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Los gobiernos están en la campaña electoral

Cuando en México había partido-Estado no había elecciones libres. Por eso, no era necesario que el gobierno participara declaradamente en los procesos comiciales, ya que los dirigía de principio a fin. El presidente de la República designaba a todos los gobernadores y a la mayoría calificada de las cámaras (senadores, todos), pero jamás llamaba al pueblo a apoyarle dando el voto por su partido.

En el momento que el jefe del Ejecutivo empezó a ser una persona cada vez más desprestigiada y se iniciaba la competencia electoral, el presidente callaba para deslindar a su partido de sus personales repudios, aunque seguía controlando el proceso electoral y hacía toda clase de fraudes.

Sin embargo, poco a poco la gente empezó a decidir su voto en función de la calificación que le daba al presidente en las elecciones intermedias. El número de 260 diputados de Carlos Salinas fue producto de un fraude en las urnas y en el tercer piso, pero Ernesto Zedillo fue el primer presidente que perdió formalmente la mayoría en la Cámara de Diputados y, aunque no hubo entonces un partido con mayoría por sí mismo, las oposiciones empezaron a hacer algo para hacer valer el dictado popular.

El PAN nunca tuvo mayoría y cedió casi todo al PRI en el largo y penoso camino hacia el PRIAN, con el cual se profundizó la corrupción y se afianzó el neoliberalismo. Así fue como se concentró el ingreso y se empobreció a la mayor parte del país. Peña Nieto recuperó la mayoría, pero fue mediante un fraude a la ley cobijada por algunos de los actuales consejeros electorales.

Aunque con cautela, desde 1991, los presidentes empezaron a pronunciarse públicamente durante las campañas electorales. En 2006, el ministro Gudiño Pelayo concedió la suspensión de unos espots de Vicente Fox a solicitud de la Cámara de Diputados. Eran clara y groseramente ilegales porque eran pagados con recursos de la Presidencia de la República.

Los fraudes electorales de aquel largo periodo siempre fueron intervenciones directas del poder. De otra manera no hubieran tenido éxito. En 2006, por iniciativa presidencial, PAN y PRI llegaron al extremo de intentar cancelar la candidatura de la izquierda, la de López Obrador y se unieron en el terreno para apoyar al candidato panista. Seis años después esos mismos se pusieron de acuerdo para que Peña Nieto llegara luego de pagar con dinero público la más amplia campaña propagandística de político alguno.

En síntesis, los presidentes intervenían en las elecciones, pero de manera hipócrita: todo mundo lo sabía. La lucha política era un enmarañado proceso de engaños, hipocresías, fraudes, robos, farsas, a cargo de unos políticos siempre inescrupulosos.

En otros países, los presidentes intervienen siempre en las luchas electorales, ya sean locales o nacionales. El poder no es ajeno a la lucha por el poder. La cuestión no consiste en dejar de hablar sino en intervenir con apego a unas normas válidas y reconocidas por todos.

La lucha contra las conferencias de prensa del actual presidente se ha colgado del periodo electoral para seguir cuestionando lo que se pueda, ahora ya con argumentos legales, aunque a veces bastante retorcidos. No puede haber ley que impida expresar alguna opinión. Los servidores públicos no están autorizados a realizar propaganda personalizada pagada con recursos públicos, pero eso es siempre, no sólo cuando hay campañas. Pero no se puede multar a un legislador, gobernador, ministro de la Corte o presidente de la República cuando dice lo que piensa, ya que la Constitución señala unos límites bien precisos a las libertades de manifestación de ideas y difusión de las mismas (ataque a la moral o a derechos de terceros, provocación de delito y perturbación del orden público).

En otros países ocurre lo mismo que en el nuestro: la gente vota tomando en cuenta el desempeño del gobierno. Pero en el México de los días corrientes se trata de impedir que así sea. Lo que es normal en el mundo es aberrante aquí. Sin embargo, no se puede en realidad impedir que se conozcan las acciones y los planteamientos de los gobernantes de los diversos niveles, ni se le puede hacer una lobotomía a la gente para evitar que piense en congruencia con sus evaluaciones e ideas.

Por lo demás, la lucha política del momento no está dada en una coyuntura en la que algún partido de oposición pudiera lograr por sí solo alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso no está en el horizonte. Lo que PAN y PRI desean es que la 4T pierda esa mayoría. Es decir, que el presidente de la República reduzca su fuerza política para que las oposiciones impongan una política de gasto diferente y logren bloquear cualquier iniciativa de ley del Ejecutivo. Son, por tanto, las dos oposiciones más fuertes (PAN y PRI) las que están poniendo a López Obrador en el centro de sus campañas políticas y, al tiempo, piden que se le silencie.

Si esas oposiciones realmente creyeran en lo que dicen, estarían especialmente interesadas en que el presidente expusiera sus puntos de vista, calificados por ellas mismas como desacertados y francamente nefastos. Pero viven en el autoengaño de que todo lo que hace el gobierno es rechazado por el pueblo en su gran mayoría. Confunden sus personas con la generalidad de la ciudadanía. Así es más difícil hacer política y hacer oposición. Así no era antes, lo es desde que se unieron PAN y PRI bajo el mismo sello electoral. En el pecado llevan la penitencia.

Odios y diálogos

Desde la oposición, la tesis de la temporada parlamentaria en curso consiste en que la 4T tiene odio y el PAN busca el diálogo. Aunque no ha quedado claro contra qué o quiénes es el odio y qué temas y propuestas debe contener el diálogo, se entiende que es, una vez más, el esquema del mal y el bien, los elementos de la visión dicotómica de la historia y de la vida personal.

Es el diálogo que dice estar enfrentado al odio, pero así no puede ser una solución política, tanto porque se le asigna al mismo concepto de diálogo la existencia de un opuesto, el odio, como porque la apertura dialogante en política no cancela los odios propios.

El punto central, en realidad, es que Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional reclaman que la 4T abandone su programa porque –se sostiene– expresa odio a la vieja institucionalidad que tales partidos construyeron durante varias décadas de luchar entre ellos y de coincidir en lo fundamental, así como a una política económica y social que profundizó la pobreza y concentró el ingreso como en pocos otros países.

Ambos partidos no se han sumado en el Congreso a las reformas sociales en curso, en cierta medida porque éstas desmontan la vieja política clientelar que se construyó en el país y fue durante años la base de la fuerza electoral y mecanismo de la compra de votos.

Los odios políticos del tiempo que corre se encuentran en todas las banderías. Las recientes reformas expresan un rechazo a la política del viejo sistema mientras que los defensores de ésta repudian cada paso que intenta dar la nueva fuerza gobernante, por eso se les denomina conservadores, aunque también los hay reaccionarios.

¿En qué se piensa cuando se convoca al diálogo en Palacio Nacional entre el presidente y los líderes parlamentarios de todos los partidos? Los jefes del PAN y el PRI no han presentado la lista de posibles acuerdos. Por lo demás, no sería inconveniente que todos aquéllos se reunieran a conversar lo que cada cual desee, pero ese no es el diálogo que se ha demandado en San Lázaro.

La bandera del diálogo es un slogan de momento porque no sería posible que antes de las elecciones pudieran producirse algunas negociaciones políticas propiamente dichas. Las oposiciones unidas no podrían llegar a acuerdos con la 4T, por ejemplo, para garantizar estabilidad de precios de la electricidad y cerrar la llave de los subsidios estatales a los productores privados.

Recién lo ha dicho con sus propias palabras un vocero panista: hoy tenemos, afirmó, “reformas que sólo buscan el deterioro de la vida republicana”, cuando se requieren “reformas para crecer y ser mejor país”. El mal y el bien.

Quizá los odios no admitan serlo, pero, de que existen, no hay duda. Mas en la lucha política, quien odia una ley ha de ser porque le perjudica y podría existir otra mejor. Quien odia un sistema de ingreso tendría que ser por encontrarse del lado del salario o de la producción mercantil simple, pues ahí no se acumula capital. En realidad, los mayores odios se encuentran entre los pobres y explotados de la sociedad. Pero también existen intereses de carácter moral, es decir, la defensa de ideas convenientes que, cuando se llevan a la lucha política, pueden conducir a la violencia, como la hemos visto de sobra, ya que en el fondo expresan privilegios o creencias heredadas de las generaciones muertas o, del otro lado, aspiraciones creadas por sujetos emergentes de la sociedad.

El PAN y el PRI se han unido luego de odiarse entre sí o de decirse odiados por el otro. La vida los llevó por el camino del neoliberalismo como medio para defender y realzar en la arena política los intereses que representan. Se trata de elementos de carácter económico, de lugar en la escala social, de capacidad para asumir determinadas decisiones favorables a la parte de la sociedad a la que son afectos.

Ahora, cuando la izquierda ha llegado al gobierno y tiene la mayoría en el Congreso, los odios se han repartido de otra manera, pero lo cierto es que la unidad de PAN y PRI significa que se busca un esquema bipartidista en la próxima elección, como medio para obtener una mayoría parlamentaria y algunas gubernaturas: la contención de la 4T, se dice.

“El odio no ha nacido…” en nadie (parafraseando a un presidente odiado como pocos), pero tampoco se le ha olvidado a ninguno, sino que existe una fuerte convergencia de intereses sociales de los conservadores, aún antes de los propiamente políticos, puesto que el poder se ejerce para algo, no es una fiesta, sino la manera de procurar intereses de conjuntos de la sociedad.

El llamamiento al diálogo que proviene del PAN, como cabeza de coalición electoral, carece de un sentido mayor al de ser incorporado al discurso electoral con el fin de hacerse pasar como quien no odia, sino que, si en efecto lo llega a hacer, al menos sabe usar formas civilizadas. Existe en la derecha un sector bien educado; no todos son como aquellos que en redes sociales insultan el día entero al presidente y a la 4T con las palabras más soeces posibles, en una especie de relación escatológica con el odiado.

En la lucha política, no hay odiosos ni dialogantes, aunque de que los hay los hay. Esto quiere decir que nadie se deja llevar por esos atributos sino por la realización de sus funciones representativas. Esa es la política, la representación de los desiguales, de los adversarios, de los contrarios… y la lucha entre ellos.

La opción política opositora es lo más viejo de México

La temporada electoral ha empezado con la iracunda acusación de las dos oposiciones (PRI y PAN), ahora más unidas, de que el gobierno va a condicionar la vacunación al voto del próximo 6 de junio en favor de Morena.

La especie cae en la estulticia. Nadie puede condicionar una vacuna a cambio del voto, pues si la inmunización se hace antes de votar, no hay devolución posible; si se hace después, ya no hay objeto. Tampoco es dable condicionar la entrega de un bien –la vacuna— que por fuerza ha de ser distribuido hacia todos y todas, conforme a la norma sanitaria, pues sólo de esa forma podría lograrse la inmunización social que se busca. Los prianistas creen que vacunar es como prometer despensas o comprar votos con pago diferido, es decir, hacer “operación tamal”.

Los programas sociales focalizados, de manufactura priista y continuados por el PAN, podían incluir condicionamientos porque era posible suspenderlos o restringirlos en las localidades donde los resultados electorales no fueran satisfactorios para el operador, es decir, el gobierno. Pero las vacunas jamás fueron condicionadas. El exitoso sistema mexicano de vacunación no fue diseñado con propósitos electorales porque un intento así hubiera sido absurdo: el Estado corrupto no lo alcanzó, algo un tanto insólito. Una peculiaridad de la vacunación para prevenir la enfermedad Covid-19 es que se requiere garantizar la custodia del biológico, es decir, muchos servidores públicos movilizados, bastante más que el personal paramédico que lo aplica. Todo esto, sin embargo, es inútil tratar de explicárselo a los jefes de la alianza política opositora.

Los programas de la 4T son o tienden a ser universales, por lo cual no están vinculados a los resultados de las votaciones ni tampoco se reparten en forma indirecta a través de organizaciones clientelares.

Más allá de aquellos fuegos artificiales, la característica meramente política de las próximas elecciones no consiste en la nueva enfermedad contagiosa, la cual conforma un marco general de la coyuntura nacional, sino en la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, la cual le está siendo muy difícil de explicar a sus propios autores.

El punto 10 de la coalición “Va por México” propone “restituir la democracia”. ¿De qué se habla? ¿De reavivar los fraudes electorales? La lucha contra estos la ha estado haciendo la 4T, que es consciente de que los defraudadores se encuentran justamente en el bando contrario, son los de antes, los de siempre.

La nueva coalición PAN-PRI promete también simples deslindes: rechazar cualquier cambio que implique reforma en la administración pública y en el sistema político. La acusación de líderes priistas y panistas consiste en que López Obrador ha concentrado mayor poder, pero no señalan cuándo y cuánto, ya que las facultades presidenciales no han aumentado sino disminuido con las reformas realizadas por la 4T, desde prohibir la condonación presidencial de impuestos hasta cancelar el poderoso embute a los medios de comunicación.

Las oposiciones suponen que las conferencias de López Obrador, por sí mismas, le brindan a éste un poder extraordinario, lo cual es una afirmación hilarante. El punto, sin embargo, consiste en que, como opositores, les resulta difícil discutir con un presidente que gobierna en público, en lugar de hacer lo que ellos han practicado siempre: el refugio en lo oscurito, el territorio de la transa y la negociación subrepticia.

La tesis de que la democracia deber ser “restituida” no explica cómo debe ser. Ello obedece en realidad a que no se busca una democratización sino regresar a los métodos de gobierno de ellos mismos, los cuales han sido criticados y repudiados por un amplio porcentaje de la ciudadanía. En México, ninguna vuelta atrás brindará democracia porque antes siempre fue inexistente o precaria.

Los opositores coligados también ofrecen “desterrar la corrupción”, como si el Estado corrupto no fuera un síndrome heredado de los sucesivos gobiernos de priistas y panistas, que, ahora, por fin, está siendo combatido.

“Va por México” no va a ninguna parte al postular que en México existe un “gobierno autoritario, homicida y dictatorial”. Los opositores se cierran, de tal manera, a cualquier acercamiento luego de las elecciones, pues nadie podría ir a buscar acuerdos con unos dictadores homicidas, ni siquiera sentarse junto a ellos. Pase lo que pase el día de las próximas elecciones, los integrantes de la flamante coalición opositora se tendrán que comer sus propias palabras.

Los contrastes entre el discurso opositor y la realidad cotidiana son demasiado grandes como para considerar a aquel como un intento viable de engaño político. En México, nunca como ahora había existido tanta libertad de difusión por cualquier medio. Tenemos un amplio campo para el debate en la tolerancia. Sencillamente, no hay represión política, fuera de actos arbitrarios de algunas autoridades locales o menores. En el sentido contrario a las afirmaciones de los opositores, el hecho de que el jefe del gobierno debata en público, sin intermediarios ni hipocresías, es un avance democrático en un país donde predominó la simulación en un marco de atraso político y precariedad ciudadana.

Llena de generalidades, la plataforma PAN-PRI no ofrece nada nuevo, pero incluye un planteamiento panista, ahora modificado, en materia de política social. La principal propuesta del PAN en 2018 fue la “renta ciudadana mínima” para 58 millones de personas (Población Económicamente Activa), que equivaldría a 3 billones de pesos al año, igual cantidad que los ingresos totales tributarios federales. Nadie le hizo caso a esa promesa de imposible realización. Ahora, en alianza con el PRI, el PAN promete el “ingreso básico alimentario” para 25 millones de personas que, a salario mínimo, importaría 1.3 billón de pesos anual, el 30% del gasto programable total del gobierno federal. Les va a ocurrir lo mismo porque no hay manera sensata de obtener esos fondos en el corto plazo. Pero aunque se lograra juntar tal cantidad mediante un plan extraordinario de recortes al gasto y despidos masivos, así como con un aumento de impuestos al consumo, los viejos partidos harían un programa social focalizado, forma preferida por los priistas de siempre y sus discipulos panistas, para crear sistemas clientelares con contornos muy definidos y políticamente controlables.

Las “10 soluciones por México”, presentadas por PAN y PRI, aparecen como repeticiones de un guion ya conocido, un querer volver a gobernar como lo hicieron sucesivamente, pero ya por completo juntos, sin disimulos, con el programa de siempre, bajo el régimen político de antes. En el momento actual, no hay en el país una fuerza de relevo con un programa nuevo: la opción política opositora es lo más viejo de México.

La oposición unida, ¿jamás será vencida?

La hipótesis de las actuales derechas mexicanas consiste en que la oposición unida no podría ser vencida, a partir de la idea de que la 4T no tiene el apoyo mayoritario ni se acerca al mismo. Los postulantes de tal planteamiento, ahora coligados, abarcan desde intelectuales neoconservadores hasta neofascistas, un espectro muy amplio dentro del escenario nacional, pero con específicos propósitos e intereses comunes. Quizá no exista organización tan diversa y, al mismo tiempo, tan unida.

El respeto al pluralismo como fenómeno de la sociedad contemporánea no es lo mismo que utilizarlo como bandera. Pero la nueva coalición ni defiende el pluralismo ni expresa a éste como dato social, sino que la unión de los tan diversos y confrontados desvela una ambición política a costa de lo que sea. En conclusión, los integrantes de la nueva coalición conservadora niegan el pluralismo que ellos mismos expresan en su evidente diversidad, pero sólo en aras de disputar una mayoría legislativa que sería, por tanto, enteramente espuria.

Nunca se había presentado tan diversa coincidencia política en el más alto grado, es decir, mediante la formación de una coalición electoral formal, con programa propio y candidatos comunes. En ese conglomerado están representantes del Estado corrupto, el presidencialismo despótico, la vieja clase política degenerada, el oscurantismo católico, la intelectualidad oportunista, la prensa opositora, las cofradías conservadoras, los agrupamientos empresariales más elitistas del país y los cenáculos del neofascismo a la mexicana. Sus partidos instrumentales son el PRI y el PAN-PRD.

El punto que une a todas esas fuerzas es uno solo: que Morena no siga siendo mayoría en la Cámara de Diputados. Buscan impedir que el presidente de la República cuente con respaldo parlamentario para aprobar otras reformas y el presupuesto federal con el que se financian la nueva política social y los programas de inversión pública, en el marco de una estructura anticorrupción y de austeridad republicana. Los nuevos derechos a la educación, la salud, el retiro, la vivienda, el salario remunerador, entre otros, tendrán que votarse otra vez en la próxima elección.

No habíamos visto antes una situación política tan polarizada como ésta. Se abren a la vista dos terrenos dentro de una confrontación que terminará siendo clara para la ciudadanía.

Sin embargo, el pacto entre el PRI y el PAN-PRD es un espantapájaros, muñeco de trapo construido para detener, supuestamente, que se sigan cercenando las libertades, se concentre el poder político y se acabe con el sistema democrático. Pero no se menciona una libertad que haya sido menoscabada, alguna nueva facultad del presidente de la República, un ataque a la democracia. En verdad, se repudia el contenido de la política del gobierno, su orientación social en favor de los trabajadores de la ciudad y el campo, su reivindicación de los intereses populares y su pretensión de abrir espacio a los métodos de democracia directa.

El PRI y el PAN-PRD han votado en el Congreso en contra de las nuevas reformas mexicanas y están dispuestos a echarlas abajo, pero no proponen otras reformas. Su triunfo sería un paso en dirección a lo de antes, sin excluir el Estado corrupto, con sus sistemas de reparto criminal de recursos públicos.

Es del todo natural que esas dos fuerzas políticas hayan hecho un pacto electoral. Eso era lo que se esperaba. A fin de cuentas, ninguna de ellas tiene algo que perder. En su camino de poder, perdieron programa y dignidad políticas.

Las oposiciones se han unido bajo el aliento de fuerzas antidemocráticas y también de sectores que defienden privilegios muy concretos. Los grupos y personas que están al frente del nuevo pacto firmado entre las direcciones priista y panista saben funcionar bajo relaciones ilegítimas y muchas veces ilícitas con las instancias del poder. Una nueva mayoría en la Cámara, integrada con ese diseño, no podría operar más que de esa misma manera, bastante conocida, por lo demás. Casi todos los pactistas se conocen entre ellos de sobra y comparten necesidades y objetivos concretos.

La coalición electoral entre el PRI y el PAN-PRD espera ser más que la suma de los votos de cada cual. Sin embargo, también puede ser una resta. Los líderes actuales de esas fuerzas políticas carecen del control que antes ejercieron sobre millones de personas.

El partido más extendido y con mayor organización territorial, el PRI, se ha reducido drásticamente en número de votos cautivos por efecto de una crisis de las viejas relaciones de poder en las que se asentaban mecanismos clientelares focalizados. Es cada vez más difícil desviar recursos públicos hacia la compra de votos, elemento básico del viejo sistema.

El partido de la clase media propietaria y la burguesía conservadora, el PAN, carece de liderazgo y acusa deterioro político en lugares donde gobierna debido a sus desatinos y sus corrupciones. No es ya el partido de renovación y alternancia que alguna vez fue, ya que fracasó en la representación de ese papel político que había logrado arrogarse.

La lucha política del momento actual consiste en seguir en el camino abierto en junio de 2018 o regresar a las veredas del viejo sistema político. La unidad de los opositores ha dejado así los términos de la disputa. Por ello, al no tener más que ofrecer que volver a lo de antes, la coalición opositora opera como instrumento reaccionario. Un regreso, luego del desastre al que habían conducido a la nación, sería, evidentemente, una realización reaccionaria. No es sólo volver al neoliberalismo sino también a la corrupción y el uso faccioso del poder público.

Como se han ubicado las cosas hacia la próxima elección de diputados federales, hay poco espacio para opciones distintas a las de ganar o no la mayoría por parte de alguno de los dos extremos de la contienda. El papel que pudieran jugar los partidos de reciente registro o los candidatos independientes se estrecha en la polarización, de la dualidad política que resulta artificial en la medida en que la coalición opositora carece obviamente de congruencia, no sólo por su diversidad contradictoria sino también por su falta de liderazgo.

México ya ha entrado a un enredo en el que sólo desde el lado de la 4T puede existir cordura y serenidad. De parte de la oposición unida, que piensa que jamás será vencida, no habría que esperar algo a este respecto porque vive en estado de desazón y, además, trae consigo a nuevos agentes de la provocación más reaccionaria. Al final, el sistema democrático competencial en el que vivimos tendrá que dar la respuesta.

Cuando se ensanchó el Estado corrupto

La denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General contiene asuntos ya comentados, como la corrupción de la empresa Higa, los sobornos de Odebrecht, el trinquete de Agronitrogenados y el contrato leonino con Etanol XXI, pero incluye lo que un video mostró apenas hace unos días: la entrega de billetes a funcionarios del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El motivo del pago de 6 millones en efectivo no está revelado en dicho video pero ahí se habla de otros abonos mayores.

Una grabación que permite observar que una persona entrega millones en efectivo a servidores públicos, asistentes de unos legisladores, abre la razonable posibilidad de un acto delictivo. Desde el 11 de agosto, Emilio Lozoya había presentado ante la FGR una lista de pagos por «extorsiones» en dos momentos: la reforma constitucional de energía y la expedición de las leyes reglamentarias de la misma.

Es parte de un ritual que el PAN y los políticos señalados nieguen todo y se declaren inocentes e indignados. Lo mismo sucedió antes con los moches, mecanismo con el que se canalizaban directamente miles de millones hacia estados, municipios y entidades privadas, luego de lo cual se cobraban los favores. La historia de los moches se puede escribir por ahora con la descripción documentada de las cantidades y destinos de los gastos, pero no ha sido posible probar lo que de sobra se sabe: gestores, principalmente diputados, cobraban el servicio, ya fuera en efectivo o mediante la adjudicación contractual de las obras.

Una cosa es que dentro de cada gobierno (priista o panista) existiera una red de corrupción y otra que esa misma abarcara también a la oposición. En esto ha consistido parte del reciente ensanchamiento del Estado corrupto.

El gobernador de Querétaro no le preguntó a su recién despedido secretario particular por qué, con instrucciones de quién y para qué recibió los seis millones. De seguro era innecesario. Nadie en el PAN podría tampoco tomar la lista de entregas incluida en la denuncia de Lozoya y explicar desde dónde y por qué motivo se recibieron esos muchos millones en una casa de Las Lomas, la cual, se sabe, era una de las guaridas gubernamentales.

Así como los gestores y coyotes nunca han  explicado cómo se operaban los moches, tampoco esos empleados del Senado nos van a querer contar su historia. ¿El actual presidente del PAN estaría dispuesto a realizar al respecto una investigación sobre un militante de su partido al que se observa recibiendo seis millones en efectivo? La respuesta negativa ya se produjo. (El caso de René Bejarano llevó al desafuero, a procesos penales y encarcelamientos, así como a una investigación interna que culminó en expulsiones, entre ellas, la de quien era la presidenta del partido en el momento de los hechos).

Emilio Lozoya le ha contado unas historias a la Fiscalía, pero al mismo tiempo se incrimina, como es del todo natural. Busca que, al colaborar, la justicia sea menos severa. Eso está muy claro, pero no es el mayor problema.

Para desmontar el Estado corrupto que ha padecido México se precisa profundizar en sus modos de ser, operar, repartir e involucrar a muchos del entorno político e ir más lejos.

No existe sistema de corrupción como forma de gobernar que no requiera desarrollo. Eso es justamente lo que ocurrió en México desde 1949. Antes, había corrupción pero no era un sistema político como tal. A partir de su inicio, con la toma del gobierno por parte de algunos licenciados encabezados por Miguel Alemán, el Estado corrupto tuvo su siguiente gran salto en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y, recientemente, con Enrique Peña Nieto. En un ínterin de 12 años, las presidencias panistas dejaron las cosas más o menos como estaban y añadieron algunos tintes, entre ellos los moches, con los cuales el PAN hizo historia. Quizá ahora podremos saber algo de la corrupción bajo Calderón en el marco de las relaciones con el Cártel de Sinaloa, aunque no se podría considerar que esa conducta hubiera sido una aportación original.

Como es natural, los muchos fraudes electorales de los que México ha sido víctima siempre estuvieron relacionados con la corrupción. Como medio de conservar el poder corrupto y corruptor se hacía necesario usar dinero ilícito. Los Estados corruptos suelen funcionar de esa manera. Pero en México se han presentado fenómenos casi fantásticos, como el del año 2000, cuando el candidato ganador y el situado en segundo lugar usaron dinero ilícito. Al menos se conocieron entonces partes de ambas tramas y, luego de años de controversias, se multaron a los respectivos partidos, pero no hubo procesos penales debido a la ilegal orden de uno de los denunciados: Vicente Fox, presidente de la República.

La defraudación de Felipe Calderón (2006) ocupó montos mayores recolectados de manera ilícita para financiar la campaña y una propaganda mendaz, absolutamente difamatoria, además de la alteración de resultados. Todo esto con la colaboración de las autoridades electorales.

El último fraude sexenal (2012) fue dirigido por Luis Videgaray, lo cual es de público conocimiento. Los recursos dispersados con las tarjetas de Monex eran una pequeña parte de un total desconocido, pero nada fue puesto en claro con las investigaciones manipuladas. Se compró casi todo lo comprable, se violaron las leyes, pero el país siguió en una normalidad de alternancias en el gobierno, título de orgullo de algunos consejeros y ex consejeros del INE que, sin embargo, sacan de contexto esos momentos de cambio engañoso, que no sirvieron para detener el funcionamiento del Estado corrupto.

Hace unos 30 años nadie iba a pensar que Acción Nacional se iba a lanzar a la gananciosa aventura de la corrupción, hacer fraudes, usar financiamientos ilícitos, manipular la justicia, cobrar moches y mordidas, recibir dádivas del poder, etc. Pero lo hizo. Se lo tragó el Estado corrupto.

Este fenómeno es digno de investigaciones concretas sin límites, pero también de estudios teóricos para descubrir las bases estructurales y funcionales de poder sobre las cuales la corrupción pasa de un partido a otro sin detenerse o, al menos, moderarse. En este marco, habría que analizar el ensanchamiento del Estado corrupto mediante el cual se financia ilícitamente al opositor o se comparten ganancias.

El esfuerzo de hoy no es sólo para lograr que se interrumpa ese fenómeno, lo cual exige una gran lucha sistemática y cotidiana para desmontar el Estado corrupto, sino también para sentar bases que hagan políticamente imposible un cambio regresivo.

No es tiempo de matices

El hecho de que este no sea tiempo de matices como objeto de la disputa política se debe a la convergencia conservadora frente a la irrupción de la izquierda en el poder. En este momento las oposiciones se están oponiendo y punto. Si hubiera algún partido de oposición que planteara negociaciones sobre la base del respeto a la mayoría surgida de las urnas, pero con campo abierto hacia otras propuestas, la situación política del país sería algo diferente.

Cuando los conservadores dominaban la política hacían todo tipo de acuerdos abiertos y encubiertos, pero discrepaban a menudo sobre temas menores y de reparto de canonjías.  Aquel era tiempo de matices, pero neoliberales casi todos ellos. Ahora que esos conservadores se encuentran en la oposición, se han ido acomodando entre sí, pero se van a enfrentar pronto al difícil reto de crear una coalición.

El objetivo concreto opositor es derrotar a Morena en 2021 y a Andrés Manuel en 2022. Cambiar la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados y revocar el mandato del presidente de la República. Quien de manera más directa lo ha cifrado es Héctor Aguilar Camín en su conversatorio telemático fechado el reciente 23 de mayo: que Morena pierda la mayoría en 2021 y que en 2022 se revoque en las urnas a López Obrador… «por pendejo», según dijo.

Esa vulgaridad denominada Proyecto BOA (víbora que estruja a sus víctimas para tragarlas), repite aquellos dos objetivos con la misma claridad con que lo hacen otros conservadores. Su convocatoria busca la unidad de los importantes, el «círculo rojo», dice Aguilar Camín: partidos opositores, gobiernos locales, jueces, medios de comunicación, toda clase de organizaciones patronales, empresarios, intelectuales, etc. Nadie ha respondido por BOA, pero muchos no desconocen el objetivo. No tendrían por qué, es del todo verdadero. El mismísimo presidente del PAN recién lo ha dicho claramente.

No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador afirma que los adversarios de la transformación que él encabeza están a favor de conservar el viejo sistema de injusticias, privilegios y corrupción. Esto se debe al rechazo de plano que manifiestan los opositores a toda la política del gobierno, es decir, justamente a la ausencia de matices.

Al mismo tiempo, como complemento, en el ambiente político no sólo está presente la crítica del gobierno, de la política de éste y de sus actos concretos, sino también una considerable cantidad de mentiras e insultos que se pueden leer a diario en medios de difusión de toda clase. La convergencia conservadora no es sólo de los líderes sino también de las bases.

En condiciones normales sería un error político que el gobierno del cambio respondiera a los conservadores como si casi todos ellos fueran un solo bloque consolidado, pero bajo la situación política actual de México se ha vuelto inevitable, ya que del lado de los opositores la tarea es repudiar en bloque el programa de la 4T y tratar de cambiar de rumbo político; lo demás ya se verá, ahora no discuten entre sí.

El carácter reactivo de ese plan es otro elemento más  que confirma la ausencia de matices en la política mexicana, mientras que la rispidez y la maledicencia son fórmulas que contribuyen a la ausencia de diálogo político.

Por ejemplo, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, fraguó la maniobra de responsabilizar al presidente de la República de choques de la policía local contra jóvenes manifestantes que exigían esclarecimiento y castigo por la detención y asesinato de Giovanni López. La idea de ese político conservador es que entre más logre confrontarse con el presidente, mejor será su propio prestigio personal, pero resulta ser otra cosa acusar sin motivo al titular del Ejecutivo federal de provocar la represión de manifestantes. Justificar la violencia mediante el infundio es viejo recurso de los déspotas mexicanos.

Hay que aclarar que la causa de fondo de que este no sea tiempo de matices no radica en las malquerencias, las cuales no parecen tener remedio, sino a que, frente a una hilada de cambios y nuevos enfoques, los opositores carecen por el momento de propuestas puntuales que pudieran discutirse en paralelo. Lo que proponen es volver a lo de antes en materia económica, social y administrativa (corrupción pública), lo cual sería el suicidio de la 4T.

Si Andrés Manuel se la pasara llamando al diálogo perdería tiempo y consistencia porque se ha estrechado demasiado el terreno de las interlocuciones entre grandes bandos políticos contrarios. No es una cuestión de personalidades o de opciones a la carta sino de hechos políticos duros.

En todo momento esto podría empezar a cambiar, pero es poco probable que sea pronto. En cambio, luego de las elecciones de 2021, dentro de un año, sí habrá cambios, tanto si Morena confirma su mayoría política como si la pierde. Eso lo saben los conservadores, a pesar de lo cual ellos no han optado por preparar una contienda de programas sino de desgaste de la Presidencia de la República mediante el ataque, la burla y el insulto sistemáticos. Entonces, estamos peor que antes porque, antes de votar, no parece haber materia para el diálogo aunque ambos alineamientos se sigan culpando mutuamente de la ausencia del mismo y afirmen que sería bueno. Círculo vicioso podría denominarse la coyuntura.

Si no hay campo para arreglos puntuales mientras votamos, después quizá se abra, pero no es seguro.

La fantasmagórica oposición faltista del Congreso

El pasado jueves 12 de marzo, al terminar las sesiones de ambas cámaras del Congreso, nadie dijo algo sobre la impertinencia de celebrar las que habrían de llevarse a cabo el día 18.

Pero un día antes, el 17, luego del puente, se anunció que las y los legisladores del PAN, el PRI y, por añadidura, el PRD, habían decidido, por sí y ante sí, dejar de presentarse a desempeñar sus funciones representativas. Así de rápido y simple.

Sin embargo, un legislador o legisladora carece de capacidad legal para dejar de concurrir a las sesiones de su respectiva cámara. La pena por faltar es el no pago de la dieta correspondiente y, a las diez faltas, se llama al suplente, es decir, hay sanciones. Como la falta se castiga, ahora tenemos a tres grupos parlamentarios sancionados por ausentes.

Las oposiciones parlamentarias fingen desconocimiento de la Constitución. Ninguna cámara del Congreso puede suspender sesiones por más de tres días sin permiso de la colegisladora. Este precepto encierra varias cosas: que ninguna cámara puede entrar en suspensión de sesiones; que, excepcionalmente, cuando se requiera debe haber una autorización previa de la otra porque el Congreso es un solo órgano, un poder del Estado; que tales decisiones las toman las cámaras, no sus integrantes por separado ni sus órganos de gobierno, para lo cual se requiere sesionar en pleno.

El Congreso puede, además, dar por terminado el periodo ordinario de sesiones en el momento que lo decidan las dos cámaras. Pero el acuerdo se tiene que tomar en las respectivas  plenarias.

Los legisladores no pueden dar un cortinazo como si el Congreso fuera una tlapalería. Como poder elegido requiere fundar y motivar la decisión de suspender sesiones.

Las oposiciones (PAN y PRI) decidieron, juntas o cada una por su cuenta, dejar de asistir a sesiones. Tienen falta, pero nada más. Han conseguido mostrar que están reducidas por voluntad propia a ser fantasmagóricas.

El incidente de la ausencia, fundada en la inminente nueva fase de epidemia en la que entrará el país dentro de poco, denotó una falta de respeto hacia el Congreso, pero además carecía de base “científica”. Las autoridades no habían recomendado la cancelación de reuniones de menos de mil personas. Las fábricas siguen abiertas aunque congregan centenares sin que las minorías parlamentarias hubieran manifestado alguna preocupación por la salud de los obreros.

La pandemia de coronavirus debería poner a todos de un mismo lado, pero hay oposiciones tan elementales que tratan de usarla para dejarse sentir como opositores, para ver qué tantos se les unen. Y, peor aún, tratar de que la pandemia mundial sea presentada como una responsabilidad del gobierno. Esto ya está en el campo de la demencia.

Hace una semana yo escribía en este espacio que el PAN se ha convertido por decisión propia en una “oposición prescindible”. En las sesiones del 18 y 19 de marzo se demostró por desgracia mi aseveración. Ese partido no está haciendo falta, es como un fantasma que ni siquiera aúlla: puede estar o no estar, pero siempre lo hace en desacato del mandato de sus electores.

El jueves 19 de marzo se aprobó en la Cámara de Diputados una acusación contra una ex secretaria de Estado y, por esa vía, contra el anterior gobierno federal, por responsabilidad política, es decir, debido a su forma y métodos de gobernar, la desviación de recursos públicos y la violación de la Constitución y varias leyes. Fue la Estafa Maestra. Tal acusación ha sido enviada al Senado para sentencia. Este hecho histórico se produjo con la ausencia voluntaria del PAN (la del PRI se entiende porque era el partido gobernante, la del PVEM porque estuvo en aquel gobierno y la del PRD por lo que ya se sabe), con lo que se demuestra que el panismo no está interesado en remontar el viejo sistema político en el que se suprimió al Congreso como órgano de control político y autoridad jurisdiccional en la materia. Si no dio esa lucha durante sus 12 años en el gobierno, podría decirse que ahora tampoco tiene motivaciones.

Hace casi un siglo que nadie era acusado por la Cámara ante el Senado. Los altos funcionarios aparecían como impolutos, pues México era un país en el que ningún gobernante había sido juzgado en sede legislativa. Pero no eran buenos los miembros del gobierno, sino que el Congreso estaba sometido a ellos.

La fecha de la sesión de la Cámara de Diputados como órgano de acusación se conocía desde dos semanas antes porque es una disposición de ley. Así que decir que se ha aprovechado la pandemia para recuperar una función constitucional es una mala broma. Eso lo sabe Acción  Nacional, pero no concurrió a la cita sin  que el tema le importara en lo mínimo.

El PAN se fue porque quiso poner a las cámaras en inoperancia orgánica y funcional, lo cual le pareció al PRI una magnífica idea. Pero fracasó. El Congreso ya no está sometido a políticos de contentillo. No fue suficiente la alianza de los panistas con el PRI llevando al PRD de último vagón. El Congreso funcionó en sus dos cámaras. La de Diputados tomó entonces, razonablemente, la decisión de suspender sus sesiones plenarias la siguiente semana a la espera de que pase el punto alto de la curva de la epidemia nacional, le pidió permiso al Senado, éste lo concedió y, a su vez, solicitó autorización de los diputados para interrumpir sesiones en el momento oportuno. Mientras, el Congreso seguirá abierto y trabajando de otras formas. Por fortuna, al menos por ahora, nadie pudo dar un cortinazo a la representación nacional. Ya no son tiempos. Allá los fantasmas que se asusten de sus propios espectro

PAN: oposición prescindible

Una diputada panista imploraba en tribuna que se acabaran las conferencias mañaneras en Palacio Nacional y que Andrés López Obrador se dedicara a gobernar bien, es decir, a hacer lo que su partido quisiera. El tema a discusión eran unas reformas para permitir que bienes decomisados o inservibles para las funciones públicas no sólo fueran vendidos en subasta sino también pudieran ser sorteados. La legisladora odia al presidente y, por tanto, le exige que hable menos en público.

La oposición política más fuerte del país, el PAN, ha dicho también que el actual será un gobierno fallido porque ya lo es aunque le falten más de cuatro años. El líder parlamentario panista ya no opera como político sino como pitonisa, clarividente, adivinador.

Desde la irrupción de la oposición de izquierda en la Cámara de Diputados, en 1979, no se había producido el fenómeno consistente en que los opositores fueran prescindibles, como lo eran antes de aquella reforma política elaborada como respuesta al ´68 mexicano.

Tan luego como la izquierda llegó al Congreso se podía escuchar otra manera de ser, pensar, investigar, analizar, criticar y proponer. Por tanto, era más necesario para el gobierno llegar a acuerdos con el PAN o con la izquierda emergente. Se suponía que así debía funcionar el nuevo esquema político.

Durante los siguientes 20 años, la oposición no fue prescindible sino la crítica interlocutora de un priismo que trataba de legitimarse con la existencia de un cierto pluralismo político, aunque seguía alterando las votaciones como lo hizo señaladamente en 1988, luego de lo cual el PAN casi se convirtió en socio del gobierno.

A partir del año 2000, momento de la “transición”, el PAN también estuvo justificando a sus gobiernos al operar en un marco pluralista, en el cual las oposiciones jugaban un papel relevante, con tanta más claridad porque el gobierno carecía de una mayoría en el Congreso. En el año 2006 la oposición priista fue la salvación del panismo al ponerse claramente en contra de López Obrador, primero a favor del desafuero y, después, del fraude electoral de Felipe Calderón.

El retorno del PRI a la Presidencia fue un momento en que las oposiciones eran más necesarias en todos sentidos, pero ocurrió algo no previsto y la aproximación del gobierno a sus oposiciones ensanchó el espacio político del surgimiento de la otra oposición que terminaría por convertirse en la nueva fuerza gobernante.

En toda esta historia, las oposiciones, unas más que otras, han sido necesarias para el funcionamiento normal del aparato del Estado.

Pero, a partir de 2019, algo inusitado ha surgido en forma por el momento inexplicable. La oposición de derecha tradicional es prescindible porque no está inmersa en una lucha propiamente política, sino que ya se inventó un entorno que no es real: el “gobierno fallido” de la 4T con sus nefastas conferencias mañaneras.

Como es natural, el PAN va en pos de la próxima cita electoral de 2021, pero no lo hace con un programa propio, el suyo de siempre, sino sólo con la firme esperanza de que los fallos y problemas sin resolver, amén de la pandemia, hundan a Morena y los demás partidos de la 4T, de donde resurgirá la opción conservadora más persistente desde los años 40 del siglo XX, cuando el panismo tomó forma orgánica para combatir la política socializante de Lázaro Cárdenas.

El PAN es prescindible como oposición porque en realidad no actúa como tal. Una formación política que se opone exige cambios, además de denunciar. Pero Acción Nacional no está exigiendo nada concreto y sus denuncias suelen ser mentiras, como esa de que el actual presupuesto de egresos recortó el gasto en salud cuando en realidad se aprobó un fuerte incremento, especialmente en el IMSS.

La política social de la 4T es repudiada por el PAN, pero este partido no lo puede frasear así y se limita a decir que becas estudiantiles, pensiones no contributivas, salarios a los jóvenes aprendices, ayudas a las personas con discapacidad y a madres solteras, entre otros programas son “clientelares”, aunque se lleven a cabo como reconocimiento de derechos y con esquemas universales.

En realidad, es indiferente que el PAN vote en contra de todo eso en el Congreso. La conducta panista carece de relevancia porque ese partido no busca una interlocución política con la mayoría ni con nadie más. Acción Nacional odia al “populismo” pero no es capaz de criticarlo con todas sus letras porque teme presentarse ante el pueblo como un partido que repudia en concreto el “reparto de dinero” que, según piensa, es lo que hace el gobierno actual con las pensiones de adultos mayores, las becas estudiantiles y otras muchas subvenciones, inaceptables para una derecha que se columpia entre ser reaccionaria o simplemente conservadora.

Para que el gobierno de la 4T sea efectivamente fallido, el sueño del PAN es que México entre en franca recesión, haya una corrida financiera con fuerte devaluación y subida de tasas de interés, la inflación vuelva a erosionar el ingreso y se dispare el déficit público: algo semejante a lo ocurrido en México durante gobiernos del PRI y, luego, del PAN, a los que, sucesivamente, les costó la Presidencia. Por eso les ha surgido una oscura esperanza en la pandemia que está llegando a México.

Por lo pronto, Acción Nacional se ha convertido lastimosamente en una oposición prescindible.

Emilio Lozoya: antes, después y hoy

Está claro que Emilio Lozoya no es exponente de «la peor corrupción estructural mexicana». Hay episodios, sistemas, tramas, personajes y fortunas mucho peores. Nomás pensemos en el imperio corrupto de Carlos Salinas de Gortari. Pero el papel que jugó el hoy perseguido de la justicia es ocasión para que el país se asome a uno de los episodios de la historia de su Estado corrupto.

Emilio Lozoya viene de la alta burocracia política mexicana, toda ella corrompida, en línea con uno de los elementos básicos del poder. Su padre fue uno de esos burócratas empoderados. Pero, luego de un adecuado entrenamiento, ese personaje se proyecta en el momento en que le podía ser útil a una causa política concreta que era la recuperación de la Presidencia de la República por parte del PRI, a partir del gobierno del Estado de México y de la candidatura de Enrique Peña Nieto.

El antes fue la precampaña y campaña del abanderado priista, con todo el impresionante apoyo mediático de Televisa. El después fue la llegada de Peña a la Presidencia de la República. El hoy es la oportunidad de averiguar más sobre las tramas corruptas.

Conseguir apoyos mediáticos y económicos tuvo que ser el primer paso. Emilio Lozoya no era un político operativo. Sus tareas tenían que ver con relaciones, especialmente entre empresarios y poderosos de la esfera pública. Hizo bien su trabajo en tanto que logró obtener financiamientos. Así, tuvo que estar vinculado a Luis Videgaray.

El primer cargo penal que se le hace es obtener de la trasnacional brasileña Odebrecht fondos para la campaña de Peña Nieto. ¿Cuánto entregó al PRI y cuánto retuvo? No lo sabemos, pero supongamos que todo se lo dio a Videgaray.

Ya como director de Pemex, Lozoya había de beneficiar a la empresa donante. Según la acusación, así fue, pero con nuevos y mayores sobornos.

Hoy, se tiene que saber dónde está el dinero, cuál fue su ruta y destino. Es un laberinto.

Pero hay más. Pemex tuvo participación en la llamada Estafa Maestra, es decir, fondos entregados a organismos públicos como pago de algún servicio pero que no se aplicaban al objeto establecido en el convenio sino se canalizaban través de empresas fantasmas. Aquí, el hoy tendría que ser el conocimiento del propósito de tal estafa y del destino final del dinero.

Mas lo que supera la relación de Lozoya con Odebrecht  y la versión petrolera de la Estafa Maestra es la compra de Pemex de la planta de Nitrogenados por 500 millones de dólares a la empresa privada Altos Hornos de México. Se ha calculado que esa «chatarra», como la definió la Auditoría Superior de la Federación, podría haber tenido un valor de unos 15 millones de dólares, si acaso.

Los privatizadores neoliberales en el gobierno no sólo vendían y entregaban propiedades públicas sino también estatizaban chatarra. Todo, para hacer negocios corruptos.

El jefe de Altos Hornos, también perseguido, no hubiera podido quedarse con la totalidad del dinero. Eso hubiera sido imposible. Así que ya no fueron sólo 10 millones de dólares procedentes de Odebrecht. Después cayeron otros 500 millones volando entre las sombras de los forajidos. ¿Cuál fue la distribución? ¿Dónde está ahora el dinero?

Qué pequeño se antoja, comparativamente, aquel robo a Pemex de mil millones de pesos para financiar la campaña de Francisco Labastida como candidato del PRI en el año 2000, por órdenes de Ernesto Zedillo a través de Romero Deschamps y Rogelio Montemayor, a la sazón líder sindical y director de la paraestatal, respectivamente, ambos connotados y muy activos priistas de estrellato salinista. Entonces hubo total impunidad penal gracias a la capitulación en la activación del aparato de justicia por parte, directamente, de Vicente Fox y su partido, el PAN. Se otorgó un perdón de facto. Sólo se logró una multa electoral contra el PRI, justamente de esa misma cantidad.

Quizá en algún momento, el mismo Peña Nieto y su administrador y operador político, Luis Videgaray, entre otros, tuvieran que ser interrogados si el fiscal careciera de otra opción. Habría que esperar que, llegada la situación, no fuera sólo un espectáculo mediático.

Lo peor de este periodo de la historia del Estado corrupto mexicano sería que el desempeño de Emilio Lozoya resultara haber sido algo marginal. Poca cosa en términos comparativos al gran total. Entonces tendríamos un hoy desgarrador. Puede ser.

España: coalición y crispación

Desde el restablecimiento de la democracia en España no se había dado un gobierno de coalición. Durante 40 años el partido más votado controló la administración pública central. Algunas veces, en minoría, lograba acuerdos parlamentarios ocasionales con otras formaciones, pero el Consejo de Ministros fue siempre de un solo instituto político.

El gobierno español es ahora diferente. El viejo partido socialista, el PSOE, ha admitido la creación del gobierno de coalición con Unidas Podemos que está formado por varias expresiones unitarias de izquierda. El líder de aquél, Pedro Sánchez, se negó durante meses a integrar ese gobierno, a pesar de que era viable alcanzar más apoyos que rechazos en el Congreso de los Diputados, requisito constitucional para lograr la investidura. Al final, la realidad política lo sobrepasó.

España entró hace algunos años en una crisis del sistema en el que el bipartidismo (PSOE y PP) solía tratarse con rispidez, pero siempre con tendencia a llegar a acuerdos, a conducir conjuntamente al Estado, en especial en la conformación de las instituciones, mientras que, a veces, partidos regionales aportaban votos para sacar presupuestos cuidadosamente desequilibrados.

Como elementos de la crisis política surgieron Podemos y Ciudadanos. El primero, izquierda crítica del PSOE y del bipartidismo. El segundo, liberal derechista y crítico de la corrupción en el entonces gobernante Partido Popular. Había surgido un nuevo sistema político con dos izquierdas y dos derechas, además de fuertes partidos locales en algunas regiones. Pero los viejos institutos políticos estaban pensando en encontrar la forma de volver a lo de antes.

Esa crisis se reveló desde que se hizo imposible que alguno de los partidos del desarticulado bipartidismo pudiera gobernar por sí sólo en relativa estabilidad. España había cambiado en medio de la incredulidad de los políticos tradicionales.

La corrupción en el PP, la cual llevó a Mariano Rajoy a ser despedido como presidente del Gobierno, le otorgó al PSOE la oportunidad de oro para reconocer los cambios en la política española. Sin embargo, una mayoría de dirigentes socialistas impidieron dar ese paso. El surgimiento del gobierno de coalición estaba maduro meses atrás, luego de la primera elección parlamentaria de 2019, pero no se hizo por la necedad de las bandas sectarias del PSOE. Entonces hubiera sido más fácil que ahora, por cierto.

Luego de la segunda elección de 2019 ya no había más remedio que admitir los resultados comiciales como indicadores de que hay un gran segmento social que ya le dio la espalda al bipartidismo y busca una nueva democracia.

En la derecha, que ahora es de tres cabezas, se han visto disminuido los nuevos liberales de Ciudadanos que eran la esperanza de mucha gente que cuestionaba al PP y al PSOE desde actitudes moderadas y críticas de la corrupción española. Ha surgido un sello electoral llamado Vox que es un partido abiertamente machista y homofóbico, además de añorante del orden franquista, al que le repugna la Unión Europea y, sobre todo, la emigración africana y latinoamericana. Es ese el tercero más votado en las recientes elecciones.

Si las principales izquierdas no se hubiera unido en coalición con el apoyo, mediante la abstención, de los dos partidos nacionalistas más importantes (el catalán Esquerra y el vasco Bildu), se habría tenido que convocar a una tercera elección en medio de mayores desuniones en la izquierda y reencuentros en la derecha. Es decir, una catástrofe.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su partido son quienes llevan el mérito mayor porque desde un principio propusieron con firmeza y lealtad la coalición de gobierno.

Al mismo tiempo, la formación del nuevo gobierno ha llevado a la crispación política. Ya se ha advertido esto en los discursos parlamentarios de los actos previos a la investidura de Pedro Sánchez. Las derechas se van a ir aproximando cada día más porque tienen base común suficiente y el claro objetivo de lograr el fracaso de la coalición de izquierdas. En el PP no hay moderación y en Ciudadanos hay repulsión visceral  a la izquierda emergente, mientras en Vox existe un repudio virulento a todo progreso social y cultural.

La agenda social española es muy amplia pero destacan las tareas ideológicas que hay que reemprender contra la intolerancia y las fobias de las fuerzas reaccionarias. El nuevo gobierno de coalición y sus opositores desde la izquierda, en especial Bildu y Esquerra, tienen que buscar acuerdos que vayan mucho más lejos de la simple estabilidad parlamentaria. Aun cuando mantengan sus polémicas sobre el tema de las nacionalidades y el derecho de autodeterminación, se requiere una unidad de acción. El asunto político de mayor actualidad en este momento no es la independencia de Cataluña sino impedir que toda España caiga en manos de una derecha que sería mucho peor que una vuelta de José María Aznar al poder.

La triunfante propuesta de integrar una coalición gobernante de izquierdas, la cual ha tenido a pesar de los pesares el respaldo decisivo de otras formaciones, debería convertirse en un momento de lucha por una España democrática y socialista.