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El PRI ante la línea de “contención” impuesta por la extrema derecha

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se deslizó hasta convertirse en un partido de derecha, una más entre las varias que existen. No obstante, insistió durante años en ubicarse dentro de la socialdemocracia, ya cargada hacia el neoliberalismo, como integrante de la Internacional Socialista, de la cual sigue siendo miembro.

A pesar de haber sido un partido antidemocrático, represor y corrupto, el PRI sostuvo una política internacional de cierta independencia y una línea de separación respecto de las extremas derechas, en especial debido a su etapa antifascista y a la persistencia de la vieja rama reaccionaria y extremista del catolicismo dentro del país. Así, el PRI se distinguió por negarse a romper relaciones diplomáticas con Cuba (1962), cuando la OEA decretó la expulsión de la isla, pero sí lo hizo con el gobierno golpista, dictatorial y pro yanqui del general chileno Augusto Pinochet (1973). Antes de esto último, se había negado a formar parte de la cobertura política creada por EU, a través de la OEA, para justificar la invasión militar estadunidense en Santo Domingo (1965).

La tendencia más acusada del PRI hacia las derechas se produjo cuando se convirtió en parte del neoliberalismo, hace ya unos 40 años. Como esa corriente mundial tiene un carácter predominantemente socio-económico, podía compartir objetivos con regímenes como el de Pinochet, a pesar del insólito rompimiento con éste.

El neoliberalismo mexicano tenía que erosionar al viejo estatismo y, al mismo tiempo, como era lógico, al nacionalismo que en su origen ha sido atribuido a la Revolución Mexicana. Sin embargo, los sucesivos gobiernos priistas pasaron toda la Guerra Fría con un alineamiento discreto con Occidente, sin llegar a convertirse en portavoces del anticomunismo militante y manteniendo una abierta simpatía, aunque lejana, con los procesos emancipatorios anticolonialistas y antimperialistas.

Es recordable la posición del gobierno de México en los conflictos en Centroamérica, en los que jugó un relevante papel en contra del intervencionismo de Estados Unidos y en apoyo político a las izquierdas de Nicaragua y El Salvador.

El último gobierno priista no se condujo en función de los principios mexicanos de política exterior. El alineamiento del entonces presidente Enrique Peña Nieto en favor de la injerencia golpista de Estados Unidos en Venezuela fue un viraje demasiado contrastante y, por tanto, digno de ser analizado como parte de cambios dentro del priismo como corriente política. El PAN aplaudió con entusiasmo la capitulación mexicana.

Lo que al respecto se ha hecho recientemente tiene ya expresiones grotescas: la visita del presidente del PRI, Alejandro Moreno, por vez primera en la historia de ese partido y del país, a la oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos encargada de las relaciones con México, con el propósito de denunciar al gobierno mexicano por un supuesto financiamiento electoral procedente de organizaciones de narcotraficantes. Eso mismo lo había hecho el día anterior ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien se caracteriza por organizar alineamientos políticos intervencionistas y golpistas contra países de América Latina gobernados por fuerzas consideradas hostiles o indeseables por parte del gobierno de Estados Unidos. “Ministerio de colonias”, se le llamó a la OEA durante décadas, y lo sigue siendo.

El dirigente priista fue acompañado ciertamente por el presidente del Partido Acción Nacional y el de una de las sucursales de éste, pero eso no atenúa el significado de sus actuaciones, sino que le otorga una mayor gravedad, en tanto que se buscaba representar a la oposición mexicana en el papel de promotora de un franco injerencismo político, adverso a la independencia nacional y al principio de soberanía que contiene justamente la no injerencia de gobiernos extranjeros en la política interna de México. La ridiculez de dicha pretensión no elimina en absoluto su naturaleza ni la responsabilidad de sus autores.

La alianza del PRI con el PAN ha tenido sus costos al hacer depender las definiciones priistas de la opinión de la dirigencia panista, pero no sólo las de carácter meramente legislativo, sino también en el discurso priista, el cual se aleja cada vez más de planteamientos de carácter nacional y social.

El acercamiento de una parte del PAN al partido ultraderechista español Vox también puso en aprietos al aliado, es decir, al PRI, pues ha desvelado que esa unidad de acción abarca a un segmento claramente profascista. Nadie en la dirigencia priista se tomó la molestia de criticar la visita del líder de Vox al grupo senatorial de Acción Nacional y la firma en público de la llamada “Declaración de Madrid”.

El hecho de que las posiciones del PRI se definan dentro de una alianza con el PAN, el cual comprende a la extrema derecha, no sólo le resta independencia al priismo, sino que lo ubica dentro de esquemas relativamente nuevos, cargados más y más hacia la derecha, lo que incluye el racismo y el clasismo como manifestaciones culturales discriminatorias que denotan formas de opresión existentes.

Los dirigentes y legisladores priistas han perdido discurso propio para ir asumiendo como suyos ataques, calumnias e insultos contra el gobierno que profiere su aliado, el PAN, lo cual es también una forma de comportamiento muy ligado a esa manera de ser que tiene la extrema derecha.

La vieja política de proteger intereses económicos de grandes empresarios es una característica del PRI, pero otra cosa es arrimarse a posiciones francamente reaccionarias en lo social y en lo cultural. Se entiende que el PRI sea hostil a la política social de la 4T, pero no tanto por el esfuerzo de redistribuir una parte del ingreso, sino por la forma de hacerlo, por completo diferente al método político con el que se aplicaron los programas sociales priistas. Mas mucho peor resulta que el PRI defienda las fracasadas políticas del PAN, como el Seguro Popular y la privatización de partes del sistema de salud y de la seguridad social.

Ante el fracaso estrepitoso de la política de energía que implantó Peña Nieto de la mano del PAN, unos años después de que el PRI había rechazado parcialmente la propuesta de Felipe Calderón, lo menos que pudiera hacer la dirección priista sería admitir que ese no era un camino correcto para México en esa materia y formular, por tanto, un nuevo planteamiento. Sin embargo, todo es puro rechazo a las propuestas del gobierno actual, muy al estilo de la extrema derecha opositora.

La alianza del PRI con el PAN es, naturalmente, más benéfica para el segundo, pero no sólo porque ese tenga mayor fuerza electoral, sino porque cualquier arreglo de coalición fortalece las posiciones panistas, tal como se observó en la reciente elección de diputados y gobernadores. Lo peor ha sido tener que cargar con ciertas candidaturas que son hostiles al PRI, para, al final, perder de todas maneras.

Crear un frente de “contención”, como se le ha llamado a la alianza legislativa PAN-PRI, es por origen algo demasiado pobre para cualquier partido que pretenda seguir siendo una fuerza política. La oposición sin programa alternativo no es plenamente oposición, sino que ha surgido mutilada. Asumir por decisión propia el papel de tratar siempre de “contener” al gobierno no sólo enfatiza su función destructiva sino también conduce a una frustración tras otra.

Ahora, el frente de “contención” se va a centrar en las tres reformas constitucionales que ha anunciado el presidente de la República, apoyados en que hoy, como antes, la 4T carece de los dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Pero la unión opositora no es una propuesta en sí misma. ¿Carece el PRI de opción para la industria eléctrica, la seguridad pública y el sistema electoral? De todas formas, se haga lo que se haga, el PAN tratará de llevar al PRI al terreno de impedir que haya modificación alguna porque, para el actual panismo, todo cambio resulta inaceptable cuando es el gobierno quien lo propone.

Resalta mucho el recuerdo de que, cuando perdió el gobierno federal frente al PAN, el PRI no asumió la práctica de oposición colérica que ahora desempeña en ridícula imitación de la conducta de la extrema derecha frente a un gobierno de izquierda.

Llegado el momento de decidir la candidatura común a la Presidencia de la República, la mano correspondería al PAN por simple correlación de fuerzas, ya fuera la o el aspirante militante o francotirador. Eso lo sabe la dirigencia priista pero no se lo cuenta a nadie. La campaña electoral sería, en consecuencia, algo dominado por la derecha tradicional y, tal vez, por la extrema derecha, grotescamente contraria a todo lo que está haciendo la 4T, sin detenerse a analizar a cuantos millones estaría beneficiando la nueva política. La divisa de la acción electoral de los coligados sería la de ninguna concesión al Estado social, sin detenerse tampoco a calibrar la crisis mundial en la que se encuentra el neoliberalismo.

Una candidatura presidencial de “contención” sería desastrosa y esto lo ha de saber el PRI. ¿Tratar de quitar a la izquierda la Presidencia de la República para entregársela a la extrema derecha? Eso sería la puntilla para el priismo.

¿Justicia tras las rejas?

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El uso del poder político para encarcelar a adversarios, críticos o estorbosos fue una larga tradición en México. La otra costumbre ha sido la impunidad de amigos y simpáticos afectos al poder. Aunque parezcan imperecederas, ambas usanzas deben desaparecer. En eso se trabaja.

¿Qué debe hacer el fiscal con los legisladores panistas que recibieron las maletas de dinero procedentes del director de Pemex en los tiempos de Peña Nieto y Luis Videgaray? Lo más sencillo sería olvidar el asunto en un cajón de escritorio, como se hizo tantas veces. Sin embargo, Alejandro Gertz Manero tiene que dar salida al asunto de Emilio Lozoya, por deber y porque la Fiscalía se encuentra comprometida, en especial por haber pactado con el procesado a cambio de unas denuncias que éste mismo presentó para dar lugar a procedimientos que ayuden a desvelar las tramas de Odebrecht, Agronitrogenados y otras, como la compra de votos en el Poder Legislativo. Son 70 las personas mencionadas.

Ricardo Anaya se ha ido del país, según él mismo lo anunció. Desde entonces aviva su presencia en redes sociales, pero ahora sólo para defenderse y atacar de paso al presidente de la República, a quien señala como autor de una persecución política, a cargo de la Fiscalía General de la República.

¿De la lista de legisladores y otros funcionarios señalados por Lozoya, es preciso que el fiscal elimine el nombre de Ricardo Anaya sólo por el hecho de que fue candidato a presidente de la República y está siendo defendido por su partido? Si así fuera, se estaría dentro de la costumbre de brindar impunidad por conveniencia política. Pero si Gertz Manero mantuviera su rumbo actual, él mismo tendría que demostrar ante tribunales que sus acusaciones contra Anaya contienen el fundamento que la ley precisa y, por tanto, carecen de otro motivo cualquiera.

Por lo pronto, a Ricardo Anaya le dieron un pitazo para salir volando del país, lo cual es otra tradición mexicana. El punto más conmovedor, sin embargo, ha sido la manifestación de unos legisladores en la FGR para dejar en claro –dijeron— que todos los cargos contra Anaya son falsos, aunque sin haber analizado la carpeta de investigación. Esta es otra costumbre de algunos políticos mexicanos que hablan nomás. ¿El resto de los involucrados son también inocentes? Eso no se precisó.

Ricardo Anaya ha obtenido la posposición de la audiencia judicial hasta octubre, a efecto de que él pueda estudiar la investigación que lleva la FGR, pero al término de este plazo tendría que ubicarse en territorio nacional o de plano ausentarse. Mientras, pase lo que pase, sus amigos lo seguirán declarando inocente de todos los cargos.

Pero las cosas en realidad sí han cambiado. Aunque el excandidato panista se haya tenido que precipitar en fuga para no correr el menor riesgo, los cargos en su contra se van a ventilar públicamente en relación con una trama de corrupción política. Es aquí donde puede salir a flote lo verdaderamente importante: la investigación y publicidad de mordidas y robos, así como la distribución de ilícitas ganancias entre poderosos. El objeto principal no tendría que ser enviar a algunos de estos últimos a la cárcel, sino poner de relieve hechos concretos de corrupción dentro del marco general del Estado corrupto.

Mientras tanto, el presidente del PAN, acompañado por el del PRI, visitaba la oficina de asuntos sobre México del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en Washington, con el objeto de acusar al gobierno mexicano de utilizar el poder para propósitos ilícitos, contrarios a la democracia, y denunciar la intromisión del narcotráfico en las elecciones mexicanas. Ha sido un acto insólito pues ningún ciudadano mexicano se había lanzado a ese vacío. La visita (se desconoce quién los recibió) no requiere más comentario porque rebasa lo simplemente grotesco, pero no está desligado de la defensa de políticos inculpados. La táctica de la oposición unificada es recriminar al presidente de México, en lo personal, de todo lo que es denunciado por ella misma y pregonado como hechos ciertos por parte de la prensa, ya sea perseguir a ciertas personas o acabar de plano con las libertades y la democracia.

Si los líderes del PAN quisieran en verdad denunciar jurídicamente a López Obrador, tendrían que presentar denuncias formales, en este caso de que el presidente le ha dado órdenes ilegales al fiscal Gertz Manero para perseguir a un inocente de toda inocencia, con unos “propósitos políticos” (revancha e inhabilitación política) que, al final de cuentas, casi nadie se atreve a manifestar como indicios para no correr el riesgo de provocar carcajadas.

El presidente de México ya puede ser denunciado, imputado y enjuiciado por cualquier delito, de acuerdo con el nuevo texto del párrafo segundo del artículo 108 de la Constitución, aprobado, por cierto, a partir de la iniciativa enviada al Congreso por López Obrador.

En realidad, las oposiciones unificadas querrían llevar tras las rejas a la justicia, bajo acusación de ser responsable de persecución política, en un lado, y de impunidades, en otro. Mas, por lo pronto, sólo es propaganda porque no tienen el poder para cometer ellas mismas esas transgresiones. Buscan con falsedad identificar al Ejecutivo y a la actual procuración de justicia con una imagen lo más cercana posible a lo que ambas instituciones eran cuando ellos gobernaban.

Oculto debate sobre la consulta popular

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La primera consulta popular basada en la Constitución, la que habrá de realizarse el 1º de agosto próximo, vive un oculto debate. Con algunas excepciones, quienes no la quieren, quienes la repudian, quienes la odian, no la pueden cuestionar, por lo que con frecuencia intentan ridiculizarla. El fondo del asunto es que a los reaccionarios (los que buscan volver atrás) no les favorecería combatir directamente el principio que anima la consulta, el cual consiste en que la gente decida, sino que, al aborrecer que el pueblo pudiera llegar a decidir, tienen que refugiarse en la proclamada inoperancia de las decisiones populares.

Unos se refugian en que la pregunta es enredada, pero ésa no la redactaron los convocantes sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que no se atreven, todavía, a combatir. Como no les conviene ir a reclamar a las y los ministros, entonces insinúan que el defectuoso texto de la consulta popular es culpa del gobierno. Pero eso no es lo relevante, pues se va a preguntar si los presidentes mexicanos y sus entornos deben seguir siendo impunes o si eso ya terminó y debemos empezar otra época, en la que no haya impunidad de los poderosos. En realidad, lo que se preguntará es lo más sencillo posible a la luz de tantas décadas de Estado corrupto.

No se puede realmente discutir el contenido verdadero de la pregunta porque los partidarios del No están evadiendo, por un lado, su contenido (por eso pretenden ridiculizarlo) y, por el otro, alegan su inoperancia al decir que el Sí es inaplicable. Pero no están diciendo que la afirmativa es incorrecta o errónea, ya que saben de sobra que la inmensa mayoría de la ciudadanía repudia la inveterada impunidad del poder político.

Los reaccionarios no quieren entrar al debate porque saben que, si lo hicieran, de seguro lo perderían. Es mejor para ellos caminar por el lado de que no se alcance la concurrencia del 40% de la lista para convertir la mayoría en algo obligatorio para las autoridades. Así, sin discutir, sin abrirse a la confrontación de opiniones, los enemigos de la consulta están sobándose las manos para después proclamar su victoria con una presencia en las urnas que no alcance los 37 millones que se requieren. Ellos no irán a votar y pretenden arroparse en los millones que tampoco lo harán pero por muy diversos motivos. Por lo pronto, esos reaccionarios ya tienen “de su lado” a ese 40% que conforma el abstencionismo estructural mexicano, es decir, quienes nunca votan.

Los reaccionarios que se oponen a la consulta popular como método de gobierno y, en concreto, a la consulta del próximo 1º de agosto, no desean discutir nada y consideran que ya van en caballo de hacienda. Su hipocresía, por otro lado, es inigualable: defienden la tradicional impunidad del poder político, pero ésta no la necesitan defender, no tienen que llamar a votar por el No, pues ya tienen de por sí muchos ausentes, aunque no sean en absoluto seguidores suyos.

Más aun, ese nivel histórico de abstención en México es una manifestación de que la falta de canales de expresión popular decisoria. Los reaccionarios que denuestan la consulta pretenden nutrirse de la falta de participación del pueblo en la vida política del país. Pero este defecto proviene de ellos mismos, de su régimen antidemocrático, de la prepotencia del poder durante los años de su dominio, de la impunidad de los gobernantes impuestos y sostenidos por las derechas y sus socios.

La falta de debate sobre la consulta es un medio para que, al no presentar polarización de opiniones, la gente que rechaza la impunidad tenga menos incentivos para ir a votar. Es algo así como tratar de dejar sola a la 4T, la cual no sólo va a votar por el Sí, sino que busca también sacar adelante el proyecto político de instituir y llevar a la práctica las consultas populares.

Como es de suyo entendible, los reaccionarios son portadores de lo más atrasado en materia política. Sueñan con su autoritarismo, cuando todo iba muy bien para ellos. Saben que las consultas populares son mecanismos subversivos que pueden poner en peligro los privilegios sociales de los que han gozado.

Veamos la actitud del PRIAN. No dice nada, sigue callado. No orienta a sus partidarios. No se pronuncia por el Sí o por el No. Tampoco llama a ignorar la consulta. No se mueve, no respira; no vive, pues. Esto se llamaba, en los viejos términos, algo así como una actitud “ladina”.

Los medios de comunicación tradicionales, que son otra columna de los reaccionarios mexicanos del siglo XXI, tampoco llaman a no votar. Mucho menos podrían llamar a sufragar por el No, puesto que eso daría fuerza al Sí, al otorgar a la mayoría el porcentaje de concurrencia total que se requiere para hacer vinculante el veredicto de las urnas.

El vacío es la respuesta de una derecha sin discurso, más hipócrita que nunca, que defiende los viejos privilegios porque cree que puede recuperarse mediante sus propias campañas periodísticas, la suciedad de sus mentiras y el simple paso del tiempo, como si el cambio político que hemos vivido fuera un catarro.

De cualquier forma, millones irán a las urnas a pronunciarse contra la impunidad como sistema. Esa cantidad no la podría lograr para su propia causa la fuerza política reaccionaria del país. Con toda probabilidad, habrá, por tanto, una mayoría ciudadana por el Sí.

Votar en la consulta popular es obligatorio y necesario

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Según el artículo 36.III de la Constitución, además de votar en las elecciones, es obligación ciudadana participar en los procesos de consulta y de revocación de mandato.

El artículo 38.I de la Constitución señala que “la falta de cumplimiento” de esas obligaciones es causal de “suspensión de derechos ciudadanos. Siempre se ha dicho por equivocación que no hay sanción por no ir a votar sin causa justificada. En realidad, lo que no ha habido es la decisión de castigar, de seguro por lo imposible que resulta abarcar a la mitad de la ciudadanía. Pero, lo de fondo consiste en que votar sí es una obligación ciudadana, incluyendo hacerlo en la consulta popular.

Mas la relevancia de la consulta convocada por el Congreso, que se realizará el 1º de agosto del presente año, no estriba en su carácter formalmente obligatorio.

Se trata de la convocatoria a otorgar un mandato popular para romper con una de las peores tradiciones políticas: la impunidad administrativa y penal del presidente y su círculo.

Un periodista me preguntó hace días que si la Fiscalía General de la República (FGR) requería una consulta para investigar y perseguir. Le respondí que no, que es la ciudadanía la que necesita presionar al fiscal, a jueces e, incluso, al gobierno (como posible denunciante) para que se enderecen las chuecuras del pasado con las que los políticos gozaron de impunidad. Se trata, en síntesis, de hacer vinculante (de obligado acatamiento) la exigencia de aplicación de las leyes y eliminación de abusos de poder.

En México, este pronunciamiento popular tendría una trascendencia extraordinaria debido a que se ha padecido un Estado corrupto desde los años cincuenta del siglo XX, el cual siempre fue denunciado pero, en lugar de declinar, se fue profundizando. La corrupción se incorporó a la forma de gobernar, primero, y, después, a todo el funcionamiento del Estado.

También fueron represivos los sucesivos gobiernos durante 60 años. Sus jefes ordenaron en varias ocasiones disparar contra personas que ejercían pacíficamente sus derechos. No sólo hicieron matanzas en actos públicos, sino también torturas, ejecuciones y desapariciones contra personas en forma individual: demandantes, opositores y críticos.

La consulta popular sobre los expresidentes y sus entornos cercanos no es ociosa ni demagógica. Es parte de una larga lucha en la que se ha pugnado en favor de que se declare que esa época va de salida y el Estado, como un todo, va a tener que asumir el encargo popular de ajustar cuentas.

No se busca ver en la cárcel a funcionarios de antes o de ahora, aunque tampoco se repudia la prisión como castigo. Lo importante es que se abran procedimientos que pongan las cosas en claro, que muestren, más allá de rumores y conjeturas, hechos ilícitos trascendentes efectivamente ocurridos dentro del poder.

La consulta del 1º de agosto es un acto político en el pleno sentido del término, es decir, la expresión de la “polis”, el pueblo, ante al poder. Los encargados del Ejecutivo y los legisladores nunca se habían preocupado por preguntar algo a la gente, a la “polis”, sino por interpretarla a su manera para gobernar y dictar leyes. Tiene que haber un momento en el que se rompa esa tradición, a propósito de repudiar lo más lacerante, sangriento y humillante que hemos tenido: el Estado corrupto y el Estado represivo. De esto se trata la consulta popular.

Los opositores no concurrirán. No son capaces de confesar que están por el No. Quieren salir “por peteneras”, descalificar el sentido y la validez de la consulta, buscando que no alcance el quórum suficiente que es del 40% del listado de electores, unos 37 millones, cantidad mucho mayor que la obtenida por López Obrador en 2018.

No será fácil llegar a esa cantidad de votantes. De cualquier forma, con el voto ausente de todas las oposiciones, unidas ahora casi por entero en el PRIAN, más el abstencionismo político, llamado estructural y persistente, el posible resultado de la consulta es todo un enigma, más aún cuando mucha gente desconoce su realización.

De entre quienes concurran, de seguro que una apabullante mayoría dirá Sí. Con una participación, aun menor al 40% de la lista de electores, habrá un dictado popular: abajo el Estado corrupto; abajo el Estado represivo. Esta es una gran lucha, protagonizada por sucesivas generaciones. Seguiremos.

Victoria de los maldecidos

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El resultado nacional de las elecciones del 6 de junio otorga una victoria a la 4T. A pesar del alto grado de unidad de casi todas las oposiciones (PAN, PRI et. al.), éstas no pudieron obtener la mayoría electoral más que en 109 de los 300 distritos electorales del país y en dos estados de los 15 en disputa.

La unidad del PRIAN ha sido un fracaso debido a que quedó lejos de alcanzar el objetivo que ella misma se asignó: ganar los estados con elección de gobierno y alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados, a partir de lograr el mayor número de distritos uninominales.

La actual mayoría parlamentaria pasará de tener 313 curules a contar con unas 279, de un total de 500. El PRIAN pasará de 146 asientos a unos 197 en la próxima legislatura. Con las curules de Movimiento Ciudadano (24), la oposición gozará de un “frente de contención”, como se autodefinen los opositores, con una minoría de 221, suficiente para abrir el diálogo, si es que ahora, por fin, lo decide, lo cual en verdad está por verse. La unidad sí les rindió frutos, pero no es lo que buscaban: fallaron.

Ahora bien, no todo son fanfarrias para la 4T. La victoria de la coalición Juntos Hacemos Historia (JHH) también se debe a su concentración electoral, es decir, con un porcentaje semejante de votos que el PRIAN, la 4T alcanza la mayoría parlamentaria y pasa a contar con una mayoría de gubernaturas.

El mayor problema imprevisto de la 4T ha sido la región centro-poniente del Valle de México y algunas zonas metropolitanas como la de Puebla. Ha sido en tales lugares donde dio mayores resultados la opción PRIAN. Por una parte, Morena perdió electores que, aunque no iban a votar por la oposición, sencillamente no quisieron votar. Por otra parte, existe una franja del electorado que no es propiamente de derecha, sabe usar su voto contra el gobierno y lo usó. Quienes se abstuvieron críticamente, como quienes cambiaron el voto por el PRIAN, especialmente en favor del PAN que creció en términos absolutos, no son en sí mismos suficientes para ganar una elección, pero en este momento fueron la franja decisiva.

La alianza opositora es muy fuerte, tiene caudales electorales que vienen de mucho tiempo y en algunos lugares sigue siendo funcional el clientelismo focalizado, preferido por el PRI y el PAN durante décadas. Cuenta con medios de comunicación y se beneficia de las permanentes campañas de engaños y calumnias. Tiene de su lado, finalmente, la tradición ideológica de clasismo, privilegios y corrupciones.

Además, la 4T ya agotó el sistema de un solo vocero, el presidente de la República, debido a que desde hace algún tiempo es preciso comunicar con más detalles sobre cada tema y eso no lo puede hacer por completo una sola persona durante dos horas diarias. La difusión y réplica de la 4T necesita refuerzos. Son tan fuertes las arremetidas noticiosas y editoriales contra el gobierno de la 4T, que ya es hora de que ésta, como un todo, intensifique el contrataque cotidiano, aunque eso signifique correr los riesgos del alargamiento del frente de batalla. Asimismo, debe ir mucho más a fondo en las explicaciones de lo que se está haciendo desde el gobierno y el Congreso.

La poderosa fuerza opositora del PRIAN perdió de vista que Morena era la oposición en los estados gobernados por los viejos partidos. En 10 entidades, la 4T arrebató el gobierno al PRIAN. En otra más, refrendó su mayoría. En dos estados hubo una nueva especie de candidato independiente, arropado por un partido político (PVEM-PT en San Luis y MC en Nuevo León). El PRI perdió todo. El PAN fue removido en dos de las 4 entidades que gobernaba. Michoacán se inoculó de una especie de peste política. Morena será quien gobierne la mitad de los estados. Se ha producido un cambio en la estructura de los poderes locales.

De 32 gubernaturas, Morena tendrá ahora 17; PAN, 8; PRI, 4; las otras tres están adscritas al MC, con dos, y una al PVEM. Se abre una relación de fuerzas en el plano regional. La 4T ha salido victoriosa, a pesar de que perdió 6 alcaldías que gobernaba en la Ciudad de México y 11 distritos electorales federales, así como la mayoría en el Congreso local. Este golpe no es menor.

En cuanto a los congresos, Morena tendrá mayoría en 18, mientras el PAN en 7 y el PRI en uno solo, al igual que el MC, mientras en 5 no hay mayoría partidista. Tamaulipas es tal vez una relevante pérdida del PAN (no tuvo alianza con el PRI), tanto por el problema que enfrenta el hasta ahora gobernador, quien ya no tendrá mayoría en la legislatura, como porque tuvo pérdidas mayores en el ámbito de los municipios.

Los maldecidos por las oposiciones políticas, empresariales y mediáticas han salido victoriosos, pero no sólo por haber obtenido la mayoría en la Cámara de Diputados y ganado casi todas las gubernaturas en disputa, sino porque fracasó en lo fundamental la política conocida como PRIAN, la unión de los dos partidos tradicionales que han gobernado antes, los portadores del pasado. Era tan seductora esa política ante los ojos de los poderes fácticos y gran parte de la subsistente clase política de antes, que realmente llegó a entusiasmar a muchos, mientras algunos daban ya por consumada la gran empresa de arrebatar la Cámara a la 4T.

Los maldecidos siguen aquí y durante tres años más seguirán siendo maldecidos por unos, aunque bendecidos por otros. Así es la lucha política de los tiempos actuales en México, lucha desenfrenada de intereses.

Pacto legislativo opositor

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La coalición opositora, conocida como PRIAN y denominada “Va por México”, ha lanzado un decálogo para conducir su próxima política unificada en la Cámara de Diputados. Veamos.

1.Ejercer funciones de control sobre el Ejecutivo. Las oposiciones actuales no han creado en el Congreso una sola comisión investigadora durante casi tres años, pudiéndolo hacer por disposición de ley. Es la primera vez desde 1978, cuando se creó la figura, que ocurre esa inexplicada anomalía. Han rechazado también la iniciativa de Morena para que dichas comisiones cuenten con mayores atribuciones y puedan abarcar todos los temas de interés público.

2. Equilibrio de poderes. La Constitución establece la existencia de ramas del poder con facultades diferenciadas (Art. 49), pero no se menciona un “equilibrio”. Los poderes no sólo son, por lo demás, el Ejecutivo y el Legislativo, sino también el Judicial. Ninguno de tales poderes ha invadido la esfera de otro en los últimos años, sigue habiendo “división”, lo que no impide que exista discusión pública entre ellos, la cual continuará en tiempos de “inviolable libertad de difundir opiniones, información e ideas” (Art. 7). La Constitución tampoco indica que debe haber obligatoriamente enfrentamiento político entre el Legislativo y el Ejecutivo. Los jueces, por su lado, seguirán dictando sus resoluciones con libertad, aunque también son responsables de sus actos según la Carta Magna.

3. Presupuesto incluyente. No al clientelismo. Volver a la política de atomización del gasto público y de los “moches”, la cual era precisamente “incluyente” para muchos políticos en el reparto de fondos y en la corrupción inherente, sería una de las mayores concesiones que se pudiera hacer hoy al Estado corrupto, el cual está siendo combatido por el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo. En cuanto al clientelismo, este funciona cuando la política social y los subsidios benefician a sectores o empresas seleccionadas. La actual política social se basa en programas universales o que abarcan a grandes segmentos. El clientelismo fue lo que predominó durante los gobiernos priistas y panistas.

4. Respeto a organismos autónomos. Hasta ahora, el Legislativo no ha impedido las funciones constituciones de esas instancias; tampoco está obligado a autorizar exactamente el presupuesto solicitado por las mismas, aunque resulte excesivo. Esos organismos no han visto reducido su gasto en los presupuestos de egresos de 2019, 2020 y 2021. El señalamiento del INE al respecto fue una completa mentira, mientras que los consejeros electorales violan la Constitución en su artículo 127 al cobrar mayor sueldo que el presidente de la República. Por lo demás, tales organismos son sujetos de control parlamentario y sus titulares también pueden ser criticados.

5. Respeto a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Durante los años recientes no se ha producido represión alguna contra la crítica y la libre difusión de ideas a través de cualquier medio. México vive la mayor libertad de prensa de su historia. Los periodistas no están sujetos a sueldos encubiertos del gobierno federal ni del Congreso, de tal manera que son mucho más libres al no existir condicionamientos a sus informaciones y opiniones. El debate, sin embargo, ya tiene tiempo en el país y va a continuar en tanto la libertad es mayor para todos.

6. Dignificar a las fuerzas armadas. No se postula claramente, por parte de las oposiciones, que existan relaciones “indignas” entre funcionarios elegidos de los dos poderes que tienen origen popular y jefes militares, por lo que el verbo “dignificar” no parece tener justificación. La participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública está definida en el decreto de reformas constituciones por el que se creó la Guardia Nacional (26.03.2019), la cual no podrá perdurar más allá de los cinco años a partir de la formación de ésta.

7. Respeto a la legislación electoral y no al totalitarismo. Ningún gobierno anterior respetaba la ley electoral pues todos usaban recursos públicos en favor de sus candidatos. Tenemos hoy el primer gobierno que se ha abstenido de tal conducta fraudulenta. El Congreso, por su parte, ha hecho reformas respecto a los delitos electorales que ahora son graves.

8. Atracción de inversiones, reactivación económica, más empleo, salario digno y respeto a las micro y pequeñas empresas. No se puede discrepar de estos conceptos, pero las oposiciones eluden concretarlos. Bajo la 4T, el salario mínimo se ha elevado 50% real, en contraste con la pérdida de su capacidad adquisitiva acumulada durante los 35 años de neoliberalismo. Estos sucesivos aumentos han tenido repercusiones en las revisiones salariales contractuales y continuarán sin la menor duda. Mientras subsiste retracción de inversiones domésticas, las foráneas (IED), en el primer trimestre del año, han reportado casi 12 mil millones de dólares, lo que no se había visto, para el mismo periodo, desde que el gobierno lleva el registro (1999).

9. Cuidado del medio ambiente y promoción de las energías limpias, en el marco de los compromisos internacionales de México. El carbón y el combustóleo ya deben dejar de usarse en la producción de electricidad, tal como se ha planteado recientemente dentro de un marco de modernización de la industria. El programa más ambicioso de protección del medio ambiente ha sido hasta ahora “Sembrando Vida”, el cual tendrá que ampliarse como gran recuperador y generador de empleo, ingreso y medio sustentable de vida. El país tiene que insistir en el abandono del uso de venenos dañinos a las personas en la agricultura, así como en la contención de las semillas transgénicas, como lo ha definido el gobierno. Las políticas tendientes a la defensa del planeta seguirán sin duda en proceso como ineludibles obligaciones del Estado mexicano. Sin embargo, nada inhibe continuar en la lucha emprendida por el Congreso para doblegar el sistema de subsidios implícitos y explícitos en favor de productores privados de energía, los cuales han sido defendidos con ahínco por parte de las oposiciones.

10. Agenda de género. Las numerosas reformas legislativas sobre este amplio tema han sido promulgadas por el Poder Ejecutivo en los últimos dos años y medio, es decir, ningún decreto fue devuelto al Congreso por parte del presidente de la República. A su vez, el gobierno impulsa la inclusión como elemento de la política pública. Más de 4 millones de mujeres están hoy pensionadas dentro del programa de adultos mayores. El tema de género no se agota en la igualdad formal ante la ley sino abarca principalmente la igualdad sustantiva. Las oposiciones actuales, al votar en contra de la política social, han expresado, al mismo tiempo, su alejamiento de respuestas parciales a la discriminación y opresión que viven las mujeres.

El decálogo PRI y PAN no contiene una plataforma de reformas legislativas. Sus planteamientos son inofensivos cuando no realmente inocuos, en el sentido de que carecen de interés. ¿Por qué?

En realidad, a esos partidos les une la lucha común contra el programa de la 4T. Esto se debe a que ambos están vinculados a través de los dos elementos que Morena combate de cuajo: el neoliberalismo y el Estado corrupto.

La pobreza discursiva se nota, como es natural, en los ataques persistentes, pero también en la mentira sistemática. A la hora de redactar el decálogo del PRIAN, no hubo espacio para la propuesta, mucho menos para escribir una proclama a la nación. Son los tiempos que corren.

Motivos de un olvido

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Los dos grandes factores causales del cambio político del año de 2018 fueron la persistencia del programa neoliberal durante 35 años y del Estado corrupto, el cual fue fundado hacia 1952 y alcanzó apogeos en tiempos del “pensamiento único”. La lucha popular contra ambas catástrofes se manifestó en 1988, aunque antes había tenido lugar en los planos intelectual y político.

Destruir el andamiaje neoliberal y la corrupción, partes engarzadas del sistema político, implica una transformación del Estado o, como dice Andrés Manuel López Obrador, de la vida pública de México. Se trata de un viraje histórico que debe impactar comportamientos y moralidades de amplios segmentos de la sociedad.

La cuestión es de clase, naturalmente, aunque no sólo, pues están presentes varias otras contradicciones. Durante los años del neoliberalismo, el salario mínimo redujo su capacidad adquisitiva en un 70%. Algo semejante ocurrió con otros niveles salariales. La aptitud redistributiva del ingreso a cargo del Estado menguó con los reducidos porcentajes de gasto social directo, es decir, las subvenciones, frente al alza de los subsidios entregados a la “clase política” y a los grandes empresarios. Luego de que se disminuyeran las tasas más altas del impuesto a la renta y se elevara el IVA, el Estado contrajo su capacidad efectiva de recaudación mediante la condonación de impuestos o simplemente por la falta de cobro de grandes masas dinerarias que retuvieron consorcios y personas ligadas al poder.

La inversión pública productiva fue contenida o supeditada a mecanismos de negocios privados financiados bajo la responsabilidad del gobierno para potenciarlos con aportaciones presupuestales directas, onerosas y sin retorno.

En el marco de todo lo anterior, era imposible atender el crecimiento de la deuda pública, la cual se contrataba para sufragar el gasto corriente o las obras que no generaban ingresos públicos, pero beneficiaban a empresas privadas. Pemex fue convertido en un gran agente financiero, encubridor de esa maniobra, por lo que su deuda, que era en realidad del gobierno, se convirtió en un fardo catastrófico de la paraestatal.

El país se encontró bajo una estrategia sin objetivos nacionales y populares. En lugar de producir granos, había que traerlos de fuera porque abundaban en el extranjero y eran más baratos… de momento. En lugar de producir más gas, refinar el aceite e impulsar la petroquímica, había que vender el crudo y depender de importaciones cada vez mayores. La cosa no paró aquí sino que, para destruir Pemex y lograr que grandes empresas se beneficiaran de riquezas nacionales, se pactó una reforma energética entre el PRI y el PAN, no obstante el evidente repudio popular.

Algo semejante se hizo con la electricidad, mediante el impulso oficial a la creación de una red de productores independientes privados que se han beneficiado directamente de la infraestructura de la empresa nacional construida por el Estado.

Millones de hectáreas fueron concesionadas para la explotación minera en un país en el que la propiedad del suelo no otorga derechos sobre el subsuelo, por lo cual el gobierno generó una gran presión sobre los propietarios o usufructuarios de la tierra en amplias regiones del país, los cuales han venido siendo despojados por los concesionarios por la vía de venta, alquiler u otros contratos, generando crecientes conflictos. Además, los derechos de explotación siguen siendo muy bajos.

Todas las privatizaciones, sin excepción, fueron planeadas y realizadas bajo esquemas de corrupción. Se malbarataron las propiedades públicas y se produjeron dobles ganancias ilícitas, las provenientes de comprar a bajo precio y aquellas que se realizaron en forma de mordidas, además de todo un sistema de contratos leoninos.

El gran atraco del esquema Fobaproa-Ipab, con el que se convirtió deuda privada en pública por un importe de 100 mil millones de dólares, sigue causando desembolsos presupuestales cada año con el pago de los intereses sobre la mayor parte del valor de los bonos originales. Las mayores instituciones de crédito beneficiadas con ese atraco fueron enajenadas a trasnacionales, luego de que, naturalmente, los vendedores incorporaran al precio el valor de los bonos. Además, no se pagó impuesto sobre la renta sobre las ganancias producidas por las enajenaciones, gracias a una cortesía adicional del gobierno.

Toda clase de concesiones, estimuladas con mordidas, en favor de familias vinculadas al poder o de empresas extranjeras, invadieron el escenario nacional. En el curso de ese largo y penoso proceso, México fue dejando de tener objetivos estratégicos de carácter popular y nacional.

El gasto público se atomizó y perdió objeto social, productivo y estratégico. La gestión en la Cámara de Diputados consistía en incorporar al Presupuesto gastos inconexos, disímbolos y muchas veces inútiles, para cobrar posteriormente los correspondientes moches a las instancias públicas u organismos privados beneficiados.

El gobierno de Peña Nieto llegó al extremo de desviar recursos de la llamada Cruzada contra el Hambre por sumas de miles de millones a través de la Estafa Maestra.

Centenares de fideicomisos se usaban como reductos de grupos o personas agraciadas, atomizando y esterilizando de tal forma ingentes recursos presupuestales.

Enormes cantidades de dinero presupuestado se gastaban sin causa justificada en prebendas de una burocracia dorada que operaba como propietaria de la cosa pública. Al lado de altas remuneraciones existían fuertes prestaciones en favor de una minoría de servidores públicos, los de mayor jerarquía, mientras la gran masa de empleados percibía sueldos bajos.

Después de muchos retoques a la legislación, los fraudes electorales sólo cambiaron la forma de realizarse, tanto en el plano local como en el federal. El órgano de gobierno del Instituto Nacional Electoral, como el de su antecesor, se integraba con sendas cuotas asignadas a los partidos políticos; ese fue siempre el sello de la casa hasta 2020.

El país estuvo en manos de una oligarquía compuesta de grandes capitalistas y altos políticos. AMLO le llamó la mafia del poder. El Estado corrupto albergaba a unos y otros, por lo que fue posible la edificación de todo un sistema de gestión pública bajo la política neoliberal que era el nudo programático de tan amplia alianza.

La 4T es un mecanismo político de origen popular que empezó a crearse hace poco más de 30 años. Derrotar el proyecto neoliberal y destruir el Estado corrupto es el objetivo, pero eso, naturalmente, implica construir un sistema nuevo. En los primeros tres años, se ha dado inicio a la edificación de instituciones en salud, educación, pensiones, empleo, seguridad pública, justicia, así como sentar bases de un nuevo esquema de distribución del ingreso. La lucha frontal y puntual contra la corrupción se encuentra en las reformas de ley y en las nuevas políticas de la 4T. Con los fondos rescatados se ha logrado cubrir una parte considerable de la política social.

Sería imposible analizar con acierto la presente coyuntura electoral a partir del olvido de lo que predominaba hasta hace poco o de la negación del alcance que tuvo el gran movimiento electoral que llevó a López Obrador a la Presidencia de la República y a la 4T a la mayoría en el Congreso y en numerosas legislaturas locales. La amnesia de las oposiciones, las partidistas y las de medios conservadores de comunicación, es un recurso vano. Se nota enseguida que su programa es el del neoliberalismo bajo un Estado corrupto.

Esos opositores estuvieron tratando de evitar lo que ellos mismos llamaron “AMLO en la boleta electoral”. Por tal motivo tenemos calendarios diferentes para elecciones, consultas populares y revocación del mandato. La separación de fechas fue impuesta por la oposición con su tercio plus en el Senado, ya que son normas constitucionales. Pues bien, después de tanto esfuerzo, los opositores han hecho lo que no querían, es decir, meter al presidente en la boleta a través de su propia incansable lucha de respuestas, acusaciones, noticias falsas, insultos, calumnias y simples difamaciones ad persona. No han parado un momento. Lo que han hecho, sin desearlo, es alimentar contraataques de parte de un gobernante metido en la denuncia política, hasta provocar una vorágine interminable para la cual ellos no estaban preparados. El punto es que han tenido que admitir que son defensores de todas las políticas de antes y del sistema de corrupción, aunque a este último no lo reconozcan abiertamente en su discurso sino sólo de manera implícita. No hay que olvidar que sólo los corruptos menosprecian la corrupción reinante.

El olvido opositor es un mecanismo de defensa política, pero la mayoría de las personas, incluso la base electoral de los conservadores, no ha olvidado nada.

Falacias de Aguilar Camín

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El periodista y novelista Héctor Aguilar Camín acusa a Morena de “ilegalidad rampante”, la cual se expresa, dice, en la “mayoría inconstitucional que ostenta en la Cámara de Diputados la coalición de partidos gobernantes”. Afirma en Milenio (11.05.21) que Morena, PT y PES obtuvieron en las urnas el 43.6% y lograron en la Cámara el 61.6%, debido, subraya, a “la explotación de ciertas áreas grises de la ley electoral”, como lo había hecho el PRI en 2015.

Primer punto: en 2018, la coalición Juntos Haremos Historia (JHH) alcanzó el 45.41% de los votos válidos. Segundo punto: el PES no logró ningún asiento plurinominal y el PT sólo alcanzó 3, ya que Encuentro Social no obtuvo el 3% mínimo de votación, mientras al Partido del Trabajo le aplicaron la cláusula de sobre representación. Aguilar Camín omite decir que la coalición hoy gobernante logró 219 distritos de mayoría (el 73%) y se le asignaron 88 curules de representación proporcional (el 44%).

Ahora bien, si JHH hubiera sido un solo partido, también tendría ahora la mayoría absoluta en la Cámara. La Constituión permite una sobre representación de hasta 8 puntos porcentuales, lo cual no se le ha olvidado a Aguilar Camín, pero no lo quiere mencionar porque no le ayuda a su mendacidad.

Pero no fue así. El tope de sobre representación opera para cada partido político por separado, según lo acordaron PRI y PAN en la reforma constitucional de 1996 (Art. 54. V), la cual no fue criticada en lo más mínimo por el periodista que ahora parece condolerse. De esa forma, el PT casi no logró legisladores de lista plurinominal porque tenía asignada una cantidad de uninominales que no le permitió entrar en el reparto general, es decir, de acuerdo con su porcentaje total: con 2.2 millones de votos, obtuvo 3 diputados de RP, los más caros de la historia. Esto no sólo afectó a ese partido sino a la coalición de la que era parte. Lo mismo se puede decir respecto del PES, el cual no obtuvo ningún legislador de representación proporcional. Pocas veces antes se había aplicado el tope de sobre representación y nunca se había visto un partido que tuviera grupo parlamentario sin participar en el reparto general de curules plurinominales. Ambas cosas ocurrieron en 2018.

En cuanto a la asignación proporcional (plurinominales), Morena logró 85 curules, lo cual representa el 43% de los 200 legisladores de representación proporcional, dos puntos porcentuales por arriba de su votación útil para el reparto. El PAN (39) y el PRI (38) también tuvieron diferencias a favor, debido a que los plurinominales no asignados al PT se diluyeron entre los más grandes.

La coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), vista en su conjunto, fue objeto de una aplicación rigurosa de la ley, pero no se le podía arrebatar a cualquiera de sus integrantes uno solo de sus triunfos de mayoría. Así, el PES, con el 2.5% de los votos, tenía referenciados 55 asientos uninominales que representan el 6% de la Cámara. Al PT, con 4.24%, se le contaron 58 diputaciones, que es más del 10% de la Cámara. Ninguna ley de reparto puede revertir la mayoría de votos en un distrito electoral.

Aguilar Camín no se atreve a entrar en detalles y sólo insinúa que Morena tenía candidatos uninominales disfrazados en PT y PES, con el propósito de evitar que le descontaran lugares plurinominales. Sin embargo, no repara en que nadie previó el resultado de la elección de diputados como para suponer que la coalición de AMLO iba a obtener mayoría en el 73% de los distritos electorales del país.

Ahora bien, el INE calcula lo que se llama Votación Nacional Emitida (VNE), luego de descontar los votos que no intervienen en el reparto de curules de representación proporcional. De acuerdo con ese parámetro se calcula el tope de sobre representación de cada partido. Así, se elabora un Límite Máximo de Curules por Partido, que parte del porcentaje de cada cual más los 8 puntos que permite la Constitución como sobre representación. Morena tuvo 41.33% de VNE, más los 8 puntos, alcanzó el 49.33%, es decir, 243 curules como límite, el cual fue, por coincidencia, casi el número con el que hizo su primer registro como grupo el 29 de agosto de 2018 en la Cámara.

Pero hay algo más que, naturalmente, a Aguilar Camín no le preocupa porque ni siquiera lo ha preguntado. En el supuesto de que al PT y al PES le hubieran contado sólo el número de legisladores y legisladoras uninominales que finalmente se adscribieron a sendos grupos parlamentarios cuando se instaló la Cámara el 29 de agosto, es decir, 60 entre ambos, y los restantes 53 hubieran sido acreditados a Morena, este partido no habría rebasado el límite de sobre representación fijado por el INE, manteniendo, por tanto, las 85 curules que obtuvo por representación proporcional y con un total de 244 diputaciones, frente al límite máximo oficial establecido de 246 (INE/CG1181/2018). Dentro de ese supuesto procesal, JHH hubiera tenido 309 curules (más 5 que no le asignaron al PT), es decir, el 63% que tanto le duele a Aguilar Camín.

Así que las sumas y restas legales de todos los escenarios posibles no les cuadran a los mendaces. No vale nada la fabulosa “teoría de la inconstitucionalidad” de la 4T en la Cámara.

Todo lo anterior no lo analiza Aguilar Camín. Bueno, en realidad él no analiza nada, pero no por falta de fuentes de información, sino porque no le conviene. Su tarea es la de atacar a Morena para ubicarlo en el mismo plano del PRI, el cual metió unos cachirules y se sobre representó en la Cámara en 2015, con la complicidad de varios de los actuales consejeros electorales del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama incluidos en esta lista, sus propios amigos.

Por lo demás, Aguilar Camín tampoco hace saber a sus lectores que existe una ley orgánica en el Congreso, en la cual se establecen las bases de la conformación de los grupos parlamentarios. Según ésta, los y las legisladoras tienen libertad para inscribirse en el grupo que quieran. Muchos diputados y diputadas se han cambiado sin que nadie proteste, al amparo del criterio de la Suprema Corte de que la afiliación a un partido político dentro del Congreso es “libre e individual”. Se ha llegado al extremo de que dos legisladores del PRD se hicieron priistas solo por un día, con el fin de apoyar al PRI en la coyuntura de la elección de la actual Presidencia de la Cámara en 2020, que debía definirse en favor del tercer grupo más numeroso, según la ley.

Así fue como al momento en que se formalizaron los grupos, Morena registró 252, PAN 79, PRI 47, PT 31, PES 30, MC 28, PRD 20, PVEM 11 y sin partido 2. De esa forma, no sólo se produjeron variaciones respecto de las asignaciones realizadas en el INE a los partidos sino también desproporciones. Ningún partido en la Cámara corresponde exactamente con su votación nacional válida emitida.

El sistema mixto con dominante mayoritario (300 distritos uninominales y 200 curules de proporcionalidad) y un tope alto de sobre representación, que se encuentran en la Constitución, hacen que el sistema no sea del todo proporcional. Esto ocurre en casi todo el mundo, incluso con mayores discrepancias entre porcentajes de votos y de asientos parlamentarios por partido.

A reserva de lograr una nueva reforma electoral, que no desean los actuales opositores, amigos todos ellos de Aguilar Camín, un punto relevante por el momento es que los conservadores, como el propio escritor, jamás criticaron el sistema vigente, con excepción de José Woldenberg, ni tampoco dijeron algo sobre los cachirules que introducía el PRI en sus coaliciones. Todo estaba muy bien para ellos hasta que la izquierda tomó el gobierno y la mayoría del Congreso. Empezaron entonces las denuncias, pero falaces.

Las mentiras de Aguilar Camín no son nuevas ni serán las últimas. Lo que no veremos de su parte es una lucha política abierta y honrada.

Nota: Dedico este artículo a Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara, dogmático creyente de la “teoría de la mayoría artificial”, la cual, por lo demás, no le otorgó la menor ventaja en su desempeño.

“Democracia en peligro”

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La democracia mexicana es meramente concursal. Los partidos compiten entre sí por los votos cada tres años y al electorado no le vuelven a decir ni los buenos días hasta que se convoca a nuevas elecciones. En el derredor del torneo electoral no existe democracia. No la hay en escuelas, sindicatos y partidos, como tampoco en las organizaciones sociales, incluyendo las empresariales. Existe un mar de antidemocracias.

El alto grado de politización popular al que ha llegado México no tuvo de crisol la lucha social y menos la educación, sino una sublevación contra esa consistente combinación de Estado corrupto y programa neoliberal. Fue un proceso que duró 30 años.

Medios de comunicación, grupos de intelectuales conservadores y oposiciones unidas han presentado la tesis de que la democracia está en peligro, por lo que, para salvarla, habría que combatir al presidente de la República y a la 4T.

La mayor parte de esos nuevos críticos no han dicho que las libertades estén en peligro. Por más obcecación, no podrían hablar de ese tema porque bajo el actual gobierno tenemos el más amplio espacio que haya existido hasta ahora para el ejercicio de las libertades. Valga un solo ejemplo: al eliminarse el chayote se potenció la libertad de prensa.

No obstante, el Partido Revolucionario Institucional va lejos. Tiene en circulación un espot de televisión donde aparece un gran mazo con el logotipo tricolor del PRI destruyendo por completo un tabique que dice Morena. El locutor convoca a no permitir que este partido siga “colapsándolo todo”. El lenguaje violento suele aparecer como una de las formas de la libertad de difusión de las ideas, el problema es la predecible respuesta de los televidentes. En realidad, el mazo que destruye a Morena con el logotipo tricolor es una manera de presentar al PRI como el más duro dentro de la coalición opositora y disputar de tal forma votos con el PAN, su aliado. Sin embargo, nadie que no sea adversario de Morena hará caso de ese mensaje. Nadie sabrá tampoco cuál es la propuesta legislativa del PRI. La coalición opositora en conjunto no incrementará sus votos, si acaso podría disminuirlos debido al tono tan violento. El PRI ya cayó en la ofuscación.

De cualquier forma, la tesis opositora pretende basarse en la idea de que el Ejecutivo debe ser débil o, al menos, menos fuerte. Se identifica a la democracia con la desavenencia entre el Congreso y el presidente. Sin embargo, el sistema democrático opera justamente al revés: si hay un mandato popular mayoritario, ese debe expresarse en los dos poderes políticos de la República. De lo contrario, habría una disonancia, es decir, el sistema democrático concursal caería en contradicción.

Para esos opositores, la democracia se debería entender como separación política entre el programa del Ejecutivo y el del Legislativo. Pero esa no es la democracia. Si mediante el voto popular, el presidente de la República pierde la mayoría en el Congreso, se produce un mandato y así debe expresarse, pero eso no es un objetivo de la democracia sino de los opositores, a la mitad del periodo sexenal, justamente en la que nos encontramos.

La falsa identificación entre democracia y ausencia de un soporte legislativo del gobierno es una tesis que sólo busca engañar al electorado. En otras palabras, para que subsista la democracia concursal, como la que tenemos en México, no es indispensable que haya un Congreso hostil a la línea del presidente o, como se le llama en Estados Unidos, un “gobierno dividido”.

El punto es que, durante los siguientes años, el programa de la 4T tendría más éxito en tanto contara con mayoría en la Cámara de Diputados. La pregunta es, entonces, ¿la mayoría electoral querrá volver a una situación parecida a la de antes?

Por otro lado, la vieja imagen de los “diputados levanta dedos” que perduró durante los largos años del régimen priista no puede ser actualizada, ya que no existe partido de Estado. La actual identificación programática entre el Ejecutivo y el Legislativo se produjo antes de las elecciones de 2018. Por lo demás, se han expedido más decretos de ley iniciados en las cámaras que aquellos enviados originalmente por López Obrador, sin que éste haya regresado uno solo de aquellos. Este fenómeno no tiene nada que ver con el viejo presidencialismo priista y su caricaturesco intento de reproducción panista.

Salvo un par de excepciones, las negociaciones principales en el Congreso no se han dado entre Morena y las oposiciones, sino dentro de la misma 4T, la cual comprende gobierno y cámaras. Esto ha sido así porque los partidos que ahora ya se han unido para las elecciones (PRI y PAN) se van a fondo en contra de todo proyecto relevante y siempre proponen modificaciones, pero en un sentido absolutamente contrario. Con ese método, no hay lugar para las negociaciones.

No es la incipiente democracia formalista mexicana la que está en peligro. Lo que se decide en las elecciones de junio de este año es el impulso del nuevo programa político y social en curso o la creación de un muro legislativo tendiente a defender y reponer lo viejo. Las cerradas oposiciones políticas, mediáticas e intelectuales han puesto todas las cosas en blanco y negro, aunque en la realidad social cotidiana no sea así. Los grises se han ocultado, al menos por lo pronto. Lo que en realidad se actualiza es la larga lucha de la izquierda contra el neoliberalismo y la corrupción.

Nunca en la historia un presidente de la República ha sido tan insultado por tantos sin la menor represalia contra los soeces. Nunca, tampoco, se han producido tantas noticias falsas contra el gobierno sin que sus emisores hayan tenido que sufrir algún desquite. Lo que tenemos hoy es debate, como nunca. ¿No se ha dicho siempre en todas partes que el debate es un instrumento de la democracia?

Los gobiernos están en la campaña electoral

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Cuando en México había partido-Estado no había elecciones libres. Por eso, no era necesario que el gobierno participara declaradamente en los procesos comiciales, ya que los dirigía de principio a fin. El presidente de la República designaba a todos los gobernadores y a la mayoría calificada de las cámaras (senadores, todos), pero jamás llamaba al pueblo a apoyarle dando el voto por su partido.

En el momento que el jefe del Ejecutivo empezó a ser una persona cada vez más desprestigiada y se iniciaba la competencia electoral, el presidente callaba para deslindar a su partido de sus personales repudios, aunque seguía controlando el proceso electoral y hacía toda clase de fraudes.

Sin embargo, poco a poco la gente empezó a decidir su voto en función de la calificación que le daba al presidente en las elecciones intermedias. El número de 260 diputados de Carlos Salinas fue producto de un fraude en las urnas y en el tercer piso, pero Ernesto Zedillo fue el primer presidente que perdió formalmente la mayoría en la Cámara de Diputados y, aunque no hubo entonces un partido con mayoría por sí mismo, las oposiciones empezaron a hacer algo para hacer valer el dictado popular.

El PAN nunca tuvo mayoría y cedió casi todo al PRI en el largo y penoso camino hacia el PRIAN, con el cual se profundizó la corrupción y se afianzó el neoliberalismo. Así fue como se concentró el ingreso y se empobreció a la mayor parte del país. Peña Nieto recuperó la mayoría, pero fue mediante un fraude a la ley cobijada por algunos de los actuales consejeros electorales.

Aunque con cautela, desde 1991, los presidentes empezaron a pronunciarse públicamente durante las campañas electorales. En 2006, el ministro Gudiño Pelayo concedió la suspensión de unos espots de Vicente Fox a solicitud de la Cámara de Diputados. Eran clara y groseramente ilegales porque eran pagados con recursos de la Presidencia de la República.

Los fraudes electorales de aquel largo periodo siempre fueron intervenciones directas del poder. De otra manera no hubieran tenido éxito. En 2006, por iniciativa presidencial, PAN y PRI llegaron al extremo de intentar cancelar la candidatura de la izquierda, la de López Obrador y se unieron en el terreno para apoyar al candidato panista. Seis años después esos mismos se pusieron de acuerdo para que Peña Nieto llegara luego de pagar con dinero público la más amplia campaña propagandística de político alguno.

En síntesis, los presidentes intervenían en las elecciones, pero de manera hipócrita: todo mundo lo sabía. La lucha política era un enmarañado proceso de engaños, hipocresías, fraudes, robos, farsas, a cargo de unos políticos siempre inescrupulosos.

En otros países, los presidentes intervienen siempre en las luchas electorales, ya sean locales o nacionales. El poder no es ajeno a la lucha por el poder. La cuestión no consiste en dejar de hablar sino en intervenir con apego a unas normas válidas y reconocidas por todos.

La lucha contra las conferencias de prensa del actual presidente se ha colgado del periodo electoral para seguir cuestionando lo que se pueda, ahora ya con argumentos legales, aunque a veces bastante retorcidos. No puede haber ley que impida expresar alguna opinión. Los servidores públicos no están autorizados a realizar propaganda personalizada pagada con recursos públicos, pero eso es siempre, no sólo cuando hay campañas. Pero no se puede multar a un legislador, gobernador, ministro de la Corte o presidente de la República cuando dice lo que piensa, ya que la Constitución señala unos límites bien precisos a las libertades de manifestación de ideas y difusión de las mismas (ataque a la moral o a derechos de terceros, provocación de delito y perturbación del orden público).

En otros países ocurre lo mismo que en el nuestro: la gente vota tomando en cuenta el desempeño del gobierno. Pero en el México de los días corrientes se trata de impedir que así sea. Lo que es normal en el mundo es aberrante aquí. Sin embargo, no se puede en realidad impedir que se conozcan las acciones y los planteamientos de los gobernantes de los diversos niveles, ni se le puede hacer una lobotomía a la gente para evitar que piense en congruencia con sus evaluaciones e ideas.

Por lo demás, la lucha política del momento no está dada en una coyuntura en la que algún partido de oposición pudiera lograr por sí solo alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso no está en el horizonte. Lo que PAN y PRI desean es que la 4T pierda esa mayoría. Es decir, que el presidente de la República reduzca su fuerza política para que las oposiciones impongan una política de gasto diferente y logren bloquear cualquier iniciativa de ley del Ejecutivo. Son, por tanto, las dos oposiciones más fuertes (PAN y PRI) las que están poniendo a López Obrador en el centro de sus campañas políticas y, al tiempo, piden que se le silencie.

Si esas oposiciones realmente creyeran en lo que dicen, estarían especialmente interesadas en que el presidente expusiera sus puntos de vista, calificados por ellas mismas como desacertados y francamente nefastos. Pero viven en el autoengaño de que todo lo que hace el gobierno es rechazado por el pueblo en su gran mayoría. Confunden sus personas con la generalidad de la ciudadanía. Así es más difícil hacer política y hacer oposición. Así no era antes, lo es desde que se unieron PAN y PRI bajo el mismo sello electoral. En el pecado llevan la penitencia.