La libertad de expresión es un principio

La libre manifestación de las ideas, conocida como libertad de expresión, nació como algo elitista, no democrático, sino enteramente burgués. La inmensa mayoría de la sociedad que no goza de algún medio de comunicación ha carecido de esa libertad. Sin embargo, la manifestación libre de ideas se convirtió en uno de los bienes políticos más preciados en tanto que sin ella no existe la crítica. Aunque de manera limitada, las clases y sectores sociales sometidos encontraron las formas de expresar ideas y pasaron a defender la libertad de expresión como algo legítimamente suyo aunque sólo fuera en los márgenes de la sociedad.

Con el tiempo, la libre manifestación de las ideas se convirtió en un principio: sin ella no hay libertad a secas. Y, luego, se convirtió en un derecho humano: decir lo que se piensa es algo irrenunciable.

Sabemos, sin embargo, que la propiedad está por encima de cualquier derecho o principio, lo que la convierte en un freno del progreso de la humanidad. En forma específica, el carácter privado de los medios de comunicación es de por sí un elemento limitante y monopolizador de la libertad de expresión.

He colaborado en Milenio desde el primer número: 15 años sin faltar una sola semana. Este fue el trato que hice con Carlos Marín en la víspera de la aparición del diario. Lo he cumplido durante esos tres lustros. Por su parte, Carlos Marín se comprometió a no censurar mis escritos. Era un trato simple pero justo porque yo no puedo admitir escribir lo que no creo ni dejar de decir lo que pienso. Hoy entrego mi última colaboración a Milenio porque Carlos Marín rompió el trato y procedió a censurar mi artículo de la semana pasada titulado ¡Intocable!, en el que se contiene una crítica a la sentencia del Tribual Electoral con la cual se mantiene la censura del spot del PRD donde aparecía la imagen de Joaquín López Dóriga vinculado a la frase de hay cosas que siguen siendo lo mismo en referencia al monopolio informativo que ejerce Televisa en la televisión. Carlos Marín confirma una de las tesis del artículo censurado: al menos también en Milenio, López Dóriga es intocable en tanto representante de Televisa.

El punto no estriba sin embargo en el carácter de intocable de López Dóriga sino en la censura. Para llegar a este punto debió haber motivos demasiado poderosos que yo no puedo ahora comentar, pero que sí puedo repudiar como promotores de ataques a la siempre defendible libertad de expresión, la cual debería ser considerada como uno de los principales estandartes de todo medio informativo dentro del Estado democrático.

Convertida la libre manifestación de las ideas en una libertad democrática que se consagra como tal a partir de las nuevas técnicas de comunicación social, elevada a la categoría de principio y consagrada como derecho humano, no puedo renunciar a ella y, por tanto, la censura que ejerció Carlos Marín es inadmisible al grado que implica mi despido como articulista de Milenio. Se lo he dicho por vía telefónica al mismo Marín: me has echado a patadas. El trato original fue roto por el director de Milenio 15 años después.

¡Intocable! (artículo censurado)

EL SIGUIENTE TEXTO HA SIDO CENSURADO POR EL DIRECTOR DE MILENIO DIARIO, CARLOS MARÍN. DEBIÓ HABERSE PUBLICADO EL VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2015 COMO COLABORACIÓN SEMANAL DEL AUTOR

Se ha producido una sentencia del Tribunal Electoral que entra en los conceptos nada contradictorios de lo cómico y lo patético. El spot del PRD, cuestionado por López Dóriga, no constituye –según mandato judicial– ninguna trasgresión a la ley, no obstante el autor (el mismo PRD) debe ser sancionado con la interrupción de la transmisión del spot que antes había sido censurado por el INE y vuelto a censurar por la llamada sala especializada. Hemos visto en la historia de las ignominias judiciales la condena de inocentes por hechos reales o inventados pero no habíamos visto la condena por hechos declarados inexistentes por el mismo juez. El PRD ha sido sancionado con la “interrupción de la transmisión” de su spot (art. 456 de la ley) pero la sentencia también sostiene que ese mismo PRD jamás cometió transgresión alguna. ¿Alguien puede explicar este disparate? Piénsese que no hubo homicidio pero el asesino ha sido sentenciado. En esta situación se encuentra el PRD sólo por haber incluido la imagen de López Dóriga en un spot.

Pero no, ya sabemos que no se trata de López Dóriga (asunto menor) sino de Televisa (a la cual se le rechazó la misma pretensión censuradora por exceso de idiotez jurídica y porque no era necesaria ante la existencia de la queja de López Dóriga, por lo demás patrocinada y redactada en la misma Televisa), empresa que no tolera que sus frecuencias sean utilizadas para criticarla.

Ahora bien, estamos ante una confabulación de intereses casi siempre coincidentes entre el gobierno y Televisa. El spot del PRD criticaba a Peña, Videgaray y Osorio (así como a la herencia priista en general) y de paso mencionaba que hay cosas que no han cambiado: el monopolio informativo de la televisión cuyo incono es López Dóriga, conductor en pantalla (por el momento) del noticiero estrella del canal de las estrellas.

En el Tribunal Electoral (siete integrantes) se produjeron tres votos a favor de que en este caso había un ataque a la honra de López Dóriga (sin decir, claro, cual es ésta), con lo cual la sentencia tiene un sustento minoritario. Otros tres dividieron sus opiniones sobre el asunto pero sin coincidir con el argumento del proyecto aprobado. Otro más manifestó su disenso completo. Se trata de una sentencia sin mayoría real pero sostenida por el Tribunal, como tal, con el propósito de acatar la consigna oficial: López Dóriga es intocable. Bueno, algún día escucharemos a Azcárraga decir lo contrario, el día en que despida al conductor estrella del canal ibidem. En realidad no hay reinado del duque de Velandia (segundo apellido de López Dóriga) sino del verdadero rey, el dueño del consorcio monopolista, Azcárraga. (Me cuesta seguir con esto porque siento que alguien me puede censurar pero me arriesgo).

Lo que ha resultado atropellado no es sólo el derecho del PRD, el cual se atrevió a criticar a Televisa junto a Peña et. al., sino la libertad de difusión, recién incorporada en el artículo 7 de la Constitución y ahí declarada inviolable pero que ya se violó. Dice el tribunal que su sentencia es resarcitoria de un derecho de López Dóriga pero, si no hubo calumnia en el spot perredista, entonces ¿qué hubo? Nada, sino algo que molestó al consorcio televisivo en absoluta convergencia con el gobierno. Por lo pronto, el insigne Poder Judicial dice que López Dóriga es intocable. Pero, ¿por cuánto tiempo? La gravedad es la más fuerte de las leyes.

No hay crisis de credibilidad

No hay una crisis de credibilidad como algunos analistas se han permitido diagnosticar. Habría una crisis si se advirtiera un derrumbe en la credibilidad ciudadana sobre los actos, versiones, interpretaciones, historias, verdades oficiales, etcétera. Pero en México no existe derrumbe alguno, sencillamente la gente nunca ha creído en lo que dicen las instituciones y sus medios de comunicación ni les ha tenido confianza.

Este es un fenómeno que abarca casi todo el tiempo de vida de las generaciones vivas: durante todo ese lapso, sin interrupciones, así ha sido. Son 75 años. Mas no se trata solamente de una serie ininterrumpida de mentiras oficiales (medias verdades son lo mismo), sino también de su calca a través de los principales medios, en especial el monopolio de la televisión. Tampoco sólo es lo que se dice sino también lo que se calla. Ningún escándalo de corrupción o de responsabilidad política ha terminado en cuentas claras durante ya muchas décadas y todo mundo tiene la convicción de que es más lo que no se ha conocido.

El Estado corrupto ha sido históricamente incorporado a la forma de gobernar, un método con el cual se reparten bienes públicos y se pueden generar ingresos a partir de mordidas y toda clase de tráfico de influencias. El síndrome va incluso mucho más lejos, hasta la convicción popular de que el respeto a la ley no es atributo de personas inteligentes sino de estúpidos por deficiencia propia o circunstancia adversa. Sabemos que esto no es exactamente así en la realidad pero forma parte de la conciencia dominante que se puede advertir dentro de todas las clases sociales.

Ya vemos a la alta burguesía implorando un programa contra la corrupción de la cual se ha beneficiado ampliamente, pidiendo a gritos que se haga algo para frenar lo que llama crisis y que en realidad es una racha de revelaciones sobre hechos que con toda seguridad son ilícitos. También existe la clara definición de muchas emisoras y periódicos que consideran que, como en todos los medios –excepto en sus propios medios– y en todos los partidos hay personas ligadas con actividades ilícitas, no existe fuerza capaz de encabezar una lucha a fondo contra el Estado corrupto. Es tan falso el programa anticorrupción oficial como el criterio de que no hay remedio.

Es tanto el cinismo con el que se actúa que las leyes pendientes de reglamentar nuevos derechos constitucionales siguen congeladas –réplica incluida–, la cancelación del llamado fuero está detenida, la publicidad gubernamental sigue sin reglas, el control salarial de servidores públicos se encuentra en el limbo y todo esto por orden de Peña Nieto. Pocos se lo reclaman y casi ningún conductor de noticias, claro.

A la vista se encuentra una gran perspectiva: el Estado corrupto mexicano será superado –de seguro esto va a ocurrir— sólo mediante una ruptura política, una refundación de las instituciones del Estado, el esclarecimiento de un pasado lleno de corrupción y la instauración de una nueva moral pública, es decir, un nuevo manejo de los bienes que son de todos bajo el escrutinio popular. Esto no está en la visión de partidos, grupos y conglomerados oligárquicos, pero ocurrirá quizá antes de lo esperado, como para que lo veamos quienes nacimos a mediados del siglo XX.

Anticorrupción, olé

Peña Nieto ha revivido la Secretaría de la Función Pública para ordenarle que investigue a él mismo, a su esposa y a su secretario de Hacienda, (esa secretaría no podría hacer nada porque carece de facultades para investigar asuntos del Estado de México donde se hicieron los contactos). “Reunir a un panel de expertos (nombrados por el nuevo secretario), con reconocido prestigio en materia de transparencia (?), para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación” (los expertos amigos no investigarán nada, sólo darán valor).

Otra afirmación propia de la época de Zedillo: “El presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios” (sabemos que sólo ordena hacer todo eso y más). Peña sigue: “en México no tenemos los instrumentos normativos para determinar con claridad cómo declarar posibles (?) conflictos de interés” (sí los tenemos, pero de lo que se trata es de investigar pagos de mordidas a cambio de contratos).

Hay más: “el secretario Andrade cuenta con una amplia, prestigiada e idónea trayectoria en el servicio público” (como se demostró de sobra en el IFE en 2006). “Será obligación de los servidores públicos federales presentar una declaración de posibles conflictos de interés (si hay “posible conflicto” quiere decir que el funcionario no debería serlo). Esto “permitirá determinar si existe una posible influencia indebida en las decisiones de los servidores públicos” (se tendría con esto que despedir a la mayoría del gobierno). La declaración que deberán hacer los servidores públicos “contendrá las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios, de su cónyuge o dependientes económicos” (eso ya tiene muchos años de exigirse y nunca ha ocurrido nada al grado que Peña afirmó que no estaba obligado a manifestar los bienes de su esposa aunque lo exige la ley). El diseño de esta “nueva” declaración “cuenta con el aval de los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico” (encabezados por Gurría, quien ha cobrado pensión vitalicia en Nacional Financiera, a pesar de que está prohibido en el artículo 127, fracción IV, de la Constitución).

Siguen los chistes: se va a crear la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (el primer problema será definir qué es la ética en lo que no habrá ningún acuerdo). Se emitirán “reglas de integridad” que sean “acordes con los nuevos (?) retos” del “combate a la corrupción” (no se sabe si “integridad” es honradez pero suponemos que los “nuevos retos” son los mismos viejos, los del Estado corrupto).

“Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios” (todo, menos un aparato de investigadores independientes). Se “deberá integrar un registro de dichos funcionarios” (¿el gobierno no sabe quienes son sus empleados?) y “someterlos a una certificación” (¿con polígrafo?, ¿otra vez lo mismo?). Y, por fin, se “reducirán los espacios posibles o potenciales de corrupción al eliminar la interacción entre funcionarios Federales y los particulares” (menos mal que la corrupción funciona con tratos secretos).

Todo lo anterior formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción normado por un consejo integrado por los gobernadores y encabezado por el presidente de la República. (Sonoras carcajadas del respetable).

 

Nada personal

Las deserciones del PRD no deben verse como algo personal aunque también tengan cargas personalísimas pero inescrutables. La división en la izquierda PRD-Morena era ya un fenómeno que como tal obligaba a definir posición, lo cual se vino haciendo lentamente como si la escisión fuera poco importante. Se ha olvidado que la izquierda mexicana llegó a ser opción nacional de poder gracias a la unidad de sí misma, lo cual ahora quiere ser negado justamente a través de posiciones divisionistas que no hacen sino beneficiar a las derechas.

La otra cuestión consiste en el efecto Iguala-Cocula, el cual es de carácter político-moral: acreditar que no se ha sido parte de eso y que se repudia. En este contexto se han dado las separaciones de Cárdenas y de Encinas, entre otras. En efecto, es preciso mostrar indignación frente al gran levantón histórico de Iguala-Cocula, para lo cual se propone dejar claro el deslinde orgánico con el partido que tiene una ineludible responsabilidad política. Pero en  tal propósito se dejará de tener que asumir responsabilidad política a secas, se dejará de tener compromiso militante y, por tanto, obligación de dar la cara.

Otra cosa es la de cambiar de partido, la de irse a Morena como esperanza de México o lo que se quiera, aunque también hay esperanzas personales nada menospreciables. No obstante que el repudio al PRD por su responsabilidad política en los hechos de Iguala-Cocula es del todo entendible y está justificado, quizá sea algo mejor, aunque mucho más difícil, dar la cara en lugar de tratar de lavarla. El PRD de la noche igualense, como partido nacional, era el mismo que el del día anterior aunque el sometimiento del presidente municipal no se había descubierto de la manera como se advirtió tras el levantón de estudiantes de Ayotzinapa. Mas el fenómeno de supeditación a las mafias de narcotraficantes-secuestradores-extorsionadores atraviesa a todos los partidos y hubiera sido pueril creer que la izquierda iba a estar al margen. Por lo demás, el asunto no está claro todavía por más que el gobierno así lo quiera presentar.

Nada justifica al PRD sino que sencillamente se le tiene que ubicar dentro de una realidad frente a la cual éste ha sido hasta ahora incapaz de presentar otro camino en materia de gestión política municipal y de honradez de sus cuadros. La manera, condiciones y características de la postulación de Abarca como candidato deben ser esclarecidas pero eso no podrá tampoco tapar el fenómeno criminal-político de la sujeción del poder local a las empresas delincuenciales. Por tanto, la separación de connotados y apreciados dirigentes perredistas, con tal de dejar zanjados los crímenes de Iguala-Cocula por lo que a ellos corresponde, no da la menor respuesta al fenómeno que vivimos ni tampoco señala rumbo alguno para superar todo lo que se ha hecho mal o no se ha hecho.

Quien lucha afuera de los partidos o grupos tiene una opción personal del todo válida. Quien asume el compromiso militante (colectivo) quiere cambiar a su país en forma organizada, potenciar su esfuerzo. Así de simple, para no estar dando vueltas. Al mismo tiempo, si no quieres poner tu nombre en el terreno de lo cuestionable, no hagas nada que no sea personalísimo. Si quieres luchar junto a otros, tienes que arriesgar pero nunca callar.

Censura vs. libertad de difusión

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE se apuntó otra tropelía: volvió a censurar el espot ya antes censurado del PRD. Ahora lo hizo por solicitud de Telmex, empresa monopólica que se sintió ofendida porque el promocional decía que muchas cosas no han cambiado en México y ponía como ejemplos, dentro de un mismo cuadro, a Telmex y Televisa.

Ya no sólo es López-Dóriga sino ahora también Telmex, es decir, Carlos Slim, quien no puede ser tocado con una referencia política adversa. Ya vimos que en el caso de López-Dóriga el planteamiento consiste en que se trata de un periodista (perteneciente al monopolio de la televisión), pero, ahora, ¿cuál es el motivo? Telmex (el monopolio de la telefonía y del internet) dice que se le calumnia al ponerlo junto a escenas feas y textos horribles. Además, afirma que el PRD no tiene permiso para usar su logotipo. Con estos dichos la autoridad electoral decreta censura. Lo que se lee en la Constitución no tiene sentido y mucho menos vigencia para el fabuloso INE: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”.

En realidad, tanto López-Dóriga como Telmex y Televisa aparecían en el espot del PRD como elementos de ilustración de un texto. Pero ésa no es artificial sino que tiene un sustento en la declaración de preponderancia que ha hecho el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ambas empresas son monopolios y eso no ha cambiado en México, lo cual es recogido como punto de vista de un partido político que tiene el derecho –como toda la ciudadanía—de difundir sus ideas.

Ahora bien, es preciso advertir que en las dos censuras del espot del PRD lo que se quiere más que nada es desaparecer las imágenes de Peña, Osorio y Videgaray que aparecen ligadas a la herencia priista y a la situación actual que se denuncian en el promocional perredista.

El INE está llevando la temporada electoral a un claustro rigurosamente vigilado. Ya no se puede difundir con libertad porque de inmediato el INE se levanta con el arma de la censura para poner orden donde sólo se intenta la libertad. No tiene caso que los partidos tengan derecho de acceso a radio y televisión si la autoridad va a censurarlos. Esa conquista democrática se está convirtiendo en una cárcel de las ideas debido al predominio oficialista dentro del Instituto Federal Electoral. Se ha censurado también un espot del PAN.

Ya se tardó el Tribunal en resolver la primera censura pues la suspensión de un espot requiere respuesta rápida. Habría que estar esperanzados, aunque sin ilusiones, de que dicha instancia jurisdiccional admita la libertad de difusión y rompa con la censura política. Pero si así no lo hiciera, entraría en crisis el texto del artículo 7º. de la Constitución que antes se refería a la libertad de prensa y ahora trata de la libertad de difusión por cualquier medio, conquista ésta de carácter democrático de muy reciente realización. Con esa crisis se abriría un nuevo conflicto político: nada podría ser normal mientras no se respetara esa libertad. Tiene que admitirse la capacidad de criticar al gobierno y a los gobernantes en la televisión. Parece que estamos empezando, una vez más.

¿Intocable?

La Comisión de Quejas y Denuncias del flamante Instituto Nacional Electoral se ha permitido realizar un acto de censura con el argumento de que las fuertes críticas tendientes a “perturbar (sic) la fama” de los servidores públicos y los partidos se encuentran “proscritas para el particular dedicado a la actividad periodística, es decir, para Joaquín López-Dóriga Velandia”. La letra en negritas es de la Comisión, la cual añade que esto es así “no obstante ser figura pública por su calidad de comunicador”.

Más allá del atropello a la libertad de difusión establecido en el artículo 7º. de la Carta Magna y del derecho de los partidos a tener acceso a la radio y la televisión consignado en el artículo 41, esa comisión del órgano garante del ejercicio de muchos de los derechos políticos y de no pocos derechos humanos (fundamentales), es decir, el INE, nos ha recetado la tesis de que los periodistas son intocables a partir de que lo es el señor López-Dóriga Velandia, quien aparecía en un espot del PRD a propósito de la afirmación de ese partido de que hay muchas cosas que no han cambiado en México, una de ellas es precisamente el monopolio de la información a través de la TV, pero otra, por lo que se observa, es el temor que infunde el conductor del noticiero de Televisa.

La empresa de Azcárraga también fue en queja contra el mismo espot pero ahí se equivocó de ventanilla porque el INE no dirime cuestiones de propiedad intelectual (ni de personas) y la Dirección de lo Contencioso tuvo que rechazar el recurso, cuestión que ahora será resuelta por la Sala Superior del Tribunal Electoral al igual que el presentado por el PRD contra el acto de censura.

Se está dando un espectáculo que corresponde a otras épocas. El PRD tiene razón cuando afirma que se cometen los mismos errores y que muchas cosas no han cambiado, lo cual es la línea argumentativa del espot censurado. En otras palabras, la reacción contra el espot confirma lo que éste afirma.

Pero, además, existe otro punto: López-Dóriga, sedicente defensor de la libertad de difusión, ha recurrido al INE con la petición de que éste realice un acto de censura contra un mensaje de televisión por el hecho de que se usa su figura como un icono del monopolio televisivo, lo que él ha sido durante muchos años como antes lo fue otro periodista empleado de Azcárraga, Jacobo Zabludovsky: los hechos históricos se pueden ocultar pero al final no se pueden negar. La monopolización de la palabra difundida es del todo conocida en el país y sigue siendo uno de los mayores problemas culturales y políticos. Pero lo grave del caso es que el INE ha brindado de inmediato la censura solicitada.

El anticristo de la metáfora usada por Jesús Zambrano contra López-Dóriga se ha mostrado como un verdadero diablo en lucha contra la libertad de difusión mientras que la consigna política arribó descaradamente a la Comisión de Quejas del INE para consumar la censura. La cuestión ahora será dirimida en el terreno de si en verdad López-Dóriga es intocable o se encuentra inmerso en el debate político cotidiano del país aunque lo haga, como todos reconocemos, con la alevosía de ser vocero del mayor monopolio de la televisión existente en cualquiera de los países que se proclaman democráticos en el endiablado mundo en el que vivimos.

Libertad de prensa de ida y vuelta

Julio Scherer anduvo en peleas con varios presidentes de la República pero en realidad su lucha era por la libertad de prensa de ida y vuelta, es decir, tanto para el periodista como para el lector (léase también radio escucha y video espectador). Scherer fue impactado por el movimiento de 1968, en especial cuando miles desfilaban frente a Excélsior al grito unánime de prensa vendida. En realidad, en México teníamos unos periódicos pésimos desde todo punto de vista. El sedicente diario de izquierda, El Día, lo era sólo en la información internacional mientras que, en asuntos nacionales, era igual de gobiernista que todos los demás pero más directamente priista.

Las cosas en la prensa mexicana no cambiaron bajo la influencia directa del movimiento de 1968 sino a partir del 10 de junio de 1971, cuando Luis Echeverría lanzó a Los Halcones contra los estudiantes y se produjo una nueva matanza. Muchos reporteros se indignaron, tanto porque habían sido agredidos como porque ante sus ojos reaparecía el rostro de la represión sangrienta de jóvenes inermes. Muchas redacciones apoyaron a sus reporteros y empezaron a decir lo que en realidad había ocurrido, de dónde habían salido Los Halcones, de qué manera la policía se replegó para que los sicarios dispararan y golpearan libremente a los estudiantes. La versión oficial de que se había producido un enfrentamiento entre jóvenes rivales era completamente falsa, así lo consignaron muchos reporteros. Ese fue el gran campanazo con el que se inició un nuevo trayecto de la prensa.

Scherer acompañó el acontecimiento y pronto se volvió víctima de Echeverría, quien organizó un golpe para expulsar de Excélsior al director y su grupo cercano. Muchos periodistas se fueron, orgullosos, a fundar Proceso, el semanario más fuerte del país con aquel estilo que tenía Scherer de hacer periodismo, el cual abarcaba el honrado esfuerzo de hacer prensa libre y de otorgar libertad a sus lectores, es decir, no presentar publicidad como noticia. Las dos libertades, la de ida y la de vuelta, tienen que ir juntas porque, si sólo se reivindica la primera, pronto se regresa al sometimiento y, por tanto, a la venalidad.

La gacetilla y el chayote son propios de un periodismo venal que no respeta al lector, radio escucha y video espectador. Esto lo supo Scherer toda su vida y cuando de tal tema hablaba recordaba haber escuchado los gritos multitudinarios del ´68 cuando era director de Excélsior en su oficina de Paseo de la Reforma. Pero esos métodos de engaño del usuario del servicio informativo están tan vivos como antes. La flamante sala especializada del Tribunal Electoral acaba de recetarnos una increíble defensa de la gacetilla al proclamarla expresión legítima de la libertad de prensa ni más ni menos que en una sentencia judicial. Ningún periódico, estación o canal admite vender gacetilla, se jura que toda ella es noticia legítima y verdadera, pero todos sabemos que es pagada y nadie cree lo contrario, ni siquiera los magistrados electorales que fingen demencia.

No ha concluido la lucha de Scherer y de otros muchos, los que se fueron a hacer Unomasuno de la nada y, más tarde construyeron La Jornada, los reporteros dirigidos por Gutiérrez Vivó, quien fundó la radio noticiosa ininterrumpida, y de muchos que han hecho periodismo de riesgo. Mas no se crea que sólo se miente al lector con publicidad presentada como noticia, ahora prohibida mediante ley inaplicable, sino también callando, como ocurrió con el caso Tlatlaya, a donde nadie fue a averiguar sino hasta que se presentó un reportero de una agencia internacional y hasta que se hizo la denuncia fuera del país: ¡qué vergüenza! La radio y la Tv, así como la inmensa mayoría de los diarios, callaron ante un hecho de por sí perturbador y nadie se ha autocriticado. Así están las cosas en el país de Scherer, quien sabía de todo eso y de otras muchas de la comunicación social en un país organizado dentro de la corrupción como sistema.

Recuentos sombríos

La costumbre de celebrar el inicio de un nuevo año tiene que ver con ciclos de vida relacionados con vueltas de la Tierra al Sol, pero también es inevitable hacer el recuento del periodo inmediato anterior. Es tan malo el resumen de 2014 que mejor sería no tomarlo en cuenta para pedir los deseos de año nuevo pero eso no se puede. Anda rondando la idea de que no es imposible que 2015 sea peor.

La crisis de derechos humanos desatada con Tlatlaya y con Iguala-Cocula ha tenido una resonancia brutal en las conciencias dentro y fuera del país. Pero el problema de México no se limita a esa crisis. En 2014 se produjo un viraje político de consecuencias impredecibles en el mediano plazo. El malogrado Pacto por México dejó su lugar a la reforma energética llevada a cabo en contra de la opinión nacional mayoritaria en todas las encuestas. Un nuevo pacto, exclusivamente de derechas, tomó el lugar de un mecanismo de negociaciones tripartitas –en el sentido de la votación popular del año 2012—que pudo haber llevado al país a cambios democráticos y a iniciar un rumbo de liquidación del Estado corrupto. Se pasó de una idea política realista a una imposición clásica de corte derechista.

El asunto no quedó ahí. La Suprema Corte de Justicia asumió un papel aún más negativo cuando rechazó la solicitud de consulta popular sobre el tema de la energía, con lo cual no sólo se plegó al gobierno de una forma ignominiosa sino que canceló un derecho constitucional del pueblo: el derecho a ser consultado por solicitud ciudadana. Por una parte, México recibió un golpe a su patrimonio. Por la otra, la República fue despojada de un derecho democrático que, aunque de reciente incorporación a la Carta Magna, es tan bueno y válido como los otros. El país requiere de un mecanismo constitucional asequible y eficaz para dirimir grandes controversias, pero la Suprema Corte analiza el asunto de otra forma y, sin dar el menor argumento medianamente válido, le ha impuesto al país el callejón sin salida de los contratos petroleros inconsultos.

Cuando ya habían ocurrido los hechos de Tlatlaya e Iguala-Cocula se presentó un escándalo de gran dimensión: la fortuna oculta de la esposa del Presidente. Como es natural, fue peor la explicación dada que la violación de la ley por parte de Peña al no declarar los bienes de su cónyuge. Hay una monumental burla popular sobre la fortuna que se había ocultado y sobre las sedicentes compras a los contratistas del gobierno mexiquense de Peña, incluyendo la supuesta adquisición de otra casa al mismo empresario pero por parte del actual secretario de Hacienda y ex responsable de finanzas del Estado de México.

Y cuando estaban en su apogeo las carcajadas burlonas provocadas por las explicaciones increíbles y ridículas, un secretario de acuerdos de un tribunal unitario nos recetó una sentencia con la que fue absuelto Raúl Salinas por haberse robado dinero que le entregó para ese propósito su hermano Carlos hace ya muchos años: la justicia lenta, lentísima, casi siempre termina en injusticia. Eso ya no generó tantas bromas pero sí el mismo enojo que el latrocinio nacional consuetudinario.

Que todo lo anterior se lo merece el país por tener opciones malas es quizá una respuesta pero poco convincente. Nadie se merece eso. Y, cuando en tales andanzas estábamos, se consolidó el fenómeno internacional de la caída del precio del crudo con lo cual el país está perdiendo la mitad de sus ingresos por tal concepto. Mientras, la gasolina ha seguido subiendo y el secretario del ramo afirma con un cinismo que no se puede ver en ninguna otra parte del mundo que el precio del combustible no lo determina –como antes se dijo hasta el aburrimiento—su referencia internacional sino las exigencias fiscales, es decir, la pura necesidad recaudatoria.

Y, lo de siempre, los salarios mínimos no tienen aumento en términos reales para el año que comienza.

Cuando el crimen nos alcanzó

No tenemos certeza del momento en que nos alcanzó el crimen organizado en su vertiente del narco, porque ya el otro, el del poder, el de la corrupción pública, tenía muchas décadas de haberse entronizado en la República y lograba ocultar sus propias fechorías históricas. Por estudios y anécdotas, sabemos que el narcotráfico se ligó al Estado desde el momento en que la producción de la goma mexicana se hizo indispensable para el ejército de Estados Unidos, durante la guerra, con el fin de producir morfina. El gobierno de México no se imaginó que esa industria y esa apertura iban a conducir al gran emporio del narcotráfico que hoy conocemos y, finalmente, a la sujeción del Estado al poder del dinero y de las armas de los narcotraficantes.

Sabemos que el fenómeno Iguala –el sometimiento de la policía municipal al yugo de los narcos— abarca al vecino Cocula pero también a otros muchos ayuntamientos en varios estados del país. Es la quiebra del sistema nacional de seguridad pública, es cierto, pero dentro de la crisis del Estado corrupto que ya no puede funcionar como antes. México pasó de una situación en la que el Estado regulaba el narcotráfico y los gobernantes gozaban de una parte de las regalías de éste, a otra en donde los narcos someten a los gobernantes con la fuerza de las armas porque la policía no es capaz de enfrentar a esa delincuencia, le teme, le huye y, finalmente, se le somete. Ahora sabemos que en San Fernando, Tamaulipas, donde asesinaron a más de 70 personas, la policía colaboraba con los delincuentes, como en todos los demás lugares donde funciona el sistema actual.

El Estado corrupto se enredó consigo mismo al grado de quedar bajo el acoso de uno de sus instrumentos: el narcotráfico con sus derivaciones opcionales recientes de extorsión y secuestro. Lo que no se quiere todavía admitir es que el narcotráfico de ahora es producto genuino del Estado corrupto, que gracias a éste se conformó como lo padecemos y que no podrá ser derrotado sin una acometida definitiva contra ese mismo Estado que lo prohijó. Este es el punto que no quiere reconocer Peña Nieto porque él es parte de la tradición corrupta de la que heredó el poder, ya que el PAN en la Presidencia ni siquiera se propuso alguna vez combatir el Estado corrupto sino que se hizo su cómplice y, finalmente, su instrumento.

Este fenómeno, en el que la delincuencia organizada protegida por el aparato del Estado crea una nueva estructura que pasa de ser utilizada a utilizar al poder político, no es nuevo, por lo cual llama la atención la ceguera de los gobernantes que no alcanzaron a ver que su propia corrupción les iba a llevar al colapso del Estado corrupto, del suyo. Lo peor de todo es que ahora tampoco se dan cuenta de que el hoyo en el que se encuentra el país fue cavado por su propio sistema, en el cual viven y con el que se han empoderado en lo personal.

El asunto es muy complicado porque la percepción que existe en el gobierno de Peña y en los principales medios de comunicación no concuerda con la realidad, mientras las oposiciones no alcanzan a articular una alternativa completa al Estado corrupto, principalmente porque éste ya las ha tocado, como era hasta cierto punto inevitable.

Así es como se presenta un dilema: se produce una revolución política para refundar las instituciones o se llega a un acuerdo entre los partidos, ante la ausencia de una necesaria revolución, para cambiar muchas cosas. Lo que sería demasiado doloroso es el camino de la simulación o de cambios cosméticos en las instituciones como el que se intenta con la nueva Fiscalía, al final subordinada al Ejecutivo, y con las reformas anticorrupción, las cuales, con toda seguridad, no servirán para los fines proclamados sino para seguir en lo mismo.