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Retorno a las aulas

Bajo el temor pandémico en el que vive la sociedad, casi todo asunto se hace más complicado. Entender, por ejemplo, que no es la misma situación un aumento de contagios en el momento actual que en las dos anteriores ocasiones. El punto, claro, se entiende mediante un análisis epidemiológico, el cual no está al alcance de todos, sin que las autoridades hayan puesto un empeño mayor en divulgar la información.

En cuanto al retorno a las aulas, el error original fue aquella temprana declaración del entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, de que el regreso a clases sería a partir de que el semáforo estuviera en verde. Como el ahora embajador no era experto, de seguro había sido aconsejado por algunos epidemiólogos, a quienes, no obstante su sapiencia, les era imposible advertir la evolución ulterior del comportamiento de la enfermedad.

Casi todo el mundo está en las aulas mientras en México existe una fuerte discusión, justo en el momento en que la vacunación avanza a un paso que pocos previeron y casi nadie creyó.

Lo que más llama la atención es que una parte de la dirigencia sindical de los profesores de educación básica, específicamente la CNTE, y no pocas autoridades universitarias, insisten en que el riesgo sería mayúsculo, por lo cual no debe haber retorno de momento.

Al respecto de aquella parte del liderazgo de los maestros de educación básica, habría que lamentar el enfoque que se maneja, pues parece más bien de carácter gremialista que educativo. Mucho menos se tiene un análisis del momento de la epidemia ni se toma en cuenta que el gobierno logró la vacunación de los profesores. Se habla de que “no hay condiciones”.

En cuanto a ciertas autoridades universitarias, lo más que se ha logrado es oírlas hablar de un retorno gradual a las aulas y laboratorios. La gradualidad se hará con base en lo mismo, es decir, en el criterio rectoral.

Quizá el miedo a la Covid-19 y la falta de confianza en la autoridad sanitaria sean factores relevantes, aunque no deberían descartarse otros motivos.

El manejo de los números estadísticos, sin análisis ni prospectiva, siempre lleva al oscurecimiento del fenómeno del que se quiere hablar. Esto ha ocurrido en muchos países y México está en esa lista. No es lo mismo 30 mil contagios diarios en un país de más de cien millones cuando la mitad de los adultos están vacunados que cuando no había vacunas, por ejemplo.

Mientras el gobierno mexicano trata de convencer que lo aconsejable es retornar cuanto antes a clases, en condiciones de mucho menor riesgo que en cualquier otro momento de la pandemia, en otros muchos países están regresando de vacaciones a las aulas y los europeos debaten sobre otra cosa: el uso del pasaporte sanitario para viajar y entrar a ciertos lugares de recreación, ante lo cual no se han hecho esperar varias airadas protestas.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, que va a salir de la pandemia en su peor nivel de reconocimiento y respeto, acusa a varios gobiernos de ser permisivos y, de esa manera, provocar el aumento de los contagios.

El problema de las aulas escolares es de todas formas muy singular. Se trata también de los muchos meses en que los niños, niñas y jóvenes no han tenido una relación cercana con su comunidad escolar, ni se han podido abordar con soltura los temas académicos y los demás que son propios de los recintos educativos, incluyendo la recreación.

La humanidad no parece estar en situación de vivir como en naves espaciales. El gregarismo sigue siendo fuerte a pesar de los tres siglos de individualismo burgués, el cual no va mucho más allá de ciertas familias muy bien educadas, pero de otra forma. En las ciudades hay niños y niñas que han estado algo solos durante muchos meses, quizá cerca de sus padres, pero lejos de personas como ellos y ellas. Es lamentable que haya profesores con tan marcado sentido gremialista que no toquen este aspecto, que debería ser, por lo demás, su principal tema de momento. La escuela no se compone tan sólo de la comunicación entre profesores y alumnado, sino marcadamente entre los y las estudiantes entre sí.

Entretanto, la derecha está callada. Como en tantos otros temas, carece de un punto de vista. No se reúne a discutir asuntos del país sino sólo para mantener el “bloque de contención”. Si se les pregunta sobre algún asunto, esos reactivos dirigentes políticos responden en su mayoría con ataques al gobierno cuando no con insultos, evasivas en realidad. Por otro lado, pocos medios formales de comunicación editorializan sobre el tan importante tema del retorno al aula.

No habría medio de obligar a padres de familia a enviar a sus hijos a la escuela en situación de pandemia. Eso se sabe de sobra. Mas quizá no sólo sería bueno preguntar al respecto a los mayores sino también al alumnado. Por lo pronto, hay que abrir las escuelas y observar las respuestas de la sociedad, especialmente de los niños, niñas y jóvenes.

Dice Vargas Llosa

Los más recientes chistes de Mario Vargas Llosa, después de que, como experto analista electoral, declaró que Keiko Fujimori había ganado la presidencia del Perú, han sido sus afirmaciones en un texto –difícilmente artículo—publicado en El País el 25 de julio.

Dice el novelista que el bloqueo “ha servido al Gobierno cubano para explicar milagrosamente que, a causa de él, la Revolución nunca ha podido despegar económicamente”. Pero no está de acuerdo con eliminarlo: levantar el “famoso embargo norteamericano”, sería “una forma de ayuda a la incompetencia del Gobierno de los Castro” (aquí ya se olvidó que existe en Cuba una población). Así, pues, Vargas Llosa no quiere que se levante el bloqueo (quitarle un pretexto a su autor le ayuda en su engaño). ¿Dónde quedó el embargo como pretexto milagroso? Con la tesis del pretexto o sin ella, el eterno bloqueo se queda, aconseja el autor de La Guerra del Fin del Mundo.

El peruano describe la situación actual de Cuba de la siguiente manera: “caos en que se encuentra la isla, con la incertidumbre del coronavirus y el deterioro de todas las instituciones, sin trabajo y escasez de vacunas”. Este reporte puso de pelos parados a la gente de la oficina para América del gobierno de Joe Biden, la cual reporta a diario la situación del hemisferio (del Bravo a la Patagonia, solamente). Dice el comentarista peruano que no hay trabajo, por lo que de seguro cree que la gente que va a su trabajo en realidad no va trabajar sino a dar la vuelta. Ese país tiene, para decepción del analista peruano, la tasa de desocupación más baja de América. Que, por favor, no se asome a las cifras de México o Brasil porque quién sabe que escribiría. Y eso sí va a doler.

En relación con la pandemia, tema ineludible en los tiempos que corren, Vargas Llosa nos dice que en Cuba la pandemia genera incertidumbre. En contraste, de seguro, con el resto del mundo. Desde España, nos reporta el escritor que en Cuba no hay vacunas Covid-19. No desvela su fuente, pero sin duda no pudo haber sido la CIA. Menos mal que cuando culmine la vacunación en la Isla, se podrán enviar a España parte de los excedentes de Soberana 2, siempre que la UE lo autorice, con la venia de Estados Unidos, por aquello del “pretexto”. Por lo pronto, ante la intermitencia de la llegada a España de vacunas procedentes del norte de Europa y las protestas contra las nuevas medidas sanitarias, Vargas Llosa tendría que decir que eso es un caos en medio de la más terrible incertidumbre. Mejor que no diga nada al respecto: allá sí contestan feo.

Concepto atribuido al socialismo por don Mario: “capitalismo, causa de todos los males posibles en la historia de la humanidad”. Quizá los males causados por el capitalismo antes de que existiera no fueron tan grandes.

Del virus a las vacunas

La pandemia recuerda la de 1918, iniciada en Estados Unidos y propagada a gran parte del mundo. Pero también hace pensar en los cambios que se han producido en tan solo un siglo. Luego de provocar muchos millones de muertos durante varios años, la gripe española se fue mediante inmunización natural. Hoy, la Covid-19 está siendo combatida con la aplicación de vacunas efectivas poco más de un año después de su irrupción mundial.

La población es ahora mucho más grande y el número de viajeros es incomparable, no obstante, la enfermedad no ha golpeado tan fuertemente. Se sabe más y se actúa mejor en términos generales.

El problema mayor no ha estado en la ciencia y los científicos sino en la política. Por todas partes han surgido improvisados especialistas en virología, epidemiología y salud pública. En cada país se ha creado una nueva especialidad de personas que opinan, condenan, descalifican, confunden y, algunas veces, aplican criterios muy propios en asuntos relacionados con la pandemia.

Hay quienes afirman que los fallecimientos por la Covid-19 son el doble que lo informado por las entidades sanitarias y, salvo algunos errores que rápidamente se han corregido, no aparecen los muertos en demasía, pero se sigue diciendo lo mismo. La idea es que el respectivo gobierno oculta algo porque de esa forma baja el nivel catastrófico y se purifica a sí mismo. Pero cuando un gobierno omitió tomar las medidas de atención médica oportuna y suficiente, siempre afloró su indolencia y la consecuente condena de la opinión pública. Era ahí donde estaba el problema.

Lo mismo ha ocurrido con los gobernantes que han apostado a la inoculación natural, a una larga y costosa inmunidad de rebaño, como ocurrió con la gripe de la segunda década del siglo XX, pero que ahora sería criminal.

Los hechos son los hechos. No se requiere que los políticos gobernantes y opositores, acompañados muchas veces por medios de comunicación y campañas en las redes, inventen cifras, datos, complicaciones, dramas, etcétera.

La desinformación inicial contra una de las vacunas rusas fue algo impulsada por políticos y comerciantes. Meses después aún tiene expresiones en creencias de personas que fueron impactadas en algunos países por una propaganda nefanda.

La sabiduría de políticos inescrupulosos o francamente retrógrados ha tenido dos grandes vertientes. La primera y más conocida ha sido la de cuestionar el parón económico en defensa de intereses económicos, mientras la segunda, la más perversa, ha sido la de exigir mayores restricciones a la movilidad con el propósito de empeorar en algo la situación económica. Sí, desde la misma posición ideológica se proponen cosas por completo contradictorias. Las derechas son ahora como la plastilina.

Esto prueba que sus motivos no tienen que ver con la pandemia sino con una política de circunstancia y, consecuentemente, con la falta de principios. Los nuevos sabios epidemiólogos desde el poder o desde las oposiciones son en realidad unos patrañeros en búsqueda de incautos… y consiguieron bastantes.

A la hora de las vacunas se ha desvelado una realidad asidua. Los países más ricos y alguno muy influyente lograron acaparar los biológicos. Estados Unidos resultó uno de los más agraciados. Mas lo acongojante ha sido que ninguno de los acaparadores de vacunas ha presentado un plan mundial para enfrentar este brutal desequilibrio humanitario. Se muestra que esos poderes siguen siendo lo que han sido a través de la historia y que sus posturas de liderazgo mundial y representación de la humanidad son puro verbo.

La Organización Mundial de la Salud, como parte del sistema de Naciones Unidas, ha mostrado su obsolescencia en línea con la de la ONU e, incluso aun más profunda. Desde el principio de la pandemia hasta el acaparamiento de las vacunas, ese organismo nos enseñó, sin querer o queriendo, que urge crear otra cosa.

En el trecho que va del surgimiento social del nuevo coronavirus a sus vacunas el mundo no ha cambiado. Quizá, sin embargo, en tan corto tiempo la humanidad haya mejorado en algo porque hoy sabemos más dentro del campo de las ciencias, las naturales y las sociales.

La opción política opositora es lo más viejo de México

La temporada electoral ha empezado con la iracunda acusación de las dos oposiciones (PRI y PAN), ahora más unidas, de que el gobierno va a condicionar la vacunación al voto del próximo 6 de junio en favor de Morena.

La especie cae en la estulticia. Nadie puede condicionar una vacuna a cambio del voto, pues si la inmunización se hace antes de votar, no hay devolución posible; si se hace después, ya no hay objeto. Tampoco es dable condicionar la entrega de un bien –la vacuna— que por fuerza ha de ser distribuido hacia todos y todas, conforme a la norma sanitaria, pues sólo de esa forma podría lograrse la inmunización social que se busca. Los prianistas creen que vacunar es como prometer despensas o comprar votos con pago diferido, es decir, hacer “operación tamal”.

Los programas sociales focalizados, de manufactura priista y continuados por el PAN, podían incluir condicionamientos porque era posible suspenderlos o restringirlos en las localidades donde los resultados electorales no fueran satisfactorios para el operador, es decir, el gobierno. Pero las vacunas jamás fueron condicionadas. El exitoso sistema mexicano de vacunación no fue diseñado con propósitos electorales porque un intento así hubiera sido absurdo: el Estado corrupto no lo alcanzó, algo un tanto insólito. Una peculiaridad de la vacunación para prevenir la enfermedad Covid-19 es que se requiere garantizar la custodia del biológico, es decir, muchos servidores públicos movilizados, bastante más que el personal paramédico que lo aplica. Todo esto, sin embargo, es inútil tratar de explicárselo a los jefes de la alianza política opositora.

Los programas de la 4T son o tienden a ser universales, por lo cual no están vinculados a los resultados de las votaciones ni tampoco se reparten en forma indirecta a través de organizaciones clientelares.

Más allá de aquellos fuegos artificiales, la característica meramente política de las próximas elecciones no consiste en la nueva enfermedad contagiosa, la cual conforma un marco general de la coyuntura nacional, sino en la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, la cual le está siendo muy difícil de explicar a sus propios autores.

El punto 10 de la coalición “Va por México” propone “restituir la democracia”. ¿De qué se habla? ¿De reavivar los fraudes electorales? La lucha contra estos la ha estado haciendo la 4T, que es consciente de que los defraudadores se encuentran justamente en el bando contrario, son los de antes, los de siempre.

La nueva coalición PAN-PRI promete también simples deslindes: rechazar cualquier cambio que implique reforma en la administración pública y en el sistema político. La acusación de líderes priistas y panistas consiste en que López Obrador ha concentrado mayor poder, pero no señalan cuándo y cuánto, ya que las facultades presidenciales no han aumentado sino disminuido con las reformas realizadas por la 4T, desde prohibir la condonación presidencial de impuestos hasta cancelar el poderoso embute a los medios de comunicación.

Las oposiciones suponen que las conferencias de López Obrador, por sí mismas, le brindan a éste un poder extraordinario, lo cual es una afirmación hilarante. El punto, sin embargo, consiste en que, como opositores, les resulta difícil discutir con un presidente que gobierna en público, en lugar de hacer lo que ellos han practicado siempre: el refugio en lo oscurito, el territorio de la transa y la negociación subrepticia.

La tesis de que la democracia deber ser “restituida” no explica cómo debe ser. Ello obedece en realidad a que no se busca una democratización sino regresar a los métodos de gobierno de ellos mismos, los cuales han sido criticados y repudiados por un amplio porcentaje de la ciudadanía. En México, ninguna vuelta atrás brindará democracia porque antes siempre fue inexistente o precaria.

Los opositores coligados también ofrecen “desterrar la corrupción”, como si el Estado corrupto no fuera un síndrome heredado de los sucesivos gobiernos de priistas y panistas, que, ahora, por fin, está siendo combatido.

“Va por México” no va a ninguna parte al postular que en México existe un “gobierno autoritario, homicida y dictatorial”. Los opositores se cierran, de tal manera, a cualquier acercamiento luego de las elecciones, pues nadie podría ir a buscar acuerdos con unos dictadores homicidas, ni siquiera sentarse junto a ellos. Pase lo que pase el día de las próximas elecciones, los integrantes de la flamante coalición opositora se tendrán que comer sus propias palabras.

Los contrastes entre el discurso opositor y la realidad cotidiana son demasiado grandes como para considerar a aquel como un intento viable de engaño político. En México, nunca como ahora había existido tanta libertad de difusión por cualquier medio. Tenemos un amplio campo para el debate en la tolerancia. Sencillamente, no hay represión política, fuera de actos arbitrarios de algunas autoridades locales o menores. En el sentido contrario a las afirmaciones de los opositores, el hecho de que el jefe del gobierno debata en público, sin intermediarios ni hipocresías, es un avance democrático en un país donde predominó la simulación en un marco de atraso político y precariedad ciudadana.

Llena de generalidades, la plataforma PAN-PRI no ofrece nada nuevo, pero incluye un planteamiento panista, ahora modificado, en materia de política social. La principal propuesta del PAN en 2018 fue la “renta ciudadana mínima” para 58 millones de personas (Población Económicamente Activa), que equivaldría a 3 billones de pesos al año, igual cantidad que los ingresos totales tributarios federales. Nadie le hizo caso a esa promesa de imposible realización. Ahora, en alianza con el PRI, el PAN promete el “ingreso básico alimentario” para 25 millones de personas que, a salario mínimo, importaría 1.3 billón de pesos anual, el 30% del gasto programable total del gobierno federal. Les va a ocurrir lo mismo porque no hay manera sensata de obtener esos fondos en el corto plazo. Pero aunque se lograra juntar tal cantidad mediante un plan extraordinario de recortes al gasto y despidos masivos, así como con un aumento de impuestos al consumo, los viejos partidos harían un programa social focalizado, forma preferida por los priistas de siempre y sus discipulos panistas, para crear sistemas clientelares con contornos muy definidos y políticamente controlables.

Las “10 soluciones por México”, presentadas por PAN y PRI, aparecen como repeticiones de un guion ya conocido, un querer volver a gobernar como lo hicieron sucesivamente, pero ya por completo juntos, sin disimulos, con el programa de siempre, bajo el régimen político de antes. En el momento actual, no hay en el país una fuerza de relevo con un programa nuevo: la opción política opositora es lo más viejo de México.

Annus Terribilis

La pandemia de 2020, recrudecida hacia finales del año, podría recordar a los historiadores aquella de 1346, ANNUS TERRIBILIS de peste negra que se alargó durante siete más. Las grandes epidemias suelen cambiar la forma de vida en muchos aspectos, pero también, consecuentemente, la manera de analizar la sociedad.

Acostumbrado a los desequilibrios económicos, el mundo tiene ahora otra cosa, con intermitentes parones de actividades productivas, algo que no es propiamente una crisis capitalista aunque pueda tener consecuencias parecidas, pero sólo de momento. La estructura económica de la sociedad parece seguir igual, mas tiene su parte dramática en una mayor cantidad de personas sin trabajo asalariado y de pequeños propietarios arruinados o al borde de estarlo.

Sin embargo, se han apresurado algunos cambios en proceso, tales como el trabajo, los servicios y el comercio a distancia, la sustitución de funciones humanas, la mayor concentración en los circuitos del capital financiero y la celeridad de procesos de innovación.

Algunos inventores de fármacos han logrado ya producir vacunas, siempre en combinación financiera con gobiernos. Las ganancias serán grandes, obtenidas mediante ventas a los sistemas sanitarios de todo el mundo. De nueva cuenta, la abismal disparidad del desarrollo económico, en especial la alta tecnología, generará una corriente de valor a partir de transferencias hacia unos cuantos países desde los demás. Este esquema puede durar algún tiempo pues no se tienen todos los datos sobre la inmunización, ni la frecuencia de la aplicación de vacunas. La pandemia se encuentra tan extendida que surgirán nuevos biológicos y medicamentos en una competencia que irá dejando su secuela oligopólica. Se verá pronto hasta dónde puede llegar Cuba con sus vacunas soberanas, excepcionales para un país pobre y pequeño.

Los gobiernos han aplicado subsidios muy disímbolos, según su capacidad de generar nuevos pasivos consolidados, como en Estados Unidos, o con adelantos de asignaciones comunitarias sin rédito, como en la Unión Europea. Los gobiernos de países pobres han subsidiado mucho menos, por lo que la consecuencia social inmediata de sus parones económicos ha sido proporcionalmente mayor. La inyección de liquidez desde los bancos centrales ha vuelto a ser un mecanismo como el que se usa en las recesiones, aunque no haya propiamente en curso ningún ciclo económico de ese carácter. Como ocurre con frecuencia, los más protegidos son los bancos privados.

Desde la cuenta provisional de cerca de dos millones de víctimas mortales de la Covid-19, pasando por la incontable cantidad de personas con secuelas (86 millones han enfermado), el saldo final podría ser enorme aunque no llegara a los números de la gripe española (brotó en Kansas) que inició en 1918. Sin embargo, quizá la nueva peste traiga también otra clase de consecuencias.

En todo el mundo se requiere más personal sanitario y unidades médicas. Ningún sistema de salud está al nivel de la vida social. La gran industria farmacéutica supedita el progreso a su altísima rentabilidad económica; lo mismo hacen los inventores de equipo médico. Parte de la dieta de las personas es definida sólo en términos de buen negocio, mientras la desnutrición abarca todavía a un segmento de la humanidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está tocada por el síndrome de caducidad que padece el Sistema de Naciones Unidas.

Asimismo, la organización de la sociedad no corresponde a las necesarias tareas comunes, como las que se desprenden de una emergencia sanitaria y otras tantas calamidades que pueden caer sobre la gente. Desde el principio de la pandemia, la disciplina casi siempre fue impuesta con toques de queda y otras medidas coercitivas que resultaron a la postre insuficientes.

El Estado, por lo general, jamás ha sido capaz de responder bien a desastres, pero, al intentarlo, lo hace por lo regular para evitar que la gente tome poder. Es así que la gestión de la pandemia se ha realizado mediante disposiciones que combinan la limitación de la movilidad personal y de la actividad económica, lo cual no siempre ha funcionado en la forma planeada, sino con estiras y aflojes para contener en algo el enfado popular y la pérdida de ingresos. Es por ello que la gente aparece ahora como la culpable por haberse ido de fiesta.

Quizá lo peor ha ocurrido en Estados Unidos porque ese país tiene una sociedad desarticulada, donde su clase política no ha hecho otra cosa que disputarse el presupuesto y la política exterior, incluido, claro está, el negocio de la guerra. Salud, calidad alimentaria, educación, distribución del ingreso, sistema fiscal, déficit público, cooperación comunitaria, asistencia social, migración, comercio internacional, están en crisis al mismo tiempo. Casi todo depende de la velocidad de sus inventos de tecnología de punta y la captación de excedentes en Wall Street, pero sólo con eso no se organiza una sociedad, ni siquiera un mega Estado. Esto se ha visto más claramente en la pandemia.

No sólo ha sido una larga alerta debido a que la enfermedad puede ser contagiada a cualquiera, en casi todas partes, sin que la víctima se percate y sin que luego haya remedios. La Covid-19 ha provocado espanto entre miles de millones, en especial en los centros urbanos donde los contagios son mayores: una gran parte de la humanidad vive aglomerada y, ahora, aterrorizada.

Cuan vulnerable es nuestra especie. Esto siempre se ha sabido como expresión de actos conscientes de los mismos seres humanos, la guerra en primer término, pero también de catástrofes naturales y de enfermedades contagiosas. La cuestión es que, ahora, el capitalismo ha generado una conciencia de superioridad, de algo nuevo y poderosísimo. A la hora de la pandemia causada por el CoV-2, la reacción no pudo ser otra que el parón económico.

Esto se debe a que no existe esa superioridad capitalista para resolver en pocos días lo imprevisto porque no hay de por sí un adecuado sistema de medicina ni una suficiente organización de la gente. El desastre no ha estado lejos de casi ninguna parte. No es que sea global, sino que es parte integrante de la globalidad en sí misma, de aquella que es más un medio de dominio, en la que ninguno discute los problemas de los demás países sino acaso sólo del suyo propio.

La arrogancia alemana y la altivez británica han caído por los suelos cuando cada una de tales potencias llegó a contar, al finalizar el año, muchos más contagiados por día que México, teniendo aquellos países menos habitantes y estando “impecablemente bien organizados y disciplinados”. Como antes, nadie pudo prever las intermitencias de la pandemia.

La debilidad del poder establecido (político y económico) no sólo se desprende de su falta de convocatoria específica sino de algo anterior: la ausencia de credibilidad y de adhesión.

El Annus Terribilis de 2020 ha tocado a muchas sociedades y a las llamadas relaciones globales, de tal suerte que, tan luego que la pandemia empiece a reducirse, las personas se podrán hacer nuevas preguntas. Es probable que entonces sea buen momento de volver a intentar grandes cambios sociales.

Dos años después

El peor argumento de los conservadores consiste en que el nuevo gobierno ha dejado todo igual que antes. Lo han repetido los portavoces conservadores en todos los medios. De esta forma, admiten que antes, con los gobiernos de ellos, el país estaba mal y requería con urgencia un cambio. Es esa quizá una de las pocas coincidencias que tienen con el gobierno actual, pero la única que confiesan. De todas formas, es un triunfo no previsto de la 4T.

Lo que no pueden demostrar los conservadores es que estemos peor, pandemia aparte, naturalmente, ya que ésta no puede ser atribuida al gobierno, aunque pretenden que lo sea.

Estos dos años son los primeros en décadas en que el salario mínimo ha empezado a recuperar su capacidad adquisitiva. Durante el neoliberalismo siempre hubo pérdidas para los trabajadores. Ahora viene el golpe al outsourcing, mecanismo de negación de derechos laborales y precarización masiva del trabajo asalariado. Viene también la elevación de la cuota patronal al sistema pensionario y la concentración de la cuota social sólo hacia los salarios bajos.

Nunca se había tenido una fuerza gobernante que llevara a la Constitución el derecho universal de los adultos mayores a una pensión alimentaria, ni otorgara la garantía de ayuda monetaria vitalicia a los jóvenes discapacitados permanentes. Desde 1996 ningún gobierno había querido estampar en la Constitución la obligación del Estado de impartir educación superior. Jamás se había tampoco establecido la beca universal en el bachillerato ni propuesto llevar ésta a otros niveles educativos, como ya empezó a hacerse.

El derecho constitucional a la atención médica no había tenido nunca la garantía de ser un servicio con carácter universal. Jamás gobierno alguno había presentado un plan para brindar servicios médicos y medicamentos gratuitos para todas las personas que se encuentran fuera de los institutos de seguridad social: la otra mitad de la sociedad mexicana.

El actual es el primer gobierno que admite que en México hemos tenido un Estado corrupto y que es prioritario desmantelarlo. Esto implica acabar con relaciones de reparto y entramados entre gobernantes y entidades económicas a través de los que se repartieron privilegios y ganancias ilícitas. El Estado corrupto contiene extensas formas de operar basadas en la inclusión de mucha gente con el ofrecimiento de obtener beneficios ilegales en un marco de impunidad. Eso es lo que ha empezado a eliminarse a través de la acción de gobierno.

Es la primera vez en que la lucha contra la crisis delincuencial se expresa principalmente en subsidiar el empleo legal y productivo de los jóvenes y de los campesinos arruinados.

Ningún programa social opera ya a través de intermediarios que lucraban con la necesidad de la gente y conformaban burocracias parasitarias. Muy en especial, se acabaron los “moches”, patético sistema consistente en atomizar el gasto público presupuestal para asignar pedazos a entidades y personas cercanas a legisladores y gobernantes a cambio de recompensas. En un solo día de diciembre de 2018, en San Lázaro se acabaron los lucrativos “moches” y se liberaron decenas de miles de millones de pesos para poder atender grandes propósitos de una nueva política de gasto.

Así también se prohibieron las condonaciones fiscales, las cuales llegaron a comprender cientos de miles de millones en regalos a grandes contribuyentes, quienes podían dejar de pagar sus impuestos de la manera más cómoda con la sola bendición del poder político.

Todo lo anterior es ignorado por las oposiciones conservadoras. Como si eso no existiera, las críticas se dirigen hacia la reducción del PIB y la pérdida de empleos en el marco de un parón de la economía, decretado por la autoridad sanitaria, el cual fue aplicado de una u otra forma por casi todos los países. No ha sido nada fácil y todo se ha alterado. Pero, al menos, en México no hemos recurrido a nuevas deudas para financiar o subsidiar a grandes capitalistas, con lo cual, claramente, se ha subrayado la consigna de no volver a cometer las atrocidades del pasado, tales como el gran robo del Fobaproa.

Los subsidios son ahora dirigidos a quienes tienen necesidad verdadera de ellos.

La austeridad republicana no es una política para gastar menos sino para gastar más, pero en lo verdaderamente importante, necesario y trascendente. Acabar con el derroche no es meter el dinero público debajo del colchón sino destinarlo a otra cosa, a lo que se requiere desde hace mucho tiempo pero que no se había atendido.

Las bases de una nueva administración comprenden la eliminación de costosos organismos de intermediación en el ejercicio del gasto, como los llamados fideicomisos que, al tiempo en que esterilizaban recursos públicos guardándolos de manera por completo innecesaria, otorgaban inservibles empleos a los amigos de los gobernantes.

Los conservadores quieren, lógicamente, mantener, pero eso ha costado mucho al país. La 4T fue votada en las urnas para destruir el edificio de la corrupción, el derroche, la transferencia de más riqueza a la oligarquía y la brutal concentración del ingreso, en el marco de la reivindicación de derechos sociales y la vigencia de sus garantías.

A la 4T le ha hecho falta una reforma fiscal para cobrar tasas mayores a las más altas ganancias y rebajar los impuestos de los ingresos medios, cuyas tasas impositivas se encuentran ahora cerca de las que tienen los archimillonarios, quienes, además, pagan tasas efectivas mucho menores porque cuentan con otros privilegios fiscales.

También le ha hecho falta al nuevo gobierno un plan propio de construcción de infraestructuras, con una amplia cobertura de financiamiento, que atienda proyectos de las entidades federativas para promover el crecimiento de la economía y el empleo, mediante un mecanismo de carácter nacional y centralizado que logre impedir el desvío de recursos y la creación de nuevas burocracias parasitarias. No todo debe ser subsidio sino principalmente inversiones capaces de generar ingresos necesarios para cubrirlas.

El Estado debe ubicarse más y mejor dentro de la economía y no sólo regularla, pero al margen del viejo estatismo que terminó repartiendo canonjías y corruptelas por todos lados y, quizá lo peor, prohijó una oligarquía que se adueñó del país entero.

La mejor manera de estimular las inversiones privadas, indispensables para impulsar el crecimiento económico, consiste en tener planes propios que coadyuven a una redistribución del ingreso. Los llamados megaproyectos son una especie de señal, pero no alcanzan aún a colmar la magnitud de la obra que debe llevar a cabo el gobierno federal directamente.

Los conservadores de la derecha tradicional y sus inexplicados nuevos socios, pero de vieja trayectoria, los líderes priistas, están colgados tétricamente de los más de cien mil fallecidos por causa directa de la pandemia. Dentro de esa gran tragedia, no admiten el formidable logro de contar con una infraestructura médica adecuada frente al Covid, con la cual se ha tenido capacidad de atender a los enfermos.

Esa derecha y sus socios no dan el menor consejo para reanimar la economía sino que se regodean con el hecho de que el parón haya conducido a una mayor disminución del PIB. Cuanto más sea la caída del producto, mayor será la victoria de las oposiciones, según creen sus líderes, pero sin considerar que lo peor para el país no puede ser lo mejor ni siquiera para ellos.

Esa derecha vive en la amargura de su derrota del año de 2018, pero sin perspectiva porque no ofrece una nueva acción, otro camino que se reputara diferente pero nuevo y mejor, sino que sólo lanza acusaciones, falsas en su inmensa mayoría, para tratar de crear un ambiente de confusión. No se dan cuenta que pocos quieren volver al pasado y que al nuevo gobierno no le puede ir mal cuando lo de antes va quedando atrás, a pesar del enorme tropezón provocado por la pandemia.

Es tanta su amargura que los conservadores se quejan de la más amplia libertad de difusión de ideas y opiniones. Nadie ha sido molestado, acosado, bloqueado y mucho menos perseguido por sus planteamientos y críticas. Cuando se produce el debate con la prensa, es el mismo presidente el que lo encabeza. Ya no hay mensajes a los comunicadores y tampoco embutes convincentes. Quienes se quejan del debate, de la réplica pública, no están acostumbrados a relaciones políticas limpias, sino que han vivido en los cenáculos del influyentismo y la corrupción. Es un pasado que añoran quienes fueron sus beneficiarios.

Dos años es un lapso corto para un país soberano con 200 años de historia propia. Lo que no se puede negar es que se ha vuelto a hacer historia en el sentido de alcanzar un momento de quiebre, de ruptura. Los próximos dos años serán de mayores confrontaciones políticas y probablemente de mayores reformas.

La crisis económica y cómo verla

Algunos expertos y periodistas insisten en comparar la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 con la gran recesión de 1929-32. Sin embargo, se trata de dos fenómenos por entero diferentes.

En aquel entonces se produjo una sobreproducción que llevó a la caída generalizada de precios porque gran parte de las mercancías no se podían realizar en el mercado, es decir, vender. En consecuencia, la producción cayó. Sus efectos se prolongaron hasta 1938 y quizás después.

El crack de Wall Street (martes negro) no fue el inicio de la crisis, como algunos siguen creyendo, sino una de sus consecuencias con el derrumbe de precios de las acciones, las cuales se habían usado a menudo como garantías de préstamos bancarios para comprar las mismas. Luego, quebraron también muchos bancos al dejar de tener precio los valores bursátiles recibidos como avales y, además, aquellas acciones que tenían en propiedad como parte del nuevo capitalismo financiero: industria y banca fusionadas. Las carteras vencidas eran la inmensa mayoría.

Llegó un momento en que el sistema de pagos estaba casi a diario al borde de desaparecer. Los precios agrícolas se desplomaron en 60%, lo que hacía para muchos incosteable producir. La deflación alcanzó un 25% en toda la economía. La producción industrial se redujo entre el 60 y el 80%. La producción total bajó en un 30%. El comercio internacional disminuyó 50%. El desempleo llegó en EU al 33%. Los aranceles subieron. Las exportaciones mexicanas pasaron de 274 mdd en 1929 a 96.5 en 1932.

La crisis actual no tiene expresión propiamente financiera. Esos mercados gozan de razonable salud por más que hayan «perdido valor» durante algunos días consecutivos. El problema es el de un enorme parón de la producción, el comercio y los servicios que abarca las actividades que se consideraron no esenciales, en especial la industria.

El desempleo formal que vivimos bajo la crisis de Covid-19 ha sido provocado por la decisión de muchos patrones de despedir a una parte de sus trabajadores como parte del cálculo de la situación nueva que vendrá cuando se reanude el trabajo. En la zona informal es generado por el cierre forzado de pequeños establecimientos o la ausencia de suficientes compradores. Esto quiere decir que, en el momento en que se reanude la producción y el comercio, una parte de los puestos de trabajo cancelados se podrán recuperar, aunque sólo en la medida en que las industrias vayan restableciendo sus anteriores niveles de producción y los comerciantes y prestadores de servicios recuperen su clientela. Pero esto no lo podemos medir antes de tiempo ya que estamos en una situación nunca antes vivida.

Las empresas de todo tamaño requieren crédito para sostenerse hoy y reanudar mañana. La banca privada y la estatal tienen suficiente liquidez para atender la demanda de dinero. Las moras pueden ser manejables. El Banco de México ha abierto un amplio programa para que los mecanismos del crédito cuenten con el respaldo suficiente con intereses moderados, menores que los predominantes en el mercado.

El gobierno se está encargando de ofrecer pequeños créditos a la palabra a quienes no tienen acceso a la banca. Esa es la parte que se puede atender solamente desde el presupuesto de egresos. Creo que habría también que brindar ayudas gubernamentales a trabajadores formales e informales en paro efectivo porque en México no existe un sistema de seguro de separación o de desempleo. Algo de esto último ya se está haciendo en algunos lugares.

El pronóstico de que la crisis de la pandemia agregará en México 10 millones de pobres y 6 más en extrema pobreza quizá sea producto de un cálculo sobre el posible comportamiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la correlación entre éste y la pobreza es algo que se seguirá discutiendo porque no existe una regularidad que resuelva el punto. No hay duda de que el PIB decrecerá pero eso no significa que automáticamente y en semejante medida se va a  profundizar la pobreza y/o aumentar el número de pobres. El cálculo de la cantidad de personas que no son consideradas en pobreza y que pasarán a esa categoría, así como el de pobres que serán arrojados al extremo no es un asunto de aplicación de fórmulas porque existe la política social.

A la luz del primer trimestre del año es aún imposible calcular la caída exacta que tendrá el PIB en 2020. Abril y mayo han sido el momento del mayor parón económico en el país, pero esa situación no se mantendrá idéntica durante el tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) ni menos durante el cuarto. La capacidad de recuperación de la planta productiva que ha sido llevada al paro es una incógnita porque no conocemos otra crisis como la actual.

En realidad, lo que se sabe sin discusión es que habrá un decrecimiento del producto y un aumento del desempleo (AMLO lo estima ya en un millón), pero no parece que el nivel de precios vaya a modificarse, cuestión esencial en cualquier pronóstico sobre pobreza monetaria.

Las crisis de los años ochenta del siglo XX, en el marco del colapso de la deuda externa y de la caída del precio del crudo, cortaron de golpe el crecimiento económico de México. El PIB se redujo una y otra vez, de tal forma que decreció en promedio durante la década. Hoy, nadie parece ser responsable de esos desastres. Pero era el PRI.

En 1994, la sobrevaluación del peso con un esquema de deuda indexada al dólar (tesobonos), decidida en gran medida por motivos políticos, es decir, una especie de economía pendida de hilos imaginarios, inventada por Carlos Salinas dentro de su proyecto transexenal, trajo como consecuencia una crisis de dimensiones criminales.

El Efecto Tequila de 1995 que provocó un oleaje internacional, llamado en México «el error de diciembre» (del año anterior) para exculpar al autor y justificar al operador (así era la prensa en México), condujo al país a una especie de ruina. La producción disminuyó casi el 7% en ese año, la banca privada colapsó, la devaluación del peso alteró todos los parámetros, la inflación se hizo galopante, las tasas de interés se revolucionaron, el desempleo se profundizó, los salarios reales cayeron aún más y México acabó bajo los inicuos términos fijados por los acreedores. Como corolario, se le impuso al país desde el gobierno zedillista una nueva deuda de cien mil millones de dólares sólo para salvar a la banca privada y a los deudores de la misma (Fobaproa), la cual sigue devengando intereses que se pagan a través del presupuesto federal.

Era otra vez el PRI, pero Ernesto Zedillo (el entonces recién investido presidente) pretende ahora decidir lo que se debe hacer. Sus amigos periodistas están en lo mismo, aunque parezca increíble.

En 2009 el PIB disminuyó también casi 7 puntos de golpe, a pesar de que el gobierno panista, con operadores financieros priistas, había pronosticado un simple «catarro» frente a la pulmonía que se esperaba en Estados Unidos. Felipe Calderón es uno más de aquellos neoliberales que ahora pretenden dar lecciones.

Muchos de los críticos del gobierno actual, los inconformes de que no haya subsidios a los ricos ni condonaciones fiscales, incluidos intelectuales que no son capitalistas pero piensan peor, estaban en aquellas funestas crisis bastante tranquilos y se les veía muy cerca de los círculos oficiales.

La crisis económica del Covid-19 no durará tanto como la de los treinta del siglo XX ni como el efecto tequila («el error») o la más reciente del colapso financiero, gran operativo del crimen organizado de Wall Street. Pero su superación no será cosa sencilla en México debido al conflicto político.

 Los líderes empresariales se han dedicado a exigir el cumplimiento de su pliego petitorio de ayudas gubernamentales mientras la intelectualidad conservadora defiende los esquemas neoliberales que han fracasado en el mundo. Los partidos de oposición se han convertido en corifeos de aquellos y, ante la falta de propuestas propias, se dedican a tratar de bloquear todo.

Ninguna fuerza al margen de la 4T apoya el golpe de timón nacional de la nueva política económica y social. Se ha acortado extremadamente el terreno de las alianzas políticas en las que se pudieran incluirse a las izquierdas. El diálogo mismo, aunque fuera ritual, está casi interrumpido a la espera de una reanudación tan incierta como el curso de la economía.

Por lo pronto, se acusa desde el conservadurismo a López Obrador de buscar lo que él mismo está diciendo: un cambio mayúsculo en el cual no tengan lugar ni puedan regresar los esquemas neoliberales. Se afirma, nomás por decir algo duro, que la democracia está en peligro, como si ésta consistiera en el predominio de minorías rapaces que han  usado al Estado para enriquecimientos ilícitos.

La confrontación política se aprecia hasta en materia epidemiológica, en la que improvisados «especialistas» critican lo que dicen los médicos encargados de gestionar la emergencia sanitaria.

Encima de todo, la prensa maledicente del gobierno se ofende y protesta porque se le ataca, sin  admitir que cualquiera puede ser criticado como lo es el jefe del Estado. La república es el espacio de la igualdad política de todos sus miembros, las ciudadanas y los ciudadanos. No hay fueros ni privilegios. Lo que debería ser motivo de moderación moral son las falsas noticias (mentiras, se decía antes) que hoy parecen ser materia de competencia entre difusores.

Por primera vez desde 1988 hay que ver la crisis económica como momento de confrontación política directa. En aquel año eran los conservadores haciendo fraude electoral a un movimiento democrático de ruptura contra el neoliberalismo encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. En los años 2019-20 es la ruptura democrática contra el neoliberalismo encabezada desde el gobierno del país por Andrés Manuel López Obrador.

Los conservadores (muchos son reaccionarios en toda forma) no van a ser convencidos porque no les conviene serlo. Aunque han transcurrido más de 30 años, los bandos siguen siendo básicamente los mismos, casi no se mueven, aunque la correlación de fuerzas y el emplazamiento de cada uno de ellos es por completo diferente. Aquí nada será a muerte: esta lucha no tiene caducidad, es diaria.

La deliciosa necedad del endeudamiento

México tiene una deuda pública federal de casi 11 billones de pesos que equivale a cerca de la mitad del Producto Interno Bruto anual.

Durante el sexenio anterior, el gobierno logró una reforma fiscal que elevó sus ingresos nominales y, al mismo tiempo, incrementó mucho el monto de la deuda y su servicio. No podría dilucidarse con entera claridad cómo fue que esa combinación de reforma contributiva y política de endeudamiento no se tradujo en un apreciable progreso del país. No hablamos de nueva distribución del ingreso, claro está, gobernaban los neoliberales, sino de simple plataforma de generación de riqueza.

En la emergencia económica provocada por la epidemia de Covid-19 existe un punto que remarcan las holdings y sus organismos patronales: bajar, condonar y diferir impuestos contratando deuda para fondear la consecuente baja fiscal y, al mismo tiempo, para otorgar garantías sobre créditos bancarios a particulares. Mientras el gobierno no le meta entre uno a dos billones de pesos a esa causa, esos empresarios no habrán de apoyarle en absolutamente nada. Se trata de sencillos intereses económicos de partes socialmente minoritarias.

La deuda mexicana no es de las más altas del mundo en términos relativos al producto interno, pero es de las mayores en relación con los ingresos públicos, con los cuales se cubre precisamente el servicio del débito. No podría el país razonablemente incrementar su deuda sin elevar su capacidad de pago, lo que se logra con el aumento de sus ingresos fiscales. Sin embargo, la situación política y, ahora, la recesión que se avecina, no aconsejan realizar una inmediata reforma fiscal para que los grandes ricos y otros no tan grandes cooperen con la parte proporcional que les debe corresponder. Acaso el tema volverá en 2021. Tampoco se está a la espera de una renta petrolera mayor ni de otros nuevos ingresos.

Podría, sí, el Estado mexicano hacer abstracción de su economía y de sus finanzas públicas para contratar ingentes cantidades sin sustento político ni legal, pero eso podría llevar a un desastre mayor.

México paga una cosa que se llama prima de riesgo en toda su deuda. Es un diferencial entre tasas reales predominantes en el mercado internacional con los intereses que se deben pagar sobre los bonos mexicanos y otras formas de crédito. Esa prima de riesgo está aumentando en este momento como producto de la caída del precio del crudo y, sobre todo, de la próxima recesión económica, sin que se pueda saber desde ahora el tiempo que van a durar una y otra, así como su calado.

Al mismo tiempo, el peso mexicano ha sufrido una fuerte desvalorización en tan sólo tres meses. Esto quiere decir que las deudas denominadas en monedas extranjeras se han revaluado en términos de pesos y que se pagan, por tanto, mayores intereses en moneda nacional. Las nuevas operaciones de simple conversión se están contratando en dólares a tasas más altas que antes.

Como siempre que sucede algo fuera de lo acostumbrado, se hacen círculos viciosos. Uno de estos es la venta significativa de bonos mexicanos para comprar dólares y llevarlos a otros mercados, lo cual presiona hacia el alza a la moneda estadunidense. Eso está ocurriendo también en muchos países grandes pero pobres, como México, cuyas monedas se han visto a la baja. Desde antes de la pandemia existe una fuerte demanda de dólares en el mundo, a pesar de que la tasa referencial de la Fed (Reserva Federal, USA) ya es casi de cero; la del Banco de México es de 6%, con un diferencial de inflación de un punto porcentual, ¡qué tasa de riesgo es ésta!

Las variaciones del tipo de cambio llevan también a que las exportaciones mexicanas serán tendencialmente más baratas en términos de dólares pero las importaciones aumentarán de precio en términos de pesos. La inflación, que aún no se muestra, no tardará en llegar de alguna manera, para presionar hacia otro círculo vicioso: alza de precios, desvalorización del peso, fuga de divisas, aumento de tasas de interés, escasez de crédito, reducción del salario real, etc. Ya conocemos ad nauseam esa comedia.

Hay que estar conscientes de que, en las condiciones existentes, lo menos que debe hacer un gobierno es cancelar sus inversiones productivas. Hoy, se le pide que abandone proyectos en curso, como Dos Bocas y Santa Lucía, pero eso no haría más que complicar las cosas aunque algunos conservadores se pudieran sentir complacidos por puro revanchismo.

Sólo puede contratarse deuda pública para llevar a cabo obras que directamente generen ingresos. Eso dice la Constitución. Tal concepto se debe a que el débito público debe pagarse a sí mismo. No se sabe cómo es que ciertos magnates no entiendan esto si es también un principio empresarial: tomar crédito, producir más, vender más, ganar más, aunque compartas con los acreedores parasitarios. No obstante, esos potentados quieren deuda nacional para fondear concesiones fiscales a particulares. Es que ellos no pagarían después sino se beneficiarían ahora.

El actual gobierno no está financiando proyectos importantes con deuda sino desde recursos directamente presupuestales y, en algunos casos, con inversiones concurrentes. Este es un esfuerzo poco común, pues si existe una justificación para un aumento de la deuda ésta sería la creación de un amplio fondo de infraestructuras productivas.

Lo anterior no quiere decir que el débito mexicano próximamente vaya a mantenerse igual como porcentaje del PIB. Al reducirse o eliminarse el superávit primario de 2020 (0.75% del PIB), debido a requerimientos de la emergencia, la deuda dejará de mantenerse casi igual en términos relativos. Al tiempo, al reducirse el PIB, la deuda tendrá mayor peso económico. Pero todo eso ocurrirá sin que sea expresión de una política de sobre endeudamiento.

Muchos países de América Latina tienen una macabra experiencia en materia de deuda. En los años ochenta del siglo XX el débito se volvió impagable y lo volvió a ser después para no pocos países. Las potencias proveyeron toda clase de mecanismos de pago para recuperar lo que se pudiera.

El capitalismo genera sobre liquidez con las ganancias que no encuentran campo de inversión en sus propios países. Para drenar una parte de sus excedentes líquidos están los que necesitan dinero, tanto para «impulsar» o «salvar» sus economías como para dar cobertura a sus exportaciones de capital (de extranjeros y ricos locales), servir la deuda anterior y  abonar a su indescriptible corrupción; véase México.

El Fondo Monetario Internacional te presta para que les pagues a sus verdaderos y únicos dueños.

En síntesis, la deliciosa necedad de que ahora mismo México pida prestado expresa la exigencia de reducir los ingresos públicos a través de concesiones fiscales y de otorgar garantías del Estado sobre préstamos a particulares. Los grandes capitalistas, quienes hablan a través de los líderes empresariales, quieren que, una vez más, el Estado asuma las consecuencias y les proteja del vendaval. Así fue hace 25 años con el Fobaproa, cuando el Estado tomó una deuda de particulares por cien mil millones de dólares, de los cuales la mayor parte le sigue debiendo a los bancos rescatados, a quienes les paga unos escalofriantes intereses, con todo y la prima de riesgo: tasa Cete más 1 o 2 puntos. ¡Calamidad!

Como los principales líderes empresariales no están de acuerdo con la política del gobierno actual, lo que es lógico, tendrán que esperar a la próxima elección para postularse directamente o apoyar a sus amigos y empleados. Tendría que ser una mayoría ciudadana la que hiciera regresar al país a épocas oscuras.

Después, el mundo se verá peor a sí mismo

Ningún sistema sanitario estaba preparado para la pandemia de Covid-19, ni siquiera los mejores en el mundo. Ha sido sorpresivo el ataque viral. La pregunta es por qué.

Vivimos una época de incesante desarrollo de la ciencia y la técnica. Contamos con muchos y muy talentosos científicos preparados en las ciencias de la salud y especialidades afines. Existen recursos materiales de sobra para ser usados en la materia más sensible de la humanidad, el cuidado de la vida.

No estamos en el siglo VI, bajo la plaga de Justiniano, ni en el XIV (1347) cuando Euroasia y África fueron azotados por la peste bubónica (quizá entonces murieron 100 millones), provocada por una bacteria que no tenía sus días contados. La gente creía que la enfermedad llegaba como castigo por el pecado. No había entonces estreptomicina. Esa bacteria siguió activa hasta 1959, según la OMS, y aún hubo algunos brotes posteriores. Ahora mismo, surge a veces la peste por comer carne de marmota en Mongolia, su origen histórico.

Algo peor ocurrió con la ya erradicada viruela que había azotado a los seres humanos quizá 10 mil años. Las últimas grandes epidemias de ese virus alcanzaron centenares de millones de víctimas mortales. América conquistada conoció esa enfermedad como parte de su gran drama.

En nuestros días, las epidemias son asunto político. Todos los gobiernos del mundo saben muy bien que, por experiencia histórica, la humanidad debe esperar siempre que aparezcan nuevas enfermedades. Sin embargo, ningún gobierno se dedica a actuar permanente y sistemáticamente en consecuencia. Sus grandes prioridades son siempre otras.

No se trata sólo de los sistemas médicos de cada país, sino también de las ordenanzas, la organización nacional e internacional de la sanidad, es decir, de la acción política. Por un lado, la prevención es mucho menos rentable que la curación. Por el otro, el comercio tiene preeminencia sobre la salubridad. En el fondo de todo esto, la tasa de ganancia (utilidad por unidad de capital invertido) determina en gran medida el ritmo de desarrollo y extensión de la medicina como ciencia y como práctica. Estos principios que invaden la sanidad son expresiones de la política dominante, de las decisiones de cada Estado y de todos ellos como gran congregación internacional.

Sin partir de esta realidad política no se podrían analizar las causas por las cuales se dejaron pasar muchos días antes de admitir la existencia de un brote epidémico de algo desconocido y, luego, pasó otro tiempo igual o mayor para que se fijaran medidas de control.

Tampoco se entendería el porqué en varios países, ahora muy golpeados por la pandemia Covid-19, las cuarentenas iniciales se tomaron con poca seriedad, ya que los gobiernos no condujeron bien, no convencieron, no organizaron a la sociedad y les preocupaba más que el paro económico fuera lo más leve y rápido posible. Luego, llorosos, implantaron el estado de sitio, llamado de diversas maneras. Los venció, lamentablemente, el coronavirus.

Ya que toda alarma y contención eran costosas para la «economía», habría que postergarlas. Al final, la pandemia ha tenido un costo mucho mayor tanto para el capital como para el trabajo y el Estado, aunque muy especialmente para las víctimas. Una catástrofe previsible pero que no fue prevista.

Sin una autoridad sanitaria mundial, con poder suficiente para dictar decretos vinculantes y absolutamente obligatorios, el mundo va a seguir improvisando respuestas cada vez que aparezca una nueva pandemia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) es producto de la segunda posguerra y del sistema de Naciones Unidas que ya es obsoleto. Hoy se requiere una institución políticamente diferente, un poder mundial con bases democráticas.

Ahora bien, existe algo mucho más de fondo, lo cual resulta complicado porque es más costoso: la igualación de los sistemas sanitarios en todos los países. La salud debe ser un derecho universal de los seres humanos. Los recursos para garantizarla deben provenir de todos los países. El sistema sanitario debe ser igual en todas partes. Esto es algo elemental desde el punto de vista de una humanidad.

Las diferencias en cuanto a la salud no sólo existen entre los países sino dentro de cada uno de estos. Los niveles de atención son muy contrastantes, con la excepción de unos cuantos estados.

Hay algo más: la alimentación, tanto en su cantidad como en su calidad debe ser regulada a nivel mundial. Existe el hambre en el siglo XXI cuando la tecnología ha llegado a niveles asombrosos. En los países pobres hay legiones de personas desnutridas, especialmente niños y niñas. Además, en lugares donde no hay hambre existen malnutridos y muchos suelen enfermar debido a otra clase de epidemias: obesidad, diabetes, etc. La gran industria de los alimentos chatarra y anexas se basa en la libertad de comerciar que en este caso es también la de enfermar al prójimo.

Los fármacos, carísimos por ser monopolizados, convierten la salud en materia de lucro desmesurado en aras de mantener la libertad de comercio. Las grandes farmacéuticas  cobran una especie de impuesto al mundo entero durante lapsos en que sus patentes se encuentran vigentes y cada gobierno defiende a las suyas. Mucha gente muere por no tener disponible la medicina ya existente. La investigación requiere grandes inversiones, pero éstas deberían ser aportadas por todos con el fin de que sus resultados ya no se monopolicen y se conviertan en cargas. No sólo se requiere socializar esa industria sino internacionalizarla, es decir, hacerla propiedad de la humanidad.

A lo anterior hay que añadir la existencia de estructuras oligopólicas, siempre ligadas a la corrupción, que obtienen ganancias extraordinarias a partir del control de mercados de medicinas y equipos médicos. Los presupuestos destinados a la salud son golpeados por esos mecanismos empresariales  en los países pobres.

A todo esto habría que agregar que la llamada comunidad internacional admite el bloqueo de países en plena pandemia. Todo bloqueo económico debería estar prohibido pero, en emergencias de salud, sus impulsores y cómplices tendrían que ser sancionados por cometer actos contra la humanidad.

El mundo actual es tanto más vulnerable cuanto que ahora es más inestable y sus partes integrantes están más vinculadas. Cualquier cambio económico le afecta al mundo entero y, a veces, aquél es producto de una simple declaración amenazante. La pandemia Covid-19 ha generado una crisis económica mundial, una recesión que, aunque de poco tiempo, será fuerte. Y, al mismo tiempo, ha demostrado que el sistema mundial no funciona de acuerdo con lo que proclama, es decir, no protege a la humanidad.

En particular, la pandemia muestra que los sistemas de salud no funcionan bien en ninguna parte del mundo y que todos requieren profundas reformas que no pueden ser sólo nacionales sino internacionales.

Tenemos como uno de tantos ejemplos las casas hogar de personas de la tercera edad en Europa, en especial en España e Italia, las cuales se convirtieron en centros de mortandad de miles de adultos mayores porque son guarderías de cuerpos sin formar parte de un sistema de bienestar y salud.

Después de la pandemia, el mundo habrá de verse a sí mismo peor que antes. Eso sería suficiente para que se abriera la oportunidad de que las ciudadanías impusieran a sus Estados las grandes reformas políticas que se requieren. Esas ya no tendrían que ser sólo de un país u otro, sino de todos.

Recesión, subsidios y moratorias

Frente a la crisis económica desatada con motivo del Covid-19, uno de los debates se ha ubicado en los subsidios públicos a los capitalistas. Todos discuten sobre de qué tamaño será la disminución del PIB, pero pocos hablan de la dimensión de la pobreza y de la que ha sido agregada en la crisis.

Por lo pronto, hay en el mundo 7.8 billones (millones de millones) de dólares destinados al «salvamento». 3.3 billones para gastos de salud y apoyos directos; 1.8 en préstamos e inversiones de capital; y 2.7 en garantías públicas sobre el crédito privado. Se dice que a todo esto le hace falta un billón y medio de dólares adicionales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene otro billón disponible para ser prestado a los países socios, pobres y necesitados, le reclama a México por destinar a la crisis actual tan sólo –dice— once mil 200 millones de dólares, el 1.1% de su PIB.

Al mismo tiempo, la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial están exigiendo subsidios fiscales para las empresas. Unos cuantos ex presidentes latinoamericanos neoliberales, Ernesto Zedillo incluido, proponen que se agreguen a la lista de tareas urgentes los consabidos «estímulos fiscales».

Las oposiciones se han puesto de acuerdo en algo: acusar a Andrés Manuel López Obrador de no ser un «hombre de Estado» ni un «presidente de todos». Piden dinero, aunque no precisan exactamente cuánto y de qué forma. La gran burguesía siempre pedirá impuestos mínimos y, de ser posible, condonación de los mismos. En México, como en Estados Unidos, entre más ganancia obtengas menor es la tasa efectiva de impuesto a la renta. La Constitución dice lo contrario, como también prohíbe las exenciones y condonaciones fiscales.

¿Qué quieren en concreto esos líderes opositores? Es necesario buscar la respuesta para tratar de entender a qué se debe la campaña contra Andrés Manuel. Él ya les ha dicho que, si lo quieren quitar, pidan el adelanto de un procedimiento revocatorio en las urnas, pero ellos han respondido que de ninguna manera van a hacer eso. Lo que exigen es que el presidente se ponga a trabajar en lo que ellos mismos desean: subsidio efectivo… en la forma que sea.

El método de las condonaciones ya sabemos a qué nos ha llevado en los últimos sexenios: miles de millones perdidos al ser regalados a los ricos. Dejar de cobrar impuestos de ejercicios anteriores, incluyendo multas y recargos, es la peor injusticia fiscal, es decir, una cancelación de impuestos y un atentado al sistema de redistribución del ingreso. Ahora mismo, AMLO denunció que unas cuantas empresas deben al fisco 50 mil millones, aunque el mismo presidente informó este jueves que una cuarta parte del dinero se va a recuperar de inmediato: mil gracias, señores, por pagar impuestos debidos, aunque nos vayan a quedar a deber las multas.

México es uno de los países más atrasados del mundo en materia de recaudación. El fisco no pasa de administrar el 15% del PIB. España, que se encuentra por debajo de la medida de la eurozona, recauda el 40%, por no mencionar a aquellos que se encuentran por arriba del 50%, es decir, más de la mitad del valor de lo que se produce en el país. ¿Quieren seguir bajando la recaudación? Sí, porque les conviene a unos pocos aunque perjudica a la inmensa mayoría.

Otra cosa podría ser diferir durante unos meses el pago del impuesto sobre la renta de personas morales o de las cuotas patronales de seguridad social, sin recargos. Eso no disminuye el caudal público pero permite un desahogo del causante. Lo que no se puede admitir es que las empresas jineteen impuestos retenidos a cargo de consumidores y trabajadores, puesto que eso es lo que algunas hacen de por sí en forma ilegal.

Una de las medidas que se ha tomado en otros países es el establecimiento de un sistema de garantías sobre el crédito otorgado por parte de los bancos a las empresas. Con esto, un alto porcentaje de los adeudos irrecuperables será traspasado al gobierno, el cual se ha de convertir así en gracioso socio del banco pero sin derecho a utilidades, sino sólo a pérdidas.

Esta sería una especie de segunda edición del Fobaproa, cuando el gobierno asumió los quebrantos de los bancos, es decir, préstamos no pagados convertidos en deuda nacional. Eso fue la socialización de los adeudos de los ricos. Un robo de cien mil millones de dólares, de los cuales aún se debe la mayor parte y se siguen pagando los intereses a los bancos, cada mes y puntualmente, desde el Presupuesto de Egresos. Sí, son dineros aportados por todos para cubrir adeudos de unos cuantos ricos de hace 25 años. Esto ha sido como estar pagando créditos de guerra impuestos por la potencia vencedora.

El gobierno puede dar prestamos directos a empresas pequeñas y a comercios informales, como ya lo está haciendo para dos millones de establecimientos, pero al margen del esquema de asumir pérdidas de los bancos privados.

En México se debe hacer lo que el G-20 recomienda: ocho meses de moratoria en créditos bancarios, para concluir el próximo diciembre. Los bancos mexicanos ya han concedido tres meses sin recargos ni comisiones, no será difícil que amplíen el plazo sin afectar sus balances.

Por lo pronto, el FMI ha ofrecido a 25 países seis meses de moratoria en el pago de intereses sobre los empréstitos contratados con el organismo mundial.

Para ser sensatos, tanto el G20 como el FMI están planteando algunas moratorias antes de que éstas se produzcan en los hechos. Se evita así una rebelión de deudores y se delimita el lapso de la suspensión  de pagos.

Si el G-20 y el FMI fueran en verdad partidarios de una moratoria de la deuda pública, al menos de los países pobres que son la mayoría, plantearían un acuerdo de todos los Estados para imponer la suspensión sin recargos del pago de los intereses durante unos meses, a efecto de concentrar recursos en la crisis de la pandemia. Pero eso no lo van a hacer porque la mayoría de los gobiernos defienden el libre mercado financiero y cumplen con el pago de intereses de los empréstitos; muchos de ellos le tienen miedo, con razón,  a los acreedores que les amenazan con dejar de invertir o vender sus bonos de un día para otro; les atosigan las primas de riesgo, gran negocio inmoral que se sustenta en las pobrezas nacionales. No hay ni se quiere que haya un gobierno mundial que defienda los intereses públicos universales.

El FMI va a canalizar «urgentemente» 18 mil millones de dólares desde su Fondo de Reducción de la Pobreza. Ese monto es mínimo si se piensa en la cantidad de pobres del planeta. México, un país pobre que no se encuentra en esa lista del FMI y por tanto no le toca nada, destina anualmente a combatir la pobreza más de lo que el FMI va a canalizar para ese propósito en todo el mundo durante 2020, año de la gran crisis Covid.

En México no existe un fondo de desempleo o simplemente de despido. Muchos están yendo a retirar dinero de su ya menguado ahorro en el SAR. Otros están siendo apoyados por entidades públicas o por empresas. En todo el entorno social impera la solidaridad para aguantar la crisis.

Mayo será un mes especialmente difícil pero no sólo en materia sanitaria, como ya se ha anunciado, sino también en la economía popular. Mas los siguientes meses del año seguirán estando dentro de la temporada de vacas flacas.

El gran problema que va a enfrentar el gobierno mexicano es el de un ingreso mínimo vital, como el que reciben los adultos mayores y los jóvenes aprendices, pero para trabajadores desplazados, tanto de la economía formal como de la informal.

Por lo pronto, los opositores resentidos seguirán pidiendo que el presidente se ponga a su servicio protegiendo los intereses de los individuos de su clase. ¡Ya no!