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Dilema: partido, movimiento o algo diferente

En realidad, nadie sabe lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional, aunque ese no es su nombre oficial, sino simplemente Morena. Quizá este no sea el mejor momento para discutir el punto, pero pronto se abrirá el debate.

Los partidos del siglo XX eran organizaciones con muy definidos contornos, tanto programáticos como orgánicos. Casi todos ellos comprendían un compromiso con una causa o con una forma de relacionarse con el Estado. En el siglo de los extremos, como le llamó Eric Hobsbawn, había alineamientos muy definidos e irreconciliables con los demás. Los militantes políticos tenían que ser eso, justamente.

Sin embargo, en tanto la época de los extremos se fue atemperando, en especial con la terminación de la guerra fría y la restauración del capitalismo en el anterior mundo socialista, los partidos se tornaron en algo menos definido, aunque sin perder sus respectivas referencias sociales básicas, es decir, de clase.

En muchos países se han construido movimientos electorales con apariencia de los anteriores partidos porque sus líderes y algo de sus programas suelen provenir de aquellos, pero son otra cosa. La verdad es que vivimos un momento en el que los viejos continentes no alcanzan a retener todos los actuales contenidos.

En Estados Unidos –ensueño paradisiaco realizado de los capitalistas– siempre han existido muchos partidos, pero sólo dos compiten. Demócratas y republicanos han tenido más o menos el mismo programa estratégico, cada uno con sus propios énfasis, por lo que jamás estuvieron en los extremos de la lucha política: sus adherentes han podido pasar de uno a otro partido con la mayor naturalidad. Sin embargo, ya han surgido fuerzas políticas que toman al partido demócrata como instrumento para proyectar programas socialistas, principalmente la de Bernie Sanders, quien es, por cierto, senador independiente por Vermont y dos veces precandidato a presidente dentro del Partido Demócrata.

En México hubo un solo partido del poder y varios de oposición, con o sin reconocimiento oficial. Todos ellos vivían la guerra fría a su modo. Aquí, ser priista era una definición orgánica pero casi siempre por pertenecer primero a otra organización: sindicato, ejido, comunidad indígena, unión de colonos, asociación profesional, etc., todas las cuales vivían de alguna forma bajo la protección oficial y con subsidio a sus líderes.

La izquierda tuvo varios partidos en México, mas vivió un intenso proceso de unificación que ha culminado (al menos por ahora) en Morena. ¿Es este un partido en un sentido orgánico? Nunca se sabe quién es y quién no es miembro de esta formación política, más aún, eso es lo de menos. Tenemos ahora un proceso interno donde han participado personas que jamás buscaron su afiliación hasta que les fue indispensable.

Por otro lado, el programa de Morena tiene unos ejes muy básicos, muchos de ellos están definidos por una nueva moralidad publica, como lo sintetiza López Obrador: “no robar, no mentir, no traicionar al pueblo”. Esto es poco en términos de la historia universal de las ideas políticas, pero resulta ser demasiado en la historia política de México.

Cuando Andrés Manuel fue candidato a presidente nacional del PRD (1996), planteamos la idea, muy a la greña, de conformar un partido-movimiento. Lo que se estaba diciendo era lo indispensable que resultaba eludir la formación de una burocracia interna y mantener las puertas abiertas. El precio era, claro está, una relativa desorganización. El PRD, sin embargo, marchó por otro camino, formó sus grupos de interés y su burocracia interna carente de principios y de causa. Esto lo fue hundiendo paulatinamente hasta su penoso final.

Desde el principio, el planteamiento ha consistido en hacer de Morena un movimiento popular, es decir, una identidad política sin estructuras petrificadas. Por ello se recurre a las encuestas abiertas para definir candidaturas y se inventó el sistema de tómbola para integrar las listas plurinominales. Esta última tiene mucho mayor contenido democrático respecto a lo que hacen otros partidos porque para llegar a la lista por la vía del sorteo es indispensable haber sido elegido en una asamblea distrital de afiliados, en la cual se prohíben las planillas, ya que, para elegir a seis, cada asambleísta sólo puede votar por dos: una mujer y un hombre. En el resto de los partidos las listas son repartos entre grupos.

Se pueden lamentar los últimos acontecimientos relacionados con Morena, incluso el embargo de su existencia legal por parte del Tribunal Electoral, el cual es todo un escándalo judicial. Pero tal circunstancia no es más que eso. La cuestión seguirá siendo la del método que rija la vida interna y la del compromiso de honradez política que tengan que asumir dirigentes y candidatos.

Como fuerza gobernante, Morena debe desarrollar su programa político, pues no basta la opción en favor de los pobres y la lucha contra la corrupción, sino que también hay que trazar caminos hacia la reforma social, la cual ha de ser algo mucho más que una política de gasto y una nueva pauta de administración del presupuesto.

Además, se tiene que decir cuál es el proyecto de reforma del Estado, es decir, de democracia política. Las bases nuevas son el escrupuloso respeto al voto libre y la participación ciudadana en las decisiones más trascendentales, como ya se ha establecido claramente. Mas de ahí se tiene que proseguir con otras reformas, tales como el funcionamiento del Poder Ejecutivo, hasta resolver un asunto cada vez más espinoso: el grado de federalismo que requiere el México de nuestros días.

La cuestión de mayor fondo va a seguir siendo la distribución del ingreso y el rompimiento de las poderosas estructuras monopólicas, que son las que hacen frente al poder del Estado. La separación entre el poder político y el poder económico no puede sostenerse sin que este último sea menos poder y el primero cuente con mayor legitimidad y fortaleza democráticas.

La lucha en torno a lo esencial, la cual ocurre en el terreno donde se expresan los profundos intereses sociales, es el marco dentro del cual se tendrá que construir Morena, como movimiento popular o como algo diferente que no se ha creado antes, a lo que la vida puede conducir. No sería la primera vez.

Propaganda de miedo y mentiras

Un mendaz atisbo apocalíptico se cierne sobre México desde cuando el triunfo de Morena se empezó a analizar como inevitable. Según esa predicción, lo que iba a ocurrir era la dictadura y el colapso nacional. Luego de dos años, se sigue diciendo lo mismo.

A los actuales opositores no le preocupa gran cosa que la realidad apunte hacia un lado diferente de donde se encuentran sus descripciones. Entre peores sean sus acusaciones y avisos, mayor podría ser la falsificación y el miedo.

La más notoria mendacidad opositora se haya en torno a la supuesta persecución de las libertades de manifestación y de difusión de las ideas por cualquier medio. La contra crítica presidencial a no pocos medios de comunicación es presentada como prueba del aserto. El fuerte y sistemático denuesto de tal conducta contestataria del gobierno más bien nos habla de un libre ejercicio de la crítica.

Pero el contraste es mucho más fuerte. Las actuales generaciones no recuerdan un momento de mayor libertad de prensa. No se ha producido un solo acto de persecución abierta o encubierta contra comunicador o medio alguno procedente de la actual administración federal. Las provocaciones abiertas, es decir, las falsificaciones descaradas no han llevado siquiera a la apertura de procesos civiles. Si no hay chayote, esa es otra cosa, aunque duela más, debido a que siempre fue ilegal.

Sin embargo, la notoria falsedad de cotidianas acusaciones o señalamientos no es suficiente. Las oposiciones no escatiman esfuerzo ni desaprovechan oportunidad para atribuir al gobierno y a la mayoría parlamentaria intensiones falsas e, incluso, actos enteramente inexistentes.

Con motivo del proyecto de extinción de 109 fideicomisos y fondos, se asegura que se van a eliminar asignaciones presupuestales en las materias de ciencia, tecnología, cultura, educación, deporte, otros subsidios y subvenciones, así como variadas ayudas, a pesar de que se encuentran en el proyecto de gasto enviado por el Ejecutivo a la Cámara, incluyendo los fondos para financiar la producción cinematográfica, que desde siempre han sido muy pequeños, por cierto, frente a las enormes potencialidades del cine mexicano.

Si López Obrador y los legisladores desmienten los señalamientos en su contra, los mendaces los repiten una y otra vez al tiempo que muchos medios los reproducen como si fueran verdad revelada, pero ocultan las réplicas. Vivimos un momento de catástrofe sanitaria conmocionante y todo lo peor es imaginable, por lo pronto.

En el debate parlamentario del 7-8 de octubre las oposiciones y, por cierto, algunos otros pocos, repitieron hasta el exhausto que todos aquellos apoyos se iban a eliminar. Por ejemplo, si se acaba con un fideicomiso que opera como intermediario entre el gobierno y los beneficiarios, entonces se afirma que el beneficio se va a terminar, aunque el gobierno destaque que todo se hará desde ahora en forma directa, como ya se está llevando a cabo en otros renglones.

Hay una mentira que se sigue diciendo casi todos los días de sesión en San Lázaro, la cual consiste en asegurar que el gobierno cerró las guarderías para hijos e hijas de trabajadoras informales cuando éstas son todas privadas y cuando lo que se hizo fue entregar la ayuda directamente a las madres porque la tercera parte de los niños y niñas que aparecían en las listas de tales guarderías eran fantasmas, no obstante lo cual los gobiernos anteriores entregaban el dinero a sus dueños en lugar de hacerlo, como ahora, a las beneficiarias.

Sobre el lío de los fideicomisos, Andrés Manuel dijo al respecto que, en esta materia, cuando la emoción es muy grande y las acciones demasiado fuertes de seguro existe alguna de dos cosas: una injusticia o un interés económico. Puede ser que tenga razón.

El fondo de “enfermedades catastróficas” ya no existe porque se eliminó el Seguro Popular que fue un fraude neoliberal. El fondo remanente lo tiene el nuevo Instituto (INSABI) y se tiene que usar en gasto de salud y no para otra cosa. Entonces, hay que darlo como ingreso fiscal y destinarlo en el presupuesto justamente en el ramo de salud. Frente a esto, no pocos gobernadores quieren una tajada para gastos diversos, pero eso va a estar difícil. Ya no son tiempos, aunque los gritos y empujones sean grandes.

Los opositores dicen que todo se va a venir abajo porque el gobierno es malévolo. Se refieren a una forma diferente de llevar a cabo la administración pública y a la implantación de unas nuevas prioridades de gasto. Esto es lo esperado de parte de cualquier partido, corriente intelectual o corporación disidente. Pero la falsificación de hechos y la visión apocalíptica no son más que propaganda de viejo cuño: repite una mentira mil veces…

La estrategia de miedo y mentiras va a fracasar, lo cual será una buena lección para el conservadurismo y la reacción. En el seno de la sociedad existen fuerzas y corrientes de opinión, cultura e intereses sociales que pueden sobreponerse a arremetidas como las que hemos estado viendo. Veamos algunos elementos.

Según encuestas recientes, Morena sigue siendo el partido con más apoyo ciudadano y mantiene su mayoría en 200 distritos electorales de un total de 300. El presidente tiene una alta aceptación, muy por arriba de lo normal en países como México con democracia concursal. Los partidos de oposición no muestran recuperación y, salvo en unos cuantos estados, siguen en minoría. La intelectualidad conservadora ya rabiosamente opositora no recluta a muchos más. Las corporaciones empresariales no renuncian al diálogo con el gobierno a pesar de que éste no les concede los apoyos fiscales que demandan. Los fascistas seguirán probando suerte, pero no son, al menos todavía, una fuerza política.

La lucha por el poder tendrá una estabilización, aunque bajo las mismas mentiras consuetudinarias de las oposiciones, en el primer semestre de 2021. Ese momento será de gran actividad. Como ninguna oposición podría tener un grupo parlamentario mayoritario, las campañas electorales adversas se van a centrar en llamar a que nadie sea mayoría, aunque no se ofrezca pista de aterrizaje alguna. Este es otro intento de engaño.

La democracia concursal en la que vivimos no depende de evitar la existencia de un partido mayoritario sino de que cualquiera, solo o en coalición, pueda llegar a serlo. El llamado a que no exista una mayoría no es democrático, sino que es un discurso de miedo. Lo que habría que buscar, en cambio, es que la ciudadanía tenga las mejores condiciones para votar en libertad y en conciencia a pesar de la falacia.

Mientras la izquierda sea la fuerza gobernante, las grandes y pequeñas campañas de miedo y de mentiras van a seguir. Es también una nueva normalidad.

¡Auxilio!

Conforme se acercan las elecciones del año 2021 arrecian las llamadas de auxilio para evitar, se dice, la extinción de las libertades y la caída de la democracia. Otra vez el peligro para México, vieja canción con nueva letra. Pero, como antes, ésta no es otra cosa que un montaje para defender privilegios caducados o que están cerca de ser por fin abolidos.

El peligro de que la libertad de expresión (Art. 6º) -no se habla inexplicablemente de la libertad de difusión de las ideas por cualquier medio (Art. 7º)— sea aplastada por la 4T no tiene ningún elemento vinculable. El gobierno no ha silenciado a nadie. No hay censura alguna. Lo que molesta es la réplica del, ahora, objeto principal de la crítica, el presidente, pero esa también es un derecho constitucional que no se quiere reconocer a plenitud o sin regateos.

El presidente de la República habla mucho. Sí, pero eso no disminuye el derecho de quienes también hablan o escriben todos los días. La prensa, escrita, videada y hablada, tuvo el monopolio durante años, pero a costillas del poder político. Cuando un medio era hostil o sencillamente crítico sistemático, el gobierno se encargaba de cerrarle el paso, negarle todo mecanismo de financiamiento y atemorizar a sus dueños. Hubo muchos casos de periodistas acallados, los cuales carecieron de la solidaridad discursiva de sus colegas apoltronados.

El pleito entre Andrés Manuel López Obrador y la prensa que él llamaba fifí y ahora sólo le dice conservadora es tan viejo como la participación de aquel en las filas de la oposición. Ha sido un pleito de mucha gente que ha promovido el ejercicio de libertades porque es un medio de negarse a ser silenciado. Ha sido también parte de la lucha política por el poder.

Esto nos lleva a un asunto de mayor fondo. Dicen los conservadores (hayan sido alguna vez de izquierda o sigan siendo de derecha) que la 4T, en concreto AMLO, debería ser respetuoso, cauto, institucional, modosito y nada respondón. El que puede llamarle pendejo al presidente de la República es Aguilar Camín, como ya lo ha hecho, sin que sus viejos y nuevos amigos lo hayan criticado ni con el pétalo de una lamentación. Quizá esos opositores crean que el estilo “caminesco” sí denota un alto nivel discursivo.

Lo que desean los críticos sistemáticos de la 4T es que el presidente no responda desde la Presidencia, sino que use a otros políticos de dentro o de fuera del gobierno. Añoran las prácticas del pasado. Son nostálgicos, pero por pura conveniencia.

Es justamente la libertad de difusión (Art. 7º) la que brinda por igual una robusta base a las críticas de los conservadores y a las respuestas del gobierno. No podemos seguir en una democracia de simulaciones en la que muchos periodistas mercaban con la dosificación de su crítica mientras el gobierno les pagaba para que no fueran demasiado lejos. Cuando algunos avanzaron, los hicieron caer para que callaran.

Una democracia concursal y formalista como la mexicana no puede seguir viviendo, como antes, dentro de una crítica acotada y una respuesta ritual de parte del gobierno. Ya nadie se va a quedar callado. Luego entonces avanzamos algo y la neutralidad del internet ayuda.

El mayor problema no es que los conservadores quieran volver a ese convenio de hipocresía y complicidad entre los críticos mediáticos y el poder político, sino que tanto las oposiciones como los intelectuales conversos critican poco los actos concretos del gobierno y sus omisiones, pero gritan que está en peligro el mantenimiento de las libertades de las que gozan sin límite alguno. Claman auxilio para combatir amenazas difusas.

La plataforma de las oposiciones de derecha y de los nuevos conservadores atolondrados consiste en llamar a derrotar a Morena en las elecciones de 2021 para impedir, dicen, el aplastamiento de la democracia.

Pero ¿qué cosa proponen? No confiesan su programa propio. No pueden decir con nitidez que piensan, por ejemplo, que el gobierno regala dinero al reconocer derechos sociales y otorgar las garantías de éstos. No pueden oponerse al combate a la corrupción y el robo al fisco. No les conviene defender el derroche y el atraco en el ejercicio del gasto público. Carecen de argumentos para criticar el aumento real de salarios. Se les hace complicado promover políticas de gobiernos anteriores que llevaron a desastres y cuya impronta sigue presente en la vida nacional. No tienen el valor de proclamar a las claras que es preciso seguir subsidiando al gran capital para promover el crecimiento de la economía. No, lo que dicen es que la democracia está en peligro y gritan auxilio. Pero ¿qué institución verdaderamente democrática ha sido cancelada? ¿Qué derecho se ha negado? ¿Qué libertad ha sido reprimida? No se sabe. Lo que mucho les molesta es que se critique al INE a pesar de su historia de permisiones y su presente de corruptelas, dispendios y arrogancias, pero ahí ya también empezaron los cambios.

En verdad, la plataforma electoral de la alianza opositora que se está formando es para detener lo nuevo y restaurar lo viejo. Buscan ahogar al gobierno de la 4T en riñas interminables en el Congreso para impedir más cambios. Pero eso no lo podrían conquistar con mentirosos gritos de auxilio sino con un programa alternativo que, por lo visto, no existe, ya que esos opositores no pueden ser tan descarados como para proclamar abiertamente la defensa de los regímenes anteriores, bajo los cuales vivían en la felicidad. Se nota, sin embargo, que experimentan una fuerte añoranza.

Si de libertades y democracia tuvieran que hablar, esos conservadores (hay muchos de plano reaccionarios) tendrían que rebatir el hecho de que se ha ampliado el ejercicio del derecho de crítica, se han frenado los actos represivos, se han abierto las puertas para la libre organización y la posición de gobierno se expresa al día y es directa. El gobierno no va a permitir el uso de fondos públicos en la competencia electoral, que antes fue una regularidad solapada por las autoridades encargadas de perseguirlo.

Para confort de esos conservadores, aún no tenemos una democracia participativa de base ciudadana y social, que llevara a la gente a decidir con frecuencia en todas partes y no sólo a elegir de vez en cuando. Mas si ellos fracasaran en sus pretensiones restauradoras, podríamos acercarnos a reformas democráticas que ampliaran las libertades y ensancharan el camino hacia una gran redistribución del ingreso. Este es el fondo del llamado de auxilio de parte de quienes buscan frenar el presente para volver al pasado.

Afores: negocios parasitarios

Uno de los grandes problemas del sistema mexicano para el retiro basado en cuentas individuales es la existencia de empresas parásitas, las llamadas afores.

Nada justifica las enormes tasas de ganancia de esos establecimientos creados exclusivamente por ley. Son unas cuantas empresas que conforman un oligopolio. Cobran cuotas como en ninguna otra parte del mundo, hasta del 1% (casi el mismo porcentaje que la aportación del trabajador), pero no hacen nada peculiar. Este sistema de afores es una maravilla: cobrar por recibir depósitos de dinero sin asumir el más mínimo riesgo ni tener la menor obligación. En términos sociales: mermar el ingreso laboral como medio de obtención de ganancia. Eso siempre ha sido un robo.

La reforma que anunció López Obrador consiste principalmente en ampliar al doble el número de trabajadores que puedan tener derecho a una pensión garantizada, tomando en cuenta el ya existente sistema de Pensión para el Bienestar, así como en aumentar la tasa de retorno de los ahorros mediante mayores aportaciones patronales.

Esto es lo más urgente, lo que debió haberse hecho hace años pues ya se conocía a detalle la dimensión de la crisis del mecanismo SAR, la cual estaba conduciendo a que millones no pudieran tener pensión (44%) y la inmensa mayoría de los pensionados sólo alcanzaran bajos porcentajes respecto al salario recibido en el momento de su retiro. Como ya se ha dicho desde hace más de 20 años, el sistema previsional mexicano es un mecanismo de empobrecimiento directo de la mayoría de los trabajadores: no te retiras para vivir mejor sino para ser más pobre.

La reforma que ha propuesto el gobierno es un primer paso en dirección de contener la crisis anunciada. No se puede hacer menos que esto a pesar de que el mayor problema está previsto para dentro de algunos años. ¿Para qué esperar?

Al plantearse la incorporación de la actual pensión de adultos mayores al sistema previsional se está haciendo que los recursos públicos destinados a ese programa queden comprometidos, lo cual protege también a quienes no cotizaron, pues el retiro de éstos seguirá siendo cubierto por la Pensión para el Bienestar.

La reforma propuesta expresa la característica de las pensiones, es decir, que son muy bajas en su gran mayoría y, al mismo tiempo, proyecta la nueva orientación del poder político. Es por ello que las aportaciones del Estado se concentrarán en favor de quienes reciben menores ingresos.

Como esquema, tenemos que las cuotas patronales irán de 5.151 hasta 13.875 del salario del trabajador, en una escala en la que sean porcentualmente mayores para los salarios más altos. En cambio, la aportación del gobierno, Cuota Social, será sólo para quienes reciban menos ingreso, hasta 4 UMA (Unidad de Medida y Actualización).

No se ha dado a conocer el impacto que pudiera tener el aumento de cuotas patronales en la recaudación, pero habrá un gasto fiscal por ese concepto.

La tasa de reemplazo (porcentaje del salario que al final puede ser jubilación o pensión), se va a equilibrar entre los diversos niveles de ingresos bajos, con lo cual mejoran principalmente quienes ganan entre 2 y 5 UMA, más los primeros dos niveles que los segundos.

La pensión garantizada, que ahora es de 3,289 pesos mensuales,  dependerá de edad, salario y semanas cotizadas, pero, en promedio, se ubicará en 4,345 pesos mensuales, lo cual es un aumento significativo.

La reducción de número de semanas de cotización para tener derecho a pensión garantizada es consecuencia del tamaño de la llamada economía informal, donde no opera el sistema de seguridad social, lo cual determina que existan millones de trabajadores que entran y salen durante toda la vida. Al final del trabajo, cuando llegan a la edad de 60 años o más, no tienen las 1,250 semanas que ahora es el requisito. Con la reforma, lo harán desde 750 y, a través de 10 años, gradualmente, se establecerá en 1,000 semanas de cotización.

Las cuotas de los trabajadores no van a aumentar a pesar de que son bajas (1.125%). Esto se debe a que los salarios mexicanos son demasiado reducidos y a que la inmensa mayoría de los trabajadores reciben menos de 5 mínimos. No podría explicarse ahora un incremento de cuotas.

Ningún sistema previsional es muy bueno o carece de problemas. Cuando no se trata de asuntos demográficos, se enfrentan a cuestiones relacionadas con los niveles salariales, las aportaciones o las crisis financieras que afectan la reserva. El sistema de cuentas individuales es de los peores sistemas, aunque es bueno para los altos salarios.

Las reformas que se van a llevar a cabo son indispensables para resolver la urgencia. Luego, se tendrá que seguir discutiendo la conformación de otro sistema, el que resulte adecuado a una prospectiva nacional y responda a las necesidades de los trabajadores formales e informales.

Por lo pronto, la pensión será la garantía del derecho al retiro, mientras la pobreza y la desigualdad se habrán reducido un poco.

La libertad de difusión es de todos

La vieja libertad de publicar escritos se denomina ahora libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Ese artículo 7º constitucional, reformado en 2013 (único cambio desde 1917), no se refiere sólo a los periodistas, sino a todas las personas. Sin embargo, se pretende que en los hechos no sea así, pues se invoca como garantía de unos cuantos, los profesionales de la comunicación.

La llamada libertad de prensa solía entenderse como de aplicación restringida porque hasta hace poco sólo el periodismo comunicaba masivamente. Es por ello que no es lo mismo que un comunicador profesional publique algo sobre un político, artista, empresario, clérigo, etcétera, a que eso lo divulgue cualquier otra persona. Se le confiere mayor libertad al profesional de la difusión.

En sentido convergente, la Suprema Corte tiene el criterio de que una persona públicamente expuesta, un gobernante por ejemplo, puede ser indicada con mayor severidad, incluso con intromisión en su vida privada, sin que el señalado pueda fundadamente reclamar.

Los límites constitucionales de la libertad de difusión de las ideas por cualquier medio (Art. 7) son los mismos que los de la libertad de manifestación de las ideas (Art. 6). Quizá por eso se siguen confundiendo esas dos libertades. Además de cuestiones de orden público, tales limitaciones versan sobre los contornos de la vida privada y los derechos de terceros.

Ahora bien, los dueños de los medios de comunicación nunca están personalmente involucrados en las discusiones. Quienes se meten en toda clase de problemas relacionados con la difusión de ideas e informaciones son los periodistas propiamente dichos, es decir, trabajadores de los medios. Sólo cuando se abren procesos judiciales comparecen también las empresas como tales. Sin embargo, son los dueños quienes señalan la línea editorial.

El ejercicio de la libertad no protege sólo lo que publican los medios de comunicación sino también lo que les responden los aludidos. Existe, además, el derecho de réplica en la Constitución y en la ley. Así, está previsto el diálogo en la Carta Magna. Sin embargo, la crítica a los periodistas suele analizarse como un atentado a la libertad de difusión de ideas e informaciones. Más duro resulta que el poder político, sujeto de la crítica persistente de los periodistas, sea señalado como enemigo de la libertad de difusión cuando responde y, más aún, cuando lo hace igual de fuerte que los mensajes de los comunicadores profesionales, en especial los llamados editorialistas, articulistas, columnistas o conductores.

Gran parte del problema estriba en que la prensa mexicana es notoriamente deficiente si se le compara con la de muchos otros países grandes. No sólo se trata de la falta de conocimientos generales, lo cual es muy fácil de observar, sino de aquello que puede referirse a lo propiamente profesional.

El debate sobre los medios no está en el campo de la ética, como algunos lo han querido arrinconar. Es un problema tanto de responsabilidad social como de ejercicio de la profesión. En México han existido periodistas muy distinguidos y admirados, pero muy pocos. Han sido maestros sin discípulos, quizá por eso aquéllos han brillado durante tanto tiempo.

Para las generaciones que vivieron el oscurantismo político priista, la prensa era vendida, así se le conocía. Mas quien la compraba era el gobierno y, en lo individual, los políticos del poder, siempre con recursos públicos. Aquellos pocos periodistas ejemplares sí eran socialmente responsables porque denunciaban y criticaban sin mentir ni deformar. Sabían indagar y discernir, además de que eran cultos y conocían la artesanía de la redacción.

Muchos periodistas de aquellos tiempos de la intolerancia priista sufrieron represalias, sí, mas dejaron un legado. Pregunten por Julio Scherer, entre otros.

Después, bajo la libertad de prensa, también hubo hostigamiento. Entre mejor periodista se era, mayores bloqueos se sufrían. Pregunten a Carmen Aristegui entre varios.

El gobierno actual no va a reprender a ningún periodista. Por eso ya no existe el chayote, instrumento ignominioso de la falta de libertad de información y crítica. Por eso también la publicidad institucional es menor y tiene otros parámetros. El gobierno no pide que se le apoye ni que se le deje de criticar. Pero no es un exceso demandar que la prensa se diga lo que está ocurriendo y sus implicaciones verdaderas.

Algunos siempre hemos criticado a los medios. ¿Por qué no hacerlo hoy también si acaso se considera necesario? La aspiración a tener una prensa mucho mejor no es nueva ni es espuria.

Mas existe otro elemento. Nadie puede pedir una prensa neutral. Eso no existe. Consulten el tema con Carlos Payán, maestro de buen periodismo profesional, comprometido y honrado. Los medios mexicanos son más o menos variados pero predomina la derecha. Quien niegue esto vive en otro planeta, aunque la mayor parte de la derecha no admite serlo. Le da pena, pero ese es otro problema.

No debería verse como anormal o indebido debatir aun desde el gobierno con esa derecha que tiene un poder de comunicación efectivo, es decir, la propiedad de importantes medios de comunicación social.

Tampoco debería verse anómalo que, cuando se alteran los hechos y sus contextos o se informa francamente mal, se critique a toda publicación que lo hace, incluyendo a las muy minoritarias de izquierda, las cuales parece que se desorientan con mayor facilidad.

La prensa es terreno de lucha política. Hubo tiempos en el siglo XIX que un periódico era un partido. Nuevos intentos se produjeron en el siglo XX.

El debate con la prensa no es para descalificarla. Ella acaso se descalifica sola. Pero eso no quiere decir que el debate sea innecesario. Dice Andrés Manuel que el pueblo mexicano ya no es manipulable. Tiene razón en tanto que esa expresión consigna un hecho histórico, un cambio en la conciencia popular, pero en cada caso, a cada tropiezo de la vida, ante cada acontecimiento, sí se pueden distorsionar los hechos y ponerlos en un contexto inexistente. Sí puede haber manipulación social inducida desde la prensa. De hecho la hay.

Muchos consideran que un gobernante no debe criticar a nadie porque «representa a todos». Esa subjetividad no predomina en ninguna otra parte del mundo. Los mandatarios gobiernan a todos pero no lo hacen por igual. Si así fuera, no tendría caso convocar a elecciones y votar. Es falsa aquella idea priista de neutralidad social del poder promovida durante los tiempos neoliberales, luego adoptada por el PAN. Los partidos expresan ideas e intereses diferentes y por ello buscan gobernar. No existe tampoco ningún principio jurídico que limite la libertad de expresión ni la de difusión de las ideas por el hecho de estar en el ejercicio del poder político. El presidente de la República es responsable ante la ley por sus expresiones propias. La inmunidad sobre lo dicho sólo la tienen los legisladores, con base en el artículo 61 constitucional, para proteger sus expresiones críticas de los otros dos poderes y de personas o corporaciones poderosas.

Algo que caracteriza a la mayor parte de la prensa mexicana es su desdén o ignorancia del sistema democrático y sus leyes. Esto es normal en un país donde éste ha sido precario. No se analiza el carácter universal de la libertad de difusión de ideas e informaciones. El ejercicio de alguna profesión, oficio o mandato público no la puede restringir,  ya que todas sus limitaciones están expresamente consignadas en la Constitución.

Que el presidente critique a la prensa, como siempre lo hemos hecho quienes no ejercimos el poder durante muchas décadas y no estamos arrepentidos de nada al respecto, es un acto sincero que no podría considerarse como autoritarismo. Ya vivimos otra situación política aunque, a cada paso, la prensa analiza al gobierno actual a la luz de la forma en la actuaban los anteriores. Están desorientados porque les conviene.

El carácter inviolable de la libertad de difusión en las benditas redes sociales es un tema más amplio que comprende la neutralidad de la red internacional, internet. Esa también se encuentra garantizada en el mismo artículo 7º constitucional. Al tiempo, está cambiado el periodismo como profesión y también como negocio.

Pensiones, salarios y colapso del retiro

A la memoria de Ricardo García Sáenz, quien advirtió desde un principio el inevitable colapso del inicuo sistema de las Afores

Las pensiones y jubilaciones del viejo sistema de seguridad social estuvieron durante años castigadas porque se ligaban al salario mínimo general (SMG). En tanto éste disminuía en términos reales, aquellas bajaban en la misma proporción. Sólo en 1999, para el presupuesto de 2000, se logró un aumento por la vía directa, luego de lo cual se regularizó en ley dicho incremento en la pensión  mínima.

Cuando se eliminó el SMG como instrumento de cálculo de casi todo, se creó la UMA (Unidad de Medida y Actualización) para indexar muchas cosas a la tasa inflacionaria anual. De esa forma, las pensiones y jubilaciones pierden día tras día algo de su capacidad adquisitiva según el ritmo inflacionario, pero, al término del año, recuperan de un solo golpe lo que se deteriora  durante 365 días para volver a empezar el ciclo. El pensionado o jubilado pierde algo aunque se lo abonen al final del año. En otras palabras, le resarcen lo erosionado en su ingreso con un año de retraso.

Lo que se ha logrado con el UMA es que el salario mínimo general pueda aumentar sin hacer repercutir su elevación hacia otros ámbitos. Sin embargo, mientras que el salario sube, la pensión y jubilación se actualiza en forma anual conforme a la UMA, es decir, además de perder algo con el simple transcurrir inflacionario de los meses, se rezaga cada año respeto al SMG.

Esto ha llevado a muchos pensionados y jubilados a exigir el mismo trato que antes les perjudicaba, es decir, que sus incrementos se lleven a cabo según la subida anual del salario mínimo general.

Para 2020, habrá un aumento del SMG de 20%, así como de 8% para el llamado salario fronterizo, el cual es bastante mayor que el general.

Si todas las pensiones y jubilaciones del viejo sistema solidario que estuvieran por debajo del SMG de 2020 se pagaran con un 20% de aumento no habría manera de cubrir tan fuerte incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que es de donde salen esas erogaciones.

Hay que recordar que con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) la Federación asumió el pago de pensiones y jubilaciones ya concedidas o en dirección de otorgase a trabajadoras y trabajadores en activo al momento de la reforma. Desde entonces, el PEF sufre una sangría anual, es decir, como no hay fondo social, la recaudación fiscal se usa para cubrir el retiro.

Aunque el gobierno federal no podría ahora mismo aumentar en 20% las pensiones y jubilaciones más bajas, la Federación está obligada a elaborar un plan para mejorarlas. No es admisible que mientras trabajadoras y trabajadores en activo se ven beneficiadas por una nueva política salarial que, aunque se exprese en la fijación del mínimo general, las personas que tienen jubilación o pensión sólo sean apoyadas con el ajuste inflacionario (UMA). Claro, es mejor ahora que antes, cuando sufrían un fuerte deterioro, pero no es suficiente.

Este asunto debe ser atendido directamente por la Secretaría de Hacienda en las primeras semanas del nuevo año. Mas lo que tendrá que verse con mucho mayor detalle es la reforma del sistema mexicano de retiro.

El SAR y sus administradoras privadas constituyen un inicuo sistema creado bajo el programa neoliberal para privatizar las pensiones, hacer depender éstas del ahorro personal de cada cual durante toda su vida laboral y construir un formidable negocio, uno de los más rentables del mundo porque tiene bajísimos costos, ningún riesgo y elevadísimas tasas de ganancia. Todos los ingresos propios de las Afores como empresas privadas provienen del dinero que cobran a las personas aportantes, es decir, las que ahorran. No hay comercio sino sólo esquilmo.

En México, ese sistema de retiro conlleva a que el ingreso del 75% de los que se jubilen o pensionen no puedan obtener más de dos tercios del salario mínimo general. Si éste sigue subiendo, como se anuncia, aquel porcentaje de trabajadores en retiro sería aún mayor.

El primer punto que es preciso dejar en claro es que el Sistema de Ahorro para el Retiro no tiene remedio. Es y seguiría siendo un negocio redondo de unos cuantos y la ruina de millones. Hay que crear un nuevo sistema antes de que empiecen a jubilarse quienes están sujetos al SAR.

El segundo punto es que, sin menoscabo de admitir que los empleados muy bien pagados sigan con el sistema SAR, todos los demás –damnificados del neoliberalismo– puedan optar por un sistema solidario de pensiones y jubilaciones que el Congreso expida mediante una nueva ley.

El tercer punto es que los recursos acumulados de quienes que así lo decidan,  pasen a formar parte de la bolsa general de retiro, como la que existe en muchos países desarrollados donde jamás se toleró el control privado de las aportaciones de las trabajadoras y trabajadores.

El sistema de Afores, como se le conoce en México, fue una copia directa del chileno, hijo de la dictadura pinochetista, el cual ahora está completamente colapsado y es una de las causas directas de las grandes protestas sociales y políticas que se han realizado en ese país y probablemente conduzcan a la redacción de una nueva Carta Magna, la cual podría resolver, entre otros muchos, el inmenso problema del retiro.

Los neoliberales en Argentina también impusieron el mismo sistema de privatización del manejo de fondos individuales de retiro, pero hace algunos años se revirtió para construir un método solidario de pensiones.

En la Francia convulsa de estos días que tiene en su centro el tema de las pensiones, lo que se discute se ubica en las modalidades de los sistemas solidarios y el tema de la edad. Nadie propone privatizar su administración.

México seguirá siendo un país con bajos salarios durante los próximos 15 años, aún si no se bloquea la nueva política de redistribución directa del ingreso de la 4T y aún si se profundiza como muchos buscamos. Si continuara el mismo sistema pensionario, por más que se elevaran las cuotas, no se garantizarían para la mayoría jubilaciones por arriba de la mitad del último salario. ¿Qué clase de país puede ser ese que no se propone jubilar para liberar sino para castigar?

No tendría ningún sentido para el Estado mexicano empezar a destinar de nueva cuenta crecientes fondos presupuestales para completar la pensión mínima garantizada a centenares de miles y, luego, a millones de personas en retiro, con tal de mantener un sistema inservible y oneroso de administración del ahorro para el retiro.

Mejor cambiar. Para millones de personas, para el Estado y para todo el país es indispensable abrir un nuevo camino antes del inminente colapso.

Propuestas panistas al pasado

El grupo panista de la Cámara de Diputados ha hecho un llamado al gobierno y a la mayoría parlamentaria para dialogar. Juan Carlos Romero Hicks ha sorprendido pero no ha dicho qué propone. Durante más de un año no ha tratado de construir absolutamente nada sino sólo bloquear al adversario, aunque sin éxito.

La posición del PAN en San Lázaro es idéntica a la de su presidente nacional, el cual no tiene idea de qué proponer a los otros partidos y mucho menos al mayoritario. Como no hay planteamientos, se insiste en dejar todo igual, es decir hacer propuestas al pasado. Ese conservadurismo es monumental.

¿Qué temas le interesan más al PAN? ¿Qué propuestas pudieran llevar a Morena o al gobierno a discutirlas para buscar alguna convergencia con el viejo partido de la derecha? No lo sabemos.

Lo que Acción Nacional sabe de sobra es que la mayoría no requiere de su aceptación para impulsar su programa. En cuanto a las reformas constitucionales, las cuales demandan los dos tercios de ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales, el PAN tampoco es decisivo si no conforma bloque de presión con todas las demás oposiciones.

El líder de los diputados del blanquiazul no ha dicho sobre qué tendría que hablarse ahora. Por lo pronto, en el Congreso no hay acuerdo sobre temas constitucionales como la eliminación del llamado fuero de los altos funcionarios ni tampoco las oposiciones aceptan elevar las facultades de las comisiones parlamentarias de investigación.

En materia de gasto público el PAN ha rechazado todo sin detenerse en un solo punto. Para la derecha panista, la política social de AMLO es detestable porque piensa que es un listado de regalos de dinero a los pobres y no está dispuesta a admitir en lo más mínimo que se trata de un reconocimiento de derechos. La excepción es el programa de estancias infantiles hacia madres trabajadoras en la economía informal porque ese fue de origen blanquiazul, pero el actual partido no admite que el apoyo debe darse directamente sin la intermediación de los establecimientos privados y sin la corrupción que ahí imperaba.

Aumentar los salarios mínimos no ha sido nunca un planteamiento de Acción Nacional, aunque sí de algunos panistas, como los líderes de la Coparmex. Por tanto, esa política pasa desapercibida por dicho partido, el cual no abre la boca para no tener que explicar la disminución salarial, en términos reales, que se impuso durante los 12 años de administraciones del PAN.

Combatir la corrupción significa algo peligroso porque puede tocar a personas cercanas al PAN y, hacerlo ahora, significa de alguna manera el reconocimiento de que eso fue lo menos que se hizo durante los años de las presidencias panistas.

El PAN en San Lázaro casi se dedica a hacer performance, escenificaciones en tribuna para gritar contra el gobierno, al cual acusan de ser dictatorial aunque sin que se hayan producido actos de represión política. A las bancadas de Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), el insulto más grande proferido por Acción Nacional es que éstas manifiestan acuerdo con la administración, lo que aplauden los legisladores de la mayoría, antes, claro, de responder a los insultos personales que los oradores panistas disfrutan lanzar en su contra.

No hay nada en el escenario de la lucha política entre Acción Nacional y la nueva fuerza gobernante. Es un vacío difícil de explicar pero enteramente real. No podríamos imaginar una reunión abierta, sin agenda previa, entre el líder del PAN, acompañado de sus coordinadores parlamentarios, y el presidente de la República. Sería como un saludo entre conocidos distantes. En sedes legislativas, el diálogo se produce cada semana pero es tan infructuoso como los recientes llamados de Romero Hicks a seguir patinando en el pasado.

¿Podría el país conocer un listado de nuevas propuestas del PAN para ser convertidas en leyes o políticas públicas? Esa sería una forma de desmentir lo que está escrito en el presente artículo. Ojalá.

Un año: balance de la nueva fuerza gobernante

Es inevitable un balance, el de un año, del nuevo gobierno, el cual llegó con grandes expectativas y demasiados problemas estructurales y de coyuntura. Tenemos un país donde la injusticia se ha ido acumulando durante cuatro décadas.

La reversión de la pérdida del salario es un campanazo que impacta la economía en su sentido más amplio y verdadero. Este proceso se ha iniciado, lentamente, es cierto, pero ya está entre nosotros.

El inicio de la fusión entre política social y política económica es un proceso en curso, por  vez primera en 50 años o más. Los programas sociales dejaron de ser una forma de clientelismo directo y se han convertido en un método de reconocimiento de derechos. El incremento de la capacidad de consumo de sectores depauperados incide en el mercado de bienes de producción nacional, es decir, promueve el mercado interno.

La educación superior como ineludible tarea social del Estado es un vuelco en tanto que rompe con la idea de que las familias deben sufragar crecientemente ese gasto, al tiempo que enfatiza su carácter social y derecho de todos. El elitismo de la enseñanza superior ha sido un factor de freno del desarrollo social y del progreso nacional.

La reivindicación de la atención médica universal como deber del Estado ha empezado a traducirse en reformas, aún tímidas, pero con perspectiva de dar un vuelco en materia de salud para todos.

La cancelación de subsidios corporativos a favor de organizaciones gestionadas por burocracias parasitarias y la ampliación de apoyos directos en la producción agropecuaria es la inauguración de una nueva forma de apoyar al campo en sus segmentos debilitados. Así se ha de fomentar la agricultura y ganadería para el mercado interno y la autosuficiencia nacional de granos básicos.

La nueva política de las industrias de energía es un rompimiento con su privatización y entrega de recursos naturales para favorecer la autosuficiencia nacional. Ningún país puede afrontar los retos del mundo actual bajo dependencia energética estructural. Siempre se había sabido, excepto por el neoliberalismo de la pobreza y el atraso que atascó al país de objetivos contrarios a los intereses populares y nacionales.

El inicio de la lucha contra el Estado corrupto es una respuesta histórica a un fenómeno devastador. En todas partes del mundo hay corrupción pero sólo en algunos es parte fundamental de la forma de gobierno. El primer paso es tener un gobierno que no sea corrupto, a partir de lo cual tendrá que mantenerse la lucha a favor de la desarticulación del viejo Estado.

Reivindicar la austeridad es un golpe contra la alta burocracia parasitaria, exageradamente bien pagada y derrochadora, que azotó al país. Hay mucho más que hacer en este sentido, pero ya se inició el proceso de construcción de un funcionariado diferente que vaya cerrando la inmensa brecha que le ha separado de la sociedad.

Las grandes empresas han dejado de regir al gobierno y al Congreso. El diálogo, el debate, la convergencia y la diferencia entre los poderes políticos y los capitalistas son elementos distintivos de las nuevas relaciones en el país. No hay una política expropiadora pero tampoco  otra promocional y corruptora como había sido hasta hace un año.

La crítica va y viene desde los medios, redes, partidos, organizaciones sociales y no gubernamentales, sin emolumentos de origen oficial, pero también fluye desde el gobierno, el Congreso y sus partidos. Si todos son libres, lo es también la fuerza gobernante. Así se construye una democracia sin hipocresía.

No se ha producido una reforma fiscal que fortalezca el proceso de redistribución del ingreso y aumente las inversiones públicas. Los lacerantes privilegios fiscales siguen vigentes en su mayoría. Tampoco se ha planteado un nuevo pacto fiscal entre entidades federativas y Federación. La ineludible nueva reforma del sistema electoral sigue estando pendiente. La seguridad pública es aún el pantano que el gobierno heredó de los anteriores con su cauda de horror y sangre.

Hay más temas para un balance.

El modelo mexicano de seguridad pública ha fracasado

De momento no existe la Guardia Nacional proyectada por el actual gobierno. Lo único que hay es un dictamen favorable en la Cámara de Diputados que aún no ha sido consultado al pleno. Pero, con o sin proyecto, el problema de la inseguridad pública y la emergencia de violencia es básicamente el mismo.

La Guardia Nacional no va a acabar con ese fenómeno que tiene ya más de 20 años. Cuando la violencia delincuencial se desborda, los cuerpos policiales se convierten en partes integrantes del problema, ya que éstos profundizan su corrupción y son puestos al servicio del negocio ilegal.

La solución mexicana resultó un fracaso. El Ejército y la Armada fueron volcados a las acciones contra la delincuencia organizada durante 12 años, supuestamente al lado de la policía. En lugar de tener un cuerpo policial federal se tenían tres: dos militares y uno civil aunque con frecuencia a cargo de militares, más otro en cada entidad federativa. Ninguno de ellos podía hacer lo necesario porque la política social no estaba en dirección de la lucha contra la delincuencia organizada, con lo cual seguía creciendo el resentimiento en el que se anida el fenómeno criminal.

Además, el Estado mexicano siguió considerando la prohibición legal de las drogas como algo ineludible. Aunque el consumo en sí mismo no es en México un delito, los cuerpos de seguridad lo siguen prohibiendo en los hechos y cobrando mordidas. Además, las cárceles están llenas de jóvenes consumidores o narcomenudistas, así como de campesinos productores. El resultado es un desastre.

El proyecto de Guardia Nacional no está hecho para resolver todos estos grandes y penosos problemas. De lo que se trata es de conformar paulatinamente un cuerpo de seguridad federal, estrictamente una guardia, capaz de convertirse en institución civil al servicio de las personas, pero sin tener como funciones las de preservar el orden público.

Desde algunas instituciones ya existentes se tendría que empezar a construir esa guardia. Durante los próximos cinco años, aunque, si es posible, antes –dice el dictamen aprobado en la Cámara—, la nueva Guardia tendría que ir pasando de un mando a cargo de miembros del Ejército y la Armada a otro de personal formado en la nueva institución.

Así tendrían que volver a los cuarteles los integrantes de las fuerzas armadas que ahora se dedican a trabajos de policía. Mas la nueva Guardia no se quiere sólo para la emergencia sino para contar con un cuerpo de seguridad que cubra el territorio del país, mientras que los cuerpos de policía federal, local y municipal se dediquen a resguardar instalaciones públicas y lugares de habitación, lo cual supuestamente siempre ha sido su deber.

El combate a la delincuencia organizada tendrá éxito cuando sea derruido el Estado corrupto, se reoriente la política de todas las entidades del Estado nacional hacia el bienestar social y el trabajo, se distribuya de otra forma el ingreso y las funciones públicas se orienten hacia el beneficio de la gente. Dentro de esto, un punto, sólo uno, es el contar con cuerpos profesionales de seguridad que no sean corruptos.

Una parte de la oposición hubiera querido que el nuevo gobierno y la nueva mayoría legislativa se cruzaran de brazos, decepcionaran, se pusieran a repetir lo mismo.

En cuanto a la política económica y social, en lo referente a los nuevos sistemas democráticos de toma de decisiones y en lo relativo a la creación de nuevas instituciones de seguridad pública debe aplicarse el programa que tuvo el apoyo mayoritario en las elecciones. Hacer caso a esa oposición que busca que todo quede igual que antes sería una desobediencia del mandato ciudadano.

Si la oposición considera que las propuestas de la nueva fuerza gobernante son peores que las implantadas por ellos en otros momentos, ese es su derecho, su privilegio. Que la oposición se oponga es lo más normal. Lo que no se puede admitir es el argumento que consiste en que lo nuevo debe ser lo mismo que antes.

El fracaso del modelo mexicano de seguridad pública ya no requiere demostración.

EZLN: 1 de enero de 1994-2019

Hace 25 años hubo en México una rebelión en contra del neoliberalismo impuesto desde arriba sin consultar a la nación y en contra del priismo represivo y antidemocrático. No fue el único pronunciamiento, sino el que asumió el carácter de lucha armada. Como tal duró poco, sin embargo sus protagonistas directos se han mantenido armados y más o menos sitiados durante estos 25 años.

El EZLN es un agrupamiento político-militar integrado por indígenas de varias etnias chiapanecas, pero no elaboró por sí mismo un programa propiamente indígena. Sus planteamientos se refieren siempre a la pobreza, el atraso, la falta de derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, de los habitantes del país.

Sus referencias a la pobreza, como las repetidas en la celebración del 25 aniversario en La Realidad, son las mismas porque la situación no ha cambiado durante ese lapso. Pero tampoco se ha modificado el programa ni el análisis básico de la situación política de México que realizan los dirigentes del EZLN.

El planteamiento más fuerte de la reciente celebración ha sido el rechazo del EZLN al nuevo gobierno, al que se acusa de tramposo y mañoso, pero se agrega que éste busca destruir a la organización zapatista.

Un planteamiento obligadamente novedoso del discurso del EZLN es que, a diferencia de los gobiernos anteriores, se considera un tanto diferente al que encabeza Andrés Manuel López Obrador (nombre que no consideran oportuno mencionar, según han dicho): «qué lástima que le hacen caso al que está ahí engañando al pueblo», se lee en el discurso oficial de la celebración en La Realidad.

La rebelión detenida por el cese al fuego impuesto bajo presión popular e internacional por parte del gobierno de Carlos Salinas, llevado después a una ley, siguió siendo de alguna manera rebelión, pues el discurso de Marcos influía en las izquierdas, en segmentos de la juventud y entre los pueblos originarios.

Sin embargo, desde hace años ya no se ha podido decir lo mismo. La rebelión zapatista es uno de los pocos datos políticos congelados que existen en el México actual. Si ese movimiento armado y sus modos de propaganda y organización posteriores eran una forma de lucha política, es decir, por el poder, en la actualidad ya no lo son.

Han escrito los líderes del EZLN: «hemos visto que estamos solos; lo que hemos logrado ha sido con nuestro trabajo y esfuerzo, con nuestros errores». Esto es cierto, aunque habría que precisar que lo hecho por la dirigencia y el pueblo zapatistas ha sido una elevada obra de organización, entereza y firmeza. Mas el problema consiste precisamente en que la lucha política no se emprende con el objeto para dejar las cosas como estaban antes.

Según el EZLN, en su entorno y en el país siguen igual la miseria, la desigualdad y la injusticia. Así es; quizá sean mayores. Pero no se encuentran en la reciente proclama de los zapatistas algunas vías de acción para combatir esos factores socioeconómicos y políticos tan lacerantes. Sólo se halla el mismo razonamiento tendiente a resistir, aunque ahora frente al nuevo gobierno federal.

No debería ser motivo de discusión la indispensable independencia política y la integridad orgánica del EZLN. En este campo, cualquier gobierno puede ser una amenaza, sin exceptuar al actual. Tampoco podría alguien dudar del carácter crítico del discurso de aquellos y aquellas que se rebelaron la madrugada del 1º de enero de 1994.

Pero ya llevan tiempo estando ausentes las pautas zapatistas para continuar en aquella lucha, gigantesca por sus objetivos e inesperada por su forma, que esa admirable organización inició hace ya 25 años.

Hay algo nuevo y mejor en eso que acaba de hacer una mayoría popular mexicana. Soslayarlo podría servir para sufrir menos por parte de quienes han perdido poder y privilegios. Mas el pensamiento crítico, por otro lado, siempre debe serlo y… demostrarlo. O sea, conocer el pasado, analizar el presente y usar los prismáticos para alcanzar a ver el futuro.