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¿Para qué quieren otra ley las fuerzas armadas?

(Publicado en El Universal. 30.03.2017)

La propuesta de una nueva ley para las fuerzas armadas, denominada de “seguridad interior”, promovida por los secretarios de Defensa y Marina, se ha presentado en el momento en que coinciden dos hechos: la llamada guerra contra el narcotráfico ha fracasado y, como responsables de la decepción, aparecen las fuerzas armadas, a las cuales se les ordenó demoler la delincuencia organizada.

¿Cuál sería el propósito de una ley de seguridad interior? Si se admite el fracaso y se están pidiendo nuevas normas ha de ser porque se considera que con las vigentes no es posible tener éxito, es decir, hay que otorgar a los militares funciones que no les corresponden y que tampoco están permitidas a la policía. Esto, en principio, es contrario a la Constitución.

Se busca que en los trabajos de “inteligencia” se puedan aplicar todas las “medidas necesarias” y se quiere también que los militares retengan detenidos, hagan investigaciones y, en fin, asuman funciones que tienen a su cargo, en combinación, la policía, la PGR, Gobernación y los jueces.

Con la nueva ley no se está buscando que el Ejército y la Armada regresen a los cuarteles, como han dicho algunos generales y almirantes, sino justo lo contrario, se espera que se queden en las calles pero con ilimitadas atribuciones, contrarias a la Constitución y al sistema mundial de los derechos humanos. De eso ya hemos tenido bastante en México.

Desde 1959, cuando se firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos en materia de drogas, se metió al Ejército en la persecución de la producción de opio y marihuana, y se recibió ayuda de Estados Unidos en armamento y equipo. Luego vino la “Operación Cooperación” de 1969, (Díaz Ordaz) para evitar las medidas unilaterales de EU en los pasos fronterizos. Después, luego del convenio internacional sobre drogas, se adoptó la “Operación Cóndor” en 1971 (Echeverría), la cual llevó a su sucesor (López Portillo) a hacer declarar al secretario de Defensa, Félix Galván, en 1978, que el narcotráfico había sido “erradicado” en un 95%. Se había “ganado” la “guerra”, dijeron.

Ya desde los años 60 se denunciaban atropellos de tropas contra población rural, aunque al parecer no tan frecuentemente como ocurrió después, ni se conocieron ejecuciones extrajudiciales como la de Tlatlaya; sucesos como éste sólo se produjeron por motivos de represión política (guerra sucia). También se expidió la ley de pérdida de derechos agrarios de ejidatarios y comuneros (familias de ellos no importaban) que se dedicaran a la producción de estupefacientes, pero sin tocar a la “pequeña” propiedad. La actitud de las fuerzas encargadas de perseguir al narco siempre ha sido muy agresiva y trascendente. Al mismo tiempo, la corrupción no dejó fuera a ninguna corporación aunque sin duda en diferentes intensidades.

¿Para qué se querría hoy una ley exclusiva para las fuerzas armadas, después de 50 años del uso de éstas en la persecución de delitos federales? Parece ser que se piensa que el fracaso militar se ha debido a la falta de facultades inconstitucionales de los militares. Mas darle éstas a los institutos armados es lo más peligroso para cualquier poder civil. Ya de por sí el Ejército y la Armada no piden autorización para el uso discrecional y desproporcionado de la fuerza letal, mucho menos lo harán con una ley que se los autorice.

El debate sobre si la sociedad depende o no de los militares para acabar con la crisis de violencia en el país, creo que está resuelto a la luz del análisis de los últimos 55 años de narcotráfico en México. Hoy tenemos un problema mayor y una violencia mucho peor que hace dos lustros cuando la vieja “guerra” se volvió a declarar por parte de Felipe Calderón. Hacer discursos sobre el Ejercito y la Armada con halagos excesivos y un tanto ridículos, propios de una guerra internacional victoriosa, es por lo menos un desacierto. Pero la verdad está a la vista. Tenemos una “guerra” errónea porque enfrentar a la delincuencia organizada mediante una acción bélica no puede llevar a la victoria aunque tampoco hay una derrota. Sencilla, pero lamentablemente, tenemos una peor situación y a un alto costo en vidas, lesiones y angustias.

Hay que cambiar de política, pero del todo.

En México no hay rebelión

Desde la fundación del México republicano se ha asignado al Presidente la obligación de disponer de las fuerzas armadas para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Ya desde Apatzingán (1814: art. 160) se hacía este planteamiento. El Acta Constitutiva de la Federación de 1824 (art. 16) fijó la redacción actual. El único cambio ha sido (2004) agregar la obligación presidencial de preservar la “seguridad nacional” según ley expedida por el Congreso, con el fin de dar cobertura jurídica al CISEN y a la “inteligencia” gubernamental, pero se dejó igual el resto de la fracción VI del artículo 89 de la Carta Magna.

Si durante casi 200 años no ha sido necesario hacer una interpretación del término “seguridad interior”, ¿qué lo requiere ahora? El gobierno y los militares están viendo esa fracción VI como si ahí estuviera una facultad conferida a las fuerzas armadas, pero eso no es verdadero. Lo que tal precepto establece es una obligación del Presidente de la República de usar la fuerza armada para la seguridad interior de la Federación es decir, del poder constituido en el país, frente a rebeliones armadas. Aquí se encuentra una de las dos funciones del Ejército y la Armada: defender al poder, impedir su derrocamiento violento. La otra es rechazar una agresión extranjera, tal como el mismo precepto constitucional lo refiere bajo el término de “defensa exterior”.

¿Para qué hacer una ley que convierta al Ejército y la Armada en cuerpos policiales? Pues para otorgarles facultades que no tiene la policía y que serían contrarias a los derechos fundamentales y sus garantías, establecidas en la Carta Magna. Eso es lo que se busca.

El fracaso del gobierno se ha convertido en ocasión para otorgar a las fuerzas armadas las prerrogativas que éstas han estado exigiendo, tales como retención de detenidos, intervención de comunicaciones, acceso a datos protegidos, detenciones sin orden judicial, etcétera. Es la “guerra” que fuera declarada por Calderón. Sin embargo, la crisis de violencia que padecemos es otro fenómeno.

Bajo un Estado de derecho el gobierno no puede declarar la guerra a sus propios ciudadanos que no están levantados en armas, sino que frente a la violencia debe otorgar garantías a todos para que la ley se cumpla y se logre defender a la sociedad, en especial la vida de las personas. La idea de esa falsa guerra es tan odiosa porque atenta contra los derechos humanos.

Calderón pidió al Congreso allanamientos y detenciones sin orden de juez. “La chota en tu casa”, le llamé entonces. La Cámara de Diputados ya las había aprobado cuando en el Senado ocurrió un milagro el día de su discusión y el precepto regresó a San Lázaro donde finalmente se declaró rechazado. Ahora lo está planteando el PRI, con el recíproco apoyo del PAN, bajo el pretexto de que los militares ya que no están de acuerdo en seguir siendo policías si no se les garantiza impunidad.

Lo ha dicho a su modo el general secretario, Salvador Cienfuegos. Él afirmó que los militares podrían preferir ser acusados de desobediencia a tener que enfrentar procesos por delitos relacionados con violación de derechos humanos. Dijo que les podía salir más barato. Es decir, que por cumplir órdenes se atropellan derechos. Pero entonces la solución debería consistir en que no se emitieran órdenes contrarias a la ley y se respetara a los seres humanos. Nada más elemental bajo un Estado de derecho.

El proyecto del PRI para otorgar preeminencia inconstitucional a los militares debería transmutarse en una reforma para instaurar en las leyes el protocolo de relación entre militares y población civil como ya lo había intentado la Armada de México. Tlatlaya es el paradigma de ejecuciones de “rebeldes” que aun en la guerra están absolutamente prohibidas.

Al mismo tiempo, el artículo 129 constitucional señala que en tiempo de paz la autoridad militar no puede ejercer más funciones que las militares. En México no hay guerra interior ni con el exterior. El mismo jefe del Ejército admite que no están actuando como soldados y, por tanto, se encuentran al margen de la Constitución, pero pide una ley que resuelva el problema. Pues no, no se puede. Se tendría que hacer una subversión de la Carta Magna para inventar una institución que fuera, al mismo tiempo, policía y ejército, pero además al margen del respeto de los derechos de la gente. En esto último estriba en realidad el mayor problema.

Habría sin embargo una solución aunque diferente a la que se pide ahora. Debería revisarse la última minuta sobre el tema, enviada por el Senado a la Cámara e ilegalmente congelada por ésta, pues nunca se votó en San Lázaro debido a la inconformidad de los militares y de Calderón.

Enrique Ochoa Reza (PRI) y de la CFE violaron la Constitución

El artículo 126 de la Constitución dice que “no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior”, pero como era una costumbre violar ese antiguo precepto, hubo necesidad de reformar el siguiente artículo, el 127, el cual, entre otras muchas cosas, prescribe: “No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.

Enrique Ochoa Reza, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional, cobró un millón 206 mil pesos netos por haberse separado voluntariamente como director general de la Comisión Federal de Electricidad para aceptar un nuevo encargo presidencial, al margen de la función pública, luego de 2 años y 155 días de dirigir la paraestatal. El instrumento invocado por el “líder” priista para demandar y obtener su “liquidación” fue el Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando de la CFE que no es ley, no es presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, no es contrato colectivo, no es condiciones generales de trabajo, en virtud de lo cual sus reglas particulares sobre pagos de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y liquidaciones por servicios prestados son nulas de toda nulidad según la Carta Magna.

Mas el problema no termina ahí sino que está bastante más complicado. El “Manual” no permite otorgar “liquidación” a los jefes de la CFE que se separen de manera voluntaria, como fue el caso del líder priista, el señor Ochoa Reza, antes de tres años. El artículo 33 de ese “Manual” tiene dos apartados en cuanto al pago por servicios prestados: retiro “por voluntad propia”, que es el caso, y por “liquidación” que de ninguna manera es el caso. De haberse aplicado el primero y no el segundo el señor Ochoa Reza no hubiera alcanzado ningún pago porque sólo aplica para después de tres años de servicio.

Está claro que el “Manual” es groseramente contrario a la Constitución pero, en el colmo, también fue violado para poder entregar de todas maneras un dinero a Ochoa Reza por cuenta de la nación.

La redacción actual del artículo 127 de la Constitución fue discutida en el Senado durante dos años. Yo fui quien redactó y presentó la iniciativa. Después, estuvo congelada en la Cámara donde tuvo que ser sacada de los cajones cuando los consejeros del IFE pretendieron aumentarse el sueldo con lo cual se provocó un escándalo. Finalmente, el decreto de reforma constitucional se aprobó en los estados y se publicó el 24 de agosto de 2009, junto con un plazo para que el Congreso emitiera la ley reglamentaria. A pesar de que el Senado aprobó un proyecto de ley en 2011, desde entonces el PRI y el PAN han olvidado ilegalmente la minuta: ahí sigue sin que haya explicación alguna, al estilo mexicano. No obstante, el texto constitucional está vigente y debería ser respetado pues contiene normas que no requieren interpretación alguna.

Así como Ochoa Reza ha cobrado una liquidación inconstitucional y, en el colmo del abuso, contraria a las mismas reglas inconstitucionales de la CFE, hay muchos que lo hicieron antes y muchos más que, habiéndolo hecho, reciben además una pensión vitalicia. No sólo son los ex presidentes de la República sino los ex directores de organismos descentralizados. José Ángel Gurría, por ejemplo, fue empleado de Hacienda desde muy joven y cuando después de pocos años en el cargo abandonó la dirección de Nacional Financiera le contaron su antigüedad en la Secretaría para juntar años y aplicar un reglamento interno que otorga buenas pensiones por haber estado en “el sector financiero”. Al pensar en personas como ésa, genuinos exponentes de la corrupción mexicana, el Congreso estableció la regla de que, a pesar de haberse otorgado en el pasado al margen de la ley, “no se concederán ni cubrirán (hoy, mañana y siempre) jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados”.

Al respecto de la corrupción, Enrique Peña Nieto ha dicho que “No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra…”. Es decir, que la corrupción está en todos y beneficia a todos. Esta es la idea que se ha querido implantar sobre ese lacerante fenómeno desde los años cincuenta del siglo XX, es un criterio netamente priista. Los gobernantes roban y arrojan escurriduras sobre algunos otros, funcionarios y particulares, para que formen “parte de un modelo”, como lo ha catalogado el mismo presidente de la República. Estamos seguros que Peña conoce ese “modelo”, el cual contiene, según los conceptos de él mismo, una fórmula tendiente a culpar a “todos” de lo que ha sido una penetrante obra del poder.

Quienes firmaron la autorización para pagar a Enrique Ochoa Reza su millón y pico de pesos son Jaime Tadeo Castelán y Karine Slim, el primero es subgerente de Relaciones Laborales, el segundo es jefe del Departamento de Dictámenes, pero ambos tienen jefes que ordenan. El convenio fue registrado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje aunque no corresponda a la naturaleza de esa fraudulenta “liquidación”. Junto a Ochoa Reza, esas dos personas, por lo menos, deben ser sometidas a un procedimiento en el órgano interno de control de la CFE. El asunto tendría que llegar a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y al Ministerio Público. Así suelen tratarse esa clase de conductas en muchos países, pero como México no hay dos.

Juicio político: estrenar la Constitución… de 1917

Una noticia chusca ha conmocionado selectos medios. Un juzgado administrativo le ha puesto un plazo hasta el próximo domingo a los integrantes de las comisiones de gobernación y de justicia de la Cámara de Diputados para que procedan a integrar la Sub-comisión de Examen Previo. Si no lo hicieren así, la jueza podría consignar a los contumaces, ya multados y desaforados por ella misma, a otro juzgado, bajo la acusación de cometer el delito de incumplimiento de sentencia de amparo o algo por el estilo.

¿Qué es esto? Algo inaudito. Un abogado, Horacio Culebro, héroe de varias batallas, acudió hace ya muchos meses a un juzgado en procura de la protección de la justicia federal contra la omisión de la Cámara de Diputados al no integrar, como lo indica la ley, la sombría Sub-comisión de Examen Previo para sustanciar los procedimientos de responsabilidad política de altos servidores de la Federación y los estados. Existen 300 denuncias que no han sido tramitadas y, como es tradicional, la Cámara de Diputados no tramitará ninguna, al extremo de negarse a integrar el organismo que debe hacerlo.

En México nunca se ha llevado a cabo un juicio político desde que la actual Constitución entró en vigor. Puede decirse entonces que en este país ningún alto funcionario ha cometido jamás actos u omisiones que afecten los intereses públicos y su buen despacho en contravención de normas constitucionales o legales. Ninguno es ninguno, en 99 años. México es un país inverosímil, nadie en el mundo podría admitir la existencia de tan maciza realidad política. Aquí no hay dictadura perfecta –con licencia de Vargas Llosa– sino Estado perfecto, aún más difícil de alcanzar.

El juicio político suele confundirse con el desafuero, pero son diferentes. El primero es, como lo dice su nombre, eminentemente político y está dirigido a remover altos servidores públicos por mala gestión, abuso, ignorancia o error grave que afecte intereses públicos. Por otra banda, el desafuero es quitar la inmunidad a efecto de que el servidor público aforado pueda ser acusado en un juzgado penal de haber cometido un delito. Claro, se le separa del cargo, pero si el juez rebota la acusación, el desaforado puede regresar al cargo. Desde 1917 se han producido unos cuantos desafueros, los cuales, en los años veinte y treinta, tuvieron como propósito sólo remover legisladores y gobernadores, pero después se decidió castigar con cárcel, como a Díaz Serrano, para dar sustento al lema electoral de renovación moral de la sociedad (!); por cierto, el dinero del fraude nunca apareció. También se recuerda el desafuero de López Obrador, singular acontecimiento a cargo de Vicente Fox en la Presidencia y del PRI y el PAN en la Cámara, para abrir un juicio penal y suspender el derecho ciudadano de ser elegido, lo cual fue en realidad un ignominioso acto contra la precaria democracia nacional. Pronto veremos otro desafuero pero sin trascendencia alguna.

El juicio político, por su lado, es un instrumento parlamentario de vieja hechura que le otorga al Legislativo capacidad de control sobre el Ejecutivo. No se trata sólo de revisar las cuentas sino de evaluar el desempeño de los altos funcionarios, su capacidad, el apego a lo prescrito en las leyes y a los requerimientos de la sociedad. El presidente de la República no es sujeto de juicio político porque no se le ha querido dar al Congreso la facultad de removerlo por motivos puramente políticos ya que el Legislativo nombra al sustituto, pero las órdenes del jefe del gobierno deben ser firmadas por el secretario de despacho correspondiente, el cual sí es sujeto de responsabilidad política y puede ser enjuiciado por el Congreso. El presidente de la República es sin embargo sujeto de juicio bicameral de destitución (impeachment), pero sólo acusado de delitos del orden común o traición a la patria. Bueno, pero todo esto es puro postulado constitucional que jamás ha tenido expresión alguna.

Ahora bien, cuando la oposición empezó a tomar fuerza en la Cámara de Diputados, el PRI se encargó de enredar el trámite de los juicios políticos, por si acaso. Se designó a las comisiones de gobernación y de justicia para incoar los procedimientos después de pasar por una subcomisión de examen previo. Ésta es la que aún no existe. Si no hay a quien enviar un papel, tampoco habrá quien lo pueda regresar. Así es la lógica política en San Lázaro. Una vez cubiertos ambos trámites, dice la norma, la sección instructora entra en escena y la hace de fiscal. Pero la tal sección sólo se ha ocupado de desafueros (procedencia, se le llama) pero nunca de juicios de responsabilidad política.

Cuando no fue por una causa fue por otra, pero siempre el PRI se ha salido con la suya y, en varias ocasiones, el PAN ha acudido en su ayuda. Una vez que el PAN apoyó incoar el procedimiento a pedido del PRD, el PVEM empató la votación para evitar el juicio político contra Madrazo Pintado a pesar de que ese dizque partido entonces era aliado de los panistas y no de los priistas. Hasta ahora, todo ha quedado en las puras ganas de estrenar la Constitución… de 1917.

Líos de preponderancia

Como se había advertido desde la presentación de la iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, América Móvil hará desinversiones para quedar fuera de la regla de preponderancia. Como es sabido, el carácter de preponderante obliga a Telmex-Telcel a compartir su infraestructura física con sus competidores y a otras medidas asimétricas tal como la añadida gratuidad unilateral y no compensada en la interconexión, tributo pagado a Nextel (Telefónica de España) y Iusacel (Azteca-Televisa). Asimismo, el preponderante requiere permisos especiales para cualquier cosa, incluyendo el acceso a la concesión única que podría llevar a Telmex a brindar el servicio de televisión restringida de paga, lo que ha sido impedido por Televisa que también en esto es un reforzado monopolio.

Las desinversiones de América Móvil no sólo tendrían que llevarla a un punto en el cual tuviera menos del 50 por ciento de suscriptores en el sector de telecomunicaciones, cuestión nada complicada, sino también a reunir ese requisito en cada servicio que presta: telefonía móvil, telefonía fija e internet, mas no sólo de suscriptores sino también de tráfico en sus redes y capacidad utilizada de las mismas, lo cual ya no es tan sencillo. De poco serviría a Slim dejar de ser preponderante para pasar a ser agente económico con poder sustancial en el mercado de uno o varios servicios. Es por ello que la desinversión tendrá que ser muy fuerte. Esto es parte del traje a la medida de la reforma constitucional. Es, sencillamente, una fórmula antimonopólica.

Ahora bien, ¿quién comprará? No se ve sencillo que sea un grupo mexicano sino más bien alguna telefónica extranjera, pues ya se permite la inversión foránea hasta el cien por ciento en telecomunicaciones. Eso dependerá de lo que se oferte y del precio que se fije. El retiro en América Móvil de ATT (ahora asociada a Televisa) se repondrá con creces mediante la venta de activos fijos pero no sabemos en qué y en dónde se harán las inversiones del producto de esa misma venta. Lo más probable es que se apliquen en el extranjero a menos que Slim se embarque en una nueva televisora abierta, aunque de todas formas le sobraría dinero.

El gobierno federal ya sabía desde hace muchos meses que Slim podía desinvertir para tratar de zafarse de su condición de predominante. También lo sabía Azcárraga. Es irónico que el gobierno le haya ayudado a América Móvil a tomar la decisión mediante la inclusión en ley de la gratuidad en la interconexión sólo para el preponderante, a diferencia de la retrasmisión de señales radiodifundidas que es gratis para todos en los dos sentidos.

Del otro lado, en la izquierda hay quienes dicen que la reciente manipulación legislativa de normas secundarias se debe al Pacto. Ya no se sabe hasta dónde puede llegar la confusión: justo como no hay Pacto y como el PAN se ablandó en el Congreso, el gobierno negoció con quien quiso y como quiso e impuso unas inconstitucionalidades bajo presión de Televisa y, otras, por conveniencia propia.

En cuanto al voto del PRD: felicidades. Ya era hora que se comportara como partido político y definiera una posición única para la cual se forman partidos, entre otras cosas, a diferencia de la desorganización de los ciudadanos que suele ser un objetivo de los enemigos de la democracia.

El voto del PRD en contra fue para rechazar con fuerza las concesiones inconstitucionales que se le hicieron al monopolio Televisa para seguir acaparando el servicio de televisión restringida de paga y también para rechazar el incumplimiento gubernamental de acuerdos sobre los derechos de las radiodifusoras sociales. No fue para oponerse a la larga distancia gratuita como dicen algunos voceros de Televisa que, por cierto, no suelen ser gratuitos.

Censura de internet

El dictamen sobre la iniciativa de ley de telecomunicaciones pretende que las empresas de redes de internet puedan “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios cuando medie orden de autoridad competente (art. 145). Pero el proyecto de ley no define cuál es la autoridad en esta materia ni tampoco indica en qué situaciones y bajo cuáles procedimientos podría ser procedente el bloqueo. El requisito sería que hubiera una orden y basta. Además, las sanciones por desobedecer serían multa y cárcel.

Este precepto no venía en la iniciativa del gobierno sino que fue introducido recientemente a través de un irregular procedimiento de dictamen en el Senado. El bloqueo aparecía como una acción que podría abarcar regiones. Ahora se cambia por bloqueo de contenidos, aplicaciones o servicios.

En el proyecto está incluido un apartado de “colaboración con la justicia” (art. 189) según el cual los concesionarios y autorizados de los servicios de telecomunicaciones se encontrarían obligados a prestar auxilio a las procuradurías de justicia, las policías y las “instancias de seguridad nacional”, pero no existe ninguna prescripción sobre procedimientos, condiciones, etcétera, que pudiera dar elementos para conocer de qué clase de bloqueos o espionajes se trata con exactitud. Lo que se busca es otorgar al gobierno capacidad de censurar y espiar, para después definir quién se va a encargar de esa tarea.

El proyecto no otorga a los jueces capacidad para ordenar bloqueos de contenidos en internet a pesar de que bajo un estado de derecho cualquiera sólo la autoridad judicial puede definir si se ha cometido un delito; todo lo demás no pasa de ser sospecha o acusación sujeta a dictado jurisdiccional. La comunicación es un derecho humano según la Carta Magna hace poco reformada, pero el gobierno pretende en la legislación secundaria restringir a discreción ese derecho, lo cual significaría negarlo en toda forma, porque los límites de la libertad deben ser precisos y los procedimientos de su aplicación deben estar perfectamente determinados. Nada de esto se quiere hacer.

Las protestas contra la pretensión del gobierno y de algunos senadores panistas de incluir la censura de internet han sido rechazadas por el subsecretario de Comunicaciones y por el presidente de una de las comisiones dictaminadoras. Este último (el tal Lozano) dijo con toda la cara dura que le caracteriza que en el proyecto no había nada sobre internet.

La pretensión de censurar internet se acompaña con la maniobra para mediatizar la prohibición constitucional de presentar publicidad y propaganda como si fueran informaciones noticiosas. Se trata de la muy conocida gacetilla, la cual es una de las grandes deformaciones corruptas del periodismo mexicano. En el proyecto de ley “se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”, tal como lo señala la Constitución, pero no se define cuál sería la autoridad encargada de hacerla valer. En tal proyecto, el Ifetel ha sido despojado de facultades en materia de contenidos y ni siquiera es sustituido por la Secretaría de Gobernación.

La prohibición de la gacetilla forma parte de los derechos de las audiencias. Presentar comerciales o mensajes políticos como si fueran noticias es un fraude a los radioescuchas y televidentes (también a los lectores). Ya se sabe que de eso engrosan sus bolsillos empresarios y periodistas empleados de esos mismos sin admitir el respeto al público como condición de todo ejercicio profesional. Por esto la Constitución ha prohibido la gacetilla, pero el gobierno quiere que no haya sanción ni autoridad que la aplique.

Muchas otras partes del proyecto de ley tienen esa misma característica de regresión legislativa.

La “chota” en las redes

En la iniciativa de Peña Nieto sobre telecomunicaciones sobresale un título denominado “colaboración con la justicia” que resulta ser en realidad de colaboración con el gobierno para intervenir toda clase de telecomunicaciones y también bloquearlas.

Este es un viejo debate, actualizado a propósito de las revelaciones de Snowden que han provocado un gran escándalo mundial. El Congreso mexicano se ha ocupado del tema en otras ocasiones con mala fortuna. En esta ocasión las cosas podrían empeorar en lugar de que la ley fuera una expresión cabal de los derechos constitucionales.

La irrupción de la autoridad en las comunicaciones privadas puede ser usada para cualquier propósito, incluyendo la reventa de la información. Así, el primer problema es cuándo se justifica. El segundo, quiénes la pueden autorizar y realizar. El tercero tiene que ver con su utilización ulterior. Si se trata de perseguir delitos y no otras cosas, es evidente que sólo puede tener justificación cuando se ordene por autoridad que tuviera a su cargo una formal investigación y permitida por un juez en concordancia con la Constitución y la ley, pues de otra manera no podría tener validez en un proceso penal y sólo serviría para espiar a las personas. Además, se trataría solamente de determinados delitos en curso de investigación. Esto abarca los tres problemas planteados.

Sin embargo, el Ejecutivo propone que cualquier autoridad de procuración de justicia y otros servidores públicos a quienes se les deleguen facultades puedan realizar las intervenciones sin orden judicial alguna, a pesar de que ya existen los llamados jueces de control que, se supone, deben servir entre otras cosas para eso. Además, el gobierno quiere obligar a los concesionarios a realizar la geolocalización  por instrucciones de “las instancias de seguridad” y de quienes tengan delegada “esta facultad” para “el ejercicio de sus atribuciones propias de producción de inteligencia”. Como se puede observar, aquí cabe todo, en cualquier momento y con cualquier objeto. El gobierno de Estados Unidos realiza vigilancia de inteligencia contra el terrorismo pero en realidad espía a todo mundo en todo el mundo incluyendo a sus mejores amigos.

Los concesionarios, además, deberán “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos ylugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”. Con este precepto se podrían bloquear las señales en ciudades enteras por orden de la autoridad, eso sí muy “competente”. Sin embargo, la Constitución dice que las telecomunicaciones son “servicios públicos de interés general” y que el Estado debe garantizar que sean prestados en condiciones de cobertura universal, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

Las regulaciones que tienen que ver con las interferencias y la geolocalización deberían estar en otra ley en la que se abordara el asunto en su conjunto sin llevar al Ifetel a ese terreno que no es el suyo. Bajo esa óptica, las autorizaciones serían otorgadas por un juez, quizá con la excepción de los secuestros y las persecuciones de personas sorprendidas en flagrancia de ciertos delitos en que se requeriría sólo la orden provisional de un procurador. Sin embargo, el gobierno está confiado en que el Congreso se deje llevar por el pánico provocado por la persistente crisis de violencia delincuencial. De ser así, se daría un paso más hacia el Estado policía: ningún país mejora de esa manera.

Inversiones y derechos

En las negociaciones sobre la iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el gobierno buscaba promover nuevas inversiones, en especial de capital extranjero. El planteamiento gubernamental inicial, dentro del Pacto por México, era notoriamente pobre. Las oposiciones (PRD-PAN) entraron a un diálogo entre ellas con el propósito de proponer una reforma completa y amplia, podría decirse ambiciosa, para crear una nueva institución autónoma con amplias facultades y establecer nuevos derechos de los mexicanos.

La negociaciones fueron largas y se integró también la reforma del sistema de regulación de la competencia económica dejando esta materia al Ifetel en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, lo cual es algo, digamos, heterodoxo y raro pero adecuado a un país altamente monopolizado.

La figura de preponderancia fue creada como traje a la medida de Televisa y América Móvil. Estos son los preponderantes que deben estar sometidos a regulaciones especiales y urgentes. Esa fue una decisión política de Estado. No obstante, el gobierno propone ahora que Televisa no sea preponderante en el sector de radiodifusión ya que no tiene el 50 por ciento de la audiencia tomando en cuenta la radio. La Constitución, sin embargo, fue redactada para declarar preponderante a cualquiera que lo sea en “la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones” y ya se sabe que tales servicios son radio, televisión abierta, televisión restringida, internet, telefonía, satélites, según dice el segundo transitorio del mismo decreto, donde se añade que las medidas de fomento a la competencia deben aplicarse en todos los segmentos para garantizar en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones. Además de que Televisa es preponderante en el servicio de televisión abierta (radiodifusión) también lo es en televisión restringida que corresponde al sector de telecomunicaciones.

Y así como éste hay otros temas en los que el texto o el espíritu de la reforma constitucional es negado en la iniciativa del gobierno pues también se le regatean facultades expresas al Ifetel, se minimizan los derechos de usuarios y audiencias y se mantiene en el rincón a la radio social.

Otro ejemplo es la reforma del artículo 6º. de la Constitución con la cual se crea un organismo descentralizado “con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión…”. Los bienes del organismo creado por Calderón mediante decreto presidencial (OPMA) pasarán al nuevo, pero eso no significa que también se transfiera su objeto puesto que aquél se creó para promover la radiodifusión y a éste se le ha conferido el proveer, lo cual es sensiblemente diferente. Además, la Constitución dice que el nuevo organismo “contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva”, nombrado directamente por el Senado. Pero el gobierno pretende convertir al consejo ciudadano en uno consultivo sin ninguna facultad. Todo, bajo la jefatura de la Secretaría de Gobernación, como antes. Lo que se convino fue la formación de una cadena nacional de radio y televisión pública capaz de ser una opción cultural e informativa pluralista e independiente. Así está expuesto en el artículo 6º. y en los transitorios del decreto.

El gobierno está suponiendo que con unos seis senadores díscolos puede imponer una legislación secundaria al revés. Se basa quizás en los Lozano para proteger a algunos concesionarios y a sí mismo. El diferendo sin embargo continuaría en los recursos de inconstitucionalidad. Nadie las puede ya tener todas consigo.

Seguro de desempleo

Los empresarios siempre dicen que son quienes crean empleos pero lo que jamás aclaran es que siempre que los “crean” es para mejorar sus negocios, de otra manera, en lugar de crearlos, sencillamente los extirpan para proteger su tasa de ganancia. La cobertura social del desempleo debe estar, por tanto, a cargo de los patronos pero nunca de los trabajadores ya que tal traslado de responsabilidad implicaría culpar al desempleado de su propia desgracia.

El seguro de desempleo es de costumbre colgado total o parcialmente del fisco de tal manera que los contribuyentes asumen el costo en la medida en que cada cual aporta al gasto público. De esta forma también hay una injusticia ya que ni los contribuyentes en su mayoría serán alguna vez desempleados ni el objeto de los impuestos es el de resolver uno de los fenómenos estructurales del capitalismo: el desempleo.

La manera en que el gobierno quiere establecer un seguro del desempleo es sencillamente partiendo el fondo para la vivienda de los trabajadores para desviar un segmento a otro propósito. Todos sabemos que el Infonavit tiene dinero de más, es decir, no lo usa todo para sus fines propios. Por ello, el gobierno busca que una parte de ese fondo sirva para crear un seguro sin hacer reforma social alguna.

Por cierto, tal fondo se creó para sustituir la obligación patronal de proporcionar vivienda en las empresas con más de cien trabajadores, creada por el Constituyente de Querétaro en 1916. Como no se cumplía el mandato, se creó el Infonavit como un sistema de cuotas patronales con participación del fisco.

Ahora, como el sistema funciona mal (incluyendo el sobreendeudamiento de los trabajadores que adquieren un crédito y se financian con algún prestamista privado para cubrir el precio de la vivienda), tenemos una crisis que podría encararse mediante la creación de otro fondo, sobrepuesto al de vivienda, para cubrir el seguro de desempleo. Mas si hoy el Infonavit no otorga créditos suficientes en su monto y amplitud, con la división en dos fondos eso seguiría igual o peor.

Lo correcto sería que se estableciera una tasa patronal progresiva según el número de trabajadores de cada empresa para fondear el seguro de desempleo, pero los economistas consideran que como prevalece la tendencia recesiva de la economía esto podría generar más desempleo, lo cual es relativamente cierto.

Pero, en esencia, no habría forma justa de fondear un seguro de desempleo sin una nueva cuota patronal. Sin embargo, parte de la derecha quiere un seguro de desempleo pagado por patrones, gobierno y trabajadores. La izquierda quiere que el nuevo seguro sea sostenido con fondos públicos. Ambas propuestas son parcialmente injustas pero la izquierda, a diferencia de la derecha, defiende el exiguo salario actual. Por ello, sería mejor que los “creadores” y extirpadores de empleos se hicieran cargo de su posición social.

Si la propuesta del gobierno saliera adelante, el nuevo uso de las cuotas patronales de vivienda sería producto de la crisis de la forma en que se administra el Infonavit que, como decíamos, ha llevado a un sobreendeudamiento de las familias y también es peligrosa para la economía del país. En realidad, el Infonavit debería aumentar el monto de los créditos para los trabajadores jóvenes aunque se alargara el plazo de amortización y reducir sus inicuos sobrantes que se lanzan a la esfera de la especulación financiera en la época del reinado del capitalismo rentista y depredador.

“Must carry, must offer”

Las televisoras de señal restringida están obligadas a retransmitir las emisiones de las televisoras de señal abierta. A su vez, éstas deben proporcionar a las primeras dicha señal. En ambos procedimientos no puede haber pago alguno ni las televisoras de cable o satélite pueden cobrar a sus suscriptores las señales de la televisión abierta. Televisa, sin embargo, reclama el cobro por los derechos de autor de los artistas que intervienen en su programación, pero esos derechos ya están cubiertos por Televisa.

Como la retransmisión es un acto simultáneo a la emisión, no se trata de un uso diverso de las señales abiertas. Según la nueva legislación, emitir implica retransmitir en forma completa, sin cortes y al mismo tiempo (comerciales incluidos). Este es un mandato de ley. Dicha retransmisión es gratuita para la televisión restringida y para los abonados. Así, los derechos de autor se encuentran plenamente cubiertos, pues la emisión y la retransmisión forman parte del mismo acto legal, no son elementos separados ni en el tiempo ni en el contenido. En conclusión, Televisa no puede cobrar derechos que ya están pagados —se supone— por ella misma, pues no se trata de una venta de tales derechos para usos comerciales diversos, sino de una obligación legal de entregar su señal a las televisoras de señal restringida. Pero, ¿por qué?

Las señales emitidas por la televisión abierta son del público cuando están en el aire, pero Televisa las ha tenido acaparadas para beneficiar a Cablevisión y Sky, que son de su propiedad. Para terminar con esta situación en la que el monopolista de la televisión se cierra con propósitos claramente monopólicos, el Congreso creó la obligación de entregar las señales desde la televisión abierta y la de retransmitirlas a través de la restringida: must carry, must offer. Todo gratuitamente. Hay cosas que pueden estar fuera del mercado en ciertas circunstancias, pero esto no termina por entenderse. La televisión es una concesión que otorga el Estado bajo ciertas reglas. Los negociantes son concesionarios, no producen y venden salchichas sino usan un bien de dominio público, algo que es de la propiedad de todos, de la nación entera.

La objeción de Televisa que se cuelga del derecho de autor no va a funcionar, pero las cosas no son, sin embargo, tan sencillas. La gratuidad de la señal de televisión abierta no existe legalmente para un operador que fuera dominante en el mercado o cuando éste se encontrara en condiciones de competencia real. En este contexto, Tv Azteca acusa a Dish de ser parte de América Móvil, propietaria de Telmex, la cual domina en telefonía fija e internet, así como en celulares a través de Telcel. El indicio es que Telmex cobra mediante sus recibos telefónicos las facturas de Dish (casi el único competidor de Cablevisión y Sky, propiedad de Televisa ahora asociada a su rival Tv Azteca) a pesar de que su título de concesión no le autoriza prestar servicios de cobranza por cuenta de terceros. Este asunto debe litigarse en el Ifetel, ya que ese instituto es la autoridad en materia de telecomunicaciones y sus facultades abarcan la competencia económica en esta materia.

Lo que tenemos son disputas entre operadores monopólicos que tienen ya varios años: antes fueron amigos y socios. La reforma de telecomunicaciones busca establecer una autoridad imparcial para tales pleitos pero, sobre todo, abrir el mercado a otros participantes en un país ahogado por la monopolización. Este es el reto del Congreso.