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No es tiempo de matices

El hecho de que este no sea tiempo de matices como objeto de la disputa política se debe a la convergencia conservadora frente a la irrupción de la izquierda en el poder. En este momento las oposiciones se están oponiendo y punto. Si hubiera algún partido de oposición que planteara negociaciones sobre la base del respeto a la mayoría surgida de las urnas, pero con campo abierto hacia otras propuestas, la situación política del país sería algo diferente.

Cuando los conservadores dominaban la política hacían todo tipo de acuerdos abiertos y encubiertos, pero discrepaban a menudo sobre temas menores y de reparto de canonjías.  Aquel era tiempo de matices, pero neoliberales casi todos ellos. Ahora que esos conservadores se encuentran en la oposición, se han ido acomodando entre sí, pero se van a enfrentar pronto al difícil reto de crear una coalición.

El objetivo concreto opositor es derrotar a Morena en 2021 y a Andrés Manuel en 2022. Cambiar la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados y revocar el mandato del presidente de la República. Quien de manera más directa lo ha cifrado es Héctor Aguilar Camín en su conversatorio telemático fechado el reciente 23 de mayo: que Morena pierda la mayoría en 2021 y que en 2022 se revoque en las urnas a López Obrador… «por pendejo», según dijo.

Esa vulgaridad denominada Proyecto BOA (víbora que estruja a sus víctimas para tragarlas), repite aquellos dos objetivos con la misma claridad con que lo hacen otros conservadores. Su convocatoria busca la unidad de los importantes, el «círculo rojo», dice Aguilar Camín: partidos opositores, gobiernos locales, jueces, medios de comunicación, toda clase de organizaciones patronales, empresarios, intelectuales, etc. Nadie ha respondido por BOA, pero muchos no desconocen el objetivo. No tendrían por qué, es del todo verdadero. El mismísimo presidente del PAN recién lo ha dicho claramente.

No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador afirma que los adversarios de la transformación que él encabeza están a favor de conservar el viejo sistema de injusticias, privilegios y corrupción. Esto se debe al rechazo de plano que manifiestan los opositores a toda la política del gobierno, es decir, justamente a la ausencia de matices.

Al mismo tiempo, como complemento, en el ambiente político no sólo está presente la crítica del gobierno, de la política de éste y de sus actos concretos, sino también una considerable cantidad de mentiras e insultos que se pueden leer a diario en medios de difusión de toda clase. La convergencia conservadora no es sólo de los líderes sino también de las bases.

En condiciones normales sería un error político que el gobierno del cambio respondiera a los conservadores como si casi todos ellos fueran un solo bloque consolidado, pero bajo la situación política actual de México se ha vuelto inevitable, ya que del lado de los opositores la tarea es repudiar en bloque el programa de la 4T y tratar de cambiar de rumbo político; lo demás ya se verá, ahora no discuten entre sí.

El carácter reactivo de ese plan es otro elemento más  que confirma la ausencia de matices en la política mexicana, mientras que la rispidez y la maledicencia son fórmulas que contribuyen a la ausencia de diálogo político.

Por ejemplo, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, fraguó la maniobra de responsabilizar al presidente de la República de choques de la policía local contra jóvenes manifestantes que exigían esclarecimiento y castigo por la detención y asesinato de Giovanni López. La idea de ese político conservador es que entre más logre confrontarse con el presidente, mejor será su propio prestigio personal, pero resulta ser otra cosa acusar sin motivo al titular del Ejecutivo federal de provocar la represión de manifestantes. Justificar la violencia mediante el infundio es viejo recurso de los déspotas mexicanos.

Hay que aclarar que la causa de fondo de que este no sea tiempo de matices no radica en las malquerencias, las cuales no parecen tener remedio, sino a que, frente a una hilada de cambios y nuevos enfoques, los opositores carecen por el momento de propuestas puntuales que pudieran discutirse en paralelo. Lo que proponen es volver a lo de antes en materia económica, social y administrativa (corrupción pública), lo cual sería el suicidio de la 4T.

Si Andrés Manuel se la pasara llamando al diálogo perdería tiempo y consistencia porque se ha estrechado demasiado el terreno de las interlocuciones entre grandes bandos políticos contrarios. No es una cuestión de personalidades o de opciones a la carta sino de hechos políticos duros.

En todo momento esto podría empezar a cambiar, pero es poco probable que sea pronto. En cambio, luego de las elecciones de 2021, dentro de un año, sí habrá cambios, tanto si Morena confirma su mayoría política como si la pierde. Eso lo saben los conservadores, a pesar de lo cual ellos no han optado por preparar una contienda de programas sino de desgaste de la Presidencia de la República mediante el ataque, la burla y el insulto sistemáticos. Entonces, estamos peor que antes porque, antes de votar, no parece haber materia para el diálogo aunque ambos alineamientos se sigan culpando mutuamente de la ausencia del mismo y afirmen que sería bueno. Círculo vicioso podría denominarse la coyuntura.

Si no hay campo para arreglos puntuales mientras votamos, después quizá se abra, pero no es seguro.

La fantasmagórica oposición faltista del Congreso

El pasado jueves 12 de marzo, al terminar las sesiones de ambas cámaras del Congreso, nadie dijo algo sobre la impertinencia de celebrar las que habrían de llevarse a cabo el día 18.

Pero un día antes, el 17, luego del puente, se anunció que las y los legisladores del PAN, el PRI y, por añadidura, el PRD, habían decidido, por sí y ante sí, dejar de presentarse a desempeñar sus funciones representativas. Así de rápido y simple.

Sin embargo, un legislador o legisladora carece de capacidad legal para dejar de concurrir a las sesiones de su respectiva cámara. La pena por faltar es el no pago de la dieta correspondiente y, a las diez faltas, se llama al suplente, es decir, hay sanciones. Como la falta se castiga, ahora tenemos a tres grupos parlamentarios sancionados por ausentes.

Las oposiciones parlamentarias fingen desconocimiento de la Constitución. Ninguna cámara del Congreso puede suspender sesiones por más de tres días sin permiso de la colegisladora. Este precepto encierra varias cosas: que ninguna cámara puede entrar en suspensión de sesiones; que, excepcionalmente, cuando se requiera debe haber una autorización previa de la otra porque el Congreso es un solo órgano, un poder del Estado; que tales decisiones las toman las cámaras, no sus integrantes por separado ni sus órganos de gobierno, para lo cual se requiere sesionar en pleno.

El Congreso puede, además, dar por terminado el periodo ordinario de sesiones en el momento que lo decidan las dos cámaras. Pero el acuerdo se tiene que tomar en las respectivas  plenarias.

Los legisladores no pueden dar un cortinazo como si el Congreso fuera una tlapalería. Como poder elegido requiere fundar y motivar la decisión de suspender sesiones.

Las oposiciones (PAN y PRI) decidieron, juntas o cada una por su cuenta, dejar de asistir a sesiones. Tienen falta, pero nada más. Han conseguido mostrar que están reducidas por voluntad propia a ser fantasmagóricas.

El incidente de la ausencia, fundada en la inminente nueva fase de epidemia en la que entrará el país dentro de poco, denotó una falta de respeto hacia el Congreso, pero además carecía de base “científica”. Las autoridades no habían recomendado la cancelación de reuniones de menos de mil personas. Las fábricas siguen abiertas aunque congregan centenares sin que las minorías parlamentarias hubieran manifestado alguna preocupación por la salud de los obreros.

La pandemia de coronavirus debería poner a todos de un mismo lado, pero hay oposiciones tan elementales que tratan de usarla para dejarse sentir como opositores, para ver qué tantos se les unen. Y, peor aún, tratar de que la pandemia mundial sea presentada como una responsabilidad del gobierno. Esto ya está en el campo de la demencia.

Hace una semana yo escribía en este espacio que el PAN se ha convertido por decisión propia en una “oposición prescindible”. En las sesiones del 18 y 19 de marzo se demostró por desgracia mi aseveración. Ese partido no está haciendo falta, es como un fantasma que ni siquiera aúlla: puede estar o no estar, pero siempre lo hace en desacato del mandato de sus electores.

El jueves 19 de marzo se aprobó en la Cámara de Diputados una acusación contra una ex secretaria de Estado y, por esa vía, contra el anterior gobierno federal, por responsabilidad política, es decir, debido a su forma y métodos de gobernar, la desviación de recursos públicos y la violación de la Constitución y varias leyes. Fue la Estafa Maestra. Tal acusación ha sido enviada al Senado para sentencia. Este hecho histórico se produjo con la ausencia voluntaria del PAN (la del PRI se entiende porque era el partido gobernante, la del PVEM porque estuvo en aquel gobierno y la del PRD por lo que ya se sabe), con lo que se demuestra que el panismo no está interesado en remontar el viejo sistema político en el que se suprimió al Congreso como órgano de control político y autoridad jurisdiccional en la materia. Si no dio esa lucha durante sus 12 años en el gobierno, podría decirse que ahora tampoco tiene motivaciones.

Hace casi un siglo que nadie era acusado por la Cámara ante el Senado. Los altos funcionarios aparecían como impolutos, pues México era un país en el que ningún gobernante había sido juzgado en sede legislativa. Pero no eran buenos los miembros del gobierno, sino que el Congreso estaba sometido a ellos.

La fecha de la sesión de la Cámara de Diputados como órgano de acusación se conocía desde dos semanas antes porque es una disposición de ley. Así que decir que se ha aprovechado la pandemia para recuperar una función constitucional es una mala broma. Eso lo sabe Acción  Nacional, pero no concurrió a la cita sin  que el tema le importara en lo mínimo.

El PAN se fue porque quiso poner a las cámaras en inoperancia orgánica y funcional, lo cual le pareció al PRI una magnífica idea. Pero fracasó. El Congreso ya no está sometido a políticos de contentillo. No fue suficiente la alianza de los panistas con el PRI llevando al PRD de último vagón. El Congreso funcionó en sus dos cámaras. La de Diputados tomó entonces, razonablemente, la decisión de suspender sus sesiones plenarias la siguiente semana a la espera de que pase el punto alto de la curva de la epidemia nacional, le pidió permiso al Senado, éste lo concedió y, a su vez, solicitó autorización de los diputados para interrumpir sesiones en el momento oportuno. Mientras, el Congreso seguirá abierto y trabajando de otras formas. Por fortuna, al menos por ahora, nadie pudo dar un cortinazo a la representación nacional. Ya no son tiempos. Allá los fantasmas que se asusten de sus propios espectro

PAN: oposición prescindible

Una diputada panista imploraba en tribuna que se acabaran las conferencias mañaneras en Palacio Nacional y que Andrés López Obrador se dedicara a gobernar bien, es decir, a hacer lo que su partido quisiera. El tema a discusión eran unas reformas para permitir que bienes decomisados o inservibles para las funciones públicas no sólo fueran vendidos en subasta sino también pudieran ser sorteados. La legisladora odia al presidente y, por tanto, le exige que hable menos en público.

La oposición política más fuerte del país, el PAN, ha dicho también que el actual será un gobierno fallido porque ya lo es aunque le falten más de cuatro años. El líder parlamentario panista ya no opera como político sino como pitonisa, clarividente, adivinador.

Desde la irrupción de la oposición de izquierda en la Cámara de Diputados, en 1979, no se había producido el fenómeno consistente en que los opositores fueran prescindibles, como lo eran antes de aquella reforma política elaborada como respuesta al ´68 mexicano.

Tan luego como la izquierda llegó al Congreso se podía escuchar otra manera de ser, pensar, investigar, analizar, criticar y proponer. Por tanto, era más necesario para el gobierno llegar a acuerdos con el PAN o con la izquierda emergente. Se suponía que así debía funcionar el nuevo esquema político.

Durante los siguientes 20 años, la oposición no fue prescindible sino la crítica interlocutora de un priismo que trataba de legitimarse con la existencia de un cierto pluralismo político, aunque seguía alterando las votaciones como lo hizo señaladamente en 1988, luego de lo cual el PAN casi se convirtió en socio del gobierno.

A partir del año 2000, momento de la “transición”, el PAN también estuvo justificando a sus gobiernos al operar en un marco pluralista, en el cual las oposiciones jugaban un papel relevante, con tanta más claridad porque el gobierno carecía de una mayoría en el Congreso. En el año 2006 la oposición priista fue la salvación del panismo al ponerse claramente en contra de López Obrador, primero a favor del desafuero y, después, del fraude electoral de Felipe Calderón.

El retorno del PRI a la Presidencia fue un momento en que las oposiciones eran más necesarias en todos sentidos, pero ocurrió algo no previsto y la aproximación del gobierno a sus oposiciones ensanchó el espacio político del surgimiento de la otra oposición que terminaría por convertirse en la nueva fuerza gobernante.

En toda esta historia, las oposiciones, unas más que otras, han sido necesarias para el funcionamiento normal del aparato del Estado.

Pero, a partir de 2019, algo inusitado ha surgido en forma por el momento inexplicable. La oposición de derecha tradicional es prescindible porque no está inmersa en una lucha propiamente política, sino que ya se inventó un entorno que no es real: el “gobierno fallido” de la 4T con sus nefastas conferencias mañaneras.

Como es natural, el PAN va en pos de la próxima cita electoral de 2021, pero no lo hace con un programa propio, el suyo de siempre, sino sólo con la firme esperanza de que los fallos y problemas sin resolver, amén de la pandemia, hundan a Morena y los demás partidos de la 4T, de donde resurgirá la opción conservadora más persistente desde los años 40 del siglo XX, cuando el panismo tomó forma orgánica para combatir la política socializante de Lázaro Cárdenas.

El PAN es prescindible como oposición porque en realidad no actúa como tal. Una formación política que se opone exige cambios, además de denunciar. Pero Acción Nacional no está exigiendo nada concreto y sus denuncias suelen ser mentiras, como esa de que el actual presupuesto de egresos recortó el gasto en salud cuando en realidad se aprobó un fuerte incremento, especialmente en el IMSS.

La política social de la 4T es repudiada por el PAN, pero este partido no lo puede frasear así y se limita a decir que becas estudiantiles, pensiones no contributivas, salarios a los jóvenes aprendices, ayudas a las personas con discapacidad y a madres solteras, entre otros programas son “clientelares”, aunque se lleven a cabo como reconocimiento de derechos y con esquemas universales.

En realidad, es indiferente que el PAN vote en contra de todo eso en el Congreso. La conducta panista carece de relevancia porque ese partido no busca una interlocución política con la mayoría ni con nadie más. Acción Nacional odia al “populismo” pero no es capaz de criticarlo con todas sus letras porque teme presentarse ante el pueblo como un partido que repudia en concreto el “reparto de dinero” que, según piensa, es lo que hace el gobierno actual con las pensiones de adultos mayores, las becas estudiantiles y otras muchas subvenciones, inaceptables para una derecha que se columpia entre ser reaccionaria o simplemente conservadora.

Para que el gobierno de la 4T sea efectivamente fallido, el sueño del PAN es que México entre en franca recesión, haya una corrida financiera con fuerte devaluación y subida de tasas de interés, la inflación vuelva a erosionar el ingreso y se dispare el déficit público: algo semejante a lo ocurrido en México durante gobiernos del PRI y, luego, del PAN, a los que, sucesivamente, les costó la Presidencia. Por eso les ha surgido una oscura esperanza en la pandemia que está llegando a México.

Por lo pronto, Acción Nacional se ha convertido lastimosamente en una oposición prescindible.

Emilio Lozoya: antes, después y hoy

Está claro que Emilio Lozoya no es exponente de «la peor corrupción estructural mexicana». Hay episodios, sistemas, tramas, personajes y fortunas mucho peores. Nomás pensemos en el imperio corrupto de Carlos Salinas de Gortari. Pero el papel que jugó el hoy perseguido de la justicia es ocasión para que el país se asome a uno de los episodios de la historia de su Estado corrupto.

Emilio Lozoya viene de la alta burocracia política mexicana, toda ella corrompida, en línea con uno de los elementos básicos del poder. Su padre fue uno de esos burócratas empoderados. Pero, luego de un adecuado entrenamiento, ese personaje se proyecta en el momento en que le podía ser útil a una causa política concreta que era la recuperación de la Presidencia de la República por parte del PRI, a partir del gobierno del Estado de México y de la candidatura de Enrique Peña Nieto.

El antes fue la precampaña y campaña del abanderado priista, con todo el impresionante apoyo mediático de Televisa. El después fue la llegada de Peña a la Presidencia de la República. El hoy es la oportunidad de averiguar más sobre las tramas corruptas.

Conseguir apoyos mediáticos y económicos tuvo que ser el primer paso. Emilio Lozoya no era un político operativo. Sus tareas tenían que ver con relaciones, especialmente entre empresarios y poderosos de la esfera pública. Hizo bien su trabajo en tanto que logró obtener financiamientos. Así, tuvo que estar vinculado a Luis Videgaray.

El primer cargo penal que se le hace es obtener de la trasnacional brasileña Odebrecht fondos para la campaña de Peña Nieto. ¿Cuánto entregó al PRI y cuánto retuvo? No lo sabemos, pero supongamos que todo se lo dio a Videgaray.

Ya como director de Pemex, Lozoya había de beneficiar a la empresa donante. Según la acusación, así fue, pero con nuevos y mayores sobornos.

Hoy, se tiene que saber dónde está el dinero, cuál fue su ruta y destino. Es un laberinto.

Pero hay más. Pemex tuvo participación en la llamada Estafa Maestra, es decir, fondos entregados a organismos públicos como pago de algún servicio pero que no se aplicaban al objeto establecido en el convenio sino se canalizaban través de empresas fantasmas. Aquí, el hoy tendría que ser el conocimiento del propósito de tal estafa y del destino final del dinero.

Mas lo que supera la relación de Lozoya con Odebrecht  y la versión petrolera de la Estafa Maestra es la compra de Pemex de la planta de Nitrogenados por 500 millones de dólares a la empresa privada Altos Hornos de México. Se ha calculado que esa «chatarra», como la definió la Auditoría Superior de la Federación, podría haber tenido un valor de unos 15 millones de dólares, si acaso.

Los privatizadores neoliberales en el gobierno no sólo vendían y entregaban propiedades públicas sino también estatizaban chatarra. Todo, para hacer negocios corruptos.

El jefe de Altos Hornos, también perseguido, no hubiera podido quedarse con la totalidad del dinero. Eso hubiera sido imposible. Así que ya no fueron sólo 10 millones de dólares procedentes de Odebrecht. Después cayeron otros 500 millones volando entre las sombras de los forajidos. ¿Cuál fue la distribución? ¿Dónde está ahora el dinero?

Qué pequeño se antoja, comparativamente, aquel robo a Pemex de mil millones de pesos para financiar la campaña de Francisco Labastida como candidato del PRI en el año 2000, por órdenes de Ernesto Zedillo a través de Romero Deschamps y Rogelio Montemayor, a la sazón líder sindical y director de la paraestatal, respectivamente, ambos connotados y muy activos priistas de estrellato salinista. Entonces hubo total impunidad penal gracias a la capitulación en la activación del aparato de justicia por parte, directamente, de Vicente Fox y su partido, el PAN. Se otorgó un perdón de facto. Sólo se logró una multa electoral contra el PRI, justamente de esa misma cantidad.

Quizá en algún momento, el mismo Peña Nieto y su administrador y operador político, Luis Videgaray, entre otros, tuvieran que ser interrogados si el fiscal careciera de otra opción. Habría que esperar que, llegada la situación, no fuera sólo un espectáculo mediático.

Lo peor de este periodo de la historia del Estado corrupto mexicano sería que el desempeño de Emilio Lozoya resultara haber sido algo marginal. Poca cosa en términos comparativos al gran total. Entonces tendríamos un hoy desgarrador. Puede ser.

España: coalición y crispación

Desde el restablecimiento de la democracia en España no se había dado un gobierno de coalición. Durante 40 años el partido más votado controló la administración pública central. Algunas veces, en minoría, lograba acuerdos parlamentarios ocasionales con otras formaciones, pero el Consejo de Ministros fue siempre de un solo instituto político.

El gobierno español es ahora diferente. El viejo partido socialista, el PSOE, ha admitido la creación del gobierno de coalición con Unidas Podemos que está formado por varias expresiones unitarias de izquierda. El líder de aquél, Pedro Sánchez, se negó durante meses a integrar ese gobierno, a pesar de que era viable alcanzar más apoyos que rechazos en el Congreso de los Diputados, requisito constitucional para lograr la investidura. Al final, la realidad política lo sobrepasó.

España entró hace algunos años en una crisis del sistema en el que el bipartidismo (PSOE y PP) solía tratarse con rispidez, pero siempre con tendencia a llegar a acuerdos, a conducir conjuntamente al Estado, en especial en la conformación de las instituciones, mientras que, a veces, partidos regionales aportaban votos para sacar presupuestos cuidadosamente desequilibrados.

Como elementos de la crisis política surgieron Podemos y Ciudadanos. El primero, izquierda crítica del PSOE y del bipartidismo. El segundo, liberal derechista y crítico de la corrupción en el entonces gobernante Partido Popular. Había surgido un nuevo sistema político con dos izquierdas y dos derechas, además de fuertes partidos locales en algunas regiones. Pero los viejos institutos políticos estaban pensando en encontrar la forma de volver a lo de antes.

Esa crisis se reveló desde que se hizo imposible que alguno de los partidos del desarticulado bipartidismo pudiera gobernar por sí sólo en relativa estabilidad. España había cambiado en medio de la incredulidad de los políticos tradicionales.

La corrupción en el PP, la cual llevó a Mariano Rajoy a ser despedido como presidente del Gobierno, le otorgó al PSOE la oportunidad de oro para reconocer los cambios en la política española. Sin embargo, una mayoría de dirigentes socialistas impidieron dar ese paso. El surgimiento del gobierno de coalición estaba maduro meses atrás, luego de la primera elección parlamentaria de 2019, pero no se hizo por la necedad de las bandas sectarias del PSOE. Entonces hubiera sido más fácil que ahora, por cierto.

Luego de la segunda elección de 2019 ya no había más remedio que admitir los resultados comiciales como indicadores de que hay un gran segmento social que ya le dio la espalda al bipartidismo y busca una nueva democracia.

En la derecha, que ahora es de tres cabezas, se han visto disminuido los nuevos liberales de Ciudadanos que eran la esperanza de mucha gente que cuestionaba al PP y al PSOE desde actitudes moderadas y críticas de la corrupción española. Ha surgido un sello electoral llamado Vox que es un partido abiertamente machista y homofóbico, además de añorante del orden franquista, al que le repugna la Unión Europea y, sobre todo, la emigración africana y latinoamericana. Es ese el tercero más votado en las recientes elecciones.

Si las principales izquierdas no se hubiera unido en coalición con el apoyo, mediante la abstención, de los dos partidos nacionalistas más importantes (el catalán Esquerra y el vasco Bildu), se habría tenido que convocar a una tercera elección en medio de mayores desuniones en la izquierda y reencuentros en la derecha. Es decir, una catástrofe.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su partido son quienes llevan el mérito mayor porque desde un principio propusieron con firmeza y lealtad la coalición de gobierno.

Al mismo tiempo, la formación del nuevo gobierno ha llevado a la crispación política. Ya se ha advertido esto en los discursos parlamentarios de los actos previos a la investidura de Pedro Sánchez. Las derechas se van a ir aproximando cada día más porque tienen base común suficiente y el claro objetivo de lograr el fracaso de la coalición de izquierdas. En el PP no hay moderación y en Ciudadanos hay repulsión visceral  a la izquierda emergente, mientras en Vox existe un repudio virulento a todo progreso social y cultural.

La agenda social española es muy amplia pero destacan las tareas ideológicas que hay que reemprender contra la intolerancia y las fobias de las fuerzas reaccionarias. El nuevo gobierno de coalición y sus opositores desde la izquierda, en especial Bildu y Esquerra, tienen que buscar acuerdos que vayan mucho más lejos de la simple estabilidad parlamentaria. Aun cuando mantengan sus polémicas sobre el tema de las nacionalidades y el derecho de autodeterminación, se requiere una unidad de acción. El asunto político de mayor actualidad en este momento no es la independencia de Cataluña sino impedir que toda España caiga en manos de una derecha que sería mucho peor que una vuelta de José María Aznar al poder.

La triunfante propuesta de integrar una coalición gobernante de izquierdas, la cual ha tenido a pesar de los pesares el respaldo decisivo de otras formaciones, debería convertirse en un momento de lucha por una España democrática y socialista.

El dinero de los partidos

El financiamiento público de los partidos suele ser uno de los elementos de las democracias competitivas. En consecuencia, está integrado en el sistema político mexicano. Sin embargo, no existe una regla única. No hay en el mundo uno idéntico a otro.

El jueves 12 de diciembre, el PRI y el PAN, junto con otros cuatro institutos políticos, votaron en contra de la reducción del financiamiento a la mitad, propuesta por Morena en la Cámara de Diputados. Ambos acusaron a este partido de querer deshacer el actual sistema político y buscar su predominio.

En el fondo, esos dos viejos partidos creen que ahora, más que nunca, requieren un fuerte subsidio del Estado para tratar de recuperar su votación anterior al 2018. No obstante, la idea de que los recursos que hoy reciben les resultan indispensables es mala por ser falsa. En la reciente elección federal, el PAN y el PRI incrementaron el dinero gastado, pero cayeron en número de votos obtenidos. El partido que más sufragios obtuvo fue el que menos dinero había recibido.

Las reglas del financiamiento no se limitan a las campañas electorales, como ocurre en muchos otros países, sino que comprende también el llamado gasto ordinario que se entrega mensualmente. La bolsa anual de dinero para todos los partidos se conforma al multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de ese total se reparte entre los partidos de manera igualitaria y el resto se asigna a cada cual según el número de votos obtenido en la más reciente elección de diputados federales. Además, las entidades federativas cuentan con sendos mecanismos de subsidio a los partidos.

Morena ha planteado siempre que esa bolsa debe reducirse. No se trata sólo de canalizar unos 2 500 millones anuales (la mitad del financiamiento actual) hacia otros gastos necesarios, sino también de bajar las erogaciones públicas que se destinan a sostener pesadas burocracias partidistas.

El proyecto de disminución del financiamiento a los partidos partió de reiteradas expresiones populares. El subsidio ha ido subiendo a una cantidad importante, más aún cuando la bolsa aumenta un 30% en los comicios intermedios y en un 50% en el año de la elección presidencial.

La demanda de reducir este financiamiento no sólo tiene años sino que en 2018 fue una insistente promesa de Morena y su candidato a la Presidencia, los cuales admiten su existencia pero rebaten la cuantía. Es así de simple.

Durante meses se sostuvieron diálogos entre varios partidos en aras de alcanzar la mayoría requerida para emitir una nueva norma. Hace unos días se vio claro que no sería posible, pero al proyecto ya se le había dado publicidad y estaba listo para ser votado en el pleno de San Lázaro.

Morena no quiso más demoras porque nada indicaba que la situación fuera a cambiar y, además, su obligación era cumplir con una promesa política de campaña aún cuando no fuera posible alcanzar el éxito por ahora.

La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados (274 votos) se ha pronunciado por bajar el subsidio a los partidos pero, en México, la norma es constitucional y para modificarla se requiere dos tercios en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.

En síntesis, los responsables de que el próximo año se sigan erogando unos 5 mil millones de pesos en gastos de operación de los partidos son quienes han votado en contra: PAN, PRI, MC, PVEM, PRD y PT.

El debate sobre este tema, sin embargo, continuará.

Financiamiento público de partidos

El subsidio que entrega el Estado mexicano a los partidos es elevado porque, cuando se implantó, el PRI recibía demasiados millones procedentes de la administración pública. Para sustituir al menos una parte importante del gasto del entonces partido oficial, era necesario que el financiamiento público fuera alto.

El subsidio, sin embargo, nunca alcanzó a cubrir la mayor parte del gasto priista. En el año 2000, Ernesto Zedillo trasladó a Francisco Labastida, su candidato, mil millones de pesos desde Pemex, a través del sindicato. Pero de seguro hubieron más desvíos de fondos públicos que aún no se conocen.

El PRI se convirtió en un devorador de fondos públicos porque todo lo tenía que comprar. Nadie en ese partido brindaba trabajos militantes mientras que se compraban millones de votos con dinero en efectivo.

El financiamiento público de los partidos suele ser un sistema para evitar que aquellos sean comprados por los capitalistas. En México ha tenido otras características porque los dueños del dinero no han buscado adquirir partidos sino políticos y no lo han hecho, preferentemente, con dinero para campañas sino mediante el amplio sistema de la corrupción. El mayor mecanismo conocido de cooperación directa de empresarios fue el realizado a través de Amigos de Fox, justamente el mismo año del Pemexgate. Quien ganó la elección del año 2000 (PAN) violó la ley como también lo hizo el segundo lugar (PRI). El dinero ilegal cundió en la campaña electoral y marcó a los dos principales candidatos. Luego, Felipe Calderón recibió ayuda privada en propaganda radiodifundida (2006). Finalmente, Peña Nieto (2012) captó la mayor cooperación pública desde gobiernos locales, la cual no se ha contabilizado aún, además de las coberturas televisivas gratuitas mediante infomerciales.

El financiamiento público de los partidos fue una cobertura parcial de los gastos del PRI y ayudó, por otra parte, a los partidos de oposición a estar presentes en las campañas con mucha propaganda, aunque probablemente algo inservible.

En realidad lo que más propició la competencia fue el otorgamiento a los partidos de tiempos oficiales de radio y televisión, lo cual empezó desde 1979. Cuando se reformó la Constitución para impedir la propaganda política pagada, se dio un salto mayor en materia de la concurrencia política en las elecciones. Este fue uno de los resultados del movimiento postelectoral de López Obrador en el año 2006.

La Estafa Maestra fue un mecanismo de financiamiento de campañas electorales priistas, pero el dinero público no fluía hacia el partido sino directamente hacia los candidatos y candidatas priistas. Tenían la experiencia del Pemexgate y superaron todo lo anterior.

Ahora se discute en San Lázaro la propuesta de Morena para disminuir en un 50% el financiamiento público monetario de los partidos. Podría pensarse que es contradictorio que el partido con mayor caudal electoral y, por tanto, con mayor subsidio, sea el que proponga una rebaja sustancial. Sin embargo, esto se debe a que la existencia en México de una enorme corriente popular a favor de disminuir el gasto electoral coincide con la sensible disminución de la compra de votos. Como se sabe, los sufragios no se compran con dinero privado sino con el público, ya sea de procedencia legal o ilegal, pero este último no procede del bolsillo de los candidatos o patrocinadores sino también del erario. Así funciona.

La reducción del financiamiento público que se ha propuesto no abarca la rebaja en el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión ni la autorización de la compra de spots. Así que, al disminuirse el dinero entregado a los partidos, éstos podrían seguir haciendo su propaganda radiodifundida, quizá buscando superar los brevísimos mensajes y sustituirlos por emisiones algo mayores que permitan exponer puntos programáticos.

Mas, si no es posible comprar spots en radio y televisión, sí lo es reproducir mensajes pagados en internet, lo cual ya se puede hacer bajo fiscalización de gastos de campaña.

La rebaja del financiamiento público de los partidos podría generar una tendencia hacia la disminución de las burocracias partidistas que son parasitarias y abrir cauces para el fomento del trabajo militante. Quizá.

El partido que recién triunfó en la contienda por la Presidencia y el Congreso era el que tenía menor financiamiento público. Esto no podría ser norma, pero dice algo al respecto.

La definición de Morena sobre su futuro

A ningún partido mexicano le ha ido bien en sus elecciones directas: casi todas han sido cuestionadas. Antes, ese método electivo no existía, pero los partidos eran otros. Los de ahora no aciertan a definir el mejor sistema electoral interno, quizá porque ese no existe.

Morena vive un proceso de elecciones internas y no parece haber una solución sencilla. El debate se había ubicado en el padrón de afiliados, el cual es una repetición de lo ocurrido en otros partidos en los últimos 30 años. Los inscritos pueden llegar a ser más de tres millones. Algunos preguntan ¿de dónde salieron todos esos?

El PRD llegó a tener una afiliación de 7 millones que ni en sueños se convirtieron en votos. Ese partido tenía (y tiene) en su peor momento muchos más miembros que sufragios. El PAN quintuplicó el número de sus afiliados tan luego que llegó al gobierno y después tuvo que depurar su padrón para dejarlo parecido a como era antes, al cabo de lo cual la disputa por la legitimidad del listado de afiliados no termina. El PRI jamás conoció de cierto su propio tamaño orgánico porque lo que le interesaba eran los votos y su capacidad de comprarlos, es decir, la población a su alcance: aún ahora el tema del padrón de afiliados es central en todo torneo interno priista, al grado de motivar escisiones.

En cuanto a sus adhesiones, Morena no es el mismo partido antes que después de su triunfo electoral. Eso es del todo entendible. Pero ese problema no es suyo sino del país.

En México, hace mucho que los partidos no están compuestos principalmente por militantes. Los afiliados suelen ser personas más o menos necesitadas de una relación específica con el poder, ya sea municipal, local o federal. No es que sea inexistente la membresía de convicción política e ideológica, sino que ésa suele ser marginal frente a los millones que son incorporados con facilidad a través de otros mecanismos. Este fenómeno se podría denominar clientelismo orgánico, es decir que los «clientes» son incorporados a la estructura partidaria como afiliados con plenos derechos.

Los partidos son organizaciones que agrupan a personas con semejantes ideas e intereses. Bien, pero éstos solían ser generales antes que demasiado concretos. En México, lo que domina es el clientelismo: en sus diferentes grados, el poder es como un panal.

Morena no puede saber quienes son sus militantes y quienes sólo sus afiliados más o menos ocasionales. Por ello, se propone, hay que acudir a la población abierta para decidir el lío de su nueva dirigencia. Así lo entiende Andrés Manuel y algunos otros. Pero el espíritu de partido, en especial la lealtad, decisión y esfuerzo de sus fundadores aconsejaría lo contrario, es decir, radicar la determinación electoral sólo en aquellos afiliados que iniciaron lo que se convirtió en una gran proeza nacional.

Sin embargo, Morena ha sido más un movimiento electoral que un partido organizado de militantes. Esa es una realidad, la cual tampoco podría ser alterada de un día para otro.

La propuesta de Andrés Manuel tiene dos lados: la encuesta como método decisorio (nada extraño en la historia reciente de la izquierda mexicana) y la concurrencia abierta al proceso, es decir, la admisión como candidatos de personas adheridas a Morena en cualquier momento. No es nada fácil.

El asunto no se resuelve con restringir o dilatar el listado de electores, aunque esa decisión debe tomarse con entera claridad, transparencia y convicción. El problema de fondo va a seguir siendo el de la naturaleza del partido que se precisa construir.

Lo que ya se demostró es que en el México de la segunda década del siglo XXI funcionó de maravilla un movimiento electoral abierto, como también lo fue de alguna manera el PRD en sus inicios. La cuestión es si, una vez que triunfó, Morena puede seguir en esa ruta con el mismo esquema orgánico. En realidad, esa pregunta es la que debería responder la próxima dirección, sean quienes fueren sus integrantes.