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Odios y diálogos

Desde la oposición, la tesis de la temporada parlamentaria en curso consiste en que la 4T tiene odio y el PAN busca el diálogo. Aunque no ha quedado claro contra qué o quiénes es el odio y qué temas y propuestas debe contener el diálogo, se entiende que es, una vez más, el esquema del mal y el bien, los elementos de la visión dicotómica de la historia y de la vida personal.

Es el diálogo que dice estar enfrentado al odio, pero así no puede ser una solución política, tanto porque se le asigna al mismo concepto de diálogo la existencia de un opuesto, el odio, como porque la apertura dialogante en política no cancela los odios propios.

El punto central, en realidad, es que Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional reclaman que la 4T abandone su programa porque –se sostiene– expresa odio a la vieja institucionalidad que tales partidos construyeron durante varias décadas de luchar entre ellos y de coincidir en lo fundamental, así como a una política económica y social que profundizó la pobreza y concentró el ingreso como en pocos otros países.

Ambos partidos no se han sumado en el Congreso a las reformas sociales en curso, en cierta medida porque éstas desmontan la vieja política clientelar que se construyó en el país y fue durante años la base de la fuerza electoral y mecanismo de la compra de votos.

Los odios políticos del tiempo que corre se encuentran en todas las banderías. Las recientes reformas expresan un rechazo a la política del viejo sistema mientras que los defensores de ésta repudian cada paso que intenta dar la nueva fuerza gobernante, por eso se les denomina conservadores, aunque también los hay reaccionarios.

¿En qué se piensa cuando se convoca al diálogo en Palacio Nacional entre el presidente y los líderes parlamentarios de todos los partidos? Los jefes del PAN y el PRI no han presentado la lista de posibles acuerdos. Por lo demás, no sería inconveniente que todos aquéllos se reunieran a conversar lo que cada cual desee, pero ese no es el diálogo que se ha demandado en San Lázaro.

La bandera del diálogo es un slogan de momento porque no sería posible que antes de las elecciones pudieran producirse algunas negociaciones políticas propiamente dichas. Las oposiciones unidas no podrían llegar a acuerdos con la 4T, por ejemplo, para garantizar estabilidad de precios de la electricidad y cerrar la llave de los subsidios estatales a los productores privados.

Recién lo ha dicho con sus propias palabras un vocero panista: hoy tenemos, afirmó, “reformas que sólo buscan el deterioro de la vida republicana”, cuando se requieren “reformas para crecer y ser mejor país”. El mal y el bien.

Quizá los odios no admitan serlo, pero, de que existen, no hay duda. Mas en la lucha política, quien odia una ley ha de ser porque le perjudica y podría existir otra mejor. Quien odia un sistema de ingreso tendría que ser por encontrarse del lado del salario o de la producción mercantil simple, pues ahí no se acumula capital. En realidad, los mayores odios se encuentran entre los pobres y explotados de la sociedad. Pero también existen intereses de carácter moral, es decir, la defensa de ideas convenientes que, cuando se llevan a la lucha política, pueden conducir a la violencia, como la hemos visto de sobra, ya que en el fondo expresan privilegios o creencias heredadas de las generaciones muertas o, del otro lado, aspiraciones creadas por sujetos emergentes de la sociedad.

El PAN y el PRI se han unido luego de odiarse entre sí o de decirse odiados por el otro. La vida los llevó por el camino del neoliberalismo como medio para defender y realzar en la arena política los intereses que representan. Se trata de elementos de carácter económico, de lugar en la escala social, de capacidad para asumir determinadas decisiones favorables a la parte de la sociedad a la que son afectos.

Ahora, cuando la izquierda ha llegado al gobierno y tiene la mayoría en el Congreso, los odios se han repartido de otra manera, pero lo cierto es que la unidad de PAN y PRI significa que se busca un esquema bipartidista en la próxima elección, como medio para obtener una mayoría parlamentaria y algunas gubernaturas: la contención de la 4T, se dice.

“El odio no ha nacido…” en nadie (parafraseando a un presidente odiado como pocos), pero tampoco se le ha olvidado a ninguno, sino que existe una fuerte convergencia de intereses sociales de los conservadores, aún antes de los propiamente políticos, puesto que el poder se ejerce para algo, no es una fiesta, sino la manera de procurar intereses de conjuntos de la sociedad.

El llamamiento al diálogo que proviene del PAN, como cabeza de coalición electoral, carece de un sentido mayor al de ser incorporado al discurso electoral con el fin de hacerse pasar como quien no odia, sino que, si en efecto lo llega a hacer, al menos sabe usar formas civilizadas. Existe en la derecha un sector bien educado; no todos son como aquellos que en redes sociales insultan el día entero al presidente y a la 4T con las palabras más soeces posibles, en una especie de relación escatológica con el odiado.

En la lucha política, no hay odiosos ni dialogantes, aunque de que los hay los hay. Esto quiere decir que nadie se deja llevar por esos atributos sino por la realización de sus funciones representativas. Esa es la política, la representación de los desiguales, de los adversarios, de los contrarios… y la lucha entre ellos.

Ley de educación superior: el cadáver político de Zedillo

El proyecto de ley de educación superior es un intento de resurrección del cadáver político de Ernesto Zedillo. Bajo un neoliberalismo muy poco disimulado, se nos anuncia que se quiere que todo siga más o menos igual que antes y se detengan los cambios.

El derecho a la educación superior es universal. Se requiere, claro está, cubrir los ciclos educativos anteriores, los cuales también son derechos sociales. Sin embargo, el proyecto de ley enviado por el Senado a la Cámara de Diputados agrega otra cosa como condición de acceso: “que (se) cumpla con los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior” (Art. 4). Aquí se cae todo.

Ernesto Zedillo mandó reformar la Carta Magna para que el Estado no tuviera que “impartir” educación superior, sino sólo “promoverla y atenderla”, con lo cual este tipo educativo ya no era un derecho que debiera garantizarse. Esto fue derogado por la reforma constitucional del 15 de mayo de 2019 que señala que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual debe brindar los medios de acceso a quienes reúnan los requisitos que, a todo análisis, consisten en contar con los certificados de estudios del ciclo anterior.

Según el proyecto de ley, el nuevo derecho ya no será un derecho propiamente dicho sino algo condicionado a unos requisitos impuestos por las “instituciones”, pero ni siquiera las autónomas solamente sino todas ellas. Es de seguro el examen de admisión y, quizá también, la procedencia, residencia o aspirantura de carrera, como ya lo hemos vivido. Según el proyecto de marras, tales “instituciones” determinarán por sí y ante sí el alcance de un derecho que, pensábamos, ya había sido proclamado como universal en cumplimiento de un compromiso de la 4T.

Se sabe de sobra que los exámenes de admisión siempre fueron filtros para dejar fuera a miles de estudiantes. No son parte de un sistema para conocer y mejorar la educación. Si todos los aspirantes aprobaran el examen con calificación de 10, el número de rechazados sería el mismo. Ahora, se quiere hacer de ese examen la condición legal para el ejercicio del nuevo derecho constitucional, el cual dejaría de serlo por mandato de una legislación secundaria. Es como un robo: tengo algo en la Constitución y me lo quitas en ley derivada. Eso no es algo nuevo en la historia mexicana, pero lo que se busca en concreto es mantener todo igual para impedir que lo nuevo pueda culminar.

La selección de estudiantes para la educación superior ha sido un fuerte mecanismo de clase porque en México vivimos una sociedad profundamente estratificada, lo que, precisamente, hay que reformar. Tal es el sentido, entre otros, del derecho a la educación superior.

Toda educación pública ha de ser gratuita. Por esto, Ernesto Zedillo descontó el nivel superior de aquella “impartida” por el Estado. Las colegiaturas que, sin embargo, ya existían, se buscaba elevarlas y hacerlas parte relevante y creciente del financiamiento de la educación.

En 1986-87 un poderoso movimiento estudiantil aplastó la pretensión de De la Madrid-Carpizo de aumentar las cuotas. Varios años más tarde, otra huelga universitaria que duró un año (1999-2000) hizo posible el repliegue de los neoliberales (Zedillo y compañía), pero se siguieron cobrando colegiaturas en las universidades públicas. Hoy, la Constitución tiene prohibidas las colegiaturas y es preciso resolver el problema definitivamente.

El proyecto de ley de educación superior no brinda un curso cierto para el logro de ese compromiso. Las instituciones públicas de los estados, en especial las autónomas, pretenden que todo se recargue en nuevas autorizaciones presupuestales federales, que son necesarias, pero sin rebajar sus actuales gastos prescindibles y onerosos. Más de la mitad del dinero procedente de cobros por inscripción y colegiatura es recaudada por las universidades estatales, a la vez que la Federación les aporta en promedio el 70% de su subsidio, pero no quieren hacer el menor esfuerzo en favor de la gratuidad. Así han redactado el proyecto de ley.

El llamado fondo de gratuidad de la Cámara de Diputados no puede ser sólo un aumento de subsidio sin propósito muy concreto, como lo pretende el proyecto. Eliminar las cuotas estudiantiles debe incluir un serio esfuerzo de austeridad burocrática por parte de quienes las cobran.

Casi todo el proyecto de ley de educación superior ha sido redactado dentro de la ANUIES y refleja, por tanto, la visión que tienen las dominantes burocracias institucionales.

En el texto del proyecto no se encuentra la palabra democracia, los estudiantes son inexistentes, los profesores son una vaga referencia. La educación superior y las escuelas no son aquello de lo que se habla en el proyecto de ley. Se trata de un texto redactado por las autoridades para ellas mismas.

En el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior que se quiere crear hay 107 autoridades, pero sólo nueve estudiantes y nueve profesores, supuestamente representantes de la totalidad de instituciones educativas públicas y privadas, que serían designados por el mismo consejo. Además, éste podría funcionar legalmente –se dice claro– sin la presencia de un solo estudiante, de un solo profesor. Es la plutocracia de las autoridades y la ausencia de todo concepto de representación.

En el proyecto de ley no se trata sólo de suprimir la palabra sino de eliminar el concepto de democracia. Se pretende, así, que en la nueva legislación no existan elementos republicanos, como si viviéramos bajo una dictadura de jure.

Además, el nuevo consejo nacional, que se pretende instalar aun sin estudiantes ni profesores, no es en realidad un órgano colegiado porque carece de toda capacidad para emitir resoluciones vinculantes. ¿Para qué construir una instancia más como lugar sólo para hablar y escuchar, si acaso?

Quizá por esto mismo ha resurgido en el proyecto la “evaluación”, reducida en el nuevo texto constitucional a ser instrumento diagnóstico de un sistema de mejoramiento educativo. Hoy, se plantea el fomento de “la cultura de la evaluación y acreditación” (Art. 48), que buscaban por varios métodos los neoliberales en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. El liberalismo ha impulsado siempre la competencia entre estudiantes, profesores e instituciones de educación, pero en México no habíamos oído hablar tan claramente de toda una “cultura de la evaluación educativa”.

Como es característica de todo planteamiento de derecha, el proyecto de ley de educación superior no confiere derechos de participación de estudiantes y profesores para intervenir en la determinación de las condiciones de su propia labor. Nunca se dice qué abarca el ser estudiante y el ser profesor, qué funciones desempeñan unos y otros, qué deberes, qué derechos. Nada. En el proyecto de ley, alumnos y maestros no existen más que a través de muy escasas referencias desafortunadas o confusas. En especial, los alumnos son elementos absolutamente pasivos y los maestros son simples subordinados. Se pretende expedir una ley de educación superior, pero sin proceso educativo, sin personas que se relacionan y actúan juntas, sino sólo para regular relaciones formalistas entre las burocracias dominantes.

Ya en el ámbito de lo absurdo, el proyecto busca impedir que los órganos legislativos admitan iniciativas o expidan reformas a la ley de cualquier universidad sin contar con una previa “respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno”. Pero el Congreso de la Unión carece, por una parte, de facultades para regir los procedimientos internos de los poderes legislativos de las entidades federativas y, por la otra, para negar el derecho constitucional de los legisladores y del Ejecutivo a presentar iniciativas de ley. Esta inaudita pretensión tiene el propósito de mantener viejas y caducas estructuras de las universidades, bajo la bandera de la defensa de la autonomía. Por desgracia, esa misma autonomía se confunde hoy día con algo por completo separado o de plano contrario a la democracia universitaria, sin la cual no puede cristalizarse aquella “capacidad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas”, de la que habla la fracción VII del artículo 3º  de la Constitución en referencia a las universidades autónomas.

El proyecto de ley de educación superior se ha presentado como una obra de amplio consenso y trabajo participativo. Pero a su redacción no fueron convidados los críticos de la actual educación superior, cuya organicidad es obsoleta. Nomás estuvo presente la derecha. Es entendible que se produjera un gran acuerdo.

Los movimientos estudiantiles anteriores y posteriores a la gran lucha de 1968 por la democracia política en todo el país buscaban una educación democrática, popular y científica. Hubo mucha represión, es cierto, pero también se lograron resonantes victorias. Universidades y escuelas democratizadas en las que alumbró una nueva educación con base en la ciencia y el examen crítico de la realidad. Fueron periodos en los que en muchos lugares estudiantes y profesores decidían objeto, contenido y métodos de los procesos educativos, con libertad y en pie de igualdad. Hoy vivimos la burocratización, el elitismo, los privilegios de autoridades y un profundo repliegue de la participación democrática de estudiantes y profesores.

Una nueva legislación no sería suficiente para superar este deplorable estado, pero no es aceptable expedir una norma, dejando todo igual o peor, sólo para cubrir un requerimiento. Pronto podríamos volver sobre el tema. Lo más importante en estos días es que no se apruebe una ley neoliberal en plena 4T porque sería una concesión innecesaria e inicua.

Que no se escarbe en tierra infértil para sacar el cadáver político de Ernesto Zedillo, de sus ideólogos y corifeos neoliberales.

La oposición unida, ¿jamás será vencida?

La hipótesis de las actuales derechas mexicanas consiste en que la oposición unida no podría ser vencida, a partir de la idea de que la 4T no tiene el apoyo mayoritario ni se acerca al mismo. Los postulantes de tal planteamiento, ahora coligados, abarcan desde intelectuales neoconservadores hasta neofascistas, un espectro muy amplio dentro del escenario nacional, pero con específicos propósitos e intereses comunes. Quizá no exista organización tan diversa y, al mismo tiempo, tan unida.

El respeto al pluralismo como fenómeno de la sociedad contemporánea no es lo mismo que utilizarlo como bandera. Pero la nueva coalición ni defiende el pluralismo ni expresa a éste como dato social, sino que la unión de los tan diversos y confrontados desvela una ambición política a costa de lo que sea. En conclusión, los integrantes de la nueva coalición conservadora niegan el pluralismo que ellos mismos expresan en su evidente diversidad, pero sólo en aras de disputar una mayoría legislativa que sería, por tanto, enteramente espuria.

Nunca se había presentado tan diversa coincidencia política en el más alto grado, es decir, mediante la formación de una coalición electoral formal, con programa propio y candidatos comunes. En ese conglomerado están representantes del Estado corrupto, el presidencialismo despótico, la vieja clase política degenerada, el oscurantismo católico, la intelectualidad oportunista, la prensa opositora, las cofradías conservadoras, los agrupamientos empresariales más elitistas del país y los cenáculos del neofascismo a la mexicana. Sus partidos instrumentales son el PRI y el PAN-PRD.

El punto que une a todas esas fuerzas es uno solo: que Morena no siga siendo mayoría en la Cámara de Diputados. Buscan impedir que el presidente de la República cuente con respaldo parlamentario para aprobar otras reformas y el presupuesto federal con el que se financian la nueva política social y los programas de inversión pública, en el marco de una estructura anticorrupción y de austeridad republicana. Los nuevos derechos a la educación, la salud, el retiro, la vivienda, el salario remunerador, entre otros, tendrán que votarse otra vez en la próxima elección.

No habíamos visto antes una situación política tan polarizada como ésta. Se abren a la vista dos terrenos dentro de una confrontación que terminará siendo clara para la ciudadanía.

Sin embargo, el pacto entre el PRI y el PAN-PRD es un espantapájaros, muñeco de trapo construido para detener, supuestamente, que se sigan cercenando las libertades, se concentre el poder político y se acabe con el sistema democrático. Pero no se menciona una libertad que haya sido menoscabada, alguna nueva facultad del presidente de la República, un ataque a la democracia. En verdad, se repudia el contenido de la política del gobierno, su orientación social en favor de los trabajadores de la ciudad y el campo, su reivindicación de los intereses populares y su pretensión de abrir espacio a los métodos de democracia directa.

El PRI y el PAN-PRD han votado en el Congreso en contra de las nuevas reformas mexicanas y están dispuestos a echarlas abajo, pero no proponen otras reformas. Su triunfo sería un paso en dirección a lo de antes, sin excluir el Estado corrupto, con sus sistemas de reparto criminal de recursos públicos.

Es del todo natural que esas dos fuerzas políticas hayan hecho un pacto electoral. Eso era lo que se esperaba. A fin de cuentas, ninguna de ellas tiene algo que perder. En su camino de poder, perdieron programa y dignidad políticas.

Las oposiciones se han unido bajo el aliento de fuerzas antidemocráticas y también de sectores que defienden privilegios muy concretos. Los grupos y personas que están al frente del nuevo pacto firmado entre las direcciones priista y panista saben funcionar bajo relaciones ilegítimas y muchas veces ilícitas con las instancias del poder. Una nueva mayoría en la Cámara, integrada con ese diseño, no podría operar más que de esa misma manera, bastante conocida, por lo demás. Casi todos los pactistas se conocen entre ellos de sobra y comparten necesidades y objetivos concretos.

La coalición electoral entre el PRI y el PAN-PRD espera ser más que la suma de los votos de cada cual. Sin embargo, también puede ser una resta. Los líderes actuales de esas fuerzas políticas carecen del control que antes ejercieron sobre millones de personas.

El partido más extendido y con mayor organización territorial, el PRI, se ha reducido drásticamente en número de votos cautivos por efecto de una crisis de las viejas relaciones de poder en las que se asentaban mecanismos clientelares focalizados. Es cada vez más difícil desviar recursos públicos hacia la compra de votos, elemento básico del viejo sistema.

El partido de la clase media propietaria y la burguesía conservadora, el PAN, carece de liderazgo y acusa deterioro político en lugares donde gobierna debido a sus desatinos y sus corrupciones. No es ya el partido de renovación y alternancia que alguna vez fue, ya que fracasó en la representación de ese papel político que había logrado arrogarse.

La lucha política del momento actual consiste en seguir en el camino abierto en junio de 2018 o regresar a las veredas del viejo sistema político. La unidad de los opositores ha dejado así los términos de la disputa. Por ello, al no tener más que ofrecer que volver a lo de antes, la coalición opositora opera como instrumento reaccionario. Un regreso, luego del desastre al que habían conducido a la nación, sería, evidentemente, una realización reaccionaria. No es sólo volver al neoliberalismo sino también a la corrupción y el uso faccioso del poder público.

Como se han ubicado las cosas hacia la próxima elección de diputados federales, hay poco espacio para opciones distintas a las de ganar o no la mayoría por parte de alguno de los dos extremos de la contienda. El papel que pudieran jugar los partidos de reciente registro o los candidatos independientes se estrecha en la polarización, de la dualidad política que resulta artificial en la medida en que la coalición opositora carece obviamente de congruencia, no sólo por su diversidad contradictoria sino también por su falta de liderazgo.

México ya ha entrado a un enredo en el que sólo desde el lado de la 4T puede existir cordura y serenidad. De parte de la oposición unida, que piensa que jamás será vencida, no habría que esperar algo a este respecto porque vive en estado de desazón y, además, trae consigo a nuevos agentes de la provocación más reaccionaria. Al final, el sistema democrático competencial en el que vivimos tendrá que dar la respuesta.

Fuero y contrafuero

El llamado fuero constitucional consiste en que para dar inicio a un procedimiento judicial penal contra ciertas personas es preciso, antes, obtener el desafuero del sujeto, es decir, la resolución de un órgano legislativo que separe al funcionario del cargo (lo expulse del foro) y lo entregue a la autoridad competente. Se llama inmunidad procesal penal. No abarca, por tanto, asuntos civiles o administrativos.

La Cámara de Diputados envió al Senado recientemente un proyecto, iniciado por el Ejecutivo, para reformar el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución, con el objeto de que el presidente de la República pueda ser acusado por cualquier ilícito penal, ya que hasta ahora ese precepto sólo abarcaba los delitos graves. El Senado, por fin, ya lo ha aprobado, pero no se trata del fuero constitucional, como han dicho, sino de la imputabilidad penal del titular del Ejecutivo. Es otra cosa.

En la actualidad, el presidente puede ser acusado por parte de la Cámara de Diputados (se llama impeachment) ante el Senado, donde se le enjuicia y, en su caso, se le remueve del cargo para ser sometido a un proceso penal en tribunales ordinarios. Con la nueva reforma constitucional, ese juicio ya podrá llevarse a cabo por cualquier ilícito penal. Con esto, se acaba la impunidad presidencial en relación con la mayor parte de los delitos. Tal es el sentido de la enmienda ya aprobada en el Congreso, la cual se ha enviado a las legislaturas locales.

Sin embargo, se dice equivocadamente que se trata de la eliminación del fuero y que también es preciso extender dicho nuevo precepto a los legisladores y no sólo al presidente. El problema que tienen quienes así piensan es que con la nueva reforma ni se elimina el fuero ni es necesario abarcar a otros altos funcionarios porque la Constitución ya los considera como sujetos responsables de cualquier delito, sin excepción.

La verdadera discusión sobre el fuero ha sido por completo otra. La inmunidad procesal penal del artículo 111 de la Constitución debería ser eliminada para que los altos funcionarios (legisladores, secretarios de Estado, gobernadores, ministros de la Corte, consejeros de la judicatura, magistrados electorales, fiscal general y consejeros del INE) pudieran ser procesados inmediatamente en un juzgado penal sin que la Cámara de Diputados tuviera que desaforarlos. Si no hubiera fuero no habría desafueros.

Pero no. Las oposiciones se han unido para exigir que el acusado no sea removido de su cargo hasta que su sentencia se encuentre confirmada en última instancia, es decir, años después, en un tribunal superior. Ahí está la discrepancia.

No es fácil admitir que un funcionario de alto rango pueda seguir como si nada en el desempeño de su cargo aun después de ser sentenciado por un juez. Esa situación sería peor que el actual fuero, ya que, bajo el sistema vigente, la Cámara de Diputados puede rápidamente aprobar la procedencia (así se llama), remover de su cargo al funcionario y entregarlo a la autoridad para que responda a las acusaciones. Ya se ha hecho hace poco.

Lo que en realidad quieren las oposiciones es un contrafuero, el cual consistiría en que cuando un legislador, ministro, miembro del gobierno, etcétera, fuera señalado como posible responsable de un delito, siguiera en su cargo, pero no hasta la sentencia, sino hasta que perdiera el amparo, es decir, podría mantenerse en funciones todo su periodo de tres o de seis años, pues tenemos un país donde tal procedimiento va a paso de tortuga y durante su desahogo existen múltiples recursos: el túnel negro de la industria del amparo. El contrafuero sería un mayor privilegio que el fuero.

El 10 de diciembre de 2019 las oposiciones votaron en contra del proyecto de abolición del fuero en la Cámara, por lo que no se completaron los dos tercios necesarios para aprobarlo. Luego de ver desechado su propio proyecto, la mayoría parlamentaria se ha negado a admitir el contrafuero porque este sería peor que el fuero, es decir, podría haber una suerte de impunidad temporal durante periodos completos de la gestión de los funcionarios enjuiciados.

El fuero se convirtió en un privilegio porque el Ministerio Público lo veía como una barrera y, eventualmente, la Cámara de Diputados era usada para castigar o perdonar. En ocasiones se activó el desafuero, pero siempre por órdenes del presidente en turno, ya fuera para encarcelar a un exfuncionario, como el caso de Jorge Díaz Serrano, o para inhabilitar a un próximo candidato, como fue la acusación contra Andrés Manuel López Obrador, desaforado a dos manos por el PRI y el PAN, pero rebotado en sede judicial y en las calles, con multitudinarias protestas.

Mientras la Cámara de Diputados tenga una composición como la de ahora, en la que ya no deciden los viejos partidos transas, todo pedido de desafuero presentado por el Ministerio Público –ya por fin independiente– sería atendido y, por esa vía, se entregaría a quienes deban ser enjuiciados por posibles delitos, siempre que no sean venganzas ni maniobras políticas de inhabilitación.

En tales circunstancias, entre el fuero y el contrafuero, por lo pronto mejor dejamos el primero de ellos y, tan luego se pueda, habrá que crear el nuevo sistema que está propuesto.

Presidente de panzazo

Joe Biden ha logrado más de 270 votos en el Colegio electoral, suficientes para ser designado presidente de Estados Unidos. Aunque la votación ciudadana arrojó una diferencia de más de 4 millones de votos (unos 3 puntos porcentuales) respecto a su contrincante, el actual presidente Donald Trump, son muy pequeñas las distancias en los estados donde la contienda fue más apretada y en los cuales finalmente se decidió la elección.

Con diferencias de décimas de punto porcentual, Biden logró 57 de 538 votos electorales con los que se conforma el colegio electoral, es decir, más del 10% del total. Son en conjunto unos 90 mil votos, aproximadamente, en cuatro estados: Arizona (20 mil), Georgia (16 mil), Pensilvania (20 mil) y Wisconsin (10 mil). Sólo 50 mil personas distribuidas en esas entidades que hubieran votado al revés de como lo hicieron, es decir, en favor de Trump, habrían sido suficientes para que éste fuera reelegido. Dicho de la otra manera: Joe Biden estaría ahora derrotado si poco más de la mitad de 90 mil electores en cuatro estados hubieran decidido votar por el actual presidente. Así de precario es el triunfo del candidato demócrata dentro de las reglas políticas imperantes y admitidas por todos los contendientes.

El resultado electoral de Estados Unidos muestra un alto grado de confrontación política en el seno de la sociedad y no sólo entre las fuerzas gobernantes. Ya lo hemos subrayado. Pero también evidencia una vez más que el sistema de elección presidencial, con una democracia de estados y no de personas, se contradice a cada rato con el principio de que a cada individuo corresponde un voto con igual peso. Es mentira que la presidencia sea expresión del equilibrio e igualdad entre los estados. Esta característica le corresponde por entero al Senado, por lo que siempre ha sido un engaño que también la posea la Casa Blanca.

Es difícil que los recuentos vayan a cambiar el resultado de algún estado y, aunque así fuera, tampoco uno o dos podrían modificar la correlación en el colegio electoral. Todo parece señalar que Joe Biden será presidente de panzazo, pero al fin el mandatario para los próximos cuatro años.

Joe Biden no es un líder político sino un colaborador político. Son dos cosas diferentes y así se verá durante los próximos cuatro años. Kamala Harris podría hacer el gran esfuerzo, pero en la práctica sólo preparará su propio momento. La coyuntura no sería tan grave si no fuera porque Estados Unidos requiere reformas profundas que lo pudieran arreglar. La gran confrontación social que se expresa en la política se debe a que una gran masa de trabajadores ha perdido ingreso en términos reales y a que un pequeño grupo de grandes capitalistas ha aumentado demasiado sus ganancias.

Se requiere en Estados Unidos una gran cirugía redistributiva del ingreso que, al menos, lleve el patrón de reparto a niveles observados décadas atrás, pero con el añadido de la lucha horizontal contra la pobreza. En este marco se necesitan la reforma educativa y la de salud. Abrir la escuela pública y crear la seguridad social que propone Bernie Sanders, aunque a ello se opongan los líderes demócratas.

La economía estadunidense no podrá responder al asedio comercial exterior si no redistribuye el ingreso y potencia, de tal forma, tanto su capacidad tecnológica (productividad del trabajo) como su mercado interno. La defensa del empleo y de los precios no puede darse sin estos dos componentes. Sin embargo, en Estados Unidos existe un gobierno más real y efectivo en Wall Street que en cualquier otro sitio.

La sociedad estadunidense contiene el primer y el tercer mundo al mismo tiempo. Es la mayor madeja de contradicciones sociales internas entre las potencias del mundo. Por ese camino la decadencia continuará sin remedio.

Pero los políticos no están trabajando para lograr un nuevo gran acuerdo sino sólo para restarse poder unos a otros. Los partidarios de Trump observan como amenaza la demagogia demócrata mientras que la mayoría en la House trata de bloquear la política republicana que ha tenido predominio en el Senado. Al parecer, la reciente elección va a conducir a un empate en la llamada cámara alta, quizá no exactamente aritmético sino político debido a la aplicación de sus reglas internas. La salida sería que un grupo asumiera la conducción e incorporara también a los que han estado actuando en los márgenes del sistema político, que son muchos millones. Esto llevaría su tiempo, pero ahora pocos están queriendo empezar.

De momento, Donald Trump se irá a Florida a jugar golf todos los días, pero eso por sí mismo no arreglará grandes cosas.

Bolivia: golpe democrático contra el golpe

La rápida caída de los golpistas en Bolivia tiene muy pocos precedentes históricos. Las elecciones arrojaron un resultado incontestable tanto por la concurrencia popular como por la preferencia mayoritaria. Las fuerzas políticas y militares del golpe, así como sus inspiradores de la OEA-USA, fueron derrotadas en toda la línea.

Ha sido ejemplar la serenidad y unidad de la izquierda y, de manera más general, de los movimientos sociales, para contener la acción del gobierno instituido tras el golpe.

Poco después de la deposición del gobierno de Evo Morales, que sólo pudo ser dirigida contra el Ejecutivo pues no podía abarcar al Legislativo sin caer por su propio peso, se produjo una especie de pacto político implícito, consistente en que unas nuevas elecciones tendrían que ser convocadas como forma de dirimir el conflicto, en el cual las fuerzas armadas habían sido determinantes para remover al presidente de la República e invalidar la sucesión interina constitucional.

La caída del gobierno y la toma de la Presidencia por una representante de las fuerzas políticas minoritarias, pero reconocida por los militares, no llevó a una respuesta violenta ni a la desesperación o desunión por parte de los sectores desplazados del poder ejecutivo, sino a la confianza en que, en nuevos comicios, los golpistas iban a ser derrotados, tal como ocurrió unos meses más tarde.

La historia reciente de este trance histórico tan singular parte de la decisión de Evo Morales de buscar una nueva reelección a pesar de un veredicto popular en el sentido de que esa ya no debía ser posible. Como se advirtió en su momento por mucha gente de izquierda, el desconocimiento por vía judicial del resultado de la consulta era por completo ilegítima: Evo Morales tomó la peor decisión.

Sin embargo, como ya ha quedado claro, Morales obtuvo el triunfo electoral a pesar de todo. La OEA, por conducto de su secretario en funciones de cónsul, quien antes había declarado la legitimidad de una nueva reelección, envió una comisión que pronto decretó sin elemento alguno que en Bolivia se había producido un fraude electoral.

Esta comedia de equivocaciones se convirtió en el caldo de cultivo del golpe de Estado.

Pero más allá de pretensiones reeleccionistas, por un lado, y de planes golpistas, por el otro, había un pueblo con certezas políticas y conciencia social. Las candidaturas en las nuevas elecciones fueron políticamente iguales, aunque el candidato del Movimiento al Socialismo ya no era Evo Morales, cuya pretensión reeleccionista había resultado sencillamente desastrosa.

Esta historia tan reciente demuestra que, debido a que Morales no había obtenido sanción popular para su cuarta postulación a la Presidencia, carecía de legitimidad, a pesar de que en la elección hubiera logrado una mayoría. No es suficiente tener más votos, es imprescindible tener también legitimidad.

Sin haber hecho fraude electoral, Evo Morales era incapaz de mantenerse en la Presidencia de Bolivia porque ya antes, en referéndum, no había logrado el derecho a postularse por cuarta ocasión.

Cuando Morales cancela la elección que le había dado el triunfo y se mete en la trampa que él mismo había plantado al admitir que la OEA revisara la autenticidad de los resultados con capacidad vinculante. En ese momento, el esquema del golpe de Estado estaba completo. Los golpistas no podían desaprovechar la oportunidad: el mismo presidente les había entregado el arma.

Pero el punto que marca la lucha política en Bolivia es que la relación de fuerzas no se modificó por el golpe contra Evo Morales, pues las nuevas elecciones pusieron las cosas en mejor lugar que en el que estaban desde antes de que aquel intentara una nueva reelección con argucias judiciales.

El que será nuevo presidente de Bolivia es quien fuera ministro de finanzas durante el gobierno de Evo Morales, uno de los principales impulsores de la política económica y social del socialismo boliviano. A juzgar por el resultado electoral, los números mejoran al MAS respecto de recientes comicios.

En cierto momento de la lucha política nada depende de una o varias, sino de una causa común, de un programa político y social. Esa es toda una elección, una vez más.

El golpe de Estado en Bolivia fue derrotado por la acción disciplinada y unitaria de las fuerzas de la transformación del país. A la vez, tales fuerzas han aprendido, mediante su propia acción, que el caudillismo tiene sus límites, los cuales podrían señalarse cuando ése pretende presentarse como la salvación, por sí mismo, en lugar de admitir la potencia de la organización y las conciencia en las fuerzas sociales del cambio.

La lección de Bolivia no sólo estriba en la forma en que ha sido derrotado el golpe de Estado sino también en el predominio de la potencia de las fuerzas del cambio social, aún por encima de su propio liderazgo original.

Dilema: partido, movimiento o algo diferente

En realidad, nadie sabe lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional, aunque ese no es su nombre oficial, sino simplemente Morena. Quizá este no sea el mejor momento para discutir el punto, pero pronto se abrirá el debate.

Los partidos del siglo XX eran organizaciones con muy definidos contornos, tanto programáticos como orgánicos. Casi todos ellos comprendían un compromiso con una causa o con una forma de relacionarse con el Estado. En el siglo de los extremos, como le llamó Eric Hobsbawn, había alineamientos muy definidos e irreconciliables con los demás. Los militantes políticos tenían que ser eso, justamente.

Sin embargo, en tanto la época de los extremos se fue atemperando, en especial con la terminación de la guerra fría y la restauración del capitalismo en el anterior mundo socialista, los partidos se tornaron en algo menos definido, aunque sin perder sus respectivas referencias sociales básicas, es decir, de clase.

En muchos países se han construido movimientos electorales con apariencia de los anteriores partidos porque sus líderes y algo de sus programas suelen provenir de aquellos, pero son otra cosa. La verdad es que vivimos un momento en el que los viejos continentes no alcanzan a retener todos los actuales contenidos.

En Estados Unidos –ensueño paradisiaco realizado de los capitalistas– siempre han existido muchos partidos, pero sólo dos compiten. Demócratas y republicanos han tenido más o menos el mismo programa estratégico, cada uno con sus propios énfasis, por lo que jamás estuvieron en los extremos de la lucha política: sus adherentes han podido pasar de uno a otro partido con la mayor naturalidad. Sin embargo, ya han surgido fuerzas políticas que toman al partido demócrata como instrumento para proyectar programas socialistas, principalmente la de Bernie Sanders, quien es, por cierto, senador independiente por Vermont y dos veces precandidato a presidente dentro del Partido Demócrata.

En México hubo un solo partido del poder y varios de oposición, con o sin reconocimiento oficial. Todos ellos vivían la guerra fría a su modo. Aquí, ser priista era una definición orgánica pero casi siempre por pertenecer primero a otra organización: sindicato, ejido, comunidad indígena, unión de colonos, asociación profesional, etc., todas las cuales vivían de alguna forma bajo la protección oficial y con subsidio a sus líderes.

La izquierda tuvo varios partidos en México, mas vivió un intenso proceso de unificación que ha culminado (al menos por ahora) en Morena. ¿Es este un partido en un sentido orgánico? Nunca se sabe quién es y quién no es miembro de esta formación política, más aún, eso es lo de menos. Tenemos ahora un proceso interno donde han participado personas que jamás buscaron su afiliación hasta que les fue indispensable.

Por otro lado, el programa de Morena tiene unos ejes muy básicos, muchos de ellos están definidos por una nueva moralidad publica, como lo sintetiza López Obrador: “no robar, no mentir, no traicionar al pueblo”. Esto es poco en términos de la historia universal de las ideas políticas, pero resulta ser demasiado en la historia política de México.

Cuando Andrés Manuel fue candidato a presidente nacional del PRD (1996), planteamos la idea, muy a la greña, de conformar un partido-movimiento. Lo que se estaba diciendo era lo indispensable que resultaba eludir la formación de una burocracia interna y mantener las puertas abiertas. El precio era, claro está, una relativa desorganización. El PRD, sin embargo, marchó por otro camino, formó sus grupos de interés y su burocracia interna carente de principios y de causa. Esto lo fue hundiendo paulatinamente hasta su penoso final.

Desde el principio, el planteamiento ha consistido en hacer de Morena un movimiento popular, es decir, una identidad política sin estructuras petrificadas. Por ello se recurre a las encuestas abiertas para definir candidaturas y se inventó el sistema de tómbola para integrar las listas plurinominales. Esta última tiene mucho mayor contenido democrático respecto a lo que hacen otros partidos porque para llegar a la lista por la vía del sorteo es indispensable haber sido elegido en una asamblea distrital de afiliados, en la cual se prohíben las planillas, ya que, para elegir a seis, cada asambleísta sólo puede votar por dos: una mujer y un hombre. En el resto de los partidos las listas son repartos entre grupos.

Se pueden lamentar los últimos acontecimientos relacionados con Morena, incluso el embargo de su existencia legal por parte del Tribunal Electoral, el cual es todo un escándalo judicial. Pero tal circunstancia no es más que eso. La cuestión seguirá siendo la del método que rija la vida interna y la del compromiso de honradez política que tengan que asumir dirigentes y candidatos.

Como fuerza gobernante, Morena debe desarrollar su programa político, pues no basta la opción en favor de los pobres y la lucha contra la corrupción, sino que también hay que trazar caminos hacia la reforma social, la cual ha de ser algo mucho más que una política de gasto y una nueva pauta de administración del presupuesto.

Además, se tiene que decir cuál es el proyecto de reforma del Estado, es decir, de democracia política. Las bases nuevas son el escrupuloso respeto al voto libre y la participación ciudadana en las decisiones más trascendentales, como ya se ha establecido claramente. Mas de ahí se tiene que proseguir con otras reformas, tales como el funcionamiento del Poder Ejecutivo, hasta resolver un asunto cada vez más espinoso: el grado de federalismo que requiere el México de nuestros días.

La cuestión de mayor fondo va a seguir siendo la distribución del ingreso y el rompimiento de las poderosas estructuras monopólicas, que son las que hacen frente al poder del Estado. La separación entre el poder político y el poder económico no puede sostenerse sin que este último sea menos poder y el primero cuente con mayor legitimidad y fortaleza democráticas.

La lucha en torno a lo esencial, la cual ocurre en el terreno donde se expresan los profundos intereses sociales, es el marco dentro del cual se tendrá que construir Morena, como movimiento popular o como algo diferente que no se ha creado antes, a lo que la vida puede conducir. No sería la primera vez.

Propaganda de miedo y mentiras

Un mendaz atisbo apocalíptico se cierne sobre México desde cuando el triunfo de Morena se empezó a analizar como inevitable. Según esa predicción, lo que iba a ocurrir era la dictadura y el colapso nacional. Luego de dos años, se sigue diciendo lo mismo.

A los actuales opositores no le preocupa gran cosa que la realidad apunte hacia un lado diferente de donde se encuentran sus descripciones. Entre peores sean sus acusaciones y avisos, mayor podría ser la falsificación y el miedo.

La más notoria mendacidad opositora se haya en torno a la supuesta persecución de las libertades de manifestación y de difusión de las ideas por cualquier medio. La contra crítica presidencial a no pocos medios de comunicación es presentada como prueba del aserto. El fuerte y sistemático denuesto de tal conducta contestataria del gobierno más bien nos habla de un libre ejercicio de la crítica.

Pero el contraste es mucho más fuerte. Las actuales generaciones no recuerdan un momento de mayor libertad de prensa. No se ha producido un solo acto de persecución abierta o encubierta contra comunicador o medio alguno procedente de la actual administración federal. Las provocaciones abiertas, es decir, las falsificaciones descaradas no han llevado siquiera a la apertura de procesos civiles. Si no hay chayote, esa es otra cosa, aunque duela más, debido a que siempre fue ilegal.

Sin embargo, la notoria falsedad de cotidianas acusaciones o señalamientos no es suficiente. Las oposiciones no escatiman esfuerzo ni desaprovechan oportunidad para atribuir al gobierno y a la mayoría parlamentaria intensiones falsas e, incluso, actos enteramente inexistentes.

Con motivo del proyecto de extinción de 109 fideicomisos y fondos, se asegura que se van a eliminar asignaciones presupuestales en las materias de ciencia, tecnología, cultura, educación, deporte, otros subsidios y subvenciones, así como variadas ayudas, a pesar de que se encuentran en el proyecto de gasto enviado por el Ejecutivo a la Cámara, incluyendo los fondos para financiar la producción cinematográfica, que desde siempre han sido muy pequeños, por cierto, frente a las enormes potencialidades del cine mexicano.

Si López Obrador y los legisladores desmienten los señalamientos en su contra, los mendaces los repiten una y otra vez al tiempo que muchos medios los reproducen como si fueran verdad revelada, pero ocultan las réplicas. Vivimos un momento de catástrofe sanitaria conmocionante y todo lo peor es imaginable, por lo pronto.

En el debate parlamentario del 7-8 de octubre las oposiciones y, por cierto, algunos otros pocos, repitieron hasta el exhausto que todos aquellos apoyos se iban a eliminar. Por ejemplo, si se acaba con un fideicomiso que opera como intermediario entre el gobierno y los beneficiarios, entonces se afirma que el beneficio se va a terminar, aunque el gobierno destaque que todo se hará desde ahora en forma directa, como ya se está llevando a cabo en otros renglones.

Hay una mentira que se sigue diciendo casi todos los días de sesión en San Lázaro, la cual consiste en asegurar que el gobierno cerró las guarderías para hijos e hijas de trabajadoras informales cuando éstas son todas privadas y cuando lo que se hizo fue entregar la ayuda directamente a las madres porque la tercera parte de los niños y niñas que aparecían en las listas de tales guarderías eran fantasmas, no obstante lo cual los gobiernos anteriores entregaban el dinero a sus dueños en lugar de hacerlo, como ahora, a las beneficiarias.

Sobre el lío de los fideicomisos, Andrés Manuel dijo al respecto que, en esta materia, cuando la emoción es muy grande y las acciones demasiado fuertes de seguro existe alguna de dos cosas: una injusticia o un interés económico. Puede ser que tenga razón.

El fondo de “enfermedades catastróficas” ya no existe porque se eliminó el Seguro Popular que fue un fraude neoliberal. El fondo remanente lo tiene el nuevo Instituto (INSABI) y se tiene que usar en gasto de salud y no para otra cosa. Entonces, hay que darlo como ingreso fiscal y destinarlo en el presupuesto justamente en el ramo de salud. Frente a esto, no pocos gobernadores quieren una tajada para gastos diversos, pero eso va a estar difícil. Ya no son tiempos, aunque los gritos y empujones sean grandes.

Los opositores dicen que todo se va a venir abajo porque el gobierno es malévolo. Se refieren a una forma diferente de llevar a cabo la administración pública y a la implantación de unas nuevas prioridades de gasto. Esto es lo esperado de parte de cualquier partido, corriente intelectual o corporación disidente. Pero la falsificación de hechos y la visión apocalíptica no son más que propaganda de viejo cuño: repite una mentira mil veces…

La estrategia de miedo y mentiras va a fracasar, lo cual será una buena lección para el conservadurismo y la reacción. En el seno de la sociedad existen fuerzas y corrientes de opinión, cultura e intereses sociales que pueden sobreponerse a arremetidas como las que hemos estado viendo. Veamos algunos elementos.

Según encuestas recientes, Morena sigue siendo el partido con más apoyo ciudadano y mantiene su mayoría en 200 distritos electorales de un total de 300. El presidente tiene una alta aceptación, muy por arriba de lo normal en países como México con democracia concursal. Los partidos de oposición no muestran recuperación y, salvo en unos cuantos estados, siguen en minoría. La intelectualidad conservadora ya rabiosamente opositora no recluta a muchos más. Las corporaciones empresariales no renuncian al diálogo con el gobierno a pesar de que éste no les concede los apoyos fiscales que demandan. Los fascistas seguirán probando suerte, pero no son, al menos todavía, una fuerza política.

La lucha por el poder tendrá una estabilización, aunque bajo las mismas mentiras consuetudinarias de las oposiciones, en el primer semestre de 2021. Ese momento será de gran actividad. Como ninguna oposición podría tener un grupo parlamentario mayoritario, las campañas electorales adversas se van a centrar en llamar a que nadie sea mayoría, aunque no se ofrezca pista de aterrizaje alguna. Este es otro intento de engaño.

La democracia concursal en la que vivimos no depende de evitar la existencia de un partido mayoritario sino de que cualquiera, solo o en coalición, pueda llegar a serlo. El llamado a que no exista una mayoría no es democrático, sino que es un discurso de miedo. Lo que habría que buscar, en cambio, es que la ciudadanía tenga las mejores condiciones para votar en libertad y en conciencia a pesar de la falacia.

Mientras la izquierda sea la fuerza gobernante, las grandes y pequeñas campañas de miedo y de mentiras van a seguir. Es también una nueva normalidad.

Investidura presidencial y oposición ilustrada

    Pablo Gómez

La filípica lanzada contra López Obrador por parte de 600 intelectuales opositores parece basarse en la idea de que el presidente de la República, el que sea, debe estar al margen del debate cotidiano y abstenerse de responder a los muy frecuentes ataques debido a su investidura.

La oposición ilustrada, como la otra, pide volver a la vieja hipocresía, cuando el jefe de Estado, jefe de gobierno y líder político no debía medirse directamente con sus críticos, sino mandar a otros en su lugar. Ahora se dice que aquellos usos y costumbres eran muy correctos porque las palabras del mandatario tienen, supuestamente, un significado diferente al de cualquier otra persona debido al poder que aquel ejerce. Entonces, se concluiría, lo que ahora debe hacer el presidente de la República es comprar la prensa y mandar a callar a sus peores (o mejores) críticos a través de actos ilícitos e inmorales. Así lo hicieron los presidentes durante décadas. Pero ese es precisamente el pasado que deber ser defenestrado.

El actual presidente sigue denunciando como lo ha hecho desde hace muchos años. Sería algo injustificado otro proceder, es decir, pasar esa función a otros: lo dice (o lo hace) él o ella para que me entiendas a mí (o que yo lo hago). ¿Sería esa una forma de actuar que fomentara el debate y, por tanto, la participación democrática de la sociedad?

La gota que terminó por mover a esos y esas intelectuales fue la multa contra Nexos y la revelación de que esa revista colocaba centenares de suscripciones en el gobierno, lo que no era otra cosa que un oculto subsidio.

¿Qué tendría que ver con este asunto la investidura presidencial? Según los 600, hay persecución al ejercicio de la libre difusión de las ideas, aunque no hayan presentado caso alguno. Las sanciones impuestas a Nexos hubieran sido un argumento ridículo y debatir sobre la suspensión de la compra de suscripciones llevaría a demasiadas preguntas. Así que una y otra vez se orillan a cuestionar la libertad de expresión del presidente, misma libertad que, en general, según dicen, está en peligro.

¿Bajo el actual gobierno, a quién se ha perseguido por sus dichos o escritos? ¿En el plano civil, cuántas demandas se han interpuesto contra posibles autores de afirmaciones calumniosas o difamatorias contra el Ejecutivo Federal? Los y las 600 no pueden decir nada al respecto, pero, claro está, tampoco admiten en su filípica que no hay represión gubernamental.

La investidura presidencial es algo inherente al cargo, pero no tiene una forma unívoca de expresarse. En México no existe la figura de jefe de Estado, pero las funciones del presidente adquieren ese matiz en las relaciones internacionales y en la parafernalia oficial. Por el otro lado, el Poder Ejecutivo está depositado en una sola persona, el presidente de la República, pues no existe consejo de gobierno o de ministros. Así, este cargo se parece más a un jefe de gobierno que a un rey o presidente de república parlamentaria, quienes son intocables y tampoco pueden tocar.

En los países con mayor tradición democrática el jefe de gobierno está todo el tiempo en el debate. Los y las 600 no están de acuerdo. ¿Por qué? Ellos y ellas se dicen cultos e informados. ¿Acaso desconocen la manera de discutir en países no tan ajenos como España o Italia? En casi todas partes el debate es diario, aunque no haya mañaneras.

La oposición ilustrada de las y los 600 intelectuales debería dedicarse a la crítica sistemática, a la polémica, pues también para esto, se supone, han estudiado lo suficiente. Quizá durante los años del neoliberalismo muchos de esas y esos nuevos opositores se la pasaron bien, ajenos a los avatares de la política, recibiendo concesiones y otorgando soslayos para no entrar en conflicto con el poder que repartía privilegios como forma de asumir ciertos costos. Pero ahora deberían entender que la lucha política ha cambiado. Ya no están vigentes las viejas reglas. La ciudadanía aprobó su derogación. ¿Es tan difícil entender la realidad?

Al decir que está en peligro la democracia, esa oposición ilustrada no tendría más que apoyar directamente a la oposición, digamos, pedestre, a la que le faltan ideas y, en consecuencia, propuestas. Si su propósito central es arrebatar la mayoría parlamentaria a la 4T, muchos de las y los 600 tendrían que solicitar al PRI, PAN, PRD, MC unas candidaturas para tratar de llegar a San Lázaro a detener a López Obrador. Eso sería más práctico y digno que estar exigiendo inútilmente al presidente que deje de decir lo que piensa para adecuarse al viejo e hipócrita concepto de investidura que ellos y ellas mismas quieren revivir. Vaya que hasta en eso se afilian al conservadurismo.

¡Auxilio!

Conforme se acercan las elecciones del año 2021 arrecian las llamadas de auxilio para evitar, se dice, la extinción de las libertades y la caída de la democracia. Otra vez el peligro para México, vieja canción con nueva letra. Pero, como antes, ésta no es otra cosa que un montaje para defender privilegios caducados o que están cerca de ser por fin abolidos.

El peligro de que la libertad de expresión (Art. 6º) -no se habla inexplicablemente de la libertad de difusión de las ideas por cualquier medio (Art. 7º)— sea aplastada por la 4T no tiene ningún elemento vinculable. El gobierno no ha silenciado a nadie. No hay censura alguna. Lo que molesta es la réplica del, ahora, objeto principal de la crítica, el presidente, pero esa también es un derecho constitucional que no se quiere reconocer a plenitud o sin regateos.

El presidente de la República habla mucho. Sí, pero eso no disminuye el derecho de quienes también hablan o escriben todos los días. La prensa, escrita, videada y hablada, tuvo el monopolio durante años, pero a costillas del poder político. Cuando un medio era hostil o sencillamente crítico sistemático, el gobierno se encargaba de cerrarle el paso, negarle todo mecanismo de financiamiento y atemorizar a sus dueños. Hubo muchos casos de periodistas acallados, los cuales carecieron de la solidaridad discursiva de sus colegas apoltronados.

El pleito entre Andrés Manuel López Obrador y la prensa que él llamaba fifí y ahora sólo le dice conservadora es tan viejo como la participación de aquel en las filas de la oposición. Ha sido un pleito de mucha gente que ha promovido el ejercicio de libertades porque es un medio de negarse a ser silenciado. Ha sido también parte de la lucha política por el poder.

Esto nos lleva a un asunto de mayor fondo. Dicen los conservadores (hayan sido alguna vez de izquierda o sigan siendo de derecha) que la 4T, en concreto AMLO, debería ser respetuoso, cauto, institucional, modosito y nada respondón. El que puede llamarle pendejo al presidente de la República es Aguilar Camín, como ya lo ha hecho, sin que sus viejos y nuevos amigos lo hayan criticado ni con el pétalo de una lamentación. Quizá esos opositores crean que el estilo “caminesco” sí denota un alto nivel discursivo.

Lo que desean los críticos sistemáticos de la 4T es que el presidente no responda desde la Presidencia, sino que use a otros políticos de dentro o de fuera del gobierno. Añoran las prácticas del pasado. Son nostálgicos, pero por pura conveniencia.

Es justamente la libertad de difusión (Art. 7º) la que brinda por igual una robusta base a las críticas de los conservadores y a las respuestas del gobierno. No podemos seguir en una democracia de simulaciones en la que muchos periodistas mercaban con la dosificación de su crítica mientras el gobierno les pagaba para que no fueran demasiado lejos. Cuando algunos avanzaron, los hicieron caer para que callaran.

Una democracia concursal y formalista como la mexicana no puede seguir viviendo, como antes, dentro de una crítica acotada y una respuesta ritual de parte del gobierno. Ya nadie se va a quedar callado. Luego entonces avanzamos algo y la neutralidad del internet ayuda.

El mayor problema no es que los conservadores quieran volver a ese convenio de hipocresía y complicidad entre los críticos mediáticos y el poder político, sino que tanto las oposiciones como los intelectuales conversos critican poco los actos concretos del gobierno y sus omisiones, pero gritan que está en peligro el mantenimiento de las libertades de las que gozan sin límite alguno. Claman auxilio para combatir amenazas difusas.

La plataforma de las oposiciones de derecha y de los nuevos conservadores atolondrados consiste en llamar a derrotar a Morena en las elecciones de 2021 para impedir, dicen, el aplastamiento de la democracia.

Pero ¿qué cosa proponen? No confiesan su programa propio. No pueden decir con nitidez que piensan, por ejemplo, que el gobierno regala dinero al reconocer derechos sociales y otorgar las garantías de éstos. No pueden oponerse al combate a la corrupción y el robo al fisco. No les conviene defender el derroche y el atraco en el ejercicio del gasto público. Carecen de argumentos para criticar el aumento real de salarios. Se les hace complicado promover políticas de gobiernos anteriores que llevaron a desastres y cuya impronta sigue presente en la vida nacional. No tienen el valor de proclamar a las claras que es preciso seguir subsidiando al gran capital para promover el crecimiento de la economía. No, lo que dicen es que la democracia está en peligro y gritan auxilio. Pero ¿qué institución verdaderamente democrática ha sido cancelada? ¿Qué derecho se ha negado? ¿Qué libertad ha sido reprimida? No se sabe. Lo que mucho les molesta es que se critique al INE a pesar de su historia de permisiones y su presente de corruptelas, dispendios y arrogancias, pero ahí ya también empezaron los cambios.

En verdad, la plataforma electoral de la alianza opositora que se está formando es para detener lo nuevo y restaurar lo viejo. Buscan ahogar al gobierno de la 4T en riñas interminables en el Congreso para impedir más cambios. Pero eso no lo podrían conquistar con mentirosos gritos de auxilio sino con un programa alternativo que, por lo visto, no existe, ya que esos opositores no pueden ser tan descarados como para proclamar abiertamente la defensa de los regímenes anteriores, bajo los cuales vivían en la felicidad. Se nota, sin embargo, que experimentan una fuerte añoranza.

Si de libertades y democracia tuvieran que hablar, esos conservadores (hay muchos de plano reaccionarios) tendrían que rebatir el hecho de que se ha ampliado el ejercicio del derecho de crítica, se han frenado los actos represivos, se han abierto las puertas para la libre organización y la posición de gobierno se expresa al día y es directa. El gobierno no va a permitir el uso de fondos públicos en la competencia electoral, que antes fue una regularidad solapada por las autoridades encargadas de perseguirlo.

Para confort de esos conservadores, aún no tenemos una democracia participativa de base ciudadana y social, que llevara a la gente a decidir con frecuencia en todas partes y no sólo a elegir de vez en cuando. Mas si ellos fracasaran en sus pretensiones restauradoras, podríamos acercarnos a reformas democráticas que ampliaran las libertades y ensancharan el camino hacia una gran redistribución del ingreso. Este es el fondo del llamado de auxilio de parte de quienes buscan frenar el presente para volver al pasado.