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Estado oligárquico

El viejo sistema de presidencialismo despótico ha dejado su lugar al Estado oligárquico. Durante décadas, los presidentes cedieron a los grupos económicos toda clase de prebendas, incluidas las privatizaciones. Se puede decir que el Estado en México prohijó a casi todos los grupos de la gran burguesía y, a los demás, los apoyó siempre.

Hoy, México tiene la mayor estructura monopolista en América Latina y, consecuentemente, una enorme concentración de poder económico estrechamente ligado a grandes corporaciones extranjeras. La dominación está pasando de una gran burguesía ligada al poder a un sector monopolista cada vez más presente en el poder político, el cual, incluso, ya se representa de manera directa en los órganos del Estado.

El contenido del proyecto fiscal de Calderón nos hizo apreciar más de cerca este fenómeno. En la repartición de las nuevas cargas fiscales se castigó más a la gran masa de contribuyentes y consumidores pero cuando se pretendió cobrar una parte de los impuestos diferidos de los 430 grupos controladores de empresas, entre los cuales se cuentan a los más grandes monopolios de América Latina, el combate abarcó a casi todos los medios de comunicación y llegó a la presión personal sobre integrantes del Congreso. Calderón acudió al debate y reclamó a los monopolios una parte de las nuevas cargas, debido justamente a su falta de contribución efectiva. Ha sido, sin embargo, el PRI quien medió el diferendo y logró reducir el cobro en el año 2010 a sólo el 25 por ciento de los impuestos diferidos durante cinco años (1999-2004).

El debate sobre la exención de cobro de derechos a los próximos concesionarios de las nuevas bandas de telecomunicaciones (ya se sabe quienes van a ser aunque la licitación no se ha realizado aún) es una expresión muy concreta del fenómeno de Estado oligárquico. No son concesiones menores ni tampoco a empresarios temerosos; no existen riesgos en las nuevas inversiones sino gigantescas ganancias en ciernes (una tasa de retorno de 200 por ciento); no hay necesidad de incentivos ni de promociones especiales. Es, puramente, una cesión de soberanía y una falta de respeto a la ley.

No existen diferencias apreciables en la forma en que PAN y PRI representan los intereses oligárquicos aunque siempre se expresan divergencias según los grupos empresariales que están más cerca de uno y de otro. También se manifiesta en ambos el intento de lograr deslindes de las decisiones más antipopulares pero sólo para efectos del reparto de las cargas electorales que aquéllas pudieran traer como consecuencia.

Las cosas al respecto han llegado al extremo del ridículo con la desaparición de todo un partido en la votación sobre el incremento del IVA: el PRI se esfumó en el Senado. Así, el PRI no vota pero de esa forma hace posible la aprobación del aumento de impuestos: no se lavó las manos, se las ensució. Las cosas han llegado también al extremo cuando el PRI se suma a la cancelación del aumento del impuesto sobre la renta a los trabajadores con ingresos de menos de 10 mil pesos al mes pero admite que todos los demás paguen siete por ciento más.

Entre el presidencialismo despótico, cuyo remanente caricaturesco son los estados gobernados por el PRI, y el Estado oligárquico –producto del viejo régimen traído al presente a través de una falsa alternancia en el poder—no existe opción: ninguno de los dos sistemas políticos tiene algo de bienaventuranza. Todo esto es un desastre… hasta que todo estalle.

Todos en contra

Felipe Calderón ha conseguido lo hasta ahora considerado imposible: ha puesto a todos en su contra. Los motivos de las diferentes clases o sectores de éstas son, sin embargo, diferentes. Quienes pagan impuestos no están de acuerdo con pagar más; quienes no pagan rehúsan ahora pagar un poco por cuenta de lo que han dejado de aportar.

Es evidente que la gran burguesía monopolista, la cual no paga como lo afirma con razón el mismo Calderón (quien asumió por un instante el discurso de López Obrador, aunque sin la misma consecuencia), combate el aumento de la tarifa máxima del impuesto sobre la renta de 28 a 30 por ciento, aunque tampoco lo va a pagar, pero se opone sobre todo al pellizco de los impuestos retenidos (aparte de los no pagados) entre 1999 y 2004 –más de 80 mil millones en el cálculo más conservador—que Calderón les pidió entregar en cinco cómodas anualidades.

Quienes pagan los impuestos no están de acuerdo con un aumento de dos puntos porcentuales sobre sus ingresos, lo cual significaría poco más de siete por ciento de incremento a todos y, para los más bajos salarios que hoy contribuyen, representa casi 20 por ciento de aumento respecto de lo que están pagando ahora, lo cual es un atraco. (Nuestra insigne prensa libre mexicana no ha dicho la verdad sobre el proyecto gubernamental de impuesto sobre la renta ni ha intentado explicar a su sufrido público lo que significa el régimen de consolidación fiscal de los súper ricos mexicanos; lo que al respecto se ha planteado por el PRD desde el Congreso no ha sido publicado, sencillamente).

En cuanto a los impuestos al gasto no se trata sólo de dos por ciento adicional, reducido por la Cámara a uno por ciento en el IVA, sino también el tres por ciento a los usuarios de telecomunicaciones, dos pesos por cajetilla sin importar el precio de la misma y un incremento a las bebidas alcohólicas y a la cerveza, todo lo cual le pega a casi todo mundo.

Los ciudadanos diputados de la mayoría de PRI y PAN (encabezados por sus respectivos presidentes nacionales) se aventaron la puntada de aprobar la condonación de derechos a los concesionarios de las nuevas frecuencias de telecomunicaciones, por la friolera de casi 5 mil millones de pesos, con el propósito –dijeron—de “incentivar” que le hagan el favor a México de invertir en la banda más lucrativa del espectro radioeléctrico (la más rápida) y la de mayor tasa económica de retorno, como si fuera petróleo crudo. No se sabe qué favores, también de retorno, están aquí comprometidos.

En síntesis, Calderón plantea que quienes ya están pagando impuestos (trabajadores y empresarios pequeños y medianos) ahora paguen más y quienes no pagan casi nada sigan así, aunque les quiere cobrar a éstos en 2010 unos 27 mil millones por cuenta de lo que no han pagado en los últimos diez años. Esto fue lo que amarró la pinza de la unidad nacional: todos en contra. Mayor torpeza es difícil.

Los privilegios fiscales, sin embargo, no se tocan, pues el régimen de consolidación fiscal de las holdings no se quiere suprimir, ni se quiere cobrar el impuesto sobre la renta a las ganancias de bolsa, ni se pretende tocar a las empresas mineras que prácticamente no pagan nada por derechos de extracción, ni tampoco se desea eliminar los regímenes de privilegio del llamado sector primario y los transportes. En fin, Calderón respeta a los ricos y sólo les pide a los más ricos una pequeña contribución de 27 mil millones, por la cual éstos chillan como marranos atorados (tienen ingresos brutos anuales por más de cinco millones de millones de pesos).

El secretario de Hacienda, ante tal desastre y pésimo resultado político, debería renunciar como responsable de la aplicación de las órdenes recibidas de su jefe, Calderón. El paquete fiscal presentado por el gobierno no puede más que llevar al nombramiento de un nuevo secretario, aunque quien debería irse, en verdad, es el mismo Calderón por haber unificado a todos en su contra. Digo, es una idea.