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La CNDH se asoma a un precipicio

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez, tiene una percepción mensual neta de 170 373 pesos. Si la Cámara de Diputados llegara a aprobar una remuneración menor para el presidente de la República, como está propuesto, aquel sueldo tendría que ser reducido.

Esto sería consecuencia de que el artículo 127 de la Constitución establece, desde 2009, que ningún servidor público del Estado mexicano puede ganar más que el Presidente de la República. Además, dicha remuneración es determinada por la Cámara de Diputados, la cual “no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley”, según ordena el artículo 75 de la misma Carta Magna. Sólo si, “por cualquier circunstancia”, se omitiera hacerlo, el sueldo sería el mismo que el año anterior, pero eso ya no ocurre nunca y no debe ocurrir porque sería una transgresión de la norma.

No obstante, la CNDH ha interpuesto una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, recién expedida por el Congreso, con el propósito de que ésta sea declarada inconstitucional.

Un problema nada menor consiste en que la persona que firma dicho recurso ante la Suprema Corte de Justicia tiene interés personal en el asunto. Se trata del presidente de la CNDH, cuya remuneración actual corre peligro de contracción.

Supongamos que la Suprema Corte decide declarar la inconstitucionalidad de la ley mencionada, Raúl González no podría impedir que la Cámara de Diputados obedeciera el mandato del artículo 127 de la Carta Magna, ya que la Corte está incapacitada para declarar inconstitucional a la Constitución. De cualquier forma, al reducirse la remuneración del Presidente de la República, el resto de las retribuciones sólo podrían ser iguales o menores. La norma constitucional debe ser respetada, con o sin ley reglamentaria, porque es tan clara y directa que no requiere ninguna disposición secundaria para tener validez plena.

El argumento que usa la CNDH es que, con la ley de remuneraciones, se están violando derechos humanos. Esto es sin duda falso, pero si la Corte la cancelara, de igual forma, la remuneración de Raúl González a partir del 1º. de enero del próximo año no podría rebasar un solo peso el sueldo del Presidente de la República. Por ello, se está buscando que la misma Corte ordene a la Cámara de Diputados otorgar una remuneración a López Obrador en 2019 igual a la señalada para Peña Nieto en 2018.

Esto es lo que busca Raúl González en abierto reto a la institucionalidad democrática, el voto ciudadano, el mandato político de la mayoría y la vigencia del sistema político de la Constitución. Pero, lo que es peor es que se busca que la Corte ordene a los diputados y diputadas hacer algo indebido, contrario a sus facultades expresas, lo que provocaría un choque absurdo, por innecesario, entre poderes.

El ataque a la ley de remuneraciones sería inoperante ante el predominio de la Constitución, pero se quiere torcer el tronco de la legalidad desde una pretendida defensa de los derechos humanos. Esto último es lo que en realidad duele.

Se invoca un derecho humano de gozar siempre de una remuneración igual o mayor, y nunca menor, aunque sin precisar cuales serían sus actuales garantías constitucionales aplicables a los más altos servidores públicos. Esto es tanto más ofensivo contra el Congreso cuando las y los legisladores se han reducido ya sus propias remuneraciones, acto que no ha sido controvertido por parte de la CNDH ni por nadie por supuesto ataque a derechos humanos y a una buena interpretación de la Carta Magna.

Entre 2009 y 2017 el salario mínimo se ha reducido, tal como en la década anterior. Ha pasado de 54.8 a 88.36 pesos diarios con una inflación acumulada mayor que la suma de los aumentos nominales. La CNDH no ha interpuesto ninguna acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra los sucesivos actos de disminución salarial en términos reales, realizados por el organismo público encargado de fijar los salarios mínimos.

Más en concreto, la CNDH considera que reducir la remuneración del Presidente de la República, en el marco del artículo 127 constitucional que fija a ésta como la máxima, sería una trascendente violación de derechos humanos.

En su texto de 108 folios, la CNDH nunca defiende los salarios en general, sino sólo de los servidores públicos y, por su contexto, exclusivamente de aquellos que ahora están percibiendo más que el sueldo propuesto por López Obrador para el presupuesto de 2019. No se trata de los nuevos funcionarios sino sólo de aquellos que han sido designados para un periodo transexenal, entre ellos, el presidente de la CNDH.

¿De qué se trata la maniobra? De hacer declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Remuneraciones bajo el argumento de que ésta no impide que se rebaje el sueldo del Presidente de la República y, por lo mismo, tratar de impedir tal rebaja por la vía jurisdiccional, por orden de un tribunal.

Si la Ley de Remuneraciones hubiera fijado de alguna manera la remuneración del Presidente de la República o hubiera limitado su cuantía, como lo quiere Raúl González, entonces sí sería una ley inconstitucional porque desobedecería a la Carta Magna, la cual confiere sólo a la Cámara de Diputados la función de señalar la “retribución” correspondiente.

Lo que la Cámara de Diputados no podría hacer es rebajar el sueldo de los trabajadores, cuyos parámetros están relacionados en leyes, contratos, convenios que rigen las relaciones laborales, ya que esas normas se encuentran permanentemente en vigor y son de acatamiento obligatorio.

La CNDH pretende que se confundan las cosas y que el sueldo de su propio presidente sea considerado como algo determinado en un contrato laboral, lo cual, todos lo sabemos, no es así. El sueldo de Raúl González se fija cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con el artículo 75 de la Carta Magna, precepto que no es tomado en cuenta en el texto enviado a la Suprema Corte por parte de la CNDH.

Aunque parezca increíble, Raúl González hace abstracción de que se votó el pasado 1 de julio y se eligió a un nuevo presidente de la República, quien ha integrado un nuevo gobierno, el cual tiene una nueva política que va a proponer, en términos de un nuevo Presupuesto de Egresos, a una también nueva Cámara de Diputados, la cual cuenta con la facultad constitucional exclusiva de aprobar los egresos.

Es deber de todo ciudadano y toda ciudadana coadyuvar con los organismos de derechos humanos, entre ellos la CNDH, la cual se ha distinguido muchas veces por cumplir con su deber constitucional. Pero para seguir respetándola es preciso que ésta se respete a sí misma, se ciña a sus tareas, asuma el sistema democrático de decisión popular y los mandatos políticos de la ciudadanía, entre los cuales se encuentran los de la conducción de la administración pública.

El actual sueldo de Raúl González no tiene relación con un derecho humano sino es producto de la decisión política de la Cámara de Diputados que le asignó la cantidad neta de 5 679.10 pesos diarios. Según se infiere del mensaje y la conducta de la CNDH, cuando esa cantidad se aprobó por parte de los diputados y diputadas era justa, aunque millones ganaban la mísera cantidad de 88.36 al día, 64 veces menos que aquél, sin que algún órgano del Estado, ni los de derechos humanos, intentara alguna acción.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se asoma a un precipicio al proteger el sueldo de su presidente. Sus prerrogativas constitucionales no fueron otorgadas para tal propósito. Defendámosla porque le pertenece a los seres humanos.

 

Fuero de bolsillo

Según la Constitución, algunos funcionarios no pueden ser penalmente procesados. Eso se llama “fuero constitucional”. ¿Quiénes son? El presidente de la República, diputados y senadores, ministros de la Corte, magistrados de la sala superior del TRIFE, fiscal general (hoy procurador), consejeros del INE, secretarios de Estado y consejeros de la Judicatura. Se les llama “aforados”.

Para que se les inicie proceso penal, se requiere un permiso de la Cámara de Diputados, a través de una especie de juicio. En el caso del presidente de la República es necesario el voto de las dos cámaras del Congreso.

Lo que se votó el pasado martes 27 de noviembre en San Lázaro era la cancelación de ese sistema. El nuevo hubiera consistido en que algunos de esos funcionarios no tendrían inmunidad (consejeros de la judicatura y secretarios de Estado) porque no son titulares de poderes públicos. Los demás serían sujetos de proceso penal en libertad, como cualquiera otra persona que estuviera bajo fianza. Cuando el juez los sentenciara, se irían a la cárcel, también como cualquiera, porque ya no se mantendrían en su respectivo cargo.

El nuevo sistema propuesto es sencillo, sin recovecos y sin mentiras.

Pero este tercer intento de abolir el fuero fracasó por decisión de los mismos que lo bloquearon en las dos ocasiones anteriores.

Para dar cobertura al nuevo bloqueo argumentaron o apoyaron sin decir nada (PAN) que ir a la cárcel antes de tener una “sentencia ejecutoriada”, sino sólo de “primera instancia”, es atentar contra el debido proceso, los derechos humanos, etcétera. Ese encarcelamiento le puede ocurrir a cualquier sentenciado, pero como en este escenario sería un político, entonces se le considera diferente por parte de los bloqueadores.

La inmunidad de los titulares de los poderes públicos no es un asunto del sistema penal sino del sistema político de la Constitución. Se trata de impedir que una autoridad menor y sin previo juicio pueda privarles de la libertad y, de esa forma, impedir el normal funcionamiento de tales poderes. ¿Qué hacer cuando alguno de sus integrantes posiblemente cometió un delito? Pues abrir el proceso penal si acaso se acreditan los requerimientos de la ley y bajo el estatuto de presunción de inocencia. Cuando se dicta sentencia condenatoria, ya pasó aquella etapa, por lo que el funcionario pierde inmunidad y cargo, lo que lo lleva a la cárcel como a cualquiera otra persona.

Quienes han bloqueado por tercera vez la abolición del llamado fuero dicen que hay que esperar a que el sentenciado sea confirmado en tal condición en las apelaciones o amparos que interponga. ¿Tendremos legisladores sentenciados votando leyes en el Congreso mientras pasan los años que duran esos recursos judiciales? A eso se le llama fuero de bolsillo.

Sería peor tener altos funcionarios desempeñando sus cargos tranquilamente luego de haber sido sentenciados, que tenerlos como sospechosos de cometer un delito. A estos últimos, al menos se les puede desaforar en la Cámara de Diputados, pero a los sentenciados en libertad incondicional no se les podría remover de sus cargos durante años.

Si saliera adelante en el Congreso (cosa que es numéricamente imposible) el fuero de bolsillo, todo sería peor que bajo el sistema de “fuero constitucional” que ahora impera. El privilegio sería mayor y más ofensivo. Eso es lo que exigen PAN, PRI, PRD, MC y PVEM, conforme al voto que emitieron el martes 27 de noviembre en San Lázaro.

Sin embargo, esos partidos saben que su planteamiento es imposible por absurdo. Lo que en realidad hicieron fue negar su voto a favor de la abolición del fuero con un falso argumento, con el propósito de bloquear una promesa de campaña de López Obrador y de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES).

Cierto es que a las y los integrantes de los grupos parlamentarios de la nueva minoría opositora no les hace ninguna gracia abolir el fuero del que ahora gozan y, por tanto, plantean como condición establecer uno nuevo que sería peor y más odioso, pero, sabiendo que su propuesta no es factible por monstruosa, el interés político de impacto inmediato ha sido bloquear a la mayoría parlamentaria y mostrar las garras de una oposición firme.

Hay también otro elemento. Ya se ha visto que el PAN tiene una política de bloqueo, la cual es seguida por sus más recientes aliados, PRD y MC, pero, ¿qué tendría que hacer el PRI haciéndole el juego a Acción Nacional?

Esto es nuevo y nadie se lo esperaba. El vetusto partido puede estar lamiéndose sus profundas yagas, pero eso no le tiene que llevar a convertirse en comparsa de la otra anciana derecha. Si antes fue imposible diferenciar las líneas políticas de uno y otro partidos, lo que fue factor relevante del fracaso electoral de ambos, ahora sería suicida para los priistas confundirse con los panistas con tal de bloquear a la nueva mayoría.

El PAN no propuso en la Cámara una sola enmienda al proyecto de abolir el fuero. Todas las reservas estuvieron a cargo de los demás partidos de lo que será la oposición a partir del 1 de diciembre. Acción Nacional sólo votaba en espera de que el proyecto no tuviera la mayoría calificada de dos tercios.

La mentira de los argumentos de quienes votaron en contra se demuestra con el hecho de que, antes, cuando en dos ocasiones se votó la abolición del fuero, ninguno de esos partidos propuso el fuero de bolsillo. ¿Por qué ahora sí lo hicieron? Pues para dar cobertura argumentativa a su bloqueo.

Los dos anteriores proyectos de abolir el fuero fueron congelados en el Senado sin tener que votar en contra ni proponer absolutamente nada. En esta última ocasión, eso no hubiera funcionado porque esos partidos ya no pueden manipular el termostato en el Congreso, por lo que tuvieron que votar en contra directamente.

La abolición del fuero, sin engaños ni simulaciones como es el fuero de bolsillo, terminará por imponerse porque la política de bloqueo se irá haciendo insostenible. Pronto.

Aversión a la democracia

La consulta popular constitucional sólo se puede realizar el día de elecciones (art. 35. VIII. 5º). El Congreso la convoca a solicitud del presidente (en funciones) o de una parte del mismo; la Suprema Corte decide su legitimidad; el INE las organiza. También puede activar el procedimiento el dos por ciento de la ciudadanía.

Tan sólo por la fecha de su realización era imposible convocar a una consulta constitucional sobre la construcción en Texcoco de un nuevo aeropuerto, cinco cuadras adelante del que ahora funciona y cuya Terminal 2 aún no se ha pagado por completo.

Los adversarios de López Obrador no quisieron entender que con la convocatoria a la consulta sobre el proyecto de aeropuerto en Texcoco se estaba usando un método propio de la oposición en un país sin consultas legales. El presidente electo y la nueva mayoría en el Congreso siguen en la oposición y ahí seguirán hasta el 1 de diciembre, cuando lleguen a ser la fuerza gobernante del país.

Para hacer una consulta constitucional, AMLO, ya como presidente, hubiera tenido que esperar dos años y medio. Esto lo saben los furibundos críticos de la consulta, pero fingen ignorancia del texto constitucional.

Más allá del aeropuerto como proyecto “fabuloso” e igual negocio, el problema político medular es el método para tomar decisiones sobre asuntos controvertidos y de trascendencia. Quienes llenaron de denuestos la consulta, en realidad tienen aversión hacia todas ellas, hacia los nuevos vientos de la democracia.

Hay países en donde el pueblo ya vota casi todas las leyes importantes. En Suiza también se sufraga a veces en materia fiscal.

Las derechas mexicanas postulan que la consulta ciudadana, como método, es indeseable porque el sistema de democracia formalista, puramente representativa, se podría venir abajo con la aplicación de métodos plebiscitarios.

Sin embargo, muchos derechistas saben que los sistemas que admiten la democracia directa no cancelan las elecciones periódicas, pero fingen ignorancia. Las consultas directas y los comicios coexisten.

El problema para esas derechas es que el sistema del formalismo representativo ya no sería el único y que la ciudadanía tendría derecho a tomar decisiones. Este derecho es el que molesta. Tales liberales derechistas viven en el siglo XIX.

El único argumento a favor de la construcción del puerto aéreo en Texcoco era la cuantía de las inversiones físicas ya realizadas, cuyo valor, sin embargo, es menor al valor que tiene el aeropuerto Benito Juárez que quería cerrarse para siempre jamás.

El gran problema era que la decisión de levantar el fabuloso aeropuerto de Texcoco fue tomada sin consultar a nadie pero, además, era económicamente lesiva para el país y técnicamente perjudicial. Cerrar dos aeropuertos (Benito Juárez y Santa Lucía) para poder construir uno nuevo carece de sentido práctico. Estambul acaba de inaugurar un aeropuerto nuevo y tendrá ahora dos, como corresponde a toda megalópolis, en algunas de las cuales se cuentan hasta cinco.

Además de la polémica sobre la validez de la consulta popular como método de gobernar, se ha abierto otra discusión. ¿Qué país somos y cuál queremos ser? ¿Podemos tener un México de obras fabulosas o, en lugar de éstas, necesitamos una infraestructura productiva que se levante en todas las regiones del país?

Más en concreto, ¿queremos una creciente centralización de las conexiones aéreas o debemos promover interconexiones múltiples en las diversas regiones? ¿Necesitamos un “fabuloso” aeropuerto en una sola ciudad para promover inversiones productivas o requerimos una extensa infraestructura de trasporte terrestre, marítimo y aéreo para comunicar a México consigo mismo y con el resto del mundo?

El proyecto de aeropuerto en Texcoco es una muestra de las extraviadas políticas económicas de los neoliberales, muy dados a realizar actos de relumbrón que no sirven para promover crecimiento y redistribución del ingreso.

Peña Nieto inició cuantiosos desembolsos para un fabuloso aeropuerto cuando tenía muchas obras inconclusas abandonadas, entre ellas hospitales. Hay también aquí asuntos de moralidad en el ejercicio de funciones públicas.

El debate sobre el lío del proyectado aeropuerto de Texcoco y el cierre del actual, junto con el de Santa Lucía, nos arroja enseñanzas adicionales en materia de democracia y gestión pública: no al verticalismo ni al uso del poder para fomentar fabulosos negocios privados. Hay que buscar caminos diferentes.

Migrantes, fantasmas de la administración Trump

La caravana de migrantes procedente de Honduras es denunciada por la administración de Donald Trump, aunque parezca increíble, como una conspiración promovida por los líderes del Partido Demócrata, el magnate George Soros, el Estado Islámico (EI), Nicolás Maduro, entre otras potencias.

Además, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha declarado que la caravana ha “violado la soberanía de México, sus leyes y sus procesos migratorios”, lo cual, dijo, en Estados Unidos el presidente Donald Trump no permitirá que suceda.

Según las autoridades de Estados Unidos, el problema es de México, por lo que ellas mismas “confían” en que los “líderes” mexicanos “sepan cuáles son los mejores pasos para resolver esta situación… mediante una acción oportuna”. Esto lo dijo Mike Pompeo luego de conversar con Luis Videgaray.

En la víspera de unas elecciones que podrían ser cruciales para Trump, la Casa Blanca asume una posición actualizada de defensa nacional frente a sus “enemigos”. El comunismo ya no es amenaza, ahora la es un mundo que, se dice, lo asedia y quiere seguir sacando provecho a sus costillas, aprovechándose de su bonhomía.

Unos 300 mil migrantes atraviesan México cada año rumbo al coloso del norte. Una caravana, sin embargo, pone en peligro la soberanía de Estados Unidos, luego de violar la de México. Esta es la versión de los gobernantes estadunidenses.

Esos miles de migrantes hondureños vienen en caravana para contrarrestar el peligro que es para ellos atravesar México, a merced de bandas de delincuentes organizados que los acosan, secuestran, extorsionan, agreden y asesinan. Pero no amenazan la soberanía de ningún país, entendiendo por ésta la capacidad efectiva de tomar decisiones propias. El derecho al refugio está vigente en las leyes internacionales.

Dicen los voceros de la Casa Blanca que dentro de los migrantes de la caravana vienen “árabes”, aunque el presidente de Estados Unidos admite que no se puede demostrar tal afirmación, lo cual, agrega, no quiere decir que “no sea así”. Esto está sacado de una película de Groucho Marx, algo de la mejor comedia cómica estadunidense.

El agonizante gobierno mexicano se propuso contener la caravana imponiendo la condición de registros individuales previos. Si el gobierno de México iba a admitir de cualquier forma a los migrantes de esa caravana, ¿para que cerró el puente?, ¿por qué no programó la recepción de los hondureños dentro del territorio nacional y no en la frontera? Hubo que actuar con estupidez para crear el espectáculo de miles de personas aglomeradas desesperadamente sobre un puente, con tal de enviar a Washington el deplorable mensaje de que el gobierno mexicano se estaba resistiendo, tal como lo demandaba el señor Trump.

Con esas órdenes demenciales, Peña Nieto propició aquel señalamiento de Mike Pompeo en el sentido de que la soberanía mexicana había sido violada.

No existe crisis de migración en la frontera entre México y Estados Unidos. Se ha venido reduciendo desde hace tiempo el número de mexicanos que buscan pasar al norte sin visa. Cada año son más los expatriados voluntarios que los deportados en el mismo lapso.

En cuanto a los migrantes centroamericanos, ellos seguirán atravesando México sin que eso ponga en peligro a ninguno de los dos países.

Pero, aunque no haya crisis, a Trump le conviene hacer creer que existe: “esta es la elección de la caravana”, ha dicho en referencia los próximos comicios en Estados Unidos. De la composición de la Cámara de Representantes depende el proyecto de concluir el muro fronterizo, pero, antes que nada, el mantener la mayoría republicana.

Al revisar la política norteamericana en relación con el resto del mundo, Donald Trump ha ubicado en el centro, junto a su balanza comercial, a las migraciones y a la consecuente delincuencia infiltrada, incluyendo a terroristas. El presidente, sin embargo, en lugar de buscar soluciones, responde con una actitud de confrontación. Al hacer esto, soslaya que el déficit comercial no le es adverso, en general, a la economía estadunidense, al tiempo que ésta requiere migrantes. Primero, porque no es posible sustituir masiva y rápidamente casi toda clase de importaciones. Segundo, porque ya se está cerca del “pleno empleo”. En términos de agregados económicos, ¿qué van a comprar?; ¿quién va a trabajar?

Si Trump tuviera éxito en su política de llevar a Estados Unidos a ser “grandioso otra vez”, sólo crearía nuevos y mayores problemas. Lo que por ahora está en el fondo es que tal política no despega, pero, en cambio, sí se están creando puros conflictos.

México no debe caer en ese perverso juego.

“Bonanza” o “bancarrota”: dos visiones

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el país se encuentra en “bancarrota”. Pudo haber dicho quiebra, ruina o desastre. La respuesta no tardó en llegar por boca del secretario de Hacienda y algunos corifeos de la prensa neoliberal, quienes pintaron un paisaje de bonanza económica.

Ambos extremos no podrían concordar con absoluta exactitud con la situación, pero mantienen abierto el debate sobre de qué lado estamos más cerca, de la bonanza o del desastre.

No todo el dinero que la Federación recauda es regresado a la sociedad como pudiera esperarse. Esto se debe a que el endeudamiento de Peña-Videgaray ha sido tan alto, gravoso e inservible que obliga al gobierno a usar parte de la recaudación en solventar débito, con lo cual se desvían recursos, es decir, se gasta en otro objeto que no está en la sociedad misma. Se supone que el gobierno no debe retener o descaminar dinero sino regresarlo de otra manera a su lugar de origen. Esto último es justamente lo que no está ocurriendo con una fracción relevante del gasto público.

Un Estado que no regresa a la sociedad lo que le quita está de alguna forma en quiebra, ya que parte de sus ingresos no los destina a su propósito inherente sino a otros objetos, ajenos a la gente.

Si analizamos la caja del Estado y la manera en que éste gasta podemos ver que se está mucho más cerca de una bancarrota que de una bonanza.

En un sentido más general, el producto por habitante no ha crecido y el asunto se aprecia desastroso cuando analizamos que el salario mínimo es menor ahora que hace 30 años.

Al estudiar el estancamiento económico durante el reinado neoliberal, es necesario hacer una liga con el patrón mexicano de distribución del ingreso que es de los más regresivos del mundo. Una economía más o menos estancada que concentra el ingreso está produciendo pobreza incesantemente y, en tal virtud, contiene fuertes estructuras que reproducen el mismo estancamiento. En ese círculo vicioso ha vivido el México neoliberal.

La pobreza reporta números absolutos más altos entre cada sexenio, pero también porcentajes mayores. Existe una bancarrota social.

Hace 30 años teníamos poco menos de un tercio de la juventud en las aulas; hoy tenemos casi el mismo porcentaje, mientras países que se encontraban igual que México ya sobrepasan el 60 por ciento de matricula universitaria.

Existen también elementos que no son directamente económicos o que no se observan en el PIB ni en los índices de distribución del ingreso, aunque ahí están también, como es la delincuencia organizada, la acumulación de dinero ilícito y otros, aún más lesivos, como el incremento incesante del número de homicidios dolosos, feminicidios, extorsiones, violaciones y otras conductas ilícitas cuyos números son agobiantes cuando se analizan en términos absolutos como en relativos.

Es verdad que hace 30 años había un Estado corrupto, mas el hecho de que lo siga habiendo no significa estar igual sino peor, ya que se suponía que las alternancias electorales iban a empezar a resolver ese gigantesco problema pero, en la realidad, lo profundizaron. Esto también es una bancarrota, pero ya no sólo económica sino también moral.

El PRIAN fue un régimen que dejó incólume lo más inicuo del sistema de partido absoluto y, al mismo tiempo, aumentó la adoración de las recetas neoliberales y de la concentración de riqueza e ingreso. Tenemos hoy una sociedad más estratificada y más injusta.

Si analizamos la situación en la que se encuentran los grandes conglomerados capitalistas, entonces sí que vivimos en bonanza.

Es cuestión de precisar desde dónde se observa la realidad.

Meade se hundió en su propia canallada

La directa acusación de José Antonio Meade contra Nestora Salgado en el debate de Tijuana propagó una opinión que lesiona derechos de esta persona. Ella no está sometida a juicio, ni mucho menos ha sido declarada culpable. La libertad de difusión de opiniones establecida en el artículo 7º de la Constitución no otorga cobertura al atrevimiento del candidato priista.

El propósito indirecto de Meade ha sido señalar a López Obrador como responsable de la candidatura de Nestora Salgado, la cual ya fue “penalmente condenada” por el aspirante priista. Esta atrocidad, aun al calor del debate político, no merece respuesta porque el problema no está en la libertad de los partidos, sino en que un adversario pretenda prohibir la postulación de candidatos o candidatas de otras organizaciones que, en su opinión personal, forman parte de la delincuencia.

La explicación posterior de Meade es que él defiende a las víctimas, pero no ha dicho con base en qué se ha atrevido a llevarle la contraria públicamente a dos jueces penales. En realidad, el papel que Meade leyó en el debate es la transcripción de un párrafo de la declaración de una denunciante y testigo, la cual fue desestimada en el juicio, pero que Meade da por verdad.

Como es natural, el punto no puede versar sobre los concluidos procesos penales contra Nestora Salgado, por más que el fiscal haya apelado las sentencias, sino acerca de la utilización de una amplia plataforma de comunicación social para dar por culpable de un delito grave a una candidata.

La calumnia contra las personas está prohibida en la propaganda que difundan los partidos y los candidatos, según reza el apartado C del artículo 42 de la Constitución. Aunque la calumnia se emitió en un debate, éste no deja de ser propaganda electoral. En consecuencia y dado que el encuentro fue organizado y difundido por el Instituto Nacional Electoral, aun sin queja, esta autoridad debió abrir un expediente para calificar la conducta de Meade y proceder de acuerdo con la ley. Sin embargo, lo que tenemos es mutismo institucional. Por fortuna, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dicho con energía que sólo los jueces sentencian.

No hay duda que atacar a Nestora Salgado ha tenido el propósito de comprometer al candidato Andrés Manuel López Obrador, presentarlo como alguien que arropa delincuentes. Mas la arrogancia de José Antonio Meade consiste en ubicarse a sí mismo como fiscal y juez. Hasta hace poco se le había tenido sólo como un tecnoburócrata de carrera, nunca ha sido elegido para ningún cargo, pero su candidatura le ha transformado. Tenemos a un Meade que pronuncia sentencia condenatoria sobre un asunto que, además, con seguridad conoce superficialmente.

No hace falta imputar y condenar a alguien para discrepar de las propuestas de López Obrador sobre el tema de la delincuencia. En el primer debate, el mismo Meade acusó a AMLO de pasarse al “lado de los malos”. La discusión es fuerte e, incluso, los insultos han menudeado. Mas la calumnia contra una persona ausente, que no puede responder en un esquema de comunicación donde los emisores no son responsables y, por tanto, no hay derecho de réplica, es una canallada, en la que su autor, José Antonio Meade, se ha hundido por sí mismo.

Se cayeron afanosos esfuerzos del priista por presentarse como una persona decente.

El examen de admisión sí es una mentira

De lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en el debate de Milenio TV se han derivado, por lo visto, varios temas. Uno de ellos es el de la educación superior. Guillermo Sheridan reacciona a lo dicho por el candidato de Morena con ironías y muchas oscuridades en su columna de El Universal del pasado martes.

Una verdad sabida es que el examen de admisión, como dijo AMLO, es una mentira, pues si todos los aspirantes obtuvieran calificación de diez, de cualquier forma no podrían ingresar porque no hay lugares suficientes. No se trata de un examen de conocimientos sino de un filtro, pues no existe calificación aprobatoria. Así ha sido desde que fue diseñado en tiempos de Ignacio Chávez, quien decía a los cuatro vientos que a la Universidad deberían ingresar sólo los mejores en el sentido de pocos y bien seleccionados.

Guillermo Sheridan rechaza la “utopía” de López Obrador en el sentido de que todos los aspirantes deben ingresar al ciclo superior. Sería como ha sido hasta ahora en Francia, desde tiempos de Napoleón: quien aprueba el examen de grado del Liceo puede ingresar en la universidad. Ahora, Emmanuel Macron, nuevo presidente neoliberal, quiere cambiar ese precepto bicentenario para que las universidades decidan a cuales aspirantes admiten y a quienes rechazan según otros parámetros, ya no igualitarios, entre ellos una pretendida reducción de la matrícula. De por sí, el filtro económico es contundente, pero siempre se busca poner otros.

Eso es lo que reivindica Sheridan. Pero en México en eso hemos vivido durante muchas décadas y, por ello, sufrimos desde entonces un desastre educativo.

Al final, Sheridan se queda en sus burlas y chistes de mala factura, pero no aporta absolutamente nada para entender uno de los más graves problemas nacionales.

Hace unos 30 años, Corea del Sur y México tenían en las aulas superiores al 25% de sus respectivas juventudes. Hoy, el país asiático tiene el 65% y el nuestro se ubica en el 28%. Esto es así a pesar de los rasgos francamente clasistas y autoritarios de la educación coreana, pero la pregunta es ¿por qué se estancó México? La respuesta es sencilla: la política educativa es nefasta.

Sheridan acusa a AMLO de querer dar órdenes a las universidades autónomas para que modifiquen sus métodos de ingreso. Pero, al respecto, las instituciones educativas carecen de política como no sea la de admitir a todos los que quepan en las aulas sin que haya calificación de ingreso sino sólo cupo. En Corea, a pesar de la brutal y enfermiza competencia existente, la calificación mínima aprobatoria es 250 sobre 400, es decir, 62.50 puntos en una escala de 100. Si en México ese fuera el mínimo de ingreso no habría bancas disponibles en las aulas. Para que un estudiante del bachillerato de la UNAM tenga pase automático dentro de su propia universidad requiere 7 de promedio en todo el ciclo.

Lo que está proponiendo AMLO es lo que se ha estado planteando durante más de 50 años, de lo cual, por lo visto, Sheridan no se ha enterado todavía. Aumentar el cupo en la educación superior para incorporar a todos los jóvenes aspirantes y elevar la proporción de ellos sobre el total de personas en edad de acceder a esos estudios. Estados Unidos y Europa están en el 75%, alto; América Latina se encuentra en el 44%, medio; México, casi en la cola mundial con su 28%.

Luego llegamos pronto a dos problemas. Uno de ellos es el presupuestal, que AMLO plantea primordialmente. El otro, que tendrán que resolver directamente las instituciones, autónomas y no, consiste en preparar a los profesores y organizar la docencia.

Esa es la utopía, según Sheridan. Pero, según el programa educativo histórico de todas las izquierdas mexicanas, sencillamente es poner fin al desastre educativo mexicano.

Hace más de 40 años, Pablo González Casanova y Manuel Pérez Rocha, uno, rector, el otro, fundador coordinador del CCH, decían una verdad de a kilo: no hay contradicción entre el tamaño y la calidad de la educación.

Una revolución educativa puede estar por empezar si se defiende con firmeza el planteamiento de que la educación es un derecho de todos los niños, niñas y jóvenes, que el Estado debe garantizar.

Los reaccionarios como Guillermo Sheridan deben pasar a la oposición y, desde ahí, seguir luchando contra la educación popular. Ese sería su derecho y su misión. Pero, mientras tanto, la realidad social de México estaría cambiando para mejorar.

No habrá ley de propaganda

 

Como se sabe, la Suprema Corte le ha dado al Congreso un plazo que vence el próximo 30 de abril para expedir la ley de propaganda institucional. El Poder Legislativo tenía originalmente un plazo de 30 días a partir del 14 de noviembre de 2007, cuando entró en vigencia la reforma constitucional. Se ha demorado más de diez años.

Es evidente que los gobernantes y los grandes medios de comunicación del país han presionado para que no exista esa legislación porque podría afectar el mercado publicitario entre los que pagan con dinero del erario y los que venden tiempos y espacios.

Ante la intervención de la Suprema Corte, Enrique Peña Nieto ha decidido enviar a la Cámara de Diputados un proyecto, presentado como iniciativa del PRI y elaborado en la Secretaría de Gobernación. Pero –agárrese lector— la nueva ley entraría en vigor el 1º de enero de 2019. Se le quiere jugar el dedo en la boca a la mismísima Suprema Corte de Justicia mediante una nueva demora hasta el próximo año.

Mas no creamos que esto es lo peor. El contenido del proyecto de Peña Nieto no es para reglamentar el artículo 134 de la Constitución, en sus párrafos 7º y 8º, sino que, no obstante que la Constitución dice que con recursos públicos no se debe influir en “la equidad de la competencia entre los partidos”, el flamante proyecto presidencial le cambia y señala que tal competencia se limita a las campañas electorales, en las que, por lo demás, está prohibida la propaganda oficial. De esa forma, durante el tiempo restante, el gobierno podría influir en la lucha entre los partidos, la cual es permanente, según la Constitución y la llamada teoría política de la democracia.

El proyecto oficial de nueva ley, denominada de “comunicación social”, sólo es un compendio de reglas ya existentes, tanto a nivel de leyes como de reglamentos y del Presupuesto de Egresos. Se pretende dejar las cosas como están.

Ni siquiera se prohíbe lo subrayadamente prohibido en la Carta Magna: la gacetilla personalizada de servidores públicos, publicada subrepticiamente en forma de noticia pagada con recursos públicos. Decía Miguel Ángel Osorio Chong que él no podía hacer nada contra eso. Así fue. Mas, por lo visto, el nuevo secretario de Gobernación no sólo es incapaz de combatir la gacetilla sino que busca legalizarla por la vía de la omisión: el gobierno de Peña se “supera” a sí mismo.

En ese proyecto, las sanciones resultan ser una tomadura de pelo, a despecho de lo señalado en el párrafo noveno del mismo artículo 134 constitucional. No hay multas, mucho menos delitos, aplicables a servidores públicos que violen una ley que de por sí es inocua y se dirige sólo a dejar bien claro que la Secretaría de Gobernación es la organizadora de la propaganda gubernamental. En el tema de sanciones contra servidores públicos, todo es igual que como está hecha la ley electoral: “dar vista al superior jerárquico”, forma de dotar de impunidad a la transgresión de la norma.

No se establece tampoco en este proyecto el acceso a la justicia de la ciudadanía para que se protejan sus derechos de información, la cual, por lo visto, podría seguir siendo inconstitucional, personalizada, gacetillera, engañosa, mentirosa, onerosa y todo lo demás que ya conocemos. Se desea que la ciudadanía siga careciendo de medios para hacer respetar la Carta Magna y la legalidad. Por eso, el priismo no quiere admitir la queja por vía judicial, como está propuesta desde la primera iniciativa que se presentó.

Esto parece indicar que Peña Nieto no está buscando en verdad que el Congreso apruebe el proyecto priista y mucho menos los anteriores, el el primero de los cuales yo mismo lo presenté en el Senado el 7 de febrero de 2012, hace 6 años.

Lo que quizá se piensa en la Presidencia es algo muy simple y cínico: si no se admitiera el proyecto oficial, la Cámara no podría completar una mayoría para otro texto, con lo cual se declararía el acatamiento de la orden de la Suprema Corte aunque nada se hubiera expedido. Donde no hay mayoría, no hay ley, principio legislativo elemental que, sin embargo, sería ahora, como en otras ocasiones, enteramente manipulado. Creo que no habrá negociaciones serias en el Congreso.

Peña Nieto obra como un político a quien se le detuvo el reloj y supone que vive en tiempos de Ruiz Cortines. Así como declara en un acto oficial que él tiene un candidato, también supone que ese candidato suyo, José Antonio Meade, va a ser Presidente de la República, pero eso, a toda evidencia conocida, no ocurrirá. Mas ese proyecto de ley convida al candidato priista al festín del oprobio de proponer una legislación que ofende a la Constitución y con la cual se pretende engañar a la ciudadanía, no sólo a la Suprema Corte. Una vez más, Peña se está llevando entre las patas a su propio y querido candidato.

De cualquier forma, no parece que el proyecto de marras tenga algún viso de honradez intelectual de parte de quien ordenó su redacción, sino que es el intento de un engaño. Claro está que si el PAN y el PRD lo admiten con leves modificaciones, el hecho relevante ya iría por cuenta de esa coalición de mercaderes de la política.

No está a la vista una ley de propaganda institucional con apego a los mandatos constitucionales. Lo que se advierte es el deseo de que México siga siendo un país sin ley, ya sea porque la norma se incumple o porque el sistema Legislativo-Ejecutivo de formación de las leyes no vale ni el dinero que se gasta. O, por ambos escandalosos y perniciosos fenómenos, motivos, entre muchos más, del impostergable cambio político.

“Ni con el pétalo de una rosa”

 

“Se debe aplicar aquella frase de que ‘a la mujer ni con el pétalo de una rosa’, un principio que debe privar en la casa, trabajo, escuela y calle”. Esto lo ha dicho José Antonio Meade.

Con esa frase se confirma el atraso que comparte el virtual candidato priista en materia de cuestiones de género. Él parece un personaje del siglo XIX, de cuando, por cierto, se acuñó la famosa expresión del “pétalo”.

Desde el machismo más rancio se recuerda a veces esa frase para hablar de la protección de las mujeres, es decir, que nadie se meta con hija, hermana, novia o esposa ajena que esté bajo la tutela de padre, hermano, novio o marido.

Las personas protegidas tienen disminución de derechos porque éstos se encuentran precisamente asignados a los protectores. El espacio intocable y resguardado de las mujeres es aquél donde se realiza preferentemente su sometimiento, su carencia de derechos.

Es preciso romper esa ideología que se expresa en el “pétalo de una rosa”, la cual defiende Meade como su mayor aspiración personal y la eleva al rango de “principio”, porque con ella se considera a las mujeres como desvalidas y, por tanto, indefectiblemente protegidas por hombres.

Meade trata de sustanciar eso del “pétalo de una rosa” con promesas de mantener los programas ya existentes, aunque defectuosos, tales como el Seguro Popular que es para población abierta, y otras leyes que están vigentes, pero que el gobierno se niega a hacer cumplir, como la de salario igual a trabajo igual.

El precandidato promete brindar seguridad social a las mujeres que carecen de empleo y trabajan en su hogar todo el día. Soslaya Meade que las esposas de los trabajadores asegurados son derechohabientes pero corren la misma suerte de sus maridos: compartirán una paupérrima pensión y la de viudez habrá de ser menor. Este es el problema de millones. Por lo demás, las “amas de casa” sin seguridad social debido al trabajo precario del esposo y las empleadas en la economía informal no pueden pagar las cuotas del IMSS.

No hay nada en el discurso del candidato oficialista que vaya más lejos de lo que el gobierno ya ha hecho, ni siquiera algo que se acerque a lo que otros partidos han impulsado en niveles locales. Pero hay faltantes, por ejemplo, el tema de la perspectiva de género en políticas públicas y en administración de justicia, el cual no es planteado por el candidato priista a pesar de que ya se discute intensamente dentro del aparato del Estado, aunque con muy pocos resultados.

“Ni con el pétalo de una rosa”, convertido en eslogan electoral, es una ironía cuando aumenta la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio, sin que los gobernantes, policías, fiscales y jueces estén haciendo en verdad su trabajo.

Los derechos de las mujeres no sólo tienen que ver con la formalidad, pues existen algunos ya incorporados a la legislación, sino principalmente con las garantías efectivas para su acatamiento. La cuestión consiste en que el Estado sigue estando organizado al margen de la observancia del respeto a las mujeres. El machismo y sus expresiones más grotescas, como la misoginia, anidan en el aparato público en todos sus niveles porque éste ha sido construido con tales contenidos. Así es que cuando las leyes cambian, nada cambia en la realidad.

El género es una relación desigual de poder. Es un sistema que contiene, por tanto, una diferencia de derechos, garantías, capacidades, posibilidades, etcétera, entre hombres y mujeres.

Sabemos que esa opresión abarca a todas las mujeres, aunque algunas pocas sean ricas o poderosas. No obstante, eso no significa que las mujeres sean un “grupo vulnerable” como se les denomina para proclamar su “protección”. Las mujeres no son un “grupo” sino la mitad de la humanidad. No son tampoco “vulnerables” por naturaleza, sino que con gran frecuencia son vulneradas justamente debido a su condición de mujeres, de personas sometidas mediante un sistema de desigualdades, que es justamente lo que hay que abolir.

El protector no sólo es el marido, el hermano, el novio, el padre sino también el Estado, es decir, el entramado institucional que se erige en guardián máximo de las mujeres y, en tal función, las cataloga, con lo cual les brinda tratamientos diferenciados según clase, etnia, origen, nacionalidad, ocupación, preferencias, etcétera, pero sin superar la opresión de las mujeres en general.

El “pétalo de una rosa” es símbolo de uno de los mayores sometimientos de la historia, es decir, el sistema de desigualdad y discriminación de las mujeres basado en una falsa debilidad consustancial a su sexo. Se promete protegerlas dejándolas ahí, en su lugar, en su casa, adonde pueden realizarse exclusivamente como esposas y madres. La incorporación al trabajo asalariado o por cuenta propia de las mujeres no ha cambiado esencialmente la desigualdad y la discriminación porque ha surgido la doble jornada, la de afuera y la de adentro del hogar. Y, encima, las mujeres suelen sufrir otra discriminación, la laboral, la cual está terminantemente prohibida por la Constitución del país, pero se encuentra tolerada por las autoridades.

El precandidato José Antonio Meade podría asesorarse, pero no se observan en las filas de su comité de campaña personas que pudieran brindarle conocimiento sobre el tema de género y la realidad en que viven las mujeres. Mientras, él seguirá de aquí para allá pregonando que nadie las toque “ni con el pétalo de una rosa”, pero con esta vieja frase, ahora “principio” de Meade, nada cambiará porque se elaboró por los machistas para que nada fuera modificado… jamás.

Conspiración contra los derechos humanos y la Constitución

 

Es el Estado, incluyendo sus aparatos armados, quien debe garantizar a las personas el ejercicio de sus derechos. Con el proyecto de Ley de Seguridad Interior, las cosas se plantean al revés: se quieren otorgar “garantías” a los jefes del Ejército y la Armada, entendidas ésas como un medio para sustraer sus propias actividades del sistema jurídico general del país y crear de tal forma una burbuja normativa.

Dice el artículo 18 del proyecto: “En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública”. Esto quiere decir que las funciones de policía que desempeñen los militares sólo serán tales en la realidad, pero nunca según la ley. Todas las disposiciones vinculadas con la seguridad pública, incluyendo las relacionadas con detenidos y el uso de la fuerza, quedarían sin aplicación para los militares.

Para una mayor claridad, en el artículo 10 se dice que “la materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo”, en la cual se encuentran reglas de la función pública y derechos de las personas, empezando por el de petición.

El artículo 30 permite a los militares llevar a cabo funciones de inteligencia de carácter civil. Además, señala que, “al realizar” tales tareas, las fuerzas federales (policía) y las fuerzas armadas “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”, lo cual permitiría, por ejemplo, solicitar directamente, sin el Ministerio Público, la intervención de comunicaciones o llevar a cabo interrogatorios. La cuestión se redondea cuando el artículo 32 señala que “en materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos (!) deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley”. Esas otras “autoridades” son los comandantes (así llamados) de las operaciones de seguridad interior, militares nombrados por el presidente de la República a quien deben rendir sus informes, de acuerdo con el proyecto de ley. Con esto, tales jefes podrían ordenar, por ejemplo, que se les entregue información de seguridad nacional (CISEN), fiscal, bancaria, ministerial, electoral (listados de electores e identificación de los mismos) y cualesquiera otras que requieran para sus “tareas de inteligencia”. Lo anterior se aplica también a las entidades federativas, bajo las figuras llamadas “deberes de colaboración”.

En cambio, el proyecto de ley declara que la información sobre “seguridad interior” queda protegida como si fuera de Seguridad Nacional, con lo cual, la deja durante años fuera del sistema de transparencia.

Así, los comandantes, bajo el esquema de seguridad interior, serán las personas más poderosas del país.

El proyecto habla de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior (siempre prorrogable y que puede ser innecesaria en situaciones “de grave peligro”), emitida por el presidente de la República, por sí o a petición de las entidades federativas. Además, se señala en el artículo 6 que “las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas… implementarán sin necesidad de Declaratoria… políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente… los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos…”. Con esto, la nueva ley estaría en aplicación de manera permanente, en el colmo de la flexibilidad normativa, es decir, bajo la discrecionalidad total.

“La seguridad interior –dice el proyecto– es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional…”. Es decir, el concepto no sólo abarca al Estado sino a todo lo relacionado con el país: su “desarrollo”. Esa sería una ley sin límites.

El Ministerio Público, institución constitucional encargada de hacer las investigaciones y perseguir a los delincuentes, no aparece en la pretendida Ley de Seguridad Interior más que en un precepto (art. 27), como instancia a quien los militares le informan cuando haya delitos y, a través de la policía, le entregan a los detenidos, pero sin definir en qué momento.

Lo que se quiere es que esta ley sea la “carta de garantías” exigida por los generales y almirantes, quizá no todos, pero al menos el alto mando.

Se trata de una legalización de funciones que no corresponden a las fuerzas armadas, pero con la cual se quiere empeorarlo todo mediante una enorme centralización de poder.

Este proyecto no ha ido acompañado de una autocrítica sobre la política de seguridad pública aplicada a través de los cuerpos de policía y de las fuerzas armadas, la cual ha fracasado. Ahora es mayor la delincuencia organizada y la violencia.

En lugar de aprobar una ley dentro del mismo desastroso esquema, hay que llevar al Estado nacional, todo éste, a un examen riguroso y honrado de la crisis de seguridad.

Mas, por lo pronto, el punto de partida de cualquier cambio sería que no se extienda esa pretendida “carta de garantías”.

Por otro lado, el proyecto de Ley de Seguridad Interior pretende hacer un fraude a la Constitución porque, siendo que el Congreso tiene facultad para legislar en materia de Seguridad Nacional (art.73. XXIX-M), carece de facultad para “… regular la función del Estado (Federación, entidades federativas y municipios) para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia”, como lo pretende el proyecto de marras en su artículo 1. Por tanto, el contenido general de la pretendida ley es inconstitucional debido a la ausencia de facultades del Congreso en esa materia, la cual, por lo demás, ni siquiera existe como tal. Lo anterior, no obstante que en ese mismo artículo 1 se diga que “las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional”, lo que evidentemente no es verdad, pues se trata de seguridad pública.

El proyecto se contradice también con los artículos 21 y 129 de la Constitución; el primero de ellos, sobre la seguridad pública como algo de carácter civil y, el segundo, sobre las autoridades militares, las cuales no pueden tener más funciones que las exactamente militares.

Es tarea urgente derrotar esa conspiración contra los derechos humanos y el orden constitucional.