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Nuevas tareas

El inicio de la Cuarta Transformación debe verse como un proceso hacia la construcción de un nuevo Estado y la reforma de la sociedad. Los cambios que se están realizando no se han analizado como puertos de llegada sino como parte de una travesía. Por esto, en lugar de un simple continuismo defensivo, como algunos lo intentan, es preciso plantear la continuidad del proceso transformador.

En ese contexto, la guía de las consolidaciones y los nuevos cambios se nutre de los objetivos trazados alrededor de la construcción de un Estado democrático y social.

En los últimos cuatro años, se ha alcanzado el mayor nivel de ejercicio de las libertades. Se combate por vez primera el Estado corrupto que ha padecido México durante siete décadas. Al tiempo, el gasto público ha conocido su mayor porcentaje de componente directamente social como instrumento de redistribución del ingreso. El salario mínimo y el medio contractual están cerca de recuperar varias décadas de deterioro. Se han aplicado las políticas de autosuficiencia energética y alimentaria. Se ha lanzado un proyecto viable de atención médica universal. Se ha proclamado la conversión de México en un país de becarios en la educación pública. Se prohibió la condonación de impuestos y se persigue la evasión. Se ha rechazado lo fundamental del programa neoliberal y se ha fijado el objetivo del Estado social.

La estabilidad económica no es en sí misma un objetivo de la 4T sino un instrumento para llevar a cabo reformas. Por lo regular, los cambios que se plantean desde un movimiento electoral requieren un cierto grado de acomodo dentro del sistema social prevaleciente, pero, al mismo tiempo, no se pueden consolidar si no se profundizan hacia reformas en la distribución del ingreso y en la pauta de la acumulación de capital. Este es el primer renglón del nuevo listado.

La línea del gobierno ha sido la de no aumentar las tasas impositivas ni crear nuevos gravámenes. Esta orientación ha dado ciertos resultados en cuanto a que, a pesar de la recesión decretada por los gobiernos de todo el mundo con motivo de la pandemia de covid y de la inflación posterior, las inversiones, el empleo, los salarios y el consumo se han ido recuperando. Sin embargo, dentro de poco, esta situación mostrará sus límites si no crecen sensiblemente los ingresos fiscales.

Aumentar tasas impositivas carecería de utilidad cuando estas no son altas en los países con los que México mantiene más de 80% de sus relaciones económicas. Por ello, el tema importante es la eficiencia de la fiscalidad, mas no se trata sólo de cobrar los impuestos y derechos sino de hacerlo sin privilegios legales y sin normas tramposas en favor de los grandes capitales. Los ingresos medios están pagando en México una tasa efectiva mucho mayor que los grandes, a tal grado que ese paradigma estadunidense es aún más pronunciado en la economía mexicana.

Una revisión profunda de los gastos fiscales, es decir, de lo que no se cobra debiéndose hacer según el sistema ya establecido, es una tarea que podría conducir al aumento de los ingresos públicos con cierta rapidez y efectividad para expandir el gasto en bienestar social y obras públicas.

Aunque el incremento en la masa de capital productivo depende de la ampliación del campo de las inversiones, el Estado está volviendo a ser impulsor y ordenador directo de la economía. Este vuelco se debe al fracaso del neoliberalismo en sus propios términos. La inversión pública y la gestión estatal tienden a crecer en casi todo el mundo y así seguirá previsiblemente. Por su lado, el gobierno mexicano está realizando grandes proyectos autofinanciados de infraestructura. Sin embargo, ese plan ha sido insuficiente para impulsar desde el Estado la inversión productiva que requiere la economía nacional. Se necesita un gran programa de infraestructuras que operen bajo el sistema de generar los ingresos para el pago completo del servicio de las deudas. Hay que crear, por tanto, un gran fondo de inversiones en infraestructura como instrumento directo de gobierno.

Formular una política industrial ya es indispensable. Mas no se trata del camino de los subsidios al productor, sino de la integración de las cadenas, es decir, crear sistemas, lo cual es preciso hacerlo desde el gobierno. La promoción del crédito barato, más aún en tiempos de altas tasas de interés, es también una función pública, tanto porque el gobierno puede conseguir réditos más favorables como porque puede asumir algunos riesgos a fin de otorgar garantías sobre créditos a empresas pequeñas.

La política industrial no sólo tiende a promover inversiones sino a conducir procesos complejos que redundan en la regulación de mercados, incluyendo el comercio exterior, así como en la elevación de la productividad del trabajo y la innovación.

La planeación se va a tener que establecer, pero no sólo del gasto público sino también en la regulación de los procesos económicos, el uso del territorio, el desarrollo de los asentamientos, la política medioambiental, las grandes tareas de la producción agropecuaria y especialmente alimentaria, la industrialización y la economía internacional. El gobierno carece todavía de una oficina de planeación económica y social propiamente dicha, la cual tendría que hacerse cargo de la formulación de los planes y del plan general. El neoliberalismo está presente aún entre nosotros, pero ya no es el tiempo de su impetuoso predominio.

La política salarial del gobierno actual ha demostrado, entre otras cosas, que es una falacia asignar al salario mínimo un impacto determinante en el ritmo de crecimiento de los precios. Además, la política del gobierno ha impactado en la determinación de los aumentos anuales de los salarios contractuales de muchas empresas. También se ha mostrado la fuerza que posee la recuperación salarial como estímulo de la producción interna. Sería oportuno que desde el gobierno se estimularan a las organizaciones sindicales para establecer un sistema nacional de negociación salarial con la patronal, con el propósito de que las y los trabajadores puedan ejercer de manera unida su fuerza en la determinación de los salarios contractuales e incorporar en este proceso a las y los obreros agrícolas.

Durante las últimas seis décadas, en México se generaron estructuras monopólicas privadas. En los años del neoliberalismo (1982-2018) la empresa pública fue cediendo ante los grandes grupos, fortalecidos estos por el proceso de privatizaciones. Los esquemas monopólicos mexicanos tienen al Estado como su gran promotor. A esto se debe que las leyes antimonopólicas sean débiles y sus mecanismos de aplicación tengan un diseño en favor de la concentración y centralización del capital y la producción, excepto cuando se trata de perjudicar a las empresas públicas y al gobierno. Como el monopolismo es muy fuerte se requieren nuevas leyes e instrumentos orgánicos para combatirlo, pues se ha convertido en un valladar del desarrollo económico y de la redistribución del ingreso.

La ampliación y el fortalecimiento del mercado interno sigue siendo la gran prioridad mexicana, aun cuando la globalización está mostrando ajustes que podrían beneficiar la producción local de manufacturas para la exportación. El desarrollo del mercado doméstico es una base primordial para realizar procesos de redistribución del ingreso, aumentar el empleo formal y elevar la capacidad productiva del trabajo social.

En alguna medida, la corrupción suele estar presente en todos los países. Sin embargo, ese no ha sido el problema concreto de México, donde se conformó un Estado corrupto, el cual es un fenómeno peculiar y endémico. Es preciso arrancar el análisis desde los años 50 del siglo XX, cuando se creó un ramo presupuestal para el gasto discrecional del presidente de la República, con el cual la distribución directa de fondos públicos se amalgamó con los mecanismos existentes del peculado y el soborno, creando un solo sistema de carácter político. El Estado corrupto es la unificación de los diversos métodos de la corrupción pública en un solo engranaje hasta convertirse en uno de los sostenes estructurales de la gobernanza del país entero. La corrupción pudo llegar a todas partes y ámbitos bajo esquemas de ensanchamiento permanente, incorporación de más y más personas a sus prácticas y crecimiento continuo de la masa de riqueza ilegalmente apropiada. Ahora, por vez primera, ha llegado un gobierno que busca la destrucción del Estado corrupto. Esta tarea ya ha empezado, pero se requieren mayores revisiones del marco jurídico, la creación de nuevos instrumentos institucionales, el desplazamiento de grupos de servidores públicos que se formaron en la corrupción, la fiscalización organizada de las relaciones entre entidades públicas y privadas, así como la elevación de la conciencia popular sobre los daños materiales y morales de la corrupción. Se trata de una gran causa nacional y así debe tratarse.

Las libertades se han garantizado como nunca, al tiempo, el gobierno ya no repitió la vieja práctica de comprar votos, pero el país sigue demasiado anclado en la democracia formal. El establecimiento de la consulta popular en la Constitución, logrado antes del cambio político de 2018, no ha tenido los resultados esperados porque, en una ocasión, la Suprema Corte negó ese derecho en materia de las reformas de las industrias de energía y, después, ya bajo el nuevo gobierno, las oposiciones impusieron la separación de la consulta del día de las elecciones, lo cual dificulta la obtención del quórum requerido para que su resultado sea obligatorio. El país requiere cada vez con mayor urgencia un sistema completo de consultas populares, incluyendo la revocación de mandatos, como medio privilegiado de encarar las divergencias políticas que se presentan en el seno de la sociedad. No se trata de un instrumento del poder sino de un derecho de la ciudadanía para tomar parte de las grandes decisiones nacionales y de carácter local. La democracia participativa debe abrirse paso y vencer los obstáculos que le han impuesto las fuerzas antidemocráticas del país.

La libertad de organización sindical es una de las que requieren señaladamente una continuidad del esfuerzo ya iniciado recientemente. México acusa un retraso en esta materia, de tal forma que la mayoría de los asalariados no se encuentra organizada en sindicatos y muchos de estos son de fachada o manejados por burocracias parasitarias.

Otras libertades están por consolidarse o apenas alcanzarse, entre ellas las relacionadas con el gran tema de género, la regulación de las drogas, la interrupción voluntaria del embarazo, los servicios sexuales, la expresión de las convicciones políticas de los sacerdotes en todo lugar y momento, la difusión por cualquier medio de ideas y opiniones sin importar el empleo en el servicio público, entre algunas más sobre las que se requieren definiciones exactas o supresión de restricciones a las que han sido sometidas.

El sistema político de la Constitución requiere nuevos arreglos en tanto que el país ha cambiado. El actual sistema de partidos corresponde a otro momento, se requiere superar ya el monopolio electoral de pequeñas burocracias que han conducido a la ruina de sus propias organizaciones políticas, las cuales subsisten con crecientes dificultades, gracias a que operan dentro del marco del viejo Estado corrupto. Es preciso abrir el camino hacia la adopción de la reforma constitucional propuesta por el actual presidente de la República en materia de sistema de partidos, representación popular e integración de los órganos electorales.

La reforma judicial recién emprendida fue apenas una tímida respuesta a la corrupción de los tribunales mexicanos. El país requiere todo un plan para remover las estructuras creadas dentro del Estado corrupto, dotando a la judicatura de cualidades apegadas al deber justiciero, la defensa de los intereses sociales, populares y nacionales y el respeto de los derechos en el marco de la independencia de toda clase de otros poderes políticos y fácticos.

El fenómeno de la delincuencia organizada ligada al narcotráfico como actividad matriz se convirtió en México en uno de los más grandes problemas. Esto se debe a que apenas recién el gobierno se ha propuesto atender las causas económicas y el resentimiento social ligado a la falta de perspectivas de vida de muchos jóvenes. Pero también se debe a que, de todas maneras, se ha mantenido el postulado de la prohibición de las drogas, el cual ha fracasado en todo el mundo. Es urgente aprobar la nueva legislación sobre la cannabis, que ya está en trámite en el Congreso, y poder pasar a discutir los posibles mecanismos para la regulación legal de las demás drogas. Aun así, la delincuencia organizada seguiría existiendo, pero su poder económico sería mucho menor, de tal suerte que podría combatirse a través de métodos de investigación y, ante todo, de solidaridad y participación social que sólo ocasionalmente se han utilizado.

El desarrollo de actual proceso de la 4T requiere profundizar su sustento popular, pero, a partir de ahora, con mecanismos más incluyentes. Los viejos métodos organizativos de los partidos más o menos burocratizados han quedado atrás, hoy se requieren mecanismos participativos que permitan intervenir a la ciudadanía en procesos de poder mediante la toma de decisiones. La consulta es una forma, pero se requiere también la deliberación en la que el pueblo hable y decida. La gestión de los instrumentos de la 4T debe girar en torno a estas nuevas formas e irlas recreando a través de la experiencia. Los partidos han ido cambiando en casi todo el mundo. Tienden a ser lo que quizá fueron en un principio: movimientos. El problema que se debe resolver es el derivado de los métodos de adhesión, pertenencia, solidaridad y decisión. Un partido es, esencialmente, un programa político. El asunto suele consistir en quiénes formulan y quiénes aplican ese programa. Abrir a la opinión popular cada propuesta, tanto la que viene desde abajo como la que se elabora en las instancias de gobierno, es una de las claves. Mas, al mismo tiempo, se requieren los mecanismos para el seguimiento de los planteamientos programáticos, desde los nacionales hasta los más locales. En esto deben usarse los métodos de asambleas y consultas. Morena es ya un partido de gobierno y, por tanto, tiene que actuar con la organicidad, la temática y la responsabilidad que brinda el ejercicio del poder político. La voz del partido debe ser la del movimiento que en éste se expresa, lo cual implica el rompimiento de las capillas políticas tradicionales que han colmado la disputa y el ejercicio del poder. Todo esto requiere un ajuste de normas y, sobre todo, de prácticas. En la nueva etapa que se avecina luego de las próximas elecciones, Morena va a necesitar una gran convención nacional, luego de convenciones estatales, para llegar a un gran acuerdo sobre el movimiento que el pueblo trabajador va a requerir en la nueva etapa del país.

El gran cambio electoral iniciado en 2018 puso crudamente de manifiesto el estado que guarda el periodismo en México. El divorcio entre la prensa y el método tradicional de sostenimiento de ésta, caracterizado por la subvención gubernamental, desveló la afiliación política orgánica de los medios de comunicación, en su gran mayoría, a lo que hoy se conoce como PRIAN, es decir, la aproximación continua e ininterrumpida de los dos mayores partidos conservadores del país en un sistema cerrado de alternancias. El arraigo de la prensa al Estado corrupto se manifiesta también en la conducta opositora de la gran mayoría de los medios formales. Mas, por el otro lado, el respeto del gobierno a los críticos, incluyendo a los que usan la calumnia y los métodos de desinformación, le ha dado a la prensa mexicana en su conjunto una libertad de la que jamás gozó. La respuesta de la 4T ha sido las réplicas y, sobre todo, las comparecencias cotidianas del jefe del gobierno. Sin embargo, se resiente cada vez más la ausencia de una prensa profesional, independiente y ligada a sus lectores, aquella que pudiera decir lo que sucede y comentar analíticamente el estado del país. Un periodismo así es hoy casi marginal. Por ello, se requiere con urgencia generar iniciativas de financiamiento y organización de medios de comunicación nuevos que le otorguen a México una plataforma de prensa democrática comprometida con el pueblo.

Como se entiende, la prosecución del cambio mexicano depende a muy corto plazo del resultado de las elecciones de junio de 2024. La nueva conquista del gobierno federal y de la mayoría en el Congreso, así como de varias gubernaturas que se elegirán, ha de ser la ocasión de dar un nuevo impulso a ese cambio. Sin embargo, la tarea se aprecia complicada. El país se encuentra dividido políticamente en dos grandes bloques. El sector político conservador se haya ahora en algunos aprietos, pero las grandes masas de población que representa y la gran mayoría de la clase dominante, amén de casi todos los medios de comunicación y de franjas significativas del clero católico, no parecen estar mudando de actitud. La amalgama de fuerzas políticas del bloque opositor, al margen de su candidatura final, puede llegar cohesionada a la elección porque la une la 4T, es decir, la posible permanencia de este movimiento en el poder, su programa de transformaciones y el combate de los privilegios del pasado reciente. Los políticos pueden seguir desgranándose de sus respectivos partidos en crisis, pero la enorme corriente de oposición, el conservadurismo social más amplio, no se va a disolver. Por este motivo, las fuerzas de la 4T y sus líderes deben precisar con mucha claridad el planteamiento programático y las tareas políticas del momento. En especial, Morena debe dejar atrás el triunfalismo, tanto porque no es congruente con la realidad compleja y difícil que vive el país, como porque es una arrogancia incompatible con sus tareas democráticas. La ciudadanía votará y decidirá; esto no les corresponde a los voceros políticos, ni siquiera a las y los candidatos, quienes deben pedir el voto popular y convocar a la lucha, no presumir que ya poseen la mayoría. Esa debería ser la pauta de comportamiento de un movimiento popular respetuoso del pueblo mismo, del pluralismo realmente existente en el país y del valor supremo del mandato ciudadano.

04.07.2023

Objeción de conciencia

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El Estado laico no toma parte en el tema religioso. Carece de teología y canon sacerdotal. No objeta creencia alguna. Se ubica por encima porque abarca a todas las religiones y a otras convicciones. Así es como se puede abrir lugar a la ciencia y a la libertad.

Eso no quiere decir que el Estado laico ignore la religiosidad de las personas como algo social. Al contrario, la respeta y la hace valer.

La legalización del aborto, iniciada en México desde 1871, es una conquista del Estado laico en tanto que reivindica la libertad y, en concreto, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. La creencia religiosa no es, en este terreno, ley del Estado, como tampoco lo es el machismo secular que somete a las mujeres a una condición de madres obligadas y cuidadoras designadas únicas de los integrantes de la familia.

Ahora bien, en el ejercicio profesional existen personas que tienen marcadas convicciones religiosas que deben ser respetadas por el Estado. Al ser ejercidos los derechos de interrupción del embarazo y de voluntad anticipada se involucran profesionales de la salud que están obligados a respetar la decisión de sus pacientes, pero que, a la vez, también tienen sus propios derechos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud (año 2018) que dice: “El Personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán (sic) ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta Ley.

“Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.

“El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.”

Por otra parte, la Ley de Salud de la Ciudad de México dice:

“Artículo 82. El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y, por tal razón, excusarse de realizarla, teniendo la obligación de referir de inmediato y por escrito a la mujer con un médico no objetor.

“Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer no podrá invocarse la objeción de conciencia.

“Es obligación de las instituciones públicas de salud del Gobierno garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en la materia.”

“Artículo 153. El personal de salud a cargo de cumplimentar lo dispuesto en el documento que emita el área responsable en materia de voluntad anticipada de la Secretaría y lo prescrito en la presente Ley, cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tales disposiciones, podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en su aplicación.

“Será obligación de la Secretaría garantizar y vigilar en las instituciones de salud la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor, a fin de garantizar el otorgamiento de los Cuidados Paliativos como parte del cumplimiento de la voluntad anticipada del enfermo en etapa terminal.”

Lo que destaca como diferencia entre el precepto federal y el local de la Ciudad de México es que, en el segundo, la institución de salud tiene el deber de proporcionar el servicio que se le requiera en todo tiempo y circunstancia. Además, el médico objetor tiene la obligación de conducir directamente al paciente a otro médico que no tenga objeción y, por tanto, que pueda dar el servicio.

Así, en la Ciudad de México, tanto la institución de salud como el médico en lo personal están obligados a proveer o promover la atención médica. En el caso del profesional de la salud que se haya declarado objetor, dicha antención se realiza por parte de otro facultativo a instancias del primero.

El asunto técnico está salvado en la norma de la Ciudad de México, la cual debería ser tomada en cuenta por parte del Congreso de la Unión para afrontar este problema, luego de que la Suprema Corte lo ha incitado a volver a hacerlo.

Sin embargo, parece estar en el fondo la validez de la objeción de conciencia en general.

En asuntos como la interrupción voluntaria del embarazo y la voluntad anticipada, existen conceptos religiosos regularmente adversos a esas dos prácticas, los cuales deben ser respetados por el Estado laico aunque no sean norma obligatoria general.

La laicidad del Estado adquiere legitimidad por muchos motivos, mas uno de ellos es que no se contrapone a las concepciones religiosas de las personas. El laicismo no es ofensivo, opresivo ni represivo. No hay que confundirlo con el ateismo oficial ni con la teocracia abierta o encubierta. Por tanto, las y los médicos tienen derecho a que sus convicciones religiosas, cuales fueran, sean respetadas en el ejercicio de su profesión. Ellos y ellas deben atender a todo paciente y, al existir alguna genuina objeción de conciencia, deben garantizar que tal paciente sea conducido a otra u otro médico que no tenga objeción alguna.

Se ha puesto en cuestión que el Estado pueda admitir la objeción de conciencia por motivos religiosos, sin embargo, no existe fundamentación válida alguna al respecto. La religión no podría ser el único motivo de alguna objeción, aunque fuera la más frecuente, por lo que el hecho de que el Estado reconozca creencias religiosas que puedan ser incompatibles con ciertas labores profesionales de carácter médico no debería perturbar a nadie. Se trata de algo natural, siempre que sea genuino, es decir que no sea algo fingido con el fin de evitar el cumplimiento del deber o bloquear el Estado de leyes.

En España se ha usado la objeción de conciencia como una especie de movimiento político en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. En México no hemos tenido ese problema. Así que no hagamos de algo sencillo un asunto de muy especial tratamiento.

Cuando se legalizó el aborto antes de las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México, se planteó correctamente el tema de la objeción de conciencia debido a que el Estado laico es el verdadero instrumento del respeto a las convicciones religiosas. Así fue como se reformó la ley local de salud aquí transcita. En ese mismo sentido debe perfeccionarse el respectivo precepto de la ley federal.

En esa tesitura, el problema no consiste en la objeción de conciencia, sino en cómo llevar al resto de los códigos locales y al código federal el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, siguiendo la pauta abierta por la Ciudad de México en abril del año de 2007, hace más de 14 años, que ha funcionado muy bien en favor de miles de mujeres y ha salvando muchas vidas.

Aborto: derechos y libertades de las mujeres

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La primera despenalización parcial del aborto se produjo en México dentro del Código Penal de 1871: “llámase aborto, en derecho penal, a la extracción del producto de la concepción, y a su expulsión provocada por cualquier medio, sea cual fuere la época de la preñez; siempre que esto se haga sin necesidad” (Art. 569).

Véase lo que dice ahora el Código Penal de la Ciudad de México: “Artículo 144. Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.

Lo común entre esos dos preceptos, con una diferencia de 150 años, es que el aborto no es siempre un delito. Para serlo, en el primer precepto, se debe realizar sin que sea necesario y, en el segundo, cuando el embarazo tenga más de 12 semanas. En el siglo XIX, la necesidad se determinaba cuando, de no efectuarse, la mujer embarazada corriera peligro de muerte, “a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora”. En el siglo XXI, no se piden condiciones personales ni otras circunstancias, sino que basta la libre voluntad de la mujer. Además, ahora, en la CdMx el aborto se permite en cualquier tiempo en casos de “violación, inseminación artificial ilegal, peligro grave para la salud de la mujer y malformaciones genéticas del producto”.

Esto quiere decir que el delito de aborto no es tanto una consecuencia de creencias religiosas y de sucesivas presiones clericales, pues el criterio de su relativa despenalización lleva en México un siglo y medio de debates entre laicos que exponen solamente argumentos humanistas. Han predominado consideraciones políticas y aquellas propiamente de género. El análisis demográfico (necesidad de aumentar la población) llevó a gobiernos liberales de Europa y América a prohibir el aborto. Los argumentos machistas sobre la “mujer” y la “familia” suelen ser más duros que los sermones en las corporaciones religiosas, las cuales, en realidad, se han colgado del poder secular para hacer lo que no pueden por sí mismas, es decir, proscribir la práctica del aborto y declarar delincuente a quien lo realiza.

Es el poder punitivo más conservador el que se ha impuesto para afirmar la condición subordinada de las mujeres y su prioritaria función reproductora y cuidadora, en el marco de la familia patriarcal. Son las relaciones de género las que aparecen en la discusión, aunque se mencionen asuntos biológicos y médicos.

En la Suprema Corte de Justicia se ha hablado de libertad, igualdad, independencia y derechos de las mujeres. Eso no es nuevo ahí. Se hicieron esos mismos planteamientos cuando Felipe Calderón ordenó ilegalmente al entonces procurador Eduardo Medina Mora que concurriera en acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra de la libertad de las mujeres, pidiendo que se mantuviera la penalización del aborto en el código capitalino. Lo hizo también José Luis Soberanes, cuyo cargo era, ni más ni menos, el de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero a pesar de tanto poder conjuntado, esos reaccionarios y sus camaradas sufrieron un fracaso: sólo dos ministros votaron en favor de la inconstitucionalidad de la interrupción voluntaria del embarazo.

Hoy, 12 años después, nadie en el Tribunal Pleno ha votado en favor de la prohibición total del aborto. La despenalización, como está en el Código de la Ciudad de México, es ya criterio obligatorio para los jueces en todo el país.

La primera iniciativa de despenalización data de 1979 en la Cámara de Diputados, a cargo del Partido Comunista-Coalición de Izquierda, la cual nunca fue discutida ni retirada sino congelada por la mayoría. Ya en el siglo XXI, el proyecto de despenalizar en el código federal la interrupción del embarazo antes de 12 semanas de gestación había sido presentado en el Senado (Pablo Gómez, iniciativa sobre aborto del 20 de marzo de 2007). Unos días más tarde, el 24 de abril del mismo año, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó la reforma del código local.

El grupo mayoritario de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal no había presentado ninguna iniciativa y aprovechó la existencia de dos proyectos sobre el tema. El dictamen de la Comisión de Procuración de Justicia, presidida por Daniel Ordóñez, unida a las de salud y de equidad de género, modificó los textos inicialmente propuestos con el propósito de adoptar el enfoque de la iniciativa presentada en el Senado, aunque sin proclamarlo. El PAN se opuso y fue arrollado en la votación, pero también en la discusión. El Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, promulgó de inmediato el decreto, el cual sigue vigente como modelo jurídico del derecho de las mujeres a decidir por sí mismas sobre su cuerpo y su maternidad, e incluye la atención médica gratuita. Sin embargo, sólo tres estados lo han replicado, aunque en varios otros países ha logrado alguna incidencia. El nuevo tipo penal considera que sólo existe el delito de aborto cuando el embarazo tiene ya más de doce semanas; antes de este plazo, no existe tal delito.

El cambio fue muy grande porque ya no es un perdón por haber abortado bajo ciertas condiciones legales (peligro de muerte, salud, pobreza, violación, etc.), el cual dejaba a la mujer en condición de delincuente con permiso, tal como se había hecho antes en México y otros muchos países, sino que el delito no existe cuando la expulsión se realiza antes de que el embrión se convierta en feto, para decirlo en términos clínicos.

La reciente decisión adoptada por la Suprema Corte sobre el aborto resalta los titubeos en el Congreso de la Unión, así como los ruidosos rechazos en varias legislaturas locales. El tema atraviesa a los partidos, dentro de los cuales hay discrepancias. ¿Para qué se querrá enviar mujeres a prisión cuando interrumpen su embarazo? Nadie quiere contestar esa pregunta.

Por lo pronto, con la resolución de la Corte, no podrán emitirse sentencias condenatorias contra mujeres por haber abortado dentro de las 12 semanas o en cualquier momento cuando hayan sido violadas. Habría también que tramitar la inmediata libertad de quienes se encuentran en reclusión.

Es imperioso que más congresos locales avancen sobre este camino. Mas, de inmediato, al no poder aplicarse el delito de aborto cuando éste se hubiera cometido antes de 12 semanas de embarazo, las instituciones federales de salud y los servicios locales deben expedir protocolos para garantizar ese derecho a cualquier mujer. De lo contrario, se estaría abriendo la puerta para que las clínicas privadas tuvieran virtualmente un monopolio, ahora ya legal, y operaran como factores directos de una discriminación basada en el nivel de ingresos de las mujeres.

Así como sucedió en el año 2000, cuando en la Suprema Corte no se completaron los ocho votos para rechazar el llamado aborto eugenésico introducido en el Código Penal de la Ciudad de México, y en 2009 cuando se confirmó por mayoría de votos la gran reforma despenalizadora en esa misma entidad (“no debe existir maternidad forzada”, se dijo), hoy se utiliza otra acción de inconstitucionalidad para declarar la invalidez de la norma punitiva de Coahuila, que deberá aplicarse por todos los jueces federales y locales.

La Suprema Corte de Justicia ha dado otro golpe al vetusto sistema patriarcal, pero la lucha tiene que seguir porque hay mucho más que hacer en este capítulo de la vida social.

Votar en la consulta popular es obligatorio y necesario

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Según el artículo 36.III de la Constitución, además de votar en las elecciones, es obligación ciudadana participar en los procesos de consulta y de revocación de mandato.

El artículo 38.I de la Constitución señala que “la falta de cumplimiento” de esas obligaciones es causal de “suspensión de derechos ciudadanos. Siempre se ha dicho por equivocación que no hay sanción por no ir a votar sin causa justificada. En realidad, lo que no ha habido es la decisión de castigar, de seguro por lo imposible que resulta abarcar a la mitad de la ciudadanía. Pero, lo de fondo consiste en que votar sí es una obligación ciudadana, incluyendo hacerlo en la consulta popular.

Mas la relevancia de la consulta convocada por el Congreso, que se realizará el 1º de agosto del presente año, no estriba en su carácter formalmente obligatorio.

Se trata de la convocatoria a otorgar un mandato popular para romper con una de las peores tradiciones políticas: la impunidad administrativa y penal del presidente y su círculo.

Un periodista me preguntó hace días que si la Fiscalía General de la República (FGR) requería una consulta para investigar y perseguir. Le respondí que no, que es la ciudadanía la que necesita presionar al fiscal, a jueces e, incluso, al gobierno (como posible denunciante) para que se enderecen las chuecuras del pasado con las que los políticos gozaron de impunidad. Se trata, en síntesis, de hacer vinculante (de obligado acatamiento) la exigencia de aplicación de las leyes y eliminación de abusos de poder.

En México, este pronunciamiento popular tendría una trascendencia extraordinaria debido a que se ha padecido un Estado corrupto desde los años cincuenta del siglo XX, el cual siempre fue denunciado pero, en lugar de declinar, se fue profundizando. La corrupción se incorporó a la forma de gobernar, primero, y, después, a todo el funcionamiento del Estado.

También fueron represivos los sucesivos gobiernos durante 60 años. Sus jefes ordenaron en varias ocasiones disparar contra personas que ejercían pacíficamente sus derechos. No sólo hicieron matanzas en actos públicos, sino también torturas, ejecuciones y desapariciones contra personas en forma individual: demandantes, opositores y críticos.

La consulta popular sobre los expresidentes y sus entornos cercanos no es ociosa ni demagógica. Es parte de una larga lucha en la que se ha pugnado en favor de que se declare que esa época va de salida y el Estado, como un todo, va a tener que asumir el encargo popular de ajustar cuentas.

No se busca ver en la cárcel a funcionarios de antes o de ahora, aunque tampoco se repudia la prisión como castigo. Lo importante es que se abran procedimientos que pongan las cosas en claro, que muestren, más allá de rumores y conjeturas, hechos ilícitos trascendentes efectivamente ocurridos dentro del poder.

La consulta del 1º de agosto es un acto político en el pleno sentido del término, es decir, la expresión de la “polis”, el pueblo, ante al poder. Los encargados del Ejecutivo y los legisladores nunca se habían preocupado por preguntar algo a la gente, a la “polis”, sino por interpretarla a su manera para gobernar y dictar leyes. Tiene que haber un momento en el que se rompa esa tradición, a propósito de repudiar lo más lacerante, sangriento y humillante que hemos tenido: el Estado corrupto y el Estado represivo. De esto se trata la consulta popular.

Los opositores no concurrirán. No son capaces de confesar que están por el No. Quieren salir “por peteneras”, descalificar el sentido y la validez de la consulta, buscando que no alcance el quórum suficiente que es del 40% del listado de electores, unos 37 millones, cantidad mucho mayor que la obtenida por López Obrador en 2018.

No será fácil llegar a esa cantidad de votantes. De cualquier forma, con el voto ausente de todas las oposiciones, unidas ahora casi por entero en el PRIAN, más el abstencionismo político, llamado estructural y persistente, el posible resultado de la consulta es todo un enigma, más aún cuando mucha gente desconoce su realización.

De entre quienes concurran, de seguro que una apabullante mayoría dirá Sí. Con una participación, aun menor al 40% de la lista de electores, habrá un dictado popular: abajo el Estado corrupto; abajo el Estado represivo. Esta es una gran lucha, protagonizada por sucesivas generaciones. Seguiremos.

“Democracia en peligro”

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La democracia mexicana es meramente concursal. Los partidos compiten entre sí por los votos cada tres años y al electorado no le vuelven a decir ni los buenos días hasta que se convoca a nuevas elecciones. En el derredor del torneo electoral no existe democracia. No la hay en escuelas, sindicatos y partidos, como tampoco en las organizaciones sociales, incluyendo las empresariales. Existe un mar de antidemocracias.

El alto grado de politización popular al que ha llegado México no tuvo de crisol la lucha social y menos la educación, sino una sublevación contra esa consistente combinación de Estado corrupto y programa neoliberal. Fue un proceso que duró 30 años.

Medios de comunicación, grupos de intelectuales conservadores y oposiciones unidas han presentado la tesis de que la democracia está en peligro, por lo que, para salvarla, habría que combatir al presidente de la República y a la 4T.

La mayor parte de esos nuevos críticos no han dicho que las libertades estén en peligro. Por más obcecación, no podrían hablar de ese tema porque bajo el actual gobierno tenemos el más amplio espacio que haya existido hasta ahora para el ejercicio de las libertades. Valga un solo ejemplo: al eliminarse el chayote se potenció la libertad de prensa.

No obstante, el Partido Revolucionario Institucional va lejos. Tiene en circulación un espot de televisión donde aparece un gran mazo con el logotipo tricolor del PRI destruyendo por completo un tabique que dice Morena. El locutor convoca a no permitir que este partido siga “colapsándolo todo”. El lenguaje violento suele aparecer como una de las formas de la libertad de difusión de las ideas, el problema es la predecible respuesta de los televidentes. En realidad, el mazo que destruye a Morena con el logotipo tricolor es una manera de presentar al PRI como el más duro dentro de la coalición opositora y disputar de tal forma votos con el PAN, su aliado. Sin embargo, nadie que no sea adversario de Morena hará caso de ese mensaje. Nadie sabrá tampoco cuál es la propuesta legislativa del PRI. La coalición opositora en conjunto no incrementará sus votos, si acaso podría disminuirlos debido al tono tan violento. El PRI ya cayó en la ofuscación.

De cualquier forma, la tesis opositora pretende basarse en la idea de que el Ejecutivo debe ser débil o, al menos, menos fuerte. Se identifica a la democracia con la desavenencia entre el Congreso y el presidente. Sin embargo, el sistema democrático opera justamente al revés: si hay un mandato popular mayoritario, ese debe expresarse en los dos poderes políticos de la República. De lo contrario, habría una disonancia, es decir, el sistema democrático concursal caería en contradicción.

Para esos opositores, la democracia se debería entender como separación política entre el programa del Ejecutivo y el del Legislativo. Pero esa no es la democracia. Si mediante el voto popular, el presidente de la República pierde la mayoría en el Congreso, se produce un mandato y así debe expresarse, pero eso no es un objetivo de la democracia sino de los opositores, a la mitad del periodo sexenal, justamente en la que nos encontramos.

La falsa identificación entre democracia y ausencia de un soporte legislativo del gobierno es una tesis que sólo busca engañar al electorado. En otras palabras, para que subsista la democracia concursal, como la que tenemos en México, no es indispensable que haya un Congreso hostil a la línea del presidente o, como se le llama en Estados Unidos, un “gobierno dividido”.

El punto es que, durante los siguientes años, el programa de la 4T tendría más éxito en tanto contara con mayoría en la Cámara de Diputados. La pregunta es, entonces, ¿la mayoría electoral querrá volver a una situación parecida a la de antes?

Por otro lado, la vieja imagen de los “diputados levanta dedos” que perduró durante los largos años del régimen priista no puede ser actualizada, ya que no existe partido de Estado. La actual identificación programática entre el Ejecutivo y el Legislativo se produjo antes de las elecciones de 2018. Por lo demás, se han expedido más decretos de ley iniciados en las cámaras que aquellos enviados originalmente por López Obrador, sin que éste haya regresado uno solo de aquellos. Este fenómeno no tiene nada que ver con el viejo presidencialismo priista y su caricaturesco intento de reproducción panista.

Salvo un par de excepciones, las negociaciones principales en el Congreso no se han dado entre Morena y las oposiciones, sino dentro de la misma 4T, la cual comprende gobierno y cámaras. Esto ha sido así porque los partidos que ahora ya se han unido para las elecciones (PRI y PAN) se van a fondo en contra de todo proyecto relevante y siempre proponen modificaciones, pero en un sentido absolutamente contrario. Con ese método, no hay lugar para las negociaciones.

No es la incipiente democracia formalista mexicana la que está en peligro. Lo que se decide en las elecciones de junio de este año es el impulso del nuevo programa político y social en curso o la creación de un muro legislativo tendiente a defender y reponer lo viejo. Las cerradas oposiciones políticas, mediáticas e intelectuales han puesto todas las cosas en blanco y negro, aunque en la realidad social cotidiana no sea así. Los grises se han ocultado, al menos por lo pronto. Lo que en realidad se actualiza es la larga lucha de la izquierda contra el neoliberalismo y la corrupción.

Nunca en la historia un presidente de la República ha sido tan insultado por tantos sin la menor represalia contra los soeces. Nunca, tampoco, se han producido tantas noticias falsas contra el gobierno sin que sus emisores hayan tenido que sufrir algún desquite. Lo que tenemos hoy es debate, como nunca. ¿No se ha dicho siempre en todas partes que el debate es un instrumento de la democracia?

Tarjeta roja vs. derecho de ser elegido

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Una licencia de conducir se retira luego de sucesivas infracciones muy graves. Ese documento no es el único medio de ejercer el derecho fundamental de tránsito y movilidad, pero, aún así, su revocación se produce bajo condiciones precisas, especiales y reiteradas. Un registro electoral sí es prácticamente un elemento básico para ejercer el derecho constitucional de ser elegido. Sin embargo, se postula que es posible su cancelación ante una supuesta infracción mínima que pudiera ameritar alguna otra sanción.

La Constitución dice en su artículo 1º que, en la interpretación sobre el ejercicio de los derechos, se debe dar a las personas la protección más amplia, es decir, por encima del punto de vista de autoridad o de otro que provenga del Estado. A esto se le llama principio pro persona.

Con las cancelaciones de varias candidaturas locales decididas por el Instituto Nacional Electoral con motivo de supuestas infracciones de precampaña, se ha puesto en el primer plano del debate el tema del derecho de ser elegido. No se trata de cualquier cosa en un país donde existe una historia de restricciones. Basta recordar el alto nivel de control oficial del registro de nuevos partidos y la anulación automática del voto en las casillas cuando se escribía en la boleta el nombre de un aspirante sin registro. El sistema electoral mexicano actual proviene de aquel donde el derecho a ser elegido no existía para la generalidad de los ciudadanos y ciudadanas.

El hecho de que el INE haya decidido actualizar este asunto, nos habla del enfrentamiento político que tiene lugar a partir de algunos organismos autónomos federales contra los poderes Ejecutivo y Legislativo que surgieron de la elección de 2018, pero en especial de una puesta en duda de ese valor fundamental de la República que estriba en los derechos de votar y ser votado, sobre los que se erige la soberanía popular.

Un antecedente relativamente reciente fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el cual tenía como único propósito impedir que fuera registrado como candidato a presidente de la República en la elección de 2006.

Por lo regular –como es el caso–, cancelar un registro ya concedido cuando el candidato posee los requisitos constitucionales para ser elegido, tiene como único propósito su eliminación y nunca busca la sencilla aplicación de la ley. Para violar el derecho en nombre de la regla, se hace a un lado que en la interpretación sobre derechos siempre se debe favorecer a las personas, las cuales, además, en los casos decididos en el INE, ya estaban en el ejercicio de sus derechos. Cuando, al contrario, se favorece es al órgano de autoridad, al Estado, la mesa de los derechos es puesta patas arriba, deja de servir para lo que fue construida. El funcionario que lo hace no debería seguir adelante porque está actuando contra la Constitución.

Es muy grave que la autoridad electoral administrativa no reconozca la supremacía del derecho de los ciudadanos y sostenga la tesis de que es preciso ejercer la prevalencia de las prerrogativas fiscalizadoras de la autoridad. Nunca un deber oficial puede atropellar un derecho y siempre debe ejercerse aquél dejando a salvo éste.

Una mayoría de seis en el Consejo General sostiene que se debe aplicar sencillamente la ley aunque se atropelle el derecho. “Sacar la tarjeta”, ha dicho el presidente del INE, quien afirma ser “el árbitro”, pero participar en un juego de futbol no es un derecho básico. Sí lo es el seguir siendo candidato cuando se reúnen las calidades constitucionales y, más aún, cuando ya se ha producido el registro legal.

Cancelar el registro electoral es considerado una sanción in extremus cuando se trata de un partido político en reincidencia, pero el INE no lo ha visto así cuando ha querido eliminar a unos candidatos de un partido. No obstante, el derecho al voto pasivo, es decir, a recibir el voto popular, sigue teniendo una jerarquía mucho mayor que las reglas del futbol.

Algunos, al parecer, quieren que regresemos a momentos en los cuales no se respetaba el derecho a ser elegido. ¿Qué se pretende? Golpear a la 4T mediante ataques provenientes de personajes circunstanciales de la política nacional, atrincherados en una institución que, por definición, no podría tomar parte en la disputa por el poder.

No es la primera vez que el INE cae en manos de personas claramente parciales y militantes activos de causas políticas. Ya ha ocurrido antes, con el consecuente daño al país. Ha dicho el consejero presidente que el INE no va a caer en provocaciones ni confrontaciones, pero en realidad es esa institución la que, por mayoría de sus integrantes, ha provocado y se ha confrontado. Cancelar el registro de candidatos elegibles es una provocación pocas veces vista, con la cual el INE se confronta inevitablemente con sus propias víctimas, pero también con los defensores del libre ejercicio de los derechos de ciudadanía.

Las leyes y las instituciones están siempre cambiando, caducan y se forman otras. No las hay perpetuas. Mucho más rápido ocurren cambios de integrantes de los órganos del Estado. Ese no es un problema actual, sino el querer volver a un pasado oscuro en el que el derecho a ser votado se administraba cuidadosamente mediante segregaciones y palomeos, excluyendo a “indeseables”.

Tal cosa es lo verdaderamente grave. No hay el menor motivo válido para conducir al país a ese barranco.

Outsourcing en aprietos

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El sistema de subcontratación de fuerza de trabajo, es decir, contratar con otro empresario como si éste fuera dueño de plantillas de personas, es un método que precariza al trabajo en tanto que los salarios, prestaciones y condiciones laborales deben ser menores para que le convenga a las dos empresas, la que recibe y la que proporciona trabajadores. La forma de hacerlo no deja de recordar en algo los tiempos del tráfico de esclavos.

El sistema no es, sin embargo, algo parecido al esclavismo sino un método típicamente capitalista. La economía política enseña que dentro de los diversos métodos de incrementar la masa de plusvalía (ganancia del capitalista) existe una que es mayormente primitiva. Se llama plusvalía absoluta y consiste en reducir el salario o alargar la jornada, o ambas cosas a la vez. Eso es lo que se hace.

El outsourcing es usado también como sistema de movilidad laboral, pues las empresas subcontratan cuando requieren aumentar la producción durante un tiempo sin tener que contratar directamente a nuevos trabajadores. Esto permite una utilización más intensiva del llamado capital constante en la economía política, es decir, la maquinaria, edificios, materias primas, energía, etc., logrando trasladar al valor de la producción total una cantidad superior de valor procedente de esos medios de producción y al mismo tiempo una cantidad mayor de plusvalía derivada de la diferencia de valor que existe entre los salarios (capital variable) y el valor del nuevo producto, pero esto sólo por un tiempo. Esta nueva ganancia está determinada por la oportunidad de producir más justo en el momento requerido por el mercado. Luego, las cosas vuelven a ser como antes y se regresa al nivel habitual de la producción, pero ya se pudo elevar la ganancia total anual.

El outsourcing rebaja también el capital variable (salarios) invertido en la compra de fuerza de trabajo en tanto que suelen dejar de cubrirse cuotas patronales de seguridad social, impuestos, reparto de utilidades y otros gastos que son parte integrante de la remuneración del trabajo.

El sistema de outsourcing se ha desarrollado sobre el enorme desempleo formal que existe en el país desde hace décadas. Legiones de trabajadores eventuales, con salarios menores, sin derechos laborales, sin contrato colectivo ni medio alguno de defensa, son parte de un mundo aparte, diferente de lo que señala el orden jurídico y el derecho del trabajo. Todo, sobre la base de un alto desempleo estructural que provoca una competencia brutal entre los trabajadores.

La economía política también enseña que el desempleo y el subempleo son en realidad una parte de la acumulación de capital en tanto permiten la expansión. Cuando un capitalista (persona o empresa) requiere trabajadores para aumentar su producción (rama de servicios incluida) tiene un mercado siempre abierto. En el outsourcing ocurre el milagro de que esa expansión puede ser sólo por un tiempo determinado y con menores costos salariales.

Es claro que existe el fenómeno, aún más grotesco, de tener bajo el mismo techo a trabajadores contratados por la empresa y a aquellos proveídos por el subcontratista pero en forma permanente. Esta es quizá la parte más extendida del método del outsourcing, el cual abarca la industria, el comercio, los servicios, la banca, el Estado. Está por todas partes.

La amplitud del outsourcing es también producto de la debilidad de los sindicatos, los cuales han entrado en la peor de las crisis desde el momento en que se hundió el Estado corporativo priista y cada central o sindicato nacional se refugió dentro de los muros de su estrecho y lucrativo recinto. De tanto dejar de luchar por los derechos generales de los trabajadores, los sindicatos se convirtieron en corporaciones promocionales de sus integrantes y jugosos negocios de sus líderes.

En realidad, una parte del capital invertido en salarios no va a parar a manos de quienes realmente laboran sino de sus líderes. Al patrono le da igual si el dinero llega al bolsillo de cada obrero o se lo entrega a los líderes, a través de toda clase de convenios o como sencillo embute. Lo que no le es indiferente es que con la compra de los jefes sindicales resuelve algunos problemas y puede lograr, entre otras cosas, que se le permita el outsourcing.

En alguna medida el capitalismo mexicano es más desastroso porque el charrismo sindical y el sindicalismo blanco (son casi lo mismo) se convirtieron en un defecto social con gravísimas consecuencias económicas y en un elemento más del Estado corrupto mexicano.

Otro tema es que siendo el outsourcing una práctica que, según la ley, podría ser regulada por las autoridades del trabajo, no ocurre así ni se podría, ya que no hay inspectores suficientes para ello. La operación gubernamental para defender derechos sociales es muy débil en el país porque así se quiso que fuera durante muchas décadas.

Encima de todo, la subcontratación permite que con mayor facilidad funcione la evasión fiscal en varias de sus modalidades como ya se ha mencionado por parte de las autoridades.

La iniciativa presidencial para prohibir el outsourcing se envió a la Cámara luego de que las negociaciones en el Senado fracasaron porque estaban embarazadas de simulación e hipocresía. Ha sido mucho mejor alojar el diálogo en Palacio Nacional a partir de un proyecto inicial muy preciso.

Como vemos, el outsourcing se ha convertido en un mal agudo en el que se concentran varios de los grandes problemas del México de nuestros días. Hay enfermedades cuya cura requiere una cirugía mayor. Es el caso.

Dilema: partido, movimiento o algo diferente

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En realidad, nadie sabe lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional, aunque ese no es su nombre oficial, sino simplemente Morena. Quizá este no sea el mejor momento para discutir el punto, pero pronto se abrirá el debate.

Los partidos del siglo XX eran organizaciones con muy definidos contornos, tanto programáticos como orgánicos. Casi todos ellos comprendían un compromiso con una causa o con una forma de relacionarse con el Estado. En el siglo de los extremos, como le llamó Eric Hobsbawn, había alineamientos muy definidos e irreconciliables con los demás. Los militantes políticos tenían que ser eso, justamente.

Sin embargo, en tanto la época de los extremos se fue atemperando, en especial con la terminación de la guerra fría y la restauración del capitalismo en el anterior mundo socialista, los partidos se tornaron en algo menos definido, aunque sin perder sus respectivas referencias sociales básicas, es decir, de clase.

En muchos países se han construido movimientos electorales con apariencia de los anteriores partidos porque sus líderes y algo de sus programas suelen provenir de aquellos, pero son otra cosa. La verdad es que vivimos un momento en el que los viejos continentes no alcanzan a retener todos los actuales contenidos.

En Estados Unidos –ensueño paradisiaco realizado de los capitalistas– siempre han existido muchos partidos, pero sólo dos compiten. Demócratas y republicanos han tenido más o menos el mismo programa estratégico, cada uno con sus propios énfasis, por lo que jamás estuvieron en los extremos de la lucha política: sus adherentes han podido pasar de uno a otro partido con la mayor naturalidad. Sin embargo, ya han surgido fuerzas políticas que toman al partido demócrata como instrumento para proyectar programas socialistas, principalmente la de Bernie Sanders, quien es, por cierto, senador independiente por Vermont y dos veces precandidato a presidente dentro del Partido Demócrata.

En México hubo un solo partido del poder y varios de oposición, con o sin reconocimiento oficial. Todos ellos vivían la guerra fría a su modo. Aquí, ser priista era una definición orgánica pero casi siempre por pertenecer primero a otra organización: sindicato, ejido, comunidad indígena, unión de colonos, asociación profesional, etc., todas las cuales vivían de alguna forma bajo la protección oficial y con subsidio a sus líderes.

La izquierda tuvo varios partidos en México, mas vivió un intenso proceso de unificación que ha culminado (al menos por ahora) en Morena. ¿Es este un partido en un sentido orgánico? Nunca se sabe quién es y quién no es miembro de esta formación política, más aún, eso es lo de menos. Tenemos ahora un proceso interno donde han participado personas que jamás buscaron su afiliación hasta que les fue indispensable.

Por otro lado, el programa de Morena tiene unos ejes muy básicos, muchos de ellos están definidos por una nueva moralidad publica, como lo sintetiza López Obrador: “no robar, no mentir, no traicionar al pueblo”. Esto es poco en términos de la historia universal de las ideas políticas, pero resulta ser demasiado en la historia política de México.

Cuando Andrés Manuel fue candidato a presidente nacional del PRD (1996), planteamos la idea, muy a la greña, de conformar un partido-movimiento. Lo que se estaba diciendo era lo indispensable que resultaba eludir la formación de una burocracia interna y mantener las puertas abiertas. El precio era, claro está, una relativa desorganización. El PRD, sin embargo, marchó por otro camino, formó sus grupos de interés y su burocracia interna carente de principios y de causa. Esto lo fue hundiendo paulatinamente hasta su penoso final.

Desde el principio, el planteamiento ha consistido en hacer de Morena un movimiento popular, es decir, una identidad política sin estructuras petrificadas. Por ello se recurre a las encuestas abiertas para definir candidaturas y se inventó el sistema de tómbola para integrar las listas plurinominales. Esta última tiene mucho mayor contenido democrático respecto a lo que hacen otros partidos porque para llegar a la lista por la vía del sorteo es indispensable haber sido elegido en una asamblea distrital de afiliados, en la cual se prohíben las planillas, ya que, para elegir a seis, cada asambleísta sólo puede votar por dos: una mujer y un hombre. En el resto de los partidos las listas son repartos entre grupos.

Se pueden lamentar los últimos acontecimientos relacionados con Morena, incluso el embargo de su existencia legal por parte del Tribunal Electoral, el cual es todo un escándalo judicial. Pero tal circunstancia no es más que eso. La cuestión seguirá siendo la del método que rija la vida interna y la del compromiso de honradez política que tengan que asumir dirigentes y candidatos.

Como fuerza gobernante, Morena debe desarrollar su programa político, pues no basta la opción en favor de los pobres y la lucha contra la corrupción, sino que también hay que trazar caminos hacia la reforma social, la cual ha de ser algo mucho más que una política de gasto y una nueva pauta de administración del presupuesto.

Además, se tiene que decir cuál es el proyecto de reforma del Estado, es decir, de democracia política. Las bases nuevas son el escrupuloso respeto al voto libre y la participación ciudadana en las decisiones más trascendentales, como ya se ha establecido claramente. Mas de ahí se tiene que proseguir con otras reformas, tales como el funcionamiento del Poder Ejecutivo, hasta resolver un asunto cada vez más espinoso: el grado de federalismo que requiere el México de nuestros días.

La cuestión de mayor fondo va a seguir siendo la distribución del ingreso y el rompimiento de las poderosas estructuras monopólicas, que son las que hacen frente al poder del Estado. La separación entre el poder político y el poder económico no puede sostenerse sin que este último sea menos poder y el primero cuente con mayor legitimidad y fortaleza democráticas.

La lucha en torno a lo esencial, la cual ocurre en el terreno donde se expresan los profundos intereses sociales, es el marco dentro del cual se tendrá que construir Morena, como movimiento popular o como algo diferente que no se ha creado antes, a lo que la vida puede conducir. No sería la primera vez.

Propaganda de miedo y mentiras

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Un mendaz atisbo apocalíptico se cierne sobre México desde cuando el triunfo de Morena se empezó a analizar como inevitable. Según esa predicción, lo que iba a ocurrir era la dictadura y el colapso nacional. Luego de dos años, se sigue diciendo lo mismo.

A los actuales opositores no le preocupa gran cosa que la realidad apunte hacia un lado diferente de donde se encuentran sus descripciones. Entre peores sean sus acusaciones y avisos, mayor podría ser la falsificación y el miedo.

La más notoria mendacidad opositora se haya en torno a la supuesta persecución de las libertades de manifestación y de difusión de las ideas por cualquier medio. La contra crítica presidencial a no pocos medios de comunicación es presentada como prueba del aserto. El fuerte y sistemático denuesto de tal conducta contestataria del gobierno más bien nos habla de un libre ejercicio de la crítica.

Pero el contraste es mucho más fuerte. Las actuales generaciones no recuerdan un momento de mayor libertad de prensa. No se ha producido un solo acto de persecución abierta o encubierta contra comunicador o medio alguno procedente de la actual administración federal. Las provocaciones abiertas, es decir, las falsificaciones descaradas no han llevado siquiera a la apertura de procesos civiles. Si no hay chayote, esa es otra cosa, aunque duela más, debido a que siempre fue ilegal.

Sin embargo, la notoria falsedad de cotidianas acusaciones o señalamientos no es suficiente. Las oposiciones no escatiman esfuerzo ni desaprovechan oportunidad para atribuir al gobierno y a la mayoría parlamentaria intensiones falsas e, incluso, actos enteramente inexistentes.

Con motivo del proyecto de extinción de 109 fideicomisos y fondos, se asegura que se van a eliminar asignaciones presupuestales en las materias de ciencia, tecnología, cultura, educación, deporte, otros subsidios y subvenciones, así como variadas ayudas, a pesar de que se encuentran en el proyecto de gasto enviado por el Ejecutivo a la Cámara, incluyendo los fondos para financiar la producción cinematográfica, que desde siempre han sido muy pequeños, por cierto, frente a las enormes potencialidades del cine mexicano.

Si López Obrador y los legisladores desmienten los señalamientos en su contra, los mendaces los repiten una y otra vez al tiempo que muchos medios los reproducen como si fueran verdad revelada, pero ocultan las réplicas. Vivimos un momento de catástrofe sanitaria conmocionante y todo lo peor es imaginable, por lo pronto.

En el debate parlamentario del 7-8 de octubre las oposiciones y, por cierto, algunos otros pocos, repitieron hasta el exhausto que todos aquellos apoyos se iban a eliminar. Por ejemplo, si se acaba con un fideicomiso que opera como intermediario entre el gobierno y los beneficiarios, entonces se afirma que el beneficio se va a terminar, aunque el gobierno destaque que todo se hará desde ahora en forma directa, como ya se está llevando a cabo en otros renglones.

Hay una mentira que se sigue diciendo casi todos los días de sesión en San Lázaro, la cual consiste en asegurar que el gobierno cerró las guarderías para hijos e hijas de trabajadoras informales cuando éstas son todas privadas y cuando lo que se hizo fue entregar la ayuda directamente a las madres porque la tercera parte de los niños y niñas que aparecían en las listas de tales guarderías eran fantasmas, no obstante lo cual los gobiernos anteriores entregaban el dinero a sus dueños en lugar de hacerlo, como ahora, a las beneficiarias.

Sobre el lío de los fideicomisos, Andrés Manuel dijo al respecto que, en esta materia, cuando la emoción es muy grande y las acciones demasiado fuertes de seguro existe alguna de dos cosas: una injusticia o un interés económico. Puede ser que tenga razón.

El fondo de “enfermedades catastróficas” ya no existe porque se eliminó el Seguro Popular que fue un fraude neoliberal. El fondo remanente lo tiene el nuevo Instituto (INSABI) y se tiene que usar en gasto de salud y no para otra cosa. Entonces, hay que darlo como ingreso fiscal y destinarlo en el presupuesto justamente en el ramo de salud. Frente a esto, no pocos gobernadores quieren una tajada para gastos diversos, pero eso va a estar difícil. Ya no son tiempos, aunque los gritos y empujones sean grandes.

Los opositores dicen que todo se va a venir abajo porque el gobierno es malévolo. Se refieren a una forma diferente de llevar a cabo la administración pública y a la implantación de unas nuevas prioridades de gasto. Esto es lo esperado de parte de cualquier partido, corriente intelectual o corporación disidente. Pero la falsificación de hechos y la visión apocalíptica no son más que propaganda de viejo cuño: repite una mentira mil veces…

La estrategia de miedo y mentiras va a fracasar, lo cual será una buena lección para el conservadurismo y la reacción. En el seno de la sociedad existen fuerzas y corrientes de opinión, cultura e intereses sociales que pueden sobreponerse a arremetidas como las que hemos estado viendo. Veamos algunos elementos.

Según encuestas recientes, Morena sigue siendo el partido con más apoyo ciudadano y mantiene su mayoría en 200 distritos electorales de un total de 300. El presidente tiene una alta aceptación, muy por arriba de lo normal en países como México con democracia concursal. Los partidos de oposición no muestran recuperación y, salvo en unos cuantos estados, siguen en minoría. La intelectualidad conservadora ya rabiosamente opositora no recluta a muchos más. Las corporaciones empresariales no renuncian al diálogo con el gobierno a pesar de que éste no les concede los apoyos fiscales que demandan. Los fascistas seguirán probando suerte, pero no son, al menos todavía, una fuerza política.

La lucha por el poder tendrá una estabilización, aunque bajo las mismas mentiras consuetudinarias de las oposiciones, en el primer semestre de 2021. Ese momento será de gran actividad. Como ninguna oposición podría tener un grupo parlamentario mayoritario, las campañas electorales adversas se van a centrar en llamar a que nadie sea mayoría, aunque no se ofrezca pista de aterrizaje alguna. Este es otro intento de engaño.

La democracia concursal en la que vivimos no depende de evitar la existencia de un partido mayoritario sino de que cualquiera, solo o en coalición, pueda llegar a serlo. El llamado a que no exista una mayoría no es democrático, sino que es un discurso de miedo. Lo que habría que buscar, en cambio, es que la ciudadanía tenga las mejores condiciones para votar en libertad y en conciencia a pesar de la falacia.

Mientras la izquierda sea la fuerza gobernante, las grandes y pequeñas campañas de miedo y de mentiras van a seguir. Es también una nueva normalidad.

¡Auxilio!

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Conforme se acercan las elecciones del año 2021 arrecian las llamadas de auxilio para evitar, se dice, la extinción de las libertades y la caída de la democracia. Otra vez el peligro para México, vieja canción con nueva letra. Pero, como antes, ésta no es otra cosa que un montaje para defender privilegios caducados o que están cerca de ser por fin abolidos.

El peligro de que la libertad de expresión (Art. 6º) -no se habla inexplicablemente de la libertad de difusión de las ideas por cualquier medio (Art. 7º)— sea aplastada por la 4T no tiene ningún elemento vinculable. El gobierno no ha silenciado a nadie. No hay censura alguna. Lo que molesta es la réplica del, ahora, objeto principal de la crítica, el presidente, pero esa también es un derecho constitucional que no se quiere reconocer a plenitud o sin regateos.

El presidente de la República habla mucho. Sí, pero eso no disminuye el derecho de quienes también hablan o escriben todos los días. La prensa, escrita, videada y hablada, tuvo el monopolio durante años, pero a costillas del poder político. Cuando un medio era hostil o sencillamente crítico sistemático, el gobierno se encargaba de cerrarle el paso, negarle todo mecanismo de financiamiento y atemorizar a sus dueños. Hubo muchos casos de periodistas acallados, los cuales carecieron de la solidaridad discursiva de sus colegas apoltronados.

El pleito entre Andrés Manuel López Obrador y la prensa que él llamaba fifí y ahora sólo le dice conservadora es tan viejo como la participación de aquel en las filas de la oposición. Ha sido un pleito de mucha gente que ha promovido el ejercicio de libertades porque es un medio de negarse a ser silenciado. Ha sido también parte de la lucha política por el poder.

Esto nos lleva a un asunto de mayor fondo. Dicen los conservadores (hayan sido alguna vez de izquierda o sigan siendo de derecha) que la 4T, en concreto AMLO, debería ser respetuoso, cauto, institucional, modosito y nada respondón. El que puede llamarle pendejo al presidente de la República es Aguilar Camín, como ya lo ha hecho, sin que sus viejos y nuevos amigos lo hayan criticado ni con el pétalo de una lamentación. Quizá esos opositores crean que el estilo “caminesco” sí denota un alto nivel discursivo.

Lo que desean los críticos sistemáticos de la 4T es que el presidente no responda desde la Presidencia, sino que use a otros políticos de dentro o de fuera del gobierno. Añoran las prácticas del pasado. Son nostálgicos, pero por pura conveniencia.

Es justamente la libertad de difusión (Art. 7º) la que brinda por igual una robusta base a las críticas de los conservadores y a las respuestas del gobierno. No podemos seguir en una democracia de simulaciones en la que muchos periodistas mercaban con la dosificación de su crítica mientras el gobierno les pagaba para que no fueran demasiado lejos. Cuando algunos avanzaron, los hicieron caer para que callaran.

Una democracia concursal y formalista como la mexicana no puede seguir viviendo, como antes, dentro de una crítica acotada y una respuesta ritual de parte del gobierno. Ya nadie se va a quedar callado. Luego entonces avanzamos algo y la neutralidad del internet ayuda.

El mayor problema no es que los conservadores quieran volver a ese convenio de hipocresía y complicidad entre los críticos mediáticos y el poder político, sino que tanto las oposiciones como los intelectuales conversos critican poco los actos concretos del gobierno y sus omisiones, pero gritan que está en peligro el mantenimiento de las libertades de las que gozan sin límite alguno. Claman auxilio para combatir amenazas difusas.

La plataforma de las oposiciones de derecha y de los nuevos conservadores atolondrados consiste en llamar a derrotar a Morena en las elecciones de 2021 para impedir, dicen, el aplastamiento de la democracia.

Pero ¿qué cosa proponen? No confiesan su programa propio. No pueden decir con nitidez que piensan, por ejemplo, que el gobierno regala dinero al reconocer derechos sociales y otorgar las garantías de éstos. No pueden oponerse al combate a la corrupción y el robo al fisco. No les conviene defender el derroche y el atraco en el ejercicio del gasto público. Carecen de argumentos para criticar el aumento real de salarios. Se les hace complicado promover políticas de gobiernos anteriores que llevaron a desastres y cuya impronta sigue presente en la vida nacional. No tienen el valor de proclamar a las claras que es preciso seguir subsidiando al gran capital para promover el crecimiento de la economía. No, lo que dicen es que la democracia está en peligro y gritan auxilio. Pero ¿qué institución verdaderamente democrática ha sido cancelada? ¿Qué derecho se ha negado? ¿Qué libertad ha sido reprimida? No se sabe. Lo que mucho les molesta es que se critique al INE a pesar de su historia de permisiones y su presente de corruptelas, dispendios y arrogancias, pero ahí ya también empezaron los cambios.

En verdad, la plataforma electoral de la alianza opositora que se está formando es para detener lo nuevo y restaurar lo viejo. Buscan ahogar al gobierno de la 4T en riñas interminables en el Congreso para impedir más cambios. Pero eso no lo podrían conquistar con mentirosos gritos de auxilio sino con un programa alternativo que, por lo visto, no existe, ya que esos opositores no pueden ser tan descarados como para proclamar abiertamente la defensa de los regímenes anteriores, bajo los cuales vivían en la felicidad. Se nota, sin embargo, que experimentan una fuerte añoranza.

Si de libertades y democracia tuvieran que hablar, esos conservadores (hay muchos de plano reaccionarios) tendrían que rebatir el hecho de que se ha ampliado el ejercicio del derecho de crítica, se han frenado los actos represivos, se han abierto las puertas para la libre organización y la posición de gobierno se expresa al día y es directa. El gobierno no va a permitir el uso de fondos públicos en la competencia electoral, que antes fue una regularidad solapada por las autoridades encargadas de perseguirlo.

Para confort de esos conservadores, aún no tenemos una democracia participativa de base ciudadana y social, que llevara a la gente a decidir con frecuencia en todas partes y no sólo a elegir de vez en cuando. Mas si ellos fracasaran en sus pretensiones restauradoras, podríamos acercarnos a reformas democráticas que ampliaran las libertades y ensancharan el camino hacia una gran redistribución del ingreso. Este es el fondo del llamado de auxilio de parte de quienes buscan frenar el presente para volver al pasado.