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Al diablo con las instituciones

Aquella frase tan comentada y criticada de López Obrador, “al diablo con sus instituciones”, se ha convertido en una realización bajo la actual administración, pero no en un sentido de renovación para mejorar. El largo proceso de deterioro y degeneración de las instituciones del Estado mexicano se ha llevado a peores y mayores consecuencias.

La Procuraduría General de la República siempre tuvo el problema de que el presidente en turno le daba órdenes al procurador, pero nunca estuvo tan deteriorada como ahora. Al tiempo de su renuncia, Raúl Cervantes dijo que es preciso que el Ministerio Público sea eficaz e independiente. Él no pudo lograrlo en el breve lapso de su gestión, pero es que nadie puede, ya que no es cuestión simplemente de nuevas leyes sino de que la PGR no es una verdadera institución del Estado, como tampoco lo son las procuradurías de las entidades federativas.

La Fiscalía General que está prevista en la Constitución, cuya ley aún no existe, sería la infortunada heredera de la vetusta PGR. Ya desde ahora las designaciones del fiscal general y del fiscal anticorrupción han generado un gran follón en el Congreso porque no hay institucionalidad en la procuración de justicia, no existe una digna profesión de los y las fiscales, no hay de dónde sacar maestros prácticos del Ministerio Público. Nomás véase que todos los procuradores y procuradoras han sido unos improvisados e improvisadas pero, eso sí, disciplinados y disciplinadas al presidente de la República. Esa institución está mandada al diablo.

En la PGR todavía se sostiene la tesis de que el basurero de Cocula fue convertido en un gran horno crematorio, durante una sola noche, ni siquiera completa, mediante el simple uso de gasolina y llantas, para desaparecer 43 cuerpos sin que se haya podido recuperar el más pequeño residuo luego de un gigantesco incendio cuya existencia pasó desapercibida por completo.

Aturdidos, pudimos observar cómo Enrique Peña mandó al diablo a la maltrecha Secretaría de la Función Pública. Fue enviado ahí un abogado como secretario, con la expresa encomienda de investigar la misteriosa enajenación de una casa blanca de Las Lomas. El presidente de un país nombra especialmente a quien le va a investigar a él y a su esposa, el cual les exonera, naturalmente. ¿Cómo se llama la obra? La tragedia política mexicana. Luego, ante el desprestigio de aquel señor secretario, debido a la unánime burla popular, la procuradora fue trasladada ahí como relevo después de haber fracasado como jefa del Ministerio Público.

El secretario de Gobernación, Osorio Chong, se ha negado sistemáticamente a dar cuenta de lo ocurrido en Nochixtlán el 19 de junio de 2016, donde murieron 7 civiles. Con esa actitud, el “jefe del Gabinete” ha mandado al diablo, como instituciones, a la Policía Federal y a su Gendarmería, de las cuales es el jefe superior. Lo que Osorio hizo luego de los hechos fue ordenar una “investigación” y, después, se olvidó del asunto para siempre. Por su lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de 16 meses de dificultosas indagaciones, recién ha concluido que hubo violaciones a la libertad, la integridad y la seguridad, así como al acceso a la justicia, a la verdad y a un recurso jurídico efectivo. El operativo de aquel día es considerado por la CNDH como indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado, todo lo cual, decimos, es responsabilidad política del secretario de Gobernación. La recomendación del ombudsman será, eso sí, intrascendente para el poder político que se especializa en mandar al diablo a las instituciones.

Tenemos una pandemia de atracos en numerosos gobiernos locales. Las denuncias públicas de hechos escandalosos y el cambio de partido gobernante en algunos lugares han llevado a que varios ex gobernadores sean inculpados. Esta corrupción no es nueva pero tiene una característica que no siempre ha estado presente: el Estado corrupto se encuentra ahora demasiado descentralizado. El presidente de la República no ha logrado organizar bien los procedimientos y su partido está volcado sobre los recursos públicos, sin descontar que algunos más, de otras procedencias, también se han servido lo que han podido. Esas instituciones fueron mandadas al diablo, aunque bien sabemos que por enésima vez.

La presidencia de la República siempre ha presionado a los medios de comunicación. Compra servicios publicitarios para complacer y recibir halagos y notas destacadas, pero también impone fuertes límites. Antes, los motivos eran la gobernabilidad, el interés de partido, el bloqueo de criticas y de críticos, el ocultamiento o deformación de hechos, en fin, los intereses generales del poder. Ahora las cosas han cambiado para empeorar. Los periodistas expulsados lo han sido debido a críticas de la conducta personal del presidente o de familiares de éste. Ya llevamos varios casos muy fuertes que han producido escándalos. De esa manera, la presidencia de la República también ha sido mandada al diablo por el mismísimo presidente que pone por delante a su propia persona.

La Suprema Corte de Justicia acató una consigna del gobierno para impedir la consulta popular sobre la reforma energética, solicitada mediante todos los elementos legales y procedimentales. El argumento fue tan baladí que nunca se olvidará ese lance de la Corte en contra de la democracia participativa. Con un solo voto en contra, el del ministro Cosío, la mayoría de togados mandó al diablo al Poder Judicial y a esa institución constitucional conocida como el derecho ciudadano de ser consultado.

En un minucioso recuento podríamos traer a nuestra memoria miles de actos institucionales que han mandado al diablo a las instituciones.

No dudo que con la frase de “al diablo con las instituciones”, López Obrador haya querido decir que es preciso reformar las instituciones porque las actuales son malas, en lo que tendría razón, pero se debe agregar que, para hacerlas verdaderamente nuevas, no sólo hay que cambiar nombres y titulares.

La tarea de reconstrucción institucional de México es gigantesca pero no se ha iniciado aún, todo ha sido hasta ahora, más o menos, cosmético.

 

España sin corona

 

La requisitoria de Felipe de Borbón en contra de los partidarios de la independencia de Catalunya resultó ser, antes que nada, una airada defensa de la monarquía española, ahora amenazada por el resurgimiento de la vieja aspiración catalana de formar un Estado propio bajo el sistema republicano.

El rey de España no es más que el defensor de un decadente y corrompido sistema monárquico en pleno siglo XXI, con su inútil y costosa parafernalia, que ni siquiera funciona como jefatura del Estado. España no necesita al rey, quien no resuelve problema alguno, sino que él mismo es un problema.

El punto es que Felipe de Borbón amenaza a su reino con un conflicto violento, pero él es intocable porque es rey. Las consecuencias de los enfrentamientos las tendría que encarar el gobierno pero no el supuesto jefe del Estado. El rey no ha sido elegido por nadie, no es responsable ante la ley y la ciudadanía, pues sólo en casos personales extremos se le puede declarar inhabilitado y su lugar lo toma su propio heredero. Esto nada tiene que ver con la democracia invocada por el mismo monarca. El rey de España, como casi todo rey, puede llevar a su reino a un desastre pero siempre para defender su propio reinado.

En cuanto a la unidad de España tal como es ahora, sería de esperar que la defendiera un jefe de Estado pero, ante la reivindicación independentista catalana, Felipe de Borbón no ha propuesto absolutamente nada como no sea que las cosas sigan como antes. Si todo lo que está vigente fuera inmejorable, no habría estallado la crisis actual. Desde el trono no se alcanza a ver la realidad, el cretinismo real suele ser peor que otros muchos.

Según la línea adoptada por la derecha posfranquista, lo único que se podría admitir es la renuncia absoluta a la aspiración de una Catalunya independiente. En lenguaje coloquial podría hablarse de una rendición incondicional.

La independencia catalana es una aspiración muy vieja. Por ello, cuando el Partido Popular y otras derechas concurrentes condujeron a una escalada conflictiva al cercenar el nuevo Estatut (ley de autonomía para Catalunya) y eludir unas negociaciones verdaderas y sinceras para encarar el problema nacional catalán, lo que sobrevino fue otro escalamiento, el de los separatistas, cuyo número ha ido creciendo conforme Mariano Rajoy se les enfrenta con la cara más dura que puede poner un gobernante.

La independencia de Catalunya no es, sin embargo, el único camino que tienen los partidarios del derecho de autodeterminación popular catalana. Ni siquiera está tan claro que lo mejor para ese viejo y culto país fuera realmente la independencia en tiempos de la Unión Europea. Mas cualquiera que sea el fondo de la crisis, el gran tema es el de siempre, el acomodo o no acomodo de Catalunya en España.

El punto de partida del posfranquismo es negar el derecho de autodeterminación del pueblo de Catalunya porque no se le considera como un pueblo ni como una nación, sino como algo que es parte de España por designio histórico. Ese discurso recuerda lo que exclamaban los gobernantes españoles cuando Hispanoamérica se les estaba yendo pero la defendían a sangre y fuego a pesar de la inmensidad atlántica. En realidad, el nacionalismo catalán no es tanto el problema como lo es el nacionalismo español, el españolismo.

Quizá por eso el gobierno del Partido Popular está más fuerte que nunca a pesar de ser de minoría parlamentaria. El Partido Socialista (PSOE), que intenta un discurso sobre la cuestión nacional aunque sin suficiente acuerdo interno al respecto, cuenta con una dirección carente de iniciativa política capaz de desviar el proceder de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. Frente al discurso intimidatorio de Felipe de Borbón, pronunciado el martes 3 de octubre, el PSOE transita desde el aplauso de unos hasta las tímidas observaciones de otros, y sólo protesta por la violencia policial contra los votantes del domingo anterior. Rajoy está aún lejos de caer del gobierno y el partido Podemos, la oposición parlamentaria, se encuentra aislado.

La Generalitat, por su lado, tendrá que aplicar su propia ley, aquella que está suspendida por el Tribunal Constitucional de España, aunque eso signifique su inmolación, pero no política, sino personal de sus integrantes. De momento, el gobierno de Catalunya sigue hablando de negociaciones e intermediación.

En la crisis catalana podría haber una violencia no vivida en 40 años y, posiblemente, peor que en los últimos de la dictadura. El día del referéndum hubo unos 800 golpeados, por completo ignorados luego por el rey en su arenga política: de seguro que son vistos como víctimas que se merecían los macanazos de la Guardia Civil sólo por querer votar en su propio país. Hay en España un coro que exige derrocamiento del gobierno autonómico catalán y cárcel para sus integrantes, así como ocupación militar de Catalunya. Es el nuevo rostro del posfranquismo.

No debería ser ese el camino por el que opte la España de los derechos y las libertades.

Manipulación priista de la desgracia

 

Para buscar atronadores aplausos, el PRI ha propuesto que se cancele total y definitivamente el financiamiento público de los partidos políticos y se recorte la representación proporcional en el Congreso de la Unión.

En un momento en el que el partidismo en general y los partidos políticos, como entidades individuales, sufren descrédito, repudio e, incluso, descomposición, el PRI (léase Enrique Peña Nieto) ha decidido pegar un grito para que se escuche bien que él y su gente están del lado de los más resueltos demoledores del sistema de partidos, pero ahora bajo la atroz cobertura de ayudar a los damnificados. Sin embargo, ese discurso no le va a quitar al PRI su condición de partido más repudiado del país. Lo que busca Peña es poner a otros partidos contra la pared aunque sea dudoso que lo pueda lograr.

La propuesta priista para abolir el financiamiento público y desmochar la representación proporcional es engañosa porque implica que el Congreso la apruebe por dos tercios en ambas cámaras, pero esta mayoría no la alcanza el PRI ni con los partidos bonsai. Además, existe un principio en la Constitución (art. 105. i) en el sentido de que durante el proceso electoral, que ya inició, no se pueden introducir modificaciones legales fundamentales y, aunque esta sería una derogación de preceptos de la Carta Magna, habría que expedir luego una nueva legislación ordinaria que regulara el financiamiento privado de los partidos y la asignación de asientos en las cámaras. Para todo eso no hay tiempo ni oportunidad, por lo cual, no se podría expedir la reforma anunciada por el PRI antes de las elecciones del año próximo.

Mientras, el resto del financiamiento público del PRI de 2017, recortado por las multas en curso de pago, será donado a la Federación con el fin de que se incorpore a los gastos tendientes a atender a los damnificados de los sismos. ¿Quién pagará los sueldos de los empleados y de dirigentes de ese partido en lo que resta del año incluyendo los aguinaldos? De seguro, Enrique Ochoa, nominal líder priista, dividirá la nómina entre entidades públicas de gobiernos priistas y algunos empresarios ricos, pues al PRI no lo van a cerrar, todavía.

Como antes de las reformas electorales, los recursos de procedencia ilícita forman parte del sistema político. El financiamiento público de los partidos no ha inhibido las operaciones ilícitas que ocultan el rebase de topes de gastos, ni tampoco ha detenido a los gobernantes que canalizan fondos presupuestales hacia campañas electorales. Mas aquí la clave ha sido la impunidad, ya que no existe autoridad capaz de perseguir esos ilícitos, debiéndolo hacer. Es decir, no hace falta una ley sino que ésta se cumpla.

Sin embargo, lo que el PRI busca es un sistema en el que los partidos competitivos sean exclusivamente aquellos que puedan recibir enormes cantidades de dinero de los grandes ricos del país y, de seguro, habría que incluir entre estos a algunos de la llamada delincuencia organizada.

En cuanto a la representación proporcional, este sistema se estableció para que la mayor parte de los electores pudiera estar representada en congresos y ayuntamientos, lo cual, a su vez, permitiría un pluralismo electoral. Si en México sólo existieran 300 diputados de mayoría relativa (uno por distrito), quedaría sin representación al menos el 40% del electorado cuyo candidato no hubiera alcanzado la mayoría relativa en el correspondiente distrito. Eso es lo que ocurre en varios países con sistema electoral viejo y anacrónico como Estados Unidos y Gran Bretaña.

En efecto, el PRI desea el sistema electoral gringo, con sus contribuyentes de Wall Street, como dice el senador Bernie Sanders, que convierte a los candidatos triunfadores en lacayos del capital financiero.

Peña Nieto desea un sistema bipartidista de opciones netamente burguesas para eclipsar a las formaciones populares que, por consecuencia, no podrían competir en el marco de un incontrolable financiamiento privado concentrado en dos partidos que se repartieran las curules dentro de un sistema de representación de mayoría, tal como ocurre en Estados Unidos, donde sólo hay distritos uninominales y el financiamiento público, incompatible con el privado, es rehusado por los principales candidatos porque lo consideran pequeño para cubrir sus inmensos gastos.

Lo que busca el PRI es una regresión. Menos mal que no ha de ser para esta temporada, por lo cual, de momento, es pura propaganda. Lo peor estriba en que ésta se hace en nombre de los damnificados. Eso se llama manipulación de la desgracia y describe bien la estatura política de sus iniciadores.

Hacia la protección civil ciudadana

Otra vez, la solidaridad espontánea inundó el espacio público ante la tragedia. La fuerza destructora del sismo del 19 de septiembre de 2017 hizo que miles se movilizaran de muy diferentes maneras para ayudar a los directamente afectados. Pero, otra vez, la improvisación tuvo que sustituir la inexistente organización previa. Es que México prefiere tener un inservible servicio militar obligatorio que un servicio de protección civil que nos organice en forma permanente y, además, algo también muy importante, que organice al gobierno.

El proyecto de reforma constitucional sobre la protección civil se ha mantenido en el mecanismo de congelación del Congreso durante dos décadas. Es hora de rescatarlo, como damnificado que es de la ausencia de razones y explicaciones que prevalece en la lucha política mexicana.

El servicio de las armas se instauró con la República. Desde entonces es obligatorio acudir a tomar instrucción y alistarse cuando se llame a filas. Así sigue en la Constitución. En contraste, la protección civil está pensada como una estructura de gobierno con un supuesto voluntariado, pero no como un sistema nacional obligatorio.

A veces es dable pensar que los organismos de protección civil de los tres niveles de la administración pública son sólo un renglón en los presupuestos.

¿Quién se encarga de revisar inmuebles y exigir respuestas gubernamentales y también de los dueños de las edificaciones? Pues “protección civil”, pero, ¿lo hace efectivamente? No. Tendría que ser la gente organizada quien lo hiciera y quien luchara por una política de mantenimiento, mejoramiento y protección de toda clase de inmuebles, así como de instalaciones hidráulicas, comunicaciones y de otro tipo, donde se producen desastres. No pueden evitarse huracanes y terremotos pero pueden evitarse derrumbes e inundaciones. Con esa idea hay que trabajar intensamente, pero todo el año y todos los años.

Cuando ocurre la desgracia, todo tiene que improvisarse. En medio de un rescate hay que empezar por pedir picos, palas, implementos de primeros auxilios, agua potable y muchas cosas más porque, en las prisas, las autoridades se hacen bolas y porque nunca están preparadas. Recién nos enteramos de un complicado trámite que tuvo que hacerse para que cesaran inútiles sobrevuelos de helicópteros que impedían escuchar a los rescatistas, pues los jefes en tierra y los pilotos en el aire no tenían idea del trabajo que se estaba haciendo en las montañas de escombros, vigiladas desde arriba como si eso sirviera para algo.

Las fuerzas armadas ya son enteramente profesionales. Un servicio militar obligatorio podría dejarse para situaciones de conflicto bélico o peligro de guerra. Pero, mientras tanto, México parece estar en una guerra declarada por la naturaleza, pues no está bien preparado para hacer frente a lo inevitable: la catástrofe natural. También hay catástrofes provocadas por decisiones de autoridades ineptas o corruptas, pero frente a ello se requiere igualmente un servicio efectivo de protección civil.

Es preciso trasladar poder a la ciudadanía. Para eso es indispensable la creación de las instancias donde se organice la gente y se tomen las decisiones. El único impedimento que existe es el temor del poder burocrático de perder autoridad, lo cual, en realidad, sería magnífico.

Mientras tanto, hay que esperar la próxima catástrofe. En palabras de Peña Nieto, la siguiente “prueba dolorosa”. Este subterfugio presidencial es denigratorio. ¿Quiénes están viendo el desastre como recurrente “prueba dolorosa”, en lugar de preparar al país para encarar lo que ha de venir? Varios, entre ellos, él mismo.

Al amanecer no estaba el gobierno

 

Cuando el sol iluminó, el gobierno no conocía ni remotamente las consecuencias del sismo de la medianoche anterior. En la mañana del viernes 8 de septiembre de 2017, oficialmente todo parecía casi normal o al menos incierto. Las declaraciones eran ambiguas porque el sistema de protección civil es en México un renglón más en el presupuesto antes que una organización popular, como la observamos en muchos otros países. Poco a poco, los medios de información fueron relatando las consecuencias más visibles del temblor: “hay decenas de muertos y un tercio de las casas de Juchitán está inhabitable”.

Por su parte, el presidente de la República, ubicado en el cuartel de las catástrofes, ya había dicho, todavía de madrugada, que el sismo era el de mayor magnitud en cien años, pero sin tomar en cuenta los factores de duración y forma de movimiento del suelo, mucho menos sus consecuencias, pues aunque a Peña le gusta dar primicias, carecía al respecto de conocimiento. No obstante que no se sabía ni por aproximación lo que había ocurrido, era menester decir algo aunque fuera superficial, inexacto o exagerado. Así opera el gobierno.

La realidad, sin embargo, como siempre, estaba ahí, pero no frente a los gobernantes. Cuando el “jefe del Ejecutivo” acudió por vez primera a Juchitán a tomarse la foto de espalda a unas ruinas, junto al gobernador y la alcaldesa, no se sabía el tamaño de la catástrofe pero las promesas eran fabulosas: “llegará toda la ayuda necesaria”, cosa que no ha ocurrido una semana después.

Luego, cuando Osorio Chong estaba diciendo en Chiapas que no era justo lucrar con la desgracia, el presidente priista del Congreso oaxaqueño repartía personalmente despensas etiquetadas con su nombre y, en la capital del país, la esposa del “jefe del Ejecutivo” ya había despachado en ceremonia ante las cámaras algunas toneladas de víveres desde el Campo Marte. Por su parte, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, fue a Juchitán a ofrecer la reparación de escuelas y “toda otra ayuda necesaria”, pero entonces el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, advirtió que va a ser todo “un reto” conseguir dinero para la construcción de viviendas porque, al parecer, son muchas las dañadas. Se nos informa, no obstante, que “somos el único país del mundo en el que, todavía en situación de emergencia, ya estamos haciendo el censo para iniciar la reconstrucción”, en palabras dichas por el jefe de la “protección civil”, que es Osorio Chong, cuya secretaría, la de Gobernación, debió hacer, mucho antes, el censo de edificios en malas condiciones y de vivienda precaria, como instrumento para emprender las reparaciones antes de que se derrumbaran, pero ni siquiera tiene completos los llamados atlas de riesgo. Mientras, el “jefe del Ejecutivo”, en persona, era el encargado de informar el número de muertos conforme iban ocurriendo los decesos o encontrándose los cuerpos.

Cinco días después del sismo, se emitió una declaratoria para activar el Fondo de Desastres, quizá porque durante los anteriores cuatro días todavía había dudas sobre lo ocurrido. No se sabe, sin embargo, cuanto dinero se va a girar desde la Tesorería de la Federación, ni para qué objetos. Mas, para moderar el gasto, se avisa al pueblo la cancelación de la cena prevista en Palacio el 15 de septiembre, aunque hace cinco años que no se realiza aun sin temblor de tierra.

El Estado mexicano sigue sin contar con la organización adecuada a un país de grandes desastres naturales. Esto se debe a que después de las calamidades sobrevienen cosas más importantes, como repartir despensas en tiempos electorales y, luego, recompensar el voto emitido, por ejemplo. La protección civil tendría que sustentarse en un servicio que involucrara a toda la población, en lugar del militar que actualmente no sirve para nada, con el propósito de capacitar y organizar a la gente para prevenir daños y encarar las catástrofes. Este proyecto ha estado congelado en el Congreso desde 1998.

Pero se requiere algo más: evaluar las condiciones en que se encuentra la vivienda popular, especialmente en las zonas de sismos, huracanes, inundaciones y deslaves que, en conjunto, conforman la mayor parte del país. El mejoramiento de la vivienda debería ser un programa prioritario de los presupuestos.

En México, los damnificados de temblores, vientos huracanados, desbordamientos de ríos, mares profundos, enterramientos, socavones y anegaciones duran años en esa condición, como lo hemos visto tantas veces, pero se va haciendo menor la publicación de videos, fotos y testimonios. Poco a poco se va “olvidando” la desgracia para volver al infortunio de siempre. Esto ocurre en muchos países, es cierto, pero no es consuelo.

Mas en lo que México resulta inigualable es en la actitud de su gobierno, su clientelismo de la desgracia, su demagogia de la reconstrucción, su vanagloria de no hacer gran cosa, su discurso vacío y su patética actitud piadosa que termina en decepciones o ridiculeces, tal como se lo dijeron en su cara a Aurelio Nuño en Juchitán.

Lo más afrentoso, sin embargo, es el gasto en publicidad de los gobernantes, empezando por el presidente de la República. Mas no es sólo por el monto de lo erogado que podría ser útil para otro efecto, sino por la utilización de la catástrofe para aparecer en actos políticos montados por el ogro filantrópico, como llamaba Octavio Paz al Estado mexicano. La desgracia es usada para fabricar una imagen de gobernante bueno y misericordioso sólo por lo que dice que hará, aunque siga negándose a responder por lo que antes no hizo.

No es pequeño el cambio político que requiere México pero tampoco es tan difícil lograrlo. Quizá pronto.

Contradicciones del “frente opositor”

 

El proyecto de “frente opositor” o “frente democrático”, promovido por las direcciones ejecutivas del PAN y el PRD, tiene varias contradicciones dignas de ser analizadas.

1. La alianza pretende ser la expresión de una “gran corriente ciudadana”, además de partidos y otras organizaciones. Esta característica no se podría conseguir porque no existe ningún proceso espontáneo entre la ciudadanía a favor de un frente regenteado por ambos partidos, ni por otros.

2. Se ha dicho que ese “frente” estará abierto a cualesquiera partidos que deseen adherirse, excepto el PRI, naturalmente. Este planteamiento es falso por cuatro elementos:

a)El llamamiento no ha estado dirigido en realidad a Morena porque se sabe de sobra que ese partido de ninguna manera podría participar en un frente con el PAN;

b) La alianza PRD-PAN no podría admitir al PVEM porque éste ya estuvo en coalición con Acción Nacional (Fox), traicionaría una nueva alianza, es peón de brega del PRI y una de las formaciones políticas bonsái más corruptas y cínicas que han existido, por todo lo cual sería contraproducente;

c) El PT marchará al lado de Morena, mientras que varios otros partidos lo harán con el PRI. El MC no ha definido su política, excepto de no aliarse al PAN. El único partido que podría ir con Acción Nacional es el PRD, aunque sólo por decisión de la dirigencia de éste.

d) Las organizaciones sociales de izquierda no podrían participar en una alianza donde aparezca el PAN porque sus bases no lo permitirían.

3. La dirección del PRD, en coincidencia con algunas frases del líder del PAN, ha dicho que para construir un frente entre ambos partidos sólo hace falta un planteamiento sobre la violencia que corroe al país, una definición en contra de la corrupción y un pacto a favor del crecimiento económico. Sin embargo, nadie ha planteado contenido alguno, sino sólo temas, ciertamente muy importantes, pero sin definiciones. El PAN comisionó a Gustavo Madero para redactar dos proyectos, uno para el partido y otro para el frente, mientras que el PRD no tiene a nadie en esa tarea, por lo cual es de esperarse que el ex líder panista sea ponente de ambas direcciones. Ya se puede anticipar el texto redactado por uno de los más entusiastas autores de la privatización petrolera.

4. La inclinación de la dirigencia del PRD hacia una alianza programática y electoral con el PAN carece de memoria activa. Acción Nacional es el partido más neoliberal y uno de los dos menos laicos del país; ha apoyado todas las privatizaciones, tanto de empresas y bienes públicos como de recursos naturales; secundó el gran fraude del Fobaproa (100 mil millones de dólares); protegió a los ladrones de las administraciones anteriores; recicló el sistema de corrupción y sigue en eso (hay varios destacados panistas en la cárcel pero aún no caen los principales); “declaró” la “guerra” contra el “narco” con su secuela de violencia y contravención de derechos humanos; ha apoyado en casi todo al gobierno de Peña; sus gobernadores jamás cumplieron sus propias “promesas” y ni siquiera conformaron coaliciones de gobierno con sus aliados, como lo habían pactado; ha repudiado siempre las principales propuestas de la izquierda, pues las considera “populistas”, aunque no se conozca el significado preciso de esta palabra. Nadie ha explicado qué elementos podrían unir a un partido con el otro.

5. La dirección del PAN va a definir pronto el procedimiento para la designación de su propio candidato o candidata, sobre el cual tiene tres opciones: votación, asamblea o encuestas. Todo conduce, sin embargo, a tener aspirante propio y buscar el apoyo del PRD a través de un llamado “frente opositor”.

6.Una parte de la dirección del PRD (Mancera-ADN) sostiene que el “frente” tendría que postular un candidato sin militancia de partido. Miguel Ángel Mancera se considera a sí mismo un candidato ciudadano, lo cual es falso, pues no existe un movimiento en tal dirección en el país ni en la Ciudad de México y, por ahora, él es el personaje más influyente en la dirección del PRD, la cual le podría postular a la Presidencia de la República, sin alianza, en un virtual acuerdo con el PRI para combatir separadamente la candidatura de López Obrador. Otra parte de la dirección del partido (NI), la más proclive al PAN, está dispuesta a apoyar al candidato presidencial panista, al que sea, aunque tiene su preferencia. En este marco, el PRD es cada día menos un partido político propiamente dicho.

7.Entre las tareas hacia la conformación del “frente” no se encuentran las relacionadas con el método para decidir las candidaturas en alianza y ni siquiera se sabe cuáles podrían ser éstas.

8.Sería imposible que, en escasos tres meses, una coalición entre el PAN y el PRD pudiera construir una candidatura común ubicada al margen de los dos partidos. No se puede improvisar un aspirante con liderazgo popular sin afiliación de partido. El último que tuvimos en México fue Cuauhtémoc Cárdenas, hace ya 30 años.

9.El PRD está cerca de que caduquen su Consejo Nacional y todas sus direcciones locales (7 de septiembre de 2017). Se les está terminando el tiempo para el que fueron elegidos pero no quieren convocar a nuevos comicios, a pesar de resoluciones del Tribunal Electoral, a las cuales no les hacen caso. Para adoptar la decisión legal de ir a una alianza general con el PAN, se requiere un Congreso Nacional debido a que se encuentra vedada por el anterior cónclave, sin embargo, los actuales delegados también caducarán el mismo 7 de septiembre. Dentro de poco, serán ilegales todas las resoluciones que se lleguen a adoptar en el PRD. Si no hay convocatoria a elecciones estatutarias, el Tribunal Electoral tendría que resolver la realización de las mismas, mediante un fallo adoptado en plena jurisdicción, a menos que los magistrados y magistradas se hagan cómplices de una fraude a la ley. La crisis del PRD es tan profunda que ni siquiera hay ahora elecciones internas y su destino está en manos de los tribunales.

10.En el PAN, el actual presidente tendrá que retirarse para intentar ser postulado como candidato, pero, entonces, su compromiso con el proyecto de “frente opositor” podría quedar en la cuerda floja porque la autoridad política competente de ese partido no ha tomado al respecto resolución alguna.

Las mentirosas golondrinas en el alambre

El gobierno mexicano siempre ha escuchado comunicaciones telefónicas privadas. Lo nuevo consiste en cómo lo hace y en para qué usa el producto de sus ilegales intromisiones. También es novedad que ahora no sólo oye sino también lee las comunicaciones, como en los muy viejos tiempos en que la correspondencia aún no era libre e inviolable.

El gran problema que tiene hoy México es que no hay, ni se quiere que haya, el menor control sobre esa actividad. El gobierno ha dicho que no sabe nada de nada, pero no se le ha solicitado un informe oficial sobre las interferencias “legales”, quiénes las hacen y con qué propósitos generales. Dicen que todo es secreto de “seguridad nacional”, lo cual es una mentira, pero muchos medios y casi todos los partidos se la han creído.

Si en México existiera un verdadero Congreso, el gobierno tendría que informar lo que hace y cómo lo hace, en esta materia y en muchas otras. Lo que es secreto es lo que se oye o lo que se lee, excepto cuando el secretario de Gobernación decide filtrarlo a la prensa: lo secreto se convierte en público, pero el gobierno vuelve a negar su autoría.

En realidad, un gobierno que actúa de esa manera es de carácter delincuencial, pero eso no es visto así, sino que, por lo regular, se acepta que cualquier gobierno necesita conocer las comunicaciones de los adversarios, por un lado, y de los delincuentes organizados, por el otro. Pero se revuelven ambos planos de tal manera que el espía se puede meter con cualquiera.

Aun a los “malos” hay que espiarlos mediante órdenes judiciales, pero tampoco se conoce la estadística al respecto, la cual no tendría que ser secreta.

Las golondrinas en el alambre oyen o leen también a Enrique Peña Nieto, según él mismo ha dicho, aunque no aclaró que se trata de la NSA estadunidense. Sin embargo, tal afirmación del presidente fue para dar a entender que las intervenciones de teléfonos celulares y correos electrónicos son realizadas por personas enteramente desconocidas y, más aún, por cualquiera que se proponga hacerlo para el propósito que fuera. Esta es otra gran mentira de las golondrinas en el alambre, pero admitida por algún columnista que tilda de ingenuos a quienes niegan que pueda haber consorcio de espionaje ilegal fuera del gobierno. Ése, sin embargo, no ha sido ingenuo al tragarse la especie oficial, ni le hizo daño, sino todo lo contrario.

Los sistemas de interferencia de comunicaciones privadas tienen un costo. El poder de fiscalización lo posee el Congreso pero tampoco sabemos qué se ha comprado y cuánto se ha gastado porque se encuentra bajo secreto –”reservado”, se dice–, lo que evidentemente es una mentira más de las aludidas golondrinas. Ninguna partida secreta ha sido aprobada por la Cámara desde hace varios años y, aunque la hubiera, el secreto no exime de dar cuenta del gasto.

La ex procuradora Arely Gómez dijo que la PGR compró equipo de interferencia, caro por bueno. La Secretaría de la Defensa ha dicho que también compró pero no le gustó el servicio del contratista. El CISEN no ha dicho nada, pero se filtra que sí, que lo tiene. Se añade que todo, sin embargo, ha sido enteramente legal. Las mentiras de las golondrinas llegan a su culminación.

Hay uno que otro periodista y director por añadidura, de esos que siempre están con el gobierno y la chota porque les pasan filtraciones de origen ilegal, que ha dicho que no hay motivo para no creerle a los funcionarios, de tal manera que las personas que quieren saber lo “secreto” del tinglado nomás están mal: prohibido inquirir, prohibido saber. Siempre ha habido periódicos así. Espero que en un lejano futuro no haya golondrinas ni redactores que les acompañen.

Francia: anacronismo político

 

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha pasado de tener una mayoría relativa de 32 por ciento de los votantes, el 23 de abril de este año, a contar con el 63% de los escaños de la Asamblea Nacional, el 18 de junio, es decir, en menos de dos meses duplicó artificialmente su representación. La candidata contra quien compitió Macron en segunda vuelta, Marine Le Pen (Frente Nacional), cuenta con 8 escaños, el 1.39 por ciento de la representación nacional, sin derecho a tener grupo parlamentario.

Esta operación política se ha llevado a cabo dentro de un sistema de elección a dos vueltas de todos los cargos y la ausencia de mecanismos de representación proporcional en el parlamento.

Toda la derecha, excluyendo la “extrema” de Le Pen, cuenta con el 87%, pero no de los votos, sino de los escaños. ¿Dónde quedó la oposición? En una izquierda reducida a 69 lugares, 42 del Partido Socialista y 27 de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélechon, el 12% de bancas entre ambos, lo que se aleja mucho de la suma de sus respectivos porcentajes verdaderos de más del 25. Por otro lado, el viejo partido de De Gaulle, Los Republicanos, que había obtenido casi el mismo número de votos que Mélechon en la primera vuelta presidencial, ha logrado sobreponerse como por milagro en la elección legislativa de segunda vuelta, con 135 diputados, el 24% de la Asamblea. Esto le ha permitido darse el lujo de dividirse en dos grupos parlamentarios con diferencias de grado sobre el apoyo al gobierno de Macron.

El abismo entre el voto popular y la fuerza política institucional es el resultado de un sistema apartado de principios democráticos básicos; el primero de ellos, cada ciudadano y ciudadana es un voto; el segundo, todas y todos los votantes deben estar representados.

Al alejarse de la democracia política, el sistema francés bosqueja una aversión a lo podría denominarse “democracia social”, o democracia a secas, en la que los intereses de quienes viven de su propio trabajo –la inmensa mayoría de la sociedad– tuvieran preeminencia en la acción del Estado, pues ellos lo sostienen todo.

Se postula, sin embargo, que el sistema francés es magnífico porque promueve la “gobernabilidad”, pero ésta es ahora gestionada por la minoría porque un partido del 32% tiene todo el control institucional, mientras millones se han quedado sin representación política. Al final, los votos de Macron valieron el doble que los demás votos.

Por más que el nuevo partido presidencial, La República en Marcha y su aliado MoDem, tengan un inmenso respaldo parlamentario (falta la elección del Senado), las contestaciones al programa de derecha van a expresarse desde la calle. Como los diputados y diputadas opositores son muy escasos, habrá de ser la gente con la que el nuevo presidente deberá encararse.

La abstención en la segunda vuelta legislativa ha subido hasta el 57%, la más alta en la historia de la V República, pero ya los analistas a modo han dicho que se debe a una “fatiga electoral” de cuatro comicios al hilo. En realidad, el fenómeno tiene otra causa. La mayoría de los partidos franceses ya había sido eliminada de la segunda vuelta en muchos distritos, donde sus seguidores no tenían opción. ¿Para qué votar? ¿Qué diferencia habría entre el nuevo partido de Emmanuel Macron y los viejos republicanos de Nicolas Sarkozy y Françoise Fillon, entre los que estaba la disputa en segunda vuelta en la mayoría de los distritos? Era la misma sopa aunque con diferente aspecto.

La derecha (sin Le Pen) se ha vuelto una especie de majestad en Francia: tiene cuatro quintas partes de la Asamblea Nacional. Habrá que ver lo que opinan los que no se encuentran representados sólo por obra del anacrónico sistema político de la “democracia avanzada” francesa.

Ese mismo sistema lo quieren para México.

¿Qué se ganó y qué se perdió en el Edomex?

 
Pocos días antes de la elección del Estado de México aparecían dos posibles componentes muy relevantes: por un lado, la diferencia entre los punteros (Morena y PRI) iba a ser corta y, por el otro, podría ser decisorio el mantenimiento de la candidatura del PRD, la cual era políticamente innecesaria y, por tanto, sospechosa.
 
Tanto el PAN como el PRD mantuvieron su caudal numérico de votos, como si nada hubiera pasado desde la última elección de gobernador en el año 2011, pero bajaron ligeramente sus respectivos porcentajes. Josefina Vázquez Mota obtuvo mayoría en un solo distrito, de los 45 en que se encuentra dividida la entidad, lo cual, es aprovechado por Margarita Zavala para culpar del desastre a su oponente interno y exigir que se adelante la nominación panista con base en encuestas. Juan Zepeda no captó más votos que los trasladados a Morena y sólo alcanzó el triunfo en tres distritos de Nezahualcóyotl; no obstante, en su partido se afirma que tuvo muy buen desempeño, aunque no era candidato a presidente municipal sino a gobernador.
 
El PAN y el PRD habían intentado pactar una alianza, lo que les fue imposible porque no tenían candidato común ni consensos internos. La parte decisoria de la dirección perredista, orientada por Miguel Ángel Mancera, estaba ya comprometida desde un principio con el gobierno federal. El acuerdo consistía en no hacer alianza con nadie (PAN o Morena), mientras el PRI repartía dividendos entre tres partidos bonsái para que apoyaran a su candidato. PRD y PAN no hubieran logrado el triunfo ni yendo en coalición. Otra cosa podría decirse de una alianza entre Morena y el PRD, la cual hubiera logrado más del 50 por ciento de los votos válidos. Esto ya se sabía desde mucho antes del ultimátum de López Obrador, frente al cual, en el colmo de la falsedad dolosa, el candidato del PRD se proclamó posible ganador y le pidió declinar a la candidata de Morena.
 
Es interesante observar que el PRI, sin alianzas, según las cifras oficiales, está en segundo lugar con el 29.82% contra el 30.82% de Morena, lo cual, estrictamente hablando, ubica a este último como el partido de mayor votación en el estado. Ahora, el PRD no quiere secundar la protesta por la compra priista del voto, para seguir fiel a su compromiso original con el gobierno.
 
Hay un fenómeno político que habrá que estudiar con más calma: las pérdidas del PRI van a parar en su mayor cantidad a Morena. Si en el 2015 la votación de la izquierda obtenida 3 años antes (elección presidencial), se había seccionado entre los partidos entonces aliados y el nuevo, Morena, en la reciente elección de gobernador, 5 años después, éste último logró casi el porcentaje de la votación obtenida por López Obrador. Esto querría decir que la izquierda, aun dividida, está atrayendo votantes y captando jóvenes, aunque principalmente hacia una de sus vertientes, Morena.
 
La otra conclusión sería que la mala situación del oficialismo no está creando un corrimiento hacia opciones de derecha sino hacia la izquierda que se encuentra enfrentada al gobierno de Peña Nieto. De tal modo, el campo de la moderación se estaría restringiendo, pues las derechas en sus diversas expresiones, en tanto moderadas y fracasadas, tendrían menor capacidad de absorción del sufragio ciudadano de las grandes masas urbanas depauperadas y desesperadas. Sin embargo, la escisión que se produjo hace varios años en el PRD sigue siendo un problema y un punto a favor del oficialismo porque hasta hoy no se ha logrado una sola alianza, ni siquiera alguna declinación, la cual sería otra forma de aliarse.
 
Existe un fuerte contraste entre los resultados de los dos principales partidos del Edomex: el PRI ha predominado en regiones rurales y en sectores muy ligados a los programas sociales, mientras que Morena ha tenido mayoría en muchas zonas urbanas, principalmente en el conjunto de la zona metropolitana de la Cuenca de México.
 
Se debe registrar también la fuerte acometida de parte de los demás contendientes contra la candidata Delfina Gómez. Ella fue despreciada y criticada por su origen social y su profesión, con lo cual, un condenable acto de discriminación se convirtió en denuncia con rozagantes réplicas en grandes medios de comunicación; después, surgieron reclamaciones que jamás habían sido presentadas en Texcoco, donde fue alcaldesa; luego, se agregaron hechos ocurridos en Veracruz; finalmente, vino la propaganda del miedo contra la amenaza que supone un “populismo” que no termina de ser definido, pero ya se presenta como mala palabra.
 
 
El gobierno (Cisen y otras agencias), así como gobiernos locales, se encuentran de cacería, buscando hechos comprometedores o ideando simples falsedades para ser presentadas como acusaciones. El PRI y el PAN no combaten la corrupción en sus propias filas sino que quieren que también Morena ingrese a la lista en la que ellos se encuentran, con lo cual, todos serían igual de corruptos y la corrupción se convertiría en un mal irremediable (el departamento de Miami, propiedad de la presidenta del PRD, fue una filtración del gobierno, aunque éste lo niegue y tal hecho carezca de justificación). Esa forma escatológica de hacer política busca también cambiar de tema con el fin de evitar dar explicaciones sobre las conductas de esos partidos al frente de gobiernos fracasados.
 
Otro factor muy significativo fue la compra y coacción del voto por parte de Alfredo del Mazo. El Tribunal Electoral ha dicho que la entrega condicionada de cosas diversas, realizada por toda clase de agencias gubernamentales, no es un medio de presión sobre los electores. Las grandes compras en efectivo tampoco son compras. Las tarjetas que ofrecen entregar cosas o dinero no son coacciones ni nada que se le parezca. Así, el aparato electoral institucional, creado como consecuencia de largas luchas, sigue sometido a la consigna oficial, lo cual ha sido documentado mediante muchos estudios, durante tantos años de análisis continuo de uno de los grandes fracasos políticos de México.
 
El desenlace concreto de esta elección se verá en pocas semanas, pero ya tenemos, por lo menos, estas lecciones. No obstante lo lamentable y condenable, es un hecho que vivimos un buen momento para la izquierda.

Lo que indican las encuestas en el Edomex

 

De los sondeos de opinión sobre preferencias electorales en el Estado de México, publicados el pasado miércoles, unos otorgan la mayoría a la candidata de Morena, Delfina Gómez, mientras otros a Alfredo del Mazo, del PRI. Sin embargo, coinciden en quien tiene muchas más opiniones negativas es el abanderado del continuismo político, el priista. Este resultado empata con el consenso demoscópico de que sólo aprueba la gestión de Enrique Peña Nieto entre el 20 y el 25 por ciento de los encuestados.

La situación política del Estado de México es muy similar a la del promedio nacional. El fenómeno consiste en que el gobierno actual es el más reprobado que ha tenido México desde que se hacen encuestas de opinión con esa pregunta.

Mas existe otro dato interesante. La izquierda cuenta con la mayoría absoluta de los encuestados que piensan efectivamente votar el próximo domingo 4 de junio. Es la primera vez en el Estado de México que se arroja ese resultado. Sin embargo, a diferencia de anteriores elecciones, esa corriente nacional tiene dos candidatos al gobierno local (tendrá tres en las boletas, pues aparecerá el candidato declinante del PT).

El mayor problema, podría decirse, es del PRI, que tiene poco apoyo popular, pero eso no sería del todo exacto. La situación más comprometida corresponde a Morena y al PRD, pero no a sus candidatos ni a sus direcciones, sino a sus votantes, a la ciudadanía inclinada a favor de la izquierda. El partido del sol azteca aparece en todas las encuestas en el tercer lugar, con la mitad de las preferencias que registra Delfina Gómez (sólo Excélsior los ubica cerca).

Por eso, los electores de izquierda van a sentir una atracción hacia el voto útil que, en el Estado de México, no es poca cosa, después de más de 85 años de predominio del mismo grupo político en el poder local. En realidad, la cuestión depende, a la luz de los sondeos publicados el miércoles, de esa izquierda que ha pensado votar por el PRD y que al final pudiera votar a favor de Delfina Gómez. En el tamaño del voto útil dentro de la izquierda podría ubicarse la diferencia, es decir, la decisión sobre quien llegará al gobierno de la entidad.

Otro dato interesante es que el PAN no recuperó mucho espacio político con Josefina Vázquez Mota, aunque ella haya sido candidata a presidenta y tenga todo el apoyo de las diferentes corrientes que ahora se disputan la nominación dentro de ese partido. En realidad, no es un gran problema para Acción Nacional ocupar el cuarto lugar, sino que no le resulta una política sin alianzas y éstas sólo las puede hacer con el PRD, quien se encuentra en peor situación, pues éste ya no puede ganar un solo estado más que en alianza con el PAN, lo cual no es un dato en su favor sino un deterioro profundo: una izquierda que no avanza sino que se limita a dar fuerza a una de las derechas a cambio de poca cosa, algunos puestos secundarios, quizá. El resultado es una especie de simbiosis entre derecha e izquierda; menos mal que sólo se trata de una facción de cada corriente, pero hay otras en ambos bandos.

La situación política no se caracteriza, sin embargo, por la ubicación de los partidos de oposición anteriores al surgimiento de Morena, sino por el desprestigio del gobierno de Peña Nieto y, consecuentemente, de su partido, el PRI.

Ahora bien, la cuestión relevante es que esa mala fama del oficialismo es capitalizada por Morena y su presidente, el líder más crítico de Peña, quien promete luchar contra la corrupción como sistema imperante en todo el Estado nacional. Eso se observa claramente en el Estado de México, donde Morena es la fuerza a vencer por parte de todo el aparato del gobierno federal.

Este último punto ya lo han hecho ver algunos periodistas analíticos, pero las encuestas del Estado de México lo reflejan con claridad. Hay un hartazgo popular y, naturalmente, tiene sus consecuencias. Esta situación ha llevado a que el gobierno y el PAN no busquen quitarse el lastre de la corrupción sino presentar a López Obrador y su partido como algo igual. Una imagen en la que todos son corruptos, se piensa, lava toda corrupción, es como si, al hacerlo normal, se acabara con ese fenómeno como tal. Así van a seguir las cosas con independencia del resultado de las elecciones locales del próximo domingo.

La encuesta de El Universal consigna el dato de que el 16.9 por ciento de los encuestados admite que ha sido objeto de ofrecimientos a cambio del voto. Eso sería un escándalo en muchos países, el cual provocaría una seria investigación, pero en México es normal para las autoridades electorales, algunas de las cuales ya han dicho que la compra de votos es consecuencia de la pobreza, ante la cual nada pueden hacer. Así, otra característica de la próxima elección del Estado de México es que, como nunca antes, el oficialismo ha gastado recursos de origen público en la ilegal adquisición de votos: dos delitos, robar y comprar.

Estamos entrando a una situación en la que no es tan importante la inteligencia de los dirigentes políticos sino de los votantes. Veremos el próximo domingo en el Estado de México si esa inteligencia decide un cambio, el que quiere una inmensa mayoría ciudadana.

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