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Francia: anacronismo político

 

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha pasado de tener una mayoría relativa de 32 por ciento de los votantes, el 23 de abril de este año, a contar con el 63% de los escaños de la Asamblea Nacional, el 18 de junio, es decir, en menos de dos meses duplicó artificialmente su representación. La candidata contra quien compitió Macron en segunda vuelta, Marine Le Pen (Frente Nacional), cuenta con 8 escaños, el 1.39 por ciento de la representación nacional, sin derecho a tener grupo parlamentario.

Esta operación política se ha llevado a cabo dentro de un sistema de elección a dos vueltas de todos los cargos y la ausencia de mecanismos de representación proporcional en el parlamento.

Toda la derecha, excluyendo la “extrema” de Le Pen, cuenta con el 87%, pero no de los votos, sino de los escaños. ¿Dónde quedó la oposición? En una izquierda reducida a 69 lugares, 42 del Partido Socialista y 27 de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélechon, el 12% de bancas entre ambos, lo que se aleja mucho de la suma de sus respectivos porcentajes verdaderos de más del 25. Por otro lado, el viejo partido de De Gaulle, Los Republicanos, que había obtenido casi el mismo número de votos que Mélechon en la primera vuelta presidencial, ha logrado sobreponerse como por milagro en la elección legislativa de segunda vuelta, con 135 diputados, el 24% de la Asamblea. Esto le ha permitido darse el lujo de dividirse en dos grupos parlamentarios con diferencias de grado sobre el apoyo al gobierno de Macron.

El abismo entre el voto popular y la fuerza política institucional es el resultado de un sistema apartado de principios democráticos básicos; el primero de ellos, cada ciudadano y ciudadana es un voto; el segundo, todas y todos los votantes deben estar representados.

Al alejarse de la democracia política, el sistema francés bosqueja una aversión a lo podría denominarse “democracia social”, o democracia a secas, en la que los intereses de quienes viven de su propio trabajo –la inmensa mayoría de la sociedad– tuvieran preeminencia en la acción del Estado, pues ellos lo sostienen todo.

Se postula, sin embargo, que el sistema francés es magnífico porque promueve la “gobernabilidad”, pero ésta es ahora gestionada por la minoría porque un partido del 32% tiene todo el control institucional, mientras millones se han quedado sin representación política. Al final, los votos de Macron valieron el doble que los demás votos.

Por más que el nuevo partido presidencial, La República en Marcha y su aliado MoDem, tengan un inmenso respaldo parlamentario (falta la elección del Senado), las contestaciones al programa de derecha van a expresarse desde la calle. Como los diputados y diputadas opositores son muy escasos, habrá de ser la gente con la que el nuevo presidente deberá encararse.

La abstención en la segunda vuelta legislativa ha subido hasta el 57%, la más alta en la historia de la V República, pero ya los analistas a modo han dicho que se debe a una “fatiga electoral” de cuatro comicios al hilo. En realidad, el fenómeno tiene otra causa. La mayoría de los partidos franceses ya había sido eliminada de la segunda vuelta en muchos distritos, donde sus seguidores no tenían opción. ¿Para qué votar? ¿Qué diferencia habría entre el nuevo partido de Emmanuel Macron y los viejos republicanos de Nicolas Sarkozy y Françoise Fillon, entre los que estaba la disputa en segunda vuelta en la mayoría de los distritos? Era la misma sopa aunque con diferente aspecto.

La derecha (sin Le Pen) se ha vuelto una especie de majestad en Francia: tiene cuatro quintas partes de la Asamblea Nacional. Habrá que ver lo que opinan los que no se encuentran representados sólo por obra del anacrónico sistema político de la “democracia avanzada” francesa.

Ese mismo sistema lo quieren para México.

¿Qué se ganó y qué se perdió en el Edomex?

 
Pocos días antes de la elección del Estado de México aparecían dos posibles componentes muy relevantes: por un lado, la diferencia entre los punteros (Morena y PRI) iba a ser corta y, por el otro, podría ser decisorio el mantenimiento de la candidatura del PRD, la cual era políticamente innecesaria y, por tanto, sospechosa.
 
Tanto el PAN como el PRD mantuvieron su caudal numérico de votos, como si nada hubiera pasado desde la última elección de gobernador en el año 2011, pero bajaron ligeramente sus respectivos porcentajes. Josefina Vázquez Mota obtuvo mayoría en un solo distrito, de los 45 en que se encuentra dividida la entidad, lo cual, es aprovechado por Margarita Zavala para culpar del desastre a su oponente interno y exigir que se adelante la nominación panista con base en encuestas. Juan Zepeda no captó más votos que los trasladados a Morena y sólo alcanzó el triunfo en tres distritos de Nezahualcóyotl; no obstante, en su partido se afirma que tuvo muy buen desempeño, aunque no era candidato a presidente municipal sino a gobernador.
 
El PAN y el PRD habían intentado pactar una alianza, lo que les fue imposible porque no tenían candidato común ni consensos internos. La parte decisoria de la dirección perredista, orientada por Miguel Ángel Mancera, estaba ya comprometida desde un principio con el gobierno federal. El acuerdo consistía en no hacer alianza con nadie (PAN o Morena), mientras el PRI repartía dividendos entre tres partidos bonsái para que apoyaran a su candidato. PRD y PAN no hubieran logrado el triunfo ni yendo en coalición. Otra cosa podría decirse de una alianza entre Morena y el PRD, la cual hubiera logrado más del 50 por ciento de los votos válidos. Esto ya se sabía desde mucho antes del ultimátum de López Obrador, frente al cual, en el colmo de la falsedad dolosa, el candidato del PRD se proclamó posible ganador y le pidió declinar a la candidata de Morena.
 
Es interesante observar que el PRI, sin alianzas, según las cifras oficiales, está en segundo lugar con el 29.82% contra el 30.82% de Morena, lo cual, estrictamente hablando, ubica a este último como el partido de mayor votación en el estado. Ahora, el PRD no quiere secundar la protesta por la compra priista del voto, para seguir fiel a su compromiso original con el gobierno.
 
Hay un fenómeno político que habrá que estudiar con más calma: las pérdidas del PRI van a parar en su mayor cantidad a Morena. Si en el 2015 la votación de la izquierda obtenida 3 años antes (elección presidencial), se había seccionado entre los partidos entonces aliados y el nuevo, Morena, en la reciente elección de gobernador, 5 años después, éste último logró casi el porcentaje de la votación obtenida por López Obrador. Esto querría decir que la izquierda, aun dividida, está atrayendo votantes y captando jóvenes, aunque principalmente hacia una de sus vertientes, Morena.
 
La otra conclusión sería que la mala situación del oficialismo no está creando un corrimiento hacia opciones de derecha sino hacia la izquierda que se encuentra enfrentada al gobierno de Peña Nieto. De tal modo, el campo de la moderación se estaría restringiendo, pues las derechas en sus diversas expresiones, en tanto moderadas y fracasadas, tendrían menor capacidad de absorción del sufragio ciudadano de las grandes masas urbanas depauperadas y desesperadas. Sin embargo, la escisión que se produjo hace varios años en el PRD sigue siendo un problema y un punto a favor del oficialismo porque hasta hoy no se ha logrado una sola alianza, ni siquiera alguna declinación, la cual sería otra forma de aliarse.
 
Existe un fuerte contraste entre los resultados de los dos principales partidos del Edomex: el PRI ha predominado en regiones rurales y en sectores muy ligados a los programas sociales, mientras que Morena ha tenido mayoría en muchas zonas urbanas, principalmente en el conjunto de la zona metropolitana de la Cuenca de México.
 
Se debe registrar también la fuerte acometida de parte de los demás contendientes contra la candidata Delfina Gómez. Ella fue despreciada y criticada por su origen social y su profesión, con lo cual, un condenable acto de discriminación se convirtió en denuncia con rozagantes réplicas en grandes medios de comunicación; después, surgieron reclamaciones que jamás habían sido presentadas en Texcoco, donde fue alcaldesa; luego, se agregaron hechos ocurridos en Veracruz; finalmente, vino la propaganda del miedo contra la amenaza que supone un “populismo” que no termina de ser definido, pero ya se presenta como mala palabra.
 
 
El gobierno (Cisen y otras agencias), así como gobiernos locales, se encuentran de cacería, buscando hechos comprometedores o ideando simples falsedades para ser presentadas como acusaciones. El PRI y el PAN no combaten la corrupción en sus propias filas sino que quieren que también Morena ingrese a la lista en la que ellos se encuentran, con lo cual, todos serían igual de corruptos y la corrupción se convertiría en un mal irremediable (el departamento de Miami, propiedad de la presidenta del PRD, fue una filtración del gobierno, aunque éste lo niegue y tal hecho carezca de justificación). Esa forma escatológica de hacer política busca también cambiar de tema con el fin de evitar dar explicaciones sobre las conductas de esos partidos al frente de gobiernos fracasados.
 
Otro factor muy significativo fue la compra y coacción del voto por parte de Alfredo del Mazo. El Tribunal Electoral ha dicho que la entrega condicionada de cosas diversas, realizada por toda clase de agencias gubernamentales, no es un medio de presión sobre los electores. Las grandes compras en efectivo tampoco son compras. Las tarjetas que ofrecen entregar cosas o dinero no son coacciones ni nada que se le parezca. Así, el aparato electoral institucional, creado como consecuencia de largas luchas, sigue sometido a la consigna oficial, lo cual ha sido documentado mediante muchos estudios, durante tantos años de análisis continuo de uno de los grandes fracasos políticos de México.
 
El desenlace concreto de esta elección se verá en pocas semanas, pero ya tenemos, por lo menos, estas lecciones. No obstante lo lamentable y condenable, es un hecho que vivimos un buen momento para la izquierda.

Lo que indican las encuestas en el Edomex

 

De los sondeos de opinión sobre preferencias electorales en el Estado de México, publicados el pasado miércoles, unos otorgan la mayoría a la candidata de Morena, Delfina Gómez, mientras otros a Alfredo del Mazo, del PRI. Sin embargo, coinciden en quien tiene muchas más opiniones negativas es el abanderado del continuismo político, el priista. Este resultado empata con el consenso demoscópico de que sólo aprueba la gestión de Enrique Peña Nieto entre el 20 y el 25 por ciento de los encuestados.

La situación política del Estado de México es muy similar a la del promedio nacional. El fenómeno consiste en que el gobierno actual es el más reprobado que ha tenido México desde que se hacen encuestas de opinión con esa pregunta.

Mas existe otro dato interesante. La izquierda cuenta con la mayoría absoluta de los encuestados que piensan efectivamente votar el próximo domingo 4 de junio. Es la primera vez en el Estado de México que se arroja ese resultado. Sin embargo, a diferencia de anteriores elecciones, esa corriente nacional tiene dos candidatos al gobierno local (tendrá tres en las boletas, pues aparecerá el candidato declinante del PT).

El mayor problema, podría decirse, es del PRI, que tiene poco apoyo popular, pero eso no sería del todo exacto. La situación más comprometida corresponde a Morena y al PRD, pero no a sus candidatos ni a sus direcciones, sino a sus votantes, a la ciudadanía inclinada a favor de la izquierda. El partido del sol azteca aparece en todas las encuestas en el tercer lugar, con la mitad de las preferencias que registra Delfina Gómez (sólo Excélsior los ubica cerca).

Por eso, los electores de izquierda van a sentir una atracción hacia el voto útil que, en el Estado de México, no es poca cosa, después de más de 85 años de predominio del mismo grupo político en el poder local. En realidad, la cuestión depende, a la luz de los sondeos publicados el miércoles, de esa izquierda que ha pensado votar por el PRD y que al final pudiera votar a favor de Delfina Gómez. En el tamaño del voto útil dentro de la izquierda podría ubicarse la diferencia, es decir, la decisión sobre quien llegará al gobierno de la entidad.

Otro dato interesante es que el PAN no recuperó mucho espacio político con Josefina Vázquez Mota, aunque ella haya sido candidata a presidenta y tenga todo el apoyo de las diferentes corrientes que ahora se disputan la nominación dentro de ese partido. En realidad, no es un gran problema para Acción Nacional ocupar el cuarto lugar, sino que no le resulta una política sin alianzas y éstas sólo las puede hacer con el PRD, quien se encuentra en peor situación, pues éste ya no puede ganar un solo estado más que en alianza con el PAN, lo cual no es un dato en su favor sino un deterioro profundo: una izquierda que no avanza sino que se limita a dar fuerza a una de las derechas a cambio de poca cosa, algunos puestos secundarios, quizá. El resultado es una especie de simbiosis entre derecha e izquierda; menos mal que sólo se trata de una facción de cada corriente, pero hay otras en ambos bandos.

La situación política no se caracteriza, sin embargo, por la ubicación de los partidos de oposición anteriores al surgimiento de Morena, sino por el desprestigio del gobierno de Peña Nieto y, consecuentemente, de su partido, el PRI.

Ahora bien, la cuestión relevante es que esa mala fama del oficialismo es capitalizada por Morena y su presidente, el líder más crítico de Peña, quien promete luchar contra la corrupción como sistema imperante en todo el Estado nacional. Eso se observa claramente en el Estado de México, donde Morena es la fuerza a vencer por parte de todo el aparato del gobierno federal.

Este último punto ya lo han hecho ver algunos periodistas analíticos, pero las encuestas del Estado de México lo reflejan con claridad. Hay un hartazgo popular y, naturalmente, tiene sus consecuencias. Esta situación ha llevado a que el gobierno y el PAN no busquen quitarse el lastre de la corrupción sino presentar a López Obrador y su partido como algo igual. Una imagen en la que todos son corruptos, se piensa, lava toda corrupción, es como si, al hacerlo normal, se acabara con ese fenómeno como tal. Así van a seguir las cosas con independencia del resultado de las elecciones locales del próximo domingo.

La encuesta de El Universal consigna el dato de que el 16.9 por ciento de los encuestados admite que ha sido objeto de ofrecimientos a cambio del voto. Eso sería un escándalo en muchos países, el cual provocaría una seria investigación, pero en México es normal para las autoridades electorales, algunas de las cuales ya han dicho que la compra de votos es consecuencia de la pobreza, ante la cual nada pueden hacer. Así, otra característica de la próxima elección del Estado de México es que, como nunca antes, el oficialismo ha gastado recursos de origen público en la ilegal adquisición de votos: dos delitos, robar y comprar.

Estamos entrando a una situación en la que no es tan importante la inteligencia de los dirigentes políticos sino de los votantes. Veremos el próximo domingo en el Estado de México si esa inteligencia decide un cambio, el que quiere una inmensa mayoría ciudadana.

Votar por la izquierda en el EdoMex.docx142 KB

Votar por la izquierda en el EdoMex

 

No hay duda que la izquierda es la mayoría electoral en el Estado de México. Tiene, no obstante, tres candidatos (Morena, PRD, PT) y un solo adversario: el viejo sistema político, anterior incluso a la formación del PRI, el llamado Grupo Atlacomulco. No habrá, sin embargo, unidad formal, según se desprende de las declaraciones del candidato del PRD, Juan Zepeda, quien respondió claramente que no al presidente de Morena, quien había puesto un ultimátum para que aquél definiera su postura con la suficiente anticipación al día de la jornada electoral.

Los candidatos, todos, han hecho sus campañas. El resultado preliminar consiste en que la pelea por la gubernatura está entre dos de ellos: Delfina Gómez y Alfredo Del Mazo. La situación es la misma que al principio del periodo electoral, es decir, la izquierda es amplia mayoría, pero las decisiones de sus núcleos de dirección podrían mediatizarla, lo cual llevaría al circunstancial triunfo de una minoría que sostiene al sistema PRI, con sus características de conservadurismo, corrupción, fraude, compra del voto, compadrazgo, influyentismo, venalidad e ilegitimidad política. Hay una inmensa mayoría en ese estado que está harta del PRI, el cual está empeñado en hacer otra vez una elección de Estado con la coacción y la compra masiva de votos.

Por ello, la solución a este problema ya no se encuentra en los núcleos de dirección de los tres partidos sino en el pueblo de izquierda, en los críticos del priismo que no son derechistas, en la gente que quiere un cambio sin demora. La dimensión popular es la que debe encarar y superar la división.

La candidatura que se ha perfilado claramente es la de Delfina Gómez, a pesar de la unidad del PRI y PAN para combatirla, primero, con los más deleznables argumentos referidos a su origen social y a su profesión; después, con denuncias de pretendidos hechos que nunca fueron motivo de queja en Texcoco durante la presidencia municipal de la misma Delfina Gómez.

Lo que está en juego en el Estado de México no es sólo definir la persona que va a asumir la gubernatura de la entidad sino el partido que se va a hacer cargo de la administración pública. Más allá de las promesas nunca antes oídas que hace el candidato del PRI en materia social, todo mundo sabe que de llegar Del Mazo a la gubernatura seguiría el más consistente y persistente sistema de corrupción política que ha conocido el país en toda su historia. Frente a esto, la candidatura de Delfina Gómez supone un cambio de método de administración con un marcado sello de ruptura con la familia de Atlacomulco.

El sentido de la política social de la que habla la candidata de Morena otorga un alcance universal a los programas más importantes, como el de pensiones mínimas y el de salario estudiantil, los cuales, al no ser focalizados ni, por tanto, condicionados, difuminan el clientelismo, se inscriben en el ámbito de la lucha política y dejan atrás el mecanismo de voto cautivo.

Se trata también de acabar con diezmos y moches que son la característica de toda obra pública y toda compra gubernamental. No sólo se ahorrarían las empresas un dinero, las cuales muchas veces lo recargan en los precios y tarifas, sino principalmente se eliminaría el carácter patrimonial del gasto público en manos de políticos inescrupulosos y francamente ladrones. El aparato estatal mexiquense en su conjunto está corrompido, por lo cual, la deshonestidad es también una cuestión de finanzas públicas. El cambio planteado no es menor.

El hartazgo de la corrupción y la simulación en el Estado de México ha llegado a su máximo histórico. Sería algo indigno que la izquierda, que compone la mayoría electoral, no le fuera fiel a su propia entidad, a su propio pueblo. Si las dirigencias no quieren o no pueden admitir esta situación, por los motivos que sean, los cuales ya a estas alturas importan muy poco, el pueblo de izquierda, los grupos progresistas, los hartados, deben votar por Delfina Gómez, dar a su voto un sentido de cambio político efectivo.

El aspirante del PRD es bueno, malo o regular, según las diversas opiniones, pero hoy no se necesita un candidato para defender la votación de un partido sino un gobernador, en este caso, una gobernadora, con el fin de desechar la dinastía priista e impedir la continuidad de un régimen de corrupción pública, conservadurismo social y atraso cultural. Quien puede ser esa gobernadora es Delfina Gómez, con el voto de la izquierda y de otras tendencias ciudadanas progresistas de la entidad. No es hora de regateos, pruritos y perjuicios, sino de la sencilla pero definitiva acción de votar con dignidad y responsabilidad democrática.

AMLO: derecho a ser votado

 

La democracia mexicana en realidad se reduce a un sistema de competencia entre partidos y de una escasa concurrencia de candidatos independientes. No existen otras instituciones públicas democráticas como tampoco lo son las organizaciones de la sociedad, tales como los sindicatos, ejidos, etc. El clavo del que está cogido el país es el derecho al voto pasivo, es decir, recibir el sufragio ciudadano en elecciones periódicas aunque no del todo equitativas y libres. Calentar ese clavo hasta hacerlo inaprensible sería llevar a México a un desbarrancadero.

En la víspera de la elección del año 2006, Vicente Fox y su partido se pusieron de acuerdo con el PRI para armar un procedimiento de desafuero contra el virtual candidato de la izquierda, López Obrador. La Cámara de Diputados votó por poner al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México a disposición de la justicia por haber desobedecido una orden de juez para suspender la apertura de una calle. Pero el propósito no era que Andrés Manuel ingresara en la cárcel, sino que, mediante un auto de vinculación a proceso (como se diría ahora), le fueran suspendidos sus derechos políticos, entre ellos el de voto pasivo, el de poder ser elegido a un cargo de elección popular.

Como recordamos, Vicente Fox, su procurador Macedo de la Concha, Santiago Creel, secretario de Gobernación, Roberto Madrazo, líder del PRI, Emilio Chuayffet (líder del grupo priista en San Lázaro) y Manlio Fabio Beltrones (presidente de la Cámara), entre otros, lograron el desafuero pero se hicieron bolas cuando, para evitar la solicitud de una orden judicial de aprehensión, pagaron una fianza impuesta por el Ministerio Público, imaginando que el desaforado había sido presentado al mismo, lo que no podía ser porque no había sido aprehendido. De esa forma, se envió el pliego de consignación a un juzgado aunque sin detenido y ni siquiera simple indiciado: total, todo muy cómico. El juez tuvo que regresar a la PGR todo el tambache de papeles.

Lo anterior provocó una mayor indignación popular porque se veía más claro que era una burda maniobra política antidemocrática para evitar una candidatura. En ese momento las cosas se compusieron porque Fox se vio orillado a retirar los cargos inventados por él mismo. El procurador y el subprocurador, es decir, los acusadores directos, se fueron a sus casas a descansar, pero los instigadores se quedaron en los más altos cargos de la República. Sin embargo, luego se volvió a descomponer el cuadro político con los operativos fraudulentos del PAN y el PRI que beneficiaron a Felipe Calderón y lo llevaron a la Presidencia de la República.

Ya se empieza a planear ahora lo que sería un nuevo complot (palabra sujeta a burlas pero que describe mejor que cualquiera otra cierta manera de hacer política en México), en el cual volverían a involucrarse desde el jefe del Ejecutivo, la PGR y algunos jueces, hasta los precandidatos, líderes y gobernadores del PRI y el PAN, pero en esta ocasión también las instancias electorales: INE y Tribunal.

No se trataría sólo de lo que estamos viendo, es decir, una campaña de desprestigio y uno que otro garlito en el que siempre caerá algún político de malas costumbres o de bajo entendimiento. Sería algo mucho más fuerte para anular la candidatura de López Obrador si la demoscopia no se modifica en sus periódicos dictámenes, las encuestas.

El propósito del PRI y el PAN no consiste en evitar la competencia electoral en el nivel de la disputa por el poder, sino en restringirla exclusivamente a esos dos partidos.

Desde 1988 ese ha sido el problema de los políticos del viejo régimen, los representantes de un sistema que no se ha modificado por más alternancia que haya habido. Siempre han estado conspirando para que la competencia sea sólo entre ellos. Es obvio que la forma más segura de que nada cambie es dejando al candidato inaceptable fuera de la competencia, cuando ése puede obtener una mayoría de votos.

Es justamente la concurrencia electoral la que siempre ha estado en peligro. Si ahora el complot culminara en la suspensión de derechos de López Obrador o en cualquier otra forma de convertirlo en inelegible, lo que en realidad estaría ocurriendo es el funeral de esa democracia formalista, la cual, sin embargo, es la única que tenemos aun con toda su precariedad.

Si el derecho a ser elegido se cancelara para alguien que pudiera lograr una mayoría, ya no habría derecho para nadie. Si a la evidente parcialidad de los organismos electorales administrativos y jurisdiccionales se le sumara la supresión del voto pasivo, ya no habría nada de donde se pudiera coger un país.

Ese país es México. Ya sabemos, por tanto, en qué consiste la tarea democrática más importante del preciso momento actual.

No saber qué hacer

 

A poco más de un año que falta para tener la elección de Presidente, los partidos saben que ya están en competencia y deben preparar la designación de su candidato. De entrada hace falta allanar el terreno para lanzar con suavidad a un o una aspirante que tenga fuerza política y moral, hasta donde se pueda, claro está.

Sin embargo, existe un partido que no sabe qué hacer. Es el Partido de la Revolución Democrática. Su Consejo Nacional no ha podido reunirse porque no se sabe qué es lo que debe aprobar, si habrá elecciones internas pronto y si entrará a los preparativos de una candidatura o seguirá esperando que los peces llenen el canasto por obra de un milagro.

El asunto se encuentra en el Tribunal Electoral, el cual habrá de decidir si obliga a la dirección ejecutiva del PRD a convocar a su propio Consejo. Es decir, no hay manera de resolver algunos problemas internos más que a través de instancias jurisdiccionales externas.

La candidatura de Miguel Ángel Mancera, como la de Silvano Aurioles, no son cosas muy serias. El primero dice que todo depende del apoyo ciudadano que reciba, el cual no se va a producir de ninguna forma porque él es un falso aspirante de la “sociedad civil”. Su postulación depende exclusivamente del PRD y de la capacidad económica y clientelar de su gobierno. El segundo busca que una nueva dirección nacional del partido le apoye incondicionalmente para, a partir de ese punto, analizar las condiciones de una posible candidatura suya a Presidente de la República. O sea, nada concreto por ningún lado.

Lo lógico sería que el PRD renovara su dirección, se planteara una política de alianzas, avanzara en la definición de sus métodos para postular sus candidatos, lanzara su propuesta política nacional para las elecciones y organizara su estructura electoral. Eso es lo que los demás partidos están haciendo, unos más que otros, unos mejor que otros, pero ya están trabajando. En el PRD nadie hace labor política sino sólo grillas internas.

No es de extrañar que miles de miembros del PRD acudan a la firma del acuerdo por la unidad presentado por Morena y su dirigente, lo cual es un reconocimiento del liderazgo que éstos han logrado dentro de la izquierda mexicana. Dice Mancera, al respecto, que es necesario que el PRD se depure. Así dirige a ese partido sin ser militante: de depuración en depuración construirá el camino hacia la inanición.

Hay perredistas que desean concurrir a las elecciones internas para obtener lugares en el Consejo Nacional y, llegado el momento, promover sus propias candidaturas. Es esa una manera de tomar parte de la lucha política. Pero lo que no están analizando es que, si se llevan a cabo esos comicios, más del 90% de los votantes acarreados (que serán la inmensa mayoría) corresponderán sólo a tres grupos políticos, los cuales no están dispuestos a nominar más candidatos que los suyos propios. Pero, ¿para qué ese sectarismo? El PRD no va a poder obtener curules y escaños uninominales sino que todos serán de lista, como antes de 1988, pero ahora monopolizados por unos cuantos políticos. En la Ciudad de México ya se instauró el viejo método del tapadismo, pero quien sea ungido candidato o candidata por parte de Mancera no va a ser jefe de gobierno porque el PRD perdió la mayoría desde 2015, por cuyo motivo la única esperanza que le queda a sus dirigentes o patrones es una alianza vergonzosa y contraproducente con el PAN.

El PRD no sabe qué hacer más allá de sus propias grillas, las cuales son cada vez menos trascendentes. Se ha generado una discusión en el vacío. Por un lado se dice que no hay porqué desahuciar a ese partido y, por el otro, éste es convertido en un organismo menos útil a la democracia y al programa social. Envuelto ya en escándalos de corrupción, el PRD inventa un discurso sin contenido, cuyo postulado principal es que nadie podrá matarle cuando, en realidad, es él mismo quien se dirige al suicidio. De nada servirán mítines con camisetas y banderas nuevas para todo el personal, efectuados con el peor estilo tradicional del PRI de todos los tiempos.

Si se hace abstracción de la falta de reflexión y análisis concreto que acusa la enorme mayoría de los miembros del Consejo Nacional del PRD, se diría que ese partido puede lograr un golpe de timón que le permita navegar. Sin embargo, con los pies en la tierra, por lo pronto no se advierten posibilidades reales.

Estar sin saber qué hacer debe ser horrible. Sin renunciar a mi membresía en el PRD, partido al que ayudé a fundar y a luchar, he respondido al llamamiento de López Obrador. Y, de paso, les recuerdo a quienes hacen campaña en mi contra diciendo que siempre he sido legislador federal plurinominal perredista (lo cual no sería demeritorio en absoluto), que en el PRD siempre fui diputado y senador de mayoría relativa.

Corrupción al estilo Atlacomulco

Pablo Gómez

Desde antes de la fundación del antecesor del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, el Estado de México era mencionado por sus fraudes electorales y la corrupción como forma de gobernar. En libros de historia y en novelas podemos alcanzar a ver que la política en esa entidad no era tranquila. Sin embargo, nada se compara con el estilo Atlacomulco de las últimas décadas.

Peña Nieto patrocinó a varios candidatos a gobernadores de su propio partido cuando él era mandatario. Está claro que las transferencias al gasto electoral de sus correligionarios no salían de su bolsillo sino de los fondos públicos mexiquenses y gracias al talento administrativo de Luis Videgaray. Fue tan exitoso su desempeño como padrino de candidatos que le sirvió, más que otros factores, para obtener la candidatura del PRI a la Presidencia de la República.

La publicidad ilegal de Peña en Televisa fue cubierta naturalmente con recursos públicos, aunque el Tribunal Electoral exoneró al entonces gobernador argumentando que todo había sido producto de errores de la televisora, lo cual nadie creyó en lo más mínimo. En realidad, al entonces gobernador se le conoció en otros estados gracias a sus espots, con “producto integrado”, que incluyen entrevistas y noticias falsas. Después, ya vimos cómo se compra el voto con tarjetas Monex, entre otras, y cómo se canalizan ilícitamente millonarias cantidades a una campaña electoral.

El estilo Atlacomulco nunca se ha visto afectado por falta de billetes. Hank González no sólo usaba el dinero para la política en su Estado sino a nivel nacional y para el patrimonio familiar. Aquel que empezó siendo un profesor rural, se convirtió en un acaudalado transportista e industrial, y decía que “un político pobre es un pobre político”, una de las frases supremas del estilo Atlacomulco.

Se podría escribir acerca de cada gobernador mexiquense pero sería largo. El que conmovió por burdo y descarado fue Arturo Montiel, quien había postulado que los delincuentes no tienen derechos humanos, claro que sin incluirse él mismo. Su hijo fue sorprendido en una sucursal bancaria con muchos millones en efectivo para pagar la compra de una casa. Era tan escandaloso el enriquecimiento de Montiel, el maestro y protector de Peña Nieto, que tuvo que tomar la “decisión más difícil de mi vida”, según dijo, de retirarse de la contienda priista por la candidatura presidencial de 2006, pero fue declarado políticamente inimputable por su protegido y discípulo.

El tema de la “casa blanca” de Las Lomas es tan conocido que ya ni vale la pena destinarle más de una frase.

El Grupo Atlacomulco ha creado estilo pero no sólo por el alto nivel de su corrupción e impunidad sino por la forma en que usa los recursos públicos para hacer política a nivel nacional. Podría decirse que esos políticos son incultos pero no lugareños.

Eruviel Ávila, el actual gobernador, publica su foto todos los días en muchos periódicos y también aparece en otros medios de comunicación. Todo eso costeado con dinero público, lo cual convierte sus “mensajes” en actos inconstitucionales, pues el artículo 134, párrafo 8, de la Constitución dice, en referencia a la publicidad de los poderes y demás entidades públicas: “En ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen propaganda personalizada de cualquier servidor público”. Hay muchos políticos que violan este y otros preceptos de la Carta Magna, pero, ¿todos los días, como lo hace Eruviel Ávila? Este es puro estilo Atlacomulco.

Mas al actual gobernador mexiquense, tan difundido por la gacetilla, le importa poco que la Auditoría Superior de la Federación señale públicamente que “no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicablesen la materia”, en referencia a recursos federales trasladados para obra pública. Además, se sabe que deposita el dinero del presupuesto en instrumentos financieros y, después de meses, se vuela los intereses o regalías. Esto se llama “jinetear” y privatizar beneficios. Forma parte del mencionado estilo.

Todo lo anterior viene a cuento porque el PRI, como era de esperarse, ha postulado a un distinguido integrante del Grupo Atlacomulco, quien además está en el árbol genealógico y es pariente de Peña Nieto: Alfredo del Mazo. Por añadidura, es hijo de uno que fue gobernador con estilo.

El priista dice que es el candidato de las mujeres, de los jóvenes, de los adultos mayores, de los empresarios, de los campesinos, de los obreros, de los comerciantes y hasta de los niños, aunque no voten. Lo que sí es seguro es que representa a un grupo especialmente significado por su corrupción, la cual ya ha asomado en la precampaña, siempre acompañada de medio gabinete presidencial y del mismísimo Peña Nieto. Lo único que pide ahora Alfredo del Mazo es que López Obrador no se vuelva a parar en el Estado de México hasta después de las elecciones locales, solicitud que le ha presentado formalmente y en público a Delfina Gómez, candidata de Morena. Esta clase de peticiones no era algo del estilo Atlacomulco. Por lo visto algo ha cambiado.

Le toca a la izquierda con López Obrador

La izquierda mexicana en su conjunto mide un 20 por ciento de los votantes y cuenta con una banda de desplazamiento de otro 20 por ciento, compuesta por quienes, llegado el momento, podrían apoyarla.

En México, a nivel nacional, el electorado activo ha conformado, desde hace años, tres tercios políticos, de tal suerte que quien obtiene el mayor de éstos se hace presidente del país. Si la izquierda se une y avanza hacia su electorado vecino próximo, tendrá acceso a Los Pinos en 2018.

El tiempo de una presidencia de izquierda estaba definido en 2006, después del fracaso de Vicente Fox y su traición a la democracia, como lo dijo muy bien López Obrador. Ocurrieron, sin embargo, algunos imprevistos y una parte del PRI se fue de plano a apoyar a Felipe Calderón, quien además hizo algunos “ajustes” electorales en varios estados, especialmente en Guanajuato, de tal manera que, por cinco décimas de diferencia, obtuvo la Presidencia de la República, “haiga sido como haiga sido”, según sus propias palabras.

El acceso al Poder Ejecutivo de un priista convencional en el año 2012 ha estado operando como promisorio factor para que la izquierda se aproxime a su propio tiempo, ya que no es sencillo para cualquier gobierno ir tan mal como el de Peña Nieto: no ha resuelto ningún problema pero tampoco convoca a resolver alguno. En consecuencia, el presidente habla sin que se le entienda.

Tenemos dos crisis paralelas, aunque vinculadas a través de múltiples vasos comunicantes: la de violencia y la de corrupción. Además, la economía no crece y la angustia invade millones de hogares, lo cual conforma una tercera crisis, pero ya encallecida durante 35 penosos años de estancamiento en que se ha concentrado el ingreso como en ningún otro país.

Los dos partidos que comparten el modelo económico y el sistema político, es decir, el PRI y el PAN, no han sido capaces de proponer algo interesante para remontar la tercia de crisis que nos agobia. La instauración de un Estado democrático y social de derecho, bandera de las izquierdas mexicanas, sería un camino viable si acaso fuera acompañada de una condición indispensable: el combate radical contra la corrupción.

Es aquí donde la historia se vuelve a encontrar con Andrés Manuel López Obrador, quien considera que la corrupción es el principal problema político del país. En esto no se equivoca, aunque la lucha contra ésta tampoco resolvería por sí misma los problemas sociales de México, los cuales son de mayor calado. De poco serviría combatir la corrupción sin programa social y democrático.

Si la izquierda en su acepción más amplia, es decir, el pueblo de izquierda y el sector proclive a escuchar los llamados políticos y morales de ésta, no acertara en retomar sus propios pasos de unidad política, la cual implicaría una sola candidatura a la Presidencia de la República y unos candidatos comunes al Congreso, se convertiría en una corriente de espaldas a su propia gente y a su propio país.

En términos más concretos, si el PRD, en su acelerado declive político y moral, insistiera en repudiar la candidatura de López Obrador, estaría apostando en favor del fracaso de la izquierda en el nuevo intento de tomar la Presidencia de la República para buscar otro rumbo nacional. Cierto que el PRD podría fracasar en impedir que la izquierda se alzara con la victoria electoral, pero también podría lograr la obstrucción, con la cual el país sería entonces conducido, una vez más, al despeñadero que le siguen ofreciendo las derechas, el cual consiste en no tener rumbo alguno en el marco del resonante fracaso del neoliberalismo.

Cierto que, llegado el momento, podrían ser pocos quienes votaran por el PRD, pero a veces –ya lo hemos visto– , unos cuantos sufragios pueden hacer la diferencia. De cualquier forma, la obligación de todas las izquierdas, aunque algunas ya sean más nominales que reales, es tener un solo candidato y tratar de dar una salida al manojo de crisis que vive el país.

Este es el plano en el que se desenvuelve y va creciendo la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, sujeto a toda clase de campañas en su contra, las cuales podrían conducir al intento de invalidar su candidatura en una suerte de nuevo desafuero. Que luego no se niegue el complot.

Como no se trata de una persona sino de una gran parte de la sociedad mexicana, lo necesario en el momento actual es definir una opción clara de candidatura, dejarse de grillas y especulaciones, sentar posición y tomar parte de un bando en el plano de la lucha política.

Hay que concurrir, por ello, a una gran confluencia de las fuerzas de izquierda con la candidatura de López Obrador a la Presidencia de la República, manteniendo abiertas las discusiones sinceras y honradas, así como la crítica pública, pero sin dejar de tener los pies sobre la superficie y, ante todo, jugársela con lealtad en los pantanosos terrenos de la lucha política.

¿Cuál es el plan del PRD?

En el marco del escándalo por la ilegal suspensión de derechos y la inmediata destitución de Miguel Barbosa como coordinador del PRD en el Senado, así como de la posterior renuncia de éste y el nombramiento mayoritario pero objetado de Raúl Morón, ha salido el ineluctable tema del plan de la dirección perredista para la próxima elección presidencial. ¿Cuál es ese plan?

Como el PRD ha dejado de ser una opción singular, es decir, ya no aspira a hacerse cargo del poder político de la República, se ha instalado plenamente en el mercado político mexicano. Al hacerlo, cada vez que va a haber una elección se analizan en sede perredista las posibilidades de formar parte de algún esquema político de los adversarios. Así hemos visto las alianzas electorales con Acción Nacional y, ahora, las candidaturas propias con el propósito de ayudar a derrotar a Morena.

Según los ofrecimientos de las fuerzas contrarias –los dos partidos relevantes de la derecha mexicana (PRI y PAN)–, la dirección del PRD toma sus decisiones. Siempre se discute si es mejor aliarse con el PAN o desempeñar el papel de palero, es decir, tener candidatura sin opción real de gobierno pero tampoco discurso propio, definido, crítico, fuerte, convocante: ambos elementos ya se han perdido lastimosamente.

El mercado funciona mediante pactos públicos o en la oscuridad, pero de acuerdo con las ofertas que hacen otros. Por ejemplo, en Nayarit, el PRD apoyaba al alcalde panista de Tepic, mas la lucha interna en el PAN arrojó otro candidato de ese mismo partido, al cual decidieron respaldar los perredistas después de ponerse de acuerdo, superficial y lastimeramente, con éste mas no con el PAN. Lo que siempre se descartó fue buscar la alianza de las izquierdas. Por otro lado, en el Estado de México, luego de que un grupo de perredistas (Nueva Izquierda) fracasó en la búsqueda de una alianza con el PAN, el otro grupo, el que resultó victorioso en el lance (ADN), logró postular un candidato, lo cual no estaría nada mal si no fuera porque no pocos tienen el propósito de dividir el voto popular de la izquierda, lo que le daría el triunfo al PRI o al PAN. En realidad, la izquierda en su conjunto es ahora mayoría electoral relativa en el Estado de México.

Como parte del mismo fenómeno, hay estados donde el PRD mantiene la conducta de permitir que el gobernador en turno dirija más o menos al partido. Tres ejemplos: en Veracruz, Javier Duarte (PRI) manejó al PRD durante varios años y hoy lo hace el nuevo gobernador, Miguel Ángel Yunes (PAN); en Chiapas, el gobernador Manuel Velasco (PVEM) tiene comprados a varios de los principales dirigentes perredistas. Miguel Ángel Mancera maneja a su gusto al presidente del PRD en la CDMX y a otros líderes y legisladores quienes ya le han postulado formalmente como precandidato a presidente, lo cual ayuda al esclarecimiento político, pero ese abrumador manejo es ilegítimo en tanto que el jefe de gobierno no es miembro del partido. Las operaciones político-mercantiles se realizan casi siempre con poderes públicos.

He dicho antes que el PRD siempre está en venta, mas eso requiere una aclaración. Nadie lo compra para siempre y en todos niveles y lugares. El sistema no funcionaría de esa manera. En realidad se trata de ventas sucesivas o simultáneas en las que el servicio brindado y el comprador pueden ser cambiados o modificados según el lugar, la coyuntura, las contraprestaciones, etcétera.

Frente a la elección presidencial de 2018, el Plan de la dirección nacional del PRD consiste en esperar a que las ofertas políticas adquieran mayor claridad para decidir qué hacer. Una alianza con el PAN no está descartada en absoluto si acaso hubiera algo de suerte. La candidatura de Mancera o de Aureoles, el palerismo, es un posible escenario si hubiera un  buen convenio con el gobierno actual (PRI) para combatir a López Obrador. Apoyar a un candidato independiente podría ser una variante del palerismo. Lo menos grato para los actuales líderes perredistas sería una alianza con Morena si se estrecharan las posibilidades de otras salidas o los acontecimientos no dejaran otra opción.

El PRD puede hacer cualquier cosa con cualquiera, pero siempre de acuerdo con el mercado político nacional.

¿Es útil a su país un partido así?

PRI y PAN, una alianza histórica

En ocasión de la ceremonia en la que Enrique Peña Nieto entregó entre otros a Felipe Calderón un diploma que otorga el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el presidente designó a esa institución que ha cumplido ya los 70 años como “gran ejemplo del modelo educativo que estamos impulsando”, dijo.

La imagen publicada de Peña y Calderón en el ITAM nos muestra gráficamente uno de los problemas contemporáneos del México actual: la insistente búsqueda de un sistema bipartidista basado en el programa neoliberal, la cual es encabezada por encumbrados políticos y grandes empresarios. Así como ese instituto, fundado como una de las alternativas de banqueros e industriales frente al entonces joven Instituto Politécnico Nacional, se convirtió al neoliberalismo tan luego como éste se difundió en el mundo, tanto el PRI como el PAN también abrazaron el mismo canon para desmantelar el estatismo mexicano y reivindicar además el paradigma liberal de los tiempos corrientes, es decir, el uso oligárquico del Estado en aras de la privatización de funciones eminentemente sociales de administración solidaria.

La alianza entre el PRI y el PAN se ha llevado a cabo en medio de un conflicto por el ejercicio del poder público, pero eso no quiere decir que aquélla sea inexistente. La pelea por los cargos entre panistas y priistas es continua pero su convergencia en el contenido de la acción de gobierno ha de mantenerse como lo hemos visto desde la segunda mitad de los años ochenta, en especial desde la reestructuración de la izquierda con motivo del liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas y la presidencia fraudulenta de Carlos Salinas. Fue justamente en el sexenio 88-94 cuando se perfiló con mayor claridad la contradicción entre neoliberalismo y Estado social, mucho más allá de las contradicciones del anterior estatismo a la mexicana. Se legalizó entonces la privatización de ejidos y bienes comunales, es decir, un nuevo despojo liberal institucionalizado de la tierra por parte de la burguesía. Hace menos tiempo, ambos partidos votaron por el carácter individual de los fondos de pensión y su manejo como negocio privado fabuloso y extraordinario. Desde entonces las cosas han continuado como se pudo apreciar aún con más nitidez cuando el PRI y el PAN signaron el acuerdo para llevar a cabo la llamada reforma energética que legalizó las privatizaciones de los hidrocarburos y del servicio público de electricidad, objetivos ambos que habían sido grandes obsesiones tanto de políticos como de empresarios de tendencia neoliberal, incluyendo naturalmente a las trasnacionales del ramo y a los ideólogos de la OCDE.

El hecho de que en el transcurso de la aplicación del programa neoliberal se hayan presentado tropiezos no significa que éstos hubieran sido producto de contrariedades entre el PRI y el PAN. Por el contrario, siempre estuvieron juntos. Las mayores dificultades de los neoliberales se han presentado en el terreno de la sociedad, no en la esfera interna del Estado. Como ejemplo, el fracaso de la implantación del sistema de altas cuotas en la educación superior se debió al movimiento de los estudiantes de la UNAM, los cuales en dos ocasiones derrotaron el proyecto privatizador luego de luchas que conmovieron la conciencia nacional popular mexicana en contra del intento de arrancar el carácter social de la enseñanza y la investigación científica. Esa derrota del neoliberalismo estuvo a cargo de la izquierda vista en términos ampliamente sociales. Sin embargo, no cerró el ciclo neoliberal de la política dominante, como ya lo hemos podido apreciar.

Mas el otro problema es que frente a esas relaciones tan cercanas y solidarias entre los dos grandes partidos neoliberales del país, las izquierdas parecen conmoverse mucho menos. La división del PRD, largamente promovida, así como la gravedad de la inclemente crisis en ese mismo partido, por un lado, y el liderazgo excluyente de López Obrador, por el otro, se han convertido en factores que favorecen el proyecto bipartidista neoliberal. Las izquierdas políticas y sociales, mientras tanto, parece que no están pensando en reaccionar. Lo que se requiere es una reformulación de la izquierda como corriente nacional.

Sí, las principales instituciones deben ser enviadas al diablo con el propósito de crear unas nuevas basadas en la democracia, el Estado social y el respeto a la legalidad. Sí, existe una oligarquía que domina la esfera política cuya derrota debería ser prioritaria. Sí, las alianzas del PRD con el PAN favorecen el bipartidismo, derrótese o no al PRI en cada lance, porque tienden a borrar a la alternativa verdadera que es la izquierda. Sí, todo giro oportunista de las izquierdas políticas y sociales es un elemento a favor de la alianza entre el PRI y el PAN porque significa ceder o acercarse a los puntos programáticos neoliberales. Sí, el sustento social de esa alianza histórica es la gran burguesía mexicana y los dos grandes partidos de Estados Unidos, hacia donde la izquierda no debería recurrir en busca de convergencias políticas por coyunturales que pudieran ser presentadas. Sí. Pero hace falta también pavimentar el camino de la unidad de la izquierda para convertir los discursos en realidad al tiempo que se hacen discursos nuevos.