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La 4T lleva 22 reformas a la Constitución

Menudo asunto se ha creado a partir de la suspensión judicial con efectos generales de las recientes reformas a la ley de electricidad y de la airada respuesta del presidente de la República. Luego, se puso mejor cuando el mismo Andrés Manuel López Obrador dijo que si se llegara a declarar inconstitucional el nuevo articulado, el Ejecutivo presentaría una iniciativa de reformas a la Carta Magna con el propósito de superar el obstáculo.

Este debate es cosa normal en las democracias conocidas, sin que se produzca un escándalo como aquí. Se acusa a López Obrador de intolerante y se es insolente con él. Los jefes de gobierno discuten casi todo el tiempo. Los demás integrantes de los poderes del Estado lo hacen con frecuencia.

Los jueces no tienen muy buena fama en México. Hace pocos días, uno de ellos resolvió suspender la aplicación de varios preceptos de ley, pero con carácter general, es decir, para todo mundo, para el que sea, a pesar de que el amparo tiene efectos sólo en favor del quejoso. De otra manera, cada juez sería un derogador de leyes y, por esa vía, un legislador. Además, suspender con efectos generales una ley puede implicar que siga en vigencia la anterior: un desastre. ¿Qué tiene de osado que el presidente proteste?

La crítica del posible intento de reformar la Constitución es aún más impertinente porque ese mecanismo ha sido una de las vías practicadas para superar contradicciones. Es un instrumento peculiar porque requiere dos tercios de ambas cámaras y mayoría de legislaturas de las entidades federativas.

En los últimos dos años y medio, el Congreso ha reformado la Constitución 22 veces, sólo en 5 de las cuales hubo iniciativa del Ejecutivo. El actual presidente ya no opera como en tiempos del partido del Estado y del presidencialismo exacerbado y despótico (el reino del PRI), cuando el Ejecutivo era el único que iniciaba proyectos viables. Por cierto, es mentira que la iniciativa de reformas a la ley de la industria eléctrica no haya sido modificada “en una sola coma”: se agregó un artículo transitorio. La mayoría parlamentaria no enmienda proyectos de ley para dar alguna “buena impresión” a sus adversarios sino para mejorarlos. Los opositores y algunos periodistas se inclinan ahora por la práctica de repetir sin cesar mentiras agradables. Así fue el caso de “la coma” en la reforma de la ley de la industria eléctrica. Mas, al margen de lo anterior, ¿por qué se habría que modificar un proyecto considerado bueno y muy conveniente sólo porque proviniera de Palacio Nacional?

En las democracias reconocidas, los poderes Ejecutivo y Legislativo suelen estar en manos del mismo partido o coalición. Así es ahora en México por decisión del electorado. ¿Dónde está el defecto? Para los intelectuales y periodistas de oposición, así como para los partidos minoritarios en el Congreso, eso es antidemocrático. Claro, mientras ellos no sean mayoría.

La inconformidad del presidente con la suspensión de la reforma de la ley de electricidad carece de alcance para el Poder Judicial. López Obrador no puede sancionar al juez que hizo la maniobra de convertir una queja individual en la momentánea anulación de unos nuevos preceptos de ley. Tampoco podría obligar a un tribunal a revertir el fallo. Debería estar claro que el Ejecutivo tiene derecho a presentar recurso de revisión y eso es lo que está haciendo, como también lo han hecho las cámaras del Congreso. En conclusión, el presidente de la República no puede más que lo fijado en la ley.

Las oposiciones operan con la información política que estaba vigente antes, basada en la supremacía del presidente, la consigna presidencial, el acoso, el uso indebido del poder político, la corrupción y la hipocresía. Pero ya no son aquellos tiempos.

Los muertos que gritan

La conciencia de las generaciones fracasadas de gobernantes del pasado reciente se sigue expresando con la misma soltura de antes. Los seguidores de los neoliberales defienden hoy, sin la menor autocrítica, los evidentes fracasos de hace poco.

Con motivo de la discusión sobre la reforma de la ley de la industria eléctrica, se presentó el andamiaje neoliberal en los mismos términos que cuando se construyó el mecanismo de preferencias a la inversión privada, especialmente extranjera, en la generación de electricidad. Lo que se defendió por parte de las actuales oposiciones ya fracasó, empezando por el hecho de que las tarifas no se redujeron como ellos prometieron cuando eran gobierno.

Quienes decretaron el gasolinazo neoliberal afirman ahora, sin admitir sus tropelías inflacionarias de hace poco tiempo, que la reforma en curso de la ley de la industria eléctrica llevará al incremento de las tarifas. La historia conocida es que las recetas neoliberales fueron las que condujeron a mercados descontrolados o transados, como ha sido en México. Los promotores de “tarifazos” en toda América Latina han sido justamente los defensores del neoliberalismo.

Quienes protestaron airadamente por la cancelación del aeropuerto de Texcoco están exigiendo que el gobierno actual cancele el proyecto de Santa Lucía. Quienes alguna vez apoyaron el proyecto de construir una refinería en Tula, de la cual sólo se completó la barda perimetral en un terreno adquirido por el gobierno local, ahora se oponen a la de Dos Bocas. Aquellos que elaboraron el proyecto Alfa-Omega para crear una vía transoceánica en el istmo de Tehuantepec, ahora exigen que se abandonen las obras de modernización de un ferrocarril que data de principios del siglo XX. Los que argumentan que se requiere apoyar el turismo, exigen airosos que se detengan los trabajos del Tren Maya. No les importan los proyectos en sí mismos, sino que odian al gobierno que los lleva a cabo.

Eso no se puede llamar locura. ¿Qué es? Oposición sin propuesta, política de golpeteo, ambición de poder sin proyecto nacional.

Los argumentos expuestos en la Cámara para tratar de bloquear la nueva reforma de la industria eléctrica defendieron el “libre mercado” más transado que hay en el mundo, el que se encuentra en la ley vigente y en los contratos que se firmaron para defenestrar a la empresa pública.

Es la defensa de la conciencia de una generación política que ha fracasado. Aquella del neoliberalismo que llevó a una mayor pobreza en casi toda América Latina, la que se embonó muy bien con los esquemas de corrupción, en especial con el Estado corrupto mexicano.

El problema mayor no era el lugar donde construir un nuevo aeropuerto sino cómo hacerlo. En Zumpango se lleva a cabo una obra financiada con recursos presupuestales, sin empréstitos onerosos. El “fabuloso” aeropuerto de Texcoco era un plan que al final le iba a costar al erario algo así como 400 mil millones para beneficiar directamente a unos diez consorcios. Ya no habrá aeropuerto en el lago, pero, entonces, los representantes de la conciencia de los fracasados gritan, como calacas histéricas, que deben clausurarse las obras del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

Según esos muertos, los proyectos grandes de la nueva administración deber cerrarse en nombre de la conciencia neoliberal, pero no por ser obras, construcciones, sino por no hacerse de conformidad con los cánones de la defenestración de la empresa pública y la glorificación del Estado corrupto privatizador.

Los muertos sí gritan, vociferan. Es que no están tan muertos todavía. Se unen para tratar de volver a estar tan vivos como cuando reformaban leyes para dar concesiones innecesarias, privatizar en favor de elegidos, lucrar a partir de negocios con empresas privadas, condonar impuestos, otorgar concesiones a granel, promover y proteger monopolios.

La incesante repetición de las palabras de esos muertos que no están tan muertos se hace para aparentar ser una verdad, pero sólo para aquellos cuya conciencia quedó anclada en lo que ya se hizo viejo, el neoliberalismo. Esta longevidad no se debe a que nació aquí hace 35 años, sino a que fracasó en toda la línea: nada de lo prometido funcionó para bien del país y de la mayoría nacional.

Los gritos de aquellos muertos que se escuchan en el Congreso, los medios y las redes son convulsivos porque sus emisores nunca admitieron que fuera posible que otros emprendieran un camino divergente al que ellos trazaron durante tres décadas. Esos muertos están desconsolados, desesperados, desorientados. Se unen hoy sólo para gritar más fuerte, para vociferar, para repetir las mismas frases una y otra vez, para insultar con desesperación. Al filo de las 5 de la mañana, en plena sesión de Cámara y desde la tribuna, un afectado vocero del PAN llamó “descerebrados” a sus colegas de Morena.

Los muertos que aún viven, maledicentes y farsantes, buscan su más completa resurrección, pero no aspiran a construir nada nuevo porque son el resumidero de lo viejo.

Neoliberalismo corrupto

El primer lugar en desastres socio-económicos de finales del siglo XX y principios del XXI lo ocuparon países con sistema político dictatorial en los que el neoliberalismo se entronizó; el segundo lugar correspondió al esquema neoliberal corrupto. Este último azotó a México durante 35 años, aderezado con escandalosos fraudes electorales y otras muchas violencias políticas.

Desde la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE; 1937) y mucho después de la llamada nacionalización de la industria eléctrica (1960) bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, el Estado concedía subsidios a consumidores domésticos, como lo sigue haciendo, pero transfería mucho más a las empresas industriales. Esto último era parte de la política de fomento de la industrialización y de la sustitución de importaciones, aunque también había corrupción en la condonación de adeudos.

El abandono del fomento de la industria nacional para promover la extranjera, en el marco de la gran apertura comercial, obligaba a restringir el subsidio eléctrico y acotar el desequilibrio costo-precio. Pero no hay muchos países como México. Aquí se fue reduciendo el subsidio a la industria en general para concentrarse en nuevas empresas productoras de electricidad que aparecían conforme se aceleraba la defenestración de la CFE.

Los neoliberales lanzaron, para empezar, la figura de “productores independientes” que usan el llamado ciclo combinado que quema fósiles. Estos venden por contrato a la CFE pero en el acuerdo no se abarca la proporción correcta de la reserva eléctrica que es preciso cubrir, es decir, aquella parte de la planta productora de energía que no opera siempre porque realiza el papel de respaldo. Ningún sistema eléctrico funciona sin capacidad de suplir una caída de la generación por cualquier causa.

Como esa reserva es costosa, se postula que deba ser pagada en su mayor parte por la nación. Así se piensa y eso ocurre. Esto apareció con mayor énfasis luego de la “reforma energética”, con la entrada de nuevos productores de electricidad, entre ellos los que utilizan sistemas de viento e insolación, quienes tienen asegurado su ingreso en el reparto de electricidad, a pesar de que no generan energía todo el día de todos los días, sino de manera intermitente. Para ellos opera una parte del respaldo a cargo del Estado mediante contratos leoninos que los protegen.

Las cosas han llegado a extremos inusitados. La CFE vende sólo el 35.4% de la demanda de electricidad, pero posee más de la mitad de la capacidad nacional de generación. El problema es aún más serio cuando se advierte que la política eléctrica durante los cuatro anteriores sexenios llevó al país al absurdo de tener una capacidad instalada de casi el doble de lo que se consume, es decir una reserva cercana al 50%, cuando la recomendación internacional es de 20%. ¿Por qué este desperdicio de infraestructura productiva industrial? La respuesta es sencilla pero lacerante: porque se ha venido desplazando artificialmente a la empresa pública para beneficiar a las privadas. Eso no es un mercado propiamente dicho; es una costosa política privatizadora.

El neoliberalismo mexicano repudió la empresa pública, considerada irreformable, no rentable y altamente dañina por ser monopólica, pero redistribuyó subsidios, antes amplios, para concentrarlos hacia ciertas empresas. Así se creó un sistema de generación de electricidad paralelo al del Estado pero que depende del mismo, no sólo en el aspecto técnico de transmisión y distribución, sino en la rentabilidad. Esto último no es frecuente en otros países. Es difícil lograrlo porque hay que tener una cara muy dura para atentar contra los intereses nacionales desde el gobierno con el engaño de que se le hace un bien al país y a la sociedad, la cual paga los costos en aras de que exista un “mercado libre”. Pero tal mercado, idolatrado por los neoliberales, no aplicó, debido a que fue sustituido por contratos cerrados y subsidios selectivos para patrocinar empresas con el fin de acelerar el bombardeo sobre una entidad pública productiva, la CFE.

El escándalo de la planta Agronitrogenados no es algo del todo diferente. Así como Pemex compró a una empresa privada, Altos Hornos de México (AHMSA), una vieja planta industrial muy endeudada y nada rentable, por un monto de 200 millones de dólares, diciendo que era para mejorar la operación de la paraestatal, así también se otorgaron a granel autorizaciones para instalar productoras de electricidad subsidiada por el Estado mismo. Recién, se ha usado también el argumento de que hay que dejar de quemar materia fósil y ayudar al planeta, pero, de paso, se transfiere riqueza pública a manos privadas, en especial si se trata de compañías extranjeras. A esto podría llamársele corrupción verde.

Se ha dicho que la CFE desprecia la energía llamada limpia, es decir, sin gases ni partículas contaminantes, pero se oculta neciamente que la empresa estatal sigue siendo la mayor generadora de esa clase de energía: hidroeléctrica, geotérmica y nuclear.

Desde un principio, el neoliberalismo mexicano se expandió en medio de la corrupción porque el viraje programático se dio sin ruptura política, es decir, dentro del viejo Estado corrupto. Por eso, las izquierdas, al exigir democracia y rechazar la política económica, también denunciaban la corrupción. Ese fue el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y la misma plataforma básica de 2018 con López Obrador.

En México, las privatizaciones no se hicieron igual que en Gran Bretaña, sino que se aplicó la tecnología de Margaret Thatcher, pero con mordidas y favoritismos. En la venta de Telmex, por ejemplo, pudieron comprarse acciones a crédito al tiempo de que con el 5.5% del capital social fue suficiente para tomar el control total de la compañía. ¡Qué fácil! Así, cualquiera. La cuestión consistía en ser comprador designado. Un monopolio estatal se convirtió en un monopolio privado, pero en nombre del mercado libre. Así fue.

Además, la modernización de la industria eléctrica mexicana se dejó en su mayor parte a empresas extranjeras, pero sobre la base de otorgarles un trato privilegiado en detrimento de la CFE, con el propósito de irla achicando por decreto, tal como el plan contra Pemex.

Empezar a revertir esa situación es lo que se busca con la reforma de la ley de la industria eléctrica que ha propuesto el presidente de la República. Ya se había tardado un poco.

Ley de educación superior: el cadáver político de Zedillo

El proyecto de ley de educación superior es un intento de resurrección del cadáver político de Ernesto Zedillo. Bajo un neoliberalismo muy poco disimulado, se nos anuncia que se quiere que todo siga más o menos igual que antes y se detengan los cambios.

El derecho a la educación superior es universal. Se requiere, claro está, cubrir los ciclos educativos anteriores, los cuales también son derechos sociales. Sin embargo, el proyecto de ley enviado por el Senado a la Cámara de Diputados agrega otra cosa como condición de acceso: “que (se) cumpla con los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior” (Art. 4). Aquí se cae todo.

Ernesto Zedillo mandó reformar la Carta Magna para que el Estado no tuviera que “impartir” educación superior, sino sólo “promoverla y atenderla”, con lo cual este tipo educativo ya no era un derecho que debiera garantizarse. Esto fue derogado por la reforma constitucional del 15 de mayo de 2019 que señala que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual debe brindar los medios de acceso a quienes reúnan los requisitos que, a todo análisis, consisten en contar con los certificados de estudios del ciclo anterior.

Según el proyecto de ley, el nuevo derecho ya no será un derecho propiamente dicho sino algo condicionado a unos requisitos impuestos por las “instituciones”, pero ni siquiera las autónomas solamente sino todas ellas. Es de seguro el examen de admisión y, quizá también, la procedencia, residencia o aspirantura de carrera, como ya lo hemos vivido. Según el proyecto de marras, tales “instituciones” determinarán por sí y ante sí el alcance de un derecho que, pensábamos, ya había sido proclamado como universal en cumplimiento de un compromiso de la 4T.

Se sabe de sobra que los exámenes de admisión siempre fueron filtros para dejar fuera a miles de estudiantes. No son parte de un sistema para conocer y mejorar la educación. Si todos los aspirantes aprobaran el examen con calificación de 10, el número de rechazados sería el mismo. Ahora, se quiere hacer de ese examen la condición legal para el ejercicio del nuevo derecho constitucional, el cual dejaría de serlo por mandato de una legislación secundaria. Es como un robo: tengo algo en la Constitución y me lo quitas en ley derivada. Eso no es algo nuevo en la historia mexicana, pero lo que se busca en concreto es mantener todo igual para impedir que lo nuevo pueda culminar.

La selección de estudiantes para la educación superior ha sido un fuerte mecanismo de clase porque en México vivimos una sociedad profundamente estratificada, lo que, precisamente, hay que reformar. Tal es el sentido, entre otros, del derecho a la educación superior.

Toda educación pública ha de ser gratuita. Por esto, Ernesto Zedillo descontó el nivel superior de aquella “impartida” por el Estado. Las colegiaturas que, sin embargo, ya existían, se buscaba elevarlas y hacerlas parte relevante y creciente del financiamiento de la educación.

En 1986-87 un poderoso movimiento estudiantil aplastó la pretensión de De la Madrid-Carpizo de aumentar las cuotas. Varios años más tarde, otra huelga universitaria que duró un año (1999-2000) hizo posible el repliegue de los neoliberales (Zedillo y compañía), pero se siguieron cobrando colegiaturas en las universidades públicas. Hoy, la Constitución tiene prohibidas las colegiaturas y es preciso resolver el problema definitivamente.

El proyecto de ley de educación superior no brinda un curso cierto para el logro de ese compromiso. Las instituciones públicas de los estados, en especial las autónomas, pretenden que todo se recargue en nuevas autorizaciones presupuestales federales, que son necesarias, pero sin rebajar sus actuales gastos prescindibles y onerosos. Más de la mitad del dinero procedente de cobros por inscripción y colegiatura es recaudada por las universidades estatales, a la vez que la Federación les aporta en promedio el 70% de su subsidio, pero no quieren hacer el menor esfuerzo en favor de la gratuidad. Así han redactado el proyecto de ley.

El llamado fondo de gratuidad de la Cámara de Diputados no puede ser sólo un aumento de subsidio sin propósito muy concreto, como lo pretende el proyecto. Eliminar las cuotas estudiantiles debe incluir un serio esfuerzo de austeridad burocrática por parte de quienes las cobran.

Casi todo el proyecto de ley de educación superior ha sido redactado dentro de la ANUIES y refleja, por tanto, la visión que tienen las dominantes burocracias institucionales.

En el texto del proyecto no se encuentra la palabra democracia, los estudiantes son inexistentes, los profesores son una vaga referencia. La educación superior y las escuelas no son aquello de lo que se habla en el proyecto de ley. Se trata de un texto redactado por las autoridades para ellas mismas.

En el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior que se quiere crear hay 107 autoridades, pero sólo nueve estudiantes y nueve profesores, supuestamente representantes de la totalidad de instituciones educativas públicas y privadas, que serían designados por el mismo consejo. Además, éste podría funcionar legalmente –se dice claro– sin la presencia de un solo estudiante, de un solo profesor. Es la plutocracia de las autoridades y la ausencia de todo concepto de representación.

En el proyecto de ley no se trata sólo de suprimir la palabra sino de eliminar el concepto de democracia. Se pretende, así, que en la nueva legislación no existan elementos republicanos, como si viviéramos bajo una dictadura de jure.

Además, el nuevo consejo nacional, que se pretende instalar aun sin estudiantes ni profesores, no es en realidad un órgano colegiado porque carece de toda capacidad para emitir resoluciones vinculantes. ¿Para qué construir una instancia más como lugar sólo para hablar y escuchar, si acaso?

Quizá por esto mismo ha resurgido en el proyecto la “evaluación”, reducida en el nuevo texto constitucional a ser instrumento diagnóstico de un sistema de mejoramiento educativo. Hoy, se plantea el fomento de “la cultura de la evaluación y acreditación” (Art. 48), que buscaban por varios métodos los neoliberales en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. El liberalismo ha impulsado siempre la competencia entre estudiantes, profesores e instituciones de educación, pero en México no habíamos oído hablar tan claramente de toda una “cultura de la evaluación educativa”.

Como es característica de todo planteamiento de derecha, el proyecto de ley de educación superior no confiere derechos de participación de estudiantes y profesores para intervenir en la determinación de las condiciones de su propia labor. Nunca se dice qué abarca el ser estudiante y el ser profesor, qué funciones desempeñan unos y otros, qué deberes, qué derechos. Nada. En el proyecto de ley, alumnos y maestros no existen más que a través de muy escasas referencias desafortunadas o confusas. En especial, los alumnos son elementos absolutamente pasivos y los maestros son simples subordinados. Se pretende expedir una ley de educación superior, pero sin proceso educativo, sin personas que se relacionan y actúan juntas, sino sólo para regular relaciones formalistas entre las burocracias dominantes.

Ya en el ámbito de lo absurdo, el proyecto busca impedir que los órganos legislativos admitan iniciativas o expidan reformas a la ley de cualquier universidad sin contar con una previa “respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno”. Pero el Congreso de la Unión carece, por una parte, de facultades para regir los procedimientos internos de los poderes legislativos de las entidades federativas y, por la otra, para negar el derecho constitucional de los legisladores y del Ejecutivo a presentar iniciativas de ley. Esta inaudita pretensión tiene el propósito de mantener viejas y caducas estructuras de las universidades, bajo la bandera de la defensa de la autonomía. Por desgracia, esa misma autonomía se confunde hoy día con algo por completo separado o de plano contrario a la democracia universitaria, sin la cual no puede cristalizarse aquella “capacidad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas”, de la que habla la fracción VII del artículo 3º  de la Constitución en referencia a las universidades autónomas.

El proyecto de ley de educación superior se ha presentado como una obra de amplio consenso y trabajo participativo. Pero a su redacción no fueron convidados los críticos de la actual educación superior, cuya organicidad es obsoleta. Nomás estuvo presente la derecha. Es entendible que se produjera un gran acuerdo.

Los movimientos estudiantiles anteriores y posteriores a la gran lucha de 1968 por la democracia política en todo el país buscaban una educación democrática, popular y científica. Hubo mucha represión, es cierto, pero también se lograron resonantes victorias. Universidades y escuelas democratizadas en las que alumbró una nueva educación con base en la ciencia y el examen crítico de la realidad. Fueron periodos en los que en muchos lugares estudiantes y profesores decidían objeto, contenido y métodos de los procesos educativos, con libertad y en pie de igualdad. Hoy vivimos la burocratización, el elitismo, los privilegios de autoridades y un profundo repliegue de la participación democrática de estudiantes y profesores.

Una nueva legislación no sería suficiente para superar este deplorable estado, pero no es aceptable expedir una norma, dejando todo igual o peor, sólo para cubrir un requerimiento. Pronto podríamos volver sobre el tema. Lo más importante en estos días es que no se apruebe una ley neoliberal en plena 4T porque sería una concesión innecesaria e inicua.

Que no se escarbe en tierra infértil para sacar el cadáver político de Ernesto Zedillo, de sus ideólogos y corifeos neoliberales.

Autonomía y supeditación del Banco de México

La Constitución (Art. 28) establece que el Estado tendrá “un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración”. El objetivo prioritario del Banco de México ha de ser “procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado”. Y dicho precepto sentencia, sin concesión: “Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento”.

El mismo artículo 28 constitucional pone las cosas más claras al señalar que “el banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros…”.

Es sobre esta base que el gobierno tiene el control legal de la Comisión de Cambios (la preside  el Secretario de Hacienda, quien puede superar los empates entre sus seis integrantes, tres del Banxico y tres del mismo gobierno), propone al Senado a los miembros de la Junta de Gobierno (quienes no son empleados del banco por lo que carecen de derechos laborales) y determina el sueldo de los mismos a través de una comisión ad hoc (cuyas decisiones están siendo objetadas en la Suprema Corte para poder seguir ganando más que el presidente de la República).

El mismo gobierno integra, regula y vigila a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como a la de Seguros y Fianzas, además de realizar la llamada inteligencia financiera, entre otras funciones que impactan en la intermediación, los cambios y el sistema financiero del país. En síntesis, el gobierno tiene más funciones que Banxico, excepto la de conceder financiamiento desde el banco y, naturalmente, la de emitir moneda y regular su circulación.

El banco fija la llamada tasa de referencia que rige en sus transacciones con las instituciones bancarias. No es una tasa impuesta sino sólo para cierta clase de operaciones, por lo que también se usa justamente en forma referencial. Los bancos toman sus muy libres decisiones en materia de tasas de interés activas y pasivas debido a que no son ejercidos los deberes de regulación que, desde hace algunos años, la ley confiere a Banxico. La “libre competencia” bancaria mexicana está en manos de siete bancos, de los cuales cinco son trasnacionales. Este tema sigue estando pendiente de análisis en el Congreso.

La Constitución señala que el Banco de México tendrá funciones de autoridad “necesarias”, pero sobre bases, condiciones y límites escritas en la legislación, lo cual confirma la observancia del principio de legalidad. El banco, en fin, no legisla. Quien lo hace es el Congreso. Bueno saberlo.

El Banco de México está más subordinado que lo imaginado por la generalidad de las personas. Sin embargo, al subrayarse su autonomía, se soslayan los límites de la misma. Así, se está propagando que Banxico no requiere ley alguna para funcionar, debido a su autonomía, sino sólo acuerdos del grupo de personas designadas como integrantes de su Junta de Gobierno. Es al contrario: las funciones del banco se llevan a cabo conforme a la ley, sus funciones de autoridad no podrían ejercerse al margen de la legislación del Congreso. No es éste el primer tema nacional en el que todo aparece alrevesado. Lo que ocurre es que el principio democrático es el último en aparecer y, cuando se integra a la discusión, se confunde con otros. Viejo defecto nacional.

El banco central, en México, no surgió de la banca privada como en otros países, sino de un original mandato legislativo: es, en efecto, una institución totalmente estatal. Sus más recientes facultades constitucionales directas se derivan de la necesidad de impedir que el presidente de la República obtenga crédito del banco bajo su propia orden (echar a andar la “maquinita”, se decía) o que el Congreso lo obligue por decreto. De ahí viene la dichosa autonomía. Las facultades regulatorias y de emisión de la moneda de curso legal, su carácter de banco de bancos, etc., son elementos comunes a todo banco central. Aún así, todas están en la ley, como es debido.

Por desgracia, el reciente debate sobre la autonomía relativa del Banco de México se ha dado desde una acusación: la de su gobernador, quien dijo que el proyecto de reformas sobre los billetes y monedas de divisas extranjeras, aprobado en el Senado, es violatorio de la “autonomía del banco”. Por desgracia no explicó su aseveración, no obstante, ésta fue hecha propia por los medios de comunicación, sin explicar nada (ni siquiera publicaron el texto de la Constitución), y por voceros de agrupaciones empresariales, incluidos los mayores bancos que operan en el país, quienes defienden una idea de autonomía de Banxico que en los hechos resulta en la de ellos mismos.

El proyecto puede ser correcto o no, puede ser viable o no, puede ser práctico o no, pero no violaría la autonomía del Banco de México. Si así fuera, casi toda ley expedida antes, ahora y en el futuro por el Congreso sobre el sistema financiero y cambiario sería por definición contraria a la referida autonomía constitucional del banco. No se trata, pues, de ordenar al Banxico conceder financiamiento; tampoco de impedir el ejercicio de su autoridad, siempre en los términos que la ley defina.

El asunto de los manchados billetes de dólar tendría que ser discutido sobre la base de dos puntos. 1) Qué hacer para que las operaciones de compra no se encuentren tan abajo del tipo de cambio a la venta, con lo cual los poseedores del billete verde pierden demasiado al cambiarlos por pesos. 2) Cómo seguir mejorando los controles precautorios en el cambio de divisas, pero no sólo de los pocos billetes de dólar que circulan, sino de los centenares de miles de millones que se mueven en línea, a través de la cual, se sabe, funciona principalmente el lavado de dinero.

En otro orden de cosas, no es que el gobernador de Banxico carezca de libertad para expresarse, sino que ha usado el cargo para decir demasiadas mentiras comprometedoras, las que una generalidad de las personas se ve orillada a creer, tales como esa de la amenaza contra de estabilidad del sistema financiero, aquella del peligro para la validez y operación normal de la Reserva Internacional de México en el exterior y la del rompimiento del convenio del Banco con la autoridad estadunidense. Pocas veces se habían visto semejantes atrevimientos institucionales que generaran alarma dentro del país.

México tiene un singular problema con la dirección actual del banco central, a juzgar por las reacciones de éste. Sin embargo, habría que esperar que el gobernador de Banxico recapacite, deje de mentir y proponga algo para resolver el problema de los billetes de dólar. Asunto, por cierto, poco complicado. Del secretario de Hacienda también es de esperarse que, en lugar de andar diciendo no a sottovoce, diga qué cosa , pero en ley, para evitar vanas promesas.

Dos años después

El peor argumento de los conservadores consiste en que el nuevo gobierno ha dejado todo igual que antes. Lo han repetido los portavoces conservadores en todos los medios. De esta forma, admiten que antes, con los gobiernos de ellos, el país estaba mal y requería con urgencia un cambio. Es esa quizá una de las pocas coincidencias que tienen con el gobierno actual, pero la única que confiesan. De todas formas, es un triunfo no previsto de la 4T.

Lo que no pueden demostrar los conservadores es que estemos peor, pandemia aparte, naturalmente, ya que ésta no puede ser atribuida al gobierno, aunque pretenden que lo sea.

Estos dos años son los primeros en décadas en que el salario mínimo ha empezado a recuperar su capacidad adquisitiva. Durante el neoliberalismo siempre hubo pérdidas para los trabajadores. Ahora viene el golpe al outsourcing, mecanismo de negación de derechos laborales y precarización masiva del trabajo asalariado. Viene también la elevación de la cuota patronal al sistema pensionario y la concentración de la cuota social sólo hacia los salarios bajos.

Nunca se había tenido una fuerza gobernante que llevara a la Constitución el derecho universal de los adultos mayores a una pensión alimentaria, ni otorgara la garantía de ayuda monetaria vitalicia a los jóvenes discapacitados permanentes. Desde 1996 ningún gobierno había querido estampar en la Constitución la obligación del Estado de impartir educación superior. Jamás se había tampoco establecido la beca universal en el bachillerato ni propuesto llevar ésta a otros niveles educativos, como ya empezó a hacerse.

El derecho constitucional a la atención médica no había tenido nunca la garantía de ser un servicio con carácter universal. Jamás gobierno alguno había presentado un plan para brindar servicios médicos y medicamentos gratuitos para todas las personas que se encuentran fuera de los institutos de seguridad social: la otra mitad de la sociedad mexicana.

El actual es el primer gobierno que admite que en México hemos tenido un Estado corrupto y que es prioritario desmantelarlo. Esto implica acabar con relaciones de reparto y entramados entre gobernantes y entidades económicas a través de los que se repartieron privilegios y ganancias ilícitas. El Estado corrupto contiene extensas formas de operar basadas en la inclusión de mucha gente con el ofrecimiento de obtener beneficios ilegales en un marco de impunidad. Eso es lo que ha empezado a eliminarse a través de la acción de gobierno.

Es la primera vez en que la lucha contra la crisis delincuencial se expresa principalmente en subsidiar el empleo legal y productivo de los jóvenes y de los campesinos arruinados.

Ningún programa social opera ya a través de intermediarios que lucraban con la necesidad de la gente y conformaban burocracias parasitarias. Muy en especial, se acabaron los “moches”, patético sistema consistente en atomizar el gasto público presupuestal para asignar pedazos a entidades y personas cercanas a legisladores y gobernantes a cambio de recompensas. En un solo día de diciembre de 2018, en San Lázaro se acabaron los lucrativos “moches” y se liberaron decenas de miles de millones de pesos para poder atender grandes propósitos de una nueva política de gasto.

Así también se prohibieron las condonaciones fiscales, las cuales llegaron a comprender cientos de miles de millones en regalos a grandes contribuyentes, quienes podían dejar de pagar sus impuestos de la manera más cómoda con la sola bendición del poder político.

Todo lo anterior es ignorado por las oposiciones conservadoras. Como si eso no existiera, las críticas se dirigen hacia la reducción del PIB y la pérdida de empleos en el marco de un parón de la economía, decretado por la autoridad sanitaria, el cual fue aplicado de una u otra forma por casi todos los países. No ha sido nada fácil y todo se ha alterado. Pero, al menos, en México no hemos recurrido a nuevas deudas para financiar o subsidiar a grandes capitalistas, con lo cual, claramente, se ha subrayado la consigna de no volver a cometer las atrocidades del pasado, tales como el gran robo del Fobaproa.

Los subsidios son ahora dirigidos a quienes tienen necesidad verdadera de ellos.

La austeridad republicana no es una política para gastar menos sino para gastar más, pero en lo verdaderamente importante, necesario y trascendente. Acabar con el derroche no es meter el dinero público debajo del colchón sino destinarlo a otra cosa, a lo que se requiere desde hace mucho tiempo pero que no se había atendido.

Las bases de una nueva administración comprenden la eliminación de costosos organismos de intermediación en el ejercicio del gasto, como los llamados fideicomisos que, al tiempo en que esterilizaban recursos públicos guardándolos de manera por completo innecesaria, otorgaban inservibles empleos a los amigos de los gobernantes.

Los conservadores quieren, lógicamente, mantener, pero eso ha costado mucho al país. La 4T fue votada en las urnas para destruir el edificio de la corrupción, el derroche, la transferencia de más riqueza a la oligarquía y la brutal concentración del ingreso, en el marco de la reivindicación de derechos sociales y la vigencia de sus garantías.

A la 4T le ha hecho falta una reforma fiscal para cobrar tasas mayores a las más altas ganancias y rebajar los impuestos de los ingresos medios, cuyas tasas impositivas se encuentran ahora cerca de las que tienen los archimillonarios, quienes, además, pagan tasas efectivas mucho menores porque cuentan con otros privilegios fiscales.

También le ha hecho falta al nuevo gobierno un plan propio de construcción de infraestructuras, con una amplia cobertura de financiamiento, que atienda proyectos de las entidades federativas para promover el crecimiento de la economía y el empleo, mediante un mecanismo de carácter nacional y centralizado que logre impedir el desvío de recursos y la creación de nuevas burocracias parasitarias. No todo debe ser subsidio sino principalmente inversiones capaces de generar ingresos necesarios para cubrirlas.

El Estado debe ubicarse más y mejor dentro de la economía y no sólo regularla, pero al margen del viejo estatismo que terminó repartiendo canonjías y corruptelas por todos lados y, quizá lo peor, prohijó una oligarquía que se adueñó del país entero.

La mejor manera de estimular las inversiones privadas, indispensables para impulsar el crecimiento económico, consiste en tener planes propios que coadyuven a una redistribución del ingreso. Los llamados megaproyectos son una especie de señal, pero no alcanzan aún a colmar la magnitud de la obra que debe llevar a cabo el gobierno federal directamente.

Los conservadores de la derecha tradicional y sus inexplicados nuevos socios, pero de vieja trayectoria, los líderes priistas, están colgados tétricamente de los más de cien mil fallecidos por causa directa de la pandemia. Dentro de esa gran tragedia, no admiten el formidable logro de contar con una infraestructura médica adecuada frente al Covid, con la cual se ha tenido capacidad de atender a los enfermos.

Esa derecha y sus socios no dan el menor consejo para reanimar la economía sino que se regodean con el hecho de que el parón haya conducido a una mayor disminución del PIB. Cuanto más sea la caída del producto, mayor será la victoria de las oposiciones, según creen sus líderes, pero sin considerar que lo peor para el país no puede ser lo mejor ni siquiera para ellos.

Esa derecha vive en la amargura de su derrota del año de 2018, pero sin perspectiva porque no ofrece una nueva acción, otro camino que se reputara diferente pero nuevo y mejor, sino que sólo lanza acusaciones, falsas en su inmensa mayoría, para tratar de crear un ambiente de confusión. No se dan cuenta que pocos quieren volver al pasado y que al nuevo gobierno no le puede ir mal cuando lo de antes va quedando atrás, a pesar del enorme tropezón provocado por la pandemia.

Es tanta su amargura que los conservadores se quejan de la más amplia libertad de difusión de ideas y opiniones. Nadie ha sido molestado, acosado, bloqueado y mucho menos perseguido por sus planteamientos y críticas. Cuando se produce el debate con la prensa, es el mismo presidente el que lo encabeza. Ya no hay mensajes a los comunicadores y tampoco embutes convincentes. Quienes se quejan del debate, de la réplica pública, no están acostumbrados a relaciones políticas limpias, sino que han vivido en los cenáculos del influyentismo y la corrupción. Es un pasado que añoran quienes fueron sus beneficiarios.

Dos años es un lapso corto para un país soberano con 200 años de historia propia. Lo que no se puede negar es que se ha vuelto a hacer historia en el sentido de alcanzar un momento de quiebre, de ruptura. Los próximos dos años serán de mayores confrontaciones políticas y probablemente de mayores reformas.

Los fideicomisos son hoyos

Fideicomiso es un mecanismo de administración. Las clases propietarias lo inventaron para proteger el patrimonio acumulado o simplemente administrar herencias. Ahora se usa para realizar algunos negocios, especialmente inmobiliarios. Por otra parte, algunos gobiernos rompen sus propias estructuras mediante fideicomisos como forma de repartir fondos y mandos sobre los mismos.

En México los fideicomisos públicos se han usado para muchas cosas, entre ellas, la de quitar responsabilidades directas mediante la asignación de un fondo para atender ciertas obligaciones oficiales sin tener que dar la cara. También se han utilizado para crear islotes administrativos en favor de determinadas personas allegadas al poder. Bajo el Estado corrupto, los fideicomisos eran parte de lo mismo en alguna medida.

El rey de los fideicomisos era uno de carácter privado, sí, privado, no hay error; creado por una ley, sí, por una ley, tampoco hay error. Se llamó Fondo Bancario de Protección del Ahorro, mejor conocido como Fobaproa. Este instrumento administraba cuotas de los bancos por parte de administradores nombrados por la Secretaría de Hacienda, los cuales tenían plena personalidad y capacidad jurídica para asistir a los bancos. Llegada la gran crisis del “error de diciembre” suscribió obligaciones públicas reconocidas inconstitucionalmente por el gobierno federal (Ernesto Zedillo) en favor de bancos privados por la friolera de cien mil millones de dólares. El PAN terminó apoyando todo el esquema. Aún se pagan anualmente los intereses de esa deuda.

Han existido muchos fideicomisos, la mayoría de los cuales son hoyos negros que tienen a su cargo ciertas funciones, desde pagar pensiones, indemnizaciones, ayudas, promociones, anuncios, etc., hasta hacerse cargo de muy importantes objetivos como la atención a las zonas en desastre natural. Éste, el Fonden, debe más de lo que tiene y nunca ha logrado atender por completo ninguna emergencia. El gobierno federal sigue realizando todavía, pero directamente, obras de reconstrucción relacionadas con los últimos terremotos.

Los fideicomisos son también maneras de privatizar fondos públicos para ciertas actividades que podrían ser llevadas a cabo por el gobierno. Por lo regular, son dirigidos por personas nombradas por los funcionarios para asumir funciones que en realidad son de carácter público.

Lo que ahora se discute en el Congreso no es el objeto del gasto sino la forma de canalizarlo, es decir, usar o no fideicomisos para los destinos que hasta ahora han sido cubiertos por esa anómala forma de administración pública.

La forma de analizar este asunto por parte de las oposiciones es que al eliminar los fideicomisos desaparecerá también la asignación de recursos. Sin embargo, no existe base alguna para suponer tal cosa. Los fondos hacia cultura, ciencia, tecnología, protección de personas, pensiones, promociones, etc., no se van a suspender con la eliminación de los fideicomisos. Se trata de regularizar la administración pública conforme a un solo sistema de asignaciones y gastos, con los necesarios controles y, ante todo, con la debida responsabilidad directa de los gobernantes.

Además, en realidad nada justifica contar con recursos inactivos depositados en bancos, con los cuales éstos compran valores del mismo gobierno.

Las oposiciones y algunos aliados de la 4T están pidiendo que se analice uno por uno de los fideicomisos, lo cual es imposible hacerlo en el Congreso porque una de las características de éstos es su opacidad. Además, lo que en realidad se está proponiendo es superar esa forma de administración.

Luego vendrán nuevas disposiciones administrativas y algunas de carácter legislativo para dar nuevo orden a las actividades que hasta ahora han estado a cargo de esas administradoras de fondos públicos. Esto se hará sin interrumpir pagos y otras obligaciones ya contraídas.

Los fideicomisos tienen sentido, en algunos casos, cuando se realizan obras o programas que tienen día de inicio y de terminación, para evitar la convergencia desordenada de diferentes dependencias, o cuando se administran grandes ingresos provenientes de terceros que se convierten en patrimonio público o social, con el fin de dar cuenta exacta a los aportantes.

El gobierno federal, sin embargo, se fue convirtiendo en un inventor compulsivo de fideicomisos públicos, es decir, de formas de administración de recursos de origen presupuestal que eran manejados como casa aparte y con reparto de utilidades. Tenía que llegar el día en que todo eso fuera desmontado.

Los mejores críticos que puede tener la 4T son quienes exigen que se cumplan los ofrecimientos, como este en materia de fideicomisos, y se avance aun más lejos en la transformación de la vida pública de México.

Oligopolio medicinal

El oligopolio de medicamentos, materiales y equipo de salud es causa de altos precios y mucha corrupción. Es una expresión remanente de las décadas del dominio político del PRIAN.

El gobierno actual ha buscado vías para contrarrestar los precios de monopolio y las maniobras comerciales. Uno de esos caminos lo ha abierto el Congreso con la reforma de la Ley de Adquisiciones, aprobada el miércoles 29 de julio. Se trata de que únicamente la compra de medicamentos a través de organismos internacionales intergubernamentales no esté regida por esa ley sino sólo por los principios que al respecto señala la Constitución. La adjudicación directa contemplada en la legislación actual no es un mecanismo suficiente para dar base jurídica a convenios permanentes y a la apertura de un sistema de adquisiciones exclusivas por conducto de esos organismos internacionales. Era indispensable la reforma.

La mayoría de las oposiciones presentaron argumentos dirigidos a defender al oligopolio medicinal y sus prácticas. Se dijo que la reforma de la ley se dirige a sacar a las empresas mexicanas del mercado. Sin embargo, el sector público representa menos de la mitad de la demanda interna que alcanza unos 200 mil millones de pesos anuales. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación, desde éste se erogan 80 mil millones. Además, México no podría adquirir más del 25% de su consumo interno mediante el procedimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a la clase de vacunas y medicamentos que se tramitan a través de su sistema. Asimismo, las empresas mexicanas productoras podrían participar en los procedimientos convocados por la OMS para colocar sus mercancías.

Con las nuevas operaciones de México dentro del sistema OMS/OPS, los precios de lo comprado dentro de tal mecanismo serían un 25% menores, según se ha estimado por las mismas organizaciones internacionales.

La defensa de las empresas de medicamentos no tiene ningún asidero a no ser la procura de un interés comercial ilegítimo. Las prácticas monopólicas de esas empresas son bien conocidas. En cuanto a quienes son meramente distribuidores, todo es mucho peor, pues ni siquiera producen, pero realizan las peores y más sucias maniobras, aunque también los está defendiendo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA).

Hemos tenido aquí una fuente de corrupción pública, a pesar de las licitaciones, puesto que los pactos convenientes, como se sabe, llevan a buenos precios sólo para los vendedores cuando éstos se ponen de acuerdo. Por el lado del Estado, el sector salud ha sido una sede de corrupción ligada a las adquisiciones.

El mercado de insumos para la salud es aún más ganancioso porcentualmente, pues, en México, los dispositivos médicos de alta tecnología se venden, en promedio, al doble que en el resto del mundo, a través de intermediarios mayoristas (servicios integrales de salud). Esta es una manera de hacer negocios con muchos hospitales públicos de segundo y tercer nivel. Aquí ya no son sólo los medicamentos sino algo más complejo que afecta mayormente a la medicina social del país. Urge que el IMSS y el ISSSTE terminen con ese perverso sistema.

Además, en México, sólo el 12.1% de los medicamentos son genéricos, es decir, carecen de patente en vigor, por lo que hay libre producción, y el 13.2% es sin prescripción, pero el restante 74.7% es de marca, casi siempre de laboratorios trasnacionales. Esto es algo así como un campeonato mundial de medicamentos caros. Un agobiante sistema de monopolios legalizados.

El país en su conjunto destina a salud el equivalente al 6.5% del PIB. La mitad de este porcentaje es lo que se denomina gasto de bolsillo, es decir, se realiza directamente por las personas, fuera de la medicina pública. Esto habla de lo raquítico del sistema institucional. México es uno de los países con mayor gasto personal directo en salud.

Esto lleva a entender mejor el significado concreto de la lucha contra las prácticas monopólicas de las empresas de medicamentos. Si con la nueva legislación el sector salud, al comprar más barato, se ahorrara aunque fuera el 10 por ciento de lo que hasta ahora gasta, esa misma cantidad se podría usar en el fortalecimiento de unidades médicas y hospitales, así como en el suministro de medicinas.

El problema no se va solucionar por completo sólo con la reforma legal que se aprobó en el Congreso, pero ésta va a ser de una gran ayuda. Es un paso a favor de la atención médica como derecho de todos y todas. Es un avance en la lucha contra la corrupción. Es algo en pro del combate a los sistemas monopólicos que agobian la economía mexicana.

Afores: negocios parasitarios

Uno de los grandes problemas del sistema mexicano para el retiro basado en cuentas individuales es la existencia de empresas parásitas, las llamadas afores.

Nada justifica las enormes tasas de ganancia de esos establecimientos creados exclusivamente por ley. Son unas cuantas empresas que conforman un oligopolio. Cobran cuotas como en ninguna otra parte del mundo, hasta del 1% (casi el mismo porcentaje que la aportación del trabajador), pero no hacen nada peculiar. Este sistema de afores es una maravilla: cobrar por recibir depósitos de dinero sin asumir el más mínimo riesgo ni tener la menor obligación. En términos sociales: mermar el ingreso laboral como medio de obtención de ganancia. Eso siempre ha sido un robo.

La reforma que anunció López Obrador consiste principalmente en ampliar al doble el número de trabajadores que puedan tener derecho a una pensión garantizada, tomando en cuenta el ya existente sistema de Pensión para el Bienestar, así como en aumentar la tasa de retorno de los ahorros mediante mayores aportaciones patronales.

Esto es lo más urgente, lo que debió haberse hecho hace años pues ya se conocía a detalle la dimensión de la crisis del mecanismo SAR, la cual estaba conduciendo a que millones no pudieran tener pensión (44%) y la inmensa mayoría de los pensionados sólo alcanzaran bajos porcentajes respecto al salario recibido en el momento de su retiro. Como ya se ha dicho desde hace más de 20 años, el sistema previsional mexicano es un mecanismo de empobrecimiento directo de la mayoría de los trabajadores: no te retiras para vivir mejor sino para ser más pobre.

La reforma que ha propuesto el gobierno es un primer paso en dirección de contener la crisis anunciada. No se puede hacer menos que esto a pesar de que el mayor problema está previsto para dentro de algunos años. ¿Para qué esperar?

Al plantearse la incorporación de la actual pensión de adultos mayores al sistema previsional se está haciendo que los recursos públicos destinados a ese programa queden comprometidos, lo cual protege también a quienes no cotizaron, pues el retiro de éstos seguirá siendo cubierto por la Pensión para el Bienestar.

La reforma propuesta expresa la característica de las pensiones, es decir, que son muy bajas en su gran mayoría y, al mismo tiempo, proyecta la nueva orientación del poder político. Es por ello que las aportaciones del Estado se concentrarán en favor de quienes reciben menores ingresos.

Como esquema, tenemos que las cuotas patronales irán de 5.151 hasta 13.875 del salario del trabajador, en una escala en la que sean porcentualmente mayores para los salarios más altos. En cambio, la aportación del gobierno, Cuota Social, será sólo para quienes reciban menos ingreso, hasta 4 UMA (Unidad de Medida y Actualización).

No se ha dado a conocer el impacto que pudiera tener el aumento de cuotas patronales en la recaudación, pero habrá un gasto fiscal por ese concepto.

La tasa de reemplazo (porcentaje del salario que al final puede ser jubilación o pensión), se va a equilibrar entre los diversos niveles de ingresos bajos, con lo cual mejoran principalmente quienes ganan entre 2 y 5 UMA, más los primeros dos niveles que los segundos.

La pensión garantizada, que ahora es de 3,289 pesos mensuales,  dependerá de edad, salario y semanas cotizadas, pero, en promedio, se ubicará en 4,345 pesos mensuales, lo cual es un aumento significativo.

La reducción de número de semanas de cotización para tener derecho a pensión garantizada es consecuencia del tamaño de la llamada economía informal, donde no opera el sistema de seguridad social, lo cual determina que existan millones de trabajadores que entran y salen durante toda la vida. Al final del trabajo, cuando llegan a la edad de 60 años o más, no tienen las 1,250 semanas que ahora es el requisito. Con la reforma, lo harán desde 750 y, a través de 10 años, gradualmente, se establecerá en 1,000 semanas de cotización.

Las cuotas de los trabajadores no van a aumentar a pesar de que son bajas (1.125%). Esto se debe a que los salarios mexicanos son demasiado reducidos y a que la inmensa mayoría de los trabajadores reciben menos de 5 mínimos. No podría explicarse ahora un incremento de cuotas.

Ningún sistema previsional es muy bueno o carece de problemas. Cuando no se trata de asuntos demográficos, se enfrentan a cuestiones relacionadas con los niveles salariales, las aportaciones o las crisis financieras que afectan la reserva. El sistema de cuentas individuales es de los peores sistemas, aunque es bueno para los altos salarios.

Las reformas que se van a llevar a cabo son indispensables para resolver la urgencia. Luego, se tendrá que seguir discutiendo la conformación de otro sistema, el que resulte adecuado a una prospectiva nacional y responda a las necesidades de los trabajadores formales e informales.

Por lo pronto, la pensión será la garantía del derecho al retiro, mientras la pobreza y la desigualdad se habrán reducido un poco.

Marihuana

Es inminente una reforma del régimen al que está sometida la marihuana. La Suprema Corte ha declarado inconstitucional algunas restricciones normativas sobre su producción, lo cual obliga al Congreso a legislar.

El país ha tenido demasiado titubeo respecto a la cannabis. La mayoría de las personas que cuentan con una información básica al respecto coinciden en que la prohibición sólo ha generado delincuencia y también castigo a simples consumidores, lo cual ha resultado en una inmensa injusticia.

En un país que adolece de un Estado corrupto, penalizar la producción y comercio de marihuana conduce a la participación del gobierno y la judicatura en un negocio ilícito. Así ha ocurrido en México. En la industria y el comercio de esa yerba toman parte agricultores, distribuidores, asociaciones delincuenciales, pero también gobernantes, policías, fiscales, jueces. Además, intervienen los lavadores de dinero, incluyendo bancos.

El número de críticos de la prohibición ha ido en aumento. Personas de izquierdas y derechas piden un cambio de régimen jurídico, incluyendo exgobernantes que en sus tiempos hicieron llamados a favor de fortalecer la persecución.

Nadie en particular promueve el consumo de la marihuana. Al contrario, quienes buscan la despenalización aconsejan que el Estado y la sociedad hagan cosas para desalentar su consumo. Los únicos que se encuentran contentos con el actual delito son los narcotraficantes, es parte de su negocio.

Así, la sociedad no está dividida entre quienes quieren marihuana legal y quienes no la desean, sino entre los que advierten la necesidad de la legalización y aquellos que todavía confían en la vía punitiva para evitar su consumo, a pesar de que con la ley vigente nunca se ha logrado la reducción de la cantidad de yerba producida.

En la actual coyuntura, es impertinente tratar de discutir sobre la marihuana en sí misma porque el tema es otro.

En general, la vía punitiva en materia de drogas no puede tener más consecuencia que el promover delincuencia, violencia y corrupción. Esta es la lección de muchas décadas, como lo fue en su tiempo con la ley seca impuesta en Estados Unidos.

El Senado ha logrado la ampliación del plazo para obedecer la resolución de la Suprema Corte. Sin embargo, parecen continuar los mismos titubeos respecto de qué hacer.

Por más vueltas que se le dé al problema, existe una pregunta central: debe ser o no un delito producir y comerciar marihuana. Luego, si la respuesta es que no, hay que crear un sistema de control estatal sobre producción, circulación, venta y consumo de la cannabis.

No sería la primera vez que el Estado asumiera su papel de control de la producción y el comercio, como ha sido, por ejemplo, sobre el tabaco, las bebidas alcohólicas y los medicamentos, antibióticos incluidos.

Lo que al parecer imbuye temor es que una ley para crear un control oficial pudiera llevar a la corrupción y al mercado negro. Pero, ¿qué es lo que hoy tenemos? No debería preocupar demasiado que al principio un nuevo sistema tuviera problemas en su aplicación y la prensa más las oposiciones los aprovecharan para concentrar la atención.

Cuando en un par de estados norteamericanos fronterizos con México la marihuana es legal, es menos recomendable pensar acá en términos de una gradualidad que lleve lentamente a eso mismo. La cannabis es un producto de exportación y amplio consumo nacional y ese fenómeno no lo va a parar una reforma paulatina.

El problema del uso de drogas entre la juventud adquiere otro carácter que tiene que ver con el lugar y el papel que los y las jóvenes están jugando en la sociedad actual. Mas cuando existe persecución y extorsión con motivo de la siembra, el comercio y hasta el simple uso de la marihuana, la juventud es la que más sufre, como lo estamos viendo.

Limitarnos a la resolución de la Suprema Corte para que se pudiera producir legalmente cannabis con fines lúdicos personales pero no comerciales no sería suficiente para estar a la altura del tiempo que vivimos, del sufrimiento de mucha gente que no forma parte del crimen y de la espantosa crisis de violencia delincuencial que hemos padecido durante ya muchos años.