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Aborrecidos decires

Hace años en México se estudiaba “el estilo personal de gobernar”. Cada presidente era sujeto de análisis y adivinaciones sobre la manera de hacer su trabajo o de no hacerlo. Esa politología ha dejado su lugar al aborrecimiento de las conferencias cotidianas del presidente, denominadas “mañaneras”, de por sí insufribles por la hora de su inicio.

El método de comunicación que tuvo que instaurar Andrés Manuel López Obrador (lo hizo igual cuando fue jefe de gobierno de la capital) es ahora aborrecido por los integrantes de las oposiciones formales e informales que abundan en el país, pero sin admitir que ellos son la ocasión de lo mismo que aborrecen. Es peor aun que ningún opositor encuentre en las “mañaneras” aspectos aprovechables para el ataque contra el gobierno, más que la simple objeción de su existencia.

Se trata de un fenómeno mexicano, pero no el cotidiano contacto personal del jefe del Ejecutivo con los medios de comunicación, pues eso existe en casi todo el mundo como instrumento directo de gobierno y elemento insustituible del debate político. Lo exclusivamente mexicano es el rechazo por parte de los opositores, al grado de ser motivo de hiriente desprecio y, por inevitable contradicción, presentado como cuerpo del delito de atentado contra la libertad de prensa.

Durante casi tres años, la oposición no ha construido un mecanismo de réplica de los planteamientos e informaciones del Poder Ejecutivo, sino que sólo denuncia la existencia cotidiana del discurso presidencial, con independencia de su contenido, por ser dicho, lo cual denigra, sin querer queriendo, la función que realizan los cuestionadores o replicantes que asisten a Palacio Nacional en funciones periodísticas.

En México, durante muchos sexenios, se entendió como indicio de buen gobierno que el presidente de la República hablara en pocas ocasiones, pero de manera contundente, luego de lo cual la prensa le aplaudía mediante favorables glosas. Con frecuencia, el jefe del gobierno designaba a uno de los integrantes del gabinete para que se hiciera cargo de leer un discurso y esperar comentarios, los cuales ya eran un poco menos ditirámbicos. Ese método se llamó “reserva de instancia”. Si algo no caía del todo bien o generaba comentarios encontrados, entonces el presidente podía rectificar algún aspecto de la línea de gobierno.

Ahora, tenemos reportes que rinden secretarios de Estado en presencia del presidente, luego de los cuales vienen las preguntas. En las respuestas del presidente o del secretario o secretaria se contienen explicaciones que suelen ser requeridas por los cuestionadores o que amplían la información. También suelen producirse réplicas dirigidas al amplio espectro de las oposiciones o a uno u otro de sus conspicuos portavoces.

Esa parte de las “mañaneras” sí que es algo insólito, pues no se encuentra en la comunicación social de los jefes de gobierno de otros países. Las comparecencias suelen ser unipersonales, ya sean del presidente o de los secretarios de Estado (ministros les llaman). Ahora, en México, en no pocas ocasiones, una pregunta en la “mañanera” ocasiona un citatorio presidencial para que el secretario o secretaria del ramo responda preguntas y aproveche para explicar algún tema.

Este segmento es aún más aborrecido por las oposiciones porque convierte al presidente en una figura que pide cuentas en público a los secretarios y secretarias de Estado, lo cual no era método político mexicano.

No pocos reporteros presentes en esas conferencias de prensa presentan peticiones de personas o grupos, es decir, utilizan su credencial de periodistas para plantear un asunto concreto y requerir respuesta. El presidente contesta o hace las veces de oficialía de partes de sí mismo al turnar el asunto al funcionario competente. Esto suele ocurrir en pocos lugares del mundo, ya que en los países de régimen parlamentario existe la pregunta al gobierno, pero en sede legislativa y va seguida de una réplica.

Lo que tenemos aquí y ahora es una manera en la cual el presidente dirige en público al gobierno. La apertura de los asuntos gubernamentales y de los problemas del país ha dejado a las oposiciones hundidas en trincheras de la maledicencia y la difamación. Pero el nuevo método no es más que algo que forma parte de la discusión política y de la transparencia. Hay una muy evidente diferencia entre los monarcas europeos (o los presidentes en las repúblicas) y los jefes de gobierno de esos mismos países. En México no hay monarca, el presidente es el gobernante directo y tiene que dar la cara y el verbo. Es el estilo estadunidense desde el siglo XVIII. Mas el collage que se hizo en México entre jefe de Estado y de gobierno en una sola persona, la cual tan luego operaba como uno que como otro, según su propia conveniencia transfigurante, fue algo muy mexicano durante varios periodos de la vida republicana del país: se llamó presidencialismo y degeneró en despotismo.

Bueno, pues, ya se acabó el presidencialismo. Quien ocupa la jefatura del Estado y del gobierno no ha perdido ninguna facultad política derivada de la ley y, al mismo tiempo, se encuentra metido en la discusión pública y en el abierto examen de problemas y más problemas, amén de tener que replicar todos los días.

Imaginemos a un nuevo presidente mexicano que fuera igual que Adolfo Ruiz Cortines, con el objeto de reestablecer el “señor presidente” de los años cuarenta y sucesivos. No habría “mañaneras”, ni siquiera esporádicas conferencias de prensa presidenciales. Recordemos cómo las evadía el anterior presidente, Enrique Peña Nieto, en pleno siglo XXI. Hay cierta nostalgia en no pocos opositores actuales.

Pero la hipocresía como recurso integrado a la forma de gobernar no existía por vocación de los políticos, sino por conveniencia de casi todos ellos, pues aquella siempre fue vista como estrategia, forma de ser en la maniobra y en la oscuridad de la administración de los presupuestos.

El punto relevante no es la “mañanera”, aunque ésta moleste a ciertos espíritus sensibles, sino la apertura de la función de gobierno, el trato directo de los asuntos públicos y la amplia e inviolable libertad de difusión de las ideas, como nunca la habíamos tenido en México.

Límites del poder y de la libertad

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Cuando el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo suspendió en el año 2006 los espots de Vicente Fox, pagados por la Presidencia o difundidos en tiempos oficiales, debido a que contenían programas sociales del gobierno, nadie pudo defender al entonces presidente, con excepción de su partido, el PAN. La ley era concluyente en cuanto a la prohibición de hacer propaganda personalizada (con mención o con la imagen del funcionario), patrocinada por el gobierno.

Se dijo entonces que el ministro Gudiño era el único que en la historia había callado a un presidente. Sí, es verdad, pero no le calló en general, sino sólo le canceló su costosa barra propagandística en radio y televisión, es decir, su propaganda sufragada con fondos federales, que era y es lo prohibido. Fox siguió hablando y diciendo lo que se le ocurría, para que, luego, su vocero tuviera que explicar lo que había querido decir el mandatario. Pero, espots ya no hubo, por decisión de un solo ministro, quien fungía como instructor en la controversia interpuesta por la Cámara de Diputados: cuando Gudiño la admitió, él mismo resolvió en seguida y sin titubeo alguno la suspensión solicitada.

¿El IFE? No era necesario porque sólo hubiera estorbado para el propósito que se buscaba. La ley tenía años prohibiendo a los servidores públicos hacer propaganda personalizada con los programas sociales, pero muchos actuaban con impunidad, hasta que en la Cámara se logró un acuerdo para ir a la Suprema Corte, con la buena suerte de encontrarnos ahí con Gudiño Pelayo en el correspondiente turno.

Luego de la violación de la ley por parte de Vicente Fox y de la suspensión ordenada por el ministro Gudiño, como consecuencia de la cruda moral nacional del fraude multifacético de Felipe Calderón en el 2006, ejecutado con la colaboración del binomio IFE-TEPJF, se modificó otra vez la Constitución en varios aspectos. Además de poner en la calle a los integrantes del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, se llevaron a cabo importantes reformas, entre ellas, la prohibición total de contratar propaganda electoral en radio y televisión por parte de personas físicas y morales. Aquel paquete de adiciones incluyó los últimos tres párrafos del artículo 134 de la Constitución (13.11.2007). Veamos.

“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos” (énfasis añadido).

Si no fuera por el uso convenenciero que se le ha dado a este precepto, no se haría necesario subrayar que se trata del gasto público, el cual debe “aplicarse” con imparcialidad sin sesgos partidistas, y que tal disposición es vigente “en todo tiempo”, no sólo durante los procesos electorales.

El siguiente párrafo dice: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que implique promoción personalizada de cualquier servidor público” (énfasis añadido).

La propaganda personalizada, como vimos, ya estaba prohibida en la ley, pero sólo en lo referente a los programas sociales.

El último párrafo del artículo 134 de la Constitución señala que las leyes, todas ellas, las federales y las locales, deben garantizar el “estricto cumplimiento” de los dos párrafos anteriores, señalando las sanciones “a que haya lugar”. Sin embargo, las sanciones no están señaladas en la legislación, sino que, declarada la infracción, debe remitirse al “superior jerárquico”, que por lo regular resulta ser quien impartió antes las órdenes para el uso de recursos públicos en las campañas electorales y la difusión de propaganda pagada en los medios de comunicación. Hasta ahora, casi todo al respecto ha sido un desastre, por no decir que llegó a predominar el fraude bien organizado a la Constitución, con la entusiasta colaboración de la autoridad electoral.

Cuando la Carta Magna se refiere en su artículo 134 a la “propaganda que difundan como tales los poderes públicos”, alude actos organizados, mensajes elaborados e instrumentos definidos en cualquier clase de medio de comunicación, gacetilla incluida. Las expresiones de los diputados y senadores en sus respectivas cámaras, así como en declaraciones y conferencias de prensa, etc., no podrían considerase como actos de propaganda oficial, independientemente de su contenido. Lo mismo podría decirse de los pronunciamientos de ministros, magistrados y jueces. Así también, las declaraciones directas, boletines de prensa, entrevistas o respuestas de los servidores públicos del Poder Ejecutivo no constituyen propaganda oficial, es decir, sufragada por el Estado, por lo que sería indebido integrarlos al concepto de “propaganda personalizada”, aquella que ya estaba prohibida en la ley de la materia en relación con los programas sociales y que violó Vicente Fox mediante la difusión de espots propagandísticos pregrabados y reproducidos en radio y televisión por cuenta del erario.

Queda claro entonces que siempre está prohibida la propaganda personalizada y que ésta se refiere a instrumentos precisos, predeterminados y pagados de difusión, pero en forma alguna a toda manifestación de ideas de los servidores públicos.

Ahora bien, el artículo 41 en su Apartado C suspende, durante el tiempo de campaña electoral, la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental de los poderes federales y locales, así como de todo otro ente público. Excepciones: campañas informativas de las autoridades electorales, servicios educativos, salud y protección civil.

Si el concepto de propaganda del artículo 42 es el mismo que el del artículo 134, es sencillo definir que se trata de mensajes predeterminados, continuos y patrocinados en medios de comunicación mediante contrato. Como es entendible, no estamos hablando, por ejemplo, de conferencias de prensa y coloquios para responder o criticar al gobierno en los que participa con frecuencia, aun en tiempos electorales, el consejero presidente del INE, organismo éste que también tiene prohibido hacer propaganda personalizada. Cada cual tiene derecho a decir lo que quiera, pero sin patrocinio público. Así está la norma.

Ahora bien, el artículo 7º de la Constitución comprende un concepto que se considera como un derecho humano, es decir, no es una regulación administrativa: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.” Esta “inviolable libertad” fue introducida en el año de 2013, en relación con toda difusión de “opiniones, informaciones e ideas, a través de cualquier medio”, ampliando así la libertad original de “escribir y publicar escritos”, la cual resultaba estrecha ante el desarrollo de los medios electrónicos. El precepto tiene mayores alcances, pero para el propósito del presente texto debe concluirse que es parte del capítulo primero de la Constitución: “De los derechos humanos y sus garantías”.

Las limitaciones contenidas de los artículos 134 y 42 de la Constitución se refieren a entidades y servidores públicos. Son limitaciones administrativas, pautas de comportamiento del Estado. Es evidente que si un funcionario declara algo y paga una gacetilla para difundir su mensaje, en realidad está actuando ilegalmente como parte de un ente público, en ejercicio de sus capacidades administrativas. Varios gobernadores lo siguen haciendo con frecuencia: actúan fuera de la ley sin que haya autoridad que intente impedirlo; el IFE-INE siempre se ha rehusado a hacerlo. Quizá necesitemos otro Gudiño Pelayo.

Un problema complicado surge con aquella información que se debe tener a disposición del público a través de los instrumentos propios de la oficina correspondiente, que incluye lo que los funcionarios dicen en público durante su desempeño. Si esto no se difunde desde su origen y en el medio oficial propio, cualquiera puede reclamar su publicidad conforme al artículo 6º de la Constitución, el cual fija la garantía de este derecho en el “principio de máxima publicidad”.

Ahora bien, todo gobernante tiene el deber político de no atribuir los programas sociales y las inversiones públicas a su persona, aun cuando no lo haga a través de mensajes institucionales patrocinados. Al mismo tiempo, administradores y legisladores también tienen el deber político de explicar y defender su política de gasto y los actos conducentes.

Así mismo, todo gobernante tendría que abstenerse de hacer propaganda electoral directa a favor o en contra de un partido o candidato, pero no porque la ley lo obligue actualmente, sino porque se trata de una regla no escrita, aunque en su origen la impuso el poder que movía todo y escondía la cara: patrocinaba campañas con fondos públicos, pero no llamaba a votar abiertamente por sus candidatos.

Se dice que México debe construir una democracia “avanzada”, etc., etc., pero que, por lo pronto, el presidente no debe tener espacio para opinar sobre temas electorales. En casi todos los demás países es normal que los gobernantes llamen a votar por los candidatos de su partido, acudan a actos electorales e intervengan en debates. En Estados Unidos se llega al extremo de que el presidente usa los recursos materiales y humanos que tiene a su disposición para estar físicamente presente en las campañas electorales, mucho más cuando él mismo es candidato. Esto último no funciona de la misma manera en Europa.

En México, antes de ahora, la política era peor debido a la simulación mediante el engaño que no engañaba a nadie, pues todo se sabía. Era la hipocresía de un sistema por completo corrupto.

Entre el INE y el Tribunal Electoral se siguen haciendo bolas con el término de “propaganda gubernamental”, que es, en realidad, la que se encuentra regulada. Habría que poner en algún lugar visible qué cosa es ésta exactamente. Pero lo mejor sería superar la impronta de hipocresía que nos agobia, terminando, al mismo tiempo, por completo y para siempre, con el uso de recursos públicos en las campañas electorales, el cual abarca la compra de votos.

Propaganda de miedo y mentiras

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Un mendaz atisbo apocalíptico se cierne sobre México desde cuando el triunfo de Morena se empezó a analizar como inevitable. Según esa predicción, lo que iba a ocurrir era la dictadura y el colapso nacional. Luego de dos años, se sigue diciendo lo mismo.

A los actuales opositores no le preocupa gran cosa que la realidad apunte hacia un lado diferente de donde se encuentran sus descripciones. Entre peores sean sus acusaciones y avisos, mayor podría ser la falsificación y el miedo.

La más notoria mendacidad opositora se haya en torno a la supuesta persecución de las libertades de manifestación y de difusión de las ideas por cualquier medio. La contra crítica presidencial a no pocos medios de comunicación es presentada como prueba del aserto. El fuerte y sistemático denuesto de tal conducta contestataria del gobierno más bien nos habla de un libre ejercicio de la crítica.

Pero el contraste es mucho más fuerte. Las actuales generaciones no recuerdan un momento de mayor libertad de prensa. No se ha producido un solo acto de persecución abierta o encubierta contra comunicador o medio alguno procedente de la actual administración federal. Las provocaciones abiertas, es decir, las falsificaciones descaradas no han llevado siquiera a la apertura de procesos civiles. Si no hay chayote, esa es otra cosa, aunque duela más, debido a que siempre fue ilegal.

Sin embargo, la notoria falsedad de cotidianas acusaciones o señalamientos no es suficiente. Las oposiciones no escatiman esfuerzo ni desaprovechan oportunidad para atribuir al gobierno y a la mayoría parlamentaria intensiones falsas e, incluso, actos enteramente inexistentes.

Con motivo del proyecto de extinción de 109 fideicomisos y fondos, se asegura que se van a eliminar asignaciones presupuestales en las materias de ciencia, tecnología, cultura, educación, deporte, otros subsidios y subvenciones, así como variadas ayudas, a pesar de que se encuentran en el proyecto de gasto enviado por el Ejecutivo a la Cámara, incluyendo los fondos para financiar la producción cinematográfica, que desde siempre han sido muy pequeños, por cierto, frente a las enormes potencialidades del cine mexicano.

Si López Obrador y los legisladores desmienten los señalamientos en su contra, los mendaces los repiten una y otra vez al tiempo que muchos medios los reproducen como si fueran verdad revelada, pero ocultan las réplicas. Vivimos un momento de catástrofe sanitaria conmocionante y todo lo peor es imaginable, por lo pronto.

En el debate parlamentario del 7-8 de octubre las oposiciones y, por cierto, algunos otros pocos, repitieron hasta el exhausto que todos aquellos apoyos se iban a eliminar. Por ejemplo, si se acaba con un fideicomiso que opera como intermediario entre el gobierno y los beneficiarios, entonces se afirma que el beneficio se va a terminar, aunque el gobierno destaque que todo se hará desde ahora en forma directa, como ya se está llevando a cabo en otros renglones.

Hay una mentira que se sigue diciendo casi todos los días de sesión en San Lázaro, la cual consiste en asegurar que el gobierno cerró las guarderías para hijos e hijas de trabajadoras informales cuando éstas son todas privadas y cuando lo que se hizo fue entregar la ayuda directamente a las madres porque la tercera parte de los niños y niñas que aparecían en las listas de tales guarderías eran fantasmas, no obstante lo cual los gobiernos anteriores entregaban el dinero a sus dueños en lugar de hacerlo, como ahora, a las beneficiarias.

Sobre el lío de los fideicomisos, Andrés Manuel dijo al respecto que, en esta materia, cuando la emoción es muy grande y las acciones demasiado fuertes de seguro existe alguna de dos cosas: una injusticia o un interés económico. Puede ser que tenga razón.

El fondo de “enfermedades catastróficas” ya no existe porque se eliminó el Seguro Popular que fue un fraude neoliberal. El fondo remanente lo tiene el nuevo Instituto (INSABI) y se tiene que usar en gasto de salud y no para otra cosa. Entonces, hay que darlo como ingreso fiscal y destinarlo en el presupuesto justamente en el ramo de salud. Frente a esto, no pocos gobernadores quieren una tajada para gastos diversos, pero eso va a estar difícil. Ya no son tiempos, aunque los gritos y empujones sean grandes.

Los opositores dicen que todo se va a venir abajo porque el gobierno es malévolo. Se refieren a una forma diferente de llevar a cabo la administración pública y a la implantación de unas nuevas prioridades de gasto. Esto es lo esperado de parte de cualquier partido, corriente intelectual o corporación disidente. Pero la falsificación de hechos y la visión apocalíptica no son más que propaganda de viejo cuño: repite una mentira mil veces…

La estrategia de miedo y mentiras va a fracasar, lo cual será una buena lección para el conservadurismo y la reacción. En el seno de la sociedad existen fuerzas y corrientes de opinión, cultura e intereses sociales que pueden sobreponerse a arremetidas como las que hemos estado viendo. Veamos algunos elementos.

Según encuestas recientes, Morena sigue siendo el partido con más apoyo ciudadano y mantiene su mayoría en 200 distritos electorales de un total de 300. El presidente tiene una alta aceptación, muy por arriba de lo normal en países como México con democracia concursal. Los partidos de oposición no muestran recuperación y, salvo en unos cuantos estados, siguen en minoría. La intelectualidad conservadora ya rabiosamente opositora no recluta a muchos más. Las corporaciones empresariales no renuncian al diálogo con el gobierno a pesar de que éste no les concede los apoyos fiscales que demandan. Los fascistas seguirán probando suerte, pero no son, al menos todavía, una fuerza política.

La lucha por el poder tendrá una estabilización, aunque bajo las mismas mentiras consuetudinarias de las oposiciones, en el primer semestre de 2021. Ese momento será de gran actividad. Como ninguna oposición podría tener un grupo parlamentario mayoritario, las campañas electorales adversas se van a centrar en llamar a que nadie sea mayoría, aunque no se ofrezca pista de aterrizaje alguna. Este es otro intento de engaño.

La democracia concursal en la que vivimos no depende de evitar la existencia de un partido mayoritario sino de que cualquiera, solo o en coalición, pueda llegar a serlo. El llamado a que no exista una mayoría no es democrático, sino que es un discurso de miedo. Lo que habría que buscar, en cambio, es que la ciudadanía tenga las mejores condiciones para votar en libertad y en conciencia a pesar de la falacia.

Mientras la izquierda sea la fuerza gobernante, las grandes y pequeñas campañas de miedo y de mentiras van a seguir. Es también una nueva normalidad.

Investidura presidencial y oposición ilustrada

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Pablo Gómez

La filípica lanzada contra López Obrador por parte de 600 intelectuales opositores parece basarse en la idea de que el presidente de la República, el que sea, debe estar al margen del debate cotidiano y abstenerse de responder a los muy frecuentes ataques debido a su investidura.

La oposición ilustrada, como la otra, pide volver a la vieja hipocresía, cuando el jefe de Estado, jefe de gobierno y líder político no debía medirse directamente con sus críticos, sino mandar a otros en su lugar. Ahora se dice que aquellos usos y costumbres eran muy correctos porque las palabras del mandatario tienen, supuestamente, un significado diferente al de cualquier otra persona debido al poder que aquel ejerce. Entonces, se concluiría, lo que ahora debe hacer el presidente de la República es comprar la prensa y mandar a callar a sus peores (o mejores) críticos a través de actos ilícitos e inmorales. Así lo hicieron los presidentes durante décadas. Pero ese es precisamente el pasado que deber ser defenestrado.

El actual presidente sigue denunciando como lo ha hecho desde hace muchos años. Sería algo injustificado otro proceder, es decir, pasar esa función a otros: lo dice (o lo hace) él o ella para que me entiendas a mí (o que yo lo hago). ¿Sería esa una forma de actuar que fomentara el debate y, por tanto, la participación democrática de la sociedad?

La gota que terminó por mover a esos y esas intelectuales fue la multa contra Nexos y la revelación de que esa revista colocaba centenares de suscripciones en el gobierno, lo que no era otra cosa que un oculto subsidio.

¿Qué tendría que ver con este asunto la investidura presidencial? Según los 600, hay persecución al ejercicio de la libre difusión de las ideas, aunque no hayan presentado caso alguno. Las sanciones impuestas a Nexos hubieran sido un argumento ridículo y debatir sobre la suspensión de la compra de suscripciones llevaría a demasiadas preguntas. Así que una y otra vez se orillan a cuestionar la libertad de expresión del presidente, misma libertad que, en general, según dicen, está en peligro.

¿Bajo el actual gobierno, a quién se ha perseguido por sus dichos o escritos? ¿En el plano civil, cuántas demandas se han interpuesto contra posibles autores de afirmaciones calumniosas o difamatorias contra el Ejecutivo Federal? Los y las 600 no pueden decir nada al respecto, pero, claro está, tampoco admiten en su filípica que no hay represión gubernamental.

La investidura presidencial es algo inherente al cargo, pero no tiene una forma unívoca de expresarse. En México no existe la figura de jefe de Estado, pero las funciones del presidente adquieren ese matiz en las relaciones internacionales y en la parafernalia oficial. Por el otro lado, el Poder Ejecutivo está depositado en una sola persona, el presidente de la República, pues no existe consejo de gobierno o de ministros. Así, este cargo se parece más a un jefe de gobierno que a un rey o presidente de república parlamentaria, quienes son intocables y tampoco pueden tocar.

En los países con mayor tradición democrática el jefe de gobierno está todo el tiempo en el debate. Los y las 600 no están de acuerdo. ¿Por qué? Ellos y ellas se dicen cultos e informados. ¿Acaso desconocen la manera de discutir en países no tan ajenos como España o Italia? En casi todas partes el debate es diario, aunque no haya mañaneras.

La oposición ilustrada de las y los 600 intelectuales debería dedicarse a la crítica sistemática, a la polémica, pues también para esto, se supone, han estudiado lo suficiente. Quizá durante los años del neoliberalismo muchos de esas y esos nuevos opositores se la pasaron bien, ajenos a los avatares de la política, recibiendo concesiones y otorgando soslayos para no entrar en conflicto con el poder que repartía privilegios como forma de asumir ciertos costos. Pero ahora deberían entender que la lucha política ha cambiado. Ya no están vigentes las viejas reglas. La ciudadanía aprobó su derogación. ¿Es tan difícil entender la realidad?

Al decir que está en peligro la democracia, esa oposición ilustrada no tendría más que apoyar directamente a la oposición, digamos, pedestre, a la que le faltan ideas y, en consecuencia, propuestas. Si su propósito central es arrebatar la mayoría parlamentaria a la 4T, muchos de las y los 600 tendrían que solicitar al PRI, PAN, PRD, MC unas candidaturas para tratar de llegar a San Lázaro a detener a López Obrador. Eso sería más práctico y digno que estar exigiendo inútilmente al presidente que deje de decir lo que piensa para adecuarse al viejo e hipócrita concepto de investidura que ellos y ellas mismas quieren revivir. Vaya que hasta en eso se afilian al conservadurismo.

Disputa de la palabra

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No hay hecho político que más irrite a las derechas moderadas o extremas que las cotidianas conferencias de prensa del presidente de la República, las denominadas mañaneras.

Una de las características de la situación actual es que se está disputando la palabra. Durante décadas, el poder llenó el espacio político con su propia palabra, la pronunciada por sus voceros directamente autorizados o por aquellos que se dedicaban a reproducir, elogiar, explicar, justificar a los poderosos: todo un oficio muy bien pagado.

Andrés Manuel López Obrador carece de voceros oficiales y tampoco tiene a los pagados. Él es el vocero de sí mismo. Habla todos los días, a veces no sólo por la mañana sino a deshoras. Los reporteros le preguntan libremente, le encaran, le refutan, le contradicen. El presidente responde y añade, se sale del tema y luego tiene que regresar ante la presión del diálogo ingrato.

Este esquema es el medio de disputar la palabra tantos años capturada por los ahora desplazados del poder.

Antes, los grandes medios ofrecían lugares a los opositores, incluyendo a López Obrador, pero no cedían la palabra, la cual estaba bajo el control de los poderosos.

Hoy, como las oposiciones formales dicen y vuelven a decir, pero no alcanzan a rebatir al presidente de la República, esta función sólo la intentan los periodistas del foro presidencial y, a veces, algunos otros de aquí y de allá. Así, por infortunio, es la precariedad del discurso de los partidos opositores la que le otorga mayor fuerza a la prensa de todas las tendencias y querencias.

Quizá por eso mismo no descuellan las tesis contrarias a las de la nueva fuerza gobernante, sino las búsquedas incesantes de las contradicciones del discurso presidencial, los olvidos, las evasivas, las equivocaciones, las confusiones. No existe un debate político propiamente dicho porque algo que pudiera llevar ese nombre no se lograría en conferencia de prensa sino en tribuna, en acciones masivas, en conglomerados convocados para la protesta y la propuesta.

Durante las tres décadas del movimiento que recién triunfó, las proclamas opositoras eran hundidas en un mar de baterías propagandísticas, la mayoría de paga, y en hoyos de silencio. En los tiempos actuales, en cambio, quien fuera líder de aquella oposición, el presidente de la República, habla todos los días, con o sin tino, pero su palabra al fin se escucha, sin tener que pagar y se puede contradecir.

Cosa diferente, claro está, consiste en la práctica de desvirtuar o tergiversar lo dicho por Andrés Manuel o por cualquier otro funcionario o legislador de la 4T. Existen montones de notas periodísticas que dicen lo contrario de lo expresado por la fuente y, a veces, los encabezados deforman lo escrito por el mismo reportero. Eso es algo de lo más común porque el más fácil es el periodismo sin responsabilidad social o el que soslaya su propia ignorancia.

Con o sin definiciones éticas, el caso es que nadie en los medios está obligado a hacer ditirambos al poder político de la República. Esto es parte del nuevo esquema de disputa de la palabra.

Un periódico o revista, emisora de radio o televisión, portal de noticias, etc., puede ser tan opositor como quiera y recurrir a su propia moral, por ejemplo, aquella que se deriva de sus ideas sobre el carácter de la fuente cuyos actos o pronunciamientos reseña, antes de la obligación de comunicar a su público lo que está pasando. Todo eso es parte de la nueva normalidad creada a partir de un nuevo sesgo que ha tomado la disputa de la palabra.

La prensa fifí siempre ha existido y se reconoce a sí misma de sobra. ¿Por qué tanto desconcierto? Porque expresar ideas y convicciones no es algo normal cuando se trata de un político poderoso, el cual debe «guardar las formas» aunque esas estén basadas en la hipocresía, denominada respeto. Se ha llegado a postular que los críticos no deben ser criticados por los sujetos de su propia crítica. Eso ya no es vigente. La libertad de difusión de ideas es para todos, todo el tiempo. Así lo señala la Constitución y lo confirma la práctica.

Ante la existencia de unas oposiciones bastante extraviadas y desmovilizadas, en la actual disputa de la palabra han ganado los medios, tanto los tradicionales como los emergentes, aunque muchos han perdido ingresos. Se han hundido el «chayote» y la gacetilla, aunque sobreviven, pero todos pueden ahora decir libremente lo que piensan y difamar a quien deseen, a la espera, eso sí, de una eventual respuesta que se escucharía.

Bien, la disputa de la palabra abierta por la 4T es también un invaluable instrumento de aquella prensa que le sirve a sus lectores o escuchas.

La situación de la extrema derecha

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El ruido calumnioso metido en las redes sociales, tan luego se informó del trágico fallecimiento de la gobernadora y ex gobernador de Puebla, no ha sido una respuesta elemental e irreflexiva. Es parte de la situación en la que se encuentra la extrema derecha mexicana a partir de las recientes elecciones.

Vemos ahora una ira contra todo lo que siempre se había odiado. La extrema derecha mexicana ha vivido un tanto asustada del peligro de que llegara al poder lo que ella misma califica de populismo. Primero fue Cuauhtémoc Cárdenas, después, Andrés Manuel López Obrador. La diatriba, el rumor, la noticia falsa han sido armas de constante uso en contra de la fuerza política emergente en el país.

Para aproximarnos a la existencia de este fenómeno, véase la forma tan tranquila en que esa derecha observó el cambio de presidente de la República en 2012. Se iba el PAN pero no llegaba la izquierda sino la otra derecha. Las cosas se mantuvieron bajo control, aún cuando se criticara y despreciara de vez en vez al mandatario priista, dentro y fuera del PAN, dentro y fuera del PRI.

Es verdad que esa extrema derecha no sólo está dentro de ambos partidos. Esto mismo le permite asumir diversas formas para expresarse con frecuencia sin compromiso partidista alguno, desde medios de comunicación y a través de organizaciones y empresas.

El problema de estos días es que muchos en el PAN y no pocos en el PRI están avanzando en la misma actitud iracunda contra la izquierda cuando ésta se ha convertido en fuerza gobernante del país como consecuencia de un torneo electoral, es decir, a través del voto ciudadano.

El viejo partido de la derecha, aquel que siempre fue leal oposición del viejo sistema político, el presidencialismo exacerbado y de partido del Estado, ha dejado de proponer y dedica su tiempo a tratar de bloquear mientras acusa al nuevo gobierno, así nomás, de dictatorial.

El otro viejo partido, el que siempre asumió al PAN como única oposición y le fue leal hasta entregar sin disgusto la presidencia a Vicente Fox, un panista impostor pero al fin líder del PAN, ahora, en ocasiones, se acomoda lastimosamente como último vagón de la derecha extrema.

Es la reacción, es decir, el tratar de volver las cosas al estado en que estaban antes.

La pensión universal de adultos mayores, las becas a todos los estudiantes de bachillerato, el financiamiento público de millones de empleos de jóvenes aprendices, son vistos como un reparto de dinero para obtener el apoyo de una parte del pueblo. Son programas «populistas», en la visión reaccionaria, aunque no sean financiados con más deuda pública, como lo fueron los programas sociales focalizados y condicionados que llevaron a cabo PRI y PAN durante muchos años.

No se trata, sin embargo, del neoliberalismo a secas, sino de aquel que es más ideológico. La extrema derecha mexicana no es vociferante y maledicente sólo para preservar sus intereses económicos individuales y la corrupción que le brinda ganancias, sino para defender su concepción de país y de mundo, ligada sin duda a sus intereses de clase, pero también a su concepción más general, aquella que expresa intereses difusos, más históricos: los de dominancia social. Es por ello que no va a cambiar y no va a dejar de maldecir el día en que la izquierda se convirtió en fuerza gobernante en su «propio país».

A esto debe responder, ahora y en el futuro, la nueva fuerza gobernante, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.

El PRI en el Senado se ha ubicado también del lado de esa actitud iracunda. Al ponerse a la cabeza del PAN, en medio de las acusaciones contra el gobierno sobre la desgracia ocurrida en Puebla, el PRI descalifica desde ahora la investigación sobre la caída del helicóptero. Propone que el Senado investigue, pero una comisión senatorial no podría en forma alguna saber más y mejor al respecto que otra de técnicos especialistas.

Sin embargo, Osorio Chong, el ex secretario de gobernación cuando ocurrió la tragedia de Iguala, nos dice a bocajarro que no está dispuesto a tolerar que se oculte la verdad y que todo debe ser esclarecido rápidamente. Este sería un episodio de comicidad si no fuera porque el PRI se ubica, por boca de uno de sus portavoces parlamentarios, en el plano de la extrema derecha: vocifera en lugar de pensar.

Las acusaciones vertidas en redes sociales en contra de López Obrador con motivo del deceso de las dos personalidades políticas poblanas y panistas no son obra de una acción concertada, aunque, soltada la mentira, algunos bien organizados reprodujeron la especie del atentado político. Se trata de otra cosa. Es un estado de conciencia de la extrema derecha ante un mundo que se le está cayendo y que no logra volver a integrar en su escindida cognición. Entre lo real y lo que debe ser hay para esa corriente política e ideológica muchos puntos que no quieren coincidir.

Por esto, dentro de ese pensamiento reaccionario aceptado por la voluntad propia, el designio de la extrema derecha arroja que, pase lo que pase, el gobierno de AMLO siempre ha de ser perverso, lo peor, lo irreconciliable con una moral que se niega a reconocer su hundimiento porque no contiene en sus preceptos el mínimo elemento de democracia.

La extrema derecha mexicana se está ubicando en el plano del delirio. Por ello busca solamente bloquear, vociferar, insultar, falsear, mentir.

Es preciso un nuevo sistema de comunicación social que responda bien y rápido a un fenómeno que no sólo está siendo manipulado por varios mecanismos formales, sino que es incontinente expresión de un estado de conciencia que viene de la profunda sensación de haber sido despojado de un orden establecido. Así está la extrema derecha. Pocas veces había estado así en México.

Piénsese en 1857.

Debates sin hipocresía

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Se critica a Andrés Manuel López Obrador por participar directamente en debates políticos ventilados en medios y redes. El principal argumento es que el presidente de la República tiene tanto poder que resulta ventajosa su intervención en las confrontaciones políticas. Algunos agregan que cualquier debate en el que tome parte viene a ser un uso de recursos públicos a favor o en contra de uno o varios partidos.

El Poder Ejecutivo siempre ha participado en todo debate público e, incluso, privado, que tenga que ver con la lucha política. Los presidentes fueron mucho más lejos que eso, al mandar callar a políticos y periodistas. Eso ocurría hasta hace muy poco.

La parafernalia del poder y el ropaje del poderoso llevaban a ubicar al jefe de gobierno como un político diferente porque era más o menos intocable y estaba por encima de las pugnas. Sin embargo, el mandatario siempre se hacía sentir aunque muchas veces de manera indirecta, a través de toda clase de intermediaciones, cuando se trataba del debate o la defenestración de adversarios o críticos.

Ese no parece ser el estilo de López Obrador porque la política ha empezado a cambiar en el país. Hay una nueva fuerza gobernante cuyo líder que no requiere de subterfugios ni intermediarios sino del lenguaje franco. En otras palabras, esa clase de liderazgo que ejerce AMLO requiere medios directos.

El ahora presidente tiene la misma situación dentro de su partido. La controversias en Morena tienen con frecuencia la participación de Andrés Manuel en la misma forma en que se produce el debate con partidos, medios de comunicación y críticos de diversas inclinaciones ideológicas.

En el México de estos días la opinión crítica es mucho mayor que nunca antes. El ensanchado marco de libertad de comunicación de ideas es producto de una muy larga lucha contra los poderes que tenían la censura y la supresión como instrumento de prevalencia. Además, las nuevas redes han traído libertad a millones de personas que ahora pueden comunicar sin ser dueños o trabajadores de los medios formales.

Al mismo tiempo, el presidente de la República es y seguirá siendo uno de los principales objetivos de la crítica. A éste le corresponde, en consecuencia, la misma libertad de replicar, alegar, argumentar, responder, criticar.

Los tiempos no son los de la vieja hipocresía de los poderosos quienes movían a otros, hablaban mediante picos ajenos, daban órdenes encubiertas.

Si se quiere vivir en democracia, trascender el formalismo en todos los sentidos, profundizar en los temas, informar en la libertad y criticar sin miedo, tenemos que admitir que podemos discutir entre nosotros y que el presidente es uno más en este terreno.

En reciente reunión entre Andrés Manuel y la mayoría parlamentaria de ambas cámaras, aquél repitió que no tiene halcones ni palomas mensajeras, que nadie habla por él y que cuando tenga desacuerdo lo dirá, tal como lo hacen los mismos legisladores y legisladoras.

Si ha llegado un nuevo momento de debates políticos, de seguro habrá de ser mejor que los tiempos de la hipocresía.

Omisiones escandalosas

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La falta de lectura o comprensión de los textos legislativos suele generar más escándalos que las rigurosas crónicas de los hechos y de los dichos. La reciente ley de remuneraciones ha generado más notas escandalosas que muchas otras noticas sólo por la omisión de la lectura del texto legal y, en consecuencia, del relato de su contenido.

Si así va a seguir la comunicación social cuando vengan otros muchos decretos que tiendan a subvertir el viejo Estado corrupto y el antiguo sistema de la democracia formalista, México entero vivirá en el escándalo provocado por la ignorancia.

La ley de remuneraciones estuvo congelada más de seis años. En total, el Congreso llevaba ya nueve años en omisión legislativa. Sus detractores han dicho que está mal, que tiene contradicciones y antinomias, que es inaplicable, que generará muchos amparos, que es un caos. Pero nadie ha dicho por qué. Sólo se afirma que en lugar de Unidad de Medida y Actualización dice salario mínimo del Distrito Federal. Si esa ley hubiera sido aprobada hace seis años, como era obligado, durante varios años habría tenido ese «defecto» y seguiría con el mismo, tal como también lo tienen todas las leyes que fueron expedidas antes de que se creara el UMA y se eliminara el DF. La vigencia de las normas no se afecta con los cambios de denominación. Para eso se generan disposiciones transitorias en los decretos legislativos.

Muchos comunicadores reprodujeron la especie de que la nueva ley de remuneraciones indicaba los sueldos de algunos funcionarios. ¿De dónde salió eso? Hasta ahora nadie lo sabe. Era quizá una sospecha o una simple suposición.

La falta de lectura del decreto lo convirtió en lo que no era y le restó relevancia a lo que efectivamente contiene.

La ley de remuneraciones define lo que éstas son y señala lo que no son. Ya se acabó el tiempo en que la segmentación de conceptos escondía lo que en realidad percibe cada servidor público. Todo lo que se paga, en efectivo o en especie, es remuneración y ésta se encuentra sujeta a las mismas normas.

La regla de que nadie puede ganar más que el Presidente de la República tiene 9 años vigente, se encuentra en el artículo 127 de la Constitución, pero algo nuevo de esta ley es que ya existen sanciones aplicables en el caso de que tal precepto no se respete.

No recuerdo a ningún comunicador social que se haya dado cuenta de que el decreto contiene también sanciones administrativas y unas adiciones al Código Penal Federal.

Pero hay otras omisiones informativas. Algunos conductores de programas radiofónicos han estado preguntando que quién determina la remuneración del Presidente de la República, el cual es el salario máximo en el Estado mexicano. Parece que no se recuerda que es la Cámara de Diputados la que lo fija cada año, junto con muchos otros, desde 1824.

Si la ley de remuneraciones durmió el sueño de la congeladora legislativa fue porque es odiada por quienes tenían el control del termostato, los partidos del PRIAN. Esos no han estado de acuerdo con la regulación de los sueldos de la alta y dorada burocracia que durante décadas ha dispuesto de los recursos públicos para establecer las remuneraciones más altas y las pensiones más ofensivas.

Entre las omisiones informativas se encuentra el carácter ilegal de los pagos a ex directores de la banca del Estado, quienes gozan de pensiones otorgadas por los órganos de gobierno de las instituciones pero en contravención del artículo 127 de la Carta Magna.

Como no existía ley reglamentaria y, por tanto, tampoco sanciones, se podía seguir cobrando pensiones y sobresueldos sin admitir el imperio de la Constitución. Con esa ley, tildada de absurda, ya no será tan sencillo seguir cobrando lo que está prohibido.

Las pensiones de los ex presidentes en realidad nunca estuvieron establecidas en una ley o decreto legislativo, sino que se ubicaban en una partida del presupuesto de la Presidencia para repartir dinero entre aquéllos y sus viudas. Esto ya resulta insostenible a la luz de la nueva legislación.

La prisa de la mayoría de la Cámara de Diputados para expedir la ley de remuneraciones era legítima en tanto que ésta es necesaria para proyectar el presupuesto de 2019. Regresarla al Senado para que dijera Ciudad de México en lugar de Distrito Federal y cosas por el estilo hubiera sido un despropósito.

El insólito acontecimiento de que casi todos los medios de comunicación hubieran compartido la tesis del apresuramiento infundado no es más que expresión de las ganas de presentar a la nueva fuerza gobernante del país como inexperta o acaso voluntarista y necia. ¿Por qué no se criticó mejor la congelación del proyecto y la omisión legislativa que duró nueve años? Eso también se llama omisión informativa.

El primer decreto legislativo de la nueva mayoría parlamentaria ha sido presentado como parte de un escándalo pero sin escudriñar su contenido. Mas como se trata de la primera de una serie de reformas que habrán de venir como expresión de un programa ofrecido en las recientes elecciones, acaso podría pensarse en que la producción legislativa deberá encarar el escándalo por vías de las omisiones informativas.

No ha de ser sencillo para los medios de comunicación ubicarse en la nueva realidad política mexicana. Gran beneficio obtendría la nación si se rescatara del olvido la crónica parlamentaria.

¡Ahí vienen los rusos!

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Hace una semana (12.01.18) escribíamos sobre la guerra sucia electoral que está emprendiendo el gobierno con el propósito de ubicar a José Antonio Meade en lo alto de la contienda. Pero no calculábamos que, al caer en lo ridículo, sólo se nos muestra el alto grado de nerviosismo existente en el cenáculo político más elevado del país: Los Pinos.

Esto se revela con la reciente afirmación del oscuro personaje, varias veces transexenio y transpartido, que ha tomado el micrófono en el cuartel del aspirante priista: Javier Lozano.

La vieja frase «¡Ahí vienen los rusos!» está de regreso mediante las exclamaciones con las cuales se ha inaugurado la nueva vocería de prensa de Meade-Nuño-Videgaray. Es un concepto de la guerra fría que ha sido puesto en el escenario a propósito de las revelaciones de la CIA sobre intervenciones rusas a través de Internet y con el incesante activismo político de la prensa que mueve el Kremlin.

El rumor sobre el interés que pudiera tener la gente de Vladimir Putin en las próximas elecciones mexicanas ha llegado de un diario estadunidense pero no se han presentado indicios concretos. El gobierno mexicano, oficialmente, no podría hablar del punto sin presentar protesta documentada por vía diplomática a Rusia, por lo cual no tenemos ningún elemento.

Sin embargo, el vocero de Meade se toma la libertad de señalar a López Obrador y, haciéndose el chistoso, le llama Manuelovich, como supuesta demostración de las conexiones del líder de Morena con Moscú, para ver la posibilidad de contagiar con el ridículo apodo a algunos medios de comunicación afectos al oficialismo militante. Además, Lozano habla del modus operandi de los rusos, como si él conociera algo del tema.

Lo peor del lance de la casa de campaña del aspirante priista es que lo dicho por Lozano es responsabilidad de Meade en persona, por lo que lleva las miradas hacia él. El candidato del oficialismo tendrá que compartir la burla general de la peregrina afirmación sobre los rusos en las elecciones mexicanas.

Así, Meade no tiene ahora sólo uno sino dos brabucones de barrio. No fue suficiente Ochoa Reza, confeso beneficiario de numerosas concesiones de taxis y arrendador de los mismos, sino que ahora acude a otro golpeador, quizá peor por su larga experiencia en el oficio.

El grado de desesperación generada por una candidatura que no prende en el ánimo popular, podría ir mucho más lejos que las ridiculeces sobre la amenaza rusa. Podríamos tener pronto, a cargo de Lozano, cualquier acusación de robo, fraude, asalto, violación sexual o lo que fuera, para alimentar desconfianzas sobre López Obrador. Podríamos tener falsos testigos en los medios de comunicación para sostener calumnias, aunque los dichos fueran groseramente insostenibles.

La sola presencia de Javier Lozano como vocero ensucia la actuación de José Antonio Meade, pero el problema mayor es que a éste no le importa, pues, al parecer, aprecia los servicios de un individuo carente de todo principio ético, con tal de elevar su propia capacidad de calumnia (se le dice debate) frente a López Obrador.

Como es fácil entender, por desgracia el problema no es sólo del PRI sino de las condiciones en las que se desenvuelve la lucha política en el país.

A partir del incidente de Lozano sobre el tema de los rusos, los medios de comunicación, en la medida de lo posible, deberían asumir una actitud de prevención al lector u oyente sobre toda calumnia o afirmación inicua y sin elementos de prueba que lance el nuevo vocero de Meade contra otros candidatos, con exclusión de los inevitables insultos personales, los cuales suelen caer por sí solos.

Esa actitud sería un aporte efectivo al mejoramiento del clima político en medio de una campaña electoral, cuyo desenlace de seguro dejará una impronta que no podrá ser soslayada.

El `68, Perelló y el machismo

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Una de las maneras de explicar las expresiones machistas, discriminadoras y ofensivas de Marcelino Perelló en la última emisión de su programa en Radio-UNAM, ha consistido en afirmar que él se quedó en lo que eran los jóvenes estudiantes en los años sesenta, y que no ha entendido los cambios producidos desde entonces en las relaciones de género.

El punto es relevante porque en los medios universitarios de fines de los años sesenta el machismo era menos desbocado que el predominante en el resto de la sociedad. En 1968 las estudiantes participaron junto con sus compañeros. Ese fue el primer movimiento estudiantil al que se incorporaron masivamente mujeres, con motivo del cual cambiaron varias cosas en sus relaciones con los hombres.

Es también relevante el punto porque cuando los dichos machistas de un comunicador social se atribuyen al predominio de una conciencia discriminatoria, en el fondo se está buscando justificarlos, es decir, convertir al conductor del programa en una especie de víctima de una sociedad machista que le ha impartido sus enseñanzas.

Es verdad que la discriminación de las mujeres es un producto histórico social, pero ver cada caso con ese lente es un callejón sin salida que sólo puede llevar a justificarla y a impedir su rechazo. La lucha por subvertir las desiguales relaciones de género no se dirige contra un fantasma que está en todos sitios y en ninguno, sino contra los elementos concretos de la conciencia patriarcal y de su práctica.

Decir en la radio que es normal ultrajar a una mujer –que fue lo expuesto por Perelló— es exactamente una manera de tratar de normalizar una conducta que, por más frecuente que sea, es socialmente repudiable.

Haber dicho en público eso en 1968 hubiera sido escandaloso e igualmente execrable. La diferencia es que ahora las mujeres tienen más voz y han logrado cambiar leyes y otras normas, además de que existen nuevos medios de comunicación no monopolizados como las redes sociales.

Desde el ángulo jurídico, la Constitución obliga ahora a la autoridad a hacer valer el derecho de todas las personas a no ser discriminadas, a ser respetadas por su sexo, edad, etcétera. Invocar la libertad de expresión (aquí sería la de difusión de las ideas a través de cualquier medio, incluida hace pocos años el artículo 7º. de la Constitución), es una falsedad porque nadie tiene derecho a difundir ofensas discriminantes y tendientes a la reproducción de condiciones de opresión de género a través de medios orales, visuales, escritos. Así es la ley porque de lo contrario sería imposible hacer efectivos los derechos humanos.

Si en la difusión se pudieran normalizar libremente los ultrajes sexuales, se haría nugatoria la norma fundamental consiste en que dichos actos son ilícitos. No se trata de suponer que tales ultrajes sean poco frecuentes sino que no sería válido considerar que, por no serlo, hubiera que ignorarlos o justificarlos con la falsa tesis de que no se pueden perseguir uno por uno. Si pocas o muchas personas debieron ser reconvenidas por acciones similares pero no fue así, eso no puede justificar la conducta ilícita de nadie más.

En la reciente discusión a propósito de lo dicho, refrendado y aumentado por Perelló, se ha hablado también de una supuesta actitud irreverente y subversiva del cuestionado conductor radiofónico. Pero en realidad es al revés: lo subversivo consiste en la crítica y la defenestración de la normalización de las agresiones sexuales. Nada que ver, por cierto, la discusión sobre el tipo penal vigente de violación, sino lo dicho por Perelló sobre lo normal que le parece a él la agresión sexual sin cópula, cuestión, por cierto, debatida y legislada desde el siglo XIX (1871 en México).

Por lo oído, algunas opiniones de Perelló al respecto no se ubican en los años sesentas del siglo XX sino en el siglo XVIII.