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Disputa de la palabra

No hay hecho político que más irrite a las derechas moderadas o extremas que las cotidianas conferencias de prensa del presidente de la República, las denominadas mañaneras.

Una de las características de la situación actual es que se está disputando la palabra. Durante décadas, el poder llenó el espacio político con su propia palabra, la pronunciada por sus voceros directamente autorizados o por aquellos que se dedicaban a reproducir, elogiar, explicar, justificar a los poderosos: todo un oficio muy bien pagado.

Andrés Manuel López Obrador carece de voceros oficiales y tampoco tiene a los pagados. Él es el vocero de sí mismo. Habla todos los días, a veces no sólo por la mañana sino a deshoras. Los reporteros le preguntan libremente, le encaran, le refutan, le contradicen. El presidente responde y añade, se sale del tema y luego tiene que regresar ante la presión del diálogo ingrato.

Este esquema es el medio de disputar la palabra tantos años capturada por los ahora desplazados del poder.

Antes, los grandes medios ofrecían lugares a los opositores, incluyendo a López Obrador, pero no cedían la palabra, la cual estaba bajo el control de los poderosos.

Hoy, como las oposiciones formales dicen y vuelven a decir, pero no alcanzan a rebatir al presidente de la República, esta función sólo la intentan los periodistas del foro presidencial y, a veces, algunos otros de aquí y de allá. Así, por infortunio, es la precariedad del discurso de los partidos opositores la que le otorga mayor fuerza a la prensa de todas las tendencias y querencias.

Quizá por eso mismo no descuellan las tesis contrarias a las de la nueva fuerza gobernante, sino las búsquedas incesantes de las contradicciones del discurso presidencial, los olvidos, las evasivas, las equivocaciones, las confusiones. No existe un debate político propiamente dicho porque algo que pudiera llevar ese nombre no se lograría en conferencia de prensa sino en tribuna, en acciones masivas, en conglomerados convocados para la protesta y la propuesta.

Durante las tres décadas del movimiento que recién triunfó, las proclamas opositoras eran hundidas en un mar de baterías propagandísticas, la mayoría de paga, y en hoyos de silencio. En los tiempos actuales, en cambio, quien fuera líder de aquella oposición, el presidente de la República, habla todos los días, con o sin tino, pero su palabra al fin se escucha, sin tener que pagar y se puede contradecir.

Cosa diferente, claro está, consiste en la práctica de desvirtuar o tergiversar lo dicho por Andrés Manuel o por cualquier otro funcionario o legislador de la 4T.  Existen montones de notas periodísticas que dicen lo contrario de lo expresado por la fuente y, a veces, los encabezados deforman lo escrito por el mismo reportero. Eso es algo de lo más común porque el más fácil es el periodismo sin responsabilidad social o el que soslaya su propia ignorancia.

Con o sin definiciones éticas, el caso es que nadie en los medios está obligado a hacer ditirambos al poder político de la República. Esto es parte del nuevo esquema de disputa de la palabra.

Un periódico o revista, emisora de radio o televisión, portal de noticias, etc., puede ser tan opositor como quiera y recurrir a su propia moral, por ejemplo, aquella que se deriva de sus ideas sobre el carácter de la fuente cuyos actos o pronunciamientos reseña, antes de la obligación de comunicar a su público lo que está pasando. Todo eso es parte de la nueva normalidad creada a partir de un nuevo sesgo que ha tomado la disputa de la palabra.

La prensa fifí siempre ha existido y se reconoce a sí misma de sobra. ¿Por qué tanto desconcierto? Porque expresar ideas y convicciones no es algo normal cuando se trata de un político poderoso, el cual debe «guardar las formas» aunque esas estén basadas en la hipocresía, denominada respeto. Se ha llegado a postular que los críticos no deben ser criticados por los sujetos de su propia crítica. Eso ya no es vigente. La libertad de difusión de ideas es para todos, todo el tiempo. Así lo señala la Constitución y lo confirma la práctica.

Ante la existencia de unas oposiciones bastante extraviadas y desmovilizadas, en la actual disputa de la palabra han ganado los medios, tanto los tradicionales como los emergentes, aunque muchos han perdido ingresos. Se han hundido el «chayote» y la gacetilla, aunque sobreviven, pero todos pueden ahora decir libremente lo que piensan y difamar a quien deseen, a la espera, eso sí, de una eventual respuesta que se escucharía.

Bien, la disputa de la palabra abierta por la 4T es también un invaluable instrumento de aquella prensa que le sirve a sus lectores o escuchas.

La situación de la extrema derecha

El ruido calumnioso metido en las redes sociales, tan luego se informó del trágico fallecimiento de la gobernadora y ex gobernador de Puebla, no ha sido una respuesta elemental e irreflexiva. Es parte de la situación en la que se encuentra la extrema derecha mexicana a partir de las recientes elecciones.

Vemos ahora una ira contra todo lo que siempre se había odiado. La extrema derecha mexicana ha vivido un tanto asustada del peligro de que llegara al poder lo que ella misma califica de populismo. Primero fue Cuauhtémoc Cárdenas, después, Andrés Manuel López Obrador. La diatriba, el rumor, la noticia falsa han sido armas de constante uso en contra de la fuerza política emergente en el país.

Para aproximarnos a la existencia de este fenómeno, véase la forma tan tranquila en que esa derecha observó el cambio de presidente de la República en 2012. Se iba el PAN pero no llegaba la izquierda sino la otra derecha. Las cosas se mantuvieron bajo control, aún cuando se criticara y despreciara de vez en vez al mandatario priista, dentro y fuera del PAN, dentro y fuera del PRI.

Es verdad que esa extrema derecha no sólo está dentro de ambos partidos. Esto mismo le permite asumir diversas formas para expresarse con frecuencia sin compromiso partidista alguno, desde medios de comunicación y a través de organizaciones y empresas.

El problema de estos días es que muchos en el PAN y no pocos en el PRI están avanzando en la misma actitud iracunda contra la izquierda cuando ésta se ha convertido en fuerza gobernante del país como consecuencia de un torneo electoral, es decir, a través del voto ciudadano.

El viejo partido de la derecha, aquel que siempre fue leal oposición del viejo sistema político, el presidencialismo exacerbado y de partido del Estado, ha dejado de proponer y dedica su tiempo a tratar de bloquear mientras acusa al nuevo gobierno, así nomás, de dictatorial.

El otro viejo partido, el que siempre asumió al PAN como única oposición y le fue leal hasta entregar sin disgusto la presidencia a Vicente Fox, un panista impostor pero al fin líder del PAN, ahora, en ocasiones, se acomoda lastimosamente como último vagón de la derecha extrema.

Es la reacción, es decir, el tratar de volver las cosas al estado en que estaban antes.

La pensión universal de adultos mayores, las becas a todos los estudiantes de bachillerato, el financiamiento público de millones de empleos de jóvenes aprendices, son vistos como un reparto de dinero para obtener el apoyo de una parte del pueblo. Son programas «populistas», en la visión reaccionaria, aunque no sean financiados con más deuda pública, como lo fueron los programas sociales focalizados y condicionados que llevaron a cabo PRI y PAN durante muchos años.

No se trata, sin embargo, del neoliberalismo a secas, sino de aquel que es más ideológico. La extrema derecha mexicana no es vociferante y maledicente sólo para preservar sus intereses económicos individuales y la corrupción que le brinda ganancias, sino para defender su concepción de país y de mundo, ligada sin duda a sus intereses de clase, pero también a su concepción más general, aquella que expresa intereses difusos, más históricos: los de dominancia social. Es por ello que no va a cambiar y no va a dejar de maldecir el día en que la izquierda se convirtió en fuerza gobernante en su «propio país».

A esto debe responder, ahora y en el futuro, la nueva fuerza gobernante, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.

El PRI en el Senado se ha ubicado también del lado de esa actitud iracunda. Al ponerse a la cabeza del PAN, en medio de las acusaciones contra el gobierno sobre la desgracia ocurrida en Puebla, el PRI descalifica desde ahora la investigación sobre la caída del helicóptero. Propone que el Senado investigue, pero una comisión senatorial no podría en forma alguna saber más y mejor al respecto que otra de técnicos especialistas.

Sin embargo, Osorio Chong, el ex secretario de gobernación cuando ocurrió la tragedia de Iguala, nos dice a bocajarro que no está dispuesto a tolerar que se oculte la verdad y que todo debe ser esclarecido rápidamente. Este sería un episodio de comicidad si no fuera porque el PRI se ubica, por boca de uno de sus portavoces parlamentarios, en el plano de la extrema derecha: vocifera en lugar de pensar.

Las acusaciones vertidas en redes sociales en contra de López Obrador con motivo del deceso de las dos personalidades políticas poblanas y panistas no son obra de una acción concertada, aunque, soltada la mentira, algunos bien organizados reprodujeron la especie del atentado político. Se trata de otra cosa. Es un estado de conciencia de la extrema derecha ante un mundo que se le está cayendo y que no logra volver a integrar en su escindida cognición. Entre lo real y lo que debe ser hay para esa corriente política e ideológica muchos puntos que no quieren coincidir.

Por esto, dentro de ese pensamiento reaccionario aceptado por la voluntad propia, el designio de la extrema derecha arroja que, pase lo que pase, el gobierno de AMLO siempre ha de ser perverso, lo peor, lo irreconciliable con una moral que se niega a reconocer su hundimiento porque no contiene en sus preceptos el mínimo elemento de democracia.

La extrema derecha mexicana se está ubicando en el plano del delirio. Por ello busca solamente bloquear, vociferar, insultar, falsear, mentir.

Es preciso un nuevo sistema de comunicación social que responda bien y rápido a un fenómeno que no sólo está siendo manipulado por varios mecanismos formales, sino que es incontinente expresión de un estado de conciencia que viene de la profunda sensación de haber sido despojado de un orden establecido. Así está la extrema derecha. Pocas veces había estado así en México.

Piénsese en 1857.

 

 

Debates sin hipocresía

Se critica a Andrés Manuel López Obrador por participar directamente en debates políticos ventilados en medios y redes. El principal argumento es que el presidente de la República tiene tanto poder que resulta ventajosa su intervención en las confrontaciones políticas. Algunos agregan que cualquier debate en el que tome parte viene a ser un uso de recursos públicos a favor o en contra de uno o varios partidos.

El Poder Ejecutivo siempre ha participado en todo debate público e, incluso, privado, que tenga que ver con la lucha política. Los presidentes fueron mucho más lejos que eso, al mandar callar a políticos y periodistas. Eso ocurría hasta hace muy poco.

La parafernalia del poder y el ropaje del poderoso llevaban a ubicar al jefe de gobierno como un político diferente porque era más o menos intocable y estaba por encima de las pugnas. Sin embargo, el mandatario siempre se hacía sentir aunque muchas veces de manera indirecta, a través de toda clase de intermediaciones, cuando se trataba del debate o la defenestración de adversarios o críticos.

Ese no parece ser el estilo de López Obrador porque la política ha empezado a cambiar en el país. Hay una nueva fuerza gobernante cuyo líder que no requiere de subterfugios ni intermediarios sino del lenguaje franco. En otras palabras, esa clase de liderazgo que ejerce AMLO requiere medios directos.

El ahora presidente tiene la misma situación dentro de su partido. La controversias en Morena tienen con frecuencia la participación de Andrés Manuel en la misma forma en que se produce el debate con partidos, medios de comunicación y críticos de diversas inclinaciones ideológicas.

En el México de estos días la opinión crítica es mucho mayor que nunca antes. El ensanchado marco de libertad de comunicación de ideas es producto de una muy larga lucha contra los poderes que tenían la censura y la supresión como instrumento de prevalencia. Además, las nuevas redes han traído libertad a millones de personas que ahora pueden comunicar sin ser dueños o trabajadores de los medios formales.

Al mismo tiempo, el presidente de la República es y seguirá siendo uno de los principales objetivos de la crítica. A éste le corresponde, en consecuencia, la misma libertad de replicar, alegar, argumentar, responder, criticar.

Los tiempos no son los de la vieja hipocresía de los poderosos quienes movían a otros, hablaban mediante picos ajenos, daban órdenes encubiertas.

Si se quiere vivir en democracia, trascender el formalismo en todos los sentidos, profundizar en los temas, informar en la libertad y criticar sin miedo, tenemos que admitir que podemos discutir entre nosotros y que el presidente es uno más en este terreno.

En reciente reunión entre Andrés Manuel y la mayoría parlamentaria de ambas cámaras, aquél repitió que no tiene halcones ni palomas mensajeras, que nadie habla por él y que cuando tenga desacuerdo lo dirá, tal como lo hacen los mismos legisladores y legisladoras.

Si ha llegado un nuevo momento de debates políticos, de seguro habrá de ser mejor que los tiempos de la hipocresía.

Omisiones escandalosas

La falta de lectura o comprensión de los textos legislativos suele generar más escándalos que las rigurosas crónicas de los hechos y de los dichos. La reciente ley de remuneraciones ha generado más notas escandalosas que muchas otras noticas sólo por la omisión de la lectura del texto legal y, en consecuencia, del relato de su contenido.

Si así va a seguir la comunicación social cuando vengan otros muchos decretos que tiendan a subvertir el viejo Estado corrupto y el antiguo sistema de la democracia formalista, México entero vivirá en el escándalo provocado por la ignorancia.

La ley de remuneraciones estuvo congelada más de seis años. En total, el Congreso llevaba ya nueve años en omisión legislativa. Sus detractores han dicho que está mal, que tiene contradicciones y antinomias, que es inaplicable, que generará muchos amparos, que es un caos. Pero nadie ha dicho por qué. Sólo se afirma que en lugar de Unidad de Medida y Actualización dice salario mínimo del Distrito Federal. Si esa ley hubiera sido aprobada hace seis años, como era obligado, durante varios años habría tenido ese «defecto» y seguiría con el mismo, tal como también lo tienen todas las leyes que fueron expedidas antes de que se creara el UMA y se eliminara el DF. La vigencia de las normas no se afecta con los cambios de denominación. Para eso se generan disposiciones transitorias en los decretos legislativos.

Muchos comunicadores reprodujeron la especie de que la nueva ley de remuneraciones indicaba los sueldos de algunos funcionarios. ¿De dónde salió eso? Hasta ahora nadie lo sabe. Era quizá una sospecha o una simple suposición.

La falta de lectura del decreto lo convirtió en lo que no era y le restó relevancia a lo que efectivamente contiene.

La ley de remuneraciones define lo que éstas son y señala lo que no son. Ya se acabó el tiempo en que la segmentación de conceptos escondía lo que en realidad percibe cada servidor público. Todo lo que se paga, en efectivo o en especie, es remuneración y ésta se encuentra sujeta a las mismas normas.

La regla de que nadie puede ganar más que el Presidente de la República tiene 9 años vigente, se encuentra en el artículo 127 de la Constitución, pero algo nuevo de esta ley es que ya existen sanciones aplicables en el caso de que tal precepto no se respete.

No recuerdo a ningún comunicador social que se haya dado cuenta de que el decreto contiene también sanciones administrativas y unas adiciones al Código Penal Federal.

Pero hay otras omisiones informativas. Algunos conductores de programas radiofónicos han estado preguntando que quién determina la remuneración del Presidente de la República, el cual es el salario máximo en el Estado mexicano. Parece que no se recuerda que es la Cámara de Diputados la que lo fija cada año, junto con muchos otros, desde 1824.

Si la ley de remuneraciones durmió el sueño de la congeladora legislativa fue porque es odiada por quienes tenían el control del termostato, los partidos del PRIAN. Esos no han estado de acuerdo con la regulación de los sueldos de la alta y dorada burocracia que durante décadas ha dispuesto de los recursos públicos para establecer las remuneraciones más altas y las pensiones más ofensivas.

Entre las omisiones informativas se encuentra el carácter ilegal de los pagos a ex directores de la banca del Estado, quienes gozan de pensiones otorgadas por los órganos de gobierno de las instituciones pero en contravención del artículo 127 de la Carta Magna.

Como no existía ley reglamentaria y, por tanto, tampoco sanciones, se podía seguir cobrando pensiones y sobresueldos sin admitir el imperio de la Constitución. Con esa ley, tildada de absurda, ya no será tan sencillo seguir cobrando lo que está prohibido.

Las pensiones de los ex presidentes en realidad nunca estuvieron establecidas en una ley o decreto legislativo, sino que se ubicaban en una partida del presupuesto de la Presidencia para repartir dinero entre aquéllos y sus viudas. Esto ya resulta insostenible a la luz de la nueva legislación.

La prisa de la mayoría de la Cámara de Diputados para expedir la ley de remuneraciones era legítima en tanto que ésta es necesaria para proyectar el presupuesto de 2019. Regresarla al Senado para que dijera Ciudad de México en lugar de Distrito Federal y cosas por el estilo hubiera sido un despropósito.

El insólito acontecimiento de que casi todos los medios de comunicación hubieran compartido la tesis del apresuramiento infundado no es más que expresión de las ganas de presentar a la nueva fuerza gobernante del país como inexperta o acaso voluntarista y necia. ¿Por qué no se criticó mejor la congelación del proyecto y la omisión legislativa que duró nueve años? Eso también se llama omisión informativa.

El primer decreto legislativo de la nueva mayoría parlamentaria ha sido presentado como parte de un escándalo pero sin escudriñar su contenido. Mas como se trata de la primera de una serie de reformas que habrán de venir como expresión de un programa ofrecido en las recientes elecciones, acaso podría pensarse en que la producción legislativa deberá encarar el escándalo por vías de las omisiones informativas.

No ha de ser sencillo para los medios de comunicación ubicarse en la nueva realidad política mexicana. Gran beneficio obtendría la nación si se rescatara del olvido la crónica parlamentaria.

¡Ahí vienen los rusos!

 

Hace una semana (12.01.18) escribíamos sobre la guerra sucia electoral que está emprendiendo el gobierno con el propósito de ubicar a José Antonio Meade en lo alto de la contienda. Pero no calculábamos que, al caer en lo ridículo, sólo se nos muestra el alto grado de nerviosismo existente en el cenáculo político más elevado del país: Los Pinos.

Esto se revela con la reciente afirmación del oscuro personaje, varias veces transexenio y transpartido, que ha tomado el micrófono en el cuartel del aspirante priista: Javier Lozano.

La vieja frase «¡Ahí vienen los rusos!» está de regreso mediante las exclamaciones con las cuales se ha inaugurado la nueva vocería de prensa de Meade-Nuño-Videgaray. Es un concepto de la guerra fría que ha sido puesto en el escenario a propósito de las revelaciones de la CIA sobre intervenciones rusas a través de Internet y con el incesante activismo político de la prensa que mueve el Kremlin.

El rumor sobre el interés que pudiera tener la gente de Vladimir Putin en las próximas elecciones mexicanas ha llegado de un diario estadunidense pero no se han presentado indicios concretos. El gobierno mexicano, oficialmente, no podría hablar del punto sin presentar protesta documentada por vía diplomática a Rusia, por lo cual no tenemos ningún elemento.

Sin embargo, el vocero de Meade se toma la libertad de señalar a López Obrador y, haciéndose el chistoso, le llama Manuelovich, como supuesta demostración de las conexiones del líder de Morena con Moscú, para ver la posibilidad de contagiar con el ridículo apodo a algunos medios de comunicación afectos al oficialismo militante. Además, Lozano habla del modus operandi de los rusos, como si él conociera algo del tema.

Lo peor del lance de la casa de campaña del aspirante priista es que lo dicho por Lozano es responsabilidad de Meade en persona, por lo que lleva las miradas hacia él. El candidato del oficialismo tendrá que compartir la burla general de la peregrina afirmación sobre los rusos en las elecciones mexicanas.

Así, Meade no tiene ahora sólo uno sino dos brabucones de barrio. No fue suficiente Ochoa Reza, confeso beneficiario de numerosas concesiones de taxis y arrendador de los mismos, sino que ahora acude a otro golpeador, quizá peor por su larga experiencia en el oficio.

El grado de desesperación generada por una candidatura que no prende en el ánimo popular, podría ir mucho más lejos que las ridiculeces sobre la amenaza rusa. Podríamos tener pronto, a cargo de Lozano, cualquier acusación de robo, fraude, asalto, violación sexual o lo que fuera, para alimentar desconfianzas sobre López Obrador. Podríamos tener falsos testigos en los medios de comunicación para sostener calumnias, aunque los dichos fueran groseramente insostenibles.

La sola presencia de Javier Lozano como vocero ensucia la actuación de José Antonio Meade, pero el problema mayor es que a éste no le importa, pues, al parecer, aprecia los servicios de un individuo carente de todo principio ético, con tal de elevar su propia capacidad de calumnia (se le dice debate) frente a López Obrador.

Como es fácil entender, por desgracia el problema no es sólo del PRI sino de las condiciones en las que se desenvuelve la lucha política en el país.

A partir del incidente de Lozano sobre el tema de los rusos, los medios de comunicación, en la medida de lo posible, deberían asumir una actitud de prevención al lector u oyente sobre toda calumnia o afirmación inicua y sin elementos de prueba que lance el nuevo vocero de Meade contra otros candidatos, con exclusión de los inevitables insultos personales, los cuales suelen caer por sí solos.

Esa actitud sería un aporte efectivo al mejoramiento del clima político en medio de una campaña electoral, cuyo desenlace de seguro dejará una impronta que no podrá ser soslayada.

El `68, Perelló y el machismo

Una de las maneras de explicar las expresiones machistas, discriminadoras y ofensivas de Marcelino Perelló en la última emisión de su programa en Radio-UNAM, ha consistido en afirmar que él se quedó en lo que eran los jóvenes estudiantes en los años sesenta, y que no ha entendido los cambios producidos desde entonces en las relaciones de género.

El punto es relevante porque en los medios universitarios de fines de los años sesenta el machismo era menos desbocado que el predominante en el resto de la sociedad. En 1968 las estudiantes participaron junto con sus compañeros. Ese fue el primer movimiento estudiantil al que se incorporaron masivamente mujeres, con motivo del cual cambiaron varias cosas en sus relaciones con los hombres.

Es también relevante el punto porque cuando los dichos machistas de un comunicador social se atribuyen al predominio de una conciencia discriminatoria, en el fondo se está buscando justificarlos, es decir, convertir al conductor del programa en una especie de víctima de una sociedad machista que le ha impartido sus enseñanzas.

Es verdad que la discriminación de las mujeres es un producto histórico social, pero ver cada caso con ese lente es un callejón sin salida que sólo puede llevar a justificarla y a impedir su rechazo. La lucha por subvertir las desiguales relaciones de género no se dirige contra un fantasma que está en todos sitios y en ninguno, sino contra los elementos concretos de la conciencia patriarcal y de su práctica.

Decir en la radio que es normal ultrajar a una mujer –que fue lo expuesto por Perelló— es exactamente una manera de tratar de normalizar una conducta que, por más frecuente que sea, es socialmente repudiable.

Haber dicho en público eso en 1968 hubiera sido escandaloso e igualmente execrable. La diferencia es que ahora las mujeres tienen más voz y han logrado cambiar leyes y otras normas, además de que existen nuevos medios de comunicación no monopolizados como las redes sociales.

Desde el ángulo jurídico, la Constitución obliga ahora a la autoridad a hacer valer el derecho de todas las personas a no ser discriminadas, a ser respetadas por su sexo, edad, etcétera. Invocar la libertad de expresión (aquí sería la de difusión de las ideas a través de cualquier medio, incluida hace pocos años el artículo 7º. de la Constitución), es una falsedad porque nadie tiene derecho a difundir ofensas discriminantes y tendientes a la reproducción de condiciones de opresión de género a través de medios orales, visuales, escritos. Así es la ley porque de lo contrario sería imposible hacer efectivos los derechos humanos.

Si en la difusión se pudieran normalizar libremente los ultrajes sexuales, se haría nugatoria la norma fundamental consiste en que dichos actos son ilícitos. No se trata de suponer que tales ultrajes sean poco frecuentes sino que no sería válido considerar que, por no serlo, hubiera que ignorarlos o justificarlos con la falsa tesis de que no se pueden perseguir uno por uno. Si pocas o muchas personas debieron ser reconvenidas por acciones similares pero no fue así, eso no puede justificar la conducta ilícita de nadie más.

En la reciente discusión a propósito de lo dicho, refrendado y aumentado por Perelló, se ha hablado también de una supuesta actitud irreverente y subversiva del cuestionado conductor radiofónico. Pero en realidad es al revés: lo subversivo consiste en la crítica y la defenestración de la normalización de las agresiones sexuales. Nada que ver, por cierto, la discusión sobre el tipo penal vigente de violación, sino lo dicho por Perelló sobre lo normal que le parece a él la agresión sexual sin cópula, cuestión, por cierto, debatida y legislada desde el siglo XIX (1871 en México).

Por lo oído, algunas opiniones de Perelló al respecto no se ubican en los años sesentas del siglo XX sino en el siglo XVIII.

Propaganda personalizada

Como no se sabe, en México está prohibida en la Constitución la propaganda gubernamental personalizada, es decir, que contenga nombres, símbolos o rostros de cualquier servidor público. Lo que sí se sabe es que esta publicidad pagada abunda en los medios.

Durante años he llevado a cabo una lucha en contra de esa práctica inconstitucional pero he tenido muy poca suerte. El primer problema es que no existe ley reglamentaria de ese precepto constitucional contenido en el artículo 134, por lo cual tampoco está definido el procedimiento ordinario exacto para hacer denuncias formales y exigir las sanciones correspondientes. El segundo problema es que en tiempo de elecciones sí se puede combatir esa propaganda personalizada en los organismos electorales y los correspondientes tribunales, pero eso tampoco ha resuelto nada, ya que la autoridad es remisa y omisa, y, además, los servidores públicos no pueden ser sancionados por el Instituto Nacional Electoral, son impunes por mandato legal.

La Sala Superior del Tribunal Electoral ha resuelto una vez más que no se acredita la conducta ilegal imputada a dos gobernadores: Eruviel Ávila, del Estado de México (ponente: Oropeza), y Javier Duarte de Veracruz (ponente: Penagos); además, lo hizo también en principio respecto de Manuel Velasco de Chiapas, a reserva de aprobar la exculpación posteriormente, ya que fue desaprobada la ponencia de la magistrada Carmen Alanís que proponía declarar fundada la queja y se nombró un nuevo ponente.

Dice la mayoría del Tribunal (Carrasco, González Oropeza, Penagos y Galván) que no se acredita propaganda personalizada porque no está probado que se haya pagado con fondos públicos, pero se da vista al congreso mexiquense para que averigüe si hubo “falta de cuidado”. ¿Si las gacetillas son ajenas al gobierno, cuál podría ser la “falta” de cuidado? Pero la mayoría de los magistrados explica el asunto admitiendo que la gacetilla denunciada efectivamente tiene apariencia de gacetilla pues no está firmada y tiene un formato diferente que las notas normales, pero que nadie, ni el quejoso ni la autoridad (el INE), mucho menos la Sala Especializada del Tribunal, mostraron la orden de inserción y el recibo de pago. La magistrada Alanís les respondió que eso no es necesario porque hubo contratos con los medios aunque en éstos no se esclarece las inserciones que ampara cada uno. En síntesis, el Tribunal envió a Toluca el asunto para que allá se averigüe algo. No es ingenuidad sino plan con maña.

Si la gacetilla era gacetilla y en ella aparecieron los gobernadores, entonces hay una violación del artículo 134, párrafo 8, de la Constitución sin que la autoridad tenga que saber porqué el periódico no lo informa. La gacetilla pagada no está prohibida, lo prohibido es la foto del gobernante, la promoción de su persona. Eso es todo. Pero no ha podido hacerse valer.

Las resoluciones de la Sala Superior del TEPJF sólo servirán para que los gobernadores que pagan dinero público por aparecer en los diarios (Eruviel Ávila es el campeón nacional) se sigan burlando de la Constitución y de todo el orden jurídico que, como se sabe, en México es muy relativo. ¿Aparte de los diarios y revistas donde las inserciones son más claras, cuántas noticias de radio y televisión en la que aparecen gobernantes o se habla de ellos son gacetillas? No lo sabemos. La falta completa de transparencia en los gastos de comunicación social de todas las oficinas públicas del país nos impide tener alguna idea al respecto. En realidad, los medios no están obligados a informar al público quién paga cada inserción pagada, pero los entes públicos sí se encuentran obligados por las leyes para informar a quién le pagan y para qué.

La censura y la consigna

Es horrible vivir bajo la censura y peor bajo tribunales de consigna. Así estamos.

A la censura aquella contra un mensaje de televisión del PRD en el que se afirmaba que todo seguía igual o peor y aparecían las figuras de Peña, Osorio, Videgaray y López-Dóriga (este último en relación con el viejo predominio en la televisión), llegamos ahora a otro acto de censura contra López Obrador por hablar de un desvío multimillonario de dinero público y criticar la adquisición del ahora llamado avión presidencial, el cual, a decir del líder de Morena, será vendido en 2018.

En realidad importa menos quiénes son los censurados frente a los monstruosos actos de censura. Y preocupa aún más el que la censura venga del más alto tribunal electoral del país.

Los cinco magistrados que por unanimidad aprobaron la censura han dicho que los mensajes de radio y televisión “no pueden ser utilizados para la promoción personal de los presidentes de los partidos políticos, sino que deben destinarse exclusivamente a la difusión de los objetivos, programas de acción y posturas ideológicas de los partidos políticos”. ¿Quién lo dice? El Tribunal y nadie más. En efecto, la Constitución señala el objeto del derecho de los partidos a difundir propaganda en radio y Tv pero jamás insinúa siquiera que los voceros de tales partidos no puedan hablar en nombre de su organización. El Tribunal carece de vergüenza al añadir por antojo textos a la Carta Magna.

Pero el Tribunal también le quita textos a la Constitución. Interpreta la misma sin admitir que se trata del ejercicio de un derecho humano definido en el artículo séptimo como difusión, por cualquier medio, de opiniones, información e ideas. Se niega, sin analizar el punto, que en ese espot como en otros se difunden opiniones, y que, mientras no haya calumnia, el Tribunal no puede censurarlo en vía precautoria ni de ninguna otra manera.

Dicen los magistrados que el líder de Morena “aparece prácticamente todo el tiempo, exaltando su nombre y cargo (por lo que) resulta incuestionable que se trata de la promoción anticipada de su imagen (sic), con lo cual se vulnera (!) el principio constitucional de equidad”. Se acusa al indiciado de “constituir un posicionamiento personalizado indebido de un dirigente partidista (!) vinculado a un proceso electoral específico (?), considerando tanto la centralidad del sujeto (!) participante como el contenido del mensaje, lo que podría resultar contrario a los fines y obligaciones (sic) de los partidos políticos, así como del objeto central de las prerrogativas en radio y televisión”.

Lo anterior carece de agarradera legal pero tiene un piso político muy claro. Los magistrados se han tragado la especie de que hay que detener a López Obrador a como dé lugar porque él ya dijo que será candidato a presidente. Ya sabemos que Osorio, Videgaray, Nuño y Beltrones también quieren llegar a Los Pinos por lo cual ellos aparecen todos los días en la televisión pero en lapsos más largos y con mayor cobertura que cualquier líder de partido: pagan por debajo del agua. La Constitución está muy lejos de impedir la propaganda de los líderes políticos sino que, por el contrario, les otorga acceso a la radio y la televisión.

La propaganda personalizada está prohibida en la Constitución para los servidores públicos con recursos también públicos. Este precepto que se viola todos los días a ciencia y paciencia de las mismas autoridades que se encargan de rechazar las quejas que yo presento por montones, ahora se aplica a los líderes de los partidos políticos. Esto en verdad es una vergüenza mundial.
El Tribunal no ha otorgado una medida cautelar sino que ha entrado al fondo del asunto y ha resuelto la inconstitucionalidad del uso de la radio y la Tv para exponer opiniones inconvenientes desde el punto de vista del gobierno.

Así lo hicieron esos mismos magistrados cuando censuraron el espot del PRD. Ellos dijeron entonces que ese partido no había cometido ninguna infracción pero que de todas formas se cancelaba su promocional porque molestaba la imagen de otro. Ese otro, López-Dóriga, quien había presentado la queja contra la libertad de expresión, aparece casi todos los días en la Tv, impide que muchos se expresen ahí pero le molesta que un partido utilice su imagen como símbolo viviente de un monopolio y, encima de todo, le apoya un tribunal porque junto con él también aparecían Peña y sus compañeros.

El Tribunal ahora ha ido más lejos: “la propaganda política se transmite con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico para generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias”, es decir, no se pueden hacer críticas puntuales sino pura ideología. A los magistrados no les importa la libertad de difusión. Están escribiendo una nueva Carta Fundamental y se las está dictando el secretario de Gobernación.

Así era antes, cuando gobierno y tribunales no se distinguían en absoluto. Ahora, con tribunales de consigna, el gobierno lleva nuevamente al país a un despeñadero de confrontaciones y odios por todas partes.

El Chapo en una campaña del poder

A la memoria de Gerardo Unzueta

 Ha dicho Joaquín Guzmán Loera en la entrevista publicada en la revista Rolling Stone que “el narcotráfico no depende de una persona; depende de muchísimas personas”. Esta verdad incontrovertible no parece afectar el ánimo de los gobernantes mexicanos que han organizado una campaña de medios para presentar la captura del jefe narcotraficante como una proeza histórica y un fuerte golpe a la industria del narcotráfico. “Misión cumplida”, escribió el presidente de este país en su twitter.

Que el gobierno entregue videos tomados dentro de la residencia de Guzmán Loera para ser difundidos por la televisión abierta es un hecho absolutamente condenable. Los gobernantes no están autorizados a difundir la violencia militar o policial ni la violencia a secas. Esa propaganda no corresponde a un Estado afecto a los derechos humanos. El país está ahora peor que bajo el gobierno de Felipe Calderón quien empezó el espectáculo. Ahora Peña Nieto da a conocer acciones militares, disparos a discreción, explosiones de granadas como si se tratara de un filme de ficción. Esa campaña envilece al gobierno, lo convierte en un promotor de la violencia. Al tiempo, presenta a El Chapo como un personaje épico con lo que converge con la industria del entretenimiento basado en el amarillismo, el uso de armas y la apología del crimen.

Tiene razón Aurelio Nuño cuando afirma que no se debe presentar la historia de los delincuentes como algo exitoso, pero el secretario de Educación no se atrevió a deslindarse de la campaña gubernamental que presenta la violencia real como único instrumento contra los narcotraficantes. ¿Eso es lo que debe enseñarse en las escuelas? La detención se produjo sin violencia lejos de la casa de El Chapo, pero lo filmado y difundido se presenta como el acto mismo de la aprehensión. Se sabe que Guzmán Loera escapó de la residencia allanada, que los militares no se dieron cuenta de ese hecho hasta después de una hora o más y que su detención en la carretera fue incruenta. No hay nada heroico en tales acciones como lo pretende el gobierno a través de su campaña. Sin  embargo, se organizó un tour de periodistas para que éstos reportaran los vestigios de la violencia, la sangre resecada, las huellas de la muerte, los impactos de las balas y los destrozos de las granadas.

La falta de buenos resultados de la gestión gubernamental es cubierta con una acción de pura violencia. Los padres y madres tienen ahora que tratar de explicar a sus hijos e hijas qué es lo que ésta significa, cuál es su causa, y cada quien debe intentar una versión a su modo pues el gobierno no ofrece ninguna sino que nos lanza orgulloso un video a la cara sin brindar la menor explicación del fenómeno que está en el fondo. ¿Qué es el narcotráfico? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué debe hacerse? Un Estado que no dice, miente.

¿Es necesario que el poder haga escandaloso alarde de fuerza? No, ni en la guerra, mucho menos cuando ese mismo poder ha sido sobajado durante décadas por la delincuencia organizada que es un producto genuinamente suyo aunque sea monstruoso, que lo sustituye, que cobra impuestos informales, que controla territorios y órganos del Estado para proteger hechos delictivos, entre ellos muchos de violencia extrema. El video del asalto a la casa de Guzmán Loera no puede ser admitido como un medio de hacer sentir el poder sobre la delincuencia organizada sencillamente porque todo mundo sabe que no se producirán afectaciones en la industria del narcotráfico. Ningún jefe narco tiene ahora más miedo que antes. La tesis de Felipe Calderón era falsa y, en la chocante versión de Peña Nieto, sigue siendo igual de falsa.

Avergüenza tener un gobierno así, sin cultura, sin  decencia, sin verdad, sin discurso político, sin propuesta. Todas las instituciones han sido llevadas al festín de la captura del “hombre más buscado del mundo”, según se dijo. Para empeorar las cosas, la PRG se ha puesto a decir disparates sobre las supuestas decisiones de no capturar a El Chapo en recientes ocasiones como si esa dependencia hubiera tenido que ver algo en la persecución y, además, para mayor escándalo se ha referido a la entrevista periodística realizada por Sean Penn y al contacto con Kate Del Castillo mediante comentarios telenovelescos impropios de lo que se supone que sería la alta responsabilidad del Ministerio Público. La PGR no ha tenido sencillamente ni la menor injerencia en estos asuntos. La procuradora debería al menos guardar la compostura. Roberto Campa, supuesto encargado gubernamental de la defensa de los derechos humanos pero convertido sin recato en policía, brinda su aporte a la telecomedia oficial al afirmar que “una pareja que quería servir al mal terminó sirviendo al bien” (a propósito, ¿dónde están los 17 levantados de Arcelia, señor Campa?). El gobierno da a conocer la transcripción de varios chats sin la autorización de ninguna autoridad competente, como vulgar filtración, sólo para llenar de morbo todo el asunto de El Chapo y dar color a su campaña de medios. Y, en fin, como si todo eso fuera poco, el gobierno analiza la manera de extraditar al jefe narcotraficante a Estados Unidos con lo cual sólo demostraría que no está seguro de que se puedan concluir los juicios en México. No hay el menor recato ni la menor decisión de cumplir con el deber sino sólo de hacer propaganda cruda, barata y dañina del poder establecido.

Los liderazgos y la Tv

El presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones condena que líderes de otros partidos aparezcan en los promocionales de radio y televisión. ¿Quiénes otros tendrían que hacerlo? El jerarca responde: cualquiera que no fuera líder político principal y posible precandidato a la presidencia de la República. Además, el priista agrega: salir en la tele es un fraude a la ley porque ésta no se hizo para adelantar campañas electorales.

Es difícil encontrar en otro país afirmaciones como éstas. Los principales voceros de los partidos suelen ser sus líderes sin que tal cosa pueda ser reprimido. En las llamadas democracias avanzadas el jefe de Estado o presidente del gobierno es el líder de su partido y busca la reelección. Mas si los dirigentes no hablaran se entendería que nada tienen que decir y estaríamos en el mejor mundo posible, uno con políticos mudos. Sin embargo, la ley no se hizo para prohibir que los líderes aparezcan en la pantalla sino justamente para permitir que digan su discurso sin depender para ello de las empresas de televisión y radio.

Por otro lado, el país sufre una campaña de publicidad de Aurelio Nuño en radio, televisión y prensa que al parecer jamás acabará porque empezó justo el día en que Peña Nieto le nombró secretario de Educación Pública y en ese cargo seguirá. Pero Nuño no es líder de un partido, al menos no lo es de manera formal, sino un servidor público que tiene prohibido por la Constitución realizar propaganda oficial personalizada. No obstante, él lo hace todos los días, como también lo hacen algunos gobernadores (Eruviel Ávila en primer lugar), sin que haya sido posible hasta ahora detener las cotidianas violaciones de la Carta Magna, no obstante los esfuerzos que se han llevado a cabo en sedes administrativas y jurisdiccionales.

El tiempo de los partidos en radio y televisión se ha concedido para que éstos digan lo que quieran por parte de quienes quieran, en especial para que critiquen al gobierno o, siendo partido en el poder, lo apoyen. No puede haber ninguna limitación a un derecho que deviene de la libertad de difusión y de la naturaleza de entidades de interés público que poseen los partidos políticos en México. Esto quiere decir que el Estado debe proteger –no sólo permitir– que los partidos hagan propaganda sin depender de los dueños de los medios ni del dinero de los ricos.

Los promocionales políticos y electorales donados o comprados están prohibidos con el propósito de impedir que los medios inunden el espectro radioeléctrico con su propagada y que los partidos se vendan aún más para así poder pagar las tarifas. Sin embargo, ahora Beltrones, al contrario de lo que él mismo apoyó en el Senado cuando estaba en la oposición, quiere que los partidos puedan adquirir tiempo en radio y televisión al precio que los concesionarios les impongan.

El escaso debate en los medios electrónicos se lleva a cabo a través de los mensajes de los partidos. Pero para que un político se vea realmente en la Tv se requiere que los noticiarios cubran a diario sus actividades. Eso lo logran quienes pagan de manera subrepticia por cuenta del erario, naturalmente. Así se hacen las campañas publicitarias. Así lo hizo Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México. No les ha importado nunca que la Constitución lo prohíba porque su texto es algo referencial. Si Aurelio Nuño puede aparecer a diario en todos los informativos de la radio y la televisión, ¿qué aflige a Beltrones? Peña Nieto ya tiene precandidato y éste es el personaje político más visto y escuchado de la temporada. El problema de Nuño es que se le ha ido acabando el discurso regañón con el cual sostiene que la reforma avanza y nadie la podrá impedir como si la evaluación de los profesores pudiera ser un objetivo en sí mismo.

El PRI se muestra muy preocupado por el simple uso de los tiempos políticos en la televisión a través de inocuos promocionales de 20 segundos. La reforma que debería hacerse es que los partidos contaran con programas de varios minutos en los que expusieran algunas ideas, si llegaran a tenerlas, de tal manera que el público pudiera tener información sobre lo que cada cual propone. Además, se requeriría lo que casi está prohibido en México: el debate político directo y presencial de los líderes de los partidos en las cadenas nacionales de televisión. Ante estas propuestas, Beltrones calla. Es normal.