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Así, sí: separar al poder económico del poder político

En el ríspido debate entre el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y Andrés Manuel López Obrador se ha hecho, por parte de este último, un viejo planteamiento, pero que en México es de lo más actual y pertinente: separar al poder económico del poder político.

Una cuota de la gran corrupción, entendida ésta como parte del sistema de gobierno, tiene su origen en la rapacidad de grupos de empresarios dispuestos a comprar a quien sea con tal de hacer negocios, los cuales, por lo regular, son sucios o están ensuciados.

De sobra se conoce la tesis de que es desde la esfera gubernamental donde se consuma la corrupción. Eso ya lo sabemos. Pero también tenemos noticias de la avidez de empresarios por entrar en ese sistema de las mordidas, del cual se derivan, por cierto, ilegales apoyos económicos a políticos. En México se realizan negocios fabulosos al amparo del gobierno. Baste recordar los rescates bancario y carretero que le trasladaron al Estado inmensas deudas privadas, las cuales se siguen pagando a través del presupuesto federal: 40 mil millones de pesos anuales de intereses, equivalentes al subsidio a la UNAM, la mayor universidad del país.

Mas la corrupción empresarial, como parte del mismo método de gobernar, siempre es negada por las organizaciones empresariales, las cuales, por tanto, no se proponen hacer algo para combatirla.

Cuando López Obrador se refería a integrantes del CMN como “una minoría rapaz”, estaba obligándose a proponer una salida. Esa es la de eliminar el sistema de mordidas y tráfico de influencias a través del cual se han generado inmensas fortunas, se ha agudizado la concentración de riqueza e ingreso y se ha promovido la centralización del capital, con sus consecuentes estructuras monopólicas. Por el otro lado, México vive, en contraste, dentro de un creciente mar de pobreza y atraso social.

Esa ruptura no puede proceder más que del gobierno, es decir, de otro gobierno. Pero no se trataría de abrir una contienda civil sino de vincular la acción pública con la observancia de la ley en las relaciones entre empresas y gobernantes.

Se sabe de sobra que mientras exista el poder del dinero, éste tendrá influencia en el Estado, directa e indirectamente. Esa es la parte estructural del problema. Pero también existe el escenario de la corrupción. No es posible, bajo el sistema actual, acabar por completo con la presión que se genera desde los cenáculos del gran capital, pero lo que no se debe admitir es la dependencia y subordinación del gobierno a decisiones de directivos y ejecutivos de grandes corporaciones empresariales. Esto debe terminar.

El CMN es el club más selecto del país. Hasta hace poco se denominaba consejo de hombres de negocios, pero se ha cambiado el nombre porque ya agrupa a unas cinco mujeres. Es miembro del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE) con derecho de voto, a la par de las grandes confederaciones y el sindicato empresarial, la Coparmex. Ahí, unos cuantos pesan más que miles de empresarios, debido a que gozan de especial influencia entre los líderes cupulares. Algunos de los integrantes del CMN son líderes de líderes de líderes.

Así es que casi todo el entramado organizativo del empresariado se ha solidarizado con el CMN, en una suerte de cohesión de clase, en una fiesta de membretes empresariales firmantes. Pero, ¿cuál es la causa? López Obrador se refirió a ese club de famosos y súper ricos (ni siquiera todos sus integrantes), pero no se metió con el CCE ni con la Coparmex. Sin embargo, muchas cámaras han publicado un desplegado de varias planas exigiendo “respeto”. “Así, no”, han dicho muy orondas. En una inexplicada defensa de un club semiclandestino, ajeno por lo demás a la generalidad del empresariado, se condena la ríspida crítica y la acometida política, debido a que los más poderosos personajes se sienten ofendidos y, algo más, reprimidos en el ejercicio de sus “libertades”. Ninguno de los integrantes del CMN respondió en forma personal, lo cual habla de su falta de dignidad. Logran que otros los defiendan porque es más cómodo y menos arriesgado.

Lo que ellos se han embolsado (Fobaproa y largos etcéteras) no se considera como acto criticable, atacable, combatible, despreciable. La magia de las privatizaciones tampoco fue un truco sucio. De seguro los beneficiarios siempre se han sacrificado por la Patria o, al menos, son beneméritos, de tal suerte que figuran, algunos, en el listado de Forbes.

Los socios y admiradores de ese club, juntos o por separado, no deben seguir tomando las decisiones trascendentales del país, porque impiden de esa manera la democracia más formal posible, que es la que existe. Ese es el planteamiento. Si quieren el poder político, que se postulen y busquen el voto, conforme a la regla general, pero no podrían utilizar más dinero en sus campañas que los demás candidatos y candidatas. Así, sí.

Si no hubiera encuestas…

Supongamos por un momento, sólo para efectos del análisis político tradicional, que la publicación de encuestas estuviera prohibida, como ocurre en la víspera de la jornada electoral.

Ahora bien. ¿De qué forma apreciaríamos el pulso electoral? Leeríamos los diarios, escucharíamos la radio, veríamos la TV, escudriñaríamos en las redes sociales, asistiríamos a los mítines, etc.

Los candidatos del PRI y del PAN dicen varias veces al día que van a ganar. AMLO, por su parte, ha dicho que “este arroz ya se coció”. Nada de eso le aporta un solo voto a alguno de ellos, pero tampoco se lo quita, por lo cual pueden seguir con el mismo canto durante los próximos 55 días.

Sin embargo, hay hechos políticos relevantes.

Los actos de José Antonio Meade son intramuros, es decir, en el seno de las organizaciones priistas. Fuera del partido oficial, nadie le apoya, ni siquiera en los lugares donde predomina su propio programa, el neoliberalismo económico. Meade no promete más que sus aspiraciones u ocurrencias. Por ejemplo, ha llegado al extremo de afirmar que las universidades deben convertirse en “centros de negocios”, pero tampoco generó respuesta, nadie le cree.

No hay que olvidar que Meade no era el aspirante con apoyo dentro del PRI, mas no por su falta de afiliación formal –todos conocían su priismo aún cuando había formado parte del gobierno de Calderón–, sino porque carece de experiencia política, por decirlo de una manera menos brusca.

En consecuencia, José Antonio Meade tiene los inconvenientes de ser representante del actual gobierno y carece de las posibles ventajas. Es tan genuino portavoz del dúo Peña-Videgaray que su “jefe de campaña” y eventual sustituto es Aurelio Nuño, hombre de la mayor confianza del presidente de la República. Desde esa plataforma es imposible hoy ser competitivo en el terreno electoral.

Cuando Meade se lanza contra el candidato del PAN (ya redujo ese ataque) y contra AMLO (ya lo aumentó), no obtiene votos en su favor. El aspirante priista parece no darse cuenta de que su votación no podría ser mayor que las ya pocas simpatías que conserva Peña Nieto, de tal suerte que no aumentará su popularidad por más que combata a los otros dos.

Peña y Videgaray se equivocaron, como era de esperarse. Debieron ubicar en la presidencia del PRI a una persona con alguna capacidad crítica que tomara distancia del gobierno, empezara a criticar, exigir, convocar. El reciente cambio es tardío pero tampoco resuelve algo poner a otro disciplinado conservador. El candidato, sin duda, no debió ser del gabinete. Sacarlo de ahí era algo así como un suicidio.

Ricardo Anaya presentó al principio un programa social de “renta universal”, consistente en entregar a cada persona mayor de edad en el país, con o sin trabajo, una ministración mensual desde fondos presupuestales. A salario mínimo, serían unos 31 800 pesos al año por cabeza; casi 3 billones anuales en total; poco más de la mitad del presupuesto federal. Así empezó, pero así no terminará. Por lo pronto, Anaya ha cambiado radicalmente hacia otro ofrecimiento, el de otorgar 2 500 pesos mensuales sólo a “un millón de madres de familia”, o sea, 30 mil millones de pesos al año: una promesa cien veces menor que la original… y apenas es candidato.

El principal ofrecimiento de arranque de Ricardo Anaya se hizo para competir con López Obrador, pero casi nadie le respondió porque era una volada electorera. Luego de dos meses, su programa social prácticamente había desaparecido.

El candidato del PAN es un neoliberal que toca por nota pero es maniobrero, se cree muy listo. Dice cosas contrarias al neoliberalismo, aunque cada día menos, con el fin de presentarse ante un electorado harto de la política económica aplicada durante más de 30 años. Pero, desde tiempo atrás, la mayoría de esos posibles votantes ya tiene candidato. En cuanto a la lucha contra la corrupción, lo que dice Anaya son palabras que se le caen de la boca.

La alianza de Ricardo Anaya con el PRD no es algo que le favorezca sino que, en cierta forma, le estorba. Se ha producido un fenómeno que consiste en que los panistas ortodoxos no quieren votar por candidatos perredistas, mientras una parte de los aún perredistas no está dispuesta a votar por candidatos panistas. El punto más relevante es que el candidato del denominado Frente, Ricardo Anaya, recibe críticas y rechazos también desde la derecha panista. Peor escenario sería difícil.

Oportunistas, sus socios; oportunista, él mismo, la candidatura de Anaya es producto de una revoltura indescifrable. En esa coalición artificiosa resalta también que no haya un líder popular. Es, precisamente, la política convertida en negocio. Algo que la gente rechaza por hartazgo.

¿Cómo competir entonces contra Andrés Manuel? La estrategia consiste en buscar reales o supuestas contradicciones en los dichos del candidato de Morena. Anaya es parte de la coalición TODOS CONTRA AMLO. No llama a que voten por él sino a que no lo hagan por otro, lo cual es una confesión de precariedad política y falta de convocatoria. Así no podría ser presidente. Tendría que pensar en otra estrategia, pues la guerra sucia ahora ensucia a quien la hace.

López Obrador encarna la crítica de los muchos años de estancamiento económico, pobreza, corrupción, simulación política, crisis de violencia y resentimiento social. Su campaña es a ras de tierra, a diferencia de las de sus adversarios. Aunque repite mucho, eso se considera necesario porque el auditorio es amplio, no sólo de sus partidarios. La gente acude a escuchar el compromiso de que las cosas no serán iguales, de que se va a acabar el régimen actual.

Un problema, sin embargo, que no suele ser menor, es el triunfalismo. Éste desmoviliza, pues, al dar demasiada confianza, limita la combatividad de la gente al acto público, al mitin, pero descuida el trabajo de persuasión hacia el resto del electorado.

Los principales candidatos del neoliberalismo –Meade y Anaya– están, al igual que Peña y Calderón, esperanzados con el segundo debate. Ya lo han dicho. Sin embargo, parecen olvidar que ya han lanzado sus dardos envenenados. Si los repiten, aburrirán. Lo que ellos no conocen aún es la reserva de respuestas y contraataques del abanderado de Morena, tanto para el segundo como para el tercer debate.

La unidad con Meade, convocada de repente por Anaya, no tiene viabilidad porque podría fortalecer a AMLO, al poner las cosas más en claro. La propuesta del panista ya recibió respuesta negativa del priista, aunque débil y enredada. José Antonio Meade, de todas formas, tiene asesores en la Presidencia, los cuales perciben lo que podría ocurrir si apoya a Anaya.

La ruta del candidato panista, el “voto útil”, funciona cuando el aspirante más fuerte es el oficialista, a partir de que las oposiciones se encuentran divididas. Si éstas se unieran, desde arriba o desde abajo, podría el gobierno ser derrotado. Algo de eso ocurrió entre el electorado en el año 2000 en México. Eso es, ahora mismo, uno de los efectos expansivos de la candidatura de López Obrador. En la presente coyuntura electoral, hace un buen rato que se tiene conciencia de la probable derrota del grupo gobernante. AMLO es el opositor. Ricardo Anaya no entiende que no entiende.

Como en este análisis somero no se han tomado en cuenta las encuestas publicadas, no queda más que convocar a la ciudadanía a olvidarse de ellas, con el fin de seguir analizando el contexto político en el que puede llevarse a cabo un cambio de gran calado en este país llamado México.

Democracia directa, ¿”ruta de colisión”?

La afirmación de López Obrador de que es mejor consultar al pueblo (la ciudadanía) para tomar las grandes decisiones, ha sido respondida por Héctor Aguilar Camín, en el diario Milenio (11.04.18), con la tesis de que la democracia directa, defendida por el candidato de Morena, es una “ruta de colisión”.

¿Qué mecanismos o sistemas colisionarían? El escritor nos explica: “la lógica binaria de la voluntad en blanco y negro de la ciudadanía y la voluntad negociada de la lógica representativa, por definición matizada, llena de grises.”

Aguilar Camín parece ignorar que para llegar a una consulta popular es preciso hacer antes un proyecto. Algunas veces se vota en el parlamento y el decreto se refrenda o rechaza en las urnas; otras, se realizan negociaciones políticas promovidas por el Ejecutivo y luego se convoca a plebiscito. En ambos mecanismos hay oportunidad de abrir un debate e incorporar matices buscando la mayoría ciudadana.

En cambio, el sistema meramente representativo nunca ha garantizado la “moderación” de los proyectos del Ejecutivo, quien suele enviar sus iniciativas a un Congreso más o menos presionado por el gobierno. Luego, se tiene el problema de los “grises” mismos, es decir, maniobras, cabildeos, compra de votos, tráfico de influencias, intercambio de favores, todo ello entre legisladores y entre éstos y el secretario del ramo, con frecuencia pertrechados desde el poder del dinero.

En México no se usa el referéndum ni el plebiscito. Cuando se intentó que se pusiera a votación ciudadana la reforma energética del PRIAN, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inventó que no era permisible la consulta popular porque la privatización del petróleo podría conducir a mayores ingresos del Estado y la Carta Magna no permite que ese tema se vote en forma directa. Esta monumental mentira consagró al máximo tribunal del país como un grupo de jueces de consigna, con la excepción del ministro José Ramón Cossío. Como nadie dudaba entonces que una consulta popular sobre el tema de la energía llevaría a la derogación de las reformas, el gobierno usó burdamente a la Corte para negar a la nación el derecho de decidir sobre su legítimo patrimonio. Volvimos a un pasado de ignominia.

Antes de la infame maniobra judicial, ¿dónde habían estado los “grises”, que tanto preocupan a Aguilar Camín, en aquellas negociaciones sobre energía que llevaron a reformar la Constitución? El PRI y el PAN no cedieron nada, entregaron a grandes empresas privadas casi todas las reservas probables, posibles y prospectivas, dejando a Pemex unas migajas, como ya se ha estado viendo.

Dos partidos, funcionando como uno solo, es igual a un sistema de partido único, lo cual no quiere decir que no haya discusión sino que sólo se toman en cuenta las propuestas y los argumentos que coinciden con aquella idea fundamental que se va a convertir en ley. Sí hay “grises”, quizá, como los pide Aguilar Camín, pero no hay colores.

La “política binaria” es lo que tenemos en la democracia representativa. Se tiene la mayoría o no se tiene en un consistorio para imponer una legislación sin consultar a nadie más, sin pensar en lo que la ciudadanía pudiera estar queriendo, buscando, sufriendo.

Aunque la democracia representativa no sea por ahora sustituible del todo, nunca ha sido suficiente. Aún más, los representantes políticos de la ciudadanía suelen ser falsos en cierta medida porque no pueden representar por igual a la totalidad de los electores que les eligieron, mucho menos a quienes componen un distrito o un estado. Por eso existe la representación proporcional, pero ésa no resuelve del todo el problema.

Una idea que se aprecia en el fondo de la “colisión” de Aguilar Camín es que el pueblo no puede legislar porque no sabe. Nadie ha demostrado que los únicos que sí saben sean los legisladores. Aquí el asunto más desagradable radica en que se defiende un monopolio de sabiduría en asuntos del Estado y de la sociedad vista en su conjunto. La ciudadanía en México no vota siquiera sobre la apertura de una calle.

En muchos lugares, la democracia directa se ha venido abriendo paso. Hay países, como Suiza, en los que casi todo es votado por los electores. En Estados Unidos, donde se inventó el sistema representativo y federal que existe en México, la gente decide sobre muchos puntos sin que se informe en la prensa al público mexicano. El sistema de consultas suele ser amplio en la mayoría de los estados del vecino del norte, pero no hemos visto “colisiones”.

Existe un problema de mayor fondo: los derechos son conquistas. No hay prerrogativas otorgadas por divinidades ni tampoco existen derechos naturales. Tomar decisiones sobre asuntos colectivos debería ser un derecho tal como lo es el hacerlo en aspectos individuales. Así como los electores eligen a sus representantes –decisión acotada en un determinado marco jurídico político–, la misma ciudadanía podría legislar por mayoría.

Hay más. Los derechos –postulamos—no deben involucionar. A cada momento de la historia se han de producir cambios progresivos. Hoy tenemos más derechos que antes. Aunque ya existía en la antigüedad en algunos pueblos, es reciente el derecho a tomar parte directa en la legislatura, digamos, a partir de la segunda postguerra. Estaríamos en desacuerdo con un sistema que nos pudiera llevar hacia atrás en materia de derechos, ni siquiera con uno que nos paralizara como estatuas, tal como lo pide Aguilar Camín, aunque fuera sólo por miedo a las “colisiones”.

No siempre y no todos los derechos políticos son considerados como derechos humanos. Mas ahora se postula que la generalidad de los derechos deben convertirse en fundamentales. De lo que se trata es de que, más allá de la asociación, petición, manifestación de ideas, libre comunicación, tránsito, voto, no discriminación, educación, salud y otros que andan por ahí tocando la puerta de los derechos fundamentales, se avance mucho más en ese camino. La consulta popular tiende a convertirse en fundamental. Para su ejercicio, debe haber reglas que no la nieguen como libertad y como derecho, sino la afirmen y la garanticen. En eso estamos.

Por lo pronto, salvo decisión arbitraria y majadera de la Suprema Corte bajo órdenes del Ejecutivo, el artículo 45 de la Constitución que tenemos frente a nuestras narices dice que es derecho ciudadano votar en las consultas populares y que éstas deben realizarse a pedido del 2% de los electores enlistados.

Se diría, en la óptica de Aguilar Camín, que ya es un derecho el ser “binario” con voluntad en “blanco y negro”. Sí, en efecto, pero, como tal derecho, no podría ser disminuido sino sólo ampliado (progresividad), según el artículo 1º de la misma Constitución que, se supone, nos rige.

El tema de la lógica binaria no está en el debate, al menos por el momento. Lo que ocupa el mayor lugar en las discusiones se refiere a los evidentes límites de la democracia representativa y a la consecuente necesidad de la democracia directa. Eso es lo que les decía el candidato López Obrador a los amigos de Aguilar Camín en aquel memorable debate en Milenio TV.

Gobierno de coalición es una farsa

Los partidos buscan el poder, por lo cual ninguno tiene como fin programático hacer un gobierno de coalición. Tampoco se considera que es mejor, de por sí, gobernar con otros. Las coaliciones son provocadas por la situación, dentro de perspectivas halagüeñas y justificadas, mas con frecuencia resultan de las políticas de alianzas de sus pactantes. Muchos electores, por su lado, tienden a preferir un partido o un frente de partidos con acuerdo congruente y duradero.

Entonces, ¿qué se pretende con la oferta de gobierno de coalición presentada por el PAN? Veamos cómo es que se trata de una farsa, ideada con el peregrino propósito de atraer apoyos de personas desinformadas o distraídas, pero, sobre todo, para dar cobertura argumental a una alianza electoral con el PRD.

Se postula la necesidad de un gobierno de coalición con el anhelo, se dice, de que no dirija un solo partido y, para ello, se crea un frente electoral para unir izquierda y derecha sin tener que dar explicaciones. Así, se presenta como finalidad de la unidad a la unidad misma.

Para dar forma al tal gobierno de coalición se ha ideado una figura inexistente en la Constitución, bajo el nombre de Jefe de Gabinete, el cual sería, se dice, una persona perteneciente a un partido diferente al del Presidente de la República. Para ese desempeño se ha designado a Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, éste no es miembro de “otro partido”, sino que carece de militancia, aunque sí es candidato de uno de ellos, el PAN, justamente al que pertenece Ricardo Anaya. No es cierto, por tanto, que el tal Jefe de Gabinete sería el contrapeso partidista del Presidente de la República. Cierto es que pocos se creen la idea de un próximo gobierno de varios partidos, mucho menos Mancera, quien ya es candidato a senador en lugar de serlo a jefe de gabinete para lo que Anaya le ha designado.

Lo peor del esquema es que, además de que no habría Jefe, tampoco Gabinete. En la reforma constitucional (art. 89-XVII) para introducir la figura de “gobierno de coalición”, el PRI y el PAN olvidaron crear el Consejo de los secretarios de Estado, es decir, el Gabinete, de tal manera que la única diferencia es que el Senado tendría que aprobar el convenio y el programa de la coalición, si a caso se lo solicitara el Presidente de la República. No hay más.

En realidad, las sucesivas reformas políticas desafortunadamente no han introducido modificaciones orgánicas al Poder Ejecutivo.

Si el PAN llegara a la Presidencia, habría, con suerte, una ridícula “coalición” bajo el mando personal de Ricardo Anaya. Se trata de un falso bipartidismo en el gobierno, como lo ha sido en todos los estados donde PAN y PRD se han aliado y han obtenido el triunfo dizque para gobernar juntos, según ofrecía el mismo Anaya cuando era presidente de Acción Nacional.

El PAN y el PRD están aliados por el momento, pero con propósitos diferentes. Acción Nacional, por su lado, busca la Presidencia de la República con todo el peso institucional del cargo, al igual que como ya ha logrado recientemente varias gubernaturas. En cambio, el PRD sólo busca algunos puestos convenidos con la derecha y, ante todo, impedir que la izquierda alcance el Poder Ejecutivo.

La historia conoce convergencias de izquierdas, por un lado, y de derechas, por otro. Como proyectos exitosos en América Latina, recordamos la Unidad Popular de Chile y el Frente Amplio de Uruguay, entre otros. Podríamos decir que esas eran alianzas serias. Hemos visto frentes neoliberales, como en Chile, Brasil y Argentina. Pero, luego, presenciamos en Brasil una catastrófica alianza entre izquierda y dizque centristas, en realidad neoliberales hipócritas pero muy “modernos” (PMDB), la cual desembocó en el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff.

Lo que no habíamos visto es un frente electoral entre la derecha tradicional, rancia y también neoliberal, y un partido de izquierda con programa anti neoliberal. Se entiende que el PAN lo ha pactado por el papel de liderazgo que desempeña, mientras el PRD lo ha admitido por su conversión en un organismo para el mercadeo político, en el cual ya no hay otros objetivos que los meramente comerciales. Lo que tenemos aquí es una compra-venta de servicios, sin fecha de caducidad pactada, por lo cual se puede romper en el momento en que el negocio vaya mal. De la izquierda perredista no está quedando nada, por no decir que ya se extinguió.

Se entiende así que es una farsa el planteamiento panista de gobierno de coalición.

Democracia defenestrada

Siete periodistas polemizaron el miércoles pasado con Andrés Manuel López Obrador en Milenio Tv. Lo más destacado no fue que el candidato haya sido acusado de creerse infalible y cosas por el estilo, lo cual es cantaleta de varios de esos profesionales del periodismo. Hubo también oportunidad de tocar el tema de la democracia.

Varios expresaron sus miedos a una posible presidencia (de AMLO) de carácter autoritario y de espaldas al Congreso. La acusación fue difusa pero luego adquirió concreción en el tema de la consulta popular propuesta como método político por Andrés Manuel.

Carlos Marín sacó a relucir uno de sus recurrentes argumentos: las “equivocaciones de los pueblos”, tal como la “pavorosa” elección alemana que llevó a Hitler al poder, sin decir, claro, que los nazis no habían alcanzado entonces la mayoría absoluta pero pudieron formar gobierno ante la absurda división de los demás partidos. AMLO afirmó que los ciudadanos se equivocan menos que los políticos. El pueblo, dijo, tiene un instinto certero, es sabio. “Yo discrepo de ti en esto”, le respondió el candidato al director de Milenio con cierto comedimiento, y agregó: “en democracia es el pueblo el que manda, el que decide”.

Como es entendible, el columnista y director salió en defensa de esa institución tan despreciada por él mismo, el parlamento. “Hay una representación en el Congreso”, insistió para ladearse claramente a favor del método de las decisiones indirectas. “Son dos tipos de democracia”, agregó, como si fuera un paciente profesor, el tres veces candidato a presidente de la República: “una, representativa, que es la del Congreso”; y “existe también (debe existir, se corrigió) la participativa”. Para aclarar mejor su argumento, AMLO agregó: “no es que la democracia termina y se agota en una elección constitucional”.

Como no era lugar para repetir las conocidas groserías e insultos que suele escribir el director de Milenio en sus consuetudinarias columnas, tuvo que entrar al quite Jesús Silva-Herzog, un poco más instruido, para argumentar a favor del método de tomar las decisiones en el Congreso: “la consulta popular tiene un mecanismo que es una disyuntiva entre sí y no”; el Congreso es un espacio donde podemos decir sí a esto, no a esto otro; la consulta es una manera de plantear la política binaria”. López Obrador le respondió que lo mejor es el debate y la información para que se manifiesten quienes están a favor y están en contra, lo que “no ha existido en el país”.

Ya antes, Andrés Manuel había aclarado que son tres momentos para los grandes temas: informar y debatir; consulta ciudadana; y modificación de leyes en el Congreso.

Silva-Herzog fue al contraataque, aunque ya menguado: “sí hay –dijo– una diferencia muy importante entre plantear una reforma constitucional en el Congreso, donde está la representación de la diversidad, y plantear el cambio, echar para atrás reformas estructurales a través de una consulta popular directa”. ¿Fuera del Congreso no hay diversidad? ¿Lo que se hizo en el Congreso no se puede deshacer en el referéndum popular? Este suele ser un el método democrático para corregir al parlamento en las llamadas “democracias avanzadas”. ¿Ni a ese nivel podemos llegar?

Mientras sus interlocutores cuestionaban la democracia participativa y, en especial, las consultas populares, quizá López Obrador estaba recordando que la reforma energética fue impugnada, se colmó el requisito de firmas que exige la Constitución y se demostró la trascendencia del decreto legislativo cuya derogación se pretendía. Sin embargo, la Suprema Corte le salió al país con la increíble versión de que no puede haber consulta popular cuando su posible resultado genere un gasto al Estado. Eso no dice la Carta Magna, la cual sólo se refiere a temas de presupuesto, leyes fiscales y financiamiento como lo que no se debe votar por parte de la ciudadanía directamente. La mayoría de los ministros y ministras, con la sola excepción de Cossío, se hincaron frente al poder presidencial y cancelaron un derecho del pueblo a pesar de que ya se encuentra en la Constitución. Así opera el sistema.

Quizá también López Obrador y algunos de quienes escuchaban la entrevista (¿comparecencia?) estaban pensando que la ausencia de un Estado de derecho es precisamente una de las perversiones antidemocráticas que es preciso combatir, pero no sólo desde abajo sino también desde arriba, desde la Presidencia de la República y el Congreso, para tratar de abrir otros caminos.

Al final, esos periodistas conservadores, enemigos de las consultas populares, acusaron a AMLO de conservador. Así es México, por el momento.

INE: el trabajo de hablar demasiado… y mal

En casi todos los países existen autoridades electorales discretas y austeras. Eso se debe a que la organización y calificación de los comicios requiere exactitud, dedicación, rigor, certeza, independencia e imparcialidad. México es una reiterada y molesta excepción.

El fondo del problema consiste en que las consejeras y consejeros electorales del INE, así como sus colegas en las entidades federativas, se sienten representantes de elección popular, legisladores, alcaldes o gobernadores, o sea, próceres de la patria, antes que autoridades administrativas.

Es aún mayor el problema debido a los disparates que los administradores suelen decir. El reciente ha sido otro más de Lorenzo Córdova, quien se permitió intentar alarmar con la especie de que en México ha “disminuido significativamente” el “aprecio por la democracia”. Cualquiera pensaría que, ante el desprestigio de los políticos y en especial del gobierno, la democracia política se hace más necesaria y urgente. El administrador de la función electoral, en cambio, se basa en un “Latinbarómetro” para criticar a los mexicanos (quizá también a las mexicanas) por su desprecio de la democracia.

Lorenzo Córdova dijo más: “El descontento con la democracia y con la política es un fenómeno que afecta la calidad de la democracia y constituye para la autoridad electoral uno de los principales desafíos…”. ¿Cuál es el punto, más allá de sus enredos con el poco “aprecio”, el “descontento”, la democracia y los políticos? Que el INE –dijo su presidente– requiere respuesta ciudadana para “operar” las casillas. Y ya entrado en gastos, luego de su revoltillo conceptual, aterrizó diciendo que si las ciudadanas y los ciudadanos deciden no colaborar con el INE en la instalación de las mesas de casillas “estaremos en problemas, y estaremos en problemas todos”. Ominosa advertencia.

¿Es esa la situación política real del país en la presente coyuntura electoral? ¿La organización de los comicios está en peligro de no tener integrantes de casilla el próximo 1 de julio?

La autoridad electoral no se ha constituido para hacer politología barata con falsas conclusiones que sólo tienden a llamar la atención. Mucho menos ha sido designada para hacer alarmismo o presentar prospectivas sin el menor fundamento.

Sí se ha visto rechazo a tomar parte de las casillas, pero siempre vinculado a sucesos concretos, por ejemplo, situaciones de alarma por posible violencia local o rechazo al INE, como ocurrió con motivo de aquella filtración de una conversación de Lorenzo Córdova en la que se refería peyorativamente a un dirigente indígena. (Cfr. Informe al CG-INE, 29.07. 2015).

Se han presentado algunos otros repudios, pero nunca del nivel de una carencia de integrantes de mesas directivas, ni abarcando una entidad federativa, mucho menos el país. La ley tiene previsto, además, que las faltas de asistencia de funcionarios de casilla se cubran con electores de la fila.

Ahora, quizá para secundar a Córdova, el INE informa con dramatismo que un 22% de las secciones son de “atención especial”. Lo mismo de siempre. Ese porcentaje lo van a ir disminuyendo hasta el día de los comicios: sólo crean alarmas para hacerse los interesantes. Así no debería actuar una verdadera autoridad responsable.

¿Qué busca Córdova con esas declaraciones? Más allá de hacerse ver, quiere que, cuando se integren e instalen todas las casillas, como de seguro va a ocurrir, se le aclame como héroe electoral y genial conductor de instituciones, al servicio, claro está, de la democracia, aunque ésta se encuentre mayoritariamente despreciada, según él mismo lo asegura. Ya lo estoy viendo porque ya lo hemos visto.

Todo es ahora peor cuando varios miembros del INE asumen el discurso de que la próxima será una de las elecciones “más importantes de la historia de México”, con lo cual, en aras de llamar la atención, se convierten en involuntarios propagandistas de uno de los candidatos que, por cierto, no es el suyo.

Dentro de poco, Córdoba y sus colegas irán al tema de la abstención y luego otro y otro, porque parecen estar en campaña electoral.

La verdad, sin embargo, es que la autoridad no es responsable del nivel de concurrencia a las urnas. Ese es un problema del todo ajeno al INE, aunque los integrantes de éste suponen que ellos pueden lograr una mayor incidencia en los comicios, para lo cual gastan “dinero que no tienen para apantallar a gente que ni conocen”, es decir, se creen líderes políticos al olvidar que en realidad son servidores públicos con funciones definidas. El “descontento con la democracia”, como le llama Córdova, no existe, pero, si lo hubiera, no sería asunto institucional del órgano administrativo electoral.

El balance del IFE-INE contiene, como suele ocurrir con las instituciones, negros, grises y brillantes, pero los primeros han predominado con amplitud. Esto se debe a que la composición de su Consejo General es determinada con criterios de mansedumbre partidista. Hoy en día, el PRI tiene 4 votos duros (Baños, Favela, Andrade y Ravel), por lo que sólo requiere de sus votos blandos, los cuales suelen ser el del mismo Córdova y los de Murayama y Zavala, quienes, además, con frecuencia reciben ayuda de Nacif y de Rivera. El INE carece de la primera condición de todo órgano electoral, la imparcialidad. Lo hemos visto hasta el cansancio.

Quizá por eso sus integrantes hablan demasiado… y mal.

¿Gobierno de coalición?

 

El gran cambio de régimen político que ofrece el candidato del PAN-PRD, el frentista Ricardo Anaya, es la creación de un gobierno de coalición, “por primera vez en la historia”, etcétera. Para ello, le pide al Congreso que emita una ley secundaria del precepto constitucional que permite al presidente de la República, si acaso lo desea, formar el tan mentado gobierno de coalición.

Esto requiere un análisis, mucho más allá de un eslogan de campaña electoral con el cual se manejan el PAN y el PRI en su alianza.

El gobierno de coalición no puede existir como tal, en verdad, si no se le dota de facultades, las cuales no pueden ser sino constitucionales, pues una ley reglamentaria no podría organizar dicho gobierno por encima de las atribuciones y deberes que actualmente se le otorgan a una persona, en la cual se deposita el Poder Ejecutivo de Unión. Es decir, si no se forma un concejo de gobierno, gabinete o cualquier otro organismo por mandato constitucional, con facultades bien determinadas, el gobierno seguirá siendo unipersonal, o sea, a cargo del presidente o presidenta de la República.

La introducción en la Carta Magna de la figura de “gobierno de coalición” es para decorar en la medida en que es potestativa del Ejecutivo unipersonal y también es funcional al mismo. Según el actual artículo 89, fracción XVII, de la Carta Magna, luego que el presidente de la República decida formar un gobierno de coalición, envía al Congreso un programa y una lista de secretarios de Estado –excepto de las fuerzas armadas– para ser ratificados. Forma un gobierno, sí, pero no un ente colegiado con facultades, pues el Poder Ejecutivo seguirá siendo el Presidente solo.

Contra la actual falsificación de un gobierno de coalición, existe una iniciativa de reforma constitucional para crear el Concejo de Gobierno, integrado por los secretarios de Estado y presidido por el propio Presidente de la República. Tales secretarios serían ratificados por el Congreso a propuesta del mismo Presidente, pero con una gran diferencia: dicho Concejo tendría facultades constitucionales como órgano colegiado. Así, el gobierno, fuera o no de coalición, sería un concejo que aprobaría los reglamentos, las iniciativas de ley del Ejecutivo, el proyecto de presupuesto de egresos, la cuenta pública, la promulgación de las leyes y decretos del Congreso y, en consecuencia, las observaciones que se presentaren sobre los mismos, las controversias constitucionales ante la Suprema Corte y los decretos del Ejecutivo.

¿De dónde saldrían estas facultades asignadas a un concejo y ya no a una sola persona? De la vieja institución, de origen monárquico y retomado por las repúblicas, que se llama refrendo. Actualmente, ninguna orden del Presidente debe ser obedecida si no va también firmada por el secretario del ramo correspondiente. Este refrendo tiene como propósitos dos instrumentos típicos del presidencialismo: que haya otra persona que se cerciore de la legalidad y ecuanimidad de la orden o, de lo contrario, que haga ver la posible violación o inconveniencia; y que haya un responsable de la orden emitida, lo cual implica que el secretario pueda ser sometido a juicio político por el Congreso.

Con una reforma de fondo, ese refrendo sería puesto en manos de todo un concejo de gobierno, pero expandido a las iniciativas de ley o decreto y a las devoluciones de los decretos al Legislativo.

De lo que está hablando el panista Ricardo Anaya no es de un gobierno de coalición sino de un ilusorio acuerdo con el PRD para que Miguel Ángel Mancera sea secretario de Gobernación y “jefe” del pretendido gabinete de coalición. En la realidad, si Anaya llegara a ser presidente de la República haría lo que quisiera con el Poder Ejecutivo porque la mención del gobierno de coalición en la actual Constitución no le quita ninguna de sus facultades al llamado titular del Ejecutivo.

Ricardo Anaya y sus cómplices del PRD no están planteando la creación de un concejo de gobierno con facultades constitucionales, sino quieren una absurda ley reglamentaria que no podría crear dicho concejo o, si lo creara, éste no podría tener facultades. Así de simple.

Es por este motivo que el pronunciamiento de Anaya sobre la necesidad de esa tal ley no es más que propaganda electoral para dar cobertura a su plan político de gobernar con el PRD hasta que él mismo así lo desee, si acaso accediera al Poder Ejecutivo como titular del mismo.

Para todos está claro que Ricardo Anaya es libre de decir cualquier mentira, completa o parcial, hacer eslogans exclusivamente propagandísticos, tratar de engañar a la gente con la gran idea de conformar “por primera vez” un gobierno de coalición y acabar con la Presidencia personal que tanto daño ha hecho al país, y bla, bla, bla. Pero el problema es que Anaya está tratando de presentarse como lo que no es, dicho así, como un partidario del sistema parlamentario que en su vida lo ha pensado, ya no digamos propuesto sino ni siquiera entendido.

Se puede hoy hacer un gobierno de coalición pero no sería más que la suma de los secretarios y la misma decisión unipersonal del Presidente de la República, según el molde constitucional original porque el artículo 89, fracción XVII, de la Constitución, que ahora habla de un gobierno de coalición, no limita las facultades presidenciales, ni siquiera en lo del nombramiento de secretarios que deben tener sanción del Senado, porque si éste no los ratifica en dos ocasiones, entonces el Presidente hace la designación libremente. O sea, ¿cuál coalición de gobierno? ¿De qué sanción parlamentaria están hablando?

De engañifas ya estamos hartos. Es cierto que el presidencialismo no ha demostrado ser, en muchas décadas, la mejor forma del Ejecutivo y que el país debe adentrarse en un sistema parlamentario de gobierno. Pero que no nos venga ahora el líder del PAN, Ricardo Anaya, a tratar de regalarnos la falsa idea de que él es el demócrata de la película.

Han existido presidencias unipersonales democráticas (más o menos). Pongo dos ejemplos: Roosevelt, en Estados Unidos, y Cárdenas, en México. Han existido también dictaduras bajo el sistema parlamentario. Así que, aunque el presidencialismo ha traído consecuencias pésimas, el camino hacia una democracia parlamentaria debe ser abierto, con verdad, sin falsificaciones. Ricardo Anaya es un falsificador que se ha colgado de una reforma constitucional, también mentirosa porque es de oropel, promovida por el priista Manlio Fabio Beltrones.

Para caminar hacia un nuevo régimen político es indispensable acabar con la gran convergencia de los últimos casi 30 años entre el PRI y el PAN, quienes han hecho juntos todo lo más importante. El bipartidismo mexicano no es orgánico sino exclusivamente estratégico. Lo hemos vivido alrededor de presidencias más o menos autoritarias pero con la misma política: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Veamos retrospectivamente al país y encontraremos una línea de continuidad, como si hubiera gobernado un mismo partido. ¿No es así…, honradamente?

La fealdad de la campaña electoral

Lo deslucido de una campaña electoral es la falta de discusión, el derroche de ataques personales y la simulación. Eso ya está en la actual contienda por la Presidencia de la República.

Mas lo feo es la operación política sucia, la maniobra ilegal, la utilización de recursos públicos, la propaganda de mentiras y calumnias, la compra de votos, la cooptación de las instituciones electorales, la presión sobre los medios de difusión, el uso de paleros y provocadores, la intimidación, la agresión. Todo eso también lo tenemos en el México de nuestros días.

Lo deslucido puede ser producto de una burocracia del Estado detenida en el tiempo, pues los políticos mexicanos por lo regular tratan de ser, como antes, maniobreros geniales que operan a la sombra del poder. La falta de debate público no es algo nuevo, sino mala costumbre producto de una democracia formal deficiente.

Pero lo feo es expresión del Estado corrupto mexicano: el uso del poder para perseguir y derrotar a los adversarios políticos, la falta de verdaderos controles sobre los recursos públicos y la ausencia de moralidad republicana de los gobernantes.

Lo feo es la respuesta del poder político y del poder económico ante un fenómeno que tiene dos aspectos principales: el descrédito del gobierno hasta niveles inauditos, incluyendo su fracaso al presentar un falso candidato ciudadano, y la presencia de un aspirante, puntero en las encuestas de opinión, que por tercera vez intenta crear un gobierno de ruptura política.

En casi cualquier otro país, las dificultades del gobierno serían parte de la normalidad y los poderes actuarían bajo las reglas del juego político, es decir, de la competencia. En México no es así. Lo que existe en este momento es una conspiración, de la que toman parte el gobierno federal y ciertos multimillonarios, para tratar de detener a Andrés Manuel López Obrador con métodos ilegales e ilegítimos.

Las cosas están tan claras que bien podría darse por sentado que la campaña de mentiras, calumnias y difamaciones, al dirigirse contra un candidato y un partido, en realidad es una acometida política contra la ciudadanía.

El momento es de campaña electoral aunque el país se encuentra en un periodo en el que los partidos van a tomar sus decisiones formales. No obstante, ya se puede observar el contenido de los embates conservadores.

Es síntoma de descomposición llegar al punto de pagar pintas en Venezuela para que sean noticia en México, en la línea de convencer con artificio que López Obrador forma parte del esquema en el que se encontraría el gobierno de Nicolás Maduro. La asociación que se busca con Venezuela no resulta nueva sino polvo de viejos lodos de Felipe Calderón, el cual empezó con esa campaña que no ha cesado, sino que la toma el PRI.

No se trata sólo de hacer propaganda de falsos vínculos y asignar al líder de Morena puntos programáticos que evidentemente no sostiene, sino crear la idea de que López Obrador llevaría al país al desastre si llegara a la Presidencia. En ese esfuerzo se propagan ideas supuestamente técnicas sobre posibles respuestas dañinas de los mercados financieros ante un cambio político en la conducción del país.

Al estar ubicado el PRI como el partido más repudiado, es ya perceptible que el plan de propaganda del gobierno se dirige también a inducir miedo y desasosiego entre franjas libres del electorado para fomentar la abstención electoral.

El aspecto más irruptor será la compra masiva de votos. Sabemos que el gobierno federal y varios de carácter local tienen tomada la decisión y poseen la capacidad de coaccionar a votantes mediante dinero y bienes. En un marco de cerrada y confusa competencia, la compra de sufragios podría ser determinante. En esto entrarían ciertos empresarios muy adinerados, los cuales ya han hecho contribuciones ilegales, con el propósito de contribuir a las labores de coacción del voto de la ciudadanía.

Además de todo lo anterior, está lo que ya hemos visto en las dos últimas elecciones presidenciales: el partido ubicado en el tercer puesto de las encuestas cambia de rumbo y apoya subrepticiamente al PRI (2012) o, antes (2006), al PAN.

El llamado PRIAN es un mecanismo de bipartidismo que, desde 1988, opera cuando hay que defender políticas decisivas o intereses importantes. Mas su existencia y funcionamiento se basan en una aparente lucha política permanente entre esos dos partidos, el PRI y el PAN. Llegado el momento, probablemente le tocaría otra vez al PAN, arrastrando ahora al PRD, apoyar soterradamente al candidato priista.

Lo feo podría ponerse más feo. Esta es la aspiración de José Antonio Meade y de su padrino, Enrique Peña Nieto, quienes, por lo visto, no están dispuestos a acatar así nomás las reglas de la contienda política.

Al diablo con las instituciones

Aquella frase tan comentada y criticada de López Obrador, “al diablo con sus instituciones”, se ha convertido en una realización bajo la actual administración, pero no en un sentido de renovación para mejorar. El largo proceso de deterioro y degeneración de las instituciones del Estado mexicano se ha llevado a peores y mayores consecuencias.

La Procuraduría General de la República siempre tuvo el problema de que el presidente en turno le daba órdenes al procurador, pero nunca estuvo tan deteriorada como ahora. Al tiempo de su renuncia, Raúl Cervantes dijo que es preciso que el Ministerio Público sea eficaz e independiente. Él no pudo lograrlo en el breve lapso de su gestión, pero es que nadie puede, ya que no es cuestión simplemente de nuevas leyes sino de que la PGR no es una verdadera institución del Estado, como tampoco lo son las procuradurías de las entidades federativas.

La Fiscalía General que está prevista en la Constitución, cuya ley aún no existe, sería la infortunada heredera de la vetusta PGR. Ya desde ahora las designaciones del fiscal general y del fiscal anticorrupción han generado un gran follón en el Congreso porque no hay institucionalidad en la procuración de justicia, no existe una digna profesión de los y las fiscales, no hay de dónde sacar maestros prácticos del Ministerio Público. Nomás véase que todos los procuradores y procuradoras han sido unos improvisados e improvisadas pero, eso sí, disciplinados y disciplinadas al presidente de la República. Esa institución está mandada al diablo.

En la PGR todavía se sostiene la tesis de que el basurero de Cocula fue convertido en un gran horno crematorio, durante una sola noche, ni siquiera completa, mediante el simple uso de gasolina y llantas, para desaparecer 43 cuerpos sin que se haya podido recuperar el más pequeño residuo luego de un gigantesco incendio cuya existencia pasó desapercibida por completo.

Aturdidos, pudimos observar cómo Enrique Peña mandó al diablo a la maltrecha Secretaría de la Función Pública. Fue enviado ahí un abogado como secretario, con la expresa encomienda de investigar la misteriosa enajenación de una casa blanca de Las Lomas. El presidente de un país nombra especialmente a quien le va a investigar a él y a su esposa, el cual les exonera, naturalmente. ¿Cómo se llama la obra? La tragedia política mexicana. Luego, ante el desprestigio de aquel señor secretario, debido a la unánime burla popular, la procuradora fue trasladada ahí como relevo después de haber fracasado como jefa del Ministerio Público.

El secretario de Gobernación, Osorio Chong, se ha negado sistemáticamente a dar cuenta de lo ocurrido en Nochixtlán el 19 de junio de 2016, donde murieron 7 civiles. Con esa actitud, el “jefe del Gabinete” ha mandado al diablo, como instituciones, a la Policía Federal y a su Gendarmería, de las cuales es el jefe superior. Lo que Osorio hizo luego de los hechos fue ordenar una “investigación” y, después, se olvidó del asunto para siempre. Por su lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de 16 meses de dificultosas indagaciones, recién ha concluido que hubo violaciones a la libertad, la integridad y la seguridad, así como al acceso a la justicia, a la verdad y a un recurso jurídico efectivo. El operativo de aquel día es considerado por la CNDH como indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado, todo lo cual, decimos, es responsabilidad política del secretario de Gobernación. La recomendación del ombudsman será, eso sí, intrascendente para el poder político que se especializa en mandar al diablo a las instituciones.

Tenemos una pandemia de atracos en numerosos gobiernos locales. Las denuncias públicas de hechos escandalosos y el cambio de partido gobernante en algunos lugares han llevado a que varios ex gobernadores sean inculpados. Esta corrupción no es nueva pero tiene una característica que no siempre ha estado presente: el Estado corrupto se encuentra ahora demasiado descentralizado. El presidente de la República no ha logrado organizar bien los procedimientos y su partido está volcado sobre los recursos públicos, sin descontar que algunos más, de otras procedencias, también se han servido lo que han podido. Esas instituciones fueron mandadas al diablo, aunque bien sabemos que por enésima vez.

La presidencia de la República siempre ha presionado a los medios de comunicación. Compra servicios publicitarios para complacer y recibir halagos y notas destacadas, pero también impone fuertes límites. Antes, los motivos eran la gobernabilidad, el interés de partido, el bloqueo de criticas y de críticos, el ocultamiento o deformación de hechos, en fin, los intereses generales del poder. Ahora las cosas han cambiado para empeorar. Los periodistas expulsados lo han sido debido a críticas de la conducta personal del presidente o de familiares de éste. Ya llevamos varios casos muy fuertes que han producido escándalos. De esa manera, la presidencia de la República también ha sido mandada al diablo por el mismísimo presidente que pone por delante a su propia persona.

La Suprema Corte de Justicia acató una consigna del gobierno para impedir la consulta popular sobre la reforma energética, solicitada mediante todos los elementos legales y procedimentales. El argumento fue tan baladí que nunca se olvidará ese lance de la Corte en contra de la democracia participativa. Con un solo voto en contra, el del ministro Cosío, la mayoría de togados mandó al diablo al Poder Judicial y a esa institución constitucional conocida como el derecho ciudadano de ser consultado.

En un minucioso recuento podríamos traer a nuestra memoria miles de actos institucionales que han mandado al diablo a las instituciones.

No dudo que con la frase de “al diablo con las instituciones”, López Obrador haya querido decir que es preciso reformar las instituciones porque las actuales son malas, en lo que tendría razón, pero se debe agregar que, para hacerlas verdaderamente nuevas, no sólo hay que cambiar nombres y titulares.

La tarea de reconstrucción institucional de México es gigantesca pero no se ha iniciado aún, todo ha sido hasta ahora, más o menos, cosmético.

 

España sin corona

 

La requisitoria de Felipe de Borbón en contra de los partidarios de la independencia de Catalunya resultó ser, antes que nada, una airada defensa de la monarquía española, ahora amenazada por el resurgimiento de la vieja aspiración catalana de formar un Estado propio bajo el sistema republicano.

El rey de España no es más que el defensor de un decadente y corrompido sistema monárquico en pleno siglo XXI, con su inútil y costosa parafernalia, que ni siquiera funciona como jefatura del Estado. España no necesita al rey, quien no resuelve problema alguno, sino que él mismo es un problema.

El punto es que Felipe de Borbón amenaza a su reino con un conflicto violento, pero él es intocable porque es rey. Las consecuencias de los enfrentamientos las tendría que encarar el gobierno pero no el supuesto jefe del Estado. El rey no ha sido elegido por nadie, no es responsable ante la ley y la ciudadanía, pues sólo en casos personales extremos se le puede declarar inhabilitado y su lugar lo toma su propio heredero. Esto nada tiene que ver con la democracia invocada por el mismo monarca. El rey de España, como casi todo rey, puede llevar a su reino a un desastre pero siempre para defender su propio reinado.

En cuanto a la unidad de España tal como es ahora, sería de esperar que la defendiera un jefe de Estado pero, ante la reivindicación independentista catalana, Felipe de Borbón no ha propuesto absolutamente nada como no sea que las cosas sigan como antes. Si todo lo que está vigente fuera inmejorable, no habría estallado la crisis actual. Desde el trono no se alcanza a ver la realidad, el cretinismo real suele ser peor que otros muchos.

Según la línea adoptada por la derecha posfranquista, lo único que se podría admitir es la renuncia absoluta a la aspiración de una Catalunya independiente. En lenguaje coloquial podría hablarse de una rendición incondicional.

La independencia catalana es una aspiración muy vieja. Por ello, cuando el Partido Popular y otras derechas concurrentes condujeron a una escalada conflictiva al cercenar el nuevo Estatut (ley de autonomía para Catalunya) y eludir unas negociaciones verdaderas y sinceras para encarar el problema nacional catalán, lo que sobrevino fue otro escalamiento, el de los separatistas, cuyo número ha ido creciendo conforme Mariano Rajoy se les enfrenta con la cara más dura que puede poner un gobernante.

La independencia de Catalunya no es, sin embargo, el único camino que tienen los partidarios del derecho de autodeterminación popular catalana. Ni siquiera está tan claro que lo mejor para ese viejo y culto país fuera realmente la independencia en tiempos de la Unión Europea. Mas cualquiera que sea el fondo de la crisis, el gran tema es el de siempre, el acomodo o no acomodo de Catalunya en España.

El punto de partida del posfranquismo es negar el derecho de autodeterminación del pueblo de Catalunya porque no se le considera como un pueblo ni como una nación, sino como algo que es parte de España por designio histórico. Ese discurso recuerda lo que exclamaban los gobernantes españoles cuando Hispanoamérica se les estaba yendo pero la defendían a sangre y fuego a pesar de la inmensidad atlántica. En realidad, el nacionalismo catalán no es tanto el problema como lo es el nacionalismo español, el españolismo.

Quizá por eso el gobierno del Partido Popular está más fuerte que nunca a pesar de ser de minoría parlamentaria. El Partido Socialista (PSOE), que intenta un discurso sobre la cuestión nacional aunque sin suficiente acuerdo interno al respecto, cuenta con una dirección carente de iniciativa política capaz de desviar el proceder de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. Frente al discurso intimidatorio de Felipe de Borbón, pronunciado el martes 3 de octubre, el PSOE transita desde el aplauso de unos hasta las tímidas observaciones de otros, y sólo protesta por la violencia policial contra los votantes del domingo anterior. Rajoy está aún lejos de caer del gobierno y el partido Podemos, la oposición parlamentaria, se encuentra aislado.

La Generalitat, por su lado, tendrá que aplicar su propia ley, aquella que está suspendida por el Tribunal Constitucional de España, aunque eso signifique su inmolación, pero no política, sino personal de sus integrantes. De momento, el gobierno de Catalunya sigue hablando de negociaciones e intermediación.

En la crisis catalana podría haber una violencia no vivida en 40 años y, posiblemente, peor que en los últimos de la dictadura. El día del referéndum hubo unos 800 golpeados, por completo ignorados luego por el rey en su arenga política: de seguro que son vistos como víctimas que se merecían los macanazos de la Guardia Civil sólo por querer votar en su propio país. Hay en España un coro que exige derrocamiento del gobierno autonómico catalán y cárcel para sus integrantes, así como ocupación militar de Catalunya. Es el nuevo rostro del posfranquismo.

No debería ser ese el camino por el que opte la España de los derechos y las libertades.