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Aeropuerto espectacular

Ha dicho Carlos Slim que a los países les conviene construir aeropuertos espectaculares para que los viajeros se sientan de maravilla al arribar, lleguen más, traigan su dinero y se vayan contentos. En otras palabras, se nos está diciendo que en un país pobre como México lo indicado, como dice un refrán, es gastar el dinero que no se tiene para apantallar a gente que ni se conoce.

El proyecto del espectacular nuevo aeropuerto en Texcoco tiene asignados cuantiosos recursos presupuestales que ya se están ejerciendo. Miles de millones de pesos se destinan a hacer viable la construcción y funcionamiento de la gran obra de la que depende, según Slim, el futuro económico del país entero.

El resto de la operación sería de pago diferido. El problema consiste en que la tarifa de aeropuerto (TUA), más el arrendamiento de espacios comerciales y el derecho de uso de lugares de estacionamiento de los aviones (slots), no alcanzaría para pagar el mantenimiento y la expansión natural del nuevo puerto aéreo, sin poder cubrir, por tanto, el pago de los intereses de la deuda que se quiere contraer, el cual estaría otra vez a cargo de los sufridos contribuyentes. Esa obra no quedaría en menos de 350 mil millones porque cada mes aumenta su presupuesto, lo cual es una muy conocida técnica del contratismo, como ya lo vimos en la sencilla barda perimetral.

En palabras más simples, desde el punto de vista de su rentabilidad, para el Estado mexicano la obra sería un gran fracaso, pero los inversionistas y constructores harían un buen negocio. El bono tiene una tasa mínima de interés del 10% garantizada, mientras que la utilidad de los contratistas no sería menor del 20% del costo.

El error de construir un nuevo aeropuerto muy cerca del viejo nunca se ha cometido. Lo que se acostumbra es hacer nuevas terminales y más pistas. JFK de NY tiene 8 terminales; Heathrow en Londres tiene 5. Con frecuencia se construye un nuevo puerto aéreo en otro lugar para que funcione simultáneamente, como lo hemos visto en Nueva York, Londres, París, Sâo Paulo, Tokio, Moscú y en casi todas las demás grandes ciudades. El viejo aeropuerto neoyorquino de LaGuardia sigue abierto con sus dos pistas y sus tres terminales. Lo mismo podemos decir del ya antiguo Le Bourget de París, ciudad donde existen cuatro aeropuertos.

El argumento de Slim sobre la lejanía de Santa Lucía es incorrecto. Las distancias con el centro de la ciudad no parecen ser diferentes a la que habría en la Ciudad de México con dos aeropuertos: París-Ch. De Gaulle: 23 km; NY-JFK: 25 km; Londres-Hearthrow, 27 km; Moscú-Sheremetyevo, 30 km; CdMx-Santa Lucía: 29 km. Hay aeropuertos más lejanos como Narita en Tokio, con 60 km o Beauvais en París, con 80 km, pero con recorridos de una hora, casi lo mismo que se hace a veces en coche entre Las Lomas y el aeropuerto Benito Juárez.

Si se construyera un nuevo puerto aéreo en Santa Lucía, la distancia entre el nuevo y el viejo (32.7 km) sería mucho menor que la existente entre Newark y JFK en NY que es de 50 km, normalmente pesados, o entre Haneda y Narita en Tokio, de 80 km. Los cinco aeropuertos de Londres están a una distancia de entre 30 y 60 kilómetros del mayor de ellos, Herthrow, el cual recibe al año 75 millones de pasajeros aunque cuenta sólo con dos pistas.

Carlos Slim nos propone que se haga una especie de Paseo de la Reforma sobre ambas pistas del para entonces ex Aeropuerto Benito Juárez. Dice que ahí podrían construirse grandes edificios. De seguro que sería el boulevard más ancho del mundo, pero ¿a dónde llevaría?

El argumento del magnate contrasta con la promesa informal e inexplicada de hacer una zona de conservación ecológica o un parque recreativo. En realidad, el gobierno no se ha tomado la molestia de esbozar siquiera un proyecto, mucho menos su financiamiento. Si se le preguntara a Peña sobre el asunto, probablemente daría evasivas. Creo que ni le importa, a pesar de la reciente y costosa reconstrucción del “hangar presidencial”, el cual ya no serviría ni como salón de baile.

El actual no puede tener otro uso razonable y económico que el de aeropuerto. Los terrenos baldíos se podrían invadir, claro está, para ampliar las zonas de vivienda ya existentes, pero los edificios y las pistas no servirían para otro uso sin realizar inversiones quizá mayores que su valor actual. Muchos países quisieran un aeropuerto como el que hoy funciona en la Ciudad de México y ninguno lo cerraría. El del centro de Berlín fue, como se sabe, una excepción en una ciudad donde había 3 aeropuertos y suficiente dinero para reutilizar uno de ellos, el más viejo y estorboso, lo cual se hizo con éxito.

Como consecuencia de su proyecto, el gobierno también quiere cerrar la base aérea militar de Santa Lucía, que tiene la pista más larga y ancha del país, ya que, por su cercanía, no podría funcionar al mismo tiempo que el aeropuerto de Texcoco.

Lo que se quiere hacer tiene los dos lados de todo dispendio: gastar mucho más de lo necesario y desperdiciar lo que ya se tiene.

Carlos Slim afirma que la zona del nuevo aeropuerto se convertiría en un “polo de desarrollo”. Pero eso es justamente lo que ya no se quiere dentro de la gran ciudad, la cual no debe seguir expandiéndose.

Además, no habría tantos nuevos empleos como se afirma, porque el día en que el aeropuerto cambiara de domicilio dos cuadras adelante, sus actuales trabajadores abandonarían el viejo y se irían todos al nuevo.

El fondo del asunto es que se ha proyectado un aeropuerto espectacular que, para serlo, requiere concentrar todo el creciente tráfico aéreo de la capital del país. De esta forma, una idea de negocios se convierte en una política pública sin sentido práctico y con un alto costo presupuestal irrecuperable.

El planteamiento de que el aeropuerto en Texcoco promovería el bienestar de 5 millones de personas de esa zona es un volado de Slim, pero afirmar que la suspensión del proyecto detendría el desarrollo del país es de plano una inesperada fanfarronada del magnate. A él le ha sucedido lo que a José Antonio Meade, quien, en lugar de infundir miedo con su propaganda, suscita hilaridad.

Carlos Slim parece que pierde memoria. Él ha dicho que no es correcto oponerse cuando ya está todo listo para levantar el espectacular aeropuerto, que es, dijo, un proyecto que lleva seis años. Tiene más, pero desde entonces hemos venido criticando el derroche que se pretende sólo para hacer un negocio prescindible.

Cualquiera puede recordar que López Obrador, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, se opuso al proyecto de Vicente Fox de construir el aeropuerto en Atenco. Ahora, Peña Nieto lo quiere unos metros más cerca, pero es lo mismo. Lo que es diferente es el gran diseño arquitectónico, la fastuosidad del edificio terminal y su potencial de crecimiento: ya se habla, como algo próximo, de 100 millones de pasajeros al año. Eso se llama, en buenos términos, megalomanía.

Carlos Slim ha gozado al país como nadie desde que prácticamente le regalaron TELMEX (nunca se supo a cambio de qué) y a partir de ahí construyó la trasnacional América Móvil. Si él quisiera entrar de lleno en la competencia política tendría que postularse. Pero, como otros, no quiere perder su tiempo en la lucha por el poder sino seguir ejerciéndolo de manera fáctica sin presentar programa ni solicitar el voto. Eso es algo que también debe terminar en este sufrido México.

Amenaza de recesión

La amenaza de recesión siempre ha sido un espantajo de las derechas para detener los avances de las izquierdas. Se postula que las transiciones políticas hacia los partidos que son críticos del modelo económico imperante, en específico, el neoliberalismo, generan tal desconfianza que empresas e inversionistas se retraen.

En esta temporada seguiremos viendo declaraciones de funcionarios de instituciones financieras privadas, las cuales formarán parte de la campaña electoral. Ninguna de esas negociaciones dirá claramente que apoya a tal o cual candidato, pero todas van a ubicar a Andrés Manuel López Obrador como irruptor de la actual política económica y, por tanto, promotor de la recesión y el desastre: un peligro.

En esta semana han destacado un par de declaraciones reproducidas por varios medios. En una de ellas, de Casa de Bolsa Finamex, Guillermo Aboumrad alerta que el triunfo de Morena podría retraer la inversión privada y provocar recesión. En la otra, de BBVA, Juan Ruiz nos habla desde Madrid de los “riesgos” mexicanos: elecciones y TLC. En cuanto a la contienda, este economista bancario dice que le preocupa “en términos de crecimiento potencial” la suerte de la reforma energética”, es decir, “la liberación del sector y las subastas de los campos petrolíferos”.

En 1982-1983, en que no hubo cambio de partido en el gobierno, vivimos una crisis profunda. En 1994-1996 se produjo otra fuerte recesión bajo el mismo esquema PRI-PRI, cuando Ernesto Zedillo sustituyó a Carlos Salinas. El país vivió entonces una caída brutal de la economía que, además, le costó, sólo por concepto de rescate de la banca (Fobaproa), 100 mil millones de dólares, de los que todavía se debe la mayor parte y se pagan los intereses por la vía del Presupuesto. Hubo inflación escandalosa, marcada disminución de los salarios reales, quiebra de numerosas empresas y monstruosas tasas de interés activas.

En relación con las inversiones petroleras, habría que decir que la participación de capitales extranjeros no está del todo definida y que no se sabe de qué tamaño será durante el presente año. Lo que sí se sabe es que, desafortunadamente, el Estado se ha replegado en este sector y, por tanto, la economía sufre.

La disminución del crecimiento anual de la inversión extranjera es consecuencia de tendencias recesivas. Por tanto, la participación foránea en las industrias de energía no va a sustituir la baja de reinversiones de empresas trasnacionales en México. Lo que ha salvado la situación, hasta cierto punto, son los posibles aumentos en las exportaciones manufactureras hacia Estados Unidos.

El incremento de la deuda no pudo ser atemperado con las subidas de la recaudación porque el gasto político y otros despilfarros del gobierno han alcanzado niveles inmanejables para cualquier administración responsable y porque el crecimiento esperado de la economía no llegó jamás. Ahora ya tenemos superávit primario, el cual es recesivo.

La inflación aumentó en 2017 por culpa del gobierno (Peña-Videgaray-Meade). Con la idea de que es preciso cobrar impuesto porcentual (IVA) más impuesto de tasa flexible (IEPS) a las gasolinas y que debe subir el precio del gas doméstico, debido a la depreciación del peso y el aumento del petróleo, se ha impactado severamente una economía que a duras penas venía amortiguando diversos eventos desfavorables. Todo, para satisfacer el dogma neoliberal de que el Estado tiene que forzar la concurrencia energética aunque ésta implique el mayor costo y se entreguen riquezas nacionales. Ahora, en estos días, cuando bajan el dólar y la cotización del crudo, los precios de las gasolinas y el gas no disminuyen o siguen creciendo.

El salario mínimo para 2017 aumentó más que otros años pero la inflación se duplicó, de tal manera que el deterioro salarial no se detuvo. Lo mismo puede decirse respecto de los salarios contractuales fijados a través del macabro sistema político de topes. José Antonio Meade, según ha dicho, no quiere control de precios en ninguna mercancía, excepto en esa especial mercancía que es la fuerza de trabajo y cuyo precio es el salario. Eso se llama desvergüenza.

Seguir deprimiendo el mercado interno es el camino de la continuidad desastrosa en la que ha vivido el país durante 30 años. ¿Esa es la política que se quiere conservar para lograr una estabilidad que “promueva” la inversión? Sí, es esa misma.

Es falso que el gobierno mexicano se encuentre preparado si Donald Trump decide iniciar un proceso de denuncia del TLCAN. Ningún gobierno podría prepararse para eso en un año. Pero menos cuando Peña y demás gobernantes se dedican a decir que las cosas pueden ir bien. No, no irán bien de ninguna manera. Si hubiera un acuerdo, de todas formas se erosionaría el superávit comercial mexicano con Estados Unidos. Además, ¿quién ha dicho que lo mejor para un país es tener un abultado superávit comercial? El problema de México consiste en que es demasiado deficitario con el resto del mundo.

El país tampoco está preparado para una corrida financiera si acaso ésta se produjera como consecuencia de la existencia de inmensos capitales que anidan en el mercado mexicano de capital-dinero. Y no lo está (ni siquiera con el compromiso de solvencia del FMI) porque el grado de volatilidad es demasiado costoso: el sistema de financiamiento del país se encuentra en crisis. Eso es lo que no se quiere reconocer porque no se desea cambiar nada.

El sistema de pensiones basado en las Afores ya tronó, absolutamente. La pensión casi nunca será superior al 30% del último salario y la mayoría no alcanzará ni el salario mínimo: tendrá que haber subsidio público. Sin embargo, el gobierno calla para defender al más canallesco negocio financiero, establecido por ley, pero no social, sino neoliberal. Dentro de tres años vendrá la explosión.

Que le pregunten a Peña, Videgaray o Meade, qué modificaciones deben hacerse a la política económica, luego de lo cual los verán respondiendo con evasivas o, de plano, cambiando de tema.

Mas los funcionarios de las empresas financieras no le preguntan nada al gobierno. Están felices con la actual política. Tienen las mayores tasas de ganancia en el escenario internacional. Es de entenderse que si nadie gana tanto como ellos, quieren que nada cambie.

El problema, sin embargo, es saber si la gente común y corriente desea cambios para buscar otros senderos. Por lo pronto, hay que rechazar los espantajos.

Gasolinazos: ¿oferta y demanda o mentiras repetidas?

 

Se dice que desde hace un año los precios de las gasolinas están determinados por la oferta y la demanda, más aún cuando desde el 30 de noviembre de 2017 tales precios ya son “libres”. En realidad esa afirmación es un engaño. Esos precios están controlados por el gobierno a través de un gravamen móvil, según el cual, cuando suben o bajan “demasiado”, la autoridad hacendaria puede modificar cada mes la tasa del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), sin consultar con el Congreso.

El punto que el gobierno defiende es dejar que las gasolinas suban de precio para que el gobierno alcance unos ingresos complementarios, aunque lleguen a estar más caras que en los otros lados de nuestras fronteras, tal como está ocurriendo. El sistema fiscal se convierte así en factor directo de encarecimiento, lo cual resulta al final más oneroso que cobrar unas tasas fijas y moderadas.

Veamos. El gobierno genera primero un subsidio virtual a través de una alta tasa impositiva que no se recauda efectivamente en su totalidad. Luego, denuncia la existencia de 200 mil millones de pesos anuales de dicho subsidio, suficientes para sufragar anualmente 20 universidades públicas, las cuales, sin embargo, siguen sin existir. En consecuencia y para aumentar por esa vía los ingresos (“no se aumentarán impuestos”, ha dicho la actual administración), se eleva la tasa real de IEPS y se cobra de manera regulada, en prevención de un disparo en los precios internos con motivo de la participación de las compañías importadoras y distribuidoras de gasolinas que están arribando al país.

Pero, ¿para qué querría México tener unas empresas privadas de gasolina? La respuesta es simple aunque contradictoria. El país ha tenido el crudo y ha podido producir los refinados, sin embargo, la reforma energética tiene como propósito rematar la riqueza nacional de hidrocarburos y, también, dejar de producir gasolinas con el argumento de que así serán más baratas y sin “subsidios”. El problema es que México no se va a beneficiar en el balance final sino que serán las empresas privadas, en su mayoría extranjeras, las cuales importarán el combustible. Todo esto no es más que un negocio promovido y protegido.

La reforma energética es también una derivación del dogma que sostiene que el Estado no debe hacerse cargo de la producción ni de la distribución de bienes y servicios. Por tanto, en la concepción del neoliberalismo en boga desde hace 30 años, la existencia de Pemex y la CFE habría sido un error histórico.

El resultado de la privatización no es sólo lograr que la oferta y la demanda se conviertan en cobertura de un emporio abigarrado de intereses particulares, sino que todo control de precios se efectúe en el marco de negocios privados, pero exclusivamente por cuenta de ingresos públicos. Es lo de siempre, las ganancias se privatizan, las pérdidas se socializan. Ahora tenemos tasas impositivas indexadas a las utilidades de unas cuantas empresas.

Además, el país deja de desarrollar su propia ingeniería para resolver problemas que van a seguir presentes durante varias décadas. Por desgracia, las gasolinas no serán sustituidas del todo dentro de diez o veinte años y, cuando por fin ocurra, la petroquímica seguirá siendo una de las bases industriales de cualquier país.

La oferta y demanda “internacional” no es lo que opera para la fijación de los precios internos de las gasolinas sino el nivel del IEPS petrolero, es decir, tenemos que, en los hechos, un duplicado gravamen al consumo se ha convertido en un renglón privilegiado de ingresos públicos.

Algo peor ha ocurrido con la súbita revolución del precio del gas doméstico, bajo la “desrregulación” del gobierno, pues su monstruoso aumento golpea en forma fuerte y súbita la economía de las familias pobres. Mejor sería abaratar ese gas produciendo más dentro del país.

Ahora bien, la inflación está entrando en una espiral por dos factores directos y un resultado esperado. El primero es la política de aumento de precios de bienes y servicios del sector público, la cual no se quiere revisar. El segundo consiste en que en el pasado reciente se incrementó la deuda pública por encima de la capacidad de pago, debido a que la economía creció muy poco; ahora viene la resaca que consiste en el superávit primario que le quita recursos a lo importante para lanzarlos a la esfera de la especulación financiera, es decir, sin que sean devueltos a la sociedad.

El resultado esperado consistió en la depreciación del peso con la consecuente subida de la tasa de interés como medio para prevenir la exportación de capital-dinero. No obstante, el aumento del rédito opera a favor de la inflación y, con ello, se volatiliza uno de los efectos deseados del aumento original de la tasa de interés que consiste en estabilizar el peso. Como la depreciación de la moneda está casi siempre a la puerta y, de la mano, el rédito se ha triplicado, entonces muchos precios tienden con frecuencia a subir.

En conclusión, al margen de las inicuas mentiras neoliberales, hay que cambiar la política económica, fortalecer la inversión productiva, aumentar los ingresos bajos, producir en suficiencia alimentos básicos, controlar bien los precios al público de los hidrocarburos, asumir la conducción e impulso del sector de la energía, modificar el sistema de financiamiento del Estado, administrar mejor y dejar de despilfarrar ingresos públicos, reimpulsar la política social y promover desde el Estado el crecimiento de la economía.

No sería la gran cosa, pero todo eso ya es una urgencia nacional.

Adiós, Agustín Carstens

 

Sería imposible no decir adiós a Agustín Carstens ahora que ya se va para no volver, al menos en lo que resta del sexenio y de todo el próximo. Quien fuera secretario de Hacienda se hizo célebre cuando pronosticó un “catarrito” en los inicios de la crisis de 2008-2009.

México fue entonces uno de los países que sufrió más la crisis mundial. Recesión, inflación, devaluación, “fuga” de capitales, recortes al gasto social y a la inversión, fueron algunos de los saldos del “catarrito” de Agustín Carstens.

Como reconocimiento a tan inesperado pronóstico económico y a tan inexplicable manejo de la crisis, Carstens se convirtió pronto en director (llamado gobernador) del Banco de México. Como se recordará, él realizó una campaña electoral por medio mundo (literalmente) para convertirse en Director-Gerente del Fondo Monetario Internacional, sin la menor posibilidad porque ya se sabe que ese cargo lo designa Europa: fue un gasto inútil a cargo del Banco.

El próximo director del Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea(no es FMI, Banco Mundial, ni nada que se les parezca), se aleja de México en un momento en que la inflación va en aumento, el ritmo de crecimiento económico está volviendo a mostrar una tendencia recesiva y los capitales parasitarios se muestran nerviosos, todo lo cual genera de nuevo la llamada volatilidad como expresión de incertidumbre.

Carstens es un adorador del mercado de capital-dinero parásito que ronda por el mundo como medio privilegiado de financiamiento. Este sistema genera de por sí volatilidad en tanto que el mercado rentista global atrae o expulsa a los inversionistas en bonos y otros papeles altamente líquidos según la estabilidad de la economía o el nivel de las sobretasas que se pagan como primas de riesgo. A México le toca ser país que debe ser calificado según las tasas de interés que paga porque no compite en materia de estabilidad garantizada y mucho menos de crecimiento impetuoso. Así, en tanto que pueden ocurrir ciertos sucesos económicos, los poseedores de bonos retienen su dinero en el país en la medida en que el Banco de México incrementa su tasa de referencia, la cual ya ha llegado a 7%, es decir, con prima de riesgo de casi 5 puntos porcentuales respecto de los países más estables y prósperos.

México ha sufrido mucho por su deuda pública y privada. La manera en que se financia, a través de mercados abiertos, se considera lo normal, lo predominante, lo único que se puede hacer. Ningún plan para reducir la capacidad de presión del mercado de capital-dinero especulativo se ha formulado en el país, a pesar de que sufrimos en 1994-95 y se repitió 14 años después. En cualquier momento podemos volver a tener un escenario semejante.

En 1995 se generó una deuda (Fobaproa-IPAB) de más de 100 mil millones de dólares tan sólo con el llamado rescate bancario, luego de un crack en la capacidad de pago del país. Aún hoy se siguen pagando anualmente intereses por esa deuda gestada mediante el populismo financiero (reparto de dinero entre los más ricos). Los estragos de la crisis de 2009 también se sienten todavía, pero el doctor que nos había diagnosticado “catarro” ya se va sin haberse tomado la molestia de explicarnos el motivo de tan escandalosa equivocación.

Como país sujeto a la volatilidad que a su vez se produce por falta de certeza en el comportamiento de ciertas variables económicas, México seguirá sufriendo enfermedades prevenibles mientras no se modifique la política económica general. Es preciso confeccionar un esquema que vaya bajando el peso específico del capital especulativo en el financiamiento.

El macabro sistema de las Afores es un completo fracaso como mecanismo de pensiones pero lo es también como instrumento de financiamiento, tanto más cuanto que se le permite invertir en el extranjero y todo queda en manos de los mismos financieros. Además, es el negocio más fácil y más rentable de todo el sector financiero: es un descarado robo a los pobres.

El mercado de capital-dinero parasitario es a su vez un factor de contención de posibles reformas que tiendan a fortalecer el mercado interno de mercancías y servicios. Como ese capital rentista huye a la menor provocación, presiona a favor de la elevación de las tasas de interés, la que, por su parte, encarece el crédito reduciendo el acceso al mismo y deteniendo nuevas inversiones.

Esto es un desastre. Carstens es parte de ese desastre. Sin embargo, su salida del país no conducirá a cambio alguno mientras no se vaya todo el gobierno y no llegue otro igual.

Meade: programa neoliberal y loco espanto

 

En un coloquio de neoliberalismo organizado en San Luis Potosí por Miguel Alemán, de familia estatista pero bárbaramente enriquecida a costa de la nación, descolló el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, tanto por ser precandidato priista preferido cuanto por haber entrado al debate preelectoral: “evitemos el populismo”, dijo ante acostumbrados escuchas, quienes, de todas formas, le aplaudieron como si sus ideas fueran interesantes e innovadoras.

Lo más viejo que tenemos en México en materia de política económica es el neoliberalismo que ha azotado al país durante más de 30 años y lo ha condenado al estancamiento y, en algunos aspectos, al retroceso.

Dice José Antonio Meade que hay que comparar Corea del Sur con Corea del Norte para darnos cuenta de lo que significan estatismo y populismo. El primero de ellos crece constantemente mientras el segundo está en la pobreza, estancado. Pero eso ya se sabe hasta el cansancio. Lo que no se ha querido reconocer es que México, comparado con Corea del Sur, se ha quedado muy atrás.

Dejemos a un lado de momento el ritmo de crecimiento de la economía, el nivel de los salarios reales, la distribución del ingreso, la inversión publica, etcétera. En todo eso Corea del Sur se encuentra mejor que México.

Centrémonos en un aspecto que es ilustrativo de todo lo demás. Hace 30 años, Corea del Sur y México tenían cada cual 25% de jóvenes matriculados en educación superior. El país asiático se puso a trabajar al respecto, mejoró sus finanzas y la inversión educativa (puro populismo), al grado de que ha sobrepasado el 60% de matrícula universitaria. México, en su penoso estancamiento neoliberal, sigue igual, sólo tiene 28%, es decir, de cada 100 jóvenes mexicanos, 72 carecen de acceso a la educación superior. Así no se puede progresar.

José Antonio Meade debería pasearse por las páginas electrónicas y constatar la gran cantidad de marcas coreanas, incluyendo su formidable industria naval. Ese país tiene, por ejemplo, automóviles de marca propia, mientras que México, potencia de la industria de ensamblaje de autos y camiones, no tiene una sola, todas son de trasnacionales, incluyendo coreanas: seguimos en la pura maquila.

Nuestro país tiene muy poca “innovación” porque su Estado es pobre y, por tanto, incapaz de financiar ese gasto, entre otros muchos. La ley habla del 1% del PIB para investigación científica pero la realidad nos marca la mitad y decreciendo. ¡Oh!, “muera el populismo” es la consigna.

También dejemos, por el momento, el brutal problema de la corrupción mexicana y veamos tan sólo el de la productividad del trabajo, pensemos en el abismo existente entre México y Corea del Sur, sin mencionar otros países. El nuestro basa su competitividad internacional en bajos salarios y en un sistema fiscal blando, lo cual le permite comparecer en el mercado exterior (80% hacia Estados Unidos) a costa de su propia pobreza.

Para José Antonio Meade las cosas deben seguir igual o peor, para lo cual es preciso que le apoyen a él con el fin de derrotar a Andrés Manuel López Obrador, a quien identifica con el actual gobernante de Corea de Norte. Así, el secretario de Hacienda advierte como peligro real que México llegue a ser como aquel país asiático, lo cual es un grabado meramente onírico que, como decía Freud, llevaría a la locura a quien lo usara para normar su comportamiento.

Pero no es que Meade realmente esté loco sino que advierte la amenaza de que la política neoliberal de estancamiento del país y bonanza de unos cuantos reciba la respuesta popular que debió tener desde hace ya muchos años. Y, como no puede contrastar honradamente la penosa realidad mexicana con el resto del mundo, el precandidato priista recurre a un loco espanto, el vínculo entre López Obrador y Corea del Norte. Luego, sin embargo, se contradice cuando afirma que el líder de Morena carece de programa. Ha de ser porque él no lee más que literatura neoliberal pero jamás libros del dirigente de izquierda ni de cualquier otro autor de esa tendencia.

A falta de ideas nuevas, mentiras espantosas.

Las represalias del TLCAN

 

Al parecer, Donald Trump sigue en la idea de que su país abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que considera perjudicial porque Estados Unidos compra a México más de lo que le vende, con una diferencia de 60 mil millones de dólares anuales. Pero esa cantidad es menos del 10% del déficit de la mayor economía compradora del mundo que es la estadunidense. Además, México paga 20 mil millones de dólares de intereses y traslada más de 15 mil millones de utilidades y dividendos. Sin el TLCAN, ese panorama no cambiaría por pura inercia porque ya existe un nuevo nivel de integración económica entre ambos países.

Desde México es necesario hacer un balance del Tratado pero como parte de la política económica aquí implantada.

Conforme se desgastaban las políticas de economía dirigida y sustitución de importaciones en los años 80, la línea liberalizadora se fue abriendo paso en un marco de inflación, enorme déficit fiscal, crisis de la deuda pública y disminución del ritmo de crecimiento de la economía. La primera gran reforma comercial fue la apertura unilateral de 1990-91. El TLCAN (1994) llegó después de que nuestra economía estaba ya más abierta que la de Estados Unidos.

No debería verse el Tratado como algo aislado. La liberalización buscaba estabilidad macroeconómica mediante el control de la inflación, la reducción del déficit público en términos del PIB y la promoción de la inversión extranjera, todo lo cual estaba relacionado con la apertura comercial. Nada mejor para el neoliberalismo visto desde México que un acuerdo arancelario y de inversiones con Estados Unidos.

Al mismo tiempo, para “adelgazar al Estado”, se llevaron a cabo varias privatizaciones, las cuales fueron atracos a la nación. En México no existe ningún esquema monopólico que no haya sido producto de decisiones de gobierno y no forme parte del esquema del Estado corrupto.

El primer gran tropezón de la nueva política económica fue la crisis de 1994-95 (Salinas-Zedillo), con recesión, inflación de más del 50%, revolución de las tasas de interés y fraudulento rescate bancario que costó a la nación 100 mil millones de dólares, la mayor parte de los cuales se siguen debiendo a los bancos “rescatados” y cuyos intereses se pagan por la vía presupuestal. Aquella crisis fue producto de un modelo de financiamiento, aún vigente, que torna extremadamente vulnerable a la economía mexicana, tal como lo volvimos a observar en 2008-2009 (Calderón-Carstens), cuando el “catarrito” pronosticado por el gobierno era en realidad una fuerte recesión.

Las décadas de política neoliberal arrojaron un ritmo de crecimiento del PIB significativamente menor que en el gran periodo anterior; una mayor desigualdad en el ingreso; una desindustrialización a través de sustituir productos nacionales por importaciones; una concentración de la industria de exportación (300 empresas); una reducción relativa de la producción de alimentos; un estancamiento de la demanda interna con enorme crecimiento de las exportaciones; una concentración donde el 0.12% acapara la mitad de la riqueza individual. En México, hoy existe mayor injusticia social que antes.

Con el TLCAN también se profundizó la concentración geográfica de la producción manufacturera en unas cuantas entidades y ciudades del país, donde los obreros industriales podían obtener salarios mayores pero en el marco de una disminución salarial nacional. Hoy, el ingreso medio real de los trabajadores es menor que antes del inicio del largo periodo de las crisis sucesivas.

Como consecuencia, existen niveles demasiado desiguales en la productividad del trabajo, de tal forma que ésta es mucho mayor en las manufacturas vinculadas al comercio internacional, mientras la capacidad productiva del resto de la fuerza de trabajo se encuentra relativamente estancada. El resultado es, naturalmente, que se profundiza la desigualdad social aun en el seno de los trabajadores.

México es hoy una sociedad más atomizada, un país de mayores privilegios estructurales, una economía donde la pobreza está más extendida. A esto han contribuido el programa de liberalización, el modelo de financiamiento basado en el capital parasitario y la estrategia de centrarse en las exportaciones y el TLCAN, todo ello como parte de un plan que prometía progreso.

El Tratado puede ser denunciado (abandonado) por Estados Unidos, conforme el artículo 2205, seis meses después de notificar su intención a las otras dos partes, México y Canadá. La cuestión consistirá en la reacción del Congreso estadunidense. Hay que recordar que el Partido Demócrata, en su inmensa mayoría, votó originalmente en contra del TLCAN a pesar de que había sido asumido por William Clinton, quien ya había llegado a la presidencia del país.

En Estados Unidos el tema siempre ha sido analizado de acuerdo con intereses sectoriales. Para algunos, abandonar el tratado sería mal negocio, mientras que para otros sería una oportunidad.

Como economía, Estados Unidos se ha beneficiado más con el TLCAN, no sólo debido a la ampliación de su campo de inversiones sino a que éstas se encuentran aseguradas en México en el marco de un esquema de libertad comercial y financiera. Las ganancias de las compañías estadunidenses, incrementadas por efecto de los menores costos mexicanos, se realizan en gran medida en el mercado de su propio país y pueden reinvertirse o no en México.

La economía norteamericana se ensanchó con el Tratado, mientras que México se ancló mucho más en las relaciones con el norte y selló su suerte a la demanda estadunidense antes de ampliar su mercado interno, diversificar su comercio internacional y elevar su capacidad tecnológica. Algunos pocos se han beneficiado, pero no sólo por el TLCAN sino por toda la política neoliberal, poderosa productora y reproductora de desigualdades y pobreza.

El TLCAN ha brindado represalias. Su ausencia también traería consecuencias. Sin embargo, la suerte de México se encuentra, como siempre, en el terreno de la lucha política donde se habrá de decidir si sigue por el mismo camino neoliberal o se busca una nueva ruta.

 

Odebrecht, Calderón, Peña, Lozoya y demás

 
La empresa Odebrecht, de origen brasileño, ha sido señalada como creadora de un sistema de sobornos de alcance internacional. Numerosos gobiernos fueron “seducidos” mediante grandes sumas de dinero ofrecidas como recompensas a cambio de contratos para la realización de obras públicas a cargo de la trasnacional brasileña. El primer procurador que se lanzó contra esa empresa ha sido el estadunidense, luego de lo cual otros países siguieron ese mismo rumbo, precisamente contra altos funcionarios, incluso ex presidentes. En Brasil, el caso es de amplios vuelos.
 
En México, todo parecía apacible no obstante que nuestro flamante procurador había viajado a Brasil para recabar los datos necesarios para poner en claro los contratos de Pemex con Odebrecht. Sin embargo, la PGR ocultó todo lo que pudo saber al respecto y declaró que seguía investigando el asunto. Por su lado, Odebrecht se dio el lujo de responder a López Obrador, quien se había atrevido a señalar a esa empresa como repartidora de mordidas, mediante el argumento de que es imposible que en México esa compañía pudiera organizar un sistema de sobornos.
 
Ahora, después de los testimonios rendidos en Brasil, los mismos directivos de Odebrecht en el país declaran que están listos a colaborar. ¿Para esclarecer lo imposible?
 
Marcelo Odebrecht, socio mayor y presidente de la empresa que lleva su propio apellido, logró una entrevista con Enrique Peña Nieto en octubre de 2013, cuyo contenido, naturalmente, está en la más completa oscuridad, pero que hubo de tener algún propósito concreto. La trasnacional brasileña ha contratado en México por 1 400 millones de dólares. Los directivos de Odebrecht que han declarado ante la justicia en Brasil dicen que entregaron a Emilio Lozoya, en total, 10 millones de dólares, con lo cual se estarían refiriendo a un miserable 1% de soborno, cuando en México la tasa de referencia de las mordidas es de 10%, el llamado diezmo.
 
Esta situación abre un enorme campo a las hipótesis: podrían los 10 millones entregados presuntamente a Lozoya estar relacionados sólo con algunos contratos o sólo serían para el director de Pemex mientras otras cantidades mayores hubieran sido entregadas a diversos miembros del gobierno, antes y después de diciembre de 2012, es decir, algo le hubiera tocado a Felipe Calderón.
 
También podría ser que los declarantes brasileños no hubieran sabido de la suma total de sobornos en México, sino sólo de una parte menor, aquella que les consta directamente.
 
Marcelo Odebrecht fue sometido a juicio en Estados Unidos en 2015, luego de lo cual, todas las operaciones de su empresa en el Continente tuvieron que ser analizadas como posibles partes integrantes de una forma de actuar basada en el soborno. Eso ocurrió en muchos países, excepto, como siempre, en México.
 
Anteayer, en la llamada cumbre de fiscales de América Latina (11 países), Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República, dijo cualquier cantidad de frases enredadas o sin sentido para agradecer las informaciones provenientes del exterior, especialmente de Brasil, sobre el comportamiento de Odebricht, pero se pudo observar que carece de un caso conformado.
 
En ese momento, Emilio Lozoya estaba rindiendo su declaración ante el Ministerio Público, pero, como dijo su abogado, el muy conocido Javier Coello Trejo, él nomás iba a eludir todo lo relacionado con las cuestiones que pudieran inculparlo. Pues claro, Lozoya no va a confesar, como no lo hacen quienes reciben mordidas. El problema es que la PGR no tiene nada porque sencillamente no ha investigado nada.
 
Como los sobornos pudieron haber empezado, según los inculpados en Brasil, antes del 1º. de diciembre de 2012, el asunto pudiera tener alguna conexión con los gastos de la campaña priista, lo cual sería conveniente investigar con la ayuda del entonces, como ahora, operador de Peña Nieto, el actual secretario de Relaciones Exteriores, el señor Luis Videgaray, organizador, en ese mismo lado, de las ilegales tarjetas de pago en la campaña electoral de 2012. Si así fuera, las mordidas de Odebrecht hubieran tenido que ser lavadas y qué mejor que pagando con tarjetas.
 
Emilio Lozoya salió de la PGR tan campante como entró. Él ya lo sabía. En su calidad de inculpado, no tiene obligación de responder las preguntas del Ministerio Público. Así que, si quieren acusarlo, que le demuestren algo, pero como no se trata de eso, la PGR está en situación de completo extravío mental, como casi siempre en asuntos relacionados con la corrupción y algunos otros más.
 
En Estados Unidos, Brasil, Perú y otros países ya están abiertos los procesos penales sobre sobornos de Odebricht, excepto en México.
 
La solicitud de legisladores para que se den a conocer las auditorías en Pemex no está mal, pero las mordidas no se anotan en los libros de contabilidad. Es dinero que se cuela. La declaración del defensor de Lozoya (antes agresivo persecutor por consigna), en el sentido de que no hay depósitos bancarios sobre ese dinero, claro que debe tener sus bases porque las cosas se hacen con cuidado.
 
Los corruptos son eso, no son estúpidos. No hay dinero a la vista, lo cual no demuestra que no lo haya en absoluto. Para investigar existe el Ministerio Público, pero en México ése no fue creado para tal efecto. Triste realidad.

La deuda interna de Peña Nieto

 

Cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República, los bonos gubernamentales en circulación ascendían a 4.39 billones de pesos (un billón, en español, es un millón de millones; billion, en inglés, son mil millones). Hoy, la deuda interna en bonos asciende a 6.33 billones de pesos, es decir, 45% de aumento. La diferencia nominal es casi de 2 billones. ¿Esta cantidad es igual o menor que la inversión pública fija desembolsada del gobierno federal durante los años del actual sexenio? Pues no. Esto quiere decir que la deuda de los bonos es inconstitucional, al menos en parte, porque la Carta Magna obliga a invertir ese dinero en obras que produzcan incrementos en los ingresos públicos, para asegurar su pago (art. 73, fracc. VIII).

Debe decirse que la deuda externa es un capítulo que se cuece aparte, del cual podremos hablar algún otro día.

Los comunicadores, políticos y empresarios que se dicen preocupados por el “populismo”, no lo están, sin embargo, con el loco incremento de la deuda interna. Éste era el “populismo” de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado. Ahora ya no lo es, debido a que, en nuestros días, por “populismo” se entiende tener programa social y procurar medios propios para su financiamiento.

Lo que Peña ha hecho es aumentar otra vez los gastos de operación del gobierno, disecar a Pemex, apoyar a los gobiernos locales priistas y a otros amigos comprometidos, derrochar muchos millones en gastos de propaganda e impulsar proyectos especiales de inspiración presidencial. Estamos en realidad en el viejo populismo, lo que se confirma con el hecho de que no hay plan porque no hay objetivos nacionales. Como país, no sabemos a dónde se quiere ir.

Del total de bonos colocados en el mercado interno (6.33 billones), 2 billones se encuentran en manos de extranjeros. Esta última cantidad corresponde en su mayor parte al presente sexenio, ya que hasta el año de 2012 sólo estaban en manos foráneas menos de 500 mil millones de pesos.

Se diría que el riesgo es el mismo porque, como sabemos, los inversionistas mexicanos (tienen 70 mil millones de dólares en el exterior) pueden sacar su dinero del país cuando lo desean (muchos de ellos ni siquiera suelen pagar impuesto sobre la renta), al igual que los extranjeros, vendiendo sus bonos y cambiando sus pesos por dólares, pero es mucho más sencillo para los fondos internacionales tomar decisiones rápidas y sorpresivas, con las cuales podrían crear un problema mayor a la economía mexicana. De los 2 billones de incremento total de los bonos desde el año de 2012, los inversionistas extranjeros han tomado 1.66 billones, cantidad no tan lejana al monto de la reserva internacional disponible del Banco de México. Mejor no recordar los Tesobonos de Salinas.

La subvaluación del peso, efecto del proceso de desvalorizaciones durante del actual sexenio, se debió a una extraordinaria demanda de divisas que no provenía de necesidades de pago, sino justamente de la venta de bonos gubernamentales y de retiros de inversiones de bolsa.

Recién han vuelto algunos, excitados por el aumento de los intereses. La tasa de riesgo mexicana (diferencial neto de interés entre México y EU) se encuentra ya en un nivel inusitado en muchos años. Lo peor de todo es que el crecimiento del rédito dificulta las inversiones productivas cuando la economía sigue atorada. El Banco de México tendrá que aumentar otra vez su tasa de referencia a partir del incremento decidido por la FED (Banco Central de Estados Unidos) de 0.25%, con el fin de “proteger” la desdichada tasa de riesgo que pagamos los mexicanos para que no nos presione el capital rentista, sólo por ser “pobres e inseguros”. Pero Agustín Carstens podría decidir un mayor aumento para seguir cubriendo una inflación que contrasta ya demasiado con la estadunidense, la cual se está volviendo a ubicar en el 2%, frente al 6% en México.

Debido a la deuda errónea e ilegítima de Peña, se decretó un “superávit primario” para el presente año. Pero, como van las cosas, es difícil que se logre el monto previsto porque la tasa de interés sigue subiendo y, con ésta, el costo financiero de la deuda. Los errores de estos años no se resuelven con un “superávit”, sino se empeoran, porque éste no es otra cosa que hacer crecer la parte del ingreso que el Estado no le regresa a la sociedad.

Entre los países grandes, el Estado mexicano es uno de los fiscalmente más pobres, es decir, con un bajo porcentaje de su Producto Interno Bruto para ser destinado a gastos comunes. Si este asunto no se resuelve, los demás temas siempre serán demasiado complicados. Por ejemplo, México tendría que duplicar el número de estudiantes universitarios tan sólo para alcanzar un nivel internacional mediocre en esta materia.

El problema está en la política económica estructuralmente equivocada que padece el país. Los gobernantes sólo se preocupan de que las cosas no vayan peor, mas con frecuencia también fracasan en ese empeño.

La solución empezará cuando el Estado promueva la inversión, el crecimiento de la economía, el aumento salarial, la redistribución del ingreso y el desarrollo social. Aunque a esto se le llama “populismo”, al menos no llevaría, como lo ha hecho Peña, a ahogar al país en una deuda ilegítima con un entorno de estancamiento y pobreza.

La crisis está llegando

Con una total espontaneidad, el presidente del 12% de preferencias nos ha dicho que vivimos un momento de “desafío económico”. Bueno, para algunos no estaría mal esa respuesta considerando la capacidad explicativa de Peña Nieto, pero todo país tiene siempre desafíos, especialmente en el terreno económico. Así que nos hemos quedado en las mismas.

El tema es si México está a las puertas de una nueva crisis económica o logrará sortear la recesión que ya se advierte.

Creo que estamos viendo cómo se acerca la recesión. No se trata de una “incertidumbre por lo que va a pasar con Estados Unidos”, como ha dicho Peña. Para nuestro infortunio, la devaluación del peso lleva los 4 años de su presidencia mientras que la recesión industrial arrancó el año pasado, antes de la elección de Donald Trump.

El presidente mexicano no tiene temor a que lo desmientan. Con frecuencia hace afirmaciones con inexactitud o franca falsificación de hechos. Así, el incremento en las afiliaciones al IMSS en los dos últimos años no se ha debido, en su mayoría, a “empleos nuevos”, como él afirma, sino a empleos ya existentes incorporados al régimen de seguridad social por la vía de una reforma fiscal que abarcó a una gran parte del sector informal tradicional del país. Lo que hemos visto es una formalización del empleo inducida mediante el mecanismo fiscal. Ese es un asunto que llevaba años discutiéndose (más bien comentándose) en el Congreso hasta que, mediante un acuerdo entre Videgaray y el PRD se produjo la reproducción de los peces o de los panes, es decir, que se pudieron medir muchos empleos antes informales pero verdaderos.

Tenemos en realidad una disminución evidente del ritmo de crecimiento y en la industria se reporta ya un decrecimiento. Esto quiere decir que si no se produce un repunte, el país llegará muy pronto a la recesión. Esa será la crisis cierta aunque Peña siga hablando de “incertidumbre”.

El gobierno ha cometido errores. Al aumentar la recaudación por efecto de la reforma fiscal, también se decidió incrementar el déficit del sector público. Pero el destino de los nuevos ingresos no fue el adecuado, es decir, el impulso a proyectos productivos, sino que el gobierno se gastó gran parte de ese dinero en esto y lo otro, o sea, en satisfacer pendientes, otorgar prebendas, repartir dinero dentro del aparato gubernamental para utilizarlo en gasto político. No había un verdadero buen plan de inversiones. El país no reaccionó a esos cambios en la política de ingresos y prosiguió por la cuesta en la que ya venía.

El resultado de ese desastre fue que los requerimientos de la deuda rebasaron las mejorías en los ingresos públicos pues el déficit creció también en términos relativos. La aspirina para esta enfermedad se llama “superávit primario”, es decir, regresar a la sociedad menos dinero de lo que se le quita por parte del fisco con el propósito de aminorar el incremento porcentual de la deuda.

Pero como la devaluación del peso continúa en gran medida por la situación de la deuda, la tasa de riesgo que demandan los inversionistas en bonos gubernamentales es cada vez mayor, lo cual, a su vez, ha orillado al Banco de México a elevar mucho su tasa de interés para bajar la presión sobre el mercado de cambios, pues la mayoría de quienes venden sus bonos compran dólares con destino a sus cuentas en el exterior. El Banco de México quiso antes regular ese mercado haciendo subastas pero la verdad es que ese mecanismo es poco útil cuando los inversionistas tocan retirada. México lo debería saber de sobra: “ya nos saquearon”, dijo un presidente, “yo no sabía nada de los tesobonos”, dijo otro. Las crisis de deuda en México han generado estropicios mayores: devaluación y recesión.

México (su gobierno) insiste en seguir jugando principalmente en el mercado abierto de los grandes inversionistas, depende de ellos y siempre será víctima de sus decisiones. Es preciso cambiar el esquema, recomprar bonos gubernamentales, fondearse en mecanismos de deuda institucional, abrir la participación popular en la deuda interna, etcétera. Si la economía no crece, la deuda enferma; si la economía decrece, la deuda aniquila. Podría México estar transitando de un escenario al otro.

Peña no ha querido hablar del repunte de la inflación. Cuando las presiones inflacionarias derivadas, entre otros factores, de la devaluación continua del peso, estaban llegado a su punto de impacto, se le ocurrió aumentar los precios de las gasolinas, recetarnos el gasolinazo: era un plan de Videgaray para cubrir deuda sacándole a la economía real muchos miles de millones adicionales. Ese combustible es ahora más caro en México que en Texas y, aun así, Peña insiste en que el aumento se debió al incremento del precio del petróleo. Ante el golpe, la protesta hizo que Peña suspendiera el segundo gasolinazo, pero el esquema sigue siendo el mismo.

La crisis está llegando.

Cobro del botín

Si no quieres pagar ni vengas a Washington, en pocas palabras fue lo que le dijo Donald Trump a Enrique Peña Nieto temprano de mañana el jueves 26 de enero, a través de un twitt, luego de lo cual el presidente de México envió a la Casa Blanca un mensaje formal, anunciado en otro twitt, cancelando la entrevista que había sido fijada para el próximo 31 de enero. No es mentira que Trump sea un patán, además de otras muchas cosas.

Según Trump, a partir del inicio de las obras tendientes a completar el muro fronterizo sur de Estados Unidos, México se convierte en deudor de los gastos, es decir, se trata de un empréstito forzado para cubrir el costo de la obra o del reclamo de una indemnización por algún daño o perjuicio. Aquí no hay ley alguna.

En su twitt, Trump escribió una primera frase en la que afirma que EU tiene un déficit comercial con México de 60 mil millones de dólares, que el TLC ha sido unilateral desde el principio y habla de “empleos y compañías perdidos”. A partir de estas ideas añade que si México no admite pagar sería mejor cancelar la reunión. Es evidentemente una respuesta al mensaje de Peña de la noche anterior la cual había sido, a su vez, una respuesta a la firma de la orden ejecutiva de construir el muro.

Así, por vez primera, Trump se refiere a lo que eventualmente sería la base de la indemnización reclamada: el déficit estadunidense con México. El nuevo presidente podría estar pensando que los 15 mil millones requeridos para apuntalar y terminar de construir el muro ya existente no son gran cosa comparados con el déficit comercial.

Trump sabe de sobra, sin embargo, que ese superávit comercial mexicano no es propiedad pública y gran parte se compone de las ganancias de compañías estadunidenses que aprovechan las ventajas competitivas de operar en México.

El vocero de la Casa Blanca ha dicho ya que el muro se pagará con un arancel de 20% sobre las importaciones procedentes de México. Eso sería mucho más dinero, en un solo año,  que el costo del muro, pero tampoco lo podría hacer legalmente Estados Unidos pues ambos países, aún sin TLC, seguirían siendo miembros de la Organización Mundial de Comercio bajo la norma de que los aranceles son iguales para todos. Sin embargo,  por lo pronto, los líderes republicanos en el Congreso ya dijeron que aprobarán el gasto con base en la “Ley barda segura” de 2006, aún vigente, que fue aprobada por congresistas de ambos partidos, entre ellos Barak Obama y Hillary Clinton.

En las guerras, los estados vencedores solían fijar y cobrar gastos de guerra a los vencidos. Pero aquí no se ha producido conflicto armado alguno. Al respecto, podría recordarse que la línea fronteriza actual entre los dos países fue trazada por Estados Unidos después de una guerra de expansión territorial. Es decir, la border es suya en todos sentidos. Es irónico exigirle ahora a México que pague el costo de la muralla de separación con el territorio que le fue expoliado.

El planteamiento de Trump es falso porque el muro en sí mismo no afectaría el comercio entre los dos países. El muro es absolutamente independiente del déficit comercial estadunidense, tanto del actual como del que llegue a tener en el futuro. No obstante, si México fuera unilateralmente “expulsado” de la OMC por parte de Estados Unidos y este país le impusiera la tarifa arancelaria del 20% ya anunciado por un tal Spicer en nombre de Trump, entonces no se resolvería ni lo del muro ni lo del TLC sino que se iniciaría una subversión del comercio mundial, una guerra arancelaria que sería la más estúpida (por sus motivaciones, en este caso el muro) de cuantas ha conocido el capitalismo.

Tampoco serviría el muro para detener el tráfico de drogas hacia el norte como ya se ha visto.

Las armas procedentes del norte pasan por los puestos fronterizos mientras que los terroristas procedentes del extranjero ingresan de cualquier manera.

Finalmente, Trump dice que el muro protegería a México de los emigrantes centroamericanos, pero esos no quieren venir sino ir a Estados Unidos, es decir, según Trump, dejarían de llegar millones de personas procedentes de Centroamérica. Ya se sabe que la emigración de mexicanos sin visa ha ido en descenso y que el número de deportaciones ha ido en aumento: Obama deportó más de dos millones de mexicanos en mandato y el año pasado fueron más de 200 mil. Mas también se sabe que los turistas mexicanos gastan en Estados Unidos 20 mil millones de dólares cada año, casi lo mismo que el monto de las remesas de trabajadores mexicanos.

El muro es una estupidez si se le analiza desde el lado de lo que afirman sus autores, los de antes y los de ahora. Pero no lo es desde el ángulo de la xenofobia. En realidad, quieren convertir la línea divisoria en una muralla que señale con absoluta claridad que detrás de ella hay una autoridad que odia recibir a cierto tipo de personas. Los mexicanos y los centroamericanos están entre los más indeseables para gente como Trump, según hemos podido advertir. Esto no es nuevo pero no se había expresado tan claramente desde la Casa Blanca.

Así que el “derecho de cobro” es producto de la xenofobia aunque se exprese ridículamente en un lenguaje comercial de parte de un comerciante que da órdenes ejecutivas. Con el cobro, se le dice a México: tú eres el culpable del repudiable asedio sobre mi frontera por lo cual tú mismo pagarás el costo de la muralla.

Mas Trump quiere hacer también unos muros internos: ha ordenado que la autoridad federal organice a los vecinos de ciertos barrios para denunciar a los indocumentados y poder arrestarlos en sus viviendas. Ha penalizado a las ciudades y pueblos “santuarios” cuyas autoridades no entregan a los indocumentados a la Migra, la cual será también fortalecida en la frontera y tendrá capacidad para albergar a muchos más que los 40 mil detenidos que ahora retiene simultáneamente en vía de deportación.

Mientras, estamos esperando que Mr. Trump firme otro papel para dar inicio al procedimiento de denuncia del “unilateral” (one-sided) TLC (NAFTA) que abarcaría seis meses de negociaciones, reales o supuestas, según el clausulado vigente.