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Krauze, el absolutismo político y la mayoría

México tuvo una especie de absolutismo político en tanto que el Estado era un partido y todo el sistema electoral estaba en manos del Ejecutivo. Ninguna libertad podía ejercerse a cabalidad. Así también, el poder judicial carecía casi por completo de certeza y legalidad. El presidencialismo era despótico al grado de usar la violencia como método de gobierno. Y, por si todo eso fuera poco, la prensa estaba amenazada y comprada.

¿México puede volver a tal situación? Si se trata de tomar parte en la contienda electoral, se puede decir que sí, siempre que le convenga a un candidato. Pero si se quisiera analizar con honradez intelectual la realidad de México, sería imposible sustentar la tesis del inminente peligro de volver a ese absolutismo político.

Enrique Krauze se ha lanzado a la lucha electoral con la novedosa tesis de que con una mayoría legislativa de Morena o de la coalición electoral que encabeza Andrés Manuel López Obrador se podría regresar a México a aquel absolutismo. Por tanto, el conocido biógrafo de personajes históricos convoca a los probables votantes de AMLO a sufragar a favor de otro partido en las boletas de diputados y senadores. Equilibrio, implora.

Esa preocupación es nueva para Krauze, quien ni siquiera criticó el burdo fraude del año 2015, consumado en la mesa del Consejo General del INE y confirmado en el TEPJF, para dotar a Peña Nieto de la actual mayoría de la que ha gozado en la Cámara de Diputados.

Enrique Krauze publicó en 1984 su ensayo sobre la democracia (Vuelta, num. 86), en el cual recomendaba un sistema bipartidista, como el establecido en Inglaterra a partir de las reformas políticas de fines del siglo XVIII y las de 1832, cuando no había sufragio universal. Aquellos eran dos partidos que representaban a las clases propietarias, pues los trabajadores aún carecían del derecho a votar. Esa era la democracia en la que se inspiraba Krauze para sugerir el bipartidismo en México, con el fin de superar la corrupción, como se intentó en Inglaterra, mediante un sistema de vigilancia entre dos partidos competitivos pero que en el fondo eran lo mismo.

A Krauze no le importaba en absoluto que un partido tuviera el Ejecutivo y el Legislativo al mismo tiempo porque su plan para México, el bipartidismo, funciona con la mayor frecuencia dentro de un control de ambos poderes por la misma formación política.

El esquema bipartidista no tuvo éxito en el país porque se presentó la crisis de 1988 que llevó a la izquierda, con Cuahutémoc Cárdenas, al surgimiento de un amplio partido que planteaba remover al Estado unipartidista. El absolutismo político mexicano fue declinando paulatinamente a pesar de la presidencia de Carlos Salinas, quien intensificó la represión y la corrupción respecto del sexenio anterior. Los fraudes ya no se hacían contra el PAN sino sólo contra el entonces nuevo partido, el PRD.

Sobre el tema de la corrupción, que en 1984 le preocupaba a Krauze, no se produjeron cambios cuando el PAN se hizo cargo del gobierno federal y de varios otros de carácter local a partir del año 2000 y hasta el 2012.

El sistema bipartidista no ha sido admitido por la ciudadanía mexicana ni era solución al Estado corrupto. El problema consiste en que en México la corrupción es parte de la forma de gobernar. El aparato público opera bajo normas no escritas (a veces también escritas) de la corrupción, la cual no es sólo la disposición de fondos públicos de parte de funcionarios sino principalmente el uso de las instituciones para llevar a cabo toda clase de actos ilícitos e, incluso, lícitos, que benefician a los operadores de las funciones estatales y a integrantes o amigos de la oligarquía que López Obrador denomina “la mafia del poder”.

Es imposible combatir la corrupción cuando el presidente de la República gobierna bajo los usos de un Estado corrupto. Vicente Fox, por ejemplo, llegó a la Presidencia siendo denunciado por ilícitos electorales, los cuales fueron sancionados con multa administrativa por el IFE, pero la PGR declaró que no hubo delito alguno, luego, claro, de rehusar que se nombrara un fiscal independiente, como suele ocurrir en muchos países cuando el presidente puede ser inculpado.

Si Morena no llegara a tener una mayoría legislativa sería difícil y complicado tomar las decisiones que condujeran al establecimiento en México del Estado de derecho. Los partidos que han demostrado ser funcionales al Estado corrupto pondrían toda clase de obstáculos a los decretos que se trataran de expedir.

Quisiera poner un solo ejemplo. El “departamento de regalos” (como yo le llamo) es un mecanismo que consiste en crear cada año una bolsa de dinero no contemplado en el proyecto del Ejecutivo, con el fin de hacer asignaciones en la Cámara. Sin programas ni políticas públicas, se reparten fondos por parte de los diputados, a pedido de otros políticos e, incluso, asociaciones civiles. Así se obtienen los “moches”, cuando el creador de la partida pasa a cobrarle al beneficiario un diezmo sobre lo otorgado. Suelen repartirse así muchos miles de millones.

La corrupción es parte del sistema de gobierno, de los métodos de gobernar, de la forma de ser del aparato público, de la creación de fortunas personales, de la manera en que cualquier persona supera un obstáculo en la órbita del Estado. La mayoría legislativa es necesaria para acometer contra la corrupción, ciertamente existente en todos los Estados del mundo, pero que México es diferente: aquí, el Estado es corrupto.

Se entiende que Enrique Krauze conozca el tráfico de influencias y el dispendio presupuestal, pero no parece que le preocupe demasiado, como en 1984, el tema de la corrupción. El PRIAN, del cual él mismo es uno de sus ideólogos más conspicuos, es un genuino producto de esa corrupción estatal.

La existencia de una mayoría legislativa no podría conformar, por sí misma, un absolutismo político. El sistema parlamentario funciona generalmente con mayoría, ya sea con uno o varios partidos, pero nadie habla de un regreso al absolutismo, término, por cierto, que viene del Estado monárquico en el que no había libertades ni elecciones.

Si ante la falta de una mayoría en el Congreso, el PRIAN, aderezado como ya está con los tránsfugas de la izquierda, se propusiera bloquear sistemáticamente las iniciativas del partido emergente, el Congreso se paralizaría en un alto grado. En un esquema así, se podría orillar al uso recurrente de las facultades presidenciales que confieren las leyes, en lugar de ubicar las reformas en el plano de la discusión pública y el debate parlamentario. ¿Es eso lo que se busca como contexto para atacar por sistema al nuevo presidente de la República?

Toda la campaña sucia contra Andrés Manuel se ha basado en infundios tendientes a generar desconfianza y miedo. Ante la expectativa de una gran votación en su favor, se recurre ahora a tratar de meter otro miedo, el cual ya no es sólo el del nuevo presidente, sino el de que éste cuente con mayoría en el Congreso. Lo lógico, en todas partes, es que cuando existe una mayoría ciudadana, ésta asume el poder Ejecutivo y el Legislativo, que son justamente los de elección popular. No hay motivo válido alguno para pedir la disgregación de la mayoría política que se ha venido conformando en el país. Pero, ¿quiénes buscan hoy que esa mayoría se divida por miedo de sí misma? Son los integrantes del PRIAN que se resisten al desmoronamiento de su sistema político. Enrique Krauze no es sólo un ideólogo de esa amalgama de poder sino es también uno de sus matraqueros.

El fracaso del frente panista

Entre el 17 de octubre y el 17 de noviembre de 2017, el frente integrado por el PAN con otros dos partidos pasó de 35 al 25% en el promedio de mediciones demoscópicas. Ese fue el efecto Ricardo Anaya, pues corresponde al momento de la formalización política de su candidatura, luego de la renuncia al partido de Margarita Zavala. No es verdad que los posteriores señalamientos penales en contra de Anaya le hayan restado porcentaje. La baja de diez puntos es atribuible al candidato. El PAN debió cambiarlo a fines de noviembre para tratar de recuperar algunos votos. Había tiempo, pues la convocatoria iba a ser expedida hasta el 21 de diciembre.

El hundimiento del proyecto de hacer un “frente ciudadano”, aunque que en realidad era sólo de tres partidos, no fue causado por el simple hecho de hacer una alianza sino por sus insostenibles bases constitutivas. El encuentro histórico de la derecha con la izquierda no se pudo acreditar porque no lo era, ya que, desde antes, el PRD había dado la espalda a la corriente política nacional y popular de la cual surgió. La alianza de la dirección perredista con el PAN era un medio de confirmar la traición, no tanto por hacer un frente, sino porque el candidato era justamente el presidente del viejo partido de la derecha.

El frente construido por el PAN se ubicó en algo así como un vacío político, el cual quiso ser llenado con la propuesta izquierdista de renta ciudadana universal, presentada por Ricardo Anaya en el momento de lanzarse como (pre) candidato. Acción Nacional no podía respaldar esa idea ni tampoco era realizable, al menos en el corto plazo, porque costaría casi la mitad del presupuesto federal.

Anaya se mostró como un neoliberal sin escrúpulos, capaz de presentar la idea más atractiva para combatir la pobreza, pero sin la menor congruencia con la política de su partido ni con sus propias convicciones. La renta universal era, entonces, tan solo un operativo para ganar una elección y, luego, incumplir la promesa por inviable.

El candidato del PAN hacía de tal forma un juego de audacia que en realidad era escandaloso en un doble sentido. En su propio bando, la promesa de renta ciudadana generó rechazo por “populista” y, en todos los otros, hubo mutismo por ser simplemente demagógica. Él mismo la dejó caer. Nadie la recogió en el debate político nacional. El tema, sin embargo, es de gran importancia pero Anaya lo ha pervertido al utilizarlo en forma inescrupulosa y soez. Eso suele ocurrir con los proyectos de izquierda apropiados por la derecha: todo se torna en lacerante mentira.

El gobierno de coalición fue otro instrumento de la audacia del frente creado por el PAN. Ante un presidencialismo despótico en declive pero subsistente bajo su forma corrupta, Acción Nacional adoptó la idea de pactar una futura coalición de gobierno. El PAN y el PRD han ganado juntos varias gubernaturas pero en ninguna de ellas existe algo así, sino que el gobernador quita, pone y repone a su gusto y es el jefe único.

Un gobierno de coalición de carácter legal, como el que se plantea, requiere, antes que nada, la conformación de un colegiado con facultades constitucionales, pero eso es justamente lo que no propone el frente creado por el PAN. Se quiere engañar a partir de una figura introducida recientemente en la Constitución, llamada “gobierno de coalición”, pero que depende por completo de la decisión personal del presidente. O sea, no es lo que dice ser.

El frente panista abrazó la tesis de que los liderazgos políticos se pueden improvisar. En esto existe un paralelismo con la postulación de José Antonio Meade, presentado como candidato “ciudadano” postulado, contradictoriamente, por el presidente de la República. En el PAN fabricaron la invendible mercancía de que el frente sería “ciudadano” y, el líder, un personaje sin pasado, aunque, en verdad, con trayectoria tormentosa. La postulación de Anaya fue también ocasión para consumar un rompimiento, largamente incubado en el PAN, para dejar fuera a Felipe Calderón, mediante el uso de una aplanadora mayoría en los órganos de dirección panista. Pero el monto de lo que se rompe arriba suele ser menor que lo quebrado abajo. Esa es la historia de la candidatura malograda de Margarita Zavala y de todo lo que fue dejando el panismo en el camino.

El PAN tiene un competidor que se llama José Antonio Meade. El espacio de la derecha lo ocupan en empate dos partidos, Acción Nacional y el PRI. Por reveladora coincidencia, los candidatos de ambos partidos están haciendo promesas en materia de redistribución del ingreso, principalmente por cuenta de los fondos públicos. El “populismo” defenestrado por la derecha política es retomado sin explicación alguna por los candidatos Anaya y Meade. Eso les hace aun menos creíbles. ¿Por qué nada de eso propusieron antes?

La idea de convocar al “voto útil” para derrotar a López Obrador hubiera tenido que partir de un rechazo mayoritario hacia el líder de Morena, pero las encuestas registran más repudios contra los candidatos del PRI y del PAN. El “voto útil” se hizo inoperante por falta de utilidad.

Según los demoscópicos, más de la tercera parte de quienes se consideran a sí mismos perredistas manifiestan su intensión de votar por AMLO mientras que otro tercio se encuentra entre quienes no manifiestan preferencia alguna. El frente es un fracaso también desde el punto de vista cuantitativo, es decir, en su elemental propósito de sumar votos. El asunto se agrava cuando Meade se nutre de la décima parte del voto duro tradicional panista y pretende sacar más mediante la campaña contra Anaya por los negocios oscuros que se le atribuyen. “Aquí eres el único indiciado, Ricardo”, le ha dicho el priista en el reciente debate, aunque ya antes lo había tildado de traidor, sin precisar causa ni gobierno traicionado.

Es verdad que el PAN, con otro candidato y sin incómodas alianzas, no hubiera sido tampoco una fuerza con perspectiva de triunfo en la elección presidencial, debido a que no es opción alternativa frente al sistema actual de gobierno, pero, al menos, no estaría en la complicada situación de integrar una coalición anómala, inconsistente e inexplicada, la cual le divide, desdibuja y desarregla en el espectro político nacional.

La idea de Anaya de presentarse como el mejor y más seguro relevo del gobierno actual siempre fue una vana ilusión porque el PAN operó casi siempre como segmento del PRIAN durante el mandato de Peña Nieto. Se podría decir que las políticas de Vicente Fox y de Felipe Calderón fueron aproximadas reproducciones de la tradición priista y del Estado corrupto mexicano. Nada mejoró en el país y algunas cosas empeoraron. El contraste nunca existió o jamás fue percibido, lo que equivale a seguir en lo mismo. El PAN desperdició miserablemente sus dos oportunidades.

Ante su propio fracaso, el último recurso del frente panista ha sido el de denunciar un pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador. Pero tal sensacional revelación se hace luego de buscar con desesperación e infructuosamente la declinación de Meade en favor de Anaya. Este giro tiene dos componentes: por un lado, es la tesis del PRD de que AMLO quiere restaurar el priismo, con la cual busca justificar su inocultable traición a la izquierda popular mexicana; por el otro lado, es una prematura explicación de la derrota electoral de Acción Nacional.

De ese frente creado con grandes ilusiones por el PAN no quedará más que amargura. Ese partido tendrá que ajustar filas internas, pero volverá a su estado de partido de derecha tradicional, neoliberal, sin duda, lo cual le moderniza pero no tanto. Podrán los panistas digerir la audaz aventura de haberse presentado como lo que no son, pero su líder actual y candidato tendrá que morder el polvo de la derrota.

Lo que mueve es la búsqueda del cambio

Llama la atención lo encerrado que suelen ser los actos políticos de los candidatos del PRI y del PAN. A ambos les falta una amplia convocatoria y, sobre todo, una respuesta ciudadana.

Esto contrasta con lo anchuroso y popular de los actos de Andrés Manuel López Obrador. Mas este fenómeno no se debe sólo al carisma personal del candidato de Morena sino principalmente al predominio de la idea del cambio y el entusiasmo que provoca.

Uno de los principales factores de la coyuntura consiste en el fracaso del gobierno de Peña Nieto en los aspectos más relevantes de la función pública: combate a la corrupción, seguridad pública, crecimiento económico, redistribución del ingreso, educación superior, entre otros. Las encuestas arrojan un porcentaje máximo de simpatía por el actual gobierno cifrado en el 20%.

En cuanto al viejo PAN, sus fracasos en los dos sexenios de su Presidencia han llevado a muchos electores a una suspicacia basada en la decepción. La corrupción no fue combatida por los gobiernos panistas, sino que ese partido se hizo funcional al Estado corrupto. Además, bajo el PAN se mantuvo el estancamiento económico y aumentó la pobreza. La crisis de violencia en el país se inició justamente en la presidencia de Felipe Calderón.

Los resultados concretos de los dos viejos partidos de México, PRI y PAN, han sido lamentables. Las inmensas tareas nacionales nunca fueron encaminadas porque ni siquiera han sido definidas como tales. En realidad, hace muchas décadas que no se sabe en México hacia dónde se supone que es deseable avanzar. El neoliberalismo en México carece de propósitos generales pues sólo tiene objetivos muy concretos: es mediocre y rudimentariamente utilitario.

López Obrador tiene una base popular que le ha servido de plataforma para convertirse, en el lapso de 12 meses, en la opción del cambio. Los otros dos candidatos carecen de una elemental credibilidad porque están vinculados al Estado corrupto.

Lo que AMLO ofrece es desarticular la forma de gobierno basada en la corrupción, la cual es característica de México. El Estado social que se promueve desde la izquierda mexicana sería un fracaso si no fuera posible superar ese sistema de gobierno. En otras palabras, es evidente que la ausencia del Estado de derecho impide cualquier programa de reformas. La peculiaridad aquí radica en que el neoliberalismo llegó a México aprovechando la corrupción preexistente y la proyectó a mayores niveles. Sin embargo, no pocos neoliberales critican la situación mexicana al respecto, incluyendo empresas extranjeras que operan en el país.

La reorientación del gasto público y el desarrollo de nuevas políticas sociales de amplio espectro tendrían agarradera en una nueva forma de control del presupuesto, no sólo para evitar el robo del erario sino también el derroche que se realiza como parte de la actividad política permanente de los gobernantes.

Morena requiere de una mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar un presupuesto con objetivos sociales bien definidos y sin gastos innecesarios. No se trata sólo de reducir los sueldos de los altos mandos sino también de bajar los gastos de operación de todo el sector público.

Además, se requiere clausurar el departamento de regalos que existe en San Lázaro. Cada año, algunos diputados o líderes incluyen erogaciones que carecen de base en políticas públicas y, por tanto, son peticiones o promociones aisladas de carácter local. Quienes logran la aprobación directa y especial de ese tipo de gastos recogen luego el “moche”, es decir, la recompensa por haber logrado “bajar el recurso”. Ese departamento de regalos, el cual suele contener decenas de millones, es uno de los elementos del sistema de corrupción, por lo que es indispensable clausurarlo con sellos de acero.

El tema de la delincuencia organizada está sin duda vinculado con el de la corrupción. Si los cuerpos de seguridad, el Ministerio Público y la judicatura siguieran vinculados a prácticas corruptas, sería imposible contar con una política articulada. El llamado “sistema” en esa materia es algo enteramente formalista, tal como ocurre con el otro “sistema” llamado anticorrupción.

Se ha criticado con ahínco el planteamiento de AMLO de que si el presidente de la República combate la corrupción, lo tendrían que hacer también los gobernadores y los ediles. Se dice, como réplica, que no pueden existir “soluciones mágicas”. Pues bien, magia o no, lo que es completamente seguro es que si el presidente forma parte del sistema institucional de corrupción, es imposible combatirla. En tal escenario hemos vivido en México. El cambio tiene por fuerza que partir del Poder Ejecutivo, es decir, de una presidencia de la República que tenga liderazgo político y popular capaz de abrir la lucha por un cambio en la forma de gobernar el país. Para ello se requiere estar afuera y en contra del Estado corrupto.

El otro gran punto sobre la gobernanza es el de los nuevos derechos políticos de los ciudadanos: proponer, impugnar, decidir, revocar deben ser incorporados a la cotidianeidad. Hoy, la ciudadanía es convocada cada tres años a elegir y, después, los gobernantes no le vuelven a dar ni los buenos días.

Por ello, el cambio consiste también en construir una nueva ciudadanía. Como ha dicho AMLO: “el pueblo pone y el pueblo quita.”

A los falsos demócratas todo esto les da escozor. Es evidente que ellos no están en absoluto en favor del cambio que ya se anuncia, por lo que no pueden ser opción vencedora.

Meade se hundió en su propia canallada

La directa acusación de José Antonio Meade contra Nestora Salgado en el debate de Tijuana propagó una opinión que lesiona derechos de esta persona. Ella no está sometida a juicio, ni mucho menos ha sido declarada culpable. La libertad de difusión de opiniones establecida en el artículo 7º de la Constitución no otorga cobertura al atrevimiento del candidato priista.

El propósito indirecto de Meade ha sido señalar a López Obrador como responsable de la candidatura de Nestora Salgado, la cual ya fue “penalmente condenada” por el aspirante priista. Esta atrocidad, aun al calor del debate político, no merece respuesta porque el problema no está en la libertad de los partidos, sino en que un adversario pretenda prohibir la postulación de candidatos o candidatas de otras organizaciones que, en su opinión personal, forman parte de la delincuencia.

La explicación posterior de Meade es que él defiende a las víctimas, pero no ha dicho con base en qué se ha atrevido a llevarle la contraria públicamente a dos jueces penales. En realidad, el papel que Meade leyó en el debate es la transcripción de un párrafo de la declaración de una denunciante y testigo, la cual fue desestimada en el juicio, pero que Meade da por verdad.

Como es natural, el punto no puede versar sobre los concluidos procesos penales contra Nestora Salgado, por más que el fiscal haya apelado las sentencias, sino acerca de la utilización de una amplia plataforma de comunicación social para dar por culpable de un delito grave a una candidata.

La calumnia contra las personas está prohibida en la propaganda que difundan los partidos y los candidatos, según reza el apartado C del artículo 42 de la Constitución. Aunque la calumnia se emitió en un debate, éste no deja de ser propaganda electoral. En consecuencia y dado que el encuentro fue organizado y difundido por el Instituto Nacional Electoral, aun sin queja, esta autoridad debió abrir un expediente para calificar la conducta de Meade y proceder de acuerdo con la ley. Sin embargo, lo que tenemos es mutismo institucional. Por fortuna, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dicho con energía que sólo los jueces sentencian.

No hay duda que atacar a Nestora Salgado ha tenido el propósito de comprometer al candidato Andrés Manuel López Obrador, presentarlo como alguien que arropa delincuentes. Mas la arrogancia de José Antonio Meade consiste en ubicarse a sí mismo como fiscal y juez. Hasta hace poco se le había tenido sólo como un tecnoburócrata de carrera, nunca ha sido elegido para ningún cargo, pero su candidatura le ha transformado. Tenemos a un Meade que pronuncia sentencia condenatoria sobre un asunto que, además, con seguridad conoce superficialmente.

No hace falta imputar y condenar a alguien para discrepar de las propuestas de López Obrador sobre el tema de la delincuencia. En el primer debate, el mismo Meade acusó a AMLO de pasarse al “lado de los malos”. La discusión es fuerte e, incluso, los insultos han menudeado. Mas la calumnia contra una persona ausente, que no puede responder en un esquema de comunicación donde los emisores no son responsables y, por tanto, no hay derecho de réplica, es una canallada, en la que su autor, José Antonio Meade, se ha hundido por sí mismo.

Se cayeron afanosos esfuerzos del priista por presentarse como una persona decente.

El mismo debate

El debate de Tijuana parece una segunda versión del primero, significado por ataques programados. El ambiente político mexicano se caracteriza ahora por un candidato que se perfila hacia la Presidencia como puntero en todas las encuestas y dos candidatos (PAN y PRI) que no han encontrado la forma de generar una base de confianza que les permita entrar con fuerza en la competencia.

La democracia mexicana es limitadamente competencial. La gente vota cada tres años y no vuelve a intervenir en las decisiones. A través de esa única ventana que tiene la ciudadanía se proyectan los rechazos, hartazgos, temores y perjuicios que se van acumulando.

Lo que tenemos es un gobierno fracasado. La economía no despuntó y el producto por habitante sigue estancado. No se atendió el rezago educativo mientras la atención médica sigue siendo extremadamente desigual. México es un país de inmensas desigualdades sociales en el que, al fin de cuentas, prevalece la pobreza, pero vive dos crisis paralelas: corrupción y violencia.

Se pensó presentar al candidato José Antonio Meade como un ciudadano con el apoyo del PRI, pero esa maniobra se cayó desde el primer acto de precampaña: “háganme suyo”, les dijo a los priistas. Es por ello que el tecnoburócrata no conmueve a nadie y sigue en actos políticos intramuros. En el debate, sus propuestas se caen solas porque no se entiende cuál es el plan general.

José Antonio Meade fue orillado a defender la invitación a Donald Trump, que hicieron Videragaray y Peña Nieto cuando aquel era candidato. Su respuesta fue que se creía que el republicano no alcanzaría la Presidencia de EU. Pero ahí rodó él mismo y sus amigos. Si el multimillonario no iba a llegar, razón de más para abstenerse de invitarle a un diálogo directo y protocolar con el presidente mexicano. Meade exageró su afiliación gubernamental, peñista, y se hundió aún más.

Desde la oposición derechista tradicional no hay tampoco un programa social ni democrático. En esta oportunidad, Ricardo Anaya quiso presentarse como muy patriota y elaboró una artificial posición radical frente al gobierno de Trump. La réplica fue inmediata pero estuvo a cargo de uno de los conductores, León Krauze, quien lo puso contra las cuerdas cuando le dijo que sus propuestas llevarían a romper líneas de colaboración binacional, lo cual generaría nuevos y graves enfrentamientos con Estados Unidos. Anaya ya no lo podía echarse atrás pero tampoco supo explicar el alcance de su balandronada.

Ricardo Anaya tuvo otro traspié con su propuesta de exentar de impuesto sobre la renta a los ingresos mayores de 10 mil pesos al mes. Eso implicaría hacer un descuento de esa misma cantidad a la base grabable de todos los demás contribuyentes, incluso los más ricos. La solución al problema fiscal de los ingresos medios consiste, como lo ha planteado Morena, en reducir las tasas impositivas, lo cual no generaría subsidio alguno a los altos ingresos. Nadie rebatió al panista, quizá a la espera de que su propuesta corra la misma suerte de aquella “renta ciudadana universal” que murió de inanición.

El fuerte de López Obrador no es el debate porque no maneja un ritmo oratorio para explicar detalles en breve lapso, tal como se suele requerir en una discusión con tiempo medido. Por ello, el opositor se limitó a insistir en propuestas de un gran cambio.

Sin embargo, AMLO hizo un planteamiento nuevo sobre la crisis migratoria centroamericana, la cual afecta a México y Estados Unidos. Descartó que México deba ser policía de Washington, pero Propuso un plan social conjunto y, para ello, rememoró La Alianza para el Progreso de los años sesenta del siglo pasado. El planteamiento es nuevo aunque la referencia es pésima porque aquel plan de John F. Kennedy se hizo en el marco de la guerra fría, la cual, además, ya no existe.

No obstante, hay que reconocer que si pudiera haber una solución pronta a esa crisis migratoria tendría que pasar por un plan de política económica y social entre México y Estados Unidos hacia los tres países centroamericanos que viven esa situación. Al menos, eso sería un intento de abandonar la política de persecución y mal trato de migrantes que hoy observamos.

El debate de Tijuana fue para PRI y PAN una extensión de la guerra sucia que llevan a cabo contra López Obrador. Esta situación obra a favor de intercambios poco claros y estériles. Es evidente, como se ha señalado, que el nivel no es alto porque tampoco lo son las campañas. Los insultos, nada novedosos en México, no son tampoco para escandalizarse, aunque no son del nivel político que muchos desearían.

Quizá lo más feo es que los candidatos del PRI y el PAN se siguen disputando el privilegio de ser quien ocupe el segundo lugar y se presente como alternativa única frente a López Obrador. Eso les lleva a atacarse mutuamente pero, sobre todo, a competir en el campo de la guerra sucia, para ver quién de los dos ataca con mayor tino al líder de Morena.

El tercer debate será, probablemente, una repetición del anterior y del anterior. Sin embargo, la situación política de México es de lo más interesante: hay un torrente popular que quiere el cambio inmediato, dejar atrás décadas de gobiernos fracasados y dañosos. Ese torrente se ha convertido en una fuerza mayoritaria. En hora buena, sí, sonríe.

2opciones2

Desde antes del inicio de las campañas electorales, el país percibía la existencia de dos opciones políticas básicas: el neoliberalismo y el programa social. Ya iniciada formalmente la lucha electoral, eso es lo que se ha confirmado.

Por más que la alianza del PAN con el PRD se haya querido presentar como un neoliberalismo blando con algunas concesiones a la izquierda, lo cierto es que Ricardo Anaya ha fracasado en su intento de articular un programa social. Su propuesta de renta ciudadana universal, ideada para “rebasar” a AMLO, se ha desbarrancado ante su inconsistencia fiscal y las críticas del panismo. Sobre el mentado “gobierno de coalición”, Anaya ya ha admitido que él lo nombrará pero no en este momento. ¿Dónde quedaría la coalición?

Por su lado, José Antonio Meade reelabora puntos de López Obrador y formula propuestas que resultan deslavadas y extemporáneas. Por más que pretende hacer concesiones al programa social, el candidato priista genera hilaridad. Si AMLO plantea becas a todos los estudiantes del bachillerato (becarios sí, sicarios no), Meade las limita en cuantía y cobertura sólo a los jóvenes de familias de Progresa, una minoría en el país. Mucho menos ha dicho que debe haber un sistema universal de becas en la enseñanza universitaria. El candidato priista promete lograr el 60% de matricula en educación media superior, pero la Constitución marca a ésta como obligatoria, es decir, ya está prescrito en ley suprema llegar al 100%. La pensión de adultos mayores es ofrecida por el priista sólo dentro del programa de Sedesol, que comprende una minoría y es una copia mal hecha de la pensión universal de la CDMX, creada por AMLO. En todo tema social, Meade sigue extraviado. De las libertades y derechos, nada. ¡Qué desastre!

El neoliberalismo no es una ideología. Es un programa político tendiente a enterrar al Estado democrático y social, el cual se considera perjudicial para la libre empresa privada, la ganancia desregulada y el proceso de concentración y centralización de ingreso y riqueza. No sólo cuestiona el objeto y cuantía del gasto social sino también repudia la regulación estatal sobre las estructuras empresariales y los llamados mercados. Es la dictadura del dinero, cuyo estado mayor tiene sus sedes en las grandes bolsas de valores e instituciones circundantes.

Como en todo proceso político, el neoliberalismo no ha conquistado una victoria aplastante, así como el Estado social tampoco ha desaparecido por completo. La lucha entre esas dos tendencias sigue su curso ante la ausencia, por lo pronto, de una tercera opción.

En algunos países, como México, las recetas neoliberales se han suministrado con cierta lentitud pero cada seis años aumenta la dosis. Se ha llegado a privatizar yacimientos petroleros, lo cual no sólo es un insulto a la conciencia histórica nacional, sino un pésimo negocio para el Estado.

En América Latina hemos visto recientemente algunas sonadas derrotas políticas del Estado social, en especial en Argentina y Brasil. La primera, mediante la competencia electoral y, la segunda, a través de un canallesco golpe de Estado fraguado en el Congreso y la judicatura.

En México, como en ninguna otra parte, no se va a hundir del todo el neoliberalismo, pero puede recibir un fuerte golpe con la derrota de sus representaciones políticas. De los cuatro candidatos que aún siguen en la contienda, tres son claramente neoliberales. Como se nota con la renuncia de Margarita Zavala, existe una presión para que sólo quede uno. Se puede seguir negando la existencia de la mafia del poder, sin embargo, se mueve.

Pero los estrategas neoliberales no toman en cuenta que Ricardo Anaya se presenta como un opositor, mientras José Antonio Meade encarna el continuismo priista aunque lo niegue cada día. En consecuencia, si el oficialista Meade declinara en favor del opositor Anaya, a ojos de cualquiera ninguno de ellos sería lo que ha dicho ser.

Con cuatro, tres o dos candidatos, el esquema de dos opciones seguiría siendo vigente. Pero, con nuevos descartes (Bronco y Meade), el punto sería aún más claro para todos: seguir en lo mismo o abrir un nuevo camino.

Si no hubiera encuestas…

Supongamos por un momento, sólo para efectos del análisis político tradicional, que la publicación de encuestas estuviera prohibida, como ocurre en la víspera de la jornada electoral.

Ahora bien. ¿De qué forma apreciaríamos el pulso electoral? Leeríamos los diarios, escucharíamos la radio, veríamos la TV, escudriñaríamos en las redes sociales, asistiríamos a los mítines, etc.

Los candidatos del PRI y del PAN dicen varias veces al día que van a ganar. AMLO, por su parte, ha dicho que “este arroz ya se coció”. Nada de eso le aporta un solo voto a alguno de ellos, pero tampoco se lo quita, por lo cual pueden seguir con el mismo canto durante los próximos 55 días.

Sin embargo, hay hechos políticos relevantes.

Los actos de José Antonio Meade son intramuros, es decir, en el seno de las organizaciones priistas. Fuera del partido oficial, nadie le apoya, ni siquiera en los lugares donde predomina su propio programa, el neoliberalismo económico. Meade no promete más que sus aspiraciones u ocurrencias. Por ejemplo, ha llegado al extremo de afirmar que las universidades deben convertirse en “centros de negocios”, pero tampoco generó respuesta, nadie le cree.

No hay que olvidar que Meade no era el aspirante con apoyo dentro del PRI, mas no por su falta de afiliación formal –todos conocían su priismo aún cuando había formado parte del gobierno de Calderón–, sino porque carece de experiencia política, por decirlo de una manera menos brusca.

En consecuencia, José Antonio Meade tiene los inconvenientes de ser representante del actual gobierno y carece de las posibles ventajas. Es tan genuino portavoz del dúo Peña-Videgaray que su “jefe de campaña” y eventual sustituto es Aurelio Nuño, hombre de la mayor confianza del presidente de la República. Desde esa plataforma es imposible hoy ser competitivo en el terreno electoral.

Cuando Meade se lanza contra el candidato del PAN (ya redujo ese ataque) y contra AMLO (ya lo aumentó), no obtiene votos en su favor. El aspirante priista parece no darse cuenta de que su votación no podría ser mayor que las ya pocas simpatías que conserva Peña Nieto, de tal suerte que no aumentará su popularidad por más que combata a los otros dos.

Peña y Videgaray se equivocaron, como era de esperarse. Debieron ubicar en la presidencia del PRI a una persona con alguna capacidad crítica que tomara distancia del gobierno, empezara a criticar, exigir, convocar. El reciente cambio es tardío pero tampoco resuelve algo poner a otro disciplinado conservador. El candidato, sin duda, no debió ser del gabinete. Sacarlo de ahí era algo así como un suicidio.

Ricardo Anaya presentó al principio un programa social de “renta universal”, consistente en entregar a cada persona mayor de edad en el país, con o sin trabajo, una ministración mensual desde fondos presupuestales. A salario mínimo, serían unos 31 800 pesos al año por cabeza; casi 3 billones anuales en total; poco más de la mitad del presupuesto federal. Así empezó, pero así no terminará. Por lo pronto, Anaya ha cambiado radicalmente hacia otro ofrecimiento, el de otorgar 2 500 pesos mensuales sólo a “un millón de madres de familia”, o sea, 30 mil millones de pesos al año: una promesa cien veces menor que la original… y apenas es candidato.

El principal ofrecimiento de arranque de Ricardo Anaya se hizo para competir con López Obrador, pero casi nadie le respondió porque era una volada electorera. Luego de dos meses, su programa social prácticamente había desaparecido.

El candidato del PAN es un neoliberal que toca por nota pero es maniobrero, se cree muy listo. Dice cosas contrarias al neoliberalismo, aunque cada día menos, con el fin de presentarse ante un electorado harto de la política económica aplicada durante más de 30 años. Pero, desde tiempo atrás, la mayoría de esos posibles votantes ya tiene candidato. En cuanto a la lucha contra la corrupción, lo que dice Anaya son palabras que se le caen de la boca.

La alianza de Ricardo Anaya con el PRD no es algo que le favorezca sino que, en cierta forma, le estorba. Se ha producido un fenómeno que consiste en que los panistas ortodoxos no quieren votar por candidatos perredistas, mientras una parte de los aún perredistas no está dispuesta a votar por candidatos panistas. El punto más relevante es que el candidato del denominado Frente, Ricardo Anaya, recibe críticas y rechazos también desde la derecha panista. Peor escenario sería difícil.

Oportunistas, sus socios; oportunista, él mismo, la candidatura de Anaya es producto de una revoltura indescifrable. En esa coalición artificiosa resalta también que no haya un líder popular. Es, precisamente, la política convertida en negocio. Algo que la gente rechaza por hartazgo.

¿Cómo competir entonces contra Andrés Manuel? La estrategia consiste en buscar reales o supuestas contradicciones en los dichos del candidato de Morena. Anaya es parte de la coalición TODOS CONTRA AMLO. No llama a que voten por él sino a que no lo hagan por otro, lo cual es una confesión de precariedad política y falta de convocatoria. Así no podría ser presidente. Tendría que pensar en otra estrategia, pues la guerra sucia ahora ensucia a quien la hace.

López Obrador encarna la crítica de los muchos años de estancamiento económico, pobreza, corrupción, simulación política, crisis de violencia y resentimiento social. Su campaña es a ras de tierra, a diferencia de las de sus adversarios. Aunque repite mucho, eso se considera necesario porque el auditorio es amplio, no sólo de sus partidarios. La gente acude a escuchar el compromiso de que las cosas no serán iguales, de que se va a acabar el régimen actual.

Un problema, sin embargo, que no suele ser menor, es el triunfalismo. Éste desmoviliza, pues, al dar demasiada confianza, limita la combatividad de la gente al acto público, al mitin, pero descuida el trabajo de persuasión hacia el resto del electorado.

Los principales candidatos del neoliberalismo –Meade y Anaya– están, al igual que Peña y Calderón, esperanzados con el segundo debate. Ya lo han dicho. Sin embargo, parecen olvidar que ya han lanzado sus dardos envenenados. Si los repiten, aburrirán. Lo que ellos no conocen aún es la reserva de respuestas y contraataques del abanderado de Morena, tanto para el segundo como para el tercer debate.

La unidad con Meade, convocada de repente por Anaya, no tiene viabilidad porque podría fortalecer a AMLO, al poner las cosas más en claro. La propuesta del panista ya recibió respuesta negativa del priista, aunque débil y enredada. José Antonio Meade, de todas formas, tiene asesores en la Presidencia, los cuales perciben lo que podría ocurrir si apoya a Anaya.

La ruta del candidato panista, el “voto útil”, funciona cuando el aspirante más fuerte es el oficialista, a partir de que las oposiciones se encuentran divididas. Si éstas se unieran, desde arriba o desde abajo, podría el gobierno ser derrotado. Algo de eso ocurrió entre el electorado en el año 2000 en México. Eso es, ahora mismo, uno de los efectos expansivos de la candidatura de López Obrador. En la presente coyuntura electoral, hace un buen rato que se tiene conciencia de la probable derrota del grupo gobernante. AMLO es el opositor. Ricardo Anaya no entiende que no entiende.

Como en este análisis somero no se han tomado en cuenta las encuestas publicadas, no queda más que convocar a la ciudadanía a olvidarse de ellas, con el fin de seguir analizando el contexto político en el que puede llevarse a cabo un cambio de gran calado en este país llamado México.

Plan de trabajo legislativo de Pablo Gómez

COALICIÓN

JUNTOS HAREMOS HISTORIA

(MORENA, PT, PES)

 

 

PABLO GÓMEZ

CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL

DISTRITO 23, COYOACÁN

El objetivo central de la lucha electoral de 2018 es alcanzar un cambio que permita construir un nuevo régimen político en el que se erradique la corrupción como sistema estatal, se contrarresten la violencia y la delincuencia, se promueva una nueva distribución del ingreso a favor de los trabajadores de la ciudad y el campo, se abata la pobreza, se construya un sistema que garantice jubilaciones y pensiones dignas y justas, se desarrolle la democracia, se amplíen los derechos ciudadanos, se trabaje a favor de la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres, se respeten las libertades y las identidades, se hagan realidad los derechos de los pueblos indígenas, se apoye a los y las jóvenes y se proteja a los niños y las niñas. En resumen, se construya un Estado democrático y social de derecho.

Es necesario lograr una nueva Presidencia de la República y un nuevo Congreso de la Unión. La candidatura de Andrés Manuel López Obrador es la oportunidad para llevarlo al Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, se va a requerir una mayoría legislativa que abrace el programa de cambios y lo convierta en leyes y decretos.

El presente Plan de Trabajo Legislativo de Pablo Gómez, como candidato a diputado federal por el distrito 23 de Coyoacán, es una síntesis de los cambios que se requiere impulsar desde el Poder Legislativo de la Unión.

 

 

 

I

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

 

  1. El salario debe ser suficiente para el sostenimiento del trabajador y su familia. Por ley, su incremento nunca podrá estar por debajo de la inflación. Además, los salarios mínimos (general y profesionales) deberán recuperar gradualmente su nivel histórico en términos reales.
  2. Ya no habrá topes salariales. Los trabajadores tendrán libertad de luchar por aumentos de salarios. Se respetarán los derechos de libre asociación sindical, contratación colectiva y huelga.
  3. El sistema de retiro volverá a ser solidario de tal manera que los trabajadores, al jubilarse, alcanzarán un ingreso suficiente y digno. El actual sistema de Afores será voluntario. El ingreso de los jubilados y pensionados del nuevo sistema solidario siempre será mayor que la mitad de su último sueldo o salario.
  4. El sistema de pensión alimentaria de adultos mayores será universal y de carácter nacional.
  5. Los estudiantes de bachillerato y de educación superior de las instituciones públicas contarán con salario estudiantil (beca) en todo el país.
  6. Los campesinos gozarán de coberturas de precios mínimos de sus productos, garantizados por el gobierno federal.
  7. Se perseguirá toda especulación, acaparamiento y fijación de precios de monopolio de bienes y servicios de consumo popular.
  8. No se autorizarán en la Ley de Ingresos y en las leyes fiscales “gasolinazos” ni súbitos incrementos al gas doméstico.

 

II

Derechos

 

  1. Los ciudadanos tendrán el derecho de votar las leyes más trascendentes e impugnar las decisiones de los gobernantes, a través de consultas populares: referéndum y plebiscito.
  2. La ciudadanía tendrá derecho de revocar el mandato de sus gobernantes.
  3. Los ciudadanos podrán objetar directamente ante tribunales, mediante suscripción popular, la inconstitucionalidad de leyes, decretos y órdenes, así como omisiones de los gobernantes.
  4. Se eliminará el llamado fuero, de tal manera que todo servidor público que hubiera sido elegido, fuera integrante de un gobierno o tuviera función judicial, también podrá ser procesado penalmente, sin que lo impida su condición, incluso el Presidente de la República.
  5. La libertad y la democracia sindicales serán una realidad. Los contratos de protección y los falsos sindicatos que los detentan serán proscritos, y sus titulares serán sancionados. La autoridad tendrá obligación de combatir la corrupción sindical y toda injerencia patronal o de los gobernantes en los asuntos internos de las organizaciones de los trabajadores. Los miembros de los sindicatos tendrán derecho de elegir a sus dirigentes de manera directa y aprobar los contratos colectivos que se hubieren de firmar con los patronos. La reforma constitucional en materia de autoridades laborales será aplicada y se reformará la Ley Federal del Trabajo para garantizar los derechos de los trabajadores.
  6. Será efectivamente perseguida cualquier forma de discriminación por motivos de clase, edad, discapacidad, profesión u oficio, origen étnico o nacional, aspecto personal, religión, sexo, preferencia sexual, orientación o identidad de género, estado civil u opiniones.
  7. Será obligación de toda autoridad administrativa priorizar el combate a la violencia contra las mujeres.
  8. Se definirá con total claridad en la legislación para todo el país el respeto a la decisión de cualquiera a contraer matrimonio con persona del mismo sexo. Se consolidará en las leyes los derechos sociales de los cónyuges o concubinos de parejas del mismo sexo.
  9. La procuración e impartición de justicia se orientará con base en la perspectiva de género.
  10. El Código Penal Federal dejará de considerar como un delito la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, en el marco del respeto al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

 

 

III

Ingresos, presupuesto federal y control del gasto

 

  1. Se eliminarán los subsidios fiscales dirigidos a los sectores más favorecidos de la sociedad. Sólo el Congreso podrá aprobar los llamados estímulos fiscales que, en ningún caso, podrán ser exenciones de impuestos, los cuales están prohibidos por la Constitución.
  2. No se concederán amnistías fiscales, abiertas o simuladas, a los causantes que poseen grandes fortunas dentro y fuera del país. Se eliminará la capacidad discrecional que tiene la autoridad para condonar contribuciones y recargos, para lo cual se creará un organismo de contraloría fiscal apegado a la ley y a la honradez.
  3. Se elevará la recaudación fiscal mediante un efectivo control del funcionamiento del Sistema de Administración Tributaria.
  4. Se reducirá la tasa impositiva sobre la renta de los causantes de ingresos medios para alejarla de la que deben pagar los más ricos.
  5. En el primer año de la legislatura, se duplicará el gasto social dirigido al combate a la pobreza.
  6. Las partidas de los ramos de educación, cultura e investigación y desarrollo se elevarán cada año en términos reales y nunca podrán recortarse durante el ejercicio.
  7. Se reducirán los gastos de operación de la administración pública y de los organismos autónomos. Se bajarán los más altos sueldos, incluyendo el que percibe el Presidente de la República. La Federación dejará de cubrir los gastos personales de alimentación y transporte de los mandos medios y superiores. La Federación dejará de hacer donativos decididos discrecionalmente por los funcionarios.
  8. Se expedirá la ley sobre sueldos de servidores públicos, reglamentaria del artículo 127 de la Constitución, para regular las percepciones de los servidores públicos, eliminar los bonos y demás prebendas en efectivo y en especie, así como cancelar las pensiones ilegales de ex altos funcionarios, incluyendo las de los ex presidentes de la República.
  9. Se formulará un programa sexenal de elevación, en términos reales, de los sueldos bajos y medios de servidores públicos.
  10. No habrá propaganda personalizada de servidores públicos, gacetillas pagadas, anuncios disfrazados de noticias, esquelas ni promociones personales de cualquier tipo. Los servidores públicos que cometan faltas y delitos serán efectivamente perseguidos y sancionados.
  11. Los gastos en propaganda de las dependencias y organismos públicos serán recortados para dejarlos en lo mínimo indispensable.
  12. Se incrementará la inversión pública federal, con énfasis en la infraestructura productiva y el sector energético.
  13. Se expedirá una nueva legislación para recuperar las industrias petrolera y eléctrica bajo dominio de la nación. Se formarán comisiones de investigación en el Congreso para esclarecer la corrupción en Pemex y la CFE.
  14. Se incrementarán los fondos federales para la infraestructura urbana y el transporte eléctrico.
  15. Se asignará todo el presupuesto federal a través de las correspondientes partidas, eliminando así los gastos discrecionales del Presidente de la República, en especial, el ramo 23, resumidero actual de fondos de la corrupción pública. Los ingresos no previstos y los extraordinarios tendrán un destino referencial preciso y un mecanismo exacto de autorización.
  16. Se expedirán reformas de la ley de deuda pública para implantar nuevas formas de financiamiento del gasto con menor dependencia de los mercados abiertos. Se elaborará, asimismo, un programa obligatorio de disminución relativa de la deuda pública.
  17. Se elevarán las funciones de la Auditoría Superior de la Federación para vigilar el ejercicio del gasto público, los ingresos y la deuda.
  18. La Secretaría de la Función Pública será una verdadera contraloría de la Federación sobre el gasto, los contratos y las compras, el pago de adeudos y la eficiencia recaudatoria, así como la organización y el debido desempeño de las entidades de la administración pública. Todo ello, bajo disposiciones más amplias de transparencia.

 

IV

Reformas al Congreso de la Unión

 

  1. El Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senado) estará abierto todo el año, con breves periodos vacacionales, dentro de los cuales también podrá ser convocado en caso de urgencia.
  2. El Presidente de la República concurrirá cada año a un debate en el Congreso, luego del envío de su informe.
  3. Los grupos parlamentarios podrán presentar preguntas al gobierno en todo momento, así como citar a servidores públicos para que éstos expliquen cualquier asunto. Se establecerá una sesión semanal de control sobre el gobierno en las cámaras del Congreso.
  4. Existirá grupo mixto con los legisladores independientes o que no alcancen a conformar un grupo propio.
  5. Ningún legislador o legisladora podrá cobrar dieta correspondiente a los días en que faltare injustificadamente a sus labores completas, incluyendo las reuniones de comisiones. No habrá sobresueldos o sobredietas en el Congreso.
  6. Las comisiones ordinarias contarán con sus pertinentes subcomisiones, e informarán periódicamente a la ciudadanía sobre sus actividades legislativas y de control. Sus sesiones serán públicas con una regularidad fija.
  7. Las comisiones de investigación de las cámaras del Congreso podrán formarse para cualquier tema de interés público, por solicitud de una quinta parte de sus respectivos integrantes, con plenas facultades de investigación, semejantes a las del Ministerio Público.
  8. La ciudadanía podrá presentar proposiciones (no sólo iniciativas de ley) a través de asociaciones o a título personal, las cuales deberán ser turnadas a los legisladores según la comisión o comisiones a las que corresponda.
  9. Las entidades paraestatales, organismos y fideicomisos públicos sólo podrán ser creados por decreto del Congreso.
  10. Se restablecerá el juicio político por denuncia popular, como forma de control de la ciudadanía y del Congreso sobre los gobernantes, con el fin de destituirlos e inhabilitarlos por violar las leyes y atentar contra los intereses públicos.

 

Gobierno de coalición es una farsa

Los partidos buscan el poder, por lo cual ninguno tiene como fin programático hacer un gobierno de coalición. Tampoco se considera que es mejor, de por sí, gobernar con otros. Las coaliciones son provocadas por la situación, dentro de perspectivas halagüeñas y justificadas, mas con frecuencia resultan de las políticas de alianzas de sus pactantes. Muchos electores, por su lado, tienden a preferir un partido o un frente de partidos con acuerdo congruente y duradero.

Entonces, ¿qué se pretende con la oferta de gobierno de coalición presentada por el PAN? Veamos cómo es que se trata de una farsa, ideada con el peregrino propósito de atraer apoyos de personas desinformadas o distraídas, pero, sobre todo, para dar cobertura argumental a una alianza electoral con el PRD.

Se postula la necesidad de un gobierno de coalición con el anhelo, se dice, de que no dirija un solo partido y, para ello, se crea un frente electoral para unir izquierda y derecha sin tener que dar explicaciones. Así, se presenta como finalidad de la unidad a la unidad misma.

Para dar forma al tal gobierno de coalición se ha ideado una figura inexistente en la Constitución, bajo el nombre de Jefe de Gabinete, el cual sería, se dice, una persona perteneciente a un partido diferente al del Presidente de la República. Para ese desempeño se ha designado a Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, éste no es miembro de “otro partido”, sino que carece de militancia, aunque sí es candidato de uno de ellos, el PAN, justamente al que pertenece Ricardo Anaya. No es cierto, por tanto, que el tal Jefe de Gabinete sería el contrapeso partidista del Presidente de la República. Cierto es que pocos se creen la idea de un próximo gobierno de varios partidos, mucho menos Mancera, quien ya es candidato a senador en lugar de serlo a jefe de gabinete para lo que Anaya le ha designado.

Lo peor del esquema es que, además de que no habría Jefe, tampoco Gabinete. En la reforma constitucional (art. 89-XVII) para introducir la figura de “gobierno de coalición”, el PRI y el PAN olvidaron crear el Consejo de los secretarios de Estado, es decir, el Gabinete, de tal manera que la única diferencia es que el Senado tendría que aprobar el convenio y el programa de la coalición, si a caso se lo solicitara el Presidente de la República. No hay más.

En realidad, las sucesivas reformas políticas desafortunadamente no han introducido modificaciones orgánicas al Poder Ejecutivo.

Si el PAN llegara a la Presidencia, habría, con suerte, una ridícula “coalición” bajo el mando personal de Ricardo Anaya. Se trata de un falso bipartidismo en el gobierno, como lo ha sido en todos los estados donde PAN y PRD se han aliado y han obtenido el triunfo dizque para gobernar juntos, según ofrecía el mismo Anaya cuando era presidente de Acción Nacional.

El PAN y el PRD están aliados por el momento, pero con propósitos diferentes. Acción Nacional, por su lado, busca la Presidencia de la República con todo el peso institucional del cargo, al igual que como ya ha logrado recientemente varias gubernaturas. En cambio, el PRD sólo busca algunos puestos convenidos con la derecha y, ante todo, impedir que la izquierda alcance el Poder Ejecutivo.

La historia conoce convergencias de izquierdas, por un lado, y de derechas, por otro. Como proyectos exitosos en América Latina, recordamos la Unidad Popular de Chile y el Frente Amplio de Uruguay, entre otros. Podríamos decir que esas eran alianzas serias. Hemos visto frentes neoliberales, como en Chile, Brasil y Argentina. Pero, luego, presenciamos en Brasil una catastrófica alianza entre izquierda y dizque centristas, en realidad neoliberales hipócritas pero muy “modernos” (PMDB), la cual desembocó en el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff.

Lo que no habíamos visto es un frente electoral entre la derecha tradicional, rancia y también neoliberal, y un partido de izquierda con programa anti neoliberal. Se entiende que el PAN lo ha pactado por el papel de liderazgo que desempeña, mientras el PRD lo ha admitido por su conversión en un organismo para el mercadeo político, en el cual ya no hay otros objetivos que los meramente comerciales. Lo que tenemos aquí es una compra-venta de servicios, sin fecha de caducidad pactada, por lo cual se puede romper en el momento en que el negocio vaya mal. De la izquierda perredista no está quedando nada, por no decir que ya se extinguió.

Se entiende así que es una farsa el planteamiento panista de gobierno de coalición.

No habrá ley de propaganda

 

Como se sabe, la Suprema Corte le ha dado al Congreso un plazo que vence el próximo 30 de abril para expedir la ley de propaganda institucional. El Poder Legislativo tenía originalmente un plazo de 30 días a partir del 14 de noviembre de 2007, cuando entró en vigencia la reforma constitucional. Se ha demorado más de diez años.

Es evidente que los gobernantes y los grandes medios de comunicación del país han presionado para que no exista esa legislación porque podría afectar el mercado publicitario entre los que pagan con dinero del erario y los que venden tiempos y espacios.

Ante la intervención de la Suprema Corte, Enrique Peña Nieto ha decidido enviar a la Cámara de Diputados un proyecto, presentado como iniciativa del PRI y elaborado en la Secretaría de Gobernación. Pero –agárrese lector— la nueva ley entraría en vigor el 1º de enero de 2019. Se le quiere jugar el dedo en la boca a la mismísima Suprema Corte de Justicia mediante una nueva demora hasta el próximo año.

Mas no creamos que esto es lo peor. El contenido del proyecto de Peña Nieto no es para reglamentar el artículo 134 de la Constitución, en sus párrafos 7º y 8º, sino que, no obstante que la Constitución dice que con recursos públicos no se debe influir en “la equidad de la competencia entre los partidos”, el flamante proyecto presidencial le cambia y señala que tal competencia se limita a las campañas electorales, en las que, por lo demás, está prohibida la propaganda oficial. De esa forma, durante el tiempo restante, el gobierno podría influir en la lucha entre los partidos, la cual es permanente, según la Constitución y la llamada teoría política de la democracia.

El proyecto oficial de nueva ley, denominada de “comunicación social”, sólo es un compendio de reglas ya existentes, tanto a nivel de leyes como de reglamentos y del Presupuesto de Egresos. Se pretende dejar las cosas como están.

Ni siquiera se prohíbe lo subrayadamente prohibido en la Carta Magna: la gacetilla personalizada de servidores públicos, publicada subrepticiamente en forma de noticia pagada con recursos públicos. Decía Miguel Ángel Osorio Chong que él no podía hacer nada contra eso. Así fue. Mas, por lo visto, el nuevo secretario de Gobernación no sólo es incapaz de combatir la gacetilla sino que busca legalizarla por la vía de la omisión: el gobierno de Peña se “supera” a sí mismo.

En ese proyecto, las sanciones resultan ser una tomadura de pelo, a despecho de lo señalado en el párrafo noveno del mismo artículo 134 constitucional. No hay multas, mucho menos delitos, aplicables a servidores públicos que violen una ley que de por sí es inocua y se dirige sólo a dejar bien claro que la Secretaría de Gobernación es la organizadora de la propaganda gubernamental. En el tema de sanciones contra servidores públicos, todo es igual que como está hecha la ley electoral: “dar vista al superior jerárquico”, forma de dotar de impunidad a la transgresión de la norma.

No se establece tampoco en este proyecto el acceso a la justicia de la ciudadanía para que se protejan sus derechos de información, la cual, por lo visto, podría seguir siendo inconstitucional, personalizada, gacetillera, engañosa, mentirosa, onerosa y todo lo demás que ya conocemos. Se desea que la ciudadanía siga careciendo de medios para hacer respetar la Carta Magna y la legalidad. Por eso, el priismo no quiere admitir la queja por vía judicial, como está propuesta desde la primera iniciativa que se presentó.

Esto parece indicar que Peña Nieto no está buscando en verdad que el Congreso apruebe el proyecto priista y mucho menos los anteriores, el el primero de los cuales yo mismo lo presenté en el Senado el 7 de febrero de 2012, hace 6 años.

Lo que quizá se piensa en la Presidencia es algo muy simple y cínico: si no se admitiera el proyecto oficial, la Cámara no podría completar una mayoría para otro texto, con lo cual se declararía el acatamiento de la orden de la Suprema Corte aunque nada se hubiera expedido. Donde no hay mayoría, no hay ley, principio legislativo elemental que, sin embargo, sería ahora, como en otras ocasiones, enteramente manipulado. Creo que no habrá negociaciones serias en el Congreso.

Peña Nieto obra como un político a quien se le detuvo el reloj y supone que vive en tiempos de Ruiz Cortines. Así como declara en un acto oficial que él tiene un candidato, también supone que ese candidato suyo, José Antonio Meade, va a ser Presidente de la República, pero eso, a toda evidencia conocida, no ocurrirá. Mas ese proyecto de ley convida al candidato priista al festín del oprobio de proponer una legislación que ofende a la Constitución y con la cual se pretende engañar a la ciudadanía, no sólo a la Suprema Corte. Una vez más, Peña se está llevando entre las patas a su propio y querido candidato.

De cualquier forma, no parece que el proyecto de marras tenga algún viso de honradez intelectual de parte de quien ordenó su redacción, sino que es el intento de un engaño. Claro está que si el PAN y el PRD lo admiten con leves modificaciones, el hecho relevante ya iría por cuenta de esa coalición de mercaderes de la política.

No está a la vista una ley de propaganda institucional con apego a los mandatos constitucionales. Lo que se advierte es el deseo de que México siga siendo un país sin ley, ya sea porque la norma se incumple o porque el sistema Legislativo-Ejecutivo de formación de las leyes no vale ni el dinero que se gasta. O, por ambos escandalosos y perniciosos fenómenos, motivos, entre muchos más, del impostergable cambio político.