Archivo de la categoría: extranjero

Su propio presente persigue a Venezuela

Ya no hay la menor duda que Estados Unidos lidera una fuerte coalición internacional para derrocar al gobierno venezolano. Durante los últimos años, el desgaste político en el país de Bolívar ha sido constante, de manera que es su propio presente el que lo persigue: ninguno de sus problemas parece tener posibilidades de pronta solución. Da la impresión de que las cosas, a lo sumo, van a empeorar, cualquiera que sea, por lo pronto, el curso que adopte la lucha política.

Venezuela es un país de más de 30 millones de habitantes. No es nada pequeño. Su riqueza natural ha sido sostén de la economía, el petróleo, cuyo volumen de producción sigue en caída a pesar de contar con las mayores reservas en el mundo. El producto interno continúa disminuyendo mientras la inflación anual ya se mide en porcentajes de millones.

Venezuela es un país que en pocos años ha vencido el analfabetismo, brindado medicina, vivienda y escuela a quienes antes carecían de lo indispensable. Ha superado en gran medida la extrema pobreza pero, en tal proeza, se ha empobrecido como país. Esta contradicción no puede ser superada con la sola perseverancia del partido gobernante, sino que reclama un cambio en la política económica.

El centro de la disputa ha sido desde un principio la renta petrolera. Durante décadas, una burguesía triunfante se apoderó de los beneficios del petróleo, compraba todo con esas divisas en Estados Unidos mientras acaparaba el gran comercio, los medios de comunicación, los transportes y otros servicios. Los capitalistas venezolanos han sido los más parasitarios de América desde el destronamiento de los cubanos, hace más de 50 años.

El bipartidismo, posterior a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, impuso una democracia deforme y corrupta en cuyo centro siempre estuvo el reparto de la renta petrolera a costa de la generación de enormes centros de pobreza alrededor de las ciudades. Desde ahí bajaron un día los pobres a apoyar a Hugo Chávez, un militar golpista que había estado varios años en prisión, luego de los cuales no menguó su popularidad. Eso ocurrió hace 20 años.

En 2002, Venezuela sufrió un golpe de Estado en el que se autoproclamó presidente el líder de la organización patronal (Fedecámaras), con el apoyo de la oposición política. La asonada fue derrotada dos días después con el rescate del presidente Hugo Chávez, encarcelado en una isla. Luego se produjo una huelga petrolera ruinosa para el país y, después, un referéndum revocatorio en el cual Chávez fue confirmado. Entre cada uno de esos acontecimientos se producían frecuentemente protestas, campañas, forcejeos, bloqueos, escándalos, fuga de capitales, manipulaciones económicas: la lucha política más encarnizada en el Continente.

Las contradicciones se profundizaron a la muerte del caudillo del socialismo bolivariano. En 2013, Nicolás Maduro llegó a la presidencia con el 50.61% de los votos contra el 49.12% de su contrincante, Henrique Capriles, pero, en 2015, la Mesa de Unidad Democrática, que agrupaba a toda la oposición, obtuvo el 56.3% de la votación para elegir a los diputados. Bajo el sistema electoral venezolano se conformó una mayoría de 112 escaños de un total de 167. Tres lugares permanecieron en condición suspensiva por anulación, los cuales le impedían a los opositores controlar los dos tercios, porcentaje necesario para tomar las resoluciones más trascendentes.

Desde el día de la derrota electoral del chavismo, la unión de los opositores anunció que removería al presidente de la República por la vía de declararlo ausente. Eran los mismos que, 13 años antes, habían participado en el revertido golpe contra Chávez y todos los otros poderes constitucionales. Son los mismos que ahora han vuelto sobre sus propios pasos al declarar vacante la Presidencia del país.

No hay en América Latina una oposición política, organizada en partidos legales, que haya sido más abiertamente golpista que la venezolana.

Entre tanto, la provocación desde ambos bandos ha conducido a la frecuente represión de la fuerza pública y a la prisión política como respuestas que no mejoran en nada la posición del gobierno.

Una de las bases de sustentación de la fuerza opositora sigue siendo la disputa en pos de la riqueza petrolera, aún cuando la renta de ésta ha disminuido. Pero, además, grandes segmentos de la clase media desprecian lo mismo a los trabajadores urbanos que a todos los demás pobres. Los universitarios egresados de las escuelas de medicina se negaban a trabajar fuera de sus ciudades, luego de lo cual el gobierno tuvo que abrir planteles en otras partes con estudiantes de otros lados: hay en Venezuela una furia social poco conocida por su intensidad en el resto del Continente.

El gobierno del socialismo bolivariano se concentró en sus propios proyectos redistributivos mediante el uso de la mayor parte de la renta petrolera, con lo cual desatendió la infraestructura e ignoró casi todo el campo de las inversiones directamente productivas. Al tiempo, se introdujeron las máximas regulaciones sobre casi toda clase de empresas y el mercado exterior. Es entendible que, en tales condiciones, lo que se ha llamado la guerra económica de los ricos tuviera enormes éxitos, en especial cuando el precio mundial del crudo se redujo.

Los capitalistas venezolanos no hubieran alcanzado sus objetivos de boicot económico sin la desastrosa política del gobierno de Maduro. Ya desde antes, bajo los esquemas de utilización de la renta petrolera y de gestión de la economía trazados por Hugo Chávez, la desestabilización y la recesión se apreciaban como algo seguro. Con Nicolás Maduro, ya nadie lo podía poner en duda.

No parece existir, sin embargo, en el seno del Partido Socialista una alternativa política para modificar el camino. Los embates opositores y, ahora, las descaradas conspiraciones extranjeras, llevan al chavismo a aglomerarse detrás de la muralla.

El orden constitucional ha sido roto por una golpista oposición mayoritaria en la Asamblea Nacional y por un gobierno que desconoce al poder legislativo. Ni los diputados tienen cobertura constitucional para desconocer al titular del Poder Ejecutivo ni el gobierno puede dotar a la llamada Asamblea Constituyente, por él mismo convocada, con poderes que no sean sólo los de redactar una nueva carta magna, de la cual no se ha escrito un solo renglón.

Ningún poder se encuentra operando por entero dentro de la legalidad, excepto las fuerzas armadas que no son un poder constitucional. Este es el dato más estremecedor de la actual crisis política venezolana.

Las negociaciones entre la oposición y el gobierno de Maduro han sido infructuosas y, ahora, se observan como inviables. Los opositores quieren que se les entregue todo el poder por completo, sin condiciones ni demoras. Pero eso sólo lo podrían hacer los militares, siempre que éstos se encontraran unidos en tal propósito, luego de lo cual podrían empezar las confrontaciones armadas.

Es evidente que la represión, hoy mucho más que antes, conspira contra el represor, el gobierno. Entre más violencia se produzca, entre más peligro de confrontaciones armadas se aprecie dentro y fuera del país, mayor fuerza decisiva tendrán los militares, lo cual es justamente lo que busca Donald Trump.

Un acuerdo podría consistir en la sustitución de Nicolás Maduro por un nuevo vicepresidente ejecutivo, nombrado por el Partido Socialista y aceptado, al menos, por algunas otras fuerzas políticas, pero, para ello, se requerirían negociaciones sensatas y leales, las cuales han sido rechazadas de antemano por el ahora candidato a usurpador y por su patrocinador, el inquilino de la Casa Blanca.

No existe nada en el discurso y los actos de la coalición extranjera encabezada por Estados Unidos que no sea la exigencia de un golpe militar que derroque a Nicolás Maduro e imponga a un tal Juan Guaidó.

¿Un gobierno impuesto por Estados Unidos con el uso de las bayonetas venezolanas, que serían traidoras por definición, tendría algún futuro en la Venezuela de nuestros días? ¿Luego del derrocamiento del gobierno de Maduro y, necesariamente, del Tribunal Supremo de Justicia, podría realizarse en los siguientes 30 días (Art. 233 constitucional) una nueva elección bajo condiciones de normalidad y con un encargado del poder impuesto desde la Casa Blanca?

¿Quiénes, en México, quieren llevar al gobierno de nuestro país a ubicarse en un plano contrario a la Constitución para convertir, por vez primera, al Estado mexicano en potencia extranjera interventora aunque no tuviera que enviar tropas? Que levanten la mano bien en alto para poderlos ver.

2017: supremacía de Estados Unidos

En el mundo, lo más relevante del año que termina (2017) ha sido la presidencia de Donald Trump. Al provenir de una elección en que la mayoría de los votantes apoyó a la otra candidata, cualquiera hubiera pensado que el nuevo presidente buscaría un acercamiento con el Partido Demócrata.

Las cosas han ido, sin embargo, como Trump las había anunciado cuando era candidato. No se podría decir que el millonario gobernante está defraudando a sus electores. El punto es que ésos eran y siguen siendo menos que los demás. Sí, se trata, como en otras ocasiones en la historia, de una política minoritaria hecha gobierno. En términos de la vigente democracia formal, hay un gobierno de la minoría, el cual es permitido, con necedad, por el vetusto sistema electoral.

Donald Trump es tan neoliberal como su nuevo partido, el Republicano (casi siempre de la mano del Demócrata), pero tiene abierta una guerra sin cuartel contra los medios de comunicación de tradición liberal, lo cual no es en realidad una cosa demasiado sensacional. Las formas han cambiado, pero todo sigue aproximadamente igual.

El problema que sí es muy grave es el trato de Trump a los carentes de papeles migratorios, los «demás, los «otros», los que, además, no son «blancos, anglosajones y protestantes». El racismo de Trump es tan odioso como el de cualquiera, pero, en varios sentidos, es una regresión por la manera en que se frasea, aunque las deportaciones de mexicanos y mexicanas no se hayan incrementado, hasta ahora, luego de que Barak Obama las elevara durante casi todos sus ochos años en la Casa Blanca.

El programa de Trump es supremacista. No se trata de nada nuevo sino por la forma de plantearlo. Antes, con excepción de la expoliación territorial de México y sus guerras en el Caribe, Estados Unidos buscaba su propia supremacía con aliados, encontrando causas que eran compartidas por otros gobiernos, al menos en parte, con «reparto de beneficios». Ahora, Trump pretende pasar por encima de cualquier sistema de alianzas con tal de dejar sentada su posición y emprender sus planes. Quizá esto sea debido a la decadencia del imperialismo de la segunda posguerra.

Ha sido singular la muy reciente amenaza de la Casa Blanca, dirigida a gobiernos que pensaban votar en la ONU a favor de la condena contra Estados Unidos por violar la ley internacional sobre Jerusalén, pero no tanto por su contenido sino por la manera de hacerlo. Lo peor del lance es que hubo varios países que, habiendo asumido tradicionalmente la posición común sobre ese tema, se abstuvieron por simple miedo a Donald Trump. El más distinguido ha sido México, que ahora se encuentra en negociaciones comerciales con el Norte, el cual obedeció vergonzosamente a su vecino.

Tratar de completar el muro fronterizo con México, mantener el bloqueo contra Cuba, seguir con el intervencionismo político a través de la OEA, ver como repúblicas bananeras a las centroamericanas, dar la espalda al diálogo con Palestina, entre otras continuidades de Trump, no son nuevas, pero la forma en que se expresan provoca una muy especial repulsa.

En cierta forma podría decirse que Trump no es demasiado distinto a sus antecesores, pero es más directo y majadero.

El mundo está más azorado con Trump por su estilo que por sus actos concretos. No ha invadido aún ningún país, según la tradición republicana. No ha bloqueado, no ha embargado, no ha desconocido gobiernos, todavía. Ha bombardeado algo menos que Obama, Premio Nobel de la Paz.

¿Qué clase de supremacía es la que busca Trump con su lema de Primero Estados Unidos? En su óptica, lo que se debe hacer es dejar de «ceder» ante el resto del mundo. No se trata de una imposible autarquía sino de restablecer convenios francamente favorables a Estados Unidos, sin caer en los sistemas de alianzas que hicieron que la supremacía estadunidense fuera cada vez más embrollada. El insolente millonario de Nueva York plantea pactos que sean favorables exclusivamente a Estados Unidos, mientras el resto del mundo sólo debe firmar.

Parece que estamos frente a un fenómeno de supremacía sin compartir, sin ceder nada importante a los aliados, los viejos y los posibles nuevos. Un ejemplo de esto es el reclamo de Trump por los bajos gastos en defensa de países donde Estados Unidos mantiene bases militares. Los costos podrían prorratearse mejor y, en principio, esos gobiernos han aceptado incrementos graduales.

Bajo el nuevo supremacismo estadunidense se quiere obligar a China y a Rusia a deshacer el programa militar de Corea del Norte. Mientras, se postula que el acuerdo internacional con Irán fue por completo equivocado, siguiendo a Israel, pero sólo a éste, con lo cual la Casa Blanca está a punto de denunciar ese convenio que en realidad equivale a un tratado de paz.

Así ha ocurrido con el acuerdo medioambiental de París, desechado por Trump debido a sus costos, considerados pesados e innecesarios para la mayor economía. En realidad, Estados Unidos le da la espalda al mundo entero sobre el tema de mayor urgencia en la agenda humana de nuestros días.

El tema económico es el que parece volver a estar en el centro de las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos. El posible rompimiento del TLCAN con México; la imposibilidad de un acuerdo con Europa sobre el que ya no se plantean nuevas negociaciones; la cancelación del acuerdo comercial transpacífico; las endurecidas posiciones estadunidenses en la OMC, así como el cúmulo de conflictos comerciales concretos con medio mundo, son agenda central de Donald Trump, quien persigue una supremacía grosera y, ante todo, en soledad: no confía en ningún otro país.

El gobierno de Estados Unidos se siente cada vez más solo en un mundo que tiene estilos diferentes a los suyos en las relaciones internacionales. Pero no sólo se siente sino que lo está. Nunca así se ha podido construir o mantener una supremacía mundial.

¿Esto es mejor o peor? Quizá parte y parte.

España sin corona

 

La requisitoria de Felipe de Borbón en contra de los partidarios de la independencia de Catalunya resultó ser, antes que nada, una airada defensa de la monarquía española, ahora amenazada por el resurgimiento de la vieja aspiración catalana de formar un Estado propio bajo el sistema republicano.

El rey de España no es más que el defensor de un decadente y corrompido sistema monárquico en pleno siglo XXI, con su inútil y costosa parafernalia, que ni siquiera funciona como jefatura del Estado. España no necesita al rey, quien no resuelve problema alguno, sino que él mismo es un problema.

El punto es que Felipe de Borbón amenaza a su reino con un conflicto violento, pero él es intocable porque es rey. Las consecuencias de los enfrentamientos las tendría que encarar el gobierno pero no el supuesto jefe del Estado. El rey no ha sido elegido por nadie, no es responsable ante la ley y la ciudadanía, pues sólo en casos personales extremos se le puede declarar inhabilitado y su lugar lo toma su propio heredero. Esto nada tiene que ver con la democracia invocada por el mismo monarca. El rey de España, como casi todo rey, puede llevar a su reino a un desastre pero siempre para defender su propio reinado.

En cuanto a la unidad de España tal como es ahora, sería de esperar que la defendiera un jefe de Estado pero, ante la reivindicación independentista catalana, Felipe de Borbón no ha propuesto absolutamente nada como no sea que las cosas sigan como antes. Si todo lo que está vigente fuera inmejorable, no habría estallado la crisis actual. Desde el trono no se alcanza a ver la realidad, el cretinismo real suele ser peor que otros muchos.

Según la línea adoptada por la derecha posfranquista, lo único que se podría admitir es la renuncia absoluta a la aspiración de una Catalunya independiente. En lenguaje coloquial podría hablarse de una rendición incondicional.

La independencia catalana es una aspiración muy vieja. Por ello, cuando el Partido Popular y otras derechas concurrentes condujeron a una escalada conflictiva al cercenar el nuevo Estatut (ley de autonomía para Catalunya) y eludir unas negociaciones verdaderas y sinceras para encarar el problema nacional catalán, lo que sobrevino fue otro escalamiento, el de los separatistas, cuyo número ha ido creciendo conforme Mariano Rajoy se les enfrenta con la cara más dura que puede poner un gobernante.

La independencia de Catalunya no es, sin embargo, el único camino que tienen los partidarios del derecho de autodeterminación popular catalana. Ni siquiera está tan claro que lo mejor para ese viejo y culto país fuera realmente la independencia en tiempos de la Unión Europea. Mas cualquiera que sea el fondo de la crisis, el gran tema es el de siempre, el acomodo o no acomodo de Catalunya en España.

El punto de partida del posfranquismo es negar el derecho de autodeterminación del pueblo de Catalunya porque no se le considera como un pueblo ni como una nación, sino como algo que es parte de España por designio histórico. Ese discurso recuerda lo que exclamaban los gobernantes españoles cuando Hispanoamérica se les estaba yendo pero la defendían a sangre y fuego a pesar de la inmensidad atlántica. En realidad, el nacionalismo catalán no es tanto el problema como lo es el nacionalismo español, el españolismo.

Quizá por eso el gobierno del Partido Popular está más fuerte que nunca a pesar de ser de minoría parlamentaria. El Partido Socialista (PSOE), que intenta un discurso sobre la cuestión nacional aunque sin suficiente acuerdo interno al respecto, cuenta con una dirección carente de iniciativa política capaz de desviar el proceder de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. Frente al discurso intimidatorio de Felipe de Borbón, pronunciado el martes 3 de octubre, el PSOE transita desde el aplauso de unos hasta las tímidas observaciones de otros, y sólo protesta por la violencia policial contra los votantes del domingo anterior. Rajoy está aún lejos de caer del gobierno y el partido Podemos, la oposición parlamentaria, se encuentra aislado.

La Generalitat, por su lado, tendrá que aplicar su propia ley, aquella que está suspendida por el Tribunal Constitucional de España, aunque eso signifique su inmolación, pero no política, sino personal de sus integrantes. De momento, el gobierno de Catalunya sigue hablando de negociaciones e intermediación.

En la crisis catalana podría haber una violencia no vivida en 40 años y, posiblemente, peor que en los últimos de la dictadura. El día del referéndum hubo unos 800 golpeados, por completo ignorados luego por el rey en su arenga política: de seguro que son vistos como víctimas que se merecían los macanazos de la Guardia Civil sólo por querer votar en su propio país. Hay en España un coro que exige derrocamiento del gobierno autonómico catalán y cárcel para sus integrantes, así como ocupación militar de Catalunya. Es el nuevo rostro del posfranquismo.

No debería ser ese el camino por el que opte la España de los derechos y las libertades.

Odebrecht, Calderón, Peña, Lozoya y demás

 
La empresa Odebrecht, de origen brasileño, ha sido señalada como creadora de un sistema de sobornos de alcance internacional. Numerosos gobiernos fueron «seducidos» mediante grandes sumas de dinero ofrecidas como recompensas a cambio de contratos para la realización de obras públicas a cargo de la trasnacional brasileña. El primer procurador que se lanzó contra esa empresa ha sido el estadunidense, luego de lo cual otros países siguieron ese mismo rumbo, precisamente contra altos funcionarios, incluso ex presidentes. En Brasil, el caso es de amplios vuelos.
 
En México, todo parecía apacible no obstante que nuestro flamante procurador había viajado a Brasil para recabar los datos necesarios para poner en claro los contratos de Pemex con Odebrecht. Sin embargo, la PGR ocultó todo lo que pudo saber al respecto y declaró que seguía investigando el asunto. Por su lado, Odebrecht se dio el lujo de responder a López Obrador, quien se había atrevido a señalar a esa empresa como repartidora de mordidas, mediante el argumento de que es imposible que en México esa compañía pudiera organizar un sistema de sobornos.
 
Ahora, después de los testimonios rendidos en Brasil, los mismos directivos de Odebrecht en el país declaran que están listos a colaborar. ¿Para esclarecer lo imposible?
 
Marcelo Odebrecht, socio mayor y presidente de la empresa que lleva su propio apellido, logró una entrevista con Enrique Peña Nieto en octubre de 2013, cuyo contenido, naturalmente, está en la más completa oscuridad, pero que hubo de tener algún propósito concreto. La trasnacional brasileña ha contratado en México por 1 400 millones de dólares. Los directivos de Odebrecht que han declarado ante la justicia en Brasil dicen que entregaron a Emilio Lozoya, en total, 10 millones de dólares, con lo cual se estarían refiriendo a un miserable 1% de soborno, cuando en México la tasa de referencia de las mordidas es de 10%, el llamado diezmo.
 
Esta situación abre un enorme campo a las hipótesis: podrían los 10 millones entregados presuntamente a Lozoya estar relacionados sólo con algunos contratos o sólo serían para el director de Pemex mientras otras cantidades mayores hubieran sido entregadas a diversos miembros del gobierno, antes y después de diciembre de 2012, es decir, algo le hubiera tocado a Felipe Calderón.
 
También podría ser que los declarantes brasileños no hubieran sabido de la suma total de sobornos en México, sino sólo de una parte menor, aquella que les consta directamente.
 
Marcelo Odebrecht fue sometido a juicio en Estados Unidos en 2015, luego de lo cual, todas las operaciones de su empresa en el Continente tuvieron que ser analizadas como posibles partes integrantes de una forma de actuar basada en el soborno. Eso ocurrió en muchos países, excepto, como siempre, en México.
 
Anteayer, en la llamada cumbre de fiscales de América Latina (11 países), Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República, dijo cualquier cantidad de frases enredadas o sin sentido para agradecer las informaciones provenientes del exterior, especialmente de Brasil, sobre el comportamiento de Odebricht, pero se pudo observar que carece de un caso conformado.
 
En ese momento, Emilio Lozoya estaba rindiendo su declaración ante el Ministerio Público, pero, como dijo su abogado, el muy conocido Javier Coello Trejo, él nomás iba a eludir todo lo relacionado con las cuestiones que pudieran inculparlo. Pues claro, Lozoya no va a confesar, como no lo hacen quienes reciben mordidas. El problema es que la PGR no tiene nada porque sencillamente no ha investigado nada.
 
Como los sobornos pudieron haber empezado, según los inculpados en Brasil, antes del 1º. de diciembre de 2012, el asunto pudiera tener alguna conexión con los gastos de la campaña priista, lo cual sería conveniente investigar con la ayuda del entonces, como ahora, operador de Peña Nieto, el actual secretario de Relaciones Exteriores, el señor Luis Videgaray, organizador, en ese mismo lado, de las ilegales tarjetas de pago en la campaña electoral de 2012. Si así fuera, las mordidas de Odebrecht hubieran tenido que ser lavadas y qué mejor que pagando con tarjetas.
 
Emilio Lozoya salió de la PGR tan campante como entró. Él ya lo sabía. En su calidad de inculpado, no tiene obligación de responder las preguntas del Ministerio Público. Así que, si quieren acusarlo, que le demuestren algo, pero como no se trata de eso, la PGR está en situación de completo extravío mental, como casi siempre en asuntos relacionados con la corrupción y algunos otros más.
 
En Estados Unidos, Brasil, Perú y otros países ya están abiertos los procesos penales sobre sobornos de Odebricht, excepto en México.
 
La solicitud de legisladores para que se den a conocer las auditorías en Pemex no está mal, pero las mordidas no se anotan en los libros de contabilidad. Es dinero que se cuela. La declaración del defensor de Lozoya (antes agresivo persecutor por consigna), en el sentido de que no hay depósitos bancarios sobre ese dinero, claro que debe tener sus bases porque las cosas se hacen con cuidado.
 
Los corruptos son eso, no son estúpidos. No hay dinero a la vista, lo cual no demuestra que no lo haya en absoluto. Para investigar existe el Ministerio Público, pero en México ése no fue creado para tal efecto. Triste realidad.

Venezuela: los golpistas

 

Es irrelevante que el gobierno mexicano haya «desconocido» las recientes elecciones venezolanas luego de saludar el plebiscito convocado y realizado por las oposiciones. Esto es así para los venezolanos mas no para los mexicanos. Aquí se ha cometido una intervención política del gobierno mexicano en asuntos internos de otro país.

El gobierno de Peña podría romper relaciones con Caracas, si así lo decidiera. No requiere sanción parlamentaria, ni siquiera apoyo popular. Pero México no reconoce gobiernos y, por tanto, tampoco los desconoce: no puede ser golpista. Tiene o no relaciones diplomáticas con otros Estados. Punto. Así es la política exterior mexicana. O, mejor dicho, era, porque Peña Nieto y Luis Videgaray la han defenestrado. Lo peor es que lo han hecho alineándose con Washington, quien sí reconoce o no a otros gobiernos y, más aún, los puede sancionar y buscar su derrocamiento; así es la política exterior de Estados Unidos, pero ése es otro país y tiene otra historia.

Mas al margen de los desaguisados del gobierno de Peña Nieto, existe Venezuela, donde se ha llevado a cabo durante los años recientes una aguda lucha política, cuyo centro es el destino de los excedentes petroleros, los cuales, por décadas, habían sido capturados por una minoría privilegiada que terminó en una profunda corrupción. Aquella oligarquía fue arrollada por una revolución basada en las urnas: bajo el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela había votaciones a cada rato, fueran o no necesarias.

La oposición venezolana siempre ha sido golpista. Intentó varias veces derrocar a Chávez a través de varios métodos, incluido el golpe militar. Mas lo que no estaba previsto era que lo siguiera siendo después de ganar por primera vez los comicios legislativos. Tan luego como la coalición opositora logró la mayoría en la Asamblea Nacional, se propuso terminar con el mandato de Nicolás Maduro y en eso sigue.

Lo que tampoco estaba previsto era que Maduro se convirtiera en otro golpista a través de actos sucesivos: primero, anular elecciones distritales supuestamente fraudulentas para impedir que la oposición tuviera mayoría de dos tercios en la Asamblea; segundo, negar el derecho a la votación revocatoria del mandato presidencial; tercero, suspender las elecciones locales con lo cual se aplastó el derecho del pueblo a elegir, con el único propósito de evitar la derrota electoral del oficialismo; cuarto, incrementar la lista de presos políticos; quinto, mover al Tribunal Supremo para que éste se arrogara las facultades constitucionales de la Asamblea, lo cual tuvo que ser revertido; sexto, instalar una Asamblea Constituyente, convocada sin sanción legislativa ni consulta popular previa, para decretar luego la caducidad del mandato del poder legislativo.

Las fuerzas bolivarianas que lograron una redistribución profunda de la renta petrolera, han quedado en minoría por no haber aprovechado en su momento los altos precios del crudo para impulsar el crecimiento de la economía y el desarrollo del país. Anclado en su carácter de gran exportador de petróleo, Venezuela no resolvió siquiera el problema de la producción de energía eléctrica, mucho menos el de los alimentos. Una nueva industrialización se esperaba al principio de la presidencia de Hugo Chávez con el fin de lograr una economía en expansión y la ampliación del mercado interno, pero no fue así. La política social que jamás se había visto en Venezuela, la que abrió escuelas y hospitales, construyó vivienda y otras obras, forjó programas de subsidios populares, no fue suficiente para impulsar la economía en su conjunto a fin de hacerse sustentable. La guerra económica desatada por una rancia burguesía parasitaria no fue contrarrestada por el gobierno, mucho menos después de Chávez, con la llegada del gobierno de Maduro, el cual no resuelve problemas sino los crea.

Sin duda, los ricos en su totalidad se encuentran en las filas opositoras; ahí nadie se equivoca porque todos desean recuperar lo que se les ha quitado: el excedente petrolero. El problema del gobierno es que su fracaso no se debe a la siempre previsible resistencia de sus adversarios sino a sus propias equivocaciones, graves y consuetudinarias. La crisis económica venezolana es en verdad profunda.

La incompetencia política de Maduro está al nivel que la de sus opositores, con la diferencia de que el presidente tiene que pagar de contado, cada día, sus propias equivocaciones, mientras que sus adversarios se alimentan del desplome de popularidad de un gobierno inoperante. En realidad, el bloque opositor no ha hecho nada verdaderamente memorable después de su triunfo electoral, más que un plebiscito ciudadano golpista que, de cualquier forma, fue un fracaso porque no se alcanzó el objetivo de lograr más votos que los obtenidos por Maduro cuando éste fue candidato a presidente.

A los cuantos días, el partido de Maduro se llevó su propio fracaso porque la elección de la asamblea constituyente quedó lejos del objetivo de congregar a una mayoría de los electores en un país con tan alta incidencia electoral. Los venezolanos sí que saben votar pero ahora han concurrido a urnas diferentes, colocadas por ambos bandos en días distintos, lo cual no era para resolver algún problema sino para complicarlo todo.

No hay pronóstico. Sin embargo, si no se abre un camino de acuerdos, sólo otra fuerza, fuera de la contienda política directa, podría obligar a todos a deponer su beligerancia civil. Esa fuerza sería el ejército, el cual se niega a disparar, pero cuya intervención decisoria tornaría el panorama más difícil y los tiros podrían empezar de verdad.

México no puede sancionar a otro país

 

La posición del gobierno de México frente al de Venezuela no podría analizarse al margen de la política internacional de México, tomada ésta como un legado de generaciones anteriores. Sin embargo, valdría la pena centrar la discusión en los aspectos concretos de las sanciones impuestas por Donald Trump y secundadas por Enrique Peña Nieto y su improvisado canciller Luis Videragay.

México ha firmado acuerdos y tratados para perseguir delincuentes buscados en otros países, afectar sus bienes e, incluso, detenerlos con fines de extradición. Pero el gobierno mexicano no está autorizado para aplicar sanciones por motivos políticos. Incluso, la Constitución prohíbe la extradición de reos políticos (art. 15), con lo cual traza una raya infranqueable entre el Estado mexicano y la lucha política interna de otros países, en la que México no puede tomar parte porque no admite que extranjero alguno lo haga en los asuntos políticos del país.

En México no están autorizados los decomisos, secuestros o incautaciones de bienes, mucho menos las confiscaciones, sin orden judicial. Videgaray no es un juez. La PGR y un juzgado podrían actuar en este sentido, a petición oficial de parte extranjera, sólo para colaborar con el país donde actúan o pueden actuar los posibles responsables de muy definidos delitos, como son terrorismo y delincuencia organizada.

El gobierno de México ha ido mucho más lejos que asumir una decisión ilegal. Ha hecho lo que, por simple rubor, se abstienen de hacer los más sometidos aliados de Estados Unidos. Al admitir como buena una declaración del director de la CIA, Videgaray niega que la conducta de tal personaje haya sido una intromisión en la política exterior del gobierno mexicano y que éste, al mismo tiempo, se encuentre actuando en la crisis venezolana bajo instrucciones de Washington. El director de la CIA dijo: «…tenemos gran esperanza de que haya una transición en Venezuela y lo que está haciendo la CIA es entender mejor las dinámicas allá, de forma que podamos comunicar a nuestro Departamento de Estado y a otros […] recién estuve en Ciudad de México y en Bogotá, una semana antes de hablar acerca de este mismo asunto y tratando de hacerles entender las cosas que ellos podrían hacer para obtener un mejor resultado para su región y la nuestra”.

La CIA admite a las claras que busca una transición en Venezuela, la cual, en todo caso, implicaría un nuevo gobierno, pues de otra manera, ¿de qué transición se estaría hablando? Luego, el director de la inteligencia estadunidense afirma que estuvo en México y en Bogotá, «tratando de hacerles entender las cosas que ellos podrían hacer…». Esos ellos son los que gobiernan México y Colombia, quienes, se dice, hablaron con alguien que estuvo tratando de «hacerles entender las cosas», pero ese alguien no era un diplomático sino un espía mundial e interventor de países. En respuesta, las autoridades venezolanas han criticado duramente a los gobiernos de esos dos países, los cuales han formulado sendas réplicas negando que sus políticas sean formas de intervención y afirmando que lo dicho por el director de la CIA no implica injerencia alguna en asuntos internos venezolanos.

El gobierno de México podría hacer cuanta declaración considerara correcta para manifestar su opinión relacionada con la crisis venezolana y podría criticar a quien quisiera, gobernantes o no. Lo que no puede hacer es formar parte de un alineamiento internacional para promover el cambio de gobierno en Venezuela, o en cualquier otro país, como lo ha intentado en la OEA y, luego, lo ha hecho, en forma bilateral, con Estados Unidos, al secundar una sanción de este último contra Venezuela, como represalia política concreta contra otro Estado. Esta conducta es inconstitucional porque lesiona el principio normativo de no intervención y el de proscripción de la amenaza en las relaciones internacionales (art. 89. X).

En Estados Unidos existe una ley que faculta al presidente a llevar a cabo esa clase de actos de represalia y otros muchos más, pero en México no hay nada al respecto en la legislación. Lo que no tiene autorizado el presidente de la República, lo tiene prohibido. Así se simple. Pero, además, la conducta del gobierno mexicano es abiertamente contraria al derecho constitucional mexicano.

La simple sanción aplicada a funcionarios gubernamentales venezolanos como represalia, medio de presión y amenaza, secundando a un tercer gobierno para perjudicar a Venezuela, tendría que llevar a incoar juicios políticos contra los funcionarios que hubieran aplicado la orden relativa. La conducta de Videgaray y posiblemente las del procurador y del secretario de Hacienda, por instrucciones de Enrique Peña Nieto, son contrarias a la Constitución y las leyes de México.

Por ahora, el juicio político parece un sueño, pero para iniciarlo se tiene hasta un año después del momento en que dejen el cargo esos funcionarios y otro año más para sancionarles. Por la naturaleza del agravio, habría que instalar el hasta ahora inexistente juicio político en México.

Francia: anacronismo político

 

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha pasado de tener una mayoría relativa de 32 por ciento de los votantes, el 23 de abril de este año, a contar con el 63% de los escaños de la Asamblea Nacional, el 18 de junio, es decir, en menos de dos meses duplicó artificialmente su representación. La candidata contra quien compitió Macron en segunda vuelta, Marine Le Pen (Frente Nacional), cuenta con 8 escaños, el 1.39 por ciento de la representación nacional, sin derecho a tener grupo parlamentario.

Esta operación política se ha llevado a cabo dentro de un sistema de elección a dos vueltas de todos los cargos y la ausencia de mecanismos de representación proporcional en el parlamento.

Toda la derecha, excluyendo la «extrema» de Le Pen, cuenta con el 87%, pero no de los votos, sino de los escaños. ¿Dónde quedó la oposición? En una izquierda reducida a 69 lugares, 42 del Partido Socialista y 27 de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélechon, el 12% de bancas entre ambos, lo que se aleja mucho de la suma de sus respectivos porcentajes verdaderos de más del 25. Por otro lado, el viejo partido de De Gaulle, Los Republicanos, que había obtenido casi el mismo número de votos que Mélechon en la primera vuelta presidencial, ha logrado sobreponerse como por milagro en la elección legislativa de segunda vuelta, con 135 diputados, el 24% de la Asamblea. Esto le ha permitido darse el lujo de dividirse en dos grupos parlamentarios con diferencias de grado sobre el apoyo al gobierno de Macron.

El abismo entre el voto popular y la fuerza política institucional es el resultado de un sistema apartado de principios democráticos básicos; el primero de ellos, cada ciudadano y ciudadana es un voto; el segundo, todas y todos los votantes deben estar representados.

Al alejarse de la democracia política, el sistema francés bosqueja una aversión a lo podría denominarse «democracia social», o democracia a secas, en la que los intereses de quienes viven de su propio trabajo –la inmensa mayoría de la sociedad– tuvieran preeminencia en la acción del Estado, pues ellos lo sostienen todo.

Se postula, sin embargo, que el sistema francés es magnífico porque promueve la «gobernabilidad», pero ésta es ahora gestionada por la minoría porque un partido del 32% tiene todo el control institucional, mientras millones se han quedado sin representación política. Al final, los votos de Macron valieron el doble que los demás votos.

Por más que el nuevo partido presidencial, La República en Marcha y su aliado MoDem, tengan un inmenso respaldo parlamentario (falta la elección del Senado), las contestaciones al programa de derecha van a expresarse desde la calle. Como los diputados y diputadas opositores son muy escasos, habrá de ser la gente con la que el nuevo presidente deberá encararse.

La abstención en la segunda vuelta legislativa ha subido hasta el 57%, la más alta en la historia de la V República, pero ya los analistas a modo han dicho que se debe a una «fatiga electoral» de cuatro comicios al hilo. En realidad, el fenómeno tiene otra causa. La mayoría de los partidos franceses ya había sido eliminada de la segunda vuelta en muchos distritos, donde sus seguidores no tenían opción. ¿Para qué votar? ¿Qué diferencia habría entre el nuevo partido de Emmanuel Macron y los viejos republicanos de Nicolas Sarkozy y Françoise Fillon, entre los que estaba la disputa en segunda vuelta en la mayoría de los distritos? Era la misma sopa aunque con diferente aspecto.

La derecha (sin Le Pen) se ha vuelto una especie de majestad en Francia: tiene cuatro quintas partes de la Asamblea Nacional. Habrá que ver lo que opinan los que no se encuentran representados sólo por obra del anacrónico sistema político de la «democracia avanzada» francesa.

Ese mismo sistema lo quieren para México.

Peña Nieto se vuelve a equivocar con Trump y el muro

 

La tesis enunciada por Luis Videgaray, en Madrid, sobre lo que él denominó «pleno derecho soberano de Estados Unidos para proteger sus fronteras» mediante la conclusión del muro fronterizo, es otro error del gobierno de Peña Nieto. La soberanía de los países tiene límites. Existen normas y principios de convivencia internacional, en especial cuando hay vecindad territorial. El muro es en sí mismo una agresión contra México.

Si el gobierno de Peña está pensando que es conveniente separar el tema del muro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pierde el tiempo y comete de nuevo un error. Una cosa y la otra forman parte del mismo problema: la imposición por parte de Donald Trump de nuevas bases de relación con México.

Si el gobierno de Peña está pensando en que hay que hacer mutis en el tema del muro porque éste no va a ser costeado por el Congreso estadunidense, se vuelve a equivocar porque hay fondos anuales autorizados para la frontera y el punto sería sólo el tiempo que demore la realización completa de la gran obra.

Si el gobierno de Peña está suponiendo que puede lograr bajar el nivel de xenofobia de la Casa Blanca contra los mexicanos y los centroamericanos sólo con poner buena cara, se está engañando a sí mismo. El rechazo a esos «hispanos» del sur tiene su base en la forma en que se analiza la economía por parte de ese hostil segmento de la derecha estadunidense.

Si el gobierno de Peña considera que puede unir a las fuerzas políticas de México bajo la tesis de presentar el muro como un acto soberano de Estados Unidos, en el marco de una dizque no intervención en asuntos internos de otros países, está en un error porque no se trata tan sólo de un problema político de los estadunidenses sino del intento de escindir una vecindad geográfica compartida que se ha convertido en algo social y nacional a través de poco más de siglo y medio, desde que los territorios del extremo norte le fueron amputados al Estado mexicano.

Si Peña está suponiendo que todos sus subordinados van a estar de acuerdo con el mutismo político que anuncia el secretario de Relaciones Exteriores sobre el tema del muro, se equivoca de nuevo porque éste tomará más fuerza y generará mayor rechazo en tanto que, al paso del tiempo, Trump, u otro, insista en sus planes.

Peña se equivoca al suponer con ingenuidad o falta de información que en Estados Unidos solo Trump quiere el muro. Hay millones que lo quieren, esa es la verdad que no se reconoce a las claras. El principal inconveniente es su financiamiento frente a su posible utilidad, por eso Trump inventó aquello de que México tendría que pagar y de esa forma logró una gran adhesión. El tema del muro ha estado presente por décadas en la política estadunidense y seguirá con Trump y sin éste. Pero, al mismo tiempo, permanecerá vigente como problema dentro de México: es un asunto de la relación entre ambos países, por tanto, obviamente, es un tema mexicano, aunque lo intente negar Videgaray.

El Congreso, en especial el Senado, que tiene facultades directas y expresas, debe deshacer la tesis de Enrique Peña Nieto sobre el muro «soberano» de Estados Unidos. He aquí una tarea nacional.

Unidad de acción o uniformidad

Los insistentes llamados a la unidad que Peña Nieto lanza al aire casi todos los días están cayendo en el vacío, incluyendo sus persistentes espots inenarrables. Es evidente que el país requiere en este momento un acuerdo básico frente al gobierno de Estados Unidos que abarque a todas las fuerzas e instituciones, pero ése es justamente el que no está siendo confeccionado por la Presidencia de la República.

La primera frase de cada llamado de Peña es que no se trata de algo partidista. Lo dice como si los acuerdos entre partidos fueran segregadores, pecaminosos y sucios por definición aunque Peña es el líder de un partido y así lo mira el país entero. Es cierto que en México los tratos donde se incluye al PRI siempre terminan en la violación cuando no en la traición, pero no parece viable que en un acuerdo nacional no estén los partidos y, con ellos, el Congreso, los gobiernos y parlamentos locales, los ayuntamientos, etcétera. Así que ahora, cuando el país requiere un convenio básico frente a la política de Donald Trump, es contradictorio que el presidente mexicano hable de un entendimiento sin el concurso de los otros partidos.

La evidencia de lo anterior es que Peña no ha llamado a consultas a los líderes partidarios. Lo que hizo fue encargarle al cabecilla del PRI, el señor Ochoa, que convocara a los dirigentes de todos los partidos. Claro que sólo sus aliados de bolsillo acudieron a la cita. Así no debería trabajar un presidente que quiere ser líder después de cuatro años de no poder serlo.

Hay una gran diferencia entre la unidad de acción que requiere la embestida de Trump y la uniformidad que se exige desde Los Pinos. El primer punto de un acuerdo verdadero tendría que ser la sinceridad pero Peña ha estado mintiendo recientemente en asuntos importantes. Negó categóricamente que Trump le hubiera mencionado que la autoridad mexicana no puede con la delincuencia organizada y necesita la participación estadunidense, tal como había sido filtrado por la Casa Blanca. Luego mandó decir que no graba las conversaciones telefónicas con otros jefes de Estado o de gobierno, lo cual no se lo cree nadie. Y si así fuera, tendríamos algo peor: la estupidez de un gobernante que no lleva registro de sus relaciones personales del más alto nivel. Después ordenó declarar que el gobierno mexicano iba a indagar acerca de la filtración de la llamada telefónica, lo cual es ridículo por imposible. Antes, Peña había dicho que el tema del muro ya no sería tratado en público por ambos presidentes, lo cual no fue desmentido por el vocero de la Casa Blanca, pero Trump sigue haciendo propaganda de su proyecto mientras Peña evade el debate directo. El presidente de EU así seguirá porque está en una lucha. ¿El presidente de México también está luchando? En Los Pinos nadie entiende que muchas cosas han cambiado y que hace falta otra política.

Peña asiste con frecuencia a actos y ceremonias de otros. Él casi no convoca a reuniones, mucho menos a actos multitudinarios, como podría hacerlo un líder político cuyo país está siendo agobiado por el gobierno de Estados Unidos. Lo que dice todos los días es que la unidad no sería alrededor suyo sino de México, pero no aclara que sí pretende establecer el marco de esa unidad, es decir, aspira a la uniformidad, la cual consistiría en que no se criticara al gobierno para no debilitarlo ante el de EU, lo que resulta imposible.

Tampoco es viable tal unidad de acción si no hay acuerdo sobre qué cosa se tiene que hacer. El gobierno ha convocado a cúpulas empresariales y sindicales a consultas sobre posibles reformas del TLC, pero ese no es un tema que sólo interese a tan distinguidas personas. Es un asunto de todo el país y, en el nivel institucional, del Senado de la República. Aquel cuarto de al lado oficial no será de seguro un medio para lograr la unidad sino para promover disidencias.

Si Peña quiere seguir tratando asuntos nacionales en cuartos cerrados con los miembros del gobierno de Trump y con éste mismo sin ser sincero con su propio país, lo que va a lograr es que su 12% de aceptación siga bajando. A ningún mexicano, por más odiosos que considere que son sus gobernantes, le ha de gustar que los ninguneen o se burlen de ellos los representantes de otro país, peor aún cuando ése es Estados Unidos con quien existen muy viejas rencillas y una vecindad no siempre amistosa.

Si no se abre por completo el ostión para que todos sigamos con exactitud y verdad el estado de la relación entre ambos gobiernos y el debate sobre qué hacer a cada paso, México se dividirá más en lugar de unirse en una acción defensiva frente a la arremetida de Donald Trump. El gobierno de Peña Nieto tiene en sus manos la decisión.

Cobro del botín

Si no quieres pagar ni vengas a Washington, en pocas palabras fue lo que le dijo Donald Trump a Enrique Peña Nieto temprano de mañana el jueves 26 de enero, a través de un twitt, luego de lo cual el presidente de México envió a la Casa Blanca un mensaje formal, anunciado en otro twitt, cancelando la entrevista que había sido fijada para el próximo 31 de enero. No es mentira que Trump sea un patán, además de otras muchas cosas.

Según Trump, a partir del inicio de las obras tendientes a completar el muro fronterizo sur de Estados Unidos, México se convierte en deudor de los gastos, es decir, se trata de un empréstito forzado para cubrir el costo de la obra o del reclamo de una indemnización por algún daño o perjuicio. Aquí no hay ley alguna.

En su twitt, Trump escribió una primera frase en la que afirma que EU tiene un déficit comercial con México de 60 mil millones de dólares, que el TLC ha sido unilateral desde el principio y habla de «empleos y compañías perdidos». A partir de estas ideas añade que si México no admite pagar sería mejor cancelar la reunión. Es evidentemente una respuesta al mensaje de Peña de la noche anterior la cual había sido, a su vez, una respuesta a la firma de la orden ejecutiva de construir el muro.

Así, por vez primera, Trump se refiere a lo que eventualmente sería la base de la indemnización reclamada: el déficit estadunidense con México. El nuevo presidente podría estar pensando que los 15 mil millones requeridos para apuntalar y terminar de construir el muro ya existente no son gran cosa comparados con el déficit comercial.

Trump sabe de sobra, sin embargo, que ese superávit comercial mexicano no es propiedad pública y gran parte se compone de las ganancias de compañías estadunidenses que aprovechan las ventajas competitivas de operar en México.

El vocero de la Casa Blanca ha dicho ya que el muro se pagará con un arancel de 20% sobre las importaciones procedentes de México. Eso sería mucho más dinero, en un solo año,  que el costo del muro, pero tampoco lo podría hacer legalmente Estados Unidos pues ambos países, aún sin TLC, seguirían siendo miembros de la Organización Mundial de Comercio bajo la norma de que los aranceles son iguales para todos. Sin embargo,  por lo pronto, los líderes republicanos en el Congreso ya dijeron que aprobarán el gasto con base en la «Ley barda segura» de 2006, aún vigente, que fue aprobada por congresistas de ambos partidos, entre ellos Barak Obama y Hillary Clinton.

En las guerras, los estados vencedores solían fijar y cobrar gastos de guerra a los vencidos. Pero aquí no se ha producido conflicto armado alguno. Al respecto, podría recordarse que la línea fronteriza actual entre los dos países fue trazada por Estados Unidos después de una guerra de expansión territorial. Es decir, la border es suya en todos sentidos. Es irónico exigirle ahora a México que pague el costo de la muralla de separación con el territorio que le fue expoliado.

El planteamiento de Trump es falso porque el muro en sí mismo no afectaría el comercio entre los dos países. El muro es absolutamente independiente del déficit comercial estadunidense, tanto del actual como del que llegue a tener en el futuro. No obstante, si México fuera unilateralmente «expulsado» de la OMC por parte de Estados Unidos y este país le impusiera la tarifa arancelaria del 20% ya anunciado por un tal Spicer en nombre de Trump, entonces no se resolvería ni lo del muro ni lo del TLC sino que se iniciaría una subversión del comercio mundial, una guerra arancelaria que sería la más estúpida (por sus motivaciones, en este caso el muro) de cuantas ha conocido el capitalismo.

Tampoco serviría el muro para detener el tráfico de drogas hacia el norte como ya se ha visto.

Las armas procedentes del norte pasan por los puestos fronterizos mientras que los terroristas procedentes del extranjero ingresan de cualquier manera.

Finalmente, Trump dice que el muro protegería a México de los emigrantes centroamericanos, pero esos no quieren venir sino ir a Estados Unidos, es decir, según Trump, dejarían de llegar millones de personas procedentes de Centroamérica. Ya se sabe que la emigración de mexicanos sin visa ha ido en descenso y que el número de deportaciones ha ido en aumento: Obama deportó más de dos millones de mexicanos en mandato y el año pasado fueron más de 200 mil. Mas también se sabe que los turistas mexicanos gastan en Estados Unidos 20 mil millones de dólares cada año, casi lo mismo que el monto de las remesas de trabajadores mexicanos.

El muro es una estupidez si se le analiza desde el lado de lo que afirman sus autores, los de antes y los de ahora. Pero no lo es desde el ángulo de la xenofobia. En realidad, quieren convertir la línea divisoria en una muralla que señale con absoluta claridad que detrás de ella hay una autoridad que odia recibir a cierto tipo de personas. Los mexicanos y los centroamericanos están entre los más indeseables para gente como Trump, según hemos podido advertir. Esto no es nuevo pero no se había expresado tan claramente desde la Casa Blanca.

Así que el «derecho de cobro» es producto de la xenofobia aunque se exprese ridículamente en un lenguaje comercial de parte de un comerciante que da órdenes ejecutivas. Con el cobro, se le dice a México: tú eres el culpable del repudiable asedio sobre mi frontera por lo cual tú mismo pagarás el costo de la muralla.

Mas Trump quiere hacer también unos muros internos: ha ordenado que la autoridad federal organice a los vecinos de ciertos barrios para denunciar a los indocumentados y poder arrestarlos en sus viviendas. Ha penalizado a las ciudades y pueblos «santuarios» cuyas autoridades no entregan a los indocumentados a la Migra, la cual será también fortalecida en la frontera y tendrá capacidad para albergar a muchos más que los 40 mil detenidos que ahora retiene simultáneamente en vía de deportación.

Mientras, estamos esperando que Mr. Trump firme otro papel para dar inicio al procedimiento de denuncia del «unilateral» (one-sided) TLC (NAFTA) que abarcaría seis meses de negociaciones, reales o supuestas, según el clausulado vigente.