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Un año: balance de la nueva fuerza gobernante

Es inevitable un balance, el de un año, del nuevo gobierno, el cual llegó con grandes expectativas y demasiados problemas estructurales y de coyuntura. Tenemos un país donde la injusticia se ha ido acumulando durante cuatro décadas.

La reversión de la pérdida del salario es un campanazo que impacta la economía en su sentido más amplio y verdadero. Este proceso se ha iniciado, lentamente, es cierto, pero ya está entre nosotros.

El inicio de la fusión entre política social y política económica es un proceso en curso, por  vez primera en 50 años o más. Los programas sociales dejaron de ser una forma de clientelismo directo y se han convertido en un método de reconocimiento de derechos. El incremento de la capacidad de consumo de sectores depauperados incide en el mercado de bienes de producción nacional, es decir, promueve el mercado interno.

La educación superior como ineludible tarea social del Estado es un vuelco en tanto que rompe con la idea de que las familias deben sufragar crecientemente ese gasto, al tiempo que enfatiza su carácter social y derecho de todos. El elitismo de la enseñanza superior ha sido un factor de freno del desarrollo social y del progreso nacional.

La reivindicación de la atención médica universal como deber del Estado ha empezado a traducirse en reformas, aún tímidas, pero con perspectiva de dar un vuelco en materia de salud para todos.

La cancelación de subsidios corporativos a favor de organizaciones gestionadas por burocracias parasitarias y la ampliación de apoyos directos en la producción agropecuaria es la inauguración de una nueva forma de apoyar al campo en sus segmentos debilitados. Así se ha de fomentar la agricultura y ganadería para el mercado interno y la autosuficiencia nacional de granos básicos.

La nueva política de las industrias de energía es un rompimiento con su privatización y entrega de recursos naturales para favorecer la autosuficiencia nacional. Ningún país puede afrontar los retos del mundo actual bajo dependencia energética estructural. Siempre se había sabido, excepto por el neoliberalismo de la pobreza y el atraso que atascó al país de objetivos contrarios a los intereses populares y nacionales.

El inicio de la lucha contra el Estado corrupto es una respuesta histórica a un fenómeno devastador. En todas partes del mundo hay corrupción pero sólo en algunos es parte fundamental de la forma de gobierno. El primer paso es tener un gobierno que no sea corrupto, a partir de lo cual tendrá que mantenerse la lucha a favor de la desarticulación del viejo Estado.

Reivindicar la austeridad es un golpe contra la alta burocracia parasitaria, exageradamente bien pagada y derrochadora, que azotó al país. Hay mucho más que hacer en este sentido, pero ya se inició el proceso de construcción de un funcionariado diferente que vaya cerrando la inmensa brecha que le ha separado de la sociedad.

Las grandes empresas han dejado de regir al gobierno y al Congreso. El diálogo, el debate, la convergencia y la diferencia entre los poderes políticos y los capitalistas son elementos distintivos de las nuevas relaciones en el país. No hay una política expropiadora pero tampoco  otra promocional y corruptora como había sido hasta hace un año.

La crítica va y viene desde los medios, redes, partidos, organizaciones sociales y no gubernamentales, sin emolumentos de origen oficial, pero también fluye desde el gobierno, el Congreso y sus partidos. Si todos son libres, lo es también la fuerza gobernante. Así se construye una democracia sin hipocresía.

No se ha producido una reforma fiscal que fortalezca el proceso de redistribución del ingreso y aumente las inversiones públicas. Los lacerantes privilegios fiscales siguen vigentes en su mayoría. Tampoco se ha planteado un nuevo pacto fiscal entre entidades federativas y Federación. La ineludible nueva reforma del sistema electoral sigue estando pendiente. La seguridad pública es aún el pantano que el gobierno heredó de los anteriores con su cauda de horror y sangre.

Hay más temas para un balance.

Obsesión penal

Hace unos meses, el Congreso aprobó una adición al artículo 19 constitucional, con la cual se aceptó una propuesta del presidente de la República, a fin de sujetar a prisión preventiva oficiosa a los imputados de uso de programas sociales para comprar votos, enriquecimiento ilícito y lo que se conoce como huachicoleo.

Los dos primeros  son delitos que se cometen por servidores públicos, mientras el tercero ha sido una gran industria, cuyos imputados ya carecían según la ley de derecho a fianza.

Para completar la mayoría calificada de dos tercios, en el Senado se tuvo que satisfacer desbocadamente los deseos punitivos de las oposiciones, las que ahora protestan por la decisión de la mayoría senatorial de agregar, sólo por vía de la ley, algunos delitos fiscales, en especial el relacionado con las facturas falsas.

Antes de aquella reforma del artículo 19 de la Constitución, había seis delitos en los que el juez debe ordenar la prisión preventiva aunque la Fiscalía no la solicite, es decir, debe hacerlo oficiosamente. Ahora tenemos 18 delitos luego del festín provocado por la obsesión penal que cunde casi por doquier en nuestro país.

De los delitos adicionados en abril del presente año dentro del concepto de prisión preventiva oficiosa destacan: robo a casa habitación, robo a transporte de carga y portación de arma de fuego. Se entiende que el primero es muy extendido, mas puede ser cometido casi por cualquier persona, incluida quien realice trabajo doméstico en la casa robada. En cuanto al segundo, se aprecia que la prisión preventiva sólo es para quien robe unidades de trasporte de carga, pues si el asalto es a un autobús de pasajeros, el trato penal es diferente; lo que más importa es la propiedad empresarial, antes que la cartera del viajero. En cuanto a la portación de arma, en México ese delito puede ser cometido por millones de personas que poseen alguna en su casa y, en un determinado momento, deciden llevarla; las armas de «uso exclusivo» de los militares son de calibre .38 para arriba, es decir, casi todas.

Destaca también la adición de un delito que se ha convertido en gran problema, el abuso sexual contra menores (distinto de la violación que ya tenía proceso penal sin fianza), el cual puede ser cometido tanto por una persona mayor como por otra que sea joven y cercano a la víctima; de cualquier forma, aquí todos son presuntos culpables en cárcel. Lo peor es que esto no va a detener a los abusadores.

Los delitos comentados aquí, los cuales ahora ameritan prisión preventiva, es decir, cárcel durante todo el proceso, son un escopetazo punitivo. Se tira sin saber cual es el blanco de los perdigones.

Ahora, el gobierno ha propuesto que la ley vincule algunos delitos fiscales a la seguridad nacional con el propósito de enlistarlos como aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Se trata, según se afirma, de combatir el uso de facturas falsas como medio de evasión de impuestos debidos. Pero aquellas oposiciones políticas que hicieron su festín punitivista de engorda del artículo 19 de la Constitución, están frenéticamente en contra de la nueva reforma y anuncian que acudirán a la Suprema Corte para echarla abajo.

La explicación es que aquellas incorporaciones de delitos al sistema de prisión preventiva oficiosa no afectaban a los capitalistas. Pero la nueva propuesta gubernamental, ya aprobada en el Senado y turnada a la Cámara de Diputados, quizá alarma a ciertos empresarios porque es una amenaza de cárcel segura para algunos. A esos senadores de oposición se les nota su espíritu de clase porque, aunque son punitivistas, dejan de serlo cuando se habla de delitos cometidos en los negocios y pasan a implorar derechos de los ricos.

En realidad, ensanchar el sistema de prisión preventiva oficiosa no es el camino para resolver el problema criminal. De entrada, la delincuencia organizada, según la Constitución, carece de derecho a fianza durante su proceso. Entonces, ¿cuál es el problema? Contar con policía, fiscalía y juzgado competentes y honrados. Es decir, acreditar bien la inculpación y llevar limpiamente los procesos.

La ilusión punitiva siempre es contraproducente porque engaña al Estado y a la sociedad. Se parte de conceptos erróneos, el primero de los cuales consiste en creer que el Código Penal previene el delito, cuando en realidad sólo lo prescribe.

Por ejemplo, los delitos electorales de servidores públicos nunca se han perseguido en México porque el gobierno es quien los comete. Si las cosas van ahora a cambiar o están ya cambiando, entonces de nada sirve ser más severos en penalidades y trato a inculpados.

No es entendible la extensión a la que ha llegado la facturación falsa y el consecuente fraude fiscal de miles de millones cada mes sin la existencia de grupos delincuenciales que operan dentro y fuera del gobierno. Bien que se persiga semejante atraco a la nación, pero lo importante es eso y no erosionar la presunción de no culpabilidad que debe tener toda persona durante su proceso penal.

Además, ya se puede introducir ese delito en la ley contra la delincuencia organizada que tiene otro tratamiento procesal, pues no parece ser posible que los falsificadores de facturas actúen de manera individual o lo hagan sin contar con un sistema y una continuidad. Están organizados para delinquir.

La obsesión punitiva es algo de lo más frustrante en materia de leyes. En la ola actual, que lleva más de diez años, no se ha logrado prácticamente nada con aumento de penas, extradiciones, incomunicaciones, arraigos, prisiones preventivas oficiosas y otras pretenciosas reformas legales. Lo mejor sería tratar con seriedad el tema de la crisis delincuencial del país.

Nueva policía

Se requiere una nueva policía en la Ciudad de México. Esto se ha dicho durante muchos años. Tal discurso ya ha cansado de tanto repetirse, pero mucho más enfada la ausencia de reformas profundas en el cuerpo policial capitalino.

Cuando desde una corporación de policía preventiva o «ministerial» (antes judicial) se filtran a la prensa indebidamente informaciones sobre víctimas, sin que las autoridades condenen el hecho y mucho menos persigan a sus autores, es cuando mejor se aprecia la descomposición institucional. Tal cosa ha ocurrido hace unos días, como expresión de arraigadas costumbres.

El aumento en la incidencia de delitos de violencia sexual en la CDMX ha llevado a las autoridades a actuar de la misma manera de siempre, la más primitiva. Se sigue ignorando que quien tiene la obligación de dar seguridad es el Estado, no cada persona. La violencia, incluyendo en especial la de género, es un tema de la autoridad y no se resolverá caso por caso porque el fenómeno es inconmensurable, aunque en cada evento se debe organizar el aparato de seguridad y justicia para perseguir a los culpables directos, aspecto que ni siquiera se logra por lo regular.

Sin embargo, la autoridad no parece asumir su más alta responsabilidad, sino que busca y rebusca explicaciones absurdas y repite viejas actuaciones.

El aparato policial-judicial no está hecho para crear un ambiente de seguridad pública y aplicación de la ley, sino para hacer lo que se pueda. Con solo vigilar intermitentemente el diez por ciento de las cuadras de una inmensa zona metropolitana se puede lograr disuadir la comisión de ciertos delitos, pero nada más en los lugares «patrullados». Por eso, en la CDMX hay gente que quiere patrulla en cada cuadra, el perfecto Estado policial; esos son extraviados deseos provocados por el hartazgo. Existen muchas grandes ciudades donde hay poco patrullaje pero mucho diálogo entre policía y ciudadanía, además de suficientes, cercanos y funcionales puestos de agentes.

En todo el mundo los policías tienen tareas de «inteligencia» o mínimamente de reporte sistemático y puntual de situaciones. Pero, aquí, eso no se ha empezado a hacer.

La mordida sigue campeando por toda la ciudad sin que hasta ahora se haya sentido alguna disminución. Esa corrupción, como casi todas, es un sistema; no se debe al binomio mordelón-ciudadano con el que se «arregla» el asunto de «otra manera» pero claramente ilegal. La mordida es responsabilidad última de los jefes de policía. Pero, además, hay simple cuota que paga el comerciante para mejorar el sueldo neto total de los «patrulleros» (y sus jefes), cuyos rondines, se supone, ahuyentan a los ladrones.

Con motivo de varios hechos de violencia sexual se han producido airadas protestas de muchas mujeres. En ningún caso esos actos públicos ha sido una provocación contra la policía o el gobierno. Uno o dos de ellos se han analizado así, erróneamente, debido a que la autoridad no se siente responsable de los delitos violentos que se repudian, sino que sigue pensando como antes, al viejo estilo de funcionarios sin obligaciones políticas inherentes al cargo. Se sigue presentando al autor directo del delito como el único responsable; eso expresa la falta de probidad, tradicional en el servicio público, así como la separación entre autoridad y sociedad, la conversión de los puestos en buenas chambas, la inexistencia de verdadera carrera profesional.

La reforma profunda de la policía para crear algo de verdad nuevo no podría ser dirigida por los jefes actuales. Ellos no saben qué cosa podría ser una policía nueva, solo entienden de la actual y de posibles mejorías, aunque por lo pronto todo está un poco peor.

Es necesario elaborar un programa hacia una nueva policía, que abarque organización, obligaciones, objetivos, métodos, disciplina, control interno y vínculo social. Las pocas reformas muy parciales que se han hecho hasta ahora, cuando fueron buenas, se deshicieron rápido o se hundieron en la corrupción.

Aunque con versiones diferentes, la izquierda lleva más de 20 años en el gobierno de la ciudad, pero no se ha propuesto todavía conformar una nueva policía. En el ámbito federal, López Obrador ha planteado la creación de un cuerpo de seguridad pública llamado Guardia Nacional y el Congreso ha aprobado las reformas que desde ahora están a prueba. La cuestión no consiste en el nombre ni en los uniformes sino en todo lo demás.

No conviene seguir repitiendo los fracasos sino romper con el pasado. Esa es una tarea política en toda la extensión del concepto.

Falsificación del federalismo (electoral)

El PRI y el PAN presentan la existencia de los organismos públicos electorales (Oples) de los estados, así como la de los respectivos tribunales de la materia, como expresiones del federalismo mexicano, el cual, dicen, debe ser defendido como principio fundamental de la República.

Esos Oples ya no organizan las elecciones, ni siquiera seleccionan y capacitan a los funcionarios de casilla, como tampoco, por tanto, reciben el voto. No fiscalizan el gasto de los partidos ni reciben las quejas sobre propaganda. Se les ha limitado a registrar candidatos y realizar los cómputos de las elecciones locales (sumatoria de datos de casilla), junto con algunos otros quehaceres también menores.

Además, las pocas funciones que se les han dejado a esos organismos electorales pueden ser parcial o totalmente trasladados al INE, hasta el grado de que todo el proceso quede a cargo de éste en exclusiva; o sea, en la práctica, puede el INE clausurar libremente cualquier Ople, como recién lo hizo en Puebla.

Pero eso no es lo peor. Los órganos rectores de los Oples son designados y removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y están sujetos a un reglamento aprobado por éste.

Por el lado de los tribunales electorales locales, sus integrantes son designados por el Senado de la República, como si fueran magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, casi todos sus fallos son recurribles ante éste, donde todo vuelve a empezar.

¿Esta estructura tiene algo que ver con el federalismo?

PRI, PAN y PRD pactaron esa aberración y la llevaron a la Constitución federal. Lo que le dejaron a los estados sólo son las cargas presupuestales. Nada más. Nuevo federalismo, sin duda.

¿Qué interés legítimo puede haber en mantener esta estructura electoral onerosa para las entidades federativas? Varios gobernadores ya no quieren seguir dando dinero a su Ople porque no es «suya».

El PRI y el PAN se dicen temerosos de que Morena se «apodere» de todo el andamiaje electoral nacional, es decir, que haga lo que ellos hicieron. Pero los Oples ya no cuentan prácticamente en dicho andamiaje, son vasallos del INE, pues sus titulares son colocados ahí por los consejeros electorales federales a través de negociaciones políticas.

El desaguisado legislativo que hicieron priistas y panistas en la última reforma pactada (2014) ha creado ahora una disyuntiva: devolver los organismos electorales a las entidades federativas, con toda la redundancia operativa y el dispendio que ello pudiera implicar, o convertir al INE en un completo instituto nacional. Lo que no se puede sostener es ese federalismo que nos han lanzado a la cara como una cínica falsificación.

El asunto no es menor. En la medida en que se mantengan los Oples como están ahora, se hará más difícil reformar al INE, pues éste tiene a su cargo, entre otras cosas, regir a dichos organismos electorales locales y decidir todo lo relacionado con los mismos.

Hemos tenido en los últimos años un Consejo General del INE con facultades prácticamente legislativas. No sólo designa a funcionarios de órganos autónomos (que no lo son más que en el enunciado), sino que también expide normas que deberían estar en una ley.

La cuestión es que ese Consejo General está dominado por dos partidos: PRI y PAN, que han designado a la mayoría de los consejeros electorales.

Luego, el presidente del PAN le planteó a Morena un «desafío», de esos que provocan hilaridad: que los cuatro consejeros que próximamente van a terminar sus respectivos periodos en el Consejo General (abril de 2020) no sean sustituidos por la Cámara de Diputados y que tal órgano de gobierno del INE se quede sólo con los siete restantes. Es decir, que se mantengan los designados por los partidos con anterioridad. Eso sería contrario a la ley vigente, pero el problema no sólo es ese, sino que con ese «desafío» se busca que nada cambie. El INE se antoja ideal para tal propósito porque es el paraíso del PRIAN: de los cuatro que terminarán su periodo, hay dos priistas, un panista y una aliada de ambos. Todo se conoce porque se ha visto.

Morena no quiere representarse en el INE como lo hicieron siempre otros partidos. Eso iría en contra del carácter independiente que debe tener la autoridad electoral. Pero, entonces, queda abierta la discusión sobre cómo garantizar que el andamiaje construido para organizar elecciones en el país sea totalmente profesional, independiente, confiable, austero y eficaz en el desempeño de su función.

Si no es posible lograrlo por ahora, lo será pronto, pero lo que no es admisible es la falsificación del federalismo ni la simulación política. Empecemos por llamar las cosas por su nombre y ubicar a cada cual en su verdadero lugar. Ni los Oples son de los estados ni el INE es imparcial e independiente.

Corrupción y desigualdad en «países populistas»

Alguien ha intitulado a algunos de los aún vigentes Estados de bienestar, los nórdicos, de «países populistas». Lo hizo Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del 24 de mayo pasado. Dijo que el propósito de su administración es alcanzar ese Estado de bienestar que existe en lugares, agregó, «donde son bien populistas». Parece que no pocos periodistas se lo tomaron a broma, o algo así.

En su alocución, AMLO señaló que en México hay mucha más desigualdad social que en los países nórdicos, con lo cual subrayó la diferencia estructural entre el capitalismo de aquellas naciones y el que existe en México. La concentración del ingreso es una expresión, entre otras, de esa diferencia.

En ese plano, lo que nos aleja de los países nórdicos es el Estado, como lo ha dicho Andrés Manuel, pues mientras aquéllos son redistributivos (captan el 50% del PIB), el nuestro es de ingresos ínfimos (capta menos del 15%). Sin alta recaudación relativa es imposible el Estado social, aunque ésa no basta.

Es preciso una contención de la dinámica del capitalismo basado en altas tasas de ganancia, complicada con esquemas monopólicos como los imperantes en México.

Aquí no sólo hemos sufrido el neoliberalismo como política concentradora del ingreso, promotora de la desigualdad y disolvente de las regulaciones estatales y de la economía pública, sino que casi siempre hemos tenido un Estado que se preocupa, ante todo, de garantizar altas tasas de ganancia al gran capital. El punto es que nos han llevado a un callejón en el cual, sin esos altos porcentajes de beneficio, se obstruyen las corrientes de inversión extrajera y se deprime la nacional.

Entonces, la cuestión consiste en romper con el esquema que ha llevado a que, gracias a sus bajas contribuciones y otras muchas inicuas concesiones, el gran capital invertido en México tenga iguales tasas de ganancia que las obtenidas en empresas que están ubicadas en la punta de la innovación global o en la renta del subsuelo, los hidrocarburos. Tenemos estructuras monopólicas empresariales con tasas de ganancia propias de las grandes tecnológicas mundiales, pero sin haber realizado un solo invento. La conclusión de todo eso es la precariedad del salario y la insuficiencia del gasto público.

Para encarar tal situación se necesitan varias reformas, además de las indispensables regulaciones antimonopólicas. Entre ésas se encuentran: modificar el esquema de financiamiento externo para no depender tanto de los capitales «golondrinos» y anclar la deuda externa en esquemas fijos; controlar mediante el sistema fiscal las exportaciones de capitales nacionales; promover el arraigo del capital-dinero mediante una suficiente certidumbre contributiva; controlar las remesas al exterior de las ganancias de los bancos extranjeros; desarrollar un sistema de financiamiento interno con menores tasas de interés mediante el establecimiento de un amplio sistema de garantías a cargo del Estado; disminuir las importaciones de bienes destinados al sector público y promover contratos internos de largo plazo; impulsar la innovación y la puesta en práctica de sus resultados en la industria mexicana; revolucionar la producción interna de alimentos y energéticos.

Al mismo tiempo, es indispensable aumentar la inversión pública, tanto en infraestructura como la directamente productiva, pero más allá de unos cuantos grandes proyectos.

Como algo prioritario se requiere una nueva política salarial con objetivos ciertos, precisos y claros.

Todo lo anterior se debe amarrar con un objetivo insustituible: el incremento de la tasa de crecimiento del producto.

Algunos puntos han empezado a dibujarse en los pocos meses del actual gobierno, sin embargo, Andrés Manuel subrayó que el propósito de un Estado de bienestar se puede lograr «si erradicamos la corrupción». Se sabe que, en este momento, bajo el Estado corrupto es imposible el Estado social, pero el programa anticorrupción, aunque tenga finalidades políticas propias, es un requisito de una reforma mucho mayor.

Como están las cosas en el mundo, el capitalismo como sistema va a seguir predominando ampliamente, pero un Estado de bienestar, o Estado democrático y social, no puede prescindir de reformas económicas. Es mentira que para redistribuir el ingreso primero es necesario aumentar éste. Lo que sí es cierto es que, para redistribuir mejor, será siempre necesario alcanzar altas tasas de crecimiento. Esto es algo por completo lógico. Mas una política redistributiva se dirime en el terreno de la lucha política porque los grandes acaparadores del ingreso van a defender la inmensa parte porcentual de la que ahora se apropian.

Aún más, la lucha contra la corrupción se puede quedar atorada si no sobrevienen las reformas sociales a las que se refiere el Plan Nacional de Desarrollo.

Ahora bien, dentro de este complejo panorama surge la singular pregunta de si será suficiente la eficiencia recaudatoria o va a ser preciso ajustar deducciones para ampliar la base gravable de las grandes empresas e, incluso, alzar la tasa máxima de la tabla del impuesto sobre la renta.

Los mecanismos más directos de redistribución del ingreso no son prescindibles para una reforma social que conduzca al financiamiento de salud, educación, pensiones y vivienda, así como a la cobertura de planes de infraestructura que promuevan el crecimiento económico.

El populismo nórdico, el Estado democrático y social, no es alcanzable sólo con el colapso del Estado corrupto. Nada puede suplir, por ahora, las reformas sociales. Dicho de otra forma, la lucha contra la corrupción debe inscribirse dentro de esas reformas. Esta idea es el quid del programa de la transformación de la vida política del país. El otro gran punto es el de la democracia.