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El modelo mexicano de seguridad pública ha fracasado

De momento no existe la Guardia Nacional proyectada por el actual gobierno. Lo único que hay es un dictamen favorable en la Cámara de Diputados que aún no ha sido consultado al pleno. Pero, con o sin proyecto, el problema de la inseguridad pública y la emergencia de violencia es básicamente el mismo.

La Guardia Nacional no va a acabar con ese fenómeno que tiene ya más de 20 años. Cuando la violencia delincuencial se desborda, los cuerpos policiales se convierten en partes integrantes del problema, ya que éstos profundizan su corrupción y son puestos al servicio del negocio ilegal.

La solución mexicana resultó un fracaso. El Ejército y la Armada fueron volcados a las acciones contra la delincuencia organizada durante 12 años, supuestamente al lado de la policía. En lugar de tener un cuerpo policial federal se tenían tres: dos militares y uno civil aunque con frecuencia a cargo de militares, más otro en cada entidad federativa. Ninguno de ellos podía hacer lo necesario porque la política social no estaba en dirección de la lucha contra la delincuencia organizada, con lo cual seguía creciendo el resentimiento en el que se anida el fenómeno criminal.

Además, el Estado mexicano siguió considerando la prohibición legal de las drogas como algo ineludible. Aunque el consumo en sí mismo no es en México un delito, los cuerpos de seguridad lo siguen prohibiendo en los hechos y cobrando mordidas. Además, las cárceles están llenas de jóvenes consumidores o narcomenudistas, así como de campesinos productores. El resultado es un desastre.

El proyecto de Guardia Nacional no está hecho para resolver todos estos grandes y penosos problemas. De lo que se trata es de conformar paulatinamente un cuerpo de seguridad federal, estrictamente una guardia, capaz de convertirse en institución civil al servicio de las personas, pero sin tener como funciones las de preservar el orden público.

Desde algunas instituciones ya existentes se tendría que empezar a construir esa guardia. Durante los próximos cinco años, aunque, si es posible, antes –dice el dictamen aprobado en la Cámara—, la nueva Guardia tendría que ir pasando de un mando a cargo de miembros del Ejército y la Armada a otro de personal formado en la nueva institución.

Así tendrían que volver a los cuarteles los integrantes de las fuerzas armadas que ahora se dedican a trabajos de policía. Mas la nueva Guardia no se quiere sólo para la emergencia sino para contar con un cuerpo de seguridad que cubra el territorio del país, mientras que los cuerpos de policía federal, local y municipal se dediquen a resguardar instalaciones públicas y lugares de habitación, lo cual supuestamente siempre ha sido su deber.

El combate a la delincuencia organizada tendrá éxito cuando sea derruido el Estado corrupto, se reoriente la política de todas las entidades del Estado nacional hacia el bienestar social y el trabajo, se distribuya de otra forma el ingreso y las funciones públicas se orienten hacia el beneficio de la gente. Dentro de esto, un punto, sólo uno, es el contar con cuerpos profesionales de seguridad que no sean corruptos.

Una parte de la oposición hubiera querido que el nuevo gobierno y la nueva mayoría legislativa se cruzaran de brazos, decepcionaran, se pusieran a repetir lo mismo.

En cuanto a la política económica y social, en lo referente a los nuevos sistemas democráticos de toma de decisiones y en lo relativo a la creación de nuevas instituciones de seguridad pública debe aplicarse el programa que tuvo el apoyo mayoritario en las elecciones. Hacer caso a esa oposición que busca que todo quede igual que antes sería una desobediencia del mandato ciudadano.

Si la oposición considera que las propuestas de la nueva fuerza gobernante son peores que las implantadas por ellos en otros momentos, ese es su derecho, su privilegio. Que la oposición se oponga es lo más normal. Lo que no se puede admitir es el argumento que consiste en que lo nuevo debe ser lo mismo que antes.

El fracaso del modelo mexicano de seguridad pública ya no requiere demostración.

EZLN: 1 de enero de 1994-2019

Hace 25 años hubo en México una rebelión en contra del neoliberalismo impuesto desde arriba sin consultar a la nación y en contra del priismo represivo y antidemocrático. No fue el único pronunciamiento, sino el que asumió el carácter de lucha armada. Como tal duró poco, sin embargo sus protagonistas directos se han mantenido armados y más o menos sitiados durante estos 25 años.

El EZLN es un agrupamiento político-militar integrado por indígenas de varias etnias chiapanecas, pero no elaboró por sí mismo un programa propiamente indígena. Sus planteamientos se refieren siempre a la pobreza, el atraso, la falta de derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, de los habitantes del país.

Sus referencias a la pobreza, como las repetidas en la celebración del 25 aniversario en La Realidad, son las mismas porque la situación no ha cambiado durante ese lapso. Pero tampoco se ha modificado el programa ni el análisis básico de la situación política de México que realizan los dirigentes del EZLN.

El planteamiento más fuerte de la reciente celebración ha sido el rechazo del EZLN al nuevo gobierno, al que se acusa de tramposo y mañoso, pero se agrega que éste busca destruir a la organización zapatista.

Un planteamiento obligadamente novedoso del discurso del EZLN es que, a diferencia de los gobiernos anteriores, se considera un tanto diferente al que encabeza Andrés Manuel López Obrador (nombre que no consideran oportuno mencionar, según han dicho): «qué lástima que le hacen caso al que está ahí engañando al pueblo», se lee en el discurso oficial de la celebración en La Realidad.

La rebelión detenida por el cese al fuego impuesto bajo presión popular e internacional por parte del gobierno de Carlos Salinas, llevado después a una ley, siguió siendo de alguna manera rebelión, pues el discurso de Marcos influía en las izquierdas, en segmentos de la juventud y entre los pueblos originarios.

Sin embargo, desde hace años ya no se ha podido decir lo mismo. La rebelión zapatista es uno de los pocos datos políticos congelados que existen en el México actual. Si ese movimiento armado y sus modos de propaganda y organización posteriores eran una forma de lucha política, es decir, por el poder, en la actualidad ya no lo son.

Han escrito los líderes del EZLN: «hemos visto que estamos solos; lo que hemos logrado ha sido con nuestro trabajo y esfuerzo, con nuestros errores». Esto es cierto, aunque habría que precisar que lo hecho por la dirigencia y el pueblo zapatistas ha sido una elevada obra de organización, entereza y firmeza. Mas el problema consiste precisamente en que la lucha política no se emprende con el objeto para dejar las cosas como estaban antes.

Según el EZLN, en su entorno y en el país siguen igual la miseria, la desigualdad y la injusticia. Así es; quizá sean mayores. Pero no se encuentran en la reciente proclama de los zapatistas algunas vías de acción para combatir esos factores socioeconómicos y políticos tan lacerantes. Sólo se halla el mismo razonamiento tendiente a resistir, aunque ahora frente al nuevo gobierno federal.

No debería ser motivo de discusión la indispensable independencia política y la integridad orgánica del EZLN. En este campo, cualquier gobierno puede ser una amenaza, sin exceptuar al actual. Tampoco podría alguien dudar del carácter crítico del discurso de aquellos y aquellas que se rebelaron la madrugada del 1º de enero de 1994.

Pero ya llevan tiempo estando ausentes las pautas zapatistas para continuar en aquella lucha, gigantesca por sus objetivos e inesperada por su forma, que esa admirable organización inició hace ya 25 años.

Hay algo nuevo y mejor en eso que acaba de hacer una mayoría popular mexicana. Soslayarlo podría servir para sufrir menos por parte de quienes han perdido poder y privilegios. Mas el pensamiento crítico, por otro lado, siempre debe serlo y… demostrarlo. O sea, conocer el pasado, analizar el presente y usar los prismáticos para alcanzar a ver el futuro.

Debates sin hipocresía

Se critica a Andrés Manuel López Obrador por participar directamente en debates políticos ventilados en medios y redes. El principal argumento es que el presidente de la República tiene tanto poder que resulta ventajosa su intervención en las confrontaciones políticas. Algunos agregan que cualquier debate en el que tome parte viene a ser un uso de recursos públicos a favor o en contra de uno o varios partidos.

El Poder Ejecutivo siempre ha participado en todo debate público e, incluso, privado, que tenga que ver con la lucha política. Los presidentes fueron mucho más lejos que eso, al mandar callar a políticos y periodistas. Eso ocurría hasta hace muy poco.

La parafernalia del poder y el ropaje del poderoso llevaban a ubicar al jefe de gobierno como un político diferente porque era más o menos intocable y estaba por encima de las pugnas. Sin embargo, el mandatario siempre se hacía sentir aunque muchas veces de manera indirecta, a través de toda clase de intermediaciones, cuando se trataba del debate o la defenestración de adversarios o críticos.

Ese no parece ser el estilo de López Obrador porque la política ha empezado a cambiar en el país. Hay una nueva fuerza gobernante cuyo líder que no requiere de subterfugios ni intermediarios sino del lenguaje franco. En otras palabras, esa clase de liderazgo que ejerce AMLO requiere medios directos.

El ahora presidente tiene la misma situación dentro de su partido. La controversias en Morena tienen con frecuencia la participación de Andrés Manuel en la misma forma en que se produce el debate con partidos, medios de comunicación y críticos de diversas inclinaciones ideológicas.

En el México de estos días la opinión crítica es mucho mayor que nunca antes. El ensanchado marco de libertad de comunicación de ideas es producto de una muy larga lucha contra los poderes que tenían la censura y la supresión como instrumento de prevalencia. Además, las nuevas redes han traído libertad a millones de personas que ahora pueden comunicar sin ser dueños o trabajadores de los medios formales.

Al mismo tiempo, el presidente de la República es y seguirá siendo uno de los principales objetivos de la crítica. A éste le corresponde, en consecuencia, la misma libertad de replicar, alegar, argumentar, responder, criticar.

Los tiempos no son los de la vieja hipocresía de los poderosos quienes movían a otros, hablaban mediante picos ajenos, daban órdenes encubiertas.

Si se quiere vivir en democracia, trascender el formalismo en todos los sentidos, profundizar en los temas, informar en la libertad y criticar sin miedo, tenemos que admitir que podemos discutir entre nosotros y que el presidente es uno más en este terreno.

En reciente reunión entre Andrés Manuel y la mayoría parlamentaria de ambas cámaras, aquél repitió que no tiene halcones ni palomas mensajeras, que nadie habla por él y que cuando tenga desacuerdo lo dirá, tal como lo hacen los mismos legisladores y legisladoras.

Si ha llegado un nuevo momento de debates políticos, de seguro habrá de ser mejor que los tiempos de la hipocresía.

La CNDH se asoma a un precipicio

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez, tiene una percepción mensual neta de 170 373 pesos. Si la Cámara de Diputados llegara a aprobar una remuneración menor para el presidente de la República, como está propuesto, aquel sueldo tendría que ser reducido.

Esto sería consecuencia de que el artículo 127 de la Constitución establece, desde 2009, que ningún servidor público del Estado mexicano puede ganar más que el Presidente de la República. Además, dicha remuneración es determinada por la Cámara de Diputados, la cual «no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley», según ordena el artículo 75 de la misma Carta Magna. Sólo si, «por cualquier circunstancia», se omitiera hacerlo, el sueldo sería el mismo que el año anterior, pero eso ya no ocurre nunca y no debe ocurrir porque sería una transgresión de la norma.

No obstante, la CNDH ha interpuesto una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, recién expedida por el Congreso, con el propósito de que ésta sea declarada inconstitucional.

Un problema nada menor consiste en que la persona que firma dicho recurso ante la Suprema Corte de Justicia tiene interés personal en el asunto. Se trata del presidente de la CNDH, cuya remuneración actual corre peligro de contracción.

Supongamos que la Suprema Corte decide declarar la inconstitucionalidad de la ley mencionada, Raúl González no podría impedir que la Cámara de Diputados obedeciera el mandato del artículo 127 de la Carta Magna, ya que la Corte está incapacitada para declarar inconstitucional a la Constitución. De cualquier forma, al reducirse la remuneración del Presidente de la República, el resto de las retribuciones sólo podrían ser iguales o menores. La norma constitucional debe ser respetada, con o sin ley reglamentaria, porque es tan clara y directa que no requiere ninguna disposición secundaria para tener validez plena.

El argumento que usa la CNDH es que, con la ley de remuneraciones, se están violando derechos humanos. Esto es sin duda falso, pero si la Corte la cancelara, de igual forma, la remuneración de Raúl González a partir del 1º. de enero del próximo año no podría rebasar un solo peso el sueldo del Presidente de la República. Por ello, se está buscando que la misma Corte ordene a la Cámara de Diputados otorgar una remuneración a López Obrador en 2019 igual a la señalada para Peña Nieto en 2018.

Esto es lo que busca Raúl González en abierto reto a la institucionalidad democrática, el voto ciudadano, el mandato político de la mayoría y la vigencia del sistema político de la Constitución. Pero, lo que es peor es que se busca que la Corte ordene a los diputados y diputadas hacer algo indebido, contrario a sus facultades expresas, lo que provocaría un choque absurdo, por innecesario, entre poderes.

El ataque a la ley de remuneraciones sería inoperante ante el predominio de la Constitución, pero se quiere torcer el tronco de la legalidad desde una pretendida defensa de los derechos humanos. Esto último es lo que en realidad duele.

Se invoca un derecho humano de gozar siempre de una remuneración igual o mayor, y nunca menor, aunque sin precisar cuales serían sus actuales garantías constitucionales aplicables a los más altos servidores públicos. Esto es tanto más ofensivo contra el Congreso cuando las y los legisladores se han reducido ya sus propias remuneraciones, acto que no ha sido controvertido por parte de la CNDH ni por nadie por supuesto ataque a derechos humanos y a una buena interpretación de la Carta Magna.

Entre 2009 y 2017 el salario mínimo se ha reducido, tal como en la década anterior. Ha pasado de 54.8 a 88.36 pesos diarios con una inflación acumulada mayor que la suma de los aumentos nominales. La CNDH no ha interpuesto ninguna acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra los sucesivos actos de disminución salarial en términos reales, realizados por el organismo público encargado de fijar los salarios mínimos.

Más en concreto, la CNDH considera que reducir la remuneración del Presidente de la República, en el marco del artículo 127 constitucional que fija a ésta como la máxima, sería una trascendente violación de derechos humanos.

En su texto de 108 folios, la CNDH nunca defiende los salarios en general, sino sólo de los servidores públicos y, por su contexto, exclusivamente de aquellos que ahora están percibiendo más que el sueldo propuesto por López Obrador para el presupuesto de 2019. No se trata de los nuevos funcionarios sino sólo de aquellos que han sido designados para un periodo transexenal, entre ellos, el presidente de la CNDH.

¿De qué se trata la maniobra? De hacer declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Remuneraciones bajo el argumento de que ésta no impide que se rebaje el sueldo del Presidente de la República y, por lo mismo, tratar de impedir tal rebaja por la vía jurisdiccional, por orden de un tribunal.

Si la Ley de Remuneraciones hubiera fijado de alguna manera la remuneración del Presidente de la República o hubiera limitado su cuantía, como lo quiere Raúl González, entonces sí sería una ley inconstitucional porque desobedecería a la Carta Magna, la cual confiere sólo a la Cámara de Diputados la función de señalar la «retribución» correspondiente.

Lo que la Cámara de Diputados no podría hacer es rebajar el sueldo de los trabajadores, cuyos parámetros están relacionados en leyes, contratos, convenios que rigen las relaciones laborales, ya que esas normas se encuentran permanentemente en vigor y son de acatamiento obligatorio.

La CNDH pretende que se confundan las cosas y que el sueldo de su propio presidente sea considerado como algo determinado en un contrato laboral, lo cual, todos lo sabemos, no es así. El sueldo de Raúl González se fija cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con el artículo 75 de la Carta Magna, precepto que no es tomado en cuenta en el texto enviado a la Suprema Corte por parte de la CNDH.

Aunque parezca increíble, Raúl González hace abstracción de que se votó el pasado 1 de julio y se eligió a un nuevo presidente de la República, quien ha integrado un nuevo gobierno, el cual tiene una nueva política que va a proponer, en términos de un nuevo Presupuesto de Egresos, a una también nueva Cámara de Diputados, la cual cuenta con la facultad constitucional exclusiva de aprobar los egresos.

Es deber de todo ciudadano y toda ciudadana coadyuvar con los organismos de derechos humanos, entre ellos la CNDH, la cual se ha distinguido muchas veces por cumplir con su deber constitucional. Pero para seguir respetándola es preciso que ésta se respete a sí misma, se ciña a sus tareas, asuma el sistema democrático de decisión popular y los mandatos políticos de la ciudadanía, entre los cuales se encuentran los de la conducción de la administración pública.

El actual sueldo de Raúl González no tiene relación con un derecho humano sino es producto de la decisión política de la Cámara de Diputados que le asignó la cantidad neta de 5 679.10 pesos diarios. Según se infiere del mensaje y la conducta de la CNDH, cuando esa cantidad se aprobó por parte de los diputados y diputadas era justa, aunque millones ganaban la mísera cantidad de 88.36 al día, 64 veces menos que aquél, sin que algún órgano del Estado, ni los de derechos humanos, intentara alguna acción.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se asoma a un precipicio al proteger el sueldo de su presidente. Sus prerrogativas constitucionales no fueron otorgadas para tal propósito. Defendámosla porque le pertenece a los seres humanos.

 

Fuero de bolsillo

Según la Constitución, algunos funcionarios no pueden ser penalmente procesados. Eso se llama «fuero constitucional». ¿Quiénes son? El presidente de la República, diputados y senadores, ministros de la Corte, magistrados de la sala superior del TRIFE, fiscal general (hoy procurador), consejeros del INE, secretarios de Estado y consejeros de la Judicatura. Se les llama «aforados».

Para que se les inicie proceso penal, se requiere un permiso de la Cámara de Diputados, a través de una especie de juicio. En el caso del presidente de la República es necesario el voto de las dos cámaras del Congreso.

Lo que se votó el pasado martes 27 de noviembre en San Lázaro era la cancelación de ese sistema. El nuevo hubiera consistido en que algunos de esos funcionarios no tendrían inmunidad (consejeros de la judicatura y secretarios de Estado) porque no son titulares de poderes públicos. Los demás serían sujetos de proceso penal en libertad, como cualquiera otra persona que estuviera bajo fianza. Cuando el juez los sentenciara, se irían a la cárcel, también como cualquiera, porque ya no se mantendrían en su respectivo cargo.

El nuevo sistema propuesto es sencillo, sin recovecos y sin mentiras.

Pero este tercer intento de abolir el fuero fracasó por decisión de los mismos que lo bloquearon en las dos ocasiones anteriores.

Para dar cobertura al nuevo bloqueo argumentaron o apoyaron sin decir nada (PAN) que ir a la cárcel antes de tener una «sentencia ejecutoriada», sino sólo de «primera instancia», es atentar contra el debido proceso, los derechos humanos, etcétera. Ese encarcelamiento le puede ocurrir a cualquier sentenciado, pero como en este escenario sería un político, entonces se le considera diferente por parte de los bloqueadores.

La inmunidad de los titulares de los poderes públicos no es un asunto del sistema penal sino del sistema político de la Constitución. Se trata de impedir que una autoridad menor y sin previo juicio pueda privarles de la libertad y, de esa forma, impedir el normal funcionamiento de tales poderes. ¿Qué hacer cuando alguno de sus integrantes posiblemente cometió un delito? Pues abrir el proceso penal si acaso se acreditan los requerimientos de la ley y bajo el estatuto de presunción de inocencia. Cuando se dicta sentencia condenatoria, ya pasó aquella etapa, por lo que el funcionario pierde inmunidad y cargo, lo que lo lleva a la cárcel como a cualquiera otra persona.

Quienes han bloqueado por tercera vez la abolición del llamado fuero dicen que hay que esperar a que el sentenciado sea confirmado en tal condición en las apelaciones o amparos que interponga. ¿Tendremos legisladores sentenciados votando leyes en el Congreso mientras pasan los años que duran esos recursos judiciales? A eso se le llama fuero de bolsillo.

Sería peor tener altos funcionarios desempeñando sus cargos tranquilamente luego de haber sido sentenciados, que tenerlos como sospechosos de cometer un delito. A estos últimos, al menos se les puede desaforar en la Cámara de Diputados, pero a los sentenciados en libertad incondicional no se les podría remover de sus cargos durante años.

Si saliera adelante en el Congreso (cosa que es numéricamente imposible) el fuero de bolsillo, todo sería peor que bajo el sistema de «fuero constitucional» que ahora impera. El privilegio sería mayor y más ofensivo. Eso es lo que exigen PAN, PRI, PRD, MC y PVEM, conforme al voto que emitieron el martes 27 de noviembre en San Lázaro.

Sin embargo, esos partidos saben que su planteamiento es imposible por absurdo. Lo que en realidad hicieron fue negar su voto a favor de la abolición del fuero con un falso argumento, con el propósito de bloquear una promesa de campaña de López Obrador y de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES).

Cierto es que a las y los integrantes de los grupos parlamentarios de la nueva minoría opositora no les hace ninguna gracia abolir el fuero del que ahora gozan y, por tanto, plantean como condición establecer uno nuevo que sería peor y más odioso, pero, sabiendo que su propuesta no es factible por monstruosa, el interés político de impacto inmediato ha sido bloquear a la mayoría parlamentaria y mostrar las garras de una oposición firme.

Hay también otro elemento. Ya se ha visto que el PAN tiene una política de bloqueo, la cual es seguida por sus más recientes aliados, PRD y MC, pero, ¿qué tendría que hacer el PRI haciéndole el juego a Acción Nacional?

Esto es nuevo y nadie se lo esperaba. El vetusto partido puede estar lamiéndose sus profundas yagas, pero eso no le tiene que llevar a convertirse en comparsa de la otra anciana derecha. Si antes fue imposible diferenciar las líneas políticas de uno y otro partidos, lo que fue factor relevante del fracaso electoral de ambos, ahora sería suicida para los priistas confundirse con los panistas con tal de bloquear a la nueva mayoría.

El PAN no propuso en la Cámara una sola enmienda al proyecto de abolir el fuero. Todas las reservas estuvieron a cargo de los demás partidos de lo que será la oposición a partir del 1 de diciembre. Acción Nacional sólo votaba en espera de que el proyecto no tuviera la mayoría calificada de dos tercios.

La mentira de los argumentos de quienes votaron en contra se demuestra con el hecho de que, antes, cuando en dos ocasiones se votó la abolición del fuero, ninguno de esos partidos propuso el fuero de bolsillo. ¿Por qué ahora sí lo hicieron? Pues para dar cobertura argumentativa a su bloqueo.

Los dos anteriores proyectos de abolir el fuero fueron congelados en el Senado sin tener que votar en contra ni proponer absolutamente nada. En esta última ocasión, eso no hubiera funcionado porque esos partidos ya no pueden manipular el termostato en el Congreso, por lo que tuvieron que votar en contra directamente.

La abolición del fuero, sin engaños ni simulaciones como es el fuero de bolsillo, terminará por imponerse porque la política de bloqueo se irá haciendo insostenible. Pronto.

Aversión a la democracia

La consulta popular constitucional sólo se puede realizar el día de elecciones (art. 35. VIII. 5º). El Congreso la convoca a solicitud del presidente (en funciones) o de una parte del mismo; la Suprema Corte decide su legitimidad; el INE las organiza. También puede activar el procedimiento el dos por ciento de la ciudadanía.

Tan sólo por la fecha de su realización era imposible convocar a una consulta constitucional sobre la construcción en Texcoco de un nuevo aeropuerto, cinco cuadras adelante del que ahora funciona y cuya Terminal 2 aún no se ha pagado por completo.

Los adversarios de López Obrador no quisieron entender que con la convocatoria a la consulta sobre el proyecto de aeropuerto en Texcoco se estaba usando un método propio de la oposición en un país sin consultas legales. El presidente electo y la nueva mayoría en el Congreso siguen en la oposición y ahí seguirán hasta el 1 de diciembre, cuando lleguen a ser la fuerza gobernante del país.

Para hacer una consulta constitucional, AMLO, ya como presidente, hubiera tenido que esperar dos años y medio. Esto lo saben los furibundos críticos de la consulta, pero fingen ignorancia del texto constitucional.

Más allá del aeropuerto como proyecto «fabuloso» e igual negocio, el problema político medular es el método para tomar decisiones sobre asuntos controvertidos y de trascendencia. Quienes llenaron de denuestos la consulta, en realidad tienen aversión hacia todas ellas, hacia los nuevos vientos de la democracia.

Hay países en donde el pueblo ya vota casi todas las leyes importantes. En Suiza también se sufraga a veces en materia fiscal.

Las derechas mexicanas postulan que la consulta ciudadana, como método, es indeseable porque el sistema de democracia formalista, puramente representativa, se podría venir abajo con la aplicación de métodos plebiscitarios.

Sin embargo, muchos derechistas saben que los sistemas que admiten la democracia directa no cancelan las elecciones periódicas, pero fingen ignorancia. Las consultas directas y los comicios coexisten.

El problema para esas derechas es que el sistema del formalismo representativo ya no sería el único y que la ciudadanía tendría derecho a tomar decisiones. Este derecho es el que molesta. Tales liberales derechistas viven en el siglo XIX.

El único argumento a favor de la construcción del puerto aéreo en Texcoco era la cuantía de las inversiones físicas ya realizadas, cuyo valor, sin embargo, es menor al valor que tiene el aeropuerto Benito Juárez que quería cerrarse para siempre jamás.

El gran problema era que la decisión de levantar el fabuloso aeropuerto de Texcoco fue tomada sin consultar a nadie pero, además, era económicamente lesiva para el país y técnicamente perjudicial. Cerrar dos aeropuertos (Benito Juárez y Santa Lucía) para poder construir uno nuevo carece de sentido práctico. Estambul acaba de inaugurar un aeropuerto nuevo y tendrá ahora dos, como corresponde a toda megalópolis, en algunas de las cuales se cuentan hasta cinco.

Además de la polémica sobre la validez de la consulta popular como método de gobernar, se ha abierto otra discusión. ¿Qué país somos y cuál queremos ser? ¿Podemos tener un México de obras fabulosas o, en lugar de éstas, necesitamos una infraestructura productiva que se levante en todas las regiones del país?

Más en concreto, ¿queremos una creciente centralización de las conexiones aéreas o debemos promover interconexiones múltiples en las diversas regiones? ¿Necesitamos un «fabuloso» aeropuerto en una sola ciudad para promover inversiones productivas o requerimos una extensa infraestructura de trasporte terrestre, marítimo y aéreo para comunicar a México consigo mismo y con el resto del mundo?

El proyecto de aeropuerto en Texcoco es una muestra de las extraviadas políticas económicas de los neoliberales, muy dados a realizar actos de relumbrón que no sirven para promover crecimiento y redistribución del ingreso.

Peña Nieto inició cuantiosos desembolsos para un fabuloso aeropuerto cuando tenía muchas obras inconclusas abandonadas, entre ellas hospitales. Hay también aquí asuntos de moralidad en el ejercicio de funciones públicas.

El debate sobre el lío del proyectado aeropuerto de Texcoco y el cierre del actual, junto con el de Santa Lucía, nos arroja enseñanzas adicionales en materia de democracia y gestión pública: no al verticalismo ni al uso del poder para fomentar fabulosos negocios privados. Hay que buscar caminos diferentes.

Migrantes, fantasmas de la administración Trump

La caravana de migrantes procedente de Honduras es denunciada por la administración de Donald Trump, aunque parezca increíble, como una conspiración promovida por los líderes del Partido Demócrata, el magnate George Soros, el Estado Islámico (EI), Nicolás Maduro, entre otras potencias.

Además, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha declarado que la caravana ha «violado la soberanía de México, sus leyes y sus procesos migratorios», lo cual, dijo, en Estados Unidos el presidente Donald Trump no permitirá que suceda.

Según las autoridades de Estados Unidos, el problema es de México, por lo que ellas mismas «confían» en que los «líderes» mexicanos «sepan cuáles son los mejores pasos para resolver esta situación… mediante una acción oportuna». Esto lo dijo Mike Pompeo luego de conversar con Luis Videgaray.

En la víspera de unas elecciones que podrían ser cruciales para Trump, la Casa Blanca asume una posición actualizada de defensa nacional frente a sus «enemigos». El comunismo ya no es amenaza, ahora la es un mundo que, se dice, lo asedia y quiere seguir sacando provecho a sus costillas, aprovechándose de su bonhomía.

Unos 300 mil migrantes atraviesan México cada año rumbo al coloso del norte. Una caravana, sin embargo, pone en peligro la soberanía de Estados Unidos, luego de violar la de México. Esta es la versión de los gobernantes estadunidenses.

Esos miles de migrantes hondureños vienen en caravana para contrarrestar el peligro que es para ellos atravesar México, a merced de bandas de delincuentes organizados que los acosan, secuestran, extorsionan, agreden y asesinan. Pero no amenazan la soberanía de ningún país, entendiendo por ésta la capacidad efectiva de tomar decisiones propias. El derecho al refugio está vigente en las leyes internacionales.

Dicen los voceros de la Casa Blanca que dentro de los migrantes de la caravana vienen «árabes», aunque el presidente de Estados Unidos admite que no se puede demostrar tal afirmación, lo cual, agrega, no quiere decir que «no sea así». Esto está sacado de una película de Groucho Marx, algo de la mejor comedia cómica estadunidense.

El agonizante gobierno mexicano se propuso contener la caravana imponiendo la condición de registros individuales previos. Si el gobierno de México iba a admitir de cualquier forma a los migrantes de esa caravana, ¿para que cerró el puente?, ¿por qué no programó la recepción de los hondureños dentro del territorio nacional y no en la frontera? Hubo que actuar con estupidez para crear el espectáculo de miles de personas aglomeradas desesperadamente sobre un puente, con tal de enviar a Washington el deplorable mensaje de que el gobierno mexicano se estaba resistiendo, tal como lo demandaba el señor Trump.

Con esas órdenes demenciales, Peña Nieto propició aquel señalamiento de Mike Pompeo en el sentido de que la soberanía mexicana había sido violada.

No existe crisis de migración en la frontera entre México y Estados Unidos. Se ha venido reduciendo desde hace tiempo el número de mexicanos que buscan pasar al norte sin visa. Cada año son más los expatriados voluntarios que los deportados en el mismo lapso.

En cuanto a los migrantes centroamericanos, ellos seguirán atravesando México sin que eso ponga en peligro a ninguno de los dos países.

Pero, aunque no haya crisis, a Trump le conviene hacer creer que existe: «esta es la elección de la caravana», ha dicho en referencia los próximos comicios en Estados Unidos. De la composición de la Cámara de Representantes depende el proyecto de concluir el muro fronterizo, pero, antes que nada, el mantener la mayoría republicana.

Al revisar la política norteamericana en relación con el resto del mundo, Donald Trump ha ubicado en el centro, junto a su balanza comercial, a las migraciones y a la consecuente delincuencia infiltrada, incluyendo a terroristas. El presidente, sin embargo, en lugar de buscar soluciones, responde con una actitud de confrontación. Al hacer esto, soslaya que el déficit comercial no le es adverso, en general, a la economía estadunidense, al tiempo que ésta requiere migrantes. Primero, porque no es posible sustituir masiva y rápidamente casi toda clase de importaciones. Segundo, porque ya se está cerca del «pleno empleo». En términos de agregados económicos, ¿qué van a comprar?; ¿quién va a trabajar?

Si Trump tuviera éxito en su política de llevar a Estados Unidos a ser «grandioso otra vez», sólo crearía nuevos y mayores problemas. Lo que por ahora está en el fondo es que tal política no despega, pero, en cambio, sí se están creando puros conflictos.

México no debe caer en ese perverso juego.

«Bonanza» o «bancarrota»: dos visiones

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el país se encuentra en «bancarrota». Pudo haber dicho quiebra, ruina o desastre. La respuesta no tardó en llegar por boca del secretario de Hacienda y algunos corifeos de la prensa neoliberal, quienes pintaron un paisaje de bonanza económica.

Ambos extremos no podrían concordar con absoluta exactitud con la situación, pero mantienen abierto el debate sobre de qué lado estamos más cerca, de la bonanza o del desastre.

No todo el dinero que la Federación recauda es regresado a la sociedad como pudiera esperarse. Esto se debe a que el endeudamiento de Peña-Videgaray ha sido tan alto, gravoso e inservible que obliga al gobierno a usar parte de la recaudación en solventar débito, con lo cual se desvían recursos, es decir, se gasta en otro objeto que no está en la sociedad misma. Se supone que el gobierno no debe retener o descaminar dinero sino regresarlo de otra manera a su lugar de origen. Esto último es justamente lo que no está ocurriendo con una fracción relevante del gasto público.

Un Estado que no regresa a la sociedad lo que le quita está de alguna forma en quiebra, ya que parte de sus ingresos no los destina a su propósito inherente sino a otros objetos, ajenos a la gente.

Si analizamos la caja del Estado y la manera en que éste gasta podemos ver que se está mucho más cerca de una bancarrota que de una bonanza.

En un sentido más general, el producto por habitante no ha crecido y el asunto se aprecia desastroso cuando analizamos que el salario mínimo es menor ahora que hace 30 años.

Al estudiar el estancamiento económico durante el reinado neoliberal, es necesario hacer una liga con el patrón mexicano de distribución del ingreso que es de los más regresivos del mundo. Una economía más o menos estancada que concentra el ingreso está produciendo pobreza incesantemente y, en tal virtud, contiene fuertes estructuras que reproducen el mismo estancamiento. En ese círculo vicioso ha vivido el México neoliberal.

La pobreza reporta números absolutos más altos entre cada sexenio, pero también porcentajes mayores. Existe una bancarrota social.

Hace 30 años teníamos poco menos de un tercio de la juventud en las aulas; hoy tenemos casi el mismo porcentaje, mientras países que se encontraban igual que México ya sobrepasan el 60 por ciento de matricula universitaria.

Existen también elementos que no son directamente económicos o que no se observan en el PIB ni en los índices de distribución del ingreso, aunque ahí están también, como es la delincuencia organizada, la acumulación de dinero ilícito y otros, aún más lesivos, como el incremento incesante del número de homicidios dolosos, feminicidios, extorsiones, violaciones y otras conductas ilícitas cuyos números son agobiantes cuando se analizan en términos absolutos como en relativos.

Es verdad que hace 30 años había un Estado corrupto, mas el hecho de que lo siga habiendo no significa estar igual sino peor, ya que se suponía que las alternancias electorales iban a empezar a resolver ese gigantesco problema pero, en la realidad, lo profundizaron. Esto también es una bancarrota, pero ya no sólo económica sino también moral.

El PRIAN fue un régimen que dejó incólume lo más inicuo del sistema de partido absoluto y, al mismo tiempo, aumentó la adoración de las recetas neoliberales y de la concentración de riqueza e ingreso. Tenemos hoy una sociedad más estratificada y más injusta.

Si analizamos la situación en la que se encuentran los grandes conglomerados capitalistas, entonces sí que vivimos en bonanza.

Es cuestión de precisar desde dónde se observa la realidad.

Meade se hundió en su propia canallada

La directa acusación de José Antonio Meade contra Nestora Salgado en el debate de Tijuana propagó una opinión que lesiona derechos de esta persona. Ella no está sometida a juicio, ni mucho menos ha sido declarada culpable. La libertad de difusión de opiniones establecida en el artículo 7º de la Constitución no otorga cobertura al atrevimiento del candidato priista.

El propósito indirecto de Meade ha sido señalar a López Obrador como responsable de la candidatura de Nestora Salgado, la cual ya fue «penalmente condenada» por el aspirante priista. Esta atrocidad, aun al calor del debate político, no merece respuesta porque el problema no está en la libertad de los partidos, sino en que un adversario pretenda prohibir la postulación de candidatos o candidatas de otras organizaciones que, en su opinión personal, forman parte de la delincuencia.

La explicación posterior de Meade es que él defiende a las víctimas, pero no ha dicho con base en qué se ha atrevido a llevarle la contraria públicamente a dos jueces penales. En realidad, el papel que Meade leyó en el debate es la transcripción de un párrafo de la declaración de una denunciante y testigo, la cual fue desestimada en el juicio, pero que Meade da por verdad.

Como es natural, el punto no puede versar sobre los concluidos procesos penales contra Nestora Salgado, por más que el fiscal haya apelado las sentencias, sino acerca de la utilización de una amplia plataforma de comunicación social para dar por culpable de un delito grave a una candidata.

La calumnia contra las personas está prohibida en la propaganda que difundan los partidos y los candidatos, según reza el apartado C del artículo 42 de la Constitución. Aunque la calumnia se emitió en un debate, éste no deja de ser propaganda electoral. En consecuencia y dado que el encuentro fue organizado y difundido por el Instituto Nacional Electoral, aun sin queja, esta autoridad debió abrir un expediente para calificar la conducta de Meade y proceder de acuerdo con la ley. Sin embargo, lo que tenemos es mutismo institucional. Por fortuna, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dicho con energía que sólo los jueces sentencian.

No hay duda que atacar a Nestora Salgado ha tenido el propósito de comprometer al candidato Andrés Manuel López Obrador, presentarlo como alguien que arropa delincuentes. Mas la arrogancia de José Antonio Meade consiste en ubicarse a sí mismo como fiscal y juez. Hasta hace poco se le había tenido sólo como un tecnoburócrata de carrera, nunca ha sido elegido para ningún cargo, pero su candidatura le ha transformado. Tenemos a un Meade que pronuncia sentencia condenatoria sobre un asunto que, además, con seguridad conoce superficialmente.

No hace falta imputar y condenar a alguien para discrepar de las propuestas de López Obrador sobre el tema de la delincuencia. En el primer debate, el mismo Meade acusó a AMLO de pasarse al «lado de los malos». La discusión es fuerte e, incluso, los insultos han menudeado. Mas la calumnia contra una persona ausente, que no puede responder en un esquema de comunicación donde los emisores no son responsables y, por tanto, no hay derecho de réplica, es una canallada, en la que su autor, José Antonio Meade, se ha hundido por sí mismo.

Se cayeron afanosos esfuerzos del priista por presentarse como una persona decente.

El examen de admisión sí es una mentira

De lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en el debate de Milenio TV se han derivado, por lo visto, varios temas. Uno de ellos es el de la educación superior. Guillermo Sheridan reacciona a lo dicho por el candidato de Morena con ironías y muchas oscuridades en su columna de El Universal del pasado martes.

Una verdad sabida es que el examen de admisión, como dijo AMLO, es una mentira, pues si todos los aspirantes obtuvieran calificación de diez, de cualquier forma no podrían ingresar porque no hay lugares suficientes. No se trata de un examen de conocimientos sino de un filtro, pues no existe calificación aprobatoria. Así ha sido desde que fue diseñado en tiempos de Ignacio Chávez, quien decía a los cuatro vientos que a la Universidad deberían ingresar sólo los mejores en el sentido de pocos y bien seleccionados.

Guillermo Sheridan rechaza la «utopía» de López Obrador en el sentido de que todos los aspirantes deben ingresar al ciclo superior. Sería como ha sido hasta ahora en Francia, desde tiempos de Napoleón: quien aprueba el examen de grado del Liceo puede ingresar en la universidad. Ahora, Emmanuel Macron, nuevo presidente neoliberal, quiere cambiar ese precepto bicentenario para que las universidades decidan a cuales aspirantes admiten y a quienes rechazan según otros parámetros, ya no igualitarios, entre ellos una pretendida reducción de la matrícula. De por sí, el filtro económico es contundente, pero siempre se busca poner otros.

Eso es lo que reivindica Sheridan. Pero en México en eso hemos vivido durante muchas décadas y, por ello, sufrimos desde entonces un desastre educativo.

Al final, Sheridan se queda en sus burlas y chistes de mala factura, pero no aporta absolutamente nada para entender uno de los más graves problemas nacionales.

Hace unos 30 años, Corea del Sur y México tenían en las aulas superiores al 25% de sus respectivas juventudes. Hoy, el país asiático tiene el 65% y el nuestro se ubica en el 28%. Esto es así a pesar de los rasgos francamente clasistas y autoritarios de la educación coreana, pero la pregunta es ¿por qué se estancó México? La respuesta es sencilla: la política educativa es nefasta.

Sheridan acusa a AMLO de querer dar órdenes a las universidades autónomas para que modifiquen sus métodos de ingreso. Pero, al respecto, las instituciones educativas carecen de política como no sea la de admitir a todos los que quepan en las aulas sin que haya calificación de ingreso sino sólo cupo. En Corea, a pesar de la brutal y enfermiza competencia existente, la calificación mínima aprobatoria es 250 sobre 400, es decir, 62.50 puntos en una escala de 100. Si en México ese fuera el mínimo de ingreso no habría bancas disponibles en las aulas. Para que un estudiante del bachillerato de la UNAM tenga pase automático dentro de su propia universidad requiere 7 de promedio en todo el ciclo.

Lo que está proponiendo AMLO es lo que se ha estado planteando durante más de 50 años, de lo cual, por lo visto, Sheridan no se ha enterado todavía. Aumentar el cupo en la educación superior para incorporar a todos los jóvenes aspirantes y elevar la proporción de ellos sobre el total de personas en edad de acceder a esos estudios. Estados Unidos y Europa están en el 75%, alto; América Latina se encuentra en el 44%, medio; México, casi en la cola mundial con su 28%.

Luego llegamos pronto a dos problemas. Uno de ellos es el presupuestal, que AMLO plantea primordialmente. El otro, que tendrán que resolver directamente las instituciones, autónomas y no, consiste en preparar a los profesores y organizar la docencia.

Esa es la utopía, según Sheridan. Pero, según el programa educativo histórico de todas las izquierdas mexicanas, sencillamente es poner fin al desastre educativo mexicano.

Hace más de 40 años, Pablo González Casanova y Manuel Pérez Rocha, uno, rector, el otro, fundador coordinador del CCH, decían una verdad de a kilo: no hay contradicción entre el tamaño y la calidad de la educación.

Una revolución educativa puede estar por empezar si se defiende con firmeza el planteamiento de que la educación es un derecho de todos los niños, niñas y jóvenes, que el Estado debe garantizar.

Los reaccionarios como Guillermo Sheridan deben pasar a la oposición y, desde ahí, seguir luchando contra la educación popular. Ese sería su derecho y su misión. Pero, mientras tanto, la realidad social de México estaría cambiando para mejorar.