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Victoria de los maldecidos

El resultado nacional de las elecciones del 6 de junio otorga una victoria a la 4T. A pesar del alto grado de unidad de casi todas las oposiciones (PAN, PRI et. al.), éstas no pudieron obtener la mayoría electoral más que en 109 de los 300 distritos electorales del país y en dos estados de los 15 en disputa.

La unidad del PRIAN ha sido un fracaso debido a que quedó lejos de alcanzar el objetivo que ella misma se asignó: ganar los estados con elección de gobierno y alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados, a partir de lograr el mayor número de distritos uninominales.

La actual mayoría parlamentaria pasará de tener 313 curules a contar con unas 279, de un total de 500. El PRIAN pasará de 146 asientos a unos 197 en la próxima legislatura. Con las curules de Movimiento Ciudadano (24), la oposición gozará de un “frente de contención”, como se autodefinen los opositores, con una minoría de 221, suficiente para abrir el diálogo, si es que ahora, por fin, lo decide, lo cual en verdad está por verse. La unidad sí les rindió frutos, pero no es lo que buscaban: fallaron.

Ahora bien, no todo son fanfarrias para la 4T. La victoria de la coalición Juntos Hacemos Historia (JHH) también se debe a su concentración electoral, es decir, con un porcentaje semejante de votos que el PRIAN, la 4T alcanza la mayoría parlamentaria y pasa a contar con una mayoría de gubernaturas.

El mayor problema imprevisto de la 4T ha sido la región centro-poniente del Valle de México y algunas zonas metropolitanas como la de Puebla. Ha sido en tales lugares donde dio mayores resultados la opción PRIAN. Por una parte, Morena perdió electores que, aunque no iban a votar por la oposición, sencillamente no quisieron votar. Por otra parte, existe una franja del electorado que no es propiamente de derecha, sabe usar su voto contra el gobierno y lo usó. Quienes se abstuvieron críticamente, como quienes cambiaron el voto por el PRIAN, especialmente en favor del PAN que creció en términos absolutos, no son en sí mismos suficientes para ganar una elección, pero en este momento fueron la franja decisiva.

La alianza opositora es muy fuerte, tiene caudales electorales que vienen de mucho tiempo y en algunos lugares sigue siendo funcional el clientelismo focalizado, preferido por el PRI y el PAN durante décadas. Cuenta con medios de comunicación y se beneficia de las permanentes campañas de engaños y calumnias. Tiene de su lado, finalmente, la tradición ideológica de clasismo, privilegios y corrupciones.

Además, la 4T ya agotó el sistema de un solo vocero, el presidente de la República, debido a que desde hace algún tiempo es preciso comunicar con más detalles sobre cada tema y eso no lo puede hacer por completo una sola persona durante dos horas diarias. La difusión y réplica de la 4T necesita refuerzos. Son tan fuertes las arremetidas noticiosas y editoriales contra el gobierno de la 4T, que ya es hora de que ésta, como un todo, intensifique el contrataque cotidiano, aunque eso signifique correr los riesgos del alargamiento del frente de batalla. Asimismo, debe ir mucho más a fondo en las explicaciones de lo que se está haciendo desde el gobierno y el Congreso.

La poderosa fuerza opositora del PRIAN perdió de vista que Morena era la oposición en los estados gobernados por los viejos partidos. En 10 entidades, la 4T arrebató el gobierno al PRIAN. En otra más, refrendó su mayoría. En dos estados hubo una nueva especie de candidato independiente, arropado por un partido político (PVEM-PT en San Luis y MC en Nuevo León). El PRI perdió todo. El PAN fue removido en dos de las 4 entidades que gobernaba. Michoacán se inoculó de una especie de peste política. Morena será quien gobierne la mitad de los estados. Se ha producido un cambio en la estructura de los poderes locales.

De 32 gubernaturas, Morena tendrá ahora 17; PAN, 8; PRI, 4; las otras tres están adscritas al MC, con dos, y una al PVEM. Se abre una relación de fuerzas en el plano regional. La 4T ha salido victoriosa, a pesar de que perdió 6 alcaldías que gobernaba en la Ciudad de México y 11 distritos electorales federales, así como la mayoría en el Congreso local. Este golpe no es menor.

En cuanto a los congresos, Morena tendrá mayoría en 18, mientras el PAN en 7 y el PRI en uno solo, al igual que el MC, mientras en 5 no hay mayoría partidista. Tamaulipas es tal vez una relevante pérdida del PAN (no tuvo alianza con el PRI), tanto por el problema que enfrenta el hasta ahora gobernador, quien ya no tendrá mayoría en la legislatura, como porque tuvo pérdidas mayores en el ámbito de los municipios.

Los maldecidos por las oposiciones políticas, empresariales y mediáticas han salido victoriosos, pero no sólo por haber obtenido la mayoría en la Cámara de Diputados y ganado casi todas las gubernaturas en disputa, sino porque fracasó en lo fundamental la política conocida como PRIAN, la unión de los dos partidos tradicionales que han gobernado antes, los portadores del pasado. Era tan seductora esa política ante los ojos de los poderes fácticos y gran parte de la subsistente clase política de antes, que realmente llegó a entusiasmar a muchos, mientras algunos daban ya por consumada la gran empresa de arrebatar la Cámara a la 4T.

Los maldecidos siguen aquí y durante tres años más seguirán siendo maldecidos por unos, aunque bendecidos por otros. Así es la lucha política de los tiempos actuales en México, lucha desenfrenada de intereses.

Límites del poder y de la libertad

Cuando el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo suspendió en el año 2006 los espots de Vicente Fox, pagados por la Presidencia o difundidos en tiempos oficiales, debido a que contenían programas sociales del gobierno, nadie pudo defender al entonces presidente, con excepción de su partido, el PAN. La ley era concluyente en cuanto a la prohibición de hacer propaganda personalizada (con mención o con la imagen del funcionario), patrocinada por el gobierno.

Se dijo entonces que el ministro Gudiño era el único que en la historia había callado a un presidente. Sí, es verdad, pero no le calló en general, sino sólo le canceló su costosa barra propagandística en radio y televisión, es decir, su propaganda sufragada con fondos federales, que era y es lo prohibido. Fox siguió hablando y diciendo lo que se le ocurría, para que, luego, su vocero tuviera que explicar lo que había querido decir el mandatario. Pero, espots ya no hubo, por decisión de un solo ministro, quien fungía como instructor en la controversia interpuesta por la Cámara de Diputados: cuando Gudiño la admitió, él mismo resolvió en seguida y sin titubeo alguno la suspensión solicitada.

¿El IFE? No era necesario porque sólo hubiera estorbado para el propósito que se buscaba. La ley tenía años prohibiendo a los servidores públicos hacer propaganda personalizada con los programas sociales, pero muchos actuaban con impunidad, hasta que en la Cámara se logró un acuerdo para ir a la Suprema Corte, con la buena suerte de encontrarnos ahí con Gudiño Pelayo en el correspondiente turno.

Luego de la violación de la ley por parte de Vicente Fox y de la suspensión ordenada por el ministro Gudiño, como consecuencia de la cruda moral nacional del fraude multifacético de Felipe Calderón en el 2006, ejecutado con la colaboración del binomio IFE-TEPJF, se modificó otra vez la Constitución en varios aspectos. Además de poner en la calle a los integrantes del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, se llevaron a cabo importantes reformas, entre ellas, la prohibición total de contratar propaganda electoral en radio y televisión por parte de personas físicas y morales. Aquel paquete de adiciones incluyó los últimos tres párrafos del artículo 134 de la Constitución (13.11.2007). Veamos.

“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos” (énfasis añadido).

Si no fuera por el uso convenenciero que se le ha dado a este precepto, no se haría necesario subrayar que se trata del gasto público, el cual debe “aplicarse” con imparcialidad sin sesgos partidistas, y que tal disposición es vigente “en todo tiempo, no sólo durante los procesos electorales.

El siguiente párrafo dice: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que implique promoción personalizada de cualquier servidor público” (énfasis añadido).

La propaganda personalizada, como vimos, ya estaba prohibida en la ley, pero sólo en lo referente a los programas sociales.

El último párrafo del artículo 134 de la Constitución señala que las leyes, todas ellas, las federales y las locales, deben garantizar el “estricto cumplimiento” de los dos párrafos anteriores, señalando las sanciones “a que haya lugar”. Sin embargo, las sanciones no están señaladas en la legislación, sino que, declarada la infracción, debe remitirse al “superior jerárquico”, que por lo regular resulta ser quien impartió antes las órdenes para el uso de recursos públicos en las campañas electorales y la difusión de propaganda pagada en los medios de comunicación. Hasta ahora, casi todo al respecto ha sido un desastre, por no decir que llegó a predominar el fraude bien organizado a la Constitución, con la entusiasta colaboración de la autoridad electoral.

Cuando la Carta Magna se refiere en su artículo 134 a la “propaganda que difundan como tales los poderes públicos”, alude actos organizados, mensajes elaborados e instrumentos definidos en cualquier clase de medio de comunicación, gacetilla incluida. Las expresiones de los diputados y senadores en sus respectivas cámaras, así como en declaraciones y conferencias de prensa, etc., no podrían considerase como actos de propaganda oficial, independientemente de su contenido. Lo mismo podría decirse de los pronunciamientos de ministros, magistrados y jueces. Así también, las declaraciones directas, boletines de prensa, entrevistas o respuestas de los servidores públicos del Poder Ejecutivo no constituyen propaganda oficial, es decir, sufragada por el Estado, por lo que sería indebido integrarlos al concepto de “propaganda personalizada”, aquella que ya estaba prohibida en la ley de la materia en relación con los programas sociales y que violó Vicente Fox mediante la difusión de espots propagandísticos pregrabados y reproducidos en radio y televisión por cuenta del erario.

Queda claro entonces que siempre está prohibida la propaganda personalizada y que ésta se refiere a instrumentos precisos, predeterminados y pagados de difusión, pero en forma alguna a toda manifestación de ideas de los servidores públicos.

Ahora bien, el artículo 41 en su Apartado C suspende, durante el tiempo de campaña electoral, la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental de los poderes federales y locales, así como de todo otro ente público. Excepciones: campañas informativas de las autoridades electorales, servicios educativos, salud y protección civil.

Si el concepto de propaganda del artículo 42 es el mismo que el del artículo 134, es sencillo definir que se trata de mensajes predeterminados, continuos y patrocinados en medios de comunicación mediante contrato. Como es entendible, no estamos hablando, por ejemplo, de conferencias de prensa y coloquios para responder o criticar al gobierno en los que participa con frecuencia, aun en tiempos electorales, el consejero presidente del INE, organismo éste que también tiene prohibido hacer propaganda personalizada. Cada cual tiene derecho a decir lo que quiera, pero sin patrocinio público. Así está la norma.

Ahora bien, el artículo 7º de la Constitución comprende un concepto que se considera como un derecho humano, es decir, no es una regulación administrativa: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.” Esta “inviolable libertad” fue introducida en el año de 2013, en relación con toda difusión de “opiniones, informaciones e ideas, a través de cualquier medio”, ampliando así la libertad original de “escribir y publicar escritos”, la cual resultaba estrecha ante el desarrollo de los medios electrónicos. El precepto tiene mayores alcances, pero para el propósito del presente texto debe concluirse que es parte del capítulo primero de la Constitución: “De los derechos humanos y sus garantías”.

Las limitaciones contenidas de los artículos 134 y 42 de la Constitución se refieren a entidades y servidores públicos. Son limitaciones administrativas, pautas de comportamiento del Estado. Es evidente que si un funcionario declara algo y paga una gacetilla para difundir su mensaje, en realidad está actuando ilegalmente como parte de un ente público, en ejercicio de sus capacidades administrativas. Varios gobernadores lo siguen haciendo con frecuencia: actúan fuera de la ley sin que haya autoridad que intente impedirlo; el IFE-INE siempre se ha rehusado a hacerlo. Quizá necesitemos otro Gudiño Pelayo.

Un problema complicado surge con aquella información que se debe tener a disposición del público a través de los instrumentos propios de la oficina correspondiente, que incluye lo que los funcionarios dicen en público durante su desempeño. Si esto no se difunde desde su origen y en el medio oficial propio, cualquiera puede reclamar su publicidad conforme al artículo 6º de la Constitución, el cual fija la garantía de este derecho en el “principio de máxima publicidad”.

Ahora bien, todo gobernante tiene el deber político de no atribuir los programas sociales y las inversiones públicas a su persona, aun cuando no lo haga a través de mensajes institucionales patrocinados. Al mismo tiempo, administradores y legisladores también tienen el deber político de explicar y defender su política de gasto y los actos conducentes.

Así mismo, todo gobernante tendría que abstenerse de hacer propaganda electoral directa a favor o en contra de un partido o candidato, pero no porque la ley lo obligue actualmente, sino porque se trata de una regla no escrita, aunque en su origen la impuso el poder que movía todo y escondía la cara: patrocinaba campañas con fondos públicos, pero no llamaba a votar abiertamente por sus candidatos.

Se dice que México debe construir una democracia “avanzada”, etc., etc., pero que, por lo pronto, el presidente no debe tener espacio para opinar sobre temas electorales. En casi todos los demás países es normal que los gobernantes llamen a votar por los candidatos de su partido, acudan a actos electorales e intervengan en debates. En Estados Unidos se llega al extremo de que el presidente usa los recursos materiales y humanos que tiene a su disposición para estar físicamente presente en las campañas electorales, mucho más cuando él mismo es candidato. Esto último no funciona de la misma manera en Europa.

En México, antes de ahora, la política era peor debido a la simulación mediante el engaño que no engañaba a nadie, pues todo se sabía. Era la hipocresía de un sistema por completo corrupto.

Entre el INE y el Tribunal Electoral se siguen haciendo bolas con el término de “propaganda gubernamental”, que es, en realidad, la que se encuentra regulada. Habría que poner en algún lugar visible qué cosa es ésta exactamente. Pero lo mejor sería superar la impronta de hipocresía que nos agobia, terminando, al mismo tiempo, por completo y para siempre, con el uso de recursos públicos en las campañas electorales, el cual abarca la compra de votos.

Pacto legislativo opositor

La coalición opositora, conocida como PRIAN y denominada “Va por México”, ha lanzado un decálogo para conducir su próxima política unificada en la Cámara de Diputados. Veamos.

1.Ejercer funciones de control sobre el Ejecutivo. Las oposiciones actuales no han creado en el Congreso una sola comisión investigadora durante casi tres años, pudiéndolo hacer por disposición de ley. Es la primera vez desde 1978, cuando se creó la figura, que ocurre esa inexplicada anomalía. Han rechazado también la iniciativa de Morena para que dichas comisiones cuenten con mayores atribuciones y puedan abarcar todos los temas de interés público.

2. Equilibrio de poderes. La Constitución establece la existencia de ramas del poder con facultades diferenciadas (Art. 49), pero no se menciona un “equilibrio”. Los poderes no sólo son, por lo demás, el Ejecutivo y el Legislativo, sino también el Judicial. Ninguno de tales poderes ha invadido la esfera de otro en los últimos años, sigue habiendo “división”, lo que no impide que exista discusión pública entre ellos, la cual continuará en tiempos de “inviolable libertad de difundir opiniones, información e ideas” (Art. 7). La Constitución tampoco indica que debe haber obligatoriamente enfrentamiento político entre el Legislativo y el Ejecutivo. Los jueces, por su lado, seguirán dictando sus resoluciones con libertad, aunque también son responsables de sus actos según la Carta Magna.

3. Presupuesto incluyente. No al clientelismo. Volver a la política de atomización del gasto público y de los “moches”, la cual era precisamente “incluyente” para muchos políticos en el reparto de fondos y en la corrupción inherente, sería una de las mayores concesiones que se pudiera hacer hoy al Estado corrupto, el cual está siendo combatido por el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo. En cuanto al clientelismo, este funciona cuando la política social y los subsidios benefician a sectores o empresas seleccionadas. La actual política social se basa en programas universales o que abarcan a grandes segmentos. El clientelismo fue lo que predominó durante los gobiernos priistas y panistas.

4. Respeto a organismos autónomos. Hasta ahora, el Legislativo no ha impedido las funciones constituciones de esas instancias; tampoco está obligado a autorizar exactamente el presupuesto solicitado por las mismas, aunque resulte excesivo. Esos organismos no han visto reducido su gasto en los presupuestos de egresos de 2019, 2020 y 2021. El señalamiento del INE al respecto fue una completa mentira, mientras que los consejeros electorales violan la Constitución en su artículo 127 al cobrar mayor sueldo que el presidente de la República. Por lo demás, tales organismos son sujetos de control parlamentario y sus titulares también pueden ser criticados.

5. Respeto a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Durante los años recientes no se ha producido represión alguna contra la crítica y la libre difusión de ideas a través de cualquier medio. México vive la mayor libertad de prensa de su historia. Los periodistas no están sujetos a sueldos encubiertos del gobierno federal ni del Congreso, de tal manera que son mucho más libres al no existir condicionamientos a sus informaciones y opiniones. El debate, sin embargo, ya tiene tiempo en el país y va a continuar en tanto la libertad es mayor para todos.

6. Dignificar a las fuerzas armadas. No se postula claramente, por parte de las oposiciones, que existan relaciones “indignas” entre funcionarios elegidos de los dos poderes que tienen origen popular y jefes militares, por lo que el verbo “dignificar” no parece tener justificación. La participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública está definida en el decreto de reformas constituciones por el que se creó la Guardia Nacional (26.03.2019), la cual no podrá perdurar más allá de los cinco años a partir de la formación de ésta.

7. Respeto a la legislación electoral y no al totalitarismo. Ningún gobierno anterior respetaba la ley electoral pues todos usaban recursos públicos en favor de sus candidatos. Tenemos hoy el primer gobierno que se ha abstenido de tal conducta fraudulenta. El Congreso, por su parte, ha hecho reformas respecto a los delitos electorales que ahora son graves.

8. Atracción de inversiones, reactivación económica, más empleo, salario digno y respeto a las micro y pequeñas empresas. No se puede discrepar de estos conceptos, pero las oposiciones eluden concretarlos. Bajo la 4T, el salario mínimo se ha elevado 50% real, en contraste con la pérdida de su capacidad adquisitiva acumulada durante los 35 años de neoliberalismo. Estos sucesivos aumentos han tenido repercusiones en las revisiones salariales contractuales y continuarán sin la menor duda. Mientras subsiste retracción de inversiones domésticas, las foráneas (IED), en el primer trimestre del año, han reportado casi 12 mil millones de dólares, lo que no se había visto, para el mismo periodo, desde que el gobierno lleva el registro (1999).

9. Cuidado del medio ambiente y promoción de las energías limpias, en el marco de los compromisos internacionales de México. El carbón y el combustóleo ya deben dejar de usarse en la producción de electricidad, tal como se ha planteado recientemente dentro de un marco de modernización de la industria. El programa más ambicioso de protección del medio ambiente ha sido hasta ahora “Sembrando Vida”, el cual tendrá que ampliarse como gran recuperador y generador de empleo, ingreso y medio sustentable de vida. El país tiene que insistir en el abandono del uso de venenos dañinos a las personas en la agricultura, así como en la contención de las semillas transgénicas, como lo ha definido el gobierno. Las políticas tendientes a la defensa del planeta seguirán sin duda en proceso como ineludibles obligaciones del Estado mexicano. Sin embargo, nada inhibe continuar en la lucha emprendida por el Congreso para doblegar el sistema de subsidios implícitos y explícitos en favor de productores privados de energía, los cuales han sido defendidos con ahínco por parte de las oposiciones.

10. Agenda de género. Las numerosas reformas legislativas sobre este amplio tema han sido promulgadas por el Poder Ejecutivo en los últimos dos años y medio, es decir, ningún decreto fue devuelto al Congreso por parte del presidente de la República. A su vez, el gobierno impulsa la inclusión como elemento de la política pública. Más de 4 millones de mujeres están hoy pensionadas dentro del programa de adultos mayores. El tema de género no se agota en la igualdad formal ante la ley sino abarca principalmente la igualdad sustantiva. Las oposiciones actuales, al votar en contra de la política social, han expresado, al mismo tiempo, su alejamiento de respuestas parciales a la discriminación y opresión que viven las mujeres.

El decálogo PRI y PAN no contiene una plataforma de reformas legislativas. Sus planteamientos son inofensivos cuando no realmente inocuos, en el sentido de que carecen de interés. ¿Por qué?

En realidad, a esos partidos les une la lucha común contra el programa de la 4T. Esto se debe a que ambos están vinculados a través de los dos elementos que Morena combate de cuajo: el neoliberalismo y el Estado corrupto.

La pobreza discursiva se nota, como es natural, en los ataques persistentes, pero también en la mentira sistemática. A la hora de redactar el decálogo del PRIAN, no hubo espacio para la propuesta, mucho menos para escribir una proclama a la nación. Son los tiempos que corren.

Motivos de un olvido

Los dos grandes factores causales del cambio político del año de 2018 fueron la persistencia del programa neoliberal durante 35 años y del Estado corrupto, el cual fue fundado hacia 1952 y alcanzó apogeos en tiempos del “pensamiento único”. La lucha popular contra ambas catástrofes se manifestó en 1988, aunque antes había tenido lugar en los planos intelectual y político.

Destruir el andamiaje neoliberal y la corrupción, partes engarzadas del sistema político, implica una transformación del Estado o, como dice Andrés Manuel López Obrador, de la vida pública de México. Se trata de un viraje histórico que debe impactar comportamientos y moralidades de amplios segmentos de la sociedad.

La cuestión es de clase, naturalmente, aunque no sólo, pues están presentes varias otras contradicciones. Durante los años del neoliberalismo, el salario mínimo redujo su capacidad adquisitiva en un 70%. Algo semejante ocurrió con otros niveles salariales. La aptitud redistributiva del ingreso a cargo del Estado menguó con los reducidos porcentajes de gasto social directo, es decir, las subvenciones, frente al alza de los subsidios entregados a la “clase política” y a los grandes empresarios. Luego de que se disminuyeran las tasas más altas del impuesto a la renta y se elevara el IVA, el Estado contrajo su capacidad efectiva de recaudación mediante la condonación de impuestos o simplemente por la falta de cobro de grandes masas dinerarias que retuvieron consorcios y personas ligadas al poder.

La inversión pública productiva fue contenida o supeditada a mecanismos de negocios privados financiados bajo la responsabilidad del gobierno para potenciarlos con aportaciones presupuestales directas, onerosas y sin retorno.

En el marco de todo lo anterior, era imposible atender el crecimiento de la deuda pública, la cual se contrataba para sufragar el gasto corriente o las obras que no generaban ingresos públicos, pero beneficiaban a empresas privadas. Pemex fue convertido en un gran agente financiero, encubridor de esa maniobra, por lo que su deuda, que era en realidad del gobierno, se convirtió en un fardo catastrófico de la paraestatal.

El país se encontró bajo una estrategia sin objetivos nacionales y populares. En lugar de producir granos, había que traerlos de fuera porque abundaban en el extranjero y eran más baratos… de momento. En lugar de producir más gas, refinar el aceite e impulsar la petroquímica, había que vender el crudo y depender de importaciones cada vez mayores. La cosa no paró aquí sino que, para destruir Pemex y lograr que grandes empresas se beneficiaran de riquezas nacionales, se pactó una reforma energética entre el PRI y el PAN, no obstante el evidente repudio popular.

Algo semejante se hizo con la electricidad, mediante el impulso oficial a la creación de una red de productores independientes privados que se han beneficiado directamente de la infraestructura de la empresa nacional construida por el Estado.

Millones de hectáreas fueron concesionadas para la explotación minera en un país en el que la propiedad del suelo no otorga derechos sobre el subsuelo, por lo cual el gobierno generó una gran presión sobre los propietarios o usufructuarios de la tierra en amplias regiones del país, los cuales han venido siendo despojados por los concesionarios por la vía de venta, alquiler u otros contratos, generando crecientes conflictos. Además, los derechos de explotación siguen siendo muy bajos.

Todas las privatizaciones, sin excepción, fueron planeadas y realizadas bajo esquemas de corrupción. Se malbarataron las propiedades públicas y se produjeron dobles ganancias ilícitas, las provenientes de comprar a bajo precio y aquellas que se realizaron en forma de mordidas, además de todo un sistema de contratos leoninos.

El gran atraco del esquema Fobaproa-Ipab, con el que se convirtió deuda privada en pública por un importe de 100 mil millones de dólares, sigue causando desembolsos presupuestales cada año con el pago de los intereses sobre la mayor parte del valor de los bonos originales. Las mayores instituciones de crédito beneficiadas con ese atraco fueron enajenadas a trasnacionales, luego de que, naturalmente, los vendedores incorporaran al precio el valor de los bonos. Además, no se pagó impuesto sobre la renta sobre las ganancias producidas por las enajenaciones, gracias a una cortesía adicional del gobierno.

Toda clase de concesiones, estimuladas con mordidas, en favor de familias vinculadas al poder o de empresas extranjeras, invadieron el escenario nacional. En el curso de ese largo y penoso proceso, México fue dejando de tener objetivos estratégicos de carácter popular y nacional.

El gasto público se atomizó y perdió objeto social, productivo y estratégico. La gestión en la Cámara de Diputados consistía en incorporar al Presupuesto gastos inconexos, disímbolos y muchas veces inútiles, para cobrar posteriormente los correspondientes moches a las instancias públicas u organismos privados beneficiados.

El gobierno de Peña Nieto llegó al extremo de desviar recursos de la llamada Cruzada contra el Hambre por sumas de miles de millones a través de la Estafa Maestra.

Centenares de fideicomisos se usaban como reductos de grupos o personas agraciadas, atomizando y esterilizando de tal forma ingentes recursos presupuestales.

Enormes cantidades de dinero presupuestado se gastaban sin causa justificada en prebendas de una burocracia dorada que operaba como propietaria de la cosa pública. Al lado de altas remuneraciones existían fuertes prestaciones en favor de una minoría de servidores públicos, los de mayor jerarquía, mientras la gran masa de empleados percibía sueldos bajos.

Después de muchos retoques a la legislación, los fraudes electorales sólo cambiaron la forma de realizarse, tanto en el plano local como en el federal. El órgano de gobierno del Instituto Nacional Electoral, como el de su antecesor, se integraba con sendas cuotas asignadas a los partidos políticos; ese fue siempre el sello de la casa hasta 2020.

El país estuvo en manos de una oligarquía compuesta de grandes capitalistas y altos políticos. AMLO le llamó la mafia del poder. El Estado corrupto albergaba a unos y otros, por lo que fue posible la edificación de todo un sistema de gestión pública bajo la política neoliberal que era el nudo programático de tan amplia alianza.

La 4T es un mecanismo político de origen popular que empezó a crearse hace poco más de 30 años. Derrotar el proyecto neoliberal y destruir el Estado corrupto es el objetivo, pero eso, naturalmente, implica construir un sistema nuevo. En los primeros tres años, se ha dado inicio a la edificación de instituciones en salud, educación, pensiones, empleo, seguridad pública, justicia, así como sentar bases de un nuevo esquema de distribución del ingreso. La lucha frontal y puntual contra la corrupción se encuentra en las reformas de ley y en las nuevas políticas de la 4T. Con los fondos rescatados se ha logrado cubrir una parte considerable de la política social.

Sería imposible analizar con acierto la presente coyuntura electoral a partir del olvido de lo que predominaba hasta hace poco o de la negación del alcance que tuvo el gran movimiento electoral que llevó a López Obrador a la Presidencia de la República y a la 4T a la mayoría en el Congreso y en numerosas legislaturas locales. La amnesia de las oposiciones, las partidistas y las de medios conservadores de comunicación, es un recurso vano. Se nota enseguida que su programa es el del neoliberalismo bajo un Estado corrupto.

Esos opositores estuvieron tratando de evitar lo que ellos mismos llamaron “AMLO en la boleta electoral”. Por tal motivo tenemos calendarios diferentes para elecciones, consultas populares y revocación del mandato. La separación de fechas fue impuesta por la oposición con su tercio plus en el Senado, ya que son normas constitucionales. Pues bien, después de tanto esfuerzo, los opositores han hecho lo que no querían, es decir, meter al presidente en la boleta a través de su propia incansable lucha de respuestas, acusaciones, noticias falsas, insultos, calumnias y simples difamaciones ad persona. No han parado un momento. Lo que han hecho, sin desearlo, es alimentar contraataques de parte de un gobernante metido en la denuncia política, hasta provocar una vorágine interminable para la cual ellos no estaban preparados. El punto es que han tenido que admitir que son defensores de todas las políticas de antes y del sistema de corrupción, aunque a este último no lo reconozcan abiertamente en su discurso sino sólo de manera implícita. No hay que olvidar que sólo los corruptos menosprecian la corrupción reinante.

El olvido opositor es un mecanismo de defensa política, pero la mayoría de las personas, incluso la base electoral de los conservadores, no ha olvidado nada.

Falacias de Aguilar Camín

El periodista y novelista Héctor Aguilar Camín acusa a Morena de “ilegalidad rampante”, la cual se expresa, dice, en la “mayoría inconstitucional que ostenta en la Cámara de Diputados la coalición de partidos gobernantes”. Afirma en Milenio (11.05.21) que Morena, PT y PES obtuvieron en las urnas el 43.6% y lograron en la Cámara el 61.6%, debido, subraya, a “la explotación de ciertas áreas grises de la ley electoral”, como lo había hecho el PRI en 2015.

Primer punto: en 2018, la coalición Juntos Haremos Historia (JHH) alcanzó el 45.41% de los votos válidos. Segundo punto: el PES no logró ningún asiento plurinominal y el PT sólo alcanzó 3, ya que Encuentro Social no obtuvo el 3% mínimo de votación, mientras al Partido del Trabajo le aplicaron la cláusula de sobre representación. Aguilar Camín omite decir que la coalición hoy gobernante logró 219 distritos de mayoría (el 73%) y se le asignaron 88 curules de representación proporcional (el 44%).

Ahora bien, si JHH hubiera sido un solo partido, también tendría ahora la mayoría absoluta en la Cámara. La Constituión permite una sobre representación de hasta 8 puntos porcentuales, lo cual no se le ha olvidado a Aguilar Camín, pero no lo quiere mencionar porque no le ayuda a su mendacidad.

Pero no fue así. El tope de sobre representación opera para cada partido político por separado, según lo acordaron PRI y PAN en la reforma constitucional de 1996 (Art. 54. V), la cual no fue criticada en lo más mínimo por el periodista que ahora parece condolerse. De esa forma, el PT casi no logró legisladores de lista plurinominal porque tenía asignada una cantidad de uninominales que no le permitió entrar en el reparto general, es decir, de acuerdo con su porcentaje total: con 2.2 millones de votos, obtuvo 3 diputados de RP, los más caros de la historia. Esto no sólo afectó a ese partido sino a la coalición de la que era parte. Lo mismo se puede decir respecto del PES, el cual no obtuvo ningún legislador de representación proporcional. Pocas veces antes se había aplicado el tope de sobre representación y nunca se había visto un partido que tuviera grupo parlamentario sin participar en el reparto general de curules plurinominales. Ambas cosas ocurrieron en 2018.

En cuanto a la asignación proporcional (plurinominales), Morena logró 85 curules, lo cual representa el 43% de los 200 legisladores de representación proporcional, dos puntos porcentuales por arriba de su votación útil para el reparto. El PAN (39) y el PRI (38) también tuvieron diferencias a favor, debido a que los plurinominales no asignados al PT se diluyeron entre los más grandes.

La coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), vista en su conjunto, fue objeto de una aplicación rigurosa de la ley, pero no se le podía arrebatar a cualquiera de sus integrantes uno solo de sus triunfos de mayoría. Así, el PES, con el 2.5% de los votos, tenía referenciados 55 asientos uninominales que representan el 6% de la Cámara. Al PT, con 4.24%, se le contaron 58 diputaciones, que es más del 10% de la Cámara. Ninguna ley de reparto puede revertir la mayoría de votos en un distrito electoral.

Aguilar Camín no se atreve a entrar en detalles y sólo insinúa que Morena tenía candidatos uninominales disfrazados en PT y PES, con el propósito de evitar que le descontaran lugares plurinominales. Sin embargo, no repara en que nadie previó el resultado de la elección de diputados como para suponer que la coalición de AMLO iba a obtener mayoría en el 73% de los distritos electorales del país.

Ahora bien, el INE calcula lo que se llama Votación Nacional Emitida (VNE), luego de descontar los votos que no intervienen en el reparto de curules de representación proporcional. De acuerdo con ese parámetro se calcula el tope de sobre representación de cada partido. Así, se elabora un Límite Máximo de Curules por Partido, que parte del porcentaje de cada cual más los 8 puntos que permite la Constitución como sobre representación. Morena tuvo 41.33% de VNE, más los 8 puntos, alcanzó el 49.33%, es decir, 243 curules como límite, el cual fue, por coincidencia, casi el número con el que hizo su primer registro como grupo el 29 de agosto de 2018 en la Cámara.

Pero hay algo más que, naturalmente, a Aguilar Camín no le preocupa porque ni siquiera lo ha preguntado. En el supuesto de que al PT y al PES le hubieran contado sólo el número de legisladores y legisladoras uninominales que finalmente se adscribieron a sendos grupos parlamentarios cuando se instaló la Cámara el 29 de agosto, es decir, 60 entre ambos, y los restantes 53 hubieran sido acreditados a Morena, este partido no habría rebasado el límite de sobre representación fijado por el INE, manteniendo, por tanto, las 85 curules que obtuvo por representación proporcional y con un total de 244 diputaciones, frente al límite máximo oficial establecido de 246 (INE/CG1181/2018). Dentro de ese supuesto procesal, JHH hubiera tenido 309 curules (más 5 que no le asignaron al PT), es decir, el 63% que tanto le duele a Aguilar Camín.

Así que las sumas y restas legales de todos los escenarios posibles no les cuadran a los mendaces. No vale nada la fabulosa “teoría de la inconstitucionalidad” de la 4T en la Cámara.

Todo lo anterior no lo analiza Aguilar Camín. Bueno, en realidad él no analiza nada, pero no por falta de fuentes de información, sino porque no le conviene. Su tarea es la de atacar a Morena para ubicarlo en el mismo plano del PRI, el cual metió unos cachirules y se sobre representó en la Cámara en 2015, con la complicidad de varios de los actuales consejeros electorales del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama incluidos en esta lista, sus propios amigos.

Por lo demás, Aguilar Camín tampoco hace saber a sus lectores que existe una ley orgánica en el Congreso, en la cual se establecen las bases de la conformación de los grupos parlamentarios. Según ésta, los y las legisladoras tienen libertad para inscribirse en el grupo que quieran. Muchos diputados y diputadas se han cambiado sin que nadie proteste, al amparo del criterio de la Suprema Corte de que la afiliación a un partido político dentro del Congreso es “libre e individual”. Se ha llegado al extremo de que dos legisladores del PRD se hicieron priistas solo por un día, con el fin de apoyar al PRI en la coyuntura de la elección de la actual Presidencia de la Cámara en 2020, que debía definirse en favor del tercer grupo más numeroso, según la ley.

Así fue como al momento en que se formalizaron los grupos, Morena registró 252, PAN 79, PRI 47, PT 31, PES 30, MC 28, PRD 20, PVEM 11 y sin partido 2. De esa forma, no sólo se produjeron variaciones respecto de las asignaciones realizadas en el INE a los partidos sino también desproporciones. Ningún partido en la Cámara corresponde exactamente con su votación nacional válida emitida.

El sistema mixto con dominante mayoritario (300 distritos uninominales y 200 curules de proporcionalidad) y un tope alto de sobre representación, que se encuentran en la Constitución, hacen que el sistema no sea del todo proporcional. Esto ocurre en casi todo el mundo, incluso con mayores discrepancias entre porcentajes de votos y de asientos parlamentarios por partido.

A reserva de lograr una nueva reforma electoral, que no desean los actuales opositores, amigos todos ellos de Aguilar Camín, un punto relevante por el momento es que los conservadores, como el propio escritor, jamás criticaron el sistema vigente, con excepción de José Woldenberg, ni tampoco dijeron algo sobre los cachirules que introducía el PRI en sus coaliciones. Todo estaba muy bien para ellos hasta que la izquierda tomó el gobierno y la mayoría del Congreso. Empezaron entonces las denuncias, pero falaces.

Las mentiras de Aguilar Camín no son nuevas ni serán las últimas. Lo que no veremos de su parte es una lucha política abierta y honrada.

Nota: Dedico este artículo a Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara, dogmático creyente de la “teoría de la mayoría artificial”, la cual, por lo demás, no le otorgó la menor ventaja en su desempeño.

“Democracia en peligro”

La democracia mexicana es meramente concursal. Los partidos compiten entre sí por los votos cada tres años y al electorado no le vuelven a decir ni los buenos días hasta que se convoca a nuevas elecciones. En el derredor del torneo electoral no existe democracia. No la hay en escuelas, sindicatos y partidos, como tampoco en las organizaciones sociales, incluyendo las empresariales. Existe un mar de antidemocracias.

El alto grado de politización popular al que ha llegado México no tuvo de crisol la lucha social y menos la educación, sino una sublevación contra esa consistente combinación de Estado corrupto y programa neoliberal. Fue un proceso que duró 30 años.

Medios de comunicación, grupos de intelectuales conservadores y oposiciones unidas han presentado la tesis de que la democracia está en peligro, por lo que, para salvarla, habría que combatir al presidente de la República y a la 4T.

La mayor parte de esos nuevos críticos no han dicho que las libertades estén en peligro. Por más obcecación, no podrían hablar de ese tema porque bajo el actual gobierno tenemos el más amplio espacio que haya existido hasta ahora para el ejercicio de las libertades. Valga un solo ejemplo: al eliminarse el chayote se potenció la libertad de prensa.

No obstante, el Partido Revolucionario Institucional va lejos. Tiene en circulación un espot de televisión donde aparece un gran mazo con el logotipo tricolor del PRI destruyendo por completo un tabique que dice Morena. El locutor convoca a no permitir que este partido siga “colapsándolo todo”. El lenguaje violento suele aparecer como una de las formas de la libertad de difusión de las ideas, el problema es la predecible respuesta de los televidentes. En realidad, el mazo que destruye a Morena con el logotipo tricolor es una manera de presentar al PRI como el más duro dentro de la coalición opositora y disputar de tal forma votos con el PAN, su aliado. Sin embargo, nadie que no sea adversario de Morena hará caso de ese mensaje. Nadie sabrá tampoco cuál es la propuesta legislativa del PRI. La coalición opositora en conjunto no incrementará sus votos, si acaso podría disminuirlos debido al tono tan violento. El PRI ya cayó en la ofuscación.

De cualquier forma, la tesis opositora pretende basarse en la idea de que el Ejecutivo debe ser débil o, al menos, menos fuerte. Se identifica a la democracia con la desavenencia entre el Congreso y el presidente. Sin embargo, el sistema democrático opera justamente al revés: si hay un mandato popular mayoritario, ese debe expresarse en los dos poderes políticos de la República. De lo contrario, habría una disonancia, es decir, el sistema democrático concursal caería en contradicción.

Para esos opositores, la democracia se debería entender como separación política entre el programa del Ejecutivo y el del Legislativo. Pero esa no es la democracia. Si mediante el voto popular, el presidente de la República pierde la mayoría en el Congreso, se produce un mandato y así debe expresarse, pero eso no es un objetivo de la democracia sino de los opositores, a la mitad del periodo sexenal, justamente en la que nos encontramos.

La falsa identificación entre democracia y ausencia de un soporte legislativo del gobierno es una tesis que sólo busca engañar al electorado. En otras palabras, para que subsista la democracia concursal, como la que tenemos en México, no es indispensable que haya un Congreso hostil a la línea del presidente o, como se le llama en Estados Unidos, un “gobierno dividido”.

El punto es que, durante los siguientes años, el programa de la 4T tendría más éxito en tanto contara con mayoría en la Cámara de Diputados. La pregunta es, entonces, ¿la mayoría electoral querrá volver a una situación parecida a la de antes?

Por otro lado, la vieja imagen de los “diputados levanta dedos” que perduró durante los largos años del régimen priista no puede ser actualizada, ya que no existe partido de Estado. La actual identificación programática entre el Ejecutivo y el Legislativo se produjo antes de las elecciones de 2018. Por lo demás, se han expedido más decretos de ley iniciados en las cámaras que aquellos enviados originalmente por López Obrador, sin que éste haya regresado uno solo de aquellos. Este fenómeno no tiene nada que ver con el viejo presidencialismo priista y su caricaturesco intento de reproducción panista.

Salvo un par de excepciones, las negociaciones principales en el Congreso no se han dado entre Morena y las oposiciones, sino dentro de la misma 4T, la cual comprende gobierno y cámaras. Esto ha sido así porque los partidos que ahora ya se han unido para las elecciones (PRI y PAN) se van a fondo en contra de todo proyecto relevante y siempre proponen modificaciones, pero en un sentido absolutamente contrario. Con ese método, no hay lugar para las negociaciones.

No es la incipiente democracia formalista mexicana la que está en peligro. Lo que se decide en las elecciones de junio de este año es el impulso del nuevo programa político y social en curso o la creación de un muro legislativo tendiente a defender y reponer lo viejo. Las cerradas oposiciones políticas, mediáticas e intelectuales han puesto todas las cosas en blanco y negro, aunque en la realidad social cotidiana no sea así. Los grises se han ocultado, al menos por lo pronto. Lo que en realidad se actualiza es la larga lucha de la izquierda contra el neoliberalismo y la corrupción.

Nunca en la historia un presidente de la República ha sido tan insultado por tantos sin la menor represalia contra los soeces. Nunca, tampoco, se han producido tantas noticias falsas contra el gobierno sin que sus emisores hayan tenido que sufrir algún desquite. Lo que tenemos hoy es debate, como nunca. ¿No se ha dicho siempre en todas partes que el debate es un instrumento de la democracia?

Acabar con el “fuero”

La inmunidad procesal penal de los más altos funcionarios del Estado existe para evitar que unos policías los detengan e impidan, así, el funcionamiento normal de los poderes públicos. Se le llama “fuero”, el cual se cancela cuando la Cámara de Diputados declara que procede la acción penal y separa al inculpado del cargo; es el desafuero.

Durante años, se ha considerado que el fuero es en sí mismo un mecanismo de impunidad. En realidad, ésta se ubicó en cuerpos de policía, procuradurías y juzgados, que operaban por lo regular bajo órdernes del gobierno y protegían a los políticos oficialistas. Sin embargo, el desafuero se enderezó hacia la eliminación política de posibles candidatos. El caso más escandaloso fue el de Andrés Manuel López Obrador, en 2005, ordenado por Vicente Fox y apoyado alegremente por el PRI. Otro memorable caso, pero en dirección contraria, fue mandar al archivo el dictamen en contra del tesorero del sindicato petrolero en el escándalo de Pemexgate, con los votos solidarios de PRI y PAN en San Lázaro.

Fueros y desafueros se han prestado a innumerables desaseos, maniobras, chantajes y negociaciones ilegítimas.

Al integrarse la actual legislatura, en 2018, Morena inició en San Lázaro una reforma constitucional para eliminar el fuero. El sistema de inmunidad procesal penal consistiría en que, ante una inculpación del Ministerio Público, los altos funcionarios protegidos tuvieran que afrontar sus procesos penales como cualquier otra persona. La diferencia sería que ellos se mantendrían en libertad y en funciones durante el proceso, como si estuvieran bajo fianza, según aconseja el principio de presunción de inocencia. Luego que el juez les condenara, perderían su inmunidad y el cargo, por lo que tendrían que afrontar las consecuencias de la sentencia.

Con esa reforma consfitucional se protegería el funcionamiento normal de los poderes públicos, para evitar arbitrariedades y maniobras de autoridades menores dotadas de fuerza coercitiva. Al mismo tiempo, los altos funcionarios serían juzgados de inmediato y, eventualmente, condenados.

La oposición unida votó en contra. Entre gritos de júbilo de los partidos que habían perdido en la reciente elección, no se completaron los dos tercios de los votos necesarios para su aprobación. Ese fue el segundo intento de acabar con el fuero y, consecuentemente, con los desafueros. En ambos, vivimos la acción del PRIAN, que no es expresión retórica, sino palpable realidad política.

Habrá que continuar el esfuerzo de eliminar el fuero tan luego como se instale la próxima legislatura. Por lo pronto, los procedimientos de desafuero concluyen ya en los plazos de ley y sus dictámenes sí se ponen a discusión del pleno de la Cámara, aunque no han desaparecido las maniobras dilatoras y de otro tipo.

Se ha llegado al extremo inaudito de que una juez de distrito concedió una suspension definitiva contra un inculpado, prohibiendo a la Cámara culminar un procedimiento de desafuero hasta que ella dicte sentencia, pero olvidó que las resoluciones de los diputados en esta materia son inatacables, según reza la Carta Magna, lo que también impide, por tanto, detenerlas. La Judicatura tendrá que abordar este asunto.

Por todas partes surgen ahora obstáculos políticos y judiciales para detener cambios y reformas, tales como la industria de los amparos. Resistencias naturales. El problema es definir una estrategia común del Ejecutivo y el Legislativo para encarar las acometidas conservadoras.

Tarjeta roja vs. derecho de ser elegido

Una licencia de conducir se retira luego de sucesivas infracciones muy graves. Ese documento no es el único medio de ejercer el derecho fundamental de tránsito y movilidad, pero, aún así, su revocación se produce bajo condiciones precisas, especiales y reiteradas. Un registro electoral sí es prácticamente un elemento básico para ejercer el derecho constitucional de ser elegido. Sin embargo, se postula que es posible su cancelación ante una supuesta infracción mínima que pudiera ameritar alguna otra sanción.

La Constitución dice en su artículo 1º que, en la interpretación sobre el ejercicio de los derechos, se debe dar a las personas la protección más amplia, es decir, por encima del punto de vista de autoridad o de otro que provenga del Estado. A esto se le llama principio pro persona.

Con las cancelaciones de varias candidaturas locales decididas por el Instituto Nacional Electoral con motivo de supuestas infracciones de precampaña, se ha puesto en el primer plano del debate el tema del derecho de ser elegido. No se trata de cualquier cosa en un país donde existe una historia de restricciones. Basta recordar el alto nivel de control oficial del registro de nuevos partidos y la anulación automática del voto en las casillas cuando se escribía en la boleta el nombre de un aspirante sin registro. El sistema electoral mexicano actual proviene de aquel donde el derecho a ser elegido no existía para la generalidad de los ciudadanos y ciudadanas.

El hecho de que el INE haya decidido actualizar este asunto, nos habla del enfrentamiento político que tiene lugar a partir de algunos organismos autónomos federales contra los poderes Ejecutivo y Legislativo que surgieron de la elección de 2018, pero en especial de una puesta en duda de ese valor fundamental de la República que estriba en los derechos de votar y ser votado, sobre los que se erige la soberanía popular.

Un antecedente relativamente reciente fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el cual tenía como único propósito impedir que fuera registrado como candidato a presidente de la República en la elección de 2006.

Por lo regular –como es el caso–, cancelar un registro ya concedido cuando el candidato posee los requisitos constitucionales para ser elegido, tiene como único propósito su eliminación y nunca busca la sencilla aplicación de la ley. Para violar el derecho en nombre de la regla, se hace a un lado que en la interpretación sobre derechos siempre se debe favorecer a las personas, las cuales, además, en los casos decididos en el INE, ya estaban en el ejercicio de sus derechos. Cuando, al contrario, se favorece es al órgano de autoridad, al Estado, la mesa de los derechos es puesta patas arriba, deja de servir para lo que fue construida. El funcionario que lo hace no debería seguir adelante porque está actuando contra la Constitución.

Es muy grave que la autoridad electoral administrativa no reconozca la supremacía del derecho de los ciudadanos y sostenga la tesis de que es preciso ejercer la prevalencia de las prerrogativas fiscalizadoras de la autoridad. Nunca un deber oficial puede atropellar un derecho y siempre debe ejercerse aquél dejando a salvo éste.

Una mayoría de seis en el Consejo General sostiene que se debe aplicar sencillamente la ley aunque se atropelle el derecho. “Sacar la tarjeta”, ha dicho el presidente del INE, quien afirma ser “el árbitro”, pero participar en un juego de futbol no es un derecho básico. Sí lo es el seguir siendo candidato cuando se reúnen las calidades constitucionales y, más aún, cuando ya se ha producido el registro legal.

Cancelar el registro electoral es considerado una sanción in extremus cuando se trata de un partido político en reincidencia, pero el INE no lo ha visto así cuando ha querido eliminar a unos candidatos de un partido. No obstante, el derecho al voto pasivo, es decir, a recibir el voto popular, sigue teniendo una jerarquía mucho mayor que las reglas del futbol.

Algunos, al parecer, quieren que regresemos a momentos en los cuales no se respetaba el derecho a ser elegido. ¿Qué se pretende? Golpear a la 4T mediante ataques provenientes de personajes circunstanciales de la política nacional, atrincherados en una institución que, por definición, no podría tomar parte en la disputa por el poder.

No es la primera vez que el INE cae en manos de personas claramente parciales y militantes activos de causas políticas. Ya ha ocurrido antes, con el consecuente daño al país. Ha dicho el consejero presidente que el INE no va a caer en provocaciones ni confrontaciones, pero en realidad es esa institución la que, por mayoría de sus integrantes, ha provocado y se ha confrontado. Cancelar el registro de candidatos elegibles es una provocación pocas veces vista, con la cual el INE se confronta inevitablemente con sus propias víctimas, pero también con los defensores del libre ejercicio de los derechos de ciudadanía.

Las leyes y las instituciones están siempre cambiando, caducan y se forman otras. No las hay perpetuas. Mucho más rápido ocurren cambios de integrantes de los órganos del Estado. Ese no es un problema actual, sino el querer volver a un pasado oscuro en el que el derecho a ser votado se administraba cuidadosamente mediante segregaciones y palomeos, excluyendo a “indeseables”.

Tal cosa es lo verdaderamente grave. No hay el menor motivo válido para conducir al país a ese barranco.

Los gobiernos están en la campaña electoral

Cuando en México había partido-Estado no había elecciones libres. Por eso, no era necesario que el gobierno participara declaradamente en los procesos comiciales, ya que los dirigía de principio a fin. El presidente de la República designaba a todos los gobernadores y a la mayoría calificada de las cámaras (senadores, todos), pero jamás llamaba al pueblo a apoyarle dando el voto por su partido.

En el momento que el jefe del Ejecutivo empezó a ser una persona cada vez más desprestigiada y se iniciaba la competencia electoral, el presidente callaba para deslindar a su partido de sus personales repudios, aunque seguía controlando el proceso electoral y hacía toda clase de fraudes.

Sin embargo, poco a poco la gente empezó a decidir su voto en función de la calificación que le daba al presidente en las elecciones intermedias. El número de 260 diputados de Carlos Salinas fue producto de un fraude en las urnas y en el tercer piso, pero Ernesto Zedillo fue el primer presidente que perdió formalmente la mayoría en la Cámara de Diputados y, aunque no hubo entonces un partido con mayoría por sí mismo, las oposiciones empezaron a hacer algo para hacer valer el dictado popular.

El PAN nunca tuvo mayoría y cedió casi todo al PRI en el largo y penoso camino hacia el PRIAN, con el cual se profundizó la corrupción y se afianzó el neoliberalismo. Así fue como se concentró el ingreso y se empobreció a la mayor parte del país. Peña Nieto recuperó la mayoría, pero fue mediante un fraude a la ley cobijada por algunos de los actuales consejeros electorales.

Aunque con cautela, desde 1991, los presidentes empezaron a pronunciarse públicamente durante las campañas electorales. En 2006, el ministro Gudiño Pelayo concedió la suspensión de unos espots de Vicente Fox a solicitud de la Cámara de Diputados. Eran clara y groseramente ilegales porque eran pagados con recursos de la Presidencia de la República.

Los fraudes electorales de aquel largo periodo siempre fueron intervenciones directas del poder. De otra manera no hubieran tenido éxito. En 2006, por iniciativa presidencial, PAN y PRI llegaron al extremo de intentar cancelar la candidatura de la izquierda, la de López Obrador y se unieron en el terreno para apoyar al candidato panista. Seis años después esos mismos se pusieron de acuerdo para que Peña Nieto llegara luego de pagar con dinero público la más amplia campaña propagandística de político alguno.

En síntesis, los presidentes intervenían en las elecciones, pero de manera hipócrita: todo mundo lo sabía. La lucha política era un enmarañado proceso de engaños, hipocresías, fraudes, robos, farsas, a cargo de unos políticos siempre inescrupulosos.

En otros países, los presidentes intervienen siempre en las luchas electorales, ya sean locales o nacionales. El poder no es ajeno a la lucha por el poder. La cuestión no consiste en dejar de hablar sino en intervenir con apego a unas normas válidas y reconocidas por todos.

La lucha contra las conferencias de prensa del actual presidente se ha colgado del periodo electoral para seguir cuestionando lo que se pueda, ahora ya con argumentos legales, aunque a veces bastante retorcidos. No puede haber ley que impida expresar alguna opinión. Los servidores públicos no están autorizados a realizar propaganda personalizada pagada con recursos públicos, pero eso es siempre, no sólo cuando hay campañas. Pero no se puede multar a un legislador, gobernador, ministro de la Corte o presidente de la República cuando dice lo que piensa, ya que la Constitución señala unos límites bien precisos a las libertades de manifestación de ideas y difusión de las mismas (ataque a la moral o a derechos de terceros, provocación de delito y perturbación del orden público).

En otros países ocurre lo mismo que en el nuestro: la gente vota tomando en cuenta el desempeño del gobierno. Pero en el México de los días corrientes se trata de impedir que así sea. Lo que es normal en el mundo es aberrante aquí. Sin embargo, no se puede en realidad impedir que se conozcan las acciones y los planteamientos de los gobernantes de los diversos niveles, ni se le puede hacer una lobotomía a la gente para evitar que piense en congruencia con sus evaluaciones e ideas.

Por lo demás, la lucha política del momento no está dada en una coyuntura en la que algún partido de oposición pudiera lograr por sí solo alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso no está en el horizonte. Lo que PAN y PRI desean es que la 4T pierda esa mayoría. Es decir, que el presidente de la República reduzca su fuerza política para que las oposiciones impongan una política de gasto diferente y logren bloquear cualquier iniciativa de ley del Ejecutivo. Son, por tanto, las dos oposiciones más fuertes (PAN y PRI) las que están poniendo a López Obrador en el centro de sus campañas políticas y, al tiempo, piden que se le silencie.

Si esas oposiciones realmente creyeran en lo que dicen, estarían especialmente interesadas en que el presidente expusiera sus puntos de vista, calificados por ellas mismas como desacertados y francamente nefastos. Pero viven en el autoengaño de que todo lo que hace el gobierno es rechazado por el pueblo en su gran mayoría. Confunden sus personas con la generalidad de la ciudadanía. Así es más difícil hacer política y hacer oposición. Así no era antes, lo es desde que se unieron PAN y PRI bajo el mismo sello electoral. En el pecado llevan la penitencia.

La taza

“Si no le quitamos la Cámara, nos va a quitar el país”, dice la taza que se muestra en internet como instrumento de propaganda electoral. Se refiere, claro, al presidente de la República y a la Cámara de Diputados. Pero ¿a quién le va a quitar el país Andrés Manuel López Obrador? El dueño de la taza nos va a responder que al pueblo de México.

La taza muestra un malestar profundo, un odio sin disimulo, una premura insoportable, desesperación.

Más allá de un estado de ánimo, la taza nos habla de unas relaciones sociales y de poder que han empezado a modificarse. La pirámide de distribución del ingreso no se hizo por equivocaciones acumuladas sino por políticas instauradas desde el Estado. Dentro de la forma en que el ingreso se reparte, destaca una inusitada concentración de las ganancias que ha llevado a una centralización del poder económico.

Quien mandó a fabricar la taza es de seguro integrante o empleado de uno de los grandes corporativos que asumieron el control del país y se beneficiaron del Estado corrupto construido bajo la dominación política priista y la continuidad panista.

Las ideas sociales y políticas no suelen ser casualidades. Vienen de realidades objetivas. Los partidos y otras muchas organizaciones expresan intereses difusos y concretos, por lo que se alían con otros, aunque sean diferentes, buscando puntos comunes.

¿Cómo se creó el PRIAN en México? Todo empezó cuando la izquierda, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, apareció en 1988 como una fuerte opción política nacional. Hasta antes, la derecha tradicional soñaba en un bipartidismo. A partir de entonces se ha desenvuelto una colaboración continua y cada vez mayor entre el PRI y el PAN para cerrar el paso a la izquierda.

Hemos visto caminar juntos a esos dos partidos desde el pacto con Carlos Salinas, el cual se expresó de forma grotesca en la quema de las boletas de la elección de 1988, pero tenía una significación mucho mayor. Se trataba de reducir a la izquierda, reconstruir el esquema formalista anterior y salvaguardar al entonces neoliberalismo emergente.

Las privatizaciones de Carlos Salinas –verdaderos atracos a la nación— fueron bendecidas por el PAN. La reestructuración parcial de la vieja oligarquía, con nuevos apostadores en las ruletas neoliberales, en realidad fue obra de un incipiente PRIAN, sus primeros pasos.

El pacto del PAN con el gobierno priista para legalizar la deuda del Fobaproa fue escandaloso pero muy duradero. Hasta hoy le cuesta al erario 50 mil millones anuales por pago de intereses, ya llevamos más de dos décadas y la deuda sigue vigente. El robo histórico del Fobaproa llevó a un fraude nuevo cuando Banamex fue vendido a Citybank, con todos los activos de los bonos gubernamentales, naturalmente, pero sin pagar impuestos por las enormes ganancias que realizó por esa venta el grupo de Roberto Hernández. Esto último lo autorizó el gobierno panista.

Bajo Vicente Fox, a partir del año 2001, las concesiones siguieron. Se le perdonó a Ernesto Zedillo y a Francisco Labastida el robo del Pemexgate, pues el PRI sólo pagó una multa electoral. A la vez, el PRI no presentó denuncia penal por Los Amigos de Fox. Esa la presenté yo, pero el presidente panista ordenó a la PGR declarar el no ejercicio de la acción penal contra sí mismo y nuestro Poder Judicial no admitió el amparo contra esa decisión. El PAN también sólo pagó una multa electoral. Se emparejaron los cartones: ambos resultaron penalmente inocentes. Unos protegían a los otros y viceversa. Eso también es el PRIAN.

Los moches empezaron como industria bajo Vicente Fox. El PRI lograba meter asignaciones presupuestales dirigidas a proyectos aislados y el gobierno panista las admitía al grado de pagarlas: se “bajaba el recurso”, a cambio de lo cual se realizaba el moche de al menos un 10%. Pero los diputados del PAN no se quisieron quedar atrás y entraron en el negocio. Otros lo hicieron también, aunque en menores cuantías. En esto, el PRI y el PAN eran uno solo.

Cuando Vicente Fox y Santiago Creel decidieron impedir, mediante el desafuero, la candidatura de López Obrador a la presidencia de la República, el PRI no dudó un instante en apoyar esa aventura, pues era volver a las bases fundacionales del PRIAN: detener a la izquierda a cualquier costo. Luego estuvieron muy juntos en el fraude de 2006.

Mientras se hacía todo lo anterior, lo más importante era la coincidencia bipartidista en la política económica. El país tenía un neoliberalismo galopante. El salario mínimo disminuyó en términos reales durante ese largo periodo. La pobreza creció. El sistema abierto de salud pasó a depender de una especie de empresa aseguradora que nunca abarcó a todas las personas ni a todas las enfermedades. El PAN era más neoliberal doctrinalmente; el PRI era más neoliberal operativamente: la mejor combinación.

Así fue como PRI y PAN decidieron lanzarse a eliminar del mapa a Pemex y arrinconar a la CFE. Esa fue la “reforma energética”.

En conclusión, la irrupción de la izquierda como fuerza alternativa de poder convirtió la convergencia histórica de las derechas neoliberales en un sistema funcional, hoy conocido como PRIAN, pero que abarca más en términos sociales: las dirigencias empresariales de derecha, los intelectuales del régimen en los tiempos recientes, el sector reaccionario de la iglesia católica y las instituciones generadas al calor de la corrupción y la simulación, la burocracia dorada.

Con el triunfo electoral de la izquierda, el PRIAN es ya prácticamente un solo partido, aunque mantenga discrepancias en temas menores y en espacios acotados. Como consecuencia de esto, carece de programa propio.

De este y de sus poderosos aliados es la taza, pero ya no el país.