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Investidura presidencial y oposición ilustrada

    Pablo Gómez

La filípica lanzada contra López Obrador por parte de 600 intelectuales opositores parece basarse en la idea de que el presidente de la República, el que sea, debe estar al margen del debate cotidiano y abstenerse de responder a los muy frecuentes ataques debido a su investidura.

La oposición ilustrada, como la otra, pide volver a la vieja hipocresía, cuando el jefe de Estado, jefe de gobierno y líder político no debía medirse directamente con sus críticos, sino mandar a otros en su lugar. Ahora se dice que aquellos usos y costumbres eran muy correctos porque las palabras del mandatario tienen, supuestamente, un significado diferente al de cualquier otra persona debido al poder que aquel ejerce. Entonces, se concluiría, lo que ahora debe hacer el presidente de la República es comprar la prensa y mandar a callar a sus peores (o mejores) críticos a través de actos ilícitos e inmorales. Así lo hicieron los presidentes durante décadas. Pero ese es precisamente el pasado que deber ser defenestrado.

El actual presidente sigue denunciando como lo ha hecho desde hace muchos años. Sería algo injustificado otro proceder, es decir, pasar esa función a otros: lo dice (o lo hace) él o ella para que me entiendas a mí (o que yo lo hago). ¿Sería esa una forma de actuar que fomentara el debate y, por tanto, la participación democrática de la sociedad?

La gota que terminó por mover a esos y esas intelectuales fue la multa contra Nexos y la revelación de que esa revista colocaba centenares de suscripciones en el gobierno, lo que no era otra cosa que un oculto subsidio.

¿Qué tendría que ver con este asunto la investidura presidencial? Según los 600, hay persecución al ejercicio de la libre difusión de las ideas, aunque no hayan presentado caso alguno. Las sanciones impuestas a Nexos hubieran sido un argumento ridículo y debatir sobre la suspensión de la compra de suscripciones llevaría a demasiadas preguntas. Así que una y otra vez se orillan a cuestionar la libertad de expresión del presidente, misma libertad que, en general, según dicen, está en peligro.

¿Bajo el actual gobierno, a quién se ha perseguido por sus dichos o escritos? ¿En el plano civil, cuántas demandas se han interpuesto contra posibles autores de afirmaciones calumniosas o difamatorias contra el Ejecutivo Federal? Los y las 600 no pueden decir nada al respecto, pero, claro está, tampoco admiten en su filípica que no hay represión gubernamental.

La investidura presidencial es algo inherente al cargo, pero no tiene una forma unívoca de expresarse. En México no existe la figura de jefe de Estado, pero las funciones del presidente adquieren ese matiz en las relaciones internacionales y en la parafernalia oficial. Por el otro lado, el Poder Ejecutivo está depositado en una sola persona, el presidente de la República, pues no existe consejo de gobierno o de ministros. Así, este cargo se parece más a un jefe de gobierno que a un rey o presidente de república parlamentaria, quienes son intocables y tampoco pueden tocar.

En los países con mayor tradición democrática el jefe de gobierno está todo el tiempo en el debate. Los y las 600 no están de acuerdo. ¿Por qué? Ellos y ellas se dicen cultos e informados. ¿Acaso desconocen la manera de discutir en países no tan ajenos como España o Italia? En casi todas partes el debate es diario, aunque no haya mañaneras.

La oposición ilustrada de las y los 600 intelectuales debería dedicarse a la crítica sistemática, a la polémica, pues también para esto, se supone, han estudiado lo suficiente. Quizá durante los años del neoliberalismo muchos de esas y esos nuevos opositores se la pasaron bien, ajenos a los avatares de la política, recibiendo concesiones y otorgando soslayos para no entrar en conflicto con el poder que repartía privilegios como forma de asumir ciertos costos. Pero ahora deberían entender que la lucha política ha cambiado. Ya no están vigentes las viejas reglas. La ciudadanía aprobó su derogación. ¿Es tan difícil entender la realidad?

Al decir que está en peligro la democracia, esa oposición ilustrada no tendría más que apoyar directamente a la oposición, digamos, pedestre, a la que le faltan ideas y, en consecuencia, propuestas. Si su propósito central es arrebatar la mayoría parlamentaria a la 4T, muchos de las y los 600 tendrían que solicitar al PRI, PAN, PRD, MC unas candidaturas para tratar de llegar a San Lázaro a detener a López Obrador. Eso sería más práctico y digno que estar exigiendo inútilmente al presidente que deje de decir lo que piensa para adecuarse al viejo e hipócrita concepto de investidura que ellos y ellas mismas quieren revivir. Vaya que hasta en eso se afilian al conservadurismo.

¡Auxilio!

Conforme se acercan las elecciones del año 2021 arrecian las llamadas de auxilio para evitar, se dice, la extinción de las libertades y la caída de la democracia. Otra vez el peligro para México, vieja canción con nueva letra. Pero, como antes, ésta no es otra cosa que un montaje para defender privilegios caducados o que están cerca de ser por fin abolidos.

El peligro de que la libertad de expresión (Art. 6º) -no se habla inexplicablemente de la libertad de difusión de las ideas por cualquier medio (Art. 7º)— sea aplastada por la 4T no tiene ningún elemento vinculable. El gobierno no ha silenciado a nadie. No hay censura alguna. Lo que molesta es la réplica del, ahora, objeto principal de la crítica, el presidente, pero esa también es un derecho constitucional que no se quiere reconocer a plenitud o sin regateos.

El presidente de la República habla mucho. Sí, pero eso no disminuye el derecho de quienes también hablan o escriben todos los días. La prensa, escrita, videada y hablada, tuvo el monopolio durante años, pero a costillas del poder político. Cuando un medio era hostil o sencillamente crítico sistemático, el gobierno se encargaba de cerrarle el paso, negarle todo mecanismo de financiamiento y atemorizar a sus dueños. Hubo muchos casos de periodistas acallados, los cuales carecieron de la solidaridad discursiva de sus colegas apoltronados.

El pleito entre Andrés Manuel López Obrador y la prensa que él llamaba fifí y ahora sólo le dice conservadora es tan viejo como la participación de aquel en las filas de la oposición. Ha sido un pleito de mucha gente que ha promovido el ejercicio de libertades porque es un medio de negarse a ser silenciado. Ha sido también parte de la lucha política por el poder.

Esto nos lleva a un asunto de mayor fondo. Dicen los conservadores (hayan sido alguna vez de izquierda o sigan siendo de derecha) que la 4T, en concreto AMLO, debería ser respetuoso, cauto, institucional, modosito y nada respondón. El que puede llamarle pendejo al presidente de la República es Aguilar Camín, como ya lo ha hecho, sin que sus viejos y nuevos amigos lo hayan criticado ni con el pétalo de una lamentación. Quizá esos opositores crean que el estilo “caminesco” sí denota un alto nivel discursivo.

Lo que desean los críticos sistemáticos de la 4T es que el presidente no responda desde la Presidencia, sino que use a otros políticos de dentro o de fuera del gobierno. Añoran las prácticas del pasado. Son nostálgicos, pero por pura conveniencia.

Es justamente la libertad de difusión (Art. 7º) la que brinda por igual una robusta base a las críticas de los conservadores y a las respuestas del gobierno. No podemos seguir en una democracia de simulaciones en la que muchos periodistas mercaban con la dosificación de su crítica mientras el gobierno les pagaba para que no fueran demasiado lejos. Cuando algunos avanzaron, los hicieron caer para que callaran.

Una democracia concursal y formalista como la mexicana no puede seguir viviendo, como antes, dentro de una crítica acotada y una respuesta ritual de parte del gobierno. Ya nadie se va a quedar callado. Luego entonces avanzamos algo y la neutralidad del internet ayuda.

El mayor problema no es que los conservadores quieran volver a ese convenio de hipocresía y complicidad entre los críticos mediáticos y el poder político, sino que tanto las oposiciones como los intelectuales conversos critican poco los actos concretos del gobierno y sus omisiones, pero gritan que está en peligro el mantenimiento de las libertades de las que gozan sin límite alguno. Claman auxilio para combatir amenazas difusas.

La plataforma de las oposiciones de derecha y de los nuevos conservadores atolondrados consiste en llamar a derrotar a Morena en las elecciones de 2021 para impedir, dicen, el aplastamiento de la democracia.

Pero ¿qué cosa proponen? No confiesan su programa propio. No pueden decir con nitidez que piensan, por ejemplo, que el gobierno regala dinero al reconocer derechos sociales y otorgar las garantías de éstos. No pueden oponerse al combate a la corrupción y el robo al fisco. No les conviene defender el derroche y el atraco en el ejercicio del gasto público. Carecen de argumentos para criticar el aumento real de salarios. Se les hace complicado promover políticas de gobiernos anteriores que llevaron a desastres y cuya impronta sigue presente en la vida nacional. No tienen el valor de proclamar a las claras que es preciso seguir subsidiando al gran capital para promover el crecimiento de la economía. No, lo que dicen es que la democracia está en peligro y gritan auxilio. Pero ¿qué institución verdaderamente democrática ha sido cancelada? ¿Qué derecho se ha negado? ¿Qué libertad ha sido reprimida? No se sabe. Lo que mucho les molesta es que se critique al INE a pesar de su historia de permisiones y su presente de corruptelas, dispendios y arrogancias, pero ahí ya también empezaron los cambios.

En verdad, la plataforma electoral de la alianza opositora que se está formando es para detener lo nuevo y restaurar lo viejo. Buscan ahogar al gobierno de la 4T en riñas interminables en el Congreso para impedir más cambios. Pero eso no lo podrían conquistar con mentirosos gritos de auxilio sino con un programa alternativo que, por lo visto, no existe, ya que esos opositores no pueden ser tan descarados como para proclamar abiertamente la defensa de los regímenes anteriores, bajo los cuales vivían en la felicidad. Se nota, sin embargo, que experimentan una fuerte añoranza.

Si de libertades y democracia tuvieran que hablar, esos conservadores (hay muchos de plano reaccionarios) tendrían que rebatir el hecho de que se ha ampliado el ejercicio del derecho de crítica, se han frenado los actos represivos, se han abierto las puertas para la libre organización y la posición de gobierno se expresa al día y es directa. El gobierno no va a permitir el uso de fondos públicos en la competencia electoral, que antes fue una regularidad solapada por las autoridades encargadas de perseguirlo.

Para confort de esos conservadores, aún no tenemos una democracia participativa de base ciudadana y social, que llevara a la gente a decidir con frecuencia en todas partes y no sólo a elegir de vez en cuando. Mas si ellos fracasaran en sus pretensiones restauradoras, podríamos acercarnos a reformas democráticas que ampliaran las libertades y ensancharan el camino hacia una gran redistribución del ingreso. Este es el fondo del llamado de auxilio de parte de quienes buscan frenar el presente para volver al pasado.

Cambio de parafernalias y formas políticas

Si el cambio político pretende ser de fondo, es necesario que también se modifiquen las formas políticas y las parafernalias. Los espíritus anticuados no lo admiten y se aferran a los viejos métodos y rituales.

Algunos aseguran que el informe presidencial no lo fue en verdad porque no se dijo lo que ellos esperaban, sino lo que ya se había dicho. Afirman otros que, a pesar de la ley, lo que importa es el deber ser, por lo que el cambio de la Mesa Directiva de la Cámara debió hacerse de otra manera aunque no fuera una opción viable. Los mensajes del presidente de la República deben considerarse como propagandas electorales, agregan los convenencieros. Las mañaneras son inventos políticos irregulares y estéticamente inaceptables, señalan los espíritus más sensibles. En fin, la vida no puede seguir su buen ritmo sin chayotes ni moches, nos han estado insinuando ciertas personas muy conocidas.

Un primero de septiembre (2006) llegó un presidente a las puertas de San Lázaro y no se le permitió  ingresar en el salón de sesiones. Ya sin escolta, ese presidente entregó sus papeles y se tuvo que retirar. Este hecho inusitado fue una expresión de la rispidez política a la que ese mismo personaje había llevado al país. Al año siguiente, llegó otro, subió a la tribuna, no pudo hablar y se tuvo que ir de regreso a la Casa Presidencial.

La Constitución obligaba al presidente a asistir al Congreso y entregar un informe por escrito, pero no señalaba que debía pronunciar un discurso, mucho menos uno deshilvanado con frases hechas sin tiempo, lugar ni circunstancia.

Pero los informes se siguen enviando y, desde hace algún tiempo, con ese motivo, el Presidente de la República invita a Palacio a escuchar su discurso. La nueva parafernalia no ha resultado mucho mejor que la vieja, pero ahora ya no se pueden esperar sensacionales anuncios, como durante décadas, sino la explicación del programa político y su balance, porque la línea del gobierno se discute día con día. Esto no se quiere entender porque se vive en la añoranza que ni siquiera es de los últimos años, sino de los viejos tiempos.

De la experiencia del acto de rendición de protesta ante el Congreso por parte del actual presidente se pudiera desprender que es llegado el momento de establecer una discusión sobre el estado del país entre el titular del Ejecutivo y los legisladores. Un día al año o dos, quizá.

El Instituto Nacional Electoral ha caído en extremosos escándalos y ridículos. He aquí el más reciente: sin que mediara queja concreta, se prohibió la retransmisión de las conferencias de prensa del Presidente de la República en los estados de Hidalgo y Coahuila, donde habrá elecciones próximamente. La «maravillosa» comisión encargada de la censura, se colgó de quejas diversas de otros temas para embargar difusiones de ideas como si fueran propaganda electoral a cargo del Ejecutivo federal. Claro que el Tribunal revocó esa resolución y de paso incluyó una llamada de atención a los consejeros facciosos diciéndoles que no resuelvan lo que no se les pide, pues ellos no son concurrentes en las elecciones sino, supuestamente, organizadores de elecciones.

Las denominadas mañaneras son vistas por muchos opositores como maniobras políticas y, por otros, como elementos que afean al país. Cuando López Obrador resultó triunfante en la elección presidencial todos sabíamos que, probablemente, habría mañaneras porque las hubo cuando él ocupó la Jefatura de Gobierno de la capital. Ahora, hay quienes han convertido la lucha contra esas conferencias de prensa en una poderosa motivación política. El ridículo en el que cayó el INE con su censura frustrada no va a contener las aspiraciones desesperadas de otros y de aquellos mismos censores.

En San Lázaro tampoco ha sido sencillo instalar prácticas sin maniobrismo. Una presidenta que era del PAN, de manera espuria, usó su cargo para desafiar a la Cámara objetando ante la Suprema Corte un decreto presidencial que regula un precepto de la Constitución que, además, esa misma diputada había votado a favor.

El escándalo parlamentario más reciente tiene muchos precedentes. Si la Ley Orgánica ordena que la presidencia de la Mesa Directiva corresponda cada año a un partido diferente tomando en cuenta el número de miembros de cada cual, se entendía que no cabe una competencia de última hora con reclutamientos de legisladores para averiguar cual es el tercer grupo, sino que esa ya era una información conocida durante dos años que lleva la Legislatura. Sin embargo, parece que la costumbre de la maniobra está tan enraizada que se muestra como sagacidad y se ejerce en nombre de los más altos intereses nacionales. Un partido (PT) reclutó a unos seis legisladores, dos de ellos (anteriores perredistas, pero entonces sin partido) son profesionales del peculado y defraudadores electorales contra Morena, mientras el PRI le pidió prestado unos cuatro al PRD para no desbalancearse. Nadie votó específicamente a favor de una diputada priista para presidir la Mesa sino que fue una aplicación de la ley. Además, la candidatura del PT no hubiera tenido los dos tercios requeridos ni sumando todos los votos de Morena y ni siquiera agregando al PES que no estaba dispuesto a hacerlo. La mayoría parlamentaria, sin embargo, no depende de la presidencia y cuenta también con la mayoría de votos en la Mesa Directiva de la Cámara. ¿Para qué tanta maniobra? Vicios de viejos lodos.

Lo que no afecta vicios, sino modus vivendi, es la desaparición del chayote (remuneración ilegal de servicios periodísticos con fondos públicos) y de los moches (asignación presupuestal por la que se cobra subrepticiamente un porcentaje a la entidad beneficiada). Estas costumbres no pueden sobrevivir si la 4T quiere poner una barrera entre el pasado reciente de corrupción y un presente de lucha contra la misma. Pero las presiones siguen presentes para que ambas «instituciones» sean mantenidas en los lugares donde aún existen y restablecidas en el nivel federal.

Estas prácticas son parte de la conciencia y la práctica de generaciones que van de salida. Mas no estamos en una lucha entre el mal y el bien, sino en un proceso de eliminación de formas de vivir y estructuras deformadas durante décadas de envilecimiento. En México, el maniobrismo político, la falta de respeto al Estado de derecho y la corrupción se despercudían incesantemente con el uso de un supremo razonamiento justificatorio: recompensa por servicios prestados a la sociedad.

Preguntar al pueblo sobre asuntos de políticos

La ciudadanía vota cada tres años, luego de lo cual no se le vuelve a preguntar nada hasta nuevas elecciones. El resto de asuntos políticos corresponde a los políticos, en especial a los gobernantes. Esa es la democracia formalista y concursal.

La 4T plantea el método de consulta popular. Las democracias formales suelen ampliarse con mecanismos plebiscitarios y refrendarios; algunas que tienen sistema presidencial también cuentan con métodos revocatorios de mandato. Ya va siendo hora de que México emprenda un pequeño salto desde su democracia formal, acartonada y engañosa, es decir, poco democrática, hacia un nivel participativo.

En febrero de 2022 habrá procedimiento de revocación de mandato, pero en lugar de que sea a pedido de las oposiciones, en esta primera vez la solicitud popular la organizará el propio presidente de la República, el revocable. Bueno, por algún  lado se empieza.

El mismo Andrés Manuel López Obrador ha estado planteando, desde antes de asumir su actual cargo, que la ciudadanía decida si los expresidentes deben acaso ser denunciados por el gobierno con miras a la apertura de procesos penales. Sin embargo, una pregunta así formulada difícilmente podría embonar con el esquema de consulta popular definido en la Constitución, aunque puede encontrarse una forma de resolver el asunto.

La Carta Magna contiene un procedimiento popular decisorio. No se trata sólo de que se manifieste la opinión mayoritaria de la ciudadanía, sino que, a través del voto, se emita un dictado de obligatorio acatamiento para las autoridades. Denunciar desde el Ejecutivo y acusar por parte de la Fiscalía a una o varias personas no entra en ese método de adoptar decisiones populares, ya que obligaría al presidente, primero, y al fiscal general, después,  a actuar contra varias personas físicas (expresidentes) que tienen el derecho humano al debido proceso desde la investigación. La consulta popular es un medio de apoyar o rechazar políticas públicas o normas, pero no personas.

Es posible y hasta probable que la Suprema Corte no admitiera una consulta cuyo resultado podría hacer obligatoria la presentación de denuncias y, luego, de acusaciones penales. En tal circunstancia, el Congreso estaría impedido de convocarla.

Sin embargo, el mismo Congreso podría iniciar el examen de una iniciativa de ley presentada por el Poder Ejecutivo para conceder amnistía a los expresidentes por actos u omisiones que hubieran cometido durante su mandato, luego de lo cual, el mismo presidente podría solicitar al Congreso la convocatoria a consulta popular. Esta sería un plebiscito sobre un proyecto en trámite. Si a la votación concurriera más del 40% de los inscritos en el padrón electoral, la decisión mayoritaria sería vinculante para el Congreso.

Hay que aclarar que si el proyecto de amnistía fuera apoyado o rechazado por el pueblo, de igual forma el fiscal general podría investigar lo que debiera, otorgando plenas garantías a los posibles acusados. Pero la ciudadanía habría tenido ocasión de resolver sobre la vieja tradición –norma no escrita— de que en México los presidentes son intocables cuando están en el cargo y cuando lo han dejado: un asunto político que ya no sería exclusivamente de los políticos.

Andrés Manuel López Obrador tiene bases razonables para pensar que el nuevo presidente no debería provocar o exigir la persecución penal de sus antecesores, los cuales fueron, además, defraudadores electorales. Este es un punto de vista de carácter estrictamente político que busca evitar un clima de mayor confrontación en el país. Sin embargo, es probable la existencia de una gran corriente ciudadana en desacuerdo con esa forma de analizar el asunto.

Votar contra un proyecto de ley suele tener el significado de promover una acción o norma en sentido contrario que goce de plena justificación democrática. Esas situaciones se han producido en Sudamérica en relación con leyes de perdón. En México no tenemos esas leyes pero contamos con tradiciones de impunidad. En el fondo es algo semejante.

El estatus de facto de los expresidentes ha operado quizá como un cerrojo de la cláusula constitucional de no reelección. El asesinato de Álvaro Obregón fue un acto demasiado fuerte que llevó a eliminar nuevamente la reelección, pero sin represalias contra el mandatario anterior. Todos los políticos quedaron contentos: si aquél era impune, ellos también.

Plutarco Elías Calles fue metido en un avión rumbo a Los Ángeles y Carlos Salinas de Gortari salió corriendo a Irlanda, pero nadie había intentado encausarlos. Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría fueron enviados por un tiempo al extranjero como embajadores. Ahora mismo se encuentran fuera del país Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. El exilio no es castigo para un expresidente, sino que puede darle tranquilidad, aunque también la tienen, al parecer, Vicente Fox y Felipe Calderón, aunque ahora sin pensión vitalicia. El único expresidente que fue sometido brevemente a proceso penal con prisión preventiva domiciliaria fue Luis Echeverría, pero, atrozmente, el Poder Judicial declaró prescritos los delitos. Todo lo anterior ocurrió con base en la norma virtual de impunidad penal de quienes fueron presidentes.

Habría que acompañar la consulta popular sobre la amnistía (olvido penal) de expresidentes, en agosto de 2021,  con un par de temas que también sean de innegable trascendencia nacional, tales como eliminar el llamado fuero (inmunidad procesal penal) a nivel de todo el país y reducir a la mitad el monto del financiamiento de los partidos.

Esos son temas de fuerte controversia, cuya solución conllevaría reformas políticas mediante decisiones del pueblo y no sólo de los políticos, como hasta ahora.

Cuando se ensanchó el Estado corrupto

La denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General contiene asuntos ya comentados, como la corrupción de la empresa Higa, los sobornos de Odebrecht, el trinquete de Agronitrogenados y el contrato leonino con Etanol XXI, pero incluye lo que un video mostró apenas hace unos días: la entrega de billetes a funcionarios del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El motivo del pago de 6 millones en efectivo no está revelado en dicho video pero ahí se habla de otros abonos mayores.

Una grabación que permite observar que una persona entrega millones en efectivo a servidores públicos, asistentes de unos legisladores, abre la razonable posibilidad de un acto delictivo. Desde el 11 de agosto, Emilio Lozoya había presentado ante la FGR una lista de pagos por «extorsiones» en dos momentos: la reforma constitucional de energía y la expedición de las leyes reglamentarias de la misma.

Es parte de un ritual que el PAN y los políticos señalados nieguen todo y se declaren inocentes e indignados. Lo mismo sucedió antes con los moches, mecanismo con el que se canalizaban directamente miles de millones hacia estados, municipios y entidades privadas, luego de lo cual se cobraban los favores. La historia de los moches se puede escribir por ahora con la descripción documentada de las cantidades y destinos de los gastos, pero no ha sido posible probar lo que de sobra se sabe: gestores, principalmente diputados, cobraban el servicio, ya fuera en efectivo o mediante la adjudicación contractual de las obras.

Una cosa es que dentro de cada gobierno (priista o panista) existiera una red de corrupción y otra que esa misma abarcara también a la oposición. En esto ha consistido parte del reciente ensanchamiento del Estado corrupto.

El gobernador de Querétaro no le preguntó a su recién despedido secretario particular por qué, con instrucciones de quién y para qué recibió los seis millones. De seguro era innecesario. Nadie en el PAN podría tampoco tomar la lista de entregas incluida en la denuncia de Lozoya y explicar desde dónde y por qué motivo se recibieron esos muchos millones en una casa de Las Lomas, la cual, se sabe, era una de las guaridas gubernamentales.

Así como los gestores y coyotes nunca han  explicado cómo se operaban los moches, tampoco esos empleados del Senado nos van a querer contar su historia. ¿El actual presidente del PAN estaría dispuesto a realizar al respecto una investigación sobre un militante de su partido al que se observa recibiendo seis millones en efectivo? La respuesta negativa ya se produjo. (El caso de René Bejarano llevó al desafuero, a procesos penales y encarcelamientos, así como a una investigación interna que culminó en expulsiones, entre ellas, la de quien era la presidenta del partido en el momento de los hechos).

Emilio Lozoya le ha contado unas historias a la Fiscalía, pero al mismo tiempo se incrimina, como es del todo natural. Busca que, al colaborar, la justicia sea menos severa. Eso está muy claro, pero no es el mayor problema.

Para desmontar el Estado corrupto que ha padecido México se precisa profundizar en sus modos de ser, operar, repartir e involucrar a muchos del entorno político e ir más lejos.

No existe sistema de corrupción como forma de gobernar que no requiera desarrollo. Eso es justamente lo que ocurrió en México desde 1949. Antes, había corrupción pero no era un sistema político como tal. A partir de su inicio, con la toma del gobierno por parte de algunos licenciados encabezados por Miguel Alemán, el Estado corrupto tuvo su siguiente gran salto en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y, recientemente, con Enrique Peña Nieto. En un ínterin de 12 años, las presidencias panistas dejaron las cosas más o menos como estaban y añadieron algunos tintes, entre ellos los moches, con los cuales el PAN hizo historia. Quizá ahora podremos saber algo de la corrupción bajo Calderón en el marco de las relaciones con el Cártel de Sinaloa, aunque no se podría considerar que esa conducta hubiera sido una aportación original.

Como es natural, los muchos fraudes electorales de los que México ha sido víctima siempre estuvieron relacionados con la corrupción. Como medio de conservar el poder corrupto y corruptor se hacía necesario usar dinero ilícito. Los Estados corruptos suelen funcionar de esa manera. Pero en México se han presentado fenómenos casi fantásticos, como el del año 2000, cuando el candidato ganador y el situado en segundo lugar usaron dinero ilícito. Al menos se conocieron entonces partes de ambas tramas y, luego de años de controversias, se multaron a los respectivos partidos, pero no hubo procesos penales debido a la ilegal orden de uno de los denunciados: Vicente Fox, presidente de la República.

La defraudación de Felipe Calderón (2006) ocupó montos mayores recolectados de manera ilícita para financiar la campaña y una propaganda mendaz, absolutamente difamatoria, además de la alteración de resultados. Todo esto con la colaboración de las autoridades electorales.

El último fraude sexenal (2012) fue dirigido por Luis Videgaray, lo cual es de público conocimiento. Los recursos dispersados con las tarjetas de Monex eran una pequeña parte de un total desconocido, pero nada fue puesto en claro con las investigaciones manipuladas. Se compró casi todo lo comprable, se violaron las leyes, pero el país siguió en una normalidad de alternancias en el gobierno, título de orgullo de algunos consejeros y ex consejeros del INE que, sin embargo, sacan de contexto esos momentos de cambio engañoso, que no sirvieron para detener el funcionamiento del Estado corrupto.

Hace unos 30 años nadie iba a pensar que Acción Nacional se iba a lanzar a la gananciosa aventura de la corrupción, hacer fraudes, usar financiamientos ilícitos, manipular la justicia, cobrar moches y mordidas, recibir dádivas del poder, etc. Pero lo hizo. Se lo tragó el Estado corrupto.

Este fenómeno es digno de investigaciones concretas sin límites, pero también de estudios teóricos para descubrir las bases estructurales y funcionales de poder sobre las cuales la corrupción pasa de un partido a otro sin detenerse o, al menos, moderarse. En este marco, habría que analizar el ensanchamiento del Estado corrupto mediante el cual se financia ilícitamente al opositor o se comparten ganancias.

El esfuerzo de hoy no es sólo para lograr que se interrumpa ese fenómeno, lo cual exige una gran lucha sistemática y cotidiana para desmontar el Estado corrupto, sino también para sentar bases que hagan políticamente imposible un cambio regresivo.

Demencia conservadora

Los intelectuales de la neo derecha nacional, aliados a los de la rancia, han entrado en demencia política. Ponen en duda la legitimidad del resultado de las elecciones legislativas de 2018, pero dos años después de los comicios. Niegan que exista una mayoría legítima en el Congreso y lo hacen a través de una inserción pagada para que sea leída.

Héctor Aguilar Camín y sus compañeros de viaje desconocen la Constitución y se lanzan a tratar de deslegitimar a la única mayoría parlamentaria auténtica que ha tenido México desde hace muchos años. La 4T obtuvo el 47% de la votación efectiva. Si hubiera sido un  solo partido, que no lo fue, pues era una coalición de tres, su representación hubiera sido del 55% de la Cámara, suficiente para ser mayoría absoluta.

El Partido del Trabajo (PT) sólo obtuvo 3 diputados plurinominales (se aplicó severamente la cláusula de sobre representación) y ninguno le fue asignado al Partido Encuentro Social (no alcanzó derecho al reparto). Morena tuvo derecho a 85 curules de representación proporcional según determinó el INE, luego de hacer sus propias cuentas, sin que hubiera litigio al respecto. Los tres partidos en conjunto alcanzaron 307 legisladores, 221 de los cuales son de mayoría relativa de un total de 300 distritos electorales que existen en el país, es decir, la 4T no alcanzó la mayoría sólo en 79.

En cuanto al Senado, la demencia política es de igual gravedad, ya que el grupo de Aguilar Camín no sabe que en cada entidad federativa se eligen tres senadores, dos de mayoría y uno de minoría, además de 32 de cociente nacional. No había manera de que la 4T fuera minoría en esa cámara del Congreso si fue mayoría en casi todos los estados.

Aguilar Camín y socios no conocen las leyes del país que dicen defender. En la Cámara, la Constitución permite a los partidos, en lo individual, una sobre representación hasta de 8 puntos porcentuales respecto de su votación. Este precepto se conoce como «cláusula de gobernabilidad», según le llamaron los amigos de Aguilar Camín, priistas y panistas, cuando la llevaron a la Carta Magna. Durante años, el PRI y el PAN la ejercieron con entera normalidad. Pero los neoconservadores no tienen ojos para el pasado en el que les iba muy bien, sino sólo en el presente que ya no les simpatiza. Viven en la angustia.

¿Por qué tendría que ser desaconsejable que una fuerza política tenga una mayoría parlamentaria? ¿Habría que hostigar a Emmanuel Macron, presidente de Francia, sólo por contar con suficiencia en la Asamblea Nacional? No, allá no, porque aquel gobierno es de la banda de Aguilar y compañía. Si éste y sus amigos quieren cambiar las reglas –no se sabe, luego de su carta pagada, cuáles serían las nuevas—, que se postulen para el Congreso; ese es el método.

La fuerza gobernante puede o no tener mayoría legislativa, pero, cuando la tiene, debe ejercerla porque para eso existe como expresión ciudadana. En México tuvimos tiempos en que el presidente carecía de mayoría y le era necesario acordar con otro u otros. Así se formó el PRIAN y el PANPRI, según a quien le tocaba el turno en el Ejecutivo.

Si en un futuro cercano el resultado de la elección legislativa no otorgara a ninguna fuerza política la mayoría parlamentaria, no habría ningún problema nuevo, pero esa no puede ser una exigencia democrática sino una aspiración de las oposiciones actuales. Son dos cosas diferentes.

La democracia, como la conocemos, es un sistema competencial con relativa tolerancia. La atomización en la representación política no le es consustancial, pues ésta es solamente expresión del  voto ciudadano.

El llamado equilibrio de poderes siempre ha sido una falacia porque no hay equilibrio en la Constitución. Lo que existe es un sistema con ramas del poder, cada cual con facultades diferentes, pero no en competencia. Lo normal en esas democracias es que la fuerza política mayoritaria ocupe el Legislativo y el Ejecutivo. Cuando este último carece de respaldo suficiente, tiene que llegar arreglos con otros. Así de sencillo.

Pero Aguilar Camín y socios creen que el «equilibrio» consiste en que el pueblo vote de la manera en que a ellos les conviene, es decir, que elija una mayoría parlamentaria que no sea de la misma fuerza política que la del Ejecutivo. Lo plantearon cuando íbamos a votar en junio de 2018; pidieron que, por favor, los electores que estaban a favor de AMLO votaran por diferente partido en las boletas de senadores y diputados. ¿Cuáles era los «otros partidos»?, pues los mismos de antes: si el triunfo de AMLO era inevitable, había que buscar acotar el cambio, el nuevo rumbo. El diferencial de votos se produjo por sí mismo porque el fenómeno era al revés: no pocos que por lo regular votan por otros partidos lo hicieron por AMLO en la boleta presidencial. Iban a lo seguro y querían un cambio. Pero no fueron tantos porque en la votación de diputados la suma de los partidos de la 4T alcanzó el 47%.

Los intelectuales orgánicos de la derecha funcional de nuestro tiempo se inventan un nuevo prototipo democrático. El punto central ya no es que cada quien vote como quiera y se respete la votación, tal como hemos llegado a pensar al respecto, sino que lo haga de tal manera que se logre el «equilibrio», es decir, que Ejecutivo y Legislativo correspondan a fuerzas políticas diferentes. Esta novísima teoría, como «obligación democrática», podría conducir al perpetuo conflicto irresoluble entre ramas del poder político. Nada nuevo, a menos que se restablezca el PRIAN, el partido de Aguilar Camín y compañía. De eso ya tuvimos bastante. En cuanto a demencias políticas neoconservadoras, ya estamos teniendo suficiente.

Guardianes electorales

Vigilar las elecciones es un mandato democrático que abarca a la ciudadanía entera. Procurar el respeto al voto genuino es un deber cívico de todos. Pero el INE parece no estar de acuerdo con esto.

No es nueva esa actitud de la actual mayoría consistorial de ese Instituto. Así es, sencillamente. Tenemos años con lo mismo.

El presidente de la República dice que quiere convertirse en «guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades», en especial denunciar el uso de recursos públicos y la compra de votos,  pero el consejero presidente le responde que «el único guardián» es el INE y que el presidente «no tiene vela en el entierro», según dijo.

El INE, como antes el IFE, nunca pudo impedir el fraude electoral, la compra masiva de votos, el uso ilegal de recursos, el exceso en los gastos y muchas más maniobras electorales abusivas e ilegales. Ni siquiera pudo impedir en el año de 2015 el muy evidente fraude de voto electrónico a distancia, reconocido siete meses después de las elecciones de diputados locales de Chiapas, llevado a cabo mediante la manipulación del «inviolable»  listado de electores. Y también se negó a destituir a los consejeros locales de aquel estado, hasta que se lo tuvo que ordenar el Tribunal.

La lista de incapacidades, torceduras, parcialidades, complicidades, soslayos, inoperancias y torpezas es monumental y se encuentra documentada. Los historiadores en el siglo XXII tendrán todo a la vista para darse gusto. Un día, el INE llegó al extremo, cómico y patético a la vez, de registrar en la suma de los cómputos distritales, tres días después de la elección, más del 100% de los votos depositados en las urnas. Año 2015, caso único en el mundo. El consejero presidente ni se asomó para dar explicaciones: envió a la sala de prensa a algunos de sus buenos colegas.

El Instituto nunca ha logrado tener resultados completos en la mañana del día siguiente, como suele ocurrir en los países de sistema lento que no pueden hacerlo la misma noche. Los tiene cuando terminan los cómputos distritales, tres o cuatro días después. Lo que hace el INE es un muestreo de casillas, llamado conteo rápido, una encuesta de resultados, aunque nunca ha cubierto la totalidad de las casillas de la muestra. Los rangos que brinda ese procedimiento son tan amplios que, en elecciones muy competidas, sólo crea mayores problemas. El punto relevante, sin  embargo, es que, con el pretexto del conteo rápido, el programa de resultados no mejora, es muy lento, políticamente complicado y dudoso.

La vigilancia de los procesos electorales no sólo debe abarcar a partidos, donantes, medios de comunicación, bancos y todos los niveles de gobierno y otras entidades públicas, sino también, especialmente, a la autoridad que organiza los comicios. Esa es nuestra realidad.

El IFE-INE, sin presencia (formal) del gobierno, se construyó bajo buenos auspicios y no empezó mal si se estima la realidad política de entonces y el bloqueo que intentaba el PRI, hasta que decidió desechar la queja sobre el financiamiento ilegal de campaña conocido como «Amigos de Fox». Luego de dos años, el Tribunal ordenó al Instituto, en incidente de apelación, investigar lo que ya se conocía a grosso modo, por lo cual se impuso al PAN y al PVEM una multa de más de 300 millones. Pero ni así presentó el IFE denuncia ante el Ministerio Público.  Eso lo hice yo, con la pésima suerte de que el principal denunciado, entonces presidente de la República, le ordenó al procurador que confirmara el «no ejercicio de la acción penal» dictada por la Fepade, la cual jamás ha servido para gran cosa. En realidad, no pasó nada, el Poder Judicial le dio palo final al asunto en juicio de amparo.

La brutal arremetida del entonces presidente, en 2005, mediante mensajes en radio y televisión en los que realizaba propaganda personalizada con programas sociales, algo prohibido por la ley y que anticipaba la campaña electoral, no la detuvo el IFE, sino un ministro de la Suprema Corte, José de Jesús Gudiño Pelayo, quien resolvió inmediatamente la suspensión de los actos presidenciales luego de admitir a trámite la controversia interpuesta por la Cámara de Diputados.

El IFE-INE ha sido casi ineficaz en la vigilancia de que se observen los dos últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución. Miles de quejas y denuncias se han presentado infructuosamente contra servidores públicos que realizan propaganda personalizada por cuenta de recursos públicos. Ahí, el Instituto sí tiene «vela», pero ha fallado de manera indecente. ¿Quién vigila?

El éxito del IFE al imponer una multa de mil millones de pesos al PRI tuvo el defecto de que lo robado había sido del doble de la cantidad indicada en el expediente, lo cual obligaba a una sanción de dos mil millones. Al principio, ya en medio del escándalo, el Instituto no abrió procedimiento oficioso sino que tuvimos que presentar la queja. El Pemexgate culminó en la exoneración penal de los intermediarios, los líderes sindicales y el director de la paraestatal, así como del entonces presidente de la República, quien sin  duda impartió la orden para la defraudación. Nadie que no sea el jefe del Ejecutivo regala mil millones a un candidato desde los fondos de Pemex.

Podría decirse que aquel Consejo General del IFE fue mejor que los posteriores porque, aunque tampoco vigilaba mucho, al menos era reactivo y llegó, aunque a tumbos, a imponer sanciones históricas al PRI y al PAN, los cuales eran los partidos donde mejor se organizaban los transgresores electorales del país.

Después las cosas empeoraron visible y groseramente. La campaña sucia del PAN en el año 2006, con la intervención de agrupaciones patronales y empresas, así como de las televisoras, mediante la difamación y la calumnia, fue pasada de largo por unos consejeros que en su mayoría estaban en la movida chueca electoral. Recordemos sólo la manera torcida de hacer los cómputos y, luego, la declaratoria ilegal del IFE sobre el resultado de la elección presidencial que la ley no le permite hacer, la negativa a realizar un recuento que hubiera aclarado al menos una parte del problema, el carpetazo a toda queja, denuncia, clamor, etcétera.

En el año 2006 México tuvo el movimiento poselectoral más fuerte de su historia, el cual duró prácticamente los años del sexenio. Este fue provocado por las acciones combinadas de la derecha panista en el gobierno, el candidato oficial, las agrupaciones empresariales más conservadoras  y la mayoría de consejeros del IFE, con la muy lucrativa complicidad del PRI. «Haiga sido como haiga sido», se dijo.

Seis años después, volvió la propaganda electoral ilegal en favor del precandidato priista en grandes medios, inmensas cantidades de dinero para la compra masiva de votos, dispersadas a través de entidades financieras; Monex fue señalada, aunque se repartió más dinero a través de Bancomer en donde la autoridad no preguntó nada.

Las nuevas facultades del IFE no se usaron bien porque la indagatoria se hizo con el deliberado propósito de llegar a la conclusión de que nada importante había alterado negativamente el proceso electoral. El PAN calló porque no era opción mayoritaria, como seis años antes lo había hecho el PRI. No es insulto hablar del PRIAN.

El presidente dijo recién: «si yo me entero de que están utilizando el dinero del presupuesto para favorecer un partido o un  candidato…, estoy obligado a denunciarlo». En respuesta descalificadora y acallante, uno de los consejeros que imparte clases en el consistorio del INE lanzó una filípica: «gobernantes, fuera manos de las elecciones». En el contexto del diálogo, tal vez quiso decir: no denuncien nada, dejen en manos del Instituto justamente el trabajo que no se hace.

En arrebato de cretinismo  (ya no se sabe si es más personal que institucional), el consejero presidente ha lanzado una perla digna de un comentario de Carlos Monsiváis, dijo: «El presidente de la República fue beneficiario en una elección que realizamos«. O sea, que el INE realiza las elecciones y que en ellas hay un beneficiario. Los comicios los organiza una instancia del Estado pero no los «realiza»; en ellos participa una ciudadanía que los lleva a cabo, que se encarga de su realización. No hay beneficiarios sino elegidos, personas con encargo popular.

Los actuales consejeros del INE, en su mayoría, dicen que los servidores públicos, en especial el presidente, deben concretarse a tratar los asuntos de su más estricta competencia. Ellos, en cambio, hablan sobre todo y casi todo el tiempo, incluyendo sus respuestas y críticas al presidente y a la mayoría parlamentaria. Han convertido al INE en una plataforma de discursos personalísimos, aunque no son funcionarios elegidos sino designados para cumplir tareas muy concretas, acotadas directamente por la ley.

Es increíble que en el INE se ubiquen consejeros que no admitan la diferencia entre ser elegido y no haberlo sido. Todos deben respetar la ley y ser decentes, pero sólo los elegidos expresan intereses e ideas de sus representados.

Hace muy poco, la Junta Ejecutiva decidió autorizar unas remuneraciones mayores a las señaladas por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos y, además, por encima de lo que percibe el presidente de la República. Tomaron, así nomás, la decisión de desacatar un decreto legislativo y desconocer la Constitución. Hoy día, para el INE no existen los artículos 75 y 127 de la Constitución. En tal actitud se haya el puro interés monetario, los sueldos de una burocracia dorada. El INE está anclado en el viejo sistema de privilegios y derroche de fondos públicos.

El INE, más o menos, descansa dos años por uno de intenso trabajo. Siempre ha sido así. Cuando vienen las elecciones, unifica la actividad de las áreas de organización y capacitación, pero durante los dos años anteriores las mantiene divididas para tener más vocalías, gastar más sin propósito válido alguno.

Además de lo debido, el INE gasta en lo que les da la gana a los consejeros. Así nomás. Todos los contralores del Instituto lo han dicho de muchas maneras, pero nunca se les ha hecho caso.

El gran error de la conformación del IFE-INE fue que se proyectó como órgano político y no sólo técnico. El problema nunca ha sido la autonomía en sus decisiones sino la falta de la misma. Los partidos han designado hasta ahora a los consejeros, poniéndose de acuerdo en un reparto más o menos proporcional a la presencia parlamentaria de cada cual. Como es lógico, se ha conformado siempre un  núcleo duro mayoritario del PRIAN.

Yo fui el único coordinador parlamentario que no concurrió a la elección de todo un Consejo General, el peor que ha habido, por cierto, en el año de 2005, en víspera del fraudulento y canallesco refrendo panista en la Presidencia. El voto en contra de toda la lista de consejeros fue un escándalo, pero la vida demostró que era lo correcto.

El proyecto político de los neoliberales desde 1988 fue el de crear un  régimen bipartidista para dejar a la izquierda en el margen. Receta clásica estadunidense y europea. Lo intentaron siempre con los peores métodos, desde atentados mortales, encarcelamientos, persecuciones, fraudes electorales, alquimias comiciales, compra masiva de votos, uso gigantesco de recursos públicos, desfalcos de empresas públicas, pase de charolas, manipulación  de los medios de comunicación, reparto electoral de presupuestos, moches, compras y compras, ventas y ventas, hasta el diseño de un aparato electoral profesional pero manipulable.

Los principales guardianes de las elecciones siempre han sido los militantes de las oposiciones, los ciudadanos en las casillas, los periodistas que denuncian, los integrantes de las organizaciones civiles por la democracia, los dirigentes políticos que no se dejan ni se venden, los manifestantes de los miles de conflictos poselectorales de la historia contemporánea de México.

No vengan ahora con el cuento de que los únicos guardianes son ellos, consejeros electorales nombrados comprometidamente por los partidos políticos que hacen fraudes.

Bailes de la justicia electoral

En 2012 el Tribunal Electoral aprobó por unanimidad, en apelación, que el presidente de la República podía enviar cartas ofreciendo créditos del Fovissste, aun en temporada electoral, porque eso no era propaganda y mucho menos personalizada (expediente SUP-RAP-345/2012 y acumulados).

Ocho años después, sin que haya elecciones federales en puerta, el Tribunal ha decidido lo contrario con motivo de un recurso presentado contra una suspensión. Quienes enviaron por correo electrónico las cartas de AMLO sobre los créditos habían dado un paso en falso en un país donde los jueces dictan sentencias de contentillo.

Desde hace ya muchos años se escucha la queja al viento de que el Tribunal Electoral cambia demasiado sus criterios y lo hace según la circunstancia y los litigantes de los juicios. Es decir, le gusta el baile.

El TEPJF ha emitido una resolución muy sencilla que sostiene que el hecho de que el presidente de la República envíe cartas a los posibles contratantes de créditos con el gobierno o alguna dependencia federal puede ser un acto de promoción personalizada del mandatario, la cual está prohibida.

En efecto, el artículo 134 de la Constitución prohíbe que la propaganda oficial incluya «nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Uno de los problemas es definir si una carta en la cual el presidente de la República le comunica a un afiliado al Seguro Social que puede optar por un crédito, ya que califica para el mismo, es un acto de propaganda. El Tribunal ha dicho que sí puede ser, aunque hace tiempo había dicho que no.

Con fecha 12 de marzo de 2012, el entonces presidente, Felipe Calderón, envío miles de misivas a derechohabientes del Fovissste, firmadas por él. En la carta le decía al trabajador: «Te invito a que hagamos del 2012 el mejor año para México. Tienes mi compromiso de que en el gobierno federal seguiremos trabajando sin descanso para que germine la semilla del México seguro, justo y próspero que hemos sembrado con el esfuerzo de todos».

Ese era un texto claramente propagandístico en el contexto en el que circulaba puesto que ya estaba el país en proceso electoral. Las elecciones debían realizarse en menos de tres meses. «Seguiremos trabajando sin descanso», decía un presidente saliente que se iba a ir a otro lado porque ya estaba por terminar. Esto, en el marco del exhorto a hacer del 2012 «el mejor año para México». Nada de lo que decía el panista tenía que ver con un sorteo reglamentario del Fovissste en el que el trabajador que recibía la carta había resultado elegible para un crédito hipotecario.

El Instituto Federal Electoral (antecedente del actual INE) declaró fundada la queja que yo presenté por actos de promoción personalizada y transgresión al principio de imparcialidad electoral, aunque la declaró infundada por distribución de propaganda electoral costeada por el Ejecutivo. El presidente, declarado responsable de violar la Constitución y la ley, recurrió al Tribunal Electoral para solicitar la revocación del resolutivo del IFE.

El Tribunal, por unanimidad (Luna Ramos, Alanis, Carrasco, Galván, González Oropeza, Nava y Penagos), resolvió la revocación de la resolución del IFE tan sólo con la idea de que la carta no era propaganda sino parte del ejercicio de gobierno (SUP-RAP-345/2012 y acumulados).

El actual Tribunal no es el mismo en cuanto a sus integrantes, pero es la misma institución que, al menos, debería advertir que sus fallos tienen antecedentes y proceder a desvirtuar los mismos cada que decida resolver en contrario a lo de antes. Pero eso no ocurre. «Como digo una cosa digo la otra», tal como repite la clásica en la materia.

Por lo regular, cada vez que la Sala Superior formula un nuevo criterio, se abstiene de tomarse la molestia de explicarnos bien el asunto del cambio. Quizá podría ser que los magistrados no quieren debatir con sus antecesores, pero a veces también cambian criterios propios. O, tal vez, lo que en realidad cambia en el Tribunal es la situación política, el gobernante, el partido quejoso y cosas por el estilo. Pero esto último, claro está, no puede ser fundamento confesado de la modificación de criterios.

La historia de la propaganda personalizada es muy larga y penosa en México. Durante muchos años, los gobernadores se han hecho propaganda a sí mismos a través de gacetillas, en infomerciales y en noticias que son anuncios pagados. Eso también lo han hecho muchos otros políticos empoderados. Cientos de quejas han sido declaradas infundadas o han sido revocadas en sede judicial debido a las influencias de los denunciados y de las protestas de los medios que reciben el dinero pero que siempre niegan que lo hayan hecho. Además de propaganda personalizada, hemos tenido por años un mal uso de recursos y una evidente falta de justificación contable de los mismos.

Casi nunca se ha logrado algo al respeto y eso también atañe a los actuales integrantes del INE. Pero cuando se ha obtenido una resolución en firme por propaganda individualizada tampoco se logra algo porque los servidores públicos no pueden ser multados por la autoridad electoral, sino por su propio superior jerárquico, como una fórmula legal perfecta para garantizar impunidad. Este artículo ya ha sido derogado en la Cámara de Diputados pero el Senado no ha votado aún, inexplicablemente.

En la carta (ya suspendida desde hace varios días) con la que Andrés Manuel López Obrador le comunicaba al pequeño empresario que es elegible para un préstamo no se hacen referencias a «semillas» germinadas y a que «este año» (electoral) debe ser «el mejor». Se expone el fundamento de la acción de gobierno, sus motivos y sus propósitos. Tampoco estamos en la víspera de unas elecciones federales, como en el 2012.

Hay que seguir pidiendo piso parejo a las autoridades administrativas y judiciales porque si ya el Tribunal había dicho que las cartas presidenciales no eran propaganda, se entendía que no lo eran. Ahora sí lo son. Bueno, está bien, es mejor así pero debe ser para todos los poderosos y todo el tiempo.

Lo bueno de las recientes resoluciones sucesivamente adoptadas por el INE y el Tribunal en esta materia es que permiten organizar mejor la lucha contra la propaganda personalizada pagada de los gobernantes e intentar llevar este tema hacia afuera de la legislación electoral para ubicarlo como transgresiones administrativas a la Constitución.

La propaganda ilícita de gobernantes no es principalmente una falta electoral puesto que se hace todo el tiempo y no sólo durante las campañas. Como no hay otra autoridad a la que se pueda recurrir, es el INE quien resuelve en primera instancia y, luego, el Tribunal Electoral en apelación. Es más, esa transgresión ya casi no se comete cuando va a haber elecciones. Se requiere pues una ley de carácter nacional para hacer valer la Constitución en el plano meramente administrativo mediante sanciones pecuniarias que se impongan a servidores públicos de alto rango en todos los niveles. Si hay un delito, eso se resuelve aparte en el Ministerio Público y en tribunales.

No se crea que sólo en materia de propaganda personalizada se han producido bailes judiciales. Se han dado en una enorme cantidad de temas. Uno de ellos: la censura a los mensajes de los partidos. Ahí se han puesto a bailar magistrados y magistradas al son que les han tocado.

Haga entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sus compilaciones y comentarios, para poder orientar a los sujetos políticos. Y, antes, presente alguna comedida explicación a quienes empezaron a enviar la carta de AMLO creyendo en la vigencia del precedente de 2012.

La libertad de difusión es de todos

La vieja libertad de publicar escritos se denomina ahora libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Ese artículo 7º constitucional, reformado en 2013 (único cambio desde 1917), no se refiere sólo a los periodistas, sino a todas las personas. Sin embargo, se pretende que en los hechos no sea así, pues se invoca como garantía de unos cuantos, los profesionales de la comunicación.

La llamada libertad de prensa solía entenderse como de aplicación restringida porque hasta hace poco sólo el periodismo comunicaba masivamente. Es por ello que no es lo mismo que un comunicador profesional publique algo sobre un político, artista, empresario, clérigo, etcétera, a que eso lo divulgue cualquier otra persona. Se le confiere mayor libertad al profesional de la difusión.

En sentido convergente, la Suprema Corte tiene el criterio de que una persona públicamente expuesta, un gobernante por ejemplo, puede ser indicada con mayor severidad, incluso con intromisión en su vida privada, sin que el señalado pueda fundadamente reclamar.

Los límites constitucionales de la libertad de difusión de las ideas por cualquier medio (Art. 7) son los mismos que los de la libertad de manifestación de las ideas (Art. 6). Quizá por eso se siguen confundiendo esas dos libertades. Además de cuestiones de orden público, tales limitaciones versan sobre los contornos de la vida privada y los derechos de terceros.

Ahora bien, los dueños de los medios de comunicación nunca están personalmente involucrados en las discusiones. Quienes se meten en toda clase de problemas relacionados con la difusión de ideas e informaciones son los periodistas propiamente dichos, es decir, trabajadores de los medios. Sólo cuando se abren procesos judiciales comparecen también las empresas como tales. Sin embargo, son los dueños quienes señalan la línea editorial.

El ejercicio de la libertad no protege sólo lo que publican los medios de comunicación sino también lo que les responden los aludidos. Existe, además, el derecho de réplica en la Constitución y en la ley. Así, está previsto el diálogo en la Carta Magna. Sin embargo, la crítica a los periodistas suele analizarse como un atentado a la libertad de difusión de ideas e informaciones. Más duro resulta que el poder político, sujeto de la crítica persistente de los periodistas, sea señalado como enemigo de la libertad de difusión cuando responde y, más aún, cuando lo hace igual de fuerte que los mensajes de los comunicadores profesionales, en especial los llamados editorialistas, articulistas, columnistas o conductores.

Gran parte del problema estriba en que la prensa mexicana es notoriamente deficiente si se le compara con la de muchos otros países grandes. No sólo se trata de la falta de conocimientos generales, lo cual es muy fácil de observar, sino de aquello que puede referirse a lo propiamente profesional.

El debate sobre los medios no está en el campo de la ética, como algunos lo han querido arrinconar. Es un problema tanto de responsabilidad social como de ejercicio de la profesión. En México han existido periodistas muy distinguidos y admirados, pero muy pocos. Han sido maestros sin discípulos, quizá por eso aquéllos han brillado durante tanto tiempo.

Para las generaciones que vivieron el oscurantismo político priista, la prensa era vendida, así se le conocía. Mas quien la compraba era el gobierno y, en lo individual, los políticos del poder, siempre con recursos públicos. Aquellos pocos periodistas ejemplares sí eran socialmente responsables porque denunciaban y criticaban sin mentir ni deformar. Sabían indagar y discernir, además de que eran cultos y conocían la artesanía de la redacción.

Muchos periodistas de aquellos tiempos de la intolerancia priista sufrieron represalias, sí, mas dejaron un legado. Pregunten por Julio Scherer, entre otros.

Después, bajo la libertad de prensa, también hubo hostigamiento. Entre mejor periodista se era, mayores bloqueos se sufrían. Pregunten a Carmen Aristegui entre varios.

El gobierno actual no va a reprender a ningún periodista. Por eso ya no existe el chayote, instrumento ignominioso de la falta de libertad de información y crítica. Por eso también la publicidad institucional es menor y tiene otros parámetros. El gobierno no pide que se le apoye ni que se le deje de criticar. Pero no es un exceso demandar que la prensa se diga lo que está ocurriendo y sus implicaciones verdaderas.

Algunos siempre hemos criticado a los medios. ¿Por qué no hacerlo hoy también si acaso se considera necesario? La aspiración a tener una prensa mucho mejor no es nueva ni es espuria.

Mas existe otro elemento. Nadie puede pedir una prensa neutral. Eso no existe. Consulten el tema con Carlos Payán, maestro de buen periodismo profesional, comprometido y honrado. Los medios mexicanos son más o menos variados pero predomina la derecha. Quien niegue esto vive en otro planeta, aunque la mayor parte de la derecha no admite serlo. Le da pena, pero ese es otro problema.

No debería verse como anormal o indebido debatir aun desde el gobierno con esa derecha que tiene un poder de comunicación efectivo, es decir, la propiedad de importantes medios de comunicación social.

Tampoco debería verse anómalo que, cuando se alteran los hechos y sus contextos o se informa francamente mal, se critique a toda publicación que lo hace, incluyendo a las muy minoritarias de izquierda, las cuales parece que se desorientan con mayor facilidad.

La prensa es terreno de lucha política. Hubo tiempos en el siglo XIX que un periódico era un partido. Nuevos intentos se produjeron en el siglo XX.

El debate con la prensa no es para descalificarla. Ella acaso se descalifica sola. Pero eso no quiere decir que el debate sea innecesario. Dice Andrés Manuel que el pueblo mexicano ya no es manipulable. Tiene razón en tanto que esa expresión consigna un hecho histórico, un cambio en la conciencia popular, pero en cada caso, a cada tropiezo de la vida, ante cada acontecimiento, sí se pueden distorsionar los hechos y ponerlos en un contexto inexistente. Sí puede haber manipulación social inducida desde la prensa. De hecho la hay.

Muchos consideran que un gobernante no debe criticar a nadie porque «representa a todos». Esa subjetividad no predomina en ninguna otra parte del mundo. Los mandatarios gobiernan a todos pero no lo hacen por igual. Si así fuera, no tendría caso convocar a elecciones y votar. Es falsa aquella idea priista de neutralidad social del poder promovida durante los tiempos neoliberales, luego adoptada por el PAN. Los partidos expresan ideas e intereses diferentes y por ello buscan gobernar. No existe tampoco ningún principio jurídico que limite la libertad de expresión ni la de difusión de las ideas por el hecho de estar en el ejercicio del poder político. El presidente de la República es responsable ante la ley por sus expresiones propias. La inmunidad sobre lo dicho sólo la tienen los legisladores, con base en el artículo 61 constitucional, para proteger sus expresiones críticas de los otros dos poderes y de personas o corporaciones poderosas.

Algo que caracteriza a la mayor parte de la prensa mexicana es su desdén o ignorancia del sistema democrático y sus leyes. Esto es normal en un país donde éste ha sido precario. No se analiza el carácter universal de la libertad de difusión de ideas e informaciones. El ejercicio de alguna profesión, oficio o mandato público no la puede restringir,  ya que todas sus limitaciones están expresamente consignadas en la Constitución.

Que el presidente critique a la prensa, como siempre lo hemos hecho quienes no ejercimos el poder durante muchas décadas y no estamos arrepentidos de nada al respecto, es un acto sincero que no podría considerarse como autoritarismo. Ya vivimos otra situación política aunque, a cada paso, la prensa analiza al gobierno actual a la luz de la forma en la actuaban los anteriores. Están desorientados porque les conviene.

El carácter inviolable de la libertad de difusión en las benditas redes sociales es un tema más amplio que comprende la neutralidad de la red internacional, internet. Esa también se encuentra garantizada en el mismo artículo 7º constitucional. Al tiempo, está cambiado el periodismo como profesión y también como negocio.

Tornar democrático el debate político

Se dice y se repite por casi todas partes y medios que en México, en este momento, no existe una oposición política organizada. Sin embargo, sí hay una divergencia expresada aunque aún no se haya escrito un programa alternativo.

Los conservadores siguen siendo lo que son, es decir, buscan preservar la aplicación de su propio proyecto nacional, el que hace poco fue repudiado por una amplia mayoría ciudadana. La manera en que frasean sus aspiraciones es el desprecio de lo que ha hecho hasta ahora el gobierno federal.

El punto central de esa crítica consiste en propagar que los compromisos del candidato Andrés Manuel no han sido cumplidos por el presidente López Obrador y que lo llevado a cabo ya fracasó. Los adversarios de la 4T no pueden quitarse de la boca que ésta es una «transformación de cuarta», es decir, que nada ha cambiando porque es imposible hacerlo.

En la propaganda antigubernamental en medios formales y en redes sociales no se discute el fundamento del programa de gobierno, sino actos muy concretos o situaciones demasiado puntuales con el fin de magnificar las deficiencias y negar los éxitos que se han tenido.

Existen, sin embargo, dos grandes problemas nacionales que se han ido convirtiendo en elementos centrales: la falta de crecimiento de la economía y la crisis de violencia delincuencial.

Durante un año, ambos fenómenos se han recrudecido. Aunque sus causas provienen de los sucesivos gobiernos anteriores,  no se han dado pasos efectivos para revertirlos. He aquí donde se centra la divergencia y se amarra el ataque opositor.

El hecho de que las oposiciones se manifiesten desorientadas y desarticuladas no quiere decir que no exista una crítica consistente que requiere respuestas y explicaciones. Al respecto, no basta la capacidad de réplica de López Obrador en sus comparecencias cotidianas ante la prensa. El gobierno en su amplio espectro debe intentar contestaciones y alegatos concretos frente a las diversas formas en que se expresan los grandes problemas. Más aún, se debe exponer la perspectiva que se le otorga a las acciones gubernamentales de hoy. Se antoja que las conferencias mañaneras del presidente se complementen con conferencias vespertinas de los miembros del gobierno.

También es preciso ensayar el discurso político formal desde el gobierno y con los integrantes de éste, en el que se convoque a la gente a sumarse al esfuerzo gubernamental a través de acciones y mecanismos concretos. El propagandista de un programa de gobierno no puede ser por lo regular una sola persona por más que ésta tenga mucha audiencia, sino la gente como colectivo, mucho más cuando el sistema de boca a oído se ha transformado en redes sociales de internet, amplias y veloces.

En conclusión, es preciso hacer cambios en el debate sobre la divergencia política mexicana, hacerlo democrático.