Por lo visto, el PRI se opone a la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) y a la consecuente desaparición de los organismos electorales locales con sus inservibles y costosos tribunales. El único argumento que se les ha ocurrido a los priistas es el del federalismo. No es tiempo de centralismos, dice Beltrones, como si no hubiera sido él mismo una especie de virrey enviado a Sonora desde la Secretaría de Gobernación.
Los institutos electorales de los estados son instrumentos de los gobernadores y lo mismo ocurre con los llamados tribunales. Pero si no lo fueran, también estarían de más. Casi todos los asuntos llegan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así está hecha la Carta Magna. Pero, además, el sistema electoral mexicano no debería tener duplicaciones: no hay motivo ni dinero.
Si se admite que el padrón electoral esté a cargo de una sola autoridad nacional, ¿por qué no habrían de estarlo también la conformación y ubicación de las mesas directivas, los resultados preliminares y los cómputos? Se trata sólo de organización y procedimientos definidos en la ley. Pero se quieren retener en la esfera local los registros y las aplicaciones de normas políticas. Así, el PRI busca que el INE asuma funciones técnicas mientras sus órganos electorales locales mantienen las tareas políticas donde está el mayor margen para las operaciones ilegales, las cuales son las que le importan a ese partido. Vaya federalismo.
Peña Nieto firmó el compromiso de crear el INE con una legislación nacional para todas las elecciones (federales, locales y municipales). Tal vez el PRI como tal no fue consultado, pero también signó el llamado Pacto, lo cual le impediría desconocer su firma por la vía de rebajar las funciones del nuevo organismo nacional. No tendría caso que el INE se encargara de las cuestiones meramente técnicas y se enfrentara irremediablemente a cada paso con órganos locales encargados del control político. Los procesos electorales no deberían estar sometidos a los poderes constituidos, pues eso es lo viejo y antidemocrático.
La creación del INE, como única autoridad administrativa electoral, es necesaria para emprender un paso más en la ya muy larga transición. A pocos países, como a México, les ha costado tanto tiempo, trabajo y dinero remontar el control de los gobernantes sobre los procesos electorales.
Además, sí habría un ahorro de recursos por dos vías: evitar que el INE cayera en el dispendio y la ridícula parafernalia del IFE, y aprovechar la infraestructura de este último y de una parte del personal de carrera de los actuales órganos locales. Lo que se ha discutido hasta ahora es la creación de consejos estatales del INE, es decir, de órganos colegiados permanentes.
Por lo demás, cada legislatura local seguiría aprobando las bases políticas de su sistema de representación popular, donde reside justamente el federalismo, es decir, la autonomía de las entidades para decidir su régimen interno dentro de las nada menores limitaciones señaladas en la Constitución federal. Por lo que respecta a la legislación electoral nacional, ahí sí que ni modo, en esta materia no puede haber tantos procedimientos diferentes según cada estado. Beltrones admitió con entusiasmo que hubiera un solo código de procedimientos penales; bueno, aquél sería el código único de procedimientos electorales. Lo mismo, pero este último no le gusta al PRI: federalismo de conveniencia.