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Francia: anacronismo político

 

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha pasado de tener una mayoría relativa de 32 por ciento de los votantes, el 23 de abril de este año, a contar con el 63% de los escaños de la Asamblea Nacional, el 18 de junio, es decir, en menos de dos meses duplicó artificialmente su representación. La candidata contra quien compitió Macron en segunda vuelta, Marine Le Pen (Frente Nacional), cuenta con 8 escaños, el 1.39 por ciento de la representación nacional, sin derecho a tener grupo parlamentario.

Esta operación política se ha llevado a cabo dentro de un sistema de elección a dos vueltas de todos los cargos y la ausencia de mecanismos de representación proporcional en el parlamento.

Toda la derecha, excluyendo la “extrema” de Le Pen, cuenta con el 87%, pero no de los votos, sino de los escaños. ¿Dónde quedó la oposición? En una izquierda reducida a 69 lugares, 42 del Partido Socialista y 27 de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélechon, el 12% de bancas entre ambos, lo que se aleja mucho de la suma de sus respectivos porcentajes verdaderos de más del 25. Por otro lado, el viejo partido de De Gaulle, Los Republicanos, que había obtenido casi el mismo número de votos que Mélechon en la primera vuelta presidencial, ha logrado sobreponerse como por milagro en la elección legislativa de segunda vuelta, con 135 diputados, el 24% de la Asamblea. Esto le ha permitido darse el lujo de dividirse en dos grupos parlamentarios con diferencias de grado sobre el apoyo al gobierno de Macron.

El abismo entre el voto popular y la fuerza política institucional es el resultado de un sistema apartado de principios democráticos básicos; el primero de ellos, cada ciudadano y ciudadana es un voto; el segundo, todas y todos los votantes deben estar representados.

Al alejarse de la democracia política, el sistema francés bosqueja una aversión a lo podría denominarse “democracia social”, o democracia a secas, en la que los intereses de quienes viven de su propio trabajo –la inmensa mayoría de la sociedad– tuvieran preeminencia en la acción del Estado, pues ellos lo sostienen todo.

Se postula, sin embargo, que el sistema francés es magnífico porque promueve la “gobernabilidad”, pero ésta es ahora gestionada por la minoría porque un partido del 32% tiene todo el control institucional, mientras millones se han quedado sin representación política. Al final, los votos de Macron valieron el doble que los demás votos.

Por más que el nuevo partido presidencial, La República en Marcha y su aliado MoDem, tengan un inmenso respaldo parlamentario (falta la elección del Senado), las contestaciones al programa de derecha van a expresarse desde la calle. Como los diputados y diputadas opositores son muy escasos, habrá de ser la gente con la que el nuevo presidente deberá encararse.

La abstención en la segunda vuelta legislativa ha subido hasta el 57%, la más alta en la historia de la V República, pero ya los analistas a modo han dicho que se debe a una “fatiga electoral” de cuatro comicios al hilo. En realidad, el fenómeno tiene otra causa. La mayoría de los partidos franceses ya había sido eliminada de la segunda vuelta en muchos distritos, donde sus seguidores no tenían opción. ¿Para qué votar? ¿Qué diferencia habría entre el nuevo partido de Emmanuel Macron y los viejos republicanos de Nicolas Sarkozy y Françoise Fillon, entre los que estaba la disputa en segunda vuelta en la mayoría de los distritos? Era la misma sopa aunque con diferente aspecto.

La derecha (sin Le Pen) se ha vuelto una especie de majestad en Francia: tiene cuatro quintas partes de la Asamblea Nacional. Habrá que ver lo que opinan los que no se encuentran representados sólo por obra del anacrónico sistema político de la “democracia avanzada” francesa.

Ese mismo sistema lo quieren para México.

¿Qué se ganó y qué se perdió en el Edomex?

 
Pocos días antes de la elección del Estado de México aparecían dos posibles componentes muy relevantes: por un lado, la diferencia entre los punteros (Morena y PRI) iba a ser corta y, por el otro, podría ser decisorio el mantenimiento de la candidatura del PRD, la cual era políticamente innecesaria y, por tanto, sospechosa.
 
Tanto el PAN como el PRD mantuvieron su caudal numérico de votos, como si nada hubiera pasado desde la última elección de gobernador en el año 2011, pero bajaron ligeramente sus respectivos porcentajes. Josefina Vázquez Mota obtuvo mayoría en un solo distrito, de los 45 en que se encuentra dividida la entidad, lo cual, es aprovechado por Margarita Zavala para culpar del desastre a su oponente interno y exigir que se adelante la nominación panista con base en encuestas. Juan Zepeda no captó más votos que los trasladados a Morena y sólo alcanzó el triunfo en tres distritos de Nezahualcóyotl; no obstante, en su partido se afirma que tuvo muy buen desempeño, aunque no era candidato a presidente municipal sino a gobernador.
 
El PAN y el PRD habían intentado pactar una alianza, lo que les fue imposible porque no tenían candidato común ni consensos internos. La parte decisoria de la dirección perredista, orientada por Miguel Ángel Mancera, estaba ya comprometida desde un principio con el gobierno federal. El acuerdo consistía en no hacer alianza con nadie (PAN o Morena), mientras el PRI repartía dividendos entre tres partidos bonsái para que apoyaran a su candidato. PRD y PAN no hubieran logrado el triunfo ni yendo en coalición. Otra cosa podría decirse de una alianza entre Morena y el PRD, la cual hubiera logrado más del 50 por ciento de los votos válidos. Esto ya se sabía desde mucho antes del ultimátum de López Obrador, frente al cual, en el colmo de la falsedad dolosa, el candidato del PRD se proclamó posible ganador y le pidió declinar a la candidata de Morena.
 
Es interesante observar que el PRI, sin alianzas, según las cifras oficiales, está en segundo lugar con el 29.82% contra el 30.82% de Morena, lo cual, estrictamente hablando, ubica a este último como el partido de mayor votación en el estado. Ahora, el PRD no quiere secundar la protesta por la compra priista del voto, para seguir fiel a su compromiso original con el gobierno.
 
Hay un fenómeno político que habrá que estudiar con más calma: las pérdidas del PRI van a parar en su mayor cantidad a Morena. Si en el 2015 la votación de la izquierda obtenida 3 años antes (elección presidencial), se había seccionado entre los partidos entonces aliados y el nuevo, Morena, en la reciente elección de gobernador, 5 años después, éste último logró casi el porcentaje de la votación obtenida por López Obrador. Esto querría decir que la izquierda, aun dividida, está atrayendo votantes y captando jóvenes, aunque principalmente hacia una de sus vertientes, Morena.
 
La otra conclusión sería que la mala situación del oficialismo no está creando un corrimiento hacia opciones de derecha sino hacia la izquierda que se encuentra enfrentada al gobierno de Peña Nieto. De tal modo, el campo de la moderación se estaría restringiendo, pues las derechas en sus diversas expresiones, en tanto moderadas y fracasadas, tendrían menor capacidad de absorción del sufragio ciudadano de las grandes masas urbanas depauperadas y desesperadas. Sin embargo, la escisión que se produjo hace varios años en el PRD sigue siendo un problema y un punto a favor del oficialismo porque hasta hoy no se ha logrado una sola alianza, ni siquiera alguna declinación, la cual sería otra forma de aliarse.
 
Existe un fuerte contraste entre los resultados de los dos principales partidos del Edomex: el PRI ha predominado en regiones rurales y en sectores muy ligados a los programas sociales, mientras que Morena ha tenido mayoría en muchas zonas urbanas, principalmente en el conjunto de la zona metropolitana de la Cuenca de México.
 
Se debe registrar también la fuerte acometida de parte de los demás contendientes contra la candidata Delfina Gómez. Ella fue despreciada y criticada por su origen social y su profesión, con lo cual, un condenable acto de discriminación se convirtió en denuncia con rozagantes réplicas en grandes medios de comunicación; después, surgieron reclamaciones que jamás habían sido presentadas en Texcoco, donde fue alcaldesa; luego, se agregaron hechos ocurridos en Veracruz; finalmente, vino la propaganda del miedo contra la amenaza que supone un “populismo” que no termina de ser definido, pero ya se presenta como mala palabra.
 
 
El gobierno (Cisen y otras agencias), así como gobiernos locales, se encuentran de cacería, buscando hechos comprometedores o ideando simples falsedades para ser presentadas como acusaciones. El PRI y el PAN no combaten la corrupción en sus propias filas sino que quieren que también Morena ingrese a la lista en la que ellos se encuentran, con lo cual, todos serían igual de corruptos y la corrupción se convertiría en un mal irremediable (el departamento de Miami, propiedad de la presidenta del PRD, fue una filtración del gobierno, aunque éste lo niegue y tal hecho carezca de justificación). Esa forma escatológica de hacer política busca también cambiar de tema con el fin de evitar dar explicaciones sobre las conductas de esos partidos al frente de gobiernos fracasados.
 
Otro factor muy significativo fue la compra y coacción del voto por parte de Alfredo del Mazo. El Tribunal Electoral ha dicho que la entrega condicionada de cosas diversas, realizada por toda clase de agencias gubernamentales, no es un medio de presión sobre los electores. Las grandes compras en efectivo tampoco son compras. Las tarjetas que ofrecen entregar cosas o dinero no son coacciones ni nada que se le parezca. Así, el aparato electoral institucional, creado como consecuencia de largas luchas, sigue sometido a la consigna oficial, lo cual ha sido documentado mediante muchos estudios, durante tantos años de análisis continuo de uno de los grandes fracasos políticos de México.
 
El desenlace concreto de esta elección se verá en pocas semanas, pero ya tenemos, por lo menos, estas lecciones. No obstante lo lamentable y condenable, es un hecho que vivimos un buen momento para la izquierda.

Lo que indican las encuestas en el Edomex

 

De los sondeos de opinión sobre preferencias electorales en el Estado de México, publicados el pasado miércoles, unos otorgan la mayoría a la candidata de Morena, Delfina Gómez, mientras otros a Alfredo del Mazo, del PRI. Sin embargo, coinciden en quien tiene muchas más opiniones negativas es el abanderado del continuismo político, el priista. Este resultado empata con el consenso demoscópico de que sólo aprueba la gestión de Enrique Peña Nieto entre el 20 y el 25 por ciento de los encuestados.

La situación política del Estado de México es muy similar a la del promedio nacional. El fenómeno consiste en que el gobierno actual es el más reprobado que ha tenido México desde que se hacen encuestas de opinión con esa pregunta.

Mas existe otro dato interesante. La izquierda cuenta con la mayoría absoluta de los encuestados que piensan efectivamente votar el próximo domingo 4 de junio. Es la primera vez en el Estado de México que se arroja ese resultado. Sin embargo, a diferencia de anteriores elecciones, esa corriente nacional tiene dos candidatos al gobierno local (tendrá tres en las boletas, pues aparecerá el candidato declinante del PT).

El mayor problema, podría decirse, es del PRI, que tiene poco apoyo popular, pero eso no sería del todo exacto. La situación más comprometida corresponde a Morena y al PRD, pero no a sus candidatos ni a sus direcciones, sino a sus votantes, a la ciudadanía inclinada a favor de la izquierda. El partido del sol azteca aparece en todas las encuestas en el tercer lugar, con la mitad de las preferencias que registra Delfina Gómez (sólo Excélsior los ubica cerca).

Por eso, los electores de izquierda van a sentir una atracción hacia el voto útil que, en el Estado de México, no es poca cosa, después de más de 85 años de predominio del mismo grupo político en el poder local. En realidad, la cuestión depende, a la luz de los sondeos publicados el miércoles, de esa izquierda que ha pensado votar por el PRD y que al final pudiera votar a favor de Delfina Gómez. En el tamaño del voto útil dentro de la izquierda podría ubicarse la diferencia, es decir, la decisión sobre quien llegará al gobierno de la entidad.

Otro dato interesante es que el PAN no recuperó mucho espacio político con Josefina Vázquez Mota, aunque ella haya sido candidata a presidenta y tenga todo el apoyo de las diferentes corrientes que ahora se disputan la nominación dentro de ese partido. En realidad, no es un gran problema para Acción Nacional ocupar el cuarto lugar, sino que no le resulta una política sin alianzas y éstas sólo las puede hacer con el PRD, quien se encuentra en peor situación, pues éste ya no puede ganar un solo estado más que en alianza con el PAN, lo cual no es un dato en su favor sino un deterioro profundo: una izquierda que no avanza sino que se limita a dar fuerza a una de las derechas a cambio de poca cosa, algunos puestos secundarios, quizá. El resultado es una especie de simbiosis entre derecha e izquierda; menos mal que sólo se trata de una facción de cada corriente, pero hay otras en ambos bandos.

La situación política no se caracteriza, sin embargo, por la ubicación de los partidos de oposición anteriores al surgimiento de Morena, sino por el desprestigio del gobierno de Peña Nieto y, consecuentemente, de su partido, el PRI.

Ahora bien, la cuestión relevante es que esa mala fama del oficialismo es capitalizada por Morena y su presidente, el líder más crítico de Peña, quien promete luchar contra la corrupción como sistema imperante en todo el Estado nacional. Eso se observa claramente en el Estado de México, donde Morena es la fuerza a vencer por parte de todo el aparato del gobierno federal.

Este último punto ya lo han hecho ver algunos periodistas analíticos, pero las encuestas del Estado de México lo reflejan con claridad. Hay un hartazgo popular y, naturalmente, tiene sus consecuencias. Esta situación ha llevado a que el gobierno y el PAN no busquen quitarse el lastre de la corrupción sino presentar a López Obrador y su partido como algo igual. Una imagen en la que todos son corruptos, se piensa, lava toda corrupción, es como si, al hacerlo normal, se acabara con ese fenómeno como tal. Así van a seguir las cosas con independencia del resultado de las elecciones locales del próximo domingo.

La encuesta de El Universal consigna el dato de que el 16.9 por ciento de los encuestados admite que ha sido objeto de ofrecimientos a cambio del voto. Eso sería un escándalo en muchos países, el cual provocaría una seria investigación, pero en México es normal para las autoridades electorales, algunas de las cuales ya han dicho que la compra de votos es consecuencia de la pobreza, ante la cual nada pueden hacer. Así, otra característica de la próxima elección del Estado de México es que, como nunca antes, el oficialismo ha gastado recursos de origen público en la ilegal adquisición de votos: dos delitos, robar y comprar.

Estamos entrando a una situación en la que no es tan importante la inteligencia de los dirigentes políticos sino de los votantes. Veremos el próximo domingo en el Estado de México si esa inteligencia decide un cambio, el que quiere una inmensa mayoría ciudadana.

Votar por la izquierda en el EdoMex.docx142 KB

Votar por la izquierda en el EdoMex

 

No hay duda que la izquierda es la mayoría electoral en el Estado de México. Tiene, no obstante, tres candidatos (Morena, PRD, PT) y un solo adversario: el viejo sistema político, anterior incluso a la formación del PRI, el llamado Grupo Atlacomulco. No habrá, sin embargo, unidad formal, según se desprende de las declaraciones del candidato del PRD, Juan Zepeda, quien respondió claramente que no al presidente de Morena, quien había puesto un ultimátum para que aquél definiera su postura con la suficiente anticipación al día de la jornada electoral.

Los candidatos, todos, han hecho sus campañas. El resultado preliminar consiste en que la pelea por la gubernatura está entre dos de ellos: Delfina Gómez y Alfredo Del Mazo. La situación es la misma que al principio del periodo electoral, es decir, la izquierda es amplia mayoría, pero las decisiones de sus núcleos de dirección podrían mediatizarla, lo cual llevaría al circunstancial triunfo de una minoría que sostiene al sistema PRI, con sus características de conservadurismo, corrupción, fraude, compra del voto, compadrazgo, influyentismo, venalidad e ilegitimidad política. Hay una inmensa mayoría en ese estado que está harta del PRI, el cual está empeñado en hacer otra vez una elección de Estado con la coacción y la compra masiva de votos.

Por ello, la solución a este problema ya no se encuentra en los núcleos de dirección de los tres partidos sino en el pueblo de izquierda, en los críticos del priismo que no son derechistas, en la gente que quiere un cambio sin demora. La dimensión popular es la que debe encarar y superar la división.

La candidatura que se ha perfilado claramente es la de Delfina Gómez, a pesar de la unidad del PRI y PAN para combatirla, primero, con los más deleznables argumentos referidos a su origen social y a su profesión; después, con denuncias de pretendidos hechos que nunca fueron motivo de queja en Texcoco durante la presidencia municipal de la misma Delfina Gómez.

Lo que está en juego en el Estado de México no es sólo definir la persona que va a asumir la gubernatura de la entidad sino el partido que se va a hacer cargo de la administración pública. Más allá de las promesas nunca antes oídas que hace el candidato del PRI en materia social, todo mundo sabe que de llegar Del Mazo a la gubernatura seguiría el más consistente y persistente sistema de corrupción política que ha conocido el país en toda su historia. Frente a esto, la candidatura de Delfina Gómez supone un cambio de método de administración con un marcado sello de ruptura con la familia de Atlacomulco.

El sentido de la política social de la que habla la candidata de Morena otorga un alcance universal a los programas más importantes, como el de pensiones mínimas y el de salario estudiantil, los cuales, al no ser focalizados ni, por tanto, condicionados, difuminan el clientelismo, se inscriben en el ámbito de la lucha política y dejan atrás el mecanismo de voto cautivo.

Se trata también de acabar con diezmos y moches que son la característica de toda obra pública y toda compra gubernamental. No sólo se ahorrarían las empresas un dinero, las cuales muchas veces lo recargan en los precios y tarifas, sino principalmente se eliminaría el carácter patrimonial del gasto público en manos de políticos inescrupulosos y francamente ladrones. El aparato estatal mexiquense en su conjunto está corrompido, por lo cual, la deshonestidad es también una cuestión de finanzas públicas. El cambio planteado no es menor.

El hartazgo de la corrupción y la simulación en el Estado de México ha llegado a su máximo histórico. Sería algo indigno que la izquierda, que compone la mayoría electoral, no le fuera fiel a su propia entidad, a su propio pueblo. Si las dirigencias no quieren o no pueden admitir esta situación, por los motivos que sean, los cuales ya a estas alturas importan muy poco, el pueblo de izquierda, los grupos progresistas, los hartados, deben votar por Delfina Gómez, dar a su voto un sentido de cambio político efectivo.

El aspirante del PRD es bueno, malo o regular, según las diversas opiniones, pero hoy no se necesita un candidato para defender la votación de un partido sino un gobernador, en este caso, una gobernadora, con el fin de desechar la dinastía priista e impedir la continuidad de un régimen de corrupción pública, conservadurismo social y atraso cultural. Quien puede ser esa gobernadora es Delfina Gómez, con el voto de la izquierda y de otras tendencias ciudadanas progresistas de la entidad. No es hora de regateos, pruritos y perjuicios, sino de la sencilla pero definitiva acción de votar con dignidad y responsabilidad democrática.

AMLO: derecho a ser votado

 

La democracia mexicana en realidad se reduce a un sistema de competencia entre partidos y de una escasa concurrencia de candidatos independientes. No existen otras instituciones públicas democráticas como tampoco lo son las organizaciones de la sociedad, tales como los sindicatos, ejidos, etc. El clavo del que está cogido el país es el derecho al voto pasivo, es decir, recibir el sufragio ciudadano en elecciones periódicas aunque no del todo equitativas y libres. Calentar ese clavo hasta hacerlo inaprensible sería llevar a México a un desbarrancadero.

En la víspera de la elección del año 2006, Vicente Fox y su partido se pusieron de acuerdo con el PRI para armar un procedimiento de desafuero contra el virtual candidato de la izquierda, López Obrador. La Cámara de Diputados votó por poner al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México a disposición de la justicia por haber desobedecido una orden de juez para suspender la apertura de una calle. Pero el propósito no era que Andrés Manuel ingresara en la cárcel, sino que, mediante un auto de vinculación a proceso (como se diría ahora), le fueran suspendidos sus derechos políticos, entre ellos el de voto pasivo, el de poder ser elegido a un cargo de elección popular.

Como recordamos, Vicente Fox, su procurador Macedo de la Concha, Santiago Creel, secretario de Gobernación, Roberto Madrazo, líder del PRI, Emilio Chuayffet (líder del grupo priista en San Lázaro) y Manlio Fabio Beltrones (presidente de la Cámara), entre otros, lograron el desafuero pero se hicieron bolas cuando, para evitar la solicitud de una orden judicial de aprehensión, pagaron una fianza impuesta por el Ministerio Público, imaginando que el desaforado había sido presentado al mismo, lo que no podía ser porque no había sido aprehendido. De esa forma, se envió el pliego de consignación a un juzgado aunque sin detenido y ni siquiera simple indiciado: total, todo muy cómico. El juez tuvo que regresar a la PGR todo el tambache de papeles.

Lo anterior provocó una mayor indignación popular porque se veía más claro que era una burda maniobra política antidemocrática para evitar una candidatura. En ese momento las cosas se compusieron porque Fox se vio orillado a retirar los cargos inventados por él mismo. El procurador y el subprocurador, es decir, los acusadores directos, se fueron a sus casas a descansar, pero los instigadores se quedaron en los más altos cargos de la República. Sin embargo, luego se volvió a descomponer el cuadro político con los operativos fraudulentos del PAN y el PRI que beneficiaron a Felipe Calderón y lo llevaron a la Presidencia de la República.

Ya se empieza a planear ahora lo que sería un nuevo complot (palabra sujeta a burlas pero que describe mejor que cualquiera otra cierta manera de hacer política en México), en el cual volverían a involucrarse desde el jefe del Ejecutivo, la PGR y algunos jueces, hasta los precandidatos, líderes y gobernadores del PRI y el PAN, pero en esta ocasión también las instancias electorales: INE y Tribunal.

No se trataría sólo de lo que estamos viendo, es decir, una campaña de desprestigio y uno que otro garlito en el que siempre caerá algún político de malas costumbres o de bajo entendimiento. Sería algo mucho más fuerte para anular la candidatura de López Obrador si la demoscopia no se modifica en sus periódicos dictámenes, las encuestas.

El propósito del PRI y el PAN no consiste en evitar la competencia electoral en el nivel de la disputa por el poder, sino en restringirla exclusivamente a esos dos partidos.

Desde 1988 ese ha sido el problema de los políticos del viejo régimen, los representantes de un sistema que no se ha modificado por más alternancia que haya habido. Siempre han estado conspirando para que la competencia sea sólo entre ellos. Es obvio que la forma más segura de que nada cambie es dejando al candidato inaceptable fuera de la competencia, cuando ése puede obtener una mayoría de votos.

Es justamente la concurrencia electoral la que siempre ha estado en peligro. Si ahora el complot culminara en la suspensión de derechos de López Obrador o en cualquier otra forma de convertirlo en inelegible, lo que en realidad estaría ocurriendo es el funeral de esa democracia formalista, la cual, sin embargo, es la única que tenemos aun con toda su precariedad.

Si el derecho a ser elegido se cancelara para alguien que pudiera lograr una mayoría, ya no habría derecho para nadie. Si a la evidente parcialidad de los organismos electorales administrativos y jurisdiccionales se le sumara la supresión del voto pasivo, ya no habría nada de donde se pudiera coger un país.

Ese país es México. Ya sabemos, por tanto, en qué consiste la tarea democrática más importante del preciso momento actual.

El espanto del populismo

PUBLICADO EN EL UNIVERSAL. 15.04.2017

 

Europa está conmovida por el avance de un llamado populismo que ya no es euroexcéptico sino claramente contrario a la Unión Europea, más aun después del referéndum que llevó al Brexit. Es un nacionalismo de derecha que recuerda no pocos aspectos del nazismo, el facismo y el franquismo aunque, al menos por lo pronto, no se encuentre sobre las armas.

La presidencia de Trump, un Ejecutivo de minoría nacional pero con mayoría partidista en el Poder Legislativo al que se le denomina populista por ser autárquico y xenófobo, ha conmovido al mundo aunque nada de lo que decía como candidato ha podido hacer hasta ahora.

Las presidencias denominadas populistas en América Latina son todavía varias, aunque se observan desde la derecha como fenómenos en decadencia, en especial por la destitución de la presidenta de Brasil y la derrota del partido de Cristina Fernández en Agentina. La aguda crisis política en Venezuela confirma al parecer los augurios, no obstante el triunfo de la izquierda en Ecuador, aunque haya sido por un pelo.

Tenemos, como se observa, varios populismos pero tan diferentes que no se sabe que significa el término. Sin tener que crear categorías ni hacer estudios politológicos, ciertos intelectuales conservadores y muchos periodistas han ligado a derechas e izquierdas bajo la descripción de que el populismo es el método político irreverente y demagógico de exaltar a los sectores populares y descontentos.

En México, el partido de Peña Nieto, es decir, el aparato oficialista y sus estructuras electorales, se ha lanzado a mil voces a combatir el populismo, idea que le ha encantado a los precandidatos del PAN, quienes se han sumado con entusiasmo a esa campaña. Las causas inmediatas de esas arremetidas mediáticas son los estudios demoscópicos que, aunque sus autores se encuentran en franco desprestigio, son las únicas referencias disponibles: López Obrador va arriba en todas las encuestas.

No se dice a las claras que tenemos en México el populismo europeo ni el estadunidense. A tan desfiguradas aseveraciones no podrían llegar los voceros presidenciales y los escritores de slogans en el Partido Acción Nacional. Por lo cual, no hay más remedio que volver a ligar al posible candidato de la izquierda con el gobierno venezolano, mucho más ahora que éste no está en auge político sino en declive y arrastra una brutal crisis económica. Que se vea México en el espejo de Venezuela es la mejor idea que se les ha ocurrido a las derechas.

El problema es que ningún dirigente de izquierda en México se le parece a Nicolás Maduro ni estaría dispuesto a cometer las desviaciones, arbitrariedades y francas estupideces con las que ha castigado a Venezuela.

El supuesto populismo, entendido como demagogia y exaltación vana del descontento popular, pero no como categoría de la ciencia política, carece de referente alguno en el momento actual del país. El debate se encuentra en otro lado. México tiene tres grandes problemas urgentes que deben ser resueltos cuanto antes: la corrupción que lo corroe, las disfunciones de un inoperante sistema político de democracia dosificada y el endémico estancamiento económico con su pésima distribución del ingreso.

El populismo en México es un espanto para meter miedo y no encarar el debate político ante la falta de propuestas concretas de parte de las derechas.

 

Corrupción al estilo Atlacomulco

Pablo Gómez

Desde antes de la fundación del antecesor del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, el Estado de México era mencionado por sus fraudes electorales y la corrupción como forma de gobernar. En libros de historia y en novelas podemos alcanzar a ver que la política en esa entidad no era tranquila. Sin embargo, nada se compara con el estilo Atlacomulco de las últimas décadas.

Peña Nieto patrocinó a varios candidatos a gobernadores de su propio partido cuando él era mandatario. Está claro que las transferencias al gasto electoral de sus correligionarios no salían de su bolsillo sino de los fondos públicos mexiquenses y gracias al talento administrativo de Luis Videgaray. Fue tan exitoso su desempeño como padrino de candidatos que le sirvió, más que otros factores, para obtener la candidatura del PRI a la Presidencia de la República.

La publicidad ilegal de Peña en Televisa fue cubierta naturalmente con recursos públicos, aunque el Tribunal Electoral exoneró al entonces gobernador argumentando que todo había sido producto de errores de la televisora, lo cual nadie creyó en lo más mínimo. En realidad, al entonces gobernador se le conoció en otros estados gracias a sus espots, con “producto integrado”, que incluyen entrevistas y noticias falsas. Después, ya vimos cómo se compra el voto con tarjetas Monex, entre otras, y cómo se canalizan ilícitamente millonarias cantidades a una campaña electoral.

El estilo Atlacomulco nunca se ha visto afectado por falta de billetes. Hank González no sólo usaba el dinero para la política en su Estado sino a nivel nacional y para el patrimonio familiar. Aquel que empezó siendo un profesor rural, se convirtió en un acaudalado transportista e industrial, y decía que “un político pobre es un pobre político”, una de las frases supremas del estilo Atlacomulco.

Se podría escribir acerca de cada gobernador mexiquense pero sería largo. El que conmovió por burdo y descarado fue Arturo Montiel, quien había postulado que los delincuentes no tienen derechos humanos, claro que sin incluirse él mismo. Su hijo fue sorprendido en una sucursal bancaria con muchos millones en efectivo para pagar la compra de una casa. Era tan escandaloso el enriquecimiento de Montiel, el maestro y protector de Peña Nieto, que tuvo que tomar la “decisión más difícil de mi vida”, según dijo, de retirarse de la contienda priista por la candidatura presidencial de 2006, pero fue declarado políticamente inimputable por su protegido y discípulo.

El tema de la “casa blanca” de Las Lomas es tan conocido que ya ni vale la pena destinarle más de una frase.

El Grupo Atlacomulco ha creado estilo pero no sólo por el alto nivel de su corrupción e impunidad sino por la forma en que usa los recursos públicos para hacer política a nivel nacional. Podría decirse que esos políticos son incultos pero no lugareños.

Eruviel Ávila, el actual gobernador, publica su foto todos los días en muchos periódicos y también aparece en otros medios de comunicación. Todo eso costeado con dinero público, lo cual convierte sus “mensajes” en actos inconstitucionales, pues el artículo 134, párrafo 8, de la Constitución dice, en referencia a la publicidad de los poderes y demás entidades públicas: “En ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen propaganda personalizada de cualquier servidor público”. Hay muchos políticos que violan este y otros preceptos de la Carta Magna, pero, ¿todos los días, como lo hace Eruviel Ávila? Este es puro estilo Atlacomulco.

Mas al actual gobernador mexiquense, tan difundido por la gacetilla, le importa poco que la Auditoría Superior de la Federación señale públicamente que “no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicablesen la materia”, en referencia a recursos federales trasladados para obra pública. Además, se sabe que deposita el dinero del presupuesto en instrumentos financieros y, después de meses, se vuela los intereses o regalías. Esto se llama “jinetear” y privatizar beneficios. Forma parte del mencionado estilo.

Todo lo anterior viene a cuento porque el PRI, como era de esperarse, ha postulado a un distinguido integrante del Grupo Atlacomulco, quien además está en el árbol genealógico y es pariente de Peña Nieto: Alfredo del Mazo. Por añadidura, es hijo de uno que fue gobernador con estilo.

El priista dice que es el candidato de las mujeres, de los jóvenes, de los adultos mayores, de los empresarios, de los campesinos, de los obreros, de los comerciantes y hasta de los niños, aunque no voten. Lo que sí es seguro es que representa a un grupo especialmente significado por su corrupción, la cual ya ha asomado en la precampaña, siempre acompañada de medio gabinete presidencial y del mismísimo Peña Nieto. Lo único que pide ahora Alfredo del Mazo es que López Obrador no se vuelva a parar en el Estado de México hasta después de las elecciones locales, solicitud que le ha presentado formalmente y en público a Delfina Gómez, candidata de Morena. Esta clase de peticiones no era algo del estilo Atlacomulco. Por lo visto algo ha cambiado.

Le toca a la izquierda con López Obrador

La izquierda mexicana en su conjunto mide un 20 por ciento de los votantes y cuenta con una banda de desplazamiento de otro 20 por ciento, compuesta por quienes, llegado el momento, podrían apoyarla.

En México, a nivel nacional, el electorado activo ha conformado, desde hace años, tres tercios políticos, de tal suerte que quien obtiene el mayor de éstos se hace presidente del país. Si la izquierda se une y avanza hacia su electorado vecino próximo, tendrá acceso a Los Pinos en 2018.

El tiempo de una presidencia de izquierda estaba definido en 2006, después del fracaso de Vicente Fox y su traición a la democracia, como lo dijo muy bien López Obrador. Ocurrieron, sin embargo, algunos imprevistos y una parte del PRI se fue de plano a apoyar a Felipe Calderón, quien además hizo algunos “ajustes” electorales en varios estados, especialmente en Guanajuato, de tal manera que, por cinco décimas de diferencia, obtuvo la Presidencia de la República, “haiga sido como haiga sido”, según sus propias palabras.

El acceso al Poder Ejecutivo de un priista convencional en el año 2012 ha estado operando como promisorio factor para que la izquierda se aproxime a su propio tiempo, ya que no es sencillo para cualquier gobierno ir tan mal como el de Peña Nieto: no ha resuelto ningún problema pero tampoco convoca a resolver alguno. En consecuencia, el presidente habla sin que se le entienda.

Tenemos dos crisis paralelas, aunque vinculadas a través de múltiples vasos comunicantes: la de violencia y la de corrupción. Además, la economía no crece y la angustia invade millones de hogares, lo cual conforma una tercera crisis, pero ya encallecida durante 35 penosos años de estancamiento en que se ha concentrado el ingreso como en ningún otro país.

Los dos partidos que comparten el modelo económico y el sistema político, es decir, el PRI y el PAN, no han sido capaces de proponer algo interesante para remontar la tercia de crisis que nos agobia. La instauración de un Estado democrático y social de derecho, bandera de las izquierdas mexicanas, sería un camino viable si acaso fuera acompañada de una condición indispensable: el combate radical contra la corrupción.

Es aquí donde la historia se vuelve a encontrar con Andrés Manuel López Obrador, quien considera que la corrupción es el principal problema político del país. En esto no se equivoca, aunque la lucha contra ésta tampoco resolvería por sí misma los problemas sociales de México, los cuales son de mayor calado. De poco serviría combatir la corrupción sin programa social y democrático.

Si la izquierda en su acepción más amplia, es decir, el pueblo de izquierda y el sector proclive a escuchar los llamados políticos y morales de ésta, no acertara en retomar sus propios pasos de unidad política, la cual implicaría una sola candidatura a la Presidencia de la República y unos candidatos comunes al Congreso, se convertiría en una corriente de espaldas a su propia gente y a su propio país.

En términos más concretos, si el PRD, en su acelerado declive político y moral, insistiera en repudiar la candidatura de López Obrador, estaría apostando en favor del fracaso de la izquierda en el nuevo intento de tomar la Presidencia de la República para buscar otro rumbo nacional. Cierto que el PRD podría fracasar en impedir que la izquierda se alzara con la victoria electoral, pero también podría lograr la obstrucción, con la cual el país sería entonces conducido, una vez más, al despeñadero que le siguen ofreciendo las derechas, el cual consiste en no tener rumbo alguno en el marco del resonante fracaso del neoliberalismo.

Cierto que, llegado el momento, podrían ser pocos quienes votaran por el PRD, pero a veces –ya lo hemos visto– , unos cuantos sufragios pueden hacer la diferencia. De cualquier forma, la obligación de todas las izquierdas, aunque algunas ya sean más nominales que reales, es tener un solo candidato y tratar de dar una salida al manojo de crisis que vive el país.

Este es el plano en el que se desenvuelve y va creciendo la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, sujeto a toda clase de campañas en su contra, las cuales podrían conducir al intento de invalidar su candidatura en una suerte de nuevo desafuero. Que luego no se niegue el complot.

Como no se trata de una persona sino de una gran parte de la sociedad mexicana, lo necesario en el momento actual es definir una opción clara de candidatura, dejarse de grillas y especulaciones, sentar posición y tomar parte de un bando en el plano de la lucha política.

Hay que concurrir, por ello, a una gran confluencia de las fuerzas de izquierda con la candidatura de López Obrador a la Presidencia de la República, manteniendo abiertas las discusiones sinceras y honradas, así como la crítica pública, pero sin dejar de tener los pies sobre la superficie y, ante todo, jugársela con lealtad en los pantanosos terrenos de la lucha política.

¿Cuál es el plan del PRD?

En el marco del escándalo por la ilegal suspensión de derechos y la inmediata destitución de Miguel Barbosa como coordinador del PRD en el Senado, así como de la posterior renuncia de éste y el nombramiento mayoritario pero objetado de Raúl Morón, ha salido el ineluctable tema del plan de la dirección perredista para la próxima elección presidencial. ¿Cuál es ese plan?

Como el PRD ha dejado de ser una opción singular, es decir, ya no aspira a hacerse cargo del poder político de la República, se ha instalado plenamente en el mercado político mexicano. Al hacerlo, cada vez que va a haber una elección se analizan en sede perredista las posibilidades de formar parte de algún esquema político de los adversarios. Así hemos visto las alianzas electorales con Acción Nacional y, ahora, las candidaturas propias con el propósito de ayudar a derrotar a Morena.

Según los ofrecimientos de las fuerzas contrarias –los dos partidos relevantes de la derecha mexicana (PRI y PAN)–, la dirección del PRD toma sus decisiones. Siempre se discute si es mejor aliarse con el PAN o desempeñar el papel de palero, es decir, tener candidatura sin opción real de gobierno pero tampoco discurso propio, definido, crítico, fuerte, convocante: ambos elementos ya se han perdido lastimosamente.

El mercado funciona mediante pactos públicos o en la oscuridad, pero de acuerdo con las ofertas que hacen otros. Por ejemplo, en Nayarit, el PRD apoyaba al alcalde panista de Tepic, mas la lucha interna en el PAN arrojó otro candidato de ese mismo partido, al cual decidieron respaldar los perredistas después de ponerse de acuerdo, superficial y lastimeramente, con éste mas no con el PAN. Lo que siempre se descartó fue buscar la alianza de las izquierdas. Por otro lado, en el Estado de México, luego de que un grupo de perredistas (Nueva Izquierda) fracasó en la búsqueda de una alianza con el PAN, el otro grupo, el que resultó victorioso en el lance (ADN), logró postular un candidato, lo cual no estaría nada mal si no fuera porque no pocos tienen el propósito de dividir el voto popular de la izquierda, lo que le daría el triunfo al PRI o al PAN. En realidad, la izquierda en su conjunto es ahora mayoría electoral relativa en el Estado de México.

Como parte del mismo fenómeno, hay estados donde el PRD mantiene la conducta de permitir que el gobernador en turno dirija más o menos al partido. Tres ejemplos: en Veracruz, Javier Duarte (PRI) manejó al PRD durante varios años y hoy lo hace el nuevo gobernador, Miguel Ángel Yunes (PAN); en Chiapas, el gobernador Manuel Velasco (PVEM) tiene comprados a varios de los principales dirigentes perredistas. Miguel Ángel Mancera maneja a su gusto al presidente del PRD en la CDMX y a otros líderes y legisladores quienes ya le han postulado formalmente como precandidato a presidente, lo cual ayuda al esclarecimiento político, pero ese abrumador manejo es ilegítimo en tanto que el jefe de gobierno no es miembro del partido. Las operaciones político-mercantiles se realizan casi siempre con poderes públicos.

He dicho antes que el PRD siempre está en venta, mas eso requiere una aclaración. Nadie lo compra para siempre y en todos niveles y lugares. El sistema no funcionaría de esa manera. En realidad se trata de ventas sucesivas o simultáneas en las que el servicio brindado y el comprador pueden ser cambiados o modificados según el lugar, la coyuntura, las contraprestaciones, etcétera.

Frente a la elección presidencial de 2018, el Plan de la dirección nacional del PRD consiste en esperar a que las ofertas políticas adquieran mayor claridad para decidir qué hacer. Una alianza con el PAN no está descartada en absoluto si acaso hubiera algo de suerte. La candidatura de Mancera o de Aureoles, el palerismo, es un posible escenario si hubiera un  buen convenio con el gobierno actual (PRI) para combatir a López Obrador. Apoyar a un candidato independiente podría ser una variante del palerismo. Lo menos grato para los actuales líderes perredistas sería una alianza con Morena si se estrecharan las posibilidades de otras salidas o los acontecimientos no dejaran otra opción.

El PRD puede hacer cualquier cosa con cualquiera, pero siempre de acuerdo con el mercado político nacional.

¿Es útil a su país un partido así?

Reforma del DF de noviembre de 2013

El siguiente texto fue redactado como iniciativa para ser presentada en el Congreso, pero había sido en lo fundamental producto de una negociación entre el gobierno federal (PRI), el PAN y el PRD durante el año 2013. La representación del PRD, en acuerdo con el jefe de gobierno del DF, estuvo a cargo de Pablo Gómez. La iniciativa no fue presentada porque Miguel Ángel Mancera se deslindó al final de las negociaciones del esfuerzo por convertir al DF en un nuevo Estado de la Federación. En su lugar se inició en el Senado un proyecto confeccionado originalmente por el gobierno de la ciudad para convertir al DF en una ciudad autónoma. Con modificaciones introducidas en ambas cámaras, el proyecto fue aprobado y se dio lugar al Constituyente.

INICIATIVA PARA REFORMAR DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 

SENADO DE LA REPÚBLICA,

HONORABLE ASAMBLEA:

 

Los senadores y senadoras al Congreso de la Unión abajo firmantes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentan a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Ciudad de México.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La Ciudad de México, ciudad capital desde el siglo XIV, es distrito federal no obstante el régimen de autonomía que le confiere actualmente la Constitución. Se trata de un peculiar sistema en el que la ciudad es una entidad federativa pero con derechos todavía restringidos y con un sistema de administración de sus demarcaciones territoriales por completo atípico y prácticamente único en el mundo. Es por ahora el Congreso de la Unión el que determina el régimen político interno de la ciudad, las facultades de sus órganos de gobierno e, incluso, hasta la forma de integrar su legislatura. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, aprobado por el Congreso federal, establece normas que son de la expedición exclusiva de las demás entidades del país.

Es verdad que en muchos aspectos la Ciudad de México es prácticamente un estado de la Federación pero en otros dista mucho de serlo. Además de las limitaciones legislativas subsistentes y de la autoridad directa que aún ejercen los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, la limitación más pronunciada es la incapacidad política de los habitantes de la ciudad para elegir a sus propios ayuntamientos, limitándose a la elección popular de jefes delegaciones que, por consiguiente, no dependen de un cabildo, en demarcaciones ahora consideradas como órganos desconcentrados.

Está fuera de discusión que los principales servicios públicos en la ciudad deben ser centralizados y, por tanto, su hacienda debe estar integrada, pero la representación ciudadana en las demarcaciones territoriales debe existir, como expresión republicana y democrática, a pesar de las peculiaridades de la ciudad. El diseño político de la Ciudad de México, como entidad que goza de autonomía, no abarcó uno de los aspectos principales de todo sistema democrático: la administración local, la participación ciudadana en la gestión de la unidad administrativa elemental de toda entidad política. Este error se ha traducido en evidentes deficiencias derivadas de la toma de decisiones locales por parte de una sola persona, sin la concurrencia de representantes, y con la característica de una administración de un solo partido.

La característica histórica de las municipalidades o alcaldías ha sido la existencia de ayuntamientos. El administrador unipersonal es una anomalía que, no obstante, se ha impuesto a la ciudad sin su consentimiento. Es por ello que la presente iniciativa plantea la conversión de la Ciudad de México en un estado de la Federación aún con sus peculiaridades en dos sentidos: como capital de la República sede los poderes federales y como gran ciudad integrada. Ambas deben verse efectivamente como peculiaridades pero no como barreras a la conformación de la ciudad en un estado de la Unión.

Como parte de un sistema impropio de un sistema federal y republicano, los órganos ejecutivo y legislativo de la Ciudad de México no son considerados como poderes, aunque lo sean en la mayoría de los aspectos pero sujetos a cláusulas limitantes inexplicadas. Así, por ejemplo, la capacidad del Senado de remover al jefe de gobierno o la forma de nombrar al procurador y al jefe de la policía son elementos inservibles desde el punto de vista del funcionamiento en la ciudad de los poderes de la Unión. Otro ejemplo imposible de explicar es que la ciudad puede dotarse de su propio código penal pero no puede expedir la ley orgánica de la Procuraduría de Justicia.

El régimen especial de autonomía de la Ciudad de México no atiende a requerimientos de la Federación sino a visiones políticas que han demostrado su inadecuación a la realidad de la ciudad. Este punto ha sido discutido en México desde la redacción de la primera constitución del país, la cual, sin embargo, admitió la existencia de municipalidades y ayuntamientos en el Distrito Federal que existieron hasta 1928 cuando fueron eliminados por motivos políticos circunstanciales. Ahora, la ciudad goza de autonomía para elegir a sus gobernantes pero sigue careciendo de ayuntamientos, lo cual es una evidente contradicción.

En la presente iniciativa para convertir a la Ciudad de México en un estado de la Federación se contemplan las peculiaridades de esta entidad, en especial las relacionadas con la sistema municipal pero se mantiene el régimen de representación señalado en el artículo 115 constitucional. Es evidente, como ya se ha apuntado, que la mayoría de los servicios deben estar centralizados pero de ninguna forma tal circunstancia impide la existencia y funcionamiento de ayuntamientos.

En la presente iniciativa se plantea que el legislativo local expida una ley de coordinación fiscal con el propósito de dotar a los municipios de los recursos necesarios con los cuales cada uno de ellos apruebe su propio presupuesto de egresos. La propuesta de una autorización legislativa previa del gasto corriente de los ayuntamientos tiene sólo el propósito de evitar el despilfarro y someter a un mismo tabulador de sueldos a los servidores públicos de todos los municipios sin distinciones ni privilegios por pertenecer a uno u otro ayuntamiento.

El Congreso de la Unión expediría una ley en la cual se establecieran las prevenciones necesarias para el funcionamiento adecuado de los poderes federales en la capital del país. Así mismo, en la presente iniciativa se incluye la creación de un organismo metropolitano, bajo ley del Congreso de la Unión, que se encargue de coordinar tanto al gobierno federal como a las entidades que forman parte de la zona metropolitana de la ciudad en diversas materias a efecto de lograr una mejor administración y prestación de servicios. Además, como parte de la iniciativa se incluye también la existencia de una transferencia presupuestal de la Federación hacia la ciudad como producto de su condición de capital federal, lo cual ya ha empezado a ocurrir y requiere de una referencia legal permanente.

En cuanto a las disposiciones transitorias, se contempla la convocatoria a un congreso constituyente de la Ciudad de México, integrado por diputadas y diputados elegidos mediante voto popular, como corresponde a todo poder constituyente y sin intervención de los poderes constituidos tal como ha ocurrido a través de la historia. Las bases de integración del constituyente serían las mismas que las definidas para la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La constitución debería ser expedida antes de las elecciones de 2015 a efecto de que el nuevo régimen municipal y las facultades de los poderes locales estuvieran precisados con anterioridad a las elecciones de ese año. El congreso constituyente trabajaría durante a lo sumo tres meses. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa actualmente en funciones mantendría, naturalmente, la totalidad de atribuciones sin que el constituyente pudiera interferir.

En cuanto a la deuda del Distrito Federal, ésta se mantendría como deuda soberana ya que ha sido autorizada por el Congreso de la Unión y sus reestructuras o reconversiones mantendrían la misma naturaleza jurídica. La afiliación de los trabajadores al ISSSTE se mantendría en los términos actuales y se llevaría a cabo un convenio entre la Ciudad de México y ese instituto para afiliar a los trabajadores de nuevo ingreso. Las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores se mantendrían en los mismos términos en la nueva entidad. Finalmente, como es del todo natural, las menciones constitucionales que actualmente se refieren al Distrito Federal, sus órganos y funcionarios serían eliminadas.

 

Bajo las anteriores consideraciones, se presenta la presente iniciativa con el siguiente

 

PROYECTO DE DECRETO

 

ARTÍCULO PRIMERO: Se adiciona el artículo 43 y se reforman los artículos 44 y 122, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

 

“Artículo 43. Los Estados integrantes de la Federación son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.”

 

“Artículo 44. La Ciudad de México es la capital de los Estados Unidos Mexicanos y la sede de los poderes de la Unión.”

 

“Artículo 122. Las disposiciones que esta Constitución establece para los estados y los municipios le son aplicables a la Ciudad de México y sus municipios con las excepciones y peculiaridades establecidas en este artículo:

 

PRIMERA.- La Ciudad de México garantiza el funcionamiento de los poderes y de los órganos y organismos constitucionales autónomos de la Unión.

 

El Congreso de la Unión dictará disposiciones generales que aseguren el funcionamiento de los poderes de la Unión y de los órganos y organismos federales en la capital, las cuales sólo podrán comprender las que sean necesarias para el ejercicio de sus facultades y funciones.

 

El Congreso de la Unión expedirá la ley que garantice que los bienes inmuebles de dominio público de la Federación ubicados en la Ciudad de México estén exclusivamente bajo jurisdicción federal.

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación establecerá los recursos que se otorgarán anualmente a la Ciudad de México por su condición de capital de la República, así como las bases para su ejercicio.

 

SEGUNDA.- El poder público de la Ciudad de México se organiza de conformidad con lo que dispone el artículo 116 de esta Constitución y con las modalidades que establece el presente artículo.

 

La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal, y su hacienda pública se organiza conforme al criterio de unidad financiera en los términos que señale la Constitución local. Los municipios no podrán realizar operaciones de deuda pública.

 

A los municipios de la Ciudad de México les será aplicable lo dispuesto por el artículo 115 de esta Constitución, con las siguientes excepciones:

 

  1. El Gobierno de la Ciudad de México tendrá a su cargo las funciones y servicios públicos:
    1. Agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales;
    2. Alumbrado público en vías primarias;
    3. Recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
    4. Limpia en vías primarias;
    5. Centrales de abasto;
    6. Seguridad pública, policía preventiva y tránsito;
    7. Cuerpo de bomberos;
    8. Imposición de sanciones administrativas por infracciones a las leyes y reglamentos.
    9. Prestación o concesión de servicios públicos de cobertura general en la entidad o que tengan impacto en dos o más municipios;
    10. Planeación y ejecución de obras que incidan o se relacionen con el conjunto de la ciudad o tengan impacto en dos o más municipios, y
    11. Transporte público de pasajeros.

 

Las leyes establecerán mecanismos de coordinación del Ejecutivo de la Ciudad de México con los municipios de la entidad para la prestación de estos servicios.

 

  1. La facultad de expedir disposiciones en materia de policía y gobierno a que se refiere la fracción II del artículo 115 de esta Constitución corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México.

 

  1. Las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales, que establezca la Ciudad de México sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, a que se refiere el inciso a) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, forman parte de la hacienda pública estatal. El cobro y la administración de estas contribuciones corresponden al Ejecutivo de la Ciudad de México.

 

La legislatura de la Ciudad de México expedirá la ley de coordinación fiscal, mediante la cual se distribuirán a los municipios recursos fiscales de la entidad de acuerdo con criterios y mecanismos legales de asignación. El destino y objeto de las participaciones y asignaciones federales de carácter municipal serán de la competencia exclusiva de la Federación.

 

Al aprobar su presupuesto de egresos, cada ayuntamiento deberá ajustar su gasto corriente a las normas y montos máximos que para cada uno de los municipios establezca previamente la legislatura de la Ciudad de México, así como a los tabuladores de percepciones y remuneraciones de los servidores públicos municipales que determine la misma.

 

  1. En la legislación de la Ciudad de México se establecerán las normas y procedimientos bajo los cuales intervendrán el gobierno de la entidad y los ayuntamientos en el ejercicio de las facultades a que se refiere la fracción V del artículo 115 constitucional, en el marco de la legislación federal y local.

 

TERCERA.- Para la eficaz coordinación entre la Federación, la Ciudad de México y los demás estados conurbados en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones metropolitanas y regionales para la prestación de servicios públicos y construcción de infraestructura se crea el Consejo de Desarrollo Metropolitano. Este Consejo podrá acordar acciones de planeación, regulación y coordinación para el desarrollo en las siguientes materias: asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; movilidad y transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos; y seguridad pública.

 

Una ley del Congreso de la Unión establecerá las bases para la integración y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, las cuales deberán ajustarse a lo dispuesto en este artículo y a lo establecido en el artículo 115, fracción VI, de esta Constitución, así como a las competencias constitucionales de los órdenes de gobierno que integren el Consejo.

 

La ley que cree el Consejo de Desarrollo Metropolitano establecerá normas para:

a)    Determinar los ámbitos territoriales y las funciones para la ejecución y operación de obras públicas, prestación de servicios públicos y realización de acciones en las materias indicadas en el tercer párrafo de esta base;

b)    Establecer sus funciones específicas en las materias referidas, así como las reglas para la aportación común de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación;

c)     La regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios públicos y realización de acciones que acuerden los integrantes del Consejo de Desarrollo Metropolitano;

d)    Creación de organismos públicos descentralizados de carácter metropolitano para la prestación de servicios y para la administración de infraestructura compartida.”

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hacen referencia al Distrito Federal o a sus funcionarios y demarcaciones para eliminar dichas alusiones.

 

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

SEGUNDO.-  Los ordenamientos que regulan al Distrito Federal al momento de la publicación del presente decreto continuarán vigentes en tanto no se expidan aquellos que deban sustituirlos. Los periodos para los cuales fueron elegidos el jefe de gobierno, los legisladores y los jefes delegacionales se mantendrán hasta su conclusión.

 

TERCERO.- De conformidad con lo que dispone el presente decreto, la Constitución Política de la Ciudad de México será aprobada y expedida por el Congreso Constituyente de la Ciudad de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberá presentar al Congreso Constituyente un proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México en la sesión inmediata posterior a la de su instalación.

 

CUARTO.- Ninguna autoridad podrá hacer observaciones a la Constitución Política de la Ciudad de México que expida el Congreso Constituyente de la Ciudad de México.

 

QUINTO.- La integración, organización y funcionamiento del Congreso Constituyente de la Ciudad de México se regirá exclusivamente por lo dispuesto en el presente decreto y en el reglamento que el propio Congreso aprobará al inicio de sus trabajos, conforme a las siguientes bases:

 

  1. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México se integrará de conformidad con las siguientes reglas:

a)     Se compondrá por 45 diputados y diputadas constituyentes; 27 elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa, votados en cada uno de los distritos electorales uninominales federales establecidos en el Distrito Federal para la elección federal del año de 2012, y 18 elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción electoral.

En la distribución y asignación de los diputados por el principio de representación proporcional se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 54 constitucional. El número máximo de diputados, por ambos principios, con los que podrá contar un partido político y el límite a la sobrerrepresentación se aplicarán de conformidad con los criterios establecidos en dicho artículo constitucional.

b)    En esta elección podrán solicitar el registro de candidatos los partidos políticos nacionales y los ciudadanos bajo las reglas que establezca la legislación electoral federal de la materia y los acuerdos que al efecto apruebe el organismo encargado de organizar la elección.

Los requisitos para ser diputado constituyente serán, en lo que resulte aplicable, los que establece el artículo 55 constitucional. Además, no podrán ser elegidos los legisladores federales y locales electos en el año 2012.

c)     En términos de lo dispuesto por este decreto, es competente para organizar la elección de los integrantes del Congreso Constituyente, el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales previsto en el artículo 41 constitucional y, en materia jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

d)    En todo lo que no se oponga al presente decreto, en la elección de los integrantes del Congreso Constituyente será aplicable la legislación electoral federal. El máximo órgano de dirección del organismo electoral federal encargado de organizar la elección dictará los acuerdos necesarios para llevarla a cabo de conformidad con estas bases.

e)     El máximo órgano de dirección del organismo electoral federal emitirá la convocatoria a la elección del Congreso Constituyente dentro de los diez días siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. La elección se deberá celebrar dentro de los ciento veinte días siguientes a la emisión de la convocatoria a la elección.

f)     Las campañas electorales durarán treinta días y se ajustarán a las reglas generales establecidas en la legislación electoral federal en materia de precampañas, campañas, financiamiento, acceso a medios, fiscalización y medios de impugnación, así como a lo dispuesto en los acuerdos que apruebe el máximo órgano de dirección del organismo electoral federal.

 

2a. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México tendrá las siguientes facultades:

a)   Aprobar dentro de sus primeros cinco días de labores su propio reglamento, a propuesta de su Mesa Directiva.

b)    Sesionar en pleno y en comisiones.

c)     Integrar las comisiones que considere necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

d)    Dictar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de su función como poder constituyente de la Ciudad de México.

e)     Recibir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que le sea presentado por el jefe de gobierno del Distrito Federal.

f)     Aprobar y expedir la Constitución Política de la Ciudad de México.

g)     Las demás establecidas en el presente decreto.

 

3ª. En términos de lo dispuesto por el presente Decreto, el Congreso Constituyente de la Ciudad de México gozará de plena autonomía para el ejercicio de sus facultades como Poder Constituyente de la Ciudad de México y, salvo lo expresamente establecido en el presente Decreto, ninguna autoridad podrá intervenir ni interferir en su instalación y funcionamiento.

 

4ª. Para efectos de acreditación de sus integrantes y de su instalación, se formará la Junta Instaladora:

 

a)          La Junta Instaladora se integrará por los siete diputados y diputadas constituyentes que hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador federal o del Distrito Federal. En caso de presentarse antigüedades iguales, la precedencia se establecerá en favor de quienes hayan pertenecido al mayor número de legislaturas federales y/o locales y, en su caso, a los de mayor edad. El diputado electo que cuente con mayor antigüedad será el presidente de la Junta Instaladora. Serán vicepresidentes los diputados electos que cuenten con las dos siguientes mayores antigüedades. En calidad de secretarios les asistirán los siguientes cuatro diputados electos que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades.

 

b)         La Junta Instaladora deberá quedar integrada a más tardar tres días antes del inicio de los trabajos del Congreso Constituyente, bajo el siguiente procedimiento:

 

  1. El órgano de gobierno del organismo que hubiera tenido a su cargo el proceso electoral dará a conocer las antigüedades a las que se refiere el inciso anterior y los notificará personalmente a quienes integrarán la Junta Instaladora. El presidente de la misma convocará a los integrantes de la Junta a reunión previa de la misma.
  2. La Junta Instaladora convocará a los diputados constituyentes a la sesión de instalación del Congreso Constituyente y proveerá lo necesario para que ésta se lleve a cabo.

 

c)          A las 10:00 horas del tercer día previo al señalado para el inicio de los trabajos del Congreso Constituyente, los diputados y diputadas constituyentes electos que hayan recibido su constancia de mayoría y validez, así como los que figuren en la constancia de asignación proporcional expedida a los partidos políticos, se reunirán en el recinto del Congreso Constituyente con el objeto de celebrar la sesión de instalación de ésta.

 

d)         La Junta Instaladora, de acuerdo con las constancias de mayoría y validez, así como las de asignación proporcional de los diputados y diputadas constituyentes, los acreditará como tales para participar en la sesión de instalación y en los trabajos de ésta. Declarado el quórum constitucional, los diputados y diputadas constituyentes electos, reunidos en pleno, rendirán protesta y elegirán por mayoría de votos a quienes habrán de integrar la Mesa Directiva del Congreso Constituyente.

 

e)          La Mesa Directiva se integrará por un presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios, procurando reflejar la pluralidad en la integración del Congreso, cuyo desempeño durará durante el tiempo en que sesione el mismo.

 

5ª. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México sesionará en el recinto que se establezca en la convocatoria a la elección. El pleno podrá acordar en cualquier momento la habilitación de otro recinto para sesionar.

 

6ª. La Mesa Directiva del Congreso Constituyente de la Ciudad de México acordará con las autoridades federales y del Distrito Federal los apoyos materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

 

7ª. Los recintos que ocupe el Congreso Constituyente de la Ciudad de México para el cumplimiento de su función como poder constituyente de la Ciudad de México son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso expreso del presidente del Congreso, pero en tal caso estará bajo las órdenes de éste. Los diputados y diputadas constituyentes gozarán de las inmunidades que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para los legisladores federales.

 

8ª. El presidente del Congreso Constituyente de la Ciudad de México podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar la inviolabilidad de los recintos que ocupe el Congreso y para garantizar a sus integrantes el libre ejercicio de su función.

 

9ª. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México deberá quedar instalado a más tardar dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la celebración de la elección de sus integrantes. Para que sesione válidamente se requiere la presencia de más de la mitad de los miembros que la integran. Si por cualquier causa no asistiera la mayoría de sus integrantes a la sesión de instalación, el presidente de la Junta Instaladora citará nuevamente a todos los integrantes del Congreso, en segunda convocatoria para el día siguiente. En caso de que tampoco se reúna la mayoría de sus integrantes el día de la segunda convocatoria, el presidente de la Junta Instaladora citará a los suplentes de los diputados electos que no hayan asistido. Por el solo hecho de no asistir a la segunda convocatoria, se entenderá que los diputados constituyentes que incurran en esta falta no aceptan su encargo, por lo que perderán el derecho a integrarse al Congreso y su lugar lo ocupará definitivamente el respectivo suplente.

 

10ª. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México deberá concluir sus trabajos a más tardar dentro de los noventa días siguientes al inicio de sus funciones y no podrá suspender sus trabajos por más de dos días naturales consecutivos. Si el presidente se negara a convocar a sesión del pleno durante un período mayor a dos días naturales, la mayoría de los integrantes de la misma podrá convocarla.

 

11ª. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México sesionará en pleno y en comisiones de conformidad con lo que disponga su reglamento y tomará sus acuerdos, tanto en el pleno como en sus comisiones, por mayoría de sus integrantes. Para que el pleno y las comisiones sesionen válidamente se requerirá la presencia de la mayoría de sus integrantes.

 

  1. Si alguno de los integrantes del Congreso Constituyente de la Ciudad de México se ausenta de los trabajos del pleno o de comisiones, sin causa justificada, por más de tres sesiones o reuniones consecutivas o por más de nueve intermitentes perderá por ese solo hecho el carácter de diputado constituyente y se convocará de inmediato a su suplente, quien ocupará el cargo en forma definitiva hasta la conclusión de los trabajos del Congreso Constituyente.

 

  1. Los integrantes del Congreso Constituyente de la Ciudad de México recibirán una dieta durante el tiempo de ejercicio de su encargo; el monto de ésta no podrá ser superior a la que reciben los diputados federales.

 

La Mesa Directiva del Congreso Constituyente someterá a la consideración del pleno la propuesta de apoyos materiales y financieros que se otorgarán a sus integrantes para el cumplimiento de su función.

 

  1. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México no podrá interferir, bajo ninguna circunstancia, en las funciones de los poderes de la Unión ni de los órganos del Distrito Federal. Tampoco podrá realizar pronunciamientos o tomar acuerdos respecto del ejercicio de los gobiernos Federal o del Distrito Federal o de cualquier otro poder federal o local.

 

SEXTO.- Los inmuebles ubicados en la Ciudad de México que estén al servicio de los poderes federales y de los organismos u órganos autónomos de la Federación, así como cualquier otro bien afecto al uso de dichos poderes, organismos y órganos, al momento de la entrada en vigor del presente decreto, continuarán bajo la jurisdicción federal.

 

SÉPTIMO. La deuda pública del Distrito Federal contratada con autorización del Congreso de la Unión mantendrá su misma naturaleza jurídica al igual que toda operación posterior de reestructura o reconversión de la misma.

 

OCTAVO. La afiliación de los servidores públicos del Distrito Federal al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a la fecha de entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México se mantendrá indefinidamente. Con antelación a esta fecha, la Ciudad de México y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deberán realizar el o los convenios a que se refiere la fracción V del artículo primero de la ley de este último a efecto de garantizar la afiliación con plenos derechos de los servidores públicos de nuevo ingreso.

 

NOVENO. Las relaciones laborales entre las entidades públicas del Distrito Federal y sus trabajadores se trasladarán en sus términos a las de la Ciudad de México y sus trabajadores. Los trabajadores del Distrito Federal mantendrán sus derechos bajo la normatividad de la Ciudad de México.

 

 

Ciudad de México, a los 28 días del mes de noviembre del año de dos mil trece.