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Ganancias caídas del cielo

“Windfall profits” se le llama en España a la consecuencia del sistema tarifario de energía eléctrica. “Ganancias caídas del cielo”. El método es en el fondo sencillo: se venden las producciones de electricidad de menor costo a precio de la más cara. Es decir, la mayoría de la gente que se ubica en el mercado eléctrico cotidiano o de corto plazo tiene que pagar, según un mecanismo de subastas por día y por hora, la tarifa que corresponde a la energía de mayor precio de mayoreo. Como es lógico, los productores de la energía más barata acumulan enormes ganancias a costa de los consumidores y, además, se benefician en exclusiva del aumento de los precios de los energéticos. A esto le llaman mercado.

El esquema se hace más inicuo porque en España existe un oligopolio de electricidad: Endesa, Iberdrola y Naturgy poseen, juntos, casi el 90% del mercado y cada cual tiene sus regiones, como en tiempos feudales. La única empresa de capital mayoritario estatal es Endesa, propiedad de ENEL, la mayor empresa eléctrica de Italia que opera en 32 países, también en México, como lo hace Iberdrola. Sin embargo, la italiana asumió su papel oligopólico luego de tomar por asalto a Endesa a través de una oferta de bolsa. Existen en la Península Ibérica unas 300 comercializadoras operativas privadas de electricidad pero que operan en el margen.

El llamado “pool eléctrico” español pretende justificarse bajo la necesidad de promover las inversiones en energía eólica y fotovoltaica, pero, como se puede observar, a costa de bolsear a los consumidores. En España, no sólo dejó de existir la empresa pública sin tomar en cuenta que el país es una isla en materia de electricidad, pues su sistema sólo lo comparte con Portugal. Así es también México, una isla eléctrica: lo que no se solucione aquí, nadie podrá hacerlo. De esa forma, el tema energético es de alta seguridad nacional.

El sistema eléctrico mexicano no es idéntico al de España, pero aquí se las ingeniaron para hacerlo parecido. El Estado mexicano tiene el monopolio constitucional de la planeación y control del sistema, así como de la transmisión y distribución de energía. Al mismo tiempo, tiene una gran empresa pública, la CFE, que produce energía de las diversas fuentes. El problema es que, a partir de las reformas neoliberales de 2013 y 2014, empeoraron las normas y los contratos para mediatizar la capacidad estatal y beneficiar a empresas privadas. El Estado ha terminado subsidiando a los empresarios de la electricidad, lo que se expresa en los estados contables de la CFE. Las normas para usar las líneas de transmisión y la red de distribución de la CFE no son parejas para unos y otros productores, de tal forma que la capacidad productiva instalada de la empresa estatal se inutiliza en parte debido a la preferencia de la que gozan los privados, ya sea para el servicio público o dentro de esquemas de simulación de asociaciones de generación.

La CFE compra en contratos de largo plazo a precio y cantidad predeterminadas a los privados y se privilegia el despacho eléctrico de nuevos productores independientes. Además, se transmite casi gratis energía de sedicentes cogeneradores que claramente no lo son.

El planteamiento central del nuevo gobierno es que la CFE vuelva a ser jurídicamente un organismo público y participe en el ejercicio de las atribuciones constitucionales actuales que tiene el Estado, dejando atrás los indebidos privilegios actuales en favor de las empresas privadas, altamente costosos para la nación. Que haya, en síntesis, un mercado parejo y una verdadera regulación.

Algunos distinguidos políticos priistas, en especial Dulce María Sauri, están diciendo que la iniciativa de AMLO para reordenar la industria eléctrica es como regresar a los coches de caballos en pleno siglo XXI. Es decir, se quiere postular que la empresa estatal de electricidad debe desaparecer por ser un esquema viejo. Debería analizarse que ENEL, la primera empresa eléctrica de Italia es del Estado y tiene fijada una cuota del 50% de la producción total de ese país. Électricité de France (EDF) tiene capital estatal de 83% y es la tercera compañía mundial, después de la china State Grid y la mencionada ENEL italiana, ambas bajo control accionario de sus respectivos estados. La tercera empresa alemana, EnBW, es mixta con capital de una entidad federativa.

Al plantear que la empresa pública es hoy tan vieja e inservible como el coche de caballos se evade, con una simple frase, rendir cuentas de las consecuencias mexicanas de la aplicación del programa neoliberal. Significa seguir defendiendo el neoliberalismo a pesar de sus pésimos resultados mundiales para la mayoría que fue víctima de tal programa.

Se pretende postular desde sectores priistas (salinistas) que no hay que resolver ningún problema volviendo a hacer lo que antes se hizo, lo cual incluye al Estado social que ha sido disminuido por el neoliberalismo en la mayor parte del mundo. Pues bien, los priistas deben saber que el mayor partido actual no busca repetir fórmulas anteriores porque el país ya no es el mismo en muchas materias ni la nueva fuerza gobernante es igual, sino combatir la política de los neoliberales, que no sólo han sido del PRI, y sentar las bases de un Estado democrático y social de derecho, dentro del que se produzca una redistribución del ingreso y se eleve la capacidad productiva del trabajo social en beneficio de los propios trabajadores.

La reforma energética de 2013 fue un atraco porque estaba dirigida contra el patrimonio y los intereses estratégicos de la nación. No se trataba sólo de promover a empresas privadas, principalmente extranjeras, sino de otorgarles subsidios abiertos y encubiertos encaminados a crear un oligopolio en la industria eléctrica.

El siglo XXI no está obrando en favor de los neoliberales. Por el contrario, el programa del neoliberalismo desvela aquí y allá su verdadero contenido como promotor de estructuras oligopólicas que llevan a la concentración y centralización de la riqueza y el poder en pocas manos.

La iniciativa de AMLO sostiene que la transición energética que México está obligado a cumplir no puede hacerse bajo el liderazgo de un oligopolio que sólo busca tasas extraordinarias de ganancia a costa de lo que sea, incluyendo, naturalmente, la ruina de la empresa pública de electricidad. Los pactos mundiales sobre la defensa del planeta los ha suscrito el Estado mexicano, no los capitalistas, quienes deben ser regulados por la autoridad y no al revés.

El Consejo Coordinador Empresarial busca que el Estado se encargue solamente de transmitir y distribuir la electricidad, actividad mucho menos rentable que la de producción, para que las empresas privadas, en especial las extranjeras que ahora se representan a través de ese consejo de cúpula, tomen por completo el control de la industria.

Si el Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los estados) no se hace cargo de las obligaciones nacionales sobre energía, no habrá quien lo pueda hacer, mucho menos desde el abuso y el privilegio. Vean lo que ocurre en España y en algunos otros países en los que empezamos a ver una “nueva pobreza energética” en el marco de perniciosas estructuras oligopólicas privadas, a veces con la intervención de empresas públicas que se comportan con la misma voracidad. Lo moralmente peor es que todo eso se hace ofreciendo energía limpia, como si las grandes empresas privadas fueran las únicas que pudieran generar electricidad sin quemar fósiles.

No se le plantea al PRI que analice la historia mexicana del siglo XX ni tampoco su propia política neoliberal, sino que haga lo que hoy en día promete a su electorado en el sentido de velar por los intereses populares y nacionales. Qué difícil.

¿Se va a ir la luz?

La iniciativa enviada por Andrés Manuel López Obrador al Congreso con el fin de reformar varios artículos de la Constitución en materia de energía eléctrica contiene una fuerte corrección a la reforma anterior. El texto hasta ahora vigente pretende eliminar paulatinamente a la Comisión Federal de Electricidad para conformar un oligopolio privado internacional.

Estamos hablando de una energía vital de todo país. No es un juego. Sin embargo, desde 1995 se ha venido creando una infraestructura industrial de producción de electricidad con empresas privadas, principalmente extranjeras, que entregan su producto a la empresa estatal en condiciones preferenciales y garantizadas, pues el Estado se obligó a comprar o distribuir lo que produjeran. A partir de la reforma de 2013, la situación empeoró pues la energía eléctrica producida por empresas privadas fue programada para que desplazara y arruinara a la CFE. Ese era el plan.

Como se sabe, la producción de energía eléctrica nunca fue monopolio del Estado. Cualquiera la puede generar. Pero, desde el punto de vista industrial, sólo es rentable si se posee o utiliza de manera continua y segura un sistema de transmisión y una trama de distribución. Esta infraestructura siempre ha sido del Estado y ningún inversionista privado ha planteado poder construir una nueva.

Dice actualmente el artículo 27 de la Constitución: “Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.”

Así, lo que se decidió en 2013 fue dejar al Estado como monopolio de la transmisión y distribución de la energía eléctrica y, al mismo tiempo, designar paulatinamente a las empresas privadas como oligopolio de la producción, cuyo fluido sería transmitido por el Estado desde los lugares de generación y distribuida hasta los sitios de consumo. Producir electricidad es más rentable que distribuirla porque tiene una composición orgánica de capital mucho más alta: mayor inversión fija y menor cantidad de trabajadores.

Además, todo sistema eléctrico requiere una reserva de capacidad de generación. Ante las bajas de potencia o para cuando se produzca una caída parcial en el sistema, deber existir capacidad instalada adicional, más aún en un país interconectado casi por completo. Esto tiene un costo, el cual se cubre hoy por cuenta del Estado y, naturalmente, en beneficio de las empresas privadas.

Como consecuencia de todo eso, se han repartido permisos de generación eléctrica para el servicio público en tal cantidad que, si en este momento todos los permisionarios en ciernes pudieran producir, el país tendría el doble de potencia, pero sin contar con una semejante capacidad de consumir justo a tiempo un producto que, como se sabe, no se puede almacenar. Ese innecesario aumento de la producción iría en demérito de la producción del Estado, incluyendo la hidroeléctrica que es energía limpia, aunque no se encuentre en la lista correspondiente por ser justamente de propiedad pública.

Entonces, el plan ha sido ir produciendo más y más electricidad desde las empresas privadas, y menos y menos de parte de la empresa del Estado, la CFE. Es la misma idea que se aplicó con motivo de la infortunada reforma petrolera. Esto es parte del programa neoliberal que considera que la empresa pública sólo se justifica como instrumento de subsidio a los capitalistas y facilitación de las actividades empresariales privadas, entre más oligopólicas, mejor.

Por ello existe un sistema de reparto de energía en favor de las empresas privadas, así como de obligaciones del Estado para dar a aquellas las mejores condiciones de desempeño, de tal manera que la tasa de ganancia bruta de las termo eléctricas privadas es mucho mayor que la de la empresa pública con lo cual en realidad se aplica un subsidio.

De lo que se trata ahora es de trazar una línea de igualdad aproximada entre la producción de las empresas privadas y la del organismo del Estado. Un reparto cercano a mitades, pero sobre la base de recuperar funciones de la CFE para asumir, como ya dice la Carta Magna, “la planeación y el control del sistema eléctrico nacional” y, además, llevar a cabo la modernización de sus propios generadores, especialmente de energía limpia para hacer frente a la transición energética.

Es indispensable ampliar la red de trasmisión y mejorar la distribución de la energía que llega a las casas, fábricas, comercios, sistemas de agua, transportes, etc., para lo cual se requieren grandes inversiones públicas. Si el Estado mexicano no retoma la conducción de la industria eléctrica como una responsabilidad ineludible, podríamos llegar a tener aquí algo parecido a lo que en estos momentos ocurre en parte de Europa, donde la tarifa eléctrica varía según la hora y el día, llegando ayer en España a los niveles más altos de su historia, desde 60 euros de hace unos tres años, hasta 320 euros (unos 7 500 pesos) por megawatt/hora; la tarifa más baja se fijó en 250 euros, pero entre las 4 y las 5 de la madrugada.

El argumento del Consejo Coordinador Empresarial en contra del proyecto del gobierno no es tal, puesto que se trata de una peregrina amenaza o, sencillamente, de una mala predicción: “habrá apagones y la luz será más cara”, dice el organismo cúpula. La afirmación carece de sentido cuando de lo que se trata es de garantizar que se pueda planear el desarrollo de la industria y proveer energía al más bajo costo posible, lo cual no requiere de diarias subastas entre productores que tienen, obviamente, costos diferentes según el fluctuante precio del gas, las horas de insolación, la velocidad del viento, entre otros factores. Si los industriales quieren tarifas estables y suficiente disponibilidad de energía a cualquier hora, que llamen a votar por la iniciativa de López Obrador en el Congreso. Si ésta es obstaculizada, vendrá tiempo de lamentos… por parte de ellos mismos.

El gobierno propone, entre otros textos, introducir en el artículo 27 lo siguiente: “Corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La Nación aprovechará los bienes y recursos naturales para dichos fines. El Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo”.

A la vez, se propone añadir en la Constitución: “La Comisión Federal de Electricidad generará al menos el cincuenta y cuatro por ciento de la energía eléctrica que requiere el país. El sector privado participará hasta en el cuarenta y seis por ciento de la generación que requiera el país. El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado”.

Como se aprecia, no se trata de expropiar ninguna planta privada de energía, sino de nacionalizar a la CFE, que hoy está a merced de las empresas privadas, con el fin de que la nación, a través del Estado, pueda tomar la conducción de la industria eléctrica e impedir la operación de un oligopolio privado.

Este es un problema de seguridad energética, la cual no debería estar subordinada al concurso de empresas privadas que sólo buscan, como es lógico, sus ganancias: entre mayores, mejor… para ellas. El país requiere garantía de generación suficiente, estable y con tarifas que sean adecuadas económica y socialmente a la realidad de México.

El neoliberalismo está en decadencia en el mundo. Por suerte también en México va de salida. Esperemos la aprobación de las reformas de la industria eléctrica para que no “se vaya la luz” o tengamos que pagar por ella más de 500% de súbito incremento en las tarifas, como está ocurriendo hoy en algunos países que se sienten “muy postmodernos”.

Camino de la Cuarta T

La Cuarta Transformación culmina la mitad del sexenio presidencial de Andrés Manuel López Obrador. No tendría sentido discutir si se ha notado el cambio respecto de los gobiernos anteriores, pues los opositores, representativos de lo viejo, son quienes más lo sienten y lo resienten, con añadidas muestras de añoranza de lo de antes.

El programa de la 4T se ha puesto en práctica en el momento en que la política neoliberal, con sus prácticas políticas y sus rasgos culturales francamente de derechas, se encuentra en repliegue mundial. En México, luego de más de tres décadas de padecimientos sin fin, había que empezar tratando de borrar las improntas neoliberales e iniciar la edificación del Estado social.

Redistribuir una parte grande y creciente del ingreso captado por el fisco hacia el gasto social más urgente: pensión básica universal, aumento progresivo (anual) del salario mínimo general, educación (becas incluidas), atención médica universal y gratuita a los no asegurados, subsidio directo al empleo de jóvenes, trabajo asalariado a campesinos en la reforestación de un millón de hectáreas, mejoramiento de vivienda precaria, precios de garantía de granos, restablecimiento de estímulos fiscales y duplicación del salario mínimo en las fronteras, cobertura vitalicia de una renta a menores discapacitados permanentes, créditos a la palabra para microempresas.

Mas desmontar la política neoliberal abarca también la cancelación de la entrega de bienes públicos a la clase minoritaria: detener la privatización de recursos naturales, acabar con las asociaciones público-privadas, prohibir las condonaciones fiscales, restringir los subsidios virtuales, cobrar debidamente los impuestos, impedir sistemas de precarización de la fuerza de trabajo formal, como el outsourcing, y combatir el oprobioso sometimiento de los obreros agrícolas.

El programa democrático de la 4T ha tenido que cubrir un requisito explícito: apartar del gobierno a la gran burguesía y, en especial, a su capa oligárquica. Los grandes capitalistas ya no mandan en Palacio (antes Los Pinos). Sin esto no hubiera sido posible encarar las contradicciones entre la política económica y la política social. Pocos gobiernos en América Latina han demostrado que es posible la estabilidad macroeconómica y la redistribución del ingreso. Las concesiones a los ricos han venido disminuyendo al ritmo del impulso de la política social y de nuevas inversiones directas del Estado, así como del fortalecimiento del sector productivo paraestatal.

Esta limitación del poder de la gran burguesía se expresa en aspectos relevantes como la libertad sindical, con el derecho de los trabajadores a votar su propio contrato colectivo y su sindicato. La insistencia en la consulta popular y la revocación de mandato forma parte de la creación de una nueva institucionalidad democrática, mucho antes que de asuntos de coyuntura.

Un elemento esencial del programa democrático ha sido dejar de lado la represión. Ya no existe la prisión política como instrumento de gobierno, ni se persiguen las luchas sociales, como tampoco se busca castigar a los críticos y opositores. Esos periodistas que dicen estar acosados se refieren a que el gobierno ya no les paga por sus servicios, silencios o maquillajes. Confunden la respuesta verbal con la represalia física.

El punto de la democracia es algo muy complicado para la 4T porque el país no cuenta con un vigoroso sistema de organizaciones sociales de lucha, ni las instituciones están basadas en la participación social. Se encuentran vigentes derechos formales, largamente demandados, pero no existen sistemas participativos. La escuela mexicana sigue sin ser democrática; el magisterio ha sido gremializado y carece de proyecto educativo propio. El sindicalismo aún está dominado por las anteriores estructuras, mientras que muchas dirigencias de izquierda se comportan casi igual que el viejo charrismo. En el campo, los viejos liderazgos exigen al gobierno el retorno a las intermediaciones de subsidios y al reparto jerárquico de bonificaciones.

Morena llegó al gobierno sin el apoyo directo de las organizaciones sociales de obreros, empleados y campesinos, las cuales no estuvieron nunca en la lucha por el poder, ya fueran priistas o de izquierda. Las universidades que hace ya muchos años lograron conquistar sistemas democráticos, aterrizaron al final en la creación de mafias endurecidas que impiden la participación de estudiantes y profesores.

La democracia no debe seguir alojándose sólo en la consulta electoral. Esto lo sabe de sobra el actual presidente de la República, pero la 4T no puede decretar por magia la democracia en todas partes porque ésta tiene que surgir de las bases, para no regresar nunca a las estáticas estructuras jerárquicas de las organizaciones sociales, incluyendo, por cierto, las patronales.

Por lo pronto, el marco de libertades se ha ensanchado como nunca. Así también, en las recientes elecciones no fluyó dinero procedente del gobierno federal: primera vez en la historia.

En este marco, la 4T lleva a cabo una acción en contra de otro de los grandes anclajes del viejo régimen: la corrupción. Nada de la vida pública y de las relaciones mercantiles estuvo al margen este fenómeno. En casi todas partes aún existe corrupción, pero ese no es el peculiar problema de México, sino que durante 60 años se construyó un Estado corrupto, lo cual es otra cosa. Hoy, el gobierno se siente satisfecho de que no se observe la corrupción dentro del gabinete y su entorno inmediato, pero se sabe que existe como gran lastre que debe ser combatido en todo tiempo, lugar y circunstancia.

El Estado corrupto abarca la función pública en conjunto. Se trata, en efecto, de una organización para el reparto de recompensas y otros ingresos dentro de las estructuras del aparato estatal, especialmente basado en el peculado y la mordida. El Estado corrupto es parte del sistema de gobierno. Por ello, la corrupción se enraizó en casi todas partes. Su extinción como estructura tendrá que ser producto de reformas de enorme profundidad, no sólo de carácter institucional o de control práctico, sino de funcionamiento de las entidades públicas y de las relaciones de éstas con la clase dominante que goza del poder del dinero. La 4T es un buen comienzo, pero aún no estamos en el periodo de culminación de tan grande propósito.

El otro capítulo es la violencia. No es México el país con mayor delincuencia, pero sí lo es con mayor violencia delincuencial. Es una crisis que ha durado 15 años, conjunción de varios factores: 1) productor y abastecedor del mayor mercado de drogas prohibidas; 2) sucesivas crisis económicas, precarización del trabajo y empobrecimiento; 3) deficiente sistema educativo público en extensión y contenidos; 4) resentimiento social de gran parte de la sociedad, en especial de la juventud, la cual carece de expectativas de mejor futuro; 5) gobiernos corruptos; 6) estructura policial inexistente; 7) sistema judicial (jueces y Ministerio Público) sometido a la corrupción; 8) exaltación de la narco delincuencia en los grandes y pequeños medios de comunicación y amarillismo de la prensa. No son estos unos factores inconexos, sino que se amarraron durante la larga decadencia moral del poder, la cual se conoce ahora como prian.

La Guardia Nacional no va a disolver a la delincuencia más violenta, sino que se trata de una nueva institución para dotar al país de un verdadero cuerpo de policía que antes no existió. El trabajo policial es necesario, pero no resuelve ninguna crisis social y moral. Así que las bases que se han sentado por la 4T tienen que ver principalmente con las reformas sociales: ingreso, trabajo, pensiones, educación, salud y vivienda.

La política económica del gobierno ha sido la menos entendida por economistas académicos y analistas calificadores de riesgos; los primeros sufren desorientación teórica y política; los segundos pierden su tiempo tratando de chantajear al gobierno con el cuento de la vulnerabilidad de la deuda de Pemex.

No se puede negar que en casi tres años ha existido algo así como una huelga calculada y silenciosa de inversiones de parte de la llamada iniciativa privada, desde los medianos hasta los muy grandes empresarios. Esto se complicó con la pandemia, pero antes ya había empezado. Quienes no le vieron sentido a esa huelga fueron los inversionistas extranjeros que aplican parte de sus ganancias en nuevas inversiones dentro del país.

El gobierno no quiere tres cosas en el plano macroeconómico: seguir aumentando la deuda pública, elevar las tasas impositivas y encarecer los energéticos. Eso fue lo que hizo el binomio Peña Nieto-Videgaray, pero resulto muy mal.

Hoy, desde el presupuesto se financia la mayor parte de la inversión pública federal, aunque el problema es que ésta sigue siendo reducida. En la segunda parte del sexenio se deberán encontrar mecanismos que permitan aumentar las inversiones públicas productivas (con retorno), con o sin socios privados. Se tiene que emprender la reforma de la banca de desarrollo, aunado a nuevos sistemas de presupuestación de largo plazo de la Federación y las entidades.

México tiene una conformación industrial con alto componente de maquila para el mercado internacional. Eso puede ser mejor aprovechado si, al mismo tiempo, se desarrolla una tecnología propia y se compite con los “socios” de las metrópolis. La burguesía mexicana no lo va a hacer porque no sabe cómo y le interesa muy poco el tema cuando tiene sus propios oligopolios internos. Sólo el Estado lo lograría. La cuestión depende de que la 4T inicie pronto el camino de una nueva industrialización tecnológica, con un nuevo sistema de financiamiento y un enorme plan de infraestructuras, para aprovechar los pactos comerciales que ya se tienen con medio mundo.

Con suficiencia energética y alimentaria, que hoy se busca afanosamente, México podría sentar las bases de una industrialización de nuevo tipo, sin someterse a los tonos marcados por las grandes trasnacionales, sino en un plano de intercambio y competencia, como suele ocurrir entre naciones. La apertura comercial puede lesionar el mercado interno (ya lo vimos en México), pero la competencia con el mundo obliga a expandirlo, como ya se ha comprobado en varios países. Sólo el Estado democrático puede ordenar el proceso de acumulación con el fin de atender prioridades sociales nacionales. Así ha sido a través de la historia del capitalismo.

No podría ser sencillo construir el basamento de una transformación iniciada mediante un cambio pacífico y electoral como el que se produjo en 2018, pero nada indica que la cosa no vaya a funcionar. Es cuestión, como siempre en la vida, de seguir luchando sin dejarse desviar por cantos engañosos y sin sentir miedos inducidos por las tendencias conservadoras, con sus viejos y nuevos intelectuales.

Esa Cuba de hoy y aquí

Las manifestaciones opositoras en Cuba del 11 de julio no parecen haber sido “obra del gobierno de Estados Unidos”, como se ha dicho, pero fueron expresión política concreta de una situación que, en gran medida, sí es contumaz obra de Washington.

Durante seis décadas, Cuba ha sido sometida al más prolongado bloqueo comercial hecho por Estados Unidos y con alcance trasnacional. Además, el gobierno de la isla sigue estando bajo ultimátum de rendición a pesar de que Barak Obama reestableció relaciones diplomáticas, sólo para que Donald Trump y, ahora, Joe Biden, terminaran ampliando el bloqueo. Una de las mayores coincidencias en Naciones Unidas es la exigencia de levantamiento del embargo contra Cuba: sólo dos votos en contra (EU e Israel) y cuatro vergonzosas abstenciones, entre ellas Brasil y Colombia.

Por décadas, el gobierno de Estados Unidos creó una situación en la que un “arreglo” de fondo del problema tendría que incluir el establecimiento de un nuevo régimen político aceptado por Washington. Nunca ha habido negociaciones propiamente dichas entre los dos países, sino sólo en temas específicos, incluyendo la reanudación formal de relaciones diplomáticas.

Hace seis décadas, frente a agresiones físicas y la exigencia estadunidense de que el gobierno de la isla fuera sustituido, el nuevo poder revolucionario encabezado por Fidel Castro tomó la trascendental decisión de expropiar los bienes de las compañías estadunidenses, sin pago de indemnización. Desde entonces, el gobierno norteamericano reclama esas propiedades y, muy pronto, las extendió a las de cubanos, ahora estadunidenses, cuyos bienes inmobiliarios fueron confiscados tan luego como abandonaron el país y se refugiaron en territorio de Estados Unidos.

El bloqueo ha persistido y empeorado. Causó daños económicos a Cuba por unos 150 mil millones de dólares y, sólo en lo que va de la pandemia Covid-19, ha provocado pérdidas por cerca de 10 mil millones.

Hay, además, una larga historia de agresiones, sabotajes, atentados y espionajes en la truculenta respuesta de Estados Unidos a la independencia de Cuba.

Este punto es muy relevante debido a que la soberanía y el sistema socio-económico de Cuba llegaron a hacerse una y la misma cosa. Este fenómeno no ocurrió con ningún otro país que hubiera defenestrado al capitalismo. Para Estados Unidos es como si Cuba hubiera sido una entidad asociada a la Unión Americana que súbitamente declarara su independencia y se quedara con todo. Por el otro lado, para los cubanos y cubanas, ceder a las pretensiones estadunidenses sería perder la independencia y, por tanto, no poder ejercer ninguna soberanía. Todo es todo. Por eso no ha habido nada.

Economía no-mercantil

En otra vertiente de la historia contemporánea de Cuba, las protestas del 11 de julio tienen un significado diferenciable, mucho más concreto. Al tiempo que han sido ya muchos años en que el igualitarismo cubano ha venido aflojando, la consecuente diferenciación social en Cuba es un proceso cada vez más rápido, pero no se trata de bienes básicos sino de aquellos que se adquieren con moneda convertible y que no se encuentran igual de disponibles para toda la población. Hay quienes, ligados a empresas privadas extranjeras o negocios locales, gozan de un nuevo y mucho mejor nivel de acceso a satisfactores.

Esta estratificación social está ligada a dos estructuras que operan al mismo tiempo: la vieja desmercantilización de una gran parte de los bienes y servicios, y el hecho de que el sistema productivo cubano no funciona debido a la sobrerregulación burocrática, el atraso técnico predominante y la ausencia de una política de industrialización que implicaría una apertura regulada. Si el gran comprador mayorista es el Estado, éste lo que busca es tener lo que necesita en el tiempo requerido para distribuirlo entre toda la población de manera igualitaria, por lo que suele importarle menos el cálculo económico: en Cuba, lo más costoso es lo que tiene significación social, es decir, lo que no se tiene en suficiencia; la economía está en segundo plano.

Grandes volúmenes de bienes y servicios son lanzados a un mercado que no es propiamente un mercado. El precio de éstos es demasiado bajo, es decir, una forma de captar circulante monetario, pero sin que alcance a reponer el costo y mucho menos a acumular una parte de su valor para expandir la producción.

La desmercantilización es la conversión de una gran parte de los bienes-salario en no-mercancías, pues éstos llegan a todos a precios exiguos, lo cual se garantiza a través de la “tarjeta”, que es el mecanismo universal de asignación de derecho de compra de bienes básicos. No son mercancías propiamente dichas, pues no existe un intercambio entre los compradores y los vendedores de esos objetos y servicios según su valor, sino un reparto de estos últimos entre todos aquellos, en forma igualitaria.

Este sistema no fue producto del socialismo en general sino de éste en su vinculación con la escasez de casi todo, penuria, a su vez, producto de la síntesis entre bloqueo y subdesarrollo; ambos fenómenos aún están vigentes.

El país tiene tres grandes problemas económicos concurrentes y endémicos. Producción de alimentos, industrialización y productividad del trabajo. Al no existir soluciones efectivas y duraderas a estos frenos del desarrollo, las medidas para aflojar la rigidez económica resultan al final del camino, en su mayoría, socialmente contraproducentes. La apertura al turismo internacional y a empresas extranjeras ha permitido captar divisas, pero el Estado ha tenido que repartir una parte entre grupos minoritarios. Ahora, muchos más quieren ingresar al nivel de consumo de los sectores mejor retribuidos, pero eso es imposible de momento. Las manifestaciones del 11 de julio han reclamado no sólo libertad política sino principalmente libertad de comercio. Existe lo que se denomina un conflicto social.

Salud y educación

Los y las cubanas tienen cosas que defender. En su país la educación es gratuita y está abierta a todos, al igual que la medicina. El sistema de pensiones es universal, lo mismo que la ayuda por desempleo. Esto es algo insólito. A pesar de los fuertes problemas propiamente productivos, en Cuba no hay hambre como fenómeno. El porcentaje de vivienda con servicios completos es más alto que en cualquier otro país de América Latina.

Hay algo que llama demasiado la atención: Cuba tiene vacunas Covid-19 desarrolladas dentro del país por entidades cubanas y tecnología propia, pero carece de suficientes jeringas para aplicarlas. Se ha realizado lo más difícil, una proeza histórica para un país como ese, lo que muy pocos han podido hacer, sólo los mayores y poderosos. Pero no ha podido producir suficientes jeringas después de más de un año de pandemia.

La desmercantilización abarca la atención médica y la educación en todos sus niveles. La mayor parte del excedente económico fue ubicado en esos renglones desde que el gobierno revolucionario empezó a funcionar. Se trata, sin duda, de los mayores éxitos del socialismo cubano, gratuidad universal en salud y enseñanza, en el marco de la capacidad soberana del país alcanzada a partir de 1959. En Cuba, una y otra cosa son parte de lo mismo.

Como en ningún otro país, al menos en América, en Cuba todos tienen los mismos derechos sociales y no existe discriminación al respecto. Esto no es algo menor, pero ya no es suficiente. Hay elementos que le hacen falta y otros que le dañan. Sin embargo, ya se está pasando el tiempo de examinarlos, sin prejuicios ni dogmatismos.

Democracia consensual y derechos políticos

La democracia cubana se ejerce desde el centro de trabajo. Este es el lugar privilegiado de deliberación y decisión concreta de problemas concretos, donde existe un consenso básico alrededor del funcionamiento de la empresa, organismo o centro de trabajo cualquiera.

El partido único y gobernante es el eje articulador del ejercicio de esa democracia consensual. Sus miembros militantes son elegidos por los trabajadores, a pesar de que se trata de un partido político, el cual no lo es en términos tradicionales.

Además, existen organizaciones sociales en donde se pueden tratar asuntos de carácter sectorial: sindicatos y uniones de productores rurales, de mujeres y de jóvenes, así como de especialidades o sectores.

El sistema de formación de los órganos del poder popular opera a partir de elecciones abiertas directas y, posteriormente, indirectas, las cuales arrancan con la postulación de candidatos en asambleas para llegar a la votación universal. No hay partidos que postulen, sino sólo ciudadanos propuestos por ciudadanos, pero en el segundo escalón, donde los diputados elegidos designan cargos de representación superior o de gobierno, los candidatos son aprobados previamente por una mesa integrada por las organizaciones sociales bajo la dirección del partido único. Así se llega a los órganos de gobierno municipales, provinciales y nacional, en forma parlamentaria y nunca directa, al estilo europeo.

Hasta este punto, el diseño es el de una democracia consensual, la cual parte de una coincidencia básica y en donde la libertad de expresión y de voto asume las características de aceptación de reglas y propósitos comunes.

Es evidente que el sistema político cubano es discrepante del que predomina en el resto del continente porque no existe libertad para organizar partidos políticos y proponer candidatos que se presenten por sí mismos en las elecciones, ya sean éstas directas o indirectas.

Antes de la revolución de 1959, en Cuba había un mercado de votos organizado por los partidos, dentro del cual la dictadura había acaparado las principales transacciones porque tenía mucho más dinero. Podría con razón decirse que eso ya pasó, pero el caso es que aquel sistema fue abolido por la Constitución.

Una cuestión de gran fondo es dilucidar si en los últimos 60 años hubiera sido posible el surgimiento de partidos diversos sin que éstos estuvieran financiados y subordinados al gobierno de Estados Unidos o a partes integrantes de ese mismo país.

La democracia concursal, como la que empezó a surgir en México a partir de 1988, requiere un cierto grado de soberanía nacional, aunque ésta no sea suficiente para lograrla, como ya lo pudimos ver en nuestro propio país durante décadas anteriores. En el caso de Cuba, la democracia concursal se hizo improcedente e inoperante desde el momento en que la revolución condujo a la independencia de Estados Unidos, lo que, a su vez, llevó a declarar, por parte de casi toda América, la tesis de la “incompatibilidad de regímenes sociales”: Cuba fue arrojada de la OEA, casi todos rompieron relaciones con la isla, mientras Europa nomás observaba la manera de operar de la doctrina Monroe: “América para los americanos”.

El problema funcional no consiste en que sea imposible en Cuba formar legalmente un partido político, sino que no existen medios organizados para ejercer la libertad de difusión de las ideas fuera de los centros de trabajo, donde sólo puede llegar a haber manifestación libre de las ideas, es decir, la simple libertad de expresión. Por ello, ha adquirido tanta importancia el internet como mecanismo de difusión, el cual se ha convertido en la gran ventana de la crítica al gobierno, aunque también a la sociedad cubana.

La difusión de ideas por cualquier medio debe ser definido en la ley como marco de libertades de todos en cualquier momento. Es perturbador que en las redes sociales se haya permitido a los críticos ejercer sus derechos, pero los que tienen otras ideas y no están en la oposición al gobierno carezcan en los hechos de esa misma prerrogativa, pues no se encuentran organizados con tal objetivo por su propia voluntad. Al gobierno debe convenirle, más que a nadie, entrar al ejercicio de la libertad de difusión de ideas por cualquier medio. No bastará realizar grandes movilizaciones contestatarias, eso es poco frente a otros momentos de la épica cubana. Es preciso llenar de ideas y argumentos el internet y combatir en el espacio común de la sociedad, desde el gobierno, como se hace, pero también desde afuera.

También será preciso entrar al campo de las reformas económicas estructurales, es decir, productivas, pero no es recomendable seguir abonando en la diferenciación social, sino buscar una prosperidad compartida. Una sociedad de ricos y pobres, cualquiera que sea el nivel de ingreso de cada grupo, sólo generará confrontación social dentro de la forma de democracia política que finalmente resulte.

Cuando se elaboró la consigna de “Patria o Muerte”, inspirada en otras semejantes, el punto era que para quienes habían terminado siendo sucursal de la gran potencia, a pesar de la proclamada independencia nacional enteramente formalista, el propósito de tener patria implicaba buscar la ansiada emancipación nacional frente a Estados Unidos. Los términos patria y muerte no eran complementarios, pues alcanzar a tener patria era la forma de evadir la represión. De lo contrario, sin patria, no quedarían más que cadáveres de los patriotas armados porque la capitulación no estaba admitida como hipótesis. El desenlace final era la victoria, la vida. El texto completo es: “patria o muerte, venceremos”. Eso de “patria o vida”, gritado en las manifestaciones opositoras del 11 de julio, es una parodia de muy poca imaginación. “Nadie se va a morir, menos ahora”, dijo hace años en su verso inigualable Silvio Rodríguez.

Que se vote la luz

En estos días, España vive una crisis tarifaria de electricidad. Son casi las tarifas más elevadas que se hayan tenido. Eso ocurre también en otros países europeos. Pues bien, como se sabe, en el país ibérico la tarifa varía según la hora del día (hay tres periodos) y se fija diariamente. Los usuarios nunca saben por cuánto llegará el recibo, pero no por las variaciones en su propio consumo, sino por las tarifas bailarinas que azotan a la sociedad española. Además, la derecha estableció fuertes cargas impositivas y la izquierda ya no sabe como salir de ese enredo.

El sistema mexicano no es como aquel porque hay una empresa del Estado que tiene el monopolio de la transmisión y distribución de electricidad, lo cual protege a los consumidores, pero también existen, como en España, tarifas mayoristas bailadoras.

Al mismo tiempo que transmite y distribuye electricidad, nuestra empresa pública es la mayor productora, incluyendo energía llamada limpia. Hasta aquí, todo bien. Los problemas empiezan con el trato preferente que el Estado brinda a los productores privados. Como se sabe, las reformas neoliberales de energía se hicieron como un robo a la nación, pero no sólo en materia de hidrocarburos, sino también en electricidad.

En síntesis, el Estado entrega subsidios virtuales a productores privados mediante reglas expedidas por los neoliberales cuando ellos gobernaban.

Para abandonar esa política de subsidios, el Congreso aprobó, por iniciativa del Ejecutivo, modificaciones de ley. Hay, sin embargo, un par de jueces que las han derogado, en los hechos y por lo pronto, mediante la figura de suspensión definitiva dentro de juicios de amparo, lo cual, por cierto, también debería llevar a más claras reformas legales.

En realidad, al aplicar ciertos principios sobre la competencia económica establecidos en la Constitución, los jueces han podido hasta ahora violar la misma Carta Magna en su artículo 27, el cual no sólo determina que corresponde a la nación el servicio público de transmisión y distribución, sino el control del sistema eléctrico nacional y que serán las leyes las que fijen los términos en los que el Estado pueda celebrar contratos con particulares, mismas leyes que, además, determinarán la forma en que los particulares puedan participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Se está hablando, por tanto, de facultades constitucionales del Congreso.

Las recientes reformas legales en materia eléctrica se hicieron para eliminar los subsidios que se habían introducido por los neoliberales en la ley. Luego entonces, han de tener la misma validez que alguna vez tuvieron aquellos preceptos aprobados por el PRIAN. La cuestión es que los jueces militan contra la 4T y son quienes dicen el derecho, con o sin razón.

Por ello, Andrés Manuel López Obrador está planteando una modificación constitucional para saldar el problema, de tal manera que no pueda erigirse la competencia económica en obstáculo a para que el Congreso, a través de la ley, ejerza a plenitud las capacidades legislativas que le confiere actualmente el artículo 27 de la misma Carta Magna.

Sin embargo, no se observa una actitud de apertura mental en las oposiciones y menos después de las elecciones en las que fracasó su pacto de sangre. Ellos defienden los intereses de las empresas privadas de electricidad y están de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial y la Canacintra (es difícil entender la posición de esta cámara industrial), con el objeto de mantener los subsidios virtuales del Estado.

El mecanismo para aprobar la nueva reforma de la industria eléctrica, garantizar la estabilidad de tarifas e impulsar el crecimiento de todo el sector, sería convocar a una consulta popular en términos del artículo 35-VIII de la Constitución.

La institución de la consulta popular está hecha para resolver una divergencia en un asunto de alta trascendencia e interés nacionales. Usar este método sería lo más conveniente ante la resistencia a dejar atrás mecanismos incubados en el seno del Estado corrupto que azotó al país y de la política neoliberal que arruinó al Estado y empobreció a los trabajadores.

La consulta popular puede realizarse una vez por año y es factible hacer varias en un mismo día, con tal de que sean de temas diferentes.

Las limitaciones de la consulta sólo son los temas relacionados con restricción de derechos humanos; la República representativa, democrática, laica y popular; federalismo; materia electoral; ingresos y gastos; revocación de mandato, que es otro procedimiento; sistema financiero; ingresos, gastos y presupuesto; obras de infraestructura en ejecución; seguridad nacional; y organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Así que cabe perfectamente el tema de la industria eléctrica y las bases para hacer respetar el “control del sistema eléctrico” de parte de la nación, con todo lo que esto implica, según dice ya el texto de la Constitución.

Si fuera necesario modificar la Carta Magna sobre la competencia económica, entonces ese sería el tema de la consulta, de tal manera que se dejara absolutamente claro que es posible que el Estado se niegue a subsidiar a los productores privados de energía eléctrica.

Al respecto, es preciso subrayar que las regulaciones asimétricas de competencia, que se imponen a ciertos conglomerados empresariales con motivo de su posición dominante de mercado, se refieren a situaciones en las cuales los otros participantes, es decir, competidores, tienen un ámbito de acción ilimitado, pueden vender o prestar servicios a quien sea. En la industria eléctrica, existe por disposición constitucional un solo ente que se encarga de la transmisión y la distribución, de tal manera que, aplicarle a éste reglas asimétricas, necesariamente lleva a obligarlo a comprar a otro o a realizar el producto de otro, siempre en detrimento de la empresa pública pero sólo por ser pública.

La “libre concurrencia” no ha operado en el mercado eléctrico mayorista porque hicieron las normas para que la electricidad de ciertos productores se vendiera primero y, también, para que el Estado estuviera obligado a comprarle su producción a otros bajo leoninas condiciones previamente impuestas en contratos.

Desde los años cuarenta del siglo pasado, la nodriza del sector paraestatal tuvo modalidades, una de las cuales fue comprar a ciertas empresas los insumos y vender a otras a precios subsidiados, pero ahora tenemos casi todas las variantes en un solo instrumento, más la obligación de asumir toda la producción de los supuestos competidores. Ahora, se apoya a empresas privadas otorgando una especie de seguro de beneficio empresarial, al grado de que ciertos productores de energía ganan en México una tasa inalcanzable en cualquier otra parte del mundo.

Por otro lado, es falso que el tratado comercial de América del Norte impida el establecimiento de regulaciones en materia de energía, pues la Constitución, en esta materia, quedó expresamente a salvo, es decir, lo que dice hoy y lo que llegue a decir en el futuro.

Lo mejor sería convocar a una consulta popular para 2022, luego de la primera que vamos a tener el primer domingo de agosto del presente año sobre el tema de acciones contra los expresidentes.

Del virus a las vacunas

La pandemia recuerda la de 1918, iniciada en Estados Unidos y propagada a gran parte del mundo. Pero también hace pensar en los cambios que se han producido en tan solo un siglo. Luego de provocar muchos millones de muertos durante varios años, la gripe española se fue mediante inmunización natural. Hoy, la Covid-19 está siendo combatida con la aplicación de vacunas efectivas poco más de un año después de su irrupción mundial.

La población es ahora mucho más grande y el número de viajeros es incomparable, no obstante, la enfermedad no ha golpeado tan fuertemente. Se sabe más y se actúa mejor en términos generales.

El problema mayor no ha estado en la ciencia y los científicos sino en la política. Por todas partes han surgido improvisados especialistas en virología, epidemiología y salud pública. En cada país se ha creado una nueva especialidad de personas que opinan, condenan, descalifican, confunden y, algunas veces, aplican criterios muy propios en asuntos relacionados con la pandemia.

Hay quienes afirman que los fallecimientos por la Covid-19 son el doble que lo informado por las entidades sanitarias y, salvo algunos errores que rápidamente se han corregido, no aparecen los muertos en demasía, pero se sigue diciendo lo mismo. La idea es que el respectivo gobierno oculta algo porque de esa forma baja el nivel catastrófico y se purifica a sí mismo. Pero cuando un gobierno omitió tomar las medidas de atención médica oportuna y suficiente, siempre afloró su indolencia y la consecuente condena de la opinión pública. Era ahí donde estaba el problema.

Lo mismo ha ocurrido con los gobernantes que han apostado a la inoculación natural, a una larga y costosa inmunidad de rebaño, como ocurrió con la gripe de la segunda década del siglo XX, pero que ahora sería criminal.

Los hechos son los hechos. No se requiere que los políticos gobernantes y opositores, acompañados muchas veces por medios de comunicación y campañas en las redes, inventen cifras, datos, complicaciones, dramas, etcétera.

La desinformación inicial contra una de las vacunas rusas fue algo impulsada por políticos y comerciantes. Meses después aún tiene expresiones en creencias de personas que fueron impactadas en algunos países por una propaganda nefanda.

La sabiduría de políticos inescrupulosos o francamente retrógrados ha tenido dos grandes vertientes. La primera y más conocida ha sido la de cuestionar el parón económico en defensa de intereses económicos, mientras la segunda, la más perversa, ha sido la de exigir mayores restricciones a la movilidad con el propósito de empeorar en algo la situación económica. Sí, desde la misma posición ideológica se proponen cosas por completo contradictorias. Las derechas son ahora como la plastilina.

Esto prueba que sus motivos no tienen que ver con la pandemia sino con una política de circunstancia y, consecuentemente, con la falta de principios. Los nuevos sabios epidemiólogos desde el poder o desde las oposiciones son en realidad unos patrañeros en búsqueda de incautos… y consiguieron bastantes.

A la hora de las vacunas se ha desvelado una realidad asidua. Los países más ricos y alguno muy influyente lograron acaparar los biológicos. Estados Unidos resultó uno de los más agraciados. Mas lo acongojante ha sido que ninguno de los acaparadores de vacunas ha presentado un plan mundial para enfrentar este brutal desequilibrio humanitario. Se muestra que esos poderes siguen siendo lo que han sido a través de la historia y que sus posturas de liderazgo mundial y representación de la humanidad son puro verbo.

La Organización Mundial de la Salud, como parte del sistema de Naciones Unidas, ha mostrado su obsolescencia en línea con la de la ONU e, incluso aun más profunda. Desde el principio de la pandemia hasta el acaparamiento de las vacunas, ese organismo nos enseñó, sin querer o queriendo, que urge crear otra cosa.

En el trecho que va del surgimiento social del nuevo coronavirus a sus vacunas el mundo no ha cambiado. Quizá, sin embargo, en tan corto tiempo la humanidad haya mejorado en algo porque hoy sabemos más dentro del campo de las ciencias, las naturales y las sociales.

La 4T lleva 22 reformas a la Constitución

Menudo asunto se ha creado a partir de la suspensión judicial con efectos generales de las recientes reformas a la ley de electricidad y de la airada respuesta del presidente de la República. Luego, se puso mejor cuando el mismo Andrés Manuel López Obrador dijo que si se llegara a declarar inconstitucional el nuevo articulado, el Ejecutivo presentaría una iniciativa de reformas a la Carta Magna con el propósito de superar el obstáculo.

Este debate es cosa normal en las democracias conocidas, sin que se produzca un escándalo como aquí. Se acusa a López Obrador de intolerante y se es insolente con él. Los jefes de gobierno discuten casi todo el tiempo. Los demás integrantes de los poderes del Estado lo hacen con frecuencia.

Los jueces no tienen muy buena fama en México. Hace pocos días, uno de ellos resolvió suspender la aplicación de varios preceptos de ley, pero con carácter general, es decir, para todo mundo, para el que sea, a pesar de que el amparo tiene efectos sólo en favor del quejoso. De otra manera, cada juez sería un derogador de leyes y, por esa vía, un legislador. Además, suspender con efectos generales una ley puede implicar que siga en vigencia la anterior: un desastre. ¿Qué tiene de osado que el presidente proteste?

La crítica del posible intento de reformar la Constitución es aún más impertinente porque ese mecanismo ha sido una de las vías practicadas para superar contradicciones. Es un instrumento peculiar porque requiere dos tercios de ambas cámaras y mayoría de legislaturas de las entidades federativas.

En los últimos dos años y medio, el Congreso ha reformado la Constitución 22 veces, sólo en 5 de las cuales hubo iniciativa del Ejecutivo. El actual presidente ya no opera como en tiempos del partido del Estado y del presidencialismo exacerbado y despótico (el reino del PRI), cuando el Ejecutivo era el único que iniciaba proyectos viables. Por cierto, es mentira que la iniciativa de reformas a la ley de la industria eléctrica no haya sido modificada “en una sola coma”: se agregó un artículo transitorio. La mayoría parlamentaria no enmienda proyectos de ley para dar alguna “buena impresión” a sus adversarios sino para mejorarlos. Los opositores y algunos periodistas se inclinan ahora por la práctica de repetir sin cesar mentiras agradables. Así fue el caso de “la coma” en la reforma de la ley de la industria eléctrica. Mas, al margen de lo anterior, ¿por qué se habría que modificar un proyecto considerado bueno y muy conveniente sólo porque proviniera de Palacio Nacional?

En las democracias reconocidas, los poderes Ejecutivo y Legislativo suelen estar en manos del mismo partido o coalición. Así es ahora en México por decisión del electorado. ¿Dónde está el defecto? Para los intelectuales y periodistas de oposición, así como para los partidos minoritarios en el Congreso, eso es antidemocrático. Claro, mientras ellos no sean mayoría.

La inconformidad del presidente con la suspensión de la reforma de la ley de electricidad carece de alcance para el Poder Judicial. López Obrador no puede sancionar al juez que hizo la maniobra de convertir una queja individual en la momentánea anulación de unos nuevos preceptos de ley. Tampoco podría obligar a un tribunal a revertir el fallo. Debería estar claro que el Ejecutivo tiene derecho a presentar recurso de revisión y eso es lo que está haciendo, como también lo han hecho las cámaras del Congreso. En conclusión, el presidente de la República no puede más que lo fijado en la ley.

Las oposiciones operan con la información política que estaba vigente antes, basada en la supremacía del presidente, la consigna presidencial, el acoso, el uso indebido del poder político, la corrupción y la hipocresía. Pero ya no son aquellos tiempos.

Partida secreta: sello del Estado corrupto

El concepto de partida secreta fue incorporado en la Constitución por Venustiano Carranza en su proyecto de reformas de 1916. Lo que buscaba el Encargado del Poder Ejecutivo era que esos gastos fueran aprobados por la Cámara de Diputados, ejercidos por los secretarios de Estado con la firma del Presidente de la República y justificados posteriormente.

Poco después de la entrada en vigor de la nueva Constitución, los presidentes empezaron a ejercer directamente esas partidas como un renglón de gasto político y personal absolutamente discrecional. Con el tiempo desaparecieron misteriosamente del Presupuesto de Egresos. Fueron sustituidas por una partida del señor presidente sin justificación contable, lo que se hacía en forma por completo ilegal pero normal.

En 1985 la partida secreta fue otra vez presupuestada con ese nombre. La llamada renovación moral de la sociedad, eslogan de la campaña priista, quería que la partida del señor presidente fuera explícita, aunque seguía siendo secreta y nunca se justificó. En 1982, la partida secreta ascendió a 56 millones de dólares. En 1994 llegó a 188 millones de dólares. (Cfr. Pablo Gómez, Los gastos secretos del presidente. Ed. Grijalbo, 1996. México).

Miguel de la Madrid dijo una vez en una entrevista con Carmen Aristegui que Carlos Salinas se había robado la partida secreta. Ni dudarlo. Pero esa era la menor cantidad entre los gastos discrecionales que llegaron en 1994 a 2 mil 417 millones de dólares (Ibid).

La partida secreta es un sello del Estado corrupto, aunque en forma alguna hubiera sido alguna vez el resumidero de la corrupción. Era sencillamente la caja chica del presidente.

Existe un proceso judicial vinculado a la partida secreta. Raúl Salinas apareció en cierta ocasión como quien había cobrado directamente dineros procedentes de esa partida que administraba su hermano, entonces presidente. Un juez llegó a la conclusión de que ese dinero no requería justificación porque provenía de la partida secreta que, como tal, seguía siéndolo aun después de ejercida. Todo mundo sabe que esto es falso, pues la Carta Magna dice que todos los gastos deben ser justificados y no hace excepción de los de carácter secreto. Ningún precepto legal podría interpretarse como permiso para robar. Pero ya sabemos como se las gastan algunos sedicentes impartidores de justicia.

Prohibir las partidas secretas del texto de la Constitución, proyecto aprobado hace dos años en la Cámara de Diputados y ahora convalidado por el Senado, quien lo ha enviado a las legislaturas locales, es una forma de eliminar ese sello del Estado corrupto mexicano, pero no únicamente. Es preciso garantizar que ningún presidente o presidenta pueda en el futuro hacer uso de ese privilegio en el que se convirtieron los gastos secretos, no solo de la partida del mismo apellido, sino de cualquier otro concepto de gasto.

Así que no se trata solamente de ajustar unas cuentas con el pasado de presidencialismo despótico y corrupto, sino también de declarar que se precisan continuos actos políticos tendientes a la más completa defenestración de ese ignominioso sistema.

El viejo Estado de corrupción no se supera con una modificación del texto constitucional para prohibir los gastos secretos, pero todo cuenta.

Los muertos que gritan

La conciencia de las generaciones fracasadas de gobernantes del pasado reciente se sigue expresando con la misma soltura de antes. Los seguidores de los neoliberales defienden hoy, sin la menor autocrítica, los evidentes fracasos de hace poco.

Con motivo de la discusión sobre la reforma de la ley de la industria eléctrica, se presentó el andamiaje neoliberal en los mismos términos que cuando se construyó el mecanismo de preferencias a la inversión privada, especialmente extranjera, en la generación de electricidad. Lo que se defendió por parte de las actuales oposiciones ya fracasó, empezando por el hecho de que las tarifas no se redujeron como ellos prometieron cuando eran gobierno.

Quienes decretaron el gasolinazo neoliberal afirman ahora, sin admitir sus tropelías inflacionarias de hace poco tiempo, que la reforma en curso de la ley de la industria eléctrica llevará al incremento de las tarifas. La historia conocida es que las recetas neoliberales fueron las que condujeron a mercados descontrolados o transados, como ha sido en México. Los promotores de “tarifazos” en toda América Latina han sido justamente los defensores del neoliberalismo.

Quienes protestaron airadamente por la cancelación del aeropuerto de Texcoco están exigiendo que el gobierno actual cancele el proyecto de Santa Lucía. Quienes alguna vez apoyaron el proyecto de construir una refinería en Tula, de la cual sólo se completó la barda perimetral en un terreno adquirido por el gobierno local, ahora se oponen a la de Dos Bocas. Aquellos que elaboraron el proyecto Alfa-Omega para crear una vía transoceánica en el istmo de Tehuantepec, ahora exigen que se abandonen las obras de modernización de un ferrocarril que data de principios del siglo XX. Los que argumentan que se requiere apoyar el turismo, exigen airosos que se detengan los trabajos del Tren Maya. No les importan los proyectos en sí mismos, sino que odian al gobierno que los lleva a cabo.

Eso no se puede llamar locura. ¿Qué es? Oposición sin propuesta, política de golpeteo, ambición de poder sin proyecto nacional.

Los argumentos expuestos en la Cámara para tratar de bloquear la nueva reforma de la industria eléctrica defendieron el “libre mercado” más transado que hay en el mundo, el que se encuentra en la ley vigente y en los contratos que se firmaron para defenestrar a la empresa pública.

Es la defensa de la conciencia de una generación política que ha fracasado. Aquella del neoliberalismo que llevó a una mayor pobreza en casi toda América Latina, la que se embonó muy bien con los esquemas de corrupción, en especial con el Estado corrupto mexicano.

El problema mayor no era el lugar donde construir un nuevo aeropuerto sino cómo hacerlo. En Zumpango se lleva a cabo una obra financiada con recursos presupuestales, sin empréstitos onerosos. El “fabuloso” aeropuerto de Texcoco era un plan que al final le iba a costar al erario algo así como 400 mil millones para beneficiar directamente a unos diez consorcios. Ya no habrá aeropuerto en el lago, pero, entonces, los representantes de la conciencia de los fracasados gritan, como calacas histéricas, que deben clausurarse las obras del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

Según esos muertos, los proyectos grandes de la nueva administración deber cerrarse en nombre de la conciencia neoliberal, pero no por ser obras, construcciones, sino por no hacerse de conformidad con los cánones de la defenestración de la empresa pública y la glorificación del Estado corrupto privatizador.

Los muertos sí gritan, vociferan. Es que no están tan muertos todavía. Se unen para tratar de volver a estar tan vivos como cuando reformaban leyes para dar concesiones innecesarias, privatizar en favor de elegidos, lucrar a partir de negocios con empresas privadas, condonar impuestos, otorgar concesiones a granel, promover y proteger monopolios.

La incesante repetición de las palabras de esos muertos que no están tan muertos se hace para aparentar ser una verdad, pero sólo para aquellos cuya conciencia quedó anclada en lo que ya se hizo viejo, el neoliberalismo. Esta longevidad no se debe a que nació aquí hace 35 años, sino a que fracasó en toda la línea: nada de lo prometido funcionó para bien del país y de la mayoría nacional.

Los gritos de aquellos muertos que se escuchan en el Congreso, los medios y las redes son convulsivos porque sus emisores nunca admitieron que fuera posible que otros emprendieran un camino divergente al que ellos trazaron durante tres décadas. Esos muertos están desconsolados, desesperados, desorientados. Se unen hoy sólo para gritar más fuerte, para vociferar, para repetir las mismas frases una y otra vez, para insultar con desesperación. Al filo de las 5 de la mañana, en plena sesión de Cámara y desde la tribuna, un afectado vocero del PAN llamó “descerebrados” a sus colegas de Morena.

Los muertos que aún viven, maledicentes y farsantes, buscan su más completa resurrección, pero no aspiran a construir nada nuevo porque son el resumidero de lo viejo.

Neoliberalismo corrupto

El primer lugar en desastres socio-económicos de finales del siglo XX y principios del XXI lo ocuparon países con sistema político dictatorial en los que el neoliberalismo se entronizó; el segundo lugar correspondió al esquema neoliberal corrupto. Este último azotó a México durante 35 años, aderezado con escandalosos fraudes electorales y otras muchas violencias políticas.

Desde la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE; 1937) y mucho después de la llamada nacionalización de la industria eléctrica (1960) bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, el Estado concedía subsidios a consumidores domésticos, como lo sigue haciendo, pero transfería mucho más a las empresas industriales. Esto último era parte de la política de fomento de la industrialización y de la sustitución de importaciones, aunque también había corrupción en la condonación de adeudos.

El abandono del fomento de la industria nacional para promover la extranjera, en el marco de la gran apertura comercial, obligaba a restringir el subsidio eléctrico y acotar el desequilibrio costo-precio. Pero no hay muchos países como México. Aquí se fue reduciendo el subsidio a la industria en general para concentrarse en nuevas empresas productoras de electricidad que aparecían conforme se aceleraba la defenestración de la CFE.

Los neoliberales lanzaron, para empezar, la figura de “productores independientes” que usan el llamado ciclo combinado que quema fósiles. Estos venden por contrato a la CFE pero en el acuerdo no se abarca la proporción correcta de la reserva eléctrica que es preciso cubrir, es decir, aquella parte de la planta productora de energía que no opera siempre porque realiza el papel de respaldo. Ningún sistema eléctrico funciona sin capacidad de suplir una caída de la generación por cualquier causa.

Como esa reserva es costosa, se postula que deba ser pagada en su mayor parte por la nación. Así se piensa y eso ocurre. Esto apareció con mayor énfasis luego de la “reforma energética”, con la entrada de nuevos productores de electricidad, entre ellos los que utilizan sistemas de viento e insolación, quienes tienen asegurado su ingreso en el reparto de electricidad, a pesar de que no generan energía todo el día de todos los días, sino de manera intermitente. Para ellos opera una parte del respaldo a cargo del Estado mediante contratos leoninos que los protegen.

Las cosas han llegado a extremos inusitados. La CFE vende sólo el 35.4% de la demanda de electricidad, pero posee más de la mitad de la capacidad nacional de generación. El problema es aún más serio cuando se advierte que la política eléctrica durante los cuatro anteriores sexenios llevó al país al absurdo de tener una capacidad instalada de casi el doble de lo que se consume, es decir una reserva cercana al 50%, cuando la recomendación internacional es de 20%. ¿Por qué este desperdicio de infraestructura productiva industrial? La respuesta es sencilla pero lacerante: porque se ha venido desplazando artificialmente a la empresa pública para beneficiar a las privadas. Eso no es un mercado propiamente dicho; es una costosa política privatizadora.

El neoliberalismo mexicano repudió la empresa pública, considerada irreformable, no rentable y altamente dañina por ser monopólica, pero redistribuyó subsidios, antes amplios, para concentrarlos hacia ciertas empresas. Así se creó un sistema de generación de electricidad paralelo al del Estado pero que depende del mismo, no sólo en el aspecto técnico de transmisión y distribución, sino en la rentabilidad. Esto último no es frecuente en otros países. Es difícil lograrlo porque hay que tener una cara muy dura para atentar contra los intereses nacionales desde el gobierno con el engaño de que se le hace un bien al país y a la sociedad, la cual paga los costos en aras de que exista un “mercado libre”. Pero tal mercado, idolatrado por los neoliberales, no aplicó, debido a que fue sustituido por contratos cerrados y subsidios selectivos para patrocinar empresas con el fin de acelerar el bombardeo sobre una entidad pública productiva, la CFE.

El escándalo de la planta Agronitrogenados no es algo del todo diferente. Así como Pemex compró a una empresa privada, Altos Hornos de México (AHMSA), una vieja planta industrial muy endeudada y nada rentable, por un monto de 200 millones de dólares, diciendo que era para mejorar la operación de la paraestatal, así también se otorgaron a granel autorizaciones para instalar productoras de electricidad subsidiada por el Estado mismo. Recién, se ha usado también el argumento de que hay que dejar de quemar materia fósil y ayudar al planeta, pero, de paso, se transfiere riqueza pública a manos privadas, en especial si se trata de compañías extranjeras. A esto podría llamársele corrupción verde.

Se ha dicho que la CFE desprecia la energía llamada limpia, es decir, sin gases ni partículas contaminantes, pero se oculta neciamente que la empresa estatal sigue siendo la mayor generadora de esa clase de energía: hidroeléctrica, geotérmica y nuclear.

Desde un principio, el neoliberalismo mexicano se expandió en medio de la corrupción porque el viraje programático se dio sin ruptura política, es decir, dentro del viejo Estado corrupto. Por eso, las izquierdas, al exigir democracia y rechazar la política económica, también denunciaban la corrupción. Ese fue el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y la misma plataforma básica de 2018 con López Obrador.

En México, las privatizaciones no se hicieron igual que en Gran Bretaña, sino que se aplicó la tecnología de Margaret Thatcher, pero con mordidas y favoritismos. En la venta de Telmex, por ejemplo, pudieron comprarse acciones a crédito al tiempo de que con el 5.5% del capital social fue suficiente para tomar el control total de la compañía. ¡Qué fácil! Así, cualquiera. La cuestión consistía en ser comprador designado. Un monopolio estatal se convirtió en un monopolio privado, pero en nombre del mercado libre. Así fue.

Además, la modernización de la industria eléctrica mexicana se dejó en su mayor parte a empresas extranjeras, pero sobre la base de otorgarles un trato privilegiado en detrimento de la CFE, con el propósito de irla achicando por decreto, tal como el plan contra Pemex.

Empezar a revertir esa situación es lo que se busca con la reforma de la ley de la industria eléctrica que ha propuesto el presidente de la República. Ya se había tardado un poco.