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Ir a la Casa Blanca

No existe evidencia que pudiera llevar a presumir que la visita de un jefe de gobierno extranjero a la Casa Blanca haya influido alguna vez en la elección presidencial en los Estados Unidos. Esa discusión, por tanto, carece de sentido. En realidad, es enteramente especulativa.

La visita de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump podría ser parte de una relación normal entre los jefes de gobierno de ambos países. No se mira así por las características del actual presidente de Estados Unidos. Sin embargo, algo anda mal en esa forma de observar la situación.

A pesar del discurso antimigrante y antimexicano de Trump, el actual gobierno estadunidense ha deportado menos mexicanos que Barack Obama durante los dos peores años de la administración de éste, quizá debido a la creciente falta de cooperación de muchos gobiernos locales en las cacerías de migrantes sin visa. El muro fronterizo que fue construido pacientemente durante anteriores gobiernos demócratas y republicanos, bajo Trump sólo ha crecido en 16 kilómetros y ha sido reparado en unos 300, pero con muchos discursos demagógicos. Es tan viejo que se está cayendo solo.

Entre la inoperancia oficial y la resistencia popular, no parece ir bien la aplicación de la política de Trump respecto al tema de migración, tal como lo demuestran sus fracasos en la pretensión de cancelar el mecanismo de demora para los dreamers ordenado por Barack Obama, el cual, por cierto, no implica la concesión de residencia y mucho menos de ciudadanía. A esos «extremos» nunca llegó aquel presidente.

El protofascista Donald Trump ha realizado dos acuerdos con México: la reforma del tratado comercial trilateral y el relativo a la migración centroamericana. Quien cedió más en el primero fue el gobierno de Estados Unidos que estaba decidido a denunciarlo (cancelarlo), pero reculó ante fuertes presiones empresariales internas y un posible escenario económico poco menos que catastrófico; gran parte de la oposición demócrata no quería seguir con el tratado (nunca apoyó el TLC desde 1994), por lo que algunos de esos diputados, al final, pusieron sus condiciones en el nuevo T-MEC. Quien cedió más en el segundo fue México, ante la amenaza de imponer aranceles generalizados al margen y en transgresión del TLC, ya que el gobierno mexicano no deseaba asumir la estancia en la frontera sur de los solicitantes de asilo a EU y no quería confinar migrantes en el sureste del país; recién, un tribunal estadunidense declaró ilegal mantener en un tercer país a los migrantes que buscan asilo en EU; el día menos pensado, un tribunal mexicano declarará inconstitucional impedir a los migrantes el libre tránsito dentro del territorio nacional.

Ambos acuerdos no significan victorias resonantes de ninguna de las partes porque son abigarrados, aunque el pacto comercial es formal y será más duradero, a diferencia del acuerdo migratorio respecto de América Central que es endeble y de circunstancia.

La promesa electoral de Trump fue cancelar el TLC pero era demasiado perjudicial para su país. Así que el déficit comercial de EU con México se mantendrá, ya que su reversión sería producto de otros factores económicos pero no directamente del nuevo tratado (T-MEC).

Otra promesa electoral de Trump fue concluir el muro fronterizo, cuyo costo sería cubierto por México, «aunque (éste) todavía no lo sabe», según dijo entonces. El muro no crece, pero las obras de mantenimiento se han pagado con fondos presupuestales de Estados Unidos, pues los diputados demócratas le han autorizado a Trump algo de dinero, ya que a fin de cuentas la barrera también es de ellos. El resto de los fondos se los ha quitado a las fuerzas armadas, de manera ilegal dice la sentencia de un tribunal federal de Washington. En resumen, un fracaso: ahora están empezando a «levantar» un muro electrónico, una alarma, mucho más barata y menos contundente.

La antipatía de México (en su mayor parte) hacia Donald Trump no es algo personal, sino de carácter político. Ese presidente tiene un discurso hostil y realiza actos odiosos. Sin embargo, no le ha ido muy bien en su política supremacista, como ya se está viendo con el repudio al lacerante racismo, pero tampoco en las relaciones comerciales con el resto del mundo, su «guerra comercial» que, según había dicho, siempre será más barata.

El anterior presidente, Enrique Peña, tuvo que cancelar dos veces su visita a la Casa Blanca ante la insistencia demagógica de que México iba a pagar el proyecto de alargar el muro, lo cual, naturalmente, no admitía discusión. Trump ya se la había hecho a Peña en ocasión de la invitación de éste a Los Pinos. De regreso a su país, el candidato republicano afirmó que México sí iba a pagar el fabuloso muro.

En Estados Unidos nunca en la historia ha habido un presidente que tuviera genuina simpatía por México. Franklin D. Roosevelt es, quizá, el único que podría considerarse como algo amigable. Esto no se debe a las personas sino a los intereses estadunidenses del momento, los cuales son, se sabe bien, aquellos que corresponden a la gran burguesía norteamericana. En el fondo, este no ha sido nunca principalmente un asunto nacional sino de clase.

La visita de AMLO a Washington cuando en Estados Unidos, México y Canadá se ha promulgado y ha entrado en vigor el nuevo acuerdo comercial –a jalones como todos—, no debería verse como algo «peligroso», «indebido», «inoportuno», «entreguista» o «sospechoso».

Está claro también que la conversación no versará sólo sobre el tema del T-MEC sino que puede ampliarse a cualquier otra cosa. Recién ha dicho el secretario de Estado de EU que Washington espera que México colabore en el establecimiento de instituciones democráticas en Venezuela. Ya no es el mismo discurso que cuando EU quería obligar a México a mantenerse dentro del inefable y ridículo Grupo de Lima en el que antes se había inscrito Peña Nieto, pero tampoco ese es tema mexicano en las relaciones con Estados Unidos. México seguirá en la doctrina de la no intervención porque es una defensa frente al norte.

En el nuevo tratado, el cual en realidad contiene más del viejo TLC, hay cláusulas que van a repercutir, pero no al punto de modificar en su conjunto el entramado del libre comercio tripartita tal como ha sido hasta ahora. Tampoco será un instrumento que propicie, por sí mismo, el crecimiento del volumen de la producción en México ni mucho menos el incremento de la capacidad productiva del trabajo social. Sin embargo, a muy corto plazo, podrá favorecer la inversión productiva y en cartera en tanto que brinda tranquilidad a algunas empresas para expandirse.

Ha surgido en este marco el tema de porqué un gobierno de rompimiento con el neoliberalismo firma un tratado comercial con Estados Unidos.

La mayoría de la izquierda mexicana no se opuso al TLC sino a varios de sus capítulos. En especial los granos, con cuyo motivo el plazo para el comercio libre del maíz se ubicó en 10 años.  Pero el problema también consistía en lo que el tratado eludía, en especial, un acuerdo migratorio, la fuerza de trabajo que va de un país a otro sin reglas, derechos ni responsabilidades. Este tema sigue abierto, nada se ha avanzado, excepto quizá un poco con Canadá.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) fue precedido de una apertura comercial unilateral del gobierno de México (Carlos Salinas), en el marco de una libertad cambiaria pero con control oficial del tipo del cambio, cuyos objetivos eran, entre otros, bajar la inflación y propiciar la inversión extranjera directa e indirecta. Se vio que del esquema no funcionaba tan bien cuando vino la crisis provocada por ese mismo gobierno en 1994.

El TLC trajo una desindustrialización parcial del país, el abandono de la producción de granos, la más completa apertura a las trasnacionales estadunidenses, así como un alineamiento con el cual México no estaba familiarizado: «nuestros socios comerciales». Recién apenas se ha entendido que eso de «socios» no es más que una relación entre competidores con reglas comunes, ya que sólo una ínfima parte de los propietarios mexicanos son en verdad socios de los estadunidenses.

Por otra parte, la economía mexicana alcanzó un superávit comercial frente a Estados Unidos y mantuvo un déficit con el resto del mundo. Los grandes exportadores son por lo general los grandes importadores, pero, además, las empresas mexicanas que venden mucho en EU exportan también capital hacia allá mismo u otros paraísos.

Más de las dos terceras partes del comercio de México se hace con Estados Unidos y casi todo bajo reglas comunes de comercio. Sería absurdo pretender el rompimiento de tales reglas, lo que no impide aplicar una política de diversificación de las relaciones económicas.

Los elementos principales del retraso de México han estado relacionados, ante todo, con la política económica y social de los anteriores gobiernos. Con una política salarial catastrófica, el mercado interno era lo secundario frente a las gigantescas exportaciones. Ante la economía maquiladora, han carecido de importancia el desarrollo tecnológico y la productividad. La gran potencia automotriz, México, no tiene ni patentes ni marcas; no hay un solo automóvil mexicano porque el negocio es la maquila de autopartes y el ensamble, todo por cuenta de trasnacionales.

México es un gran consumidor de toda clase de productos importados en tanto que su capacidad exportadora ha seguido creciendo. El mercado interno zozobra. En consecuencia, se ha ampliado la brecha en la distribución del ingreso, tenemos una sociedad cada vez más desigual, lo que genera mayor pobreza. Además, el empleo formal es ya menor que el informal, el cual se caracteriza por su ínfima productividad. Eso es un colapso social.

Este resultado no es de la entera responsabilidad de los sucesivos gobiernos neoliberales, sino también de la clase dominante y especialmente de sus capas hegemónicas, oligárquicas. La gran burguesía mexicana carece de proyecto nacional propio, vive del Estado y de la vecindad. No merece dominar en una sociedad como la mexicana que tiene historia, identidad, geografía y demografía.

 La relación entre México y Estados Unidos posee, entre otras, la característica de una presencia dentro de este último de varios millones de mexicanos. La cultura de México está cada vez más presente en Estados Unidos, pero no por la influencia de los medios, sino debido al influjo de una nación que se expande hacia el norte.

Por más horrible que parezca el actual inquilino de la Casa Blanca, bajo cualquier presidente de Estados Unidos van a seguir los problemas en las relaciones entre ambos países y sus interminables complicaciones. No está a la vista, aunque tampoco se mira tan lejana, la llegada de un presidente socialista democrático como sería el senador Bernie Sanders.

Por lo pronto, tenemos que enfrentar la disputa presidencial estadunidense con sensatez política y con la persistencia en los cambios que se están iniciando en México.

¿Para qué rehusar la invitación de Trump? ¿Qué le brindaría al presidente de México aparecer indignado, distraído o disimulado? El pretexto de la visita es la entrada en vigor del nuevo tratado.  Toda visita entre jefes de gobierno tiene alguno, pero más allá del mismo no debería criticarse el diálogo directo, personal, entre los presidentes de ambos países, ahora y en el futuro, con independencia de quienes gobiernen y de qué partido sean.

El trato entre los presidentes de ambos países siempre ha sido algo normal aunque no tan frecuente. Ernesto Zedillo visitó cuatro veces a Bill Clinton. Vicente Fox se reunía con George Bush en su rancho de Texas. Felipe Calderón fue a la Casa Blanca una semana antes de que Bush entregara la presidencia, lo cual fue visto como un innecesario acto de despedida, y visitó luego dos años consecutivos a Barack Obama. Enrique Peña llegó a ir cada año a ver a Obama al final del mandato de éste. Esas visitas se antojan escasas entre mandatarios de países vecinos. El trato intergubernamental, lo sabemos, se realiza con frecuencia en niveles intermedios, pero los jefes de gobierno deberían verse más y no sólo usar el teléfono como se acostumbra desde finales del sexenio pasado y lo que va del actual.

Hay que olvidar la parafernalia del poder e ir a lo concreto en las relaciones internacionales. Hacia allá está yendo el mundo.

Disputa de la palabra

No hay hecho político que más irrite a las derechas moderadas o extremas que las cotidianas conferencias de prensa del presidente de la República, las denominadas mañaneras.

Una de las características de la situación actual es que se está disputando la palabra. Durante décadas, el poder llenó el espacio político con su propia palabra, la pronunciada por sus voceros directamente autorizados o por aquellos que se dedicaban a reproducir, elogiar, explicar, justificar a los poderosos: todo un oficio muy bien pagado.

Andrés Manuel López Obrador carece de voceros oficiales y tampoco tiene a los pagados. Él es el vocero de sí mismo. Habla todos los días, a veces no sólo por la mañana sino a deshoras. Los reporteros le preguntan libremente, le encaran, le refutan, le contradicen. El presidente responde y añade, se sale del tema y luego tiene que regresar ante la presión del diálogo ingrato.

Este esquema es el medio de disputar la palabra tantos años capturada por los ahora desplazados del poder.

Antes, los grandes medios ofrecían lugares a los opositores, incluyendo a López Obrador, pero no cedían la palabra, la cual estaba bajo el control de los poderosos.

Hoy, como las oposiciones formales dicen y vuelven a decir, pero no alcanzan a rebatir al presidente de la República, esta función sólo la intentan los periodistas del foro presidencial y, a veces, algunos otros de aquí y de allá. Así, por infortunio, es la precariedad del discurso de los partidos opositores la que le otorga mayor fuerza a la prensa de todas las tendencias y querencias.

Quizá por eso mismo no descuellan las tesis contrarias a las de la nueva fuerza gobernante, sino las búsquedas incesantes de las contradicciones del discurso presidencial, los olvidos, las evasivas, las equivocaciones, las confusiones. No existe un debate político propiamente dicho porque algo que pudiera llevar ese nombre no se lograría en conferencia de prensa sino en tribuna, en acciones masivas, en conglomerados convocados para la protesta y la propuesta.

Durante las tres décadas del movimiento que recién triunfó, las proclamas opositoras eran hundidas en un mar de baterías propagandísticas, la mayoría de paga, y en hoyos de silencio. En los tiempos actuales, en cambio, quien fuera líder de aquella oposición, el presidente de la República, habla todos los días, con o sin tino, pero su palabra al fin se escucha, sin tener que pagar y se puede contradecir.

Cosa diferente, claro está, consiste en la práctica de desvirtuar o tergiversar lo dicho por Andrés Manuel o por cualquier otro funcionario o legislador de la 4T.  Existen montones de notas periodísticas que dicen lo contrario de lo expresado por la fuente y, a veces, los encabezados deforman lo escrito por el mismo reportero. Eso es algo de lo más común porque el más fácil es el periodismo sin responsabilidad social o el que soslaya su propia ignorancia.

Con o sin definiciones éticas, el caso es que nadie en los medios está obligado a hacer ditirambos al poder político de la República. Esto es parte del nuevo esquema de disputa de la palabra.

Un periódico o revista, emisora de radio o televisión, portal de noticias, etc., puede ser tan opositor como quiera y recurrir a su propia moral, por ejemplo, aquella que se deriva de sus ideas sobre el carácter de la fuente cuyos actos o pronunciamientos reseña, antes de la obligación de comunicar a su público lo que está pasando. Todo eso es parte de la nueva normalidad creada a partir de un nuevo sesgo que ha tomado la disputa de la palabra.

La prensa fifí siempre ha existido y se reconoce a sí misma de sobra. ¿Por qué tanto desconcierto? Porque expresar ideas y convicciones no es algo normal cuando se trata de un político poderoso, el cual debe «guardar las formas» aunque esas estén basadas en la hipocresía, denominada respeto. Se ha llegado a postular que los críticos no deben ser criticados por los sujetos de su propia crítica. Eso ya no es vigente. La libertad de difusión de ideas es para todos, todo el tiempo. Así lo señala la Constitución y lo confirma la práctica.

Ante la existencia de unas oposiciones bastante extraviadas y desmovilizadas, en la actual disputa de la palabra han ganado los medios, tanto los tradicionales como los emergentes, aunque muchos han perdido ingresos. Se han hundido el «chayote» y la gacetilla, aunque sobreviven, pero todos pueden ahora decir libremente lo que piensan y difamar a quien deseen, a la espera, eso sí, de una eventual respuesta que se escucharía.

Bien, la disputa de la palabra abierta por la 4T es también un invaluable instrumento de aquella prensa que le sirve a sus lectores o escuchas.

No te rajes Juanito

El título de este artículo es el lema de toda la derecha antidemocrática y del periodismo afín. Desde hace meses, se ha insistido en caricaturizar la maniobra electoral en Iztapalapa y a sus protagonistas. Pero el valor del sufragio no ha aparecido todavía en el razonamiento de esa derecha que se llena la boca con la palabra democracia pero que la combate en la práctica cada vez que puede. El PAN ha llegado a condicionar su voto a favor de la remoción de Rafael Acosta a que Clara Brugada quede fuera.

Iztapalapa es una expresión de la caducidad de las instituciones mexicanas. Del monopolio de los partidos en la postulación de candidatos. De la bancarrota del tribunal electoral que nombra candidatos. De los poderes constitucionales que declaran que nada tienen que ver en el asunto. De la mayor parte de la prensa que se dedica a echar relajo con el asunto.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (nombre largo para tan cortas luces) hizo el cómputo de una elección interna de un partido y declaró a una candidata ganadora cuando ya no podía haber cambios en los registros ni se podían imprimir nuevas boletas, todo lo cual ubicó a los magistrados en el plano de la prevaricación. Se creó entonces un problema político singular: el PRD se presentaba con una candidata que no era la suya propia y cuyo nombre no aparecía en la boleta junto al logotipo de su partido; en la boleta, la candidata era Clara Brugada. El PT se presentaba con un candidato que no lo era en realidad, sino que prestaba su registro para que la gente pudiera votar por Clara Brugada, despojada de la candidatura del PRD. Los electores que votaron por el PRD y Clara Brugada, votaban en realidad por Silva Oliva; los electores que votaban con Rafael Acosta y el PT votaban en realidad por Clara Brugada, quien al final recibió mayor cantidad de votos y no hubo impugnaciones.

Ahora, nuestros ilustres derechistas, con partido declarado o con partido sin declarar, dicen que el problema fue creado por López Obrador y algunos se atreven a retarlo a que lo arregle. No, no es amnesia lo que padecen sino interés político. Quien creó el problema fue el tribunal, punto. Sin embargo, el insigne periodismo mexicano ya olvidó hasta el nombre del colegiado de magistrados que opera en la sombra y designa candidatos, no sólo del PRD, por cierto.

No te rajes Juanito es la voz que se esparce, pero el tal Juanito ya se rajó. Ha incumplido su solemne compromiso de no asumir el cargo, jurado ante miles de personas y cámaras de televisión varios días antes de la elección. Cuando se hizo el pacto con el PT y Rafael Acosta, yo mismo le pregunté a éste en conferencia de prensa si estaba dispuesto a cumplir con su compromiso y afirmó que sí, que sin duda. Sin embargo, al margen de gandalleces en un país de políticos gandallas, la cuestión sigue siendo la misma: el sufragio.

Una mayoría votó por Clara Brugada, luchadora social de toda su vida, especialista en el tema de desarrollo social y lucha contra la pobreza, destacada profesionista, dos veces diputada federal, coautora de la ley de desarrollo social, actual senadora suplente por el Distrito Federal, entre otras muchas distinciones. ¿Es aceptable que el voto mayoritario sea desconocido a la voz de no te rajes Juanito? ¿Se puede estar de acuerdo con ese acto de gandallez, alentado por gandallas dentro de la más pura tradición política mexicana? Ah, la ley, se dice. ¿Y el voto? ¿Y la gente que votó? ¿Y la mayoría? Vamos, estos no son temas para esa derecha antidemocrática que toma del viejo régimen los textos sagrados no escritos de la gandallez política, de la burla al electorado.

Frente al intento de fraude, ahora de quinto piso, debe reivindicarse el hecho evidente de que el pueblo de Iztapalapa votó y Clara Brugada ganó.

La propuesta política de AMLO

Ante más de cien mil personas, López Obrador ha lanzado una propuesta política. El hecho es significativo por dos motivos. Primero, porque no lo había hecho desde el movimiento postelectoral del 2006. Segundo, porque aborda los principales aspectos de la crítica situación del país.

Los diez puntos de Andrés Manuel son en verdad una propuesta política, es decir, un planteamiento de acción, una convocatoria de unidad de fuerzas, una forma de abordar la crisis de México y un método para resaltar los problemas más importantes de la nación en la búsqueda de soluciones auténticas y viables.

El primer punto se refiere al Estado democrático y social de derecho, aspecto central del programa del PRD y elemento sin el cual es imposible emprender la lucha a favor del desarrollo, en contra de la pobreza y el atraso, y en pos de un Estado de perfil contemporáneo. Se trata, en efecto, de un planteamiento que busca superar la naturaleza oligárquica del poder actual, la cual se encuentra en el centro de la situación de México pues condiciona casi todos los temas nacionales.

Sin la democratización de los medios de comunicación no podrán darse pasos en sentido verdaderamente democrático. El duopolio de la televisión y el oligopolio de la radiodifusión no pueden ser el marco de ninguna democracia por más que tal cosa se niegue una y otra vez. Este es el segundo punto.

Una nueva economía es lo que el país requiere pues las trabas del desarrollo son de carácter estructural. La falta de crecimiento y el pésimo patrón de distribución del ingreso son ya males endémicos que han lastrado a México entero. No hay problema concreto que no tenga referencia directa con el estancamiento –ahora hemos tenido recesión—y con la estrechez del mercado interno. Este es el tercer punto.

Un programa antimonopólico es ya indispensable para promover el desarrollo nacional, pues México es el país de América Latina con mayor estructura monopólica, la cual impide el crecimiento. Tal es el cuarto punto relacionado con el quinto: abolición de los privilegios fiscales. Es ésa la reforma hacendaria que requiere el país, para dejar de dar vueltas anuales a un problema que en realidad no han querido resolver los sucesivos gobiernos ni los sucesivos congresos.

Un Estado que no derroche y que rompa con el patrimonialismo de los jefes políticos y administrativos es algo más que urgente. La austeridad no es sólo un asunto ético sino que el gasto innecesario y abusivo es ya un inmenso desagüe presupuestal que no puede la República seguir admitiendo. Este es el sexto punto.

El tema de la energía es cada vez más acuciante. El país va hacia atrás y no tiene ni la gasolina que consume. Los energéticos son estratégicos para todos los países y México tiene recursos. Lo que no tiene es gobierno. Aunque el problema carece de la gran complejidad que se observa en otras naciones, casi nada se hace aquí para resolverlo. Este es el séptimo.

El octavo punto es la producción de alimentos. ¿Hasta dónde puede llegar México sin suficientes productos agropecuarios propios? No se trata sólo de un asunto de soberanía alimentaria sino de la crisis social del campo mexicano.

El noveno punto está ligado al primero: el Estado de bienestar, es decir, el Estado social, cada vez más necesario ante la quiebra del Estado neoliberal que sólo ha llevado al mundo a mayores injusticias y desigualdades. La pobreza en México sigue creciendo por lo que no sólo se requiere una política social nueva sino un Estado diferente.

El punto diez es el planteamiento ideológico propiamente dicho: promover una nueva cultura basada en el trabajo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad y la protección del medio ambiente. Una cultura que contrarreste la idolatría del poder del dinero y el lucro, que promueva una nueva moral.

Esta es una propuesta política. ¿Dónde están otras?