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Financiamiento público de partidos

El subsidio que entrega el Estado mexicano a los partidos es elevado porque, cuando se implantó, el PRI recibía demasiados millones procedentes de la administración pública. Para sustituir al menos una parte importante del gasto del entonces partido oficial, era necesario que el financiamiento público fuera alto.

El subsidio, sin embargo, nunca alcanzó a cubrir la mayor parte del gasto priista. En el año 2000, Ernesto Zedillo trasladó a Francisco Labastida, su candidato, mil millones de pesos desde Pemex, a través del sindicato. Pero de seguro hubieron más desvíos de fondos públicos que aún no se conocen.

El PRI se convirtió en un devorador de fondos públicos porque todo lo tenía que comprar. Nadie en ese partido brindaba trabajos militantes mientras que se compraban millones de votos con dinero en efectivo.

El financiamiento público de los partidos suele ser un sistema para evitar que aquellos sean comprados por los capitalistas. En México ha tenido otras características porque los dueños del dinero no han buscado adquirir partidos sino políticos y no lo han hecho, preferentemente, con dinero para campañas sino mediante el amplio sistema de la corrupción. El mayor mecanismo conocido de cooperación directa de empresarios fue el realizado a través de Amigos de Fox, justamente el mismo año del Pemexgate. Quien ganó la elección del año 2000 (PAN) violó la ley como también lo hizo el segundo lugar (PRI). El dinero ilegal cundió en la campaña electoral y marcó a los dos principales candidatos. Luego, Felipe Calderón recibió ayuda privada en propaganda radiodifundida (2006). Finalmente, Peña Nieto (2012) captó la mayor cooperación pública desde gobiernos locales, la cual no se ha contabilizado aún, además de las coberturas televisivas gratuitas mediante infomerciales.

El financiamiento público de los partidos fue una cobertura parcial de los gastos del PRI y ayudó, por otra parte, a los partidos de oposición a estar presentes en las campañas con mucha propaganda, aunque probablemente algo inservible.

En realidad lo que más propició la competencia fue el otorgamiento a los partidos de tiempos oficiales de radio y televisión, lo cual empezó desde 1979. Cuando se reformó la Constitución para impedir la propaganda política pagada, se dio un salto mayor en materia de la concurrencia política en las elecciones. Este fue uno de los resultados del movimiento postelectoral de López Obrador en el año 2006.

La Estafa Maestra fue un mecanismo de financiamiento de campañas electorales priistas, pero el dinero público no fluía hacia el partido sino directamente hacia los candidatos y candidatas priistas. Tenían la experiencia del Pemexgate y superaron todo lo anterior.

Ahora se discute en San Lázaro la propuesta de Morena para disminuir en un 50% el financiamiento público monetario de los partidos. Podría pensarse que es contradictorio que el partido con mayor caudal electoral y, por tanto, con mayor subsidio, sea el que proponga una rebaja sustancial. Sin embargo, esto se debe a que la existencia en México de una enorme corriente popular a favor de disminuir el gasto electoral coincide con la sensible disminución de la compra de votos. Como se sabe, los sufragios no se compran con dinero privado sino con el público, ya sea de procedencia legal o ilegal, pero este último no procede del bolsillo de los candidatos o patrocinadores sino también del erario. Así funciona.

La reducción del financiamiento público que se ha propuesto no abarca la rebaja en el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión ni la autorización de la compra de spots. Así que, al disminuirse el dinero entregado a los partidos, éstos podrían seguir haciendo su propaganda radiodifundida, quizá buscando superar los brevísimos mensajes y sustituirlos por emisiones algo mayores que permitan exponer puntos programáticos.

Mas, si no es posible comprar spots en radio y televisión, sí lo es reproducir mensajes pagados en internet, lo cual ya se puede hacer bajo fiscalización de gastos de campaña.

La rebaja del financiamiento público de los partidos podría generar una tendencia hacia la disminución de las burocracias partidistas que son parasitarias y abrir cauces para el fomento del trabajo militante. Quizá.

El partido que recién triunfó en la contienda por la Presidencia y el Congreso era el que tenía menor financiamiento público. Esto no podría ser norma, pero dice algo al respecto.

La definición de Morena sobre su futuro

A ningún partido mexicano le ha ido bien en sus elecciones directas: casi todas han sido cuestionadas. Antes, ese método electivo no existía, pero los partidos eran otros. Los de ahora no aciertan a definir el mejor sistema electoral interno, quizá porque ese no existe.

Morena vive un proceso de elecciones internas y no parece haber una solución sencilla. El debate se había ubicado en el padrón de afiliados, el cual es una repetición de lo ocurrido en otros partidos en los últimos 30 años. Los inscritos pueden llegar a ser más de tres millones. Algunos preguntan ¿de dónde salieron todos esos?

El PRD llegó a tener una afiliación de 7 millones que ni en sueños se convirtieron en votos. Ese partido tenía (y tiene) en su peor momento muchos más miembros que sufragios. El PAN quintuplicó el número de sus afiliados tan luego que llegó al gobierno y después tuvo que depurar su padrón para dejarlo parecido a como era antes, al cabo de lo cual la disputa por la legitimidad del listado de afiliados no termina. El PRI jamás conoció de cierto su propio tamaño orgánico porque lo que le interesaba eran los votos y su capacidad de comprarlos, es decir, la población a su alcance: aún ahora el tema del padrón de afiliados es central en todo torneo interno priista, al grado de motivar escisiones.

En cuanto a sus adhesiones, Morena no es el mismo partido antes que después de su triunfo electoral. Eso es del todo entendible. Pero ese problema no es suyo sino del país.

En México, hace mucho que los partidos no están compuestos principalmente por militantes. Los afiliados suelen ser personas más o menos necesitadas de una relación específica con el poder, ya sea municipal, local o federal. No es que sea inexistente la membresía de convicción política e ideológica, sino que ésa suele ser marginal frente a los millones que son incorporados con facilidad a través de otros mecanismos. Este fenómeno se podría denominar clientelismo orgánico, es decir que los «clientes» son incorporados a la estructura partidaria como afiliados con plenos derechos.

Los partidos son organizaciones que agrupan a personas con semejantes ideas e intereses. Bien, pero éstos solían ser generales antes que demasiado concretos. En México, lo que domina es el clientelismo: en sus diferentes grados, el poder es como un panal.

Morena no puede saber quienes son sus militantes y quienes sólo sus afiliados más o menos ocasionales. Por ello, se propone, hay que acudir a la población abierta para decidir el lío de su nueva dirigencia. Así lo entiende Andrés Manuel y algunos otros. Pero el espíritu de partido, en especial la lealtad, decisión y esfuerzo de sus fundadores aconsejaría lo contrario, es decir, radicar la determinación electoral sólo en aquellos afiliados que iniciaron lo que se convirtió en una gran proeza nacional.

Sin embargo, Morena ha sido más un movimiento electoral que un partido organizado de militantes. Esa es una realidad, la cual tampoco podría ser alterada de un día para otro.

La propuesta de Andrés Manuel tiene dos lados: la encuesta como método decisorio (nada extraño en la historia reciente de la izquierda mexicana) y la concurrencia abierta al proceso, es decir, la admisión como candidatos de personas adheridas a Morena en cualquier momento. No es nada fácil.

El asunto no se resuelve con restringir o dilatar el listado de electores, aunque esa decisión debe tomarse con entera claridad, transparencia y convicción. El problema de fondo va a seguir siendo el de la naturaleza del partido que se precisa construir.

Lo que ya se demostró es que en el México de la segunda década del siglo XXI funcionó de maravilla un movimiento electoral abierto, como también lo fue de alguna manera el PRD en sus inicios. La cuestión es si, una vez que triunfó, Morena puede seguir en esa ruta con el mismo esquema orgánico. En realidad, esa pregunta es la que debería responder la próxima dirección, sean quienes fueren sus integrantes.

La 4T frente a una oposición sin rumbo

Al comentar el informe de Andrés Manuel López Obrador en la tribuna de San Lázaro, las oposiciones se mostraron sin rumbo, sumidas en la queja más puntual y el desconcierto sobre el tiempo que vive el país. No hubo propuesta.

La senadora Beatriz Paredes, del PRI, y el diputado Xavier Azuara, del PAN, han presentado un listado de preocupaciones y desacuerdos con aspectos concretos de la acción del gobierno. Mas no fueron capaces de ofrecer atisbos de un programa, ni siquiera de acciones legislativas para enfrentar grandes problemas nacionales.

Al acometer la crítica de algunos aspectos de la nueva política del gobierno, aunque sin analizar cada asunto,  Beatriz Paredes se preguntaba qué hacer, cómo resistir, cómo responder, pero nunca contestó a sus propias interrogantes.

Por su lado, el vocero de Acción Nacional aportó también una dosis de preguntas sobre sus propias conclusiones pero sin hacer análisis ni proponer algo. «¿Cómo explicarles a los mexicanos que sus libertades y esperanzas se están desvaneciendo poco a poco?», interrogó al Congreso de la Unión, pero como la pregunta era un simple recurso para hacer una aseveración sin argumento, dejó la respuesta quizá para otra ocasión.

El método de la pregunta sin respuesta opera en esa clase de discursos como medio para afirmar que algo está mal, pero sin tener que analizar la realidad que se pretende someter a crítica. Según el PAN, «hoy la patria sufre las mieles del poder absoluto». El diputado panista no sólo se ahorró la presentación de los motivos de su dicho, sino que tampoco ofreció la más simple definición del concepto de «poder absoluto».

La doble derrota política, la del partido gobernante (PRI) y la de aquel que estaba casi seguro de que volvería al poder (PAN), ha conducido infortunadamente a una desorientación de ambos. El mayor problema que tienen esos partidos es que aun juntos no podrían controlar el Poder Legislativo, como lo hicieron durante varios lustros. Su acción política se ha reducido, así, a la queja, el lamento y la diatriba.

Ninguno de los dos partidos puede plantear abiertamente que se aplique la política de los sexenios que van de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto, pasando por la interrupción política, pero no programática, de Vicente Fox y Felipe Calderón. En realidad, la derrota ha sido sufrida por los portadores políticos del programa neoliberal.

Proponer otra vez el neoliberalismo es difícil aunque no imposible. Para ello se recurre a exigir que todo se conserve porque es institucional y producto del devenir nacional. Se dice que está bien combatir la corrupción, pero se alerta que eso, como parte del discurso justificante del gobierno, puede «concluir en la demolición de las instituciones», según Paredes.

Es así como el PRI exige que no se toquen estructuras administrativas y empleos del gobierno anterior, no obstante lo lento que ha sido López Obrador en la tarea de renovar el aparato del Estado. El cambio político de hoy no es como fue aquella interrupción panista entre los años 2006 y 2012, sino que busca la ruptura del viejo régimen, luego del fracaso del neoliberalismo y la crisis del Estado corrupto.

Lo que discuten los opositores son cosas como la forma de entregar el subsidio a las estancias infantiles para hijos de trabajadoras no asalariadas, pero directamente, sin desviar fondos hacia negocios con frecuencia inescrupulosos. También recuerdan asuntos definitivamente resueltos como la cancelación de la obra de Texcoco, el fabuloso aeropuerto que iba a ser, o el proyecto de construir una refinería, como la que alguna vez fue ordenada por Felipe Calderón, pero no pasó de la inútil compra del terreno a costa del Estado de Hidalgo y el levantamiento de la barda perimetral.

No es posible hoy discutir con las oposiciones sobre el cambio de rumbo económico, social y político del país porque ellas no quieren tocar ese tema. La discusión entre partidos está ubicada, por desgracia, en el método de las pedradas, las quejas puntuales y las injurias. «Estamos defendiendo la agonizante libertad que nos queda», ha dicho, muy convencido, el portavoz panista

Las oposiciones tardarán, en el mejor de las situaciones posibles, en proponer un programa congruente con los intereses e ideas de ellos mismos. La nueva fuerza gobernante, por su parte, debe mejorar su forma de interlocución social si quiere que se discuta su proyecto y, en consecuencia, se robustezca y mejore.

El soliloquio actual se está agotando, por lo cual hay que promover una amplia comunicación en la que tome parte todo el gobierno y los legisladores. Si la oposición no puede discutir temas de fondo, entonces hay que hacerlo con las organizaciones sociales y la academia.

Es verdad que se requieren respuestas puntuales a los partidos de oposición, pero sería un error limitarse a ellas porque la sola discusión en ese terreno impide las explicaciones de los temas de gran calado y del sentido de los cambios que se están realizando y de los que se pretenden llevar a cabo.

Hay que abrir el debate. El país no va a poder resistir un prolongado vacío de discusiones políticas porque vive un proceso de cambio, cuyas realizaciones tienen que ser ubicadas en el terreno de la controversia como una necesaria vía para ser comprendidas por todos.

Tómese un acuerdo en principio: es imposible que el líder de la 4T, Andrés Manuel, se haga cargo de explicar, argumentar y replicar personalmente sobre todo.

Estafa sin rúbrica

Las estafas no suelen llevar rúbrica. Alguien signa un papel en algún momento pero por órdenes superiores, mientras quien da la orden no reconoce nunca el acto ya que no firma los papeles. Así ha funcionado un viejo sistema de atracos contra los fondos públicos del Estado mexicano.

Esto lo sabe la Fiscalía General de la República (FGR). Es por ello, quizá, que innovó su estrategia frente a la estafa maestra, la cual fue un sistema de financiamiento a favor del PRI mediante desvíos fraudulentos de fondos públicos. Rosario Robles acudió un día a San Lázaro, como secretaria de Estado que todavía lo era hacia el final del sexenio de Enrique Peña Nieto, y afirmó que ella no había firmado ningún papel relacionado con la estafa descrita por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF sabe que nada fue firmado por secretario alguno, mucho menos por el presidente de la República, pero que eso no exime del delito. Si no se dispuso ilícitamente del dinero para disfrute personal, se permitió que se entregara, lo cual también es delictivo. En realidad la acción y la omisión vienen a ser prácticamente lo mismo cuando se está en el desempeño de un cargo público de alta responsabilidad. Si la estafa maestra fue una estafa, lo cual ha sido acreditado por la ASF, entonces existen responsables, los cuales abarcan desde quienes no hicieron nada para impedirla, los que la ordenaron de palabra, los que sí firmaron las autorizaciones y, también, las personas que sirvieron de intermediarias y las que recibieron los dineros ilícitos.

Eso es lo que busca esclarecer la FGR, por vez primera. Antes, cuando un político caía, se le acusaba directamente de muchos delitos con causa o sin ella: delincuencia organizada, lavado, evasión, etc. Pero eran pocos los indiciados y siempre por motivaciones políticas coyunturales. Los demás corruptos nunca fueron sometidos a proceso penal y gozan de cabal libertad.

La manera en que la FGR ha empezado a encarar el asunto de la estafa maestra está acorde con los tiempos políticos y con el nuevo sistema penal. La combinación de ambos ha traído como resultado que se intente abrir causas penales mediante un accionar directamente judicial, sin que el Ministerio Público le haga de juez y sin que el juez le haga de tribunal de alzada. Así, la FGR solicitó al juzgado su intervención para abrir procesos penales contra personas sin que previamente se hubiera librado una orden de aprehensión. De lo que se trata no es de encarcelar a algunos de momento sino de abrir los procesos penales que conduzcan a que se conozca lo ocurrido, la estafa. Si luego los culpables deben ir a la cárcel, pues que vayan; ese sería un desenlace pero no un inicio.

El esclarecimiento de la estafa maestra va a llevar años. Se trata de una sucesión de desvíos de fondos públicos, un sistema organizado para disponer de miles de millones. Lo que ha acreditado la ASF es lo que contablemente fue posible, pero falta desvelar el entramado exacto y los nombres de sus operadores, tanto en sede judicial como en el Congreso de la Unión.

Por lo pronto, la Fiscalía ha iniciado un nuevo rumbo que podría permitir el esclarecimiento de esa red de peculados, fraudes y robos que se organizó durante el sexenio pasado para financiar la actividad política del partido oficial, el PRI.

A través de la imputación del delito de «ejercicio indebido del servicio público», en este caso se busca fincar responsabilidad por omisiones porque no es sencillo demostrar la apropiación de bienes públicos cuando no es difícil esconder lo robado. Aún así, hay que dejar claro que el desvío de fondos debe ser impedido por los altos servidores públicos, sin «lavados de manos» ni «obediencias institucionales». Así está operando ahora el Ministerio Público, con lo cual éste ofrece un magnifico compromiso en el plano de la lucha contra la corrupción.

Debe entenderse que quien permite el robo es tan ladrón como quien se apropia de lo robado.

Disputa de la palabra

No hay hecho político que más irrite a las derechas moderadas o extremas que las cotidianas conferencias de prensa del presidente de la República, las denominadas mañaneras.

Una de las características de la situación actual es que se está disputando la palabra. Durante décadas, el poder llenó el espacio político con su propia palabra, la pronunciada por sus voceros directamente autorizados o por aquellos que se dedicaban a reproducir, elogiar, explicar, justificar a los poderosos: todo un oficio muy bien pagado.

Andrés Manuel López Obrador carece de voceros oficiales y tampoco tiene a los pagados. Él es el vocero de sí mismo. Habla todos los días, a veces no sólo por la mañana sino a deshoras. Los reporteros le preguntan libremente, le encaran, le refutan, le contradicen. El presidente responde y añade, se sale del tema y luego tiene que regresar ante la presión del diálogo ingrato.

Este esquema es el medio de disputar la palabra tantos años capturada por los ahora desplazados del poder.

Antes, los grandes medios ofrecían lugares a los opositores, incluyendo a López Obrador, pero no cedían la palabra, la cual estaba bajo el control de los poderosos.

Hoy, como las oposiciones formales dicen y vuelven a decir, pero no alcanzan a rebatir al presidente de la República, esta función sólo la intentan los periodistas del foro presidencial y, a veces, algunos otros de aquí y de allá. Así, por infortunio, es la precariedad del discurso de los partidos opositores la que le otorga mayor fuerza a la prensa de todas las tendencias y querencias.

Quizá por eso mismo no descuellan las tesis contrarias a las de la nueva fuerza gobernante, sino las búsquedas incesantes de las contradicciones del discurso presidencial, los olvidos, las evasivas, las equivocaciones, las confusiones. No existe un debate político propiamente dicho porque algo que pudiera llevar ese nombre no se lograría en conferencia de prensa sino en tribuna, en acciones masivas, en conglomerados convocados para la protesta y la propuesta.

Durante las tres décadas del movimiento que recién triunfó, las proclamas opositoras eran hundidas en un mar de baterías propagandísticas, la mayoría de paga, y en hoyos de silencio. En los tiempos actuales, en cambio, quien fuera líder de aquella oposición, el presidente de la República, habla todos los días, con o sin tino, pero su palabra al fin se escucha, sin tener que pagar y se puede contradecir.

Cosa diferente, claro está, consiste en la práctica de desvirtuar o tergiversar lo dicho por Andrés Manuel o por cualquier otro funcionario o legislador de la 4T.  Existen montones de notas periodísticas que dicen lo contrario de lo expresado por la fuente y, a veces, los encabezados deforman lo escrito por el mismo reportero. Eso es algo de lo más común porque el más fácil es el periodismo sin responsabilidad social o el que soslaya su propia ignorancia.

Con o sin definiciones éticas, el caso es que nadie en los medios está obligado a hacer ditirambos al poder político de la República. Esto es parte del nuevo esquema de disputa de la palabra.

Un periódico o revista, emisora de radio o televisión, portal de noticias, etc., puede ser tan opositor como quiera y recurrir a su propia moral, por ejemplo, aquella que se deriva de sus ideas sobre el carácter de la fuente cuyos actos o pronunciamientos reseña, antes de la obligación de comunicar a su público lo que está pasando. Todo eso es parte de la nueva normalidad creada a partir de un nuevo sesgo que ha tomado la disputa de la palabra.

La prensa fifí siempre ha existido y se reconoce a sí misma de sobra. ¿Por qué tanto desconcierto? Porque expresar ideas y convicciones no es algo normal cuando se trata de un político poderoso, el cual debe «guardar las formas» aunque esas estén basadas en la hipocresía, denominada respeto. Se ha llegado a postular que los críticos no deben ser criticados por los sujetos de su propia crítica. Eso ya no es vigente. La libertad de difusión de ideas es para todos, todo el tiempo. Así lo señala la Constitución y lo confirma la práctica.

Ante la existencia de unas oposiciones bastante extraviadas y desmovilizadas, en la actual disputa de la palabra han ganado los medios, tanto los tradicionales como los emergentes, aunque muchos han perdido ingresos. Se han hundido el «chayote» y la gacetilla, aunque sobreviven, pero todos pueden ahora decir libremente lo que piensan y difamar a quien deseen, a la espera, eso sí, de una eventual respuesta que se escucharía.

Bien, la disputa de la palabra abierta por la 4T es también un invaluable instrumento de aquella prensa que le sirve a sus lectores o escuchas.

Falsificación del federalismo (electoral)

El PRI y el PAN presentan la existencia de los organismos públicos electorales (Oples) de los estados, así como la de los respectivos tribunales de la materia, como expresiones del federalismo mexicano, el cual, dicen, debe ser defendido como principio fundamental de la República.

Esos Oples ya no organizan las elecciones, ni siquiera seleccionan y capacitan a los funcionarios de casilla, como tampoco, por tanto, reciben el voto. No fiscalizan el gasto de los partidos ni reciben las quejas sobre propaganda. Se les ha limitado a registrar candidatos y realizar los cómputos de las elecciones locales (sumatoria de datos de casilla), junto con algunos otros quehaceres también menores.

Además, las pocas funciones que se les han dejado a esos organismos electorales pueden ser parcial o totalmente trasladados al INE, hasta el grado de que todo el proceso quede a cargo de éste en exclusiva; o sea, en la práctica, puede el INE clausurar libremente cualquier Ople, como recién lo hizo en Puebla.

Pero eso no es lo peor. Los órganos rectores de los Oples son designados y removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y están sujetos a un reglamento aprobado por éste.

Por el lado de los tribunales electorales locales, sus integrantes son designados por el Senado de la República, como si fueran magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, casi todos sus fallos son recurribles ante éste, donde todo vuelve a empezar.

¿Esta estructura tiene algo que ver con el federalismo?

PRI, PAN y PRD pactaron esa aberración y la llevaron a la Constitución federal. Lo que le dejaron a los estados sólo son las cargas presupuestales. Nada más. Nuevo federalismo, sin duda.

¿Qué interés legítimo puede haber en mantener esta estructura electoral onerosa para las entidades federativas? Varios gobernadores ya no quieren seguir dando dinero a su Ople porque no es «suya».

El PRI y el PAN se dicen temerosos de que Morena se «apodere» de todo el andamiaje electoral nacional, es decir, que haga lo que ellos hicieron. Pero los Oples ya no cuentan prácticamente en dicho andamiaje, son vasallos del INE, pues sus titulares son colocados ahí por los consejeros electorales federales a través de negociaciones políticas.

El desaguisado legislativo que hicieron priistas y panistas en la última reforma pactada (2014) ha creado ahora una disyuntiva: devolver los organismos electorales a las entidades federativas, con toda la redundancia operativa y el dispendio que ello pudiera implicar, o convertir al INE en un completo instituto nacional. Lo que no se puede sostener es ese federalismo que nos han lanzado a la cara como una cínica falsificación.

El asunto no es menor. En la medida en que se mantengan los Oples como están ahora, se hará más difícil reformar al INE, pues éste tiene a su cargo, entre otras cosas, regir a dichos organismos electorales locales y decidir todo lo relacionado con los mismos.

Hemos tenido en los últimos años un Consejo General del INE con facultades prácticamente legislativas. No sólo designa a funcionarios de órganos autónomos (que no lo son más que en el enunciado), sino que también expide normas que deberían estar en una ley.

La cuestión es que ese Consejo General está dominado por dos partidos: PRI y PAN, que han designado a la mayoría de los consejeros electorales.

Luego, el presidente del PAN le planteó a Morena un «desafío», de esos que provocan hilaridad: que los cuatro consejeros que próximamente van a terminar sus respectivos periodos en el Consejo General (abril de 2020) no sean sustituidos por la Cámara de Diputados y que tal órgano de gobierno del INE se quede sólo con los siete restantes. Es decir, que se mantengan los designados por los partidos con anterioridad. Eso sería contrario a la ley vigente, pero el problema no sólo es ese, sino que con ese «desafío» se busca que nada cambie. El INE se antoja ideal para tal propósito porque es el paraíso del PRIAN: de los cuatro que terminarán su periodo, hay dos priistas, un panista y una aliada de ambos. Todo se conoce porque se ha visto.

Morena no quiere representarse en el INE como lo hicieron siempre otros partidos. Eso iría en contra del carácter independiente que debe tener la autoridad electoral. Pero, entonces, queda abierta la discusión sobre cómo garantizar que el andamiaje construido para organizar elecciones en el país sea totalmente profesional, independiente, confiable, austero y eficaz en el desempeño de su función.

Si no es posible lograrlo por ahora, lo será pronto, pero lo que no es admisible es la falsificación del federalismo ni la simulación política. Empecemos por llamar las cosas por su nombre y ubicar a cada cual en su verdadero lugar. Ni los Oples son de los estados ni el INE es imparcial e independiente.

El INE es ya viejo y tiene artritis

Algunos portavoces de las oposiciones dicen que Morena quiere eliminar a los organismos electorales de las entidades federativas y empezar a nombrar nuevos consejeros del INE con el fin de apoderarse de todo el andamiaje. Es fácil entender que piensan como antes y creen que los demás son como ellos eran.

Vale, entonces, empezar a poner los puntos sobre las íes. El INE cuenta con un órgano de gobierno que es el Consejo General, integrado por once personas designadas por la Cámara de Diputados. Casi todos los partidos han tenido y/o tienen uno o varios consejeros con voto porque negociaron los nombramientos. No es el caso de Morena, quien no tiene absolutamente a nadie, su registro es el más reciente entre los partidos que hoy están presentes en el INE. Mal haría, por tanto, como nuevo partido gobernante, en buscar la reproducción de los vicios del viejo sistema.

La existencia de un Consejo General con representantes virtuales de los partidos fue considerado necesario como instrumento de equilibrio y escenario de negociaciones entre los contendientes en sede administrativa electoral. Si acaso ese órgano fue alguna vez útil, ahora ya es innecesario: ningún partido debe tener agentes con voto en el INE.

Parte de la solución consiste en desaparecer el Consejo General y conformar la Junta General Ejecutiva como instancia exclusivamente técnica y profesional. Las autoridades electorales no deben ser políticos disfrazados sino especialistas imparciales.

La Junta tendría que seleccionarse, mediante concursos, entre los técnicos más capacitados y probos. Se acabaría así el reparto de lugares entre algunos partidos con los consiguientes compromisos que afectan la imparcialidad.

Además, es preciso señalar que la mayoría de los acuerdos del Consejo General sobre temas relevantes son resueltos finalmente en el Tribunal Electoral. Cualquier resolución o acción de los integrantes de la Junta o de toda ella como cuerpo colegiado seguiría siendo ventilada en sede jurisdiccional. Esto quiere decir que ya no es necesaria una instancia política para el supuesto diálogo entre los contendientes.

En este marco, resulta también innecesario que las entidades federativas cuenten con organismos electorales cuyos integrantes son ahora designados por los consejeros electorales del INE, los cuales a su vez negocian entre sí y en función de sus querencias partidistas. Los nombramientos de los miembros de los llamados Oples han sido eminentemente políticos y, por tanto, estrictamente negociados.

En el mismo sentido carece de trascendencia práctica la existencia de los tribunales locales electorales, cuyos magistrados son designados con el mismo sistema que opera para los magistrados federales y cuyas resoluciones siempre son recurridas ante el Tribunal Electoral.

El INE (antes IFE) es una institución que ha envejecido porque no ha logrado superar sus traumas de origen y sus artritis adquiridas. Una de estas es que los resultados completos se conocen hasta cuarto días después de la elección. México es uno de los países más lentos en esta materia. El INE da resultados calculados sobre una muestra de casillas a las 11 ó 12 de la noche pero sólo con porcentajes y con rangos de mínimo y máximo de más de tres puntos de diferencia, es decir, tira escopetazo pero no brinda información verificada.

Con frecuencia, el INE agrega detalles normativos en la víspera de la elección, rompiendo con ese principio constitucional de que las reglas sólo pueden cambiarse un año antes.

La majestad política con la que han sido investidos los consejeros y consejeras electorales les ha llevado con mucha frecuencia a legislar en la práctica, sentar criterios, dar cátedras, controvertirse con los partidos adversarios al suyo y favorecer al propio, rechazar toda clase de críticas, derrochar fondos en asuntos irrelevantes o personales. Recién han llegado al extremo de combatir en sedes judiciales la aplicación del artículo 127 de la Constitución que les impide ganar más que el presidente de la República, a pesar de haber protestado cumplir y hacer cumplir la Carta Magna.

Esas artritis no sólo son producto de las personas que tienen voto en la «Herradura de la Democracia», sino del carácter eminentemente político del órgano de dirección del INE.

En muchos otros países las autoridades electorales son exclusivamente técnicas, son discretas, no hacen o admiten debates y se encuentran sujetas a confiables controles jurisdiccionales. Los partidos pueden negociar lo que quieran y llegar a acuerdos, pero la autoridad es quien aplica las normas y da cuenta de sus actos, sin discursos ni mentiras.

Al tiempo de la desaparición del Consejo General, también habría que eliminar las 300 juntas distritales que casi no trabajan cuando no hay procesos electorales. En casi todo el mundo, los cuerpos ejecutivos distritales se integran cuando se acercan los comicios. A juzgar por el inmenso aparato electoral con el que cuenta México, aquí habría procesos electorales abiertos durante todos los días de todos los años.

Es preciso en paralelo avanzar hacia un registro que no sea electoral sino de las personas, ciudadanos y menores de edad. La CURP ya está integrada en el padrón, el cual seguiría existiendo y siendo supervisado por las autoridades electorales que lo usan para varios propósitos. Un organismo profesional independiente en sus decisiones  tendría que hacerse cargo del registro y de emitir la credencial de identificación plena para todo uso. La existencia de un padrón exclusivamente electoral fue algo necesario durante un tiempo pero ya no lo es.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, fue a la Cámara de Diputados, no propuso nada, pero habló de proposiciones «malintencionadas». No añadió más al respecto. Tal vez las anteriores sean vistas de esa forma. Como sea, entre los consejeros electorales predomina la idea de que todo va muy bien, por lo cual no surgirá de ahí ninguna plataforma de reformas para curar las artritis que padece el INE. Pero al menos esos consejeros no son quienes votan en el Congreso, sino que son de aquellos poderosos que no tuvieron que pasar por el tamiz del voto popular, pero tienen fuertes agarraderas en los partidos que los ungieron en el cargo. Eso sigue siendo preocupante por ser ancla del conservadurismo.

Habría que buscar, en cambio, un consenso político que permita un rejuvenecimiento, una actualización, una modernización del aparato electoral del país. El objetivo no debe ser el de disminuir gastos, los cuales ahora son inmensos e injustificados, sino contar con una autoridad que no juegue en el terreno de la lucha política y aprenda a hacer, ante todo, las cosas muy bien con probidad y austeridad.

España sobre el filo de la navaja

En varios países, incluido México, se ha recibido como un alivio el triunfo del Partido Socialista (PSOE) en España. Sin embargo, de momento, lo que ha ocurrido es el fracaso de las tres derechas que se encontraban en dura disputa entre ellas por acreditar mayor aptitud reaccionaria y, luego, unirse en un nuevo gobierno.

En realidad, el PSOE, con el 28.68% de la votación útil, aunque ha sido altamente beneficiado por el sistema de reparto de escaños, no rebasa con sus 123 diputados y diputadas la suma de las tres derechas que operan a nivel de todo el Estado español (147).

La mayoría del Congreso de los Diputados es de 176. El PSOE está lejos de esta cantidad. No obstante, ese partido ha manifestado que desea un gobierno monocolor, es decir, no busca una coalición de partidos. Quiere llevar a España a una vida política que se curse sobre el filo de la navaja.

Según un análisis entre grandes conglomerados ideológicos (en los tiempos en que ya no hay ideologías sino sólo técnicas, se dice), las izquierdas suman 48.53% de los votos válidos y las derechas alcanzan el 46.85, contando a todas las formaciones con presencia parlamentaria. En escaños, de un lado hay 187 y del otro 163.

El primer problema es que el PSOE y Unidas Podemos no alcanzan la mayoría absoluta, pues suman tan solo 165 de los mencionados 176 que se requieren para lograr un gobierno en primera votación. En una segunda vuelta, se podría tener un gobierno de minoría si acaso se obtuvieran más votos a favor que en contra, con lo cual los grupos parlamentarios que se abstuvieran podrían decidirlo todo, pero la derecha, sola, no podría detener la investidura de un gobierno de izquierda.

El segundo problema consiste en saber dónde están en la izquierda esos partidos valientes que desean un gobierno inestable (PSOE en solitario) frente a una derecha convergente que tendría más escaños que los socialistas.

Caminar por el filo de la navaja querría decir que un gobierno presidido por Pedro Sánchez (PSOE), sin coalición, podría estar en minoría en cualquier coyuntura, como le ocurría al de Mariano Rajoy y al mismo Sánchez, quien no podía siquiera sacar el presupuesto.

Los peores momentos políticos de España, bajo la democracia, han sido con gobiernos minoritarios. Nunca nada bueno ha salido de ese esquema.

Pero Pedro Sánchez tiene otra tesis. Él cree que puede gobernar con astucia, administrando a un conjunto abigarrado de grupos parlamentarios que, así como pueden converger pueden romper todo pacto. Esta equivocado.  Se sobreestima a sí mismo. No es cuestión de astucia. Hay un país en juego.

El esquema de Sánchez es algo así como un cesarismo o bonapartismo, que consiste en una confrontación política sin solución propia que arroja un poder equilibrador por encima de facciones. El líder del PSOE «no sería de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario»: un Luis Bonaparte que pasó de presidente a emperador. España es un «reino» pero no es para tanto.

El resultado de las elecciones no favorecerá a las izquierdas en tanto subsista su separación. No sólo existe el grave problema de los españoles y españolistas frente a los nacionalismos catalán y vasco (ERC y Bildu), con quienes se podría hacer una mayoría absoluta de izquierda con 184 escaños, sino también el del programa social de izquierda.

Como el PSOE en alianza con Podemos no llegaría a la mayoría, a cada paso debería negociar con otros, pero dentro del plano de la izquierda. Las cosas serían más adversas para España cuando el PSOE, como gobierno monocolor, tuviera que negociar todo con el Partido Popular o con Ciudadanos, dos derechas en competencia para ver cual es más reaccionaria. Esto último está incluido en el nefasto plan de Pedro Sánchez.

Existe entre las bases socialistas un repudio a negociar con Ciudadanos. Quizá eso se vaya diluyendo, pero de esa forma provocaría un vuelco a la derecha en el gobierno de Pedro Sánchez, lo cual sería por completo contrario al dictado de las urnas. Lo que perdieron las derechas en las elecciones sería recuperado con los actos de gobierno de los socialistas.

En el momento en que se abriera una coyuntura, el PSOE habría de ser defenestrado sin que las otras izquierdas pudieran salvarlo. Al final de ese proceso, una nueva elección contendría el riesgo de lo que ya se vio hace poco en Andalucía: un gobierno del PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, el partido más franquista.

Si Podemos no puede abstenerse gratuitamente en la segunda votación para formar gobierno, el voto en contra de aquellas tres derechas (PP, Cs y Vox) sería suficiente para impedir que Pedro Sánchez fuera investido. Habría otra elección, pero luego de un fracaso del PSOE, entendido quizá como incapacidad para sortear la abigarrada composición política española.

El camino de la unidad de las izquierdas, dos de ellas dentro del gobierno y las otras pequeñas en coexistencia constructiva, tampoco es fácil pero, al menos, abriría un camino de reformas sociales y políticas en una España que está hace ya tiempo sedienta de aguas nuevas.

El imposible diagnóstico sobre el PAN

La política panista de bloqueo a las iniciativas y conductas del actual gobierno no tiene nada de peculiar. Acción Nacional es un partido ubicado en la oposición, por lo cual es del todo normal que intente impedir o entorpecer la acción gubernamental.

Lo que ameritaría un diagnóstico es la crisis del PAN, pues, al oponerse, no exhibe sus propuestas alternativas. Sería sencillo suponer que ese partido carece de planteamientos vigentes, pero ese intento explicativo resultaría tan simple como inexacto.

Acción Nacional abrazó la política neoliberal con mayor rapidez que el PRI porque siempre fue un partido crítico del estatismo mexicano y del Estado social. El liberalismo católico en México no fue en casi nada un socialcristianismo y ni siquiera una democracia cristiana. La crítica panista a la falta de democracia se limitó al control del gobierno sobre los procesos electorales y a los fraudes. El PAN no es un partido democrático en la expresión clásica liberal, pero cuando se consolidaron los neoliberales priistas en el poder, el PAN proclamó su «victoria cultural».

Sin embargo, justo por lo anterior, se tendría que esperar que Acción Nacional reivindicara abiertamente su tendencia neoliberal y expusiera sus alternativas a las propuestas del nuevo gobierno. Pero no está ocurriendo así.

En el último trance legislativo, el PAN no quiso buscar un acuerdo sobre la reforma constitucional en materia de educación pública, pero, en lugar de señalar una orientación propia, se hundió en contradicciones y necedades sin un sentido político claro: acusó al proyecto de la mayoría de no contener absolutamente ningún cambio respecto del texto aún vigente (reforma de Peña Nieto que fue votada también por el PAN) pero, al mismo tiempo, repudió las derogaciones y las nuevas redacciones del texto constitucional.

La mayor acusación de los panistas en la Cámara de Diputados fue que Morena estaba engañando a los maestros y al pueblo porque en realidad no buscaba abrogar la reforma de 2013 sino mantenerla exactamente igual, como si ellos estuvieran repudiando lo que entonces apoyaron. Pero no. En contradicción con sus acusaciones, el PAN estuvo criticando que se suprimiera la evaluación de los maestros con fines de determinar la permanencia de éstos en la docencia, es decir, la llamada evaluación punitiva.

Así ha sido la conducta panista en casi todos los lances legislativos y en sus baterías críticas, sin que la dirección panista haga esfuerzo alguno para introducir concepciones programáticas coherentes.

Las ideas políticas neoliberales siguen siendo tan fuertes dentro de la sociedad como antes del triunfo de López Obrador. No obstante, sus principales exponentes, fuera de las grandes empresas, casi no se expresan con discursos consecuentes. El PAN es uno de esos organismos agazapados.

En el curso de la lucha política, el punto es si es posible actuar indefinidamente sin defender una plataforma completa, congruente, clara, sincera. Mientras esa situación siga presente en el PAN, este partido no podrá intentar salir de su crisis, debido a que se trata de una crisis de dirección provocada principalmente por la falta de definiciones programáticas. Es por ello que se hace imposible un diagnóstico que lleve a encontrar la medicina necesaria para curar los males del Partido Acción Nacional.

Este no es un problema en sí mismo, pues se trata tan solo de un partido, sino que la ausencia de oposición –hay que estar repitiéndolo—no puede más que generar un deterioro de las relaciones políticas del país. La confrontación puede encontrar un cauce democrático cuando es clara ante los ojos de la gente y los protagonistas son precisamente actores políticos formales y no solamente poderes o partidos informales.

He aquí lo complicado de la situación.

El desvanecimiento de la OEA

Los momentos más importantes de la historia de la Organización de Estados Americanos han estado vinculados a las órdenes impartidas por el gobierno de Estados Unidos. Se recordará, entre otros muchos, la expulsión de Cuba («incompatibilidad de regímenes sociales») y la ocupación militar para derrocar al gobierno constitucionalista de la República Dominicana.

Pero desde aquello que era dramático se ha llegado al ridículo inaudito: una organización de Estados admite como miembro del mismo al Poder Legislativo de un país. La idea de reconocer a Guaidó como Presidente de Venezuela fracasó cuando en la resolución se sustituyó el término República Bolivariana de Venezuela por Asamblea Nacional, es decir, que el país ya no es integrante de la organización sino sólo su Poder Legislativo. Fue Jamaica, el voto 18 que era indispensable para alcanzar la mayoría suficiente, quien introdujo la corrección.

La OEA es ya una organización en la que están en la mesa gobiernos y una asamblea de diputados. Dentro de poco, de seguro podrán ingresar con derechos plenos partidos políticos si acaso eso sirve para llevar a cabo planes intervencionistas.

Hay un tal Almagro, quien opera como Secretario General de la OEA, que se ha dedicado a combatir todo aquello que odia Donald Trump en el continente. Entre los dos están logrando lo que no se pudo antes: llevar a la OEA a su completo desvanecimiento.

Una organización de tan pobre perfil que llega a los extremos de promover golpes de Estado, ya se ubica un peldaño más abajo que cuando admitía los mismos con simpatía. Pero al designar por sí y ante sí al representante de un Estado soberano, como recurso político golpista, conduce las relaciones internacionales hemisféricas al extremo del colapso. En realidad, esa resolución carece por completo de efectos reales, como se dijo luego de la votación.

La OEA no ha sido un foro privilegiado de sus países miembros, pues casi todos ellos han creado instancias regionales para impulsar relaciones políticas y económicas de mucho mayor calado que el viejo «ministerio yanqui de colonias», como algunas veces le llamaba Fidel Castro.

El arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no fue lo que más aumentó la presión sobre la OEA. El mayor problema ha sido el conjunto de derrotas de las izquierdas en varios países. La llegada de gobiernos francamente derechistas en Argentina, Chile, Brasil, Perú y Ecuador ha llevado a la OEA a ser algo parecido a lo que era en los sesentas y setentas del siglo pasado.

México ha tenido históricamente una distancia de la OEA. Casi todos sus gobiernos fueron fríos en tanto que, por nacimiento y desempeño, esa organización estaba más cerca de la doctrina Monroe que de unas relaciones hemisféricas en pie de igualdad. El Estado mexicano nunca necesitó a la OEA,  por lo cual fue uno de los más alejados de la misma.

El embajador mexicano ante ese organismo, Jorge Lemónaco,  ha dicho que la afiliación de la Asamblea Nacional de Venezuela a la OEA es una victoria pírrica de algunos, es decir, que le ha costado demasiado a sus patrocinadores, para empezar, el más completo ridículo.

Nicolás Maduro quizá podrá caer, pero es más difícil que Juan Guaidó, el designado por Trump, llegue a ser realmente presidente. La crisis venezolana no es un fenómeno que afecte al hemisferio y mucho menos a las relaciones internacionales del mundo, como pretenden 50 gobiernos que quieren decidir la coyuntura en el país de Bolívar. Sin embargo, se encuentra sorprendentemente en la lista de conflictos mundiales.

En Europa occidental y central pocos han resistido los requerimientos de la Casa Blanca, pero acá, en América Latina, al menos existen todavía gobiernos con dignidad para negarse a intervenir en asuntos internos de otras naciones. México es uno de ellos.

Mientras, la OEA se ha desvanecido. En horabuena.