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El PRI ante la línea de “contención” impuesta por la extrema derecha

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se deslizó hasta convertirse en un partido de derecha, una más entre las varias que existen. No obstante, insistió durante años en ubicarse dentro de la socialdemocracia, ya cargada hacia el neoliberalismo, como integrante de la Internacional Socialista, de la cual sigue siendo miembro.

A pesar de haber sido un partido antidemocrático, represor y corrupto, el PRI sostuvo una política internacional de cierta independencia y una línea de separación respecto de las extremas derechas, en especial debido a su etapa antifascista y a la persistencia de la vieja rama reaccionaria y extremista del catolicismo dentro del país. Así, el PRI se distinguió por negarse a romper relaciones diplomáticas con Cuba (1962), cuando la OEA decretó la expulsión de la isla, pero sí lo hizo con el gobierno golpista, dictatorial y pro yanqui del general chileno Augusto Pinochet (1973). Antes de esto último, se había negado a formar parte de la cobertura política creada por EU, a través de la OEA, para justificar la invasión militar estadunidense en Santo Domingo (1965).

La tendencia más acusada del PRI hacia las derechas se produjo cuando se convirtió en parte del neoliberalismo, hace ya unos 40 años. Como esa corriente mundial tiene un carácter predominantemente socio-económico, podía compartir objetivos con regímenes como el de Pinochet, a pesar del insólito rompimiento con éste.

El neoliberalismo mexicano tenía que erosionar al viejo estatismo y, al mismo tiempo, como era lógico, al nacionalismo que en su origen ha sido atribuido a la Revolución Mexicana. Sin embargo, los sucesivos gobiernos priistas pasaron toda la Guerra Fría con un alineamiento discreto con Occidente, sin llegar a convertirse en portavoces del anticomunismo militante y manteniendo una abierta simpatía, aunque lejana, con los procesos emancipatorios anticolonialistas y antimperialistas.

Es recordable la posición del gobierno de México en los conflictos en Centroamérica, en los que jugó un relevante papel en contra del intervencionismo de Estados Unidos y en apoyo político a las izquierdas de Nicaragua y El Salvador.

El último gobierno priista no se condujo en función de los principios mexicanos de política exterior. El alineamiento del entonces presidente Enrique Peña Nieto en favor de la injerencia golpista de Estados Unidos en Venezuela fue un viraje demasiado contrastante y, por tanto, digno de ser analizado como parte de cambios dentro del priismo como corriente política. El PAN aplaudió con entusiasmo la capitulación mexicana.

Lo que al respecto se ha hecho recientemente tiene ya expresiones grotescas: la visita del presidente del PRI, Alejandro Moreno, por vez primera en la historia de ese partido y del país, a la oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos encargada de las relaciones con México, con el propósito de denunciar al gobierno mexicano por un supuesto financiamiento electoral procedente de organizaciones de narcotraficantes. Eso mismo lo había hecho el día anterior ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien se caracteriza por organizar alineamientos políticos intervencionistas y golpistas contra países de América Latina gobernados por fuerzas consideradas hostiles o indeseables por parte del gobierno de Estados Unidos. “Ministerio de colonias”, se le llamó a la OEA durante décadas, y lo sigue siendo.

El dirigente priista fue acompañado ciertamente por el presidente del Partido Acción Nacional y el de una de las sucursales de éste, pero eso no atenúa el significado de sus actuaciones, sino que le otorga una mayor gravedad, en tanto que se buscaba representar a la oposición mexicana en el papel de promotora de un franco injerencismo político, adverso a la independencia nacional y al principio de soberanía que contiene justamente la no injerencia de gobiernos extranjeros en la política interna de México. La ridiculez de dicha pretensión no elimina en absoluto su naturaleza ni la responsabilidad de sus autores.

La alianza del PRI con el PAN ha tenido sus costos al hacer depender las definiciones priistas de la opinión de la dirigencia panista, pero no sólo las de carácter meramente legislativo, sino también en el discurso priista, el cual se aleja cada vez más de planteamientos de carácter nacional y social.

El acercamiento de una parte del PAN al partido ultraderechista español Vox también puso en aprietos al aliado, es decir, al PRI, pues ha desvelado que esa unidad de acción abarca a un segmento claramente profascista. Nadie en la dirigencia priista se tomó la molestia de criticar la visita del líder de Vox al grupo senatorial de Acción Nacional y la firma en público de la llamada “Declaración de Madrid”.

El hecho de que las posiciones del PRI se definan dentro de una alianza con el PAN, el cual comprende a la extrema derecha, no sólo le resta independencia al priismo, sino que lo ubica dentro de esquemas relativamente nuevos, cargados más y más hacia la derecha, lo que incluye el racismo y el clasismo como manifestaciones culturales discriminatorias que denotan formas de opresión existentes.

Los dirigentes y legisladores priistas han perdido discurso propio para ir asumiendo como suyos ataques, calumnias e insultos contra el gobierno que profiere su aliado, el PAN, lo cual es también una forma de comportamiento muy ligado a esa manera de ser que tiene la extrema derecha.

La vieja política de proteger intereses económicos de grandes empresarios es una característica del PRI, pero otra cosa es arrimarse a posiciones francamente reaccionarias en lo social y en lo cultural. Se entiende que el PRI sea hostil a la política social de la 4T, pero no tanto por el esfuerzo de redistribuir una parte del ingreso, sino por la forma de hacerlo, por completo diferente al método político con el que se aplicaron los programas sociales priistas. Mas mucho peor resulta que el PRI defienda las fracasadas políticas del PAN, como el Seguro Popular y la privatización de partes del sistema de salud y de la seguridad social.

Ante el fracaso estrepitoso de la política de energía que implantó Peña Nieto de la mano del PAN, unos años después de que el PRI había rechazado parcialmente la propuesta de Felipe Calderón, lo menos que pudiera hacer la dirección priista sería admitir que ese no era un camino correcto para México en esa materia y formular, por tanto, un nuevo planteamiento. Sin embargo, todo es puro rechazo a las propuestas del gobierno actual, muy al estilo de la extrema derecha opositora.

La alianza del PRI con el PAN es, naturalmente, más benéfica para el segundo, pero no sólo porque ese tenga mayor fuerza electoral, sino porque cualquier arreglo de coalición fortalece las posiciones panistas, tal como se observó en la reciente elección de diputados y gobernadores. Lo peor ha sido tener que cargar con ciertas candidaturas que son hostiles al PRI, para, al final, perder de todas maneras.

Crear un frente de “contención”, como se le ha llamado a la alianza legislativa PAN-PRI, es por origen algo demasiado pobre para cualquier partido que pretenda seguir siendo una fuerza política. La oposición sin programa alternativo no es plenamente oposición, sino que ha surgido mutilada. Asumir por decisión propia el papel de tratar siempre de “contener” al gobierno no sólo enfatiza su función destructiva sino también conduce a una frustración tras otra.

Ahora, el frente de “contención” se va a centrar en las tres reformas constitucionales que ha anunciado el presidente de la República, apoyados en que hoy, como antes, la 4T carece de los dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Pero la unión opositora no es una propuesta en sí misma. ¿Carece el PRI de opción para la industria eléctrica, la seguridad pública y el sistema electoral? De todas formas, se haga lo que se haga, el PAN tratará de llevar al PRI al terreno de impedir que haya modificación alguna porque, para el actual panismo, todo cambio resulta inaceptable cuando es el gobierno quien lo propone.

Resalta mucho el recuerdo de que, cuando perdió el gobierno federal frente al PAN, el PRI no asumió la práctica de oposición colérica que ahora desempeña en ridícula imitación de la conducta de la extrema derecha frente a un gobierno de izquierda.

Llegado el momento de decidir la candidatura común a la Presidencia de la República, la mano correspondería al PAN por simple correlación de fuerzas, ya fuera la o el aspirante militante o francotirador. Eso lo sabe la dirigencia priista pero no se lo cuenta a nadie. La campaña electoral sería, en consecuencia, algo dominado por la derecha tradicional y, tal vez, por la extrema derecha, grotescamente contraria a todo lo que está haciendo la 4T, sin detenerse a analizar a cuantos millones estaría beneficiando la nueva política. La divisa de la acción electoral de los coligados sería la de ninguna concesión al Estado social, sin detenerse tampoco a calibrar la crisis mundial en la que se encuentra el neoliberalismo.

Una candidatura presidencial de “contención” sería desastrosa y esto lo ha de saber el PRI. ¿Tratar de quitar a la izquierda la Presidencia de la República para entregársela a la extrema derecha? Eso sería la puntilla para el priismo.

Corrupción, antidemocracia, represión y neoliberalismo, combinación de un pasado reciente

Toda síntesis es arriesgada e inexacta, pero es inevitable hacerla. Si a un opositor de antes, que luchó contra el Estado corrupto y en favor de la democracia política, que denunció y sufrió la represión, luego de lo cual levantó un programa político en contra del neoliberalismo, enfermedad mundial que golpeó con fuerza inusitada a México, se le preguntara qué es el pasado, pues lógicamente contestaría que todo aquello que ha criticado y tratado de cambiar.

Toda persona que busca el pensamiento crítico nunca debiera renunciar a tan alta cualidad, por lo que sería impropio pedirle que deje de examinar los hechos concretos. Por tanto, quienes advierten que los cambios actuales van en la dirección de superar aquel pasado considerado oprobioso, tienen a salvo su derecho de crítica y de réplica. La que no se explica de igual forma es la conducta que asumen algunos que, no obstante haber criticado desde la izquierda al viejo régimen, se ubican prácticamente en la oposición cuando justamente todos esos elementos del pasado empiezan a ser derruidos y se camina en pos de nuevos “modelos” de Estado y sociedad.

Los beneficiarios del régimen anterior añoran ese pasado y buscarían volver a aquellas condiciones que han empezado a cambiar. Pero, desde la izquierda, ¿es válido apoyar a aquellos que gobernaron antes y que ahora quieren volver?

Uno de los argumentos de esos disidentes estriba en negar que el gobierno de López Obrador sea de izquierda. Tienen una idea muy individual sobre el socialismo moderno como gran corriente internacional desde el siglo XVIII, que sigue existiendo a pesar de su diversidad y, aún más, de sus contradicciones y catástrofes.

La mayoría de esos progresistas o personas de la izquierda o del socialismo, como se quieran definir a sí mismos, no han manifestado el menor acuerdo con alguna de las líneas de la política gubernamental. Para ellos, todo es falso, incorrecto, engañoso o nefasto. Por tales motivos manifiestan coincidencias con la coalición opositora, “frente de contención” o como se quiera denominar al PRIAN.

Existe otra situación peculiar. Desde una sedicente e indefinida izquierda, esos opositores están fuera del debate nacional. No pocos de ellos escriben artículos y hasta opúsculos, pero no aciertan a definir un marco conceptual y mucho menos a realizar un análisis concreto. Sencillamente, salvan su alma, desprecian a la 4T y, de tal forma, pueden justificar, ante sí mismos, la causa de su propia inutilidad.

Ese territorio poblado de personas que toda su vida fueron de izquierda para terminar ahora simpatizando con la derecha política, es un lugar sin horizonte. Desde ahí, se piensa, podría volverse a vivir aquellos años que, al menos por ahora, ya quedaron atrás. Fueron momentos en los cuales era posible ser oportunista frente al gobierno priista o panista y, al mismo tiempo, ser crítico de esa combinación tan mexicana de corrupción, antidemocracia, represión y neoliberalismo. Ahora ya no, pues para ejercer aquella crítica sería indispensable romper de plano con los actuales representantes del viejo régimen.

Justo en el momento en que las herencias del pasado reciente son defenestradas desde un nuevo gobierno, algunos críticos de antes lanzan sus nuevas críticas contra la negación de lo mismo que criticaban. Las frases que escriben o pronuncian están más bien ligadas a que no les gusta el “estilo personal” del presidente de la República, como si ese hubiera sido alguna vez decisivo en la definición de la política gubernamental.

No es México el único país de América Latina en el que un gobierno de izquierdas es atacado por algunos que antes sostuvieron críticas de fondo de las políticas de las derechas. Hemos visto en Brasil, Argentina, Ecuador, entre otros, a grupos de secuaces o cómplices de los neoliberales en el marco de varias catástrofes políticas.

Hay que aclarar que aquí no tomo en cuenta a aquellos que, viniendo de la izquierda partidista, militan ahora orgánicamente en las filas de la oposición prianista, que son candidatos y vocingleros de consignas maledicentes de la alianza de las derechas y que, para oprobio histórico, utilizan las siglas construidas por la izquierda en momentos de tremenda confrontación. Estamos hablando ahora de quienes no se resbalaron por el tobogán de la corrupción, por lo que su conducta requiere buscar explicaciones o, al menos, descripciones de un fenómeno en el que gente de izquierda deja de serlo funcionalmente en el mejor momento de la corriente histórica en la que se formó.

Son personas de izquierda alineadas con la derecha, exponiendo su nueva posición como valladar frente a una supuesta vuelta al autoritarismo, a pesar de que no han aportado un sólo elemento concreto al respecto. Al asumir la versión de que México está al borde de una especie de dictadura bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, hacen suyo un novísimo espantajo de la derecha más reaccionaria. De esa forma, unos que antes cerraron filas con la izquierda en favor de la democracia política, se transfieren al otro bando político y social, en busca de rescatar una bandera que ahora carece de la significación que tuvo cuando se luchaba contra la prisión política y por los derechos ciudadanos de todos. Esa bandera no tiene ya la misma vigencia, pero no por ser enarbolada por la derecha, sino por ser producto de una mentira.

Dentro de unos meses se producirá en México un plebiscito revocatorio del mandato del presidente de la República, acto insólito de participación popular. De por sí, la cita de las urnas es una práctica generosa en el marco de la lucha política, pero también será un momento de definiciones y deslindes. Mucho aprenderá el país. Veremos hasta dónde y qué tanto pueden coincidir aquellos que durante años lucharon por superar el viejo régimen y en favor de transformaciones sociales y políticas.

La consulta decisoria

    Las democracias concursales han llegado al plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato a través de procesos de aguda lucha política. La consulta popular decisoria es, en sí misma, un instrumento para resolver confrontaciones dentro del sistema político de la Constitución.

El 27 de abril de 2011, cuando se aprobó originalmente en el Senado la reforma constitucional que abría en México la consulta popular, se dijo en todos los tonos que esa era una fórmula democrática y no violenta para resolver desavenencias críticas, confrontaciones de poder o conflictos agudos. Nunca se planteó como un ritual ni se incorporó a la ley fundamental como un derecho secundario. Llevada a todos los niveles, la consulta sería un mecanismo básico de la componente directa de la democracia mexicana.

El tema del quórum tuvo desde un principio una relevancia singular. No toda consulta es vinculante, es decir, obligatoria o decisoria, sino que se requiere un porcentaje de concurrencia a las urnas. En México se optó por el 40% del listado de electores porque la figura de la consulta se creó para ser efectuada el mismo día de las elecciones. Sin embargo, en 2019, con motivo de la reforma que instituyó la revocación de mandato y ante la norma de que las consultas pueden realizarse en cualquier año y no sólo en los comiciales, se les desligó expresamente del día electoral, al grado de ubicar su realización dos meses después. Este es un evidente defecto introducido con maña por los enemigos de la democracia directa que son minoría en el Congreso, pero tienen más de un tercio para bloquear reformas constitucionales.

No es lo mismo un 40% de quórum en un día de concurrencia comicial a otro cualquiera, como será el próximo 1o de agosto. La dificultad para proveer una concurrencia de 37 millones es en verdad inmensa, más aún cuando las oposiciones ignoran la consulta porque carecen de discurso frente a la misma, aunque en realidad no están de acuerdo con realizar consultas en general y mucho menos la próxima que es en contra de ellas como formaciones políticas.

El primer gran golpe a la nueva institución de consulta popular lo asestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al descalificar el pedido popular, presentado con suficiencia de firmas en dos simultáneos procedimientos, para votar en el año de 2015 la entonces reciente reforma constitucional sobre energía.

Por diez votos de un total de 11, la Suprema Corte consideró que el tema era de ingresos públicos, los cuales no están sujetos a consultas al igual que los gastos. El país entero entendía que la cuestión no era de ingresos sino de producción de energía. Igualar una cosa con la otra podría aplicarse para cualquier pedido de consulta que, de alguna manera, pudiera incidir en los ingresos o provocar algún gasto. La resolución jurisdiccional, adoptada el 30 de octubre de 2014, fue una burla a la nación y se encuentra grabada en los anales más oscuros de la Suprema Corte.

En verdad, ese tribunal se comportó en forma canallesca. Su criterio sobre el asunto fue fabricado a partir de una consigna directa del entonces presidente de la República, quien sabía que podía ganar el No y hacer rodar cuesta abajo su reforma. Casi todos en la Suprema Corte obedecieron, en uno de los actos de mayor sumisión en décadas de mansedumbre judicial.

La consulta sobre la reforma de energía hubiera sido también todo un éxito de democracia participativa, ya que era una ocasión para lograr la elevación del pueblo mexicano al grado de tomar decisiones sobre temas de enorme trascendencia. Entre un pueblo que elige y otro que también decide hay una diferencia esencial. De ese tamaño es este asunto.

La democracia concursal no deja de ser lo que es cuando se le incorpora la consulta popular. Las fuerzas políticas convencionales siguen determinando el escenario político porque dominan el poder del Estado, pero ya pueden irrumpir otros factores que no son propiamente parte del concurso político formalista y tradicional.

Lo que ha ocurrido en Chile es una clara muestra de ese fenómeno. En una votación popular se decidió convocar a un constituyente elegido en su totalidad directamente por el pueblo. El porcentaje de participación fue alto y se produjo una avalancha de votos en favor de la solución democrática de la crisis del modelo económico y del poder político que existe en ese país. Las posteriores elecciones de diputados a la asamblea constituyente confirmaron la intromisión de factores políticos nuevos, al margen del esquema dominante concursal que proviene de la caída de la dictadura, la cual, por cierto, fue producto de una consulta popular. Ahora, fueron atropelladas por la ciudadanía las dos fuerzas que habían disputado y alternado entre ellas durante 30 años.

La situación política de México, caracterizada por una aguda confrontación entre dos grandes fuerzas, la 4T y las oposiciones unidas, va a requerir el uso de mecanismos de participación política directa, a través de los cuales podrían dirimirse algunos graves conflictos. Por lo pronto, tendrá lugar el próximo año un procedimiento de revocación presidencial.

El camino de las consultas populares apenas se inicia.

Falacias

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ha vuelto a declarar que las críticas y ataques en contra de su administración son falacias (del latín fallacia: engaño; argumento que parece válido, pero no lo es). Los motivos de tan grave acusación son ahora algunos comentarios acerca de la conducta del INE frente a la consulta popular que deberá realizarse el próximo 1º de agosto.

Lorenzo Córdova ataca a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a quienes culpa de cometer omisiones, en concreto al no haber otorgado el respaldo financiero necesario para la consulta popular. Para definir de dónde procede la falacia y cuál es su motivo, es preciso repasar algo de lo que ha ocurrido durante varios años con el INE, en especial respecto de los recursos que le entrega la Federación.

Cada año, se envía al Poder Ejecutivo un proyecto de presupuesto del INE para el siguiente año, manufacturado por el grupo dominante de ese instituto con absoluta libertad y sin dar explicaciones a nadie. Como señala la Constitución, el presidente de la República lo integra al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y lo presenta a la Cámara de Diputados, tal cual y sin comentarios.

En números redondos y sin incluir el exagerado financiamiento a los partidos, para el año 2018 el INE solicitó 18 226 millones de pesos y se le autorizaron 17 426 (año de elecciones nacionales completas y muchas locales). En 2019, el pedido fue de 11 303 y se le aprobaron 10 397. Para 2020 se dijo que iba a requerir 12 493 y se le entregaron 11 421. Para 2021, año de elección de diputados federales, el requerimiento fue de 20 463 y se le admitieron 19 593.

En los últimos cuatro años no se han autorizado en la Cámara solicitudes de gasto del INE por unos 3 700 millones, pero no se observó nada anormal en su funcionamiento. Las negativas presupuestales señaladas y otras anteriores han provenido de legislaturas diferentes, con mayorías diversas, por lo que no corresponden todas al mismo partido.

El grupo dominante del INE envió un pedido, mediante un simple oficio, a la Cámara de Diputados, para un nuevo presupuesto por 1 500 millones, tendientes a cubrir los gastos de la consulta de agosto de 2021. Al respecto, hay que decir que el INE no tiene facultad para solicitar dinero directamente a la Cámara, sino que debe enviar sus pretensiones presupuestarias al Ejecutivo y éste trasladarlas, para su posible autorización, aunque, también, haciendo ajuste al PEF, pues toda disminución o aumento de egresos autorizados por el Legislativo debe contener su correspondiente repercusión en el presupuesto ya aprobado. El grupo dominante del INE nunca propuso a quiénes habría que reducirle esos 1 500 millones, no obstante recurrió a la Suprema Corte de Justicia para que obligara a los otros dos poderes a obsequiar su solicitud. Los ministros y las ministras emitieron una resolución negativa, “lisa y llana”, como a veces dicen en materia de amparo.

Hay que agregar que, en 2019, 2020 y 2021, el grupo que maneja el INE se negó a reconocer la vigencia del PEF en cuanto a sus propios sueldos. Recurrió a controversias ante la Suprema Corte, obtuvo sucesivas suspensiones, pero nunca se produjo ninguna sentencia, es decir, jamás se ha entrado al fondo del asunto en sede jurisdiccional. Cada año, caduca el presupuesto “suspendido” con esa vergonzosa maniobra y, quienes perciben más de lo autorizado por el Poder Legislativo, siguen imponiéndole a la nación su propio sueldo, como si fueran monarcas absolutos. Ya se sabe de sobra que la Constitución, en su artículo 127, señala que nadie puede recibir una remuneración mayor que la fijada para el presidente de la República en el PEF, pero en el INE existen 300 funcionarios que ganan más por su propia y soberana voluntad.

Lorenzo Córdova ha informado que tuvo que hacer “ahorros” por 500 millones de pesos para cubrir gastos relacionados con la consulta, “gracias a las políticas de eficiencia en el gasto del Instituto”. Si el gobierno les hubiera entregado los 1 500 millones que estaban pidiendo, ¿en qué hubieran gastado esos 500 millones, “ahorrados” gracias a la “eficiencia”, que ya no se habrían tenido que “ahorrar”?

El INE iba a gastar 1 500 millones, según dijo, pero también iba a reducir el número de casillas. Luego, el asunto se salda con 500 millones “ahorrados”, lo que hace pensar que, como cualquier proveedor privado de servicios, descuenta dos tercios en la factura, pero brinda solo la tercera parte del trabajo que se requería. Sin embargo, como desde el principio se afirmó en el INE que no era necesario instalar tantas casillas como en la elección federal, sino sólo una parte de ellas, un tercio, digamos, ¿dónde iban a ir los restantes mil millones, más los 500 ahorrados? Otra discusión consiste en si serán suficientes las casillas que se van a instalar. Lo veremos pronto.

En el Instituto Nacional Electoral ningún dinero alcanzaría para todo lo que se quiere gastar con o sin necesidad. El Estado mexicano creó un enorme aparato oneroso y poco eficaz, mediante acuerdos entre los partidos políticos, como pretendido instrumento que garantizara la equidad, legalidad y transparencia en los procesos electorales.

Las veces que la Cámara de Diputados no le ha autorizado la totalidad del dinero solicitado, el INE siempre ha tenido suficiencia y, además, se ha demostrado que, aún con menos presupuesto, hubiera logrado hacer esencialmente lo mismo. En el INE, el derroche siempre ha sido una de sus costumbres, una manera de repartir dinero.

El grupo de regidores del INE siempre ha dicho que la Cámara de Diputados le recorta el presupuesto. Sin embargo, no se le puede quitar a una entidad pública lo que nunca se le ha acreditado y ministrado. Lo que hace la Cámara es negar solicitudes groseramente exageradas y tratar de evitar los gastos más inflados que caracterizan al INE, empezando por los sueldos ahora inconstitucionales. Aún así, como lo demuestran los 500 millones que tenía Córdova debajo del colchón cuando estaba pidiendo 1 500, el INE sigue siendo dispendioso.

Esta situación contrasta con la ineficacia de una institución que jamás entrega resultados electorales completos y validados antes del cuarto día después de la jornada electoral. Medalla mundial al demérito.

En 2015, el jueves posterior a la elección (10:43 horas), cuando todavía existían conteos distritales en curso, el Sistema de Cómputos arrojó el 100.66 por ciento de casillas computadas, luego de lo cual hubo una lluvia de preguntas y protestas, pero sin que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, compareciera ante los medios para informar sobre lo que estaba ocurriendo con el mecanismo de computación nacional de votos. Algo también muy poco visto en el mundo.

Ese mismo año, cuando se tenía que inaugurar el nuevo sistema de control de gastos de los partidos, fue imposible hacerlo funcionar de acuerdo con la ley porque el contratista había resultado ser un defraudador y no diseñó el programa, sino que durante meses nomás estuvo cuenteándose a los cabecillas del grupo dominante del Instituto.

Es breve la historia del INE como órgano independiente (1996), pero sería muy laborioso escribirla, aunque fuera en versión preliminar. Son incontables las pifias, errores, fraudes, imposiciones, maniobras, chuecuras y abundantes falacias. En 2006, el IFE hizo un cómputo nacional de la elección presidencial que está reservado al Tribunal. En realidad, el IFE-INE carece de épica. Han sido tan sólo 25 años, pero cargados de acontecimientos dignos de ser relatados.

En muy pocos países el órgano electoral tiene un aparato relativamente tan grande. Al margen del sistema de registro de electores que es, en esencia, otra cosa, el INE cuenta con 333 órganos ejecutivos permanentes que funcionan a toda su capacidad sólo cada tres años. Esas juntas tienen direcciones redundantes, al grado de unificar organización y capacitación justo cuando hay comicios, es decir, cuando se acaban las vacaciones. Ni el Ejército está tan extendido. Bueno, ya ni la Guardia Nacional que apenas llegará este año a unos 250 cuarteles y esa sí que tiene que cubrir el territorio durante todo el año.

No existe el menor intento de inventar deficiencias o exagerar errores del INE. Nunca ha sido así. Lo que debe entenderse es que lo delicado de la tarea de administrar los procesos electorales provoca respuestas críticas inmediatas y enérgicas, mucho más cuando, como ahora, existe una especie de mafia burocrática que no discute con nadie y aplica las leyes sin criterio de justicia y de respeto a derechos ciudadanos, con el fin de beneficiar a sus amigos y combatir a sus críticos, entre los cuales destaca el gobierno desde el 1º de diciembre de 2018, pero no antes.

En los argumentos de esa mafia podemos encontrar la práctica de la falacia para atribuir validez a la mentira, como esa de los miles de millones dizque recortados que jamás tuvo el Instituto más que en los papeles de burócratas que, además, se asignan su propio sueldo a despecho de lo que marca la Carta Magna que prometieron respetar.

El INE debería ser un órgano del Estado regido por el profesionalismo, la legalidad y la imparcialidad, garante de derechos ciudadanos y humanos. Quien quiera participar en la lucha política, que se postule, que milite, pero que no convierta en instrumento a instituciones, como el INE, que tienen específico mandato constitucional, pues, al actuar de tal forma, se vive envuelto en falacias, es decir, en intentos incesantes de presentar como verdades sus propias mentiras.

Oculto debate sobre la consulta popular

La primera consulta popular basada en la Constitución, la que habrá de realizarse el 1º de agosto próximo, vive un oculto debate. Con algunas excepciones, quienes no la quieren, quienes la repudian, quienes la odian, no la pueden cuestionar, por lo que con frecuencia intentan ridiculizarla. El fondo del asunto es que a los reaccionarios (los que buscan volver atrás) no les favorecería combatir directamente el principio que anima la consulta, el cual consiste en que la gente decida, sino que, al aborrecer que el pueblo pudiera llegar a decidir, tienen que refugiarse en la proclamada inoperancia de las decisiones populares.

Unos se refugian en que la pregunta es enredada, pero ésa no la redactaron los convocantes sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que no se atreven, todavía, a combatir. Como no les conviene ir a reclamar a las y los ministros, entonces insinúan que el defectuoso texto de la consulta popular es culpa del gobierno. Pero eso no es lo relevante, pues se va a preguntar si los presidentes mexicanos y sus entornos deben seguir siendo impunes o si eso ya terminó y debemos empezar otra época, en la que no haya impunidad de los poderosos. En realidad, lo que se preguntará es lo más sencillo posible a la luz de tantas décadas de Estado corrupto.

No se puede realmente discutir el contenido verdadero de la pregunta porque los partidarios del No están evadiendo, por un lado, su contenido (por eso pretenden ridiculizarlo) y, por el otro, alegan su inoperancia al decir que el es inaplicable. Pero no están diciendo que la afirmativa es incorrecta o errónea, ya que saben de sobra que la inmensa mayoría de la ciudadanía repudia la inveterada impunidad del poder político.

Los reaccionarios no quieren entrar al debate porque saben que, si lo hicieran, de seguro lo perderían. Es mejor para ellos caminar por el lado de que no se alcance la concurrencia del 40% de la lista para convertir la mayoría en algo obligatorio para las autoridades. Así, sin discutir, sin abrirse a la confrontación de opiniones, los enemigos de la consulta están sobándose las manos para después proclamar su victoria con una presencia en las urnas que no alcance los 37 millones que se requieren. Ellos no irán a votar y pretenden arroparse en los millones que tampoco lo harán pero por muy diversos motivos. Por lo pronto, esos reaccionarios ya tienen “de su lado” a ese 40% que conforma el abstencionismo estructural mexicano, es decir, quienes nunca votan.

Los reaccionarios que se oponen a la consulta popular como método de gobierno y, en concreto, a la consulta del próximo 1º de agosto, no desean discutir nada y consideran que ya van en caballo de hacienda. Su hipocresía, por otro lado, es inigualable: defienden la tradicional impunidad del poder político, pero ésta no la necesitan defender, no tienen que llamar a votar por el No, pues ya tienen de por sí muchos ausentes, aunque no sean en absoluto seguidores suyos.

Más aun, ese nivel histórico de abstención en México es una manifestación de que la falta de canales de expresión popular decisoria. Los reaccionarios que denuestan la consulta pretenden nutrirse de la falta de participación del pueblo en la vida política del país. Pero este defecto proviene de ellos mismos, de su régimen antidemocrático, de la prepotencia del poder durante los años de su dominio, de la impunidad de los gobernantes impuestos y sostenidos por las derechas y sus socios.

La falta de debate sobre la consulta es un medio para que, al no presentar polarización de opiniones, la gente que rechaza la impunidad tenga menos incentivos para ir a votar. Es algo así como tratar de dejar sola a la 4T, la cual no sólo va a votar por el , sino que busca también sacar adelante el proyecto político de instituir y llevar a la práctica las consultas populares.

Como es de suyo entendible, los reaccionarios son portadores de lo más atrasado en materia política. Sueñan con su autoritarismo, cuando todo iba muy bien para ellos. Saben que las consultas populares son mecanismos subversivos que pueden poner en peligro los privilegios sociales de los que han gozado.

Veamos la actitud del PRIAN. No dice nada, sigue callado. No orienta a sus partidarios. No se pronuncia por el o por el No. Tampoco llama a ignorar la consulta. No se mueve, no respira; no vive, pues. Esto se llamaba, en los viejos términos, algo así como una actitud “ladina”.

Los medios de comunicación tradicionales, que son otra columna de los reaccionarios mexicanos del siglo XXI, tampoco llaman a no votar. Mucho menos podrían llamar a sufragar por el No, puesto que eso daría fuerza al Sí, al otorgar a la mayoría el porcentaje de concurrencia total que se requiere para hacer vinculante el veredicto de las urnas.

El vacío es la respuesta de una derecha sin discurso, más hipócrita que nunca, que defiende los viejos privilegios porque cree que puede recuperarse mediante sus propias campañas periodísticas, la suciedad de sus mentiras y el simple paso del tiempo, como si el cambio político que hemos vivido fuera un catarro.

De cualquier forma, millones irán a las urnas a pronunciarse contra la impunidad como sistema. Esa cantidad no la podría lograr para su propia causa la fuerza política reaccionaria del país. Con toda probabilidad, habrá, por tanto, una mayoría ciudadana por el .

Votar en la consulta popular es obligatorio y necesario

Según el artículo 36.III de la Constitución, además de votar en las elecciones, es obligación ciudadana participar en los procesos de consulta y de revocación de mandato.

El artículo 38.I de la Constitución señala que “la falta de cumplimiento” de esas obligaciones es causal de “suspensión de derechos ciudadanos. Siempre se ha dicho por equivocación que no hay sanción por no ir a votar sin causa justificada. En realidad, lo que no ha habido es la decisión de castigar, de seguro por lo imposible que resulta abarcar a la mitad de la ciudadanía. Pero, lo de fondo consiste en que votar sí es una obligación ciudadana, incluyendo hacerlo en la consulta popular.

Mas la relevancia de la consulta convocada por el Congreso, que se realizará el 1º de agosto del presente año, no estriba en su carácter formalmente obligatorio.

Se trata de la convocatoria a otorgar un mandato popular para romper con una de las peores tradiciones políticas: la impunidad administrativa y penal del presidente y su círculo.

Un periodista me preguntó hace días que si la Fiscalía General de la República (FGR) requería una consulta para investigar y perseguir. Le respondí que no, que es la ciudadanía la que necesita presionar al fiscal, a jueces e, incluso, al gobierno (como posible denunciante) para que se enderecen las chuecuras del pasado con las que los políticos gozaron de impunidad. Se trata, en síntesis, de hacer vinculante (de obligado acatamiento) la exigencia de aplicación de las leyes y eliminación de abusos de poder.

En México, este pronunciamiento popular tendría una trascendencia extraordinaria debido a que se ha padecido un Estado corrupto desde los años cincuenta del siglo XX, el cual siempre fue denunciado pero, en lugar de declinar, se fue profundizando. La corrupción se incorporó a la forma de gobernar, primero, y, después, a todo el funcionamiento del Estado.

También fueron represivos los sucesivos gobiernos durante 60 años. Sus jefes ordenaron en varias ocasiones disparar contra personas que ejercían pacíficamente sus derechos. No sólo hicieron matanzas en actos públicos, sino también torturas, ejecuciones y desapariciones contra personas en forma individual: demandantes, opositores y críticos.

La consulta popular sobre los expresidentes y sus entornos cercanos no es ociosa ni demagógica. Es parte de una larga lucha en la que se ha pugnado en favor de que se declare que esa época va de salida y el Estado, como un todo, va a tener que asumir el encargo popular de ajustar cuentas.

No se busca ver en la cárcel a funcionarios de antes o de ahora, aunque tampoco se repudia la prisión como castigo. Lo importante es que se abran procedimientos que pongan las cosas en claro, que muestren, más allá de rumores y conjeturas, hechos ilícitos trascendentes efectivamente ocurridos dentro del poder.

La consulta del 1º de agosto es un acto político en el pleno sentido del término, es decir, la expresión de la “polis”, el pueblo, ante al poder. Los encargados del Ejecutivo y los legisladores nunca se habían preocupado por preguntar algo a la gente, a la “polis”, sino por interpretarla a su manera para gobernar y dictar leyes. Tiene que haber un momento en el que se rompa esa tradición, a propósito de repudiar lo más lacerante, sangriento y humillante que hemos tenido: el Estado corrupto y el Estado represivo. De esto se trata la consulta popular.

Los opositores no concurrirán. No son capaces de confesar que están por el No. Quieren salir “por peteneras”, descalificar el sentido y la validez de la consulta, buscando que no alcance el quórum suficiente que es del 40% del listado de electores, unos 37 millones, cantidad mucho mayor que la obtenida por López Obrador en 2018.

No será fácil llegar a esa cantidad de votantes. De cualquier forma, con el voto ausente de todas las oposiciones, unidas ahora casi por entero en el PRIAN, más el abstencionismo político, llamado estructural y persistente, el posible resultado de la consulta es todo un enigma, más aún cuando mucha gente desconoce su realización.

De entre quienes concurran, de seguro que una apabullante mayoría dirá . Con una participación, aun menor al 40% de la lista de electores, habrá un dictado popular: abajo el Estado corrupto; abajo el Estado represivo. Esta es una gran lucha, protagonizada por sucesivas generaciones. Seguiremos.

El INE vs. el derecho a ser elegido

La Constitución confiere a la ciudadanía mexicana el derecho de “poder ser votada… para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley” (Art. 35.II). Este principio proviene del siglo XIX y ha sido el eje conductor del sistema de democracia concursal liberal que ha predominado en el mundo. Pocas veces una autoridad electoral legalmente constituida se ha atrevido a desconocerlo en forma brutal.

El Instituto Nacional Electoral lo ha hecho con una mayoría de seis de sus 11 integrantes. El Tribunal Electoral no se atrevió a rechazar tal pretensión, pero tampoco a convalidarla abiertamente sino en forma vergonzante.

No dar registro es posible si es legal, es decir, si el o la aspirante no cumplen con “las calidades” establecidas para asumir el encargo. Quitar el registro en sala judicial a una persona que ostente constancia de mayoría, también es posible si se demuestra que carece de alguna de las calidades que señala la ley. Pero el grupo que manipula al INE no se apegó al principio de legalidad y mucho menos respetó la Constitución.

No es tan importante a estas alturas el daño personal que le hubieran causado a las y los candidatos, aunque fue posible presumir odio o repulsa en vías de discriminación. Las sustituciones de las candidaturas se hicieron a la carrera y afectaron al partido que se quería obstaculizar, pero eso también ya pasó.

Los municipios, distritos o estados donde el INE operó para descartar a algún candidato ya eligieron y, por lo regular, la mayoría fue obtenida por el partido que era favorito antes de las cancelaciones de candidaturas.

Sin embargo, la cuestión estriba en dos puntos que siguen siendo relevantes. Primero, ya se había otorgado el registro sin que hubiera recurso ante autoridad judicial. Segundo, el precepto que autoriza al INE a retirar la candidatura una vez admitida es inconstitucional y, por tanto, no debió haberse aplicado. Tercero, los motivos del retiro de las candidaturas eran pretextos, a veces burdos, de una autoridad parcial porque fueron casi siempre tiros de precisión.

Lo que sigue y seguirá presente en la vida política de México es que el órgano electoral nacional y el tribunal garante de la legalidad, obligados a observar el principio de constitucionalidad en los actos y resoluciones electorales, como lo señala el artículo 41 de la Carta Magna, hicieron uso del poder que les ha confiado el Congreso para aplastar el derecho al voto pasivo de personas que reunían las calidades requeridas por la ley.

No existe diferencia práctica entre la invención de un proceso penal en contra de un o una aspirante y la cancelación inconstitucional de una candidatura ya registrada, pero los medios usados y el momento en que se realiza la acción sí los hace distintos. En el primero caso se realiza la maniobra en forma de juicio en el plano de la lucha política y se puede responder en ese mismo contexto con la protesta y la movilización popular; esto es algo como el desafuero de López Obrador para impedir su candidatura en el año 2006. En el segundo caso, lo que se tiene es una decisión también política, pero burocrática y súbita, pasada de manos en un órgano judicial con semejante orientación, adoptada desde la frialdad del abuso de autoridad.

Antes, se había impedido el registro de precandidatos por no entregar informe financiero, pero eso caía en otra figura constitucional, relacionada con el derecho de los partidos de solicitar el registro de sus candidatos. Cuando ya se es candidato o candidata se adopta un estatus constitucional diferente, ya se está en el ejercicio formal del derecho de ser elegido y, por tanto, para cancelar el registro se requeriría un procedimiento de juicio, siempre que la Constitución así lo señalara o diera pie para su realización, tal como ocurre cuando un tribunal retira a un candidato o le revoca la constancia de mayoría por no cumplir las calidades de ley. Cancelar un registro legalmente concedido es como suspender derechos ciudadanos, lo cual, ya se ha dicho mucho, no puede hacerse más que en tribunales y mediante una causa formal llevada con todas las garantías procesales. Esto es así en el sonado caso de la candidata panista en Chihuahua que ha obtenido la mayoría de votos y que será gobernadora a pesar de estar sujeta a un proceso penal, pero dentro del cual o en otro cualquiera no se le han suspendido sus derechos de ciudadanía.

Pedir permiso al INE para sostener ciertas candidaturas cuestionadas por algunos consejeros electorales es lo que se implica finalmente, con el agravante de que el Tribunal devolvió el asunto para no mancharse y salió ensuciado por pusilánime.

Lo que ha hecho el INE con la complicidad del Trife tiene muy pocos antecedentes. A partir de ahora, ningún candidato o candidata puede hacer con normalidad su campaña, pues cualquiera puede ser despedido como tal, en cualquier momento, mediante un papel exhibido en sede administrativa, aunque el hecho que lo motiva pueda ser por completo desconocido por la persona invalidada. En el fondo, de lo que se trata es de disolver en una estructura burocrática, devenida en instrumento de rencillas y confrontaciones políticas, el principio constitucional de poder ser votado por el pueblo en las elecciones.

Es tan fuerte el golpe a la democracia concursal, por entero formalista, que mientras el grupo encabezado por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama (ahora ya sin los otros dos mafiosos que eran Marco Antonio Baños y Benito Nacif) continúe en el timón del aparato y del órgano de gobierno del INE, no podrá haber plena vigencia de los principios de independencia e imparcialidad de una de las instituciones básicas del pacto, precisamente concursal, que se firmó cuando el viejo sistema tuvo que dar paso a la legalización de otros partidos y, tiempo después, a la creación de un aparato no directamente gubernamental para hacerse cargo de los procesos electorales. A fin de cuentas, lo que predominó en el IFE-INE fue el esquema PRIAN, profundizado a partir del año de 2003.

Lo que han hecho en el INE con motivo de la desaparición forzada de candidaturas legales es equivalente a los fraudes electorales del pasado, aunque por fortuna sin la trascendencia inmediata de estos. Es claro que ni siquiera pudieron cambiar la orientación de partido del electorado mayoritario en Michoacán y Guerrero, aunque, evidentemente, lo intentaron.

El INE nunca ha sido verdaderamente imparcial, sino que ha asumido una apariencia. La vieja forma en que se designaban a los y las integrantes del Consejo General es una de las causas directas de la parcialidad siempre presente. Ni siquiera se respetaba, hasta el 2020, la legislación en su pura forma. Los consejeros en su mayoría representaban a algún partido: un fraude a la Constitución.

Las dos grandes multas impuestas por el IFE fueron ejecutadas después de años de jaloneos y escándalos, una por mil millones al PRI y otra por cerca de 400 millones al PAN. En ese año 2000, el partido que ganó hizo uso de recursos ilícitos, pero también el que perdió en segundo lugar. No se abrió, por lo demás, ningún proceso penal. Así se produjo la “alternancia”, de lo que deberíamos estar por siempre agradecidos al Instituto, según se ha postulado durante años. Ahora, se le reclama a Morena su rijosidad con el INE y, para contrariar a ese partido, se le echa en cara que su triunfo en 2018 se debió a la conducta del Instituto Nacional Electoral. Así que, según los defensores de la mafia que aún predomina en el INE, el voto sigue sin valer pues sólo es efectiva la autoridad electoral.

Los partidos de oposición estuvieron de acuerdo con la cancelación de algunas candidaturas, muy escogidas, porque, por un lado, les convenía de momento, y, por el otro, confían en que la composición del INE no cambie, al menos antes de dos años, para que a nadie se le vaya a ocurrir cancelarles a ellos alguna candidatura a gobernador mediante la misma transgresión constitucional.

La utilización facciosa del órgano electoral, en cualquier país, es de consecuencias inmediatas. Eso no se permite. En México, ya en una ocasión fue removido todo el Consejo General, encabezado por un tal Luis Carlos Ugalde, por disposición del Congreso, dentro de una reforma de carácter constitucional. Pero, después de fraude consumado, ¿ya para qué?, preguntaron algunos. Se trataba de conformar un nuevo órgano imparcial con nuevas normas, sin embargo, volvió a fallar el intento.

Más allá de sus relaciones con el grupo mafioso del INE, a los partidos que van a seguir existiendo y actuando en la lucha política, les convendría un replanteamiento completo de la autoridad administrativa electoral, su forma de integración, su estructura y algunas de sus funciones, para dejar atrás el esquema de institución política de pretendida sapiencia académica, en la que supuestamente debía asentarse su independencia e imparcialidad.

Como gran conglomerado burocrático, el INE actual no es necesario sino oneroso. Se requiere un órgano técnico imparcial, eficaz y eficiente, y con tamaño exacto para cumplir sus funciones permanentes. Un simple ejemplo de ineficiencia: hasta hoy, jamás hemos tenido resultados completos en la noche del día difícil, es decir, el de la elección, sino hasta cuatro días más tarde. Aquí también se podría lograr lo que, sencillamente, ocurre en tantos países.

Tendría que haber una refundación institucional, para que nunca jamás la autoridad electoral pueda escupir impunemente al rostro de la Carta Fundamental.

Victoria de los maldecidos

El resultado nacional de las elecciones del 6 de junio otorga una victoria a la 4T. A pesar del alto grado de unidad de casi todas las oposiciones (PAN, PRI et. al.), éstas no pudieron obtener la mayoría electoral más que en 109 de los 300 distritos electorales del país y en dos estados de los 15 en disputa.

La unidad del PRIAN ha sido un fracaso debido a que quedó lejos de alcanzar el objetivo que ella misma se asignó: ganar los estados con elección de gobierno y alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados, a partir de lograr el mayor número de distritos uninominales.

La actual mayoría parlamentaria pasará de tener 313 curules a contar con unas 279, de un total de 500. El PRIAN pasará de 146 asientos a unos 197 en la próxima legislatura. Con las curules de Movimiento Ciudadano (24), la oposición gozará de un “frente de contención”, como se autodefinen los opositores, con una minoría de 221, suficiente para abrir el diálogo, si es que ahora, por fin, lo decide, lo cual en verdad está por verse. La unidad sí les rindió frutos, pero no es lo que buscaban: fallaron.

Ahora bien, no todo son fanfarrias para la 4T. La victoria de la coalición Juntos Hacemos Historia (JHH) también se debe a su concentración electoral, es decir, con un porcentaje semejante de votos que el PRIAN, la 4T alcanza la mayoría parlamentaria y pasa a contar con una mayoría de gubernaturas.

El mayor problema imprevisto de la 4T ha sido la región centro-poniente del Valle de México y algunas zonas metropolitanas como la de Puebla. Ha sido en tales lugares donde dio mayores resultados la opción PRIAN. Por una parte, Morena perdió electores que, aunque no iban a votar por la oposición, sencillamente no quisieron votar. Por otra parte, existe una franja del electorado que no es propiamente de derecha, sabe usar su voto contra el gobierno y lo usó. Quienes se abstuvieron críticamente, como quienes cambiaron el voto por el PRIAN, especialmente en favor del PAN que creció en términos absolutos, no son en sí mismos suficientes para ganar una elección, pero en este momento fueron la franja decisiva.

La alianza opositora es muy fuerte, tiene caudales electorales que vienen de mucho tiempo y en algunos lugares sigue siendo funcional el clientelismo focalizado, preferido por el PRI y el PAN durante décadas. Cuenta con medios de comunicación y se beneficia de las permanentes campañas de engaños y calumnias. Tiene de su lado, finalmente, la tradición ideológica de clasismo, privilegios y corrupciones.

Además, la 4T ya agotó el sistema de un solo vocero, el presidente de la República, debido a que desde hace algún tiempo es preciso comunicar con más detalles sobre cada tema y eso no lo puede hacer por completo una sola persona durante dos horas diarias. La difusión y réplica de la 4T necesita refuerzos. Son tan fuertes las arremetidas noticiosas y editoriales contra el gobierno de la 4T, que ya es hora de que ésta, como un todo, intensifique el contrataque cotidiano, aunque eso signifique correr los riesgos del alargamiento del frente de batalla. Asimismo, debe ir mucho más a fondo en las explicaciones de lo que se está haciendo desde el gobierno y el Congreso.

La poderosa fuerza opositora del PRIAN perdió de vista que Morena era la oposición en los estados gobernados por los viejos partidos. En 10 entidades, la 4T arrebató el gobierno al PRIAN. En otra más, refrendó su mayoría. En dos estados hubo una nueva especie de candidato independiente, arropado por un partido político (PVEM-PT en San Luis y MC en Nuevo León). El PRI perdió todo. El PAN fue removido en dos de las 4 entidades que gobernaba. Michoacán se inoculó de una especie de peste política. Morena será quien gobierne la mitad de los estados. Se ha producido un cambio en la estructura de los poderes locales.

De 32 gubernaturas, Morena tendrá ahora 17; PAN, 8; PRI, 4; las otras tres están adscritas al MC, con dos, y una al PVEM. Se abre una relación de fuerzas en el plano regional. La 4T ha salido victoriosa, a pesar de que perdió 6 alcaldías que gobernaba en la Ciudad de México y 11 distritos electorales federales, así como la mayoría en el Congreso local. Este golpe no es menor.

En cuanto a los congresos, Morena tendrá mayoría en 18, mientras el PAN en 7 y el PRI en uno solo, al igual que el MC, mientras en 5 no hay mayoría partidista. Tamaulipas es tal vez una relevante pérdida del PAN (no tuvo alianza con el PRI), tanto por el problema que enfrenta el hasta ahora gobernador, quien ya no tendrá mayoría en la legislatura, como porque tuvo pérdidas mayores en el ámbito de los municipios.

Los maldecidos por las oposiciones políticas, empresariales y mediáticas han salido victoriosos, pero no sólo por haber obtenido la mayoría en la Cámara de Diputados y ganado casi todas las gubernaturas en disputa, sino porque fracasó en lo fundamental la política conocida como PRIAN, la unión de los dos partidos tradicionales que han gobernado antes, los portadores del pasado. Era tan seductora esa política ante los ojos de los poderes fácticos y gran parte de la subsistente clase política de antes, que realmente llegó a entusiasmar a muchos, mientras algunos daban ya por consumada la gran empresa de arrebatar la Cámara a la 4T.

Los maldecidos siguen aquí y durante tres años más seguirán siendo maldecidos por unos, aunque bendecidos por otros. Así es la lucha política de los tiempos actuales en México, lucha desenfrenada de intereses.

Límites del poder y de la libertad

Cuando el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo suspendió en el año 2006 los espots de Vicente Fox, pagados por la Presidencia o difundidos en tiempos oficiales, debido a que contenían programas sociales del gobierno, nadie pudo defender al entonces presidente, con excepción de su partido, el PAN. La ley era concluyente en cuanto a la prohibición de hacer propaganda personalizada (con mención o con la imagen del funcionario), patrocinada por el gobierno.

Se dijo entonces que el ministro Gudiño era el único que en la historia había callado a un presidente. Sí, es verdad, pero no le calló en general, sino sólo le canceló su costosa barra propagandística en radio y televisión, es decir, su propaganda sufragada con fondos federales, que era y es lo prohibido. Fox siguió hablando y diciendo lo que se le ocurría, para que, luego, su vocero tuviera que explicar lo que había querido decir el mandatario. Pero, espots ya no hubo, por decisión de un solo ministro, quien fungía como instructor en la controversia interpuesta por la Cámara de Diputados: cuando Gudiño la admitió, él mismo resolvió en seguida y sin titubeo alguno la suspensión solicitada.

¿El IFE? No era necesario porque sólo hubiera estorbado para el propósito que se buscaba. La ley tenía años prohibiendo a los servidores públicos hacer propaganda personalizada con los programas sociales, pero muchos actuaban con impunidad, hasta que en la Cámara se logró un acuerdo para ir a la Suprema Corte, con la buena suerte de encontrarnos ahí con Gudiño Pelayo en el correspondiente turno.

Luego de la violación de la ley por parte de Vicente Fox y de la suspensión ordenada por el ministro Gudiño, como consecuencia de la cruda moral nacional del fraude multifacético de Felipe Calderón en el 2006, ejecutado con la colaboración del binomio IFE-TEPJF, se modificó otra vez la Constitución en varios aspectos. Además de poner en la calle a los integrantes del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, se llevaron a cabo importantes reformas, entre ellas, la prohibición total de contratar propaganda electoral en radio y televisión por parte de personas físicas y morales. Aquel paquete de adiciones incluyó los últimos tres párrafos del artículo 134 de la Constitución (13.11.2007). Veamos.

“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos” (énfasis añadido).

Si no fuera por el uso convenenciero que se le ha dado a este precepto, no se haría necesario subrayar que se trata del gasto público, el cual debe “aplicarse” con imparcialidad sin sesgos partidistas, y que tal disposición es vigente “en todo tiempo, no sólo durante los procesos electorales.

El siguiente párrafo dice: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que implique promoción personalizada de cualquier servidor público” (énfasis añadido).

La propaganda personalizada, como vimos, ya estaba prohibida en la ley, pero sólo en lo referente a los programas sociales.

El último párrafo del artículo 134 de la Constitución señala que las leyes, todas ellas, las federales y las locales, deben garantizar el “estricto cumplimiento” de los dos párrafos anteriores, señalando las sanciones “a que haya lugar”. Sin embargo, las sanciones no están señaladas en la legislación, sino que, declarada la infracción, debe remitirse al “superior jerárquico”, que por lo regular resulta ser quien impartió antes las órdenes para el uso de recursos públicos en las campañas electorales y la difusión de propaganda pagada en los medios de comunicación. Hasta ahora, casi todo al respecto ha sido un desastre, por no decir que llegó a predominar el fraude bien organizado a la Constitución, con la entusiasta colaboración de la autoridad electoral.

Cuando la Carta Magna se refiere en su artículo 134 a la “propaganda que difundan como tales los poderes públicos”, alude actos organizados, mensajes elaborados e instrumentos definidos en cualquier clase de medio de comunicación, gacetilla incluida. Las expresiones de los diputados y senadores en sus respectivas cámaras, así como en declaraciones y conferencias de prensa, etc., no podrían considerase como actos de propaganda oficial, independientemente de su contenido. Lo mismo podría decirse de los pronunciamientos de ministros, magistrados y jueces. Así también, las declaraciones directas, boletines de prensa, entrevistas o respuestas de los servidores públicos del Poder Ejecutivo no constituyen propaganda oficial, es decir, sufragada por el Estado, por lo que sería indebido integrarlos al concepto de “propaganda personalizada”, aquella que ya estaba prohibida en la ley de la materia en relación con los programas sociales y que violó Vicente Fox mediante la difusión de espots propagandísticos pregrabados y reproducidos en radio y televisión por cuenta del erario.

Queda claro entonces que siempre está prohibida la propaganda personalizada y que ésta se refiere a instrumentos precisos, predeterminados y pagados de difusión, pero en forma alguna a toda manifestación de ideas de los servidores públicos.

Ahora bien, el artículo 41 en su Apartado C suspende, durante el tiempo de campaña electoral, la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental de los poderes federales y locales, así como de todo otro ente público. Excepciones: campañas informativas de las autoridades electorales, servicios educativos, salud y protección civil.

Si el concepto de propaganda del artículo 42 es el mismo que el del artículo 134, es sencillo definir que se trata de mensajes predeterminados, continuos y patrocinados en medios de comunicación mediante contrato. Como es entendible, no estamos hablando, por ejemplo, de conferencias de prensa y coloquios para responder o criticar al gobierno en los que participa con frecuencia, aun en tiempos electorales, el consejero presidente del INE, organismo éste que también tiene prohibido hacer propaganda personalizada. Cada cual tiene derecho a decir lo que quiera, pero sin patrocinio público. Así está la norma.

Ahora bien, el artículo 7º de la Constitución comprende un concepto que se considera como un derecho humano, es decir, no es una regulación administrativa: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.” Esta “inviolable libertad” fue introducida en el año de 2013, en relación con toda difusión de “opiniones, informaciones e ideas, a través de cualquier medio”, ampliando así la libertad original de “escribir y publicar escritos”, la cual resultaba estrecha ante el desarrollo de los medios electrónicos. El precepto tiene mayores alcances, pero para el propósito del presente texto debe concluirse que es parte del capítulo primero de la Constitución: “De los derechos humanos y sus garantías”.

Las limitaciones contenidas de los artículos 134 y 42 de la Constitución se refieren a entidades y servidores públicos. Son limitaciones administrativas, pautas de comportamiento del Estado. Es evidente que si un funcionario declara algo y paga una gacetilla para difundir su mensaje, en realidad está actuando ilegalmente como parte de un ente público, en ejercicio de sus capacidades administrativas. Varios gobernadores lo siguen haciendo con frecuencia: actúan fuera de la ley sin que haya autoridad que intente impedirlo; el IFE-INE siempre se ha rehusado a hacerlo. Quizá necesitemos otro Gudiño Pelayo.

Un problema complicado surge con aquella información que se debe tener a disposición del público a través de los instrumentos propios de la oficina correspondiente, que incluye lo que los funcionarios dicen en público durante su desempeño. Si esto no se difunde desde su origen y en el medio oficial propio, cualquiera puede reclamar su publicidad conforme al artículo 6º de la Constitución, el cual fija la garantía de este derecho en el “principio de máxima publicidad”.

Ahora bien, todo gobernante tiene el deber político de no atribuir los programas sociales y las inversiones públicas a su persona, aun cuando no lo haga a través de mensajes institucionales patrocinados. Al mismo tiempo, administradores y legisladores también tienen el deber político de explicar y defender su política de gasto y los actos conducentes.

Así mismo, todo gobernante tendría que abstenerse de hacer propaganda electoral directa a favor o en contra de un partido o candidato, pero no porque la ley lo obligue actualmente, sino porque se trata de una regla no escrita, aunque en su origen la impuso el poder que movía todo y escondía la cara: patrocinaba campañas con fondos públicos, pero no llamaba a votar abiertamente por sus candidatos.

Se dice que México debe construir una democracia “avanzada”, etc., etc., pero que, por lo pronto, el presidente no debe tener espacio para opinar sobre temas electorales. En casi todos los demás países es normal que los gobernantes llamen a votar por los candidatos de su partido, acudan a actos electorales e intervengan en debates. En Estados Unidos se llega al extremo de que el presidente usa los recursos materiales y humanos que tiene a su disposición para estar físicamente presente en las campañas electorales, mucho más cuando él mismo es candidato. Esto último no funciona de la misma manera en Europa.

En México, antes de ahora, la política era peor debido a la simulación mediante el engaño que no engañaba a nadie, pues todo se sabía. Era la hipocresía de un sistema por completo corrupto.

Entre el INE y el Tribunal Electoral se siguen haciendo bolas con el término de “propaganda gubernamental”, que es, en realidad, la que se encuentra regulada. Habría que poner en algún lugar visible qué cosa es ésta exactamente. Pero lo mejor sería superar la impronta de hipocresía que nos agobia, terminando, al mismo tiempo, por completo y para siempre, con el uso de recursos públicos en las campañas electorales, el cual abarca la compra de votos.

Pacto legislativo opositor

La coalición opositora, conocida como PRIAN y denominada “Va por México”, ha lanzado un decálogo para conducir su próxima política unificada en la Cámara de Diputados. Veamos.

1.Ejercer funciones de control sobre el Ejecutivo. Las oposiciones actuales no han creado en el Congreso una sola comisión investigadora durante casi tres años, pudiéndolo hacer por disposición de ley. Es la primera vez desde 1978, cuando se creó la figura, que ocurre esa inexplicada anomalía. Han rechazado también la iniciativa de Morena para que dichas comisiones cuenten con mayores atribuciones y puedan abarcar todos los temas de interés público.

2. Equilibrio de poderes. La Constitución establece la existencia de ramas del poder con facultades diferenciadas (Art. 49), pero no se menciona un “equilibrio”. Los poderes no sólo son, por lo demás, el Ejecutivo y el Legislativo, sino también el Judicial. Ninguno de tales poderes ha invadido la esfera de otro en los últimos años, sigue habiendo “división”, lo que no impide que exista discusión pública entre ellos, la cual continuará en tiempos de “inviolable libertad de difundir opiniones, información e ideas” (Art. 7). La Constitución tampoco indica que debe haber obligatoriamente enfrentamiento político entre el Legislativo y el Ejecutivo. Los jueces, por su lado, seguirán dictando sus resoluciones con libertad, aunque también son responsables de sus actos según la Carta Magna.

3. Presupuesto incluyente. No al clientelismo. Volver a la política de atomización del gasto público y de los “moches”, la cual era precisamente “incluyente” para muchos políticos en el reparto de fondos y en la corrupción inherente, sería una de las mayores concesiones que se pudiera hacer hoy al Estado corrupto, el cual está siendo combatido por el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo. En cuanto al clientelismo, este funciona cuando la política social y los subsidios benefician a sectores o empresas seleccionadas. La actual política social se basa en programas universales o que abarcan a grandes segmentos. El clientelismo fue lo que predominó durante los gobiernos priistas y panistas.

4. Respeto a organismos autónomos. Hasta ahora, el Legislativo no ha impedido las funciones constituciones de esas instancias; tampoco está obligado a autorizar exactamente el presupuesto solicitado por las mismas, aunque resulte excesivo. Esos organismos no han visto reducido su gasto en los presupuestos de egresos de 2019, 2020 y 2021. El señalamiento del INE al respecto fue una completa mentira, mientras que los consejeros electorales violan la Constitución en su artículo 127 al cobrar mayor sueldo que el presidente de la República. Por lo demás, tales organismos son sujetos de control parlamentario y sus titulares también pueden ser criticados.

5. Respeto a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Durante los años recientes no se ha producido represión alguna contra la crítica y la libre difusión de ideas a través de cualquier medio. México vive la mayor libertad de prensa de su historia. Los periodistas no están sujetos a sueldos encubiertos del gobierno federal ni del Congreso, de tal manera que son mucho más libres al no existir condicionamientos a sus informaciones y opiniones. El debate, sin embargo, ya tiene tiempo en el país y va a continuar en tanto la libertad es mayor para todos.

6. Dignificar a las fuerzas armadas. No se postula claramente, por parte de las oposiciones, que existan relaciones “indignas” entre funcionarios elegidos de los dos poderes que tienen origen popular y jefes militares, por lo que el verbo “dignificar” no parece tener justificación. La participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública está definida en el decreto de reformas constituciones por el que se creó la Guardia Nacional (26.03.2019), la cual no podrá perdurar más allá de los cinco años a partir de la formación de ésta.

7. Respeto a la legislación electoral y no al totalitarismo. Ningún gobierno anterior respetaba la ley electoral pues todos usaban recursos públicos en favor de sus candidatos. Tenemos hoy el primer gobierno que se ha abstenido de tal conducta fraudulenta. El Congreso, por su parte, ha hecho reformas respecto a los delitos electorales que ahora son graves.

8. Atracción de inversiones, reactivación económica, más empleo, salario digno y respeto a las micro y pequeñas empresas. No se puede discrepar de estos conceptos, pero las oposiciones eluden concretarlos. Bajo la 4T, el salario mínimo se ha elevado 50% real, en contraste con la pérdida de su capacidad adquisitiva acumulada durante los 35 años de neoliberalismo. Estos sucesivos aumentos han tenido repercusiones en las revisiones salariales contractuales y continuarán sin la menor duda. Mientras subsiste retracción de inversiones domésticas, las foráneas (IED), en el primer trimestre del año, han reportado casi 12 mil millones de dólares, lo que no se había visto, para el mismo periodo, desde que el gobierno lleva el registro (1999).

9. Cuidado del medio ambiente y promoción de las energías limpias, en el marco de los compromisos internacionales de México. El carbón y el combustóleo ya deben dejar de usarse en la producción de electricidad, tal como se ha planteado recientemente dentro de un marco de modernización de la industria. El programa más ambicioso de protección del medio ambiente ha sido hasta ahora “Sembrando Vida”, el cual tendrá que ampliarse como gran recuperador y generador de empleo, ingreso y medio sustentable de vida. El país tiene que insistir en el abandono del uso de venenos dañinos a las personas en la agricultura, así como en la contención de las semillas transgénicas, como lo ha definido el gobierno. Las políticas tendientes a la defensa del planeta seguirán sin duda en proceso como ineludibles obligaciones del Estado mexicano. Sin embargo, nada inhibe continuar en la lucha emprendida por el Congreso para doblegar el sistema de subsidios implícitos y explícitos en favor de productores privados de energía, los cuales han sido defendidos con ahínco por parte de las oposiciones.

10. Agenda de género. Las numerosas reformas legislativas sobre este amplio tema han sido promulgadas por el Poder Ejecutivo en los últimos dos años y medio, es decir, ningún decreto fue devuelto al Congreso por parte del presidente de la República. A su vez, el gobierno impulsa la inclusión como elemento de la política pública. Más de 4 millones de mujeres están hoy pensionadas dentro del programa de adultos mayores. El tema de género no se agota en la igualdad formal ante la ley sino abarca principalmente la igualdad sustantiva. Las oposiciones actuales, al votar en contra de la política social, han expresado, al mismo tiempo, su alejamiento de respuestas parciales a la discriminación y opresión que viven las mujeres.

El decálogo PRI y PAN no contiene una plataforma de reformas legislativas. Sus planteamientos son inofensivos cuando no realmente inocuos, en el sentido de que carecen de interés. ¿Por qué?

En realidad, a esos partidos les une la lucha común contra el programa de la 4T. Esto se debe a que ambos están vinculados a través de los dos elementos que Morena combate de cuajo: el neoliberalismo y el Estado corrupto.

La pobreza discursiva se nota, como es natural, en los ataques persistentes, pero también en la mentira sistemática. A la hora de redactar el decálogo del PRIAN, no hubo espacio para la propuesta, mucho menos para escribir una proclama a la nación. Son los tiempos que corren.