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Poder de bolsa y presidencialismo

Durante la vida republicana de México, el Poder Ejecutivo ha tenido la atribución legal o ilegal de modificar el presupuesto durante el año de su ejercicio. La Cámara de Diputados, la cual tiene la facultad de autorizar el gasto, se detiene tan luego como expide el decreto. Después, desaparece de la escena limitando sus funciones a recibir informes de ingresos y gastos cada tres meses.

La Cámara vuelve a tomar el curso presupuestal en la revisión de la Cuenta Pública, incluyendo la fiscalización que realiza a través de la Auditoria Superior, pero esos ya son hechos consumados.

Ahora se propone que, por vez primera en nuestra historia, la Cámara asuma a plenitud su facultad de autorizar los egresos. Se busca que la ley ordene que las adecuaciones presupuestales mayores de 4% del gasto programable deban ser aprobadas por la Cámara, a propuesta del Ejecutivo, tal como ocurre normalmente con el Presupuesto de Egresos.

A lo más a que llegó la ley actual fue a obligar al Ejecutivo a consultar sus ajustes del gasto con la Comisión de Presupuesto de la Cámara cuando hubiera reducción de ingresos por impuestos, pero sin que la opinión de ésta fuera vinculante. Se olvidó que la Cámara es órgano legislativo, parte de otra rama del poder del Estado, y no juega el papel de consultor del Ejecutivo.

El asunto no es menor porque los presidentes han usado esa incongruencia legislativa para modificar libremente el Presupuesto de Egresos en altas cuantías.

La iniciativa presentada por Morena consiste sencillamente en mantener activa la facultad de la Cámara de autorizar el gasto aún durante el ejercicio, pues en ella está depositado el poder de bolsa, el cual es una institución democrática desde la formación de los primeros parlamentos en tiempos de los reyes.

Se ha dicho sin el menor fundamento que Morena quiere dar al actual presidente mayor poder para manipular el gasto. Se trata justamente de lo contrario. Que no se confunda la eliminación de los «moches» con una defensa del presidencialismo, ya que aquellos fueron en realidad un recurso de éste para repartir dinero entre los políticos.

Esta reforma de ley habría que inscribirla dentro de otras modificaciones que ya se han aprobado en la Cámara de Diputados para restar funciones decisorias al Ejecutivo y aumentar las del Congreso.

Se ha retomado la dictaminación y aprobación (o no aprobación) de la cuenta pública anual, cosa que se había dejado de hacer en la Cámara durante seis años.

En materia de ingresos fiscales, se le ha prohibido al Ejecutivo condonar impuestos.

Se está a la espera de que el Senado apruebe el proyecto de reforma constitucional, enviada por la Cámara,  para prohibir las partidas secretas en el presupuesto que eran administradas por el presidente en persona.

La ley de austeridad incorporó varias prohibiciones directas a la administración gubernamental, con lo cual se han limitado las capacidades de decisión discrecional que llegaron a tener los jefes, empezando por el mismo presidente.

Se está también a la espera de que el Senado apruebe una reforma de la ley electoral, enviada por la Cámara, para quitar a los ejecutivos federal y de las entidades la facultad de imponer las sanciones por faltas administrativas en materia de procesos electorales a sus propios servidores públicos y se le devuelva al Instituto Nacional Electoral, tal como lo señala la Carta Magna.

No se trata de debilitar la acción del Ejecutivo sino de procurar el ejercicio completo de las facultades del Poder Legislativo, durante tantos años erosionado y desprestigiado. La tarea no es nada sencilla.

En los grandes medios, muchos se quejan de que la 4T posea la mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, para el efecto de la reducción de «facultades metaconstitucionales»  del presidente de la República (Jorge Carpizo, decía), las cuales en realidad son inconstitucionales, lo mejor es que funcione esa mayoría porque los partidos que antes estuvieron en la Presidencia no son afectos a revisar lo que entonces no quisieron reformar, aunque se la pasan ahora acusando a la mayoría parlamentaria de querer una dictadura presidencialista, cuando esa fue la que ellos ejercieron.

Por ejemplo, no ha sido respaldado por el PRI y el PAN el proyecto de Morena para que las cámaras puedan crear, a pedido de la minoría, comisiones con plenas facultades para investigar cualquier asunto público y no sólo, como ahora, a las entidades paraestatales. En el combate a la corrupción, además de gobierno, fiscalía, auditoría y jueces, debe tomar parte el Congreso, el cual puede dar contribuciones mediante un eficaz control político de la gestión pública: no todo es buscar ladrones sino también malas gestiones.

Ya se ha discutido mucho, aunque eso seguirá, que el presidente no puede elevarse el sueldo cuando lo desee y por el monto que quiera, tal como lo hicieron antes varios mandatarios y lo siguen haciendo no pocos gobernadores y alcaldes. Pero las oposiciones no ha estado del lado del control y moderación de las remuneraciones de los jefes de la administración pública, órganos autónomos y poderes. Lo que se ha hecho hasta ahora, sin el apoyo de los adversarios de la 4T, tiende a eliminar la discrecionalidad con la que actuaban los presidentes y devuelve a la Cámara el control de los sueldos.

Apenas está empezando la eliminación de las normas inconstitucionales del viejo presidencialismo, así como de aquellas prácticas que en los hechos confieren al Ejecutivo muchas indebidas funciones. Pero ya se está en ese camino que no es para andar sino para desandar. Ajuste de cuentas con un pasado de ignominia antirrepublicana.

Los viejos ferrocarriles de AMLO

Si usted quiere ir a Cancún por tierra, puede llegar al río Coatzacoalcos y lanzarse a Villa Hermosa para seguir hasta Escárcega y atravesar la parte sur de la península hasta Chetumal, luego de admirar la laguna de Bacalar, tomar la carretera costera de Quintana Roo y, en unas pocas horas, llegar a las playas de Cancún o algunas mejores que están cerca, luego de pasar por otros lugares maravillosos. Si busca algo más, puede regresar por Chichen Itzá y Mérida, para tomar hacia el sur rumbo a Campeche. Usted puede hacer el viaje de ida y vuelta justamente al revés.

Dentro de poco tiempo podrá hacer todo ese periplo en tren, con mayor rapidez y comodidad.

Más de la mitad de ese ferrocarril ya existe, es muy viejo, no funciona.

En 1875 se inició un esfuerzo para ir de Mérida a Progreso en tren, lo cual se logró hasta 1881. Los ferrocarriles yucatecos tenían su gran troncal hacia el sur que llegó a Campeche en 1883 y varios ramales dentro del propio estado (la línea México-Veracruz había sido completada desde 1873). En 1906 el tren llegó a Valladolid, a 181 kilómetros de distancia. La construcción de aquellos ferrocarriles yucatecos duró 38 años. Quizá el Tren Maya pueda estar en servicio en menos tiempo.

Desde el otro lado, en 1901 se empezó a construir el Ferrocarril Central Tabasqueño, pero fue en 1935, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, cuando el tendido de vías tomó cierto ritmo hasta que se detuvo en 1940 debido a la escasez de materiales provocada por la guerra.

Por fin, en 1950 se inauguró el ferrocarril completo: 738 kilómetros con 28 puentes hasta Campeche. Así, el viaje ya se podía continuar hasta Mérida. El presidente de entonces colocó el clavo del último durmiente. Era de oro… el clavo.

La mayor parte del trayecto del nuevo proyecto ferroviario de AMLO es el mismo viejo ferrocarril. La parte nueva no lo será tanto, ya que va a ser un trazo casi paralelo a la carretera que va de Escárcega a Chetumal y de ahí hasta Cancún.

Se nos quiere convencer que donde hay carreteras no puede haber vías férreas porque aquellas no afectan en nada y éstas destruyen todo: sociedad y medio ambiente. Eso es algo para pensarse varias veces.

En el Istmo de Tehuantepec existe un ferrocarril desde 1907, el cual podría cubrir la distancia de unos 200 kilómetros que separan a los dos océanos más grandes del planeta. Esa vieja vía ha sido rehabilitada y abandonada, relegada y vuelta a recuperar, pero nunca ha sido un gran corredor interoceánico. Junto a la arrumbada vía corre una carretera llena de tráilers y tanques. Nadie protesta por eso.

En México, como en otros países latinoamericanos, el ferrocarril fue emprendido en el siglo XIX y se detuvo en el siglo XX cuando aparecieron los camiones de carga pesada y se inició la construcción de carreteras y, después, de autopistas. Atrás fueron quedando los ferrocarriles por costosos, viejos y lentos.

Al abandonarse el ferrocarril se abonó otra clase de negocio con rápido retorno de la inversión y con menos trabajadores (mayor composición orgánica del capital). Todo fue para mejorar el negocio del transporte.

Llegó un momento en varios países que el ferrocarril reapareció con una velocidad de 300 kilómetros por hora o más. Sin embargo, México sigue en la película del siglo XX cuando en otros lugares del mundo ya miran otra cosa: viajar en tren es mejor que en avión, no hay largas esperas ni terminales lejanas.

Muy pocos se opusieron en el siglo XIX y en la primera mitad del XX a la construcción de ferrocarriles. Nadie protestó por árboles derribados en la vía que va desde Ojinaga hasta Topolobampo, porque todos ellos volvieron a crecer: la tala furtiva es un problema diferente.

El tren a Toluca ya se tardó demasiado por torpezas políticas, financieras y técnicas, pero eso no es fatal. Las cosas se pueden hacer de otra forma.

El gobierno debería tener ya proyectos y propuestas económicas para ligar a través de ferrocarriles modernos a las principales ciudades del norte y occidente del país con las del centro y sur. Los trazos de las troncales de los viejos sistemas ferroviarios son básicamente vigentes. La visión del siglo XIX se ha hecho presente en el siglo XXI.

Las inmensas inversiones que se requieren pueden ser gestionadas. Los proyectos Maya y del Istmo, financiados a través del presupuesto, son excepcionales. Para hacer posible obras mucho mayores se requiere financiamiento, lo cual permitiría hacerlas pronto y pagarlas lentamente a partir de sus propios ingresos. Esos son los créditos que sí hay que contratar.

El hecho de que casi todas las vías se encuentren concesionadas a empresas privadas no debería ser un obstáculo porque, aunque son buenos negocios (mucho más lo han sido, espectacularmente, en el primer trimestre del coronavirus), no dejan de ser unos fierros del pasado. Hay dos grandes concesionarios, Ferromex y Kansas City. Para una gran modernización no tendría que haber impedimento legal o económico. Entre varios se puede lograr un gran cambio. Es posible encontrar unas vías hacia el progreso.

Deberían construirse más viejos ferrocarriles de AMLO.

La crisis económica y cómo verla

Algunos expertos y periodistas insisten en comparar la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 con la gran recesión de 1929-32. Sin embargo, se trata de dos fenómenos por entero diferentes.

En aquel entonces se produjo una sobreproducción que llevó a la caída generalizada de precios porque gran parte de las mercancías no se podían realizar en el mercado, es decir, vender. En consecuencia, la producción cayó. Sus efectos se prolongaron hasta 1938 y quizás después.

El crack de Wall Street (martes negro) no fue el inicio de la crisis, como algunos siguen creyendo, sino una de sus consecuencias con el derrumbe de precios de las acciones, las cuales se habían usado a menudo como garantías de préstamos bancarios para comprar las mismas. Luego, quebraron también muchos bancos al dejar de tener precio los valores bursátiles recibidos como avales y, además, aquellas acciones que tenían en propiedad como parte del nuevo capitalismo financiero: industria y banca fusionadas. Las carteras vencidas eran la inmensa mayoría.

Llegó un momento en que el sistema de pagos estaba casi a diario al borde de desaparecer. Los precios agrícolas se desplomaron en 60%, lo que hacía para muchos incosteable producir. La deflación alcanzó un 25% en toda la economía. La producción industrial se redujo entre el 60 y el 80%. La producción total bajó en un 30%. El comercio internacional disminuyó 50%. El desempleo llegó en EU al 33%. Los aranceles subieron. Las exportaciones mexicanas pasaron de 274 mdd en 1929 a 96.5 en 1932.

La crisis actual no tiene expresión propiamente financiera. Esos mercados gozan de razonable salud por más que hayan «perdido valor» durante algunos días consecutivos. El problema es el de un enorme parón de la producción, el comercio y los servicios que abarca las actividades que se consideraron no esenciales, en especial la industria.

El desempleo formal que vivimos bajo la crisis de Covid-19 ha sido provocado por la decisión de muchos patrones de despedir a una parte de sus trabajadores como parte del cálculo de la situación nueva que vendrá cuando se reanude el trabajo. En la zona informal es generado por el cierre forzado de pequeños establecimientos o la ausencia de suficientes compradores. Esto quiere decir que, en el momento en que se reanude la producción y el comercio, una parte de los puestos de trabajo cancelados se podrán recuperar, aunque sólo en la medida en que las industrias vayan restableciendo sus anteriores niveles de producción y los comerciantes y prestadores de servicios recuperen su clientela. Pero esto no lo podemos medir antes de tiempo ya que estamos en una situación nunca antes vivida.

Las empresas de todo tamaño requieren crédito para sostenerse hoy y reanudar mañana. La banca privada y la estatal tienen suficiente liquidez para atender la demanda de dinero. Las moras pueden ser manejables. El Banco de México ha abierto un amplio programa para que los mecanismos del crédito cuenten con el respaldo suficiente con intereses moderados, menores que los predominantes en el mercado.

El gobierno se está encargando de ofrecer pequeños créditos a la palabra a quienes no tienen acceso a la banca. Esa es la parte que se puede atender solamente desde el presupuesto de egresos. Creo que habría también que brindar ayudas gubernamentales a trabajadores formales e informales en paro efectivo porque en México no existe un sistema de seguro de separación o de desempleo. Algo de esto último ya se está haciendo en algunos lugares.

El pronóstico de que la crisis de la pandemia agregará en México 10 millones de pobres y 6 más en extrema pobreza quizá sea producto de un cálculo sobre el posible comportamiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la correlación entre éste y la pobreza es algo que se seguirá discutiendo porque no existe una regularidad que resuelva el punto. No hay duda de que el PIB decrecerá pero eso no significa que automáticamente y en semejante medida se va a  profundizar la pobreza y/o aumentar el número de pobres. El cálculo de la cantidad de personas que no son consideradas en pobreza y que pasarán a esa categoría, así como el de pobres que serán arrojados al extremo no es un asunto de aplicación de fórmulas porque existe la política social.

A la luz del primer trimestre del año es aún imposible calcular la caída exacta que tendrá el PIB en 2020. Abril y mayo han sido el momento del mayor parón económico en el país, pero esa situación no se mantendrá idéntica durante el tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) ni menos durante el cuarto. La capacidad de recuperación de la planta productiva que ha sido llevada al paro es una incógnita porque no conocemos otra crisis como la actual.

En realidad, lo que se sabe sin discusión es que habrá un decrecimiento del producto y un aumento del desempleo (AMLO lo estima ya en un millón), pero no parece que el nivel de precios vaya a modificarse, cuestión esencial en cualquier pronóstico sobre pobreza monetaria.

Las crisis de los años ochenta del siglo XX, en el marco del colapso de la deuda externa y de la caída del precio del crudo, cortaron de golpe el crecimiento económico de México. El PIB se redujo una y otra vez, de tal forma que decreció en promedio durante la década. Hoy, nadie parece ser responsable de esos desastres. Pero era el PRI.

En 1994, la sobrevaluación del peso con un esquema de deuda indexada al dólar (tesobonos), decidida en gran medida por motivos políticos, es decir, una especie de economía pendida de hilos imaginarios, inventada por Carlos Salinas dentro de su proyecto transexenal, trajo como consecuencia una crisis de dimensiones criminales.

El Efecto Tequila de 1995 que provocó un oleaje internacional, llamado en México «el error de diciembre» (del año anterior) para exculpar al autor y justificar al operador (así era la prensa en México), condujo al país a una especie de ruina. La producción disminuyó casi el 7% en ese año, la banca privada colapsó, la devaluación del peso alteró todos los parámetros, la inflación se hizo galopante, las tasas de interés se revolucionaron, el desempleo se profundizó, los salarios reales cayeron aún más y México acabó bajo los inicuos términos fijados por los acreedores. Como corolario, se le impuso al país desde el gobierno zedillista una nueva deuda de cien mil millones de dólares sólo para salvar a la banca privada y a los deudores de la misma (Fobaproa), la cual sigue devengando intereses que se pagan a través del presupuesto federal.

Era otra vez el PRI, pero Ernesto Zedillo (el entonces recién investido presidente) pretende ahora decidir lo que se debe hacer. Sus amigos periodistas están en lo mismo, aunque parezca increíble.

En 2009 el PIB disminuyó también casi 7 puntos de golpe, a pesar de que el gobierno panista, con operadores financieros priistas, había pronosticado un simple «catarro» frente a la pulmonía que se esperaba en Estados Unidos. Felipe Calderón es uno más de aquellos neoliberales que ahora pretenden dar lecciones.

Muchos de los críticos del gobierno actual, los inconformes de que no haya subsidios a los ricos ni condonaciones fiscales, incluidos intelectuales que no son capitalistas pero piensan peor, estaban en aquellas funestas crisis bastante tranquilos y se les veía muy cerca de los círculos oficiales.

La crisis económica del Covid-19 no durará tanto como la de los treinta del siglo XX ni como el efecto tequila («el error») o la más reciente del colapso financiero, gran operativo del crimen organizado de Wall Street. Pero su superación no será cosa sencilla en México debido al conflicto político.

 Los líderes empresariales se han dedicado a exigir el cumplimiento de su pliego petitorio de ayudas gubernamentales mientras la intelectualidad conservadora defiende los esquemas neoliberales que han fracasado en el mundo. Los partidos de oposición se han convertido en corifeos de aquellos y, ante la falta de propuestas propias, se dedican a tratar de bloquear todo.

Ninguna fuerza al margen de la 4T apoya el golpe de timón nacional de la nueva política económica y social. Se ha acortado extremadamente el terreno de las alianzas políticas en las que se pudieran incluirse a las izquierdas. El diálogo mismo, aunque fuera ritual, está casi interrumpido a la espera de una reanudación tan incierta como el curso de la economía.

Por lo pronto, se acusa desde el conservadurismo a López Obrador de buscar lo que él mismo está diciendo: un cambio mayúsculo en el cual no tengan lugar ni puedan regresar los esquemas neoliberales. Se afirma, nomás por decir algo duro, que la democracia está en peligro, como si ésta consistiera en el predominio de minorías rapaces que han  usado al Estado para enriquecimientos ilícitos.

La confrontación política se aprecia hasta en materia epidemiológica, en la que improvisados «especialistas» critican lo que dicen los médicos encargados de gestionar la emergencia sanitaria.

Encima de todo, la prensa maledicente del gobierno se ofende y protesta porque se le ataca, sin  admitir que cualquiera puede ser criticado como lo es el jefe del Estado. La república es el espacio de la igualdad política de todos sus miembros, las ciudadanas y los ciudadanos. No hay fueros ni privilegios. Lo que debería ser motivo de moderación moral son las falsas noticias (mentiras, se decía antes) que hoy parecen ser materia de competencia entre difusores.

Por primera vez desde 1988 hay que ver la crisis económica como momento de confrontación política directa. En aquel año eran los conservadores haciendo fraude electoral a un movimiento democrático de ruptura contra el neoliberalismo encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. En los años 2019-20 es la ruptura democrática contra el neoliberalismo encabezada desde el gobierno del país por Andrés Manuel López Obrador.

Los conservadores (muchos son reaccionarios en toda forma) no van a ser convencidos porque no les conviene serlo. Aunque han transcurrido más de 30 años, los bandos siguen siendo básicamente los mismos, casi no se mueven, aunque la correlación de fuerzas y el emplazamiento de cada uno de ellos es por completo diferente. Aquí nada será a muerte: esta lucha no tiene caducidad, es diaria.

Interminable historia de los subsidios eléctricos

La empresa estatal mexicana de electricidad, fundada en agosto de 1937 por Lázaro Cárdenas, se hizo para llevar el fluido a mucho más de la mitad de la población que carecía de ese servicio y para dotar de infraestructura a la industria. En aquel año era tan caro que desde un principio se apreció que iba a ser inevitable subsidiarlo para consumo popular, pero no para el industrial. Sin embargo, ambas cosas se han hecho durante 80 años.

El traslado de valor desde la industria eléctrica a empresas privadas y públicas es inestimable. Es quizá el mayor volumen de subsidio industrial de la historia del país.

Desde los años setenta del siglo XX, cada nuevo presidente prometía poner un límite a los subsidios, incluso a los dirigidos a la población. La solución se fue decantando hacia la apertura de la industria eléctrica al capital privado, especialmente extranjero, para que nuevas y modernas plantas elevaran la oferta y distribuyeran el fluido a través de la red eléctrica.

La generación de electricidad es altamente rentable. Lo que no lo es consiste en distribuirla. La idea de los neoliberales mexicanos ha sido que la producción esté en manos privadas y la distribución siga siendo del Estado. Así lo cifraron en la Constitución.

En la actualidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene a su cargo cerca de la mitad de la generación. Pero como es el gran distribuidor, se encarga de llevar el fluido eléctrico de los privados a través de su red. El funcionamiento de ésta es la que requiere un ejército de trabajadores, a diferencia de la generación.

Por otro lado, la reserva de electricidad en un país es vital para el funcionamiento del sistema en conjunto porque éste no puede operar con la generación máxima. Con una planta que se pare se puede venir todo abajo. La reserva es muy costosa porque representa un alto porcentaje de la capacidad de generación en exceso del consumo promedio diario.

En cuanto a las plantas eólicas y solares el problema es mayor porque su capacidad de producción es variable, según insolación y velocidad del viento. El trato que ha tenido la CFE con las empresas productoras no abarca la participación de éstas en la cobertura del costo de la reserva de la que dependen ellas mismas.

El Estado distribuye fluido eléctrico en la cantidad que generan las plantas privadas y les cubre un precio, pero no les descuenta la parte proporcional de lo que la CFE debe erogar para mantener la reserva. Esta no es el costo de lo que se produce sino de lo que se deja de generar para tener garantizado que siempre haya electricidad suficiente en la red.

En conclusión, el Estado mexicano sigue en la interminable historia de los subsidios, sólo que ahora tenemos unos nuevos beneficiarios: te doy subsidio eléctrico para que hagas negocio en la industria eléctrica.

Dicen algunos, pero no por ignorancia, sino por conveniencia, que el gobierno actual está obstruyendo la generación de electricidad mediante tecnología eólica y solar. Otros, también interesados, afirman que el presidente de la República quiere un monopolio estatal de la generación de electricidad, lo cual no tendría nada de nuevo, pero tampoco es cierto.

Lo que no se quiere es subsidiar, dentro de la peor de las tradiciones mexicanas, a las empresas privadas como un medio para garantizarles sus operaciones. Esa ya no debe ser función del Estado.

Los subsidios existen en cualquier país. El problema estriba en para qué, a quiénes, cuánto y hasta cuándo. México tiene una de las peores experiencias en el mundo justamente en materia de electricidad.

Como dijo el clásico, «ya nos saquearon; no nos volverán a saquear». Alguien le respondió: ¿por qué no? En eso han seguido.

Riqueza, ingreso, impuestos y poder

En México se calcula oficialmente el ingreso-gasto de los hogares pero no se incluye la riqueza patrimonial acumulada. A esto último se abocan agencias, investigadores, revistas, bancos y otras empresas.

En su reciente texto leído el 15 de mayo en el reconstruido recinto del Congreso Constituyente de 1856-57, Andrés Manuel López Obrador señaló que en el orbe, según datos de la revista Forbes, «dos mil 095 personas con más de mil millones de dólares cada una, poseen en conjunto ocho billones (millones de millones) de dólares; es decir, en los últimos nueve años la élite del poder económico mundial incrementó su fortuna en casi el doble». Dijo también que en «1988 éramos el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios; en 1994 México escaló el cuarto sitio, solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania». De 2011 a la fecha, agregó,  «se acumuló mucho más dinero en pocas manos.»

En México, según la tabla de ingreso corriente, los hogares más pobres (decil I) ingresan, en promedio, 101 pesos diarios. Los hogares de los súper ricos (decil X) ingresan, en promedio, 1 853 pesos diarios. Estos datos se refieren, más o menos, a la pobreza monetaria familiar pero no a la riqueza acumulada también familiar. No incluyen tampoco los ingresos financieros y de capital que reciben casi solamente «los de arriba».

La  inmensa mayoría del país que tiene ingresos muy bajos, bajos, medios y altos (deciles I al VIII),  recibe en su conjunto 3 485 miles de millones al año. Los muy ricos y súper ricos (deciles IX y X) reciben 3 410 miles de millones anuales. Esto quiere decir que el ingreso se puede dividir en dos volúmenes iguales, los más ricos, la minoría insignificante, y todos los demás. Así mismo, si analizamos los deciles IX (muy ricos) y  X (súper ricos), estos últimos reciben más del doble que los primeros (2 317.6 contra 1 092.4 mmp), aunque son mucho menos que aquellos. La diferencia dentro de los más ricos es también considerablemente grande (Fuente: ENIGH 2018, INEGI).

En realidad, no conocemos el monto de la acumulación de capital en manos de los dos deciles con mayores ingresos y, dentro de estos, a los dueños, ya que entre los muy ricos existen personas que viven principalmente de su trabajo, es decir, de su salario.

Las noticias sobre la riqueza privada acumulada en el país son tal vez un tanto especulativas. Se ha dicho que 15 mexicanos poseen en conjunto más de 150 mil millones de dólares, pero tal vez sea más. El fenómeno de la concentración de la riqueza se expresa en las fortunas de esos 15 individuos pero no consiste en eso.

También existe otro fenómeno muy relacionado, el de la centralización de la producción, los servicios y el comercio, es decir, las formaciones monopólicas que afectan gravemente a la economía del país, el cual expresa también la concentración de la riqueza en general.

Es preciso abordar en su conjunto el proceso de concentración de la riqueza visto como un fenómeno estructural. Ha dicho Andrés Manuel en el texto ya referido: «lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo: la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza».

Dice la revista Forbes que el 10 por ciento más rico posee en México el 43.3 por ciento de la riqueza acumulada. Esta cifra coincide con la de Global Wealth Report 2014. Sin embargo, el Credit Suisse afirma que en México el 1% concentra el 43 por ciento de la riqueza patrimonial: sobre la base de 34.7 millones de hogares, tendríamos 35 mil familias en posesión de casi la mitad de la riqueza privada del país.

Quizá el primer problema técnico es el cálculo de la riqueza acumulada. Este asunto no es tan sencillo como definir el PIB o realizar la encuesta ingreso-gasto de los hogares con 88 mil formularios habiendo 35 millones de hogares en el país. El segundo sería el mecanismo para conocer la propiedad patrimonial de los capitalistas, ya que carecería de sentido estudiar el patrimonio de las personas aunque no concentren riqueza. Un tema importante sería la distinción entre el mero capital dinero y la inversión física, así como el lugar y las ramas de su ubicación. Todo ello sería información económica y social, es decir, conocimiento sobre México, por lo cual no sería desacertado que el INEGI tuviera esa tarea, pues se trata del organismo nacional de la estadística.

Toda política de redistribución del ingreso tiene que estudiar las fuentes y cuantía de éste, incluyendo, naturalmente, la riqueza acumulada que genera precisamente ingreso y lo concentra.

Ese conocimiento tendría que ser parte del análisis necesario para cambiar el esquema contributivo y, por tanto, las bases del financiamiento del gasto del Estado. Dice la OCDE, de alcurnia neoliberal, que en los países miembros de esa organización, como promedio, el 32.5% de sus ingresos provienen de impuestos a bienes y servicios, mientras que en México, que también es integrante de la OCDE, ese porcentaje es del 54%. Es cierto, aquí se grava más al consumo con impuestos recesivos que a los altos ingresos con una política fiscal progresiva.

Más que las funciones del INEGI, el punto que parece preocupar a los representantes políticos de los muy ricos y súper ricos acerca de las declaraciones de Alfonso Ramírez Cuéllar en el de crear un sistema de impuesto a la renta que grave con mayor porcentaje a los muy altos ingresos, como en la mayoría de países de la OCDE, tan admirada por ellos mismos.

La progresividad fiscal es un principio que está en la ley. La tabla del ISR así lo establece, pero, en la realidad, es como en Estados Unidos, pues la tasa máxima es baja y a partir de ella se acaba la progresividad porque no hay sobretasas extraordinarias para los ingresos gigantescos. Además, hay deducciones y subsidios fiscales dirigidos, que llevan a que el gran capital goce de menores tasas efectivas, las cuales terminan estando al nivel o abajo de las pagadas por los contribuyentes medios.

 Por lo pronto, hay que empezar por una revisión de los gastos fiscales que cada año elabora la Secretaría de Hacienda por mandato de ley, aunque casi nadie le hace caso. La mayoría parlamentaria está obligada a seguir combatiendo los privilegios, incluyendo los fiscales. Se han prohibido en la Constitución las condonaciones de impuestos, se ha dejado de evitar cobros a deudores fiscales, se ha combatido la fabricación y uso de facturas falsas y tenemos una autoridad fiscal honrada. No hay que detenerse, el siguiente paso son los gastos fiscales que no se justifican, aquellos que fueron concesiones políticas a personas y grupos minoritarios.

Luego, pronto, cuando eso de la concentración de la riqueza empiece a tomar referencias menos especulativas, entonces se podrá proceder a un sistema progresivo en el impuesto a la renta, lo que llevaría, por cierto, a una disminución de la elevada tasa que se está pagando por los ingresos medios.

La concentración de la riqueza patrimonial privada es un fenómeno que, en México, está por completo ligado al poder. No existe grupo financiero (fusión de capitales bancario, industrial y comercial) que no haya sido especialmente favorecido por actos de gobierno que le ayudaron o, de plano, lo hicieron surgir. Desde el inicio de la política de privatizaciones que empezó poco antes del fatídico año de 1988, las cosas empeoraron a este respecto porque las grandes empresas del Estado que se vendieron, en realidad fueron entregas a cambio de mordidas. En los sexenios siguientes esas movidas chuecas se replicaron. México es uno de los países que acusan la mayor concentración de riqueza en unos cuantos.

El pequeño grupo de familias que acapara la mayor parte del ingreso es una expresión del fenómeno más amplio de concentración de la riqueza, pero también del extenso entorno corporativo y de poder que han construido los grandes grupos de capitalistas. Riqueza concentrada es también poder concentrado.

El impuesto mexicano a la renta es un escándalo mundial. Este es uno de los países que tiene menor captación recaudatoria en términos del valor de su PIB. En realidad, el empobrecimiento del Estado es consecuencia, por varios caminos, del amontonamiento de riqueza e ingreso en unas cuantas manos. El sistema fiscal está por entero en crisis. Más aún cuando ha llegado un nuevo gobierno que tiene política social y desea impulsar la inversión pública productiva.

Lo que amarra todos estos elementos que constituyen el atraso, la pobreza y la injusticia social es el esquema de poder que predominó. Ellos, los súper ricos, los fantasmas del decil X de la superficial encuesta del INEGI, los dueños de los grandes corporativos, el capital financiero (banca, industria, comercio, servicios) engarzado a través de grandes holdings, ha ejercido el poder a través de unos representantes políticos surgidos del PRI y del PAN.

Ya sabemos que esa trama política fue removida de la sede del gobierno federal y del Congreso. El problema ahora consiste en deshacerla por entero, ejercer otra forma de poder y hacer que no vuelva a levantar cabeza aquello que llevó al país a la ruina, al atraso social, la corrupción, la violencia y la pobreza como emblema nacional.

Desde el PIB hasta el bienestar

Más de medio mundo sufre un parón sanitario de la producción, el comercio y los servicios, como consecuencia del cual se está reduciendo el tamaño de la economía expresado a través del Producto Interno Bruto (PIB). Se dice que es la mayor recesión desde 1929-32. Sí, tal vez, bajo el punto de vista del valor monetario de los bienes y servicios finales (PIB) producidos durante el tiempo que ha durado el actual parón, pero difícilmente éste se prolongará tres años.

El PIB fue formulado como gran indicador luego precisamente de la crisis 1929-32 por Simon Kuznets (USA), quien años después afirmaba que esa medición del crecimiento económico no era suficiente para apreciar el bienestar de una sociedad. El PIB per cápita, que es el cociente de la división entre éste y el número de habitantes, tampoco indica la manera en que se encuentra distribuido el ingreso monetario y mucho menos el acceso social efectivo a los elementos básicos del bienestar.

Para conocer la economía de un país se requiere tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento, así como su dirección en términos sociales. En otras palabras, el objetivo hoy dominante en el mundo de tener siempre más crecimiento debería a cada paso señalar de qué y para qué.

Algunos periodistas radiofónicos de Ciudad Juárez me increparon hace unos días, entre muchos otros temas, sobre el desdén que pronunció López Obrador hacia el PIB como estandarte del progreso. Es claro que el gobierno actual y cualquier otro seguirán midiendo el Producto Interno Bruto como en todo el mundo, o casi,  pero otra cosa es creer que el PIB sea parámetro de la justicia social y el PIB per cápita sea la medida del bienestar de la gente.

Además, el PIB no es el ojo de Dios. No mide la «economía sumergida» no legal, como tampoco se refiere al trabajo en el hogar que no está monetizado. En países como México esas no son porciones despreciables.

Los datos de concentración del ingreso y acumulación de riqueza privada se consideran derivados del gran cálculo del PIB, sin embargo, para ambas mediciones se requieren métodos propios pues son otra cosa. Además, no sólo las recesiones son las que han incrementado el número de pobres. Crecimiento del PIB se ha dado a la par de agravamiento de la estratificación social, incluso de mayor pobreza por ingreso.

La esperanza de vida, la educación y la vivienda en términos de cantidad y calidad no son elementos del PIB y, lo peor, no necesariamente existe una correlación lineal entre éste y aquéllas.

Han surgido otras formas de estudiar la realidad social y habrá otras. En este tema tiene lugar una animada discusión. Ya existen varios índices alternativos. Las encuestas de ingreso-gasto de las familias se siguen haciendo. Los debates sobre cómo medir la pobreza y evaluar la política social son interesantes y útiles. En todo esto, el PIB ayuda poco.

Un concepto de desarrollo ligado al bienestar de la gente se abre paso por todas partes luego de que el criterio sustentado en el ritmo de crecimiento, el cual se expresa fríamente en el PIB, es cada vez de menor interés político, aunque sigue dominando como método de comparación entre años sucesivos de cada país y con los demás países.

Por lo pronto, se sabe de sobra que el PIB mexicano va a disminuir este año, como el de casi todo el mundo. ¿Para qué toda esa discusión? ¿De qué serviría saber en este momento, si se pudiera, la disminución exactísima del PIB en 2020? El FMI y la OCDE, así como toda clase de organismos, bancos y calificadoras, hacen pronósticos de crecimiento económico por país y del mundo entero, pero cada cual realiza sus cálculos con sus propias herramientas y sus particulares supuestos. Siempre son muy disímiles. Además, los pronósticos van cambiando durante el año y ven más lejos, pues pronostican el año siguiente. Luego, se advierten los desaciertos, los cuales jamás son reconocidos ni explicados por sus autores. Entre pronosticadores del PIB existe una extraña competencia, la cual es alimento de los mercados globalizados; si no fuera por esto sería un simple juego, pero suele ser inicua. Si el crimen es todo lo socialmente dañoso, sea o no ilegal, los mercados financieros globalizados son entidades del crimen organizado: ya lo han demostrado ad náuseam.

Lo que se debe discutir es la manera en que se está encarando esta peculiar crisis económica, así como las demás opciones. Si un gobierno con muy baja recaudación respecto de su PIB descompletara el volumen total de su gasto presupuestado y, por tanto, se sobre endeudara para cubrir el déficit adicional, entonces mañana habría que incrementar el servicio de su débito, ya de por sí desproporcionado respecto de su recaudación, y bajar su caudal de recursos propios para el gasto social y la inversión pública. Si brindara toda clase de coberturas crediticias a particulares –deuda pública contingente–, tendría mañana que cubrir también toda clase de impagos y quebrantos, algunos de los cuales quizá fueran consecuencia de factores anteriores a la crisis.

La política económica del actual gobierno debe seguir poniendo énfasis en cuatro puntos: 1. Gasto en salud; 2. Programas sociales en curso y nuevos; 3. Créditos directos a pequeños productores y comerciantes; 4. Mantener y acrecentar la inversión pública. Lo que se requiere es enfrentar la enfermedad pandémica y, al mismo tiempo, ayudar a defender la demanda social y popular de bienes y servicios, así como la inversión. La recuperación del empleo que se está perdiendo tendrá que apoyarse en el planteamiento gubernamental pero, evidentemente, éste no sería suficiente. Los agentes económicos –empresarios de todo tipo– deben hacer su parte porque, para ellos, proteger el empleo es defender sus propias ventas. Dicho en términos de la economía política: no hay ganancia capitalista sin explotación de la fuerza de trabajo. Esto, si acaso los patrones piensan como clase social y no sólo como facción.

La deuda del sector público va a seguir subiendo debido al recorte del superávit primario y al déficit presupuestal, pero no es aconsejable una pronunciada curva ascendente de endeudamiento en términos reales, aún a pesar de la caída del precio del crudo y de que es de esperarse una baja en la recaudación en los próximos meses del año. Además, la Constitución no permite contratar empréstitos para financiar gasto corriente, aunque eso se haya hecho durante todos los sexenios anteriores.

Por tanto, es preciso hacer una reorientación del gasto hacia esos cuatro puntos básicos. La ley actual se lo permite al Ejecutivo sin restricciones, pero lo mejor sería aprobar la propuesta de Morena de reformarla para hacer pasar los ajustes presupuestales por la Cámara de Diputados.

Las oposiciones neoliberales buscan subsidios y subvenciones fiscales, así como garantías sobre créditos de particulares, todo lo cual llevaría a una política de endeudamiento. No sería conveniente aceptar ese esquema porque, como ya se  ha visto en otras crisis, traería malas consecuencias, además de que contiene medidas intrínsecamente injustas.

Cuando se mitigue la pandemia, todo mundo podrá darse cuenta, por comparación con otros tiempos y con otros países, de la verdad que encierra poner por delante el bienestar social.

La deliciosa necedad del endeudamiento

México tiene una deuda pública federal de casi 11 billones de pesos que equivale a cerca de la mitad del Producto Interno Bruto anual.

Durante el sexenio anterior, el gobierno logró una reforma fiscal que elevó sus ingresos nominales y, al mismo tiempo, incrementó mucho el monto de la deuda y su servicio. No podría dilucidarse con entera claridad cómo fue que esa combinación de reforma contributiva y política de endeudamiento no se tradujo en un apreciable progreso del país. No hablamos de nueva distribución del ingreso, claro está, gobernaban los neoliberales, sino de simple plataforma de generación de riqueza.

En la emergencia económica provocada por la epidemia de Covid-19 existe un punto que remarcan las holdings y sus organismos patronales: bajar, condonar y diferir impuestos contratando deuda para fondear la consecuente baja fiscal y, al mismo tiempo, para otorgar garantías sobre créditos bancarios a particulares. Mientras el gobierno no le meta entre uno a dos billones de pesos a esa causa, esos empresarios no habrán de apoyarle en absolutamente nada. Se trata de sencillos intereses económicos de partes socialmente minoritarias.

La deuda mexicana no es de las más altas del mundo en términos relativos al producto interno, pero es de las mayores en relación con los ingresos públicos, con los cuales se cubre precisamente el servicio del débito. No podría el país razonablemente incrementar su deuda sin elevar su capacidad de pago, lo que se logra con el aumento de sus ingresos fiscales. Sin embargo, la situación política y, ahora, la recesión que se avecina, no aconsejan realizar una inmediata reforma fiscal para que los grandes ricos y otros no tan grandes cooperen con la parte proporcional que les debe corresponder. Acaso el tema volverá en 2021. Tampoco se está a la espera de una renta petrolera mayor ni de otros nuevos ingresos.

Podría, sí, el Estado mexicano hacer abstracción de su economía y de sus finanzas públicas para contratar ingentes cantidades sin sustento político ni legal, pero eso podría llevar a un desastre mayor.

México paga una cosa que se llama prima de riesgo en toda su deuda. Es un diferencial entre tasas reales predominantes en el mercado internacional con los intereses que se deben pagar sobre los bonos mexicanos y otras formas de crédito. Esa prima de riesgo está aumentando en este momento como producto de la caída del precio del crudo y, sobre todo, de la próxima recesión económica, sin que se pueda saber desde ahora el tiempo que van a durar una y otra, así como su calado.

Al mismo tiempo, el peso mexicano ha sufrido una fuerte desvalorización en tan sólo tres meses. Esto quiere decir que las deudas denominadas en monedas extranjeras se han revaluado en términos de pesos y que se pagan, por tanto, mayores intereses en moneda nacional. Las nuevas operaciones de simple conversión se están contratando en dólares a tasas más altas que antes.

Como siempre que sucede algo fuera de lo acostumbrado, se hacen círculos viciosos. Uno de estos es la venta significativa de bonos mexicanos para comprar dólares y llevarlos a otros mercados, lo cual presiona hacia el alza a la moneda estadunidense. Eso está ocurriendo también en muchos países grandes pero pobres, como México, cuyas monedas se han visto a la baja. Desde antes de la pandemia existe una fuerte demanda de dólares en el mundo, a pesar de que la tasa referencial de la Fed (Reserva Federal, USA) ya es casi de cero; la del Banco de México es de 6%, con un diferencial de inflación de un punto porcentual, ¡qué tasa de riesgo es ésta!

Las variaciones del tipo de cambio llevan también a que las exportaciones mexicanas serán tendencialmente más baratas en términos de dólares pero las importaciones aumentarán de precio en términos de pesos. La inflación, que aún no se muestra, no tardará en llegar de alguna manera, para presionar hacia otro círculo vicioso: alza de precios, desvalorización del peso, fuga de divisas, aumento de tasas de interés, escasez de crédito, reducción del salario real, etc. Ya conocemos ad nauseam esa comedia.

Hay que estar conscientes de que, en las condiciones existentes, lo menos que debe hacer un gobierno es cancelar sus inversiones productivas. Hoy, se le pide que abandone proyectos en curso, como Dos Bocas y Santa Lucía, pero eso no haría más que complicar las cosas aunque algunos conservadores se pudieran sentir complacidos por puro revanchismo.

Sólo puede contratarse deuda pública para llevar a cabo obras que directamente generen ingresos. Eso dice la Constitución. Tal concepto se debe a que el débito público debe pagarse a sí mismo. No se sabe cómo es que ciertos magnates no entiendan esto si es también un principio empresarial: tomar crédito, producir más, vender más, ganar más, aunque compartas con los acreedores parasitarios. No obstante, esos potentados quieren deuda nacional para fondear concesiones fiscales a particulares. Es que ellos no pagarían después sino se beneficiarían ahora.

El actual gobierno no está financiando proyectos importantes con deuda sino desde recursos directamente presupuestales y, en algunos casos, con inversiones concurrentes. Este es un esfuerzo poco común, pues si existe una justificación para un aumento de la deuda ésta sería la creación de un amplio fondo de infraestructuras productivas.

Lo anterior no quiere decir que el débito mexicano próximamente vaya a mantenerse igual como porcentaje del PIB. Al reducirse o eliminarse el superávit primario de 2020 (0.75% del PIB), debido a requerimientos de la emergencia, la deuda dejará de mantenerse casi igual en términos relativos. Al tiempo, al reducirse el PIB, la deuda tendrá mayor peso económico. Pero todo eso ocurrirá sin que sea expresión de una política de sobre endeudamiento.

Muchos países de América Latina tienen una macabra experiencia en materia de deuda. En los años ochenta del siglo XX el débito se volvió impagable y lo volvió a ser después para no pocos países. Las potencias proveyeron toda clase de mecanismos de pago para recuperar lo que se pudiera.

El capitalismo genera sobre liquidez con las ganancias que no encuentran campo de inversión en sus propios países. Para drenar una parte de sus excedentes líquidos están los que necesitan dinero, tanto para «impulsar» o «salvar» sus economías como para dar cobertura a sus exportaciones de capital (de extranjeros y ricos locales), servir la deuda anterior y  abonar a su indescriptible corrupción; véase México.

El Fondo Monetario Internacional te presta para que les pagues a sus verdaderos y únicos dueños.

En síntesis, la deliciosa necedad de que ahora mismo México pida prestado expresa la exigencia de reducir los ingresos públicos a través de concesiones fiscales y de otorgar garantías del Estado sobre préstamos a particulares. Los grandes capitalistas, quienes hablan a través de los líderes empresariales, quieren que, una vez más, el Estado asuma las consecuencias y les proteja del vendaval. Así fue hace 25 años con el Fobaproa, cuando el Estado tomó una deuda de particulares por cien mil millones de dólares, de los cuales la mayor parte le sigue debiendo a los bancos rescatados, a quienes les paga unos escalofriantes intereses, con todo y la prima de riesgo: tasa Cete más 1 o 2 puntos. ¡Calamidad!

Como los principales líderes empresariales no están de acuerdo con la política del gobierno actual, lo que es lógico, tendrán que esperar a la próxima elección para postularse directamente o apoyar a sus amigos y empleados. Tendría que ser una mayoría ciudadana la que hiciera regresar al país a épocas oscuras.

Recesión, subsidios y moratorias

Frente a la crisis económica desatada con motivo del Covid-19, uno de los debates se ha ubicado en los subsidios públicos a los capitalistas. Todos discuten sobre de qué tamaño será la disminución del PIB, pero pocos hablan de la dimensión de la pobreza y de la que ha sido agregada en la crisis.

Por lo pronto, hay en el mundo 7.8 billones (millones de millones) de dólares destinados al «salvamento». 3.3 billones para gastos de salud y apoyos directos; 1.8 en préstamos e inversiones de capital; y 2.7 en garantías públicas sobre el crédito privado. Se dice que a todo esto le hace falta un billón y medio de dólares adicionales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene otro billón disponible para ser prestado a los países socios, pobres y necesitados, le reclama a México por destinar a la crisis actual tan sólo –dice— once mil 200 millones de dólares, el 1.1% de su PIB.

Al mismo tiempo, la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial están exigiendo subsidios fiscales para las empresas. Unos cuantos ex presidentes latinoamericanos neoliberales, Ernesto Zedillo incluido, proponen que se agreguen a la lista de tareas urgentes los consabidos «estímulos fiscales».

Las oposiciones se han puesto de acuerdo en algo: acusar a Andrés Manuel López Obrador de no ser un «hombre de Estado» ni un «presidente de todos». Piden dinero, aunque no precisan exactamente cuánto y de qué forma. La gran burguesía siempre pedirá impuestos mínimos y, de ser posible, condonación de los mismos. En México, como en Estados Unidos, entre más ganancia obtengas menor es la tasa efectiva de impuesto a la renta. La Constitución dice lo contrario, como también prohíbe las exenciones y condonaciones fiscales.

¿Qué quieren en concreto esos líderes opositores? Es necesario buscar la respuesta para tratar de entender a qué se debe la campaña contra Andrés Manuel. Él ya les ha dicho que, si lo quieren quitar, pidan el adelanto de un procedimiento revocatorio en las urnas, pero ellos han respondido que de ninguna manera van a hacer eso. Lo que exigen es que el presidente se ponga a trabajar en lo que ellos mismos desean: subsidio efectivo… en la forma que sea.

El método de las condonaciones ya sabemos a qué nos ha llevado en los últimos sexenios: miles de millones perdidos al ser regalados a los ricos. Dejar de cobrar impuestos de ejercicios anteriores, incluyendo multas y recargos, es la peor injusticia fiscal, es decir, una cancelación de impuestos y un atentado al sistema de redistribución del ingreso. Ahora mismo, AMLO denunció que unas cuantas empresas deben al fisco 50 mil millones, aunque el mismo presidente informó este jueves que una cuarta parte del dinero se va a recuperar de inmediato: mil gracias, señores, por pagar impuestos debidos, aunque nos vayan a quedar a deber las multas.

México es uno de los países más atrasados del mundo en materia de recaudación. El fisco no pasa de administrar el 15% del PIB. España, que se encuentra por debajo de la medida de la eurozona, recauda el 40%, por no mencionar a aquellos que se encuentran por arriba del 50%, es decir, más de la mitad del valor de lo que se produce en el país. ¿Quieren seguir bajando la recaudación? Sí, porque les conviene a unos pocos aunque perjudica a la inmensa mayoría.

Otra cosa podría ser diferir durante unos meses el pago del impuesto sobre la renta de personas morales o de las cuotas patronales de seguridad social, sin recargos. Eso no disminuye el caudal público pero permite un desahogo del causante. Lo que no se puede admitir es que las empresas jineteen impuestos retenidos a cargo de consumidores y trabajadores, puesto que eso es lo que algunas hacen de por sí en forma ilegal.

Una de las medidas que se ha tomado en otros países es el establecimiento de un sistema de garantías sobre el crédito otorgado por parte de los bancos a las empresas. Con esto, un alto porcentaje de los adeudos irrecuperables será traspasado al gobierno, el cual se ha de convertir así en gracioso socio del banco pero sin derecho a utilidades, sino sólo a pérdidas.

Esta sería una especie de segunda edición del Fobaproa, cuando el gobierno asumió los quebrantos de los bancos, es decir, préstamos no pagados convertidos en deuda nacional. Eso fue la socialización de los adeudos de los ricos. Un robo de cien mil millones de dólares, de los cuales aún se debe la mayor parte y se siguen pagando los intereses a los bancos, cada mes y puntualmente, desde el Presupuesto de Egresos. Sí, son dineros aportados por todos para cubrir adeudos de unos cuantos ricos de hace 25 años. Esto ha sido como estar pagando créditos de guerra impuestos por la potencia vencedora.

El gobierno puede dar prestamos directos a empresas pequeñas y a comercios informales, como ya lo está haciendo para dos millones de establecimientos, pero al margen del esquema de asumir pérdidas de los bancos privados.

En México se debe hacer lo que el G-20 recomienda: ocho meses de moratoria en créditos bancarios, para concluir el próximo diciembre. Los bancos mexicanos ya han concedido tres meses sin recargos ni comisiones, no será difícil que amplíen el plazo sin afectar sus balances.

Por lo pronto, el FMI ha ofrecido a 25 países seis meses de moratoria en el pago de intereses sobre los empréstitos contratados con el organismo mundial.

Para ser sensatos, tanto el G20 como el FMI están planteando algunas moratorias antes de que éstas se produzcan en los hechos. Se evita así una rebelión de deudores y se delimita el lapso de la suspensión  de pagos.

Si el G-20 y el FMI fueran en verdad partidarios de una moratoria de la deuda pública, al menos de los países pobres que son la mayoría, plantearían un acuerdo de todos los Estados para imponer la suspensión sin recargos del pago de los intereses durante unos meses, a efecto de concentrar recursos en la crisis de la pandemia. Pero eso no lo van a hacer porque la mayoría de los gobiernos defienden el libre mercado financiero y cumplen con el pago de intereses de los empréstitos; muchos de ellos le tienen miedo, con razón,  a los acreedores que les amenazan con dejar de invertir o vender sus bonos de un día para otro; les atosigan las primas de riesgo, gran negocio inmoral que se sustenta en las pobrezas nacionales. No hay ni se quiere que haya un gobierno mundial que defienda los intereses públicos universales.

El FMI va a canalizar «urgentemente» 18 mil millones de dólares desde su Fondo de Reducción de la Pobreza. Ese monto es mínimo si se piensa en la cantidad de pobres del planeta. México, un país pobre que no se encuentra en esa lista del FMI y por tanto no le toca nada, destina anualmente a combatir la pobreza más de lo que el FMI va a canalizar para ese propósito en todo el mundo durante 2020, año de la gran crisis Covid.

En México no existe un fondo de desempleo o simplemente de despido. Muchos están yendo a retirar dinero de su ya menguado ahorro en el SAR. Otros están siendo apoyados por entidades públicas o por empresas. En todo el entorno social impera la solidaridad para aguantar la crisis.

Mayo será un mes especialmente difícil pero no sólo en materia sanitaria, como ya se ha anunciado, sino también en la economía popular. Mas los siguientes meses del año seguirán estando dentro de la temporada de vacas flacas.

El gran problema que va a enfrentar el gobierno mexicano es el de un ingreso mínimo vital, como el que reciben los adultos mayores y los jóvenes aprendices, pero para trabajadores desplazados, tanto de la economía formal como de la informal.

Por lo pronto, los opositores resentidos seguirán pidiendo que el presidente se ponga a su servicio protegiendo los intereses de los individuos de su clase. ¡Ya no!

Coronavirus y globalización

La pandemia COVID-19, como emergencia de salud, durará unos meses, pero su impronta podrá perdurar varios años y provocar cambios imprevistos. No se trata de la recesión a la que ha llevado la alerta sanitaria, ya que, al fin, la bajada de la producción y de los servicios será superada y paulatinamente se recuperará la economía mundial.

El problema que tenemos enfrente es que la globalización económica galopante no contiene un acuerdo político suficiente para establecer normas admitidas por todos y mecanismos comunes para la gestión de las condiciones básicas de la vida, incluyendo, naturalmente, la seguridad en su más amplia acepción.

Lo hemos visto con mayor claridad en la coyuntura sanitaria. El organismo de salud de Naciones Unidas (OMS) está prácticamente dedicado a emitir un boletín diario con algunas recomendaciones. Ningún gobierno ha hecho un pronunciamiento sobre la forma titubeante en que él mismo reaccionó al principio. Los sistemas de salud de casi todo el mundo se encuentran colapsados o lo estarán pronto porque están mal hechos.

La gran pandemia de 1918-20 se produjo luego de una terrible guerra que había arrojado al menos 14 millones de muertos entre militares y civiles. Se calcula que de aquella gripe enfermaron 50 millones y otros cinco millones fallecieron. No existía entonces el transporte aéreo de pasajeros como industria mundial, no obstante la enfermedad abarcó muchos países: viajó en ferrocarril y en barco.

El COVID-19 llegó en avión a casi todos los países y, consecuentemente, lo hizo con una rapidez muy previsible pero que no se quería admitir al principio. La OMS tardó días en anunciar la pandemia, tal como el gobierno de China, antes, se había demorado mucho en reconocer el brote epidémico por temor a que se afectara su economía.

El sistema de globalización económica no sirve para proteger a los humanos, es decir, al sustento básico de la humanidad que es la salud para vivir. Esto es así al tiempo en que tampoco sirve para proteger el medio ambiente, evitar la guerra, garantizar la paz, superar la pobreza, combatir las violencias, igualar las condiciones de vida básicas, redistribuir la riqueza entre las naciones, los pueblos y las clases. ¿Para qué sirve, entonces, si ha fracasado también en lo más vital: la salud de la humanidad?

La globalidad es una forma de relación del capitalismo interconectado. Ningún país puede ser autosuficiente porque, al consumir todos mercancías iguales o semejantes, se imponen las diferencias tecnológicas, de materias primas y de nivel de vida de los productores, todo lo cual se expresa en los costos. El encadenamiento productivo es capitalista, no tiene que ver con la salud ni con el planeta sino con la ganancia. Esto se sabe de tiempo atrás, pero hoy quizá sea mucho más claro. De cualquier forma, esa globalidad es frágil, pues una pandemia la lleva al desequilibrio. Un desajuste productivo, comercial o de servicios conduce a otros desajustes y así sucesivamente, tal como ocurre con el contagio viral.

Una globalización así no tiene futuro en tanto pacto, ya que, como ahora, ni siquiera se pueden tomar medidas globales sobre un virus emergente que se desplaza en forma de enfermedad pandémica, es decir, global, y puede enfermar a cualquier persona en cualquier país, aunque al final el número de fallecimientos sea estadísticamente «marginal».

Por lo pronto, la pandemia paraliza una parte grande de la economía y es ahí donde está radicado el debate de un mundo globalizado que se organiza como maquinaria de producción de plusvalor, es decir, de apropiación privada del producto excedente de la humanidad.

La Unión Europea es la más alta expresión de la globalidad actual: la asociación política de Estados independientes sin fronteras ni aranceles. Está, sin embargo, a las puertas de una crisis vital porque no es «natural» la ausencia de acuerdo suficiente para que los costos sociales sean cubiertos en condiciones equitativas entre sus integrantes. Los salvamentos europeos suelen consistir en prestar dinero para asegurar los pagos a los bancos alemanes y franceses, tal como lo vimos en Grecia. Las primas de riesgo que sólo pagan algunos por sus deudas dividen entre sí a los países de la Unión como si fueran adversarios, sometidos sólo a la dictadura de los mercados. No se trata de falta de solidaridad sino de ausencia de un gobierno compartido basado en reglas democráticas suficientes para ser en verdad una unión.

La globalización como instrumento de las clases dominantes no podrá nunca arrojar un gobierno internacional democrático porque la democracia de esas clases, las propietarias, no va mucho más lejos que algunos derechos históricamente alcanzados, por cierto, en su mayor parte, por quienes no son propietarios.

Es por ello que no hay acuerdo suficiente sobre Estado social, distribución del ingreso, medio ambiente, armamentismo, hegemonismos internacionales, y ahora sobre sanidad, sino sólo en cuanto a las esferas conectadas directamente con el funcionamiento de la maquinaria de exacción mundial de excedentes económicos. En el fondo, el pacto global se basa en la unión de los capitalistas de los países miembros para dar seguridad y estabilidad al sistema de producción de plusvalor. Luego de la pandemia, en Europa habrá mucha más gente que se pregunte sobre el valor, significado y alcance de la Unión Europea, a la vista de la falta de normas y de gobierno común para hacer frente a todos los problemas humanos.

En verdad, en la emergencia, cada gobierno europeo ha estado solo, decretando las medidas sanitarias que buenamente considera pertinentes, tratando de salvar lo más que se pueda de la producción, el comercio y los servicios, y, finalmente, subsidiando empresas, otorgando garantías públicas sobre el crédito bancario y cubriendo una parte del consumo de trabajadores formales e informales desplazados.

El relativo desorden interno de los principales países europeos durante la pandemia fue convertido en un caos de  Europa,  la cual resultó muy precariamente unida.

La Unión Europea tiene una crisis que hasta antes del coronavirus no era reconocida muy a las claras por todos. No se trata sólo del abandono del Reino Unido sino de que a la lista se pueden agregar otros países en donde la extrema derecha no es como el gobierno británico sino algo mucho más agresivo. Esas tendencias políticas en crecimiento se van a apoyar en las disfunciones de la UE durante la crisis de la pandemia y su recesión económica. Son parte del deterioro de la globalización como proceso; no pocos obreros y pequeños propietarios les están apoyando.

Como economía, el mayor beneficiario de la globalización ha sido China. Sus ritmos de crecimiento, su diversificación, su paso de maquilador a tecnológico, su infraestructura productiva y la incorporación de muchos millones al trabajo técnico en la ciudad y el campo, convirtieron a ese país en un gran proveedor mundial, al tiempo que importa enormes cantidades de productos como insumos de sus manufacturas, y paga de contado puntualmente las patentes y el uso de marcas de las trasnacionales.

El caudal relativo de producto excedente es más alto en China en tanto que los menores salarios permiten una tasa mayor de explotación. Aunque el esquema maquilador ya existía y sigue vigente en muchos países pobres, la reforma económica china abrió un inmenso campo de inversiones para el avance tecnológico estadunidense. Los grandes inventos se convirtieron en mercancías producidas por millones de piezas, a bajo costo, con lo cual se fortaleció una gran concentración de capital en las empresas tecnológicas norteamericanas. Ese esquema fue replicado por algunos países europeos. El mundo pudo comprar inventos nuevos hechos en China, producidos bajo esquemas de plusvalor absoluto, es decir, ligado al aumento de la jornada de trabajo o a la disminución del salario real. Ha sido el sueño dorado de la burguesía de todos los tiempos: lograr en el mismo proceso la ventaja tecnológica (plusvalor relativo) y la ventaja laboral (plusvalor absoluto). Esto, evidentemente, ha fortalecido lo que en economía política se llama ganancia extraordinaria o súper ganancia, muy por encima de la tasa media.

El capitalismo de Estado chino ha demostrado que, como sistema autoritario y bien organizado, tiene más ventajas que el capitalismo liberal. En el gigante asiático opera la mayor holding trasnacional que haya existido, el Estado chino. En la globalización, el país más poblado se ha convertido en la economía más grande, pero también es la más dependiente. Esto último es lo que el gobierno chino pretende ir superando, para lo cual, la crisis coyuntural provocada por la pandemia puede serle de importante ayuda. Se sabe que no basta la expansión comercial sino, a la vez, la seguridad productiva y de los mercados. Por lo pronto, el gobierno chino es el mayor poseedor de valores gubernamentales de Estados Unidos, su gran acreedor.

La crisis provocada por la pandemia puso de relieve algo que se sabe bien: las economías más grandes dependen cada vez más, consecuentemente, del resto. Actividades «esenciales» que podrían estar activas se encuentran paralizadas porque sus insumos son de procedencia extranjera y en sus respectivos países se encuentran en paro, o debido a que los medios de transporte se encuentran detenidos.

Lo que va a ocurrir al día siguiente en el que se declare el término de la emergencia sanitaria es que no pocos gobiernos presenten planes para que sus países dependan menos de los demás. Es evidente que se va a repensar el alcance de la globalización pero por motivos políticos, aunque no pocas empresas tengan que pagar las consecuencias debido a que se encuentran altamente globalizadas.

Estados Unidos, el país más dañado por el número de fallecimientos, se tardó mucho en detener los vuelos internacionales. Así ocurrió también en Canadá. La enfermedad llegó a través de ambos océanos, lo cual era lo más fácil de advertir desde el principio. Lo mismo sucedió en América Latina. En México, el COVID-19 procedió principalmente de Italia y Estados Unidos, ya en segunda o tercera exportación. Pero en casi todo el mundo predominó la idea de que la interrupción sanitaria del transporte internacional de pasajeros arruina la economía, aunque de todas maneras se iba a tener que hacer. Esa idea es parte de la globalización basada exclusivamente en la ganancia. Está claro que, aun sin aviación comercial, el coronavirus hubiera llegado a América, pero con otra cadencia, lo cual quizá hubiera permitido que los estadunidenses tomaran a tiempo sus medidas sanitarias.

Es verdad que la recesión de 2020 no podría ser comparada con cualquier otra porque se debe a un fenómeno generado al margen de la esfera propiamente económica. Sin embargo, su impronta llevará a una revisión del estado que guarda la globalización capitalista que ha regido al mundo durante varias décadas.  Mas esta revisión no sólo ha de correr a cargo de los centros dirigentes sino también de quienes producen ideas políticas en el seno de las sociedades, los intelectuales y los líderes.

El debate que se va a abrir será sobre cómo conducir la globalización en términos menos unilaterales, más vinculados a objetivos humanos, digámoslo así, que tienen que ver con la salud, el medio ambiente, los derechos sociales, la pobreza, las violencias, la concentración de la riqueza y del ingreso, la paz.

Los líderes de la globalidad podrían ahora afirmar que se requieren más y mejores instancias de «coordinación» o «encuentro» de carácter internacional,  pero de esas ya hay demasiadas, además de la ONU, incluso de orden propiamente político, como el G-20, el G-7 y otros en diversos estratos. De organizaciones internacionales de Estados soberanos estuvo lleno el siglo XX  y su continuidad en la centuria presente. La Organización de Países No Alineados ya no existe en los hechos porque todos sus integrantes se encuentran subordinados al mismo esquema imperante de la globalidad: no tienen nada de qué hablar entre ellos, según se cree. El fracaso de los escenarios sobre el tema del medio ambiente es un desgarrador ejemplo de la inexistencia de formas efectivas de gobierno mundial. El COVID-19 refrenda una inoperancia global en temas de la humanidad.

 La globalidad como proceso, es decir, la globalización, va a tener un momento peculiar después de la pandemia. La recuperación económica en cuanto al valor del producto se hará como reposición de lo que había antes del paro. Esto no será difícil. No se ha destruido ninguna infraestructura productiva. No se trata de las consecuencias de una guerra, como inútilmente se insinúa por varios sitios. Pero, a partir de la vuelta a lo de antes quedarán más cuestiones abiertas. ¿Puede la humanidad seguir por el camino de una integración global basada exclusivamente en el objetivo de la exacción y reparto elitista del producto excedente?

Neoliberalismo, el saldo del desastre

El neoliberalismo no es una teoría ni una ideología sino un programa político de contenido social y económico. Es un proyecto para lograr un capitalismo más puro sin que la burguesía tenga que pagar tasas fiscales para financiar las rémoras del sistema.

Para ser neoliberal se requiere una doctrina, un conocimiento, una forma de analizar la realidad y un lugar desde donde ver, cierto, pero el neoliberalismo no busca otra cosa que capitalismo, el original, por decirlo de esa manera. Se quiere volver al pasado. Mas que conservadores, los neoliberales son reaccionarios.

Esa gran corriente internacional no busca eliminar al Estado, claro está, pero ni siquiera quitarle autoridad sino gasto social, lo que es otra cosa complemente diferente. Aún más, el neoliberalismo tiende a un Estado autoritario como forma de disciplinar a los trabajadores y pequeños propietarios, es decir, a todos los demás.

En el mundo, el neoliberalismo avanzó con rapidez ante la caída de los regímenes de socialismo de Estado y de la crisis del Estado social en los países capitalistas. En el llamado Tercer Mundo, los neoliberales se colgaron del desastre de la deuda, las recesiones, las inflaciones y otras muchas calamidades que ellos, en su mayoría, habían gestionado, como fue el célebre Fobaproa, cuyos intereses se siguen pagando a los bancos, mes tras mes, luego de 25 años.

Cancelado en la Constitución mexicana el derecho a la tierra y permitida la privatización legal de ejidos y comunidades, el combate se trasladó a las pensiones, la educación,  la salud y la energía, las cuales también deben ser privadas, según el canon neoliberal. En México, esas grandes esferas han estado bajo un fuego cruzado entre quienes buscan su privatización y los que defienden su socialización.

El 1º. de mayo de 1992 (día internacional de los trabajadores) nació el llamado Sistema de Ahorro para el Retiro que privatiza la administración de los fondos de pensión y elimina el sistema solidario. Se condenó a millones a jubilarse para empobrecerse.

También cundió en el Estado mexicano la idea de que éste no debería «impartir» obligatoriamente educación superior. Así quedó en 1993 el nuevo texto en la Constitución, el cual sólo hablaba de «promover y alentar» ese nivel educativo, para dar entrada al cobro generalizado y amplio  de colegiaturas.

Ante la imposibilidad de crear universidades privadas rentables, los neoliberales buscaban llevar a las instituciones públicas a operar dentro de un sistema restringido a quienes pudieran pagar y a becarios de escasos recursos y altos promedios. Las colegiaturas universitarias fueron derrotadas por el movimiento estudiantil de 1986-87 y, después, por la prolongada huelga de la UNAM de 1999-2000. Sin embargo, el gobierno respondió con una disminución del ritmo de crecimiento real de la educación superior pública, la cual era considerada como de imposible financiamiento en su totalidad por parte del Estado.

El turno le llegó también a los servicios de salud cuando en la primera Presidencia panista se creó el Seguro Popular como vía de canalizar recursos a los estados que se hacían cargo de las unidades médicas con un sistema de aseguración de tipo privado y cuotas familiares. El planteamiento neoliberal era que el sistema de gastos médicos privados podía funcionar en el campo de la medicina pública. Los resultados fueron muy malos, incluyendo la reducción en términos reales de la capacidad del Estado de prestar atención médica.

Pero la intervención neoliberal en la medicina fue más lejos. Los hospitales debían en alguna medida contratar servicios médicos con empresas privadas y, además, hacer subrogaciones, como aquellas realizadas en masa por el IMSS para el servicio de «guarderías infantiles». La venta al Estado de medicamentos e insumos quedó en manos de unos cuantos comerciantes quienes imponían sus precios.

No estaba permitido a las empresas privadas la distribución de energía eléctrica, pero el gobierno autorizó a productores privados que se instalaran para vender fluido a la Comisión Federal de Electricidad, la cual se encarga de distribuirlo prácticamente por cuenta de aquellos. Así fue como se profundizó la privatización de esta rama estratégica y la ruina del organismo público.

El último presidente panista intentó una reforma petrolera para entregar en concesión los nuevos yacimientos de crudo y gas del Golfo de México. Durante meses, el Congreso discutió nuevas leyes sin que al final hubiera una clara victoria de nadie. El presidente priista que llegó al relevo, puesto de acuerdo con el PAN, logró la reforma de la Constitución para la privatización de la industria petrolera, sueño dorado de los neoliberales.

El saldo de las principales reformas del neoliberalismo difícilmente podría ser más deficitario. Todo está en crisis o a punto de estarlo.

El sistema de retiro no será capaz de otorgar una pensión mayor al 70% del salario que hoy recibe cada trabajador y trabajadora; muchas y muchos no alcanzarán siquiera un salario mínimo y tendrá que haber subsidio público. La jubilación ya no será un descanso y una recreación después de una vida de trabajo sino el momento de una aguda depauperación de los trabajadores de México.

La educación superior no abarca más del 30% de los jóvenes y, por tanto, sigue estancada, por lo que hay muchos miles de rechazados cada año, legiones de jóvenes hacia el resentimiento social.

El sistema de salud tiene que ser reconstruido en sus bases organizativas y en muchas de sus unidades médicas. Lograr una medicina universal tardará todavía unos diez años.

Los concesionarios de petróleo y gas no han hecho las inversiones a las que se comprometieron y ahora será peor por la baja del precio del crudo; mientras, Pemex ha sido saqueada y arruinada, por lo cual durante un tiempo será una carga sobre las finanzas públicas. La CFE, por otro lado, tiene que recuperar su función de organismo productivo rector de la industria eléctrica.

El neoliberalismo mexicano hizo muchas promesas al país, pero no cumplió ninguna como no fuera despojar, entregar, desmantelar, arruinar.

Mas, a diferencia de otros países, los gobernantes neoliberales en México han sido unos corruptos que robaron y desfalcaron lo que pudieron, convirtiendo en negocio la función pública.

Después de 40 años, México tiene una sociedad más desigual y con mayor número de personas en pobreza y en pobreza extrema. A esto se le puede llamar el saldo del desastre neoliberal.

El país en su mayoría ha dicho no más; ahora faltaría que pudiera decir nunca más.