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Derecho a ser informados

Los asesinatos contra periodistas y líderes de derechos humanos, hombres y mujeres, que se han cometido con tanta frecuencia en los últimos años, siguen por lo regular en la impunidad, quizá por encima del 90 por ciento. Mas las autoridades tampoco explican el posible móvil concreto de cada acción homicida ni a quienes en específico están buscando.

La sociedad tiene derecho a la justicia pero también al conocimiento de los motivos de tan resonantes crímenes. Sin embargo, el gobierno no se preocupa por la ausencia de información ya que, de por sí, adolece de un grave problema de incomunicación con la ciudadanía.

Habría que tomar en cuenta que, por lo regular, los homicidas no entregan boletines de prensa, pero las autoridades policiales y el Ministerio Público cuentan con aparatos de inteligencia y conocen a las bandas del crimen organizado, lo que les debería también permitir hacer seguimientos precisos de lo que se publica o se declara acerca de aquellas mafias, lo cual es parte de los motivos criminales.

El gobierno nunca se ha preocupado por aportar datos informativos que sirvan para entender las causas precisas de esos asesinatos, tanto porque no se le exige que los brinde como porque tiene ciertas excusas legales de las cuales colgarse para mantener su silencio. O, quizá, porque, dentro de sus deficiencias, los oficiales policiales y los agentes ministeriales están tan perplejos ante el crimen organizado como el resto de la sociedad. El nuevo procurador general ha dicho que van a revisar expedientes, es decir, reconoce que está perdido. ¿Acaso esto se escucha en cualquier otro país?

La cuestión es aún más grave en tanto que los gobernantes tampoco se sienten obligados a explicar a la sociedad el porqué de tanta impunidad. Los recientes discursos en reunión de Peña Nieto, su gabinete y los gobernadores no han brindado al respecto nada nuevo. Se han juntado para que la ciudadanía observe a los políticos más poderosos del país preocupados de los más recientes asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, pero sólo ha sido publicidad. Se ha anunciado que ahora sí se hará lo que hace años se prometió. Se dice que la Federación apoyará a las procuradurías locales para que averigüen asesinatos cometidos por bandas que se dedican a cometer delitos federales. Se promete que ya se van a coordinar los “tres órdenes de gobierno”, lo que no podrá ser posible mientras se encuentren infiltrados por los delincuentes. Nada hubo de autocrítica concreta, específica, capaz de cambiar en algo la terrible situación. En tanto los gobernantes no se vean obligados a explicar la impunidad, no habrá cambios positivos en este tema. No lo hacen porque ello les llevaría a hablar de sí mismos pero en términos críticos y no con lamentos, mentiras o vanas promesas. Los reporteros han gritado contra los discursos porque quieren acciones efectivas.

La crisis de violencia ha golpeado desde un principio a defensores de derechos humanos y comunicadores profesionales. Pero las autoridades no nos han explicado si se trata de venganzas de actos concretos. También a este respecto, la falta de certezas de policías y fiscales se ha traducido en desinformación social. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirma que los asesinos de Miroslava Breach están identificados; si eso es verdad, entonces que lo publique para que la policía, si acaso, pueda ayudar a aprehenderlos. Algo parecido ocurre con el homicidio de Javier Valdez, que, en principio, está siendo investigado como un asalto a mano armada, mientras el gobernador, Quirino Ordaz, dice que él no sabe nada acerca de la delincuencia organizada y sólo “escucha leyendas que se han creado”. Con esos métodos, los cuales nunca se discuten, la impunidad seguirá como una constante de la crisis que azota al país.

Mucha gente ya ha pasado de la preocupación a la indignación y el enojo. No parece haber gobierno mientras las autoridades de distintos niveles callan sobre los hechos concretos, hacen discursos vagos y se culpan entre ellas. Va siendo tiempo de exigir que se nos informe sobre los posibles móviles e identidades de los presuntos asesinos, así como de los elementos que pudieran haber motivado una venganza en contra de los periodistas y los defensores de derechos (hombres y mujeres) que han sido asesinados en estos largos años de desgarradora violencia sobre México.

El `68, Perelló y el machismo

Una de las maneras de explicar las expresiones machistas, discriminadoras y ofensivas de Marcelino Perelló en la última emisión de su programa en Radio-UNAM, ha consistido en afirmar que él se quedó en lo que eran los jóvenes estudiantes en los años sesenta, y que no ha entendido los cambios producidos desde entonces en las relaciones de género.

El punto es relevante porque en los medios universitarios de fines de los años sesenta el machismo era menos desbocado que el predominante en el resto de la sociedad. En 1968 las estudiantes participaron junto con sus compañeros. Ese fue el primer movimiento estudiantil al que se incorporaron masivamente mujeres, con motivo del cual cambiaron varias cosas en sus relaciones con los hombres.

Es también relevante el punto porque cuando los dichos machistas de un comunicador social se atribuyen al predominio de una conciencia discriminatoria, en el fondo se está buscando justificarlos, es decir, convertir al conductor del programa en una especie de víctima de una sociedad machista que le ha impartido sus enseñanzas.

Es verdad que la discriminación de las mujeres es un producto histórico social, pero ver cada caso con ese lente es un callejón sin salida que sólo puede llevar a justificarla y a impedir su rechazo. La lucha por subvertir las desiguales relaciones de género no se dirige contra un fantasma que está en todos sitios y en ninguno, sino contra los elementos concretos de la conciencia patriarcal y de su práctica.

Decir en la radio que es normal ultrajar a una mujer –que fue lo expuesto por Perelló— es exactamente una manera de tratar de normalizar una conducta que, por más frecuente que sea, es socialmente repudiable.

Haber dicho en público eso en 1968 hubiera sido escandaloso e igualmente execrable. La diferencia es que ahora las mujeres tienen más voz y han logrado cambiar leyes y otras normas, además de que existen nuevos medios de comunicación no monopolizados como las redes sociales.

Desde el ángulo jurídico, la Constitución obliga ahora a la autoridad a hacer valer el derecho de todas las personas a no ser discriminadas, a ser respetadas por su sexo, edad, etcétera. Invocar la libertad de expresión (aquí sería la de difusión de las ideas a través de cualquier medio, incluida hace pocos años el artículo 7º. de la Constitución), es una falsedad porque nadie tiene derecho a difundir ofensas discriminantes y tendientes a la reproducción de condiciones de opresión de género a través de medios orales, visuales, escritos. Así es la ley porque de lo contrario sería imposible hacer efectivos los derechos humanos.

Si en la difusión se pudieran normalizar libremente los ultrajes sexuales, se haría nugatoria la norma fundamental consiste en que dichos actos son ilícitos. No se trata de suponer que tales ultrajes sean poco frecuentes sino que no sería válido considerar que, por no serlo, hubiera que ignorarlos o justificarlos con la falsa tesis de que no se pueden perseguir uno por uno. Si pocas o muchas personas debieron ser reconvenidas por acciones similares pero no fue así, eso no puede justificar la conducta ilícita de nadie más.

En la reciente discusión a propósito de lo dicho, refrendado y aumentado por Perelló, se ha hablado también de una supuesta actitud irreverente y subversiva del cuestionado conductor radiofónico. Pero en realidad es al revés: lo subversivo consiste en la crítica y la defenestración de la normalización de las agresiones sexuales. Nada que ver, por cierto, la discusión sobre el tipo penal vigente de violación, sino lo dicho por Perelló sobre lo normal que le parece a él la agresión sexual sin cópula, cuestión, por cierto, debatida y legislada desde el siglo XIX (1871 en México).

Por lo oído, algunas opiniones de Perelló al respecto no se ubican en los años sesentas del siglo XX sino en el siglo XVIII.

AMLO: derecho a ser votado

 

La democracia mexicana en realidad se reduce a un sistema de competencia entre partidos y de una escasa concurrencia de candidatos independientes. No existen otras instituciones públicas democráticas como tampoco lo son las organizaciones de la sociedad, tales como los sindicatos, ejidos, etc. El clavo del que está cogido el país es el derecho al voto pasivo, es decir, recibir el sufragio ciudadano en elecciones periódicas aunque no del todo equitativas y libres. Calentar ese clavo hasta hacerlo inaprensible sería llevar a México a un desbarrancadero.

En la víspera de la elección del año 2006, Vicente Fox y su partido se pusieron de acuerdo con el PRI para armar un procedimiento de desafuero contra el virtual candidato de la izquierda, López Obrador. La Cámara de Diputados votó por poner al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México a disposición de la justicia por haber desobedecido una orden de juez para suspender la apertura de una calle. Pero el propósito no era que Andrés Manuel ingresara en la cárcel, sino que, mediante un auto de vinculación a proceso (como se diría ahora), le fueran suspendidos sus derechos políticos, entre ellos el de voto pasivo, el de poder ser elegido a un cargo de elección popular.

Como recordamos, Vicente Fox, su procurador Macedo de la Concha, Santiago Creel, secretario de Gobernación, Roberto Madrazo, líder del PRI, Emilio Chuayffet (líder del grupo priista en San Lázaro) y Manlio Fabio Beltrones (presidente de la Cámara), entre otros, lograron el desafuero pero se hicieron bolas cuando, para evitar la solicitud de una orden judicial de aprehensión, pagaron una fianza impuesta por el Ministerio Público, imaginando que el desaforado había sido presentado al mismo, lo que no podía ser porque no había sido aprehendido. De esa forma, se envió el pliego de consignación a un juzgado aunque sin detenido y ni siquiera simple indiciado: total, todo muy cómico. El juez tuvo que regresar a la PGR todo el tambache de papeles.

Lo anterior provocó una mayor indignación popular porque se veía más claro que era una burda maniobra política antidemocrática para evitar una candidatura. En ese momento las cosas se compusieron porque Fox se vio orillado a retirar los cargos inventados por él mismo. El procurador y el subprocurador, es decir, los acusadores directos, se fueron a sus casas a descansar, pero los instigadores se quedaron en los más altos cargos de la República. Sin embargo, luego se volvió a descomponer el cuadro político con los operativos fraudulentos del PAN y el PRI que beneficiaron a Felipe Calderón y lo llevaron a la Presidencia de la República.

Ya se empieza a planear ahora lo que sería un nuevo complot (palabra sujeta a burlas pero que describe mejor que cualquiera otra cierta manera de hacer política en México), en el cual volverían a involucrarse desde el jefe del Ejecutivo, la PGR y algunos jueces, hasta los precandidatos, líderes y gobernadores del PRI y el PAN, pero en esta ocasión también las instancias electorales: INE y Tribunal.

No se trataría sólo de lo que estamos viendo, es decir, una campaña de desprestigio y uno que otro garlito en el que siempre caerá algún político de malas costumbres o de bajo entendimiento. Sería algo mucho más fuerte para anular la candidatura de López Obrador si la demoscopia no se modifica en sus periódicos dictámenes, las encuestas.

El propósito del PRI y el PAN no consiste en evitar la competencia electoral en el nivel de la disputa por el poder, sino en restringirla exclusivamente a esos dos partidos.

Desde 1988 ese ha sido el problema de los políticos del viejo régimen, los representantes de un sistema que no se ha modificado por más alternancia que haya habido. Siempre han estado conspirando para que la competencia sea sólo entre ellos. Es obvio que la forma más segura de que nada cambie es dejando al candidato inaceptable fuera de la competencia, cuando ése puede obtener una mayoría de votos.

Es justamente la concurrencia electoral la que siempre ha estado en peligro. Si ahora el complot culminara en la suspensión de derechos de López Obrador o en cualquier otra forma de convertirlo en inelegible, lo que en realidad estaría ocurriendo es el funeral de esa democracia formalista, la cual, sin embargo, es la única que tenemos aun con toda su precariedad.

Si el derecho a ser elegido se cancelara para alguien que pudiera lograr una mayoría, ya no habría derecho para nadie. Si a la evidente parcialidad de los organismos electorales administrativos y jurisdiccionales se le sumara la supresión del voto pasivo, ya no habría nada de donde se pudiera coger un país.

Ese país es México. Ya sabemos, por tanto, en qué consiste la tarea democrática más importante del preciso momento actual.

¿Para qué quieren otra ley las fuerzas armadas?

(Publicado en El Universal. 30.03.2017)

La propuesta de una nueva ley para las fuerzas armadas, denominada de “seguridad interior”, promovida por los secretarios de Defensa y Marina, se ha presentado en el momento en que coinciden dos hechos: la llamada guerra contra el narcotráfico ha fracasado y, como responsables de la decepción, aparecen las fuerzas armadas, a las cuales se les ordenó demoler la delincuencia organizada.

¿Cuál sería el propósito de una ley de seguridad interior? Si se admite el fracaso y se están pidiendo nuevas normas ha de ser porque se considera que con las vigentes no es posible tener éxito, es decir, hay que otorgar a los militares funciones que no les corresponden y que tampoco están permitidas a la policía. Esto, en principio, es contrario a la Constitución.

Se busca que en los trabajos de “inteligencia” se puedan aplicar todas las “medidas necesarias” y se quiere también que los militares retengan detenidos, hagan investigaciones y, en fin, asuman funciones que tienen a su cargo, en combinación, la policía, la PGR, Gobernación y los jueces.

Con la nueva ley no se está buscando que el Ejército y la Armada regresen a los cuarteles, como han dicho algunos generales y almirantes, sino justo lo contrario, se espera que se queden en las calles pero con ilimitadas atribuciones, contrarias a la Constitución y al sistema mundial de los derechos humanos. De eso ya hemos tenido bastante en México.

Desde 1959, cuando se firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos en materia de drogas, se metió al Ejército en la persecución de la producción de opio y marihuana, y se recibió ayuda de Estados Unidos en armamento y equipo. Luego vino la “Operación Cooperación” de 1969, (Díaz Ordaz) para evitar las medidas unilaterales de EU en los pasos fronterizos. Después, luego del convenio internacional sobre drogas, se adoptó la “Operación Cóndor” en 1971 (Echeverría), la cual llevó a su sucesor (López Portillo) a hacer declarar al secretario de Defensa, Félix Galván, en 1978, que el narcotráfico había sido “erradicado” en un 95%. Se había “ganado” la “guerra”, dijeron.

Ya desde los años 60 se denunciaban atropellos de tropas contra población rural, aunque al parecer no tan frecuentemente como ocurrió después, ni se conocieron ejecuciones extrajudiciales como la de Tlatlaya; sucesos como éste sólo se produjeron por motivos de represión política (guerra sucia). También se expidió la ley de pérdida de derechos agrarios de ejidatarios y comuneros (familias de ellos no importaban) que se dedicaran a la producción de estupefacientes, pero sin tocar a la “pequeña” propiedad. La actitud de las fuerzas encargadas de perseguir al narco siempre ha sido muy agresiva y trascendente. Al mismo tiempo, la corrupción no dejó fuera a ninguna corporación aunque sin duda en diferentes intensidades.

¿Para qué se querría hoy una ley exclusiva para las fuerzas armadas, después de 50 años del uso de éstas en la persecución de delitos federales? Parece ser que se piensa que el fracaso militar se ha debido a la falta de facultades inconstitucionales de los militares. Mas darle éstas a los institutos armados es lo más peligroso para cualquier poder civil. Ya de por sí el Ejército y la Armada no piden autorización para el uso discrecional y desproporcionado de la fuerza letal, mucho menos lo harán con una ley que se los autorice.

El debate sobre si la sociedad depende o no de los militares para acabar con la crisis de violencia en el país, creo que está resuelto a la luz del análisis de los últimos 55 años de narcotráfico en México. Hoy tenemos un problema mayor y una violencia mucho peor que hace dos lustros cuando la vieja “guerra” se volvió a declarar por parte de Felipe Calderón. Hacer discursos sobre el Ejercito y la Armada con halagos excesivos y un tanto ridículos, propios de una guerra internacional victoriosa, es por lo menos un desacierto. Pero la verdad está a la vista. Tenemos una “guerra” errónea porque enfrentar a la delincuencia organizada mediante una acción bélica no puede llevar a la victoria aunque tampoco hay una derrota. Sencilla, pero lamentablemente, tenemos una peor situación y a un alto costo en vidas, lesiones y angustias.

Hay que cambiar de política, pero del todo.

Control militar del país

El proyecto de ley del oficialismo considera como amenaza contra la seguridad interior “cualquier acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas”, es decir la seguridad pública, la cual en consecuencia debería ser resguardada por la autoridad civil. Sin embargo, ese mismo proyecto presentado por el PRI afirma que las fuerzas armadas intervendrán cuando las capacidades de la policía federal “resulten insuficientes para contrarrestar la amenaza”, es decir, siempre. Pero esa intervención militar “en ningún caso se considerará de seguridad pública.” En otras palabras, la seguridad pública lo es de por sí pero cuando los militares la asumen entonces ya no lo es. ¿Alguien puede explicar esto?

El circunloquio priista conduce a consentir en una ley que las funciones de seguridad pública, cuando las asumen las fuerzas armadas, no son de seguridad pública sino de “seguridad interior”, la cual se encuentra definida en su propio proyecto como “continuidad de las instituciones y del desarrollo nacional”, es decir, cualquier cosa. Ante un peligro contra esa “continuidad” entran las fuerzas armadas a dar seguridad, pero “interior”, aunque en realidad es para combatir a los delincuentes aunque no estén “amenazando” el “desarrollo nacional”. ¿Por qué el término? El presidente está investido de la facultad de disponer de las fuerzas armadas para la defensa exterior y la seguridad interior. De ahí se cuelgan quienes desean “legalizar” la ocupación extensiva de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, es decir, lucha contra la delincuencia organizada.

Por más vueltas que se quiera dar a las tareas policiales de las fuerzas armadas, ésas seguirán siendo inconstitucionales. Mas el problema no está cifrado en estos términos porque el Ejército y la Armada tienen años ejerciendo de policías, sino en el hecho de que han fracasado. Una década después, el país está peor que al principio. Este es el desenlace de la “guerra” declarada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto.

¿Con la pretendida ley oficialista de seguridad interior las fuerzas armadas podrían someter finalmente a las grandes bandas de narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores y sicarios? Nadie lo cree. Se trata sin embargo de un reclamo del Ejército y de la Marina, cuyos titulares exigen “garantías”. Pero la autoridad no requiere garantías sino que es ella quien debe brindarlas a la sociedad. Las cosas han sido puestas al revés.

Lo primero que habría que reconocer es que el problema más grave (que sí es de seguridad interior) es la penetración de la delincuencia organizada en el aparato público y la consecuente impunidad de la que han gozado las bandas. Mas se requiere al mismo tiempo aceptar que el narcotráfico no se va a acabar a balazos sino hasta que se levante la prohibición y el Estado se convierta en regulador en lugar de persecutor.

De lo anterior se desprenden dos tareas: por un lado, intervenir a fondo donde la delincuencia ha tomado control de aparatos públicos y, por el otro, empezar a legalizar la producción, distribución y comercialización de las drogas, como ya se intenta en varios países, entre ellos Uruguay y Estados Unidos, en nuestro continente.

Dice el proyecto priista, impulsado también por los generales y almirantes, que “las fuerzas armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior y, al realizarlas, podrán “hacer uso de cualquier método de recolección de información”. Esto es propiciar el control militar del país. No tiene caso andar con ambages en asuntos tan serios.

Hace daño defender toda acción de las fuerzas armadas aunque sean ejecuciones (Tlatlaya) o uso desproporcionado de la fuerza, sin sobrevivientes (Tepic), entre otras acciones violatorias de derechos humanos. Es entendible que si se mete un ejército a la seguridad pública, se habrán de ejecutar acciones de guerra contra civiles, aunque ésos sean los peores, lo cual no está permitido en el derecho internacional de derechos humanos al que México es afecto por mandato Constitucional. Sin embargo, eso es justamente lo que busca “legalizar” el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Dice el proyecto que el Presidente de la República “podrá ordenar acciones inmediatas a las fuerzas armadas”, en referencia a la seguridad pública, es decir, para hacer frente a los delincuentes. Pero no sólo cuando éstos toman control sobre entidades públicas, entre ellas cuerpos enteros de policía, sino en toda circunstancia, a juicio del gobierno. Esto no es “seguridad interior” sino prepotencia presidencial y predominio militar.

Cuando, como en el proyecto de Peña-Cienfuegos, la seguridad interior se define como “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la continuidad de sus instituciones así como el desarrollo nacional…“, se abarca todo lo que ya está construido y lo que se podría construir en el futuro. ¿Es esa la “seguridad interior”. No, por cierto, porque la Constitución más bien la refiere como el funcionamiento normal del sistema político legal.

Mientras, los narcos siguen en lo suyo.

Del desmadre al enredo

El gobierno de Peña Nieto es un desmadre pero ahora se ha enredado, como era de esperarse. Ningún gobierno hubiera querido “liberar” el mercado de las gasolinas, dijo el Presidente, pero el mío lo tuvo que hacer, agregó, de tal forma que ese gobierno en realidad no lo es. El motivo es mantener la estabilidad económica del país, pero eso es justamente lo que está empeorando con la especulación del combustible. El principal elemento de la estabilidad son los precios, otros factores pueden tener importancia pero no tanta.

Peña Nieto no mencionó en su enredo discursivo que el impuesto IEPS no se paga en el extranjero sino sólo dentro del pais, pues no es un gravamen a la importación sino a la producción. Por eso se dice que existe un IEPS negativo, pero así será siempre que no haya suficiente gasolina producida dentro del país. A pesar de que el combustible no está comprendido en el TLC (NAFTA), su importación no ha estado gravada. Son otros impuestos los que operan en el mercado de la gasolina de importación, los cuales pueden armonizarse para lograr la estabilidad y sobre todo un precio congruente con la economía.

Pero el gobierno no sólo se niega a aceptar que la mejor forma de estabilizar fiscalmente a las gasolinas es produciéndolas en México, sino que también regula mal ya que los incrementos de precios fueron friamente calculados por las autoridades. Peña-Videgaray-Meade están en la necedad de que los importadores sean varios y se “supere” de tal manera el monopolio comercial de Pemex. Lo que en realidad se busca –lo hemos dicho desde hace tiempo– es acabar con esa empresa pública aunque tenga que ser poco a poco, para lo cual puede ser que les falte vida política a los privatizadores de la industria y los yacimientos. Ya se verá pronto.

El grupo que ostenta los cargos de gobierno hace las peores cosas en el peor momento. Esa debería ser una nueva definición de la palabra desmadre dentro del diccionario mexicano.

Justo cuando se firman concesiones a empresas extranjeras para explotar yacimientos de hidrocarburos le imponen al país un sobreprecio a las gasolinas, aunque éstas no tienen porqué ser más costosas en México que en Texas, lo cual es parte del enredo de Peña Nieto pues él no ha sido capaz de explicar cómo es que tal cosa puede ser posible.

Peña no ha podido decir en pocas ni en muchas palabras (en realidad no explicó nada) de qué manera se salvará el país pagando más por las gasolinas. Sólo dijo que el principal autor del gazolinazo, Luis Videgaray, será ahora secretario de Relaciones Exteriores, pero sin decir que esto se debe a su proximidad con parte del entorno político de Donald Trump, lo cual convierte la designación en algo dirigido a satisfacer a un gobierno extranjero.

Para desenredar la situación se requiere que el pueblo (concepto sociológico en desuso) le haga entender a Peña Nieto que no puede seguir haciendo lo que él no quiere hacer pero que ya hizo, es decir, elevar el precio de las gasolinas, menos aún cuando el incremento empezó hace 10 años y ya lllevamos 150%. Pues bien, como se ha colmado la paciencia de la gente, el gobierno debería detener el proceso de incorporación de las nuevas empresas o cambiar las reglas bajo las cuales han sido convocadas a concurrir en un mercado que empieza en el mayor desorden posible, es decir, con el aumento grosero de los precios.

Ya se han convocado manifestaciones populares. Lo que la situación requiere es que éstas se conviertan en algo permanente, es decir, en un movimiento con acciones pacíficas diarias, grandes y pequeñas, por todas partes. Un gran movimiento podría ubicar al gobierno en la circunstancia de detener su ofensiva de precios o irse. Estas cosas así se resuelven o no se resuelven. Esperemos que todo vaya bien y que si no cede el gobierno se establezca uno nuevo que sí sepa ceder. Sería lo mejor para México.

En México no hay rebelión

Desde la fundación del México republicano se ha asignado al Presidente la obligación de disponer de las fuerzas armadas para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Ya desde Apatzingán (1814: art. 160) se hacía este planteamiento. El Acta Constitutiva de la Federación de 1824 (art. 16) fijó la redacción actual. El único cambio ha sido (2004) agregar la obligación presidencial de preservar la “seguridad nacional” según ley expedida por el Congreso, con el fin de dar cobertura jurídica al CISEN y a la “inteligencia” gubernamental, pero se dejó igual el resto de la fracción VI del artículo 89 de la Carta Magna.

Si durante casi 200 años no ha sido necesario hacer una interpretación del término “seguridad interior”, ¿qué lo requiere ahora? El gobierno y los militares están viendo esa fracción VI como si ahí estuviera una facultad conferida a las fuerzas armadas, pero eso no es verdadero. Lo que tal precepto establece es una obligación del Presidente de la República de usar la fuerza armada para la seguridad interior de la Federación es decir, del poder constituido en el país, frente a rebeliones armadas. Aquí se encuentra una de las dos funciones del Ejército y la Armada: defender al poder, impedir su derrocamiento violento. La otra es rechazar una agresión extranjera, tal como el mismo precepto constitucional lo refiere bajo el término de “defensa exterior”.

¿Para qué hacer una ley que convierta al Ejército y la Armada en cuerpos policiales? Pues para otorgarles facultades que no tiene la policía y que serían contrarias a los derechos fundamentales y sus garantías, establecidas en la Carta Magna. Eso es lo que se busca.

El fracaso del gobierno se ha convertido en ocasión para otorgar a las fuerzas armadas las prerrogativas que éstas han estado exigiendo, tales como retención de detenidos, intervención de comunicaciones, acceso a datos protegidos, detenciones sin orden judicial, etcétera. Es la “guerra” que fuera declarada por Calderón. Sin embargo, la crisis de violencia que padecemos es otro fenómeno.

Bajo un Estado de derecho el gobierno no puede declarar la guerra a sus propios ciudadanos que no están levantados en armas, sino que frente a la violencia debe otorgar garantías a todos para que la ley se cumpla y se logre defender a la sociedad, en especial la vida de las personas. La idea de esa falsa guerra es tan odiosa porque atenta contra los derechos humanos.

Calderón pidió al Congreso allanamientos y detenciones sin orden de juez. “La chota en tu casa”, le llamé entonces. La Cámara de Diputados ya las había aprobado cuando en el Senado ocurrió un milagro el día de su discusión y el precepto regresó a San Lázaro donde finalmente se declaró rechazado. Ahora lo está planteando el PRI, con el recíproco apoyo del PAN, bajo el pretexto de que los militares ya que no están de acuerdo en seguir siendo policías si no se les garantiza impunidad.

Lo ha dicho a su modo el general secretario, Salvador Cienfuegos. Él afirmó que los militares podrían preferir ser acusados de desobediencia a tener que enfrentar procesos por delitos relacionados con violación de derechos humanos. Dijo que les podía salir más barato. Es decir, que por cumplir órdenes se atropellan derechos. Pero entonces la solución debería consistir en que no se emitieran órdenes contrarias a la ley y se respetara a los seres humanos. Nada más elemental bajo un Estado de derecho.

El proyecto del PRI para otorgar preeminencia inconstitucional a los militares debería transmutarse en una reforma para instaurar en las leyes el protocolo de relación entre militares y población civil como ya lo había intentado la Armada de México. Tlatlaya es el paradigma de ejecuciones de “rebeldes” que aun en la guerra están absolutamente prohibidas.

Al mismo tiempo, el artículo 129 constitucional señala que en tiempo de paz la autoridad militar no puede ejercer más funciones que las militares. En México no hay guerra interior ni con el exterior. El mismo jefe del Ejército admite que no están actuando como soldados y, por tanto, se encuentran al margen de la Constitución, pero pide una ley que resuelva el problema. Pues no, no se puede. Se tendría que hacer una subversión de la Carta Magna para inventar una institución que fuera, al mismo tiempo, policía y ejército, pero además al margen del respeto de los derechos de la gente. En esto último estriba en realidad el mayor problema.

Habría sin embargo una solución aunque diferente a la que se pide ahora. Debería revisarse la última minuta sobre el tema, enviada por el Senado a la Cámara e ilegalmente congelada por ésta, pues nunca se votó en San Lázaro debido a la inconformidad de los militares y de Calderón.

Absolución del aborto

El pontífice máximo de la Iglesia Católica ha concedido a todos los sacerdotes la facultad de absolver a quienes hubieran procurado un aborto. Se trata de una decisión permanente, una prórroga indefinida de lo que había sido establecido por el mismo Papa sólo para un año, el de la misericordia, recién concluido. Además, el perdón del aborto ha de ser “omnicomprensivo”, es decir, abarcará a todas las personas que hubieren intervenido en la interrupción del embarazo, esposos, familiares, enfermeras, enfermeros, médicos, etc.

Como se sabe, el aborto es un pecado grave en la Iglesia Romana. Bajo la política de misericordia promovida por el actual pontífice católico, Francisco, el interrumpir de manera voluntaria un aborto no dejará de ser el mismo pecado que antes pero en lo sucesivo podrá ser perdonado por cualquier sacerdote y no sólo por un obispo bajo condiciones extraordinarias. Cada aborto ya será, por tanto, una conducta posible de ser perdonada a juicio de cualquier ministro de culto católico.

El pontificado de Francisco se ubica de esta forma en el mismo nivel que los países donde se perdona el aborto, aún considerado como delito, tomando en cuenta las condiciones bajo las cuales se realiza. Ese fue el primer paso que se tuvo que dar en muchos lugares donde ahora el aborto ya es considerado como una decisión de cada cual.

Roma se incorpora de esta manera al inicio del proceso de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y, por tanto, del reconocimiento pleno del derecho de las mujeres sobre el libre uso de su propio cuerpo, lo que incluye la maternidad libre, es decir, no obligada por la condición de sexo como fue durante milenios. Las mujeres no están ya sometidas a una condición de reproductoras, de receptáculos de la semilla masculina para la perpetuación de la especie humana y de la estirpe de los dominantes.

Francisco ha tocado un punto que siempre fue en extremo delicado desde un punto de vista teológico. Él lo aborda por el lado de la misericordia. Sin embargo, deja planteado dentro de la Iglesia Católica un asunto de mayor fondo: los derechos de las mujeres.

El actual pontífice máximo quizá no podrá concluir su obra consistente en reconocer que la iglesia romana “no es nadie para juzgar” las preferencias e inclinaciones del prójimo, lo cual habrá de ser finalmente la gran reforma eclesial que coloque al sacerdocio en pié de igualdad con los demás individuos que son entre sí iguales según el Estado moderno laico. Empezar a despojar al clero de su condición de representante de la divinidad será sin duda una reforma que, sin negar la teología, admita ubicar a las personas en el plano en que las ha puesto la doctrina de la igualdad humana. Esto tendría que abarcar también la igualdad entre hombres y mujeres, lo cual es harto complicado en el seno de una clerecía masculina.

Hasta hace poco, especialmente con motivo de enérgicos pronunciamientos episcopales sobre aborto y matrimonios igualitarios, no se había visto una vereda hacia la humanización del clero, su despojo de las prendas divinas con las que se arropa para enjuiciar en forma inapelable la totalidad de las acciones de los seres humanos y para condenar bajo sus propias y exclusivas leyes.

Francisco, quien conoce muy bien la arrogancia sacerdotal de una representación divina depositada en individuos hombres profesionalmente capacitados para profesar el Evangelio, implora la misericordia, la reconciliación y el perdón, principios católicos, para avanzar en la desestructuración de aquella divinización del sacerdocio masculino en aras de volver a integrar a los curas, los cuidadores, a la sociedad de la cual se han desprendido inmisericordemente.

Más interesante aún es que Francisco se esté ubicando en mejor posición que los reaccionarios panistas y priistas, usufructuarios del Estrado laico, quienes votan en las cámaras a favor de la persecución penal del aborto.

Empoderar

La palabra empoderar se ha vuelto a usar pero ahora con el único significado de dar o lograr poder. Como parte de una plataforma política de la derecha, el empoderamiento es presentado como algo que conduciría a dejar atrás la discriminación de las mujeres.

En consecuencia, el oficialismo ha presentado su discurso sobre el empoderamiento y además ha metido de contrabando el término en una convocatoria. Miguel Ángel Osorio inauguró un seminario sobre el “empoderamiento económico”, es decir, el enriquecimiento, en el marco de lo que llamó “cultura igualitaria” que “deje atrás el machismo y los estereotipos que limitan las posibilidades de desarrollo de las mujeres”. A su vez, el Senado convoca a la inscripción de candidatas a recibir el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, cuyos méritos deben abarcar logros y aportes cuya “finalidad” hubiera sido “el empoderamiento de las mujeres y el logro de la Igualdad de Género”.

El empoderamiento como enriquecimiento o como acceso personal al poder político no podría verse como un propósito general de las mujeres porque el poder, en cualquier modalidad, se ejerce por parte de pocos individuos o por élites. Ninguna política que vaya en contra de la opresión de las mujeres en general y de las condiciones de discriminación que éstas han padecido podría privilegiar el acceso personal al poder porque éste no puede brindarse más que a unas cuantas.

Otra tesis que va de la mano del empoderamiento personal consiste en postular que el acceso de más mujeres al mando de empresas y gobiernos es, por sí mismo, un avance en la lucha por la igualdad de género. Es claro que en la medida en que las mujeres son apartadas de la toma de decisiones se hace prácticamente imposible que se abran paso aquellos enfoques surgidos de la propia condición de género, es decir, el lugar y la manera desde donde se observa y analiza la realidad. Pero también es evidente que no todas las mujeres que acceden a puestos elevados tienen compresión de la lucha histórica tendiente a eliminar la discriminación y toda opresión contra las mujeres.

Las pocas acciones afirmativas, entre ellas la paridad de género en las candidaturas de los partidos, son apenas un avance inicial de lo que debería hacerse también en muchos otros ámbitos, la mayoría de los cuales no se encuentran tan directamente vinculados al poder. Pero en otras esferas hay aún mayores resistencias a la participación de las mujeres en condiciones menos desiguales.

El empoderamiento no es una vía de solución del gran conflicto histórico de género por más que sea necesario que muchas mujeres tengan acceso a los selectivos y reducidos ámbitos del poder. Pero, en este plano, es más necesario aún que ellas sean feministas y sepan dar la lucha, de lo contrario tendremos mujeres empoderadas tradicionalistas o francamente reaccionarias, lo cual no ofrecerá nada nuevo y positivo. Ya se ha visto. En verdad, la mayor tarea política que podría incluir la participación de las mujeres en las funciones públicas es justamente la radical reforma democrática del poder.

Se requiere vencer las resistencias a la reivindicación y práctica de los derechos de las mujeres, lograr que los gobernantes (hombres y mujeres) abandonen el discurso que consiste en referirse al conjunto de tales derechos pero sin decir cuáles son y cómo han de conquistarse. Osorio, por ejemplo, no podría reivindicar el derecho de las mujeres al libre uso del cuerpo de cada cual, a la decisión sobre la maternidad propia, porque no está de acuerdo o, si lo estuviera, el gobierno federal no lo admitiría.

Dentro de este mismo análisis hay que decir que la violencia de género es parte de la vida social y de la organización del Estado, no se conforma de hechos aislados. Se requiere la aplicación cotidiana y sin trabas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en vigor desde 2007, la cual obliga a las autoridades a ser activas, intervenir en la defensa de las víctimas, impedir actos violentos, atender a las mujeres amenazadas, declarar alertas de violencia de género, denunciar y perseguir a los agentes activos de los delitos, todo ello con una perspectiva en la que todo se deba analizar a partir de la condición en la que viven las mujeres. Pero esto es lo que no hacen gobierno federal, Ministerio Público, jueces, gobiernos locales y ayuntamientos. El atraso en estas materias sigue siendo muy grande en México. Esa y otras leyes son ignoradas por las autoridades mientras que es una pesada carga tratar de hacerlas valer, por lo regular con escaso éxito.

El discurso del empoderamiento personal privilegia un camino sólo para algunas pero las mujeres, como sus derechos y reclamos, deberían estar decisivamente presentes en todos los poderes políticos y económicos.

Del PRI a la PGR

Raúl Cervantes Andrade, ahora procurador, ha sido delegado a las asambleas nacionales XVIII (2001) y XIX (2005), consejero político nacional, coordinador de asuntos jurídicos y secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional, además de tres veces legislador federal plurinominal. Todas estas funciones y cargos las desempeñó dentro del Partido Revolucionario Institucional. Es sin duda un militante sólido.

Enrique Peña Nieto lo había perfilado como ministro de la Suprema Corte aun cuando no reunía las exigencias de la ley porque era senador, cargo irrenunciable. Ahora lo ha impuesto como procurador y pretende dejarlo como Fiscal General cuando él ya no sea presidente de la República. Esto se llama designación transexenal que, para colmo, se encuentra prevista en un transitorio del decreto publicado el 10 de febrero de 2014 con el cual se reformó el artículo 102 constitucional.

Peña desea imponer un funcionario por once años en total aunque su partido, el PRI, sea desalojado del Poder Ejecutivo y aunque la Fiscalía, se supone, deba ser independiente del Ejecutivo y de cualquier partido político. Lo que no se explica es que casi toda la oposición haya ratificado el nombramiento de Raúl Cervantes, destacado dirigente priista, sin que éste cubra requisitos de idoneidad para el cargo de procurador. No ha tenido nada que ver con la investigación criminal, no ha estudiado criminología, no ha tenido contacto con la procuración de justicia, carece de conocimientos sobre la organización de la PGR. Al respecto, el nuevo procurador está en blanco y así se puede pasar años. Un verdadero fiscal no se improvisa.

En otros países se busca un procurador profesional. En México con la mayor frecuencia se nombra a un experimentado político oficialista experto en maniobras propias de su ramo. Así ha sido durante muchas décadas. Baste recodar algunos personajes como Portes Gil, López Arias, Sánchez Vargas, Ojeda Paullada, Oscar Flores, Morales Lechuga, (Lozano Gracia, PAN), Macedo, Murillo Karam, entre otros. La Procuraduría ha sido una posición política, no una institución de Estado. Ha sido instrumento para perseguir y para perdonar, para amenazar y para negociar. Nunca nadie ha tenido la confianza plena en el Ministerio Público convertido en instrumento del poder político. Carranza quería una especie de ombudsman, al margen de los jueces porfirianos de consigna y de la Secretaría de Justicia, entonces abolida, pero se equivocó de lado a lado cuando implantó la norma de que el procurador debía ser nombrado y podía ser removido libremente por el presidente de la República en turno: hasta aquí llegaron las ansias reformadoras de la justicia en 1917.

Bajo un sistema de partido dominante de Estado y, además, corrupto, la justicia no puede ser independiente aunque lo proclame la ley. De lo que se trata es que ya lo sea después de cien años. Ese requisito es uno de los elementos básicos para desarrollar la democracia política y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, sociales y políticos. Pero Raúl Cervantes, prominente militante priista e integrante del entorno cercano de Peña Nieto, no es la persona capaz de abrir el paso a una Fiscalía General independiente basada en la legalidad y la probidad.

¿Para qué se quiere a Cervantes? Para tener ahora y después de Peña el control de la procuración de justicia, de las investigaciones penales, de la cantada lucha dosificada y con dedicatoria contra la corrupción y del uso instrumental del Ministerio Público. El procurador Raúl Cervantes nos quiere decir que el sistema no cambiará aunque las leyes hayan sido modificadas.

Sólo hay dos gruesos detalle: 1) no habrá fiscal hasta que haya ley de la Fiscalía, lo cual depende del Senado y 2) el próximo presidente de la República podría remover a Cervantes del puesto de Fiscal General si el Senado se abstuviera de objetar dicha remoción en un plazo de diez días. Así que es algo pronto para que Peña y su grupo, así como otras bandas priistas, canten victoria con la llegada de Raúl Cervantes a la PGR y luego a la Fiscalía General. Los ex gobernadores en capilla, por su lado, ya no tienen salvación porque son el estandarte de la anunciada derrota de la corrupción del Estado mexicano. Ya hemos visto lo que eso significa cuando son los mismos (o parecidos) quienes gobiernan.