Es irrelevante que el gobierno mexicano haya «desconocido» las recientes elecciones venezolanas luego de saludar el plebiscito convocado y realizado por las oposiciones. Esto es así para los venezolanos mas no para los mexicanos. Aquí se ha cometido una intervención política del gobierno mexicano en asuntos internos de otro país.

El gobierno de Peña podría romper relaciones con Caracas, si así lo decidiera. No requiere sanción parlamentaria, ni siquiera apoyo popular. Pero México no reconoce gobiernos y, por tanto, tampoco los desconoce: no puede ser golpista. Tiene o no relaciones diplomáticas con otros Estados. Punto. Así es la política exterior mexicana. O, mejor dicho, era, porque Peña Nieto y Luis Videgaray la han defenestrado. Lo peor es que lo han hecho alineándose con Washington, quien sí reconoce o no a otros gobiernos y, más aún, los puede sancionar y buscar su derrocamiento; así es la política exterior de Estados Unidos, pero ése es otro país y tiene otra historia.

Mas al margen de los desaguisados del gobierno de Peña Nieto, existe Venezuela, donde se ha llevado a cabo durante los años recientes una aguda lucha política, cuyo centro es el destino de los excedentes petroleros, los cuales, por décadas, habían sido capturados por una minoría privilegiada que terminó en una profunda corrupción. Aquella oligarquía fue arrollada por una revolución basada en las urnas: bajo el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela había votaciones a cada rato, fueran o no necesarias.

La oposición venezolana siempre ha sido golpista. Intentó varias veces derrocar a Chávez a través de varios métodos, incluido el golpe militar. Mas lo que no estaba previsto era que lo siguiera siendo después de ganar por primera vez los comicios legislativos. Tan luego como la coalición opositora logró la mayoría en la Asamblea Nacional, se propuso terminar con el mandato de Nicolás Maduro y en eso sigue.

Lo que tampoco estaba previsto era que Maduro se convirtiera en otro golpista a través de actos sucesivos: primero, anular elecciones distritales supuestamente fraudulentas para impedir que la oposición tuviera mayoría de dos tercios en la Asamblea; segundo, negar el derecho a la votación revocatoria del mandato presidencial; tercero, suspender las elecciones locales con lo cual se aplastó el derecho del pueblo a elegir, con el único propósito de evitar la derrota electoral del oficialismo; cuarto, incrementar la lista de presos políticos; quinto, mover al Tribunal Supremo para que éste se arrogara las facultades constitucionales de la Asamblea, lo cual tuvo que ser revertido; sexto, instalar una Asamblea Constituyente, convocada sin sanción legislativa ni consulta popular previa, para decretar luego la caducidad del mandato del poder legislativo.

Las fuerzas bolivarianas que lograron una redistribución profunda de la renta petrolera, han quedado en minoría por no haber aprovechado en su momento los altos precios del crudo para impulsar el crecimiento de la economía y el desarrollo del país. Anclado en su carácter de gran exportador de petróleo, Venezuela no resolvió siquiera el problema de la producción de energía eléctrica, mucho menos el de los alimentos. Una nueva industrialización se esperaba al principio de la presidencia de Hugo Chávez con el fin de lograr una economía en expansión y la ampliación del mercado interno, pero no fue así. La política social que jamás se había visto en Venezuela, la que abrió escuelas y hospitales, construyó vivienda y otras obras, forjó programas de subsidios populares, no fue suficiente para impulsar la economía en su conjunto a fin de hacerse sustentable. La guerra económica desatada por una rancia burguesía parasitaria no fue contrarrestada por el gobierno, mucho menos después de Chávez, con la llegada del gobierno de Maduro, el cual no resuelve problemas sino los crea.

Sin duda, los ricos en su totalidad se encuentran en las filas opositoras; ahí nadie se equivoca porque todos desean recuperar lo que se les ha quitado: el excedente petrolero. El problema del gobierno es que su fracaso no se debe a la siempre previsible resistencia de sus adversarios sino a sus propias equivocaciones, graves y consuetudinarias. La crisis económica venezolana es en verdad profunda.

La incompetencia política de Maduro está al nivel que la de sus opositores, con la diferencia de que el presidente tiene que pagar de contado, cada día, sus propias equivocaciones, mientras que sus adversarios se alimentan del desplome de popularidad de un gobierno inoperante. En realidad, el bloque opositor no ha hecho nada verdaderamente memorable después de su triunfo electoral, más que un plebiscito ciudadano golpista que, de cualquier forma, fue un fracaso porque no se alcanzó el objetivo de lograr más votos que los obtenidos por Maduro cuando éste fue candidato a presidente.

A los cuantos días, el partido de Maduro se llevó su propio fracaso porque la elección de la asamblea constituyente quedó lejos del objetivo de congregar a una mayoría de los electores en un país con tan alta incidencia electoral. Los venezolanos sí que saben votar pero ahora han concurrido a urnas diferentes, colocadas por ambos bandos en días distintos, lo cual no era para resolver algún problema sino para complicarlo todo.

No hay pronóstico. Sin embargo, si no se abre un camino de acuerdos, sólo otra fuerza, fuera de la contienda política directa, podría obligar a todos a deponer su beligerancia civil. Esa fuerza sería el ejército, el cual se niega a disparar, pero cuya intervención decisoria tornaría el panorama más difícil y los tiros podrían empezar de verdad.

La tesis enunciada por Luis Videgaray, en Madrid, sobre lo que él denominó «pleno derecho soberano de Estados Unidos para proteger sus fronteras» mediante la conclusión del muro fronterizo, es otro error del gobierno de Peña Nieto. La soberanía de los países tiene límites. Existen normas y principios de convivencia internacional, en especial cuando hay vecindad territorial. El muro es en sí mismo una agresión contra México.

Si el gobierno de Peña está pensando que es conveniente separar el tema del muro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pierde el tiempo y comete de nuevo un error. Una cosa y la otra forman parte del mismo problema: la imposición por parte de Donald Trump de nuevas bases de relación con México.

Si el gobierno de Peña está pensando en que hay que hacer mutis en el tema del muro porque éste no va a ser costeado por el Congreso estadunidense, se vuelve a equivocar porque hay fondos anuales autorizados para la frontera y el punto sería sólo el tiempo que demore la realización completa de la gran obra.

Si el gobierno de Peña está suponiendo que puede lograr bajar el nivel de xenofobia de la Casa Blanca contra los mexicanos y los centroamericanos sólo con poner buena cara, se está engañando a sí mismo. El rechazo a esos «hispanos» del sur tiene su base en la forma en que se analiza la economía por parte de ese hostil segmento de la derecha estadunidense.

Si el gobierno de Peña considera que puede unir a las fuerzas políticas de México bajo la tesis de presentar el muro como un acto soberano de Estados Unidos, en el marco de una dizque no intervención en asuntos internos de otros países, está en un error porque no se trata tan sólo de un problema político de los estadunidenses sino del intento de escindir una vecindad geográfica compartida que se ha convertido en algo social y nacional a través de poco más de siglo y medio, desde que los territorios del extremo norte le fueron amputados al Estado mexicano.

Si Peña está suponiendo que todos sus subordinados van a estar de acuerdo con el mutismo político que anuncia el secretario de Relaciones Exteriores sobre el tema del muro, se equivoca de nuevo porque éste tomará más fuerza y generará mayor rechazo en tanto que, al paso del tiempo, Trump, u otro, insista en sus planes.

Peña se equivoca al suponer con ingenuidad o falta de información que en Estados Unidos solo Trump quiere el muro. Hay millones que lo quieren, esa es la verdad que no se reconoce a las claras. El principal inconveniente es su financiamiento frente a su posible utilidad, por eso Trump inventó aquello de que México tendría que pagar y de esa forma logró una gran adhesión. El tema del muro ha estado presente por décadas en la política estadunidense y seguirá con Trump y sin éste. Pero, al mismo tiempo, permanecerá vigente como problema dentro de México: es un asunto de la relación entre ambos países, por tanto, obviamente, es un tema mexicano, aunque lo intente negar Videgaray.

El Congreso, en especial el Senado, que tiene facultades directas y expresas, debe deshacer la tesis de Enrique Peña Nieto sobre el muro «soberano» de Estados Unidos. He aquí una tarea nacional.