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El INE es ya viejo y tiene artritis

Algunos portavoces de las oposiciones dicen que Morena quiere eliminar a los organismos electorales de las entidades federativas y empezar a nombrar nuevos consejeros del INE con el fin de apoderarse de todo el andamiaje. Es fácil entender que piensan como antes y creen que los demás son como ellos eran.

Vale, entonces, empezar a poner los puntos sobre las íes. El INE cuenta con un órgano de gobierno que es el Consejo General, integrado por once personas designadas por la Cámara de Diputados. Casi todos los partidos han tenido y/o tienen uno o varios consejeros con voto porque negociaron los nombramientos. No es el caso de Morena, quien no tiene absolutamente a nadie, su registro es el más reciente entre los partidos que hoy están presentes en el INE. Mal haría, por tanto, como nuevo partido gobernante, en buscar la reproducción de los vicios del viejo sistema.

La existencia de un Consejo General con representantes virtuales de los partidos fue considerado necesario como instrumento de equilibrio y escenario de negociaciones entre los contendientes en sede administrativa electoral. Si acaso ese órgano fue alguna vez útil, ahora ya es innecesario: ningún partido debe tener agentes con voto en el INE.

Parte de la solución consiste en desaparecer el Consejo General y conformar la Junta General Ejecutiva como instancia exclusivamente técnica y profesional. Las autoridades electorales no deben ser políticos disfrazados sino especialistas imparciales.

La Junta tendría que seleccionarse, mediante concursos, entre los técnicos más capacitados y probos. Se acabaría así el reparto de lugares entre algunos partidos con los consiguientes compromisos que afectan la imparcialidad.

Además, es preciso señalar que la mayoría de los acuerdos del Consejo General sobre temas relevantes son resueltos finalmente en el Tribunal Electoral. Cualquier resolución o acción de los integrantes de la Junta o de toda ella como cuerpo colegiado seguiría siendo ventilada en sede jurisdiccional. Esto quiere decir que ya no es necesaria una instancia política para el supuesto diálogo entre los contendientes.

En este marco, resulta también innecesario que las entidades federativas cuenten con organismos electorales cuyos integrantes son ahora designados por los consejeros electorales del INE, los cuales a su vez negocian entre sí y en función de sus querencias partidistas. Los nombramientos de los miembros de los llamados Oples han sido eminentemente políticos y, por tanto, estrictamente negociados.

En el mismo sentido carece de trascendencia práctica la existencia de los tribunales locales electorales, cuyos magistrados son designados con el mismo sistema que opera para los magistrados federales y cuyas resoluciones siempre son recurridas ante el Tribunal Electoral.

El INE (antes IFE) es una institución que ha envejecido porque no ha logrado superar sus traumas de origen y sus artritis adquiridas. Una de estas es que los resultados completos se conocen hasta cuarto días después de la elección. México es uno de los países más lentos en esta materia. El INE da resultados calculados sobre una muestra de casillas a las 11 ó 12 de la noche pero sólo con porcentajes y con rangos de mínimo y máximo de más de tres puntos de diferencia, es decir, tira escopetazo pero no brinda información verificada.

Con frecuencia, el INE agrega detalles normativos en la víspera de la elección, rompiendo con ese principio constitucional de que las reglas sólo pueden cambiarse un año antes.

La majestad política con la que han sido investidos los consejeros y consejeras electorales les ha llevado con mucha frecuencia a legislar en la práctica, sentar criterios, dar cátedras, controvertirse con los partidos adversarios al suyo y favorecer al propio, rechazar toda clase de críticas, derrochar fondos en asuntos irrelevantes o personales. Recién han llegado al extremo de combatir en sedes judiciales la aplicación del artículo 127 de la Constitución que les impide ganar más que el presidente de la República, a pesar de haber protestado cumplir y hacer cumplir la Carta Magna.

Esas artritis no sólo son producto de las personas que tienen voto en la «Herradura de la Democracia», sino del carácter eminentemente político del órgano de dirección del INE.

En muchos otros países las autoridades electorales son exclusivamente técnicas, son discretas, no hacen o admiten debates y se encuentran sujetas a confiables controles jurisdiccionales. Los partidos pueden negociar lo que quieran y llegar a acuerdos, pero la autoridad es quien aplica las normas y da cuenta de sus actos, sin discursos ni mentiras.

Al tiempo de la desaparición del Consejo General, también habría que eliminar las 300 juntas distritales que casi no trabajan cuando no hay procesos electorales. En casi todo el mundo, los cuerpos ejecutivos distritales se integran cuando se acercan los comicios. A juzgar por el inmenso aparato electoral con el que cuenta México, aquí habría procesos electorales abiertos durante todos los días de todos los años.

Es preciso en paralelo avanzar hacia un registro que no sea electoral sino de las personas, ciudadanos y menores de edad. La CURP ya está integrada en el padrón, el cual seguiría existiendo y siendo supervisado por las autoridades electorales que lo usan para varios propósitos. Un organismo profesional independiente en sus decisiones  tendría que hacerse cargo del registro y de emitir la credencial de identificación plena para todo uso. La existencia de un padrón exclusivamente electoral fue algo necesario durante un tiempo pero ya no lo es.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, fue a la Cámara de Diputados, no propuso nada, pero habló de proposiciones «malintencionadas». No añadió más al respecto. Tal vez las anteriores sean vistas de esa forma. Como sea, entre los consejeros electorales predomina la idea de que todo va muy bien, por lo cual no surgirá de ahí ninguna plataforma de reformas para curar las artritis que padece el INE. Pero al menos esos consejeros no son quienes votan en el Congreso, sino que son de aquellos poderosos que no tuvieron que pasar por el tamiz del voto popular, pero tienen fuertes agarraderas en los partidos que los ungieron en el cargo. Eso sigue siendo preocupante por ser ancla del conservadurismo.

Habría que buscar, en cambio, un consenso político que permita un rejuvenecimiento, una actualización, una modernización del aparato electoral del país. El objetivo no debe ser el de disminuir gastos, los cuales ahora son inmensos e injustificados, sino contar con una autoridad que no juegue en el terreno de la lucha política y aprenda a hacer, ante todo, las cosas muy bien con probidad y austeridad.

España sobre el filo de la navaja

En varios países, incluido México, se ha recibido como un alivio el triunfo del Partido Socialista (PSOE) en España. Sin embargo, de momento, lo que ha ocurrido es el fracaso de las tres derechas que se encontraban en dura disputa entre ellas por acreditar mayor aptitud reaccionaria y, luego, unirse en un nuevo gobierno.

En realidad, el PSOE, con el 28.68% de la votación útil, aunque ha sido altamente beneficiado por el sistema de reparto de escaños, no rebasa con sus 123 diputados y diputadas la suma de las tres derechas que operan a nivel de todo el Estado español (147).

La mayoría del Congreso de los Diputados es de 176. El PSOE está lejos de esta cantidad. No obstante, ese partido ha manifestado que desea un gobierno monocolor, es decir, no busca una coalición de partidos. Quiere llevar a España a una vida política que se curse sobre el filo de la navaja.

Según un análisis entre grandes conglomerados ideológicos (en los tiempos en que ya no hay ideologías sino sólo técnicas, se dice), las izquierdas suman 48.53% de los votos válidos y las derechas alcanzan el 46.85, contando a todas las formaciones con presencia parlamentaria. En escaños, de un lado hay 187 y del otro 163.

El primer problema es que el PSOE y Unidas Podemos no alcanzan la mayoría absoluta, pues suman tan solo 165 de los mencionados 176 que se requieren para lograr un gobierno en primera votación. En una segunda vuelta, se podría tener un gobierno de minoría si acaso se obtuvieran más votos a favor que en contra, con lo cual los grupos parlamentarios que se abstuvieran podrían decidirlo todo, pero la derecha, sola, no podría detener la investidura de un gobierno de izquierda.

El segundo problema consiste en saber dónde están en la izquierda esos partidos valientes que desean un gobierno inestable (PSOE en solitario) frente a una derecha convergente que tendría más escaños que los socialistas.

Caminar por el filo de la navaja querría decir que un gobierno presidido por Pedro Sánchez (PSOE), sin coalición, podría estar en minoría en cualquier coyuntura, como le ocurría al de Mariano Rajoy y al mismo Sánchez, quien no podía siquiera sacar el presupuesto.

Los peores momentos políticos de España, bajo la democracia, han sido con gobiernos minoritarios. Nunca nada bueno ha salido de ese esquema.

Pero Pedro Sánchez tiene otra tesis. Él cree que puede gobernar con astucia, administrando a un conjunto abigarrado de grupos parlamentarios que, así como pueden converger pueden romper todo pacto. Esta equivocado.  Se sobreestima a sí mismo. No es cuestión de astucia. Hay un país en juego.

El esquema de Sánchez es algo así como un cesarismo o bonapartismo, que consiste en una confrontación política sin solución propia que arroja un poder equilibrador por encima de facciones. El líder del PSOE «no sería de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario»: un Luis Bonaparte que pasó de presidente a emperador. España es un «reino» pero no es para tanto.

El resultado de las elecciones no favorecerá a las izquierdas en tanto subsista su separación. No sólo existe el grave problema de los españoles y españolistas frente a los nacionalismos catalán y vasco (ERC y Bildu), con quienes se podría hacer una mayoría absoluta de izquierda con 184 escaños, sino también el del programa social de izquierda.

Como el PSOE en alianza con Podemos no llegaría a la mayoría, a cada paso debería negociar con otros, pero dentro del plano de la izquierda. Las cosas serían más adversas para España cuando el PSOE, como gobierno monocolor, tuviera que negociar todo con el Partido Popular o con Ciudadanos, dos derechas en competencia para ver cual es más reaccionaria. Esto último está incluido en el nefasto plan de Pedro Sánchez.

Existe entre las bases socialistas un repudio a negociar con Ciudadanos. Quizá eso se vaya diluyendo, pero de esa forma provocaría un vuelco a la derecha en el gobierno de Pedro Sánchez, lo cual sería por completo contrario al dictado de las urnas. Lo que perdieron las derechas en las elecciones sería recuperado con los actos de gobierno de los socialistas.

En el momento en que se abriera una coyuntura, el PSOE habría de ser defenestrado sin que las otras izquierdas pudieran salvarlo. Al final de ese proceso, una nueva elección contendría el riesgo de lo que ya se vio hace poco en Andalucía: un gobierno del PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, el partido más franquista.

Si Podemos no puede abstenerse gratuitamente en la segunda votación para formar gobierno, el voto en contra de aquellas tres derechas (PP, Cs y Vox) sería suficiente para impedir que Pedro Sánchez fuera investido. Habría otra elección, pero luego de un fracaso del PSOE, entendido quizá como incapacidad para sortear la abigarrada composición política española.

El camino de la unidad de las izquierdas, dos de ellas dentro del gobierno y las otras pequeñas en coexistencia constructiva, tampoco es fácil pero, al menos, abriría un camino de reformas sociales y políticas en una España que está hace ya tiempo sedienta de aguas nuevas.

Revocación de mandato

En los países de régimen parlamentario, el procedimiento de revocación del mandato se produce virtualmente cuando se tienen que adelantar las elecciones. En los países de sistema presidencial, dicho procedimiento se lleva a cabo por solicitud popular o de los órganos del poder.

En la «república» de sistema presidencial donde más se usa la revocación de mandato, California, se vota, al mismo tiempo, por nuevo gobernador, por si acaso el mandatario en funciones es removido por mayoría. Así, se remueve y se elige mediante la misma papeleta, además de votar en consultas varias y elegir asambleístas.

En México nunca ha existido un sistema de revocación de mandato de carácter popular, pero existen normas para remover presidente de la República, gobernadores y alcaldes. Lo que ahora se busca es que la decisión radique en la ciudadanía.

La propuesta de que el presidente de la República pueda ser removido y que la votación se haga hacia la mitad de su periodo, el mismo día de la elección de diputados federales, se debe a que tan importante decisión coincida con el cambio del Poder Legislativo, es decir,  involucre a todo el poder político.

Supongamos que el cargo de Presidente es revocado, de seguro que se produciría, al mismo tiempo, una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y, con ello, una situación especial en esa asamblea constitucional llamada Colegio Electoral (ambas cámaras del Congreso con un quórum legal de dos tercios), en la que se tendría que elegir al nuevo mandatario, en un plazo de 60 días de interinato, cuando ya hayan llegado a San Lázaro los nuevos diputados. Así se integraría un nuevo gobierno con otro u otros partidos, en función del voto popular. Un cambio político completo a medio sexenio, pero de forma democrática.

Así, la revocación no se limita sólo a remover una persona, el entonces presidente, sino a cambiar de fuerza gobernante.

En conclusión, el procedimiento de revocación del  mandato presidencial, cuando se liga a la elección legislativa, es un instrumento democrático mucho más trascendente que aquel que se produce aislado.

Por otro lado, la hipótesis de que un próximo proceso de revocación del mandato de López Obrador, el mismo día de la elección de Cámara de Diputados, llevaría al partido de éste a un gran triunfo electoral, mayor que el de 2018, de seguro se origina en el cálculo de que siempre le irá mejor al actual presidente. El problema consiste, sin embargo, en que tal planteamiento procede de las oposiciones.

Además, ya se ha visto que los candidatos triunfadores, por lo regular, obtienen más votos que los partidos que los postulan. De seguro también ocurriría eso mismo en un procedimiento revocatorio.

Se dice que la revocación sólo sería un sistema democrático si la fecha de su realización fuera diferente a la misma que la de  las elecciones. Con esta idea, la democracia es calificada en dependencia del día de la votación.

Las oposiciones están diciendo que un proceso revocatorio en junio de 2021 sería una especie de reelección del actual presidente, pero dentro del tiempo de su propio sexenio. Este argumento sí que implica un examen más a fondo pero no necesariamente de carácter político.

El último argumento opositor consiste en que la revocación del mandato es un instrumento de participación ciudadana, por lo cual no se debería admitir que el presidente pueda proponerlo al Congreso, además de los legisladores y de un porcentaje de la ciudadanía.

Aunque este punto es secundario porque de cualquier manera un presidente puede lograr las firmas necesarias o la mayoría parlamentaria requerida para convocar al proceso de revocación, habría que aclarar que los mecanismos de participación ciudadana propiamente dichos tienen que ver con el derecho de proponer y con las consultas sobre casi toda clase de asuntos, pero no tienen el mismo carácter que los mecanismos electivos y los revocatorios, en los cuales se define el poder, aunque, naturalmente, éstos también los determina la ciudadanía. Hoy mismo, el Congreso puede remover al presidente de la República mediante un juicio sin intervención popular.

Las oposiciones han escogido el camino de bloquear la adición de nuevos mecanismos del sistema político –consultas y revocaciones—que con mayor urgencia requiere el país para empezar a caminar por la sinuosa vereda de la democracia directa.

Poder de poderes

La tradición política republicana en México es el predominio avasallador del Poder Ejecutivo sobre todo otro órgano del Estado.

Es a esto a lo que se refiere Andrés Manuel López Obrador cuando renuncia a esa herencia en su discurso en el Tribunal Electoral. Mas eso no significa que el sistema político de la Constitución consigne la existencia de una «separación» de poderes y ni siquiera se habla ahí de «contrapesos» y otras expresiones que corresponden más bien al lenguaje coloquial. «Los Poderes», de los que habla la Carta Magna, constituyen el «Supremo Poder de la Federación» (art.49). Por otro lado, en la teoría, el poder del Estado es uno sólo, excepto en dualidades o paralelismos revolucionarios o solamente bélicos.

Conforme a la doctrina constitucional que prevalece en México y al texto mismo de la Carta Magna, la única rama del poder que puede legalmente remover a los integrantes de las otras dos, incluyendo los llamados organismos autónomos, es el Congreso. Al presidente, que no es sujeto de juicio político (espero que siga sin serlo), también se le puede remover a través de un juicio, pero de carácter penal (art. 108, 2º y 111,4o), a cargo del Poder Legislativo.

La realidad, sin embargo, no es tan esquemática. Las cámaras del Congreso no se encuentran en manos de un solo partido como para ejercer esas altísimas facultades. Se requieren votaciones de dos tercios y ninguno puede, de entrada, contar con esa mayoría. Sólo varios partidos podrían remover y sustituir al Poder Ejecutivo y al Judicial, incluyendo a los gobernadores del Banco de México, a los organismos llamados autónomos o independientes y al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De ese tamaño es el poder que la Constitución le asigna, técnicamente, al Congreso.

Quienes representan a la Nación son los que, llegado el caso, pueden tener el poder de poderes, llevado éste a la remoción de todos los demás, pero no siempre para dar órdenes directas al Ejecutivo, excepto en situaciones y momentos definidos en la ley.

Con dinero, decretos, concesiones, nombramientos y amenazas, el presidente de la República ha controlado por completo a su propio partido, según la tradición mexicana. Durante décadas ése tenía la mayoría calificada. Como esto es lo que se quiere eliminar, entonces podríamos entrar a una situación en la que el presidente sea el líder político de su partido y tome en el seno de éste las decisiones políticas más importantes que tuvieran que ser impulsadas en el Ejecutivo y en el Legislativo. Como dentro de las formaciones políticas ya se discute, se comparte, se negocia, se rivaliza y se toman acuerdos, ese partido del presidente podría empezar a ser partido de verdad.

Dice Andrés Manuel que no tendrá palomas ni halcones, en clara referencia a que nadie podrá actuar en su nombre más que en forma oficial. Quizá lo anticipe porque ya se observan intentos de algunos muy listos de pasar supuesta consigna del Presidente Electo por debajo del agua o con simples insinuaciones. Así ha operado el viejo sistema y hasta en ese punto es preciso cambiarlo todo.

Ha dicho también López Obrador que no será tapadera de nadie. El Congreso, por su parte, tampoco tendría que serlo. Esto abre la posibilidad de que las cámaras ejerzan a plenitud sus facultades de control político que son muchas y relevantes, sin entrar en mecanismos de encubrimiento o complicidad. No importaría que dicho control afectara a secretarios de Estado y personas allegadas al presidente de la República: nadie tendría su tapadera, ni siquiera AMLO.

Lo que sería por completo desastroso es que no hubiera diálogo y negociación políticas entre los integrantes de la fuerza que ha recibido el mandato de cambiar el viejo sistema y buscar su sustitución radical. En el nuevo esquema, presidente y partido no deben estar lejos o cerca, extremos de los cuales antes se hablaba, sino ser un mecanismo de decisiones, ya que los objetivos generales se conocen, mas las formas, tiempos y maneras tienen que ser definidas a cada paso.

Si se quiere que los propósitos del 1 de julio se conviertan en realidades, la nueva disciplina debe basarse en la solidaridad, la cual implica igualdad y apertura políticas, sin secretos, insinuaciones, seguidismos, lecturas de pensamiento ni engaños.

Sería un error convertir a Morena en una agencia electoral, sin vida propia, sin opinión ni manera de actuar con sus gobiernos y grupos parlamentarios.

Los partidos no deben ser sólo para hacer campañas sino para elaborar ideas y luchar por ellas, para asumir la responsabilidad de marcar un rumbo. Por su lado, los gobiernos no son aparecidos incidentales sino que surgen de formaciones políticas más o menos estables; rara vez proceden de un independiente, en cuyo caso, ése de seguro forma un partido de cualquier estilo.

El país requiere una fuerza política de relevo que sea verdadera, es decir, que no conforme un club de negocios sino un sistema para expresar objetivos y métodos con transparencia y honradez. La esencia de un partido es su programa, el que sea, pero verdadero; es la expresión de ideas e intereses de grupos y clases. He aquí una tarea para hacer historia.

¿Quiénes ganaron las elecciones?

Existe un debate informal y deshilachado en varios periódicos sobre quiénes ganaron las elecciones desde un punto de vista politológico o, más ampliamente, sociológico. Se insiste en eso de los populistas sobre lo cual no existe una definición, se habla de una izquierda sospechosa por indefinida y, por último, se insiste en un inusitado y asombroso movimiento popular democrático, al que se refiere el mismo candidato triunfante.

Unos días después de las elecciones del 1 de julio, me encontré a Roger Bartra en el supermercado y de inmediato me dijo que había ganado «un nuevo PRI». Rebatí de botepronto su aseveración, posible conclusión de un análisis sociológico viniendo de un reputado investigador, con el argumento de que Morena no se basa en aparatos corporativos ni es parte de la forma de gobernar asentada en la corrupción. Bartra replicó con una evidencia: «no veo en el nuevo gobierno a ningún revolucionario». Le aclaré que revolucionarios no hay porque no se están produciendo revoluciones; vivimos en un mundo diferente al del siglo XX, aquel «siglo de los extremos», según Eric Hobsbawm. Las revoluciones están en receso. Me pareció que él aceptaba estas afirmaciones mías pero volvió a la carga y dijo que López Obrador no iba a combatir la corrupción. Al final, le reiteré uno de los principales compromisos de campaña, el de acabar con el Estado corrupto mexicano. En lugar de decirme adiós, Bartra se despidió con un «veremos» de incredulidad.

Tanto en el terreno de la forma de gobernar, en el que destaca el tema de la corrupción, como en lo tocante a la política social, el ingreso y el impulso del crecimiento de la economía, existen muchas dudas. No es sólo la prensa sino también la intelectualidad e, incluso, señaladamente, mucha gente de la ciudadanía que salió a votar por el cambio y en la noche de ese día difícil se encontró con el hecho político de que era mayoría absoluta de su país.

Existe desconfianza en los programas políticos porque hasta ahora casi todo ha sido mentira. Ni la corrupción bajó, ni la economía creció, mucho menos se redujo la pobreza o mejoró la distribución del ingreso. En los últimos seis años tampoco se dio la prometida respuesta a la crisis de violencia delincuencial.

Un nuevo PRI es imposible porque sería algo del todo artificial y, por tanto, grotesco. Durante casi 40 años se ha producido un largo y desesperante proceso de cambios políticos, gracias al cual, finalmente, gozamos de aquellas libertades que el PRI le había arrebatado al país. Nuestra democracia, del todo formalista, aún no ha incluido a la escuela ni al sindicato, pero se expresa en otros ámbitos. Esa es la palanca para alcanzar un sistema político participativo y, con ello, construir una nueva ciudadanía. Tal es el nuevo propósito.

Ese movimiento popular, el que rebasó por completo al PRIAN como articulación de poder, se encuentra obligado a cambiar el estilo político. No es sólo minimizar la parafernalia oficial sino la completa cancelación del reparto de prebendas, favores, influencias, contratos, moches, en el que se sostiene actualmente la capacidad gubernativa. No habrá otra oportunidad, es ahora.

La política social debe dejar de ser un instrumento de organización territorial y sectorial de grupos a cargo de agentes del gobierno, con beneficiarios siempre amenazados y sometidos al despotismo burocrático. La forma de hacerlo es implantar derechos sociales de carácter general. Esa es la nueva pauta.

El derroche presupuestal debe dejar su lugar a una razonable austeridad de la función pública en vías de la elevación del gasto social y de inversión. Poco a poco, año tras año, esa nueva política dará sorprendentes resultados.

Por lo pronto, entre esperanzas y escepticismos, al fin la transición está dando inicio. Sí es una proeza histórica haber logrado el resultado electoral que se tiene, por más que algunos francotiradores de izquierda, es decir, personas sin compromiso político orgánico, hayan dejado de confiar en sí mismos o, dicho de otra manera, ya no crean en lo que fue su propio discurso. Todo es real aunque parezca un sueño, tenemos una nueva fuerza gobernante popular y democrática con un duro mandato popular. Nadie es perfecto o sin defecto alguno pero esta es la verdad disponible, sobre la cual es preciso trabajar sin buscar refugio en el amargo rincón donde ya no se cree ni se piensa en nada nuevo.

Nueva fuerza gobernante

México tendrá una nueva fuerza gobernante. Este es el gran cambio de partida. Luego vendrán otros. Habrá que forjarlos.

El candidato triunfante, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo la mayoría de votos en 31 de las 32 entidades federativas. La coalición que lo postuló triunfó en 24 de éstas en la elección de senadores y en 219 de los 300 distritos electorales de la Cámara de Diputados. En total, la coalición que postuló a AMLO tendrá algo más de 300 de 500 asientos en San Lázaro y unos 70 de 128 en el Senado. Más de la mitad de esa mayoría estará compuesta de mujeres, lo que es otro acontecimiento.

México tendrá un presidente elegido con mayoría absoluta, la cual eleva la carga política de éste y, al mismo tiempo, le otorga una enorme fuerza moral para aplicar su programa, aquel que la mayor parte de los votantes ha respaldado en las urnas.

Se confirmó la tendencia señalada por el promedio de las encuestas. Esto muestra la forma en que se perfiló el inevitable desenlace. En esencia, la justa terminó como había empezado, sólo con el añadido de que la diferencia numérica fue creciendo sin tregua.

Es frecuente que un partido pase a la oposición, pero no lo es tanto que lo haga reduciendo casi a la mitad su porcentaje anterior y sea derrotado en todos sus baluartes. De controlar la mayoría absoluta en una cámara de 500, el PRI pasará a tener un grupo parlamentario de unos 47 diputados (9%). En el Senado podrá llegar a 13 legisladores (10%).

Acción Nacional ha quedado en segundo sitio en la contienda por la Presidencia, pero con un porcentaje menor que hace seis años. Con 83 diputados (17%), el PAN tendrá su fuerza parlamentaria más reducida de los últimos 30 años. Con 24 senadores (19%), perderá su lugar de balanceador.

Ninguno de los dos viejos partidos poseerá por sí mismo el tercio más uno necesario para bloquear reformas constitucionales y designaciones. A este respecto, tendrán que negociar entre ambos, como hermanos programáticos, en un renovado PRIAN, pero ya no con mayoría conjunta sino sólo como minoría de bloqueo. Esto se llama cambio súbito de la situación.

Las coaliciones construidas por los dos partidos tradicionales del país fueron inoperantes e, incluso, perjudiciales para sus miembros. El PRI no agregó más que el fardo de un Partido Verde (1.8%) que es lesivo a toda causa política, y un PANAL (1%) estancado en el SNTE, sindicato dirigido por líderes venales. Por su lado, el PAN optó por moverse entre las arenas movedizas del Movimiento Ciudadano (1.7%), el cual sólo cuenta con fuerza en Jalisco, pero de parte de un personaje que le es esencialmente ajeno y que ahora, sin apoyo panista, será gobernador del Estado. Su frente, pretendidamente «ciudadano», se incubó a partir del respaldo de la decadente dirección del Partido de la Revolución Democrática (2.8%).

De las nueve gubernaturas en disputa, el PRI no logró ninguna, mientras el PAN se ha replegado a Guanajuato, reclama Puebla en medio de acusaciones de fraude y le ha arrebatado Yucatán al PRI, aprovechando coyunturalmente el surgimiento de una tercera fuerza electoral en ese estado, Morena.

Si todos los 32 gobernadores se hubieran elegido en esta oportunidad, Morena tendría la victoria al menos en 24 estados, según los registros de votos de las elecciones de senadores.

Sin embargo, se han producido bruscas modificaciones en la composición de las legislaturas locales. En 13 de las 15 entidades donde no hubo elección de gobernador pero sí de congreso local, Morena y aliados alcanzaron la mayoría de curules, tal como ocurrió donde este partido obtuvo el gobierno. Con 18 legislaturas, la nueva fuerza gobernante tiene la llave para el refrendo de las reformas constitucionales que apruebe el Congreso. Además, en muchos ayuntamientos se ha realizado también una remoción política.

Hay un nuevo contexto y, en consecuencia, nuevas tareas políticas. Morena debe implantarse en todo el territorio nacional; organizar a sus afiliados de nuevo modo, sin agrupamientos sectarios internos y reparto de posiciones, inagotable fuente de mercadeo y clientelismos; discutir y resolver en sus filas las orientaciones de gobierno, tanto en el plano local como nacional; respaldar a los trabajadores del campo y la ciudad en sus luchas reivindicativas, sin repliegues, evasivas ni maniobras; exigir a los gobernantes y legisladores la realización de la plataforma que conquistó 30 millones de voluntades.

Tener la Presidencia de la República, la mayoría en el Congreso y más de la mitad de las legislaturas locales es una mayúscula responsabilidad porque no habría pretextos para dejar de aplicar la plataforma presentada y las promesas hechas.

Mientras la izquierda por fin llegó al poder político y lo hizo en óptimas condiciones, el partido que le antecedió en la izquierda y del que fue presidente y dos veces candidato López Obrador, el PRD, perdió el 90% de su caudal registrado en 2012. Las causas de este fenómeno fueron el oportunismo y la conversión paulatina pero muy efectiva de ese partido en una central de negocios, que le llevó hasta la fatídica alianza con la derecha tradicional. Así, en esta elección de 2018 se aprecia también ese excelso triunfo ciudadano, ya antes visto, que consiste en repudiar efectivamente a partidos inconsecuentes, inservibles y corruptos.

La derecha ultraconservadora que odia la representación proporcional debería hablar ahora, pero calla sonrojada. Si se le hubiera hecho caso para eliminar los asientos de minoría en las cámaras, habría la siguiente composición: la coalición de Morena tendría 219 de 300 curules (73%) y 50 de 64 escaños (78%). Con estos números, bajo el sistema mayoritario estilo Estados Unidos y Gran Bretaña, aquel que tanto exigen los falsos demócratas del ala reaccionaria acomodada en el PRI y el PAN, así como en círculos patronales y algunos medios de comunicación, el partido emergente tendría sobradamente capacidad para reformar por sí mismo la Constitución, así como designar a quienes quisiera en la Suprema Corte de Justicia y en los organismos autónomos. Eso es lo que habían querido, pero sólo como instrumento dictatorial de las derechas. Ahora, no podrían proponerlo porque esa regresión ya no les conviene.

En contraste, la izquierda gobernará bajo un sistema proporcional, consciente de que ése sigue siendo el mejor desde el punto de vista de la democracia política.

La contienda terminó como había iniciado

El espectáculo escatológico que acaba de culminar, llamado a veces «guerra sucia», no es del todo diferente a lo que habíamos visto en contiendas electorales anteriores, en especial en la de 2006. Sin embargo, el país ya tenía una situación política distinta.

El fracaso de la función de gobierno no corresponde sólo a un partido sino a dos. En el lapso de 12 años, entre el año 2000 y el 2012, hubo dos cambios políticos de gobierno, pero ninguno hizo la crítica pertinente ni planteó una modificación de rumbo. En un periodo de 18 años, los partidos de la alternancia fracasaron luego de aplicar la misma política.

Mientras la confrontación entre los abanderados de PRI y PAN era muchas veces algo personal, ya que las acusaciones entre ellos nunca tocaron la gestión de gobierno, ambos presentaban los mismos denuestos hacia el candidato de Morena debido a las profundas divergencias con su programa. La convergencia programática entre los viejos partidos era evidente en los discursos y las polémicas.

El peligro a lo desconocido, denominado «populismo», «irresponsabilidad», «ocurrencias», «locuras», etc., no era más que el repudio a un cambio de orientación política del gobierno y del Congreso.

Los candidatos de la línea política bipartidista hablaron mucho del peligro inminente de una vuelta al pasado, a las crisis económicas recurrentes, el estancamiento económico y la regresión social, pero sin admitir que en los últimos 18 años no se ha visto crecimiento y ha empeorado el patrón de distribución del ingreso.

Ambos candidatos del neoliberalismo lanzaron una inusitada plataforma de promesas de política social que no corresponde con sus verdaderas inclinaciones, pero sólo era para contrarrestar al otro aspirante. Pocos les creyeron, lógicamente.

Algunos intelectuales de centro-derecha han reconocido cierto fracaso del neoliberalismo en México, pero difunden la idea de que desviar el curso con un golpe de timón sería una vuelta atrás. En el colmo, Aguilar Camín (Milenio, 27.06.18) ha enunciado la tesis de que ese neoliberalismo fue el que condujo a la competencia política, como si el viejo sistema priista y su oposición de derecha hubieran prohijado las libertades políticas que hoy se tienen, es decir, se quiere borrar a la izquierda mexicana como si ésta nunca hubiera existido, para lo cual se desconoce el largo y penoso proceso de lucha popular por las reformas políticas, incluida la primera sacudida de 1988.

El desastre del desbordamiento delincuencial y la violencia que afecta al país no es cualquier añadido de una crisis nacional en curso. En este tema todo parece indicar que las cosas están empeorando rápidamente. La alternancia de los viejos partidos no sólo fracasó sino que es parte del mismo problema que se ha incubado en la falta de un programa social, en la corrupción generalizada y en el deterioro del aparato público.

La crítica del Estado corrupto mexicano no podría venir de los mismos que han construido ese sistema de gobernar. Cuando los candidatos de los partidos más comprometidos con la corrupción se lanzaban con cierta desesperación a condenarla, se estaban refiriendo en general al fenómeno, sin entrar en espinosos detalles. Esto ayudó a confirmar lo que ya se sabía: las condenas a la corrupción procedentes de los abanderados del PRI y del PAN no se las cree casi nadie, muchos menos ellos mismos.

En medio de ataques, afirmaciones falsas e insultos se realizó una contienda política que, sin embargo, terminó como había empezado. Las preferencias se mantuvieron casi igual que al principio de esos meses en los que se intentaba desacreditar un programa democrático y social. Una gran parte de la sociedad mexicana ya había cambiado para entonces y también se había conformado la fuerza política capaz de encabezarla. El poder lo sabía, pero tuvo que defenderse todo lo que pudo, era su obligación consigo mismo.

Krauze, el absolutismo político y la mayoría

México tuvo una especie de absolutismo político en tanto que el Estado era un partido y todo el sistema electoral estaba en manos del Ejecutivo. Ninguna libertad podía ejercerse a cabalidad. Así también, el poder judicial carecía casi por completo de certeza y legalidad. El presidencialismo era despótico al grado de usar la violencia como método de gobierno. Y, por si todo eso fuera poco, la prensa estaba amenazada y comprada.

¿México puede volver a tal situación? Si se trata de tomar parte en la contienda electoral, se puede decir que sí, siempre que le convenga a un candidato. Pero si se quisiera analizar con honradez intelectual la realidad de México, sería imposible sustentar la tesis del inminente peligro de volver a ese absolutismo político.

Enrique Krauze se ha lanzado a la lucha electoral con la novedosa tesis de que con una mayoría legislativa de Morena o de la coalición electoral que encabeza Andrés Manuel López Obrador se podría regresar a México a aquel absolutismo. Por tanto, el conocido biógrafo de personajes históricos convoca a los probables votantes de AMLO a sufragar a favor de otro partido en las boletas de diputados y senadores. Equilibrio, implora.

Esa preocupación es nueva para Krauze, quien ni siquiera criticó el burdo fraude del año 2015, consumado en la mesa del Consejo General del INE y confirmado en el TEPJF, para dotar a Peña Nieto de la actual mayoría de la que ha gozado en la Cámara de Diputados.

Enrique Krauze publicó en 1984 su ensayo sobre la democracia (Vuelta, num. 86), en el cual recomendaba un sistema bipartidista, como el establecido en Inglaterra a partir de las reformas políticas de fines del siglo XVIII y las de 1832, cuando no había sufragio universal. Aquellos eran dos partidos que representaban a las clases propietarias, pues los trabajadores aún carecían del derecho a votar. Esa era la democracia en la que se inspiraba Krauze para sugerir el bipartidismo en México, con el fin de superar la corrupción, como se intentó en Inglaterra, mediante un sistema de vigilancia entre dos partidos competitivos pero que en el fondo eran lo mismo.

A Krauze no le importaba en absoluto que un partido tuviera el Ejecutivo y el Legislativo al mismo tiempo porque su plan para México, el bipartidismo, funciona con la mayor frecuencia dentro de un control de ambos poderes por la misma formación política.

El esquema bipartidista no tuvo éxito en el país porque se presentó la crisis de 1988 que llevó a la izquierda, con Cuahutémoc Cárdenas, al surgimiento de un amplio partido que planteaba remover al Estado unipartidista. El absolutismo político mexicano fue declinando paulatinamente a pesar de la presidencia de Carlos Salinas, quien intensificó la represión y la corrupción respecto del sexenio anterior. Los fraudes ya no se hacían contra el PAN sino sólo contra el entonces nuevo partido, el PRD.

Sobre el tema de la corrupción, que en 1984 le preocupaba a Krauze, no se produjeron cambios cuando el PAN se hizo cargo del gobierno federal y de varios otros de carácter local a partir del año 2000 y hasta el 2012.

El sistema bipartidista no ha sido admitido por la ciudadanía mexicana ni era solución al Estado corrupto. El problema consiste en que en México la corrupción es parte de la forma de gobernar. El aparato público opera bajo normas no escritas (a veces también escritas) de la corrupción, la cual no es sólo la disposición de fondos públicos de parte de funcionarios sino principalmente el uso de las instituciones para llevar a cabo toda clase de actos ilícitos e, incluso, lícitos, que benefician a los operadores de las funciones estatales y a integrantes o amigos de la oligarquía que López Obrador denomina «la mafia del poder».

Es imposible combatir la corrupción cuando el presidente de la República gobierna bajo los usos de un Estado corrupto. Vicente Fox, por ejemplo, llegó a la Presidencia siendo denunciado por ilícitos electorales, los cuales fueron sancionados con multa administrativa por el IFE, pero la PGR declaró que no hubo delito alguno, luego, claro, de rehusar que se nombrara un fiscal independiente, como suele ocurrir en muchos países cuando el presidente puede ser inculpado.

Si Morena no llegara a tener una mayoría legislativa sería difícil y complicado tomar las decisiones que condujeran al establecimiento en México del Estado de derecho. Los partidos que han demostrado ser funcionales al Estado corrupto pondrían toda clase de obstáculos a los decretos que se trataran de expedir.

Quisiera poner un solo ejemplo. El «departamento de regalos» (como yo le llamo) es un mecanismo que consiste en crear cada año una bolsa de dinero no contemplado en el proyecto del Ejecutivo, con el fin de hacer asignaciones en la Cámara. Sin programas ni políticas públicas, se reparten fondos por parte de los diputados, a pedido de otros políticos e, incluso, asociaciones civiles. Así se obtienen los «moches», cuando el creador de la partida pasa a cobrarle al beneficiario un diezmo sobre lo otorgado. Suelen repartirse así muchos miles de millones.

La corrupción es parte del sistema de gobierno, de los métodos de gobernar, de la forma de ser del aparato público, de la creación de fortunas personales, de la manera en que cualquier persona supera un obstáculo en la órbita del Estado. La mayoría legislativa es necesaria para acometer contra la corrupción, ciertamente existente en todos los Estados del mundo, pero que México es diferente: aquí, el Estado es corrupto.

Se entiende que Enrique Krauze conozca el tráfico de influencias y el dispendio presupuestal, pero no parece que le preocupe demasiado, como en 1984, el tema de la corrupción. El PRIAN, del cual él mismo es uno de sus ideólogos más conspicuos, es un genuino producto de esa corrupción estatal.

La existencia de una mayoría legislativa no podría conformar, por sí misma, un absolutismo político. El sistema parlamentario funciona generalmente con mayoría, ya sea con uno o varios partidos, pero nadie habla de un regreso al absolutismo, término, por cierto, que viene del Estado monárquico en el que no había libertades ni elecciones.

Si ante la falta de una mayoría en el Congreso, el PRIAN, aderezado como ya está con los tránsfugas de la izquierda, se propusiera bloquear sistemáticamente las iniciativas del partido emergente, el Congreso se paralizaría en un alto grado. En un esquema así, se podría orillar al uso recurrente de las facultades presidenciales que confieren las leyes, en lugar de ubicar las reformas en el plano de la discusión pública y el debate parlamentario. ¿Es eso lo que se busca como contexto para atacar por sistema al nuevo presidente de la República?

Toda la campaña sucia contra Andrés Manuel se ha basado en infundios tendientes a generar desconfianza y miedo. Ante la expectativa de una gran votación en su favor, se recurre ahora a tratar de meter otro miedo, el cual ya no es sólo el del nuevo presidente, sino el de que éste cuente con mayoría en el Congreso. Lo lógico, en todas partes, es que cuando existe una mayoría ciudadana, ésta asume el poder Ejecutivo y el Legislativo, que son justamente los de elección popular. No hay motivo válido alguno para pedir la disgregación de la mayoría política que se ha venido conformando en el país. Pero, ¿quiénes buscan hoy que esa mayoría se divida por miedo de sí misma? Son los integrantes del PRIAN que se resisten al desmoronamiento de su sistema político. Enrique Krauze no es sólo un ideólogo de esa amalgama de poder sino es también uno de sus matraqueros.

El fracaso del frente panista

Entre el 17 de octubre y el 17 de noviembre de 2017, el frente integrado por el PAN con otros dos partidos pasó de 35 al 25% en el promedio de mediciones demoscópicas. Ese fue el efecto Ricardo Anaya, pues corresponde al momento de la formalización política de su candidatura, luego de la renuncia al partido de Margarita Zavala. No es verdad que los posteriores señalamientos penales en contra de Anaya le hayan restado porcentaje. La baja de diez puntos es atribuible al candidato. El PAN debió cambiarlo a fines de noviembre para tratar de recuperar algunos votos. Había tiempo, pues la convocatoria iba a ser expedida hasta el 21 de diciembre.

El hundimiento del proyecto de hacer un «frente ciudadano», aunque que en realidad era sólo de tres partidos, no fue causado por el simple hecho de hacer una alianza sino por sus insostenibles bases constitutivas. El encuentro histórico de la derecha con la izquierda no se pudo acreditar porque no lo era, ya que, desde antes, el PRD había dado la espalda a la corriente política nacional y popular de la cual surgió. La alianza de la dirección perredista con el PAN era un medio de confirmar la traición, no tanto por hacer un frente, sino porque el candidato era justamente el presidente del viejo partido de la derecha.

El frente construido por el PAN se ubicó en algo así como un vacío político, el cual quiso ser llenado con la propuesta izquierdista de renta ciudadana universal, presentada por Ricardo Anaya en el momento de lanzarse como (pre) candidato. Acción Nacional no podía respaldar esa idea ni tampoco era realizable, al menos en el corto plazo, porque costaría casi la mitad del presupuesto federal.

Anaya se mostró como un neoliberal sin escrúpulos, capaz de presentar la idea más atractiva para combatir la pobreza, pero sin la menor congruencia con la política de su partido ni con sus propias convicciones. La renta universal era, entonces, tan solo un operativo para ganar una elección y, luego, incumplir la promesa por inviable.

El candidato del PAN hacía de tal forma un juego de audacia que en realidad era escandaloso en un doble sentido. En su propio bando, la promesa de renta ciudadana generó rechazo por «populista» y, en todos los otros, hubo mutismo por ser simplemente demagógica. Él mismo la dejó caer. Nadie la recogió en el debate político nacional. El tema, sin embargo, es de gran importancia pero Anaya lo ha pervertido al utilizarlo en forma inescrupulosa y soez. Eso suele ocurrir con los proyectos de izquierda apropiados por la derecha: todo se torna en lacerante mentira.

El gobierno de coalición fue otro instrumento de la audacia del frente creado por el PAN. Ante un presidencialismo despótico en declive pero subsistente bajo su forma corrupta, Acción Nacional adoptó la idea de pactar una futura coalición de gobierno. El PAN y el PRD han ganado juntos varias gubernaturas pero en ninguna de ellas existe algo así, sino que el gobernador quita, pone y repone a su gusto y es el jefe único.

Un gobierno de coalición de carácter legal, como el que se plantea, requiere, antes que nada, la conformación de un colegiado con facultades constitucionales, pero eso es justamente lo que no propone el frente creado por el PAN. Se quiere engañar a partir de una figura introducida recientemente en la Constitución, llamada «gobierno de coalición», pero que depende por completo de la decisión personal del presidente. O sea, no es lo que dice ser.

El frente panista abrazó la tesis de que los liderazgos políticos se pueden improvisar. En esto existe un paralelismo con la postulación de José Antonio Meade, presentado como candidato «ciudadano» postulado, contradictoriamente, por el presidente de la República. En el PAN fabricaron la invendible mercancía de que el frente sería «ciudadano» y, el líder, un personaje sin pasado, aunque, en verdad, con trayectoria tormentosa. La postulación de Anaya fue también ocasión para consumar un rompimiento, largamente incubado en el PAN, para dejar fuera a Felipe Calderón, mediante el uso de una aplanadora mayoría en los órganos de dirección panista. Pero el monto de lo que se rompe arriba suele ser menor que lo quebrado abajo. Esa es la historia de la candidatura malograda de Margarita Zavala y de todo lo que fue dejando el panismo en el camino.

El PAN tiene un competidor que se llama José Antonio Meade. El espacio de la derecha lo ocupan en empate dos partidos, Acción Nacional y el PRI. Por reveladora coincidencia, los candidatos de ambos partidos están haciendo promesas en materia de redistribución del ingreso, principalmente por cuenta de los fondos públicos. El «populismo» defenestrado por la derecha política es retomado sin explicación alguna por los candidatos Anaya y Meade. Eso les hace aun menos creíbles. ¿Por qué nada de eso propusieron antes?

La idea de convocar al «voto útil» para derrotar a López Obrador hubiera tenido que partir de un rechazo mayoritario hacia el líder de Morena, pero las encuestas registran más repudios contra los candidatos del PRI y del PAN. El «voto útil» se hizo inoperante por falta de utilidad.

Según los demoscópicos, más de la tercera parte de quienes se consideran a sí mismos perredistas manifiestan su intensión de votar por AMLO mientras que otro tercio se encuentra entre quienes no manifiestan preferencia alguna. El frente es un fracaso también desde el punto de vista cuantitativo, es decir, en su elemental propósito de sumar votos. El asunto se agrava cuando Meade se nutre de la décima parte del voto duro tradicional panista y pretende sacar más mediante la campaña contra Anaya por los negocios oscuros que se le atribuyen. «Aquí eres el único indiciado, Ricardo», le ha dicho el priista en el reciente debate, aunque ya antes lo había tildado de traidor, sin precisar causa ni gobierno traicionado.

Es verdad que el PAN, con otro candidato y sin incómodas alianzas, no hubiera sido tampoco una fuerza con perspectiva de triunfo en la elección presidencial, debido a que no es opción alternativa frente al sistema actual de gobierno, pero, al menos, no estaría en la complicada situación de integrar una coalición anómala, inconsistente e inexplicada, la cual le divide, desdibuja y desarregla en el espectro político nacional.

La idea de Anaya de presentarse como el mejor y más seguro relevo del gobierno actual siempre fue una vana ilusión porque el PAN operó casi siempre como segmento del PRIAN durante el mandato de Peña Nieto. Se podría decir que las políticas de Vicente Fox y de Felipe Calderón fueron aproximadas reproducciones de la tradición priista y del Estado corrupto mexicano. Nada mejoró en el país y algunas cosas empeoraron. El contraste nunca existió o jamás fue percibido, lo que equivale a seguir en lo mismo. El PAN desperdició miserablemente sus dos oportunidades.

Ante su propio fracaso, el último recurso del frente panista ha sido el de denunciar un pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador. Pero tal sensacional revelación se hace luego de buscar con desesperación e infructuosamente la declinación de Meade en favor de Anaya. Este giro tiene dos componentes: por un lado, es la tesis del PRD de que AMLO quiere restaurar el priismo, con la cual busca justificar su inocultable traición a la izquierda popular mexicana; por el otro lado, es una prematura explicación de la derrota electoral de Acción Nacional.

De ese frente creado con grandes ilusiones por el PAN no quedará más que amargura. Ese partido tendrá que ajustar filas internas, pero volverá a su estado de partido de derecha tradicional, neoliberal, sin duda, lo cual le moderniza pero no tanto. Podrán los panistas digerir la audaz aventura de haberse presentado como lo que no son, pero su líder actual y candidato tendrá que morder el polvo de la derrota.

Lo que mueve es la búsqueda del cambio

Llama la atención lo encerrado que suelen ser los actos políticos de los candidatos del PRI y del PAN. A ambos les falta una amplia convocatoria y, sobre todo, una respuesta ciudadana.

Esto contrasta con lo anchuroso y popular de los actos de Andrés Manuel López Obrador. Mas este fenómeno no se debe sólo al carisma personal del candidato de Morena sino principalmente al predominio de la idea del cambio y el entusiasmo que provoca.

Uno de los principales factores de la coyuntura consiste en el fracaso del gobierno de Peña Nieto en los aspectos más relevantes de la función pública: combate a la corrupción, seguridad pública, crecimiento económico, redistribución del ingreso, educación superior, entre otros. Las encuestas arrojan un porcentaje máximo de simpatía por el actual gobierno cifrado en el 20%.

En cuanto al viejo PAN, sus fracasos en los dos sexenios de su Presidencia han llevado a muchos electores a una suspicacia basada en la decepción. La corrupción no fue combatida por los gobiernos panistas, sino que ese partido se hizo funcional al Estado corrupto. Además, bajo el PAN se mantuvo el estancamiento económico y aumentó la pobreza. La crisis de violencia en el país se inició justamente en la presidencia de Felipe Calderón.

Los resultados concretos de los dos viejos partidos de México, PRI y PAN, han sido lamentables. Las inmensas tareas nacionales nunca fueron encaminadas porque ni siquiera han sido definidas como tales. En realidad, hace muchas décadas que no se sabe en México hacia dónde se supone que es deseable avanzar. El neoliberalismo en México carece de propósitos generales pues sólo tiene objetivos muy concretos: es mediocre y rudimentariamente utilitario.

López Obrador tiene una base popular que le ha servido de plataforma para convertirse, en el lapso de 12 meses, en la opción del cambio. Los otros dos candidatos carecen de una elemental credibilidad porque están vinculados al Estado corrupto.

Lo que AMLO ofrece es desarticular la forma de gobierno basada en la corrupción, la cual es característica de México. El Estado social que se promueve desde la izquierda mexicana sería un fracaso si no fuera posible superar ese sistema de gobierno. En otras palabras, es evidente que la ausencia del Estado de derecho impide cualquier programa de reformas. La peculiaridad aquí radica en que el neoliberalismo llegó a México aprovechando la corrupción preexistente y la proyectó a mayores niveles. Sin embargo, no pocos neoliberales critican la situación mexicana al respecto, incluyendo empresas extranjeras que operan en el país.

La reorientación del gasto público y el desarrollo de nuevas políticas sociales de amplio espectro tendrían agarradera en una nueva forma de control del presupuesto, no sólo para evitar el robo del erario sino también el derroche que se realiza como parte de la actividad política permanente de los gobernantes.

Morena requiere de una mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar un presupuesto con objetivos sociales bien definidos y sin gastos innecesarios. No se trata sólo de reducir los sueldos de los altos mandos sino también de bajar los gastos de operación de todo el sector público.

Además, se requiere clausurar el departamento de regalos que existe en San Lázaro. Cada año, algunos diputados o líderes incluyen erogaciones que carecen de base en políticas públicas y, por tanto, son peticiones o promociones aisladas de carácter local. Quienes logran la aprobación directa y especial de ese tipo de gastos recogen luego el «moche», es decir, la recompensa por haber logrado «bajar el recurso». Ese departamento de regalos, el cual suele contener decenas de millones, es uno de los elementos del sistema de corrupción, por lo que es indispensable clausurarlo con sellos de acero.

El tema de la delincuencia organizada está sin duda vinculado con el de la corrupción. Si los cuerpos de seguridad, el Ministerio Público y la judicatura siguieran vinculados a prácticas corruptas, sería imposible contar con una política articulada. El llamado «sistema» en esa materia es algo enteramente formalista, tal como ocurre con el otro «sistema» llamado anticorrupción.

Se ha criticado con ahínco el planteamiento de AMLO de que si el presidente de la República combate la corrupción, lo tendrían que hacer también los gobernadores y los ediles. Se dice, como réplica, que no pueden existir «soluciones mágicas». Pues bien, magia o no, lo que es completamente seguro es que si el presidente forma parte del sistema institucional de corrupción, es imposible combatirla. En tal escenario hemos vivido en México. El cambio tiene por fuerza que partir del Poder Ejecutivo, es decir, de una presidencia de la República que tenga liderazgo político y popular capaz de abrir la lucha por un cambio en la forma de gobernar el país. Para ello se requiere estar afuera y en contra del Estado corrupto.

El otro gran punto sobre la gobernanza es el de los nuevos derechos políticos de los ciudadanos: proponer, impugnar, decidir, revocar deben ser incorporados a la cotidianeidad. Hoy, la ciudadanía es convocada cada tres años a elegir y, después, los gobernantes no le vuelven a dar ni los buenos días.

Por ello, el cambio consiste también en construir una nueva ciudadanía. Como ha dicho AMLO: «el pueblo pone y el pueblo quita.»

A los falsos demócratas todo esto les da escozor. Es evidente que ellos no están en absoluto en favor del cambio que ya se anuncia, por lo que no pueden ser opción vencedora.