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Guardianes electorales

Vigilar las elecciones es un mandato democrático que abarca a la ciudadanía entera. Procurar el respeto al voto genuino es un deber cívico de todos. Pero el INE parece no estar de acuerdo con esto.

No es nueva esa actitud de la actual mayoría consistorial de ese Instituto. Así es, sencillamente. Tenemos años con lo mismo.

El presidente de la República dice que quiere convertirse en «guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades», en especial denunciar el uso de recursos públicos y la compra de votos,  pero el consejero presidente le responde que «el único guardián» es el INE y que el presidente «no tiene vela en el entierro», según dijo.

El INE, como antes el IFE, nunca pudo impedir el fraude electoral, la compra masiva de votos, el uso ilegal de recursos, el exceso en los gastos y muchas más maniobras electorales abusivas e ilegales. Ni siquiera pudo impedir en el año de 2015 el muy evidente fraude de voto electrónico a distancia, reconocido siete meses después de las elecciones de diputados locales de Chiapas, llevado a cabo mediante la manipulación del «inviolable»  listado de electores. Y también se negó a destituir a los consejeros locales de aquel estado, hasta que se lo tuvo que ordenar el Tribunal.

La lista de incapacidades, torceduras, parcialidades, complicidades, soslayos, inoperancias y torpezas es monumental y se encuentra documentada. Los historiadores en el siglo XXII tendrán todo a la vista para darse gusto. Un día, el INE llegó al extremo, cómico y patético a la vez, de registrar en la suma de los cómputos distritales, tres días después de la elección, más del 100% de los votos depositados en las urnas. Año 2015, caso único en el mundo. El consejero presidente ni se asomó para dar explicaciones: envió a la sala de prensa a algunos de sus buenos colegas.

El Instituto nunca ha logrado tener resultados completos en la mañana del día siguiente, como suele ocurrir en los países de sistema lento que no pueden hacerlo la misma noche. Los tiene cuando terminan los cómputos distritales, tres o cuatro días después. Lo que hace el INE es un muestreo de casillas, llamado conteo rápido, una encuesta de resultados, aunque nunca ha cubierto la totalidad de las casillas de la muestra. Los rangos que brinda ese procedimiento son tan amplios que, en elecciones muy competidas, sólo crea mayores problemas. El punto relevante, sin  embargo, es que, con el pretexto del conteo rápido, el programa de resultados no mejora, es muy lento, políticamente complicado y dudoso.

La vigilancia de los procesos electorales no sólo debe abarcar a partidos, donantes, medios de comunicación, bancos y todos los niveles de gobierno y otras entidades públicas, sino también, especialmente, a la autoridad que organiza los comicios. Esa es nuestra realidad.

El IFE-INE, sin presencia (formal) del gobierno, se construyó bajo buenos auspicios y no empezó mal si se estima la realidad política de entonces y el bloqueo que intentaba el PRI, hasta que decidió desechar la queja sobre el financiamiento ilegal de campaña conocido como «Amigos de Fox». Luego de dos años, el Tribunal ordenó al Instituto, en incidente de apelación, investigar lo que ya se conocía a grosso modo, por lo cual se impuso al PAN y al PVEM una multa de más de 300 millones. Pero ni así presentó el IFE denuncia ante el Ministerio Público.  Eso lo hice yo, con la pésima suerte de que el principal denunciado, entonces presidente de la República, le ordenó al procurador que confirmara el «no ejercicio de la acción penal» dictada por la Fepade, la cual jamás ha servido para gran cosa. En realidad, no pasó nada, el Poder Judicial le dio palo final al asunto en juicio de amparo.

La brutal arremetida del entonces presidente, en 2005, mediante mensajes en radio y televisión en los que realizaba propaganda personalizada con programas sociales, algo prohibido por la ley y que anticipaba la campaña electoral, no la detuvo el IFE, sino un ministro de la Suprema Corte, José de Jesús Gudiño Pelayo, quien resolvió inmediatamente la suspensión de los actos presidenciales luego de admitir a trámite la controversia interpuesta por la Cámara de Diputados.

El IFE-INE ha sido casi ineficaz en la vigilancia de que se observen los dos últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución. Miles de quejas y denuncias se han presentado infructuosamente contra servidores públicos que realizan propaganda personalizada por cuenta de recursos públicos. Ahí, el Instituto sí tiene «vela», pero ha fallado de manera indecente. ¿Quién vigila?

El éxito del IFE al imponer una multa de mil millones de pesos al PRI tuvo el defecto de que lo robado había sido del doble de la cantidad indicada en el expediente, lo cual obligaba a una sanción de dos mil millones. Al principio, ya en medio del escándalo, el Instituto no abrió procedimiento oficioso sino que tuvimos que presentar la queja. El Pemexgate culminó en la exoneración penal de los intermediarios, los líderes sindicales y el director de la paraestatal, así como del entonces presidente de la República, quien sin  duda impartió la orden para la defraudación. Nadie que no sea el jefe del Ejecutivo regala mil millones a un candidato desde los fondos de Pemex.

Podría decirse que aquel Consejo General del IFE fue mejor que los posteriores porque, aunque tampoco vigilaba mucho, al menos era reactivo y llegó, aunque a tumbos, a imponer sanciones históricas al PRI y al PAN, los cuales eran los partidos donde mejor se organizaban los transgresores electorales del país.

Después las cosas empeoraron visible y groseramente. La campaña sucia del PAN en el año 2006, con la intervención de agrupaciones patronales y empresas, así como de las televisoras, mediante la difamación y la calumnia, fue pasada de largo por unos consejeros que en su mayoría estaban en la movida chueca electoral. Recordemos sólo la manera torcida de hacer los cómputos y, luego, la declaratoria ilegal del IFE sobre el resultado de la elección presidencial que la ley no le permite hacer, la negativa a realizar un recuento que hubiera aclarado al menos una parte del problema, el carpetazo a toda queja, denuncia, clamor, etcétera.

En el año 2006 México tuvo el movimiento poselectoral más fuerte de su historia, el cual duró prácticamente los años del sexenio. Este fue provocado por las acciones combinadas de la derecha panista en el gobierno, el candidato oficial, las agrupaciones empresariales más conservadoras  y la mayoría de consejeros del IFE, con la muy lucrativa complicidad del PRI. «Haiga sido como haiga sido», se dijo.

Seis años después, volvió la propaganda electoral ilegal en favor del precandidato priista en grandes medios, inmensas cantidades de dinero para la compra masiva de votos, dispersadas a través de entidades financieras; Monex fue señalada, aunque se repartió más dinero a través de Bancomer en donde la autoridad no preguntó nada.

Las nuevas facultades del IFE no se usaron bien porque la indagatoria se hizo con el deliberado propósito de llegar a la conclusión de que nada importante había alterado negativamente el proceso electoral. El PAN calló porque no era opción mayoritaria, como seis años antes lo había hecho el PRI. No es insulto hablar del PRIAN.

El presidente dijo recién: «si yo me entero de que están utilizando el dinero del presupuesto para favorecer un partido o un  candidato…, estoy obligado a denunciarlo». En respuesta descalificadora y acallante, uno de los consejeros que imparte clases en el consistorio del INE lanzó una filípica: «gobernantes, fuera manos de las elecciones». En el contexto del diálogo, tal vez quiso decir: no denuncien nada, dejen en manos del Instituto justamente el trabajo que no se hace.

En arrebato de cretinismo  (ya no se sabe si es más personal que institucional), el consejero presidente ha lanzado una perla digna de un comentario de Carlos Monsiváis, dijo: «El presidente de la República fue beneficiario en una elección que realizamos«. O sea, que el INE realiza las elecciones y que en ellas hay un beneficiario. Los comicios los organiza una instancia del Estado pero no los «realiza»; en ellos participa una ciudadanía que los lleva a cabo, que se encarga de su realización. No hay beneficiarios sino elegidos, personas con encargo popular.

Los actuales consejeros del INE, en su mayoría, dicen que los servidores públicos, en especial el presidente, deben concretarse a tratar los asuntos de su más estricta competencia. Ellos, en cambio, hablan sobre todo y casi todo el tiempo, incluyendo sus respuestas y críticas al presidente y a la mayoría parlamentaria. Han convertido al INE en una plataforma de discursos personalísimos, aunque no son funcionarios elegidos sino designados para cumplir tareas muy concretas, acotadas directamente por la ley.

Es increíble que en el INE se ubiquen consejeros que no admitan la diferencia entre ser elegido y no haberlo sido. Todos deben respetar la ley y ser decentes, pero sólo los elegidos expresan intereses e ideas de sus representados.

Hace muy poco, la Junta Ejecutiva decidió autorizar unas remuneraciones mayores a las señaladas por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos y, además, por encima de lo que percibe el presidente de la República. Tomaron, así nomás, la decisión de desacatar un decreto legislativo y desconocer la Constitución. Hoy día, para el INE no existen los artículos 75 y 127 de la Constitución. En tal actitud se haya el puro interés monetario, los sueldos de una burocracia dorada. El INE está anclado en el viejo sistema de privilegios y derroche de fondos públicos.

El INE, más o menos, descansa dos años por uno de intenso trabajo. Siempre ha sido así. Cuando vienen las elecciones, unifica la actividad de las áreas de organización y capacitación, pero durante los dos años anteriores las mantiene divididas para tener más vocalías, gastar más sin propósito válido alguno.

Además de lo debido, el INE gasta en lo que les da la gana a los consejeros. Así nomás. Todos los contralores del Instituto lo han dicho de muchas maneras, pero nunca se les ha hecho caso.

El gran error de la conformación del IFE-INE fue que se proyectó como órgano político y no sólo técnico. El problema nunca ha sido la autonomía en sus decisiones sino la falta de la misma. Los partidos han designado hasta ahora a los consejeros, poniéndose de acuerdo en un reparto más o menos proporcional a la presencia parlamentaria de cada cual. Como es lógico, se ha conformado siempre un  núcleo duro mayoritario del PRIAN.

Yo fui el único coordinador parlamentario que no concurrió a la elección de todo un Consejo General, el peor que ha habido, por cierto, en el año de 2005, en víspera del fraudulento y canallesco refrendo panista en la Presidencia. El voto en contra de toda la lista de consejeros fue un escándalo, pero la vida demostró que era lo correcto.

El proyecto político de los neoliberales desde 1988 fue el de crear un  régimen bipartidista para dejar a la izquierda en el margen. Receta clásica estadunidense y europea. Lo intentaron siempre con los peores métodos, desde atentados mortales, encarcelamientos, persecuciones, fraudes electorales, alquimias comiciales, compra masiva de votos, uso gigantesco de recursos públicos, desfalcos de empresas públicas, pase de charolas, manipulación  de los medios de comunicación, reparto electoral de presupuestos, moches, compras y compras, ventas y ventas, hasta el diseño de un aparato electoral profesional pero manipulable.

Los principales guardianes de las elecciones siempre han sido los militantes de las oposiciones, los ciudadanos en las casillas, los periodistas que denuncian, los integrantes de las organizaciones civiles por la democracia, los dirigentes políticos que no se dejan ni se venden, los manifestantes de los miles de conflictos poselectorales de la historia contemporánea de México.

No vengan ahora con el cuento de que los únicos guardianes son ellos, consejeros electorales nombrados comprometidamente por los partidos políticos que hacen fraudes.

No es tiempo de matices

El hecho de que este no sea tiempo de matices como objeto de la disputa política se debe a la convergencia conservadora frente a la irrupción de la izquierda en el poder. En este momento las oposiciones se están oponiendo y punto. Si hubiera algún partido de oposición que planteara negociaciones sobre la base del respeto a la mayoría surgida de las urnas, pero con campo abierto hacia otras propuestas, la situación política del país sería algo diferente.

Cuando los conservadores dominaban la política hacían todo tipo de acuerdos abiertos y encubiertos, pero discrepaban a menudo sobre temas menores y de reparto de canonjías.  Aquel era tiempo de matices, pero neoliberales casi todos ellos. Ahora que esos conservadores se encuentran en la oposición, se han ido acomodando entre sí, pero se van a enfrentar pronto al difícil reto de crear una coalición.

El objetivo concreto opositor es derrotar a Morena en 2021 y a Andrés Manuel en 2022. Cambiar la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados y revocar el mandato del presidente de la República. Quien de manera más directa lo ha cifrado es Héctor Aguilar Camín en su conversatorio telemático fechado el reciente 23 de mayo: que Morena pierda la mayoría en 2021 y que en 2022 se revoque en las urnas a López Obrador… «por pendejo», según dijo.

Esa vulgaridad denominada Proyecto BOA (víbora que estruja a sus víctimas para tragarlas), repite aquellos dos objetivos con la misma claridad con que lo hacen otros conservadores. Su convocatoria busca la unidad de los importantes, el «círculo rojo», dice Aguilar Camín: partidos opositores, gobiernos locales, jueces, medios de comunicación, toda clase de organizaciones patronales, empresarios, intelectuales, etc. Nadie ha respondido por BOA, pero muchos no desconocen el objetivo. No tendrían por qué, es del todo verdadero. El mismísimo presidente del PAN recién lo ha dicho claramente.

No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador afirma que los adversarios de la transformación que él encabeza están a favor de conservar el viejo sistema de injusticias, privilegios y corrupción. Esto se debe al rechazo de plano que manifiestan los opositores a toda la política del gobierno, es decir, justamente a la ausencia de matices.

Al mismo tiempo, como complemento, en el ambiente político no sólo está presente la crítica del gobierno, de la política de éste y de sus actos concretos, sino también una considerable cantidad de mentiras e insultos que se pueden leer a diario en medios de difusión de toda clase. La convergencia conservadora no es sólo de los líderes sino también de las bases.

En condiciones normales sería un error político que el gobierno del cambio respondiera a los conservadores como si casi todos ellos fueran un solo bloque consolidado, pero bajo la situación política actual de México se ha vuelto inevitable, ya que del lado de los opositores la tarea es repudiar en bloque el programa de la 4T y tratar de cambiar de rumbo político; lo demás ya se verá, ahora no discuten entre sí.

El carácter reactivo de ese plan es otro elemento más  que confirma la ausencia de matices en la política mexicana, mientras que la rispidez y la maledicencia son fórmulas que contribuyen a la ausencia de diálogo político.

Por ejemplo, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, fraguó la maniobra de responsabilizar al presidente de la República de choques de la policía local contra jóvenes manifestantes que exigían esclarecimiento y castigo por la detención y asesinato de Giovanni López. La idea de ese político conservador es que entre más logre confrontarse con el presidente, mejor será su propio prestigio personal, pero resulta ser otra cosa acusar sin motivo al titular del Ejecutivo federal de provocar la represión de manifestantes. Justificar la violencia mediante el infundio es viejo recurso de los déspotas mexicanos.

Hay que aclarar que la causa de fondo de que este no sea tiempo de matices no radica en las malquerencias, las cuales no parecen tener remedio, sino a que, frente a una hilada de cambios y nuevos enfoques, los opositores carecen por el momento de propuestas puntuales que pudieran discutirse en paralelo. Lo que proponen es volver a lo de antes en materia económica, social y administrativa (corrupción pública), lo cual sería el suicidio de la 4T.

Si Andrés Manuel se la pasara llamando al diálogo perdería tiempo y consistencia porque se ha estrechado demasiado el terreno de las interlocuciones entre grandes bandos políticos contrarios. No es una cuestión de personalidades o de opciones a la carta sino de hechos políticos duros.

En todo momento esto podría empezar a cambiar, pero es poco probable que sea pronto. En cambio, luego de las elecciones de 2021, dentro de un año, sí habrá cambios, tanto si Morena confirma su mayoría política como si la pierde. Eso lo saben los conservadores, a pesar de lo cual ellos no han optado por preparar una contienda de programas sino de desgaste de la Presidencia de la República mediante el ataque, la burla y el insulto sistemáticos. Entonces, estamos peor que antes porque, antes de votar, no parece haber materia para el diálogo aunque ambos alineamientos se sigan culpando mutuamente de la ausencia del mismo y afirmen que sería bueno. Círculo vicioso podría denominarse la coyuntura.

Si no hay campo para arreglos puntuales mientras votamos, después quizá se abra, pero no es seguro.

Emilio Lozoya: antes, después y hoy

Está claro que Emilio Lozoya no es exponente de «la peor corrupción estructural mexicana». Hay episodios, sistemas, tramas, personajes y fortunas mucho peores. Nomás pensemos en el imperio corrupto de Carlos Salinas de Gortari. Pero el papel que jugó el hoy perseguido de la justicia es ocasión para que el país se asome a uno de los episodios de la historia de su Estado corrupto.

Emilio Lozoya viene de la alta burocracia política mexicana, toda ella corrompida, en línea con uno de los elementos básicos del poder. Su padre fue uno de esos burócratas empoderados. Pero, luego de un adecuado entrenamiento, ese personaje se proyecta en el momento en que le podía ser útil a una causa política concreta que era la recuperación de la Presidencia de la República por parte del PRI, a partir del gobierno del Estado de México y de la candidatura de Enrique Peña Nieto.

El antes fue la precampaña y campaña del abanderado priista, con todo el impresionante apoyo mediático de Televisa. El después fue la llegada de Peña a la Presidencia de la República. El hoy es la oportunidad de averiguar más sobre las tramas corruptas.

Conseguir apoyos mediáticos y económicos tuvo que ser el primer paso. Emilio Lozoya no era un político operativo. Sus tareas tenían que ver con relaciones, especialmente entre empresarios y poderosos de la esfera pública. Hizo bien su trabajo en tanto que logró obtener financiamientos. Así, tuvo que estar vinculado a Luis Videgaray.

El primer cargo penal que se le hace es obtener de la trasnacional brasileña Odebrecht fondos para la campaña de Peña Nieto. ¿Cuánto entregó al PRI y cuánto retuvo? No lo sabemos, pero supongamos que todo se lo dio a Videgaray.

Ya como director de Pemex, Lozoya había de beneficiar a la empresa donante. Según la acusación, así fue, pero con nuevos y mayores sobornos.

Hoy, se tiene que saber dónde está el dinero, cuál fue su ruta y destino. Es un laberinto.

Pero hay más. Pemex tuvo participación en la llamada Estafa Maestra, es decir, fondos entregados a organismos públicos como pago de algún servicio pero que no se aplicaban al objeto establecido en el convenio sino se canalizaban través de empresas fantasmas. Aquí, el hoy tendría que ser el conocimiento del propósito de tal estafa y del destino final del dinero.

Mas lo que supera la relación de Lozoya con Odebrecht  y la versión petrolera de la Estafa Maestra es la compra de Pemex de la planta de Nitrogenados por 500 millones de dólares a la empresa privada Altos Hornos de México. Se ha calculado que esa «chatarra», como la definió la Auditoría Superior de la Federación, podría haber tenido un valor de unos 15 millones de dólares, si acaso.

Los privatizadores neoliberales en el gobierno no sólo vendían y entregaban propiedades públicas sino también estatizaban chatarra. Todo, para hacer negocios corruptos.

El jefe de Altos Hornos, también perseguido, no hubiera podido quedarse con la totalidad del dinero. Eso hubiera sido imposible. Así que ya no fueron sólo 10 millones de dólares procedentes de Odebrecht. Después cayeron otros 500 millones volando entre las sombras de los forajidos. ¿Cuál fue la distribución? ¿Dónde está ahora el dinero?

Qué pequeño se antoja, comparativamente, aquel robo a Pemex de mil millones de pesos para financiar la campaña de Francisco Labastida como candidato del PRI en el año 2000, por órdenes de Ernesto Zedillo a través de Romero Deschamps y Rogelio Montemayor, a la sazón líder sindical y director de la paraestatal, respectivamente, ambos connotados y muy activos priistas de estrellato salinista. Entonces hubo total impunidad penal gracias a la capitulación en la activación del aparato de justicia por parte, directamente, de Vicente Fox y su partido, el PAN. Se otorgó un perdón de facto. Sólo se logró una multa electoral contra el PRI, justamente de esa misma cantidad.

Quizá en algún momento, el mismo Peña Nieto y su administrador y operador político, Luis Videgaray, entre otros, tuvieran que ser interrogados si el fiscal careciera de otra opción. Habría que esperar que, llegada la situación, no fuera sólo un espectáculo mediático.

Lo peor de este periodo de la historia del Estado corrupto mexicano sería que el desempeño de Emilio Lozoya resultara haber sido algo marginal. Poca cosa en términos comparativos al gran total. Entonces tendríamos un hoy desgarrador. Puede ser.

El dinero de los partidos

El financiamiento público de los partidos suele ser uno de los elementos de las democracias competitivas. En consecuencia, está integrado en el sistema político mexicano. Sin embargo, no existe una regla única. No hay en el mundo uno idéntico a otro.

El jueves 12 de diciembre, el PRI y el PAN, junto con otros cuatro institutos políticos, votaron en contra de la reducción del financiamiento a la mitad, propuesta por Morena en la Cámara de Diputados. Ambos acusaron a este partido de querer deshacer el actual sistema político y buscar su predominio.

En el fondo, esos dos viejos partidos creen que ahora, más que nunca, requieren un fuerte subsidio del Estado para tratar de recuperar su votación anterior al 2018. No obstante, la idea de que los recursos que hoy reciben les resultan indispensables es mala por ser falsa. En la reciente elección federal, el PAN y el PRI incrementaron el dinero gastado, pero cayeron en número de votos obtenidos. El partido que más sufragios obtuvo fue el que menos dinero había recibido.

Las reglas del financiamiento no se limitan a las campañas electorales, como ocurre en muchos otros países, sino que comprende también el llamado gasto ordinario que se entrega mensualmente. La bolsa anual de dinero para todos los partidos se conforma al multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de ese total se reparte entre los partidos de manera igualitaria y el resto se asigna a cada cual según el número de votos obtenido en la más reciente elección de diputados federales. Además, las entidades federativas cuentan con sendos mecanismos de subsidio a los partidos.

Morena ha planteado siempre que esa bolsa debe reducirse. No se trata sólo de canalizar unos 2 500 millones anuales (la mitad del financiamiento actual) hacia otros gastos necesarios, sino también de bajar las erogaciones públicas que se destinan a sostener pesadas burocracias partidistas.

El proyecto de disminución del financiamiento a los partidos partió de reiteradas expresiones populares. El subsidio ha ido subiendo a una cantidad importante, más aún cuando la bolsa aumenta un 30% en los comicios intermedios y en un 50% en el año de la elección presidencial.

La demanda de reducir este financiamiento no sólo tiene años sino que en 2018 fue una insistente promesa de Morena y su candidato a la Presidencia, los cuales admiten su existencia pero rebaten la cuantía. Es así de simple.

Durante meses se sostuvieron diálogos entre varios partidos en aras de alcanzar la mayoría requerida para emitir una nueva norma. Hace unos días se vio claro que no sería posible, pero al proyecto ya se le había dado publicidad y estaba listo para ser votado en el pleno de San Lázaro.

Morena no quiso más demoras porque nada indicaba que la situación fuera a cambiar y, además, su obligación era cumplir con una promesa política de campaña aún cuando no fuera posible alcanzar el éxito por ahora.

La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados (274 votos) se ha pronunciado por bajar el subsidio a los partidos pero, en México, la norma es constitucional y para modificarla se requiere dos tercios en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.

En síntesis, los responsables de que el próximo año se sigan erogando unos 5 mil millones de pesos en gastos de operación de los partidos son quienes han votado en contra: PAN, PRI, MC, PVEM, PRD y PT.

El debate sobre este tema, sin embargo, continuará.

INE y Constitución

Cuando el titular del Instituto Nacional Electoral calló frente al cuestionamiento de un  diputado en San Lázaro sobre el proyecto de aquél para ganar un 85% más que el sueldo del Presidente de la República, no estaba tomando en cuenta que la Cámara de Diputados es la única que puede aprobar el presupuesto y, en consecuencia, las remuneraciones. El silencio no es respuesta a un parlamentario en sede legislativa.

En el momento  que el INE declara que el presupuesto aprobado por la Cámara perjudica a la sociedad y pone en riesgo la «estabilidad política y económica del país», sus voceros están haciendo graves cargos políticos a integrantes del Poder Legislativo de la Unión que debieran formalizar.  No es admisible que lo dicho sea sólo una estrategia de comunicación circunstancial o meramente reactiva que exprese un enfado personal, ya que eso se encuentra al margen de sus facultades legales.

Cuando el INE afirma que se le han «recortado» más de mil millones de su presupuesto en realidad no sólo desconoce que la Cámara es la única que puede aprobar el gasto sino que miente. En verdad, el presupuesto del INE ha sido incrementado para el año 2020 en 1 297.75 millones de pesos respecto a lo autorizado para 2019: el 4.7% en términos reales. Su gasto total será de 16 mil 660.75 millones de pesos.

Señala que el gasto en 2020 será extraordinario porque se habrán de integrar en septiembre de ese mismo año 300 consejos distritales y 32 locales; en realidad vuelve a desinformar porque esos consejeros no tienen sueldo.

El INE pasa de declarar que la elección de 2021 está en riesgo con el presupuesto de 2020, a asegurar, al día siguiente, que ni siquiera peligra la expedición de credenciales, ya no se sabe cuál es el territorio en el que pretende ubicarse. Menos aún cuando reformula sus expresiones para volver luego a los ataques al decir que la no aprobación completa de su proyecto de gasto es un «intento» por «limitar a la autoridad electoral», por lo cual no se perfilan «buenos tiempos». Se nota, así, que el INE busca subrayar su enemistad con la mayoría parlamentaria es decir, es un asunto sólo político sin implicaciones administrativas ni técnicas.

Toda elección subsecuente será la mayor de la historia porque el listado siempre habrá de ser más grande durante muchas décadas más. Así que hablar de eso es expresar lo que se sabe de sobra. Pero sostener que el inexistente recorte presupuestal es el mayor de la historia ya no es tan simple porque no se ha recortado el presupuesto del INE. No todos los organismos públicos o entidades de la administración obtuvieron la cantidad de gasto que solicitaron. Uno de ellos ha sido el INEGI (31.9% de aumento) porque el año próximo habrá censo general de población, el cual se verifica cada 10 años. En otro sentido, la Fiscalía General solicitó tres mil millones de incremento y la Cámara sólo autorizó 1 500.

El Presupuesto de Egresos es de toda la Federación; sus entidades y organismos entienden que forman parte de un todo y que existe eso que se llama política de gasto. El hecho de que el INE no lograra la aprobación del 100% de su proyecto de gasto no es algo único sino normal: así ha sido casi siempre durante muchos años.

¿Qué quiere decir eso de que no se «perfilan buenos tiempos»? El INE no entra en detalles sobre su dicho, pero se entiende que los consejeros electorales están pesando en «malos tiempos». Si se refieren al país, como lo habían ya expresado el día anterior, el 21 de noviembre, entonces habría que cuestionarles si como personas se quieren inscribir en la oposición, en cuyo caso tienen el campo abierto como cualquiera, o si de lo que se trata es de convertir al INE en un instrumento político opositor, a lo que habría que adelantarles que eso sería contrario a la Constitución.

En cuanto a las remuneraciones, llama la atención que los consejeros electorales hubieran llegado a solicitar sueldos superiores a los del Presidente de la República cuando es sabido que eso no lo permite la Carta Magna. Fueron más lejos: pretendían que 100 servidores públicos del INE estuvieran por arriba del sueldo presidencial.

Quienes elaboraron el proyecto de presupuesto del INE tendrían que haber sabido que la Cámara de Diputados no puede autorizar gastos inconstitucionales, por lo que era imposible aceptar esa pretensión. Pero, ¿una autoridad puede hacer solicitudes violatorias de la ley fundamental? No han prometido todos ellos y ellas guardar y hacer guardar la Constitución? ¿Cómo quedamos al respeto?

En conclusión, la mayoría parlamentaria no tiene ningún problema con el INE. El litigio llegó a San Lázaro a partir de que se ha cuestionado la capacidad constitucional de la Cámara para aprobar el gasto y fijar las remuneraciones con apego a la legislación.

En términos directos, ni el INE puede estar en una «zona de riesgo» ni se va a «recrear» la democracia por acción de ese mismo instituto, como afirman sus voceros. Tampoco hay insuficiencia de fondos ni se han producido recortes. En conclusión, lo recomendable es serenidad, madurez, responsabilidad e institucionalidad. Eso es lo más fácil.

Financiamiento público de partidos

El subsidio que entrega el Estado mexicano a los partidos es elevado porque, cuando se implantó, el PRI recibía demasiados millones procedentes de la administración pública. Para sustituir al menos una parte importante del gasto del entonces partido oficial, era necesario que el financiamiento público fuera alto.

El subsidio, sin embargo, nunca alcanzó a cubrir la mayor parte del gasto priista. En el año 2000, Ernesto Zedillo trasladó a Francisco Labastida, su candidato, mil millones de pesos desde Pemex, a través del sindicato. Pero de seguro hubieron más desvíos de fondos públicos que aún no se conocen.

El PRI se convirtió en un devorador de fondos públicos porque todo lo tenía que comprar. Nadie en ese partido brindaba trabajos militantes mientras que se compraban millones de votos con dinero en efectivo.

El financiamiento público de los partidos suele ser un sistema para evitar que aquellos sean comprados por los capitalistas. En México ha tenido otras características porque los dueños del dinero no han buscado adquirir partidos sino políticos y no lo han hecho, preferentemente, con dinero para campañas sino mediante el amplio sistema de la corrupción. El mayor mecanismo conocido de cooperación directa de empresarios fue el realizado a través de Amigos de Fox, justamente el mismo año del Pemexgate. Quien ganó la elección del año 2000 (PAN) violó la ley como también lo hizo el segundo lugar (PRI). El dinero ilegal cundió en la campaña electoral y marcó a los dos principales candidatos. Luego, Felipe Calderón recibió ayuda privada en propaganda radiodifundida (2006). Finalmente, Peña Nieto (2012) captó la mayor cooperación pública desde gobiernos locales, la cual no se ha contabilizado aún, además de las coberturas televisivas gratuitas mediante infomerciales.

El financiamiento público de los partidos fue una cobertura parcial de los gastos del PRI y ayudó, por otra parte, a los partidos de oposición a estar presentes en las campañas con mucha propaganda, aunque probablemente algo inservible.

En realidad lo que más propició la competencia fue el otorgamiento a los partidos de tiempos oficiales de radio y televisión, lo cual empezó desde 1979. Cuando se reformó la Constitución para impedir la propaganda política pagada, se dio un salto mayor en materia de la concurrencia política en las elecciones. Este fue uno de los resultados del movimiento postelectoral de López Obrador en el año 2006.

La Estafa Maestra fue un mecanismo de financiamiento de campañas electorales priistas, pero el dinero público no fluía hacia el partido sino directamente hacia los candidatos y candidatas priistas. Tenían la experiencia del Pemexgate y superaron todo lo anterior.

Ahora se discute en San Lázaro la propuesta de Morena para disminuir en un 50% el financiamiento público monetario de los partidos. Podría pensarse que es contradictorio que el partido con mayor caudal electoral y, por tanto, con mayor subsidio, sea el que proponga una rebaja sustancial. Sin embargo, esto se debe a que la existencia en México de una enorme corriente popular a favor de disminuir el gasto electoral coincide con la sensible disminución de la compra de votos. Como se sabe, los sufragios no se compran con dinero privado sino con el público, ya sea de procedencia legal o ilegal, pero este último no procede del bolsillo de los candidatos o patrocinadores sino también del erario. Así funciona.

La reducción del financiamiento público que se ha propuesto no abarca la rebaja en el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión ni la autorización de la compra de spots. Así que, al disminuirse el dinero entregado a los partidos, éstos podrían seguir haciendo su propaganda radiodifundida, quizá buscando superar los brevísimos mensajes y sustituirlos por emisiones algo mayores que permitan exponer puntos programáticos.

Mas, si no es posible comprar spots en radio y televisión, sí lo es reproducir mensajes pagados en internet, lo cual ya se puede hacer bajo fiscalización de gastos de campaña.

La rebaja del financiamiento público de los partidos podría generar una tendencia hacia la disminución de las burocracias partidistas que son parasitarias y abrir cauces para el fomento del trabajo militante. Quizá.

El partido que recién triunfó en la contienda por la Presidencia y el Congreso era el que tenía menor financiamiento público. Esto no podría ser norma, pero dice algo al respecto.

Del Pemexgate a la Estafa Maestra

El Pemexgate y la Estafa Maestra son operaciones hermanas: robar fondos públicos para invertir en la compra de votos. Recordemos unas historias.

En el año 2000 hubo elecciones generales. El candidato a presidente por el PRI era Francisco Labastida Ochoa, a quien se le observaba en peligro de ser derrotado luego de la crisis económica y el escándalo del Fobaproa, como al final ocurrió.

Por órdenes del mandatario saliente, Ernesto Zedillo, el director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, hizo un convenio con el Sindicato de Trabajadores Petroleros (Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, entre otros) para entregarle un total de 1 100 millones de pesos (unos 116 mdd), bajo la cobertura de subvenciones contractuales. Esta operación se realizó en varias entregas desde Pemex al sindicato y desde éste, en efectivo, a la Secretaría de Finanzas del PRI, sin que se haya podido saber si algunos de los intermediarios tomaron dinero para su propio peculio.

Durante los años de 2013 a 2015 y posiblemente después, se realizaron muchos convenios entre la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Rosario Robles, y universidades, centros educativos, organismos no gubernamentales (ONG) y otras entidades para proveerles recursos a efecto de que realizaran estudios, promociones y otras actividades «propias» de la política social del presidente Enrique Peña Nieto, pero sin que se llevaran a cabo en la práctica. El objetivo era desviar miles de millones de pesos de dinero público hacia campañas electorales del PRI, pasando a través de coberturas sociales cuyos operadores se llevaban una comisión adecuada, personas de toda confianza del grupo gobernante y del partido oficial.

Desde el año 2000 ya era más difícil financiar desde el gobierno las campañas electorales, aunque eso se hacía en diversas escalas, en especial en el ámbito local. Lo mismo podía decirse hacia los años 2013-2018.

Para el PRI, el tema consistía en aplicar cuantiosos recursos públicos sin declarar ingresos y mucho menos gastos electorales. El propósito era la compra directa del voto ciudadano. Ese mecanismo se tenía que hacer con dinero en efectivo para evitar escándalos como el de las tarjetas Monex y Bancomer (estas últimas no se investigaron en absoluto), utilizadas con ese fin desde la secretaría de finanzas priista, a cargo de Luis Videgaray, durante la campaña de Peña Nieto en el año de 2012. Fueron también varios miles de millones de origen público y privado.

Pemexgate y Estafa Maestra tienen unas similitudes evidentes. La primera defraudación consistió en una sola operación, aunque el desembolso duró varios meses. La remesa inicial fue utilizada por Francisco Labastida en la precampaña interna. La última, cobrada en efectivo en una sucursal bancaria y transportada en una camioneta blindada propiedad del candidato a presidente, llegó unas semanas antes de las elecciones. La segunda defraudación, la Estafa, duró varios años porque se ideó para financiar sucesivas campañas electorales locales.

No hubo «desafueros» ni juicios penales o políticos en ninguno de esos dos fraudes electorales, hasta ahora.

Por el Pemexgate, el IFE impuso una multa por mil millones al Partido Revolucionario Institucional, confirmada en el Tribunal Electoral con la mínima diferencia de votos, pero sólo por 500 millones, cuyo traslado en efectivo a las oficinas del PRI había sido acreditado por la PGR con testigos del banco y del partido, luego de cobrar los cheques firmados por el secretario de finanzas del sindicato, el candidato a senador Ricardo Aldana.

En el Pemexgate, el gobierno de Vicente Fox,  que había presentado la denuncia, se desistió al firmar un nuevo convenio con el sindicato mediante el cual éste regresaría durante 20 años el dinero desviado, mediante descuentos de algunas prestaciones que la empresa le entregaba a la organización, pero, al mismo tiempo, se elevaban otras subvenciones para compensar los pagos. Ese fue un segundo fraude a Pemex. De esa forma se declaró judicialmente que ya no había daño patrimonial. Fueron exonerados los líderes petroleros, los dirigentes priistas y el entonces director de la paraestatal. Así lo decidió quien era presidente de la República, con la completa satisfacción de la dirección del PAN.

Luego de la llegada a la Presidencia de Enrique Peña Nieto, el PRI se planteó en 2013 el objetivo de obtener el triunfo en las elecciones locales. Había comicios próximos en 14 entidades del país. Fue entonces que dio inicio la Estafa Maestra, hermana del Pemexgate, pero realizada con mayor sofisticación en los métodos, cuantía y dispersión de recursos.

En los años de 2013 y 2014,  las actividades de desvío de fondos públicos con propósitos electorales no se limitaron a la entonces Secretaría de Desarrollo Social, sino abarcaron también otras diez entidades públicas (Pemex, SCT, SEP, BANOBRAS, entre otras), por un monto de 7.67 mil millones, sin tomar en cuenta las operaciones realizadas con posterioridad, parte de las cuales también forman parte de la Estafa Maestra.

En este caso, las denuncias formales proceden principalmente, aunque no sólo, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y es hasta ahora cuando se han llevado a cabo algunas actuaciones en tribunales. La PGR era absolutamente incapaz de investigar algo que tuviera que ver con las ilegales operaciones electorales del presidente de la República y sus colaboradores.

Por su parte, las autoridades electorales no han actuado, a pesar de los informes de fiscalización y denuncias penales interpuestas por la ASF, con las cuales se podría configurar el desvío de miles de millones de pesos de origen público hacia el PRI.

Existe una lista de 128 empresas usadas por las entidades que recibían los fondos públicos para simular actividades, desempeños y gastos. En efecto, las ocho universidades implicadas y otros entes «contrataban» a esas empresas, las cuales entregaban el dinero al partido oficial o a los candidatos priistas. El entonces auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, definió alguna vez este mecanismo como un «fraude millonario».

Toda la historia de la Estafa Maestra debe ser contada en sede judicial, pero también corresponde al Congreso fincar las responsabilidades de carácter político, tal como se lo mandata la Constitución. Los procesos y juicios que se llegaran a abrir no tendrían que analizarse como venganzas. Hace años que en los juzgados y en las cámaras debieron incoarse los procedimientos legales. No se podía. La situación política es ahora otra. Sí se puede.

Falsificación del federalismo (electoral)

El PRI y el PAN presentan la existencia de los organismos públicos electorales (Oples) de los estados, así como la de los respectivos tribunales de la materia, como expresiones del federalismo mexicano, el cual, dicen, debe ser defendido como principio fundamental de la República.

Esos Oples ya no organizan las elecciones, ni siquiera seleccionan y capacitan a los funcionarios de casilla, como tampoco, por tanto, reciben el voto. No fiscalizan el gasto de los partidos ni reciben las quejas sobre propaganda. Se les ha limitado a registrar candidatos y realizar los cómputos de las elecciones locales (sumatoria de datos de casilla), junto con algunos otros quehaceres también menores.

Además, las pocas funciones que se les han dejado a esos organismos electorales pueden ser parcial o totalmente trasladados al INE, hasta el grado de que todo el proceso quede a cargo de éste en exclusiva; o sea, en la práctica, puede el INE clausurar libremente cualquier Ople, como recién lo hizo en Puebla.

Pero eso no es lo peor. Los órganos rectores de los Oples son designados y removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y están sujetos a un reglamento aprobado por éste.

Por el lado de los tribunales electorales locales, sus integrantes son designados por el Senado de la República, como si fueran magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, casi todos sus fallos son recurribles ante éste, donde todo vuelve a empezar.

¿Esta estructura tiene algo que ver con el federalismo?

PRI, PAN y PRD pactaron esa aberración y la llevaron a la Constitución federal. Lo que le dejaron a los estados sólo son las cargas presupuestales. Nada más. Nuevo federalismo, sin duda.

¿Qué interés legítimo puede haber en mantener esta estructura electoral onerosa para las entidades federativas? Varios gobernadores ya no quieren seguir dando dinero a su Ople porque no es «suya».

El PRI y el PAN se dicen temerosos de que Morena se «apodere» de todo el andamiaje electoral nacional, es decir, que haga lo que ellos hicieron. Pero los Oples ya no cuentan prácticamente en dicho andamiaje, son vasallos del INE, pues sus titulares son colocados ahí por los consejeros electorales federales a través de negociaciones políticas.

El desaguisado legislativo que hicieron priistas y panistas en la última reforma pactada (2014) ha creado ahora una disyuntiva: devolver los organismos electorales a las entidades federativas, con toda la redundancia operativa y el dispendio que ello pudiera implicar, o convertir al INE en un completo instituto nacional. Lo que no se puede sostener es ese federalismo que nos han lanzado a la cara como una cínica falsificación.

El asunto no es menor. En la medida en que se mantengan los Oples como están ahora, se hará más difícil reformar al INE, pues éste tiene a su cargo, entre otras cosas, regir a dichos organismos electorales locales y decidir todo lo relacionado con los mismos.

Hemos tenido en los últimos años un Consejo General del INE con facultades prácticamente legislativas. No sólo designa a funcionarios de órganos autónomos (que no lo son más que en el enunciado), sino que también expide normas que deberían estar en una ley.

La cuestión es que ese Consejo General está dominado por dos partidos: PRI y PAN, que han designado a la mayoría de los consejeros electorales.

Luego, el presidente del PAN le planteó a Morena un «desafío», de esos que provocan hilaridad: que los cuatro consejeros que próximamente van a terminar sus respectivos periodos en el Consejo General (abril de 2020) no sean sustituidos por la Cámara de Diputados y que tal órgano de gobierno del INE se quede sólo con los siete restantes. Es decir, que se mantengan los designados por los partidos con anterioridad. Eso sería contrario a la ley vigente, pero el problema no sólo es ese, sino que con ese «desafío» se busca que nada cambie. El INE se antoja ideal para tal propósito porque es el paraíso del PRIAN: de los cuatro que terminarán su periodo, hay dos priistas, un panista y una aliada de ambos. Todo se conoce porque se ha visto.

Morena no quiere representarse en el INE como lo hicieron siempre otros partidos. Eso iría en contra del carácter independiente que debe tener la autoridad electoral. Pero, entonces, queda abierta la discusión sobre cómo garantizar que el andamiaje construido para organizar elecciones en el país sea totalmente profesional, independiente, confiable, austero y eficaz en el desempeño de su función.

Si no es posible lograrlo por ahora, lo será pronto, pero lo que no es admisible es la falsificación del federalismo ni la simulación política. Empecemos por llamar las cosas por su nombre y ubicar a cada cual en su verdadero lugar. Ni los Oples son de los estados ni el INE es imparcial e independiente.

El INE es ya viejo y tiene artritis

Algunos portavoces de las oposiciones dicen que Morena quiere eliminar a los organismos electorales de las entidades federativas y empezar a nombrar nuevos consejeros del INE con el fin de apoderarse de todo el andamiaje. Es fácil entender que piensan como antes y creen que los demás son como ellos eran.

Vale, entonces, empezar a poner los puntos sobre las íes. El INE cuenta con un órgano de gobierno que es el Consejo General, integrado por once personas designadas por la Cámara de Diputados. Casi todos los partidos han tenido y/o tienen uno o varios consejeros con voto porque negociaron los nombramientos. No es el caso de Morena, quien no tiene absolutamente a nadie, su registro es el más reciente entre los partidos que hoy están presentes en el INE. Mal haría, por tanto, como nuevo partido gobernante, en buscar la reproducción de los vicios del viejo sistema.

La existencia de un Consejo General con representantes virtuales de los partidos fue considerado necesario como instrumento de equilibrio y escenario de negociaciones entre los contendientes en sede administrativa electoral. Si acaso ese órgano fue alguna vez útil, ahora ya es innecesario: ningún partido debe tener agentes con voto en el INE.

Parte de la solución consiste en desaparecer el Consejo General y conformar la Junta General Ejecutiva como instancia exclusivamente técnica y profesional. Las autoridades electorales no deben ser políticos disfrazados sino especialistas imparciales.

La Junta tendría que seleccionarse, mediante concursos, entre los técnicos más capacitados y probos. Se acabaría así el reparto de lugares entre algunos partidos con los consiguientes compromisos que afectan la imparcialidad.

Además, es preciso señalar que la mayoría de los acuerdos del Consejo General sobre temas relevantes son resueltos finalmente en el Tribunal Electoral. Cualquier resolución o acción de los integrantes de la Junta o de toda ella como cuerpo colegiado seguiría siendo ventilada en sede jurisdiccional. Esto quiere decir que ya no es necesaria una instancia política para el supuesto diálogo entre los contendientes.

En este marco, resulta también innecesario que las entidades federativas cuenten con organismos electorales cuyos integrantes son ahora designados por los consejeros electorales del INE, los cuales a su vez negocian entre sí y en función de sus querencias partidistas. Los nombramientos de los miembros de los llamados Oples han sido eminentemente políticos y, por tanto, estrictamente negociados.

En el mismo sentido carece de trascendencia práctica la existencia de los tribunales locales electorales, cuyos magistrados son designados con el mismo sistema que opera para los magistrados federales y cuyas resoluciones siempre son recurridas ante el Tribunal Electoral.

El INE (antes IFE) es una institución que ha envejecido porque no ha logrado superar sus traumas de origen y sus artritis adquiridas. Una de estas es que los resultados completos se conocen hasta cuarto días después de la elección. México es uno de los países más lentos en esta materia. El INE da resultados calculados sobre una muestra de casillas a las 11 ó 12 de la noche pero sólo con porcentajes y con rangos de mínimo y máximo de más de tres puntos de diferencia, es decir, tira escopetazo pero no brinda información verificada.

Con frecuencia, el INE agrega detalles normativos en la víspera de la elección, rompiendo con ese principio constitucional de que las reglas sólo pueden cambiarse un año antes.

La majestad política con la que han sido investidos los consejeros y consejeras electorales les ha llevado con mucha frecuencia a legislar en la práctica, sentar criterios, dar cátedras, controvertirse con los partidos adversarios al suyo y favorecer al propio, rechazar toda clase de críticas, derrochar fondos en asuntos irrelevantes o personales. Recién han llegado al extremo de combatir en sedes judiciales la aplicación del artículo 127 de la Constitución que les impide ganar más que el presidente de la República, a pesar de haber protestado cumplir y hacer cumplir la Carta Magna.

Esas artritis no sólo son producto de las personas que tienen voto en la «Herradura de la Democracia», sino del carácter eminentemente político del órgano de dirección del INE.

En muchos otros países las autoridades electorales son exclusivamente técnicas, son discretas, no hacen o admiten debates y se encuentran sujetas a confiables controles jurisdiccionales. Los partidos pueden negociar lo que quieran y llegar a acuerdos, pero la autoridad es quien aplica las normas y da cuenta de sus actos, sin discursos ni mentiras.

Al tiempo de la desaparición del Consejo General, también habría que eliminar las 300 juntas distritales que casi no trabajan cuando no hay procesos electorales. En casi todo el mundo, los cuerpos ejecutivos distritales se integran cuando se acercan los comicios. A juzgar por el inmenso aparato electoral con el que cuenta México, aquí habría procesos electorales abiertos durante todos los días de todos los años.

Es preciso en paralelo avanzar hacia un registro que no sea electoral sino de las personas, ciudadanos y menores de edad. La CURP ya está integrada en el padrón, el cual seguiría existiendo y siendo supervisado por las autoridades electorales que lo usan para varios propósitos. Un organismo profesional independiente en sus decisiones  tendría que hacerse cargo del registro y de emitir la credencial de identificación plena para todo uso. La existencia de un padrón exclusivamente electoral fue algo necesario durante un tiempo pero ya no lo es.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, fue a la Cámara de Diputados, no propuso nada, pero habló de proposiciones «malintencionadas». No añadió más al respecto. Tal vez las anteriores sean vistas de esa forma. Como sea, entre los consejeros electorales predomina la idea de que todo va muy bien, por lo cual no surgirá de ahí ninguna plataforma de reformas para curar las artritis que padece el INE. Pero al menos esos consejeros no son quienes votan en el Congreso, sino que son de aquellos poderosos que no tuvieron que pasar por el tamiz del voto popular, pero tienen fuertes agarraderas en los partidos que los ungieron en el cargo. Eso sigue siendo preocupante por ser ancla del conservadurismo.

Habría que buscar, en cambio, un consenso político que permita un rejuvenecimiento, una actualización, una modernización del aparato electoral del país. El objetivo no debe ser el de disminuir gastos, los cuales ahora son inmensos e injustificados, sino contar con una autoridad que no juegue en el terreno de la lucha política y aprenda a hacer, ante todo, las cosas muy bien con probidad y austeridad.

España sobre el filo de la navaja

En varios países, incluido México, se ha recibido como un alivio el triunfo del Partido Socialista (PSOE) en España. Sin embargo, de momento, lo que ha ocurrido es el fracaso de las tres derechas que se encontraban en dura disputa entre ellas por acreditar mayor aptitud reaccionaria y, luego, unirse en un nuevo gobierno.

En realidad, el PSOE, con el 28.68% de la votación útil, aunque ha sido altamente beneficiado por el sistema de reparto de escaños, no rebasa con sus 123 diputados y diputadas la suma de las tres derechas que operan a nivel de todo el Estado español (147).

La mayoría del Congreso de los Diputados es de 176. El PSOE está lejos de esta cantidad. No obstante, ese partido ha manifestado que desea un gobierno monocolor, es decir, no busca una coalición de partidos. Quiere llevar a España a una vida política que se curse sobre el filo de la navaja.

Según un análisis entre grandes conglomerados ideológicos (en los tiempos en que ya no hay ideologías sino sólo técnicas, se dice), las izquierdas suman 48.53% de los votos válidos y las derechas alcanzan el 46.85, contando a todas las formaciones con presencia parlamentaria. En escaños, de un lado hay 187 y del otro 163.

El primer problema es que el PSOE y Unidas Podemos no alcanzan la mayoría absoluta, pues suman tan solo 165 de los mencionados 176 que se requieren para lograr un gobierno en primera votación. En una segunda vuelta, se podría tener un gobierno de minoría si acaso se obtuvieran más votos a favor que en contra, con lo cual los grupos parlamentarios que se abstuvieran podrían decidirlo todo, pero la derecha, sola, no podría detener la investidura de un gobierno de izquierda.

El segundo problema consiste en saber dónde están en la izquierda esos partidos valientes que desean un gobierno inestable (PSOE en solitario) frente a una derecha convergente que tendría más escaños que los socialistas.

Caminar por el filo de la navaja querría decir que un gobierno presidido por Pedro Sánchez (PSOE), sin coalición, podría estar en minoría en cualquier coyuntura, como le ocurría al de Mariano Rajoy y al mismo Sánchez, quien no podía siquiera sacar el presupuesto.

Los peores momentos políticos de España, bajo la democracia, han sido con gobiernos minoritarios. Nunca nada bueno ha salido de ese esquema.

Pero Pedro Sánchez tiene otra tesis. Él cree que puede gobernar con astucia, administrando a un conjunto abigarrado de grupos parlamentarios que, así como pueden converger pueden romper todo pacto. Esta equivocado.  Se sobreestima a sí mismo. No es cuestión de astucia. Hay un país en juego.

El esquema de Sánchez es algo así como un cesarismo o bonapartismo, que consiste en una confrontación política sin solución propia que arroja un poder equilibrador por encima de facciones. El líder del PSOE «no sería de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario»: un Luis Bonaparte que pasó de presidente a emperador. España es un «reino» pero no es para tanto.

El resultado de las elecciones no favorecerá a las izquierdas en tanto subsista su separación. No sólo existe el grave problema de los españoles y españolistas frente a los nacionalismos catalán y vasco (ERC y Bildu), con quienes se podría hacer una mayoría absoluta de izquierda con 184 escaños, sino también el del programa social de izquierda.

Como el PSOE en alianza con Podemos no llegaría a la mayoría, a cada paso debería negociar con otros, pero dentro del plano de la izquierda. Las cosas serían más adversas para España cuando el PSOE, como gobierno monocolor, tuviera que negociar todo con el Partido Popular o con Ciudadanos, dos derechas en competencia para ver cual es más reaccionaria. Esto último está incluido en el nefasto plan de Pedro Sánchez.

Existe entre las bases socialistas un repudio a negociar con Ciudadanos. Quizá eso se vaya diluyendo, pero de esa forma provocaría un vuelco a la derecha en el gobierno de Pedro Sánchez, lo cual sería por completo contrario al dictado de las urnas. Lo que perdieron las derechas en las elecciones sería recuperado con los actos de gobierno de los socialistas.

En el momento en que se abriera una coyuntura, el PSOE habría de ser defenestrado sin que las otras izquierdas pudieran salvarlo. Al final de ese proceso, una nueva elección contendría el riesgo de lo que ya se vio hace poco en Andalucía: un gobierno del PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, el partido más franquista.

Si Podemos no puede abstenerse gratuitamente en la segunda votación para formar gobierno, el voto en contra de aquellas tres derechas (PP, Cs y Vox) sería suficiente para impedir que Pedro Sánchez fuera investido. Habría otra elección, pero luego de un fracaso del PSOE, entendido quizá como incapacidad para sortear la abigarrada composición política española.

El camino de la unidad de las izquierdas, dos de ellas dentro del gobierno y las otras pequeñas en coexistencia constructiva, tampoco es fácil pero, al menos, abriría un camino de reformas sociales y políticas en una España que está hace ya tiempo sedienta de aguas nuevas.