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Riqueza, ingreso, impuestos y poder

En México se calcula oficialmente el ingreso-gasto de los hogares pero no se incluye la riqueza patrimonial acumulada. A esto último se abocan agencias, investigadores, revistas, bancos y otras empresas.

En su reciente texto leído el 15 de mayo en el reconstruido recinto del Congreso Constituyente de 1856-57, Andrés Manuel López Obrador señaló que en el orbe, según datos de la revista Forbes, «dos mil 095 personas con más de mil millones de dólares cada una, poseen en conjunto ocho billones (millones de millones) de dólares; es decir, en los últimos nueve años la élite del poder económico mundial incrementó su fortuna en casi el doble». Dijo también que en «1988 éramos el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios; en 1994 México escaló el cuarto sitio, solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania». De 2011 a la fecha, agregó,  «se acumuló mucho más dinero en pocas manos.»

En México, según la tabla de ingreso corriente, los hogares más pobres (decil I) ingresan, en promedio, 101 pesos diarios. Los hogares de los súper ricos (decil X) ingresan, en promedio, 1 853 pesos diarios. Estos datos se refieren, más o menos, a la pobreza monetaria familiar pero no a la riqueza acumulada también familiar. No incluyen tampoco los ingresos financieros y de capital que reciben casi solamente «los de arriba».

La  inmensa mayoría del país que tiene ingresos muy bajos, bajos, medios y altos (deciles I al VIII),  recibe en su conjunto 3 485 miles de millones al año. Los muy ricos y súper ricos (deciles IX y X) reciben 3 410 miles de millones anuales. Esto quiere decir que el ingreso se puede dividir en dos volúmenes iguales, los más ricos, la minoría insignificante, y todos los demás. Así mismo, si analizamos los deciles IX (muy ricos) y  X (súper ricos), estos últimos reciben más del doble que los primeros (2 317.6 contra 1 092.4 mmp), aunque son mucho menos que aquellos. La diferencia dentro de los más ricos es también considerablemente grande (Fuente: ENIGH 2018, INEGI).

En realidad, no conocemos el monto de la acumulación de capital en manos de los dos deciles con mayores ingresos y, dentro de estos, a los dueños, ya que entre los muy ricos existen personas que viven principalmente de su trabajo, es decir, de su salario.

Las noticias sobre la riqueza privada acumulada en el país son tal vez un tanto especulativas. Se ha dicho que 15 mexicanos poseen en conjunto más de 150 mil millones de dólares, pero tal vez sea más. El fenómeno de la concentración de la riqueza se expresa en las fortunas de esos 15 individuos pero no consiste en eso.

También existe otro fenómeno muy relacionado, el de la centralización de la producción, los servicios y el comercio, es decir, las formaciones monopólicas que afectan gravemente a la economía del país, el cual expresa también la concentración de la riqueza en general.

Es preciso abordar en su conjunto el proceso de concentración de la riqueza visto como un fenómeno estructural. Ha dicho Andrés Manuel en el texto ya referido: «lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo: la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza».

Dice la revista Forbes que el 10 por ciento más rico posee en México el 43.3 por ciento de la riqueza acumulada. Esta cifra coincide con la de Global Wealth Report 2014. Sin embargo, el Credit Suisse afirma que en México el 1% concentra el 43 por ciento de la riqueza patrimonial: sobre la base de 34.7 millones de hogares, tendríamos 35 mil familias en posesión de casi la mitad de la riqueza privada del país.

Quizá el primer problema técnico es el cálculo de la riqueza acumulada. Este asunto no es tan sencillo como definir el PIB o realizar la encuesta ingreso-gasto de los hogares con 88 mil formularios habiendo 35 millones de hogares en el país. El segundo sería el mecanismo para conocer la propiedad patrimonial de los capitalistas, ya que carecería de sentido estudiar el patrimonio de las personas aunque no concentren riqueza. Un tema importante sería la distinción entre el mero capital dinero y la inversión física, así como el lugar y las ramas de su ubicación. Todo ello sería información económica y social, es decir, conocimiento sobre México, por lo cual no sería desacertado que el INEGI tuviera esa tarea, pues se trata del organismo nacional de la estadística.

Toda política de redistribución del ingreso tiene que estudiar las fuentes y cuantía de éste, incluyendo, naturalmente, la riqueza acumulada que genera precisamente ingreso y lo concentra.

Ese conocimiento tendría que ser parte del análisis necesario para cambiar el esquema contributivo y, por tanto, las bases del financiamiento del gasto del Estado. Dice la OCDE, de alcurnia neoliberal, que en los países miembros de esa organización, como promedio, el 32.5% de sus ingresos provienen de impuestos a bienes y servicios, mientras que en México, que también es integrante de la OCDE, ese porcentaje es del 54%. Es cierto, aquí se grava más al consumo con impuestos recesivos que a los altos ingresos con una política fiscal progresiva.

Más que las funciones del INEGI, el punto que parece preocupar a los representantes políticos de los muy ricos y súper ricos acerca de las declaraciones de Alfonso Ramírez Cuéllar en el de crear un sistema de impuesto a la renta que grave con mayor porcentaje a los muy altos ingresos, como en la mayoría de países de la OCDE, tan admirada por ellos mismos.

La progresividad fiscal es un principio que está en la ley. La tabla del ISR así lo establece, pero, en la realidad, es como en Estados Unidos, pues la tasa máxima es baja y a partir de ella se acaba la progresividad porque no hay sobretasas extraordinarias para los ingresos gigantescos. Además, hay deducciones y subsidios fiscales dirigidos, que llevan a que el gran capital goce de menores tasas efectivas, las cuales terminan estando al nivel o abajo de las pagadas por los contribuyentes medios.

 Por lo pronto, hay que empezar por una revisión de los gastos fiscales que cada año elabora la Secretaría de Hacienda por mandato de ley, aunque casi nadie le hace caso. La mayoría parlamentaria está obligada a seguir combatiendo los privilegios, incluyendo los fiscales. Se han prohibido en la Constitución las condonaciones de impuestos, se ha dejado de evitar cobros a deudores fiscales, se ha combatido la fabricación y uso de facturas falsas y tenemos una autoridad fiscal honrada. No hay que detenerse, el siguiente paso son los gastos fiscales que no se justifican, aquellos que fueron concesiones políticas a personas y grupos minoritarios.

Luego, pronto, cuando eso de la concentración de la riqueza empiece a tomar referencias menos especulativas, entonces se podrá proceder a un sistema progresivo en el impuesto a la renta, lo que llevaría, por cierto, a una disminución de la elevada tasa que se está pagando por los ingresos medios.

La concentración de la riqueza patrimonial privada es un fenómeno que, en México, está por completo ligado al poder. No existe grupo financiero (fusión de capitales bancario, industrial y comercial) que no haya sido especialmente favorecido por actos de gobierno que le ayudaron o, de plano, lo hicieron surgir. Desde el inicio de la política de privatizaciones que empezó poco antes del fatídico año de 1988, las cosas empeoraron a este respecto porque las grandes empresas del Estado que se vendieron, en realidad fueron entregas a cambio de mordidas. En los sexenios siguientes esas movidas chuecas se replicaron. México es uno de los países que acusan la mayor concentración de riqueza en unos cuantos.

El pequeño grupo de familias que acapara la mayor parte del ingreso es una expresión del fenómeno más amplio de concentración de la riqueza, pero también del extenso entorno corporativo y de poder que han construido los grandes grupos de capitalistas. Riqueza concentrada es también poder concentrado.

El impuesto mexicano a la renta es un escándalo mundial. Este es uno de los países que tiene menor captación recaudatoria en términos del valor de su PIB. En realidad, el empobrecimiento del Estado es consecuencia, por varios caminos, del amontonamiento de riqueza e ingreso en unas cuantas manos. El sistema fiscal está por entero en crisis. Más aún cuando ha llegado un nuevo gobierno que tiene política social y desea impulsar la inversión pública productiva.

Lo que amarra todos estos elementos que constituyen el atraso, la pobreza y la injusticia social es el esquema de poder que predominó. Ellos, los súper ricos, los fantasmas del decil X de la superficial encuesta del INEGI, los dueños de los grandes corporativos, el capital financiero (banca, industria, comercio, servicios) engarzado a través de grandes holdings, ha ejercido el poder a través de unos representantes políticos surgidos del PRI y del PAN.

Ya sabemos que esa trama política fue removida de la sede del gobierno federal y del Congreso. El problema ahora consiste en deshacerla por entero, ejercer otra forma de poder y hacer que no vuelva a levantar cabeza aquello que llevó al país a la ruina, al atraso social, la corrupción, la violencia y la pobreza como emblema nacional.

La deliciosa necedad del endeudamiento

México tiene una deuda pública federal de casi 11 billones de pesos que equivale a cerca de la mitad del Producto Interno Bruto anual.

Durante el sexenio anterior, el gobierno logró una reforma fiscal que elevó sus ingresos nominales y, al mismo tiempo, incrementó mucho el monto de la deuda y su servicio. No podría dilucidarse con entera claridad cómo fue que esa combinación de reforma contributiva y política de endeudamiento no se tradujo en un apreciable progreso del país. No hablamos de nueva distribución del ingreso, claro está, gobernaban los neoliberales, sino de simple plataforma de generación de riqueza.

En la emergencia económica provocada por la epidemia de Covid-19 existe un punto que remarcan las holdings y sus organismos patronales: bajar, condonar y diferir impuestos contratando deuda para fondear la consecuente baja fiscal y, al mismo tiempo, para otorgar garantías sobre créditos bancarios a particulares. Mientras el gobierno no le meta entre uno a dos billones de pesos a esa causa, esos empresarios no habrán de apoyarle en absolutamente nada. Se trata de sencillos intereses económicos de partes socialmente minoritarias.

La deuda mexicana no es de las más altas del mundo en términos relativos al producto interno, pero es de las mayores en relación con los ingresos públicos, con los cuales se cubre precisamente el servicio del débito. No podría el país razonablemente incrementar su deuda sin elevar su capacidad de pago, lo que se logra con el aumento de sus ingresos fiscales. Sin embargo, la situación política y, ahora, la recesión que se avecina, no aconsejan realizar una inmediata reforma fiscal para que los grandes ricos y otros no tan grandes cooperen con la parte proporcional que les debe corresponder. Acaso el tema volverá en 2021. Tampoco se está a la espera de una renta petrolera mayor ni de otros nuevos ingresos.

Podría, sí, el Estado mexicano hacer abstracción de su economía y de sus finanzas públicas para contratar ingentes cantidades sin sustento político ni legal, pero eso podría llevar a un desastre mayor.

México paga una cosa que se llama prima de riesgo en toda su deuda. Es un diferencial entre tasas reales predominantes en el mercado internacional con los intereses que se deben pagar sobre los bonos mexicanos y otras formas de crédito. Esa prima de riesgo está aumentando en este momento como producto de la caída del precio del crudo y, sobre todo, de la próxima recesión económica, sin que se pueda saber desde ahora el tiempo que van a durar una y otra, así como su calado.

Al mismo tiempo, el peso mexicano ha sufrido una fuerte desvalorización en tan sólo tres meses. Esto quiere decir que las deudas denominadas en monedas extranjeras se han revaluado en términos de pesos y que se pagan, por tanto, mayores intereses en moneda nacional. Las nuevas operaciones de simple conversión se están contratando en dólares a tasas más altas que antes.

Como siempre que sucede algo fuera de lo acostumbrado, se hacen círculos viciosos. Uno de estos es la venta significativa de bonos mexicanos para comprar dólares y llevarlos a otros mercados, lo cual presiona hacia el alza a la moneda estadunidense. Eso está ocurriendo también en muchos países grandes pero pobres, como México, cuyas monedas se han visto a la baja. Desde antes de la pandemia existe una fuerte demanda de dólares en el mundo, a pesar de que la tasa referencial de la Fed (Reserva Federal, USA) ya es casi de cero; la del Banco de México es de 6%, con un diferencial de inflación de un punto porcentual, ¡qué tasa de riesgo es ésta!

Las variaciones del tipo de cambio llevan también a que las exportaciones mexicanas serán tendencialmente más baratas en términos de dólares pero las importaciones aumentarán de precio en términos de pesos. La inflación, que aún no se muestra, no tardará en llegar de alguna manera, para presionar hacia otro círculo vicioso: alza de precios, desvalorización del peso, fuga de divisas, aumento de tasas de interés, escasez de crédito, reducción del salario real, etc. Ya conocemos ad nauseam esa comedia.

Hay que estar conscientes de que, en las condiciones existentes, lo menos que debe hacer un gobierno es cancelar sus inversiones productivas. Hoy, se le pide que abandone proyectos en curso, como Dos Bocas y Santa Lucía, pero eso no haría más que complicar las cosas aunque algunos conservadores se pudieran sentir complacidos por puro revanchismo.

Sólo puede contratarse deuda pública para llevar a cabo obras que directamente generen ingresos. Eso dice la Constitución. Tal concepto se debe a que el débito público debe pagarse a sí mismo. No se sabe cómo es que ciertos magnates no entiendan esto si es también un principio empresarial: tomar crédito, producir más, vender más, ganar más, aunque compartas con los acreedores parasitarios. No obstante, esos potentados quieren deuda nacional para fondear concesiones fiscales a particulares. Es que ellos no pagarían después sino se beneficiarían ahora.

El actual gobierno no está financiando proyectos importantes con deuda sino desde recursos directamente presupuestales y, en algunos casos, con inversiones concurrentes. Este es un esfuerzo poco común, pues si existe una justificación para un aumento de la deuda ésta sería la creación de un amplio fondo de infraestructuras productivas.

Lo anterior no quiere decir que el débito mexicano próximamente vaya a mantenerse igual como porcentaje del PIB. Al reducirse o eliminarse el superávit primario de 2020 (0.75% del PIB), debido a requerimientos de la emergencia, la deuda dejará de mantenerse casi igual en términos relativos. Al tiempo, al reducirse el PIB, la deuda tendrá mayor peso económico. Pero todo eso ocurrirá sin que sea expresión de una política de sobre endeudamiento.

Muchos países de América Latina tienen una macabra experiencia en materia de deuda. En los años ochenta del siglo XX el débito se volvió impagable y lo volvió a ser después para no pocos países. Las potencias proveyeron toda clase de mecanismos de pago para recuperar lo que se pudiera.

El capitalismo genera sobre liquidez con las ganancias que no encuentran campo de inversión en sus propios países. Para drenar una parte de sus excedentes líquidos están los que necesitan dinero, tanto para «impulsar» o «salvar» sus economías como para dar cobertura a sus exportaciones de capital (de extranjeros y ricos locales), servir la deuda anterior y  abonar a su indescriptible corrupción; véase México.

El Fondo Monetario Internacional te presta para que les pagues a sus verdaderos y únicos dueños.

En síntesis, la deliciosa necedad de que ahora mismo México pida prestado expresa la exigencia de reducir los ingresos públicos a través de concesiones fiscales y de otorgar garantías del Estado sobre préstamos a particulares. Los grandes capitalistas, quienes hablan a través de los líderes empresariales, quieren que, una vez más, el Estado asuma las consecuencias y les proteja del vendaval. Así fue hace 25 años con el Fobaproa, cuando el Estado tomó una deuda de particulares por cien mil millones de dólares, de los cuales la mayor parte le sigue debiendo a los bancos rescatados, a quienes les paga unos escalofriantes intereses, con todo y la prima de riesgo: tasa Cete más 1 o 2 puntos. ¡Calamidad!

Como los principales líderes empresariales no están de acuerdo con la política del gobierno actual, lo que es lógico, tendrán que esperar a la próxima elección para postularse directamente o apoyar a sus amigos y empleados. Tendría que ser una mayoría ciudadana la que hiciera regresar al país a épocas oscuras.

Impuestos condonados

La Cámara de Diputados ha enviado al Senado un proyecto de reforma constitucional, iniciado por el Ejecutivo, para prohibir la condonación de impuestos. Las oposiciones dicen que están de acuerdo, pero no tanto y buscan enredar el texto.

Esas condonaciones siempre han sido indebidas porque no están autorizadas en la Constitución. El Ejecutivo carece de facultades expresas para perdonar adeudos fiscales.

Se sabe que las condonaciones han sido una característica del sistema impositivo mexicano desde hace muchos años. Centenares de miles de millones se dispensaron sólo en los últimos dos sexenios mediante autorizaciones legales difusas aprobadas por el Congreso y aplicadas muy concretamente por los sucesivos gobiernos.

La condonación se aplica sobre adeudos, es decir, impuestos ya generados pero todavía no pagados. Es un perdón de pago que en los hechos produce una transferencia de recursos públicos al causante incumplido.

Ahora se está diciendo en el Senado que hay que prever excepciones en el mismo texto constitucional, tales como condonar impuestos en casos de catástrofes naturales o a favor de «grupos vulnerables». Pero eso sería una forma de justificar de alguna manera lo que antes se hizo.

Para auxiliar en casos de catástrofes naturales o ante cualquiera otra situación de emergencia económica en alguna región o actividad se pueden conceder estímulos fiscales a del momento de la crisis, pero la condonación no es sobre los impuestos en curso sino sobre los adeudos.

Para ponerlo de otra manera: llega un huracán devastador y el gobierno perdona los adeudos fiscales, de tal forma que sólo gana el que debe, el incumplido, mientras quien está al corriente en el pago de sus impuestos sigue igual. ¿Qué clase de propuesta es esa?

Lo de las catástrofes viene a ser un nuevo cuento para mantener las condonaciones que siempre fueron actos de gobierno sin justificación.

La flexibilidad fiscal no debe incluir la condonación porque la inmensa mayoría de los causantes, empezando por los asalariados, jamás podrán ser beneficiados. Condonar es nulificar un adeudo que puede tener años. Es una amnistía fiscal para unos pocos contribuyentes, los incumplidos.

El texto aprobado en la Cámara de Diputados es escueto porque de otra manera se podría caer otra vez en lo que ya vivimos. El PRI había propuesto un enredado mecanismo para que el presidente de la República pudiera condonar en ciertas situaciones, a juicio de él mismo, bajo condición de que fuera «transparente», es decir, que se hiciera lo que nunca realizaron los priistas y panistas en el gobierno. Ese fue un intento de justificar las negras condonaciones del sexenio pasado, las cuales, con su parcial publicación, han provocado indignación en la ciudadanía, excepto, claro, en los líderes políticos de los partidos condonantes.

El secreto fiscal no aplica para los contribuyentes cautivos, pues sus enteros al fisco los hace el patrón, es decir, los conoce una persona diferente del trabajador. La secrecía es para quienes hacen declaraciones fiscales, los mismos que pueden recibir condonaciones, además de montones de estímulos, desgravaciones, perdones de multas y otras muchas prestaciones que abultan la lista de gastos fiscales. Lo peor es que al recibir esas oscuras recompensas se obtienen amparos de jueces que dicen proteger un secreto que en realidad es de clase, ya que no es de todos y para todos, sino que es usado para ocultar abusos de unos cuantos que esquilman las finanzas públicas.

La prohibición de las condonaciones fiscales en el artículo 28 de la Constitución debe ser sencilla, directa, efectiva y sin enredos, tal como se aprobó en la Cámara de Diputados.

Crisis fiscal mexicana

Los ingresos tributarios federales ascienden a 13.3% del PIB. Son de los menores del mundo. Se trata de un problema creado durante tres décadas. ¿Cómo hacer frente en el corto plazo a la precariedad de los ingresos? ¿Cómo iniciar el camino hacia la superación de tan grave escasez de recursos públicos?

El nuevo gobierno optó por mantener las tasas impositivas, no recortar gastos fiscales y detener el tobogán del endeudamiento. Esta decisión ha sido criticada desde algunos medios académicos y políticos, pues el país, en efecto, requiere un plan para remontar su gran deficiente fiscal. La respuesta gubernamental consiste en que es preciso ahora elevar la eficiencia recaudatoria, no sólo para medir el grado de descuido y corrupción que prevaleció, sino principalmente para elevar el ingreso público sin nuevas tasas impositivas. Y, en efecto, en los primeros 9 meses del año se ha elevado la masa recaudatoria de algunos conceptos fiscales, pero el porcentaje del PIB que se captará en 2020 seguirá siendo el mismo 13.3.

El problema es aún más serio en tanto que para detener el crecimiento del endeudamiento público se sigue recurriendo al llamado superávit primario, lo cual quiere decir que el gobierno devuelve a la sociedad menos de lo que recoge de ella. Este mecanismo es una respuesta de emergencia a una deuda pública que se acercaba a la mitad del PIB anual y podía poner en peligro la relativa estabilidad de las tasas de interés y, en el extremo, parte de la reserva internacional del país.

En el marco de una estabilidad cambiaria y de la reducción del rédito fuera de México, se han realizado operaciones de conversión de deuda pública, a partir de lo cual se reducirá el superávit primario, desde un punto del PIB a 0.75, lo cual permitirá aprovechar algo más de los recursos ingresados.

El gobierno ha impulsado programas sociales y de inversión que requieren ingentes recursos fiscales. La solución que se ha dado hasta ahora es la disminución de gastos de operación de los ramos administrativos y la terminación del sistema de pulverización presupuestal, el cual operó como base de la corrupción. Hasta ahora, han marchado los principales programas sociales nuevos, en los que se reconocen derechos sin condiciones políticas, pero la plataforma de gasto social apenas está empezando.

Cuando se cuenta con recursos fiscales  muy escasos, es demasiado complicado mejorar en algo la redistribución del ingreso a través del gasto público. No obstante, se ha demostrado que, aún así, es posible. El combate a la corrupción y al dispendio está dando resultados.

Sin embargo, el gran problema de la cuantía del gasto no sólo afecta los mecanismos redistributivos sino la inversión productiva del Estado que siempre ha sido clave para el crecimiento de la economía. Es justamente en este plano donde el proyecto de ingreso-gasto para 2020 expresa más claramente el inicuo retraso estructural de las finanzas públicas.

Hacia 2021 se tendrá que dar un cambio en materia fiscal. Ya no se podrá confiar tanto en seguir mejorando la recaudación dentro del mismo marco legislativo, reducir la corrupción y atacar el dispendio porque todo esto ya habrá dado de sí. Se deberá ir a una reforma fiscal sobre la base de proporcionalidad y justicia.

Es de esperarse que los grupos que se vean afectados por ese cambio se ubicarán en una militancia política en contra del gobierno, pero eso siempre se ha sabido. Aunque la situación política se vea afectada, de cualquier forma ya no debería considerarse argumento circunstancial alguno para diferir más el fortalecimiento de las finanzas públicas.

Superar por entero la crisis fiscal mexicana es vital para sustentar la nueva orientación política alejada del cartabón neoliberal que justamente nos condujo a la misma.

Gasolinazos: ¿oferta y demanda o mentiras repetidas?

 

Se dice que desde hace un año los precios de las gasolinas están determinados por la oferta y la demanda, más aún cuando desde el 30 de noviembre de 2017 tales precios ya son «libres». En realidad esa afirmación es un engaño. Esos precios están controlados por el gobierno a través de un gravamen móvil, según el cual, cuando suben o bajan «demasiado», la autoridad hacendaria puede modificar cada mes la tasa del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), sin consultar con el Congreso.

El punto que el gobierno defiende es dejar que las gasolinas suban de precio para que el gobierno alcance unos ingresos complementarios, aunque lleguen a estar más caras que en los otros lados de nuestras fronteras, tal como está ocurriendo. El sistema fiscal se convierte así en factor directo de encarecimiento, lo cual resulta al final más oneroso que cobrar unas tasas fijas y moderadas.

Veamos. El gobierno genera primero un subsidio virtual a través de una alta tasa impositiva que no se recauda efectivamente en su totalidad. Luego, denuncia la existencia de 200 mil millones de pesos anuales de dicho subsidio, suficientes para sufragar anualmente 20 universidades públicas, las cuales, sin embargo, siguen sin existir. En consecuencia y para aumentar por esa vía los ingresos («no se aumentarán impuestos», ha dicho la actual administración), se eleva la tasa real de IEPS y se cobra de manera regulada, en prevención de un disparo en los precios internos con motivo de la participación de las compañías importadoras y distribuidoras de gasolinas que están arribando al país.

Pero, ¿para qué querría México tener unas empresas privadas de gasolina? La respuesta es simple aunque contradictoria. El país ha tenido el crudo y ha podido producir los refinados, sin embargo, la reforma energética tiene como propósito rematar la riqueza nacional de hidrocarburos y, también, dejar de producir gasolinas con el argumento de que así serán más baratas y sin «subsidios». El problema es que México no se va a beneficiar en el balance final sino que serán las empresas privadas, en su mayoría extranjeras, las cuales importarán el combustible. Todo esto no es más que un negocio promovido y protegido.

La reforma energética es también una derivación del dogma que sostiene que el Estado no debe hacerse cargo de la producción ni de la distribución de bienes y servicios. Por tanto, en la concepción del neoliberalismo en boga desde hace 30 años, la existencia de Pemex y la CFE habría sido un error histórico.

El resultado de la privatización no es sólo lograr que la oferta y la demanda se conviertan en cobertura de un emporio abigarrado de intereses particulares, sino que todo control de precios se efectúe en el marco de negocios privados, pero exclusivamente por cuenta de ingresos públicos. Es lo de siempre, las ganancias se privatizan, las pérdidas se socializan. Ahora tenemos tasas impositivas indexadas a las utilidades de unas cuantas empresas.

Además, el país deja de desarrollar su propia ingeniería para resolver problemas que van a seguir presentes durante varias décadas. Por desgracia, las gasolinas no serán sustituidas del todo dentro de diez o veinte años y, cuando por fin ocurra, la petroquímica seguirá siendo una de las bases industriales de cualquier país.

La oferta y demanda «internacional» no es lo que opera para la fijación de los precios internos de las gasolinas sino el nivel del IEPS petrolero, es decir, tenemos que, en los hechos, un duplicado gravamen al consumo se ha convertido en un renglón privilegiado de ingresos públicos.

Algo peor ha ocurrido con la súbita revolución del precio del gas doméstico, bajo la «desrregulación» del gobierno, pues su monstruoso aumento golpea en forma fuerte y súbita la economía de las familias pobres. Mejor sería abaratar ese gas produciendo más dentro del país.

Ahora bien, la inflación está entrando en una espiral por dos factores directos y un resultado esperado. El primero es la política de aumento de precios de bienes y servicios del sector público, la cual no se quiere revisar. El segundo consiste en que en el pasado reciente se incrementó la deuda pública por encima de la capacidad de pago, debido a que la economía creció muy poco; ahora viene la resaca que consiste en el superávit primario que le quita recursos a lo importante para lanzarlos a la esfera de la especulación financiera, es decir, sin que sean devueltos a la sociedad.

El resultado esperado consistió en la depreciación del peso con la consecuente subida de la tasa de interés como medio para prevenir la exportación de capital-dinero. No obstante, el aumento del rédito opera a favor de la inflación y, con ello, se volatiliza uno de los efectos deseados del aumento original de la tasa de interés que consiste en estabilizar el peso. Como la depreciación de la moneda está casi siempre a la puerta y, de la mano, el rédito se ha triplicado, entonces muchos precios tienden con frecuencia a subir.

En conclusión, al margen de las inicuas mentiras neoliberales, hay que cambiar la política económica, fortalecer la inversión productiva, aumentar los ingresos bajos, producir en suficiencia alimentos básicos, controlar bien los precios al público de los hidrocarburos, asumir la conducción e impulso del sector de la energía, modificar el sistema de financiamiento del Estado, administrar mejor y dejar de despilfarrar ingresos públicos, reimpulsar la política social y promover desde el Estado el crecimiento de la economía.

No sería la gran cosa, pero todo eso ya es una urgencia nacional.

La crisis está llegando

Con una total espontaneidad, el presidente del 12% de preferencias nos ha dicho que vivimos un momento de «desafío económico». Bueno, para algunos no estaría mal esa respuesta considerando la capacidad explicativa de Peña Nieto, pero todo país tiene siempre desafíos, especialmente en el terreno económico. Así que nos hemos quedado en las mismas.

El tema es si México está a las puertas de una nueva crisis económica o logrará sortear la recesión que ya se advierte.

Creo que estamos viendo cómo se acerca la recesión. No se trata de una «incertidumbre por lo que va a pasar con Estados Unidos», como ha dicho Peña. Para nuestro infortunio, la devaluación del peso lleva los 4 años de su presidencia mientras que la recesión industrial arrancó el año pasado, antes de la elección de Donald Trump.

El presidente mexicano no tiene temor a que lo desmientan. Con frecuencia hace afirmaciones con inexactitud o franca falsificación de hechos. Así, el incremento en las afiliaciones al IMSS en los dos últimos años no se ha debido, en su mayoría, a «empleos nuevos», como él afirma, sino a empleos ya existentes incorporados al régimen de seguridad social por la vía de una reforma fiscal que abarcó a una gran parte del sector informal tradicional del país. Lo que hemos visto es una formalización del empleo inducida mediante el mecanismo fiscal. Ese es un asunto que llevaba años discutiéndose (más bien comentándose) en el Congreso hasta que, mediante un acuerdo entre Videgaray y el PRD se produjo la reproducción de los peces o de los panes, es decir, que se pudieron medir muchos empleos antes informales pero verdaderos.

Tenemos en realidad una disminución evidente del ritmo de crecimiento y en la industria se reporta ya un decrecimiento. Esto quiere decir que si no se produce un repunte, el país llegará muy pronto a la recesión. Esa será la crisis cierta aunque Peña siga hablando de «incertidumbre».

El gobierno ha cometido errores. Al aumentar la recaudación por efecto de la reforma fiscal, también se decidió incrementar el déficit del sector público. Pero el destino de los nuevos ingresos no fue el adecuado, es decir, el impulso a proyectos productivos, sino que el gobierno se gastó gran parte de ese dinero en esto y lo otro, o sea, en satisfacer pendientes, otorgar prebendas, repartir dinero dentro del aparato gubernamental para utilizarlo en gasto político. No había un verdadero buen plan de inversiones. El país no reaccionó a esos cambios en la política de ingresos y prosiguió por la cuesta en la que ya venía.

El resultado de ese desastre fue que los requerimientos de la deuda rebasaron las mejorías en los ingresos públicos pues el déficit creció también en términos relativos. La aspirina para esta enfermedad se llama «superávit primario», es decir, regresar a la sociedad menos dinero de lo que se le quita por parte del fisco con el propósito de aminorar el incremento porcentual de la deuda.

Pero como la devaluación del peso continúa en gran medida por la situación de la deuda, la tasa de riesgo que demandan los inversionistas en bonos gubernamentales es cada vez mayor, lo cual, a su vez, ha orillado al Banco de México a elevar mucho su tasa de interés para bajar la presión sobre el mercado de cambios, pues la mayoría de quienes venden sus bonos compran dólares con destino a sus cuentas en el exterior. El Banco de México quiso antes regular ese mercado haciendo subastas pero la verdad es que ese mecanismo es poco útil cuando los inversionistas tocan retirada. México lo debería saber de sobra: «ya nos saquearon», dijo un presidente, «yo no sabía nada de los tesobonos», dijo otro. Las crisis de deuda en México han generado estropicios mayores: devaluación y recesión.

México (su gobierno) insiste en seguir jugando principalmente en el mercado abierto de los grandes inversionistas, depende de ellos y siempre será víctima de sus decisiones. Es preciso cambiar el esquema, recomprar bonos gubernamentales, fondearse en mecanismos de deuda institucional, abrir la participación popular en la deuda interna, etcétera. Si la economía no crece, la deuda enferma; si la economía decrece, la deuda aniquila. Podría México estar transitando de un escenario al otro.

Peña no ha querido hablar del repunte de la inflación. Cuando las presiones inflacionarias derivadas, entre otros factores, de la devaluación continua del peso, estaban llegado a su punto de impacto, se le ocurrió aumentar los precios de las gasolinas, recetarnos el gasolinazo: era un plan de Videgaray para cubrir deuda sacándole a la economía real muchos miles de millones adicionales. Ese combustible es ahora más caro en México que en Texas y, aun así, Peña insiste en que el aumento se debió al incremento del precio del petróleo. Ante el golpe, la protesta hizo que Peña suspendiera el segundo gasolinazo, pero el esquema sigue siendo el mismo.

La crisis está llegando.

Trump también es neoliberal

El nuevo presidente de Estados Unidos postula el mismo molde neoliberal ya conocido: mucho mercado, poco Estado. Lo que adereza Donald Trump es una lista de remedios y remiendos a las concesiones que se les han dado a los tibios defensores del Estado social y a algunas cláusulas del comercio libre que han afectado por temporadas tanto al mercado de trabajo industrial como a la masa de ganancia que paga impuestos en Estados Unidos. Por otro lado (eso sería un análisis aparte), Trump también es portavoz de críticas y censuras a la política exterior de Obama.

El golpe principal que Trump quiere dar consiste en bajar los impuestos a los ingresos medios y altos, aunque el esquema fiscal actual fue producto de una negociación de Obama con los republicanos, severamente criticada por Bernie Sanders en el Senado el 10 de diciembre de 2010, mediante una célebre intervención que duró 8 horas continuas.

Se supone que el planteamiento fiscal de Trump generaría una mayor inversión y, con ello, empleo y crecimiento. Lo que no admite el pequeño grupo de neoliberales reaccionarios del entorno del nuevo presidente es que eso provocaría aumento de la inflación, elevación del rédito y mayor déficit fiscal. En realidad, a diferencia de los países pobres, EU no tendría porqué crecer a tasas mayores sino mantenerse entre el 2 y el 3% al año, lo que sería razonablemente sano.

Veamos porqué. Estados Unidos está muy cerca de lo que se considera como pleno empleo. La masa de desocupados no podría reducirse mucho porque ya está compuesta en su mayor parte de personas que trabajan una parte del año o que no pueden o no quieren trabajar por muchos motivos; es una sobrepoblación flotante.

Si Trump consiguiera, como se espera, el apoyo de todo el Partido Republicano para llevar a cabo un gran sacrificio fiscal a costa, naturalmente, del gasto social, los recursos retenidos por los causantes no se trasladarían a la inversión productiva sino que terminarían sobrando, lo cual presionaría los precios a la alza.

Para dar consistencia a su lista de remiendos, Trump presiona para que las grandes compañías manufactureras, tanto estadunidenses como de otros países, que producen en parte para el gran mercado de Estados Unidos, mantengan un alto porcentaje de inversión dentro del territorio de dicho mercado doméstico. Trump dice que eso es para defender el empleo industrial que se ha ido pero, como hemos dicho, eso no es tan cierto en tanto que en este momento el país se acerca al pleno empleo agarrado de la gran palanca de los servicios (sector terciario).

Para Trump, el TLC (NAFTA) fue un gran error porque Estados Unidos perdió empleos en tanto que numerosas industrias se establecieron en México y varias compañías manufactureras de otros países se instalaron al sur para vender su producción en el norte a través de una «frontera desordenada». Eso tampoco es tan cierto porque la mayoría de «empleos perdidos» están en Oriente, en países con los cuales EU no ha tenido tratado arancelario.

Hay algunos neoliberales de ambos países que están de acuerdo con Trump cuando éste afirma que, en la negociación del TLC, los funcionarios mexicanos fueron muy listos y los estadunidenses muy tontos.Pero no se toma en cuenta la desindustrialización que sufrió México, la sustitución de producción interna por exportaciones, la renuncia al desarrollo de tecnología propia, así como varios desastres en el campo mexicano. Es verdad que la balanza comercial de México con Estados Unidos cambió de sentido, el déficit es ahora del vecino del norte, pero eso no significa un fortalecimiento del mercado interno mexicano ni un desarrollo industrial firmemente anclado en el país: no es la historia de Japón. México es «potencia» manufacturera principalmente como maquilador y ni siquiera ha logrado los progresos de otros países como los «emergentes» de Oriente: casi no hay nueva tecnología propia, como tampoco marcas mexicanas de máquinas ni de software. El verdadero dilema para México no era firmar o no un tratado con Estados Unidos y Canadá sino qué clase de acuerdo debía ser. Es evidente que no fue el mejor posible porque el gobierno mexicano (Salinas) había impuesto antes la apertura comercial unilateral para tratar de controlar la inflación: no tenía ya mucho que negociar.

Trump no está de acuerdo con el TLC porque él representa a los industriales estadunidenses que salieron perdiendo, a los fabricantes de «equipos de aire acondicionado», por repetir sus propias palabras. Sin embargo, presiona más por ahora a la industria automotriz porque ésta es más vulnerable y tiene empresas muy grandes. La amenaza propiamente arancelaria suena sin embargo irrisoria pues no existe en Estados Unidos alguna tasa de 35% para miembros de la Organización Mundial de Comercio, por lo que un nuevo impuesto de este tipo tendría que ser aplicado por EU prácticamente a todo el mundo. BMW, por ejemplo, podría exportar sus autos «mexicanos» de la misma forma que lo hace con los que envía desde Alemania y de igual manera reduciría costos. Lo que quiere Trump es obligar a México a renegociar el TLC, cambiar las reglas de origen y dar capacidad para introducir excepciones, así como revisar convenios sobre la no-doble tributación,  entre otros aspectos. Eso sería un esquema defensivo para Estados Unidos con el cual la economía más pequeña haría las concesiones más grandes: la misma historia.

El neoliberalismo no es la plataforma de la economía globalizada sino que asume a ésta como una gran obra del capital financiero internacional al cual expresa doctrinariamente. Los neoliberales pueden volver a los aranceles en determinado momento, tal como los han mantenido con muchas otras economías. Una mayoría británica despreció a Europa y logró el Brexit pero no ha denunciado al neoliberalismo. Si EU no se pone de acuerdo con la Unión Europea para un tratado es porque no han resuelto sus diferencias, como es obvio, y no porque se quiera obstruir el comercio en general. Hoy tenemos a unos neoliberales que critican la globalización en aspectos que les parecen menos ventajosos: son nacionalistas pero no han dejado ser imperialistas.

¿Hasta dónde irá Trump? Él no cuenta con un grupo político bien integrado y organizado. Llegará hasta donde lo dejen Wall Street y la cúpula política del Partido Republicano.

Canallada política

Lo que se acordó en Los Pinos no ha tenido ninguna importancia, pues la disminución del 10% a los sueldos de mandos superiores de la administración pública ya había sido anunciada en otro contexto. La imagen del CCE, la CTM y la CNC es un retro de una foto de familia de viejos tiempos. Nada más.

Lo que está empezando a suceder es la venta del kilogramo de tortillas a 15 pesos y una cascada de aumentos en alimentos que es imposible controlar por parte del gobierno, el cual afirma sin embargo que la subida de precios tendría que ser de uno por ciento en correspondencia al gasolinazo. Nadie aumenta precios sólo en ese porcentaje, pero, además, la causa es el acumulado del encarecimiento de los energéticos y, principalmente, del proceso devaluatorio que ya lleva 70% desde el inicio de la presente administración. No tendría el menor sentido hablar de quitar el subsidio (nunca demostrado con cuentas concretas) a las gasolinas para subsidiar directamente el transporte de personas y mercancías. El incremento del precio del combustible no puede dejar de repercutir en el esquema general de costos porque ya se hizo súbito y es mayor. El gobierno afirma que más de la mitad de la gasolina es consumida por el 10 por ciento de la población pero no es así con el diésel. Casi todo lo que se produce requiere ser llevado a otro lugar.

Se ha criticado al gobierno de Peña por no haber anunciado y explicado el gasolinazo con anticipación. Ese no fue su problema. Al contrario, tal conducta le permitió sorprender. Lo que le resulta contraproducente al gobierno es que sus argumentos son falsos. Cuando el crudo en el mundo pasó de 100 a 40 dólares por barril, la gasolina y el diésel en México no bajaron de precio. El combustible mexicano no se ha vendido por debajo de su costo de producción ni de su precio de adquisición mayorista en el extranjero, por tanto, el llamado subsidio es lo que deja de cobrar el gobierno de IEPS debido al carácter importado de la mayor parte de las gasolinas. El problema de fondo es la negativa, durante 30 años, de invertir en nuevas y modernas refinerías prefiriendo pagar impuestos en Estados Unidos antes que en México. Es un problema del modelo neoliberal que busca replegar al Estado y promover el llamado libre comercio, pero, en los hechos, se ha arrugado al país y se ha agotado el mercado interno. Además, no existe seguridad energética, la cual, entre tanto, Obama la restableció en Estados Unidos.

Lo que el gobierno de Peña está haciendo es aumentar ingresos públicos por la vía de ciertos precios, lo cual es una canallada política en cualquier parte del mundo. El dinero adicional procedente de las gasolinas será usado para dar cobertura al buscado superávit primario, es decir, cubrir con suficiencia relativa el costo financiero de la deuda, la cual se ha tornado excesiva pero por decisión del mismo gobierno quien la elevó demasiado no obstante el bajo crecimiento de la economía, que ha sido, a su vez, el mayor fracaso de la presente administración. Para el presente año, todo será peor: el PIB no llegará ni al uno por ciento de aumento. El país se encuentra ya virtualmente en recesión; todos lo sabemos excepto el gobierno que no quiere saberlo.

Peña-Meade-Videgaray buscan ahora estabilizar la deuda haciendo otra vez la peor cosa en el peor momento. El gobierno anticipa la búsqueda de dinero donde no lo hay, es decir, en el consumo interno de la mayoría, los bienes-salario, los cuales terminarán también aumentando de precio. La repercusión directa del encarecimiento de las gasolinas tendrá de seguro un costo mayor a los 200 mil millones de los que habla Peña en referencia al inexistente subsidio efectivo del combustible, pero ése lo pagarán principalmente quienes menos tienen, los consumidores de la mayor parte de los alimentos que se producen en el país y los usuarios del transporte público de automotores.

Es infamante decir que sin el gasolinazo habría que cerrar escuelas públicas (Nuño) o dejar de cubrir las pensiones y jubilaciones (Arriola). ¿Puede un gobierno cualquiera hacer eso? ¿De qué hablan los gobernantes mexicanos? Quien hace canalladas suele explicarlas con bajeza.

Del desmadre al enredo

El gobierno de Peña Nieto es un desmadre pero ahora se ha enredado, como era de esperarse. Ningún gobierno hubiera querido “liberar» el mercado de las gasolinas, dijo el Presidente, pero el mío lo tuvo que hacer, agregó, de tal forma que ese gobierno en realidad no lo es. El motivo es mantener la estabilidad económica del país, pero eso es justamente lo que está empeorando con la especulación del combustible. El principal elemento de la estabilidad son los precios, otros factores pueden tener importancia pero no tanta.

Peña Nieto no mencionó en su enredo discursivo que el impuesto IEPS no se paga en el extranjero sino sólo dentro del pais, pues no es un gravamen a la importación sino a la producción. Por eso se dice que existe un IEPS negativo, pero así será siempre que no haya suficiente gasolina producida dentro del país. A pesar de que el combustible no está comprendido en el TLC (NAFTA), su importación no ha estado gravada. Son otros impuestos los que operan en el mercado de la gasolina de importación, los cuales pueden armonizarse para lograr la estabilidad y sobre todo un precio congruente con la economía.

Pero el gobierno no sólo se niega a aceptar que la mejor forma de estabilizar fiscalmente a las gasolinas es produciéndolas en México, sino que también regula mal ya que los incrementos de precios fueron friamente calculados por las autoridades. Peña-Videgaray-Meade están en la necedad de que los importadores sean varios y se «supere» de tal manera el monopolio comercial de Pemex. Lo que en realidad se busca –lo hemos dicho desde hace tiempo– es acabar con esa empresa pública aunque tenga que ser poco a poco, para lo cual puede ser que les falte vida política a los privatizadores de la industria y los yacimientos. Ya se verá pronto.

El grupo que ostenta los cargos de gobierno hace las peores cosas en el peor momento. Esa debería ser una nueva definición de la palabra desmadre dentro del diccionario mexicano.

Justo cuando se firman concesiones a empresas extranjeras para explotar yacimientos de hidrocarburos le imponen al país un sobreprecio a las gasolinas, aunque éstas no tienen porqué ser más costosas en México que en Texas, lo cual es parte del enredo de Peña Nieto pues él no ha sido capaz de explicar cómo es que tal cosa puede ser posible.

Peña no ha podido decir en pocas ni en muchas palabras (en realidad no explicó nada) de qué manera se salvará el país pagando más por las gasolinas. Sólo dijo que el principal autor del gazolinazo, Luis Videgaray, será ahora secretario de Relaciones Exteriores, pero sin decir que esto se debe a su proximidad con parte del entorno político de Donald Trump, lo cual convierte la designación en algo dirigido a satisfacer a un gobierno extranjero.

Para desenredar la situación se requiere que el pueblo (concepto sociológico en desuso) le haga entender a Peña Nieto que no puede seguir haciendo lo que él no quiere hacer pero que ya hizo, es decir, elevar el precio de las gasolinas, menos aún cuando el incremento empezó hace 10 años y ya lllevamos 150%. Pues bien, como se ha colmado la paciencia de la gente, el gobierno debería detener el proceso de incorporación de las nuevas empresas o cambiar las reglas bajo las cuales han sido convocadas a concurrir en un mercado que empieza en el mayor desorden posible, es decir, con el aumento grosero de los precios.

Ya se han convocado manifestaciones populares. Lo que la situación requiere es que éstas se conviertan en algo permanente, es decir, en un movimiento con acciones pacíficas diarias, grandes y pequeñas, por todas partes. Un gran movimiento podría ubicar al gobierno en la circunstancia de detener su ofensiva de precios o irse. Estas cosas así se resuelven o no se resuelven. Esperemos que todo vaya bien y que si no cede el gobierno se establezca uno nuevo que sí sepa ceder. Sería lo mejor para México.

Disputa fiscal

La política de Fox y Calderón fue la misma que la de Zedillo: privilegios a los ricos, impuestos indirectos, retracción de la inversión pública, pésima administración de la renta petrolera y aumento de los gastos de operación del gobierno. Diez y ocho años son suficientes para demostrar que esa política es nacionalmente suicida.

Zedillo subió la tasa general del IVA a 15 por ciento, Fox propuso un nuevo impuesto a las compras finales que fue rechazado por el Congreso, Calderón buscó el IVA en alimentos y medicinas, pero se conformó con uno por ciento de aumento a la tasa general y la invención del IETU y de un inusitado impuesto al circulante.

Peña Nieto acarició la idea de generalizar el IVA y logró que su partido la aprobara, pero al final se desistió. ¿Por qué? Seguir en la línea trillada, inoperante y fracasada sólo hubiera tensado más las relaciones políticas. Pero, además, no se podía lograr el IVA en alimentos y, al mismo tiempo, atacar por el lado del impuesto sobre la renta de los mayores ingresos del país. La situación política no lo permitiría porque el gobierno no hubiera podido llegar a acuerdos con ninguna de las dos fuerzas políticas que son necesarias para obtener la mayoría legislativa.

Las opciones se encontraban como siempre en la larga lista de los llamados gastos fiscales. Había que palomear aquellos que podían incluirse en un proyecto de reformas y, al mismo tiempo, obtener la mayoría en el Congreso.

Fueron algunos de los agujeros en el renglón de renta los escogidos como principales: progresividad, consolidación fiscal, ganancias bursátiles, régimen agropecuario de las grandes empresas, deducciones fiscales y derechos sobre la minería, aunque también se debía dar respuesta al ya viejo problema de la tasa diferencial del IVA en las fronteras que nunca tuvo justificación, así como al fraude en la exención del IVA de maquiladoras. Los refrescos azucarados son una añadidura, aprovechada por el PRD para lograr un trato semejante a los alimentos chatarra. El gobierno sólo quería llevar la tasa máxima del ISR de 30 a 32 por ciento, pero el PRD exigió mayor progresividad, hasta 35 por ciento sobre los ingresos mayores de tres millones anuales: no hay “clase media” que gane tanto en ninguna parte del mundo, como lo suponen el PAN e inexplicablemente algunos legisladores del PRD.

Cuando el gobierno accedió a tachar un paquete de elementos colaterales, no tanto impugnados por el PAN, sino por el PRI y no pocos perredistas, tenía que negociar con el PRD. Claro que tales negociaciones tenían una base sólida: la mayoría de las propuestas coincidía textualmente con iniciativas presentadas por la izquierda. Y un asunto vital: rechazar un sistema fiscal diferente sobre nuevos proyectos petroleros, que era la preparación de la iniciativa energética de Peña. El punto que no se logró por parte del PRD fue crear una especie de IETU sólo para las mayores empresas del país, como impuesto de control que garantizara un mínimo de contribuciones efectivas con una tasa de cinco por ciento sobre ingresos. Ese partido intentó negociarlo, por el otro lado, con el PAN a cambio de olvidar por el momento la homologación del IVA fronterizo, pero ese partido no estaba dispuesto a dar el menor paso para cobrar impuesto sobre la renta a los consorcios cuando rechazaba la tasa máxima del ISR de 35 por ciento y otras cerraduras de agujeros históricos de tal gravamen.

En síntesis, el paquete impositivo aprobado por el Congreso proveerá más recursos públicos a costa, principalmente, de los ricos. Falta el desenlace de la otra disputa: la del gasto.