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La “chota” en las redes

En la iniciativa de Peña Nieto sobre telecomunicaciones sobresale un título denominado “colaboración con la justicia” que resulta ser en realidad de colaboración con el gobierno para intervenir toda clase de telecomunicaciones y también bloquearlas.

Este es un viejo debate, actualizado a propósito de las revelaciones de Snowden que han provocado un gran escándalo mundial. El Congreso mexicano se ha ocupado del tema en otras ocasiones con mala fortuna. En esta ocasión las cosas podrían empeorar en lugar de que la ley fuera una expresión cabal de los derechos constitucionales.

La irrupción de la autoridad en las comunicaciones privadas puede ser usada para cualquier propósito, incluyendo la reventa de la información. Así, el primer problema es cuándo se justifica. El segundo, quiénes la pueden autorizar y realizar. El tercero tiene que ver con su utilización ulterior. Si se trata de perseguir delitos y no otras cosas, es evidente que sólo puede tener justificación cuando se ordene por autoridad que tuviera a su cargo una formal investigación y permitida por un juez en concordancia con la Constitución y la ley, pues de otra manera no podría tener validez en un proceso penal y sólo serviría para espiar a las personas. Además, se trataría solamente de determinados delitos en curso de investigación. Esto abarca los tres problemas planteados.

Sin embargo, el Ejecutivo propone que cualquier autoridad de procuración de justicia y otros servidores públicos a quienes se les deleguen facultades puedan realizar las intervenciones sin orden judicial alguna, a pesar de que ya existen los llamados jueces de control que, se supone, deben servir entre otras cosas para eso. Además, el gobierno quiere obligar a los concesionarios a realizar la geolocalización  por instrucciones de “las instancias de seguridad” y de quienes tengan delegada “esta facultad” para “el ejercicio de sus atribuciones propias de producción de inteligencia”. Como se puede observar, aquí cabe todo, en cualquier momento y con cualquier objeto. El gobierno de Estados Unidos realiza vigilancia de inteligencia contra el terrorismo pero en realidad espía a todo mundo en todo el mundo incluyendo a sus mejores amigos.

Los concesionarios, además, deberán “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos ylugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”. Con este precepto se podrían bloquear las señales en ciudades enteras por orden de la autoridad, eso sí muy “competente”. Sin embargo, la Constitución dice que las telecomunicaciones son “servicios públicos de interés general” y que el Estado debe garantizar que sean prestados en condiciones de cobertura universal, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

Las regulaciones que tienen que ver con las interferencias y la geolocalización deberían estar en otra ley en la que se abordara el asunto en su conjunto sin llevar al Ifetel a ese terreno que no es el suyo. Bajo esa óptica, las autorizaciones serían otorgadas por un juez, quizá con la excepción de los secuestros y las persecuciones de personas sorprendidas en flagrancia de ciertos delitos en que se requeriría sólo la orden provisional de un procurador. Sin embargo, el gobierno está confiado en que el Congreso se deje llevar por el pánico provocado por la persistente crisis de violencia delincuencial. De ser así, se daría un paso más hacia el Estado policía: ningún país mejora de esa manera.