pesar de los pesares el respaldo decisivo de otras formaciones, debería convertirse en un momento de lucha por una España democrática y socialista.

Catástrofe política en Bolivia

Ninguna persona intelectualmente honrada podría negar que en Bolivia se ha producido un golpe de Estado con el decisivo apoyo de los militares. Esa catástrofe política no se originó de manera repentina. Hay que hacer recuento de hechos y daños.

Evo Morales se equivocó cuando recurrió al máximo tribunal para anular la votación mayoritaria del electorado que refrendó el límite de dos periodos para la reelección del presidente. Eso no lo debe hacer un demócrata, mucho menos un líder popular como Evo, porque es algo contradictorio con esencia, promesa y programa.

Quienes nunca han sido demócratas sino elitistas, los integrantes del grupo económico conservador, clasista y racista de Bolivia, aprovecharon ese error de Evo Morales para cohesionar un bloque opositor antirreleccionista con vistas a la elección presidencial, esperanzados en una segunda vuelta porque no veían que les dieran los números en la primera.

En Bolivia, para obtener el triunfo se requería contar con la mayoría absoluta o con diez puntos porcentuales arriba del segundo lugar. Nadie, ni siquiera Evo Morales, consideraba seguro que esa diferencia se produjera. Cuando se anunció el resultado final del escrutinio, con un poco más de 10% de diferencia, la oposición denunció fraude y convocó a huelgas y bloqueos, pero nunca presentó casos concretos, por lo cual no hubo procesos judiciales.

Otro error que un demócrata no debe cometer fue el haber admitido que la Organización de Estados Americanos se convirtiera en dictaminador electoral con resolución vinculante. El informe que presentó la comisión de la OEA se basó en 300 casillas electorales seleccionadas, y unas cuantas consideraciones de carácter más bien político. Por su lado, los golpistas habían desconocido de antemano ese dictamen porque ya estaban demandando el retiro de Evo Morales y del vicepresidente García Linera, para tratar de imponer de esa forma a un nuevo mandatario, es decir, el golpe directo, con o sin OEA.

Bolivia se convirtió durante un par de días en un país sin guardias. Los opositores podían quemar lo que desearan porque la policía requería violencia como cobertura para pedir el retiro del presidente, por lo cual se «acuarteló» ella misma, en realidad se amotinó. Luego, el Ejército (protagonista directo de muchos golpes de Estado en la historia de Bolivia), presentó el ultimátum al gobierno. Evo Morales no tenía muchas opciones.

Los políticos golpistas, de la mano de militares y policías, han impuesto a una presidenta absolutamente espuria (Jeanine Áñez) antes de que el Poder Legislativo hubiera admitido o negado la renuncia del presidente y del vicepresidente, en acatamiento del artículo 162 de la Constitución. Además, el orden sucesorio legal boliviano señala a la presidenta del Senado (Adriana Salvatierra). El golpe ha sido consumado y el orden constitucional no está vigente.

El gobierno de Evo Morales recobró riquezas naturales y elevó la producción; realizó muchas reformas sociales; redistribuyó el ingreso; cambió el sistema político; le dio voz, voto y poder a la mayoría indígena; implantó la independencia nacional; golpeó la corrupción. La economía boliviana es la que más crece en América Latina.

Sin embargo, con un solo error madre se puede perjudicar la obra magnífica de una revolución pacífica.

Ahora, el curso de Bolivia no es predecible. Durante las próximas semanas podrán sobrevenir acontecimientos capaces de provocar vuelcos en cualquier sentido. A partir de este momento ya no habrá estabilidad política, mientras que la economía, lógicamente, sufrirá problemas ya superados.

La izquierda y las organizaciones sociales tendrán que resistir con tanta fuerza como sea necesaria para que la vía electoral sea reimplantada. Lo que debería quedar absolutamente claro es que no hay solución política o algo semejante si no es a través del voto popular. En consecuencia, los destacamentos del progreso y la democracia no pueden darse el lujo de dividirse en lo más mínimo. De eso depende todo, o casi.

España sin gobierno

Las elecciones del próximo domingo 10 de noviembre han sido convocadas debido al hecho de que España carece de gobierno y sólo tiene un encargado. Pues bien, éste pide que se le otorgue la investidura si acaso su partido logra ser el más votado aunque no consiga coligar una mayoría parlamentaria.

Se trata de un imposible porque no se puede cambiar una Constitución el día antes de la elección para complacer la exigencia de uno de los contendientes. Además, esa propuesta es contradictoria porque Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), no hubiera podido llegar al gobierno cuando el Congreso de los Diputados despachó a Mariano Rajoy luego de una sentencia judicial que comprometía directamente al Partido Popular (el cual era el más votado de la Legislatura) en hechos de corrupción.

El líder de PSOE quiere gobernar en solitario con un 27%, que es lo que probablemente obtendría según encuestas, convertido, con la magia del sistema electoral español, en 121 escaños de un total de 350, casi el 35%. No obstante, Pedro Sánchez quiere llevarse todos los sillones del gobierno, es decir, la totalidad de los ministerios. Esa no es una actitud democrática.

El PSOE considera que las nuevas elecciones de diputados se hicieron necesarias porque las derechas (Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) no estuvieron dispuestas a abstenerse en una segunda vuelta de investidura en el Congreso. ¿Por qué tendrían que haber estado en condición de hacerlo si la abstención en esa tesitura equivale a un apoyo?

El reproche que Sánchez le hace a sus rivales de la derecha contiene veneno de víbora, ya que implica que la única solución era y ha de ser un acuerdo de gobernabilidad entre una parte de la izquierda, sólo la suya, y el Partido Popular que fue removido mediante un mecanismo de unidad de las izquierdas, la misma que ahora le parece imposible al candidato del PSOE.

El cuasi empate político entre izquierdas y derechas en la actual España es ya un inmenso problema como para que las cosas se hagan más intrincadas con el sectarismo del líder del PSOE, dispuesto casi a todo con tal de no admitir un gobierno de coalición con Unidas Podemos (UP), que pudiera contar con el apoyo de algunos grupos pequeños, indispensables para obtener los 176 votos en primera vuelta o contar en la segunda con más apoyos que rechazos.

Lo que Sánchez podría buscar es un acuerdo con la derecha liberal, Ciudadanos (14 escaños), pero eso hubiera sido antes, cuando este último obtuvo en abril 42 asientos. Pero la caída de Ciudadanos ya le complicó el panorama al PSOE. Se debería reconocer que, con las nuevas elecciones, los únicos partidos que según encuestas están sumando son el PP y la ultraderecha Vox. Esta ha sido obra exclusiva de la dirigencia del Partido Socialista al bloquearse a sí mismo y tener que llamar a nuevas elecciones.

Los comicios españoles del 10 de noviembre nunca debieron ser convocados. Pedro Sánchez estaba obligado a brindar un gobierno al país en lugar de ir a una aventura que arrojaría la misma situación política, en el menos peor de los escenarios posibles.

España no puede tener gobierno porque el viejo partido socialista se mantiene en su pretensión exclusivista de que es la única y verdadera izquierda, cosa que jamás fue así y menos ahora.

Mas ese sectarismo es una forma de impedir obstrucciones procedentes de la izquierda dentro del Congreso y en el gobierno para de tal forma poder negociar a gusto con las derechas. Sin embargo, tal resultado que busca Sánchez es igual de antidemocrático que la idea de quedarse con todas las sillas del Consejo de Ministros teniendo sólo la cuarta parte de los votos ciudadanos.

La gente en casi toda España va a ir a votar entre la izquierda y la derecha, escogiendo dentro de esos dos grandes bandos a un partido en especial. Por ello, un gobierno monocolor de izquierda capaz de entenderse libremente con la derecha no corresponde al esquema político prevaleciente en el país, con excepción de Cataluña donde existe una situación particular.

Con la abstención de UP y Cs, más la de unos 30 diputados de los partidos menores,  en una segunda vuelta, las derechas PP-Vox bloquearían la investidura con sus 137 votos, contra los 121 del PSOE.

Así que los socialistas tendrían que sumar a 35 de Unidas Podemos y Más País,  y 20 de otros partidos para lograr una mayoría de 176 votos en la primera vuelta. Pero si todo es a fuerza, sólo bajo la amenaza de tener de nuevo que convocar convocar a elecciones, el nuevo gobierno no podría sostenerse más que por decreto, precariamente, o ceder en todo ante la derecha. No parece, sin embargo, que esa sea la idea de la mayoría absoluta de los electores de España.

¿Quiénes ganaron las elecciones?

Existe un debate informal y deshilachado en varios periódicos sobre quiénes ganaron las elecciones desde un punto de vista politológico o, más ampliamente, sociológico. Se insiste en eso de los populistas sobre lo cual no existe una definición, se habla de una izquierda sospechosa por indefinida y, por último, se insiste en un inusitado y asombroso movimiento popular democrático, al que se refiere el mismo candidato triunfante.

Unos días después de las elecciones del 1 de julio, me encontré a Roger Bartra en el supermercado y de inmediato me dijo que había ganado «un nuevo PRI». Rebatí de botepronto su aseveración, posible conclusión de un análisis sociológico viniendo de un reputado investigador, con el argumento de que Morena no se basa en aparatos corporativos ni es parte de la forma de gobernar asentada en la corrupción. Bartra replicó con una evidencia: «no veo en el nuevo gobierno a ningún revolucionario». Le aclaré que revolucionarios no hay porque no se están produciendo revoluciones; vivimos en un mundo diferente al del siglo XX, aquel «siglo de los extremos», según Eric Hobsbawm. Las revoluciones están en receso. Me pareció que él aceptaba estas afirmaciones mías pero volvió a la carga y dijo que López Obrador no iba a combatir la corrupción. Al final, le reiteré uno de los principales compromisos de campaña, el de acabar con el Estado corrupto mexicano. En lugar de decirme adiós, Bartra se despidió con un «veremos» de incredulidad.

Tanto en el terreno de la forma de gobernar, en el que destaca el tema de la corrupción, como en lo tocante a la política social, el ingreso y el impulso del crecimiento de la economía, existen muchas dudas. No es sólo la prensa sino también la intelectualidad e, incluso, señaladamente, mucha gente de la ciudadanía que salió a votar por el cambio y en la noche de ese día difícil se encontró con el hecho político de que era mayoría absoluta de su país.

Existe desconfianza en los programas políticos porque hasta ahora casi todo ha sido mentira. Ni la corrupción bajó, ni la economía creció, mucho menos se redujo la pobreza o mejoró la distribución del ingreso. En los últimos seis años tampoco se dio la prometida respuesta a la crisis de violencia delincuencial.

Un nuevo PRI es imposible porque sería algo del todo artificial y, por tanto, grotesco. Durante casi 40 años se ha producido un largo y desesperante proceso de cambios políticos, gracias al cual, finalmente, gozamos de aquellas libertades que el PRI le había arrebatado al país. Nuestra democracia, del todo formalista, aún no ha incluido a la escuela ni al sindicato, pero se expresa en otros ámbitos. Esa es la palanca para alcanzar un sistema político participativo y, con ello, construir una nueva ciudadanía. Tal es el nuevo propósito.

Ese movimiento popular, el que rebasó por completo al PRIAN como articulación de poder, se encuentra obligado a cambiar el estilo político. No es sólo minimizar la parafernalia oficial sino la completa cancelación del reparto de prebendas, favores, influencias, contratos, moches, en el que se sostiene actualmente la capacidad gubernativa. No habrá otra oportunidad, es ahora.

La política social debe dejar de ser un instrumento de organización territorial y sectorial de grupos a cargo de agentes del gobierno, con beneficiarios siempre amenazados y sometidos al despotismo burocrático. La forma de hacerlo es implantar derechos sociales de carácter general. Esa es la nueva pauta.

El derroche presupuestal debe dejar su lugar a una razonable austeridad de la función pública en vías de la elevación del gasto social y de inversión. Poco a poco, año tras año, esa nueva política dará sorprendentes resultados.

Por lo pronto, entre esperanzas y escepticismos, al fin la transición está dando inicio. Sí es una proeza histórica haber logrado el resultado electoral que se tiene, por más que algunos francotiradores de izquierda, es decir, personas sin compromiso político orgánico, hayan dejado de confiar en sí mismos o, dicho de otra manera, ya no crean en lo que fue su propio discurso. Todo es real aunque parezca un sueño, tenemos una nueva fuerza gobernante popular y democrática con un duro mandato popular. Nadie es perfecto o sin defecto alguno pero esta es la verdad disponible, sobre la cual es preciso trabajar sin buscar refugio en el amargo rincón donde ya no se cree ni se piensa en nada nuevo.

Nueva fuerza gobernante

México tendrá una nueva fuerza gobernante. Este es el gran cambio de partida. Luego vendrán otros. Habrá que forjarlos.

El candidato triunfante, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo la mayoría de votos en 31 de las 32 entidades federativas. La coalición que lo postuló triunfó en 24 de éstas en la elección de senadores y en 219 de los 300 distritos electorales de la Cámara de Diputados. En total, la coalición que postuló a AMLO tendrá algo más de 300 de 500 asientos en San Lázaro y unos 70 de 128 en el Senado. Más de la mitad de esa mayoría estará compuesta de mujeres, lo que es otro acontecimiento.

México tendrá un presidente elegido con mayoría absoluta, la cual eleva la carga política de éste y, al mismo tiempo, le otorga una enorme fuerza moral para aplicar su programa, aquel que la mayor parte de los votantes ha respaldado en las urnas.

Se confirmó la tendencia señalada por el promedio de las encuestas. Esto muestra la forma en que se perfiló el inevitable desenlace. En esencia, la justa terminó como había empezado, sólo con el añadido de que la diferencia numérica fue creciendo sin tregua.

Es frecuente que un partido pase a la oposición, pero no lo es tanto que lo haga reduciendo casi a la mitad su porcentaje anterior y sea derrotado en todos sus baluartes. De controlar la mayoría absoluta en una cámara de 500, el PRI pasará a tener un grupo parlamentario de unos 47 diputados (9%). En el Senado podrá llegar a 13 legisladores (10%).

Acción Nacional ha quedado en segundo sitio en la contienda por la Presidencia, pero con un porcentaje menor que hace seis años. Con 83 diputados (17%), el PAN tendrá su fuerza parlamentaria más reducida de los últimos 30 años. Con 24 senadores (19%), perderá su lugar de balanceador.

Ninguno de los dos viejos partidos poseerá por sí mismo el tercio más uno necesario para bloquear reformas constitucionales y designaciones. A este respecto, tendrán que negociar entre ambos, como hermanos programáticos, en un renovado PRIAN, pero ya no con mayoría conjunta sino sólo como minoría de bloqueo. Esto se llama cambio súbito de la situación.

Las coaliciones construidas por los dos partidos tradicionales del país fueron inoperantes e, incluso, perjudiciales para sus miembros. El PRI no agregó más que el fardo de un Partido Verde (1.8%) que es lesivo a toda causa política, y un PANAL (1%) estancado en el SNTE, sindicato dirigido por líderes venales. Por su lado, el PAN optó por moverse entre las arenas movedizas del Movimiento Ciudadano (1.7%), el cual sólo cuenta con fuerza en Jalisco, pero de parte de un personaje que le es esencialmente ajeno y que ahora, sin apoyo panista, será gobernador del Estado. Su frente, pretendidamente «ciudadano», se incubó a partir del respaldo de la decadente dirección del Partido de la Revolución Democrática (2.8%).

De las nueve gubernaturas en disputa, el PRI no logró ninguna, mientras el PAN se ha replegado a Guanajuato, reclama Puebla en medio de acusaciones de fraude y le ha arrebatado Yucatán al PRI, aprovechando coyunturalmente el surgimiento de una tercera fuerza electoral en ese estado, Morena.

Si todos los 32 gobernadores se hubieran elegido en esta oportunidad, Morena tendría la victoria al menos en 24 estados, según los registros de votos de las elecciones de senadores.

Sin embargo, se han producido bruscas modificaciones en la composición de las legislaturas locales. En 13 de las 15 entidades donde no hubo elección de gobernador pero sí de congreso local, Morena y aliados alcanzaron la mayoría de curules, tal como ocurrió donde este partido obtuvo el gobierno. Con 18 legislaturas, la nueva fuerza gobernante tiene la llave para el refrendo de las reformas constitucionales que apruebe el Congreso. Además, en muchos ayuntamientos se ha realizado también una remoción política.

Hay un nuevo contexto y, en consecuencia, nuevas tareas políticas. Morena debe implantarse en todo el territorio nacional; organizar a sus afiliados de nuevo modo, sin agrupamientos sectarios internos y reparto de posiciones, inagotable fuente de mercadeo y clientelismos; discutir y resolver en sus filas las orientaciones de gobierno, tanto en el plano local como nacional; respaldar a los trabajadores del campo y la ciudad en sus luchas reivindicativas, sin repliegues, evasivas ni maniobras; exigir a los gobernantes y legisladores la realización de la plataforma que conquistó 30 millones de voluntades.

Tener la Presidencia de la República, la mayoría en el Congreso y más de la mitad de las legislaturas locales es una mayúscula responsabilidad porque no habría pretextos para dejar de aplicar la plataforma presentada y las promesas hechas.

Mientras la izquierda por fin llegó al poder político y lo hizo en óptimas condiciones, el partido que le antecedió en la izquierda y del que fue presidente y dos veces candidato López Obrador, el PRD, perdió el 90% de su caudal registrado en 2012. Las causas de este fenómeno fueron el oportunismo y la conversión paulatina pero muy efectiva de ese partido en una central de negocios, que le llevó hasta la fatídica alianza con la derecha tradicional. Así, en esta elección de 2018 se aprecia también ese excelso triunfo ciudadano, ya antes visto, que consiste en repudiar efectivamente a partidos inconsecuentes, inservibles y corruptos.

La derecha ultraconservadora que odia la representación proporcional debería hablar ahora, pero calla sonrojada. Si se le hubiera hecho caso para eliminar los asientos de minoría en las cámaras, habría la siguiente composición: la coalición de Morena tendría 219 de 300 curules (73%) y 50 de 64 escaños (78%). Con estos números, bajo el sistema mayoritario estilo Estados Unidos y Gran Bretaña, aquel que tanto exigen los falsos demócratas del ala reaccionaria acomodada en el PRI y el PAN, así como en círculos patronales y algunos medios de comunicación, el partido emergente tendría sobradamente capacidad para reformar por sí mismo la Constitución, así como designar a quienes quisiera en la Suprema Corte de Justicia y en los organismos autónomos. Eso es lo que habían querido, pero sólo como instrumento dictatorial de las derechas. Ahora, no podrían proponerlo porque esa regresión ya no les conviene.

En contraste, la izquierda gobernará bajo un sistema proporcional, consciente de que ése sigue siendo el mejor desde el punto de vista de la democracia política.

Amenaza de recesión

La amenaza de recesión siempre ha sido un espantajo de las derechas para detener los avances de las izquierdas. Se postula que las transiciones políticas hacia los partidos que son críticos del modelo económico imperante, en específico, el neoliberalismo, generan tal desconfianza que empresas e inversionistas se retraen.

En esta temporada seguiremos viendo declaraciones de funcionarios de instituciones financieras privadas, las cuales formarán parte de la campaña electoral. Ninguna de esas negociaciones dirá claramente que apoya a tal o cual candidato, pero todas van a ubicar a Andrés Manuel López Obrador como irruptor de la actual política económica y, por tanto, promotor de la recesión y el desastre: un peligro.

En esta semana han destacado un par de declaraciones reproducidas por varios medios. En una de ellas, de Casa de Bolsa Finamex, Guillermo Aboumrad alerta que el triunfo de Morena podría retraer la inversión privada y provocar recesión. En la otra, de BBVA, Juan Ruiz nos habla desde Madrid de los «riesgos» mexicanos: elecciones y TLC. En cuanto a la contienda, este economista bancario dice que le preocupa «en términos de crecimiento potencial» la suerte de la reforma energética», es decir, «la liberación del sector y las subastas de los campos petrolíferos».

En 1982-1983, en que no hubo cambio de partido en el gobierno, vivimos una crisis profunda. En 1994-1996 se produjo otra fuerte recesión bajo el mismo esquema PRI-PRI, cuando Ernesto Zedillo sustituyó a Carlos Salinas. El país vivió entonces una caída brutal de la economía que, además, le costó, sólo por concepto de rescate de la banca (Fobaproa), 100 mil millones de dólares, de los que todavía se debe la mayor parte y se pagan los intereses por la vía del Presupuesto. Hubo inflación escandalosa, marcada disminución de los salarios reales, quiebra de numerosas empresas y monstruosas tasas de interés activas.

En relación con las inversiones petroleras, habría que decir que la participación de capitales extranjeros no está del todo definida y que no se sabe de qué tamaño será durante el presente año. Lo que sí se sabe es que, desafortunadamente, el Estado se ha replegado en este sector y, por tanto, la economía sufre.

La disminución del crecimiento anual de la inversión extranjera es consecuencia de tendencias recesivas. Por tanto, la participación foránea en las industrias de energía no va a sustituir la baja de reinversiones de empresas trasnacionales en México. Lo que ha salvado la situación, hasta cierto punto, son los posibles aumentos en las exportaciones manufactureras hacia Estados Unidos.

El incremento de la deuda no pudo ser atemperado con las subidas de la recaudación porque el gasto político y otros despilfarros del gobierno han alcanzado niveles inmanejables para cualquier administración responsable y porque el crecimiento esperado de la economía no llegó jamás. Ahora ya tenemos superávit primario, el cual es recesivo.

La inflación aumentó en 2017 por culpa del gobierno (Peña-Videgaray-Meade). Con la idea de que es preciso cobrar impuesto porcentual (IVA) más impuesto de tasa flexible (IEPS) a las gasolinas y que debe subir el precio del gas doméstico, debido a la depreciación del peso y el aumento del petróleo, se ha impactado severamente una economía que a duras penas venía amortiguando diversos eventos desfavorables. Todo, para satisfacer el dogma neoliberal de que el Estado tiene que forzar la concurrencia energética aunque ésta implique el mayor costo y se entreguen riquezas nacionales. Ahora, en estos días, cuando bajan el dólar y la cotización del crudo, los precios de las gasolinas y el gas no disminuyen o siguen creciendo.

El salario mínimo para 2017 aumentó más que otros años pero la inflación se duplicó, de tal manera que el deterioro salarial no se detuvo. Lo mismo puede decirse respecto de los salarios contractuales fijados a través del macabro sistema político de topes. José Antonio Meade, según ha dicho, no quiere control de precios en ninguna mercancía, excepto en esa especial mercancía que es la fuerza de trabajo y cuyo precio es el salario. Eso se llama desvergüenza.

Seguir deprimiendo el mercado interno es el camino de la continuidad desastrosa en la que ha vivido el país durante 30 años. ¿Esa es la política que se quiere conservar para lograr una estabilidad que «promueva» la inversión? Sí, es esa misma.

Es falso que el gobierno mexicano se encuentre preparado si Donald Trump decide iniciar un proceso de denuncia del TLCAN. Ningún gobierno podría prepararse para eso en un año. Pero menos cuando Peña y demás gobernantes se dedican a decir que las cosas pueden ir bien. No, no irán bien de ninguna manera. Si hubiera un acuerdo, de todas formas se erosionaría el superávit comercial mexicano con Estados Unidos. Además, ¿quién ha dicho que lo mejor para un país es tener un abultado superávit comercial? El problema de México consiste en que es demasiado deficitario con el resto del mundo.

El país tampoco está preparado para una corrida financiera si acaso ésta se produjera como consecuencia de la existencia de inmensos capitales que anidan en el mercado mexicano de capital-dinero. Y no lo está (ni siquiera con el compromiso de solvencia del FMI) porque el grado de volatilidad es demasiado costoso: el sistema de financiamiento del país se encuentra en crisis. Eso es lo que no se quiere reconocer porque no se desea cambiar nada.

El sistema de pensiones basado en las Afores ya tronó, absolutamente. La pensión casi nunca será superior al 30% del último salario y la mayoría no alcanzará ni el salario mínimo: tendrá que haber subsidio público. Sin embargo, el gobierno calla para defender al más canallesco negocio financiero, establecido por ley, pero no social, sino neoliberal. Dentro de tres años vendrá la explosión.

Que le pregunten a Peña, Videgaray o Meade, qué modificaciones deben hacerse a la política económica, luego de lo cual los verán respondiendo con evasivas o, de plano, cambiando de tema.

Mas los funcionarios de las empresas financieras no le preguntan nada al gobierno. Están felices con la actual política. Tienen las mayores tasas de ganancia en el escenario internacional. Es de entenderse que si nadie gana tanto como ellos, quieren que nada cambie.

El problema, sin embargo, es saber si la gente común y corriente desea cambios para buscar otros senderos. Por lo pronto, hay que rechazar los espantajos.

El adiós del PRD

 

Al decir adiós, el Partido de la Revolución Democrática no lo hace sólo por la gran cantidad de miembros y simpatizantes que le han abandonado y le abandonan cada día, sino porque ya no es el partido que fue y, por tal motivo, pronto, con seguridad desaparecerá por completo.

El fenómeno no es nuevo. Hemos visto partidos que se van haciendo pasita conforme aumenta su extravío hasta que desaparecen del mapa político. El PRD lleva varios años en ese proceso. El esfuerzo de muchos de sus integrantes por frenar su deterioro ha resultado infructuoso. Cuanto más arreciaba la crítica interna a la política de su dirección, el PRD empeoraba. Su enfermedad tiene dos aspectos principales, aunque no son los únicos: la corrupción y el oportunismo que terminaron envueltos en un síndrome incurable. La dirección perredista se dedica al comercio y, como recién se ha visto, en ocasiones ha vendido, incluso, el puesto de presidenta o presidente del partido.

La alianza con Acción Nacional para llevar a la Presidencia de la República al líder de ese partido es una muestra de lo bajo que han caído unos dirigentes políticos a quienes no les importa estar llevando a la desaparición a un partido que fue la trinchera de millones para lograr la transformación social y política de México.

La dirección que ha firmado con el PAN la entrega del partido está caduca, pero no sólo en el sentido político, sino también porque su mandato terminó el 5 de octubre del presente año sin que convocara a elecciones. El sistema en el PRD es ahora autocrático, los dirigentes se designan a sí mismos.

De los principios, el programa, la línea política y el estatuto no ha quedado absolutamente nada. Esto no es una exageración sino hechos, por más increíbles que puedan parecer. El más reciente Congreso Nacional (2015) dijo claramente que con el PAN no se realizaría ninguna alianza general, que la línea era promover la unidad de las izquierdas. El documento aprobado jamás se imprimió, quedó medio escondido en la página electrónica a pesar de que abordaba los temas principales de la agenda nacional.

La canallada que hizo la dirección perredista en el Estado de México sólo tenía como propósito permitir que al PRI le funcionara la compra de votos porque, de otra manera, hubiera llegado a la gubernatura el mayor partido electoral de la entidad, que es Morena aún en los cómputos oficiales amañados. Esa dirección se convirtió en esquirol político, aunque otros le llaman palero del poder, ya que sólo deseaba que la izquierda no gobernara el mayor estado, cayendo así en un franco repudio de todo criterio elementalmente democrático. ¿Cuánto costó al gobierno federal esa acción del PRD? Quizá nunca lo sabremos pero de seguro que no fue poco.

A todo análisis, por decisión de su dirección ilegítima e ilegal, el PRD le dice adiós a su país. Sin embargo, la izquierda no desaparece en tanto que muere el partido que llegó a ser su estandarte casi único. Ésa sigue en la lucha, por lo cual la mayor tarea es unir en la acción a toda la gente que quiera un cambio a partir de las posiciones de una amplia izquierda.

Como muchos otros y otras, en lo personal he abandonado al Partido de la Revolución Democrática después de ser militante desde la primera convocatoria. Sigo en la izquierda y por ello tengo que dar la espalda a los tránsfugas antes que admitir como candidato a un neoliberal de la derecha más tradicional del país. Para luchar contra el neoliberalismo priista, la trinchera es la de la izquierda y no la otra derecha. El candidato de las izquierdas mexicanas, en la dimensión popular de éstas, no podría ser un panista sino el que efectivamente lo es ya en la realidad: Andrés Manuel López Obrador.

La gran corriente de izquierda debe unirse para dar la batalla electoral, pero ya no sumará las siglas con las que alguna vez casi toda ella se agrupó. El PRD dice adiós. Así sea.

PABLO GÓMEZ RESPONDE A LA ACUSACIÓN EN SU CONTRA

PABLO GÓMEZ RESPONDE A LA ACUSACIÓN EN SU CONTRA CON VISTAS A FABRICAR SU EXPULSIÓN DEL PRD
Ciudad de México, 5 de diciembre de 2017.

COMISIÓN NACIONAL JURISDICCIONAL

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA:

 

Quien suscribe, PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, miembro del Partido de la Revolución Democrática, con el domicilio señalado en el mismo acuerdo que se responde, comparezco al tenor de lo siguiente:

 

1º. He sido notificado, el 28 de los corrientes, mediante escrito aparentemente firmado por quien se ostenta como presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, de nombre FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ, de un acuerdo tomado por él mismo dentro del EXPEDIENTE: PE/NAL/309/2017, en el que admite a trámite un PROCEDIMIENTO ESPECIAL en mi contra, interpuesto por MARY TELMA GUAJARDO VILLAREAL Y OTROS, quienes se ostentan, a su vez, como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, y en el cual se ordena correrme traslado del escrito presentado por las personas aludidas.

2º. En el mismo acuerdo notificado se me brinda un plazo de 5 días hábiles para comparecer ante la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática con el objeto de que yo «aporte pruebas respecto de las imputaciones» que se me hacen por parte de las personas arriba aludidas.

3º. Las imputaciones hechas en mi contra son violaciones de la Línea Política, el Programa y las «normas que rigen la vida interna del Partido» de tal forma que «afectan la imagen y ponen en riesgo los intereses del Partido de la Revolución Democrática». La acusación consiste en que apoyo a MORENA y a su presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero nunca se dice cómo ni para qué.

4º. Quien se ostenta como presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional, en su mencionado acuerdo, dentro del EXPEDIENTE PE/NAL/309/2007, dice haber recibido «escrito de procedimiento especial» presentado por MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL y otros, en contra de PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, del cual anexa copia simple, y afirma que «no ha lugar a dictar medida provisional consistente en la suspensión de derechos partidarios de PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ»; señala que corre traslado a PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ del «medio de defensa» presentado por MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL y otros; y acuerda admitir a trámite el «procedimiento especial interpuesto por los CC. MARY TELMA GUAJARDO, BEATRIZ MOJICA MORGA, SERGIO LEYVA RAMÍREZ Y OTROS, en su carácter en su calidad (sic) de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática».

5º. El escrito ante la Comisión Nacional Jurisdiccional, que hacen los recurrentes MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL y otros, es presentado como una remisión del expediente integrado por el Comité Ejecutivo Nacional, «en términos del Artículo 103, inciso q) del Estatuto del PRD» y ahí adjuntan lo que se dice que es una resolución del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, de fecha de 18 de noviembre de 2017, en la que se «procede a solicitar a la Comisión Nacional Jurisdiccional… inicie el procedimiento especial que se solicita mediante el presente acuerdo señalando a este acto se dicte la medida provisional consistente en la suspensión de sus derechos partidarios de los militantes listados«, en términos de lo dispuesto por el artículo 103 inciso q) del Estatuto. Aunque en dicho acuerdo se ordena notificar a la Comisión Nacional Jurisdiccional, no existe documento que lo acredite ni dicha Comisión se da por enterada como sí lo hace del escrito firmado por MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL y otros con el cual se abrió el EXPEDIENTE: PE/NAL/309/2017, con fecha del 24 de noviembre del presente año.

 

EN EL MARCO ANTERIOR, y aún si conocer de cierto si se trata de una «queja», de un «medio de defensa» o de cualquier otro recurso, procedo a responder algunos de los contenidos del escrito relacionado con el pretendido «procedimiento especial»:

 

A. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN

I. En el escrito de «queja» los actores afirman que la presentan como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, lo que acreditan con el resolutivo del Consejo Nacional relativo al nombramiento de los integrantes de dicho Comité.

 

Afirman que, con tal carácter, remiten el «expediente» integrado por el Comité Ejecutivo Nacional, en términos del artículo 103, inciso q) del Estatuto, debido a hechos que el citado Comité presume y considera vulnera la Línea Política, el Programa y las normas que rigen la vida interna del Partido, y que dada la gravedad de las conductas que me son atribuidas afectan la imagen y ponen en riesgo los intereses del Partido, a efecto de que se inicie un «procedimiento especial».

 

Al referirse a la legitimación procesal activa para iniciar el procedimiento, mencionan que ésta se produce cuando el derecho que se cuestiona en el juicio es ejercitada en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio, que la legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestiona.

 

Afirman los «quejosos» que tienen plena legitimación procesal para presentar la queja a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, ya que, aseguran, cuentan con plena capacidad legal para remitir la integración del expediente en razón de las facultades que· «nos otorga» el artículo 103 inciso q) del Estatuto.

 

Lo expuesto por los «quejosos» es falso, ya que carecen de legitimación para iniciar personalmente el procedimiento especial a que se refiere el artículo 103 inciso q) del Estatuto, por lo siguiente.

 

El artículo 34 del Estatuto establece que el Comité Ejecutivo Nacional es parte de la estructura orgánica del Partido, que funciona como una instancia colegiada de dirección, representación y ejecutivas.

 

Por su parte el 101 del mismo Estatuto indica que el Comité Ejecutivo Nacional, se integra de la siguiente manera:

 

  1. a) Un titular de la Presidencia Nacional;

 

  1. b) Un titular de la Secretaría General;

 

  1. c) Por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido en el Congreso de la Unión; y

 

  1. d) Veintiún integrantes electos por el Consejo Nacional.

 

El artículo 103 menciona las funciones propias que el citado Comité Enecutivo Nacional puede ejercer, entre otras, el de remitir, de manera extraordinaria, para efecto de resolución inmediata, a la Comisión Nacional Jurisdiccional aquellos asuntos en los que estén implicadas afiliados que presuma violen la Línea Política, el Programa y las normas que rigen la vida interna del Partido, y que dada la gravedad de las conductas que le sean atribuidas afecten la imagen y pongan en riesgo los intereses del Partido.

 

Asimismo menciona que el Comité Ejecutivo integrará un expediente en donde se incluyan los hechos que se imputan a la persona afiliada y las pruebas que al respecto tengan, fundando y motivando la necesidad de imposición de medidas provisionales y la urgente resolución, mismo que remitirá a la Comisión Nacional Jurisdiccional para que conozca de dicho asunto,

 

Finalmente, el 104 del citado Estatuto menciona que el titular de la Presidencia Nacional tiene, entre otras funciones y atribuciones la de representar legalmente al Partido y designar apoderados de tal representación.

 

Lo anterior significa que si el Estatuto del Partido otorga al Comité Ejecutivo Nacional la facultad de remitir, de manera extraordinaria, a la Comisión Nacional Jurisdiccional aquellos asuntos graves a que se refiere el artículo 103, inciso q), entonces quien debe firmar la queja o escrito debe ser quien ostenta la representación legal de dicho órgano de dirección, que de acuerdo a la normatividad interna es el titular de la Presidencia Nacional Y NO SUS INTEGRANTES, como en el caso ocurrió.

 

Lo anterior es importante y trascendente, ya que como bien lo dicen en la queja, la legitimación en el proceso le corresponde a quien tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestiona y aún cuando afirman que ellos tienen plena legitimación procesal para presentar la queja a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, en términos del artículo 103 inciso q) del Estatuto, lo cierto es que NO TIENEN NINGUNA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL, ES DECIR, CON LA SIMPLE FIRMA DE CADA UNO DE ELLOS, LA QUEJA O REMITIR EL EXPEDIENTE.

 

Al no tener la representación legal del Comité Ejecutivo Nacional, es claro que los quejosos tampoco pueden solicitar el inicio del procedimiento especial como erróneamente lo acordó esta Comisión Nacional Jurisdiccional, a través de su sedicente presidente, pues precisamente la gravedad del asunto es lo que hace que la facultad del Comité Ejecutivo Nacional sea extraordinaria, pues de lo contrario la queja debe ser presentada por cualquier militante o integrante de algún órgano de dirección.

 

El Estatuto establece expresamente que en casos ordinarios, todos los afiliados pueden acudir a la Comisión Nacional Jurisdiccional a presentar queja contra persona, en términos de lo establecido en los artículos 42, 43, 44 y 45 del Reglamento de Disciplina Interna y que en casos extraordinarios y de urgencia, será el Comité Ejecutivo Nacional quien la presenta con los elementos de prueba.

 

Es decir, una vez que el Comité Ejecutivo Nacional tuvo conocimiento de los hechos y pruebas y, analizado, en términos del artículo 103, inciso q) del Estatuto, que se acreditaban los supuestos de procedencia, entonces debió haber remitido el expediente a la Comisión Nacional Jurisdiccional, por conducto de su representante legal, NO A TRAVÉS DE ALGUNOS O DE TODOS SUS INTEGRANTES, ya que si bien forman parte del Comité Ejecutivo Nacional, NO lo representan legalmente, como pretenden hacerlo creer.

 

En todo caso, cualesquiera de los integrantes pudo haber presentado la queja directamente ante la Comisión Nacional Jurisdiccional, sin ostentar una representación que no tienen porque no les ni otorga la normatividad interna.

 

El artículo 10 del mismo Reglamento de Disciplina Interna señala que sólo podrá iniciar un procedimiento ante la Comisión o intervenir en él, aquella persona afiliada, órgano del Partido e integrante del mismo que tenga legitimación e interés jurídico en que el órgano jurisdiccional imponga una sanción.

 

Y claro está que los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que firman el escrito de queja NO tienen la representación legal de dicho órgano de dirección para remitir el expediente en términos del artículo 103, inciso q) del Estatuto.

 

Incluso, esta Comisión reconoce que quienes firman el escrito de remisión del expediente, lo hacen como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, pero NO en su representación, de la que por supuesto carecen.

 

A manera de ejemplo, es como si varios consejeros nacionales o estatales presentan queja, o algún otro escrito a nombre del Consejo Nacional o del Consejo Estatal, o que desde luego sería un acto ilegal, nulo. Es como si varios diputados presentan escrito en nombre de la Cámara, sin que ésta lo tramitara formalmente, lo cual no sería admisible.

 

En este caso, existe una disposición expresa que establece que será el Comité Ejecutivo Nacional quien pueda remitir el expediente integrado cuando se actualice la hipótesis establecida en el artículo 103, inciso q) del Estatuto, SIN QUE, POR TANTO, PUEDA HACERLO uno o varios de sus integrantes, ni siquiera todos ellos como simples integrantes individuales del mismo pero no como Comité.

 

Por tal razón, esta Comisión Nacional Jurisdiccional debe declarar la improcedencia de la «queja», del «medio de defensa» o del «procedimiento especial», en términos del artículo 40 del Reglamento de Disciplina Interna.

 

Lo anterior se agrava por el hecho de que la resolución Comité Ejecutivo Nacional que, se dice, adoptó el 18 de noviembre de 2017 (ACU-CEN-052/2017), fue certificada, sin tener facultades estatutarias para ello, por el «secretario técnico» del Comité, luego de lo cual este mismo secretario técnico la notificó por estrados mediante una cédula de notificación, sin número, de fecha 18 de noviembre de 2017 que presentan los «quejosos», con lo cual la Comisión Nacional Jurisdiccional no pudo haberse considerado notificada, como en efecto se demuestra por la inexistencia, dentro de la resolución vinculada al EXPEDIENTE: PE/NAL/309/207, de referencia alguna a un acto de admision por parte de dicha Comisión de tal resolución ACU-CEN-052/2017, como queja que pretendiera el inicio del procedimiento especial, sino que, en su resolución del 24 de noviembre, quien se ostenta como presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional admitió a trámite como procedimiento especial el escrito interpuesto por los CC. MARY TELMA GUAJARDO VILLAREAL, BEATRIZ MOJICA MORGA, SERGIO LEYVA RAMÍRZ Y OTROS «en su carácter en su calidad (sic) de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática».

 

Todo lo anterior fue realizado por el sedicente presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional, sin justificar su facultad para hacerlo, ni después de un análisis de la procedencia estatutaria de la solicitud de los «quejosos», presentada el 23 de noviembre de 2017, en la que se dice que fue firmada por los referidos «quejosos» el 18 del mismo mes y año, al parecer por 18 personas cuyas rúbricas aparecen, pero sin que al respecto se hubiera anexado copia del acta de la supuesta sesión del Comité Ejecutivo Nacional ni de la eventual minuta de la deliberación respectiva.

II, Sin menoscabo de lo antes expuesto, en dicha resolución del 18 de noviembre (ACU-CEN-052/2017), con la cual se pretende haber «remitido expediente» ante la Comisión Nacional Jurisdiccional, de haber sido presentada efectivamente ante dicha Comisión, no hubiera respetado mi derecho de audiencia, entendido como derecho de defensa, que señala el Estatuto y el marco constitucional mexicano (ver al respecto la reciente SUP_JODC-1029/2017 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, en relación a la revocación del Acuerdo Plenario emitido por la Comisión Nacional Jurisdiccional en el expediente PE/NAL/229/2017, p. 10, en relación con la «OPORTUNIDAD DE DEFENSA«).

 

III. Todo lo anterior, con independencia de que los actuales integrantes del Comité Ejecutivo Nacional actúan de manera antiestatutaria e ilegal, pues su periodo para el cual fueron elegidos se encuentra concluido y el Estatuto no permite una prórroga, expresa o tácita. En la resolución del expediente SUP-JDC-633/2017, la Sala Superior así lo determinó, razón por la cual ordenó que en un plazo de 60 días convoque a elecciones internas lo que se ha negado a realizar en los términos de la resolución jurisdiccional.

 

 B. CON RELACIÓN A LOS HECHOS QUE SE ME ATRIBUYEN, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

I. De nueva cuenta, han iniciado un procedimiento sancionatorio en contra de mi persona por supuestos actos de apoyo a favor de MORENA y, en específico, de su presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, lo que, en opinión de los pretendidos quejosos, es contrario a la línea política, al programa y las normas que rigen la vida interna del Partido.

 

En realidad, el verdadero motivo para tratar de cancelar mi afiliación al Partido, por parte de quienes hoy ostentan las secretarías del Comité Ejecutivo Nacional, es que ellos no permiten que algunos militantes piensen de manera distinta, particularmente en lo relativo a las alianzas políticas y electorales del PRD con vistas a la próxima elección, ya que pretenden hacerlo con la derecha, en tanto que otros opinamos que debe ser con los partidos de izquierda, como lo aprobó el Congreso Nacional del Partido.

 

Varios militantes hemos expresado la conveniencia de que el PRD haga una alianza electoral con MORENA y otros partidos y organizaciones de izquierda y que Andrés Manuel López Obrador sea el candidato a la Presidencia de la República. Esta opinión ha ocasionado el enojo de la mayoría de quienes hoy dirigen al Partido, los cuales iniciado procedimientos sancionatorios en contra de mi persona, al margen del Estatuto.

 

Esta es la primera vez que sucede en la historia del Partido de la Revolución Democrática, pues en otras ocasiones se ha respetado el derecho a disentir y de proponer.

 

Por el contrario, se ha convertido en línea política la opinión de quienes se han pronunciado a favor de que PRD pacte una alianza electoral con la derecha, específicamente con el PAN.

 

A pesar de lo anterior, en tanto el PRD no registre legalmente candidatos de una coalición electoral ante el INE, pactada con otros partidos, significativamente Acción Nacional, es válido seguir proponiendo una alianza electoral con las izquierdas que sea encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

Con relación a los hechos, el artículo 1 del Reglamento de Disciplina Interna menciona que sus disposiciones son de observancia general para los afiliados y sus órganos del Partido, y que tiene por objeto reglamentar los procedimientos de los asuntos sometidos a consideración de la Comisión Nacional Jurisdiccional.

 

Así, el artículo 44 menciona que los escritos de queja deberán presentarse dentro de los sesenta días hábiles siguientes a aquél en que aconteció el acto que se reclama.

 

Siendo la Comisión Nacional Jurisdiccional –se dice– un «órgano profesional e imparcial», seguramente se ajustará a dicho marco normativo, y todos los hechos que se me imputan fuera del plazo de los sesenta días, deberán declararse improcedentes, en términos del artículo 40, inciso h) del citado Reglamento.

 

En este sentido, no tienen razón los «quejosos» al afirmar que los actos que se me atribuyen fuera del plazo de los 60 días son omisiones y, mucho menos, que sean de tracto sucesivo. Afirmarlo es contrario a mi garantía de seguridad jurídica, ya que entonces cualquier acto podrá denunciarse en cualquier tiempo con el argumento de que su efecto permanece o de que se tuvo conocimiento del acto en fecha reciente, dentro de los 60 días, lo cual sería evidentemente falso a la luz de la anterior resolucion en mi contra de la Comision Nacional Jurisdiccional que suspendió mis derechos como afialido al PRD y fue revocada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SUP-JDC-1029/2017.

 

Por tal razón, la Comisión Nacional Jurisdiccional debería sujetarse al principio de legalidad y declarar la prescripción de los hechos denunciados ocurridos fuera de los sesenta días. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia 11/98 de la tercera época, emitida por la Sala Superior:

 

CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS. Aunque ambas instituciones o figuras jurídicas constituyen formas de extinción de derechos, que descansan en el transcurso del tiempo, existen diferencias que las distinguen; la prescripción supone un hecho negativo, una simple abstención que en el caso de las acciones consiste en no ejercitarlas, pero para que pueda declararse requiere que la haga valer en juicio a quien la misma aproveche, mientras que la caducidad supone un hecho positivo para que no se pierda la acción, de donde se deduce que la no caducidad es una condición sine qua non para este ejercicio; para que la caducidad no se realice deben ejercitarse los actos que al respecto indique la ley dentro del plazo fijado imperativamente por la misma. Ello explica la razón por la que la prescripción es considerada como una típica excepción; y la caducidad, cuando se hace valer, como una inconfundible defensa; la primera, merced al tiempo transcurrido que señale la ley y la voluntad de que se declare, expresada ante los tribunales, por la parte en cuyo favor corre, destruye la acción; mientras que la segunda (caducidad), sólo requiere la inacción del interesado, para que los juzgadores la declaren oficiosamente; no hay propiamente una destrucción de la acción, sino la falta de un requisito o presupuesto necesario para su ejercicio.

 

Además aplica la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de La Nación:

 

FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS. De los artículos 76, párrafo primero, 79, fracción X y 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como de los diversos 50, 62, fracción II y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos abrogada, ambas del Estado de Guerrero, se advierte la naturaleza del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial local, sus atribuciones, los ordenamientos jurídicos que por él pueden ser invocados, las reglas y los plazos que deben ser atendidos a fin de ejercitar su facultad sancionadora. Así, cuando los servidores públicos del mencionado Poder Judicial dejan de atender sus deberes consignados en la ley y atentan contra los principios fundamentales de la función pública, el Estado debe reaccionar, a fin de procurar la correcta continuación de las labores y actividades que tiene encomendadas para que éstas no se interrumpan o afecten por la actuación irregular de uno de sus miembros; y así surge la facultad sancionadora, entendida como la opción y obligación del órgano público de atender ese desajuste en su estructura y organización. Esto es, la aplicación de sanciones ante la actuación indebida de un servidor público es una facultad, en tanto que la propia ley confiere al Estado esa prerrogativa expresa para actuar; empero, su proceder también implica un deber, toda vez que conlleva la vigilancia estricta del adecuado funcionamiento de sus órganos integrantes, con miras a salvaguardar el adecuado desarrollo de sus actividades tendentes a la consecución de fines que interesan a la colectividad, por lo que la conservación de la disciplina dentro de la función judicial no es un asunto interno, sino que tiene interés público. En ese sentido, la regla general que opera, tomando como base la función desempeñada por el Consejo de la Judicatura (como órgano vigilante del adecuado funcionamiento del Poder Judicial del Estado), es precisamente la aplicación de las sanciones que correspondan al servidor público responsable; sin embargo, es factible que se actualice una excepción, que se materializa cuando concurre alguna de las causas específicamente previstas en la ley, las cuales extinguen esa facultad como lo es la prescripción. Por ende, se concluye que esta figura representa una autolimitación que el propio Estado se impone para el ejercicio de la función sancionadora que tiene encomendada, en atención a que dicha atribución de la autoridad también representa una garantía a favor del servidor público, pues con la existencia de la prescripción subsiste la posibilidad de que éste no sea infraccionado una vez que transcurrió el plazo previsto en la ley, al desaparecer el derecho del Estado para perseguir y sancionar una conducta específica y determinada.

 

III. Con relación al primero y segundo hechos de la «queja», manifiesto que se trata de un mismo hecho que los «quejosos» manifiestan ocurrió el 03 de julio de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que desde la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho, a la de presentación de la queja, (23 de noviembre de 2017) ya habían trascurrido más de 60 días hábiles, lo que hace notoriamente improcedente la queja en cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.

 

Resulta aplicable las tesis de jurisprudencia ya citadas de rubro: “CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS”. y “FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS.”

 

Sin embargo debe tomarse en cuenta que en el hecho, que se convierte en supuesta transgresion, se mencionó que el PRD debe participar en el bloque de fuerzas políticas de izquierda, incluido a MORENA, además se dijo que en su momento estaríamos a favor de postular a un candidato de izquierda y rechazamos a cualquier candidato que favorezca los intereses de PAN o del PRI, y que estaríamos dispuestos a apoyar a un candidato surgido del PRD, pero sin que vaya en alianza con el PAN.

 

Esta declaración en nada afecta la línea política del partido, ni su normatividad interna.

IV. Con relación al tercer hecho de la queja, manifiesto que se trata de un hecho que los quejosos manifiestan ocurrió el 07 de agosto de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que de la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho a la de presentación de la queja, ya habían trascurrido más de 60 días hábiles, lo que hace notoriamente improcedente la queja en cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.

 

Resulta también aplicable las tesis de jurisprudencia ya citadas de rubro: “CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS”. y “FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS.”

 V. Con relación al cuarto, quinto, sexto hecho de la queja, manifiesto que se trata de hechos que los quejosos manifiestan ocurrió el 07 de agosto de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que de la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho a la de presentación de la queja, ya habían trascurrido más de 60 días hábiles, lo que hace notoriamente improcedente la queja en cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.

 

Resulta también aplicable las tesis de jurisprudencia ya citadas de rubro: “CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS”. y “FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS.”

VI. Con relación al séptimo hecho de la queja, manifiesto que se trata de hechos que los quejosos manifiestan ocurrió el 09 de agosto de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que de la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho a la de presentación de la queja, ya habían trascurrido más de 60 días hábiles, lo que hace notoriamente improcedente la queja cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.

 

Resulta también aplicable las tesis de jurisprudencia ya citadas de rubro: “CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS”. y “FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS.”

 

VII. Con relación al octavo hecho de la queja, manifiesto que se trata de hechos que los «quejosos» manifiestan ocurrió el 15 de agosto de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que de la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho a la de presentación de la queja, (19 de octubre de 2017) ya habían trascurrido más de 60 días hábiles, lo que hace notoriamente improcedente la queja en cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.

 

Resulta también aplicable las tesis de jurisprudencia ya citadas de rubro: “CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS”. y “FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS.”

 

VIII. Con relación al noveno hecho de la queja, manifiesto que se trata de hechos que los quejosos manifiestan ocurrió el 17 de agosto de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que de la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho a la de presentación de la queja, ya habían trascurrido más de 60 días, lo que hace notoriamente improcedente la queja en cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.

 

Resulta también aplicable las tesis de jurisprudencia ya citadas de rubro: “CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS”. y “FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS.”

IX. Con relación al décimo hecho de la queja, manifiesto que se trata de hechos que los quejosos manifiestan ocurrió el 18 de agosto de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que de la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho a la de presentación de la queja, ya habían trascurrido más de 60 días hábiles, lo que hace notoriamente improcedente la queja en cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.

 

Resulta también aplicable las tesis de jurisprudencia ya citadas de rubro: “CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS”. y “FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS.”

 X. Con relación al Décimo primer hecho de la queja, manifiesto que se trata de hechos que los quejosos manifiestan ocurrió el 19 de agosto de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que de la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho a la de presentación de la queja, ya habían trascurrido más de 60 días hábiles, lo que hace notoriamente improcedente la queja en cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.

 

Resulta también aplicable las tesis de jurisprudencia ya citadas de rubro: “CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. DIFERENCIAS”. y “FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO, SE ENCUENTRA AUTOLIMITADA EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A QUE DICHA ATRIBUCIÓN TAMBIÉN REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS.”

XI. Con relación a los hecho señalados en los párrafos del 12 al 29, del escrito de queja, se advierte que, en términos generales, se afirma que el suscrito ha manifestado públicamente apoyo a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR como candidato de las izquierdas a la Presidencia de la República, quien además fue nuestro candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y dos veces a la Presidencia.

 

Que he afirmado que trabajaré para que sea el candidato de las izquierdas a la Presidencia y que formaré comités de base para lograr que sea el candidato y que posteriormente gane la Presidencia de la Republica.

 

Se me acusa de manifestar públicamente que hago un esfuerzo por lograr que la derecha no llegue de nuevo a la Presidencia, de trabajar para cambiar el modelo de desarrollo económico de los últimos 18 años y de hacer un llamado al interior del partido para recuperar y hacer vigente su línea política, su Declaración de Principios, y su Programa de Acción aprobado en el último Congreso Nacional del Partido y contribuir al logro de los objetivos por los cuales se fundó el 5 de mayo de 1989.

 

Se solicita mi expulsión al PRD por el hecho de manifestar pública y reiteradamente mi oposición a la realización de alianzas electorales, legales o de facto, con el PRI o con el PAN.

 

Se afirma que violo la línea política del partido, su programa y la normatividad del partido por apoyar a López Obrador para que sea el candidato a la presidencia de la izquierda, a pesar de no ser el candidato del PRD (el cual no existe evidentemente, a la fecha).

 

Se me atribuye como un acto contrario a la normatividad (los «quejosos» le llaman denostar a la dirigencia) el señalar que los actuales integrantes del Comité Ejecutivo Nacional permanecen en el cargo de manera ilegal, ya que el periodo para el cual fueron electos concluyó en la primera semana de octubre de 2017, que por primera vez en 30 años la dirigencia actual ha omitido convocar a elección de sus dirigentes y la presidenta nacional del Partido, legalmente, no puede estar ocupando dicho cargo ya que el artículo 11 del Estatuto no se lo permite por ser a la vez senadora de la republica.

 

Se me acusa también de haber participado en un acto político en el Monumento a la Revolución en el que firmé, junto con otros compañeros del PRD, el Acuerdo de Unidad Nacional al que ha convocado López Obrador a diversos sectores de la sociedad.

 

Así mismo, se me acusa de hacer propaganda en favor de MORENA, lo cual es un hecho falso ya que jamás me he pronunciado en favor de dicho partido político, tan es así que de las pruebas aportada ninguna se refiere a ese aspecto. Sin embargo, los «quejosos» pretenden atribuirme dicho hecho a partir de que López Obrador es el presidente nacional de ese partido. Esta Comisión Nacional Jurisdiccional no encontrará una declaración en la que afirme que apoyo al presidente nacional de MORENA, no tendría por qué hacerlo. Lo que sí he manifestado es que López Obrador sea el candidato de las izquierdas mientras otros miembros del PRD, específicamente su presidenta y otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional que me acusan, se han pronunciado públicamente a favor de otro posible candidato.

 

Se afirma también que con mi actitud se pretenda generar confusión entre la militancia y la propia ciudadanía a efecto de dar la impresión de que el Partido de la Revolución Democrática apoyará a Andrés Manuel López Obrador, lo cual es un hecho incierto ya que falta tiempo para que los partidos postulen a sus respectivos candidatos, según la legislacion de la materia.

 

En su escrito, los quejoso retoman las mismas declaraciones y las hacen aparecer como si se tratara de hechos distintos, cuando en realidad se trata de las mismas, sólo que publicadas en diferentes medios, como prensa, televisión o redes sociales.

 

XII. En abono de todo lo anterior se transcriben los acuerdos vigentes y válidos adoptados por el Partido de la Revolución Democrática en su más reciente Congreso Nacional y que no han sido modificados por otro Congreso:

 

Reafirmamos que en la perspectiva actual de nuestro partido no existe propósito alguno de establecer alianzas electorales de carácter general con el Partido Acción Nacional.

(…)

El país se caracteriza también por una dispersión de las fuerzas democráticas y de izquierda al tiempo que se observa un debilitamiento y falta de claridad de las alternativas de esta gran corriente del pensamiento social y de la lucha política.

El resultado de la reciente elección muestra una izquierda que compite entre sí a pesar del acierto de haber logrado una coalición entre el PRD y el PT. El discurso y la actitud entre varios partidos, en especial entre Morena y el PRD, han generado un clima de confrontación que carece de bases programáticas claras para la ciudadanía. Asimismo, es preciso admitir que el resultado de las elecciones de diputados y de algunos gobiernos locales demuestran con entera claridad que es un error postular una política de amplias divisiones.

La escisión del Partido de la Revolución Democrática ha tenido lugar. No es un hecho que pueda ser revertido pues también tiene expresión jurídica con el registro de Morena como nuevo partido. Lo que hoy debe ser discutido es el comportamiento de las fuerzas progresistas y de izquierda, las que evidentemente tienen grandes coincidencias programáticas aunque también algunas diferencias.

El primer punto es que el comportamiento político de cada cual no puede ser la referencia principal para definir la capacidad de todos para actuar de común acuerdo cuando haya coincidencia, pues si así fuera no existirían las alianzas en la historia política del mundo. El segundo punto es que debe reconocerse que los partidos de izquierda en México, más allá de sus diferencias, tienen coincidencias programáticas de gran alcance. El tercer punto es que la acción común de la izquierda, incluyendo sus alianzas electorales, es indispensable para lograr una mayoría de votos que se requieren hacia los grandes cambios políticos en el país. La disputa entre la izquierda será siempre una inmensa ventaja para la derecha tal como la confrontación electoral entre el PRI y el PAN debe reconocerse como una ventaja para la izquierda.

Es una tarea nacional y popular lograr la mayor unidad posible de la izquierda y otras fuerzas progresistas y democráticas, la cual debe comprender la comparecencia electoral con candidatos y programas comunes, es decir, la alianza en las elecciones. Esta tarea no corresponde sólo a los partidos de esta expresión sino a las personas de izquierda, a las asociaciones democráticas de diverso tipo, a los medios de comunicación progresistas. La conjunción de muchas fuerzas alrededor de un proyecto unitario podrá lograr este objetivo. El PRD está dispuesto a llegar tan luego como sea posible a un amplio frente político de las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda con la formalidad que sea necesaria para lograr un comportamiento unitario que permita el triunfo electoral nacional y la conformación de un gobierno de coalición capaz de aplicar un plan de grandes y trascendentales reformas sociales y democráticas.

En lo que toca al Partido de la Revolución Democrática, éste no pone condición alguna para lograr las alianzas como no sea la precisión por escrito de los objetivos y de las normas de funcionamiento de los esquemas políticos unitarios. Al mismo tiempo, está dispuesto a discutir las condiciones que puedan tener otros partidos y grupos políticos para el establecimiento de acuerdos de alianza política y electoral. El PRD parte del respeto a las decisiones de los demás y a la vida interna de cada cual. No puede haber esfuerzo aliancista que no sea honrado mediante un consecuente comportamiento de sus protagonistas y un respetuoso trato entre todos. Sobre esta base el Partido de la Revolución Democrática procurará la más amplia alianza electoral y política de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda que rechacen la regresión política en la que ha ido entrando el país.

XIII. La escandalosa pretendida alianza del PRD con el Partido Acción Nacional es una ilegítima e ilegal violación del mandato del Congreso Nacional del Partido, adoptado mediante una resolución política que no ha sido modificada puesto que no se ha realizado un nuevo Congreso. La creación del Frente Ciudadano por México es una defenestración del mandato del Congreso Nacional del PRD y es una traición porque va dirigida a la transformación de aquél en una coalición electoral.

El motivo de la persecución en mi contra es justamente que no acepto que la dirección del Partido, en lugar de aplicar la línea aprobada, se dedique a inventar otra complemente diferente que consiste en aliarse con un partido de derecha que no ha exhibido ser progresista ni democrático, pues luego de 12 años en el gobierno federal, el PAN mostró ser lo que siempre fue en la visión crítica de la izquierda mexicana.

Lo que he propuesto es que el Partido de la Revolución Democrática y Morena pacten una alianza electoral. Así mismo, propongo a mi propio partido que esa alianza postule a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República, quien ha sido candidato del PRD en dos ocasiones anteriores. En el momento presente, no hay candidatos ni campañas electorales. Lo que se discute es quién será candidato del PRD a la Presidencia de la República. Hay varias proposiciones y el debate se encuentra abierto. Sugerir que proponer a López Obrador es actuar contra el Partido de la Revolución Democrática quiere decir que, en opinión de los grupos dominantes de este partido (incluidos en la Comisión Nacional Jurisdiccional), el PRD carece de candidato formal pero sí tiene un no candidato formal y ése es justamente López Obrador. Es declarar que se tiene un enemigo. Tal decisión no ha sido tomada por nadie formalmente y mucho menos por el Congreso Nacional que se pronunció a favor de otra línea política. Un antilopezobradorismo quiere convertirse en divisa de una dirección de partido que busca con desesperación a Acción Nacional para poder tener candidato a la Presidencia de la República aunque éste nada tenga que ver con la causa de la izquierda mexicana.

XIV. Como respuesta a mi proposición, absolutamente apegada a mi derecho de proponer y consistente con la línea política del Partido, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional proponen que el PRD apoye como candidato a la Presidencia de la República a otra persona que no sea de izquierda, a pesar de las resoluciones válidas y vigentes del Partido. En estricto sentido, son esos dirigentes quienes deberían comparecer para responder por sus evidentes desacatos y su falta de probidad.

 

 

Todas las imputaciones anteriores, por supuesto que las niego pues se trata únicamente de una opinión política respecto de mis declaraciones, las cuales son tan respetables como las de cualquier otro afiliado al PRD.

 

Por lo anteriormente expuesto:

PRIMERO: Téngase por presentado el presente escrito como respuesta a la resolución de quien se ostenta como presidente de esa Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, de nombre FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ, de fecha 24 de noviembre de 2017, dentro del expediente PE/NAL/309/2017.

SEGUNDO: Se me tenga por presentado improcedencia de la acción, en los términos expuestos.

TERCERO: En su oportunidad, se declare que no se acreditan los supuestos de las infracciones que se me imputan.

CUARTO: Que se sustente en vía jurisdiccional la vigencia del artículo 17, inciso d) del Estatuto, el cual establece como un derecho de todo afiliado el de manifestar libremente sus puntos de vista dentro y fuera del Partido, así como del artículo 12 que menciona que, dentro del Partido, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición o discriminación.

 

 

«DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS»

 

 

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ

El candidato de la izquierda

 

Dentro de la camarilla que administra al Partido de la Revolución Democrática existen dos grupos de interés. Uno de ellos desea postular a la Presidencia de la República al candidato del Partido Acción Nacional a través, se dice, de un Frente Amplio. El otro desea postular a Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno de la CDMX. Ambos grupos estarían conformes si el candidato de la alianza con el PAN fuera el mismo Mancera u otro personaje «sin partido», lo cual se ofrece imposible.

Es obvio que un candidato panista no sería de izquierda sino de derecha. Es claro que Mancera no es un político ni mucho menos uno de izquierda y que su gobierno casi no se ha visto porque desde el principio careció de programa.

Partir del esquema anterior no nos ayuda demasiado a confeccionar una prospectiva sobre las tendencias electorales en el país, pero ayuda a tal propósito y nos indica de cierto que en la izquierda mexicana, considerada ésta como el pueblo de izquierda, sólo hay un candidato y que, como todos lo sabemos, ése es Andrés Manuel López Obrador.

Desde el punto de vista del perredismo que durante casi 30 años ha buscado el poder para aplicar un programa democrático y social, sería una inmensa equivocación caer en la patética situación de postular a un panista o una panista, sin importar la generación y el grupo al que pertenezca, o en caer en el engaño de un candidato del tipo de Mancera que sólo funcionaría para restar votos a López Obrador, a cambio de alguna prebenda oculta pero efectiva de parte del gobierno peñista.

Lo que los administradores del PRD hicieron en el Estado de México fue una canallada. Su candidato no era opción de gobierno. El abanderado, Juan Zepeda, habló con López Obrador sobre el tema y las condiciones de un posible acuerdo que fuera digno para las dos partes. Los franquiciatarios del PRD se negaron a colaborar porque tenían un acuerdo con el gobierno federal, especialmente impulsado por Mancera, el mismo personaje que ahora quiere ser candidato a presidente para seguir luchando contra la izquierda del país. Aún hoy, después de la fraudulenta elección, el PRD se niega a admitir que Morena es el partido más votado en el Estado de México según las mismísimas cifras oficiales, pues la ventaja asignada a Del Mazo proviene de los partidos bonsái.

Los administradores del PRD niegan en público que desde el gobierno de la Ciudad de México se compraron votos en las dos últimas elecciones (la de diputados y la de constituyentes), no obstante lo cual ese partido perdió su condición de ser el más votado. El trato que le ha dado el PRD a Morena en la Asamblea de la CDMX nunca se había visto entre partidos porque cuenta con el apoyo del PRI y del PAN, unidos todos contra el «populismo», aun sin que alguien defina el contenido de esa expresión, ahora usada como insulto. Los diputados del PRD en la Asamblea no son de izquierda, sino que piensan, votan, hablan, actúan, agandallan y disfrutan como siempre lo ha hecho la derecha: son manceristas, aunque el mancerismo no exista.

Esa misma dirección ilegítima no quiere admitir lo que todos sabemos: el PRD no es opción de gobierno en ninguna parte del país en este momento. A esa situación se le ha conducido al un partido que unió a todas las izquierdas y se convirtió en una posible alternancia democrática, popular y social de México.

¿Por qué ha caído tan bajo el PRD? Sus administradores entraron en el mercado de la política a obtener o recoger ventajas de circunstancia. Ellos olvidaron luchar por un cambio de rumbo para México, quizá porque todo lo vieron muy difícil, pero nadie había dicho que iba a ser fácil. Cuando Andrés Manuel rompió con el PRD, algunos esperábamos que se abriera un camino de cambios profundos y radicales en la conducción de ese partido. Aunque se dieron muchas luchas con ese propósito, hasta ahora todas ellas han fracasado.

El punto, por tanto, es que si no se ha podido remover a la dirección ilegítima que desconoce el programa, se niega a convocar a elecciones y se quiere perpetuar en la dirección, tal como lo hacen los autócratas, entonces es preciso organizar a los miembros del PRD para apoyar, juntos, al candidato de la izquierda, es decir, a nuestro candidato.

Las críticas que se expresan contra López Obrador desde la izquierda, aquellas que son sinceras y no provienen, por tanto, de las tribus de tránsfugas que administran el PRD, son parte de las discusiones en una corriente viva que siempre ha estado compuesta de varias izquierdas, tendencias de pensamiento y acción que deben discutir, confrontarse, no sólo a través de la exposición de sus respectivas ideas sino de la práctica política, sin renunciar a sus inmensas coincidencias.

Los actuales administradores del Partido de la Revolución Democrática deberían desalojar sus puestos. Mientras tanto, es preciso contribuir desde diferentes lugares y circunstancias a la unidad de la izquierda, como ha sido siempre la línea política escrita del PRD, apoyando todos al mismo candidato a la Presidencia de la República, al candidato de la izquierda mexicana.