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Los muertos que gritan

La conciencia de las generaciones fracasadas de gobernantes del pasado reciente se sigue expresando con la misma soltura de antes. Los seguidores de los neoliberales defienden hoy, sin la menor autocrítica, los evidentes fracasos de hace poco.

Con motivo de la discusión sobre la reforma de la ley de la industria eléctrica, se presentó el andamiaje neoliberal en los mismos términos que cuando se construyó el mecanismo de preferencias a la inversión privada, especialmente extranjera, en la generación de electricidad. Lo que se defendió por parte de las actuales oposiciones ya fracasó, empezando por el hecho de que las tarifas no se redujeron como ellos prometieron cuando eran gobierno.

Quienes decretaron el gasolinazo neoliberal afirman ahora, sin admitir sus tropelías inflacionarias de hace poco tiempo, que la reforma en curso de la ley de la industria eléctrica llevará al incremento de las tarifas. La historia conocida es que las recetas neoliberales fueron las que condujeron a mercados descontrolados o transados, como ha sido en México. Los promotores de “tarifazos” en toda América Latina han sido justamente los defensores del neoliberalismo.

Quienes protestaron airadamente por la cancelación del aeropuerto de Texcoco están exigiendo que el gobierno actual cancele el proyecto de Santa Lucía. Quienes alguna vez apoyaron el proyecto de construir una refinería en Tula, de la cual sólo se completó la barda perimetral en un terreno adquirido por el gobierno local, ahora se oponen a la de Dos Bocas. Aquellos que elaboraron el proyecto Alfa-Omega para crear una vía transoceánica en el istmo de Tehuantepec, ahora exigen que se abandonen las obras de modernización de un ferrocarril que data de principios del siglo XX. Los que argumentan que se requiere apoyar el turismo, exigen airosos que se detengan los trabajos del Tren Maya. No les importan los proyectos en sí mismos, sino que odian al gobierno que los lleva a cabo.

Eso no se puede llamar locura. ¿Qué es? Oposición sin propuesta, política de golpeteo, ambición de poder sin proyecto nacional.

Los argumentos expuestos en la Cámara para tratar de bloquear la nueva reforma de la industria eléctrica defendieron el “libre mercado” más transado que hay en el mundo, el que se encuentra en la ley vigente y en los contratos que se firmaron para defenestrar a la empresa pública.

Es la defensa de la conciencia de una generación política que ha fracasado. Aquella del neoliberalismo que llevó a una mayor pobreza en casi toda América Latina, la que se embonó muy bien con los esquemas de corrupción, en especial con el Estado corrupto mexicano.

El problema mayor no era el lugar donde construir un nuevo aeropuerto sino cómo hacerlo. En Zumpango se lleva a cabo una obra financiada con recursos presupuestales, sin empréstitos onerosos. El “fabuloso” aeropuerto de Texcoco era un plan que al final le iba a costar al erario algo así como 400 mil millones para beneficiar directamente a unos diez consorcios. Ya no habrá aeropuerto en el lago, pero, entonces, los representantes de la conciencia de los fracasados gritan, como calacas histéricas, que deben clausurarse las obras del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

Según esos muertos, los proyectos grandes de la nueva administración deber cerrarse en nombre de la conciencia neoliberal, pero no por ser obras, construcciones, sino por no hacerse de conformidad con los cánones de la defenestración de la empresa pública y la glorificación del Estado corrupto privatizador.

Los muertos sí gritan, vociferan. Es que no están tan muertos todavía. Se unen para tratar de volver a estar tan vivos como cuando reformaban leyes para dar concesiones innecesarias, privatizar en favor de elegidos, lucrar a partir de negocios con empresas privadas, condonar impuestos, otorgar concesiones a granel, promover y proteger monopolios.

La incesante repetición de las palabras de esos muertos que no están tan muertos se hace para aparentar ser una verdad, pero sólo para aquellos cuya conciencia quedó anclada en lo que ya se hizo viejo, el neoliberalismo. Esta longevidad no se debe a que nació aquí hace 35 años, sino a que fracasó en toda la línea: nada de lo prometido funcionó para bien del país y de la mayoría nacional.

Los gritos de aquellos muertos que se escuchan en el Congreso, los medios y las redes son convulsivos porque sus emisores nunca admitieron que fuera posible que otros emprendieran un camino divergente al que ellos trazaron durante tres décadas. Esos muertos están desconsolados, desesperados, desorientados. Se unen hoy sólo para gritar más fuerte, para vociferar, para repetir las mismas frases una y otra vez, para insultar con desesperación. Al filo de las 5 de la mañana, en plena sesión de Cámara y desde la tribuna, un afectado vocero del PAN llamó “descerebrados” a sus colegas de Morena.

Los muertos que aún viven, maledicentes y farsantes, buscan su más completa resurrección, pero no aspiran a construir nada nuevo porque son el resumidero de lo viejo.

Neoliberalismo corrupto

El primer lugar en desastres socio-económicos de finales del siglo XX y principios del XXI lo ocuparon países con sistema político dictatorial en los que el neoliberalismo se entronizó; el segundo lugar correspondió al esquema neoliberal corrupto. Este último azotó a México durante 35 años, aderezado con escandalosos fraudes electorales y otras muchas violencias políticas.

Desde la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE; 1937) y mucho después de la llamada nacionalización de la industria eléctrica (1960) bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, el Estado concedía subsidios a consumidores domésticos, como lo sigue haciendo, pero transfería mucho más a las empresas industriales. Esto último era parte de la política de fomento de la industrialización y de la sustitución de importaciones, aunque también había corrupción en la condonación de adeudos.

El abandono del fomento de la industria nacional para promover la extranjera, en el marco de la gran apertura comercial, obligaba a restringir el subsidio eléctrico y acotar el desequilibrio costo-precio. Pero no hay muchos países como México. Aquí se fue reduciendo el subsidio a la industria en general para concentrarse en nuevas empresas productoras de electricidad que aparecían conforme se aceleraba la defenestración de la CFE.

Los neoliberales lanzaron, para empezar, la figura de “productores independientes” que usan el llamado ciclo combinado que quema fósiles. Estos venden por contrato a la CFE pero en el acuerdo no se abarca la proporción correcta de la reserva eléctrica que es preciso cubrir, es decir, aquella parte de la planta productora de energía que no opera siempre porque realiza el papel de respaldo. Ningún sistema eléctrico funciona sin capacidad de suplir una caída de la generación por cualquier causa.

Como esa reserva es costosa, se postula que deba ser pagada en su mayor parte por la nación. Así se piensa y eso ocurre. Esto apareció con mayor énfasis luego de la “reforma energética”, con la entrada de nuevos productores de electricidad, entre ellos los que utilizan sistemas de viento e insolación, quienes tienen asegurado su ingreso en el reparto de electricidad, a pesar de que no generan energía todo el día de todos los días, sino de manera intermitente. Para ellos opera una parte del respaldo a cargo del Estado mediante contratos leoninos que los protegen.

Las cosas han llegado a extremos inusitados. La CFE vende sólo el 35.4% de la demanda de electricidad, pero posee más de la mitad de la capacidad nacional de generación. El problema es aún más serio cuando se advierte que la política eléctrica durante los cuatro anteriores sexenios llevó al país al absurdo de tener una capacidad instalada de casi el doble de lo que se consume, es decir una reserva cercana al 50%, cuando la recomendación internacional es de 20%. ¿Por qué este desperdicio de infraestructura productiva industrial? La respuesta es sencilla pero lacerante: porque se ha venido desplazando artificialmente a la empresa pública para beneficiar a las privadas. Eso no es un mercado propiamente dicho; es una costosa política privatizadora.

El neoliberalismo mexicano repudió la empresa pública, considerada irreformable, no rentable y altamente dañina por ser monopólica, pero redistribuyó subsidios, antes amplios, para concentrarlos hacia ciertas empresas. Así se creó un sistema de generación de electricidad paralelo al del Estado pero que depende del mismo, no sólo en el aspecto técnico de transmisión y distribución, sino en la rentabilidad. Esto último no es frecuente en otros países. Es difícil lograrlo porque hay que tener una cara muy dura para atentar contra los intereses nacionales desde el gobierno con el engaño de que se le hace un bien al país y a la sociedad, la cual paga los costos en aras de que exista un “mercado libre”. Pero tal mercado, idolatrado por los neoliberales, no aplicó, debido a que fue sustituido por contratos cerrados y subsidios selectivos para patrocinar empresas con el fin de acelerar el bombardeo sobre una entidad pública productiva, la CFE.

El escándalo de la planta Agronitrogenados no es algo del todo diferente. Así como Pemex compró a una empresa privada, Altos Hornos de México (AHMSA), una vieja planta industrial muy endeudada y nada rentable, por un monto de 200 millones de dólares, diciendo que era para mejorar la operación de la paraestatal, así también se otorgaron a granel autorizaciones para instalar productoras de electricidad subsidiada por el Estado mismo. Recién, se ha usado también el argumento de que hay que dejar de quemar materia fósil y ayudar al planeta, pero, de paso, se transfiere riqueza pública a manos privadas, en especial si se trata de compañías extranjeras. A esto podría llamársele corrupción verde.

Se ha dicho que la CFE desprecia la energía llamada limpia, es decir, sin gases ni partículas contaminantes, pero se oculta neciamente que la empresa estatal sigue siendo la mayor generadora de esa clase de energía: hidroeléctrica, geotérmica y nuclear.

Desde un principio, el neoliberalismo mexicano se expandió en medio de la corrupción porque el viraje programático se dio sin ruptura política, es decir, dentro del viejo Estado corrupto. Por eso, las izquierdas, al exigir democracia y rechazar la política económica, también denunciaban la corrupción. Ese fue el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y la misma plataforma básica de 2018 con López Obrador.

En México, las privatizaciones no se hicieron igual que en Gran Bretaña, sino que se aplicó la tecnología de Margaret Thatcher, pero con mordidas y favoritismos. En la venta de Telmex, por ejemplo, pudieron comprarse acciones a crédito al tiempo de que con el 5.5% del capital social fue suficiente para tomar el control total de la compañía. ¡Qué fácil! Así, cualquiera. La cuestión consistía en ser comprador designado. Un monopolio estatal se convirtió en un monopolio privado, pero en nombre del mercado libre. Así fue.

Además, la modernización de la industria eléctrica mexicana se dejó en su mayor parte a empresas extranjeras, pero sobre la base de otorgarles un trato privilegiado en detrimento de la CFE, con el propósito de irla achicando por decreto, tal como el plan contra Pemex.

Empezar a revertir esa situación es lo que se busca con la reforma de la ley de la industria eléctrica que ha propuesto el presidente de la República. Ya se había tardado un poco.

Autonomía y supeditación del Banco de México

La Constitución (Art. 28) establece que el Estado tendrá “un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración”. El objetivo prioritario del Banco de México ha de ser “procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado”. Y dicho precepto sentencia, sin concesión: “Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento”.

El mismo artículo 28 constitucional pone las cosas más claras al señalar que “el banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros…”.

Es sobre esta base que el gobierno tiene el control legal de la Comisión de Cambios (la preside  el Secretario de Hacienda, quien puede superar los empates entre sus seis integrantes, tres del Banxico y tres del mismo gobierno), propone al Senado a los miembros de la Junta de Gobierno (quienes no son empleados del banco por lo que carecen de derechos laborales) y determina el sueldo de los mismos a través de una comisión ad hoc (cuyas decisiones están siendo objetadas en la Suprema Corte para poder seguir ganando más que el presidente de la República).

El mismo gobierno integra, regula y vigila a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como a la de Seguros y Fianzas, además de realizar la llamada inteligencia financiera, entre otras funciones que impactan en la intermediación, los cambios y el sistema financiero del país. En síntesis, el gobierno tiene más funciones que Banxico, excepto la de conceder financiamiento desde el banco y, naturalmente, la de emitir moneda y regular su circulación.

El banco fija la llamada tasa de referencia que rige en sus transacciones con las instituciones bancarias. No es una tasa impuesta sino sólo para cierta clase de operaciones, por lo que también se usa justamente en forma referencial. Los bancos toman sus muy libres decisiones en materia de tasas de interés activas y pasivas debido a que no son ejercidos los deberes de regulación que, desde hace algunos años, la ley confiere a Banxico. La “libre competencia” bancaria mexicana está en manos de siete bancos, de los cuales cinco son trasnacionales. Este tema sigue estando pendiente de análisis en el Congreso.

La Constitución señala que el Banco de México tendrá funciones de autoridad “necesarias”, pero sobre bases, condiciones y límites escritas en la legislación, lo cual confirma la observancia del principio de legalidad. El banco, en fin, no legisla. Quien lo hace es el Congreso. Bueno saberlo.

El Banco de México está más subordinado que lo imaginado por la generalidad de las personas. Sin embargo, al subrayarse su autonomía, se soslayan los límites de la misma. Así, se está propagando que Banxico no requiere ley alguna para funcionar, debido a su autonomía, sino sólo acuerdos del grupo de personas designadas como integrantes de su Junta de Gobierno. Es al contrario: las funciones del banco se llevan a cabo conforme a la ley, sus funciones de autoridad no podrían ejercerse al margen de la legislación del Congreso. No es éste el primer tema nacional en el que todo aparece alrevesado. Lo que ocurre es que el principio democrático es el último en aparecer y, cuando se integra a la discusión, se confunde con otros. Viejo defecto nacional.

El banco central, en México, no surgió de la banca privada como en otros países, sino de un original mandato legislativo: es, en efecto, una institución totalmente estatal. Sus más recientes facultades constitucionales directas se derivan de la necesidad de impedir que el presidente de la República obtenga crédito del banco bajo su propia orden (echar a andar la “maquinita”, se decía) o que el Congreso lo obligue por decreto. De ahí viene la dichosa autonomía. Las facultades regulatorias y de emisión de la moneda de curso legal, su carácter de banco de bancos, etc., son elementos comunes a todo banco central. Aún así, todas están en la ley, como es debido.

Por desgracia, el reciente debate sobre la autonomía relativa del Banco de México se ha dado desde una acusación: la de su gobernador, quien dijo que el proyecto de reformas sobre los billetes y monedas de divisas extranjeras, aprobado en el Senado, es violatorio de la “autonomía del banco”. Por desgracia no explicó su aseveración, no obstante, ésta fue hecha propia por los medios de comunicación, sin explicar nada (ni siquiera publicaron el texto de la Constitución), y por voceros de agrupaciones empresariales, incluidos los mayores bancos que operan en el país, quienes defienden una idea de autonomía de Banxico que en los hechos resulta en la de ellos mismos.

El proyecto puede ser correcto o no, puede ser viable o no, puede ser práctico o no, pero no violaría la autonomía del Banco de México. Si así fuera, casi toda ley expedida antes, ahora y en el futuro por el Congreso sobre el sistema financiero y cambiario sería por definición contraria a la referida autonomía constitucional del banco. No se trata, pues, de ordenar al Banxico conceder financiamiento; tampoco de impedir el ejercicio de su autoridad, siempre en los términos que la ley defina.

El asunto de los manchados billetes de dólar tendría que ser discutido sobre la base de dos puntos. 1) Qué hacer para que las operaciones de compra no se encuentren tan abajo del tipo de cambio a la venta, con lo cual los poseedores del billete verde pierden demasiado al cambiarlos por pesos. 2) Cómo seguir mejorando los controles precautorios en el cambio de divisas, pero no sólo de los pocos billetes de dólar que circulan, sino de los centenares de miles de millones que se mueven en línea, a través de la cual, se sabe, funciona principalmente el lavado de dinero.

En otro orden de cosas, no es que el gobernador de Banxico carezca de libertad para expresarse, sino que ha usado el cargo para decir demasiadas mentiras comprometedoras, las que una generalidad de las personas se ve orillada a creer, tales como esa de la amenaza contra de estabilidad del sistema financiero, aquella del peligro para la validez y operación normal de la Reserva Internacional de México en el exterior y la del rompimiento del convenio del Banco con la autoridad estadunidense. Pocas veces se habían visto semejantes atrevimientos institucionales que generaran alarma dentro del país.

México tiene un singular problema con la dirección actual del banco central, a juzgar por las reacciones de éste. Sin embargo, habría que esperar que el gobernador de Banxico recapacite, deje de mentir y proponga algo para resolver el problema de los billetes de dólar. Asunto, por cierto, poco complicado. Del secretario de Hacienda también es de esperarse que, en lugar de andar diciendo no a sottovoce, diga qué cosa , pero en ley, para evitar vanas promesas.

Outsourcing en aprietos

El sistema de subcontratación de fuerza de trabajo, es decir, contratar con otro empresario como si éste fuera dueño de plantillas de personas, es un método que precariza al trabajo en tanto que los salarios, prestaciones y condiciones laborales deben ser menores para que le convenga a las dos empresas, la que recibe y la que proporciona trabajadores. La forma de hacerlo no deja de recordar en algo los tiempos del tráfico de esclavos.

El sistema no es, sin embargo, algo parecido al esclavismo sino un método típicamente capitalista. La economía política enseña que dentro de los diversos métodos de incrementar la masa de plusvalía (ganancia del capitalista) existe una que es mayormente primitiva. Se llama plusvalía absoluta y consiste en reducir el salario o alargar la jornada, o ambas cosas a la vez. Eso es lo que se hace.

El outsourcing es usado también como sistema de movilidad laboral, pues las empresas subcontratan cuando requieren aumentar la producción durante un tiempo sin tener que contratar directamente a nuevos trabajadores. Esto permite una utilización más intensiva del llamado capital constante en la economía política, es decir, la maquinaria, edificios, materias primas, energía, etc., logrando trasladar al valor de la producción total una cantidad superior de valor procedente de esos medios de producción y al mismo tiempo una cantidad mayor de plusvalía derivada de la diferencia de valor que existe entre los salarios (capital variable) y el valor del nuevo producto, pero esto sólo por un tiempo. Esta nueva ganancia está determinada por la oportunidad de producir más justo en el momento requerido por el mercado. Luego, las cosas vuelven a ser como antes y se regresa al nivel habitual de la producción, pero ya se pudo elevar la ganancia total anual.

El outsourcing rebaja también el capital variable (salarios) invertido en la compra de fuerza de trabajo en tanto que suelen dejar de cubrirse cuotas patronales de seguridad social, impuestos, reparto de utilidades y otros gastos que son parte integrante de la remuneración del trabajo.

El sistema de outsourcing se ha desarrollado sobre el enorme desempleo formal que existe en el país desde hace décadas. Legiones de trabajadores eventuales, con salarios menores, sin derechos laborales, sin contrato colectivo ni medio alguno de defensa, son parte de un mundo aparte, diferente de lo que señala el orden jurídico y el derecho del trabajo. Todo, sobre la base de un alto desempleo estructural que provoca una competencia brutal entre los trabajadores.

La economía política también enseña que el desempleo y el subempleo son en realidad una parte de la acumulación de capital en tanto permiten la expansión. Cuando un capitalista (persona o empresa) requiere trabajadores para aumentar su producción (rama de servicios incluida) tiene un mercado siempre abierto. En el outsourcing ocurre el milagro de que esa expansión puede ser sólo por un tiempo determinado y con menores costos salariales.

Es claro que existe el fenómeno, aún más grotesco, de tener bajo el mismo techo a trabajadores contratados por la empresa y a aquellos proveídos por el subcontratista pero en forma permanente. Esta es quizá la parte más extendida del método del outsourcing, el cual abarca la industria, el comercio, los servicios, la banca, el Estado. Está por todas partes.

La amplitud del outsourcing es también producto de la debilidad de los sindicatos, los cuales han entrado en la peor de las crisis desde el momento en que se hundió el Estado corporativo priista y cada central o sindicato nacional se refugió dentro de los muros de su estrecho y lucrativo recinto. De tanto dejar de luchar por los derechos generales de los trabajadores, los sindicatos se convirtieron en corporaciones promocionales de sus integrantes y jugosos negocios de sus líderes.

En realidad, una parte del capital invertido en salarios no va a parar a manos de quienes realmente laboran sino de sus líderes. Al patrono le da igual si el dinero llega al bolsillo de cada obrero o se lo entrega a los líderes, a través de toda clase de convenios o como sencillo embute. Lo que no le es indiferente es que con la compra de los jefes sindicales resuelve algunos problemas y puede lograr, entre otras cosas, que se le permita el outsourcing.

En alguna medida el capitalismo mexicano es más desastroso porque el charrismo sindical y el sindicalismo blanco (son casi lo mismo) se convirtieron en un defecto social con gravísimas consecuencias económicas y en un elemento más del Estado corrupto mexicano.

Otro tema es que siendo el outsourcing una práctica que, según la ley, podría ser regulada por las autoridades del trabajo, no ocurre así ni se podría, ya que no hay inspectores suficientes para ello. La operación gubernamental para defender derechos sociales es muy débil en el país porque así se quiso que fuera durante muchas décadas.

Encima de todo, la subcontratación permite que con mayor facilidad funcione la evasión fiscal en varias de sus modalidades como ya se ha mencionado por parte de las autoridades.

La iniciativa presidencial para prohibir el outsourcing se envió a la Cámara luego de que las negociaciones en el Senado fracasaron porque estaban embarazadas de simulación e hipocresía. Ha sido mucho mejor alojar el diálogo en Palacio Nacional a partir de un proyecto inicial muy preciso.

Como vemos, el outsourcing se ha convertido en un mal agudo en el que se concentran varios de los grandes problemas del México de nuestros días. Hay enfermedades cuya cura requiere una cirugía mayor. Es el caso.

Dos años después

El peor argumento de los conservadores consiste en que el nuevo gobierno ha dejado todo igual que antes. Lo han repetido los portavoces conservadores en todos los medios. De esta forma, admiten que antes, con los gobiernos de ellos, el país estaba mal y requería con urgencia un cambio. Es esa quizá una de las pocas coincidencias que tienen con el gobierno actual, pero la única que confiesan. De todas formas, es un triunfo no previsto de la 4T.

Lo que no pueden demostrar los conservadores es que estemos peor, pandemia aparte, naturalmente, ya que ésta no puede ser atribuida al gobierno, aunque pretenden que lo sea.

Estos dos años son los primeros en décadas en que el salario mínimo ha empezado a recuperar su capacidad adquisitiva. Durante el neoliberalismo siempre hubo pérdidas para los trabajadores. Ahora viene el golpe al outsourcing, mecanismo de negación de derechos laborales y precarización masiva del trabajo asalariado. Viene también la elevación de la cuota patronal al sistema pensionario y la concentración de la cuota social sólo hacia los salarios bajos.

Nunca se había tenido una fuerza gobernante que llevara a la Constitución el derecho universal de los adultos mayores a una pensión alimentaria, ni otorgara la garantía de ayuda monetaria vitalicia a los jóvenes discapacitados permanentes. Desde 1996 ningún gobierno había querido estampar en la Constitución la obligación del Estado de impartir educación superior. Jamás se había tampoco establecido la beca universal en el bachillerato ni propuesto llevar ésta a otros niveles educativos, como ya empezó a hacerse.

El derecho constitucional a la atención médica no había tenido nunca la garantía de ser un servicio con carácter universal. Jamás gobierno alguno había presentado un plan para brindar servicios médicos y medicamentos gratuitos para todas las personas que se encuentran fuera de los institutos de seguridad social: la otra mitad de la sociedad mexicana.

El actual es el primer gobierno que admite que en México hemos tenido un Estado corrupto y que es prioritario desmantelarlo. Esto implica acabar con relaciones de reparto y entramados entre gobernantes y entidades económicas a través de los que se repartieron privilegios y ganancias ilícitas. El Estado corrupto contiene extensas formas de operar basadas en la inclusión de mucha gente con el ofrecimiento de obtener beneficios ilegales en un marco de impunidad. Eso es lo que ha empezado a eliminarse a través de la acción de gobierno.

Es la primera vez en que la lucha contra la crisis delincuencial se expresa principalmente en subsidiar el empleo legal y productivo de los jóvenes y de los campesinos arruinados.

Ningún programa social opera ya a través de intermediarios que lucraban con la necesidad de la gente y conformaban burocracias parasitarias. Muy en especial, se acabaron los “moches”, patético sistema consistente en atomizar el gasto público presupuestal para asignar pedazos a entidades y personas cercanas a legisladores y gobernantes a cambio de recompensas. En un solo día de diciembre de 2018, en San Lázaro se acabaron los lucrativos “moches” y se liberaron decenas de miles de millones de pesos para poder atender grandes propósitos de una nueva política de gasto.

Así también se prohibieron las condonaciones fiscales, las cuales llegaron a comprender cientos de miles de millones en regalos a grandes contribuyentes, quienes podían dejar de pagar sus impuestos de la manera más cómoda con la sola bendición del poder político.

Todo lo anterior es ignorado por las oposiciones conservadoras. Como si eso no existiera, las críticas se dirigen hacia la reducción del PIB y la pérdida de empleos en el marco de un parón de la economía, decretado por la autoridad sanitaria, el cual fue aplicado de una u otra forma por casi todos los países. No ha sido nada fácil y todo se ha alterado. Pero, al menos, en México no hemos recurrido a nuevas deudas para financiar o subsidiar a grandes capitalistas, con lo cual, claramente, se ha subrayado la consigna de no volver a cometer las atrocidades del pasado, tales como el gran robo del Fobaproa.

Los subsidios son ahora dirigidos a quienes tienen necesidad verdadera de ellos.

La austeridad republicana no es una política para gastar menos sino para gastar más, pero en lo verdaderamente importante, necesario y trascendente. Acabar con el derroche no es meter el dinero público debajo del colchón sino destinarlo a otra cosa, a lo que se requiere desde hace mucho tiempo pero que no se había atendido.

Las bases de una nueva administración comprenden la eliminación de costosos organismos de intermediación en el ejercicio del gasto, como los llamados fideicomisos que, al tiempo en que esterilizaban recursos públicos guardándolos de manera por completo innecesaria, otorgaban inservibles empleos a los amigos de los gobernantes.

Los conservadores quieren, lógicamente, mantener, pero eso ha costado mucho al país. La 4T fue votada en las urnas para destruir el edificio de la corrupción, el derroche, la transferencia de más riqueza a la oligarquía y la brutal concentración del ingreso, en el marco de la reivindicación de derechos sociales y la vigencia de sus garantías.

A la 4T le ha hecho falta una reforma fiscal para cobrar tasas mayores a las más altas ganancias y rebajar los impuestos de los ingresos medios, cuyas tasas impositivas se encuentran ahora cerca de las que tienen los archimillonarios, quienes, además, pagan tasas efectivas mucho menores porque cuentan con otros privilegios fiscales.

También le ha hecho falta al nuevo gobierno un plan propio de construcción de infraestructuras, con una amplia cobertura de financiamiento, que atienda proyectos de las entidades federativas para promover el crecimiento de la economía y el empleo, mediante un mecanismo de carácter nacional y centralizado que logre impedir el desvío de recursos y la creación de nuevas burocracias parasitarias. No todo debe ser subsidio sino principalmente inversiones capaces de generar ingresos necesarios para cubrirlas.

El Estado debe ubicarse más y mejor dentro de la economía y no sólo regularla, pero al margen del viejo estatismo que terminó repartiendo canonjías y corruptelas por todos lados y, quizá lo peor, prohijó una oligarquía que se adueñó del país entero.

La mejor manera de estimular las inversiones privadas, indispensables para impulsar el crecimiento económico, consiste en tener planes propios que coadyuven a una redistribución del ingreso. Los llamados megaproyectos son una especie de señal, pero no alcanzan aún a colmar la magnitud de la obra que debe llevar a cabo el gobierno federal directamente.

Los conservadores de la derecha tradicional y sus inexplicados nuevos socios, pero de vieja trayectoria, los líderes priistas, están colgados tétricamente de los más de cien mil fallecidos por causa directa de la pandemia. Dentro de esa gran tragedia, no admiten el formidable logro de contar con una infraestructura médica adecuada frente al Covid, con la cual se ha tenido capacidad de atender a los enfermos.

Esa derecha y sus socios no dan el menor consejo para reanimar la economía sino que se regodean con el hecho de que el parón haya conducido a una mayor disminución del PIB. Cuanto más sea la caída del producto, mayor será la victoria de las oposiciones, según creen sus líderes, pero sin considerar que lo peor para el país no puede ser lo mejor ni siquiera para ellos.

Esa derecha vive en la amargura de su derrota del año de 2018, pero sin perspectiva porque no ofrece una nueva acción, otro camino que se reputara diferente pero nuevo y mejor, sino que sólo lanza acusaciones, falsas en su inmensa mayoría, para tratar de crear un ambiente de confusión. No se dan cuenta que pocos quieren volver al pasado y que al nuevo gobierno no le puede ir mal cuando lo de antes va quedando atrás, a pesar del enorme tropezón provocado por la pandemia.

Es tanta su amargura que los conservadores se quejan de la más amplia libertad de difusión de ideas y opiniones. Nadie ha sido molestado, acosado, bloqueado y mucho menos perseguido por sus planteamientos y críticas. Cuando se produce el debate con la prensa, es el mismo presidente el que lo encabeza. Ya no hay mensajes a los comunicadores y tampoco embutes convincentes. Quienes se quejan del debate, de la réplica pública, no están acostumbrados a relaciones políticas limpias, sino que han vivido en los cenáculos del influyentismo y la corrupción. Es un pasado que añoran quienes fueron sus beneficiarios.

Dos años es un lapso corto para un país soberano con 200 años de historia propia. Lo que no se puede negar es que se ha vuelto a hacer historia en el sentido de alcanzar un momento de quiebre, de ruptura. Los próximos dos años serán de mayores confrontaciones políticas y probablemente de mayores reformas.

Gobernadores “insumisos”

Varios gobernadores exigen que a sus estados se les devuelva “lo que se les ha quitado” por concepto de participaciones fiscales. El gobierno federal replica que les ha trasladado todas e, incluso, se ha compensado la baja en la recaudación. Por otro lado, varias de esas entidades están debiendo al SAT el entero de los impuestos sobre la renta que les retienen a sus propios empleados, es decir, jinetean recursos federales.

Esos gobernadores se han mostrado insumisos, pero no sólo en la acepción de rebeldes sino también de otras: traviesos, perturbadores, díscolos, pues algunos de esos mandatarios eran legisladores cuando se aprobó en el Congreso de la Unión la actual fórmula de reparto.

El problema no es, entonces, la aplicación de la ley vigente sino un asunto de política fiscal y presupuestal. Como se sabe, las entidades federativas no sólo reciben participaciones a las que tienen derecho, sino también aportaciones, así como una especie de dádivas y estímulos que han sido inscritas paulatinamente en el presupuesto federal o ejercidas al margen de éste. A los cerca de 2 millones de millones (billones) que transitan desde el presupuesto federal a las entidades podría agregarse el importe de programas sociales federales (pensiones, becas, salario de jóvenes, etc.) que se ejercen directamente sin la intermediación ni aportación alguna de los gobiernos locales, pero los “insumisos” no voltean a ver para ese lado.

Las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades se enderezaron hacia una perversa forma de transferencia a través de fondos, estímulos y convenios para ayudar a cubrir ciertos gastos. Esas ayudas no fueron siempre destinadas a su objeto, tal como lo ha documentado muchas veces la Auditoría Superior de la Federación. Dejó de haber en México una política de concentración de recursos en grandes tareas nacionales y regionales, por lo que se impuso una práctica de tratos y pactos políticos muy estrechos que atomizaron el gasto público. Esto es lo que defienden los gobernadores “insumisos”.

Ahora bien, las entidades federativas son de por sí pobres. Con instrumentos propios, sólo recaudan el 15% de sus ingresos totales, en promedio nacional, excepto la Ciudad de México que cubre mucho más. Esto quiere decir que, de seguir el mismo esquema, la pobreza presupuestal seguirá igual. El gobierno nacional no va a poder suplir la deficiencia de las entidades con el método del acuerdo político de repartos porque ya no son aquellos tiempos ni hay dineros que repartir. En otras palabras, bajo la nueva política social se asigna gasto en una forma muy diferente y directa. Esta es la pauta mexicana actual, pero hay gobernadores “insumisos” que la rechazan, aunque sin decir abiertamente que debe ser del todo desechada.

Los “insumisos” pretenden crear una corriente de opinión contra la nueva fuerza gobernante del país con la bandera de mayores transferencias federales, aunque sepan que eso no puede suceder. Pero, de paso, sin decirlo con claridad, están buscando ciertas concesiones presupuestales o mediante “convenio”, al viejo estilo.

Dicho con grandes rasgos, a los ingresos federales propios de 5.6 billones hay que restarle 700 mil millones que se ocupan en el servicio de la deuda pública y un billón en pensiones. Las entidades se llevan, en total, 1.8 billón. Con los restantes 2.1 billones, casi lo mismo que lo absorbido por las entidades federativas, más el déficit público, la Federación debe sostener un aparato de muchas instituciones y millones de trabajadores, así como inversiones productivas, gasto directo en salud, seguridad social, educación, jubilaciones del sistema anterior, nuevas pensiones de adultos mayores e incapacitados, becas y una larga lista de otras erogaciones.

Se habla de un nuevo pacto fiscal. Pero, por ejemplo, el IVA brinda 978 mil millones. Esto es casi lo mismo que las participaciones fiscales del conjunto de las entidades. Si se convirtiera todo el IVA en un impuesto local se eliminarían las participaciones en general, pero todo seguiría más o menos igual; nada cambiaría como no fuera un mayor rezago de los estados más pobres. Así, podríamos estar intentando la manera de resolver este problema con sólo dar vuelta y vuelta a lo que ya se tiene para no llegar a ninguna parte. Hay que analizar posibles cosas nuevas.

La opción demagógica de los “insumisos” es abandonar de plano el pacto fiscal. Sin embargo, no informan a sus entidades que, al no contar con participaciones federales, tendrían que cobrar sus propios impuestos, por ejemplo, a la renta y al consumo, sin que la Federación dejara de recoger las contribuciones impuestas en todo el territorio nacional. Esto querría decir que los habitantes de esos estados pagarían impuestos dobles, los federales y los locales, por iguales conceptos.

La fiscalidad se puede reformar para incrementar los ingresos de todo el Estado mexicano y, consecuentemente, de las entidades federativas. Por ejemplo, si se recaudara por ingresos tributarios un 50% más de lo que hoy se logra (de 3.5 a 5.25 billones), para ubicar a México al nivel de otros países semejantes, las participaciones a estados y municipios podrían crecer en esa misma proporción, de 900 mil millones a 1.8 billón, aproximadamente.

El problema actual no consiste en la forma de repartir unos ingresos federales bajos, sino en aumentarlos. Este gran asunto deberá tocarse por parte de la 4T, tan pronto como la recesión lo permita. Si los “insumisos” estuvieran de acuerdo con esta idea, ya estarían empezando a hablar de una reforma fiscal progresiva, con lo que se inclinarían hacia la izquierda. El asunto es que son de derecha, son sumisos del conservadurismo y el neoliberalismo. Así no podría haber mejora.

Los fideicomisos son hoyos

Fideicomiso es un mecanismo de administración. Las clases propietarias lo inventaron para proteger el patrimonio acumulado o simplemente administrar herencias. Ahora se usa para realizar algunos negocios, especialmente inmobiliarios. Por otra parte, algunos gobiernos rompen sus propias estructuras mediante fideicomisos como forma de repartir fondos y mandos sobre los mismos.

En México los fideicomisos públicos se han usado para muchas cosas, entre ellas, la de quitar responsabilidades directas mediante la asignación de un fondo para atender ciertas obligaciones oficiales sin tener que dar la cara. También se han utilizado para crear islotes administrativos en favor de determinadas personas allegadas al poder. Bajo el Estado corrupto, los fideicomisos eran parte de lo mismo en alguna medida.

El rey de los fideicomisos era uno de carácter privado, sí, privado, no hay error; creado por una ley, sí, por una ley, tampoco hay error. Se llamó Fondo Bancario de Protección del Ahorro, mejor conocido como Fobaproa. Este instrumento administraba cuotas de los bancos por parte de administradores nombrados por la Secretaría de Hacienda, los cuales tenían plena personalidad y capacidad jurídica para asistir a los bancos. Llegada la gran crisis del “error de diciembre” suscribió obligaciones públicas reconocidas inconstitucionalmente por el gobierno federal (Ernesto Zedillo) en favor de bancos privados por la friolera de cien mil millones de dólares. El PAN terminó apoyando todo el esquema. Aún se pagan anualmente los intereses de esa deuda.

Han existido muchos fideicomisos, la mayoría de los cuales son hoyos negros que tienen a su cargo ciertas funciones, desde pagar pensiones, indemnizaciones, ayudas, promociones, anuncios, etc., hasta hacerse cargo de muy importantes objetivos como la atención a las zonas en desastre natural. Éste, el Fonden, debe más de lo que tiene y nunca ha logrado atender por completo ninguna emergencia. El gobierno federal sigue realizando todavía, pero directamente, obras de reconstrucción relacionadas con los últimos terremotos.

Los fideicomisos son también maneras de privatizar fondos públicos para ciertas actividades que podrían ser llevadas a cabo por el gobierno. Por lo regular, son dirigidos por personas nombradas por los funcionarios para asumir funciones que en realidad son de carácter público.

Lo que ahora se discute en el Congreso no es el objeto del gasto sino la forma de canalizarlo, es decir, usar o no fideicomisos para los destinos que hasta ahora han sido cubiertos por esa anómala forma de administración pública.

La forma de analizar este asunto por parte de las oposiciones es que al eliminar los fideicomisos desaparecerá también la asignación de recursos. Sin embargo, no existe base alguna para suponer tal cosa. Los fondos hacia cultura, ciencia, tecnología, protección de personas, pensiones, promociones, etc., no se van a suspender con la eliminación de los fideicomisos. Se trata de regularizar la administración pública conforme a un solo sistema de asignaciones y gastos, con los necesarios controles y, ante todo, con la debida responsabilidad directa de los gobernantes.

Además, en realidad nada justifica contar con recursos inactivos depositados en bancos, con los cuales éstos compran valores del mismo gobierno.

Las oposiciones y algunos aliados de la 4T están pidiendo que se analice uno por uno de los fideicomisos, lo cual es imposible hacerlo en el Congreso porque una de las características de éstos es su opacidad. Además, lo que en realidad se está proponiendo es superar esa forma de administración.

Luego vendrán nuevas disposiciones administrativas y algunas de carácter legislativo para dar nuevo orden a las actividades que hasta ahora han estado a cargo de esas administradoras de fondos públicos. Esto se hará sin interrumpir pagos y otras obligaciones ya contraídas.

Los fideicomisos tienen sentido, en algunos casos, cuando se realizan obras o programas que tienen día de inicio y de terminación, para evitar la convergencia desordenada de diferentes dependencias, o cuando se administran grandes ingresos provenientes de terceros que se convierten en patrimonio público o social, con el fin de dar cuenta exacta a los aportantes.

El gobierno federal, sin embargo, se fue convirtiendo en un inventor compulsivo de fideicomisos públicos, es decir, de formas de administración de recursos de origen presupuestal que eran manejados como casa aparte y con reparto de utilidades. Tenía que llegar el día en que todo eso fuera desmontado.

Los mejores críticos que puede tener la 4T son quienes exigen que se cumplan los ofrecimientos, como este en materia de fideicomisos, y se avance aun más lejos en la transformación de la vida pública de México.

Desastre de predicciones económicas

Los economistas agoreros del desastre de una crisis económica que no lo es, sino de un parón decretado por los gobiernos de casi todo el mundo, se encuentran en situación comprometida porque ninguno acertó en el momento adecuado. Nos han engañado y nos han hecho sufrir de más en un momento de gran tribulación.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dijo en junio que el PIB de 2020 se iba a reducir en un -6.5%. Ahora corrige y asegura que la disminución será de -3.7%, casi la mitad, mas entre aquel primer pronóstico y el día de hoy no hay más de 75 días. Esa institución dijo también en ese mismo mes de junio que la tasa de desempleo anual (2020) llegaría a 9.3%, pero ahora considera que será de 7.6%.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) que agrupa a casi tres decenas de países, entre ellos los más ricos, había calculado una disminución del PIB de Estados Unidos en el -7.3% para el año 2020 y ahora la estima en -3.8%, casi la mitad. Esa misma OCDE había calculado que en 2020 China iba a ver disminuido su PIB en -2.6% y ahora habla de un crecimiento de 1.8%, es decir, el gigante asiático iba a tener recesión, pero hoy se considera que tendrá crecimiento.

La OCDE acaba de anunciar que la caída mundial de la economía será “menor que lo esperado” (por ese mismo organismo). Ahora considera que la economía global va a decrecer en -4.5% y que en 2021 habrá crecimiento de 4.6%, es decir, que de un año para el otro se compensará la disminución del valor de lo producido para igualarse el siguiente, 2022. ¿De qué crisis estamos hablando?

La tasa de desempleo de Estados Unidos, calculada hacia abril en 14.7 y en junio en 9.3%, en realidad será, se dice, de 7.6%. En cuanto a la inflación, originalmente estimada para este año en 0.8%, se va a ubicar en 1.2% para todo el año de 2020 y el objetivo de la Fed de alcanzar el 2% se logrará en 2023.

Dice ahora la OCDE que la contracción de la economía mexicana en 2020 será de -10.2% y que en 2021 crecerá a tasa de 3%. El gobierno mexicano calcula una disminución del PIB de -8.2% y un crecimiento de un 4% en 2021. Aquí las cifras ya no son tan groseramente dispares, pero sigue la competencia. Al menos, no se está, como en los casos de España e Italia, presagiando una disminución de más del 12.8% frente a una bajada mundial de sólo -4.5%.

Si en cualquier crisis económica con fuerte recesión los pronósticos suelen ser poco firmes, en el parón económico todo resulta un tanto caótico porque la economía no habla por sí misma sino al son que le toque la autoridad sanitaria de acuerdo con indicadores de contagio.

Lo peor es que se ha desatado una especie de tétrica competencia sobre qué economías sufren más decrecimiento, desempleo y pobreza incrementada.

Como economistas de todos los países, fieles a su profesión y, naturalmente, a lo que aprendieron en sus escuelas, empezaron a adivinar el futuro inmediato, hemos recibido una lección más: si bien el cálculo económico tradicional nunca ha sido lo mejor, ahora es lo peor.

Las calificadoras de riesgos financieros y los bancos también han hecho su festín de predicciones equivocadas y han inundado con éxito las crédulas redacciones de periódicos con toda clase de cálculos inexactos y abusivos que se han publicado con evidentes fines amarillistas. Si a esas fuéramos, cualquiera podría hacer pronóstico económico y lograr su divulgación. Lo más vergonzoso es que esos economistas jamás se autocritican ni explican el origen de sus errores.

Se ataca al gobierno mexicano por resistirse a usar el crédito para subsidios fiscales o cobertura de préstamos privados. Sin embargo, en una u otra medida, en casi todas partes se ha hecho lo mismo. En Europa se ha sustituido débito por adelantos de aportaciones presupuestales, con lo cual se han beneficiado los países más atrasados y endeudados. En Estados Unidos se cerró pronto la llave del déficit porque no hay acuerdo en el Capitolio sobre a quien subsidiar y en que cuantía.

Casi todas las personas o empresas han perdido algo en la pandemia del Covid-19, con la excepción de los procesos de concentración de capital que se han profundizado. Negocios y Estado han recibido menos ingresos, así como también los trabajadores lanzados al desempleo y muchos pequeños comerciantes.

Estamos a mediados de septiembre y no sabemos cómo terminará el año. La incorporación a la actividad de más unidades económicas, así como la reposición de consumos interrumpidos, no está totalmente clara, pero no por motivos económicos sino sanitarios, es decir, el curso de la pandemia y sus posibles rebrotes. ¿Se puede eso calcular?

No estamos en crisis económica sino en parón por decreto. Esto debemos entenderlo para no hacer el papelón de la OCDE y ni siquiera de la Fed, para ya no mencionar al FMI que ha estado peor. Los economistas corporativos se han equivocado de fea forma por la necedad de repetir fórmulas tradicionales, propias de otra clase de fenómenos.

Así como en el Decamerón de Bocaccio algunos se reúnen para narrar cuentos durante la epidemia con el fin de distraerse en un momento de enorme tribulación general, con el fin de contrarrestar su miedo, economistas de casi todo el mundo se han estado reuniendo telemáticamente para hacer apocalípticas predicciones que generen más miedo. Lo enigmático de la narración actual estriba en que no se conoce aún lo que en el fondo se pretende. Al final, habría que ajustar cuentas intelectuales por tamaño despropósito.

Esta no es una crisis económica

El mayor problema de algunos economistas y no pocos periodistas, así como de muchos políticos, es creer que vivimos una crisis económica en vez de un parón por decreto de Estado.

No puede haber crisis económica sin biografía. Todas inician antes de que las personas puedan darse cuenta del carácter de sus precursores. Siempre hay fenómenos económicos y sucesivas decisiones políticas que al final llevan a una crisis.

No conviene confundir un parón económico por decreto con  una crisis económica. El primero es consecuencia de una decisión de gobierno, mientras el segundo es resultado de una compleja relación entre múltiples factores, con frecuencia estructurales, acumulados paulatinamente.

Este asunto no tendría relevancia si no fuera por la necedad de analizar la caída decretada de la producción y los servicios a través de métodos y herramientas surgidos de las crisis económicas. Como se trata de dos situaciones diferentes, se ha producido un problema epistémico. Es decir, hay formas diferentes de conocer una realidad nueva sólo aparentemente igual a otras anteriores. Mas la baja del PIB en la dimensión en curso, como producto de un decreto, no es un fenómeno desencadenado y desencadenante.

La mitad de los empleos suspendidos durante tres meses se recuperó en un mes. Pocos creyeron que eso pudiera ocurrir porque sólo recuerdan las crisis económicas, pero no los parones decretados por pandemia, el último de los cuales quizá fue en 1918.

No obstante, frente a la baja de la producción y los servicios se sigue proponiendo que el gobierno se endeude mucho más de lo programado para cubrir la entrega de inusitados subsidios fiscales y ofrecer garantías sobre créditos privados. Desde las oposiciones, nadie propone que se invierta más en infraestructura. Por el contrario, se quiere que se desinvierta en los proyectos en curso en aras de brindar subsidios en el pago de impuestos.

La idea de un mayor endeudamiento público sigue en la primera línea de la discusión doméstica debido a la insistencia de la patronal y de las oposiciones políticas. Esto ocurre sin que los proponentes consideren la prohibición constitucional de contratar crédito para cubrir gastos que no sean de inversión productiva.

Como la Constitución no sirve para los propósitos del endeudamiento extraordinario, veamos si el nuevo mega crédito propuesto pudiera ayudar a la economía a mediano plazo. Los activos de mexicanos en el exterior, menos los activos mexicanos en poder de extranjeros, incluida la deuda correspondiente, tiene un déficit de 52.1%. O sea, los mexicanos tienen afuera poco menos de la mitad de lo que poseen los extranjeros en activos mexicanos (Posición de Inversión Internacional Neta –NIIP-). Menos mal que no estamos en el déficit de 73.5 que tiene España, cuya deuda pública ya rebasó el 100% de su PIB.

Esta situación es «manejable» a la luz de otros indicadores, según consideran los analistas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la prima de riesgo neta de la deuda de México es muy alta, mayor que la de España. Eso es lo que le duele a los mexicanos porque pagan más por lo mismo. El FMI parece soslayar que las migraciones de capital desde México no regresan al primer estímulo pues se realizan pensando en un futuro indefinido, como lo ha demostrado la escasa respuesta a las amnistías fiscales ilegalmente decretadas por el gobierno anterior. Además, los bonistas domésticos se comportan con frecuencia como externos, así que los acreedores del Estado mexicano residentes en México pueden al día siguiente aparecer con una cuenta en alguna financiera estadounidense, como si fueran extranjeros, lo cual se observa con harta frecuencia desde aquel 1982, cuando «ya nos saquearon». Tenemos mercados integrados pero muy diferenciados. El mismo FMI insiste, respecto de México, que «los grandes pasivos brutos de la cartera extranjera (y buena parte de la nacional, habría que agregar) son fuente de vulnerabilidad en situación de volatilidad financiera global.» Lo sabemos de sobra.

Al margen de esta situación, el NIIP no es tan malo para un país como México. Sin embargo, ayuda a generar unas tasas de interés usurarias. Cuando en Europa y Estados Unidos el interés ronda el cero por ciento, México, con 3% de inflación, tiene una carga pesada que ha orillado a un superávit primario en el presupuesto, lo cual indica que el Estado está recogiendo de la sociedad más dinero que el devuelto a ella. Todo en aras de contener la carga de la deuda que tiende a reproducirse incesantemente por sí misma. La cuestión no reside en cuánto debes sino en cuánto pagas de intereses. Si se decreta una explosión del débito, pronto habrá otra del pago de altos intereses y, entonces, se tendrían que reducir inversiones públicas y gasto social. Ya está cantado por parte de varias calificadoras internacionales que México perderá el próximo año el grado de inversión debido al débito petrolero, es decir, aconsejarán no adquirir y deshacerse de  bonos mexicanos.

El crédito neto es un anticipo de ingresos y, en términos económicos (empresarial o estatal), la ocasión de ampliar la inversión siempre que su resultado permita cubrir el llamado costo financiero (compartir ganancias con los dueños del dinero), pero, al mismo tiempo, dejar puesto un valor mayor. Si, por el contrario, el monto de los intereses rebasa la ganancia, entonces se trabaja exclusivamente para el prestamista y se arroja una pérdida. Este problema se resuelve en el plano de la economía pública cuando los empréstitos detonan el crecimiento, en forma directa o indirecta, para generar más producción y, por esa vía, una mayor masa de impuestos, siempre por encima de los intereses pagados. Pero eso es justo lo que no ocurre cuando el Estado destina el débito a cubrir consumos improductivos. Es por tal razón que esto último no está permitido en la Constitución, la cual, al respecto, siempre fue violada.

El Fobaproa (IPAB) fue un nuevo endeudamiento por 100 mil millones de dólares, absolutamente inconstitucional. Deudas privadas convertidas en públicas por decreto del Congreso. ¿Cómo se «detonó» la economía? De ninguna forma, como no fuera con una restricción del gasto programable. La alternativa no era dejar que los dos bancos grandes que seguían vivos quebraran finalmente, sino que los activos inyectados por el gobierno no fueran regalos sino inversiones públicas en acciones bancarias sin derechos corporativos, cuyas regalías se acumularan hasta el momento de su amortización. Con el resto de los bancos que sí quebraron, el Estado formaría uno solo para resarcir quebrantos a través del tiempo. Esas propuestas, las cuales presenté en la Cámara de Diputados, fueron consideradas estrafalarias, según afirmó José Ángel Gurría, entonces secretario de Hacienda. Japón y, luego, Estados Unidos sí hicieron eso con medianos resultados, pero al menos no perdieron tanto como México. Más de 20 años después seguimos pagando intereses mes con mes, pero Bancomer y Banamex (BBVA y City Bank), poseedores de bonos Fobaproa, disfrutan de enormes ganancias, porcentualmente mayores que las de sus sedes en Madrid y Nueva York. En México no hemos tenido banca propiamente dicha sino usura. Así funcionan los esquemas monopólicos con ausencia de regulaciones del Estado.

El FMI, el cual también ha estado indicando que México tome crédito internacional, plantea que el gobierno lleve a cabo dos acciones: 1) reformas fiscales inclusivas y a favor del crecimiento, y 2) revitalizar las reformas estructurales a mediano plazo para mejorar la competitividad y el clima de inversión.

En el primer tema, el Congreso debería revisar los gastos fiscales para eliminar viejos privilegios que nunca se han justificado. Sin embargo, la política del gobierno aconseja esperar para hacer un ajuste en las tarifas sobre la renta, hacia arriba en los ingresos altos y a la baja en los medios.

En cuanto al segundo tema, sería muy difícil que cuando Pemex tiene ya un 23% de rendimiento (antes de impuestos y costo de la deuda), frente a 17% de Chevron, 12% de Total y 10% de ENI, BP, Repsol y Exxon, tuviéramos que volver a intentar matar a la gallina, la cual, además, tiene los menores costos de operación (68%) en relación con las grandes petroleras mundiales (85%). Toda la deuda de Pemex es del gobierno desde hace casi 40 años. Para contratar ilegalmente créditos para gasto corriente, los presidentes le quitaban a Pemex la mayor parte de sus ingresos y le obligaban a realizar sus inversiones con operaciones de deuda, las cuales hubieran sido innecesarias bajo un régimen fiscal diferente, sin dejar de recoger participaciones para el Estado. Así que, ahora, Pemex tiene que hacer malabares para cubrir intereses sobre lo que en verdad no debe, para solventar ilegalidades de los gobiernos anteriores que se fueron sin pagar.

Para hablar de endeudamiento excesivo, la experiencia Argentina es aleccionadora, con 9 default en su historia. El último ha culminado mediante un acuerdo con los acreedores extranjeros. Argentina no podía pagar los intereses de su deuda externa, con una tasa media de interés del 7% (mayor de la mexicana). Se ha llegado al acuerdo de reducir el monto del débito en poco más de la mitad y ubicar los intereses en 3%, lo cual conduce a dejar de pagar 30 mil millones de dólares durante los próximos 10 años.

La deuda pública central total de Argentina, unos 400 mil millones de dólares, es equivalente al 90% de su Producto Interno Bruto (en México es del 52%). Aquel país del sur lleva tres años en recesión con una devaluación de 80% en los últimos cinco años. Su anterior presidente contrató 44 mil millones de dólares con el FMI, los cuales se destinaron principalmente a defender el peso, es decir, a cubrir la compra de dólares que se fueron de regreso con el eterno agradecimiento de los más ricos del país.

Lo peor no estriba en los números macroeconómicos sino en el inmenso costo de esa crisis en términos sociales: otro volver  atrás. Esta historia no es diferente a otras vividas en América Latina, México incluido, donde a partir de los tesobonos (que no eran otra cosa que deuda en dólares) se precipitó alguna vez (1994-95) una crisis financiera internacional denominada Efecto Tequila, pero conocida dentro del país como «el error de diciembre». Emigraban los dólares hacia el norte mientras el Estado iba perdiendo capacidad para garantizar el cambio de moneda. Como había ocurrido en 1982, no había con qué pagar. El peso cayó, las tasas internas de interés se revolucionaron, los deudores debían súbitamente más que el importe del préstamo original, la producción disminuyó (el famoso PIB), los bancos quebraron, la inflación acabó con gran parte de los ahorros líquidos y disminuyó la capacidad adquisitiva de los salarios. Al final, México hizo reconversión de deudas, pero ya había cosechado desgracias pocas veces vistas.

Para volver al tema de inicio de este artículo, México no debería cometer los mismos errores que suelen verse en las crisis económicas y, justo porque no vivimos una de esas sino un parón decretado debido a un gran problema de salud carente de causa económica, mucho menos debemos usar técnicas puestas en práctica en el pasado que han  sido con frecuencia dañosas.

Como en realidad no estamos inmersos en la parte recesiva de un ciclo de la economía, hay que reconocer a plenitud que la economía no se «mueve sola», sino que, con entera pena y mucha esperanza, la manipula el Consejo de Salubridad y, ahora, también los gobiernos locales, para proteger la salud.

De por sí nuestra deuda crece rápido. No le metamos velocidad sin causa productiva alguna.

Poder de bolsa y presidencialismo

Durante la vida republicana de México, el Poder Ejecutivo ha tenido la atribución legal o ilegal de modificar el presupuesto durante el año de su ejercicio. La Cámara de Diputados, la cual tiene la facultad de autorizar el gasto, se detiene tan luego como expide el decreto. Después, desaparece de la escena limitando sus funciones a recibir informes de ingresos y gastos cada tres meses.

La Cámara vuelve a tomar el curso presupuestal en la revisión de la Cuenta Pública, incluyendo la fiscalización que realiza a través de la Auditoria Superior, pero esos ya son hechos consumados.

Ahora se propone que, por vez primera en nuestra historia, la Cámara asuma a plenitud su facultad de autorizar los egresos. Se busca que la ley ordene que las adecuaciones presupuestales mayores de 4% del gasto programable deban ser aprobadas por la Cámara, a propuesta del Ejecutivo, tal como ocurre normalmente con el Presupuesto de Egresos.

A lo más a que llegó la ley actual fue a obligar al Ejecutivo a consultar sus ajustes del gasto con la Comisión de Presupuesto de la Cámara cuando hubiera reducción de ingresos por impuestos, pero sin que la opinión de ésta fuera vinculante. Se olvidó que la Cámara es órgano legislativo, parte de otra rama del poder del Estado, y no juega el papel de consultor del Ejecutivo.

El asunto no es menor porque los presidentes han usado esa incongruencia legislativa para modificar libremente el Presupuesto de Egresos en altas cuantías.

La iniciativa presentada por Morena consiste sencillamente en mantener activa la facultad de la Cámara de autorizar el gasto aún durante el ejercicio, pues en ella está depositado el poder de bolsa, el cual es una institución democrática desde la formación de los primeros parlamentos en tiempos de los reyes.

Se ha dicho sin el menor fundamento que Morena quiere dar al actual presidente mayor poder para manipular el gasto. Se trata justamente de lo contrario. Que no se confunda la eliminación de los «moches» con una defensa del presidencialismo, ya que aquellos fueron en realidad un recurso de éste para repartir dinero entre los políticos.

Esta reforma de ley habría que inscribirla dentro de otras modificaciones que ya se han aprobado en la Cámara de Diputados para restar funciones decisorias al Ejecutivo y aumentar las del Congreso.

Se ha retomado la dictaminación y aprobación (o no aprobación) de la cuenta pública anual, cosa que se había dejado de hacer en la Cámara durante seis años.

En materia de ingresos fiscales, se le ha prohibido al Ejecutivo condonar impuestos.

Se está a la espera de que el Senado apruebe el proyecto de reforma constitucional, enviada por la Cámara,  para prohibir las partidas secretas en el presupuesto que eran administradas por el presidente en persona.

La ley de austeridad incorporó varias prohibiciones directas a la administración gubernamental, con lo cual se han limitado las capacidades de decisión discrecional que llegaron a tener los jefes, empezando por el mismo presidente.

Se está también a la espera de que el Senado apruebe una reforma de la ley electoral, enviada por la Cámara, para quitar a los ejecutivos federal y de las entidades la facultad de imponer las sanciones por faltas administrativas en materia de procesos electorales a sus propios servidores públicos y se le devuelva al Instituto Nacional Electoral, tal como lo señala la Carta Magna.

No se trata de debilitar la acción del Ejecutivo sino de procurar el ejercicio completo de las facultades del Poder Legislativo, durante tantos años erosionado y desprestigiado. La tarea no es nada sencilla.

En los grandes medios, muchos se quejan de que la 4T posea la mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, para el efecto de la reducción de «facultades metaconstitucionales»  del presidente de la República (Jorge Carpizo, decía), las cuales en realidad son inconstitucionales, lo mejor es que funcione esa mayoría porque los partidos que antes estuvieron en la Presidencia no son afectos a revisar lo que entonces no quisieron reformar, aunque se la pasan ahora acusando a la mayoría parlamentaria de querer una dictadura presidencialista, cuando esa fue la que ellos ejercieron.

Por ejemplo, no ha sido respaldado por el PRI y el PAN el proyecto de Morena para que las cámaras puedan crear, a pedido de la minoría, comisiones con plenas facultades para investigar cualquier asunto público y no sólo, como ahora, a las entidades paraestatales. En el combate a la corrupción, además de gobierno, fiscalía, auditoría y jueces, debe tomar parte el Congreso, el cual puede dar contribuciones mediante un eficaz control político de la gestión pública: no todo es buscar ladrones sino también malas gestiones.

Ya se ha discutido mucho, aunque eso seguirá, que el presidente no puede elevarse el sueldo cuando lo desee y por el monto que quiera, tal como lo hicieron antes varios mandatarios y lo siguen haciendo no pocos gobernadores y alcaldes. Pero las oposiciones no ha estado del lado del control y moderación de las remuneraciones de los jefes de la administración pública, órganos autónomos y poderes. Lo que se ha hecho hasta ahora, sin el apoyo de los adversarios de la 4T, tiende a eliminar la discrecionalidad con la que actuaban los presidentes y devuelve a la Cámara el control de los sueldos.

Apenas está empezando la eliminación de las normas inconstitucionales del viejo presidencialismo, así como de aquellas prácticas que en los hechos confieren al Ejecutivo muchas indebidas funciones. Pero ya se está en ese camino que no es para andar sino para desandar. Ajuste de cuentas con un pasado de ignominia antirrepublicana.