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Reformar la Universidad Nacional

¿Qué está pasando cuando un grupo pequeño o grande de estudiantes cierra una facultad o escuela y, al mismo tiempo, el rector de la Universidad no concurre a discutir sino que sólo pronuncia discursos desde lejos?

No es tan difícil saberlo.

La UNAM aportó mucho a la conquista de la libertad política en México. Pero es una de las instituciones más atrasadas en materia de democracia interna. Esta contradicción nunca ha sido admitida por autoridad alguna. El rector vive en su Torre, así se llama, a la que llegan de vez en cuando algunos jóvenes violentos cuya presencia vandálica sólo sirve para que el mismo rector denuncie la intromisión de intereses ajenos. Nada pasa, sin embargo, por el arribo de unos y la alarma del otro. Todo sigue igual. Es una cansada esgrima sin objeto alguno.

Mientras, el acoso sexual y otros ataques mucho más graves contra las estudiantes siguen como antes o son mayores. La autoridad de cada plantel es la que debería imponer sanciones a las personas que realizan esos agravios a la dignidad y la integridad de las estudiantes. Pero los directores no quieren hacer nada, tienen miedo y, al mismo tiempo, no condenan las agresiones sexuales porque son machistas, misóginos, encubridores o simplemente pusilánimes. Durante años, esos ataques han sido moneda de uso corriente en la UNAM. Todos lo sabemos.

Ha llegado en esa Universidad el momento del ya basta. No se ha movilizado la mayoría del estudiantado porque las y los jóvenes no cuentan con agrupaciones amplias, democráticas y participativas. Todo ahí es una desolación en materia de instancias de organización, deliberación y decisión.

La UNAM tiene autoridades que no son legítimas desde un punto de vista medianamente democrático, lo cual no vale la pena discutir porque es evidente. La representación de la comunidad en el Consejo Universitario y en los consejos técnicos estriba sólo en actas pero no existe en la vida real. La Junta de Gobierno está peor, pues se encuentra integrada por 15 personas que duran en su cargo 15 años pero designan a los directores y al rector.

La Ley Orgánica de la UNAM (1945) cayó en inconstitucionalidad a partir de 1980 porque la fracción VII del artículo 3º de la Constitución otorga desde entonces la «facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma», mientras que la vetusta ley le impone a la Universidad, desde fuera, su estructura orgánica, es decir, las bases de su gobierno interior.

Si no existen instancias representativas y participativas en la institución, el diálogo está roto. Así ha sido durante muchos años, pero la necedad de mantener todo el andamiaje orgánico como si fuera nuevo sólo provoca el agravamiento de cada conflicto que surge.

Lo que ahora tenemos no es nada sencillo porque el machismo domina y la protesta es, de entrada, incomprendida, aunque se diga que se comparte el contenido pero no el método de realizarla. Esa es una falsedad, claro está. Las soluciones que se han ideado ante la violencia de género no funcionarán bien, aunque no sean malas, mientras la Universidad siga peleada con la democracia, la formal y, mucho más, con la participativa.

La violencia de género no hubiera hecho la crisis que estamos viendo en un medio en el que pocos o muchos plantean sus puntos y éstos se abordan por los demás a través de un entramado de discusión y decisión colectivas. Pero, gota a gota, se ha empezado a derramar el vaso ante la inexistencia de instancias en las que se resuelvan esos y todos los asuntos importantes.

¿Dónde se ha discutido el problema de la violencia contra las mujeres? En demasiados lugares, excepto en aquellos en los que se supone que deberían tomarse las decisiones en pluralidad. Para decirlo en forma más directa: el Consejo Universitario no es una instancia de deliberación y resolución de problemas generales, mientras los consejos técnicos siguen siendo sólo eso, puramente técnicos, para no contrariar el principio antidemocrático de las decisiones unipersonales del director/a.

La UNAM requiere en este momento una convocatoria a discutir organizadamente, sin mentiras, manotazos ni insultos, un proyecto de ley de la Universidad que se apegue a la autonomía consagrada en la fracción VII del artículo 3º constitucional, cuya redacción sería fácil, para que, luego, el Congreso de la Unión recoja el proyecto que de ahí surja y expida el nuevo ordenamiento. Después vendría lo difícil, la UNAM tendría que decidir qué tanta democracia quiere y cómo la necesita; qué tanta participación directa es conveniente; qué tanto diálogo desea; qué tanta organización reclama. Todo esto lo haría libremente, sin que una ley del Congreso, inconstitucional por ser orgánica, le indique cómo debe ser su gobierno interior.

Este planteamiento lo han rechazado Barros Sierra, González Casanova, Soberón, Rivero, Carpizo, Sarukhán, Barnés, De la Fuente, Narro y el actual Graue. Todos los rectores posteriores al movimiento contra el autoritarismo y el elitismo que derribó a Ignacio Chávez en 1966 han sido continuadores de la misma antidemocracia. Aunque aquella huelga estudiantil abrió el cogobierno extralegal en algunos planteles, éste se diluyó en medio de otras luchas de carácter nacional, incluyendo aquellas magníficas acciones victoriosas a favor de la gratuidad, todas las cuales nos dejaron un espléndido legado, primero, en favor de la democracia y, después, en la resistencia contra el neoliberalismo.

Como haya sido, el gran problema actual consiste en que la mayor Universidad está desfasada de su propio país al que tanto ha aportado, pero del cual no ha sabido aprender.

Banco de México: mejor no tocarlo

Durante años se ha repetido la propuesta de que el Banco de México cuente, dentro de sus finalidades, con la de impulsar el crecimiento de la economía. Ahora la ha expresado el Presidente de la República, por primera vez desde la reforma de esa institución en 1993.

¿Cómo podría el Banxico promover el crecimiento del PIB? Quizá otorgando financiamiento, aumentando el circulante o bajando tasas de referencia. En realidad nada de eso puede hacer el banco con verdadera discrecionalidad. Todo lo que sobre esos temas no se encuentra normado en ley, está limitado por parte del mercado financiero mundial y del sistema de intermediación que opera en el país.

La legislación otorga al Banco de México autonomía, aunque en realidad no tiene mucha. El punto más fuerte de su independencia consiste en que ninguna autoridad puede ordenar al Banxico otorgar financiamiento. En otras palabras, el gobierno no puede obtener créditos para sí o para otros a partir de recursos del banco central. En realidad, el gobierno acude al mercado abierto de dinero y el Banxico es su agente por fuerza de ley. Asimismo, sus viejos fideicomisos que siguieron funcionando después de la reforma ya no tienen importancia.

Se exagera sobre la autonomía constitucional. Una de las funciones principales del Banxico es regular los cambios, pero existe una comisión de la materia en la cual el gobierno tiene la batuta: de sus seis miembros, tres son de Hacienda, uno de los cuales es el secretario del ramo, quien la preside con derecho a voto de calidad en caso de empate. Nada puede hacer el autónomo banco central sin permiso del gobierno. Si esto fuera poco, es causal de remoción que el gobernador del Banxico incumpla los acuerdos de la Comisión de Cambios.

El Banxico debe seguir siendo banca central, banco emisor, banco de reserva, banco de bancos y banquero del gobierno. Pero debería dejar de ser «asesor del gobierno en materia económica» y limitarlo sólo a la «materia financiera», para lo cual habría que modificar el artículo 3 de la ley del banco, buscando así que el gobernador en turno ya no dedique alguna parte de su tiempo a hacer discursos y a meterse en toda clase de debates sobre el crecimiento económico, el cual rehúye como finalidad del banco, pero del que habla demasiado hasta el grado de hacer pronósticos, a veces impertinentes o disruptivos.

Tenemos un banco central que presume de su autonomía, pero más para hablar que para ejercer sus deberes. Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, y los subgobernadores, no asumen a plenitud el mandato de regular los servicios financieros. Nunca esa institución nos ha explicado cómo es que en México no tenemos banqueros sino sólo agiotistas. Las tasas reales de interés activas son aquí las más altas del mundo, mientras las que se les pagan a los pequeños ahorradores (las pasivas) son las más bajas o tienen el 0%, pero con las comisiones alcanzan tasa negativa nominal, es decir, se paga por ahorrar, con lo cual se absorbe completa la continua disminución inflacionaria del «poder adquisitivo de la moneda», cuya defensa es la primera obligación del Banxico.

El negocio bancario mexicano arroja las mayores tasas de  ganancia (porcentaje de la utilidad neta sobre la inversión), pero Banxico nunca ha explicado esta penosa situación que se produce en el marco de un inicuo oligopolio. Los senadores están discutiendo desde hace casi un año cómo se va a lograr que se reduzcan las comisiones bancarias, lo cual sería formidable, pero eso ya lo hubiera podido hacer directamente el banco con la ley actual («Art. 26. El Banco de México regulará las comisiones y tasas de interés, activas y pasivas, así como cualquier otro motivo de cobro…»). Este precepto legal lleva 9 años en vigor, pero nada.

No pocas empresas mexicanas están trabajando casi sólo para los bancos. Una reducción de tasas activas de interés (abaratamiento del crédito) promovería un mayor acceso a los préstamos. De esa forma el Banxico ayudaría en algo al incremento del producto interno.

De las facultades del Banxico, pocas son ejercidas. La ley le autoriza a imponer a las instituciones de crédito y otros intermediarios «inversiones obligatorias», «con o sin causa de interés». Eso ni pensarlo, dirían los miembros de la Junta de Gobierno, casi todos designados por los presidentes neoliberales. Aunque la ley lo autorice, la autoridad financiera no haría nunca lo que hoy le hacen los bancos privados a millones de cautivos ahorradores mexicanos.

¿Qué sentido tendría involucrar al Banxico en temas directamente relacionados con el crecimiento de la economía si no atiende los aspectos indirectamente vinculados? La reciente disminución de la tasa de referencia ha sido correcta, pero fue una replica de la decisión de la Fed estadunidense (banco central). La pesada prima de riesgo de México (diferencial de tasas de referencia con EU) se ha mantenido igual; menos mal.

Antes de hacer peticiones al Banxico hay que tomar en cuenta que la actual Junta de Gobierno se renovará poco a poco, dentro de los próximos cuatro años, con un nuevo subgobernador anual.

Dejemos ya de lado la costumbre de esperar del Banco de México cosas que no hará. Tenemos un banco del Estado parecido a cualquier otro de carácter privado,  por lo menos en la doctrina de quienes lo dirigen. Eso terminará por cambiar, sin duda, pero no es para estos días. Sin embargo, cuando ocurra, no tendría ya ningún caso intentar convertir al Banco de México en una especie de central financiera para el desarrollo porque habrán de existir mejores palancas. En cualquier caso, eso no es aconsejable ni sería posible.

Autonomías y repartos políticos

Los únicos organismos públicos que gozan de autonomía son las universidades precisamente autónomas. Los demás que se denominan autónomos carecen de la facultad de emitir sus propias legislaciones y, más en general, “gobernarse a sí mismos”, como la Constitución les concede tajantemente a las instituciones de educación superior.

Hay en México organismos autónomos diseñados casi a imagen y semejanza del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos titulares no sólo son técnicos, sino también integrantes de la llamada clase política aun cuando no estén formalmente afiliados a partido alguno.

El ente no gubernamental que organiza las elecciones fue una exigencia de las oposiciones durante muchos años. Luego de su creación, sin embargo, sus titulares buscaron incidir en la política del país, no sólo en cuanto a la manipulación electoral, sino también en criterios, paradigmas, formas de actuar y demás características del quehacer político: suponen con frecuencia que tienen funciones de maestros políticos.

Fue un error costoso que ese aparato electoral estuviera a cargo de personas que con frecuencia polemizan con los partidos “adversarios”, mientras que ellos mismos no realizan con rigor técnico algunas de sus atribuciones más importantes.

Por ejemplo, los resultados electorales se conocen en su totalidad tres días después de la elección. México tiene uno de los sistemas de resultados más lentos. Pero, por otro lado, sus integrantes pretenden ser intocables al sostener que cualquier medida administrativa legal es un atentado contra el ejercicio de su función. Así lo volvieron a decir cuando la Cámara redujo su abultado presupuesto. Sostienen que el INE puede doblegar por vías políticas o legales al poder constituido. Han recurrido al amparo para seguir gozando de sueldos demasiado elevados, los cuales ya están eliminados por vía constitucional y presupuestal.

Todos los organismos «autónomos» han presentado recursos en la Suprema Corte contra la aplicación de las normas constitucionales en materia de remuneraciones de servidores públicos. Y todos ellos han argumentado que su alto sueldo es garantía de probidad e imparcialidad. Esto incluye al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien ha ejercido su atribución de presentar acción de inconstitucionalidad en materia justamente de derechos humanos, pero en este caso con motivo de la reducción de su sueldo. Esto nos recuerda aquello del conflicto de intereses y de la ética del servicio público.

Los gobernadores del Banco de México han recurrido a la Suprema Corte en procura de protección, pero no para defender el ejercicio de sus funciones sino sus sueldos. Es evidente que objetan una disposición constitucional, lo cual debería ser intransitable, pero lo peor es que, para ello, utilizan un recurso asignado al Banco como institución. No obstante, el ministro instructor de la Corte les concedió una suspensión, la cual no procede según la ley. Influencias políticas, nada más.

Los actuales integrantes de los “órganos autónomos” tuvieron que recurrir a un partido o un alto funcionario de gobierno para llegar a donde están, aún los que pasaron por un mecanismo de examen previo de conocimientos.

En otros países los integrantes de los órganos reguladores no discuten asuntos políticos, no postulan mediante sus cargos opiniones sobre su país y el mundo, sino que realizan funciones para las cuales, estrictamente, fueron designados. En México, sin embargo, esos organismos son diferentes porque el sistema político los ha llevado por otros caminos.

La creación de órganos “técnicos” declarados “autónomos” ha llegado a su agotamiento.

No obstante, se propone ahora que, en lugar del malogrado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se forme otro, pero igualmente “autónomo”, cuyos integrantes serían designados por el Senado. De nuevo se quiere el mismo reparto político.

Es preciso dejar de caminar sobre huellas de reformas pasadas y abrir la posibilidad de que, dentro de la administración pública, puedan existir órganos colegiados, sin personalidad jurídica propia pero con independencia en sus decisiones. Definidas sus funciones, el punto relevante sería diseñar el método de su designación.

En ocasión de la reforma educativa que se discute ahora en la Cámara de Diputados, se abre la oportunidad de intentar algo nuevo, sin repartos partidistas o burocráticos, en el diseño de organismos regulatorios y técnicos.