La democracia política surge sobre la base de la liberación de la fuerza de trabajo servil y la consecuente destrucción de las relaciones feudales. El individuo (hombre) ya es libre de moverse en el territorio y se vuelve a formar la polis, integrada por personas formalmente iguales. La democracia no es producto de un ideal de igualdad, ni de ningún otro ideal, sino del establecimiento de una nueva desigualdad social, la del nuevo mundo, la nueva opresión basada en la explotación de la fuerza de trabajo de personas libres que pueden vender su fuerza de trabajo.

Por esto, los sistemas democráticos surgen como formas de representación y de integración del poder político por parte de los propietarios, que eran quienes podían votar y ser votados. El voto censatario es la marca de origen de la democracia moderna.

Mientras que para la nueva clase dominante el sufragio universal era un peligro, para la otra nueva clase, la de los trabajadores asalariados, el proletariado de la modernidad, era la forma de tomar parte de la lucha política, es decir de tener sus propios representantes. La burguesía, como es de suyo propio, tiene el poder del dinero a través del cual puede influir en el poder político. Así, la democracia es producto histórico de los trabajadores ya que es uno de los grandes intereses políticos de quienes no pueden ejercer ningún poder que no provenga de la representación directa del pueblo.

El enfoque del socialismo mexicano no fue siempre democrático. Durante décadas, la democracia política, aún la más formalista, se observaba en México como algo propio de sociedades avanzadas, para algunos, o como un gran engaño histórico de la burguesía, para las corrientes más dogmáticas. Entre el oportunismo, que observaba la antidemocracia del sistema político mexicano y la escasez de libertades democráticas como algo natural en tanto país pobre y atrasado, y la otra postura de que toda democracia política era instrumento directo de la opresión de la clase dominante, la izquierda mexicana, en su mayoría, vivía de espaldas al tema de la democracia.

Desde estos extremos, falsos por igual, empezó a surgir el programa democrático, tanto en lo referente a las libertades en general como en la reforma concreta del sistema político para lograr, en palabras de Arnoldo Martínez Verdugo, la “libertad política para todos los ciudadanos.” México estaba a mediados de siglo XX como otros países estuvieron a principios del siglo XIX, a pesar de que la Constitución reconocía los derechos de expresión, prensa, asociación, reunión, voto activo y pasivo, sindicación, huelga, etcétera: puras proclamas sin vigencia.

Varios movimientos sindicales, campesinos y estudiantiles fueron reprimidos durante las dos décadas que precedieron al gran movimiento estudiantil de 1968 en favor de las libertades democráticas. La represión volvió entonces a cundir con un horrible saldo de muertos y encarcelados. Ya no debería haber duda de que el problema concreto más importante de México era el de la democracia, es decir, la grosera falta de ésta.

A la clase dominante, en todas sus fracciones políticas y sus diversas agrupaciones gremiales, especialmente a la oligarquía propiamente dicha que manejaba al gobierno más o menos a su antojo, no le preocupaba la ausencia de libertades democráticas sino, en realidad, que se produjera una reforma política que pudiera abrir un camino democrático para el país. Por eso tardó tanto la llamada transición y por eso fue tan defectuosa en términos de la democracia formal predominante en el mundo occidental.

En su origen, en 1978, la reforma política, como ampliación del derecho de asociación, voto pasivo y acceso de los partidos a la radio y la televisión, fue producto de la lucha de la izquierda independiente, tanto la organizada en partido como de aquella que representó la juventud intelectual de los años sesenta y setenta. La derecha, oposición siempre leal, el Partido Acción Nacional, pedía el respeto a sus votos, pero no procuraba las libertades democráticas en general, es decir, para todos. Nunca en su historia el PAN ha pretendido algo más que concesiones particulares y jamás ha llevado a cabo acciones en favor de derechos políticos y sociales para la sociedad entera. Ese partido no es diferente a otros muchos del mismo signo en el resto del mundo.

El Partido Socialista Unificado de México surgió a convocatoria del Partido Comunista Mexicano y, dentro de éste, de Arnoldo Martínez Verdugo, quien luchó incansablemente en favor de la unidad de las izquierdas mexicanas. Él fue, en reconocimiento de su programa democrático y de su lucha unificadora, el candidato del PSUM a presidente de la República en 1982. Eran corrientes de la izquierda histórica, de la oportunista y de la más dogmática, que convergieron en un mismo partido donde la pregunta no era de dónde venías sino a dónde querías llegar. Predominaron dos planteamientos programáticos: la democracia política y el Estado social. La izquierda, a través de su partido indiscutiblemente más importante, respetable e influyente, era ya, sin duda, partidaria de la democracia política.

Mas no se trataba solamente del sistema electoral sino de todas las libertades. México tenía un partido, el PSUM, que luchaba en favor de todas, las que derivan de derechos fundamentales y de aquellas que son reivindicadas por segmentos de la sociedad como nuevos derechos. Era una izquierda laica, a pesar de sus remanentes ateístas, reminiscencias de un pasado esencialmente liberal asombrosamente entrelazado con el socialismo más dogmático. El PSUM fue, como todo partido de verdad, un proyecto político que no se concebía como algo inmóvil. El proceso de unificación no debía limitarse a sí mismo, por ello surgió a los seis años una nueva formación, el Partido Mexicano Socialista, y luego del levantamiento electoral de 1988, bajo la convocatoria de Cuauhtémoc Cárdenas, esa izquierda se sumó a la formación del Partido de la Revolución Democrática. Esa izquierda democrática de los años sesenta y setenta, la que conquistó sus propios derechos electorales en 1978, la que nunca dejó de abrir senderos de la democracia política y de las reformas sociales, se encuentra casi toda en Morena. La izquierda democrática no es una sigla sino una corriente histórica. Quienes se han rezagado se distinguen por su inconsecuencia o por su franca regresión a posturas oportunistas, por lo cual no resultan ser más que integrantes del conservadurismo y, por ende, del bloque opositor. Pero hayan o no militado en el PSUM, esos grupos o individuos que alguna vez estuvieron del lado de la izquierda democrática han perdido el rumbo porque, debido a sus posiciones, viejas o nuevas, rechazan el mandato popular, reniegan del principio de la democracia en el mejor momento que ésta ha tenido en México.

Durante los últimos cuatro años y medio, se ha logrado el mayor respeto a las libertades por las que la izquierda democrática mexicana se organizó, luchó y fue víctima de innumerables represiones. Los cotidianos y sistemáticos ataques contra el gobierno federal y la 4T no se responden con actos de fuerza; son libres por entero los críticos y maledicentes, como nunca lo fueron sus correspondientes en otros años. Por primera vez, el gobierno federal no ha comprado votos en las elecciones y ha promovido la consulta popular, a pesar de los grandes obstáculos legales y políticos que se han levantado desde las derechas contra los mecanismos de participación directa. El poder no ha roto ninguna huelga. Las manifestaciones son respetadas. Las protestas de la oposición han llegado irónicamente a ser alentadas por el jefe del gobierno. Ningún medio de comunicación, ni comunicador, ha sido censurado en lo más mínimo, aunque no paguen bien sus impuestos. Los actos indebidos cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad se están investigando y castigando. Se ha iniciado la lucha contra el Estado corrupto que durante décadas predominó en el país. Se acabaron en un solo día los llamados moches en la Cámara de Diputados, sistema de tráfico de influencias para esquilmar el presupuesto federal. Se ha realizado una reforma administrativa basada en aumentar la rentabilidad social del gasto público, acabar con el derroche, establecer el criterio de la austeridad y combatir la corrupción. Se está reponiendo la brutal pérdida histórica de los salarios. La política social se ensanchó, pero sin intermediarios mafiosos. El asistencialismo ha sido sustituido por el ejercicio de derechos al retiro, a la educación, a la salud y a la subvención económica socialmente necesaria. México ha optado por convertirse pronto en un país de becarios en la educación pública. Se ha iniciado un camino hacia el sistema de atención médica universal y sin costo para los no afiliados a la seguridad social, al tiempo que se pretende recuperar el tiempo perdido en la formación de personal médico y en la edificación de unidades de salud. Las estructuras monopólicas han dejado de ser favorecidas, se ha prohibido la condonación de impuestos y el disimulo frente a la evasión. Se ha elevado mucho la recaudación aun sin la elevación de tasas impositivas. Ha quedado atrás la política de asociación pública-privada. Los subsidios ya no son de tipo neoliberal para favorecer a los más ricos. Se ha abandonado la política de otorgar concesiones sobre bienes propiedad de la nación. Se han cancelado contratos leoninos y privilegios especiales de empresas, concedidos por los gobiernos neoliberales. Existen grandes planes de infraestructura con fondeo presupuestal del Estado para eludir los esquemas de financiamiento que benefician principalmente a los acreedores a través de las políticas públicas. Se ha avanzado mucho en la ruta hacia de la autosuficiencia energética y se han rescatado las empresas públicas de ese sector. Se ha adoptado el postulado de la autosuficiencia alimentaria y se dejaron de canalizar grandes subsidios en favor de líderes agrarios y agricultores ricos. Se ha subrayado el esquema de relaciones internacionales sin supeditación a pesar de las objetivas desigualdades económicas. El gobierno de México ya es respetado en el mundo sin que ello implique la renuncia a expresar sus propios puntos de vista ni a defender los principios históricos de México en materia de política exterior.

La lista de cambios y reformas es mucho más larga, pero lo más importante del tema es que todo lo descrito estuvo en el programa de las izquierdas unificadas en los partidos de ese trayecto: PCM-PSUM-PMS-PRD, al cual, inevitablemente, aunque con otra forma de integración, habría que añadir a Morena.

La democracia ha sido y es la divisa de la izquierda independiente desde principios de los años sesenta del siglo XX. Quienes observan en el tono del debate político una supuesta manifestación de intolerancia de parte del jefe del gobierno están queriendo conducir la lucha política hacia una forma que no es democrática, es decir, quieren que la absoluta mayoría de la prensa se siga lanzando todos los días contra el gobierno, incluso con grandes mentiras, y éste se haga el disimulado.

El debate es consustancial al ejercicio de las libertades democráticas. El problema antidemocrático es la monopolización de los grandes medios, el cual no ha sido del todo superado con las redes sociales. Exigir que el jefe de gobierno no gobierne en público ni responda cotidianamente y en persona a los ataques es, en esencia, una posición antidemocrática pues pretende el predominio incontestable de la gran prensa que se ubica en el bloque opositor. En realidad, esos escritores de periódico y otros comentaristas, tan molestos con los señalamientos cotidianos del jefe del gobierno, jamás dicen algo cuando sus colegas y ellos mismos arremeten contra la 4T con una furia, quizá digna de mejor causa, pero que corresponde a su propio derecho, hoy, como nunca, respetado.

En México jamás había existido tanta libertad de comunicación de ideas como hoy en día. Esta es, aunque se quiera olvidar, un legado de la izquierda que resistió por años innumerables represiones con la bandera bien alta de las libertades democráticas.

* Ponencia presentada en el Foro “La democracia mexicana y su raíz socialista:  a 43 años de la Fundación del PSUM”, organizado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.