El inicio de la Cuarta Transformación debe
verse como un proceso hacia la construcción de un nuevo Estado y la reforma de
la sociedad. Los cambios que se están realizando no se han analizado como
puertos de llegada sino como parte de una travesía. Por esto, en lugar de un
simple continuismo defensivo, como algunos lo intentan, es preciso plantear la
continuidad del proceso transformador.
En ese contexto, la guía de las consolidaciones
y los nuevos cambios se nutre de los objetivos trazados alrededor de la
construcción de un Estado democrático y social.
En los últimos cuatro años, se ha
alcanzado el mayor nivel de ejercicio de las libertades. Se combate por vez
primera el Estado corrupto que ha padecido México durante siete décadas. Al
tiempo, el gasto público ha conocido su mayor porcentaje de componente
directamente social como instrumento de redistribución del ingreso. El salario
mínimo y el medio contractual están cerca de recuperar varias décadas de
deterioro. Se han aplicado las políticas de autosuficiencia energética y
alimentaria. Se ha lanzado un proyecto viable de atención médica universal. Se
ha proclamado la conversión de México en un país de becarios en la educación
pública. Se prohibió la condonación de impuestos y se persigue la evasión. Se
ha rechazado lo fundamental del programa neoliberal y se ha fijado el objetivo
del Estado social.
La estabilidad económica no es en sí
misma un objetivo de la 4T sino un instrumento para llevar a cabo reformas. Por
lo regular, los cambios que se plantean desde un movimiento electoral requieren
un cierto grado de acomodo dentro del sistema social prevaleciente, pero, al
mismo tiempo, no se pueden consolidar si no se profundizan hacia reformas en la
distribución del ingreso y en la pauta de la acumulación de capital. Este es el
primer renglón del nuevo listado.
La línea del gobierno ha sido la de no
aumentar las tasas impositivas ni crear nuevos gravámenes. Esta orientación ha
dado ciertos resultados en cuanto a que, a pesar de la recesión decretada por
los gobiernos de todo el mundo con motivo de la pandemia de covid y de la
inflación posterior, las inversiones, el empleo, los salarios y el consumo se
han ido recuperando. Sin embargo, dentro de poco, esta situación mostrará sus
límites si no crecen sensiblemente los ingresos fiscales.
Aumentar tasas impositivas carecería de
utilidad cuando estas no son altas en los países con los que México mantiene más
de 80% de sus relaciones económicas. Por ello, el tema importante es la
eficiencia de la fiscalidad, mas no se trata sólo de cobrar los impuestos y
derechos sino de hacerlo sin privilegios legales y sin normas tramposas en
favor de los grandes capitales. Los ingresos medios están pagando en México una
tasa efectiva mucho mayor que los grandes, a tal grado que ese paradigma
estadunidense es aún más pronunciado en la economía mexicana.
Una revisión profunda de los gastos
fiscales, es decir, de lo que no se cobra debiéndose hacer según el sistema ya
establecido, es una tarea que podría conducir al aumento de los ingresos públicos
con cierta rapidez y efectividad para expandir el gasto en bienestar social y
obras públicas.
Aunque el incremento en la masa de
capital productivo depende de la ampliación del campo de las inversiones, el
Estado está volviendo a ser impulsor y ordenador directo de la economía. Este
vuelco se debe al fracaso del neoliberalismo en sus propios términos. La
inversión pública y la gestión estatal tienden a crecer en casi todo el mundo y
así seguirá previsiblemente. Por su lado, el gobierno mexicano está realizando
grandes proyectos autofinanciados de infraestructura. Sin embargo, ese plan ha
sido insuficiente para impulsar desde el Estado la inversión productiva que requiere
la economía nacional. Se necesita un gran programa de infraestructuras que
operen bajo el sistema de generar los ingresos para el pago completo del
servicio de las deudas. Hay que crear, por tanto, un gran fondo de inversiones
en infraestructura como instrumento directo de gobierno.
Formular una política industrial ya es
indispensable. Mas no se trata del camino de los subsidios al productor, sino
de la integración de las cadenas, es decir, crear sistemas, lo cual es preciso
hacerlo desde el gobierno. La promoción del crédito barato, más aún en tiempos
de altas tasas de interés, es también una función pública, tanto porque el
gobierno puede conseguir réditos más favorables como porque puede asumir
algunos riesgos a fin de otorgar garantías sobre créditos a empresas pequeñas.
La política industrial no sólo tiende a
promover inversiones sino a conducir procesos complejos que redundan en la
regulación de mercados, incluyendo el comercio exterior, así como en la
elevación de la productividad del trabajo y la innovación.
La planeación se va a tener que establecer,
pero no sólo del gasto público sino también en la regulación de los procesos
económicos, el uso del territorio, el desarrollo de los asentamientos, la
política medioambiental, las grandes tareas de la producción agropecuaria y
especialmente alimentaria, la industrialización y la economía internacional. El
gobierno carece todavía de una oficina de planeación económica y social
propiamente dicha, la cual tendría que hacerse cargo de la formulación de los
planes y del plan general. El neoliberalismo está presente aún entre nosotros,
pero ya no es el tiempo de su impetuoso predominio.
La política salarial del gobierno actual ha
demostrado, entre otras cosas, que es una falacia asignar al salario mínimo un
impacto determinante en el ritmo de crecimiento de los precios. Además, la
política del gobierno ha impactado en la determinación de los aumentos anuales
de los salarios contractuales de muchas empresas. También se ha mostrado la
fuerza que posee la recuperación salarial como estímulo de la producción
interna. Sería oportuno que desde el gobierno se estimularan a las
organizaciones sindicales para establecer un sistema nacional de negociación salarial
con la patronal, con el propósito de que las y los trabajadores puedan ejercer
de manera unida su fuerza en la determinación de los salarios contractuales e incorporar
en este proceso a las y los obreros agrícolas.
Durante las últimas seis décadas, en México
se generaron estructuras monopólicas privadas. En los años del neoliberalismo
(1982-2018) la empresa pública fue cediendo ante los grandes grupos, fortalecidos
estos por el proceso de privatizaciones. Los esquemas monopólicos mexicanos
tienen al Estado como su gran promotor. A esto se debe que las leyes
antimonopólicas sean débiles y sus mecanismos de aplicación tengan un diseño en
favor de la concentración y centralización del capital y la producción, excepto
cuando se trata de perjudicar a las empresas públicas y al gobierno. Como el
monopolismo es muy fuerte se requieren nuevas leyes e instrumentos orgánicos
para combatirlo, pues se ha convertido en un valladar del desarrollo económico
y de la redistribución del ingreso.
La ampliación y el fortalecimiento del
mercado interno sigue siendo la gran prioridad mexicana, aun cuando la
globalización está mostrando ajustes que podrían beneficiar la producción local
de manufacturas para la exportación. El desarrollo del mercado doméstico es una
base primordial para realizar procesos de redistribución del ingreso, aumentar
el empleo formal y elevar la capacidad productiva del trabajo social.
En alguna medida, la corrupción suele
estar presente en todos los países. Sin embargo, ese no ha sido el problema
concreto de México, donde se conformó un Estado corrupto, el cual es un
fenómeno peculiar y endémico. Es preciso arrancar el análisis desde los años 50
del siglo XX, cuando se creó un ramo presupuestal para el gasto discrecional
del presidente de la República, con el cual la distribución directa de fondos
públicos se amalgamó con los mecanismos existentes del peculado y el soborno,
creando un solo sistema de carácter político. El Estado corrupto es la
unificación de los diversos métodos de la corrupción pública en un solo engranaje
hasta convertirse en uno de los sostenes estructurales de la gobernanza del
país entero. La corrupción pudo llegar a todas partes y ámbitos bajo esquemas
de ensanchamiento permanente, incorporación de más y más personas a sus
prácticas y crecimiento continuo de la masa de riqueza ilegalmente apropiada. Ahora,
por vez primera, ha llegado un gobierno que busca la destrucción del Estado
corrupto. Esta tarea ya ha empezado, pero se requieren mayores revisiones del
marco jurídico, la creación de nuevos instrumentos institucionales, el
desplazamiento de grupos de servidores públicos que se formaron en la
corrupción, la fiscalización organizada de las relaciones entre entidades
públicas y privadas, así como la elevación de la conciencia popular sobre los
daños materiales y morales de la corrupción. Se trata de una gran causa
nacional y así debe tratarse.
Las libertades se han garantizado como
nunca, al tiempo, el gobierno ya no repitió la vieja práctica de comprar votos,
pero el país sigue demasiado anclado en la democracia formal. El
establecimiento de la consulta popular en la Constitución, logrado antes del
cambio político de 2018, no ha tenido los resultados esperados porque, en una
ocasión, la Suprema Corte negó ese derecho en materia de las reformas de las
industrias de energía y, después, ya bajo el nuevo gobierno, las oposiciones
impusieron la separación de la consulta del día de las elecciones, lo cual
dificulta la obtención del quórum requerido para que su resultado sea obligatorio.
El país requiere cada vez con mayor urgencia un sistema completo de consultas populares,
incluyendo la revocación de mandatos, como medio privilegiado de encarar las
divergencias políticas que se presentan en el seno de la sociedad. No se trata
de un instrumento del poder sino de un derecho de la ciudadanía para tomar
parte de las grandes decisiones nacionales y de carácter local. La democracia
participativa debe abrirse paso y vencer los obstáculos que le han impuesto las
fuerzas antidemocráticas del país.
La libertad de organización sindical es
una de las que requieren señaladamente una continuidad del esfuerzo ya iniciado
recientemente. México acusa un retraso en esta materia, de tal forma que la
mayoría de los asalariados no se encuentra organizada en sindicatos y muchos de
estos son de fachada o manejados por burocracias parasitarias.
Otras libertades están por consolidarse o
apenas alcanzarse, entre ellas las relacionadas con el gran tema de género, la
regulación de las drogas, la interrupción voluntaria del embarazo, los
servicios sexuales, la expresión de las convicciones políticas de los
sacerdotes en todo lugar y momento, la difusión por cualquier medio de ideas y
opiniones sin importar el empleo en el servicio público, entre algunas más sobre
las que se requieren definiciones exactas o supresión de restricciones a las
que han sido sometidas.
El sistema político de la Constitución
requiere nuevos arreglos en tanto que el país ha cambiado. El actual sistema de
partidos corresponde a otro momento, se requiere superar ya el monopolio
electoral de pequeñas burocracias que han conducido a la ruina de sus propias
organizaciones políticas, las cuales subsisten con crecientes dificultades, gracias
a que operan dentro del marco del viejo Estado corrupto. Es preciso abrir el
camino hacia la adopción de la reforma constitucional propuesta por el actual
presidente de la República en materia de sistema de partidos, representación
popular e integración de los órganos electorales.
La reforma judicial recién emprendida fue
apenas una tímida respuesta a la corrupción de los tribunales mexicanos. El
país requiere todo un plan para remover las estructuras creadas dentro del
Estado corrupto, dotando a la judicatura de cualidades apegadas al deber
justiciero, la defensa de los intereses sociales, populares y nacionales y el
respeto de los derechos en el marco de la independencia de toda clase de otros poderes
políticos y fácticos.
El fenómeno de la delincuencia organizada
ligada al narcotráfico como actividad matriz se convirtió en México en uno de
los más grandes problemas. Esto se debe a que apenas recién el gobierno se ha
propuesto atender las causas económicas y el resentimiento social ligado a la
falta de perspectivas de vida de muchos jóvenes. Pero también se debe a que, de
todas maneras, se ha mantenido el postulado de la prohibición de las drogas, el
cual ha fracasado en todo el mundo. Es urgente aprobar la nueva legislación
sobre la cannabis, que ya está en trámite en el Congreso, y poder pasar a discutir
los posibles mecanismos para la regulación legal de las demás drogas. Aun así,
la delincuencia organizada seguiría existiendo, pero su poder económico sería
mucho menor, de tal suerte que podría combatirse a través de métodos de
investigación y, ante todo, de solidaridad y participación social que sólo
ocasionalmente se han utilizado.
El desarrollo de actual proceso de la 4T
requiere profundizar su sustento popular, pero, a partir de ahora, con
mecanismos más incluyentes. Los viejos métodos organizativos de los partidos
más o menos burocratizados han quedado atrás, hoy se requieren mecanismos
participativos que permitan intervenir a la ciudadanía en procesos de poder
mediante la toma de decisiones. La consulta es una forma, pero se requiere
también la deliberación en la que el pueblo hable y decida. La gestión de los
instrumentos de la 4T debe girar en torno a estas nuevas formas e irlas
recreando a través de la experiencia. Los partidos han ido cambiando en casi todo
el mundo. Tienden a ser lo que quizá fueron en un principio: movimientos. El
problema que se debe resolver es el derivado de los métodos de adhesión,
pertenencia, solidaridad y decisión. Un partido es, esencialmente, un programa
político. El asunto suele consistir en quiénes formulan y quiénes aplican ese
programa. Abrir a la opinión popular cada propuesta, tanto la que viene desde
abajo como la que se elabora en las instancias de gobierno, es una de las claves.
Mas, al mismo tiempo, se requieren los mecanismos para el seguimiento de los planteamientos
programáticos, desde los nacionales hasta los más locales. En esto deben usarse
los métodos de asambleas y consultas. Morena es ya un partido de gobierno y,
por tanto, tiene que actuar con la organicidad, la temática y la
responsabilidad que brinda el ejercicio del poder político. La voz del partido
debe ser la del movimiento que en éste se expresa, lo cual implica el
rompimiento de las capillas políticas tradicionales que han colmado la disputa
y el ejercicio del poder. Todo esto requiere un ajuste de normas y, sobre todo,
de prácticas. En la nueva etapa que se avecina luego de las próximas
elecciones, Morena va a necesitar una gran convención nacional, luego de
convenciones estatales, para llegar a un gran acuerdo sobre el movimiento que el
pueblo trabajador va a requerir en la nueva etapa del país.
El gran cambio electoral iniciado en 2018
puso crudamente de manifiesto el estado que guarda el periodismo en México. El
divorcio entre la prensa y el método tradicional de sostenimiento de ésta, caracterizado
por la subvención gubernamental, desveló la afiliación política orgánica de los
medios de comunicación, en su gran mayoría, a lo que hoy se conoce como PRIAN,
es decir, la aproximación continua e ininterrumpida de los dos mayores partidos
conservadores del país en un sistema cerrado de alternancias. El arraigo de la
prensa al Estado corrupto se manifiesta también en la conducta opositora de la gran
mayoría de los medios formales. Mas, por el otro lado, el respeto del gobierno
a los críticos, incluyendo a los que usan la calumnia y los métodos de
desinformación, le ha dado a la prensa mexicana en su conjunto una libertad de
la que jamás gozó. La respuesta de la 4T ha sido las réplicas y, sobre todo,
las comparecencias cotidianas del jefe del gobierno. Sin embargo, se resiente
cada vez más la ausencia de una prensa profesional, independiente y ligada a sus
lectores, aquella que pudiera decir lo que sucede y comentar analíticamente el
estado del país. Un periodismo así es hoy casi marginal. Por ello, se requiere
con urgencia generar iniciativas de financiamiento y organización de medios de
comunicación nuevos que le otorguen a México una plataforma de prensa
democrática comprometida con el pueblo.
Como se entiende, la prosecución del
cambio mexicano depende a muy corto plazo del resultado de las elecciones de
junio de 2024. La nueva conquista del gobierno federal y de la mayoría en el
Congreso, así como de varias gubernaturas que se elegirán, ha de ser la ocasión
de dar un nuevo impulso a ese cambio. Sin embargo, la tarea se aprecia
complicada. El país se encuentra dividido políticamente en dos grandes bloques.
El sector político conservador se haya ahora en algunos aprietos, pero las
grandes masas de población que representa y la gran mayoría de la clase
dominante, amén de casi todos los medios de comunicación y de franjas
significativas del clero católico, no parecen estar mudando de actitud. La
amalgama de fuerzas políticas del bloque opositor, al margen de su candidatura
final, puede llegar cohesionada a la elección porque la une la 4T, es decir, la
posible permanencia de este movimiento en el poder, su programa de
transformaciones y el combate de los privilegios del pasado reciente. Los
políticos pueden seguir desgranándose de sus respectivos partidos en crisis,
pero la enorme corriente de oposición, el conservadurismo social más amplio, no
se va a disolver. Por este motivo, las fuerzas de la 4T y sus líderes deben
precisar con mucha claridad el planteamiento programático y las tareas
políticas del momento. En especial, Morena debe dejar atrás el triunfalismo,
tanto porque no es congruente con la realidad compleja y difícil que vive el
país, como porque es una arrogancia incompatible con sus tareas democráticas.
La ciudadanía votará y decidirá; esto no les corresponde a los voceros
políticos, ni siquiera a las y los candidatos, quienes deben pedir el voto popular
y convocar a la lucha, no presumir que ya poseen la mayoría. Esa debería ser la
pauta de comportamiento de un movimiento popular respetuoso del pueblo mismo,
del pluralismo realmente existente en el país y del valor supremo del mandato
ciudadano.
04.07.2023