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¿Quién debe aprobar los sueldos?

Durante muchos años, los más altos jefes del aparato estatal mexicano se han otorgado a sí mismos sus respectivos sueldos. Al principio, el presidente de la República finalmente los aprobaba, pero llegó un momento en que en los poderes judicial y legislativo, así como en el sector paraestatal, los mismos jefes decidían con libertad.

Las compensaciones, estímulos, prestaciones, ayudas, pago por riesgo, seguros de gastos médicos, separación, retiro y, al final, el “sueldo base”, formaron parte de los muchos conceptos en los que se ha dividido la remuneración de los jefes.

En el sector paraestatal existen indemnizaciones y pensiones ilegalmente otorgadas a personas que pasaron por los puestos directivos y salieron con sueldos vitalicios.

Una de las características del Estado corrupto es justamente la discrecionalidad en el otorgamiento de sueldos, bajo numerosos conceptos, que llevan a la conformación de una alta burocracia muy bien pagada y, consecuentemente, comprometida con una política patrimonialista de la función pública.

Este sistema genera unas relaciones de poder en las que personas y grupos se imbrican entre sí como detentadores de los altos puestos, se forman capillas y se construyen relaciones de complicidad: surge un monopolio de la función pública. Por ello, algunos hablan de “clase política” y, ahora, también de “tecnocracia” del Estado.

Altísimos sueldos no es lo más redituable del sistema, lo sabemos, sino toda clase de actos corruptos, moches y mordidas, así como el robo directo de fondos, pero es una expresión institucional aparentemente legalizada.

¿Quién debe aprobar los sueldos? Según la Constitución, esta facultad corresponde en exclusiva a la Cámara de Diputados y a los congresos de las entidades federativas, aún cuando se trate de los ayuntamientos. Nada más. Ahí está el poder de bolsa del Estado. Lo demás siempre será propuesta, pero no autorización. Sin embargo, en México no está vigente el Estado de derecho, sino que hay una realidad que no es legal. Digamos que es lo único funcional, hasta ahora.

La aprobación del nuevo artículo 127 de la Constitución, sobre el tema de las remuneraciones de los servidores públicos, en realidad no cambió nada como no fuera la nomenclatura en algunos presupuestos. Como el proyecto de ley reglamentaria, aprobado en el Senado, sigue congelado en la Cámara luego de siete años, muchos funcionarios se niegan a obedecer las reglas constitucionales con el pretexto de que no hay legislación secundaria, la cual no sería indispensable aunque sí es necesaria.

Ya es inminente la aprobación de dicha ley federal de remuneraciones, que tiene que verse como eslabón de una nueva política administrativa y, se piensa, debería reproducirse en las entidades federativas, tal como lo marca el mismo artículo 127 constitucional.

Esa nueva política debe promover la reducción de gastos de operación innecesarios, incluyendo las remuneraciones de los jefes.

El “sueldo base” siempre es moderado. Por ejemplo, en la Suprema Corte, donde se encuentran las remuneraciones más elevadas, dicho sueldo es de 54 mil pesos al mes, antes de impuesto, apenas el 13.73% de la mensualidad de cada uno de los once ministros y ministras, a lo que se agregan 7 conceptos de “prestaciones” diversas por un subtotal de 1.3 millones al año, más 853 mil pesos anuales de “pago por riesgo”; todo eso para cada cual.

Al comenzar a bajar desde la cumbre del abuso, las remuneraciones van siendo menores pero contienen los mismos conceptos e injusticias.

Existen dos seguros que son los más extracontractuales y recientes: de separación y de gastos médicos, pero se les cubren a quienes también son objeto de cuotas “patronales” de seguridad social. El Estado paga doble cuota, la institucional y la de seguro privado. Los restantes trabajadores no tienen esas prestaciones adicionales. El seguro médico privado cuesta más de 5 mil millones al año sólo en la administración pública federal y el de separación consiste entre el 8 y el 12% de la remuneración, es como un aumento mensual automático. ¿Por qué sostener una política estratificadora, discriminadora e injusta?

Hasta ahora, la Cámara de Diputados ha dejado pasar casi todo, ocupados muchos diputados en aumentar el estimado de ingresos con el fin de repartir el “excedente” en proyectos dirigidos, para luego proceder a cobrar los “moches”. Pero eso ya se va a cerrar.

En lo que no se debe caer es en una asignación de remuneraciones según criterios sueltos o de momento. Se trata de implantar una nueva política de administración y no de ejecutar un plan de recortes.

Las remuneraciones de cada nivel deben estar en función de la responsabilidad implícita y la habilidad requerida. Asimismo, la política salarial debe combatir el criterio estratificador de antes, con el propósito de empezar a romper el carácter estamental de la alta burocracia del Estado y contribuir a restarle autonomía.

El punto político central del plan de reforma de la administración pública consiste en que las decisiones presupuestales del Estado empiecen a ser escrutadas por la opinión pública, no sólo mediante la transparencia en lo que ya se ha avanzado algo, sino respecto de sus motivos, alcances y objetivos.

La administración pública es parte integrante de lo que se llama política y, por ello, debe concentrar la atención de la ciudadanía. Esa es la idea.

Poder de poderes

La tradición política republicana en México es el predominio avasallador del Poder Ejecutivo sobre todo otro órgano del Estado.

Es a esto a lo que se refiere Andrés Manuel López Obrador cuando renuncia a esa herencia en su discurso en el Tribunal Electoral. Mas eso no significa que el sistema político de la Constitución consigne la existencia de una “separación” de poderes y ni siquiera se habla ahí de “contrapesos” y otras expresiones que corresponden más bien al lenguaje coloquial. “Los Poderes”, de los que habla la Carta Magna, constituyen el “Supremo Poder de la Federación” (art.49). Por otro lado, en la teoría, el poder del Estado es uno sólo, excepto en dualidades o paralelismos revolucionarios o solamente bélicos.

Conforme a la doctrina constitucional que prevalece en México y al texto mismo de la Carta Magna, la única rama del poder que puede legalmente remover a los integrantes de las otras dos, incluyendo los llamados organismos autónomos, es el Congreso. Al presidente, que no es sujeto de juicio político (espero que siga sin serlo), también se le puede remover a través de un juicio, pero de carácter penal (art. 108, 2º y 111,4o), a cargo del Poder Legislativo.

La realidad, sin embargo, no es tan esquemática. Las cámaras del Congreso no se encuentran en manos de un solo partido como para ejercer esas altísimas facultades. Se requieren votaciones de dos tercios y ninguno puede, de entrada, contar con esa mayoría. Sólo varios partidos podrían remover y sustituir al Poder Ejecutivo y al Judicial, incluyendo a los gobernadores del Banco de México, a los organismos llamados autónomos o independientes y al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De ese tamaño es el poder que la Constitución le asigna, técnicamente, al Congreso.

Quienes representan a la Nación son los que, llegado el caso, pueden tener el poder de poderes, llevado éste a la remoción de todos los demás, pero no siempre para dar órdenes directas al Ejecutivo, excepto en situaciones y momentos definidos en la ley.

Con dinero, decretos, concesiones, nombramientos y amenazas, el presidente de la República ha controlado por completo a su propio partido, según la tradición mexicana. Durante décadas ése tenía la mayoría calificada. Como esto es lo que se quiere eliminar, entonces podríamos entrar a una situación en la que el presidente sea el líder político de su partido y tome en el seno de éste las decisiones políticas más importantes que tuvieran que ser impulsadas en el Ejecutivo y en el Legislativo. Como dentro de las formaciones políticas ya se discute, se comparte, se negocia, se rivaliza y se toman acuerdos, ese partido del presidente podría empezar a ser partido de verdad.

Dice Andrés Manuel que no tendrá palomas ni halcones, en clara referencia a que nadie podrá actuar en su nombre más que en forma oficial. Quizá lo anticipe porque ya se observan intentos de algunos muy listos de pasar supuesta consigna del Presidente Electo por debajo del agua o con simples insinuaciones. Así ha operado el viejo sistema y hasta en ese punto es preciso cambiarlo todo.

Ha dicho también López Obrador que no será tapadera de nadie. El Congreso, por su parte, tampoco tendría que serlo. Esto abre la posibilidad de que las cámaras ejerzan a plenitud sus facultades de control político que son muchas y relevantes, sin entrar en mecanismos de encubrimiento o complicidad. No importaría que dicho control afectara a secretarios de Estado y personas allegadas al presidente de la República: nadie tendría su tapadera, ni siquiera AMLO.

Lo que sería por completo desastroso es que no hubiera diálogo y negociación políticas entre los integrantes de la fuerza que ha recibido el mandato de cambiar el viejo sistema y buscar su sustitución radical. En el nuevo esquema, presidente y partido no deben estar lejos o cerca, extremos de los cuales antes se hablaba, sino ser un mecanismo de decisiones, ya que los objetivos generales se conocen, mas las formas, tiempos y maneras tienen que ser definidas a cada paso.

Si se quiere que los propósitos del 1 de julio se conviertan en realidades, la nueva disciplina debe basarse en la solidaridad, la cual implica igualdad y apertura políticas, sin secretos, insinuaciones, seguidismos, lecturas de pensamiento ni engaños.

Sería un error convertir a Morena en una agencia electoral, sin vida propia, sin opinión ni manera de actuar con sus gobiernos y grupos parlamentarios.

Los partidos no deben ser sólo para hacer campañas sino para elaborar ideas y luchar por ellas, para asumir la responsabilidad de marcar un rumbo. Por su lado, los gobiernos no son aparecidos incidentales sino que surgen de formaciones políticas más o menos estables; rara vez proceden de un independiente, en cuyo caso, ése de seguro forma un partido de cualquier estilo.

El país requiere una fuerza política de relevo que sea verdadera, es decir, que no conforme un club de negocios sino un sistema para expresar objetivos y métodos con transparencia y honradez. La esencia de un partido es su programa, el que sea, pero verdadero; es la expresión de ideas e intereses de grupos y clases. He aquí una tarea para hacer historia.

¿Quiénes ganaron las elecciones?

Existe un debate informal y deshilachado en varios periódicos sobre quiénes ganaron las elecciones desde un punto de vista politológico o, más ampliamente, sociológico. Se insiste en eso de los populistas sobre lo cual no existe una definición, se habla de una izquierda sospechosa por indefinida y, por último, se insiste en un inusitado y asombroso movimiento popular democrático, al que se refiere el mismo candidato triunfante.

Unos días después de las elecciones del 1 de julio, me encontré a Roger Bartra en el supermercado y de inmediato me dijo que había ganado “un nuevo PRI”. Rebatí de botepronto su aseveración, posible conclusión de un análisis sociológico viniendo de un reputado investigador, con el argumento de que Morena no se basa en aparatos corporativos ni es parte de la forma de gobernar asentada en la corrupción. Bartra replicó con una evidencia: “no veo en el nuevo gobierno a ningún revolucionario”. Le aclaré que revolucionarios no hay porque no se están produciendo revoluciones; vivimos en un mundo diferente al del siglo XX, aquel “siglo de los extremos”, según Eric Hobsbawm. Las revoluciones están en receso. Me pareció que él aceptaba estas afirmaciones mías pero volvió a la carga y dijo que López Obrador no iba a combatir la corrupción. Al final, le reiteré uno de los principales compromisos de campaña, el de acabar con el Estado corrupto mexicano. En lugar de decirme adiós, Bartra se despidió con un “veremos” de incredulidad.

Tanto en el terreno de la forma de gobernar, en el que destaca el tema de la corrupción, como en lo tocante a la política social, el ingreso y el impulso del crecimiento de la economía, existen muchas dudas. No es sólo la prensa sino también la intelectualidad e, incluso, señaladamente, mucha gente de la ciudadanía que salió a votar por el cambio y en la noche de ese día difícil se encontró con el hecho político de que era mayoría absoluta de su país.

Existe desconfianza en los programas políticos porque hasta ahora casi todo ha sido mentira. Ni la corrupción bajó, ni la economía creció, mucho menos se redujo la pobreza o mejoró la distribución del ingreso. En los últimos seis años tampoco se dio la prometida respuesta a la crisis de violencia delincuencial.

Un nuevo PRI es imposible porque sería algo del todo artificial y, por tanto, grotesco. Durante casi 40 años se ha producido un largo y desesperante proceso de cambios políticos, gracias al cual, finalmente, gozamos de aquellas libertades que el PRI le había arrebatado al país. Nuestra democracia, del todo formalista, aún no ha incluido a la escuela ni al sindicato, pero se expresa en otros ámbitos. Esa es la palanca para alcanzar un sistema político participativo y, con ello, construir una nueva ciudadanía. Tal es el nuevo propósito.

Ese movimiento popular, el que rebasó por completo al PRIAN como articulación de poder, se encuentra obligado a cambiar el estilo político. No es sólo minimizar la parafernalia oficial sino la completa cancelación del reparto de prebendas, favores, influencias, contratos, moches, en el que se sostiene actualmente la capacidad gubernativa. No habrá otra oportunidad, es ahora.

La política social debe dejar de ser un instrumento de organización territorial y sectorial de grupos a cargo de agentes del gobierno, con beneficiarios siempre amenazados y sometidos al despotismo burocrático. La forma de hacerlo es implantar derechos sociales de carácter general. Esa es la nueva pauta.

El derroche presupuestal debe dejar su lugar a una razonable austeridad de la función pública en vías de la elevación del gasto social y de inversión. Poco a poco, año tras año, esa nueva política dará sorprendentes resultados.

Por lo pronto, entre esperanzas y escepticismos, al fin la transición está dando inicio. Sí es una proeza histórica haber logrado el resultado electoral que se tiene, por más que algunos francotiradores de izquierda, es decir, personas sin compromiso político orgánico, hayan dejado de confiar en sí mismos o, dicho de otra manera, ya no crean en lo que fue su propio discurso. Todo es real aunque parezca un sueño, tenemos una nueva fuerza gobernante popular y democrática con un duro mandato popular. Nadie es perfecto o sin defecto alguno pero esta es la verdad disponible, sobre la cual es preciso trabajar sin buscar refugio en el amargo rincón donde ya no se cree ni se piensa en nada nuevo.

Nueva fuerza gobernante

México tendrá una nueva fuerza gobernante. Este es el gran cambio de partida. Luego vendrán otros. Habrá que forjarlos.

El candidato triunfante, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo la mayoría de votos en 31 de las 32 entidades federativas. La coalición que lo postuló triunfó en 24 de éstas en la elección de senadores y en 219 de los 300 distritos electorales de la Cámara de Diputados. En total, la coalición que postuló a AMLO tendrá algo más de 300 de 500 asientos en San Lázaro y unos 70 de 128 en el Senado. Más de la mitad de esa mayoría estará compuesta de mujeres, lo que es otro acontecimiento.

México tendrá un presidente elegido con mayoría absoluta, la cual eleva la carga política de éste y, al mismo tiempo, le otorga una enorme fuerza moral para aplicar su programa, aquel que la mayor parte de los votantes ha respaldado en las urnas.

Se confirmó la tendencia señalada por el promedio de las encuestas. Esto muestra la forma en que se perfiló el inevitable desenlace. En esencia, la justa terminó como había empezado, sólo con el añadido de que la diferencia numérica fue creciendo sin tregua.

Es frecuente que un partido pase a la oposición, pero no lo es tanto que lo haga reduciendo casi a la mitad su porcentaje anterior y sea derrotado en todos sus baluartes. De controlar la mayoría absoluta en una cámara de 500, el PRI pasará a tener un grupo parlamentario de unos 47 diputados (9%). En el Senado podrá llegar a 13 legisladores (10%).

Acción Nacional ha quedado en segundo sitio en la contienda por la Presidencia, pero con un porcentaje menor que hace seis años. Con 83 diputados (17%), el PAN tendrá su fuerza parlamentaria más reducida de los últimos 30 años. Con 24 senadores (19%), perderá su lugar de balanceador.

Ninguno de los dos viejos partidos poseerá por sí mismo el tercio más uno necesario para bloquear reformas constitucionales y designaciones. A este respecto, tendrán que negociar entre ambos, como hermanos programáticos, en un renovado PRIAN, pero ya no con mayoría conjunta sino sólo como minoría de bloqueo. Esto se llama cambio súbito de la situación.

Las coaliciones construidas por los dos partidos tradicionales del país fueron inoperantes e, incluso, perjudiciales para sus miembros. El PRI no agregó más que el fardo de un Partido Verde (1.8%) que es lesivo a toda causa política, y un PANAL (1%) estancado en el SNTE, sindicato dirigido por líderes venales. Por su lado, el PAN optó por moverse entre las arenas movedizas del Movimiento Ciudadano (1.7%), el cual sólo cuenta con fuerza en Jalisco, pero de parte de un personaje que le es esencialmente ajeno y que ahora, sin apoyo panista, será gobernador del Estado. Su frente, pretendidamente “ciudadano”, se incubó a partir del respaldo de la decadente dirección del Partido de la Revolución Democrática (2.8%).

De las nueve gubernaturas en disputa, el PRI no logró ninguna, mientras el PAN se ha replegado a Guanajuato, reclama Puebla en medio de acusaciones de fraude y le ha arrebatado Yucatán al PRI, aprovechando coyunturalmente el surgimiento de una tercera fuerza electoral en ese estado, Morena.

Si todos los 32 gobernadores se hubieran elegido en esta oportunidad, Morena tendría la victoria al menos en 24 estados, según los registros de votos de las elecciones de senadores.

Sin embargo, se han producido bruscas modificaciones en la composición de las legislaturas locales. En 13 de las 15 entidades donde no hubo elección de gobernador pero sí de congreso local, Morena y aliados alcanzaron la mayoría de curules, tal como ocurrió donde este partido obtuvo el gobierno. Con 18 legislaturas, la nueva fuerza gobernante tiene la llave para el refrendo de las reformas constitucionales que apruebe el Congreso. Además, en muchos ayuntamientos se ha realizado también una remoción política.

Hay un nuevo contexto y, en consecuencia, nuevas tareas políticas. Morena debe implantarse en todo el territorio nacional; organizar a sus afiliados de nuevo modo, sin agrupamientos sectarios internos y reparto de posiciones, inagotable fuente de mercadeo y clientelismos; discutir y resolver en sus filas las orientaciones de gobierno, tanto en el plano local como nacional; respaldar a los trabajadores del campo y la ciudad en sus luchas reivindicativas, sin repliegues, evasivas ni maniobras; exigir a los gobernantes y legisladores la realización de la plataforma que conquistó 30 millones de voluntades.

Tener la Presidencia de la República, la mayoría en el Congreso y más de la mitad de las legislaturas locales es una mayúscula responsabilidad porque no habría pretextos para dejar de aplicar la plataforma presentada y las promesas hechas.

Mientras la izquierda por fin llegó al poder político y lo hizo en óptimas condiciones, el partido que le antecedió en la izquierda y del que fue presidente y dos veces candidato López Obrador, el PRD, perdió el 90% de su caudal registrado en 2012. Las causas de este fenómeno fueron el oportunismo y la conversión paulatina pero muy efectiva de ese partido en una central de negocios, que le llevó hasta la fatídica alianza con la derecha tradicional. Así, en esta elección de 2018 se aprecia también ese excelso triunfo ciudadano, ya antes visto, que consiste en repudiar efectivamente a partidos inconsecuentes, inservibles y corruptos.

La derecha ultraconservadora que odia la representación proporcional debería hablar ahora, pero calla sonrojada. Si se le hubiera hecho caso para eliminar los asientos de minoría en las cámaras, habría la siguiente composición: la coalición de Morena tendría 219 de 300 curules (73%) y 50 de 64 escaños (78%). Con estos números, bajo el sistema mayoritario estilo Estados Unidos y Gran Bretaña, aquel que tanto exigen los falsos demócratas del ala reaccionaria acomodada en el PRI y el PAN, así como en círculos patronales y algunos medios de comunicación, el partido emergente tendría sobradamente capacidad para reformar por sí mismo la Constitución, así como designar a quienes quisiera en la Suprema Corte de Justicia y en los organismos autónomos. Eso es lo que habían querido, pero sólo como instrumento dictatorial de las derechas. Ahora, no podrían proponerlo porque esa regresión ya no les conviene.

En contraste, la izquierda gobernará bajo un sistema proporcional, consciente de que ése sigue siendo el mejor desde el punto de vista de la democracia política.

Meade se hundió en su propia canallada

La directa acusación de José Antonio Meade contra Nestora Salgado en el debate de Tijuana propagó una opinión que lesiona derechos de esta persona. Ella no está sometida a juicio, ni mucho menos ha sido declarada culpable. La libertad de difusión de opiniones establecida en el artículo 7º de la Constitución no otorga cobertura al atrevimiento del candidato priista.

El propósito indirecto de Meade ha sido señalar a López Obrador como responsable de la candidatura de Nestora Salgado, la cual ya fue “penalmente condenada” por el aspirante priista. Esta atrocidad, aun al calor del debate político, no merece respuesta porque el problema no está en la libertad de los partidos, sino en que un adversario pretenda prohibir la postulación de candidatos o candidatas de otras organizaciones que, en su opinión personal, forman parte de la delincuencia.

La explicación posterior de Meade es que él defiende a las víctimas, pero no ha dicho con base en qué se ha atrevido a llevarle la contraria públicamente a dos jueces penales. En realidad, el papel que Meade leyó en el debate es la transcripción de un párrafo de la declaración de una denunciante y testigo, la cual fue desestimada en el juicio, pero que Meade da por verdad.

Como es natural, el punto no puede versar sobre los concluidos procesos penales contra Nestora Salgado, por más que el fiscal haya apelado las sentencias, sino acerca de la utilización de una amplia plataforma de comunicación social para dar por culpable de un delito grave a una candidata.

La calumnia contra las personas está prohibida en la propaganda que difundan los partidos y los candidatos, según reza el apartado C del artículo 42 de la Constitución. Aunque la calumnia se emitió en un debate, éste no deja de ser propaganda electoral. En consecuencia y dado que el encuentro fue organizado y difundido por el Instituto Nacional Electoral, aun sin queja, esta autoridad debió abrir un expediente para calificar la conducta de Meade y proceder de acuerdo con la ley. Sin embargo, lo que tenemos es mutismo institucional. Por fortuna, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dicho con energía que sólo los jueces sentencian.

No hay duda que atacar a Nestora Salgado ha tenido el propósito de comprometer al candidato Andrés Manuel López Obrador, presentarlo como alguien que arropa delincuentes. Mas la arrogancia de José Antonio Meade consiste en ubicarse a sí mismo como fiscal y juez. Hasta hace poco se le había tenido sólo como un tecnoburócrata de carrera, nunca ha sido elegido para ningún cargo, pero su candidatura le ha transformado. Tenemos a un Meade que pronuncia sentencia condenatoria sobre un asunto que, además, con seguridad conoce superficialmente.

No hace falta imputar y condenar a alguien para discrepar de las propuestas de López Obrador sobre el tema de la delincuencia. En el primer debate, el mismo Meade acusó a AMLO de pasarse al “lado de los malos”. La discusión es fuerte e, incluso, los insultos han menudeado. Mas la calumnia contra una persona ausente, que no puede responder en un esquema de comunicación donde los emisores no son responsables y, por tanto, no hay derecho de réplica, es una canallada, en la que su autor, José Antonio Meade, se ha hundido por sí mismo.

Se cayeron afanosos esfuerzos del priista por presentarse como una persona decente.

Así, sí: separar al poder económico del poder político

En el ríspido debate entre el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y Andrés Manuel López Obrador se ha hecho, por parte de este último, un viejo planteamiento, pero que en México es de lo más actual y pertinente: separar al poder económico del poder político.

Una cuota de la gran corrupción, entendida ésta como parte del sistema de gobierno, tiene su origen en la rapacidad de grupos de empresarios dispuestos a comprar a quien sea con tal de hacer negocios, los cuales, por lo regular, son sucios o están ensuciados.

De sobra se conoce la tesis de que es desde la esfera gubernamental donde se consuma la corrupción. Eso ya lo sabemos. Pero también tenemos noticias de la avidez de empresarios por entrar en ese sistema de las mordidas, del cual se derivan, por cierto, ilegales apoyos económicos a políticos. En México se realizan negocios fabulosos al amparo del gobierno. Baste recordar los rescates bancario y carretero que le trasladaron al Estado inmensas deudas privadas, las cuales se siguen pagando a través del presupuesto federal: 40 mil millones de pesos anuales de intereses, equivalentes al subsidio a la UNAM, la mayor universidad del país.

Mas la corrupción empresarial, como parte del mismo método de gobernar, siempre es negada por las organizaciones empresariales, las cuales, por tanto, no se proponen hacer algo para combatirla.

Cuando López Obrador se refería a integrantes del CMN como “una minoría rapaz”, estaba obligándose a proponer una salida. Esa es la de eliminar el sistema de mordidas y tráfico de influencias a través del cual se han generado inmensas fortunas, se ha agudizado la concentración de riqueza e ingreso y se ha promovido la centralización del capital, con sus consecuentes estructuras monopólicas. Por el otro lado, México vive, en contraste, dentro de un creciente mar de pobreza y atraso social.

Esa ruptura no puede proceder más que del gobierno, es decir, de otro gobierno. Pero no se trataría de abrir una contienda civil sino de vincular la acción pública con la observancia de la ley en las relaciones entre empresas y gobernantes.

Se sabe de sobra que mientras exista el poder del dinero, éste tendrá influencia en el Estado, directa e indirectamente. Esa es la parte estructural del problema. Pero también existe el escenario de la corrupción. No es posible, bajo el sistema actual, acabar por completo con la presión que se genera desde los cenáculos del gran capital, pero lo que no se debe admitir es la dependencia y subordinación del gobierno a decisiones de directivos y ejecutivos de grandes corporaciones empresariales. Esto debe terminar.

El CMN es el club más selecto del país. Hasta hace poco se denominaba consejo de hombres de negocios, pero se ha cambiado el nombre porque ya agrupa a unas cinco mujeres. Es miembro del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE) con derecho de voto, a la par de las grandes confederaciones y el sindicato empresarial, la Coparmex. Ahí, unos cuantos pesan más que miles de empresarios, debido a que gozan de especial influencia entre los líderes cupulares. Algunos de los integrantes del CMN son líderes de líderes de líderes.

Así es que casi todo el entramado organizativo del empresariado se ha solidarizado con el CMN, en una suerte de cohesión de clase, en una fiesta de membretes empresariales firmantes. Pero, ¿cuál es la causa? López Obrador se refirió a ese club de famosos y súper ricos (ni siquiera todos sus integrantes), pero no se metió con el CCE ni con la Coparmex. Sin embargo, muchas cámaras han publicado un desplegado de varias planas exigiendo “respeto”. “Así, no”, han dicho muy orondas. En una inexplicada defensa de un club semiclandestino, ajeno por lo demás a la generalidad del empresariado, se condena la ríspida crítica y la acometida política, debido a que los más poderosos personajes se sienten ofendidos y, algo más, reprimidos en el ejercicio de sus “libertades”. Ninguno de los integrantes del CMN respondió en forma personal, lo cual habla de su falta de dignidad. Logran que otros los defiendan porque es más cómodo y menos arriesgado.

Lo que ellos se han embolsado (Fobaproa y largos etcéteras) no se considera como acto criticable, atacable, combatible, despreciable. La magia de las privatizaciones tampoco fue un truco sucio. De seguro los beneficiarios siempre se han sacrificado por la Patria o, al menos, son beneméritos, de tal suerte que figuran, algunos, en el listado de Forbes.

Los socios y admiradores de ese club, juntos o por separado, no deben seguir tomando las decisiones trascendentales del país, porque impiden de esa manera la democracia más formal posible, que es la que existe. Ese es el planteamiento. Si quieren el poder político, que se postulen y busquen el voto, conforme a la regla general, pero no podrían utilizar más dinero en sus campañas que los demás candidatos y candidatas. Así, sí.

Si no hubiera encuestas…

Supongamos por un momento, sólo para efectos del análisis político tradicional, que la publicación de encuestas estuviera prohibida, como ocurre en la víspera de la jornada electoral.

Ahora bien. ¿De qué forma apreciaríamos el pulso electoral? Leeríamos los diarios, escucharíamos la radio, veríamos la TV, escudriñaríamos en las redes sociales, asistiríamos a los mítines, etc.

Los candidatos del PRI y del PAN dicen varias veces al día que van a ganar. AMLO, por su parte, ha dicho que “este arroz ya se coció”. Nada de eso le aporta un solo voto a alguno de ellos, pero tampoco se lo quita, por lo cual pueden seguir con el mismo canto durante los próximos 55 días.

Sin embargo, hay hechos políticos relevantes.

Los actos de José Antonio Meade son intramuros, es decir, en el seno de las organizaciones priistas. Fuera del partido oficial, nadie le apoya, ni siquiera en los lugares donde predomina su propio programa, el neoliberalismo económico. Meade no promete más que sus aspiraciones u ocurrencias. Por ejemplo, ha llegado al extremo de afirmar que las universidades deben convertirse en “centros de negocios”, pero tampoco generó respuesta, nadie le cree.

No hay que olvidar que Meade no era el aspirante con apoyo dentro del PRI, mas no por su falta de afiliación formal –todos conocían su priismo aún cuando había formado parte del gobierno de Calderón–, sino porque carece de experiencia política, por decirlo de una manera menos brusca.

En consecuencia, José Antonio Meade tiene los inconvenientes de ser representante del actual gobierno y carece de las posibles ventajas. Es tan genuino portavoz del dúo Peña-Videgaray que su “jefe de campaña” y eventual sustituto es Aurelio Nuño, hombre de la mayor confianza del presidente de la República. Desde esa plataforma es imposible hoy ser competitivo en el terreno electoral.

Cuando Meade se lanza contra el candidato del PAN (ya redujo ese ataque) y contra AMLO (ya lo aumentó), no obtiene votos en su favor. El aspirante priista parece no darse cuenta de que su votación no podría ser mayor que las ya pocas simpatías que conserva Peña Nieto, de tal suerte que no aumentará su popularidad por más que combata a los otros dos.

Peña y Videgaray se equivocaron, como era de esperarse. Debieron ubicar en la presidencia del PRI a una persona con alguna capacidad crítica que tomara distancia del gobierno, empezara a criticar, exigir, convocar. El reciente cambio es tardío pero tampoco resuelve algo poner a otro disciplinado conservador. El candidato, sin duda, no debió ser del gabinete. Sacarlo de ahí era algo así como un suicidio.

Ricardo Anaya presentó al principio un programa social de “renta universal”, consistente en entregar a cada persona mayor de edad en el país, con o sin trabajo, una ministración mensual desde fondos presupuestales. A salario mínimo, serían unos 31 800 pesos al año por cabeza; casi 3 billones anuales en total; poco más de la mitad del presupuesto federal. Así empezó, pero así no terminará. Por lo pronto, Anaya ha cambiado radicalmente hacia otro ofrecimiento, el de otorgar 2 500 pesos mensuales sólo a “un millón de madres de familia”, o sea, 30 mil millones de pesos al año: una promesa cien veces menor que la original… y apenas es candidato.

El principal ofrecimiento de arranque de Ricardo Anaya se hizo para competir con López Obrador, pero casi nadie le respondió porque era una volada electorera. Luego de dos meses, su programa social prácticamente había desaparecido.

El candidato del PAN es un neoliberal que toca por nota pero es maniobrero, se cree muy listo. Dice cosas contrarias al neoliberalismo, aunque cada día menos, con el fin de presentarse ante un electorado harto de la política económica aplicada durante más de 30 años. Pero, desde tiempo atrás, la mayoría de esos posibles votantes ya tiene candidato. En cuanto a la lucha contra la corrupción, lo que dice Anaya son palabras que se le caen de la boca.

La alianza de Ricardo Anaya con el PRD no es algo que le favorezca sino que, en cierta forma, le estorba. Se ha producido un fenómeno que consiste en que los panistas ortodoxos no quieren votar por candidatos perredistas, mientras una parte de los aún perredistas no está dispuesta a votar por candidatos panistas. El punto más relevante es que el candidato del denominado Frente, Ricardo Anaya, recibe críticas y rechazos también desde la derecha panista. Peor escenario sería difícil.

Oportunistas, sus socios; oportunista, él mismo, la candidatura de Anaya es producto de una revoltura indescifrable. En esa coalición artificiosa resalta también que no haya un líder popular. Es, precisamente, la política convertida en negocio. Algo que la gente rechaza por hartazgo.

¿Cómo competir entonces contra Andrés Manuel? La estrategia consiste en buscar reales o supuestas contradicciones en los dichos del candidato de Morena. Anaya es parte de la coalición TODOS CONTRA AMLO. No llama a que voten por él sino a que no lo hagan por otro, lo cual es una confesión de precariedad política y falta de convocatoria. Así no podría ser presidente. Tendría que pensar en otra estrategia, pues la guerra sucia ahora ensucia a quien la hace.

López Obrador encarna la crítica de los muchos años de estancamiento económico, pobreza, corrupción, simulación política, crisis de violencia y resentimiento social. Su campaña es a ras de tierra, a diferencia de las de sus adversarios. Aunque repite mucho, eso se considera necesario porque el auditorio es amplio, no sólo de sus partidarios. La gente acude a escuchar el compromiso de que las cosas no serán iguales, de que se va a acabar el régimen actual.

Un problema, sin embargo, que no suele ser menor, es el triunfalismo. Éste desmoviliza, pues, al dar demasiada confianza, limita la combatividad de la gente al acto público, al mitin, pero descuida el trabajo de persuasión hacia el resto del electorado.

Los principales candidatos del neoliberalismo –Meade y Anaya– están, al igual que Peña y Calderón, esperanzados con el segundo debate. Ya lo han dicho. Sin embargo, parecen olvidar que ya han lanzado sus dardos envenenados. Si los repiten, aburrirán. Lo que ellos no conocen aún es la reserva de respuestas y contraataques del abanderado de Morena, tanto para el segundo como para el tercer debate.

La unidad con Meade, convocada de repente por Anaya, no tiene viabilidad porque podría fortalecer a AMLO, al poner las cosas más en claro. La propuesta del panista ya recibió respuesta negativa del priista, aunque débil y enredada. José Antonio Meade, de todas formas, tiene asesores en la Presidencia, los cuales perciben lo que podría ocurrir si apoya a Anaya.

La ruta del candidato panista, el “voto útil”, funciona cuando el aspirante más fuerte es el oficialista, a partir de que las oposiciones se encuentran divididas. Si éstas se unieran, desde arriba o desde abajo, podría el gobierno ser derrotado. Algo de eso ocurrió entre el electorado en el año 2000 en México. Eso es, ahora mismo, uno de los efectos expansivos de la candidatura de López Obrador. En la presente coyuntura electoral, hace un buen rato que se tiene conciencia de la probable derrota del grupo gobernante. AMLO es el opositor. Ricardo Anaya no entiende que no entiende.

Como en este análisis somero no se han tomado en cuenta las encuestas publicadas, no queda más que convocar a la ciudadanía a olvidarse de ellas, con el fin de seguir analizando el contexto político en el que puede llevarse a cabo un cambio de gran calado en este país llamado México.

Democracia directa, ¿”ruta de colisión”?

La afirmación de López Obrador de que es mejor consultar al pueblo (la ciudadanía) para tomar las grandes decisiones, ha sido respondida por Héctor Aguilar Camín, en el diario Milenio (11.04.18), con la tesis de que la democracia directa, defendida por el candidato de Morena, es una “ruta de colisión”.

¿Qué mecanismos o sistemas colisionarían? El escritor nos explica: “la lógica binaria de la voluntad en blanco y negro de la ciudadanía y la voluntad negociada de la lógica representativa, por definición matizada, llena de grises.”

Aguilar Camín parece ignorar que para llegar a una consulta popular es preciso hacer antes un proyecto. Algunas veces se vota en el parlamento y el decreto se refrenda o rechaza en las urnas; otras, se realizan negociaciones políticas promovidas por el Ejecutivo y luego se convoca a plebiscito. En ambos mecanismos hay oportunidad de abrir un debate e incorporar matices buscando la mayoría ciudadana.

En cambio, el sistema meramente representativo nunca ha garantizado la “moderación” de los proyectos del Ejecutivo, quien suele enviar sus iniciativas a un Congreso más o menos presionado por el gobierno. Luego, se tiene el problema de los “grises” mismos, es decir, maniobras, cabildeos, compra de votos, tráfico de influencias, intercambio de favores, todo ello entre legisladores y entre éstos y el secretario del ramo, con frecuencia pertrechados desde el poder del dinero.

En México no se usa el referéndum ni el plebiscito. Cuando se intentó que se pusiera a votación ciudadana la reforma energética del PRIAN, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inventó que no era permisible la consulta popular porque la privatización del petróleo podría conducir a mayores ingresos del Estado y la Carta Magna no permite que ese tema se vote en forma directa. Esta monumental mentira consagró al máximo tribunal del país como un grupo de jueces de consigna, con la excepción del ministro José Ramón Cossío. Como nadie dudaba entonces que una consulta popular sobre el tema de la energía llevaría a la derogación de las reformas, el gobierno usó burdamente a la Corte para negar a la nación el derecho de decidir sobre su legítimo patrimonio. Volvimos a un pasado de ignominia.

Antes de la infame maniobra judicial, ¿dónde habían estado los “grises”, que tanto preocupan a Aguilar Camín, en aquellas negociaciones sobre energía que llevaron a reformar la Constitución? El PRI y el PAN no cedieron nada, entregaron a grandes empresas privadas casi todas las reservas probables, posibles y prospectivas, dejando a Pemex unas migajas, como ya se ha estado viendo.

Dos partidos, funcionando como uno solo, es igual a un sistema de partido único, lo cual no quiere decir que no haya discusión sino que sólo se toman en cuenta las propuestas y los argumentos que coinciden con aquella idea fundamental que se va a convertir en ley. Sí hay “grises”, quizá, como los pide Aguilar Camín, pero no hay colores.

La “política binaria” es lo que tenemos en la democracia representativa. Se tiene la mayoría o no se tiene en un consistorio para imponer una legislación sin consultar a nadie más, sin pensar en lo que la ciudadanía pudiera estar queriendo, buscando, sufriendo.

Aunque la democracia representativa no sea por ahora sustituible del todo, nunca ha sido suficiente. Aún más, los representantes políticos de la ciudadanía suelen ser falsos en cierta medida porque no pueden representar por igual a la totalidad de los electores que les eligieron, mucho menos a quienes componen un distrito o un estado. Por eso existe la representación proporcional, pero ésa no resuelve del todo el problema.

Una idea que se aprecia en el fondo de la “colisión” de Aguilar Camín es que el pueblo no puede legislar porque no sabe. Nadie ha demostrado que los únicos que sí saben sean los legisladores. Aquí el asunto más desagradable radica en que se defiende un monopolio de sabiduría en asuntos del Estado y de la sociedad vista en su conjunto. La ciudadanía en México no vota siquiera sobre la apertura de una calle.

En muchos lugares, la democracia directa se ha venido abriendo paso. Hay países, como Suiza, en los que casi todo es votado por los electores. En Estados Unidos, donde se inventó el sistema representativo y federal que existe en México, la gente decide sobre muchos puntos sin que se informe en la prensa al público mexicano. El sistema de consultas suele ser amplio en la mayoría de los estados del vecino del norte, pero no hemos visto “colisiones”.

Existe un problema de mayor fondo: los derechos son conquistas. No hay prerrogativas otorgadas por divinidades ni tampoco existen derechos naturales. Tomar decisiones sobre asuntos colectivos debería ser un derecho tal como lo es el hacerlo en aspectos individuales. Así como los electores eligen a sus representantes –decisión acotada en un determinado marco jurídico político–, la misma ciudadanía podría legislar por mayoría.

Hay más. Los derechos –postulamos—no deben involucionar. A cada momento de la historia se han de producir cambios progresivos. Hoy tenemos más derechos que antes. Aunque ya existía en la antigüedad en algunos pueblos, es reciente el derecho a tomar parte directa en la legislatura, digamos, a partir de la segunda postguerra. Estaríamos en desacuerdo con un sistema que nos pudiera llevar hacia atrás en materia de derechos, ni siquiera con uno que nos paralizara como estatuas, tal como lo pide Aguilar Camín, aunque fuera sólo por miedo a las “colisiones”.

No siempre y no todos los derechos políticos son considerados como derechos humanos. Mas ahora se postula que la generalidad de los derechos deben convertirse en fundamentales. De lo que se trata es de que, más allá de la asociación, petición, manifestación de ideas, libre comunicación, tránsito, voto, no discriminación, educación, salud y otros que andan por ahí tocando la puerta de los derechos fundamentales, se avance mucho más en ese camino. La consulta popular tiende a convertirse en fundamental. Para su ejercicio, debe haber reglas que no la nieguen como libertad y como derecho, sino la afirmen y la garanticen. En eso estamos.

Por lo pronto, salvo decisión arbitraria y majadera de la Suprema Corte bajo órdenes del Ejecutivo, el artículo 45 de la Constitución que tenemos frente a nuestras narices dice que es derecho ciudadano votar en las consultas populares y que éstas deben realizarse a pedido del 2% de los electores enlistados.

Se diría, en la óptica de Aguilar Camín, que ya es un derecho el ser “binario” con voluntad en “blanco y negro”. Sí, en efecto, pero, como tal derecho, no podría ser disminuido sino sólo ampliado (progresividad), según el artículo 1º de la misma Constitución que, se supone, nos rige.

El tema de la lógica binaria no está en el debate, al menos por el momento. Lo que ocupa el mayor lugar en las discusiones se refiere a los evidentes límites de la democracia representativa y a la consecuente necesidad de la democracia directa. Eso es lo que les decía el candidato López Obrador a los amigos de Aguilar Camín en aquel memorable debate en Milenio TV.

Gobierno de coalición es una farsa

Los partidos buscan el poder, por lo cual ninguno tiene como fin programático hacer un gobierno de coalición. Tampoco se considera que es mejor, de por sí, gobernar con otros. Las coaliciones son provocadas por la situación, dentro de perspectivas halagüeñas y justificadas, mas con frecuencia resultan de las políticas de alianzas de sus pactantes. Muchos electores, por su lado, tienden a preferir un partido o un frente de partidos con acuerdo congruente y duradero.

Entonces, ¿qué se pretende con la oferta de gobierno de coalición presentada por el PAN? Veamos cómo es que se trata de una farsa, ideada con el peregrino propósito de atraer apoyos de personas desinformadas o distraídas, pero, sobre todo, para dar cobertura argumental a una alianza electoral con el PRD.

Se postula la necesidad de un gobierno de coalición con el anhelo, se dice, de que no dirija un solo partido y, para ello, se crea un frente electoral para unir izquierda y derecha sin tener que dar explicaciones. Así, se presenta como finalidad de la unidad a la unidad misma.

Para dar forma al tal gobierno de coalición se ha ideado una figura inexistente en la Constitución, bajo el nombre de Jefe de Gabinete, el cual sería, se dice, una persona perteneciente a un partido diferente al del Presidente de la República. Para ese desempeño se ha designado a Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, éste no es miembro de “otro partido”, sino que carece de militancia, aunque sí es candidato de uno de ellos, el PAN, justamente al que pertenece Ricardo Anaya. No es cierto, por tanto, que el tal Jefe de Gabinete sería el contrapeso partidista del Presidente de la República. Cierto es que pocos se creen la idea de un próximo gobierno de varios partidos, mucho menos Mancera, quien ya es candidato a senador en lugar de serlo a jefe de gabinete para lo que Anaya le ha designado.

Lo peor del esquema es que, además de que no habría Jefe, tampoco Gabinete. En la reforma constitucional (art. 89-XVII) para introducir la figura de “gobierno de coalición”, el PRI y el PAN olvidaron crear el Consejo de los secretarios de Estado, es decir, el Gabinete, de tal manera que la única diferencia es que el Senado tendría que aprobar el convenio y el programa de la coalición, si a caso se lo solicitara el Presidente de la República. No hay más.

En realidad, las sucesivas reformas políticas desafortunadamente no han introducido modificaciones orgánicas al Poder Ejecutivo.

Si el PAN llegara a la Presidencia, habría, con suerte, una ridícula “coalición” bajo el mando personal de Ricardo Anaya. Se trata de un falso bipartidismo en el gobierno, como lo ha sido en todos los estados donde PAN y PRD se han aliado y han obtenido el triunfo dizque para gobernar juntos, según ofrecía el mismo Anaya cuando era presidente de Acción Nacional.

El PAN y el PRD están aliados por el momento, pero con propósitos diferentes. Acción Nacional, por su lado, busca la Presidencia de la República con todo el peso institucional del cargo, al igual que como ya ha logrado recientemente varias gubernaturas. En cambio, el PRD sólo busca algunos puestos convenidos con la derecha y, ante todo, impedir que la izquierda alcance el Poder Ejecutivo.

La historia conoce convergencias de izquierdas, por un lado, y de derechas, por otro. Como proyectos exitosos en América Latina, recordamos la Unidad Popular de Chile y el Frente Amplio de Uruguay, entre otros. Podríamos decir que esas eran alianzas serias. Hemos visto frentes neoliberales, como en Chile, Brasil y Argentina. Pero, luego, presenciamos en Brasil una catastrófica alianza entre izquierda y dizque centristas, en realidad neoliberales hipócritas pero muy “modernos” (PMDB), la cual desembocó en el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff.

Lo que no habíamos visto es un frente electoral entre la derecha tradicional, rancia y también neoliberal, y un partido de izquierda con programa anti neoliberal. Se entiende que el PAN lo ha pactado por el papel de liderazgo que desempeña, mientras el PRD lo ha admitido por su conversión en un organismo para el mercadeo político, en el cual ya no hay otros objetivos que los meramente comerciales. Lo que tenemos aquí es una compra-venta de servicios, sin fecha de caducidad pactada, por lo cual se puede romper en el momento en que el negocio vaya mal. De la izquierda perredista no está quedando nada, por no decir que ya se extinguió.

Se entiende así que es una farsa el planteamiento panista de gobierno de coalición.

Democracia defenestrada

Siete periodistas polemizaron el miércoles pasado con Andrés Manuel López Obrador en Milenio Tv. Lo más destacado no fue que el candidato haya sido acusado de creerse infalible y cosas por el estilo, lo cual es cantaleta de varios de esos profesionales del periodismo. Hubo también oportunidad de tocar el tema de la democracia.

Varios expresaron sus miedos a una posible presidencia (de AMLO) de carácter autoritario y de espaldas al Congreso. La acusación fue difusa pero luego adquirió concreción en el tema de la consulta popular propuesta como método político por Andrés Manuel.

Carlos Marín sacó a relucir uno de sus recurrentes argumentos: las “equivocaciones de los pueblos”, tal como la “pavorosa” elección alemana que llevó a Hitler al poder, sin decir, claro, que los nazis no habían alcanzado entonces la mayoría absoluta pero pudieron formar gobierno ante la absurda división de los demás partidos. AMLO afirmó que los ciudadanos se equivocan menos que los políticos. El pueblo, dijo, tiene un instinto certero, es sabio. “Yo discrepo de ti en esto”, le respondió el candidato al director de Milenio con cierto comedimiento, y agregó: “en democracia es el pueblo el que manda, el que decide”.

Como es entendible, el columnista y director salió en defensa de esa institución tan despreciada por él mismo, el parlamento. “Hay una representación en el Congreso”, insistió para ladearse claramente a favor del método de las decisiones indirectas. “Son dos tipos de democracia”, agregó, como si fuera un paciente profesor, el tres veces candidato a presidente de la República: “una, representativa, que es la del Congreso”; y “existe también (debe existir, se corrigió) la participativa”. Para aclarar mejor su argumento, AMLO agregó: “no es que la democracia termina y se agota en una elección constitucional”.

Como no era lugar para repetir las conocidas groserías e insultos que suele escribir el director de Milenio en sus consuetudinarias columnas, tuvo que entrar al quite Jesús Silva-Herzog, un poco más instruido, para argumentar a favor del método de tomar las decisiones en el Congreso: “la consulta popular tiene un mecanismo que es una disyuntiva entre sí y no”; el Congreso es un espacio donde podemos decir sí a esto, no a esto otro; la consulta es una manera de plantear la política binaria”. López Obrador le respondió que lo mejor es el debate y la información para que se manifiesten quienes están a favor y están en contra, lo que “no ha existido en el país”.

Ya antes, Andrés Manuel había aclarado que son tres momentos para los grandes temas: informar y debatir; consulta ciudadana; y modificación de leyes en el Congreso.

Silva-Herzog fue al contraataque, aunque ya menguado: “sí hay –dijo– una diferencia muy importante entre plantear una reforma constitucional en el Congreso, donde está la representación de la diversidad, y plantear el cambio, echar para atrás reformas estructurales a través de una consulta popular directa”. ¿Fuera del Congreso no hay diversidad? ¿Lo que se hizo en el Congreso no se puede deshacer en el referéndum popular? Este suele ser un el método democrático para corregir al parlamento en las llamadas “democracias avanzadas”. ¿Ni a ese nivel podemos llegar?

Mientras sus interlocutores cuestionaban la democracia participativa y, en especial, las consultas populares, quizá López Obrador estaba recordando que la reforma energética fue impugnada, se colmó el requisito de firmas que exige la Constitución y se demostró la trascendencia del decreto legislativo cuya derogación se pretendía. Sin embargo, la Suprema Corte le salió al país con la increíble versión de que no puede haber consulta popular cuando su posible resultado genere un gasto al Estado. Eso no dice la Carta Magna, la cual sólo se refiere a temas de presupuesto, leyes fiscales y financiamiento como lo que no se debe votar por parte de la ciudadanía directamente. La mayoría de los ministros y ministras, con la sola excepción de Cossío, se hincaron frente al poder presidencial y cancelaron un derecho del pueblo a pesar de que ya se encuentra en la Constitución. Así opera el sistema.

Quizá también López Obrador y algunos de quienes escuchaban la entrevista (¿comparecencia?) estaban pensando que la ausencia de un Estado de derecho es precisamente una de las perversiones antidemocráticas que es preciso combatir, pero no sólo desde abajo sino también desde arriba, desde la Presidencia de la República y el Congreso, para tratar de abrir otros caminos.

Al final, esos periodistas conservadores, enemigos de las consultas populares, acusaron a AMLO de conservador. Así es México, por el momento.