Haría falta que nos preguntáramos por qué nadie defiende los nuevos privilegios fiscales. En la discusión (es un decir) en el Senado, ningún legislador quiso subir a tribuna a explicar por qué era necesario exentar del pago de derechos por dos años a los futuros concesionarios de las nuevas bandas de telecomunicaciones, las más rápidas y potencialmente rentables del espectro radioeléctrico. La mayoría votó sin explicación alguna. Ni siquiera se justificaron quienes cambiaron su voto, es decir, quienes en la primera revisión del proyecto habían votado en contra y después, en la segunda, lo hicieron a favor. Se ofendieron, sí, cuando se les llamó rajones. No hubo discusión, pues.
En el país de los privilegios fiscales nadie quiere defenderlos, pero siguen ahí. Aún más, se crean nuevos.
Ha sido en verdad doloroso ver senadores que ante el ofrecimiento de salir en la televisión votaron a favor de la nueva concesión fiscal o se ausentaron del salón de sesiones. De seguro que no les cumplirán las promesas ni les van a respetar como personas y políticos, pues han sido vencidos por el temor, más fuerte por lo visto que la convicción y el cumplimiento del deber.
México va para atrás. Antes, sólo el presidente de la República podía doblegar a los legisladores. Ahora lo hace quien tiene poder mediático. Un senador, el cual por cierto mantuvo su voto en contra hasta el final, me dijo que era imposible sacar un decreto en contra de los poderes fácticos en un plazo mayor de tres días. Otro legislador lo contradijo: ¡más de un día! Es que fue tan burda la presión ejercida sobre los senadores que algunos periodistas lo han comentado, aunque por desgracia no en todos los medios. Otro político me dijo que ante circunstancias tan especiales tienes tres puertas enfrente: una donde se encuentra una persona con una metralleta, otra donde está un montón de dinero y la tercera donde hay un televisor; alguna de las tres amenazas-promesas tiene que funcionar.
No se trata sólo ni principalmente de los cinco mil millones concedidos a los más ricos del país. Es la concesión de algo que se llama soberanía, a cambio de la promesa de ser promovido en la televisión. Dicho al revés: el que se mueve no sale en la tele. ¿Cómo se puede aspirar a gobernar una ciudad, un estado, si ante la amenaza-promesa se cede a una pretensión tan ilegítima que lesiona al país? ¿De verdad es aceptable la idea de que el éxito de una precandidatura o una candidatura dependa de la decisión personal del dueño de una cadena nacional de televisión? El PRI no nos ha explicado porqué votó a favor de esta exención fiscal; tampoco lo ha dicho la mayoría de los senadores del PAN ni los legisladores de Convergencia, mucho menos los del Verde. Pero tampoco han dado explicaciones aquellos pocos senadores del PRD y del PT que se ausentaron de la sala de sesiones al momento de la votación.
Un Estado así debería ser declarado en estado de ruina o de emergencia para ser reconstruido. Pero nadie hace la menor declaración ni expone algún argumento. Todo es silencio. Todo es simulación. Todo es un asco.