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España: coalición y crispación

Desde el restablecimiento de la democracia en España no se había dado un gobierno de coalición. Durante 40 años el partido más votado controló la administración pública central. Algunas veces, en minoría, lograba acuerdos parlamentarios ocasionales con otras formaciones, pero el Consejo de Ministros fue siempre de un solo instituto político.

El gobierno español es ahora diferente. El viejo partido socialista, el PSOE, ha admitido la creación del gobierno de coalición con Unidas Podemos que está formado por varias expresiones unitarias de izquierda. El líder de aquél, Pedro Sánchez, se negó durante meses a integrar ese gobierno, a pesar de que era viable alcanzar más apoyos que rechazos en el Congreso de los Diputados, requisito constitucional para lograr la investidura. Al final, la realidad política lo sobrepasó.

España entró hace algunos años en una crisis del sistema en el que el bipartidismo (PSOE y PP) solía tratarse con rispidez, pero siempre con tendencia a llegar a acuerdos, a conducir conjuntamente al Estado, en especial en la conformación de las instituciones, mientras que, a veces, partidos regionales aportaban votos para sacar presupuestos cuidadosamente desequilibrados.

Como elementos de la crisis política surgieron Podemos y Ciudadanos. El primero, izquierda crítica del PSOE y del bipartidismo. El segundo, liberal derechista y crítico de la corrupción en el entonces gobernante Partido Popular. Había surgido un nuevo sistema político con dos izquierdas y dos derechas, además de fuertes partidos locales en algunas regiones. Pero los viejos institutos políticos estaban pensando en encontrar la forma de volver a lo de antes.

Esa crisis se reveló desde que se hizo imposible que alguno de los partidos del desarticulado bipartidismo pudiera gobernar por sí sólo en relativa estabilidad. España había cambiado en medio de la incredulidad de los políticos tradicionales.

La corrupción en el PP, la cual llevó a Mariano Rajoy a ser despedido como presidente del Gobierno, le otorgó al PSOE la oportunidad de oro para reconocer los cambios en la política española. Sin embargo, una mayoría de dirigentes socialistas impidieron dar ese paso. El surgimiento del gobierno de coalición estaba maduro meses atrás, luego de la primera elección parlamentaria de 2019, pero no se hizo por la necedad de las bandas sectarias del PSOE. Entonces hubiera sido más fácil que ahora, por cierto.

Luego de la segunda elección de 2019 ya no había más remedio que admitir los resultados comiciales como indicadores de que hay un gran segmento social que ya le dio la espalda al bipartidismo y busca una nueva democracia.

En la derecha, que ahora es de tres cabezas, se han visto disminuido los nuevos liberales de Ciudadanos que eran la esperanza de mucha gente que cuestionaba al PP y al PSOE desde actitudes moderadas y críticas de la corrupción española. Ha surgido un sello electoral llamado Vox que es un partido abiertamente machista y homofóbico, además de añorante del orden franquista, al que le repugna la Unión Europea y, sobre todo, la emigración africana y latinoamericana. Es ese el tercero más votado en las recientes elecciones.

Si las principales izquierdas no se hubiera unido en coalición con el apoyo, mediante la abstención, de los dos partidos nacionalistas más importantes (el catalán Esquerra y el vasco Bildu), se habría tenido que convocar a una tercera elección en medio de mayores desuniones en la izquierda y reencuentros en la derecha. Es decir, una catástrofe.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su partido son quienes llevan el mérito mayor porque desde un principio propusieron con firmeza y lealtad la coalición de gobierno.

Al mismo tiempo, la formación del nuevo gobierno ha llevado a la crispación política. Ya se ha advertido esto en los discursos parlamentarios de los actos previos a la investidura de Pedro Sánchez. Las derechas se van a ir aproximando cada día más porque tienen base común suficiente y el claro objetivo de lograr el fracaso de la coalición de izquierdas. En el PP no hay moderación y en Ciudadanos hay repulsión visceral  a la izquierda emergente, mientras en Vox existe un repudio virulento a todo progreso social y cultural.

La agenda social española es muy amplia pero destacan las tareas ideológicas que hay que reemprender contra la intolerancia y las fobias de las fuerzas reaccionarias. El nuevo gobierno de coalición y sus opositores desde la izquierda, en especial Bildu y Esquerra, tienen que buscar acuerdos que vayan mucho más lejos de la simple estabilidad parlamentaria. Aun cuando mantengan sus polémicas sobre el tema de las nacionalidades y el derecho de autodeterminación, se requiere una unidad de acción. El asunto político de mayor actualidad en este momento no es la independencia de Cataluña sino impedir que toda España caiga en manos de una derecha que sería mucho peor que una vuelta de José María Aznar al poder.

La triunfante propuesta de integrar una coalición gobernante de izquierdas, la cual ha tenido a pesar de los pesares el respaldo decisivo de otras formaciones, debería convertirse en un momento de lucha por una España democrática y socialista.

Propuestas panistas al pasado

El grupo panista de la Cámara de Diputados ha hecho un llamado al gobierno y a la mayoría parlamentaria para dialogar. Juan Carlos Romero Hicks ha sorprendido pero no ha dicho qué propone. Durante más de un año no ha tratado de construir absolutamente nada sino sólo bloquear al adversario, aunque sin éxito.

La posición del PAN en San Lázaro es idéntica a la de su presidente nacional, el cual no tiene idea de qué proponer a los otros partidos y mucho menos al mayoritario. Como no hay planteamientos, se insiste en dejar todo igual, es decir hacer propuestas al pasado. Ese conservadurismo es monumental.

¿Qué temas le interesan más al PAN? ¿Qué propuestas pudieran llevar a Morena o al gobierno a discutirlas para buscar alguna convergencia con el viejo partido de la derecha? No lo sabemos.

Lo que Acción Nacional sabe de sobra es que la mayoría no requiere de su aceptación para impulsar su programa. En cuanto a las reformas constitucionales, las cuales demandan los dos tercios de ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales, el PAN tampoco es decisivo si no conforma bloque de presión con todas las demás oposiciones.

El líder de los diputados del blanquiazul no ha dicho sobre qué tendría que hablarse ahora. Por lo pronto, en el Congreso no hay acuerdo sobre temas constitucionales como la eliminación del llamado fuero de los altos funcionarios ni tampoco las oposiciones aceptan elevar las facultades de las comisiones parlamentarias de investigación.

En materia de gasto público el PAN ha rechazado todo sin detenerse en un solo punto. Para la derecha panista, la política social de AMLO es detestable porque piensa que es un listado de regalos de dinero a los pobres y no está dispuesta a admitir en lo más mínimo que se trata de un reconocimiento de derechos. La excepción es el programa de estancias infantiles hacia madres trabajadoras en la economía informal porque ese fue de origen blanquiazul, pero el actual partido no admite que el apoyo debe darse directamente sin la intermediación de los establecimientos privados y sin la corrupción que ahí imperaba.

Aumentar los salarios mínimos no ha sido nunca un planteamiento de Acción Nacional, aunque sí de algunos panistas, como los líderes de la Coparmex. Por tanto, esa política pasa desapercibida por dicho partido, el cual no abre la boca para no tener que explicar la disminución salarial, en términos reales, que se impuso durante los 12 años de administraciones del PAN.

Combatir la corrupción significa algo peligroso porque puede tocar a personas cercanas al PAN y, hacerlo ahora, significa de alguna manera el reconocimiento de que eso fue lo menos que se hizo durante los años de las presidencias panistas.

El PAN en San Lázaro casi se dedica a hacer performance, escenificaciones en tribuna para gritar contra el gobierno, al cual acusan de ser dictatorial aunque sin que se hayan producido actos de represión política. A las bancadas de Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), el insulto más grande proferido por Acción Nacional es que éstas manifiestan acuerdo con la administración, lo que aplauden los legisladores de la mayoría, antes, claro, de responder a los insultos personales que los oradores panistas disfrutan lanzar en su contra.

No hay nada en el escenario de la lucha política entre Acción Nacional y la nueva fuerza gobernante. Es un vacío difícil de explicar pero enteramente real. No podríamos imaginar una reunión abierta, sin agenda previa, entre el líder del PAN, acompañado de sus coordinadores parlamentarios, y el presidente de la República. Sería como un saludo entre conocidos distantes. En sedes legislativas, el diálogo se produce cada semana pero es tan infructuoso como los recientes llamados de Romero Hicks a seguir patinando en el pasado.

¿Podría el país conocer un listado de nuevas propuestas del PAN para ser convertidas en leyes o políticas públicas? Esa sería una forma de desmentir lo que está escrito en el presente artículo. Ojalá.

El dinero de los partidos

El financiamiento público de los partidos suele ser uno de los elementos de las democracias competitivas. En consecuencia, está integrado en el sistema político mexicano. Sin embargo, no existe una regla única. No hay en el mundo uno idéntico a otro.

El jueves 12 de diciembre, el PRI y el PAN, junto con otros cuatro institutos políticos, votaron en contra de la reducción del financiamiento a la mitad, propuesta por Morena en la Cámara de Diputados. Ambos acusaron a este partido de querer deshacer el actual sistema político y buscar su predominio.

En el fondo, esos dos viejos partidos creen que ahora, más que nunca, requieren un fuerte subsidio del Estado para tratar de recuperar su votación anterior al 2018. No obstante, la idea de que los recursos que hoy reciben les resultan indispensables es mala por ser falsa. En la reciente elección federal, el PAN y el PRI incrementaron el dinero gastado, pero cayeron en número de votos obtenidos. El partido que más sufragios obtuvo fue el que menos dinero había recibido.

Las reglas del financiamiento no se limitan a las campañas electorales, como ocurre en muchos otros países, sino que comprende también el llamado gasto ordinario que se entrega mensualmente. La bolsa anual de dinero para todos los partidos se conforma al multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de ese total se reparte entre los partidos de manera igualitaria y el resto se asigna a cada cual según el número de votos obtenido en la más reciente elección de diputados federales. Además, las entidades federativas cuentan con sendos mecanismos de subsidio a los partidos.

Morena ha planteado siempre que esa bolsa debe reducirse. No se trata sólo de canalizar unos 2 500 millones anuales (la mitad del financiamiento actual) hacia otros gastos necesarios, sino también de bajar las erogaciones públicas que se destinan a sostener pesadas burocracias partidistas.

El proyecto de disminución del financiamiento a los partidos partió de reiteradas expresiones populares. El subsidio ha ido subiendo a una cantidad importante, más aún cuando la bolsa aumenta un 30% en los comicios intermedios y en un 50% en el año de la elección presidencial.

La demanda de reducir este financiamiento no sólo tiene años sino que en 2018 fue una insistente promesa de Morena y su candidato a la Presidencia, los cuales admiten su existencia pero rebaten la cuantía. Es así de simple.

Durante meses se sostuvieron diálogos entre varios partidos en aras de alcanzar la mayoría requerida para emitir una nueva norma. Hace unos días se vio claro que no sería posible, pero al proyecto ya se le había dado publicidad y estaba listo para ser votado en el pleno de San Lázaro.

Morena no quiso más demoras porque nada indicaba que la situación fuera a cambiar y, además, su obligación era cumplir con una promesa política de campaña aún cuando no fuera posible alcanzar el éxito por ahora.

La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados (274 votos) se ha pronunciado por bajar el subsidio a los partidos pero, en México, la norma es constitucional y para modificarla se requiere dos tercios en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.

En síntesis, los responsables de que el próximo año se sigan erogando unos 5 mil millones de pesos en gastos de operación de los partidos son quienes han votado en contra: PAN, PRI, MC, PVEM, PRD y PT.

El debate sobre este tema, sin embargo, continuará.

Abolir privilegios, no crear nuevos

Andrés Manuel López Obrador envió al Legislativo una iniciativa para precisar y extender los delitos por los cuales el presidente de la República puede ser enjuiciado por el Congreso de la Unión. El Senado añadió que en esa misma condición estarían los miembros de las cámaras. Sin embargo, los senadores, como los diputados, durante su periodo legislativo, pueden ser acusados de cualquier delito y no sólo de aquellos considerados graves.

Como los diputados de todos los partidos no estuvieron de acuerdo con arrogarse ese nuevo privilegio, reprobaron los cambios y regresaron la minuta respetando el contenido de la iniciativa presidencial.

El Senado, por su parte, insiste ahora en su propia redacción y reenvía el proyecto a la Cámara de Diputados.

Ese ir y venir de una iniciativa del presidente carece de un razonamiento de parte de los senadores, quienes, por lo demás, no tienen derecho, en términos políticos, a colgarse de un proyecto que no es suyo, pero con el cual buscan ser inimputables de la mayoría de los delitos durante el tiempo de su encargo.

Quien sufre las consecuencias del desaguisado senatorial es el iniciador del proyecto, Andrés Manuel López Obrador, pues esto más bien parece un asalto para sacar raja de impunidad, presionando al mismo presidente para interceder a favor de un texto constitucional que ya no es enteramente el suyo, sino que se ha modificado y deformado como condición para ser expedido por parte de unos senadores que buscan su propio provecho.

Con la iniciativa de López Obrador, el párrafo que se pretendía reformar se refiere exclusivamente al presidente de la República (art. 108, segundo párrafo). Es el impeachment, la acusación contra el jefe del Ejecutivo y su juicio en el Congreso de la Unión. Nada tiene que hacer ahí la mención de otros altos funcionarios de la Federación como son los legisladores. Es por ello que los diputados tuvieron que regresar al Senado la minuta volviendo al texto presidencial. Si algunos senadores, los de las minorías, quieren privilegios, pues que presenten sus propias iniciativas. En síntesis, esa presión no es en forma alguna legítima.

El tiempo que vivimos en México es para que se elimine totalmente el llamado fuero, es decir, la inmunidad procesal penal de los altos funcionarios, con el propósito de que todos ellos puedan ser sometidos inmediatamente a proceso sin pedir permiso a la Cámara de Diputados para que ésta proceda al desafuero previo a la imputación. Sin embargo, hasta ahora, las oposiciones han impedido la aprobación de este proyecto que fue el primero que presentó Morena en San Lázaro hace más de un año.

La mayoría parlamentaria de ambas cámaras no debería aceptar el chantaje de unas oposiciones que no proponen nada nuevo, pero son duchas en condicionar sus votos para completar los dos tercios necesarios en las reformas constitucionales, con el puro objeto de lograr la introducción de elementos que no corresponden con la nueva situación del país.

La lucha contra los privilegios políticos no podría en situación alguna admitir la ampliación de los mismos. Eso debería ser obvio.

Es posible hoy acusar a un senador o senadora por cualquier delito. Pero con ese párrafo, cuya aprobación exige el Senado, sólo podría ser por delitos graves. Recordemos que la Cámara de Diputados es la que autoriza el enjuiciamiento penal de los miembros del Congreso. Con el insistente texto del Senado eso únicamente podría realizarse por los delitos comprendidos en el artículo 19 constitucional, es decir, los que se consideran graves. ¿Un senador o senadora podría robar durante el tiempo de su encargo sin que se le pudiera abrir un proceso?  Eso es lo que se busca aunque sin confesarlo. Algo más para historia de la hipocresía.

La nueva mayoría parlamentaria no llegó tan lejos para promover nuevos privilegios sino para abolirlos todos. Esa es la promesa.

Un año: balance de la nueva fuerza gobernante

Es inevitable un balance, el de un año, del nuevo gobierno, el cual llegó con grandes expectativas y demasiados problemas estructurales y de coyuntura. Tenemos un país donde la injusticia se ha ido acumulando durante cuatro décadas.

La reversión de la pérdida del salario es un campanazo que impacta la economía en su sentido más amplio y verdadero. Este proceso se ha iniciado, lentamente, es cierto, pero ya está entre nosotros.

El inicio de la fusión entre política social y política económica es un proceso en curso, por  vez primera en 50 años o más. Los programas sociales dejaron de ser una forma de clientelismo directo y se han convertido en un método de reconocimiento de derechos. El incremento de la capacidad de consumo de sectores depauperados incide en el mercado de bienes de producción nacional, es decir, promueve el mercado interno.

La educación superior como ineludible tarea social del Estado es un vuelco en tanto que rompe con la idea de que las familias deben sufragar crecientemente ese gasto, al tiempo que enfatiza su carácter social y derecho de todos. El elitismo de la enseñanza superior ha sido un factor de freno del desarrollo social y del progreso nacional.

La reivindicación de la atención médica universal como deber del Estado ha empezado a traducirse en reformas, aún tímidas, pero con perspectiva de dar un vuelco en materia de salud para todos.

La cancelación de subsidios corporativos a favor de organizaciones gestionadas por burocracias parasitarias y la ampliación de apoyos directos en la producción agropecuaria es la inauguración de una nueva forma de apoyar al campo en sus segmentos debilitados. Así se ha de fomentar la agricultura y ganadería para el mercado interno y la autosuficiencia nacional de granos básicos.

La nueva política de las industrias de energía es un rompimiento con su privatización y entrega de recursos naturales para favorecer la autosuficiencia nacional. Ningún país puede afrontar los retos del mundo actual bajo dependencia energética estructural. Siempre se había sabido, excepto por el neoliberalismo de la pobreza y el atraso que atascó al país de objetivos contrarios a los intereses populares y nacionales.

El inicio de la lucha contra el Estado corrupto es una respuesta histórica a un fenómeno devastador. En todas partes del mundo hay corrupción pero sólo en algunos es parte fundamental de la forma de gobierno. El primer paso es tener un gobierno que no sea corrupto, a partir de lo cual tendrá que mantenerse la lucha a favor de la desarticulación del viejo Estado.

Reivindicar la austeridad es un golpe contra la alta burocracia parasitaria, exageradamente bien pagada y derrochadora, que azotó al país. Hay mucho más que hacer en este sentido, pero ya se inició el proceso de construcción de un funcionariado diferente que vaya cerrando la inmensa brecha que le ha separado de la sociedad.

Las grandes empresas han dejado de regir al gobierno y al Congreso. El diálogo, el debate, la convergencia y la diferencia entre los poderes políticos y los capitalistas son elementos distintivos de las nuevas relaciones en el país. No hay una política expropiadora pero tampoco  otra promocional y corruptora como había sido hasta hace un año.

La crítica va y viene desde los medios, redes, partidos, organizaciones sociales y no gubernamentales, sin emolumentos de origen oficial, pero también fluye desde el gobierno, el Congreso y sus partidos. Si todos son libres, lo es también la fuerza gobernante. Así se construye una democracia sin hipocresía.

No se ha producido una reforma fiscal que fortalezca el proceso de redistribución del ingreso y aumente las inversiones públicas. Los lacerantes privilegios fiscales siguen vigentes en su mayoría. Tampoco se ha planteado un nuevo pacto fiscal entre entidades federativas y Federación. La ineludible nueva reforma del sistema electoral sigue estando pendiente. La seguridad pública es aún el pantano que el gobierno heredó de los anteriores con su cauda de horror y sangre.

Hay más temas para un balance.

INE y Constitución

Cuando el titular del Instituto Nacional Electoral calló frente al cuestionamiento de un  diputado en San Lázaro sobre el proyecto de aquél para ganar un 85% más que el sueldo del Presidente de la República, no estaba tomando en cuenta que la Cámara de Diputados es la única que puede aprobar el presupuesto y, en consecuencia, las remuneraciones. El silencio no es respuesta a un parlamentario en sede legislativa.

En el momento  que el INE declara que el presupuesto aprobado por la Cámara perjudica a la sociedad y pone en riesgo la «estabilidad política y económica del país», sus voceros están haciendo graves cargos políticos a integrantes del Poder Legislativo de la Unión que debieran formalizar.  No es admisible que lo dicho sea sólo una estrategia de comunicación circunstancial o meramente reactiva que exprese un enfado personal, ya que eso se encuentra al margen de sus facultades legales.

Cuando el INE afirma que se le han «recortado» más de mil millones de su presupuesto en realidad no sólo desconoce que la Cámara es la única que puede aprobar el gasto sino que miente. En verdad, el presupuesto del INE ha sido incrementado para el año 2020 en 1 297.75 millones de pesos respecto a lo autorizado para 2019: el 4.7% en términos reales. Su gasto total será de 16 mil 660.75 millones de pesos.

Señala que el gasto en 2020 será extraordinario porque se habrán de integrar en septiembre de ese mismo año 300 consejos distritales y 32 locales; en realidad vuelve a desinformar porque esos consejeros no tienen sueldo.

El INE pasa de declarar que la elección de 2021 está en riesgo con el presupuesto de 2020, a asegurar, al día siguiente, que ni siquiera peligra la expedición de credenciales, ya no se sabe cuál es el territorio en el que pretende ubicarse. Menos aún cuando reformula sus expresiones para volver luego a los ataques al decir que la no aprobación completa de su proyecto de gasto es un «intento» por «limitar a la autoridad electoral», por lo cual no se perfilan «buenos tiempos». Se nota, así, que el INE busca subrayar su enemistad con la mayoría parlamentaria es decir, es un asunto sólo político sin implicaciones administrativas ni técnicas.

Toda elección subsecuente será la mayor de la historia porque el listado siempre habrá de ser más grande durante muchas décadas más. Así que hablar de eso es expresar lo que se sabe de sobra. Pero sostener que el inexistente recorte presupuestal es el mayor de la historia ya no es tan simple porque no se ha recortado el presupuesto del INE. No todos los organismos públicos o entidades de la administración obtuvieron la cantidad de gasto que solicitaron. Uno de ellos ha sido el INEGI (31.9% de aumento) porque el año próximo habrá censo general de población, el cual se verifica cada 10 años. En otro sentido, la Fiscalía General solicitó tres mil millones de incremento y la Cámara sólo autorizó 1 500.

El Presupuesto de Egresos es de toda la Federación; sus entidades y organismos entienden que forman parte de un todo y que existe eso que se llama política de gasto. El hecho de que el INE no lograra la aprobación del 100% de su proyecto de gasto no es algo único sino normal: así ha sido casi siempre durante muchos años.

¿Qué quiere decir eso de que no se «perfilan buenos tiempos»? El INE no entra en detalles sobre su dicho, pero se entiende que los consejeros electorales están pesando en «malos tiempos». Si se refieren al país, como lo habían ya expresado el día anterior, el 21 de noviembre, entonces habría que cuestionarles si como personas se quieren inscribir en la oposición, en cuyo caso tienen el campo abierto como cualquiera, o si de lo que se trata es de convertir al INE en un instrumento político opositor, a lo que habría que adelantarles que eso sería contrario a la Constitución.

En cuanto a las remuneraciones, llama la atención que los consejeros electorales hubieran llegado a solicitar sueldos superiores a los del Presidente de la República cuando es sabido que eso no lo permite la Carta Magna. Fueron más lejos: pretendían que 100 servidores públicos del INE estuvieran por arriba del sueldo presidencial.

Quienes elaboraron el proyecto de presupuesto del INE tendrían que haber sabido que la Cámara de Diputados no puede autorizar gastos inconstitucionales, por lo que era imposible aceptar esa pretensión. Pero, ¿una autoridad puede hacer solicitudes violatorias de la ley fundamental? No han prometido todos ellos y ellas guardar y hacer guardar la Constitución? ¿Cómo quedamos al respeto?

En conclusión, la mayoría parlamentaria no tiene ningún problema con el INE. El litigio llegó a San Lázaro a partir de que se ha cuestionado la capacidad constitucional de la Cámara para aprobar el gasto y fijar las remuneraciones con apego a la legislación.

En términos directos, ni el INE puede estar en una «zona de riesgo» ni se va a «recrear» la democracia por acción de ese mismo instituto, como afirman sus voceros. Tampoco hay insuficiencia de fondos ni se han producido recortes. En conclusión, lo recomendable es serenidad, madurez, responsabilidad e institucionalidad. Eso es lo más fácil.

Catástrofe política en Bolivia

Ninguna persona intelectualmente honrada podría negar que en Bolivia se ha producido un golpe de Estado con el decisivo apoyo de los militares. Esa catástrofe política no se originó de manera repentina. Hay que hacer recuento de hechos y daños.

Evo Morales se equivocó cuando recurrió al máximo tribunal para anular la votación mayoritaria del electorado que refrendó el límite de dos periodos para la reelección del presidente. Eso no lo debe hacer un demócrata, mucho menos un líder popular como Evo, porque es algo contradictorio con esencia, promesa y programa.

Quienes nunca han sido demócratas sino elitistas, los integrantes del grupo económico conservador, clasista y racista de Bolivia, aprovecharon ese error de Evo Morales para cohesionar un bloque opositor antirreleccionista con vistas a la elección presidencial, esperanzados en una segunda vuelta porque no veían que les dieran los números en la primera.

En Bolivia, para obtener el triunfo se requería contar con la mayoría absoluta o con diez puntos porcentuales arriba del segundo lugar. Nadie, ni siquiera Evo Morales, consideraba seguro que esa diferencia se produjera. Cuando se anunció el resultado final del escrutinio, con un poco más de 10% de diferencia, la oposición denunció fraude y convocó a huelgas y bloqueos, pero nunca presentó casos concretos, por lo cual no hubo procesos judiciales.

Otro error que un demócrata no debe cometer fue el haber admitido que la Organización de Estados Americanos se convirtiera en dictaminador electoral con resolución vinculante. El informe que presentó la comisión de la OEA se basó en 300 casillas electorales seleccionadas, y unas cuantas consideraciones de carácter más bien político. Por su lado, los golpistas habían desconocido de antemano ese dictamen porque ya estaban demandando el retiro de Evo Morales y del vicepresidente García Linera, para tratar de imponer de esa forma a un nuevo mandatario, es decir, el golpe directo, con o sin OEA.

Bolivia se convirtió durante un par de días en un país sin guardias. Los opositores podían quemar lo que desearan porque la policía requería violencia como cobertura para pedir el retiro del presidente, por lo cual se «acuarteló» ella misma, en realidad se amotinó. Luego, el Ejército (protagonista directo de muchos golpes de Estado en la historia de Bolivia), presentó el ultimátum al gobierno. Evo Morales no tenía muchas opciones.

Los políticos golpistas, de la mano de militares y policías, han impuesto a una presidenta absolutamente espuria (Jeanine Áñez) antes de que el Poder Legislativo hubiera admitido o negado la renuncia del presidente y del vicepresidente, en acatamiento del artículo 162 de la Constitución. Además, el orden sucesorio legal boliviano señala a la presidenta del Senado (Adriana Salvatierra). El golpe ha sido consumado y el orden constitucional no está vigente.

El gobierno de Evo Morales recobró riquezas naturales y elevó la producción; realizó muchas reformas sociales; redistribuyó el ingreso; cambió el sistema político; le dio voz, voto y poder a la mayoría indígena; implantó la independencia nacional; golpeó la corrupción. La economía boliviana es la que más crece en América Latina.

Sin embargo, con un solo error madre se puede perjudicar la obra magnífica de una revolución pacífica.

Ahora, el curso de Bolivia no es predecible. Durante las próximas semanas podrán sobrevenir acontecimientos capaces de provocar vuelcos en cualquier sentido. A partir de este momento ya no habrá estabilidad política, mientras que la economía, lógicamente, sufrirá problemas ya superados.

La izquierda y las organizaciones sociales tendrán que resistir con tanta fuerza como sea necesaria para que la vía electoral sea reimplantada. Lo que debería quedar absolutamente claro es que no hay solución política o algo semejante si no es a través del voto popular. En consecuencia, los destacamentos del progreso y la democracia no pueden darse el lujo de dividirse en lo más mínimo. De eso depende todo, o casi.

Financiamiento público de partidos

El subsidio que entrega el Estado mexicano a los partidos es elevado porque, cuando se implantó, el PRI recibía demasiados millones procedentes de la administración pública. Para sustituir al menos una parte importante del gasto del entonces partido oficial, era necesario que el financiamiento público fuera alto.

El subsidio, sin embargo, nunca alcanzó a cubrir la mayor parte del gasto priista. En el año 2000, Ernesto Zedillo trasladó a Francisco Labastida, su candidato, mil millones de pesos desde Pemex, a través del sindicato. Pero de seguro hubieron más desvíos de fondos públicos que aún no se conocen.

El PRI se convirtió en un devorador de fondos públicos porque todo lo tenía que comprar. Nadie en ese partido brindaba trabajos militantes mientras que se compraban millones de votos con dinero en efectivo.

El financiamiento público de los partidos suele ser un sistema para evitar que aquellos sean comprados por los capitalistas. En México ha tenido otras características porque los dueños del dinero no han buscado adquirir partidos sino políticos y no lo han hecho, preferentemente, con dinero para campañas sino mediante el amplio sistema de la corrupción. El mayor mecanismo conocido de cooperación directa de empresarios fue el realizado a través de Amigos de Fox, justamente el mismo año del Pemexgate. Quien ganó la elección del año 2000 (PAN) violó la ley como también lo hizo el segundo lugar (PRI). El dinero ilegal cundió en la campaña electoral y marcó a los dos principales candidatos. Luego, Felipe Calderón recibió ayuda privada en propaganda radiodifundida (2006). Finalmente, Peña Nieto (2012) captó la mayor cooperación pública desde gobiernos locales, la cual no se ha contabilizado aún, además de las coberturas televisivas gratuitas mediante infomerciales.

El financiamiento público de los partidos fue una cobertura parcial de los gastos del PRI y ayudó, por otra parte, a los partidos de oposición a estar presentes en las campañas con mucha propaganda, aunque probablemente algo inservible.

En realidad lo que más propició la competencia fue el otorgamiento a los partidos de tiempos oficiales de radio y televisión, lo cual empezó desde 1979. Cuando se reformó la Constitución para impedir la propaganda política pagada, se dio un salto mayor en materia de la concurrencia política en las elecciones. Este fue uno de los resultados del movimiento postelectoral de López Obrador en el año 2006.

La Estafa Maestra fue un mecanismo de financiamiento de campañas electorales priistas, pero el dinero público no fluía hacia el partido sino directamente hacia los candidatos y candidatas priistas. Tenían la experiencia del Pemexgate y superaron todo lo anterior.

Ahora se discute en San Lázaro la propuesta de Morena para disminuir en un 50% el financiamiento público monetario de los partidos. Podría pensarse que es contradictorio que el partido con mayor caudal electoral y, por tanto, con mayor subsidio, sea el que proponga una rebaja sustancial. Sin embargo, esto se debe a que la existencia en México de una enorme corriente popular a favor de disminuir el gasto electoral coincide con la sensible disminución de la compra de votos. Como se sabe, los sufragios no se compran con dinero privado sino con el público, ya sea de procedencia legal o ilegal, pero este último no procede del bolsillo de los candidatos o patrocinadores sino también del erario. Así funciona.

La reducción del financiamiento público que se ha propuesto no abarca la rebaja en el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión ni la autorización de la compra de spots. Así que, al disminuirse el dinero entregado a los partidos, éstos podrían seguir haciendo su propaganda radiodifundida, quizá buscando superar los brevísimos mensajes y sustituirlos por emisiones algo mayores que permitan exponer puntos programáticos.

Mas, si no es posible comprar spots en radio y televisión, sí lo es reproducir mensajes pagados en internet, lo cual ya se puede hacer bajo fiscalización de gastos de campaña.

La rebaja del financiamiento público de los partidos podría generar una tendencia hacia la disminución de las burocracias partidistas que son parasitarias y abrir cauces para el fomento del trabajo militante. Quizá.

El partido que recién triunfó en la contienda por la Presidencia y el Congreso era el que tenía menor financiamiento público. Esto no podría ser norma, pero dice algo al respecto.

La definición de Morena sobre su futuro

A ningún partido mexicano le ha ido bien en sus elecciones directas: casi todas han sido cuestionadas. Antes, ese método electivo no existía, pero los partidos eran otros. Los de ahora no aciertan a definir el mejor sistema electoral interno, quizá porque ese no existe.

Morena vive un proceso de elecciones internas y no parece haber una solución sencilla. El debate se había ubicado en el padrón de afiliados, el cual es una repetición de lo ocurrido en otros partidos en los últimos 30 años. Los inscritos pueden llegar a ser más de tres millones. Algunos preguntan ¿de dónde salieron todos esos?

El PRD llegó a tener una afiliación de 7 millones que ni en sueños se convirtieron en votos. Ese partido tenía (y tiene) en su peor momento muchos más miembros que sufragios. El PAN quintuplicó el número de sus afiliados tan luego que llegó al gobierno y después tuvo que depurar su padrón para dejarlo parecido a como era antes, al cabo de lo cual la disputa por la legitimidad del listado de afiliados no termina. El PRI jamás conoció de cierto su propio tamaño orgánico porque lo que le interesaba eran los votos y su capacidad de comprarlos, es decir, la población a su alcance: aún ahora el tema del padrón de afiliados es central en todo torneo interno priista, al grado de motivar escisiones.

En cuanto a sus adhesiones, Morena no es el mismo partido antes que después de su triunfo electoral. Eso es del todo entendible. Pero ese problema no es suyo sino del país.

En México, hace mucho que los partidos no están compuestos principalmente por militantes. Los afiliados suelen ser personas más o menos necesitadas de una relación específica con el poder, ya sea municipal, local o federal. No es que sea inexistente la membresía de convicción política e ideológica, sino que ésa suele ser marginal frente a los millones que son incorporados con facilidad a través de otros mecanismos. Este fenómeno se podría denominar clientelismo orgánico, es decir que los «clientes» son incorporados a la estructura partidaria como afiliados con plenos derechos.

Los partidos son organizaciones que agrupan a personas con semejantes ideas e intereses. Bien, pero éstos solían ser generales antes que demasiado concretos. En México, lo que domina es el clientelismo: en sus diferentes grados, el poder es como un panal.

Morena no puede saber quienes son sus militantes y quienes sólo sus afiliados más o menos ocasionales. Por ello, se propone, hay que acudir a la población abierta para decidir el lío de su nueva dirigencia. Así lo entiende Andrés Manuel y algunos otros. Pero el espíritu de partido, en especial la lealtad, decisión y esfuerzo de sus fundadores aconsejaría lo contrario, es decir, radicar la determinación electoral sólo en aquellos afiliados que iniciaron lo que se convirtió en una gran proeza nacional.

Sin embargo, Morena ha sido más un movimiento electoral que un partido organizado de militantes. Esa es una realidad, la cual tampoco podría ser alterada de un día para otro.

La propuesta de Andrés Manuel tiene dos lados: la encuesta como método decisorio (nada extraño en la historia reciente de la izquierda mexicana) y la concurrencia abierta al proceso, es decir, la admisión como candidatos de personas adheridas a Morena en cualquier momento. No es nada fácil.

El asunto no se resuelve con restringir o dilatar el listado de electores, aunque esa decisión debe tomarse con entera claridad, transparencia y convicción. El problema de fondo va a seguir siendo el de la naturaleza del partido que se precisa construir.

Lo que ya se demostró es que en el México de la segunda década del siglo XXI funcionó de maravilla un movimiento electoral abierto, como también lo fue de alguna manera el PRD en sus inicios. La cuestión es si, una vez que triunfó, Morena puede seguir en esa ruta con el mismo esquema orgánico. En realidad, esa pregunta es la que debería responder la próxima dirección, sean quienes fueren sus integrantes.

La 4T frente a una oposición sin rumbo

Al comentar el informe de Andrés Manuel López Obrador en la tribuna de San Lázaro, las oposiciones se mostraron sin rumbo, sumidas en la queja más puntual y el desconcierto sobre el tiempo que vive el país. No hubo propuesta.

La senadora Beatriz Paredes, del PRI, y el diputado Xavier Azuara, del PAN, han presentado un listado de preocupaciones y desacuerdos con aspectos concretos de la acción del gobierno. Mas no fueron capaces de ofrecer atisbos de un programa, ni siquiera de acciones legislativas para enfrentar grandes problemas nacionales.

Al acometer la crítica de algunos aspectos de la nueva política del gobierno, aunque sin analizar cada asunto,  Beatriz Paredes se preguntaba qué hacer, cómo resistir, cómo responder, pero nunca contestó a sus propias interrogantes.

Por su lado, el vocero de Acción Nacional aportó también una dosis de preguntas sobre sus propias conclusiones pero sin hacer análisis ni proponer algo. «¿Cómo explicarles a los mexicanos que sus libertades y esperanzas se están desvaneciendo poco a poco?», interrogó al Congreso de la Unión, pero como la pregunta era un simple recurso para hacer una aseveración sin argumento, dejó la respuesta quizá para otra ocasión.

El método de la pregunta sin respuesta opera en esa clase de discursos como medio para afirmar que algo está mal, pero sin tener que analizar la realidad que se pretende someter a crítica. Según el PAN, «hoy la patria sufre las mieles del poder absoluto». El diputado panista no sólo se ahorró la presentación de los motivos de su dicho, sino que tampoco ofreció la más simple definición del concepto de «poder absoluto».

La doble derrota política, la del partido gobernante (PRI) y la de aquel que estaba casi seguro de que volvería al poder (PAN), ha conducido infortunadamente a una desorientación de ambos. El mayor problema que tienen esos partidos es que aun juntos no podrían controlar el Poder Legislativo, como lo hicieron durante varios lustros. Su acción política se ha reducido, así, a la queja, el lamento y la diatriba.

Ninguno de los dos partidos puede plantear abiertamente que se aplique la política de los sexenios que van de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto, pasando por la interrupción política, pero no programática, de Vicente Fox y Felipe Calderón. En realidad, la derrota ha sido sufrida por los portadores políticos del programa neoliberal.

Proponer otra vez el neoliberalismo es difícil aunque no imposible. Para ello se recurre a exigir que todo se conserve porque es institucional y producto del devenir nacional. Se dice que está bien combatir la corrupción, pero se alerta que eso, como parte del discurso justificante del gobierno, puede «concluir en la demolición de las instituciones», según Paredes.

Es así como el PRI exige que no se toquen estructuras administrativas y empleos del gobierno anterior, no obstante lo lento que ha sido López Obrador en la tarea de renovar el aparato del Estado. El cambio político de hoy no es como fue aquella interrupción panista entre los años 2006 y 2012, sino que busca la ruptura del viejo régimen, luego del fracaso del neoliberalismo y la crisis del Estado corrupto.

Lo que discuten los opositores son cosas como la forma de entregar el subsidio a las estancias infantiles para hijos de trabajadoras no asalariadas, pero directamente, sin desviar fondos hacia negocios con frecuencia inescrupulosos. También recuerdan asuntos definitivamente resueltos como la cancelación de la obra de Texcoco, el fabuloso aeropuerto que iba a ser, o el proyecto de construir una refinería, como la que alguna vez fue ordenada por Felipe Calderón, pero no pasó de la inútil compra del terreno a costa del Estado de Hidalgo y el levantamiento de la barda perimetral.

No es posible hoy discutir con las oposiciones sobre el cambio de rumbo económico, social y político del país porque ellas no quieren tocar ese tema. La discusión entre partidos está ubicada, por desgracia, en el método de las pedradas, las quejas puntuales y las injurias. «Estamos defendiendo la agonizante libertad que nos queda», ha dicho, muy convencido, el portavoz panista

Las oposiciones tardarán, en el mejor de las situaciones posibles, en proponer un programa congruente con los intereses e ideas de ellos mismos. La nueva fuerza gobernante, por su parte, debe mejorar su forma de interlocución social si quiere que se discuta su proyecto y, en consecuencia, se robustezca y mejore.

El soliloquio actual se está agotando, por lo cual hay que promover una amplia comunicación en la que tome parte todo el gobierno y los legisladores. Si la oposición no puede discutir temas de fondo, entonces hay que hacerlo con las organizaciones sociales y la academia.

Es verdad que se requieren respuestas puntuales a los partidos de oposición, pero sería un error limitarse a ellas porque la sola discusión en ese terreno impide las explicaciones de los temas de gran calado y del sentido de los cambios que se están realizando y de los que se pretenden llevar a cabo.

Hay que abrir el debate. El país no va a poder resistir un prolongado vacío de discusiones políticas porque vive un proceso de cambio, cuyas realizaciones tienen que ser ubicadas en el terreno de la controversia como una necesaria vía para ser comprendidas por todos.

Tómese un acuerdo en principio: es imposible que el líder de la 4T, Andrés Manuel, se haga cargo de explicar, argumentar y replicar personalmente sobre todo.