Archivo de la categoría: democracia

Falsificación del federalismo (electoral)

El PRI y el PAN presentan la existencia de los organismos públicos electorales (Oples) de los estados, así como la de los respectivos tribunales de la materia, como expresiones del federalismo mexicano, el cual, dicen, debe ser defendido como principio fundamental de la República.

Esos Oples ya no organizan las elecciones, ni siquiera seleccionan y capacitan a los funcionarios de casilla, como tampoco, por tanto, reciben el voto. No fiscalizan el gasto de los partidos ni reciben las quejas sobre propaganda. Se les ha limitado a registrar candidatos y realizar los cómputos de las elecciones locales (sumatoria de datos de casilla), junto con algunos otros quehaceres también menores.

Además, las pocas funciones que se les han dejado a esos organismos electorales pueden ser parcial o totalmente trasladados al INE, hasta el grado de que todo el proceso quede a cargo de éste en exclusiva; o sea, en la práctica, puede el INE clausurar libremente cualquier Ople, como recién lo hizo en Puebla.

Pero eso no es lo peor. Los órganos rectores de los Oples son designados y removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y están sujetos a un reglamento aprobado por éste.

Por el lado de los tribunales electorales locales, sus integrantes son designados por el Senado de la República, como si fueran magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, casi todos sus fallos son recurribles ante éste, donde todo vuelve a empezar.

¿Esta estructura tiene algo que ver con el federalismo?

PRI, PAN y PRD pactaron esa aberración y la llevaron a la Constitución federal. Lo que le dejaron a los estados sólo son las cargas presupuestales. Nada más. Nuevo federalismo, sin duda.

¿Qué interés legítimo puede haber en mantener esta estructura electoral onerosa para las entidades federativas? Varios gobernadores ya no quieren seguir dando dinero a su Ople porque no es «suya».

El PRI y el PAN se dicen temerosos de que Morena se «apodere» de todo el andamiaje electoral nacional, es decir, que haga lo que ellos hicieron. Pero los Oples ya no cuentan prácticamente en dicho andamiaje, son vasallos del INE, pues sus titulares son colocados ahí por los consejeros electorales federales a través de negociaciones políticas.

El desaguisado legislativo que hicieron priistas y panistas en la última reforma pactada (2014) ha creado ahora una disyuntiva: devolver los organismos electorales a las entidades federativas, con toda la redundancia operativa y el dispendio que ello pudiera implicar, o convertir al INE en un completo instituto nacional. Lo que no se puede sostener es ese federalismo que nos han lanzado a la cara como una cínica falsificación.

El asunto no es menor. En la medida en que se mantengan los Oples como están ahora, se hará más difícil reformar al INE, pues éste tiene a su cargo, entre otras cosas, regir a dichos organismos electorales locales y decidir todo lo relacionado con los mismos.

Hemos tenido en los últimos años un Consejo General del INE con facultades prácticamente legislativas. No sólo designa a funcionarios de órganos autónomos (que no lo son más que en el enunciado), sino que también expide normas que deberían estar en una ley.

La cuestión es que ese Consejo General está dominado por dos partidos: PRI y PAN, que han designado a la mayoría de los consejeros electorales.

Luego, el presidente del PAN le planteó a Morena un «desafío», de esos que provocan hilaridad: que los cuatro consejeros que próximamente van a terminar sus respectivos periodos en el Consejo General (abril de 2020) no sean sustituidos por la Cámara de Diputados y que tal órgano de gobierno del INE se quede sólo con los siete restantes. Es decir, que se mantengan los designados por los partidos con anterioridad. Eso sería contrario a la ley vigente, pero el problema no sólo es ese, sino que con ese «desafío» se busca que nada cambie. El INE se antoja ideal para tal propósito porque es el paraíso del PRIAN: de los cuatro que terminarán su periodo, hay dos priistas, un panista y una aliada de ambos. Todo se conoce porque se ha visto.

Morena no quiere representarse en el INE como lo hicieron siempre otros partidos. Eso iría en contra del carácter independiente que debe tener la autoridad electoral. Pero, entonces, queda abierta la discusión sobre cómo garantizar que el andamiaje construido para organizar elecciones en el país sea totalmente profesional, independiente, confiable, austero y eficaz en el desempeño de su función.

Si no es posible lograrlo por ahora, lo será pronto, pero lo que no es admisible es la falsificación del federalismo ni la simulación política. Empecemos por llamar las cosas por su nombre y ubicar a cada cual en su verdadero lugar. Ni los Oples son de los estados ni el INE es imparcial e independiente.

El INE es ya viejo y tiene artritis

Algunos portavoces de las oposiciones dicen que Morena quiere eliminar a los organismos electorales de las entidades federativas y empezar a nombrar nuevos consejeros del INE con el fin de apoderarse de todo el andamiaje. Es fácil entender que piensan como antes y creen que los demás son como ellos eran.

Vale, entonces, empezar a poner los puntos sobre las íes. El INE cuenta con un órgano de gobierno que es el Consejo General, integrado por once personas designadas por la Cámara de Diputados. Casi todos los partidos han tenido y/o tienen uno o varios consejeros con voto porque negociaron los nombramientos. No es el caso de Morena, quien no tiene absolutamente a nadie, su registro es el más reciente entre los partidos que hoy están presentes en el INE. Mal haría, por tanto, como nuevo partido gobernante, en buscar la reproducción de los vicios del viejo sistema.

La existencia de un Consejo General con representantes virtuales de los partidos fue considerado necesario como instrumento de equilibrio y escenario de negociaciones entre los contendientes en sede administrativa electoral. Si acaso ese órgano fue alguna vez útil, ahora ya es innecesario: ningún partido debe tener agentes con voto en el INE.

Parte de la solución consiste en desaparecer el Consejo General y conformar la Junta General Ejecutiva como instancia exclusivamente técnica y profesional. Las autoridades electorales no deben ser políticos disfrazados sino especialistas imparciales.

La Junta tendría que seleccionarse, mediante concursos, entre los técnicos más capacitados y probos. Se acabaría así el reparto de lugares entre algunos partidos con los consiguientes compromisos que afectan la imparcialidad.

Además, es preciso señalar que la mayoría de los acuerdos del Consejo General sobre temas relevantes son resueltos finalmente en el Tribunal Electoral. Cualquier resolución o acción de los integrantes de la Junta o de toda ella como cuerpo colegiado seguiría siendo ventilada en sede jurisdiccional. Esto quiere decir que ya no es necesaria una instancia política para el supuesto diálogo entre los contendientes.

En este marco, resulta también innecesario que las entidades federativas cuenten con organismos electorales cuyos integrantes son ahora designados por los consejeros electorales del INE, los cuales a su vez negocian entre sí y en función de sus querencias partidistas. Los nombramientos de los miembros de los llamados Oples han sido eminentemente políticos y, por tanto, estrictamente negociados.

En el mismo sentido carece de trascendencia práctica la existencia de los tribunales locales electorales, cuyos magistrados son designados con el mismo sistema que opera para los magistrados federales y cuyas resoluciones siempre son recurridas ante el Tribunal Electoral.

El INE (antes IFE) es una institución que ha envejecido porque no ha logrado superar sus traumas de origen y sus artritis adquiridas. Una de estas es que los resultados completos se conocen hasta cuarto días después de la elección. México es uno de los países más lentos en esta materia. El INE da resultados calculados sobre una muestra de casillas a las 11 ó 12 de la noche pero sólo con porcentajes y con rangos de mínimo y máximo de más de tres puntos de diferencia, es decir, tira escopetazo pero no brinda información verificada.

Con frecuencia, el INE agrega detalles normativos en la víspera de la elección, rompiendo con ese principio constitucional de que las reglas sólo pueden cambiarse un año antes.

La majestad política con la que han sido investidos los consejeros y consejeras electorales les ha llevado con mucha frecuencia a legislar en la práctica, sentar criterios, dar cátedras, controvertirse con los partidos adversarios al suyo y favorecer al propio, rechazar toda clase de críticas, derrochar fondos en asuntos irrelevantes o personales. Recién han llegado al extremo de combatir en sedes judiciales la aplicación del artículo 127 de la Constitución que les impide ganar más que el presidente de la República, a pesar de haber protestado cumplir y hacer cumplir la Carta Magna.

Esas artritis no sólo son producto de las personas que tienen voto en la «Herradura de la Democracia», sino del carácter eminentemente político del órgano de dirección del INE.

En muchos otros países las autoridades electorales son exclusivamente técnicas, son discretas, no hacen o admiten debates y se encuentran sujetas a confiables controles jurisdiccionales. Los partidos pueden negociar lo que quieran y llegar a acuerdos, pero la autoridad es quien aplica las normas y da cuenta de sus actos, sin discursos ni mentiras.

Al tiempo de la desaparición del Consejo General, también habría que eliminar las 300 juntas distritales que casi no trabajan cuando no hay procesos electorales. En casi todo el mundo, los cuerpos ejecutivos distritales se integran cuando se acercan los comicios. A juzgar por el inmenso aparato electoral con el que cuenta México, aquí habría procesos electorales abiertos durante todos los días de todos los años.

Es preciso en paralelo avanzar hacia un registro que no sea electoral sino de las personas, ciudadanos y menores de edad. La CURP ya está integrada en el padrón, el cual seguiría existiendo y siendo supervisado por las autoridades electorales que lo usan para varios propósitos. Un organismo profesional independiente en sus decisiones  tendría que hacerse cargo del registro y de emitir la credencial de identificación plena para todo uso. La existencia de un padrón exclusivamente electoral fue algo necesario durante un tiempo pero ya no lo es.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, fue a la Cámara de Diputados, no propuso nada, pero habló de proposiciones «malintencionadas». No añadió más al respecto. Tal vez las anteriores sean vistas de esa forma. Como sea, entre los consejeros electorales predomina la idea de que todo va muy bien, por lo cual no surgirá de ahí ninguna plataforma de reformas para curar las artritis que padece el INE. Pero al menos esos consejeros no son quienes votan en el Congreso, sino que son de aquellos poderosos que no tuvieron que pasar por el tamiz del voto popular, pero tienen fuertes agarraderas en los partidos que los ungieron en el cargo. Eso sigue siendo preocupante por ser ancla del conservadurismo.

Habría que buscar, en cambio, un consenso político que permita un rejuvenecimiento, una actualización, una modernización del aparato electoral del país. El objetivo no debe ser el de disminuir gastos, los cuales ahora son inmensos e injustificados, sino contar con una autoridad que no juegue en el terreno de la lucha política y aprenda a hacer, ante todo, las cosas muy bien con probidad y austeridad.

España sobre el filo de la navaja

En varios países, incluido México, se ha recibido como un alivio el triunfo del Partido Socialista (PSOE) en España. Sin embargo, de momento, lo que ha ocurrido es el fracaso de las tres derechas que se encontraban en dura disputa entre ellas por acreditar mayor aptitud reaccionaria y, luego, unirse en un nuevo gobierno.

En realidad, el PSOE, con el 28.68% de la votación útil, aunque ha sido altamente beneficiado por el sistema de reparto de escaños, no rebasa con sus 123 diputados y diputadas la suma de las tres derechas que operan a nivel de todo el Estado español (147).

La mayoría del Congreso de los Diputados es de 176. El PSOE está lejos de esta cantidad. No obstante, ese partido ha manifestado que desea un gobierno monocolor, es decir, no busca una coalición de partidos. Quiere llevar a España a una vida política que se curse sobre el filo de la navaja.

Según un análisis entre grandes conglomerados ideológicos (en los tiempos en que ya no hay ideologías sino sólo técnicas, se dice), las izquierdas suman 48.53% de los votos válidos y las derechas alcanzan el 46.85, contando a todas las formaciones con presencia parlamentaria. En escaños, de un lado hay 187 y del otro 163.

El primer problema es que el PSOE y Unidas Podemos no alcanzan la mayoría absoluta, pues suman tan solo 165 de los mencionados 176 que se requieren para lograr un gobierno en primera votación. En una segunda vuelta, se podría tener un gobierno de minoría si acaso se obtuvieran más votos a favor que en contra, con lo cual los grupos parlamentarios que se abstuvieran podrían decidirlo todo, pero la derecha, sola, no podría detener la investidura de un gobierno de izquierda.

El segundo problema consiste en saber dónde están en la izquierda esos partidos valientes que desean un gobierno inestable (PSOE en solitario) frente a una derecha convergente que tendría más escaños que los socialistas.

Caminar por el filo de la navaja querría decir que un gobierno presidido por Pedro Sánchez (PSOE), sin coalición, podría estar en minoría en cualquier coyuntura, como le ocurría al de Mariano Rajoy y al mismo Sánchez, quien no podía siquiera sacar el presupuesto.

Los peores momentos políticos de España, bajo la democracia, han sido con gobiernos minoritarios. Nunca nada bueno ha salido de ese esquema.

Pero Pedro Sánchez tiene otra tesis. Él cree que puede gobernar con astucia, administrando a un conjunto abigarrado de grupos parlamentarios que, así como pueden converger pueden romper todo pacto. Esta equivocado.  Se sobreestima a sí mismo. No es cuestión de astucia. Hay un país en juego.

El esquema de Sánchez es algo así como un cesarismo o bonapartismo, que consiste en una confrontación política sin solución propia que arroja un poder equilibrador por encima de facciones. El líder del PSOE «no sería de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario»: un Luis Bonaparte que pasó de presidente a emperador. España es un «reino» pero no es para tanto.

El resultado de las elecciones no favorecerá a las izquierdas en tanto subsista su separación. No sólo existe el grave problema de los españoles y españolistas frente a los nacionalismos catalán y vasco (ERC y Bildu), con quienes se podría hacer una mayoría absoluta de izquierda con 184 escaños, sino también el del programa social de izquierda.

Como el PSOE en alianza con Podemos no llegaría a la mayoría, a cada paso debería negociar con otros, pero dentro del plano de la izquierda. Las cosas serían más adversas para España cuando el PSOE, como gobierno monocolor, tuviera que negociar todo con el Partido Popular o con Ciudadanos, dos derechas en competencia para ver cual es más reaccionaria. Esto último está incluido en el nefasto plan de Pedro Sánchez.

Existe entre las bases socialistas un repudio a negociar con Ciudadanos. Quizá eso se vaya diluyendo, pero de esa forma provocaría un vuelco a la derecha en el gobierno de Pedro Sánchez, lo cual sería por completo contrario al dictado de las urnas. Lo que perdieron las derechas en las elecciones sería recuperado con los actos de gobierno de los socialistas.

En el momento en que se abriera una coyuntura, el PSOE habría de ser defenestrado sin que las otras izquierdas pudieran salvarlo. Al final de ese proceso, una nueva elección contendría el riesgo de lo que ya se vio hace poco en Andalucía: un gobierno del PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, el partido más franquista.

Si Podemos no puede abstenerse gratuitamente en la segunda votación para formar gobierno, el voto en contra de aquellas tres derechas (PP, Cs y Vox) sería suficiente para impedir que Pedro Sánchez fuera investido. Habría otra elección, pero luego de un fracaso del PSOE, entendido quizá como incapacidad para sortear la abigarrada composición política española.

El camino de la unidad de las izquierdas, dos de ellas dentro del gobierno y las otras pequeñas en coexistencia constructiva, tampoco es fácil pero, al menos, abriría un camino de reformas sociales y políticas en una España que está hace ya tiempo sedienta de aguas nuevas.

El imposible diagnóstico sobre el PAN

La política panista de bloqueo a las iniciativas y conductas del actual gobierno no tiene nada de peculiar. Acción Nacional es un partido ubicado en la oposición, por lo cual es del todo normal que intente impedir o entorpecer la acción gubernamental.

Lo que ameritaría un diagnóstico es la crisis del PAN, pues, al oponerse, no exhibe sus propuestas alternativas. Sería sencillo suponer que ese partido carece de planteamientos vigentes, pero ese intento explicativo resultaría tan simple como inexacto.

Acción Nacional abrazó la política neoliberal con mayor rapidez que el PRI porque siempre fue un partido crítico del estatismo mexicano y del Estado social. El liberalismo católico en México no fue en casi nada un socialcristianismo y ni siquiera una democracia cristiana. La crítica panista a la falta de democracia se limitó al control del gobierno sobre los procesos electorales y a los fraudes. El PAN no es un partido democrático en la expresión clásica liberal, pero cuando se consolidaron los neoliberales priistas en el poder, el PAN proclamó su «victoria cultural».

Sin embargo, justo por lo anterior, se tendría que esperar que Acción Nacional reivindicara abiertamente su tendencia neoliberal y expusiera sus alternativas a las propuestas del nuevo gobierno. Pero no está ocurriendo así.

En el último trance legislativo, el PAN no quiso buscar un acuerdo sobre la reforma constitucional en materia de educación pública, pero, en lugar de señalar una orientación propia, se hundió en contradicciones y necedades sin un sentido político claro: acusó al proyecto de la mayoría de no contener absolutamente ningún cambio respecto del texto aún vigente (reforma de Peña Nieto que fue votada también por el PAN) pero, al mismo tiempo, repudió las derogaciones y las nuevas redacciones del texto constitucional.

La mayor acusación de los panistas en la Cámara de Diputados fue que Morena estaba engañando a los maestros y al pueblo porque en realidad no buscaba abrogar la reforma de 2013 sino mantenerla exactamente igual, como si ellos estuvieran repudiando lo que entonces apoyaron. Pero no. En contradicción con sus acusaciones, el PAN estuvo criticando que se suprimiera la evaluación de los maestros con fines de determinar la permanencia de éstos en la docencia, es decir, la llamada evaluación punitiva.

Así ha sido la conducta panista en casi todos los lances legislativos y en sus baterías críticas, sin que la dirección panista haga esfuerzo alguno para introducir concepciones programáticas coherentes.

Las ideas políticas neoliberales siguen siendo tan fuertes dentro de la sociedad como antes del triunfo de López Obrador. No obstante, sus principales exponentes, fuera de las grandes empresas, casi no se expresan con discursos consecuentes. El PAN es uno de esos organismos agazapados.

En el curso de la lucha política, el punto es si es posible actuar indefinidamente sin defender una plataforma completa, congruente, clara, sincera. Mientras esa situación siga presente en el PAN, este partido no podrá intentar salir de su crisis, debido a que se trata de una crisis de dirección provocada principalmente por la falta de definiciones programáticas. Es por ello que se hace imposible un diagnóstico que lleve a encontrar la medicina necesaria para curar los males del Partido Acción Nacional.

Este no es un problema en sí mismo, pues se trata tan solo de un partido, sino que la ausencia de oposición –hay que estar repitiéndolo—no puede más que generar un deterioro de las relaciones políticas del país. La confrontación puede encontrar un cauce democrático cuando es clara ante los ojos de la gente y los protagonistas son precisamente actores políticos formales y no solamente poderes o partidos informales.

He aquí lo complicado de la situación.

El desvanecimiento de la OEA

Los momentos más importantes de la historia de la Organización de Estados Americanos han estado vinculados a las órdenes impartidas por el gobierno de Estados Unidos. Se recordará, entre otros muchos, la expulsión de Cuba («incompatibilidad de regímenes sociales») y la ocupación militar para derrocar al gobierno constitucionalista de la República Dominicana.

Pero desde aquello que era dramático se ha llegado al ridículo inaudito: una organización de Estados admite como miembro del mismo al Poder Legislativo de un país. La idea de reconocer a Guaidó como Presidente de Venezuela fracasó cuando en la resolución se sustituyó el término República Bolivariana de Venezuela por Asamblea Nacional, es decir, que el país ya no es integrante de la organización sino sólo su Poder Legislativo. Fue Jamaica, el voto 18 que era indispensable para alcanzar la mayoría suficiente, quien introdujo la corrección.

La OEA es ya una organización en la que están en la mesa gobiernos y una asamblea de diputados. Dentro de poco, de seguro podrán ingresar con derechos plenos partidos políticos si acaso eso sirve para llevar a cabo planes intervencionistas.

Hay un tal Almagro, quien opera como Secretario General de la OEA, que se ha dedicado a combatir todo aquello que odia Donald Trump en el continente. Entre los dos están logrando lo que no se pudo antes: llevar a la OEA a su completo desvanecimiento.

Una organización de tan pobre perfil que llega a los extremos de promover golpes de Estado, ya se ubica un peldaño más abajo que cuando admitía los mismos con simpatía. Pero al designar por sí y ante sí al representante de un Estado soberano, como recurso político golpista, conduce las relaciones internacionales hemisféricas al extremo del colapso. En realidad, esa resolución carece por completo de efectos reales, como se dijo luego de la votación.

La OEA no ha sido un foro privilegiado de sus países miembros, pues casi todos ellos han creado instancias regionales para impulsar relaciones políticas y económicas de mucho mayor calado que el viejo «ministerio yanqui de colonias», como algunas veces le llamaba Fidel Castro.

El arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no fue lo que más aumentó la presión sobre la OEA. El mayor problema ha sido el conjunto de derrotas de las izquierdas en varios países. La llegada de gobiernos francamente derechistas en Argentina, Chile, Brasil, Perú y Ecuador ha llevado a la OEA a ser algo parecido a lo que era en los sesentas y setentas del siglo pasado.

México ha tenido históricamente una distancia de la OEA. Casi todos sus gobiernos fueron fríos en tanto que, por nacimiento y desempeño, esa organización estaba más cerca de la doctrina Monroe que de unas relaciones hemisféricas en pie de igualdad. El Estado mexicano nunca necesitó a la OEA,  por lo cual fue uno de los más alejados de la misma.

El embajador mexicano ante ese organismo, Jorge Lemónaco,  ha dicho que la afiliación de la Asamblea Nacional de Venezuela a la OEA es una victoria pírrica de algunos, es decir, que le ha costado demasiado a sus patrocinadores, para empezar, el más completo ridículo.

Nicolás Maduro quizá podrá caer, pero es más difícil que Juan Guaidó, el designado por Trump, llegue a ser realmente presidente. La crisis venezolana no es un fenómeno que afecte al hemisferio y mucho menos a las relaciones internacionales del mundo, como pretenden 50 gobiernos que quieren decidir la coyuntura en el país de Bolívar. Sin embargo, se encuentra sorprendentemente en la lista de conflictos mundiales.

En Europa occidental y central pocos han resistido los requerimientos de la Casa Blanca, pero acá, en América Latina, al menos existen todavía gobiernos con dignidad para negarse a intervenir en asuntos internos de otras naciones. México es uno de ellos.

Mientras, la OEA se ha desvanecido. En horabuena.

La pugna sobre el trabajo docente

El centro de la reforma al artículo 3º de la Constitución vuelve a ser el carácter del trabajo docente. Este tema oscurece el debate más general sobre el sistema educativo. Por ello, es preciso concluirlo pronto.

El punto es cómo se organiza el ingreso y la promoción a la carrera magisterial. La reforma de Peña Nieto montó un aparato de inspección, premiación y sanción sobre cada maestro y maestra. No era un sistema para evaluar colectivos y reformar contenidos y métodos, como se dijo, sino de reestructuración administrativa para aplicar una típica receta neoliberal basada en la competencia individual, con el máximo esfuerzo, para obtener mayor utilidad.

La nueva reforma que se procesa en el Congreso postula que el ingreso, la promoción y el reconocimiento de los maestros y directivos se base en procesos de selección marcados por la ley sin que éstos se encuentren vinculados a la permanencia de los maestros y maestras en el empleo. Es decir, que la legislación no sea punitiva ni el sistema sea vertical.

La cuestión consiste entonces en que los sindicatos no podrían proponer candidatos a ingresar a la docencia o a desempeñar puestos de dirección y de supervisión. Se crearía, por tanto, un derecho académico-profesional, paralelo a los derechos laborales. Desde luego que va a existir un cruce conflictivo entre ambos derechos, como ocurre en las universidades autónomas, pero no es aceptable seguir con la gremialización de la academia, mucho menos cuando predomina un sindicalismo corrompido.

Las instituciones de enseñanza superior no han estado a salvo de burocracias académicas que administran el ingreso y la definitividad de profesores e investigadores, pero al menos no se advierte un comercio de plazas como el que se produjo en el sistema educativo básico.

Crear una nueva ley para definir las instancias y procedimientos de ingreso, promoción y reconocimiento alcanzaría justificación plena sólo si se incorpora la participación de los maestros y maestras, es decir, si se construye un sistema democrático y horizontal. Como instancia burocrática, al estilo de la reforma de Peña Nieto, la carrera docente estaría destinada a ser de nuevo totalmente instrumental, sin relación sustantiva con el proceso educativo visto en su conjunto.

La CNTE tiene razón en temer que con una nueva ley se siga sin incorporar al magisterio en los diversos procesos de selección. No hay, por el momento, manera de convencer a esa organización sindical, o a cualquier otra, que se trata de lograr que los educadores como tales vayan reasumiendo la función propiamente educativa y propiciar que los sindicatos ejerzan bien su carácter de organizaciones democráticas de defensa laboral.

En otras palabras, no es aceptable que una burocracia política controle el sistema de ingreso y promoción, pero tampoco se puede consentir que los líderes sindicales –la otra burocracia— sigan gremializando el sistema educativo nacional.

Si la desconfianza principal consiste en el contenido de una nueva ley que habrá de expedirse en los próximos meses, nada de lo que se redacte en el actual proyecto de reforma constitucional podría superar por completo los temores al respeto.

En el estira y afloja de los textos del articulado podría avanzarse en los próximos días e, incluso, en la revisión en el Senado, pero la desconfianza no desaparecerá. La política en México ha sido conducida con engaño, mentira, alevosía, ilegalidad y cinismo. Pensar que, con el reciente cambio, la impronta del sistema político mexicano se ha adelgazado como para ser sustituida por un ambiente generalizado de lealtad, honradez, transparencia y legalidad, es sin duda un buen deseo, pero de seguro algo así ha de tardar años de arduo esfuerzo.

Mientras tanto, será indispensable que la nueva ley reglamentaria de la carrera docente, al ser expedida, contenga ya un cambio democrático en la política de admisión y promoción del magisterio. Algo que en verdad aporte al gran tema de la transformación de la escuela mexicana. Los educadores profesionales son quienes deben educar, pero, para esto, ellos deben alcanzar conciencia de tales.

Entonces se habrá de reformar otra vez el artículo 3º, con el fin de sentar ahí la base de una nueva organicidad de la conducción del proceso educativo a partir de los educadores y los alumnos, de verdaderas instancias académicas colegiadas. Será lo que el movimiento estudiantil planteó desde principios de los años sesenta del siglo XX: «una educación democrática, popular y científica.»

Incertidumbre segura

Pocos relevos gubernamentales como el más reciente han tenido tantas definiciones ciertas desde meses antes de su culminación. La crítica de la política neoliberal podría ser más extensa e incisiva pero no menos insistente. Lo mismo ocurre con la corrupción. Habría que agregar también la convocatoria a inaugurar el método de democracia participativa y directa.

Desde un principio se dijo que en los primeros tres años no habrá ajuste fiscal (excepto en la frontera y, si acaso, en el IEPS gasolinero), ni mayor deuda en términos del PIB.

Se sabía de antemano que no se abrirían subastas para proseguir con el reparto de yacimientos ni se darían más concesiones mineras. Así también se anunciaron aumentos de la inversión pública en las industrias de energía, incluyendo la construcción de una refinería. En la lista están el Tren Maya y el del Istmo, entre algunas otras inversiones mayores.

Los grandes programas sociales son los mismos que se vinieron prometiendo durante toda la campaña electoral por parte de López Obrador.

Algunas transferencias presupuestales aparecen ahora como consecuencias inevitables de las nuevas prioridades de gasto. La austeridad no es para gastar menos sino para hacerlo mejor. En un futuro cercano deberá poder gastarse mucho más.

Sin embargo, se habla de incertidumbre. Podría decirse que el uso de esta palabra no es descriptivo sino premonitorio, es decir, se advierte que pueden surgir políticas no esbozadas antes. En el fondo, se trata de manifestar desconfianza sobre la base de una supuesta falta de certeza.

El colmo de esta precaria forma de hacer oposición se expresa en el intento de ligar la propuesta para establecer en la Constitución la revocación del mandato con un intento de reelección, al punto de que el presidente ha firmado un compromiso de no reelección, aunque innecesario o impertinente.

Otro ejemplo es la peregrina liga entre los señalamientos de que Enrique Krauze tuvo que ver con campañas electorales subrepticias, sucias e ilegales y una inventada intención de reprimir la libertad de difusión de ideas de ese político y biógrafo de personajes históricos. El gobierno no va a perseguir a Krauze porque no va a perseguir a nadie por sus ideas. Pero tampoco se tiene que reeditar la costosa y fea política de amamantar a intelectuales orgánicos del poder político.

Se aplica cada vez más el método de la incertidumbre, mediante la forja de una liga entre lo que ocurre y cualquier cosa que pueda ocurrir.

El problema político mexicano de los días que corren, como lo hemos comentado, es que las oposiciones carecen de agenda y de liderazgo, lo cual les lleva a promover la incertidumbre. Oponerse al gobierno puede asumir formas muy variadas, pero dentro de ellas debe haber propuestas y explicaciones sobre la manera de alcanzar éstas. ¿Qué tenemos hoy? Un vacío que está siendo llenado por otros, los no opositores, aunque sí adversarios de la 4T encabezada por López Obrador.

El debate político de una democracia formalista se ve sustituido por la sensación de una ausencia de certezas. ¿Quién es en verdad Andrés Manuel? Podría ser el lobo con piel de oveja o el diablo agazapado. Así, en lugar de discutir, los jefes de los dos partidos opositores se falsifican a sí mismos mediante una afanosa búsqueda de lo que no está incluido en los actos del gobierno ni en los anuncios oficiales.

Mas no sólo se trata de los partidos opositores. Hay ríos de tinta y de habladurías que sepultan con incertidumbres al nuevo gobierno, en especial con interpretaciones fantasiosas que podrían llevar a la hilaridad si no fuera por la cantidad de personas que son propensas a creer cualquier cosa.

La sospecha del próximo advenimiento de un autoritarismo oficial y, específicamente, presidencial es una de las suertes más socorridas de analistas académicos y comentaristas, algunos de los cuales son serios o, al menos, lo eran hasta hace poco.

Como irresoluble contradicción, se quiere aparecer a la incertidumbre como lo único seguro. Para sus promotores no hay cosa más palmaria que la suspicacia. Esa es la política de los adversarios de la 4T, una nueva versión de la ya decadente propaganda de que AMLO es un peligro para México.

Revocación de mandato

En los países de régimen parlamentario, el procedimiento de revocación del mandato se produce virtualmente cuando se tienen que adelantar las elecciones. En los países de sistema presidencial, dicho procedimiento se lleva a cabo por solicitud popular o de los órganos del poder.

En la «república» de sistema presidencial donde más se usa la revocación de mandato, California, se vota, al mismo tiempo, por nuevo gobernador, por si acaso el mandatario en funciones es removido por mayoría. Así, se remueve y se elige mediante la misma papeleta, además de votar en consultas varias y elegir asambleístas.

En México nunca ha existido un sistema de revocación de mandato de carácter popular, pero existen normas para remover presidente de la República, gobernadores y alcaldes. Lo que ahora se busca es que la decisión radique en la ciudadanía.

La propuesta de que el presidente de la República pueda ser removido y que la votación se haga hacia la mitad de su periodo, el mismo día de la elección de diputados federales, se debe a que tan importante decisión coincida con el cambio del Poder Legislativo, es decir,  involucre a todo el poder político.

Supongamos que el cargo de Presidente es revocado, de seguro que se produciría, al mismo tiempo, una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y, con ello, una situación especial en esa asamblea constitucional llamada Colegio Electoral (ambas cámaras del Congreso con un quórum legal de dos tercios), en la que se tendría que elegir al nuevo mandatario, en un plazo de 60 días de interinato, cuando ya hayan llegado a San Lázaro los nuevos diputados. Así se integraría un nuevo gobierno con otro u otros partidos, en función del voto popular. Un cambio político completo a medio sexenio, pero de forma democrática.

Así, la revocación no se limita sólo a remover una persona, el entonces presidente, sino a cambiar de fuerza gobernante.

En conclusión, el procedimiento de revocación del  mandato presidencial, cuando se liga a la elección legislativa, es un instrumento democrático mucho más trascendente que aquel que se produce aislado.

Por otro lado, la hipótesis de que un próximo proceso de revocación del mandato de López Obrador, el mismo día de la elección de Cámara de Diputados, llevaría al partido de éste a un gran triunfo electoral, mayor que el de 2018, de seguro se origina en el cálculo de que siempre le irá mejor al actual presidente. El problema consiste, sin embargo, en que tal planteamiento procede de las oposiciones.

Además, ya se ha visto que los candidatos triunfadores, por lo regular, obtienen más votos que los partidos que los postulan. De seguro también ocurriría eso mismo en un procedimiento revocatorio.

Se dice que la revocación sólo sería un sistema democrático si la fecha de su realización fuera diferente a la misma que la de  las elecciones. Con esta idea, la democracia es calificada en dependencia del día de la votación.

Las oposiciones están diciendo que un proceso revocatorio en junio de 2021 sería una especie de reelección del actual presidente, pero dentro del tiempo de su propio sexenio. Este argumento sí que implica un examen más a fondo pero no necesariamente de carácter político.

El último argumento opositor consiste en que la revocación del mandato es un instrumento de participación ciudadana, por lo cual no se debería admitir que el presidente pueda proponerlo al Congreso, además de los legisladores y de un porcentaje de la ciudadanía.

Aunque este punto es secundario porque de cualquier manera un presidente puede lograr las firmas necesarias o la mayoría parlamentaria requerida para convocar al proceso de revocación, habría que aclarar que los mecanismos de participación ciudadana propiamente dichos tienen que ver con el derecho de proponer y con las consultas sobre casi toda clase de asuntos, pero no tienen el mismo carácter que los mecanismos electivos y los revocatorios, en los cuales se define el poder, aunque, naturalmente, éstos también los determina la ciudadanía. Hoy mismo, el Congreso puede remover al presidente de la República mediante un juicio sin intervención popular.

Las oposiciones han escogido el camino de bloquear la adición de nuevos mecanismos del sistema político –consultas y revocaciones—que con mayor urgencia requiere el país para empezar a caminar por la sinuosa vereda de la democracia directa.

La bancarrota del sistema educativo

La profesión de maestro en la educación básica ha sido ubicada en el escalón más bajo del trabajo intelectual. Los educadores no son  considerados como tales sino que han sido sometidos a unas burocracias sindical y gubernamental desde donde se organiza la función educativa con una muy escasa participación del magisterio.

Las condiciones materiales de los planteles educativos se encuentran por lo regular también en la ruina. Los hay pobres y los demás son paupérrimos.

Los niveles en el aprendizaje de los educandos son bajos en comparación con los observados en otros países con desarrollo semejante al nuestro.

Para completar este deteriorado cuadro, la escuela mexicana es autoritaria y, en consecuencia, no prepara a la juventud para la democracia mediante el método de la conjunción de la teoría y la práctica.

Las y los educadores sólo intervienen mediante consejos técnicos escolares, sin tomar parte en las decisiones generales. Al carecer de parámetros educativos, maestros y maestras no cuentan con instrumentos para comparar a su propia escuela con otras y evaluar al sistema educativo en conjunto. No pueden, por tanto, hacer firmes propuestas de modificación del proceso educativo. No existen consejos académicos propiamente dichos.

Durante muchos años, la ausencia de instancias de participación académica y técnica del profesorado contribuyó al gremialismo estrecho, sectario y corrupto, hostil a la democracia y, en consecuencia, orilló a la clausura de la intervención del magisterio en la forja de la materia de su propia profesión.

Muchas autoridades educativas no han sido profesores sino burócratas. El Estado no es quien debe educar sino ser educado. El Congreso debe proveer, el gobierno debe administrar.

Tampoco se integraron suficientes contenidos regionales a los programas de estudio ni se analizaron las problemáticas de los pueblos indígenas y sus derechos políticos y culturales.

El reconocimiento de que los educadores son aquellos integrantes activos del magisterio no debería ser indispensable, pero lo es, aquí y ahora, porque se niega en los hechos el carácter profesional de las maestras y maestros.

El acceso de las y los educadores a la formación académica debería ser un derecho garantizado por el Estado mediante todo un entramado institucional: la escuela de la escuela como proceso de continuo cambio e innovación.

Como trabajadores, las maestras y maestros fueron sometidos por el charrismo sindical, lo cual generó un desgastante proceso de resistencias en muchos lugares del país. Esto, como se sabe, se agudizó a partir de la reforma educativa del sexenio pasado. En lugar de construir las bases de la nueva escuela mexicana, se abrieron exámenes punitivos y promocionales a las y los educadores. La escuela, como tal, no fue evaluada y mucho menos reformada. Así ha llegado a la bancarrota.

Se precisa, por tanto, un acuerdo político nacional para acometer una transformación que abarque la reforma de la escuela y las garantías del derecho a la educación, otorgadas de manera siempre creciente por el Estado: abrir la educación, mejorar la escuela y garantizar la permanencia y éxito de los alumnos.

El magisterio y el alumnado deben ser los dos grandes protagonistas de la nueva escuela mexicana en un marco democrático y participativo.

Venganza o transformación

Sería un error de parte de la nueva fuerza gobernante hacer una cacería de brujas para ir en persecución penal contra ex gobernantes. De la sed de venganza contra la corrupción no podría surgir justicia en su más alta acepción, sino una dura confrontación política que estorbaría finalmente la lucha contra el Estado corrupto.

Conocer hechos de corrupción, explicar cómo se hicieron las cosas desde el poder, fustigar los métodos de reparto de recursos y tráfico de influencias es algo necesario y lo seguirá siendo durante años. Pero esto no sería una cacería.

Incluso, proseguir las denuncias presentadas contra servidores públicos es una obligación del Ministerio Público por lo cual se deben concluir las investigaciones.

En otra vertiente se encuentran los actos de represión, la arbitrariedad y violencia del poder contra la gente. Aquí es indispensable activar investigaciones y procesos penales, pues de lo contrario habría una especie de omisión criminal.

Además, las acciones orientadas a lograr la libertad de los presos políticos deben acelerarse y multiplicarse, no sólo desde el gobierno federal sino también en los estados, incluyendo leyes de amnistía expedidas por las legislaturas. Tenemos miles de esos presos en el país y su permanencia en prisión es algo más que una injusticia, ya que expresa el autoritarismo y la represión integrados en la forma de gobierno.

Ha llegado por fin el momento en que el Congreso de la Unión  y las legislaturas de los estados ejerzan sus facultades de control político, vigilen el gasto e investiguen todo lo necesario para mejorar la función pública. La tradición mexicana consiste en que el Poder Legislativo no debe asomarse demasiado a la realidad porque eso implicaría invadir funciones del Ejecutivo. Sin embargo, es al contrario, la vigilancia está a cargo del parlamento en un sistema republicano.

Cuando no funcionan los mecanismos de control político y vigilancia, no sólo hay impunidad sino también se produce ese dañino fenómeno de que las denuncias suelen ser publicadas como si fueran sentencias. Todo eso es expresión del mal funcionamiento de las instituciones o de su ausencia.

Un fenómeno muy conocido consiste en que la Auditoría Superior descubre desvíos y otras malas prácticas, las informa a la Cámara de Diputados y presenta denuncias ante el Ministerio Público, pero no se vuelve a mover la hoja de un árbol.

Para de verdad descubrir y enjuiciar las tramas de corrupción dentro de la administración pública es preciso activar el juicio político. Aunque éste se realiza contra personas en lo individual, su ámbito es mucho más amplio que un juicio penal pues lo que en el fondo se enjuicia son los actos y omisiones de gobierno, junto con el responsable personal. La habilitación del juicio político podría poner al descubierto el funcionamiento de los sistemas de gestión pública articulados a la corrupción. Esto es mejor que la venganza.