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Plan de trabajo legislativo de Pablo Gómez

COALICIÓN

JUNTOS HAREMOS HISTORIA

(MORENA, PT, PES)

 

 

PABLO GÓMEZ

CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL

DISTRITO 23, COYOACÁN

El objetivo central de la lucha electoral de 2018 es alcanzar un cambio que permita construir un nuevo régimen político en el que se erradique la corrupción como sistema estatal, se contrarresten la violencia y la delincuencia, se promueva una nueva distribución del ingreso a favor de los trabajadores de la ciudad y el campo, se abata la pobreza, se construya un sistema que garantice jubilaciones y pensiones dignas y justas, se desarrolle la democracia, se amplíen los derechos ciudadanos, se trabaje a favor de la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres, se respeten las libertades y las identidades, se hagan realidad los derechos de los pueblos indígenas, se apoye a los y las jóvenes y se proteja a los niños y las niñas. En resumen, se construya un Estado democrático y social de derecho.

Es necesario lograr una nueva Presidencia de la República y un nuevo Congreso de la Unión. La candidatura de Andrés Manuel López Obrador es la oportunidad para llevarlo al Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, se va a requerir una mayoría legislativa que abrace el programa de cambios y lo convierta en leyes y decretos.

El presente Plan de Trabajo Legislativo de Pablo Gómez, como candidato a diputado federal por el distrito 23 de Coyoacán, es una síntesis de los cambios que se requiere impulsar desde el Poder Legislativo de la Unión.

 

 

 

I

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

 

  1. El salario debe ser suficiente para el sostenimiento del trabajador y su familia. Por ley, su incremento nunca podrá estar por debajo de la inflación. Además, los salarios mínimos (general y profesionales) deberán recuperar gradualmente su nivel histórico en términos reales.
  2. Ya no habrá topes salariales. Los trabajadores tendrán libertad de luchar por aumentos de salarios. Se respetarán los derechos de libre asociación sindical, contratación colectiva y huelga.
  3. El sistema de retiro volverá a ser solidario de tal manera que los trabajadores, al jubilarse, alcanzarán un ingreso suficiente y digno. El actual sistema de Afores será voluntario. El ingreso de los jubilados y pensionados del nuevo sistema solidario siempre será mayor que la mitad de su último sueldo o salario.
  4. El sistema de pensión alimentaria de adultos mayores será universal y de carácter nacional.
  5. Los estudiantes de bachillerato y de educación superior de las instituciones públicas contarán con salario estudiantil (beca) en todo el país.
  6. Los campesinos gozarán de coberturas de precios mínimos de sus productos, garantizados por el gobierno federal.
  7. Se perseguirá toda especulación, acaparamiento y fijación de precios de monopolio de bienes y servicios de consumo popular.
  8. No se autorizarán en la Ley de Ingresos y en las leyes fiscales “gasolinazos” ni súbitos incrementos al gas doméstico.

 

II

Derechos

 

  1. Los ciudadanos tendrán el derecho de votar las leyes más trascendentes e impugnar las decisiones de los gobernantes, a través de consultas populares: referéndum y plebiscito.
  2. La ciudadanía tendrá derecho de revocar el mandato de sus gobernantes.
  3. Los ciudadanos podrán objetar directamente ante tribunales, mediante suscripción popular, la inconstitucionalidad de leyes, decretos y órdenes, así como omisiones de los gobernantes.
  4. Se eliminará el llamado fuero, de tal manera que todo servidor público que hubiera sido elegido, fuera integrante de un gobierno o tuviera función judicial, también podrá ser procesado penalmente, sin que lo impida su condición, incluso el Presidente de la República.
  5. La libertad y la democracia sindicales serán una realidad. Los contratos de protección y los falsos sindicatos que los detentan serán proscritos, y sus titulares serán sancionados. La autoridad tendrá obligación de combatir la corrupción sindical y toda injerencia patronal o de los gobernantes en los asuntos internos de las organizaciones de los trabajadores. Los miembros de los sindicatos tendrán derecho de elegir a sus dirigentes de manera directa y aprobar los contratos colectivos que se hubieren de firmar con los patronos. La reforma constitucional en materia de autoridades laborales será aplicada y se reformará la Ley Federal del Trabajo para garantizar los derechos de los trabajadores.
  6. Será efectivamente perseguida cualquier forma de discriminación por motivos de clase, edad, discapacidad, profesión u oficio, origen étnico o nacional, aspecto personal, religión, sexo, preferencia sexual, orientación o identidad de género, estado civil u opiniones.
  7. Será obligación de toda autoridad administrativa priorizar el combate a la violencia contra las mujeres.
  8. Se definirá con total claridad en la legislación para todo el país el respeto a la decisión de cualquiera a contraer matrimonio con persona del mismo sexo. Se consolidará en las leyes los derechos sociales de los cónyuges o concubinos de parejas del mismo sexo.
  9. La procuración e impartición de justicia se orientará con base en la perspectiva de género.
  10. El Código Penal Federal dejará de considerar como un delito la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, en el marco del respeto al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

 

 

III

Ingresos, presupuesto federal y control del gasto

 

  1. Se eliminarán los subsidios fiscales dirigidos a los sectores más favorecidos de la sociedad. Sólo el Congreso podrá aprobar los llamados estímulos fiscales que, en ningún caso, podrán ser exenciones de impuestos, los cuales están prohibidos por la Constitución.
  2. No se concederán amnistías fiscales, abiertas o simuladas, a los causantes que poseen grandes fortunas dentro y fuera del país. Se eliminará la capacidad discrecional que tiene la autoridad para condonar contribuciones y recargos, para lo cual se creará un organismo de contraloría fiscal apegado a la ley y a la honradez.
  3. Se elevará la recaudación fiscal mediante un efectivo control del funcionamiento del Sistema de Administración Tributaria.
  4. Se reducirá la tasa impositiva sobre la renta de los causantes de ingresos medios para alejarla de la que deben pagar los más ricos.
  5. En el primer año de la legislatura, se duplicará el gasto social dirigido al combate a la pobreza.
  6. Las partidas de los ramos de educación, cultura e investigación y desarrollo se elevarán cada año en términos reales y nunca podrán recortarse durante el ejercicio.
  7. Se reducirán los gastos de operación de la administración pública y de los organismos autónomos. Se bajarán los más altos sueldos, incluyendo el que percibe el Presidente de la República. La Federación dejará de cubrir los gastos personales de alimentación y transporte de los mandos medios y superiores. La Federación dejará de hacer donativos decididos discrecionalmente por los funcionarios.
  8. Se expedirá la ley sobre sueldos de servidores públicos, reglamentaria del artículo 127 de la Constitución, para regular las percepciones de los servidores públicos, eliminar los bonos y demás prebendas en efectivo y en especie, así como cancelar las pensiones ilegales de ex altos funcionarios, incluyendo las de los ex presidentes de la República.
  9. Se formulará un programa sexenal de elevación, en términos reales, de los sueldos bajos y medios de servidores públicos.
  10. No habrá propaganda personalizada de servidores públicos, gacetillas pagadas, anuncios disfrazados de noticias, esquelas ni promociones personales de cualquier tipo. Los servidores públicos que cometan faltas y delitos serán efectivamente perseguidos y sancionados.
  11. Los gastos en propaganda de las dependencias y organismos públicos serán recortados para dejarlos en lo mínimo indispensable.
  12. Se incrementará la inversión pública federal, con énfasis en la infraestructura productiva y el sector energético.
  13. Se expedirá una nueva legislación para recuperar las industrias petrolera y eléctrica bajo dominio de la nación. Se formarán comisiones de investigación en el Congreso para esclarecer la corrupción en Pemex y la CFE.
  14. Se incrementarán los fondos federales para la infraestructura urbana y el transporte eléctrico.
  15. Se asignará todo el presupuesto federal a través de las correspondientes partidas, eliminando así los gastos discrecionales del Presidente de la República, en especial, el ramo 23, resumidero actual de fondos de la corrupción pública. Los ingresos no previstos y los extraordinarios tendrán un destino referencial preciso y un mecanismo exacto de autorización.
  16. Se expedirán reformas de la ley de deuda pública para implantar nuevas formas de financiamiento del gasto con menor dependencia de los mercados abiertos. Se elaborará, asimismo, un programa obligatorio de disminución relativa de la deuda pública.
  17. Se elevarán las funciones de la Auditoría Superior de la Federación para vigilar el ejercicio del gasto público, los ingresos y la deuda.
  18. La Secretaría de la Función Pública será una verdadera contraloría de la Federación sobre el gasto, los contratos y las compras, el pago de adeudos y la eficiencia recaudatoria, así como la organización y el debido desempeño de las entidades de la administración pública. Todo ello, bajo disposiciones más amplias de transparencia.

 

IV

Reformas al Congreso de la Unión

 

  1. El Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senado) estará abierto todo el año, con breves periodos vacacionales, dentro de los cuales también podrá ser convocado en caso de urgencia.
  2. El Presidente de la República concurrirá cada año a un debate en el Congreso, luego del envío de su informe.
  3. Los grupos parlamentarios podrán presentar preguntas al gobierno en todo momento, así como citar a servidores públicos para que éstos expliquen cualquier asunto. Se establecerá una sesión semanal de control sobre el gobierno en las cámaras del Congreso.
  4. Existirá grupo mixto con los legisladores independientes o que no alcancen a conformar un grupo propio.
  5. Ningún legislador o legisladora podrá cobrar dieta correspondiente a los días en que faltare injustificadamente a sus labores completas, incluyendo las reuniones de comisiones. No habrá sobresueldos o sobredietas en el Congreso.
  6. Las comisiones ordinarias contarán con sus pertinentes subcomisiones, e informarán periódicamente a la ciudadanía sobre sus actividades legislativas y de control. Sus sesiones serán públicas con una regularidad fija.
  7. Las comisiones de investigación de las cámaras del Congreso podrán formarse para cualquier tema de interés público, por solicitud de una quinta parte de sus respectivos integrantes, con plenas facultades de investigación, semejantes a las del Ministerio Público.
  8. La ciudadanía podrá presentar proposiciones (no sólo iniciativas de ley) a través de asociaciones o a título personal, las cuales deberán ser turnadas a los legisladores según la comisión o comisiones a las que corresponda.
  9. Las entidades paraestatales, organismos y fideicomisos públicos sólo podrán ser creados por decreto del Congreso.
  10. Se restablecerá el juicio político por denuncia popular, como forma de control de la ciudadanía y del Congreso sobre los gobernantes, con el fin de destituirlos e inhabilitarlos por violar las leyes y atentar contra los intereses públicos.

 

Gobierno de coalición es una farsa

Los partidos buscan el poder, por lo cual ninguno tiene como fin programático hacer un gobierno de coalición. Tampoco se considera que es mejor, de por sí, gobernar con otros. Las coaliciones son provocadas por la situación, dentro de perspectivas halagüeñas y justificadas, mas con frecuencia resultan de las políticas de alianzas de sus pactantes. Muchos electores, por su lado, tienden a preferir un partido o un frente de partidos con acuerdo congruente y duradero.

Entonces, ¿qué se pretende con la oferta de gobierno de coalición presentada por el PAN? Veamos cómo es que se trata de una farsa, ideada con el peregrino propósito de atraer apoyos de personas desinformadas o distraídas, pero, sobre todo, para dar cobertura argumental a una alianza electoral con el PRD.

Se postula la necesidad de un gobierno de coalición con el anhelo, se dice, de que no dirija un solo partido y, para ello, se crea un frente electoral para unir izquierda y derecha sin tener que dar explicaciones. Así, se presenta como finalidad de la unidad a la unidad misma.

Para dar forma al tal gobierno de coalición se ha ideado una figura inexistente en la Constitución, bajo el nombre de Jefe de Gabinete, el cual sería, se dice, una persona perteneciente a un partido diferente al del Presidente de la República. Para ese desempeño se ha designado a Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, éste no es miembro de “otro partido”, sino que carece de militancia, aunque sí es candidato de uno de ellos, el PAN, justamente al que pertenece Ricardo Anaya. No es cierto, por tanto, que el tal Jefe de Gabinete sería el contrapeso partidista del Presidente de la República. Cierto es que pocos se creen la idea de un próximo gobierno de varios partidos, mucho menos Mancera, quien ya es candidato a senador en lugar de serlo a jefe de gabinete para lo que Anaya le ha designado.

Lo peor del esquema es que, además de que no habría Jefe, tampoco Gabinete. En la reforma constitucional (art. 89-XVII) para introducir la figura de “gobierno de coalición”, el PRI y el PAN olvidaron crear el Consejo de los secretarios de Estado, es decir, el Gabinete, de tal manera que la única diferencia es que el Senado tendría que aprobar el convenio y el programa de la coalición, si a caso se lo solicitara el Presidente de la República. No hay más.

En realidad, las sucesivas reformas políticas desafortunadamente no han introducido modificaciones orgánicas al Poder Ejecutivo.

Si el PAN llegara a la Presidencia, habría, con suerte, una ridícula “coalición” bajo el mando personal de Ricardo Anaya. Se trata de un falso bipartidismo en el gobierno, como lo ha sido en todos los estados donde PAN y PRD se han aliado y han obtenido el triunfo dizque para gobernar juntos, según ofrecía el mismo Anaya cuando era presidente de Acción Nacional.

El PAN y el PRD están aliados por el momento, pero con propósitos diferentes. Acción Nacional, por su lado, busca la Presidencia de la República con todo el peso institucional del cargo, al igual que como ya ha logrado recientemente varias gubernaturas. En cambio, el PRD sólo busca algunos puestos convenidos con la derecha y, ante todo, impedir que la izquierda alcance el Poder Ejecutivo.

La historia conoce convergencias de izquierdas, por un lado, y de derechas, por otro. Como proyectos exitosos en América Latina, recordamos la Unidad Popular de Chile y el Frente Amplio de Uruguay, entre otros. Podríamos decir que esas eran alianzas serias. Hemos visto frentes neoliberales, como en Chile, Brasil y Argentina. Pero, luego, presenciamos en Brasil una catastrófica alianza entre izquierda y dizque centristas, en realidad neoliberales hipócritas pero muy “modernos” (PMDB), la cual desembocó en el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff.

Lo que no habíamos visto es un frente electoral entre la derecha tradicional, rancia y también neoliberal, y un partido de izquierda con programa anti neoliberal. Se entiende que el PAN lo ha pactado por el papel de liderazgo que desempeña, mientras el PRD lo ha admitido por su conversión en un organismo para el mercadeo político, en el cual ya no hay otros objetivos que los meramente comerciales. Lo que tenemos aquí es una compra-venta de servicios, sin fecha de caducidad pactada, por lo cual se puede romper en el momento en que el negocio vaya mal. De la izquierda perredista no está quedando nada, por no decir que ya se extinguió.

Se entiende así que es una farsa el planteamiento panista de gobierno de coalición.

No habrá ley de propaganda

 

Como se sabe, la Suprema Corte le ha dado al Congreso un plazo que vence el próximo 30 de abril para expedir la ley de propaganda institucional. El Poder Legislativo tenía originalmente un plazo de 30 días a partir del 14 de noviembre de 2007, cuando entró en vigencia la reforma constitucional. Se ha demorado más de diez años.

Es evidente que los gobernantes y los grandes medios de comunicación del país han presionado para que no exista esa legislación porque podría afectar el mercado publicitario entre los que pagan con dinero del erario y los que venden tiempos y espacios.

Ante la intervención de la Suprema Corte, Enrique Peña Nieto ha decidido enviar a la Cámara de Diputados un proyecto, presentado como iniciativa del PRI y elaborado en la Secretaría de Gobernación. Pero –agárrese lector— la nueva ley entraría en vigor el 1º de enero de 2019. Se le quiere jugar el dedo en la boca a la mismísima Suprema Corte de Justicia mediante una nueva demora hasta el próximo año.

Mas no creamos que esto es lo peor. El contenido del proyecto de Peña Nieto no es para reglamentar el artículo 134 de la Constitución, en sus párrafos 7º y 8º, sino que, no obstante que la Constitución dice que con recursos públicos no se debe influir en “la equidad de la competencia entre los partidos”, el flamante proyecto presidencial le cambia y señala que tal competencia se limita a las campañas electorales, en las que, por lo demás, está prohibida la propaganda oficial. De esa forma, durante el tiempo restante, el gobierno podría influir en la lucha entre los partidos, la cual es permanente, según la Constitución y la llamada teoría política de la democracia.

El proyecto oficial de nueva ley, denominada de “comunicación social”, sólo es un compendio de reglas ya existentes, tanto a nivel de leyes como de reglamentos y del Presupuesto de Egresos. Se pretende dejar las cosas como están.

Ni siquiera se prohíbe lo subrayadamente prohibido en la Carta Magna: la gacetilla personalizada de servidores públicos, publicada subrepticiamente en forma de noticia pagada con recursos públicos. Decía Miguel Ángel Osorio Chong que él no podía hacer nada contra eso. Así fue. Mas, por lo visto, el nuevo secretario de Gobernación no sólo es incapaz de combatir la gacetilla sino que busca legalizarla por la vía de la omisión: el gobierno de Peña se “supera” a sí mismo.

En ese proyecto, las sanciones resultan ser una tomadura de pelo, a despecho de lo señalado en el párrafo noveno del mismo artículo 134 constitucional. No hay multas, mucho menos delitos, aplicables a servidores públicos que violen una ley que de por sí es inocua y se dirige sólo a dejar bien claro que la Secretaría de Gobernación es la organizadora de la propaganda gubernamental. En el tema de sanciones contra servidores públicos, todo es igual que como está hecha la ley electoral: “dar vista al superior jerárquico”, forma de dotar de impunidad a la transgresión de la norma.

No se establece tampoco en este proyecto el acceso a la justicia de la ciudadanía para que se protejan sus derechos de información, la cual, por lo visto, podría seguir siendo inconstitucional, personalizada, gacetillera, engañosa, mentirosa, onerosa y todo lo demás que ya conocemos. Se desea que la ciudadanía siga careciendo de medios para hacer respetar la Carta Magna y la legalidad. Por eso, el priismo no quiere admitir la queja por vía judicial, como está propuesta desde la primera iniciativa que se presentó.

Esto parece indicar que Peña Nieto no está buscando en verdad que el Congreso apruebe el proyecto priista y mucho menos los anteriores, el el primero de los cuales yo mismo lo presenté en el Senado el 7 de febrero de 2012, hace 6 años.

Lo que quizá se piensa en la Presidencia es algo muy simple y cínico: si no se admitiera el proyecto oficial, la Cámara no podría completar una mayoría para otro texto, con lo cual se declararía el acatamiento de la orden de la Suprema Corte aunque nada se hubiera expedido. Donde no hay mayoría, no hay ley, principio legislativo elemental que, sin embargo, sería ahora, como en otras ocasiones, enteramente manipulado. Creo que no habrá negociaciones serias en el Congreso.

Peña Nieto obra como un político a quien se le detuvo el reloj y supone que vive en tiempos de Ruiz Cortines. Así como declara en un acto oficial que él tiene un candidato, también supone que ese candidato suyo, José Antonio Meade, va a ser Presidente de la República, pero eso, a toda evidencia conocida, no ocurrirá. Mas ese proyecto de ley convida al candidato priista al festín del oprobio de proponer una legislación que ofende a la Constitución y con la cual se pretende engañar a la ciudadanía, no sólo a la Suprema Corte. Una vez más, Peña se está llevando entre las patas a su propio y querido candidato.

De cualquier forma, no parece que el proyecto de marras tenga algún viso de honradez intelectual de parte de quien ordenó su redacción, sino que es el intento de un engaño. Claro está que si el PAN y el PRD lo admiten con leves modificaciones, el hecho relevante ya iría por cuenta de esa coalición de mercaderes de la política.

No está a la vista una ley de propaganda institucional con apego a los mandatos constitucionales. Lo que se advierte es el deseo de que México siga siendo un país sin ley, ya sea porque la norma se incumple o porque el sistema Legislativo-Ejecutivo de formación de las leyes no vale ni el dinero que se gasta. O, por ambos escandalosos y perniciosos fenómenos, motivos, entre muchos más, del impostergable cambio político.

Lucha política y justicia

 

Que el candidato ubicado en tercer lugar forme parte de un complot para desbancar al que va en segundo sitio, sin duda es comprensible. El problema reside en los métodos aplicados. En México se vale usar el aparato de justicia para combatir a los adversarios más odiados o más estorbosos, aunque esa conducta siempre haya sido ilegal. Sin embargo, aquí, como en cualquier otra parte, esa es una forma infame y condenable de actuación.

Lo que resulta del todo impráctico es que el aspirante priista, José Antonio Meade, diga que es preciso separar la procuración de justicia del poder político. ¿Por qué lo dice? Parece una ironía, pues no podría considerarse una crítica de la manipulación que ha hecho Enrique Peña de la PGR, la cual siempre ha sido defendida por el priismo. Además, ¿para qué proponer a estas alturas una reforma declarativa que ya ha sido introducida en la Carta Magna?

El episodio del fiscal carnal, cuando Peña quiso dejar a uno de sus amigos en la próxima Fiscalía General de la República, está aún fresco en el registro político nacional. Como consecuencia, el país no tiene procurador ni fiscal anticorrupción. La procuración de justicia se encuentra en un desastre mayor que antes de la reciente reforma de la Carta Magna para otorgarle expresa independencia orgánica.

José Antonio Meade ha hecho su pronunciamiento, de por sí desfasado, precisamente en el momento en que el gobierno está usando como ariete propagandista –quizá también penal—a la Procuraduría, aprovechando el pueril error cometido por el abanderado del PAN de ir a decirse inocente, sin que nadie lo citara, a aquella guarida del poder político que es la PGR.

Si el gobierno busca en verdad que su candidato avance al segundo lugar debería hacerse a un lado de la lucha electoral, dejarlo solo, porque con su injerencia lo único que logra es despojarlo más aún de credibilidad. Esto tendría que incluir lo más difícil: cancelar el flujo de dinero hacia el PRI para la compra de votos. Sin embargo, es de suponerse que lo dicho por Enrique Peña sobre este tema sólo abarca los dimes y los diretes, pero no los recursos para la coacción y compra de los tan necesarios sufragios. El PRI no funciona sin mucho dinero. Meade no es excepcional, se sabe, pues ya fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual opera como central del clientelismo electoral ilícito.

Quien se ha tirado al piso al ser acosado por la PGR es el aspirante panista, Ricardo Anaya. Sin embargo, de pronto, él olvidó que en 2005 su propio partido, en alianza con el PRI (PRIAN, se dice), organizó desde Los Pinos, Gobernación y la PGR el desafuero de López Obrador, con el propósito de someter a éste a proceso penal e inhabilitarlo como candidato. Que Vicente Fox, los suyos y sus ansiosos aliados hubieran tenido que echarse atrás, sólo fue producto de la afortunada combinación de tres elementos: una movilización popular de protesta como no se había visto, la decisión de AMLO de no exhibir fianza e ir a la cárcel y el sencillo acuerdo de un juez para regresar el defectuoso expediente a la PGR. El PAN usó con fines políticos a la Procuraduría, tal como lo había hecho el PRI y, antes de éste, los generales cuando gobernaban el país.

En el cincuentenario del movimiento estudiantil de 1968, no sólo hay que condenar la violencia sangrienta sino también aquella que consiste en el uso del aparato de justicia para encarcelar a los críticos y opositores del régimen. Antes y después de ese año, muchos movimientos (telegrafistas, telefonistas, maestros, ferrocarrileros, médicos, campesinos, universitarios, entre otros) fueron perseguidos con el uso de la PGR. Bajo instrucciones presidenciales verbales, se emitían órdenes para encarcelar, las cuales a menudo se cumplían. El PAN nunca protestó porque no se le aplicaba esa perversa utilización de la justicia. Las cosas han cambiado pero sólo en su grado mas no en su sistema.

No obstante que la Constitución ya define expresamente a la procuración de justicia como un órgano público autónomo (ya lo era aunque sólo en la norma), es preciso hacer otras reformas, en especial, romper el punto nodal de la trama con un Presidente de la República que respete la independencia del Ministerio Público y obligue por vías políticas a los 32 gobernadores a hacer lo mismo. De otra manera no habrá muchos avances.

Esto se puede entender mejor si se analiza la génesis del problema. Desde 1917, cuando el Ministerio Público fue elevado de rango, la entonces nueva PGR no formó parte integrante de la Administración Pública, según el artículo 90 de la Constitución, sino que era formalmente una entidad independiente. Sin embargo, el problema mayor de la reforma propuesta por Venustiano Carranza y aprobada por el Constituyente de Querétaro fue que se confirió al Presidente de la República la facultad de designar y remover libremente al procurador. Al abolirse la Secretaría de Justicia en aquel mismo Constituyente, el renovado impulso presidencialista condujo a dejar las cosas en mal estado porque surgió un Ministerio Público con enorme poder, pues en lo sucesivo los jueces ya no pudieron hacer investigaciones, las cuales se reservaron al vigoroso procurador, puesto y depuesto por el Señor Presidente. Si a esto agregamos la existencia de jueces de consigna, tal como siguen abundando, el país se metió, al respecto, en una peor situación. El Estado de Derecho se convirtió en una referencia más que en una realidad y se cocinó un inmenso caldo de cultivo de la corrupción. Así hemos seguido durante 100 años. Es mucho.

¿Hasta cuándo?

Desmadre electoral

 

Las campañas electorales no han iniciado aún y ya tenemos un desmadre. Se afirma que es contrario a la libertad el que no se puedan realizar debates en los medios durante la “intercampaña”. Que es demasiado el tiempo destinado a mensajes electorales en los medios electrónicos. Que los programas sociales de la actual administración están en riesgo si no gana el PRI. Que se vale hacer fraude a la ley con la propaganda del gobierno. Que no se van a abrir al mismo tiempo las tres urnas de la elección federal antes de empezar los cómputos porque no hay seguridad en las casillas y que, debido a eso, se dice, está en riesgo la estabilidad de México.

  1. Las campañas electorales empiezan legalmente el 30 de marzo. Antes, no debe haberlas, lo cual abarca los debates radiodifundidos. Así es en casi todo el mundo. Además, a los debates que se organicen deben ser convocados los diversos candidatos, pero en este momento formalmente no los hay; habría que esperar que la autoridad los registre. Así es la ley, por lo pronto.

López Dóriga se negó a hacer entrevistas de candidatos hace tres años porque, dijo, todos los partidos eran detestables, etc. Ahora, en búsqueda de rating y, en consecuencia, de mayores ventas, quiere organizar debates además de las entrevistas que le aplica a los políticos. No es cuestión de libertad sino de dinero.

  1. En periodo de comicios, el tiempo de radio y Tv destinado a partidos y autoridades electorales no es más que aquel que corresponde durante todo el año al Estado. ¿Por qué se critica el número de anuncios en tiempos oficiales asignados a los partidos? Porque está prohibido comprar tiempo comercial. La crítica de los espots electorales, otra vez encabezada por López Dóriga, es una cuestión de negocios. Lo que debería hacerse es acumular los mensajes de diez segundos en emisiones de dos minutos para que los candidatos pudieran decir algo, pero a eso se oponen radicalmente los concesionarios.
  2. El eslogan “Para que lo bueno pueda seguir contando”, utilizado por Peña Nieto para difundir los actos relevantes de su gobierno, es un fraude a la ley porque es una referencia electoral a favor de su candidato, José Antonio Meade.

Además, el gobierno federal está gastando millonadas en esos mensajes y en otros, tipo gacetilla (anuncios encubiertos), sobre el mismo tema de sus “logros”.

Las autoridades electorales, por su cuenta, hacen lo de siempre. Mejor dicho no hacen nada.

A partir del 31 de marzo el gobierno no podrá hacer propaganda, según la ley. Luego, la gacetilla será el único medio de publicidad gubernamental, pero el INE tampoco va a hacer algo porque la mayoría de sus integrantes considera que esa práctica siempre es legal, aun en periodos electorales, no obstante que la legislación dice otra cosa.

  1. Abrir las tres urnas antes de iniciar los cómputos, con el fin de localizar las boletas depositadas por error en otra urna, tenía el propósito de adelantar el llenado del acta de la elección presidencial con el fin de hacer con mayor facilidad un “conteo rápido” por parte del INE.

Transmitir en directo desde la casilla el resultado de la votación es un viejo anhelo ante el desinterés del INE por mejorar su programa de resultados preliminares (PREP). Lo que a esa autoridad le importa es anunciar un nombre a las 11 de la noche pero, como no tiene datos, recurre a una encuesta de resultados, llamada “conteo rápido”: se diseña una pequeña muestra (representativa) de casillas y se programa la captura de esos datos para introducirlos a la computadora. De esa manera se da la impresión de que el IFE ha cumplido con su deber.

El Tribunal le ha echado abajo al INE un apresuramiento del dato de la elección presidencial, pero se mantiene la transmisión del resultado desde las casillas donde haya señal de telefonía celular. Ahora habrá que esperar a que estén llenadas las tres actas de resultados (presidente, senadores, diputados). Sin embargo, el INE hará su encuesta mediante la captura y transmisión del cuadernillo donde han de constar los datos de la elección de Presidente, dejando para otro momento el dato oficial destinado al PREP que es el que consta en el acta de escrutinio y cómputo.

En el mundo, las autoridades electorales no suelen hacer encuestas sino que brindan resultados sólidos. El problema es que el INE nunca había querido crear un sistema de dato inmediato. Y ahora que, para hacer su encuesta más rápidamente, admitió la transmisión del resultado desde la casilla, el Tribunal lo ha contradicho, aunque de seguro no estará en riesgo la estabilidad económica de México, como han dicho algunos dramáticos consejeros electorales.

  1. A todo lo anterior habría que agregar los escándalos por malos manejos de fondos privados y públicos.

Las triangulaciones se hacen para evitar que se sepa quién se quedó con el dinero. Lo mismo en operaciones de especulación inmobiliaria o financiera que en desvíos de fondos públicos. Es por demás lógico que los operadores no tengan el dinero a su nombre, por lo cual recibirlos en la PGR con copias de sus estados de cuenta es de por sí un juego muy sucio porque esos documentos no concluyen absolutamente nada.

Las preguntas son qué se hicieron los dineros. Ricardo Anaya y Rosario Robles deberían ser investigados con seriedad, mas si no lo son ahora, podrían serlo después, cuando haya condiciones políticas propicias. Por el momento, todo es un show.

Quien la tiene más difícil es José Antonio Meade porque, habiéndose perdido los fondos, según la Auditoría Superior de la Federación, tuvieron que ir a algún lugar. Eso es lo que nos debió explicar quien recibió, de manos de Robles, la Secretaría de la Desarrollo Social: el mismo Meade. O, acaso, él no quiso darse cuenta de nada. ¿Por qué hasta ahora dice el mismo Meade que es preciso actuar en consecuencia con los señalamientos de la Auditoría, si entonces ésa era una de sus obligaciones?

Este desmadre apenas está empezando, por lo visto.

Este “irracional” enojo social

 

Mientras Enrique Graue, rector de la UNAM, estaba diciendo que nunca, como ahora, México había sido un país tan profundamente desigual y, por otro lado, la Concamin señalaba que no se había logrado la prometida tasa de crecimiento de más del 5 por ciento y que la de 2017 será la más baja, en promedio, de los últimos 30 años, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hacía un llamado, dijo, a “desterrar este que algunos llaman irracional enojo social”.

La frase es trascendental porque implica que el gobierno ya se ha dado cuenta de la indignación popular en su contra aunque ésta no sea racional, es decir, no sea producto del entendimiento de la realidad o no sea entendible en sí misma, por lo cual, su “destierro” (apartar de la mente un pensamiento o un sentimiento) se podría lograr –cree Peña—mediante la comunicación de los avances del gobierno. Asunto resuelto, se diría, con el muy meditado discurso del “Jefe del Ejecutivo”.

Peña se ha empeñado de inmediato en esa empresa y dijo ser “el primero en demandar de manera comedida (…) que haya memoria entre nuestra población, entre nuestra sociedad, y sepamos también reconocer de avances, de logros y de beneficios” (sic). La sociedad (desmemoriada) ya no presenta demandas al gobernante sino que ahora éste hace solicitudes al pueblo, comedidamente, claro. Sin duda, algo profundo ha ocurrido en el país como para ubicar las cosas al revés.

Al tiempo, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, afirmaba, sin titubeo, que “a México le ha ido bien”, pese al derrumbe petrolero en producción y precios.

Todo lo anterior ocurrió el pasado lunes 12 de febrero, el día en que terminó el periodo de precampañas. Mas, por lo visto, fue también el de inicio de la campaña electoral del gobierno, ya sin candidatos en la palestra.

La arremetida publicitaria del gobierno se prolongará hasta el día de la votación, pero no tiene como propósito hacer propaganda oficial, la cual está prohibida por la ley en el periodo electoral, sino difundir su mensaje político a través de gacetillas pagadas de diverso tipo. Para eso hay dinero… mucho y sin control alguno.

El fracaso de la candidatura priista es el fracaso del gobierno de Peña. Esta circunstancia es reconocida con amplitud, pues no existe dentro o fuera del país analista, político, periodista o académico que considere que la gestión de Peña ha sido exitosa. Mas no se trata sólo del contraste entre lo prometido y lo realizado, sino del balance neto de un gobierno que se perdió en sus propios dogmas y terminó generando desastres.

El número de “nuevos empleos”, que es el dato con el que Peña se glorifica, tiene un componente que no estaba antes en la estadística: la formalización de empleos ya existentes por efecto de los recientes cambios fiscales sobre los pequeños contribuyentes. Y tiene también algo estructural: casi todos son empleos de muy baja calificación y menor salario. En un marco general de estancamiento en términos reales, como el que mantuvo Peña estos cinco años como fiel heredero de sus predecesores, no se crean puestos de trabajo calificados más que en aquellas sub ramas integradas, como la automotriz, que han seguido creciendo.

Peña no habla del componente inducido que caracteriza la alta tasa de inflación, la cual rebasó por mucho el pronóstico oficial. Con el fin de promover gasolineras privadas y poner cara bonita para hacer licitaciones (entrega de yacimientos) entre las mayores compañías petroleras, se mantuvo un IEPS alto y móvil, cuyo nombre común es gasolinazo, extendiendo la carestía, con mayor salvajismo, al gas doméstico. Todo para nada: el IEPS sigue siendo “subsidiado” y las pérdidas económicas han sido mayúsculas para el país.

Dice el gobierno que las más recientes concesiones de crudo y gas le dejarán a México 159 mil millones de dólares. Todos ellos inventados porque, en realidad, se calcula que serán el monto de la inversión extranjera durante los próximos diez años, pero no serán ganancias del país ni se quedarán en México. De las últimas licitaciones que se hicieron, el ingreso del fisco será por un importe miserable de 500 millones de dólares, a cambio de concesiones por 20 años.

Que no se hable del escandaloso número de pobres mexicanos porque ese tema está clausurado en el gobierno, incluyendo a su candidato, debido a que convierte al país en algo impresentable. Tampoco se ha de hablar de que México es uno de los países socialmente más desiguales del mundo. Para ciertos sujetos y en ciertos temas, callar es mentir.

La “comunicación” de los “avances” logrados por el gobierno, ordenada por Peña, ha de ser una campaña política (electoral) de mentiras porque ese gobierno no conoce otro lenguaje, otra forma de ser. Es natural, por tanto, que el enojo social se vaya a incrementar.

Pero hay algo más. En la medida en que Peña lleve a cabo su campaña de “comunicación”, la gente le creerá mucho menos. Hay que tomar en cuenta que la falta de credibilidad es uno de los problemas que el gobierno ha trasladado al candidato Meade. Por lo demás, él ya tuvo sus momentos en el gabinete actual y en el anterior, en los que pudo haber demostrado que conoce otra política.

José Antonio Meade sabe todo lo anterior. Y sabe más porque conoce al gobierno y es parte de sus tramas. Sin embargo, no puede reaccionar, está atado a Peña y a sí mismo, es una de las partes del fenómeno conocido como enojo social, aunque algunos otros le llaman hartazgo.

INE: el trabajo de hablar demasiado… y mal

En casi todos los países existen autoridades electorales discretas y austeras. Eso se debe a que la organización y calificación de los comicios requiere exactitud, dedicación, rigor, certeza, independencia e imparcialidad. México es una reiterada y molesta excepción.

El fondo del problema consiste en que las consejeras y consejeros electorales del INE, así como sus colegas en las entidades federativas, se sienten representantes de elección popular, legisladores, alcaldes o gobernadores, o sea, próceres de la patria, antes que autoridades administrativas.

Es aún mayor el problema debido a los disparates que los administradores suelen decir. El reciente ha sido otro más de Lorenzo Córdova, quien se permitió intentar alarmar con la especie de que en México ha “disminuido significativamente” el “aprecio por la democracia”. Cualquiera pensaría que, ante el desprestigio de los políticos y en especial del gobierno, la democracia política se hace más necesaria y urgente. El administrador de la función electoral, en cambio, se basa en un “Latinbarómetro” para criticar a los mexicanos (quizá también a las mexicanas) por su desprecio de la democracia.

Lorenzo Córdova dijo más: “El descontento con la democracia y con la política es un fenómeno que afecta la calidad de la democracia y constituye para la autoridad electoral uno de los principales desafíos…”. ¿Cuál es el punto, más allá de sus enredos con el poco “aprecio”, el “descontento”, la democracia y los políticos? Que el INE –dijo su presidente– requiere respuesta ciudadana para “operar” las casillas. Y ya entrado en gastos, luego de su revoltillo conceptual, aterrizó diciendo que si las ciudadanas y los ciudadanos deciden no colaborar con el INE en la instalación de las mesas de casillas “estaremos en problemas, y estaremos en problemas todos”. Ominosa advertencia.

¿Es esa la situación política real del país en la presente coyuntura electoral? ¿La organización de los comicios está en peligro de no tener integrantes de casilla el próximo 1 de julio?

La autoridad electoral no se ha constituido para hacer politología barata con falsas conclusiones que sólo tienden a llamar la atención. Mucho menos ha sido designada para hacer alarmismo o presentar prospectivas sin el menor fundamento.

Sí se ha visto rechazo a tomar parte de las casillas, pero siempre vinculado a sucesos concretos, por ejemplo, situaciones de alarma por posible violencia local o rechazo al INE, como ocurrió con motivo de aquella filtración de una conversación de Lorenzo Córdova en la que se refería peyorativamente a un dirigente indígena. (Cfr. Informe al CG-INE, 29.07. 2015).

Se han presentado algunos otros repudios, pero nunca del nivel de una carencia de integrantes de mesas directivas, ni abarcando una entidad federativa, mucho menos el país. La ley tiene previsto, además, que las faltas de asistencia de funcionarios de casilla se cubran con electores de la fila.

Ahora, quizá para secundar a Córdova, el INE informa con dramatismo que un 22% de las secciones son de “atención especial”. Lo mismo de siempre. Ese porcentaje lo van a ir disminuyendo hasta el día de los comicios: sólo crean alarmas para hacerse los interesantes. Así no debería actuar una verdadera autoridad responsable.

¿Qué busca Córdova con esas declaraciones? Más allá de hacerse ver, quiere que, cuando se integren e instalen todas las casillas, como de seguro va a ocurrir, se le aclame como héroe electoral y genial conductor de instituciones, al servicio, claro está, de la democracia, aunque ésta se encuentre mayoritariamente despreciada, según él mismo lo asegura. Ya lo estoy viendo porque ya lo hemos visto.

Todo es ahora peor cuando varios miembros del INE asumen el discurso de que la próxima será una de las elecciones “más importantes de la historia de México”, con lo cual, en aras de llamar la atención, se convierten en involuntarios propagandistas de uno de los candidatos que, por cierto, no es el suyo.

Dentro de poco, Córdoba y sus colegas irán al tema de la abstención y luego otro y otro, porque parecen estar en campaña electoral.

La verdad, sin embargo, es que la autoridad no es responsable del nivel de concurrencia a las urnas. Ese es un problema del todo ajeno al INE, aunque los integrantes de éste suponen que ellos pueden lograr una mayor incidencia en los comicios, para lo cual gastan “dinero que no tienen para apantallar a gente que ni conocen”, es decir, se creen líderes políticos al olvidar que en realidad son servidores públicos con funciones definidas. El “descontento con la democracia”, como le llama Córdova, no existe, pero, si lo hubiera, no sería asunto institucional del órgano administrativo electoral.

El balance del IFE-INE contiene, como suele ocurrir con las instituciones, negros, grises y brillantes, pero los primeros han predominado con amplitud. Esto se debe a que la composición de su Consejo General es determinada con criterios de mansedumbre partidista. Hoy en día, el PRI tiene 4 votos duros (Baños, Favela, Andrade y Ravel), por lo que sólo requiere de sus votos blandos, los cuales suelen ser el del mismo Córdova y los de Murayama y Zavala, quienes, además, con frecuencia reciben ayuda de Nacif y de Rivera. El INE carece de la primera condición de todo órgano electoral, la imparcialidad. Lo hemos visto hasta el cansancio.

Quizá por eso sus integrantes hablan demasiado… y mal.

“Ni con el pétalo de una rosa”

 

“Se debe aplicar aquella frase de que ‘a la mujer ni con el pétalo de una rosa’, un principio que debe privar en la casa, trabajo, escuela y calle”. Esto lo ha dicho José Antonio Meade.

Con esa frase se confirma el atraso que comparte el virtual candidato priista en materia de cuestiones de género. Él parece un personaje del siglo XIX, de cuando, por cierto, se acuñó la famosa expresión del “pétalo”.

Desde el machismo más rancio se recuerda a veces esa frase para hablar de la protección de las mujeres, es decir, que nadie se meta con hija, hermana, novia o esposa ajena que esté bajo la tutela de padre, hermano, novio o marido.

Las personas protegidas tienen disminución de derechos porque éstos se encuentran precisamente asignados a los protectores. El espacio intocable y resguardado de las mujeres es aquél donde se realiza preferentemente su sometimiento, su carencia de derechos.

Es preciso romper esa ideología que se expresa en el “pétalo de una rosa”, la cual defiende Meade como su mayor aspiración personal y la eleva al rango de “principio”, porque con ella se considera a las mujeres como desvalidas y, por tanto, indefectiblemente protegidas por hombres.

Meade trata de sustanciar eso del “pétalo de una rosa” con promesas de mantener los programas ya existentes, aunque defectuosos, tales como el Seguro Popular que es para población abierta, y otras leyes que están vigentes, pero que el gobierno se niega a hacer cumplir, como la de salario igual a trabajo igual.

El precandidato promete brindar seguridad social a las mujeres que carecen de empleo y trabajan en su hogar todo el día. Soslaya Meade que las esposas de los trabajadores asegurados son derechohabientes pero corren la misma suerte de sus maridos: compartirán una paupérrima pensión y la de viudez habrá de ser menor. Este es el problema de millones. Por lo demás, las “amas de casa” sin seguridad social debido al trabajo precario del esposo y las empleadas en la economía informal no pueden pagar las cuotas del IMSS.

No hay nada en el discurso del candidato oficialista que vaya más lejos de lo que el gobierno ya ha hecho, ni siquiera algo que se acerque a lo que otros partidos han impulsado en niveles locales. Pero hay faltantes, por ejemplo, el tema de la perspectiva de género en políticas públicas y en administración de justicia, el cual no es planteado por el candidato priista a pesar de que ya se discute intensamente dentro del aparato del Estado, aunque con muy pocos resultados.

“Ni con el pétalo de una rosa”, convertido en eslogan electoral, es una ironía cuando aumenta la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio, sin que los gobernantes, policías, fiscales y jueces estén haciendo en verdad su trabajo.

Los derechos de las mujeres no sólo tienen que ver con la formalidad, pues existen algunos ya incorporados a la legislación, sino principalmente con las garantías efectivas para su acatamiento. La cuestión consiste en que el Estado sigue estando organizado al margen de la observancia del respeto a las mujeres. El machismo y sus expresiones más grotescas, como la misoginia, anidan en el aparato público en todos sus niveles porque éste ha sido construido con tales contenidos. Así es que cuando las leyes cambian, nada cambia en la realidad.

El género es una relación desigual de poder. Es un sistema que contiene, por tanto, una diferencia de derechos, garantías, capacidades, posibilidades, etcétera, entre hombres y mujeres.

Sabemos que esa opresión abarca a todas las mujeres, aunque algunas pocas sean ricas o poderosas. No obstante, eso no significa que las mujeres sean un “grupo vulnerable” como se les denomina para proclamar su “protección”. Las mujeres no son un “grupo” sino la mitad de la humanidad. No son tampoco “vulnerables” por naturaleza, sino que con gran frecuencia son vulneradas justamente debido a su condición de mujeres, de personas sometidas mediante un sistema de desigualdades, que es justamente lo que hay que abolir.

El protector no sólo es el marido, el hermano, el novio, el padre sino también el Estado, es decir, el entramado institucional que se erige en guardián máximo de las mujeres y, en tal función, las cataloga, con lo cual les brinda tratamientos diferenciados según clase, etnia, origen, nacionalidad, ocupación, preferencias, etcétera, pero sin superar la opresión de las mujeres en general.

El “pétalo de una rosa” es símbolo de uno de los mayores sometimientos de la historia, es decir, el sistema de desigualdad y discriminación de las mujeres basado en una falsa debilidad consustancial a su sexo. Se promete protegerlas dejándolas ahí, en su lugar, en su casa, adonde pueden realizarse exclusivamente como esposas y madres. La incorporación al trabajo asalariado o por cuenta propia de las mujeres no ha cambiado esencialmente la desigualdad y la discriminación porque ha surgido la doble jornada, la de afuera y la de adentro del hogar. Y, encima, las mujeres suelen sufrir otra discriminación, la laboral, la cual está terminantemente prohibida por la Constitución del país, pero se encuentra tolerada por las autoridades.

El precandidato José Antonio Meade podría asesorarse, pero no se observan en las filas de su comité de campaña personas que pudieran brindarle conocimiento sobre el tema de género y la realidad en que viven las mujeres. Mientras, él seguirá de aquí para allá pregonando que nadie las toque “ni con el pétalo de una rosa”, pero con esta vieja frase, ahora “principio” de Meade, nada cambiará porque se elaboró por los machistas para que nada fuera modificado… jamás.

Amenaza de recesión

La amenaza de recesión siempre ha sido un espantajo de las derechas para detener los avances de las izquierdas. Se postula que las transiciones políticas hacia los partidos que son críticos del modelo económico imperante, en específico, el neoliberalismo, generan tal desconfianza que empresas e inversionistas se retraen.

En esta temporada seguiremos viendo declaraciones de funcionarios de instituciones financieras privadas, las cuales formarán parte de la campaña electoral. Ninguna de esas negociaciones dirá claramente que apoya a tal o cual candidato, pero todas van a ubicar a Andrés Manuel López Obrador como irruptor de la actual política económica y, por tanto, promotor de la recesión y el desastre: un peligro.

En esta semana han destacado un par de declaraciones reproducidas por varios medios. En una de ellas, de Casa de Bolsa Finamex, Guillermo Aboumrad alerta que el triunfo de Morena podría retraer la inversión privada y provocar recesión. En la otra, de BBVA, Juan Ruiz nos habla desde Madrid de los “riesgos” mexicanos: elecciones y TLC. En cuanto a la contienda, este economista bancario dice que le preocupa “en términos de crecimiento potencial” la suerte de la reforma energética”, es decir, “la liberación del sector y las subastas de los campos petrolíferos”.

En 1982-1983, en que no hubo cambio de partido en el gobierno, vivimos una crisis profunda. En 1994-1996 se produjo otra fuerte recesión bajo el mismo esquema PRI-PRI, cuando Ernesto Zedillo sustituyó a Carlos Salinas. El país vivió entonces una caída brutal de la economía que, además, le costó, sólo por concepto de rescate de la banca (Fobaproa), 100 mil millones de dólares, de los que todavía se debe la mayor parte y se pagan los intereses por la vía del Presupuesto. Hubo inflación escandalosa, marcada disminución de los salarios reales, quiebra de numerosas empresas y monstruosas tasas de interés activas.

En relación con las inversiones petroleras, habría que decir que la participación de capitales extranjeros no está del todo definida y que no se sabe de qué tamaño será durante el presente año. Lo que sí se sabe es que, desafortunadamente, el Estado se ha replegado en este sector y, por tanto, la economía sufre.

La disminución del crecimiento anual de la inversión extranjera es consecuencia de tendencias recesivas. Por tanto, la participación foránea en las industrias de energía no va a sustituir la baja de reinversiones de empresas trasnacionales en México. Lo que ha salvado la situación, hasta cierto punto, son los posibles aumentos en las exportaciones manufactureras hacia Estados Unidos.

El incremento de la deuda no pudo ser atemperado con las subidas de la recaudación porque el gasto político y otros despilfarros del gobierno han alcanzado niveles inmanejables para cualquier administración responsable y porque el crecimiento esperado de la economía no llegó jamás. Ahora ya tenemos superávit primario, el cual es recesivo.

La inflación aumentó en 2017 por culpa del gobierno (Peña-Videgaray-Meade). Con la idea de que es preciso cobrar impuesto porcentual (IVA) más impuesto de tasa flexible (IEPS) a las gasolinas y que debe subir el precio del gas doméstico, debido a la depreciación del peso y el aumento del petróleo, se ha impactado severamente una economía que a duras penas venía amortiguando diversos eventos desfavorables. Todo, para satisfacer el dogma neoliberal de que el Estado tiene que forzar la concurrencia energética aunque ésta implique el mayor costo y se entreguen riquezas nacionales. Ahora, en estos días, cuando bajan el dólar y la cotización del crudo, los precios de las gasolinas y el gas no disminuyen o siguen creciendo.

El salario mínimo para 2017 aumentó más que otros años pero la inflación se duplicó, de tal manera que el deterioro salarial no se detuvo. Lo mismo puede decirse respecto de los salarios contractuales fijados a través del macabro sistema político de topes. José Antonio Meade, según ha dicho, no quiere control de precios en ninguna mercancía, excepto en esa especial mercancía que es la fuerza de trabajo y cuyo precio es el salario. Eso se llama desvergüenza.

Seguir deprimiendo el mercado interno es el camino de la continuidad desastrosa en la que ha vivido el país durante 30 años. ¿Esa es la política que se quiere conservar para lograr una estabilidad que “promueva” la inversión? Sí, es esa misma.

Es falso que el gobierno mexicano se encuentre preparado si Donald Trump decide iniciar un proceso de denuncia del TLCAN. Ningún gobierno podría prepararse para eso en un año. Pero menos cuando Peña y demás gobernantes se dedican a decir que las cosas pueden ir bien. No, no irán bien de ninguna manera. Si hubiera un acuerdo, de todas formas se erosionaría el superávit comercial mexicano con Estados Unidos. Además, ¿quién ha dicho que lo mejor para un país es tener un abultado superávit comercial? El problema de México consiste en que es demasiado deficitario con el resto del mundo.

El país tampoco está preparado para una corrida financiera si acaso ésta se produjera como consecuencia de la existencia de inmensos capitales que anidan en el mercado mexicano de capital-dinero. Y no lo está (ni siquiera con el compromiso de solvencia del FMI) porque el grado de volatilidad es demasiado costoso: el sistema de financiamiento del país se encuentra en crisis. Eso es lo que no se quiere reconocer porque no se desea cambiar nada.

El sistema de pensiones basado en las Afores ya tronó, absolutamente. La pensión casi nunca será superior al 30% del último salario y la mayoría no alcanzará ni el salario mínimo: tendrá que haber subsidio público. Sin embargo, el gobierno calla para defender al más canallesco negocio financiero, establecido por ley, pero no social, sino neoliberal. Dentro de tres años vendrá la explosión.

Que le pregunten a Peña, Videgaray o Meade, qué modificaciones deben hacerse a la política económica, luego de lo cual los verán respondiendo con evasivas o, de plano, cambiando de tema.

Mas los funcionarios de las empresas financieras no le preguntan nada al gobierno. Están felices con la actual política. Tienen las mayores tasas de ganancia en el escenario internacional. Es de entenderse que si nadie gana tanto como ellos, quieren que nada cambie.

El problema, sin embargo, es saber si la gente común y corriente desea cambios para buscar otros senderos. Por lo pronto, hay que rechazar los espantajos.

¡Ahí vienen los rusos!

 

Hace una semana (12.01.18) escribíamos sobre la guerra sucia electoral que está emprendiendo el gobierno con el propósito de ubicar a José Antonio Meade en lo alto de la contienda. Pero no calculábamos que, al caer en lo ridículo, sólo se nos muestra el alto grado de nerviosismo existente en el cenáculo político más elevado del país: Los Pinos.

Esto se revela con la reciente afirmación del oscuro personaje, varias veces transexenio y transpartido, que ha tomado el micrófono en el cuartel del aspirante priista: Javier Lozano.

La vieja frase “¡Ahí vienen los rusos!” está de regreso mediante las exclamaciones con las cuales se ha inaugurado la nueva vocería de prensa de Meade-Nuño-Videgaray. Es un concepto de la guerra fría que ha sido puesto en el escenario a propósito de las revelaciones de la CIA sobre intervenciones rusas a través de Internet y con el incesante activismo político de la prensa que mueve el Kremlin.

El rumor sobre el interés que pudiera tener la gente de Vladimir Putin en las próximas elecciones mexicanas ha llegado de un diario estadunidense pero no se han presentado indicios concretos. El gobierno mexicano, oficialmente, no podría hablar del punto sin presentar protesta documentada por vía diplomática a Rusia, por lo cual no tenemos ningún elemento.

Sin embargo, el vocero de Meade se toma la libertad de señalar a López Obrador y, haciéndose el chistoso, le llama Manuelovich, como supuesta demostración de las conexiones del líder de Morena con Moscú, para ver la posibilidad de contagiar con el ridículo apodo a algunos medios de comunicación afectos al oficialismo militante. Además, Lozano habla del modus operandi de los rusos, como si él conociera algo del tema.

Lo peor del lance de la casa de campaña del aspirante priista es que lo dicho por Lozano es responsabilidad de Meade en persona, por lo que lleva las miradas hacia él. El candidato del oficialismo tendrá que compartir la burla general de la peregrina afirmación sobre los rusos en las elecciones mexicanas.

Así, Meade no tiene ahora sólo uno sino dos brabucones de barrio. No fue suficiente Ochoa Reza, confeso beneficiario de numerosas concesiones de taxis y arrendador de los mismos, sino que ahora acude a otro golpeador, quizá peor por su larga experiencia en el oficio.

El grado de desesperación generada por una candidatura que no prende en el ánimo popular, podría ir mucho más lejos que las ridiculeces sobre la amenaza rusa. Podríamos tener pronto, a cargo de Lozano, cualquier acusación de robo, fraude, asalto, violación sexual o lo que fuera, para alimentar desconfianzas sobre López Obrador. Podríamos tener falsos testigos en los medios de comunicación para sostener calumnias, aunque los dichos fueran groseramente insostenibles.

La sola presencia de Javier Lozano como vocero ensucia la actuación de José Antonio Meade, pero el problema mayor es que a éste no le importa, pues, al parecer, aprecia los servicios de un individuo carente de todo principio ético, con tal de elevar su propia capacidad de calumnia (se le dice debate) frente a López Obrador.

Como es fácil entender, por desgracia el problema no es sólo del PRI sino de las condiciones en las que se desenvuelve la lucha política en el país.

A partir del incidente de Lozano sobre el tema de los rusos, los medios de comunicación, en la medida de lo posible, deberían asumir una actitud de prevención al lector u oyente sobre toda calumnia o afirmación inicua y sin elementos de prueba que lance el nuevo vocero de Meade contra otros candidatos, con exclusión de los inevitables insultos personales, los cuales suelen caer por sí solos.

Esa actitud sería un aporte efectivo al mejoramiento del clima político en medio de una campaña electoral, cuyo desenlace de seguro dejará una impronta que no podrá ser soslayada.