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Omisión legislativa: no hay Estado de derecho

 

Durante diez años, el Congreso ha incumplido su obligación de emitir una ley sobre propaganda oficial. Entre Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña ha existido una línea de continuidad en la aplicación de la misma política de no tocar ese tema y, por tanto, poder transgredir más cómodamente el contenido del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, pues muchos gobernantes compran ilegalmente espacios de propaganda personalizada con fondos públicos y ninguno es reconvenido.

Ayer, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia concedió un amparo a la asociación Artículo 19, con el cual se ordena al Congreso legislar en materia de propaganda oficial, de conformidad con lo prescrito en la Constitución desde el 13 de noviembre de 2007.

El punto es relevante porque no se trata de una omisión cualquiera sino de un tema político trascendente y porque el PRI y el PAN, responsables de dicha omisión, jamás han expuesto los motivos de la misma. Después de intentar inútilmente un proyecto de consenso, yo presenté la primera iniciativa de ley el 29 de marzo de 2011, pero ni siquiera logré que se abrieran conversaciones sobre el tema. Cuando se realizó otra reforma electoral en el año de 2014, se volvió a imponer al Congreso un nuevo plazo para emitir la ley de propaganda oficial, pero priistas y panistas fortalecieron cínicamente su conducta omisiva.

¿Qué clase políticos son aquellos que no obedecen la Constitución, callan ante el reclamo, vuelven a comprometerse a cumplir con su deber y de nuevo omiten expedir una ley que obligatoriamente debe ser aprobada, cualquiera que fuera su contenido, pero en congruencia con la Carta Magna? La respuesta de esta pregunta es todo un tema en el estudio sobre el curso que ha tomado la llamada transición de México a la democracia.

Mas no se crea que es la única omisión. Aunque la ley de réplica ya fue expedida, luego de ser omitida durante varios años, la de sueldos de servidores públicos, reglamentaria del artículo 127 de la Carta Magna, ha sido ignorada durante más de cinco años, sin explicación alguna, a pesar de que el Senado envió minuta a la Cámara de Diputados, pero Calderón y Peña, sucesivamente, la congelaron: acuerdo entre priistas y panistas.

En realidad, no se trata sólo de una omisión legislativa sino también del Poder Ejecutivo, ya que éste nunca envió al Congreso iniciativa alguna para expedir la ley reglamentaria de la propaganda oficial.

México vive en la tolerancia legal y fáctica de toda clase de tropelías que agravian los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, la falta de una ley de propaganda oficial afecta varios derechos: información, libre comunicación de las ideas por cualquier medio, rendición de cuentas a la ciudadanía, administración eficiente, eficaz, transparente y honrada de los recursos públicos, fiscalización del gasto público, carácter institucional de la propaganda oficial, entre otros, dentro del marco general del apego del poder público a la Constitución.

Toda propaganda de cualquier ente público debe tener carácter institucional y nunca incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Es esto lo que dice la Constitución ( art. 134), pero la realidad está muy lejos del mandato y sólo refleja la desfachatez con la que los poderosos agravian lo que se supone que es la ley de leyes, la Carta Magna, que en México ni es carta ni es magna porque el poder político sigue sin reconocer límites.

En realidad, la llamada transición mexicana ha sido en buena medida un fraude. Cierto que la situación no es la misma que en los años 60 y 70, y que la ciudadanía tiene algunas formas de defensa de las que antes carecía, pero no se ha instituido un verdadero Estado de derecho. Véase cualquier tema, desde la justicia hasta la fijación del salario mínimo: la Constitución no se encuentra vigente.

Cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte declara que hay omisión legislativa, en realidad está diciendo que el Congreso no acata la Constitución, que los políticos que conforman ese órgano son ímprobos, que durante 10 años un poder del Estado ha logrado impunemente transgredir la norma dictada por él mismo sin que ocurra absolutamente nada, que se ha mandado al diablo a las instituciones y, de paso, a los pocos legisladores que han exigido que se expida la ley que se tiene que expedir.

El gobernador que más ha transgredido la Constitución (ahora ya ex gobernador pero líder priista en la Ciudad de México) ha sido Eruviel Ávila, quien durante su mandato publicó todos los días en muchos diarios una foto suya, con un pié de grabado diciendo cualquier tontería, sólo para estar presente en ellos. No es el único caso pero sí el más ridículo. El Instituto Nacional Electoral hizo unas dizque investigaciones con motivo de unas quejas que yo presenté y no quiso llegar a ninguna conclusión a pesar de que las gacetillas prohibidas seguían apareciendo durante los procesos electorales. Yo mismo, frente al Secretario de Gobernación, le dije al entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que él violaba la Constitución todos los días del año con sus gacetillas ilegalmente pagadas, pero Osorio Chong me dijo en corto que él no podía hacer nada para hacer valer la Carta Magna respecto a la propaganda oficial. Agregaría yo que tampoco en otros muchos temas.

La Segunda Sala de la Suprema Corte, a instancias del ministro Arturo Zaldívar, nos viene a decir que el Congreso está fuera del orden constitucional en materia de sus deberes relacionados con la propaganda oficial. ¿Y la ley de sueldos de servidores públicos? ¿Esperaremos otros diez años y así sucesivamente? No. Aunque sea positivo lo que ha hecho la Suprema Corte en este caso, ese no es el camino idóneo para superar la desgracia en la que nos encontramos, pues a este paso podría transcurrir un siglo para reconvenir a los sinvergüenzas que dominan en el Congreso.

Conclusión: hay que cambiar por completo al órgano legislativo.

A la Fepade se le atravesó un zombi

 

Las sucesivas reformas electorales han tenido varios fracasos: se buscaba un órgano regulador íntegramente imparcial, lo cual no se ha logrado; se quería un tribunal de justicia electoral, pero por lo regular no funciona de ese modo; se requirió un fiscal de delitos electorales (Fepade) que nunca existió como tal.

Un caso emblemático fue el de “Amigos de Fox”, en el cual el entonces presidente de la República y principal denunciado, Vicente Fox, se negó a que se nombrara un fiscal independiente. La Fepade-PGR (Fromow-Macedo) resolvió el no ejercicio de la acción penal, aunque el IFE multó al PAN y al PVEM con más de 300 millones de entonces. “Amigos de Fox” fue ilegal, sin duda. Entre otros muchos, Carlos Slim, el mayor capitalista del país, había aportado tan sólo 17 millones, aunque no tuviera, dijo, intereses políticos y mucho menos “vocación”.

Ahora, desde la Presidencia de la República se ha ordenado la destitución del fiscal electoral porque existe un caso de alto riesgo: una denuncia de financiación ilegal de la campaña de Peña Nieto (2012) con un soborno procedente de la firma brasileña Odebrecht, presuntamente recibido por Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

Al parecer, el gobierno no le tenía suficiente confianza a Santiago Nieto al frente de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Ya no se trata de asuntos varios y muchas veces menores, sino que ahora se encuentra en el centro Enrique Peña Nieto y la parte de su gabinete que operó la campaña electoral. Por menos de eso caen gobiernos en América y Europa.

No existe la menor duda de que la orden de destitución ha procedido de Los Pinos y ha sido ejecutada por el encargado de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene capacidad de dar órdenes a la PGR mientras que el flamante encargado podría sólo permanecer por el tiempo que se requiriera para que sea designado el nuevo procurador, pero aquél seguirá hasta el fin del sexenio, según ha dicho él mismo, lo cual es ilegal, pues la vacante debe cumplirse mediante el mecanismo constitucional. Este punto es aun más relevante porque Alberto Elías, el encargado, no tiene la antigüedad en la profesión jurídica que se requiere para ser procurador, entonces tampoco la tendría para destituir a un fiscal especial. Todo huele a que Raúl Cervantes quiso poner su renuncia antes de que se tuviera que cumplir la orden presidencial de mandar al diablo a la Fepade, para no verse envuelto en otro lío.

Al respecto de la infidencia como causa del despido de Santiago Nieto, nomás recuérdese que la PGR publica conversaciones telefónicas, videos, rumores, dichos y cuanta cosa cree que le beneficia, como forma de conducir casos resonantes. Lo ha hecho siempre y nadie ha logrado tumbar por ello a un procurador. Hemos visto en la televisión supuestas detenciones o declaraciones de detenidos. Sólo recuérdese el asunto de Florence Cassez (conducido por la policía y admitido por la PGR) y el de un par de operadores de la pandilla de “Guerreros Unidos” de Iguala con motivo de la versión del entonces procurador Murillo Karam, quien quería dar por comprobada la incineración en Cocula de los 43 de Ayotzinapa. Hay miles de sucesos parecidos a estos.

Si se hubiera querido sancionar a Santiago Nieto con fundamentos, por lo menos se hubieran tomado la molestia de abrir un procedimiento formal, pero lo que hubo fue la orden directa de un encargado, por instrucciones superiores, ante lo cual el presidente de la República ha dicho que es un asunto del Senado. ¿También lo fue el cese del fiscal electoral?

Ya en el Senado las cosas han seguido el mismo curso. Gamboa Patrón ha dicho que no admite presiones ni chantajes, ni nada de nada. Lo que quieren los priistas es acatar la orden presidencial y llevar a cabo, para tal efecto, una votación secreta. En el Congreso, se votan mediante cédulas las designaciones. Nieto ya está designado, lo que se podría votar es el rechazo a su destitución.

Aunque el asunto consiste en una denuncia en materia electoral y no se ha hecho la investigación ni mucho menos Lozoya está a punto de ser inculpado, es tanto el miedo de que el asunto Odebrecht se muestre relacionado con Lozoya y con la campaña de Peña que el fiscal electoral ha tenido que pagar por anticipado.

Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, ha dicho que tiene ya concluidos varios procedimientos relacionados con los sobornos de Odebrecht. Hay que esperar para poder verlos. México, como siempre, es el último en enterarse de algo trasnacional: hay 10 países donde ya hay sentencias penales vinculadas al sistema de sobornos de la empresa brasileña.

La Fepade nunca ha existido en realidad, pero cuando por una vez, el fiscal quería, al parecer, hacer algo a la altura de su deber, se le ha atravesado el zombi del presidencialismo mexicano y se le quiere enviar de regreso a su despacho privado, alejado por completo de las causas penales que le corresponden a los fiscales. Si fuera posible que el Senado se interpusiera, eso sería una gran cosa.

No se necesitan otras leyes; es otra política, necios

 

El llamado de Peña Nieto para que el Congreso expida una ley de seguridad interior, exigida por los generales y almirantes del alto mando de las fuerzas armadas, se ha presentado como una necesaria revisión de los instrumentos jurídicos con los cuales el Estado combate a la delincuencia. Pero, si hacemos memoria, es exactamente la misma canción que la de Felipe Calderón cuando atropelló varios derechos humanos mediante sus intromisiones en el texto constitucional.

El esquema planteado es el mismo: crear un Estado de policía como respuesta supuestamente eficaz a una delincuencia organizada impetuosa e incontrolable.

Para combatir al narco no se necesitan nuevas leyes. Eso es magia. No es serio. Producción y tráfico de drogas, homicidio, desaparición, robo, secuestro y extorsión, que ahora realizan las mafias del narcotráfico y asociados, siempre han sido delitos. Por más que hayan aumentado las penas, manipulado los tipos penales, agravado ciertas conductas, atropellado derechos fundamentales y proclamado inclemencia para algunos delincuentes, los actos dañosos que realiza esa clase de criminales son perseguibles y punibles como lo eran antes. En cuanto a las investigaciones, la policía ya las puede hacer desde hace años.

Lo que se busca es dar facultades inconstitucionales a las fuerzas armadas. Ese proyecto de ley, que según Osorio Chong ni siquiera debería estar a discusión (!), se deriva del fracaso de las estructuras de seguridad pública y procuración de justicia del país, las cuales están dirigidas por los gobernantes, pero, por lo visto, también de las militares, pues ya tenemos más de diez años en “guerra” y estamos peor.

Al margen del hecho de que las fuerzas armadas a veces ejecutan a presuntos, lo cual es un delito que no debería solaparse, con una nueva ley de “seguridad interna” se perpetuarían las funciones policiales del Ejército y la Armada, pero no se daría paso alguno en la dirección de controlar el delito, en especial los ilícitos que cometen los grupos de la delincuencia organizada y sus asociados. No se ha demostrado que la intervención de las fuerzas armadas en la persecución de los narcos haya tenido grandes resultados en algún momento de los últimos 60 años, que es el tiempo que aquéllas tienen persiguiendo al narcotráfico con el declarado fin de acabar con este negocio, el cual es más fuerte y diversificado ahora que hace apenas cinco años, cuando terminó el sexenio de Calderón, el ridículo declarante de la “guerra”.

No se quiere analizar la incorporación a la delincuencia de jóvenes procedentes del amplio espectro del resentimiento social, quienes carecen de expectativas de mejoramiento y superación. La mayoría de la juventud mexicana actual no vive ni espera vivir mejor que la generación inmediata anterior, es decir, sus padres. Peña Nieto, como sus antecesores, no ha aumentado el porcentaje de estudiantes de educación superior respecto del total de la población en edad de acceder a ella. Estamos prácticamente igual que hace 30 años. Esto es un desastre nacional.

Pero en lugar de analizar este y otros problemas que se encuentran en el fondo de la actual crisis de violencia, lo que Peña nos propone es ceder ante la exigencia de mayores atribuciones policiales a las fuerzas armadas. Por esa vía, los militares tendrían que gobernar algún día de estos porque los civiles son unos perfectos inútiles, aunque, en verdad, las fuerzas armadas tampoco han resuelto el drama de la violencia criminal, por lo que, para justificarse, se quejan de falta de facultades.

Pero lo que en realidad ha hecho falta para encarar la criminalidad es un Estado organizado sin la actual estructura de corrupción que le caracteriza, con política social y con política criminológica avanzada, con proyecto policial, con suficiente autoridad que pueda ser ejercida en todo el territorio y con objetivos concretos para que cada uno de sus pasos sean el antecedente directo del siguiente. Lo que quiere hacer Peña es lo mismo que Calderón: palos de ciego en un asunto que no se quiere entender y frente al cual los gobernantes han sido impotentes y se echan la culpa unos a otros.

Si en el Ejército y en la Armada privara el conocimiento de los fenómenos sociales y no sólo la postura institucional, tendríamos unos generales y unos almirantes aconsejando a Peña para que deje de dar tumbos en esta materia y se elabore una nueva política y un programa integral que hagan frente a la crisis de violencia, pero sin basarse en las fuerzas armadas porque éstas no han sido hechas para ese efecto. Lo que Peña Nieto busca es elevar a ley la deformación de la milicia en cuerpo policial para hacerla permanente, orgánica y estructural. Esta es la peor opción posible porque en lugar de resolver problemas va a crear más.

No son otras leyes las que se necesitan. Es otra política, necios.

Narcomicidio

 

Matar a personas armadas, en el acto o en momento posterior inmediato, se está convirtiendo en una práctica. No se requiere demostrar que tales conductas son ilegales y violatorias de derechos humanos, sin embargo, el problema consiste en que se repiten sin que se exprese protesta pública y sin que el gobierno emprenda pesquisas.

De Tlatlaya a Tláhuac se manifiesta una clara tendencia hacia la impunidad de homicidios vinculados a actos de autoritarismo en la lucha en contra del llamado Narco. Esto es parte de la “guerra” declarada por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto, pero tiene su singularidad, pues acoge una doctrina criminológica extrema, brutal y falsa: el derecho penal del enemigo.

Según esa doctrina, el enemigo, el delincuente, ha transgredido el pacto fundamental y es, por tanto, un elemento a quien no se le puede aplicar la legislación como a cualquiera otra persona, sino como alguien cuyos derechos están disminuidos por la propia situación en la que se encuentra y por las decisiones que él mismo ha venido tomando en contra de la sociedad. Si ese delincuente es particularmente violento, entonces la misma doctrina lo abarca, como es lógico, dentro de la respuesta especialmente violenta de la autoridad.

La teoría de la pena se basa en ver a ésta como un mecanismo de sanción ejemplar, una especie de sistema disuasivo de actos prohibidos por las leyes penales. Pero dicha teoría ha sido analizada bajo una lupa crítica y, al menos, se ha puesto en duda que funcione de esa manera. Mas la pena de muerte está prohibida en México desde 1857, cuando se expidió la Constitución de ese año, quedando entonces con esa sanción sólo unos pocos delitos que tampoco iban a ameritar la pena capital cuando se construyera el sistema penitenciario, al cabo de lo cual, la Carta Magna fue olvidada y se fusilaba a cierta clase de personas.

Tenemos ahora que una parte de la sociedad manifiesta aprobación por combates en los que mueren todos los malos, lo cual no ocurre en las guerras formales. Tenemos también una autoridad que cree que matar es una mejor manera de desalentar el narcotráfico, el asesinato, el secuestro y la extorsión: el derecho penal del enemigo llevado a la supresión del primer derecho humano, el de la vida.

Así, un segmento social agraviado o sólo disgustado por la violencia se pone del lado de la misma y facilita, de tal forma, que la fuerza armada, a la que se ha dado extraordinariamente el encargo de llevar ante la justicia a los más violentos criminales, viole la misma ley que defiende.

Peña Nieto ha dicho que nadie debe obedecer órdenes ilegales. Pero como eludió señalar a qué se refería en concreto y habló unos pocos días después de la matanza de Tláhuac, más bien se entiende que estaba tratando de negar que tales órdenes pudieran impartirse desde su gobierno. No se trata de órdenes verticales sino de informales órdenes consentidas: otro mecanismo, pero también contrario a la ley y los derechos humanos.

Muchos saben que la solución de fondo sería superar la prohibición penal de las drogas y crear un sistema de control estatal y social de las mismas pero, mientras tanto, tenemos un problema: alguna parte de la sociedad y una gran parte del Estado simpatizan con la venganza homicida.

Justo cuando los infantes de marina salían de Tláhuac, ocurrían dos hechos aparentemente contradictorios: por un lado, unos, incluso comunicadores, comentaban que así es como hay que actuar, con arrojo y valentía, para detener a los vendedores de drogas; por el otro lado, otros hacían vallas al cadáver de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, y despedían su ataúd con aplausos y vítores. Se podría suponer que esos eran dos bandos en lucha, pero tal idea habría que ponerla bajo aquella misma lupa crítica con el fin de buscar las relaciones entre la teoría del delito, el derecho penal del enemigo y la supremacía de la violencia mortal. Quizá no tengamos dos bandos aquí, sino sólo uno, el de la muerte.

México no debería seguir por la ruta de afrontar este problema mediante la técnica de la eliminación física de los malos, quienes, se sabe, han matado a muchos, algunos buenos y otros malos. El narcomicidio llevará a una mayor violencia y, también, al deterioro moral de la fuerza armada. Hay que replantear el problema, reconducir a las instituciones en las cuales ahora ya no importa matar, por el camino de abrir escuelas para todos los jóvenes y garantizar a ellos mismos el empleo digno.

¿Para qué quieren otra ley las fuerzas armadas?

(Publicado en El Universal. 30.03.2017)

La propuesta de una nueva ley para las fuerzas armadas, denominada de “seguridad interior”, promovida por los secretarios de Defensa y Marina, se ha presentado en el momento en que coinciden dos hechos: la llamada guerra contra el narcotráfico ha fracasado y, como responsables de la decepción, aparecen las fuerzas armadas, a las cuales se les ordenó demoler la delincuencia organizada.

¿Cuál sería el propósito de una ley de seguridad interior? Si se admite el fracaso y se están pidiendo nuevas normas ha de ser porque se considera que con las vigentes no es posible tener éxito, es decir, hay que otorgar a los militares funciones que no les corresponden y que tampoco están permitidas a la policía. Esto, en principio, es contrario a la Constitución.

Se busca que en los trabajos de “inteligencia” se puedan aplicar todas las “medidas necesarias” y se quiere también que los militares retengan detenidos, hagan investigaciones y, en fin, asuman funciones que tienen a su cargo, en combinación, la policía, la PGR, Gobernación y los jueces.

Con la nueva ley no se está buscando que el Ejército y la Armada regresen a los cuarteles, como han dicho algunos generales y almirantes, sino justo lo contrario, se espera que se queden en las calles pero con ilimitadas atribuciones, contrarias a la Constitución y al sistema mundial de los derechos humanos. De eso ya hemos tenido bastante en México.

Desde 1959, cuando se firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos en materia de drogas, se metió al Ejército en la persecución de la producción de opio y marihuana, y se recibió ayuda de Estados Unidos en armamento y equipo. Luego vino la “Operación Cooperación” de 1969, (Díaz Ordaz) para evitar las medidas unilaterales de EU en los pasos fronterizos. Después, luego del convenio internacional sobre drogas, se adoptó la “Operación Cóndor” en 1971 (Echeverría), la cual llevó a su sucesor (López Portillo) a hacer declarar al secretario de Defensa, Félix Galván, en 1978, que el narcotráfico había sido “erradicado” en un 95%. Se había “ganado” la “guerra”, dijeron.

Ya desde los años 60 se denunciaban atropellos de tropas contra población rural, aunque al parecer no tan frecuentemente como ocurrió después, ni se conocieron ejecuciones extrajudiciales como la de Tlatlaya; sucesos como éste sólo se produjeron por motivos de represión política (guerra sucia). También se expidió la ley de pérdida de derechos agrarios de ejidatarios y comuneros (familias de ellos no importaban) que se dedicaran a la producción de estupefacientes, pero sin tocar a la “pequeña” propiedad. La actitud de las fuerzas encargadas de perseguir al narco siempre ha sido muy agresiva y trascendente. Al mismo tiempo, la corrupción no dejó fuera a ninguna corporación aunque sin duda en diferentes intensidades.

¿Para qué se querría hoy una ley exclusiva para las fuerzas armadas, después de 50 años del uso de éstas en la persecución de delitos federales? Parece ser que se piensa que el fracaso militar se ha debido a la falta de facultades inconstitucionales de los militares. Mas darle éstas a los institutos armados es lo más peligroso para cualquier poder civil. Ya de por sí el Ejército y la Armada no piden autorización para el uso discrecional y desproporcionado de la fuerza letal, mucho menos lo harán con una ley que se los autorice.

El debate sobre si la sociedad depende o no de los militares para acabar con la crisis de violencia en el país, creo que está resuelto a la luz del análisis de los últimos 55 años de narcotráfico en México. Hoy tenemos un problema mayor y una violencia mucho peor que hace dos lustros cuando la vieja “guerra” se volvió a declarar por parte de Felipe Calderón. Hacer discursos sobre el Ejercito y la Armada con halagos excesivos y un tanto ridículos, propios de una guerra internacional victoriosa, es por lo menos un desacierto. Pero la verdad está a la vista. Tenemos una “guerra” errónea porque enfrentar a la delincuencia organizada mediante una acción bélica no puede llevar a la victoria aunque tampoco hay una derrota. Sencilla, pero lamentablemente, tenemos una peor situación y a un alto costo en vidas, lesiones y angustias.

Hay que cambiar de política, pero del todo.

En México no hay rebelión

Desde la fundación del México republicano se ha asignado al Presidente la obligación de disponer de las fuerzas armadas para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Ya desde Apatzingán (1814: art. 160) se hacía este planteamiento. El Acta Constitutiva de la Federación de 1824 (art. 16) fijó la redacción actual. El único cambio ha sido (2004) agregar la obligación presidencial de preservar la “seguridad nacional” según ley expedida por el Congreso, con el fin de dar cobertura jurídica al CISEN y a la “inteligencia” gubernamental, pero se dejó igual el resto de la fracción VI del artículo 89 de la Carta Magna.

Si durante casi 200 años no ha sido necesario hacer una interpretación del término “seguridad interior”, ¿qué lo requiere ahora? El gobierno y los militares están viendo esa fracción VI como si ahí estuviera una facultad conferida a las fuerzas armadas, pero eso no es verdadero. Lo que tal precepto establece es una obligación del Presidente de la República de usar la fuerza armada para la seguridad interior de la Federación es decir, del poder constituido en el país, frente a rebeliones armadas. Aquí se encuentra una de las dos funciones del Ejército y la Armada: defender al poder, impedir su derrocamiento violento. La otra es rechazar una agresión extranjera, tal como el mismo precepto constitucional lo refiere bajo el término de “defensa exterior”.

¿Para qué hacer una ley que convierta al Ejército y la Armada en cuerpos policiales? Pues para otorgarles facultades que no tiene la policía y que serían contrarias a los derechos fundamentales y sus garantías, establecidas en la Carta Magna. Eso es lo que se busca.

El fracaso del gobierno se ha convertido en ocasión para otorgar a las fuerzas armadas las prerrogativas que éstas han estado exigiendo, tales como retención de detenidos, intervención de comunicaciones, acceso a datos protegidos, detenciones sin orden judicial, etcétera. Es la “guerra” que fuera declarada por Calderón. Sin embargo, la crisis de violencia que padecemos es otro fenómeno.

Bajo un Estado de derecho el gobierno no puede declarar la guerra a sus propios ciudadanos que no están levantados en armas, sino que frente a la violencia debe otorgar garantías a todos para que la ley se cumpla y se logre defender a la sociedad, en especial la vida de las personas. La idea de esa falsa guerra es tan odiosa porque atenta contra los derechos humanos.

Calderón pidió al Congreso allanamientos y detenciones sin orden de juez. “La chota en tu casa”, le llamé entonces. La Cámara de Diputados ya las había aprobado cuando en el Senado ocurrió un milagro el día de su discusión y el precepto regresó a San Lázaro donde finalmente se declaró rechazado. Ahora lo está planteando el PRI, con el recíproco apoyo del PAN, bajo el pretexto de que los militares ya que no están de acuerdo en seguir siendo policías si no se les garantiza impunidad.

Lo ha dicho a su modo el general secretario, Salvador Cienfuegos. Él afirmó que los militares podrían preferir ser acusados de desobediencia a tener que enfrentar procesos por delitos relacionados con violación de derechos humanos. Dijo que les podía salir más barato. Es decir, que por cumplir órdenes se atropellan derechos. Pero entonces la solución debería consistir en que no se emitieran órdenes contrarias a la ley y se respetara a los seres humanos. Nada más elemental bajo un Estado de derecho.

El proyecto del PRI para otorgar preeminencia inconstitucional a los militares debería transmutarse en una reforma para instaurar en las leyes el protocolo de relación entre militares y población civil como ya lo había intentado la Armada de México. Tlatlaya es el paradigma de ejecuciones de “rebeldes” que aun en la guerra están absolutamente prohibidas.

Al mismo tiempo, el artículo 129 constitucional señala que en tiempo de paz la autoridad militar no puede ejercer más funciones que las militares. En México no hay guerra interior ni con el exterior. El mismo jefe del Ejército admite que no están actuando como soldados y, por tanto, se encuentran al margen de la Constitución, pero pide una ley que resuelva el problema. Pues no, no se puede. Se tendría que hacer una subversión de la Carta Magna para inventar una institución que fuera, al mismo tiempo, policía y ejército, pero además al margen del respeto de los derechos de la gente. En esto último estriba en realidad el mayor problema.

Habría sin embargo una solución aunque diferente a la que se pide ahora. Debería revisarse la última minuta sobre el tema, enviada por el Senado a la Cámara e ilegalmente congelada por ésta, pues nunca se votó en San Lázaro debido a la inconformidad de los militares y de Calderón.

Enrique Ochoa Reza (PRI) y de la CFE violaron la Constitución

El artículo 126 de la Constitución dice que “no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior”, pero como era una costumbre violar ese antiguo precepto, hubo necesidad de reformar el siguiente artículo, el 127, el cual, entre otras muchas cosas, prescribe: “No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.

Enrique Ochoa Reza, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional, cobró un millón 206 mil pesos netos por haberse separado voluntariamente como director general de la Comisión Federal de Electricidad para aceptar un nuevo encargo presidencial, al margen de la función pública, luego de 2 años y 155 días de dirigir la paraestatal. El instrumento invocado por el “líder” priista para demandar y obtener su “liquidación” fue el Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando de la CFE que no es ley, no es presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, no es contrato colectivo, no es condiciones generales de trabajo, en virtud de lo cual sus reglas particulares sobre pagos de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y liquidaciones por servicios prestados son nulas de toda nulidad según la Carta Magna.

Mas el problema no termina ahí sino que está bastante más complicado. El “Manual” no permite otorgar “liquidación” a los jefes de la CFE que se separen de manera voluntaria, como fue el caso del líder priista, el señor Ochoa Reza, antes de tres años. El artículo 33 de ese “Manual” tiene dos apartados en cuanto al pago por servicios prestados: retiro “por voluntad propia”, que es el caso, y por “liquidación” que de ninguna manera es el caso. De haberse aplicado el primero y no el segundo el señor Ochoa Reza no hubiera alcanzado ningún pago porque sólo aplica para después de tres años de servicio.

Está claro que el “Manual” es groseramente contrario a la Constitución pero, en el colmo, también fue violado para poder entregar de todas maneras un dinero a Ochoa Reza por cuenta de la nación.

La redacción actual del artículo 127 de la Constitución fue discutida en el Senado durante dos años. Yo fui quien redactó y presentó la iniciativa. Después, estuvo congelada en la Cámara donde tuvo que ser sacada de los cajones cuando los consejeros del IFE pretendieron aumentarse el sueldo con lo cual se provocó un escándalo. Finalmente, el decreto de reforma constitucional se aprobó en los estados y se publicó el 24 de agosto de 2009, junto con un plazo para que el Congreso emitiera la ley reglamentaria. A pesar de que el Senado aprobó un proyecto de ley en 2011, desde entonces el PRI y el PAN han olvidado ilegalmente la minuta: ahí sigue sin que haya explicación alguna, al estilo mexicano. No obstante, el texto constitucional está vigente y debería ser respetado pues contiene normas que no requieren interpretación alguna.

Así como Ochoa Reza ha cobrado una liquidación inconstitucional y, en el colmo del abuso, contraria a las mismas reglas inconstitucionales de la CFE, hay muchos que lo hicieron antes y muchos más que, habiéndolo hecho, reciben además una pensión vitalicia. No sólo son los ex presidentes de la República sino los ex directores de organismos descentralizados. José Ángel Gurría, por ejemplo, fue empleado de Hacienda desde muy joven y cuando después de pocos años en el cargo abandonó la dirección de Nacional Financiera le contaron su antigüedad en la Secretaría para juntar años y aplicar un reglamento interno que otorga buenas pensiones por haber estado en “el sector financiero”. Al pensar en personas como ésa, genuinos exponentes de la corrupción mexicana, el Congreso estableció la regla de que, a pesar de haberse otorgado en el pasado al margen de la ley, “no se concederán ni cubrirán (hoy, mañana y siempre) jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados”.

Al respecto de la corrupción, Enrique Peña Nieto ha dicho que “No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra…”. Es decir, que la corrupción está en todos y beneficia a todos. Esta es la idea que se ha querido implantar sobre ese lacerante fenómeno desde los años cincuenta del siglo XX, es un criterio netamente priista. Los gobernantes roban y arrojan escurriduras sobre algunos otros, funcionarios y particulares, para que formen “parte de un modelo”, como lo ha catalogado el mismo presidente de la República. Estamos seguros que Peña conoce ese “modelo”, el cual contiene, según los conceptos de él mismo, una fórmula tendiente a culpar a “todos” de lo que ha sido una penetrante obra del poder.

Quienes firmaron la autorización para pagar a Enrique Ochoa Reza su millón y pico de pesos son Jaime Tadeo Castelán y Karine Slim, el primero es subgerente de Relaciones Laborales, el segundo es jefe del Departamento de Dictámenes, pero ambos tienen jefes que ordenan. El convenio fue registrado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje aunque no corresponda a la naturaleza de esa fraudulenta “liquidación”. Junto a Ochoa Reza, esas dos personas, por lo menos, deben ser sometidas a un procedimiento en el órgano interno de control de la CFE. El asunto tendría que llegar a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y al Ministerio Público. Así suelen tratarse esa clase de conductas en muchos países, pero como México no hay dos.

Juicio político: estrenar la Constitución… de 1917

Una noticia chusca ha conmocionado selectos medios. Un juzgado administrativo le ha puesto un plazo hasta el próximo domingo a los integrantes de las comisiones de gobernación y de justicia de la Cámara de Diputados para que procedan a integrar la Sub-comisión de Examen Previo. Si no lo hicieren así, la jueza podría consignar a los contumaces, ya multados y desaforados por ella misma, a otro juzgado, bajo la acusación de cometer el delito de incumplimiento de sentencia de amparo o algo por el estilo.

¿Qué es esto? Algo inaudito. Un abogado, Horacio Culebro, héroe de varias batallas, acudió hace ya muchos meses a un juzgado en procura de la protección de la justicia federal contra la omisión de la Cámara de Diputados al no integrar, como lo indica la ley, la sombría Sub-comisión de Examen Previo para sustanciar los procedimientos de responsabilidad política de altos servidores de la Federación y los estados. Existen 300 denuncias que no han sido tramitadas y, como es tradicional, la Cámara de Diputados no tramitará ninguna, al extremo de negarse a integrar el organismo que debe hacerlo.

En México nunca se ha llevado a cabo un juicio político desde que la actual Constitución entró en vigor. Puede decirse entonces que en este país ningún alto funcionario ha cometido jamás actos u omisiones que afecten los intereses públicos y su buen despacho en contravención de normas constitucionales o legales. Ninguno es ninguno, en 99 años. México es un país inverosímil, nadie en el mundo podría admitir la existencia de tan maciza realidad política. Aquí no hay dictadura perfecta –con licencia de Vargas Llosa– sino Estado perfecto, aún más difícil de alcanzar.

El juicio político suele confundirse con el desafuero, pero son diferentes. El primero es, como lo dice su nombre, eminentemente político y está dirigido a remover altos servidores públicos por mala gestión, abuso, ignorancia o error grave que afecte intereses públicos. Por otra banda, el desafuero es quitar la inmunidad a efecto de que el servidor público aforado pueda ser acusado en un juzgado penal de haber cometido un delito. Claro, se le separa del cargo, pero si el juez rebota la acusación, el desaforado puede regresar al cargo. Desde 1917 se han producido unos cuantos desafueros, los cuales, en los años veinte y treinta, tuvieron como propósito sólo remover legisladores y gobernadores, pero después se decidió castigar con cárcel, como a Díaz Serrano, para dar sustento al lema electoral de renovación moral de la sociedad (!); por cierto, el dinero del fraude nunca apareció. También se recuerda el desafuero de López Obrador, singular acontecimiento a cargo de Vicente Fox en la Presidencia y del PRI y el PAN en la Cámara, para abrir un juicio penal y suspender el derecho ciudadano de ser elegido, lo cual fue en realidad un ignominioso acto contra la precaria democracia nacional. Pronto veremos otro desafuero pero sin trascendencia alguna.

El juicio político, por su lado, es un instrumento parlamentario de vieja hechura que le otorga al Legislativo capacidad de control sobre el Ejecutivo. No se trata sólo de revisar las cuentas sino de evaluar el desempeño de los altos funcionarios, su capacidad, el apego a lo prescrito en las leyes y a los requerimientos de la sociedad. El presidente de la República no es sujeto de juicio político porque no se le ha querido dar al Congreso la facultad de removerlo por motivos puramente políticos ya que el Legislativo nombra al sustituto, pero las órdenes del jefe del gobierno deben ser firmadas por el secretario de despacho correspondiente, el cual sí es sujeto de responsabilidad política y puede ser enjuiciado por el Congreso. El presidente de la República es sin embargo sujeto de juicio bicameral de destitución (impeachment), pero sólo acusado de delitos del orden común o traición a la patria. Bueno, pero todo esto es puro postulado constitucional que jamás ha tenido expresión alguna.

Ahora bien, cuando la oposición empezó a tomar fuerza en la Cámara de Diputados, el PRI se encargó de enredar el trámite de los juicios políticos, por si acaso. Se designó a las comisiones de gobernación y de justicia para incoar los procedimientos después de pasar por una subcomisión de examen previo. Ésta es la que aún no existe. Si no hay a quien enviar un papel, tampoco habrá quien lo pueda regresar. Así es la lógica política en San Lázaro. Una vez cubiertos ambos trámites, dice la norma, la sección instructora entra en escena y la hace de fiscal. Pero la tal sección sólo se ha ocupado de desafueros (procedencia, se le llama) pero nunca de juicios de responsabilidad política.

Cuando no fue por una causa fue por otra, pero siempre el PRI se ha salido con la suya y, en varias ocasiones, el PAN ha acudido en su ayuda. Una vez que el PAN apoyó incoar el procedimiento a pedido del PRD, el PVEM empató la votación para evitar el juicio político contra Madrazo Pintado a pesar de que ese dizque partido entonces era aliado de los panistas y no de los priistas. Hasta ahora, todo ha quedado en las puras ganas de estrenar la Constitución… de 1917.

Líos de preponderancia

Como se había advertido desde la presentación de la iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, América Móvil hará desinversiones para quedar fuera de la regla de preponderancia. Como es sabido, el carácter de preponderante obliga a Telmex-Telcel a compartir su infraestructura física con sus competidores y a otras medidas asimétricas tal como la añadida gratuidad unilateral y no compensada en la interconexión, tributo pagado a Nextel (Telefónica de España) y Iusacel (Azteca-Televisa). Asimismo, el preponderante requiere permisos especiales para cualquier cosa, incluyendo el acceso a la concesión única que podría llevar a Telmex a brindar el servicio de televisión restringida de paga, lo que ha sido impedido por Televisa que también en esto es un reforzado monopolio.

Las desinversiones de América Móvil no sólo tendrían que llevarla a un punto en el cual tuviera menos del 50 por ciento de suscriptores en el sector de telecomunicaciones, cuestión nada complicada, sino también a reunir ese requisito en cada servicio que presta: telefonía móvil, telefonía fija e internet, mas no sólo de suscriptores sino también de tráfico en sus redes y capacidad utilizada de las mismas, lo cual ya no es tan sencillo. De poco serviría a Slim dejar de ser preponderante para pasar a ser agente económico con poder sustancial en el mercado de uno o varios servicios. Es por ello que la desinversión tendrá que ser muy fuerte. Esto es parte del traje a la medida de la reforma constitucional. Es, sencillamente, una fórmula antimonopólica.

Ahora bien, ¿quién comprará? No se ve sencillo que sea un grupo mexicano sino más bien alguna telefónica extranjera, pues ya se permite la inversión foránea hasta el cien por ciento en telecomunicaciones. Eso dependerá de lo que se oferte y del precio que se fije. El retiro en América Móvil de ATT (ahora asociada a Televisa) se repondrá con creces mediante la venta de activos fijos pero no sabemos en qué y en dónde se harán las inversiones del producto de esa misma venta. Lo más probable es que se apliquen en el extranjero a menos que Slim se embarque en una nueva televisora abierta, aunque de todas formas le sobraría dinero.

El gobierno federal ya sabía desde hace muchos meses que Slim podía desinvertir para tratar de zafarse de su condición de predominante. También lo sabía Azcárraga. Es irónico que el gobierno le haya ayudado a América Móvil a tomar la decisión mediante la inclusión en ley de la gratuidad en la interconexión sólo para el preponderante, a diferencia de la retrasmisión de señales radiodifundidas que es gratis para todos en los dos sentidos.

Del otro lado, en la izquierda hay quienes dicen que la reciente manipulación legislativa de normas secundarias se debe al Pacto. Ya no se sabe hasta dónde puede llegar la confusión: justo como no hay Pacto y como el PAN se ablandó en el Congreso, el gobierno negoció con quien quiso y como quiso e impuso unas inconstitucionalidades bajo presión de Televisa y, otras, por conveniencia propia.

En cuanto al voto del PRD: felicidades. Ya era hora que se comportara como partido político y definiera una posición única para la cual se forman partidos, entre otras cosas, a diferencia de la desorganización de los ciudadanos que suele ser un objetivo de los enemigos de la democracia.

El voto del PRD en contra fue para rechazar con fuerza las concesiones inconstitucionales que se le hicieron al monopolio Televisa para seguir acaparando el servicio de televisión restringida de paga y también para rechazar el incumplimiento gubernamental de acuerdos sobre los derechos de las radiodifusoras sociales. No fue para oponerse a la larga distancia gratuita como dicen algunos voceros de Televisa que, por cierto, no suelen ser gratuitos.

Censura de internet

El dictamen sobre la iniciativa de ley de telecomunicaciones pretende que las empresas de redes de internet puedan “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios cuando medie orden de autoridad competente (art. 145). Pero el proyecto de ley no define cuál es la autoridad en esta materia ni tampoco indica en qué situaciones y bajo cuáles procedimientos podría ser procedente el bloqueo. El requisito sería que hubiera una orden y basta. Además, las sanciones por desobedecer serían multa y cárcel.

Este precepto no venía en la iniciativa del gobierno sino que fue introducido recientemente a través de un irregular procedimiento de dictamen en el Senado. El bloqueo aparecía como una acción que podría abarcar regiones. Ahora se cambia por bloqueo de contenidos, aplicaciones o servicios.

En el proyecto está incluido un apartado de “colaboración con la justicia” (art. 189) según el cual los concesionarios y autorizados de los servicios de telecomunicaciones se encontrarían obligados a prestar auxilio a las procuradurías de justicia, las policías y las “instancias de seguridad nacional”, pero no existe ninguna prescripción sobre procedimientos, condiciones, etcétera, que pudiera dar elementos para conocer de qué clase de bloqueos o espionajes se trata con exactitud. Lo que se busca es otorgar al gobierno capacidad de censurar y espiar, para después definir quién se va a encargar de esa tarea.

El proyecto no otorga a los jueces capacidad para ordenar bloqueos de contenidos en internet a pesar de que bajo un estado de derecho cualquiera sólo la autoridad judicial puede definir si se ha cometido un delito; todo lo demás no pasa de ser sospecha o acusación sujeta a dictado jurisdiccional. La comunicación es un derecho humano según la Carta Magna hace poco reformada, pero el gobierno pretende en la legislación secundaria restringir a discreción ese derecho, lo cual significaría negarlo en toda forma, porque los límites de la libertad deben ser precisos y los procedimientos de su aplicación deben estar perfectamente determinados. Nada de esto se quiere hacer.

Las protestas contra la pretensión del gobierno y de algunos senadores panistas de incluir la censura de internet han sido rechazadas por el subsecretario de Comunicaciones y por el presidente de una de las comisiones dictaminadoras. Este último (el tal Lozano) dijo con toda la cara dura que le caracteriza que en el proyecto no había nada sobre internet.

La pretensión de censurar internet se acompaña con la maniobra para mediatizar la prohibición constitucional de presentar publicidad y propaganda como si fueran informaciones noticiosas. Se trata de la muy conocida gacetilla, la cual es una de las grandes deformaciones corruptas del periodismo mexicano. En el proyecto de ley “se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”, tal como lo señala la Constitución, pero no se define cuál sería la autoridad encargada de hacerla valer. En tal proyecto, el Ifetel ha sido despojado de facultades en materia de contenidos y ni siquiera es sustituido por la Secretaría de Gobernación.

La prohibición de la gacetilla forma parte de los derechos de las audiencias. Presentar comerciales o mensajes políticos como si fueran noticias es un fraude a los radioescuchas y televidentes (también a los lectores). Ya se sabe que de eso engrosan sus bolsillos empresarios y periodistas empleados de esos mismos sin admitir el respeto al público como condición de todo ejercicio profesional. Por esto la Constitución ha prohibido la gacetilla, pero el gobierno quiere que no haya sanción ni autoridad que la aplique.

Muchas otras partes del proyecto de ley tienen esa misma característica de regresión legislativa.