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Aborto: derechos y libertades de las mujeres

La primera despenalización parcial del aborto se produjo en México dentro del Código Penal de 1871: “llámase aborto, en derecho penal, a la extracción del producto de la concepción, y a su expulsión provocada por cualquier medio, sea cual fuere la época de la preñez; siempre que esto se haga sin necesidad” (Art. 569).

Véase lo que dice ahora el Código Penal de la Ciudad de México: “Artículo 144. Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.

Lo común entre esos dos preceptos, con una diferencia de 150 años, es que el aborto no es siempre un delito. Para serlo, en el primer precepto, se debe realizar sin que sea necesario y, en el segundo, cuando el embarazo tenga más de 12 semanas. En el siglo XIX, la necesidad se determinaba cuando, de no efectuarse, la mujer embarazada corriera peligro de muerte, “a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora”. En el siglo XXI, no se piden condiciones personales ni otras circunstancias, sino que basta la libre voluntad de la mujer. Además, ahora, en la CdMx el aborto se permite en cualquier tiempo en casos de “violación, inseminación artificial ilegal, peligro grave para la salud de la mujer y malformaciones genéticas del producto”.

Esto quiere decir que el delito de aborto no es tanto una consecuencia de creencias religiosas y de sucesivas presiones clericales, pues el criterio de su relativa despenalización lleva en México un siglo y medio de debates entre laicos que exponen solamente argumentos humanistas. Han predominado consideraciones políticas y aquellas propiamente de género. El análisis demográfico (necesidad de aumentar la población) llevó a gobiernos liberales de Europa y América a prohibir el aborto. Los argumentos machistas sobre la “mujer” y la “familia” suelen ser más duros que los sermones en las corporaciones religiosas, las cuales, en realidad, se han colgado del poder secular para hacer lo que no pueden por sí mismas, es decir, proscribir la práctica del aborto y declarar delincuente a quien lo realiza.

Es el poder punitivo más conservador el que se ha impuesto para afirmar la condición subordinada de las mujeres y su prioritaria función reproductora y cuidadora, en el marco de la familia patriarcal. Son las relaciones de género las que aparecen en la discusión, aunque se mencionen asuntos biológicos y médicos.

En la Suprema Corte de Justicia se ha hablado de libertad, igualdad, independencia y derechos de las mujeres. Eso no es nuevo ahí. Se hicieron esos mismos planteamientos cuando Felipe Calderón ordenó ilegalmente al entonces procurador Eduardo Medina Mora que concurriera en acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra de la libertad de las mujeres, pidiendo que se mantuviera la penalización del aborto en el código capitalino. Lo hizo también José Luis Soberanes, cuyo cargo era, ni más ni menos, el de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero a pesar de tanto poder conjuntado, esos reaccionarios y sus camaradas sufrieron un fracaso: sólo dos ministros votaron en favor de la inconstitucionalidad de la interrupción voluntaria del embarazo.

Hoy, 12 años después, nadie en el Tribunal Pleno ha votado en favor de la prohibición total del aborto. La despenalización, como está en el Código de la Ciudad de México, es ya criterio obligatorio para los jueces en todo el país.

La primera iniciativa de despenalización data de 1979 en la Cámara de Diputados, a cargo del Partido Comunista-Coalición de Izquierda, la cual nunca fue discutida ni retirada sino congelada por la mayoría. Ya en el siglo XXI, el proyecto de despenalizar en el código federal la interrupción del embarazo antes de 12 semanas de gestación había sido presentado en el Senado (Pablo Gómez, iniciativa sobre aborto del 20 de marzo de 2007). Unos días más tarde, el 24 de abril del mismo año, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó la reforma del código local.

El grupo mayoritario de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal no había presentado ninguna iniciativa y aprovechó la existencia de dos proyectos sobre el tema. El dictamen de la Comisión de Procuración de Justicia, presidida por Daniel Ordóñez, unida a las de salud y de equidad de género, modificó los textos inicialmente propuestos con el propósito de adoptar el enfoque de la iniciativa presentada en el Senado, aunque sin proclamarlo. El PAN se opuso y fue arrollado en la votación, pero también en la discusión. El Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, promulgó de inmediato el decreto, el cual sigue vigente como modelo jurídico del derecho de las mujeres a decidir por sí mismas sobre su cuerpo y su maternidad, e incluye la atención médica gratuita. Sin embargo, sólo tres estados lo han replicado, aunque en varios otros países ha logrado alguna incidencia. El nuevo tipo penal considera que sólo existe el delito de aborto cuando el embarazo tiene ya más de doce semanas; antes de este plazo, no existe tal delito.

El cambio fue muy grande porque ya no es un perdón por haber abortado bajo ciertas condiciones legales (peligro de muerte, salud, pobreza, violación, etc.), el cual dejaba a la mujer en condición de delincuente con permiso, tal como se había hecho antes en México y otros muchos países, sino que el delito no existe cuando la expulsión se realiza antes de que el embrión se convierta en feto, para decirlo en términos clínicos.

La reciente decisión adoptada por la Suprema Corte sobre el aborto resalta los titubeos en el Congreso de la Unión, así como los ruidosos rechazos en varias legislaturas locales. El tema atraviesa a los partidos, dentro de los cuales hay discrepancias. ¿Para qué se querrá enviar mujeres a prisión cuando interrumpen su embarazo? Nadie quiere contestar esa pregunta.

Por lo pronto, con la resolución de la Corte, no podrán emitirse sentencias condenatorias contra mujeres por haber abortado dentro de las 12 semanas o en cualquier momento cuando hayan sido violadas. Habría también que tramitar la inmediata libertad de quienes se encuentran en reclusión.

Es imperioso que más congresos locales avancen sobre este camino. Mas, de inmediato, al no poder aplicarse el delito de aborto cuando éste se hubiera cometido antes de 12 semanas de embarazo, las instituciones federales de salud y los servicios locales deben expedir protocolos para garantizar ese derecho a cualquier mujer. De lo contrario, se estaría abriendo la puerta para que las clínicas privadas tuvieran virtualmente un monopolio, ahora ya legal, y operaran como factores directos de una discriminación basada en el nivel de ingresos de las mujeres.

Así como sucedió en el año 2000, cuando en la Suprema Corte no se completaron los ocho votos para rechazar el llamado aborto eugenésico introducido en el Código Penal de la Ciudad de México, y en 2009 cuando se confirmó por mayoría de votos la gran reforma despenalizadora en esa misma entidad (“no debe existir maternidad forzada”, se dijo), hoy se utiliza otra acción de inconstitucionalidad para declarar la invalidez de la norma punitiva de Coahuila, que deberá aplicarse por todos los jueces federales y locales.

La Suprema Corte de Justicia ha dado otro golpe al vetusto sistema patriarcal, pero la lucha tiene que seguir porque hay mucho más que hacer en este capítulo de la vida social.

Votar en la consulta popular es obligatorio y necesario

Según el artículo 36.III de la Constitución, además de votar en las elecciones, es obligación ciudadana participar en los procesos de consulta y de revocación de mandato.

El artículo 38.I de la Constitución señala que “la falta de cumplimiento” de esas obligaciones es causal de “suspensión de derechos ciudadanos. Siempre se ha dicho por equivocación que no hay sanción por no ir a votar sin causa justificada. En realidad, lo que no ha habido es la decisión de castigar, de seguro por lo imposible que resulta abarcar a la mitad de la ciudadanía. Pero, lo de fondo consiste en que votar sí es una obligación ciudadana, incluyendo hacerlo en la consulta popular.

Mas la relevancia de la consulta convocada por el Congreso, que se realizará el 1º de agosto del presente año, no estriba en su carácter formalmente obligatorio.

Se trata de la convocatoria a otorgar un mandato popular para romper con una de las peores tradiciones políticas: la impunidad administrativa y penal del presidente y su círculo.

Un periodista me preguntó hace días que si la Fiscalía General de la República (FGR) requería una consulta para investigar y perseguir. Le respondí que no, que es la ciudadanía la que necesita presionar al fiscal, a jueces e, incluso, al gobierno (como posible denunciante) para que se enderecen las chuecuras del pasado con las que los políticos gozaron de impunidad. Se trata, en síntesis, de hacer vinculante (de obligado acatamiento) la exigencia de aplicación de las leyes y eliminación de abusos de poder.

En México, este pronunciamiento popular tendría una trascendencia extraordinaria debido a que se ha padecido un Estado corrupto desde los años cincuenta del siglo XX, el cual siempre fue denunciado pero, en lugar de declinar, se fue profundizando. La corrupción se incorporó a la forma de gobernar, primero, y, después, a todo el funcionamiento del Estado.

También fueron represivos los sucesivos gobiernos durante 60 años. Sus jefes ordenaron en varias ocasiones disparar contra personas que ejercían pacíficamente sus derechos. No sólo hicieron matanzas en actos públicos, sino también torturas, ejecuciones y desapariciones contra personas en forma individual: demandantes, opositores y críticos.

La consulta popular sobre los expresidentes y sus entornos cercanos no es ociosa ni demagógica. Es parte de una larga lucha en la que se ha pugnado en favor de que se declare que esa época va de salida y el Estado, como un todo, va a tener que asumir el encargo popular de ajustar cuentas.

No se busca ver en la cárcel a funcionarios de antes o de ahora, aunque tampoco se repudia la prisión como castigo. Lo importante es que se abran procedimientos que pongan las cosas en claro, que muestren, más allá de rumores y conjeturas, hechos ilícitos trascendentes efectivamente ocurridos dentro del poder.

La consulta del 1º de agosto es un acto político en el pleno sentido del término, es decir, la expresión de la “polis”, el pueblo, ante al poder. Los encargados del Ejecutivo y los legisladores nunca se habían preocupado por preguntar algo a la gente, a la “polis”, sino por interpretarla a su manera para gobernar y dictar leyes. Tiene que haber un momento en el que se rompa esa tradición, a propósito de repudiar lo más lacerante, sangriento y humillante que hemos tenido: el Estado corrupto y el Estado represivo. De esto se trata la consulta popular.

Los opositores no concurrirán. No son capaces de confesar que están por el No. Quieren salir “por peteneras”, descalificar el sentido y la validez de la consulta, buscando que no alcance el quórum suficiente que es del 40% del listado de electores, unos 37 millones, cantidad mucho mayor que la obtenida por López Obrador en 2018.

No será fácil llegar a esa cantidad de votantes. De cualquier forma, con el voto ausente de todas las oposiciones, unidas ahora casi por entero en el PRIAN, más el abstencionismo político, llamado estructural y persistente, el posible resultado de la consulta es todo un enigma, más aún cuando mucha gente desconoce su realización.

De entre quienes concurran, de seguro que una apabullante mayoría dirá . Con una participación, aun menor al 40% de la lista de electores, habrá un dictado popular: abajo el Estado corrupto; abajo el Estado represivo. Esta es una gran lucha, protagonizada por sucesivas generaciones. Seguiremos.

“Democracia en peligro”

La democracia mexicana es meramente concursal. Los partidos compiten entre sí por los votos cada tres años y al electorado no le vuelven a decir ni los buenos días hasta que se convoca a nuevas elecciones. En el derredor del torneo electoral no existe democracia. No la hay en escuelas, sindicatos y partidos, como tampoco en las organizaciones sociales, incluyendo las empresariales. Existe un mar de antidemocracias.

El alto grado de politización popular al que ha llegado México no tuvo de crisol la lucha social y menos la educación, sino una sublevación contra esa consistente combinación de Estado corrupto y programa neoliberal. Fue un proceso que duró 30 años.

Medios de comunicación, grupos de intelectuales conservadores y oposiciones unidas han presentado la tesis de que la democracia está en peligro, por lo que, para salvarla, habría que combatir al presidente de la República y a la 4T.

La mayor parte de esos nuevos críticos no han dicho que las libertades estén en peligro. Por más obcecación, no podrían hablar de ese tema porque bajo el actual gobierno tenemos el más amplio espacio que haya existido hasta ahora para el ejercicio de las libertades. Valga un solo ejemplo: al eliminarse el chayote se potenció la libertad de prensa.

No obstante, el Partido Revolucionario Institucional va lejos. Tiene en circulación un espot de televisión donde aparece un gran mazo con el logotipo tricolor del PRI destruyendo por completo un tabique que dice Morena. El locutor convoca a no permitir que este partido siga “colapsándolo todo”. El lenguaje violento suele aparecer como una de las formas de la libertad de difusión de las ideas, el problema es la predecible respuesta de los televidentes. En realidad, el mazo que destruye a Morena con el logotipo tricolor es una manera de presentar al PRI como el más duro dentro de la coalición opositora y disputar de tal forma votos con el PAN, su aliado. Sin embargo, nadie que no sea adversario de Morena hará caso de ese mensaje. Nadie sabrá tampoco cuál es la propuesta legislativa del PRI. La coalición opositora en conjunto no incrementará sus votos, si acaso podría disminuirlos debido al tono tan violento. El PRI ya cayó en la ofuscación.

De cualquier forma, la tesis opositora pretende basarse en la idea de que el Ejecutivo debe ser débil o, al menos, menos fuerte. Se identifica a la democracia con la desavenencia entre el Congreso y el presidente. Sin embargo, el sistema democrático opera justamente al revés: si hay un mandato popular mayoritario, ese debe expresarse en los dos poderes políticos de la República. De lo contrario, habría una disonancia, es decir, el sistema democrático concursal caería en contradicción.

Para esos opositores, la democracia se debería entender como separación política entre el programa del Ejecutivo y el del Legislativo. Pero esa no es la democracia. Si mediante el voto popular, el presidente de la República pierde la mayoría en el Congreso, se produce un mandato y así debe expresarse, pero eso no es un objetivo de la democracia sino de los opositores, a la mitad del periodo sexenal, justamente en la que nos encontramos.

La falsa identificación entre democracia y ausencia de un soporte legislativo del gobierno es una tesis que sólo busca engañar al electorado. En otras palabras, para que subsista la democracia concursal, como la que tenemos en México, no es indispensable que haya un Congreso hostil a la línea del presidente o, como se le llama en Estados Unidos, un “gobierno dividido”.

El punto es que, durante los siguientes años, el programa de la 4T tendría más éxito en tanto contara con mayoría en la Cámara de Diputados. La pregunta es, entonces, ¿la mayoría electoral querrá volver a una situación parecida a la de antes?

Por otro lado, la vieja imagen de los “diputados levanta dedos” que perduró durante los largos años del régimen priista no puede ser actualizada, ya que no existe partido de Estado. La actual identificación programática entre el Ejecutivo y el Legislativo se produjo antes de las elecciones de 2018. Por lo demás, se han expedido más decretos de ley iniciados en las cámaras que aquellos enviados originalmente por López Obrador, sin que éste haya regresado uno solo de aquellos. Este fenómeno no tiene nada que ver con el viejo presidencialismo priista y su caricaturesco intento de reproducción panista.

Salvo un par de excepciones, las negociaciones principales en el Congreso no se han dado entre Morena y las oposiciones, sino dentro de la misma 4T, la cual comprende gobierno y cámaras. Esto ha sido así porque los partidos que ahora ya se han unido para las elecciones (PRI y PAN) se van a fondo en contra de todo proyecto relevante y siempre proponen modificaciones, pero en un sentido absolutamente contrario. Con ese método, no hay lugar para las negociaciones.

No es la incipiente democracia formalista mexicana la que está en peligro. Lo que se decide en las elecciones de junio de este año es el impulso del nuevo programa político y social en curso o la creación de un muro legislativo tendiente a defender y reponer lo viejo. Las cerradas oposiciones políticas, mediáticas e intelectuales han puesto todas las cosas en blanco y negro, aunque en la realidad social cotidiana no sea así. Los grises se han ocultado, al menos por lo pronto. Lo que en realidad se actualiza es la larga lucha de la izquierda contra el neoliberalismo y la corrupción.

Nunca en la historia un presidente de la República ha sido tan insultado por tantos sin la menor represalia contra los soeces. Nunca, tampoco, se han producido tantas noticias falsas contra el gobierno sin que sus emisores hayan tenido que sufrir algún desquite. Lo que tenemos hoy es debate, como nunca. ¿No se ha dicho siempre en todas partes que el debate es un instrumento de la democracia?

Tarjeta roja vs. derecho de ser elegido

Una licencia de conducir se retira luego de sucesivas infracciones muy graves. Ese documento no es el único medio de ejercer el derecho fundamental de tránsito y movilidad, pero, aún así, su revocación se produce bajo condiciones precisas, especiales y reiteradas. Un registro electoral sí es prácticamente un elemento básico para ejercer el derecho constitucional de ser elegido. Sin embargo, se postula que es posible su cancelación ante una supuesta infracción mínima que pudiera ameritar alguna otra sanción.

La Constitución dice en su artículo 1º que, en la interpretación sobre el ejercicio de los derechos, se debe dar a las personas la protección más amplia, es decir, por encima del punto de vista de autoridad o de otro que provenga del Estado. A esto se le llama principio pro persona.

Con las cancelaciones de varias candidaturas locales decididas por el Instituto Nacional Electoral con motivo de supuestas infracciones de precampaña, se ha puesto en el primer plano del debate el tema del derecho de ser elegido. No se trata de cualquier cosa en un país donde existe una historia de restricciones. Basta recordar el alto nivel de control oficial del registro de nuevos partidos y la anulación automática del voto en las casillas cuando se escribía en la boleta el nombre de un aspirante sin registro. El sistema electoral mexicano actual proviene de aquel donde el derecho a ser elegido no existía para la generalidad de los ciudadanos y ciudadanas.

El hecho de que el INE haya decidido actualizar este asunto, nos habla del enfrentamiento político que tiene lugar a partir de algunos organismos autónomos federales contra los poderes Ejecutivo y Legislativo que surgieron de la elección de 2018, pero en especial de una puesta en duda de ese valor fundamental de la República que estriba en los derechos de votar y ser votado, sobre los que se erige la soberanía popular.

Un antecedente relativamente reciente fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el cual tenía como único propósito impedir que fuera registrado como candidato a presidente de la República en la elección de 2006.

Por lo regular –como es el caso–, cancelar un registro ya concedido cuando el candidato posee los requisitos constitucionales para ser elegido, tiene como único propósito su eliminación y nunca busca la sencilla aplicación de la ley. Para violar el derecho en nombre de la regla, se hace a un lado que en la interpretación sobre derechos siempre se debe favorecer a las personas, las cuales, además, en los casos decididos en el INE, ya estaban en el ejercicio de sus derechos. Cuando, al contrario, se favorece es al órgano de autoridad, al Estado, la mesa de los derechos es puesta patas arriba, deja de servir para lo que fue construida. El funcionario que lo hace no debería seguir adelante porque está actuando contra la Constitución.

Es muy grave que la autoridad electoral administrativa no reconozca la supremacía del derecho de los ciudadanos y sostenga la tesis de que es preciso ejercer la prevalencia de las prerrogativas fiscalizadoras de la autoridad. Nunca un deber oficial puede atropellar un derecho y siempre debe ejercerse aquél dejando a salvo éste.

Una mayoría de seis en el Consejo General sostiene que se debe aplicar sencillamente la ley aunque se atropelle el derecho. “Sacar la tarjeta”, ha dicho el presidente del INE, quien afirma ser “el árbitro”, pero participar en un juego de futbol no es un derecho básico. Sí lo es el seguir siendo candidato cuando se reúnen las calidades constitucionales y, más aún, cuando ya se ha producido el registro legal.

Cancelar el registro electoral es considerado una sanción in extremus cuando se trata de un partido político en reincidencia, pero el INE no lo ha visto así cuando ha querido eliminar a unos candidatos de un partido. No obstante, el derecho al voto pasivo, es decir, a recibir el voto popular, sigue teniendo una jerarquía mucho mayor que las reglas del futbol.

Algunos, al parecer, quieren que regresemos a momentos en los cuales no se respetaba el derecho a ser elegido. ¿Qué se pretende? Golpear a la 4T mediante ataques provenientes de personajes circunstanciales de la política nacional, atrincherados en una institución que, por definición, no podría tomar parte en la disputa por el poder.

No es la primera vez que el INE cae en manos de personas claramente parciales y militantes activos de causas políticas. Ya ha ocurrido antes, con el consecuente daño al país. Ha dicho el consejero presidente que el INE no va a caer en provocaciones ni confrontaciones, pero en realidad es esa institución la que, por mayoría de sus integrantes, ha provocado y se ha confrontado. Cancelar el registro de candidatos elegibles es una provocación pocas veces vista, con la cual el INE se confronta inevitablemente con sus propias víctimas, pero también con los defensores del libre ejercicio de los derechos de ciudadanía.

Las leyes y las instituciones están siempre cambiando, caducan y se forman otras. No las hay perpetuas. Mucho más rápido ocurren cambios de integrantes de los órganos del Estado. Ese no es un problema actual, sino el querer volver a un pasado oscuro en el que el derecho a ser votado se administraba cuidadosamente mediante segregaciones y palomeos, excluyendo a “indeseables”.

Tal cosa es lo verdaderamente grave. No hay el menor motivo válido para conducir al país a ese barranco.

Outsourcing en aprietos

El sistema de subcontratación de fuerza de trabajo, es decir, contratar con otro empresario como si éste fuera dueño de plantillas de personas, es un método que precariza al trabajo en tanto que los salarios, prestaciones y condiciones laborales deben ser menores para que le convenga a las dos empresas, la que recibe y la que proporciona trabajadores. La forma de hacerlo no deja de recordar en algo los tiempos del tráfico de esclavos.

El sistema no es, sin embargo, algo parecido al esclavismo sino un método típicamente capitalista. La economía política enseña que dentro de los diversos métodos de incrementar la masa de plusvalía (ganancia del capitalista) existe una que es mayormente primitiva. Se llama plusvalía absoluta y consiste en reducir el salario o alargar la jornada, o ambas cosas a la vez. Eso es lo que se hace.

El outsourcing es usado también como sistema de movilidad laboral, pues las empresas subcontratan cuando requieren aumentar la producción durante un tiempo sin tener que contratar directamente a nuevos trabajadores. Esto permite una utilización más intensiva del llamado capital constante en la economía política, es decir, la maquinaria, edificios, materias primas, energía, etc., logrando trasladar al valor de la producción total una cantidad superior de valor procedente de esos medios de producción y al mismo tiempo una cantidad mayor de plusvalía derivada de la diferencia de valor que existe entre los salarios (capital variable) y el valor del nuevo producto, pero esto sólo por un tiempo. Esta nueva ganancia está determinada por la oportunidad de producir más justo en el momento requerido por el mercado. Luego, las cosas vuelven a ser como antes y se regresa al nivel habitual de la producción, pero ya se pudo elevar la ganancia total anual.

El outsourcing rebaja también el capital variable (salarios) invertido en la compra de fuerza de trabajo en tanto que suelen dejar de cubrirse cuotas patronales de seguridad social, impuestos, reparto de utilidades y otros gastos que son parte integrante de la remuneración del trabajo.

El sistema de outsourcing se ha desarrollado sobre el enorme desempleo formal que existe en el país desde hace décadas. Legiones de trabajadores eventuales, con salarios menores, sin derechos laborales, sin contrato colectivo ni medio alguno de defensa, son parte de un mundo aparte, diferente de lo que señala el orden jurídico y el derecho del trabajo. Todo, sobre la base de un alto desempleo estructural que provoca una competencia brutal entre los trabajadores.

La economía política también enseña que el desempleo y el subempleo son en realidad una parte de la acumulación de capital en tanto permiten la expansión. Cuando un capitalista (persona o empresa) requiere trabajadores para aumentar su producción (rama de servicios incluida) tiene un mercado siempre abierto. En el outsourcing ocurre el milagro de que esa expansión puede ser sólo por un tiempo determinado y con menores costos salariales.

Es claro que existe el fenómeno, aún más grotesco, de tener bajo el mismo techo a trabajadores contratados por la empresa y a aquellos proveídos por el subcontratista pero en forma permanente. Esta es quizá la parte más extendida del método del outsourcing, el cual abarca la industria, el comercio, los servicios, la banca, el Estado. Está por todas partes.

La amplitud del outsourcing es también producto de la debilidad de los sindicatos, los cuales han entrado en la peor de las crisis desde el momento en que se hundió el Estado corporativo priista y cada central o sindicato nacional se refugió dentro de los muros de su estrecho y lucrativo recinto. De tanto dejar de luchar por los derechos generales de los trabajadores, los sindicatos se convirtieron en corporaciones promocionales de sus integrantes y jugosos negocios de sus líderes.

En realidad, una parte del capital invertido en salarios no va a parar a manos de quienes realmente laboran sino de sus líderes. Al patrono le da igual si el dinero llega al bolsillo de cada obrero o se lo entrega a los líderes, a través de toda clase de convenios o como sencillo embute. Lo que no le es indiferente es que con la compra de los jefes sindicales resuelve algunos problemas y puede lograr, entre otras cosas, que se le permita el outsourcing.

En alguna medida el capitalismo mexicano es más desastroso porque el charrismo sindical y el sindicalismo blanco (son casi lo mismo) se convirtieron en un defecto social con gravísimas consecuencias económicas y en un elemento más del Estado corrupto mexicano.

Otro tema es que siendo el outsourcing una práctica que, según la ley, podría ser regulada por las autoridades del trabajo, no ocurre así ni se podría, ya que no hay inspectores suficientes para ello. La operación gubernamental para defender derechos sociales es muy débil en el país porque así se quiso que fuera durante muchas décadas.

Encima de todo, la subcontratación permite que con mayor facilidad funcione la evasión fiscal en varias de sus modalidades como ya se ha mencionado por parte de las autoridades.

La iniciativa presidencial para prohibir el outsourcing se envió a la Cámara luego de que las negociaciones en el Senado fracasaron porque estaban embarazadas de simulación e hipocresía. Ha sido mucho mejor alojar el diálogo en Palacio Nacional a partir de un proyecto inicial muy preciso.

Como vemos, el outsourcing se ha convertido en un mal agudo en el que se concentran varios de los grandes problemas del México de nuestros días. Hay enfermedades cuya cura requiere una cirugía mayor. Es el caso.

Dilema: partido, movimiento o algo diferente

En realidad, nadie sabe lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional, aunque ese no es su nombre oficial, sino simplemente Morena. Quizá este no sea el mejor momento para discutir el punto, pero pronto se abrirá el debate.

Los partidos del siglo XX eran organizaciones con muy definidos contornos, tanto programáticos como orgánicos. Casi todos ellos comprendían un compromiso con una causa o con una forma de relacionarse con el Estado. En el siglo de los extremos, como le llamó Eric Hobsbawn, había alineamientos muy definidos e irreconciliables con los demás. Los militantes políticos tenían que ser eso, justamente.

Sin embargo, en tanto la época de los extremos se fue atemperando, en especial con la terminación de la guerra fría y la restauración del capitalismo en el anterior mundo socialista, los partidos se tornaron en algo menos definido, aunque sin perder sus respectivas referencias sociales básicas, es decir, de clase.

En muchos países se han construido movimientos electorales con apariencia de los anteriores partidos porque sus líderes y algo de sus programas suelen provenir de aquellos, pero son otra cosa. La verdad es que vivimos un momento en el que los viejos continentes no alcanzan a retener todos los actuales contenidos.

En Estados Unidos –ensueño paradisiaco realizado de los capitalistas– siempre han existido muchos partidos, pero sólo dos compiten. Demócratas y republicanos han tenido más o menos el mismo programa estratégico, cada uno con sus propios énfasis, por lo que jamás estuvieron en los extremos de la lucha política: sus adherentes han podido pasar de uno a otro partido con la mayor naturalidad. Sin embargo, ya han surgido fuerzas políticas que toman al partido demócrata como instrumento para proyectar programas socialistas, principalmente la de Bernie Sanders, quien es, por cierto, senador independiente por Vermont y dos veces precandidato a presidente dentro del Partido Demócrata.

En México hubo un solo partido del poder y varios de oposición, con o sin reconocimiento oficial. Todos ellos vivían la guerra fría a su modo. Aquí, ser priista era una definición orgánica pero casi siempre por pertenecer primero a otra organización: sindicato, ejido, comunidad indígena, unión de colonos, asociación profesional, etc., todas las cuales vivían de alguna forma bajo la protección oficial y con subsidio a sus líderes.

La izquierda tuvo varios partidos en México, mas vivió un intenso proceso de unificación que ha culminado (al menos por ahora) en Morena. ¿Es este un partido en un sentido orgánico? Nunca se sabe quién es y quién no es miembro de esta formación política, más aún, eso es lo de menos. Tenemos ahora un proceso interno donde han participado personas que jamás buscaron su afiliación hasta que les fue indispensable.

Por otro lado, el programa de Morena tiene unos ejes muy básicos, muchos de ellos están definidos por una nueva moralidad publica, como lo sintetiza López Obrador: “no robar, no mentir, no traicionar al pueblo”. Esto es poco en términos de la historia universal de las ideas políticas, pero resulta ser demasiado en la historia política de México.

Cuando Andrés Manuel fue candidato a presidente nacional del PRD (1996), planteamos la idea, muy a la greña, de conformar un partido-movimiento. Lo que se estaba diciendo era lo indispensable que resultaba eludir la formación de una burocracia interna y mantener las puertas abiertas. El precio era, claro está, una relativa desorganización. El PRD, sin embargo, marchó por otro camino, formó sus grupos de interés y su burocracia interna carente de principios y de causa. Esto lo fue hundiendo paulatinamente hasta su penoso final.

Desde el principio, el planteamiento ha consistido en hacer de Morena un movimiento popular, es decir, una identidad política sin estructuras petrificadas. Por ello se recurre a las encuestas abiertas para definir candidaturas y se inventó el sistema de tómbola para integrar las listas plurinominales. Esta última tiene mucho mayor contenido democrático respecto a lo que hacen otros partidos porque para llegar a la lista por la vía del sorteo es indispensable haber sido elegido en una asamblea distrital de afiliados, en la cual se prohíben las planillas, ya que, para elegir a seis, cada asambleísta sólo puede votar por dos: una mujer y un hombre. En el resto de los partidos las listas son repartos entre grupos.

Se pueden lamentar los últimos acontecimientos relacionados con Morena, incluso el embargo de su existencia legal por parte del Tribunal Electoral, el cual es todo un escándalo judicial. Pero tal circunstancia no es más que eso. La cuestión seguirá siendo la del método que rija la vida interna y la del compromiso de honradez política que tengan que asumir dirigentes y candidatos.

Como fuerza gobernante, Morena debe desarrollar su programa político, pues no basta la opción en favor de los pobres y la lucha contra la corrupción, sino que también hay que trazar caminos hacia la reforma social, la cual ha de ser algo mucho más que una política de gasto y una nueva pauta de administración del presupuesto.

Además, se tiene que decir cuál es el proyecto de reforma del Estado, es decir, de democracia política. Las bases nuevas son el escrupuloso respeto al voto libre y la participación ciudadana en las decisiones más trascendentales, como ya se ha establecido claramente. Mas de ahí se tiene que proseguir con otras reformas, tales como el funcionamiento del Poder Ejecutivo, hasta resolver un asunto cada vez más espinoso: el grado de federalismo que requiere el México de nuestros días.

La cuestión de mayor fondo va a seguir siendo la distribución del ingreso y el rompimiento de las poderosas estructuras monopólicas, que son las que hacen frente al poder del Estado. La separación entre el poder político y el poder económico no puede sostenerse sin que este último sea menos poder y el primero cuente con mayor legitimidad y fortaleza democráticas.

La lucha en torno a lo esencial, la cual ocurre en el terreno donde se expresan los profundos intereses sociales, es el marco dentro del cual se tendrá que construir Morena, como movimiento popular o como algo diferente que no se ha creado antes, a lo que la vida puede conducir. No sería la primera vez.

Propaganda de miedo y mentiras

Un mendaz atisbo apocalíptico se cierne sobre México desde cuando el triunfo de Morena se empezó a analizar como inevitable. Según esa predicción, lo que iba a ocurrir era la dictadura y el colapso nacional. Luego de dos años, se sigue diciendo lo mismo.

A los actuales opositores no le preocupa gran cosa que la realidad apunte hacia un lado diferente de donde se encuentran sus descripciones. Entre peores sean sus acusaciones y avisos, mayor podría ser la falsificación y el miedo.

La más notoria mendacidad opositora se haya en torno a la supuesta persecución de las libertades de manifestación y de difusión de las ideas por cualquier medio. La contra crítica presidencial a no pocos medios de comunicación es presentada como prueba del aserto. El fuerte y sistemático denuesto de tal conducta contestataria del gobierno más bien nos habla de un libre ejercicio de la crítica.

Pero el contraste es mucho más fuerte. Las actuales generaciones no recuerdan un momento de mayor libertad de prensa. No se ha producido un solo acto de persecución abierta o encubierta contra comunicador o medio alguno procedente de la actual administración federal. Las provocaciones abiertas, es decir, las falsificaciones descaradas no han llevado siquiera a la apertura de procesos civiles. Si no hay chayote, esa es otra cosa, aunque duela más, debido a que siempre fue ilegal.

Sin embargo, la notoria falsedad de cotidianas acusaciones o señalamientos no es suficiente. Las oposiciones no escatiman esfuerzo ni desaprovechan oportunidad para atribuir al gobierno y a la mayoría parlamentaria intensiones falsas e, incluso, actos enteramente inexistentes.

Con motivo del proyecto de extinción de 109 fideicomisos y fondos, se asegura que se van a eliminar asignaciones presupuestales en las materias de ciencia, tecnología, cultura, educación, deporte, otros subsidios y subvenciones, así como variadas ayudas, a pesar de que se encuentran en el proyecto de gasto enviado por el Ejecutivo a la Cámara, incluyendo los fondos para financiar la producción cinematográfica, que desde siempre han sido muy pequeños, por cierto, frente a las enormes potencialidades del cine mexicano.

Si López Obrador y los legisladores desmienten los señalamientos en su contra, los mendaces los repiten una y otra vez al tiempo que muchos medios los reproducen como si fueran verdad revelada, pero ocultan las réplicas. Vivimos un momento de catástrofe sanitaria conmocionante y todo lo peor es imaginable, por lo pronto.

En el debate parlamentario del 7-8 de octubre las oposiciones y, por cierto, algunos otros pocos, repitieron hasta el exhausto que todos aquellos apoyos se iban a eliminar. Por ejemplo, si se acaba con un fideicomiso que opera como intermediario entre el gobierno y los beneficiarios, entonces se afirma que el beneficio se va a terminar, aunque el gobierno destaque que todo se hará desde ahora en forma directa, como ya se está llevando a cabo en otros renglones.

Hay una mentira que se sigue diciendo casi todos los días de sesión en San Lázaro, la cual consiste en asegurar que el gobierno cerró las guarderías para hijos e hijas de trabajadoras informales cuando éstas son todas privadas y cuando lo que se hizo fue entregar la ayuda directamente a las madres porque la tercera parte de los niños y niñas que aparecían en las listas de tales guarderías eran fantasmas, no obstante lo cual los gobiernos anteriores entregaban el dinero a sus dueños en lugar de hacerlo, como ahora, a las beneficiarias.

Sobre el lío de los fideicomisos, Andrés Manuel dijo al respecto que, en esta materia, cuando la emoción es muy grande y las acciones demasiado fuertes de seguro existe alguna de dos cosas: una injusticia o un interés económico. Puede ser que tenga razón.

El fondo de “enfermedades catastróficas” ya no existe porque se eliminó el Seguro Popular que fue un fraude neoliberal. El fondo remanente lo tiene el nuevo Instituto (INSABI) y se tiene que usar en gasto de salud y no para otra cosa. Entonces, hay que darlo como ingreso fiscal y destinarlo en el presupuesto justamente en el ramo de salud. Frente a esto, no pocos gobernadores quieren una tajada para gastos diversos, pero eso va a estar difícil. Ya no son tiempos, aunque los gritos y empujones sean grandes.

Los opositores dicen que todo se va a venir abajo porque el gobierno es malévolo. Se refieren a una forma diferente de llevar a cabo la administración pública y a la implantación de unas nuevas prioridades de gasto. Esto es lo esperado de parte de cualquier partido, corriente intelectual o corporación disidente. Pero la falsificación de hechos y la visión apocalíptica no son más que propaganda de viejo cuño: repite una mentira mil veces…

La estrategia de miedo y mentiras va a fracasar, lo cual será una buena lección para el conservadurismo y la reacción. En el seno de la sociedad existen fuerzas y corrientes de opinión, cultura e intereses sociales que pueden sobreponerse a arremetidas como las que hemos estado viendo. Veamos algunos elementos.

Según encuestas recientes, Morena sigue siendo el partido con más apoyo ciudadano y mantiene su mayoría en 200 distritos electorales de un total de 300. El presidente tiene una alta aceptación, muy por arriba de lo normal en países como México con democracia concursal. Los partidos de oposición no muestran recuperación y, salvo en unos cuantos estados, siguen en minoría. La intelectualidad conservadora ya rabiosamente opositora no recluta a muchos más. Las corporaciones empresariales no renuncian al diálogo con el gobierno a pesar de que éste no les concede los apoyos fiscales que demandan. Los fascistas seguirán probando suerte, pero no son, al menos todavía, una fuerza política.

La lucha por el poder tendrá una estabilización, aunque bajo las mismas mentiras consuetudinarias de las oposiciones, en el primer semestre de 2021. Ese momento será de gran actividad. Como ninguna oposición podría tener un grupo parlamentario mayoritario, las campañas electorales adversas se van a centrar en llamar a que nadie sea mayoría, aunque no se ofrezca pista de aterrizaje alguna. Este es otro intento de engaño.

La democracia concursal en la que vivimos no depende de evitar la existencia de un partido mayoritario sino de que cualquiera, solo o en coalición, pueda llegar a serlo. El llamado a que no exista una mayoría no es democrático, sino que es un discurso de miedo. Lo que habría que buscar, en cambio, es que la ciudadanía tenga las mejores condiciones para votar en libertad y en conciencia a pesar de la falacia.

Mientras la izquierda sea la fuerza gobernante, las grandes y pequeñas campañas de miedo y de mentiras van a seguir. Es también una nueva normalidad.

¡Auxilio!

Conforme se acercan las elecciones del año 2021 arrecian las llamadas de auxilio para evitar, se dice, la extinción de las libertades y la caída de la democracia. Otra vez el peligro para México, vieja canción con nueva letra. Pero, como antes, ésta no es otra cosa que un montaje para defender privilegios caducados o que están cerca de ser por fin abolidos.

El peligro de que la libertad de expresión (Art. 6º) -no se habla inexplicablemente de la libertad de difusión de las ideas por cualquier medio (Art. 7º)— sea aplastada por la 4T no tiene ningún elemento vinculable. El gobierno no ha silenciado a nadie. No hay censura alguna. Lo que molesta es la réplica del, ahora, objeto principal de la crítica, el presidente, pero esa también es un derecho constitucional que no se quiere reconocer a plenitud o sin regateos.

El presidente de la República habla mucho. Sí, pero eso no disminuye el derecho de quienes también hablan o escriben todos los días. La prensa, escrita, videada y hablada, tuvo el monopolio durante años, pero a costillas del poder político. Cuando un medio era hostil o sencillamente crítico sistemático, el gobierno se encargaba de cerrarle el paso, negarle todo mecanismo de financiamiento y atemorizar a sus dueños. Hubo muchos casos de periodistas acallados, los cuales carecieron de la solidaridad discursiva de sus colegas apoltronados.

El pleito entre Andrés Manuel López Obrador y la prensa que él llamaba fifí y ahora sólo le dice conservadora es tan viejo como la participación de aquel en las filas de la oposición. Ha sido un pleito de mucha gente que ha promovido el ejercicio de libertades porque es un medio de negarse a ser silenciado. Ha sido también parte de la lucha política por el poder.

Esto nos lleva a un asunto de mayor fondo. Dicen los conservadores (hayan sido alguna vez de izquierda o sigan siendo de derecha) que la 4T, en concreto AMLO, debería ser respetuoso, cauto, institucional, modosito y nada respondón. El que puede llamarle pendejo al presidente de la República es Aguilar Camín, como ya lo ha hecho, sin que sus viejos y nuevos amigos lo hayan criticado ni con el pétalo de una lamentación. Quizá esos opositores crean que el estilo “caminesco” sí denota un alto nivel discursivo.

Lo que desean los críticos sistemáticos de la 4T es que el presidente no responda desde la Presidencia, sino que use a otros políticos de dentro o de fuera del gobierno. Añoran las prácticas del pasado. Son nostálgicos, pero por pura conveniencia.

Es justamente la libertad de difusión (Art. 7º) la que brinda por igual una robusta base a las críticas de los conservadores y a las respuestas del gobierno. No podemos seguir en una democracia de simulaciones en la que muchos periodistas mercaban con la dosificación de su crítica mientras el gobierno les pagaba para que no fueran demasiado lejos. Cuando algunos avanzaron, los hicieron caer para que callaran.

Una democracia concursal y formalista como la mexicana no puede seguir viviendo, como antes, dentro de una crítica acotada y una respuesta ritual de parte del gobierno. Ya nadie se va a quedar callado. Luego entonces avanzamos algo y la neutralidad del internet ayuda.

El mayor problema no es que los conservadores quieran volver a ese convenio de hipocresía y complicidad entre los críticos mediáticos y el poder político, sino que tanto las oposiciones como los intelectuales conversos critican poco los actos concretos del gobierno y sus omisiones, pero gritan que está en peligro el mantenimiento de las libertades de las que gozan sin límite alguno. Claman auxilio para combatir amenazas difusas.

La plataforma de las oposiciones de derecha y de los nuevos conservadores atolondrados consiste en llamar a derrotar a Morena en las elecciones de 2021 para impedir, dicen, el aplastamiento de la democracia.

Pero ¿qué cosa proponen? No confiesan su programa propio. No pueden decir con nitidez que piensan, por ejemplo, que el gobierno regala dinero al reconocer derechos sociales y otorgar las garantías de éstos. No pueden oponerse al combate a la corrupción y el robo al fisco. No les conviene defender el derroche y el atraco en el ejercicio del gasto público. Carecen de argumentos para criticar el aumento real de salarios. Se les hace complicado promover políticas de gobiernos anteriores que llevaron a desastres y cuya impronta sigue presente en la vida nacional. No tienen el valor de proclamar a las claras que es preciso seguir subsidiando al gran capital para promover el crecimiento de la economía. No, lo que dicen es que la democracia está en peligro y gritan auxilio. Pero ¿qué institución verdaderamente democrática ha sido cancelada? ¿Qué derecho se ha negado? ¿Qué libertad ha sido reprimida? No se sabe. Lo que mucho les molesta es que se critique al INE a pesar de su historia de permisiones y su presente de corruptelas, dispendios y arrogancias, pero ahí ya también empezaron los cambios.

En verdad, la plataforma electoral de la alianza opositora que se está formando es para detener lo nuevo y restaurar lo viejo. Buscan ahogar al gobierno de la 4T en riñas interminables en el Congreso para impedir más cambios. Pero eso no lo podrían conquistar con mentirosos gritos de auxilio sino con un programa alternativo que, por lo visto, no existe, ya que esos opositores no pueden ser tan descarados como para proclamar abiertamente la defensa de los regímenes anteriores, bajo los cuales vivían en la felicidad. Se nota, sin embargo, que experimentan una fuerte añoranza.

Si de libertades y democracia tuvieran que hablar, esos conservadores (hay muchos de plano reaccionarios) tendrían que rebatir el hecho de que se ha ampliado el ejercicio del derecho de crítica, se han frenado los actos represivos, se han abierto las puertas para la libre organización y la posición de gobierno se expresa al día y es directa. El gobierno no va a permitir el uso de fondos públicos en la competencia electoral, que antes fue una regularidad solapada por las autoridades encargadas de perseguirlo.

Para confort de esos conservadores, aún no tenemos una democracia participativa de base ciudadana y social, que llevara a la gente a decidir con frecuencia en todas partes y no sólo a elegir de vez en cuando. Mas si ellos fracasaran en sus pretensiones restauradoras, podríamos acercarnos a reformas democráticas que ampliaran las libertades y ensancharan el camino hacia una gran redistribución del ingreso. Este es el fondo del llamado de auxilio de parte de quienes buscan frenar el presente para volver al pasado.

Afores: negocios parasitarios

Uno de los grandes problemas del sistema mexicano para el retiro basado en cuentas individuales es la existencia de empresas parásitas, las llamadas afores.

Nada justifica las enormes tasas de ganancia de esos establecimientos creados exclusivamente por ley. Son unas cuantas empresas que conforman un oligopolio. Cobran cuotas como en ninguna otra parte del mundo, hasta del 1% (casi el mismo porcentaje que la aportación del trabajador), pero no hacen nada peculiar. Este sistema de afores es una maravilla: cobrar por recibir depósitos de dinero sin asumir el más mínimo riesgo ni tener la menor obligación. En términos sociales: mermar el ingreso laboral como medio de obtención de ganancia. Eso siempre ha sido un robo.

La reforma que anunció López Obrador consiste principalmente en ampliar al doble el número de trabajadores que puedan tener derecho a una pensión garantizada, tomando en cuenta el ya existente sistema de Pensión para el Bienestar, así como en aumentar la tasa de retorno de los ahorros mediante mayores aportaciones patronales.

Esto es lo más urgente, lo que debió haberse hecho hace años pues ya se conocía a detalle la dimensión de la crisis del mecanismo SAR, la cual estaba conduciendo a que millones no pudieran tener pensión (44%) y la inmensa mayoría de los pensionados sólo alcanzaran bajos porcentajes respecto al salario recibido en el momento de su retiro. Como ya se ha dicho desde hace más de 20 años, el sistema previsional mexicano es un mecanismo de empobrecimiento directo de la mayoría de los trabajadores: no te retiras para vivir mejor sino para ser más pobre.

La reforma que ha propuesto el gobierno es un primer paso en dirección de contener la crisis anunciada. No se puede hacer menos que esto a pesar de que el mayor problema está previsto para dentro de algunos años. ¿Para qué esperar?

Al plantearse la incorporación de la actual pensión de adultos mayores al sistema previsional se está haciendo que los recursos públicos destinados a ese programa queden comprometidos, lo cual protege también a quienes no cotizaron, pues el retiro de éstos seguirá siendo cubierto por la Pensión para el Bienestar.

La reforma propuesta expresa la característica de las pensiones, es decir, que son muy bajas en su gran mayoría y, al mismo tiempo, proyecta la nueva orientación del poder político. Es por ello que las aportaciones del Estado se concentrarán en favor de quienes reciben menores ingresos.

Como esquema, tenemos que las cuotas patronales irán de 5.151 hasta 13.875 del salario del trabajador, en una escala en la que sean porcentualmente mayores para los salarios más altos. En cambio, la aportación del gobierno, Cuota Social, será sólo para quienes reciban menos ingreso, hasta 4 UMA (Unidad de Medida y Actualización).

No se ha dado a conocer el impacto que pudiera tener el aumento de cuotas patronales en la recaudación, pero habrá un gasto fiscal por ese concepto.

La tasa de reemplazo (porcentaje del salario que al final puede ser jubilación o pensión), se va a equilibrar entre los diversos niveles de ingresos bajos, con lo cual mejoran principalmente quienes ganan entre 2 y 5 UMA, más los primeros dos niveles que los segundos.

La pensión garantizada, que ahora es de 3,289 pesos mensuales,  dependerá de edad, salario y semanas cotizadas, pero, en promedio, se ubicará en 4,345 pesos mensuales, lo cual es un aumento significativo.

La reducción de número de semanas de cotización para tener derecho a pensión garantizada es consecuencia del tamaño de la llamada economía informal, donde no opera el sistema de seguridad social, lo cual determina que existan millones de trabajadores que entran y salen durante toda la vida. Al final del trabajo, cuando llegan a la edad de 60 años o más, no tienen las 1,250 semanas que ahora es el requisito. Con la reforma, lo harán desde 750 y, a través de 10 años, gradualmente, se establecerá en 1,000 semanas de cotización.

Las cuotas de los trabajadores no van a aumentar a pesar de que son bajas (1.125%). Esto se debe a que los salarios mexicanos son demasiado reducidos y a que la inmensa mayoría de los trabajadores reciben menos de 5 mínimos. No podría explicarse ahora un incremento de cuotas.

Ningún sistema previsional es muy bueno o carece de problemas. Cuando no se trata de asuntos demográficos, se enfrentan a cuestiones relacionadas con los niveles salariales, las aportaciones o las crisis financieras que afectan la reserva. El sistema de cuentas individuales es de los peores sistemas, aunque es bueno para los altos salarios.

Las reformas que se van a llevar a cabo son indispensables para resolver la urgencia. Luego, se tendrá que seguir discutiendo la conformación de otro sistema, el que resulte adecuado a una prospectiva nacional y responda a las necesidades de los trabajadores formales e informales.

Por lo pronto, la pensión será la garantía del derecho al retiro, mientras la pobreza y la desigualdad se habrán reducido un poco.

La libertad de difusión es de todos

La vieja libertad de publicar escritos se denomina ahora libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Ese artículo 7º constitucional, reformado en 2013 (único cambio desde 1917), no se refiere sólo a los periodistas, sino a todas las personas. Sin embargo, se pretende que en los hechos no sea así, pues se invoca como garantía de unos cuantos, los profesionales de la comunicación.

La llamada libertad de prensa solía entenderse como de aplicación restringida porque hasta hace poco sólo el periodismo comunicaba masivamente. Es por ello que no es lo mismo que un comunicador profesional publique algo sobre un político, artista, empresario, clérigo, etcétera, a que eso lo divulgue cualquier otra persona. Se le confiere mayor libertad al profesional de la difusión.

En sentido convergente, la Suprema Corte tiene el criterio de que una persona públicamente expuesta, un gobernante por ejemplo, puede ser indicada con mayor severidad, incluso con intromisión en su vida privada, sin que el señalado pueda fundadamente reclamar.

Los límites constitucionales de la libertad de difusión de las ideas por cualquier medio (Art. 7) son los mismos que los de la libertad de manifestación de las ideas (Art. 6). Quizá por eso se siguen confundiendo esas dos libertades. Además de cuestiones de orden público, tales limitaciones versan sobre los contornos de la vida privada y los derechos de terceros.

Ahora bien, los dueños de los medios de comunicación nunca están personalmente involucrados en las discusiones. Quienes se meten en toda clase de problemas relacionados con la difusión de ideas e informaciones son los periodistas propiamente dichos, es decir, trabajadores de los medios. Sólo cuando se abren procesos judiciales comparecen también las empresas como tales. Sin embargo, son los dueños quienes señalan la línea editorial.

El ejercicio de la libertad no protege sólo lo que publican los medios de comunicación sino también lo que les responden los aludidos. Existe, además, el derecho de réplica en la Constitución y en la ley. Así, está previsto el diálogo en la Carta Magna. Sin embargo, la crítica a los periodistas suele analizarse como un atentado a la libertad de difusión de ideas e informaciones. Más duro resulta que el poder político, sujeto de la crítica persistente de los periodistas, sea señalado como enemigo de la libertad de difusión cuando responde y, más aún, cuando lo hace igual de fuerte que los mensajes de los comunicadores profesionales, en especial los llamados editorialistas, articulistas, columnistas o conductores.

Gran parte del problema estriba en que la prensa mexicana es notoriamente deficiente si se le compara con la de muchos otros países grandes. No sólo se trata de la falta de conocimientos generales, lo cual es muy fácil de observar, sino de aquello que puede referirse a lo propiamente profesional.

El debate sobre los medios no está en el campo de la ética, como algunos lo han querido arrinconar. Es un problema tanto de responsabilidad social como de ejercicio de la profesión. En México han existido periodistas muy distinguidos y admirados, pero muy pocos. Han sido maestros sin discípulos, quizá por eso aquéllos han brillado durante tanto tiempo.

Para las generaciones que vivieron el oscurantismo político priista, la prensa era vendida, así se le conocía. Mas quien la compraba era el gobierno y, en lo individual, los políticos del poder, siempre con recursos públicos. Aquellos pocos periodistas ejemplares sí eran socialmente responsables porque denunciaban y criticaban sin mentir ni deformar. Sabían indagar y discernir, además de que eran cultos y conocían la artesanía de la redacción.

Muchos periodistas de aquellos tiempos de la intolerancia priista sufrieron represalias, sí, mas dejaron un legado. Pregunten por Julio Scherer, entre otros.

Después, bajo la libertad de prensa, también hubo hostigamiento. Entre mejor periodista se era, mayores bloqueos se sufrían. Pregunten a Carmen Aristegui entre varios.

El gobierno actual no va a reprender a ningún periodista. Por eso ya no existe el chayote, instrumento ignominioso de la falta de libertad de información y crítica. Por eso también la publicidad institucional es menor y tiene otros parámetros. El gobierno no pide que se le apoye ni que se le deje de criticar. Pero no es un exceso demandar que la prensa se diga lo que está ocurriendo y sus implicaciones verdaderas.

Algunos siempre hemos criticado a los medios. ¿Por qué no hacerlo hoy también si acaso se considera necesario? La aspiración a tener una prensa mucho mejor no es nueva ni es espuria.

Mas existe otro elemento. Nadie puede pedir una prensa neutral. Eso no existe. Consulten el tema con Carlos Payán, maestro de buen periodismo profesional, comprometido y honrado. Los medios mexicanos son más o menos variados pero predomina la derecha. Quien niegue esto vive en otro planeta, aunque la mayor parte de la derecha no admite serlo. Le da pena, pero ese es otro problema.

No debería verse como anormal o indebido debatir aun desde el gobierno con esa derecha que tiene un poder de comunicación efectivo, es decir, la propiedad de importantes medios de comunicación social.

Tampoco debería verse anómalo que, cuando se alteran los hechos y sus contextos o se informa francamente mal, se critique a toda publicación que lo hace, incluyendo a las muy minoritarias de izquierda, las cuales parece que se desorientan con mayor facilidad.

La prensa es terreno de lucha política. Hubo tiempos en el siglo XIX que un periódico era un partido. Nuevos intentos se produjeron en el siglo XX.

El debate con la prensa no es para descalificarla. Ella acaso se descalifica sola. Pero eso no quiere decir que el debate sea innecesario. Dice Andrés Manuel que el pueblo mexicano ya no es manipulable. Tiene razón en tanto que esa expresión consigna un hecho histórico, un cambio en la conciencia popular, pero en cada caso, a cada tropiezo de la vida, ante cada acontecimiento, sí se pueden distorsionar los hechos y ponerlos en un contexto inexistente. Sí puede haber manipulación social inducida desde la prensa. De hecho la hay.

Muchos consideran que un gobernante no debe criticar a nadie porque «representa a todos». Esa subjetividad no predomina en ninguna otra parte del mundo. Los mandatarios gobiernan a todos pero no lo hacen por igual. Si así fuera, no tendría caso convocar a elecciones y votar. Es falsa aquella idea priista de neutralidad social del poder promovida durante los tiempos neoliberales, luego adoptada por el PAN. Los partidos expresan ideas e intereses diferentes y por ello buscan gobernar. No existe tampoco ningún principio jurídico que limite la libertad de expresión ni la de difusión de las ideas por el hecho de estar en el ejercicio del poder político. El presidente de la República es responsable ante la ley por sus expresiones propias. La inmunidad sobre lo dicho sólo la tienen los legisladores, con base en el artículo 61 constitucional, para proteger sus expresiones críticas de los otros dos poderes y de personas o corporaciones poderosas.

Algo que caracteriza a la mayor parte de la prensa mexicana es su desdén o ignorancia del sistema democrático y sus leyes. Esto es normal en un país donde éste ha sido precario. No se analiza el carácter universal de la libertad de difusión de ideas e informaciones. El ejercicio de alguna profesión, oficio o mandato público no la puede restringir,  ya que todas sus limitaciones están expresamente consignadas en la Constitución.

Que el presidente critique a la prensa, como siempre lo hemos hecho quienes no ejercimos el poder durante muchas décadas y no estamos arrepentidos de nada al respecto, es un acto sincero que no podría considerarse como autoritarismo. Ya vivimos otra situación política aunque, a cada paso, la prensa analiza al gobierno actual a la luz de la forma en la actuaban los anteriores. Están desorientados porque les conviene.

El carácter inviolable de la libertad de difusión en las benditas redes sociales es un tema más amplio que comprende la neutralidad de la red internacional, internet. Esa también se encuentra garantizada en el mismo artículo 7º constitucional. Al tiempo, está cambiado el periodismo como profesión y también como negocio.