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Francia: anacronismo político

 

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha pasado de tener una mayoría relativa de 32 por ciento de los votantes, el 23 de abril de este año, a contar con el 63% de los escaños de la Asamblea Nacional, el 18 de junio, es decir, en menos de dos meses duplicó artificialmente su representación. La candidata contra quien compitió Macron en segunda vuelta, Marine Le Pen (Frente Nacional), cuenta con 8 escaños, el 1.39 por ciento de la representación nacional, sin derecho a tener grupo parlamentario.

Esta operación política se ha llevado a cabo dentro de un sistema de elección a dos vueltas de todos los cargos y la ausencia de mecanismos de representación proporcional en el parlamento.

Toda la derecha, excluyendo la “extrema” de Le Pen, cuenta con el 87%, pero no de los votos, sino de los escaños. ¿Dónde quedó la oposición? En una izquierda reducida a 69 lugares, 42 del Partido Socialista y 27 de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélechon, el 12% de bancas entre ambos, lo que se aleja mucho de la suma de sus respectivos porcentajes verdaderos de más del 25. Por otro lado, el viejo partido de De Gaulle, Los Republicanos, que había obtenido casi el mismo número de votos que Mélechon en la primera vuelta presidencial, ha logrado sobreponerse como por milagro en la elección legislativa de segunda vuelta, con 135 diputados, el 24% de la Asamblea. Esto le ha permitido darse el lujo de dividirse en dos grupos parlamentarios con diferencias de grado sobre el apoyo al gobierno de Macron.

El abismo entre el voto popular y la fuerza política institucional es el resultado de un sistema apartado de principios democráticos básicos; el primero de ellos, cada ciudadano y ciudadana es un voto; el segundo, todas y todos los votantes deben estar representados.

Al alejarse de la democracia política, el sistema francés bosqueja una aversión a lo podría denominarse “democracia social”, o democracia a secas, en la que los intereses de quienes viven de su propio trabajo –la inmensa mayoría de la sociedad– tuvieran preeminencia en la acción del Estado, pues ellos lo sostienen todo.

Se postula, sin embargo, que el sistema francés es magnífico porque promueve la “gobernabilidad”, pero ésta es ahora gestionada por la minoría porque un partido del 32% tiene todo el control institucional, mientras millones se han quedado sin representación política. Al final, los votos de Macron valieron el doble que los demás votos.

Por más que el nuevo partido presidencial, La República en Marcha y su aliado MoDem, tengan un inmenso respaldo parlamentario (falta la elección del Senado), las contestaciones al programa de derecha van a expresarse desde la calle. Como los diputados y diputadas opositores son muy escasos, habrá de ser la gente con la que el nuevo presidente deberá encararse.

La abstención en la segunda vuelta legislativa ha subido hasta el 57%, la más alta en la historia de la V República, pero ya los analistas a modo han dicho que se debe a una “fatiga electoral” de cuatro comicios al hilo. En realidad, el fenómeno tiene otra causa. La mayoría de los partidos franceses ya había sido eliminada de la segunda vuelta en muchos distritos, donde sus seguidores no tenían opción. ¿Para qué votar? ¿Qué diferencia habría entre el nuevo partido de Emmanuel Macron y los viejos republicanos de Nicolas Sarkozy y Françoise Fillon, entre los que estaba la disputa en segunda vuelta en la mayoría de los distritos? Era la misma sopa aunque con diferente aspecto.

La derecha (sin Le Pen) se ha vuelto una especie de majestad en Francia: tiene cuatro quintas partes de la Asamblea Nacional. Habrá que ver lo que opinan los que no se encuentran representados sólo por obra del anacrónico sistema político de la “democracia avanzada” francesa.

Ese mismo sistema lo quieren para México.

Peña Nieto se vuelve a equivocar con Trump y el muro

 

La tesis enunciada por Luis Videgaray, en Madrid, sobre lo que él denominó “pleno derecho soberano de Estados Unidos para proteger sus fronteras” mediante la conclusión del muro fronterizo, es otro error del gobierno de Peña Nieto. La soberanía de los países tiene límites. Existen normas y principios de convivencia internacional, en especial cuando hay vecindad territorial. El muro es en sí mismo una agresión contra México.

Si el gobierno de Peña está pensando que es conveniente separar el tema del muro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pierde el tiempo y comete de nuevo un error. Una cosa y la otra forman parte del mismo problema: la imposición por parte de Donald Trump de nuevas bases de relación con México.

Si el gobierno de Peña está pensando en que hay que hacer mutis en el tema del muro porque éste no va a ser costeado por el Congreso estadunidense, se vuelve a equivocar porque hay fondos anuales autorizados para la frontera y el punto sería sólo el tiempo que demore la realización completa de la gran obra.

Si el gobierno de Peña está suponiendo que puede lograr bajar el nivel de xenofobia de la Casa Blanca contra los mexicanos y los centroamericanos sólo con poner buena cara, se está engañando a sí mismo. El rechazo a esos “hispanos” del sur tiene su base en la forma en que se analiza la economía por parte de ese hostil segmento de la derecha estadunidense.

Si el gobierno de Peña considera que puede unir a las fuerzas políticas de México bajo la tesis de presentar el muro como un acto soberano de Estados Unidos, en el marco de una dizque no intervención en asuntos internos de otros países, está en un error porque no se trata tan sólo de un problema político de los estadunidenses sino del intento de escindir una vecindad geográfica compartida que se ha convertido en algo social y nacional a través de poco más de siglo y medio, desde que los territorios del extremo norte le fueron amputados al Estado mexicano.

Si Peña está suponiendo que todos sus subordinados van a estar de acuerdo con el mutismo político que anuncia el secretario de Relaciones Exteriores sobre el tema del muro, se equivoca de nuevo porque éste tomará más fuerza y generará mayor rechazo en tanto que, al paso del tiempo, Trump, u otro, insista en sus planes.

Peña se equivoca al suponer con ingenuidad o falta de información que en Estados Unidos solo Trump quiere el muro. Hay millones que lo quieren, esa es la verdad que no se reconoce a las claras. El principal inconveniente es su financiamiento frente a su posible utilidad, por eso Trump inventó aquello de que México tendría que pagar y de esa forma logró una gran adhesión. El tema del muro ha estado presente por décadas en la política estadunidense y seguirá con Trump y sin éste. Pero, al mismo tiempo, permanecerá vigente como problema dentro de México: es un asunto de la relación entre ambos países, por tanto, obviamente, es un tema mexicano, aunque lo intente negar Videgaray.

El Congreso, en especial el Senado, que tiene facultades directas y expresas, debe deshacer la tesis de Enrique Peña Nieto sobre el muro “soberano” de Estados Unidos. He aquí una tarea nacional.

Unidad de acción o uniformidad

Los insistentes llamados a la unidad que Peña Nieto lanza al aire casi todos los días están cayendo en el vacío, incluyendo sus persistentes espots inenarrables. Es evidente que el país requiere en este momento un acuerdo básico frente al gobierno de Estados Unidos que abarque a todas las fuerzas e instituciones, pero ése es justamente el que no está siendo confeccionado por la Presidencia de la República.

La primera frase de cada llamado de Peña es que no se trata de algo partidista. Lo dice como si los acuerdos entre partidos fueran segregadores, pecaminosos y sucios por definición aunque Peña es el líder de un partido y así lo mira el país entero. Es cierto que en México los tratos donde se incluye al PRI siempre terminan en la violación cuando no en la traición, pero no parece viable que en un acuerdo nacional no estén los partidos y, con ellos, el Congreso, los gobiernos y parlamentos locales, los ayuntamientos, etcétera. Así que ahora, cuando el país requiere un convenio básico frente a la política de Donald Trump, es contradictorio que el presidente mexicano hable de un entendimiento sin el concurso de los otros partidos.

La evidencia de lo anterior es que Peña no ha llamado a consultas a los líderes partidarios. Lo que hizo fue encargarle al cabecilla del PRI, el señor Ochoa, que convocara a los dirigentes de todos los partidos. Claro que sólo sus aliados de bolsillo acudieron a la cita. Así no debería trabajar un presidente que quiere ser líder después de cuatro años de no poder serlo.

Hay una gran diferencia entre la unidad de acción que requiere la embestida de Trump y la uniformidad que se exige desde Los Pinos. El primer punto de un acuerdo verdadero tendría que ser la sinceridad pero Peña ha estado mintiendo recientemente en asuntos importantes. Negó categóricamente que Trump le hubiera mencionado que la autoridad mexicana no puede con la delincuencia organizada y necesita la participación estadunidense, tal como había sido filtrado por la Casa Blanca. Luego mandó decir que no graba las conversaciones telefónicas con otros jefes de Estado o de gobierno, lo cual no se lo cree nadie. Y si así fuera, tendríamos algo peor: la estupidez de un gobernante que no lleva registro de sus relaciones personales del más alto nivel. Después ordenó declarar que el gobierno mexicano iba a indagar acerca de la filtración de la llamada telefónica, lo cual es ridículo por imposible. Antes, Peña había dicho que el tema del muro ya no sería tratado en público por ambos presidentes, lo cual no fue desmentido por el vocero de la Casa Blanca, pero Trump sigue haciendo propaganda de su proyecto mientras Peña evade el debate directo. El presidente de EU así seguirá porque está en una lucha. ¿El presidente de México también está luchando? En Los Pinos nadie entiende que muchas cosas han cambiado y que hace falta otra política.

Peña asiste con frecuencia a actos y ceremonias de otros. Él casi no convoca a reuniones, mucho menos a actos multitudinarios, como podría hacerlo un líder político cuyo país está siendo agobiado por el gobierno de Estados Unidos. Lo que dice todos los días es que la unidad no sería alrededor suyo sino de México, pero no aclara que sí pretende establecer el marco de esa unidad, es decir, aspira a la uniformidad, la cual consistiría en que no se criticara al gobierno para no debilitarlo ante el de EU, lo que resulta imposible.

Tampoco es viable tal unidad de acción si no hay acuerdo sobre qué cosa se tiene que hacer. El gobierno ha convocado a cúpulas empresariales y sindicales a consultas sobre posibles reformas del TLC, pero ese no es un tema que sólo interese a tan distinguidas personas. Es un asunto de todo el país y, en el nivel institucional, del Senado de la República. Aquel cuarto de al lado oficial no será de seguro un medio para lograr la unidad sino para promover disidencias.

Si Peña quiere seguir tratando asuntos nacionales en cuartos cerrados con los miembros del gobierno de Trump y con éste mismo sin ser sincero con su propio país, lo que va a lograr es que su 12% de aceptación siga bajando. A ningún mexicano, por más odiosos que considere que son sus gobernantes, le ha de gustar que los ninguneen o se burlen de ellos los representantes de otro país, peor aún cuando ése es Estados Unidos con quien existen muy viejas rencillas y una vecindad no siempre amistosa.

Si no se abre por completo el ostión para que todos sigamos con exactitud y verdad el estado de la relación entre ambos gobiernos y el debate sobre qué hacer a cada paso, México se dividirá más en lugar de unirse en una acción defensiva frente a la arremetida de Donald Trump. El gobierno de Peña Nieto tiene en sus manos la decisión.

Cobro del botín

Si no quieres pagar ni vengas a Washington, en pocas palabras fue lo que le dijo Donald Trump a Enrique Peña Nieto temprano de mañana el jueves 26 de enero, a través de un twitt, luego de lo cual el presidente de México envió a la Casa Blanca un mensaje formal, anunciado en otro twitt, cancelando la entrevista que había sido fijada para el próximo 31 de enero. No es mentira que Trump sea un patán, además de otras muchas cosas.

Según Trump, a partir del inicio de las obras tendientes a completar el muro fronterizo sur de Estados Unidos, México se convierte en deudor de los gastos, es decir, se trata de un empréstito forzado para cubrir el costo de la obra o del reclamo de una indemnización por algún daño o perjuicio. Aquí no hay ley alguna.

En su twitt, Trump escribió una primera frase en la que afirma que EU tiene un déficit comercial con México de 60 mil millones de dólares, que el TLC ha sido unilateral desde el principio y habla de “empleos y compañías perdidos”. A partir de estas ideas añade que si México no admite pagar sería mejor cancelar la reunión. Es evidentemente una respuesta al mensaje de Peña de la noche anterior la cual había sido, a su vez, una respuesta a la firma de la orden ejecutiva de construir el muro.

Así, por vez primera, Trump se refiere a lo que eventualmente sería la base de la indemnización reclamada: el déficit estadunidense con México. El nuevo presidente podría estar pensando que los 15 mil millones requeridos para apuntalar y terminar de construir el muro ya existente no son gran cosa comparados con el déficit comercial.

Trump sabe de sobra, sin embargo, que ese superávit comercial mexicano no es propiedad pública y gran parte se compone de las ganancias de compañías estadunidenses que aprovechan las ventajas competitivas de operar en México.

El vocero de la Casa Blanca ha dicho ya que el muro se pagará con un arancel de 20% sobre las importaciones procedentes de México. Eso sería mucho más dinero, en un solo año,  que el costo del muro, pero tampoco lo podría hacer legalmente Estados Unidos pues ambos países, aún sin TLC, seguirían siendo miembros de la Organización Mundial de Comercio bajo la norma de que los aranceles son iguales para todos. Sin embargo,  por lo pronto, los líderes republicanos en el Congreso ya dijeron que aprobarán el gasto con base en la “Ley barda segura” de 2006, aún vigente, que fue aprobada por congresistas de ambos partidos, entre ellos Barak Obama y Hillary Clinton.

En las guerras, los estados vencedores solían fijar y cobrar gastos de guerra a los vencidos. Pero aquí no se ha producido conflicto armado alguno. Al respecto, podría recordarse que la línea fronteriza actual entre los dos países fue trazada por Estados Unidos después de una guerra de expansión territorial. Es decir, la border es suya en todos sentidos. Es irónico exigirle ahora a México que pague el costo de la muralla de separación con el territorio que le fue expoliado.

El planteamiento de Trump es falso porque el muro en sí mismo no afectaría el comercio entre los dos países. El muro es absolutamente independiente del déficit comercial estadunidense, tanto del actual como del que llegue a tener en el futuro. No obstante, si México fuera unilateralmente “expulsado” de la OMC por parte de Estados Unidos y este país le impusiera la tarifa arancelaria del 20% ya anunciado por un tal Spicer en nombre de Trump, entonces no se resolvería ni lo del muro ni lo del TLC sino que se iniciaría una subversión del comercio mundial, una guerra arancelaria que sería la más estúpida (por sus motivaciones, en este caso el muro) de cuantas ha conocido el capitalismo.

Tampoco serviría el muro para detener el tráfico de drogas hacia el norte como ya se ha visto.

Las armas procedentes del norte pasan por los puestos fronterizos mientras que los terroristas procedentes del extranjero ingresan de cualquier manera.

Finalmente, Trump dice que el muro protegería a México de los emigrantes centroamericanos, pero esos no quieren venir sino ir a Estados Unidos, es decir, según Trump, dejarían de llegar millones de personas procedentes de Centroamérica. Ya se sabe que la emigración de mexicanos sin visa ha ido en descenso y que el número de deportaciones ha ido en aumento: Obama deportó más de dos millones de mexicanos en mandato y el año pasado fueron más de 200 mil. Mas también se sabe que los turistas mexicanos gastan en Estados Unidos 20 mil millones de dólares cada año, casi lo mismo que el monto de las remesas de trabajadores mexicanos.

El muro es una estupidez si se le analiza desde el lado de lo que afirman sus autores, los de antes y los de ahora. Pero no lo es desde el ángulo de la xenofobia. En realidad, quieren convertir la línea divisoria en una muralla que señale con absoluta claridad que detrás de ella hay una autoridad que odia recibir a cierto tipo de personas. Los mexicanos y los centroamericanos están entre los más indeseables para gente como Trump, según hemos podido advertir. Esto no es nuevo pero no se había expresado tan claramente desde la Casa Blanca.

Así que el “derecho de cobro” es producto de la xenofobia aunque se exprese ridículamente en un lenguaje comercial de parte de un comerciante que da órdenes ejecutivas. Con el cobro, se le dice a México: tú eres el culpable del repudiable asedio sobre mi frontera por lo cual tú mismo pagarás el costo de la muralla.

Mas Trump quiere hacer también unos muros internos: ha ordenado que la autoridad federal organice a los vecinos de ciertos barrios para denunciar a los indocumentados y poder arrestarlos en sus viviendas. Ha penalizado a las ciudades y pueblos “santuarios” cuyas autoridades no entregan a los indocumentados a la Migra, la cual será también fortalecida en la frontera y tendrá capacidad para albergar a muchos más que los 40 mil detenidos que ahora retiene simultáneamente en vía de deportación.

Mientras, estamos esperando que Mr. Trump firme otro papel para dar inicio al procedimiento de denuncia del “unilateral” (one-sided) TLC (NAFTA) que abarcaría seis meses de negociaciones, reales o supuestas, según el clausulado vigente.

Trump también es neoliberal

El nuevo presidente de Estados Unidos postula el mismo molde neoliberal ya conocido: mucho mercado, poco Estado. Lo que adereza Donald Trump es una lista de remedios y remiendos a las concesiones que se les han dado a los tibios defensores del Estado social y a algunas cláusulas del comercio libre que han afectado por temporadas tanto al mercado de trabajo industrial como a la masa de ganancia que paga impuestos en Estados Unidos. Por otro lado (eso sería un análisis aparte), Trump también es portavoz de críticas y censuras a la política exterior de Obama.

El golpe principal que Trump quiere dar consiste en bajar los impuestos a los ingresos medios y altos, aunque el esquema fiscal actual fue producto de una negociación de Obama con los republicanos, severamente criticada por Bernie Sanders en el Senado el 10 de diciembre de 2010, mediante una célebre intervención que duró 8 horas continuas.

Se supone que el planteamiento fiscal de Trump generaría una mayor inversión y, con ello, empleo y crecimiento. Lo que no admite el pequeño grupo de neoliberales reaccionarios del entorno del nuevo presidente es que eso provocaría aumento de la inflación, elevación del rédito y mayor déficit fiscal. En realidad, a diferencia de los países pobres, EU no tendría porqué crecer a tasas mayores sino mantenerse entre el 2 y el 3% al año, lo que sería razonablemente sano.

Veamos porqué. Estados Unidos está muy cerca de lo que se considera como pleno empleo. La masa de desocupados no podría reducirse mucho porque ya está compuesta en su mayor parte de personas que trabajan una parte del año o que no pueden o no quieren trabajar por muchos motivos; es una sobrepoblación flotante.

Si Trump consiguiera, como se espera, el apoyo de todo el Partido Republicano para llevar a cabo un gran sacrificio fiscal a costa, naturalmente, del gasto social, los recursos retenidos por los causantes no se trasladarían a la inversión productiva sino que terminarían sobrando, lo cual presionaría los precios a la alza.

Para dar consistencia a su lista de remiendos, Trump presiona para que las grandes compañías manufactureras, tanto estadunidenses como de otros países, que producen en parte para el gran mercado de Estados Unidos, mantengan un alto porcentaje de inversión dentro del territorio de dicho mercado doméstico. Trump dice que eso es para defender el empleo industrial que se ha ido pero, como hemos dicho, eso no es tan cierto en tanto que en este momento el país se acerca al pleno empleo agarrado de la gran palanca de los servicios (sector terciario).

Para Trump, el TLC (NAFTA) fue un gran error porque Estados Unidos perdió empleos en tanto que numerosas industrias se establecieron en México y varias compañías manufactureras de otros países se instalaron al sur para vender su producción en el norte a través de una “frontera desordenada”. Eso tampoco es tan cierto porque la mayoría de “empleos perdidos” están en Oriente, en países con los cuales EU no ha tenido tratado arancelario.

Hay algunos neoliberales de ambos países que están de acuerdo con Trump cuando éste afirma que, en la negociación del TLC, los funcionarios mexicanos fueron muy listos y los estadunidenses muy tontos.Pero no se toma en cuenta la desindustrialización que sufrió México, la sustitución de producción interna por exportaciones, la renuncia al desarrollo de tecnología propia, así como varios desastres en el campo mexicano. Es verdad que la balanza comercial de México con Estados Unidos cambió de sentido, el déficit es ahora del vecino del norte, pero eso no significa un fortalecimiento del mercado interno mexicano ni un desarrollo industrial firmemente anclado en el país: no es la historia de Japón. México es “potencia” manufacturera principalmente como maquilador y ni siquiera ha logrado los progresos de otros países como los “emergentes” de Oriente: casi no hay nueva tecnología propia, como tampoco marcas mexicanas de máquinas ni de software. El verdadero dilema para México no era firmar o no un tratado con Estados Unidos y Canadá sino qué clase de acuerdo debía ser. Es evidente que no fue el mejor posible porque el gobierno mexicano (Salinas) había impuesto antes la apertura comercial unilateral para tratar de controlar la inflación: no tenía ya mucho que negociar.

Trump no está de acuerdo con el TLC porque él representa a los industriales estadunidenses que salieron perdiendo, a los fabricantes de “equipos de aire acondicionado”, por repetir sus propias palabras. Sin embargo, presiona más por ahora a la industria automotriz porque ésta es más vulnerable y tiene empresas muy grandes. La amenaza propiamente arancelaria suena sin embargo irrisoria pues no existe en Estados Unidos alguna tasa de 35% para miembros de la Organización Mundial de Comercio, por lo que un nuevo impuesto de este tipo tendría que ser aplicado por EU prácticamente a todo el mundo. BMW, por ejemplo, podría exportar sus autos “mexicanos” de la misma forma que lo hace con los que envía desde Alemania y de igual manera reduciría costos. Lo que quiere Trump es obligar a México a renegociar el TLC, cambiar las reglas de origen y dar capacidad para introducir excepciones, así como revisar convenios sobre la no-doble tributación,  entre otros aspectos. Eso sería un esquema defensivo para Estados Unidos con el cual la economía más pequeña haría las concesiones más grandes: la misma historia.

El neoliberalismo no es la plataforma de la economía globalizada sino que asume a ésta como una gran obra del capital financiero internacional al cual expresa doctrinariamente. Los neoliberales pueden volver a los aranceles en determinado momento, tal como los han mantenido con muchas otras economías. Una mayoría británica despreció a Europa y logró el Brexit pero no ha denunciado al neoliberalismo. Si EU no se pone de acuerdo con la Unión Europea para un tratado es porque no han resuelto sus diferencias, como es obvio, y no porque se quiera obstruir el comercio en general. Hoy tenemos a unos neoliberales que critican la globalización en aspectos que les parecen menos ventajosos: son nacionalistas pero no han dejado ser imperialistas.

¿Hasta dónde irá Trump? Él no cuenta con un grupo político bien integrado y organizado. Llegará hasta donde lo dejen Wall Street y la cúpula política del Partido Republicano.

País a la venta

La inversión extranjera directa no es despreciable de por sí. El problema es que el Estado, administrador por cuenta de la nación de los yacimientos de crudo y gas, decide traspasar parte de esa riqueza a empresas privadas. Los inversionistas van tras un 40 por ciento del valor del producto. Pero México podría ir por toda la ganancia y, además,  desarrollaría la ingeniería y la tecnología que tanto hace falta en un país atrasado.

Dos de las asignaciones en la zona marítima conocida como Perdido han sido otorgadas a consorcios en los cuales Pemex es socio minoritario. En una de las áreas ya se han hecho trabajos de exploración, la inversión es por tanto muy segura. Los nuevos socios mayoritarios de Pemex en esos proyectos serán la australiana BHP Billington, para el campo Trión (120 mil barriles diarios), y Chevron (EU)-Inpex (Japón).

Las otras trasnacionales beneficiadas con siete contratos adicionales, agrupadas todas ellas en diferentes consorcios, fueron: Statoil (Noruega); BP (Gran Bretaña); Total (Francia); ExxonMobil (EU); Offshore Oil Corporation (China); PC Carigali (Malasia). Ha sido un festín para esas empresas las cuales ampliarán sus operaciones hacia la zona sur del límite internacional marino del Golfo de México.

Todo lo que se pueda hacer con esos nueve contratos para aguas profundas pudo haber sido planeado hace diez años exclusivamente por Pemex de tal forma que ya estarían en actividad varios campos. Pero durante ese lapso el Estado mexicano, sus grupos políticos decisorios, se dedicaron a ponerse de acuerdo poco a poco hasta que al final definieron la forma exacta en que privatizarían los yacimientos de hidrocarburos. Mientras, siguieron dejando a Pemex sin recursos propios con el fin de que contratara empréstitos que en los hechos y en forma ilegal financiaran el gasto corriente del gobierno. La empresa petrolera estatal mexicana fue ahorcada también para justificar las actuales subastas petroleras a favor de trasnacionales. Sin embargo, al día siguiente de la asignación de nuevas áreas Pemex lanzó una oferta de deuda para obtener 4 mil millones de dólares pero contrató 5 mil 500 de una demanda de 30 mil. El petróleo sigue siendo negocio aunque el gobierno federal ya no lo quiera operar. Los inversionistas privados se arrebatan los papeles.

La política petrolera del gobierno es una de las formas de poner un país a la venta pues se trata de bienes nacionales no renovables (crudo y gas) cuyos precios son variables y constituyen además reservas de largo plazo. Aunque sea una enajenación parcial, ya que una parte del dinero se quedará como impuestos y otros ingresos, no se puede ocultar el carácter de venta de los yacimientos. Los contratos se firman con una duración que está determinada por la existencia productiva de los pozos y el número de éstos en cada depósito natural será el necesario para extraer todo el hidrocarburo posible. Es evidente que el yacimiento es lo que se está vendiendo con independencia de la forma de determinar el precio del mismo.

El problema no termina ahí. La concesión a las trasnacionales implica que México renuncia a un desarrollo de la ingeniería en general y de la tecnología petrolera. Un país atrasado debe usar sus riquezas naturales no sólo para el gasto social sino principalmente para construir las estructuras productivas permanentes a través de las cuales se forjen trabajadores más productivos y con mayores ingresos. Lo que México requiere no sólo es vender materias primas sino transformarlas y aprender a producir más y mejor. Esa no es la política del gobierno.

La subasta de yacimientos ha sido presentado como un respaldo del “mercado” a México como economía y como gobierno. Eso lo ha dicho el secretario Meade, pero no es más que propaganda. Las trasnacionales han venido a hacer negocios altamente redituables –eso es lo suyo– aprovechando el entreguismo del PRI y del PAN que fraguaron todo a espaldas al país. Como la Suprema Corte negó la consulta popular sobre la reforma energética, solicitada separadamente por el PRD y Morena, la nación fue ubicada en situación de indefensión, pero sólo por lo pronto, es decir, mientras no sean removidos del poder ambos partidos causantes del innecesario e inicuo remate de bienes de la nación.

Cuba, Fidel Castro, el mundo

Fidel Castro murió exactamente 60 años después de haber zarpado de Tuxpan rumbo a Cuba para intentar por segunda vez dirigir una revolución. Seremos libres o mártires, dijo varias veces.

La anhelada verdadera independencia nacional de Cuba era el objetivo principal de los rebeldes, la cual se logró pero en medio de un estado de guerra permanente. “Primero se hundirá esta isla en el mar antes de ser esclavos de nadie”, exclamó Fidel ante su pueblo y el mundo.

Con un solo decreto, Fidel Castro nacionalizó todas las empresas estadunidenses que operaban en la Isla como enérgica respuesta a los actos de sabotaje llevados a cabo por la CIA. Estados Unidos había empezado una guerra y Cuba no podía rendirse.

Después del fracaso del desembarco de Playa Girón, lo que se esperaba era una invasión norteamericana directa, la misma que había sido planeada para cuando los expedicionarios cubanos formaran un gobierno provisional en cualquier población remota de la Isla. Por ello se emplazaron en Cuba misiles nucleares soviéticos. Al final, para evitar un catastrófico conflicto mundial, las dos grandes potencias (Jrushchev y Kennedy) convinieron que no habría invasión estadunidense a cambio del retiro de los cohetes, pero no se cancelaron el bloqueo y el asedio. Así, hasta ahora.

En todos estos años en Cuba no ha habido libertad de asociación ni de prensa. Se trata de una muy sensible falta de derechos fundamentales. La posición de Fidel Castro y sus compañeros consistió en que Estados Unidos patrocinaría los medios de comunicación y los partidos políticos. ¿Era esto cierto? A juzgar por la forma en que el gobierno norteamericano agredía a Cuba, no tendría que haber duda de que unos cuantos millones de dólares de más hubieran valido la pena para comprar políticos y periodistas sacados de ser necesario hasta de abajo de las piedras. Como ridícula paradoja, la “libertad de prensa” ha llegado a Cuba mediante las frecuencias de Radio Martí que transmite desde Florida el mensaje de otro gobierno, el de Washington. El problema mayor fue sin embargo la falta de libertad de manifestación de ideas de quienes estaban con la revolución. La férrea disciplina revolucionaria eclipsó al pensamiento crítico. Esa es toda una historia.

Siempre que el gobierno de EU emprendía una agresión, Fidel respondía. Jamás se quedó sin actuar. “Señores imperialistas: no les tenemos absolutamente ningún miedo”, decía un gran letrero puesto enfrente de la oficina de intereses norteamericanos en el malecón de la Habana. Pero, ¿cuáles eran los “intereses” de Estados Unidos en Cuba si los ciudadanos de aquel país ya no tenían propiedades en esa isla? La clase política estadunidense, algunas empresas internacionales y una parte del exilio cubano siempre han buscado revancha. Y en eso siguen a pesar de las relaciones diplomáticas restablecidas por Obama.

La influencia política de Cuba llegó a ser tan grande que se conformó una corriente política latinoamericana, más allá del guerrillerismo, con el sello de Fidel y el Che. Varios países y movimientos que habían luchado y seguían luchando por su independencia y su posterior autodecisión acudían al llamado del gobierno cubano. Fidel convocó exitosamente a una conferencia tricontinental. La Habana era uno de los centros de resistencia al imperialismo, el injerencismo, el intervencionismo y la agresión que formaban y aún forman parte de la política del gobierno de Estados Unidos. La exitosa defensa militar de Angola ante al gobierno racista de Sudáfrica fue el lance de mayor relevancia internacional de Cuba pero no el único. Por otro lado, dos señaladas incongruencias de Fidel fueron su respaldo a la invasión de Checoslovaquia (1968) y su justificación de la ocupación de Afganistán (1979), ambas realizadas por la Unión Soviética: el interés de Estado impidió la defensa de principios originales. Así andaban las cosas entonces.

Fidel Castro era también un exponente del poder dictatorial. Los políticos norteamericanos y no pocos de sus aliados en el mundo entero, en primer lugar las criminales dictaduras en América Latina y los grandes medios de comunicación,  siempre presentaron al líder cubano como un conspirador contra el “Mundo Libre”, lo cual era imposible negar, pero también como un despiadado represor de su propio pueblo. Nadie podría sostener que en Cuba no ha habido represión política, pues sería casi el único país del mundo en carecer de dicho instrumento de gobernanza, pero tampoco fue documentada la existencia de ejecuciones por motivos políticos, torturas y encarcelamientos masivos, prácticas características de gobiernos castrenses y de algunos otros de carácter civil. En marzo de 1959, dos meses después del arribo de Castro Ruz al poder, el presidente de México, Adolfo López Mateos, encarceló en un solo día a cinco mil trabajadores ferrocarrileros que estaban en huelga, cuyos líderes fueron mantenidos en prisión durante más de dos lustros. Nueve años después, Díaz Ordaz masacró estudiantes en Tlatelolco ante el completo soslayo de Cuba y de casi todos los demás gobiernos en aquel mundo donde nadie admitía que en México había un sistema dictatorial o por lo menos represivo. Pero lo había, sí.

Los problemas económicos de Cuba no se han debido siempre al bloqueo estadunidense. Hace años publiqué en La Jornada un artículo intitulado “¿Senilidad de la revolución?” que contenía una crítica del sistema económico de Cuba, por el cual recibí algunas majaderías de parte de ciertos castristas dogmáticos con quienes era imposible discutir el asunto en el marco de una mínima honradez intelectual de su parte. Según ellos, había que sostener que el bloqueo era la causa de todo problema pues de lo contrario se le hacía el juego al imperialismo. El tema de la economía está ahora en boca de todos en Cuba mientras en el resto del mundo se esperan anuncios al respecto.

Hay muchos libros sobre Cuba y su líder. Cuando los archivos se abran por completo otros autores podrán redactar la historia de esa isla. Mas lo que no admite duda es que Cuba está adelante dentro del Tercer Mundo en educación, vivienda, salud e igualdad económica, y que siendo un país pequeño ocupó un relevante papel en el mundo, todo ello bajo la dirección de un rebelde de nombre Fidel Castro.

Debate contra Trump

El entorno mediático del segundo debate entre dos de los candidatos estadunidenses dio la impresión de ser una segunda edición, empeorada,  del primero: casi todos están en contra de Donald Trump y nadie se ubica a su favor. En consecuencia, todo beneficia a la candidata Clinton.

Aunque entre las personas que consideramos que Trump es un chovinista, un racista y un patán, entre otras muchas cosas más, podría verse bien que las reglas sean inequitativas para tratar de evitar que el multimillonario obtenga el triunfo, eso sería tanto como estar a favor de sistemas electorales amañados. ¿Por qué demócratas y republicanos se abstuvieron de llegar a acuerdos para bloquear a ese último Bush que se convirtió en un enemigo público de la Humanidad? Casi todos estaban entonces alegres apoyando ir a hacer la guerra a Irak, incluso Hillary Clinton, con excepción de Obama y unos cuantos.

Trump no tiene más que una letanía fuera de la cual no dirá nada interesante. Por eso está ahí, en la competencia, para arrollar a la clase política que ya es odiada por una parte de los multimillonarios y por muchos millones de estadunidenses, sin duda la mayoría. Para enfrentarlo se hubiera requerido a un o una aspirante democrática, crítica, reformadora, propositiva. Pero la candidata Clinton no es nada de eso y se mantiene en sus mismos discursos después de ser dos veces senadora y secretaria de Estado, además de haber habitado en la Casa Blanca que también es un cargo público en EU. No dijo nada nuevo, lo cual no está mal de por sí, sino que tampoco explicó lo que ha venido diciendo hasta ahora no obstante haber perdido los debates con el precandidato Bernie Sanders. Hillary no está expresando el contenido básico de la plataforma electoral oficial de su partido porque no lo comparte.

La candidata afirmó que no enviaría militares a operaciones terrestres a Siria pero que lanzaría a EU contra el gobierno de Assad en operaciones aéreas. Parece que Clinton desconoce que en ese país hay una guerra civil y hay al mismo tiempo una guerra de un protoestado, el Califato (ISIS), que el gobierno sirio tiene alianzas militares firmadas con otros países y que una grave agresión contra uno de los pactantes, según la cláusula de oro de los tratados militares, se considera hecha también contra el otro o los otros socios. Recordemos las Malvinas cuando Estados Unidos hizo a un lado su Tratado Interamericano y se abrazó a la OTAN como alianza estratégica. ¿Qué sucedería si en su guerra contra el gobierno Sirio se involucrara la aviación rusa? ¿La para entonces presidenta Clinton pediría disculpas a Putin o le haría un reclamo formal y asunto arreglado? ¿Puede EU obtener a corto plazo la derrota de al-Assad “desde el aire”? ¿La OTAN declararía también la guerra al gobierno Sirio? Las expresiones de Hillary parecen bromas dichas a la ligera, pero el hecho duro es que donde hay fuego de sobra, la candidata quiere meter más: es la clásica política estadunidense.

Trump sencillamente dijo que Rusia combate al Califato y que aunque al-Assad no le cae bien, éste también combate al mismo Califato.

Al respecto de lo dicho por la señora Clinton sobre la ciudad de Alepo se requiere repudiar esa sensiblería ensayada: es inaceptable separar a los niños masacrados y huérfanos a causa de los bombardeos rusos de aquellos que han sido víctimas de los estadunidenses. Es inválido condolerse de unos y olvidar a los otros. En ese mismo sentido, cualquiera hubiera esperado que Clinton hiciera un reproche a Putin por no haber aceptado los términos estadunidenses de una tregua recientemente fracasada y, al tiempo, explicar la necesidad de un acuerdo. Pero no, Hillary quiso aplastar en el debate a un Trump al que le llovían golpes de todas partes del town hall y se lanzó contra él acusándole de que simpatiza y tiene intereses en Rusia. Clinton está mal. Cuando se es presidente de Estados Unidos, frente al resto del mundo sólo se es eso y basta. Además, como Hillary no explica la desaparición de sus correos electrónicos, ataca con acusaciones de que Rusia jaquea a EU, las cuales pueden ser ciertas tanto como lo es el escandaloso espionaje mundial de la NSA, pero la candidata olvida que las mayores filtraciones de información secreta fueron realizadas por un oficial y un empleado del gobierno de Estados Unidos.

La furia de Trump contra el programa de seguridad social llamado Obamacare, le llevó de nuevo a descalificarlo por ser más costoso, dijo, que lo que pudiera ser otro, pero Clinton no explicó la falsedad de esa afirmación a pesar de que el multimillonario se hizo bolas cuando le preguntaron qué nuevo programa sustituiría al actual. Lo cierto es que no tiene ninguno sino sólo las ganas de echarlo abajo con el entusiasta apoyo de todo el Partido Republicano que no obstante le niega respaldo. Sin embargo, Trump tocó un cable sensible cuando dijo que formaría una fiscalía para investigar y llevar a la candidata Clinton a la cárcel por el asunto de los correos electrónicos borrados, tema sobre el cual Hillary continúa con evasivas si no es que con mentiras. Lo que fuera, el lío de los correos en el que se metió sola Hillary la perseguirá como una servidora pública por lo menos notoriamente deficiente e irresponsable, aun después de triunfar en las elecciones.

Es lamentable que la corriente política que ha encabezado el senador Sanders no hubiera tenido el menor sitio, a favor y en contra, en la disputa de los dos candidatos empeñados rabiosamente en atacarse con todo lo que tienen a la mano pero ignorando un programa, el de Sanders, que tiene el apoyo de millones que debieron haber sido referidos aún dentro de la anticuada democracia estadunidense.

Hillary no tiene programa pero llegará a la Presidencia de Estados Unidos (el mal menor se dice), mas desde ahí se comportará como siempre lo ha hecho: hablar mucho, no hacer nada nuevo y generar agresividad contra adversarios y socios díscolos. Ese país no va a progresar así y el mundo no será mejor, pero ellos deciden. Trump es una amenaza mundial pero no está claro que Hillary no lo sea.

La mayor culpa la tiene Obama por haber nombrado a Clinton como secretaria de Estado y, hace poco, poner a trabajar a su gobierno para derrotar a Sanders. Ya habrá motivos, ocasiones, lugares y personas para reclamárselo.

Cataluña española

El Estado español ha sido uno de los más duros e intransigentes para admitir la independencia de sus conquistas. Peleó con todo lo que pudo contra la independencia en América, resistió hasta el final para retener a Cuba, para sólo mencionar al llamado nuevo continente.

Catalunya ha buscado ser libre del dominio español pero por lo visto no lo será, al menos de momento, porque España no le reconoce el derecho de autodeterminación y porque las maniobras políticas de respuesta a esa negativa han resultado malas experiencias para la causa independentista. El referéndum del 9 de noviembre de 2014 (9-N) y la elección parlamentaria catalana del 27 de septiembre de 2015 (27-S) han sido votaciones contrarias a la separación de Cataluña de la España monárquica, es decir, del llamado Estado español. La primera porque la asistencia a las urnas fue relativamente baja, la segunda porque los partidarios de la independencia no alcanzaron la mayoría de los votos emitidos. Los dos principales responsables de ese fracaso son Artur Mas y Oriol Junqueras, líderes de Convergencia (CDC) y de Esquerra Republicana (ERC), quienes han encabezado la confección de la estrategia.

La cuestión en Catalunya es el derecho de autodeterminación que no admite la vieja España cuya democracia no le ha llevado a superar la impronta del imperio. Mas y Junqueras pactaron entre ellos y con algunos otros grupos una vía de autodeterminación sin pasar por la previa conquista del derecho sino a través de un método que podría considerarse revolucionario pero en el siglo XXI que aún no registra revolución alguna. Por lo visto, Catalunya no iba a ser la primera. El 9-N se quiso refrendar el carácter de nación de Catalunya y su derecho a ser lo que ella misma decida. El 27-S se quiso adquirir en elecciones ordinarias declaradas plebiscito un mandato para promulgar en forma unilateral la independencia del país. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: España no le reconoce a la nación catalana su  derecho nacional fundamental: ser lo que ella misma decida. Toda afectación a la integridad del Estado español debe ser dispuesta por este mismo sin que sus partes integrantes puedan ejercer derechos por sí mismos. Así ha sido siempre. Esto es diferente en Canadá y Gran Bretaña pero España se sigue negando a reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos proclamada por las Naciones Unidas. España es indivisible para siempre, punto. Sin embargo, se  ha dividido muchas veces.

Las consultas populares que se han llevado a cabo en Quebec y Escocia, así como el derecho a la secesión de Irlanda del Norte que puso fin al largo conflicto civil, no son reconocidas por España porque ese imperio no admite nada diferente al derecho de conquista. El españolismo es la ideología del imperio español. Los gobiernos radicados en Madrid siempre han sido extranjeros en Catalunya como también en Euskadi y en Galicia, digan lo que digan los ideólogos de ese españolismo al que se unieron en algún momento de la historia y sin explicaciones los socialistas que, por lo que se observa, no están dispuestos a dejar de ser españoles imperiales por más de izquierda que se digan ser.

A toda evidencia reciente, Cataluña no dejará de ser parte de España pero, sin derecho a la autodeterminación esa pertenencia seguirá siendo impuesta. Si la vieja España se rejuveneciera siquiera al nivel del viejo imperio británico —lo cual sería muy poco–, Catalunya decidiría ser parte de España pero con la conciencia de que en el momento en que cambiara de opinión podría convertirse en el Estado independiente al que tiene derecho.

Por lo pronto, las filas del independentismo se verán afectadas porque Artur Mas no tiene suficiente fuerza para gobernar después del fracaso de su estrategia, como así lo reconocieron en su momento los líderes de Quebec y Escocia. ¿Otra imposición más a la dolida Catalunya sólo para sostener a un líder hasta donde se pueda? Las acusaciones contra Mas por desobediencia y otros delitos supuestamente cometidos durante la jornada del 9-N, promovidas desde Madrid, se dirigen contra el movimiento de independencia pero no deberían ser suficiente motivo para sostener a Mas en la presidencia porque eso mismo se convertiría en un elemento perjudicial para la causa nacional catalana. Catalunya no tiene ni tendrá padre de la patria, vivimos otros tiempos.

La elección del 27-S convertida en plebiscito no fue reconocida como tal por el gobernante Partido Popular, de derecha, y el opositor Partido Socialista, como tampoco por Ciudadanos, de pretendido centro liberal, y ni siquiera por la otra formación emergente, Podemos. Para todas esas fuerzas políticas de España la votación no iba a ser un plebiscito si acaso el bando claramente independentista obtenía la mayoría de sufragios emitidos. Pero como no fue así, entonces esas mismas fuerzas sí han reconocido la elección ordinaria como mandato plebiscitario y reclaman su victoria. De esa forma funciona el montaje español de la democracia.

Catalunya frente al espejo

Cataluña se encuentra frente al espejo y se reconoce a pesar de las aberraciones añadidas por el dominio español de siglos. Cataluña no busca algo de España en el espejo. Pero aunque España no se vea reflejada, busca desde fuera que Catalunya sea como es ella.

El actual Estado español es como el imperio español: no reconoce el derecho de nadie a decidir por sí mismo. Todo territorio conquistado es suyo por legado histórico. Las secesiones se han realizado a sangre y fuego. Nunca España cedió algo por estricto derecho. La Reconquista es apreciada como la fundación radical del españolismo: volver después de siete siglos. Quizá por ello España defiende lo que piensa que es suyo sin importar lo que piensen los demás. Los catalanes son los demás.

Dice la Constitución que ella “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Aquí hay varios errores voluntarios: no se habla de un fundamento del Estado español sino de su Carta Fundamental, que no es exactamente lo mismo. Se define a la Nación española como patria de todos, pero aquélla no existe más que como forma política impuesta: España es producto político de varias nacionalidades, las cuales son llamadas así en la Constitución, nacionalidades, que no conforman, sin embargo, naciones. No existe, en el texto constitucional, por tanto, la nación de Catalunya sino la nacionalidad catalana, de donde habría que deducir mediante un gran salto que no se debe reconocer la capacidad soberana del país catalán para gobernarse a sí mismo. La nacionalidad catalana resulta ser parte de otra Nación (así, con mayúscula constitucional) que se llama España, pero los catalanes y las catalanas son lo que son y en su mayoría no parecen considerarse españoles y españolas sin que eso resulte denigrante sino sencillamente otra cosa.

Más allá de la nación o de la Nación, en Catalunya hay un pueblo y, como todos, tiene derecho a decidir sobre sí mismo. Punto. No debería discutirse más. La consulta en Cataluña no puede declararse ilegal en tanto sea producto del ejercicio de un derecho fundamental que se llama libre autodeterminación de los pueblos, diga lo que diga la errónea Constitución española.

Creo, sin embargo, que la independencia de Cataluña no agregaría nada desde el punto de vista social y de la democracia. Yo no votaría a favor de la secesión, pero no se puede ir impunemente por el mundo negando el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Hay una diferencia arrolladora entre Quebec y Escocia, por un lado, y Cataluña, por el otro: las primeras son libres porque tienen derecho a decidir sobre su independencia; la otra no lo es porque se le niega ese mismo derecho. La libertad no es la independencia sino el derecho de decidirla libremente. Inglaterra guerreó para no aceptar varias independencias pero hacia el final de su colonialismo terminó cediendo por derecho. No ha sido lo mismo con España. La madre patria, como se decía en México, nunca cedió nada, todo lo tuvo que perder por la fuerza.

Todo el españolismo se ha unido contra el derecho de decisión de Catalunya. Pero mientras los socialistas proponen algo a cambio –la federación—, los conservadores del partido gobernante no ofrecen absolutamente nada. Sin embargo, no pasa desapercibido que ambos partidos nieguen de por sí ese derecho, se comporten como salvaguardias de la herencia expansionista, sean partes en conflicto de la España monárquica dejada ahí por el franquismo como testimonio histórico de su victoria sobre la república laica y democrática, encarnen el hispanismo colonial replegado por fuerza a la península. España no ha cambiado tanto a pesar de los tan difíciles cambios que ha logrado con sus grandes y ejemplares luchas. Hay algo que sigue siendo, a pesar de todo, lo español.