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Mariguana

El debate sobre las drogas prohibidas es mundial y actual. Sostener que no hay que participar porque existen otros temas más importantes como el crecimiento, la pobreza, el empleo, etcétera, es tratar de eludir algo sobre lo cual no se quiere opinar, seguramente porque se tiene una vergonzosa posición conservadora. Ése es el contenido del mensaje de Andrés Manuel López Obrador sobre el asunto, como antes lo fue en relación con la interrupción voluntaria del embarazo y los matrimonios entre personas del mismo sexo. La izquierda sin embargo está a favor de todo eso y mucho más que implique la ampliación de las libertades y la eliminación de elementos de criminalización de conductas fustigadas por la ideología dominante.

La idea penal de la ley es que la producción y comercio de ciertas drogas lesiona a la sociedad. El Estado ha decidido que las drogas son socialmente malignas, como alguna vez en Estados Unidos se consideró también al alcohol. Pero el vigente debate sobre la malignidad social de las drogas —tabaco y alcohol incluidos— no debería ubicarse en el ámbito del Código Penal.

El delito es una prescripción del Estado, el cual ha sido investido con el monopolio de decidir lo prohibido y lo lícito, lo bueno y lo malo. Se supone que el poder tiene conferida esa función por dictado del pueblo pero ya se sabe de sobra que eso no corresponde exactamente a la realidad. El comercio de opio, por ejemplo, no solo estuvo permitido sino que se impuso a China mediante una guerra por parte de Gran Bretaña. En la actualidad la mayoría de los estados nacionales y la ONU reprueban producción, tráfico, comercio, posesión y consumo. Sin embargo, esas actividades van en aumento, generan una inmensa delincuencia y promueven la corrupción de los gobiernos encargados de combatirlas.

La legalización de las drogas es la única forma de intentar la regulación de la producción y el comercio de las mismas por parte del Estado. No existe otra manera. Sin embargo, pocas voces se levantan para decir las verdades mundiales. Una de ellas es la de Uruguay, país que se ha limitado a la mariguana, que es la droga de mayor consumo interno.

En México, Fox y Calderón intentaron penalizar el consumo de drogas pero el Congreso se negó y expidió una ley que permite la posesión y uso personal de las mismas a pesar de las protestas del gobierno de Estados Unidos. Hoy, el debate es más fuerte y ha surgido como algo local en la Ciudad de México, lo cual tiene sus problemas jurídicos. Los delitos contra la salud comprenden la producción y comercio de estupefacientes, dentro de los cuales se encuentra la mariguana. Es decir, se trata de un delito federal. Si se quiere despenalizar esa droga o cualquier otra, se debe modificar la legislación federal.

El otro gran problema es el de Estados Unidos. Hay cosas que México no puede resolver nomás porque quiera. Una de ésas es la de las drogas. El gobierno estadunidense es uno de los más dogmáticos a pesar de que varios estados han venido asumiendo normas propias y se anuncian cambios en otros más. Por tanto, el primer asunto es el de la posición oficial del gobierno mexicano frente al problema. Si ésta fuera favorable a un control estatal de la producción y comercio de estupefacientes, se abriría un debate nuevo en el mundo y Estados Unidos —el mayor consumidor— tendría que sentarse a negociar seriamente.

La tragicomedia de Snowden y Obama

Con la generalización del internet y, en general, de las tecnologías de la comunicación se ha producido también una revolución en la política. Los gobiernos cubren el amplio espectro abierto con sofisticados mecanismos de espionaje, pero no sólo espían a sus enemigos, sino también a sus amigos. Como antes, Estados Unidos es la principal potencia del espionaje mundial, pero también la más vulnerable.

El asunto Snowden ha ido de la tragedia de los servicios secretos estadunidenses hasta la más increíble comicidad internacional. Entre asombro e hilaridad, el mundo confirma un viejo supuesto que consiste en que nadie se ha escapado del espionaje, pero lo que no habíamos visto es a un gobierno haciendo tantos desfiguros. Varios gobernantes europeos hicieron lo que nunca se había hecho: bloquearon el vuelo de un presidente dentro de un operativo internacional que no pudo ser más que ideado en Washington después de que Obama había dicho que no movería sus poderosos aviones de guerra para ir por Snowden. Pues bien, lo que Obama logró, por increíble que parezca, fue cerrar el espacio aéreo de varios países, a los cuales su propio gobierno espía de manera ilegal, para tratar de averiguar si en el avión presidencial boliviano viajaba precisamente quien ha denunciado el ilícito espionaje.

Mientras, Snowden está, al parecer, en Moscú sin protección oficial de ningún país, en tránsito hacia dónde nadie sabe, cuando Obama envía mensajeros para convencer a algunos gobiernos de que deben negar el asilo a un personaje que encarna el contraespionaje por cuenta de él mismo. Esos espías de nadie, como Bradley Manning y el mismo Edward Snowden, son una especie de reciente aparición que antes nadie se podía imaginar. La causa que enarbolan es la transparencia, el desvelar secretos de Estado y, sobre todo, aquellos actos de espionaje contra gobiernos y personas que realiza el espía mayor del mundo.

El espionaje siempre ha sido una actividad de Estado y de algunos otros poderosos, para tomar ventaja frente a los demás o prevenir daños. Pero el espionaje en las redes de información y comunicación está prohibido en términos generales, es decir, cuando se hace sin control judicial, tal como lo indican las revelaciones de Snowden. Entre los gobiernos, esa ilegalidad es un valor entendido, es decir de sencilla y tolerada ejecución, pero cuando un espía de nadie sino de sí mismo la pone al descubierto, la justicia se vuelca en su contra en lugar de perseguir a quienes violaron las leyes mediante el espionaje ilícito.

Sí, en efecto, Manning y Snowden son espías de la humanidad y en cuanto tales están sujetos a las leyes dictadas por quienes realizan el espionaje y, por tal motivo, deben comparecer ante los tribunales, pero quienes realizan los actos ilícitos de origen, los que ocultan informaciones que deberían ser públicas, los que se entrometen en la vida privada de cualquiera, los que poseen informaciones de pretensiones y actos de gobiernos “amigos” (Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses, ya se ha dicho), los que violan las leyes internacionales, ésos no deben enfrentar la justicia, porque ellos son la justicia. Ese mundo no es desconocido por nadie, el problema es cómo superarlo.