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Incertidumbre segura

Pocos relevos gubernamentales como el más reciente han tenido tantas definiciones ciertas desde meses antes de su culminación. La crítica de la política neoliberal podría ser más extensa e incisiva pero no menos insistente. Lo mismo ocurre con la corrupción. Habría que agregar también la convocatoria a inaugurar el método de democracia participativa y directa.

Desde un principio se dijo que en los primeros tres años no habrá ajuste fiscal (excepto en la frontera y, si acaso, en el IEPS gasolinero), ni mayor deuda en términos del PIB.

Se sabía de antemano que no se abrirían subastas para proseguir con el reparto de yacimientos ni se darían más concesiones mineras. Así también se anunciaron aumentos de la inversión pública en las industrias de energía, incluyendo la construcción de una refinería. En la lista están el Tren Maya y el del Istmo, entre algunas otras inversiones mayores.

Los grandes programas sociales son los mismos que se vinieron prometiendo durante toda la campaña electoral por parte de López Obrador.

Algunas transferencias presupuestales aparecen ahora como consecuencias inevitables de las nuevas prioridades de gasto. La austeridad no es para gastar menos sino para hacerlo mejor. En un futuro cercano deberá poder gastarse mucho más.

Sin embargo, se habla de incertidumbre. Podría decirse que el uso de esta palabra no es descriptivo sino premonitorio, es decir, se advierte que pueden surgir políticas no esbozadas antes. En el fondo, se trata de manifestar desconfianza sobre la base de una supuesta falta de certeza.

El colmo de esta precaria forma de hacer oposición se expresa en el intento de ligar la propuesta para establecer en la Constitución la revocación del mandato con un intento de reelección, al punto de que el presidente ha firmado un compromiso de no reelección, aunque innecesario o impertinente.

Otro ejemplo es la peregrina liga entre los señalamientos de que Enrique Krauze tuvo que ver con campañas electorales subrepticias, sucias e ilegales y una inventada intención de reprimir la libertad de difusión de ideas de ese político y biógrafo de personajes históricos. El gobierno no va a perseguir a Krauze porque no va a perseguir a nadie por sus ideas. Pero tampoco se tiene que reeditar la costosa y fea política de amamantar a intelectuales orgánicos del poder político.

Se aplica cada vez más el método de la incertidumbre, mediante la forja de una liga entre lo que ocurre y cualquier cosa que pueda ocurrir.

El problema político mexicano de los días que corren, como lo hemos comentado, es que las oposiciones carecen de agenda y de liderazgo, lo cual les lleva a promover la incertidumbre. Oponerse al gobierno puede asumir formas muy variadas, pero dentro de ellas debe haber propuestas y explicaciones sobre la manera de alcanzar éstas. ¿Qué tenemos hoy? Un vacío que está siendo llenado por otros, los no opositores, aunque sí adversarios de la 4T encabezada por López Obrador.

El debate político de una democracia formalista se ve sustituido por la sensación de una ausencia de certezas. ¿Quién es en verdad Andrés Manuel? Podría ser el lobo con piel de oveja o el diablo agazapado. Así, en lugar de discutir, los jefes de los dos partidos opositores se falsifican a sí mismos mediante una afanosa búsqueda de lo que no está incluido en los actos del gobierno ni en los anuncios oficiales.

Mas no sólo se trata de los partidos opositores. Hay ríos de tinta y de habladurías que sepultan con incertidumbres al nuevo gobierno, en especial con interpretaciones fantasiosas que podrían llevar a la hilaridad si no fuera por la cantidad de personas que son propensas a creer cualquier cosa.

La sospecha del próximo advenimiento de un autoritarismo oficial y, específicamente, presidencial es una de las suertes más socorridas de analistas académicos y comentaristas, algunos de los cuales son serios o, al menos, lo eran hasta hace poco.

Como irresoluble contradicción, se quiere aparecer a la incertidumbre como lo único seguro. Para sus promotores no hay cosa más palmaria que la suspicacia. Esa es la política de los adversarios de la 4T, una nueva versión de la ya decadente propaganda de que AMLO es un peligro para México.

Revocación de mandato

En los países de régimen parlamentario, el procedimiento de revocación del mandato se produce virtualmente cuando se tienen que adelantar las elecciones. En los países de sistema presidencial, dicho procedimiento se lleva a cabo por solicitud popular o de los órganos del poder.

En la “república” de sistema presidencial donde más se usa la revocación de mandato, California, se vota, al mismo tiempo, por nuevo gobernador, por si acaso el mandatario en funciones es removido por mayoría. Así, se remueve y se elige mediante la misma papeleta, además de votar en consultas varias y elegir asambleístas.

En México nunca ha existido un sistema de revocación de mandato de carácter popular, pero existen normas para remover presidente de la República, gobernadores y alcaldes. Lo que ahora se busca es que la decisión radique en la ciudadanía.

La propuesta de que el presidente de la República pueda ser removido y que la votación se haga hacia la mitad de su periodo, el mismo día de la elección de diputados federales, se debe a que tan importante decisión coincida con el cambio del Poder Legislativo, es decir,  involucre a todo el poder político.

Supongamos que el cargo de Presidente es revocado, de seguro que se produciría, al mismo tiempo, una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y, con ello, una situación especial en esa asamblea constitucional llamada Colegio Electoral (ambas cámaras del Congreso con un quórum legal de dos tercios), en la que se tendría que elegir al nuevo mandatario, en un plazo de 60 días de interinato, cuando ya hayan llegado a San Lázaro los nuevos diputados. Así se integraría un nuevo gobierno con otro u otros partidos, en función del voto popular. Un cambio político completo a medio sexenio, pero de forma democrática.

Así, la revocación no se limita sólo a remover una persona, el entonces presidente, sino a cambiar de fuerza gobernante.

En conclusión, el procedimiento de revocación del  mandato presidencial, cuando se liga a la elección legislativa, es un instrumento democrático mucho más trascendente que aquel que se produce aislado.

Por otro lado, la hipótesis de que un próximo proceso de revocación del mandato de López Obrador, el mismo día de la elección de Cámara de Diputados, llevaría al partido de éste a un gran triunfo electoral, mayor que el de 2018, de seguro se origina en el cálculo de que siempre le irá mejor al actual presidente. El problema consiste, sin embargo, en que tal planteamiento procede de las oposiciones.

Además, ya se ha visto que los candidatos triunfadores, por lo regular, obtienen más votos que los partidos que los postulan. De seguro también ocurriría eso mismo en un procedimiento revocatorio.

Se dice que la revocación sólo sería un sistema democrático si la fecha de su realización fuera diferente a la misma que la de  las elecciones. Con esta idea, la democracia es calificada en dependencia del día de la votación.

Las oposiciones están diciendo que un proceso revocatorio en junio de 2021 sería una especie de reelección del actual presidente, pero dentro del tiempo de su propio sexenio. Este argumento sí que implica un examen más a fondo pero no necesariamente de carácter político.

El último argumento opositor consiste en que la revocación del mandato es un instrumento de participación ciudadana, por lo cual no se debería admitir que el presidente pueda proponerlo al Congreso, además de los legisladores y de un porcentaje de la ciudadanía.

Aunque este punto es secundario porque de cualquier manera un presidente puede lograr las firmas necesarias o la mayoría parlamentaria requerida para convocar al proceso de revocación, habría que aclarar que los mecanismos de participación ciudadana propiamente dichos tienen que ver con el derecho de proponer y con las consultas sobre casi toda clase de asuntos, pero no tienen el mismo carácter que los mecanismos electivos y los revocatorios, en los cuales se define el poder, aunque, naturalmente, éstos también los determina la ciudadanía. Hoy mismo, el Congreso puede remover al presidente de la República mediante un juicio sin intervención popular.

Las oposiciones han escogido el camino de bloquear la adición de nuevos mecanismos del sistema político –consultas y revocaciones—que con mayor urgencia requiere el país para empezar a caminar por la sinuosa vereda de la democracia directa.

La bancarrota del sistema educativo

La profesión de maestro en la educación básica ha sido ubicada en el escalón más bajo del trabajo intelectual. Los educadores no son  considerados como tales sino que han sido sometidos a unas burocracias sindical y gubernamental desde donde se organiza la función educativa con una muy escasa participación del magisterio.

Las condiciones materiales de los planteles educativos se encuentran por lo regular también en la ruina. Los hay pobres y los demás son paupérrimos.

Los niveles en el aprendizaje de los educandos son bajos en comparación con los observados en otros países con desarrollo semejante al nuestro.

Para completar este deteriorado cuadro, la escuela mexicana es autoritaria y, en consecuencia, no prepara a la juventud para la democracia mediante el método de la conjunción de la teoría y la práctica.

Las y los educadores sólo intervienen mediante consejos técnicos escolares, sin tomar parte en las decisiones generales. Al carecer de parámetros educativos, maestros y maestras no cuentan con instrumentos para comparar a su propia escuela con otras y evaluar al sistema educativo en conjunto. No pueden, por tanto, hacer firmes propuestas de modificación del proceso educativo. No existen consejos académicos propiamente dichos.

Durante muchos años, la ausencia de instancias de participación académica y técnica del profesorado contribuyó al gremialismo estrecho, sectario y corrupto, hostil a la democracia y, en consecuencia, orilló a la clausura de la intervención del magisterio en la forja de la materia de su propia profesión.

Muchas autoridades educativas no han sido profesores sino burócratas. El Estado no es quien debe educar sino ser educado. El Congreso debe proveer, el gobierno debe administrar.

Tampoco se integraron suficientes contenidos regionales a los programas de estudio ni se analizaron las problemáticas de los pueblos indígenas y sus derechos políticos y culturales.

El reconocimiento de que los educadores son aquellos integrantes activos del magisterio no debería ser indispensable, pero lo es, aquí y ahora, porque se niega en los hechos el carácter profesional de las maestras y maestros.

El acceso de las y los educadores a la formación académica debería ser un derecho garantizado por el Estado mediante todo un entramado institucional: la escuela de la escuela como proceso de continuo cambio e innovación.

Como trabajadores, las maestras y maestros fueron sometidos por el charrismo sindical, lo cual generó un desgastante proceso de resistencias en muchos lugares del país. Esto, como se sabe, se agudizó a partir de la reforma educativa del sexenio pasado. En lugar de construir las bases de la nueva escuela mexicana, se abrieron exámenes punitivos y promocionales a las y los educadores. La escuela, como tal, no fue evaluada y mucho menos reformada. Así ha llegado a la bancarrota.

Se precisa, por tanto, un acuerdo político nacional para acometer una transformación que abarque la reforma de la escuela y las garantías del derecho a la educación, otorgadas de manera siempre creciente por el Estado: abrir la educación, mejorar la escuela y garantizar la permanencia y éxito de los alumnos.

El magisterio y el alumnado deben ser los dos grandes protagonistas de la nueva escuela mexicana en un marco democrático y participativo.

Venganza o transformación

Sería un error de parte de la nueva fuerza gobernante hacer una cacería de brujas para ir en persecución penal contra ex gobernantes. De la sed de venganza contra la corrupción no podría surgir justicia en su más alta acepción, sino una dura confrontación política que estorbaría finalmente la lucha contra el Estado corrupto.

Conocer hechos de corrupción, explicar cómo se hicieron las cosas desde el poder, fustigar los métodos de reparto de recursos y tráfico de influencias es algo necesario y lo seguirá siendo durante años. Pero esto no sería una cacería.

Incluso, proseguir las denuncias presentadas contra servidores públicos es una obligación del Ministerio Público por lo cual se deben concluir las investigaciones.

En otra vertiente se encuentran los actos de represión, la arbitrariedad y violencia del poder contra la gente. Aquí es indispensable activar investigaciones y procesos penales, pues de lo contrario habría una especie de omisión criminal.

Además, las acciones orientadas a lograr la libertad de los presos políticos deben acelerarse y multiplicarse, no sólo desde el gobierno federal sino también en los estados, incluyendo leyes de amnistía expedidas por las legislaturas. Tenemos miles de esos presos en el país y su permanencia en prisión es algo más que una injusticia, ya que expresa el autoritarismo y la represión integrados en la forma de gobierno.

Ha llegado por fin el momento en que el Congreso de la Unión  y las legislaturas de los estados ejerzan sus facultades de control político, vigilen el gasto e investiguen todo lo necesario para mejorar la función pública. La tradición mexicana consiste en que el Poder Legislativo no debe asomarse demasiado a la realidad porque eso implicaría invadir funciones del Ejecutivo. Sin embargo, es al contrario, la vigilancia está a cargo del parlamento en un sistema republicano.

Cuando no funcionan los mecanismos de control político y vigilancia, no sólo hay impunidad sino también se produce ese dañino fenómeno de que las denuncias suelen ser publicadas como si fueran sentencias. Todo eso es expresión del mal funcionamiento de las instituciones o de su ausencia.

Un fenómeno muy conocido consiste en que la Auditoría Superior descubre desvíos y otras malas prácticas, las informa a la Cámara de Diputados y presenta denuncias ante el Ministerio Público, pero no se vuelve a mover la hoja de un árbol.

Para de verdad descubrir y enjuiciar las tramas de corrupción dentro de la administración pública es preciso activar el juicio político. Aunque éste se realiza contra personas en lo individual, su ámbito es mucho más amplio que un juicio penal pues lo que en el fondo se enjuicia son los actos y omisiones de gobierno, junto con el responsable personal. La habilitación del juicio político podría poner al descubierto el funcionamiento de los sistemas de gestión pública articulados a la corrupción. Esto es mejor que la venganza.

El incierto futuro de carecer de oposición formal

La lucha política en México vive un momento singular: el nuevo gobierno no tiene oposición organizada. Los dos partidos perdedores de la reciente elección carecen de dirección y, en consecuencia, de una plataforma política aunque sea mínima. Se va sabiendo lo que no quieren, pero no se conoce lo que buscan. Son reactivos y odian la nueva coyuntura en la que se encuentran, pero nada más.

Esta situación ha de ser, previsiblemente, momentánea, pero crea por lo pronto gran incertidumbre, en especial dentro de la nueva fuerza gobernante del país.

Desde la instalación de la Legislatura, aquellos dos partidos mostraron más su preocupación por no ser ninguneados y enseñar, en consecuencia, sus limados dientes, que por presentar su carta de exigencias, aspiraciones, peticiones y recomendaciones que, se supone, debe tener siempre todo partido político. Ninguno de ellos cuenta con una interpretación de lo sucedido en los recientes comicios y mucho menos de un análisis de la situación política del país.

En lugar de los dos partidos derrotados, la oposición se ha empezado a ubicar en los medios de comunicación y en la patronal. Pero, por definición o naturaleza, esos mecanismos de difusión de ideas y de agrupación gremial carecen de plataformas políticas precisas y no son instrumentos de elaboración programática, como tampoco conforman mecanismos para agrupar ciudadanos y postular candidaturas.

La crítica al gobierno que difunden muchos medios de comunicación y no pocos órganos patronales e, incluso, empresas, es poco propositiva, muy rasposa y a veces algo irónica. Aunque tiene cierto valor, no puede ser un sustituto constructivo de la oposición organizada y militante.

En consecuencia, el gobierno y los legisladores de la mayoría no encuentran interlocutores políticos para organizar el debate, contrastar sus propuestas, negociar acuerdos, construir escenarios incluyentes o, por el contrario, romper lanzas en abierta contienda.

Nunca se puede calcular cómo podría reaccionar cada uno de los dos partidos ante iniciativas presentadas por el gobierno o la mayoría en el Congreso. Lo peor es que no son tampoco susceptibles de consulta antes de formular nuevas políticas públicas o proyectos de reformas legislativas. Entre panistas y priistas nadie puede definir una orientación posible antes de la formalización de los hechos políticos, los cuales, una vez anunciados, sólo concitan el intento de bloqueo de parte de los dos partidos.

En otras palabras, casi nunca hay contrapropuestas de parte de los dos partidos que salieron de las recientes elecciones con graves contusiones y una consecuente ofuscación. El PRI y el PAN no han podido definir aún cual será su papel político y sus objetivos concretos en los próximos dos años.

Cuando la oposición formal está confundida, también sufre la fuerza gobernante porque el vacío que deja aquella es llenado por poderes informales que no respetan canon alguno y carecen de interés electoral, es decir, deseo de ganar votos mediante su concurso en la lucha política abierta.

Frente a esta singular situación que está viviendo México, convendría que el gobierno y la mayoría legislativa hicieran el esfuerzo por llevar a los dos partidos derrotados al terreno de la construcción común de cierto tipo de proyectos, no sólo de leyes sino también de políticas públicas.

Si con paciente insistencia se empieza a abrir la convocatoria sincera hacia los partidos, podría detenerse a tiempo la tendencia de que éstos sean sustituidos por otros mecanismos más difusos e irresponsables de organización de intereses.

En otras palabras, es del todo conveniente desde el punto de vista de la democracia detener el oscurecimiento de la lucha política al que, con su ofuscación, el PRI y el PAN están incitando.

Ahora se propone “activar” la suspensión de garantías

En las audiencias que ha convocado la Cámara de Diputados se ha propuesto “activar” o “reglamentar” el artículo 29 de la Constitución, con el objeto de encarar el problema de la violencia y la intervención de militares en funciones de policía.

Lo más llamativo y sorprendente es que esa propuesta ha procedido de defensores de derechos humanos, los cuales coincidieron en dicho planteamiento durante la audiencia de la mañana del jueves 10 de enero en San Lázaro.

El artículo 29 de la Constitución fija la regla para “restringir o suspender el ejercicio de derechos y garantías”. Ni más ni menos. Cualquiera supondría que un defensor de los derechos humanos siempre estaría en contra de decretos para limitar libertades. Ahora, por lo visto, estamos empezando a caminar sobre un sendero de lo nunca antes visto… ni imaginado.

Ese artículo constitucional está redactado para hacer frente a invasiones extranjeras o revoluciones armadas internas: la guerra de verdad. Es difícil entender de qué manera sería aplicado ahora con el propósito de continuar esa “guerra” declarada hace 12 años por Felipe Calderón contra la delincuencia organizada.

Las personas que están proponiendo “activar” una declaración de “invasión” o “perturbación grave de la paz pública” se manifiestan, al mismo tiempo, en contra de la creación de la Guardia Nacional y la incorporación a ésta, por un tiempo limitado, de efectivos procedentes del Ejército y la Armada.

Ya se ha repetido que esa Guardia sería un cuerpo policial civil dirigido desde la secretaría de seguridad, aunque con disciplina militar, a diferencia de las corporaciones policiales que hemos tenido hasta ahora y que infortunadamente han fracasado en el cumplimiento de sus funciones básicas.

Mas no se está pensando en una institución para reprimir las protestas sociales y políticas con el pretexto de garantizar “la paz pública” o “el orden público”, ya que estos conceptos no serían parte de las funciones de la Guardia Nacional. Esto quiere decir que la propuesta de creación de ésta se encuentra absolutamente alejada de todo lo que tenga que ver con restricción o suspensión de derechos y garantías o con represiones en contra de manifestaciones populares.

Entre la “activación” del artículo 29 de la Carta Magna y la idea de formar una Guardia Nacional no existe contacto alguno porque sendos elementos se ubican en los extremos propositivos: la primera serviría para cercenar libertades de la gente, mientras que la segunda estaría buscando exclusivamente que esa misma gente pudiera vivir sin tantas amenazas a su propia seguridad.

Sin embargo, la presencia y dirección temporal de efectivos del Ejército y la Armada en la nueva Guardia Nacional, es algo que crea justificada desconfianza. Esto se debe a que, por definición, la seguridad pública es una función de instituciones civiles. El problema es que hoy en día el país adolece de un notorio déficit de policías que efectivamente lo sean. Tampoco, por otro lado, se puede retirar súbitamente al Ejército y a la Armada de muchos lugares del país acosados por una exacerbada crisis de violencia.

La idea es que los militares regresen a los cuarteles y que exista suficiencia en los cuerpos policiales. Esto conlleva la condición de que la policía deje de ser parte del sistema de corrupción que ha imperado, pues, si no fuera así, todo seguiría igual o peor por más agentes de policía que ingresaran al servicio.

El proceso de transición entre una Guardia Nacional con una fuerte presencia de soldados y marinos, y aquella que se busca formar como institución de policía civil profesional, disciplinada, inspeccionada y controlada, no podría ser tan rápido como se quisiera. Por tanto, lo que principalmente se debate en la Cámara de Diputados es de qué manera y con qué plazos tendría que darse esa transición.

Pero lo que está por completo descartado es “activar” cualquier mecanismo para “restringir” o “suspender” el ejercicio de derechos y garantías constitucionales.

EZLN: 1 de enero de 1994-2019

Hace 25 años hubo en México una rebelión en contra del neoliberalismo impuesto desde arriba sin consultar a la nación y en contra del priismo represivo y antidemocrático. No fue el único pronunciamiento, sino el que asumió el carácter de lucha armada. Como tal duró poco, sin embargo sus protagonistas directos se han mantenido armados y más o menos sitiados durante estos 25 años.

El EZLN es un agrupamiento político-militar integrado por indígenas de varias etnias chiapanecas, pero no elaboró por sí mismo un programa propiamente indígena. Sus planteamientos se refieren siempre a la pobreza, el atraso, la falta de derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, de los habitantes del país.

Sus referencias a la pobreza, como las repetidas en la celebración del 25 aniversario en La Realidad, son las mismas porque la situación no ha cambiado durante ese lapso. Pero tampoco se ha modificado el programa ni el análisis básico de la situación política de México que realizan los dirigentes del EZLN.

El planteamiento más fuerte de la reciente celebración ha sido el rechazo del EZLN al nuevo gobierno, al que se acusa de tramposo y mañoso, pero se agrega que éste busca destruir a la organización zapatista.

Un planteamiento obligadamente novedoso del discurso del EZLN es que, a diferencia de los gobiernos anteriores, se considera un tanto diferente al que encabeza Andrés Manuel López Obrador (nombre que no consideran oportuno mencionar, según han dicho): “qué lástima que le hacen caso al que está ahí engañando al pueblo”, se lee en el discurso oficial de la celebración en La Realidad.

La rebelión detenida por el cese al fuego impuesto bajo presión popular e internacional por parte del gobierno de Carlos Salinas, llevado después a una ley, siguió siendo de alguna manera rebelión, pues el discurso de Marcos influía en las izquierdas, en segmentos de la juventud y entre los pueblos originarios.

Sin embargo, desde hace años ya no se ha podido decir lo mismo. La rebelión zapatista es uno de los pocos datos políticos congelados que existen en el México actual. Si ese movimiento armado y sus modos de propaganda y organización posteriores eran una forma de lucha política, es decir, por el poder, en la actualidad ya no lo son.

Han escrito los líderes del EZLN: “hemos visto que estamos solos; lo que hemos logrado ha sido con nuestro trabajo y esfuerzo, con nuestros errores”. Esto es cierto, aunque habría que precisar que lo hecho por la dirigencia y el pueblo zapatistas ha sido una elevada obra de organización, entereza y firmeza. Mas el problema consiste precisamente en que la lucha política no se emprende con el objeto para dejar las cosas como estaban antes.

Según el EZLN, en su entorno y en el país siguen igual la miseria, la desigualdad y la injusticia. Así es; quizá sean mayores. Pero no se encuentran en la reciente proclama de los zapatistas algunas vías de acción para combatir esos factores socioeconómicos y políticos tan lacerantes. Sólo se halla el mismo razonamiento tendiente a resistir, aunque ahora frente al nuevo gobierno federal.

No debería ser motivo de discusión la indispensable independencia política y la integridad orgánica del EZLN. En este campo, cualquier gobierno puede ser una amenaza, sin exceptuar al actual. Tampoco podría alguien dudar del carácter crítico del discurso de aquellos y aquellas que se rebelaron la madrugada del 1º de enero de 1994.

Pero ya llevan tiempo estando ausentes las pautas zapatistas para continuar en aquella lucha, gigantesca por sus objetivos e inesperada por su forma, que esa admirable organización inició hace ya 25 años.

Hay algo nuevo y mejor en eso que acaba de hacer una mayoría popular mexicana. Soslayarlo podría servir para sufrir menos por parte de quienes han perdido poder y privilegios. Mas el pensamiento crítico, por otro lado, siempre debe serlo y… demostrarlo. O sea, conocer el pasado, analizar el presente y usar los prismáticos para alcanzar a ver el futuro.

Debates sin hipocresía

Se critica a Andrés Manuel López Obrador por participar directamente en debates políticos ventilados en medios y redes. El principal argumento es que el presidente de la República tiene tanto poder que resulta ventajosa su intervención en las confrontaciones políticas. Algunos agregan que cualquier debate en el que tome parte viene a ser un uso de recursos públicos a favor o en contra de uno o varios partidos.

El Poder Ejecutivo siempre ha participado en todo debate público e, incluso, privado, que tenga que ver con la lucha política. Los presidentes fueron mucho más lejos que eso, al mandar callar a políticos y periodistas. Eso ocurría hasta hace muy poco.

La parafernalia del poder y el ropaje del poderoso llevaban a ubicar al jefe de gobierno como un político diferente porque era más o menos intocable y estaba por encima de las pugnas. Sin embargo, el mandatario siempre se hacía sentir aunque muchas veces de manera indirecta, a través de toda clase de intermediaciones, cuando se trataba del debate o la defenestración de adversarios o críticos.

Ese no parece ser el estilo de López Obrador porque la política ha empezado a cambiar en el país. Hay una nueva fuerza gobernante cuyo líder que no requiere de subterfugios ni intermediarios sino del lenguaje franco. En otras palabras, esa clase de liderazgo que ejerce AMLO requiere medios directos.

El ahora presidente tiene la misma situación dentro de su partido. La controversias en Morena tienen con frecuencia la participación de Andrés Manuel en la misma forma en que se produce el debate con partidos, medios de comunicación y críticos de diversas inclinaciones ideológicas.

En el México de estos días la opinión crítica es mucho mayor que nunca antes. El ensanchado marco de libertad de comunicación de ideas es producto de una muy larga lucha contra los poderes que tenían la censura y la supresión como instrumento de prevalencia. Además, las nuevas redes han traído libertad a millones de personas que ahora pueden comunicar sin ser dueños o trabajadores de los medios formales.

Al mismo tiempo, el presidente de la República es y seguirá siendo uno de los principales objetivos de la crítica. A éste le corresponde, en consecuencia, la misma libertad de replicar, alegar, argumentar, responder, criticar.

Los tiempos no son los de la vieja hipocresía de los poderosos quienes movían a otros, hablaban mediante picos ajenos, daban órdenes encubiertas.

Si se quiere vivir en democracia, trascender el formalismo en todos los sentidos, profundizar en los temas, informar en la libertad y criticar sin miedo, tenemos que admitir que podemos discutir entre nosotros y que el presidente es uno más en este terreno.

En reciente reunión entre Andrés Manuel y la mayoría parlamentaria de ambas cámaras, aquél repitió que no tiene halcones ni palomas mensajeras, que nadie habla por él y que cuando tenga desacuerdo lo dirá, tal como lo hacen los mismos legisladores y legisladoras.

Si ha llegado un nuevo momento de debates políticos, de seguro habrá de ser mejor que los tiempos de la hipocresía.

Aversión a la democracia

La consulta popular constitucional sólo se puede realizar el día de elecciones (art. 35. VIII. 5º). El Congreso la convoca a solicitud del presidente (en funciones) o de una parte del mismo; la Suprema Corte decide su legitimidad; el INE las organiza. También puede activar el procedimiento el dos por ciento de la ciudadanía.

Tan sólo por la fecha de su realización era imposible convocar a una consulta constitucional sobre la construcción en Texcoco de un nuevo aeropuerto, cinco cuadras adelante del que ahora funciona y cuya Terminal 2 aún no se ha pagado por completo.

Los adversarios de López Obrador no quisieron entender que con la convocatoria a la consulta sobre el proyecto de aeropuerto en Texcoco se estaba usando un método propio de la oposición en un país sin consultas legales. El presidente electo y la nueva mayoría en el Congreso siguen en la oposición y ahí seguirán hasta el 1 de diciembre, cuando lleguen a ser la fuerza gobernante del país.

Para hacer una consulta constitucional, AMLO, ya como presidente, hubiera tenido que esperar dos años y medio. Esto lo saben los furibundos críticos de la consulta, pero fingen ignorancia del texto constitucional.

Más allá del aeropuerto como proyecto “fabuloso” e igual negocio, el problema político medular es el método para tomar decisiones sobre asuntos controvertidos y de trascendencia. Quienes llenaron de denuestos la consulta, en realidad tienen aversión hacia todas ellas, hacia los nuevos vientos de la democracia.

Hay países en donde el pueblo ya vota casi todas las leyes importantes. En Suiza también se sufraga a veces en materia fiscal.

Las derechas mexicanas postulan que la consulta ciudadana, como método, es indeseable porque el sistema de democracia formalista, puramente representativa, se podría venir abajo con la aplicación de métodos plebiscitarios.

Sin embargo, muchos derechistas saben que los sistemas que admiten la democracia directa no cancelan las elecciones periódicas, pero fingen ignorancia. Las consultas directas y los comicios coexisten.

El problema para esas derechas es que el sistema del formalismo representativo ya no sería el único y que la ciudadanía tendría derecho a tomar decisiones. Este derecho es el que molesta. Tales liberales derechistas viven en el siglo XIX.

El único argumento a favor de la construcción del puerto aéreo en Texcoco era la cuantía de las inversiones físicas ya realizadas, cuyo valor, sin embargo, es menor al valor que tiene el aeropuerto Benito Juárez que quería cerrarse para siempre jamás.

El gran problema era que la decisión de levantar el fabuloso aeropuerto de Texcoco fue tomada sin consultar a nadie pero, además, era económicamente lesiva para el país y técnicamente perjudicial. Cerrar dos aeropuertos (Benito Juárez y Santa Lucía) para poder construir uno nuevo carece de sentido práctico. Estambul acaba de inaugurar un aeropuerto nuevo y tendrá ahora dos, como corresponde a toda megalópolis, en algunas de las cuales se cuentan hasta cinco.

Además de la polémica sobre la validez de la consulta popular como método de gobernar, se ha abierto otra discusión. ¿Qué país somos y cuál queremos ser? ¿Podemos tener un México de obras fabulosas o, en lugar de éstas, necesitamos una infraestructura productiva que se levante en todas las regiones del país?

Más en concreto, ¿queremos una creciente centralización de las conexiones aéreas o debemos promover interconexiones múltiples en las diversas regiones? ¿Necesitamos un “fabuloso” aeropuerto en una sola ciudad para promover inversiones productivas o requerimos una extensa infraestructura de trasporte terrestre, marítimo y aéreo para comunicar a México consigo mismo y con el resto del mundo?

El proyecto de aeropuerto en Texcoco es una muestra de las extraviadas políticas económicas de los neoliberales, muy dados a realizar actos de relumbrón que no sirven para promover crecimiento y redistribución del ingreso.

Peña Nieto inició cuantiosos desembolsos para un fabuloso aeropuerto cuando tenía muchas obras inconclusas abandonadas, entre ellas hospitales. Hay también aquí asuntos de moralidad en el ejercicio de funciones públicas.

El debate sobre el lío del proyectado aeropuerto de Texcoco y el cierre del actual, junto con el de Santa Lucía, nos arroja enseñanzas adicionales en materia de democracia y gestión pública: no al verticalismo ni al uso del poder para fomentar fabulosos negocios privados. Hay que buscar caminos diferentes.

El problema no es la consulta sino Texcoco

Pablo Gómez

 

Es falsa la propaganda de que la consulta sobre el proyecto del aeropuerto en Texcoco es un problema creado por su convocante, Andrés Manuel López Obrador. El problema real consiste en la decisión de cambiar de aeropuerto, lo que, de llevarse a cabo, impondría al país un costo de más de 300 mil millones y muchos otros estragos.

Enrique Peña Nieto nunca consultó a la ciudadanía sobre tema alguno. Todo su legado fue impuesto, incluso las inicuas deudas como las del proyecto de Texcoco.

Es también falso que la consulta convocada por AMLO sea ilegal. El que no sea alguna de las que habla la Constitución (las cuales sólo se pueden efectuar el día de elecciones), no quiere decir que sea contraria a la legalidad. La consulta será una un acto de libertad, así del convocante como de quienes concurran voluntariamente.

Según los contratistas y sus amigos del gobierno, dejando al margen a los numerosos corifeos, el proyecto de Texcoco es un asunto exclusivo de los “técnicos”, pero fueron los políticos quienes tomaron la decisión. Al tiempo, se usarán recursos públicos de directo desembolso presupuestal y de empréstitos del Estado con la garantía del cobro de un derecho (TUA) que, como todos, forma parte de la hacienda pública.

Mas el asunto es de mucha mayor importancia. Mientras que Peña Nieto decidió emprender una obra transexenal de grandes dimensiones, la nueva fuerza gobernante del país, la cual se formalizará el 1º de diciembre, no ha simpatizado en absoluto con el proyecto de Texcoco, pero tendría que financiarlo a costa de otras infraestructuras.

Los promotores del aeropuerto de Texcoco como aeródromo único de la ciudad, es decir, con exclusión del Benito Juárez y, de paso, de la base aérea de Santa Lucía, no consultaron más que a algunos expertos y a los posibles contratistas. Es comprensible que hubiera unanimidad. Esa es la clase de consultas a las que está acostumbrado el viejo grupo hegemónico.

A ese problema original se le agrega un segundo que consiste en que ya se gastaron varios miles de millones de pesos en el último año, a toda prisa, para que fuera más difícil una marcha atrás. De cualquier manera, ese aeropuerto no sería inaugurado antes de cinco o seis años.

El único argumento a favor del aeropuerto de Texcoco es el dinero ya invertido.

Otro problema sería el cierre del actual aeropuerto Benito Juárez a partir del mismo día de la inauguración del de Texcoco. Al respecto no hay proyectos y mucho menos fondos públicos de inversión. En el agonizante gobierno de Peña no han pensado en las gigantescas inversiones que se requerirían para darle un uso distinto, el que fuera, a una enorme terminal aérea.

Si al nuevo gobierno le corresponde ahora tomar la decisión, así como también a la Cámara de Diputados en el momento de la aprobación del presupuesto de 2019, algo en el terreno político tendría que hacerse. La consulta no será de una amplia cobertura debido a la precariedad de los recursos disponibles, pero basta con que lo sea para indicar una tendencia en la opinión popular.

En cualquier escenario, en la consulta no radica problema alguno.