Ayotzinapa: responsabilidades

En la entrevista concedida por Enrique Peña Nieto a Rosa Elvira Vargas del diario La Jornada (23.05.16) se plantea una duda de imposible comprensión. Dice el presidente: “No he logrado entender cuándo pasó el gobierno a ser culpable” por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal y, habría que agregar, por el homicidio de seis personas aquella trágica noche en Iguala.

Lo que no se puede entender es la duda sencillamente porque no tendría que existir, crece de motivo. El gobierno federal es autoridad en todo el país, es deber suyo dar garantías a las personas para que éstas ejerzan sus derechos y, por tanto, evitar que otras autoridades o individuos las lesionen o les impidan algo en forma indebida. En Iguala existe una estación de la Policía Federal y todo un batallón del Ejército Mexicano. ¿Qué más fuerza se necesitaría para evitar un tiroteo de más de una hora y un levantón de las dimensiones de las de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2015?

Nadie ha dicho que el gobierno federal es el único responsable. También lo fueron los gobiernos de Guerrero, de Iguala y de Cocula, por lo menos. Pero esos tres han encarado de alguna manera su responsabilidad. El gobernador renunció a su cargo por presión política. Los presidentes municipales de Iguala (PRD) y de Cocula (PRI) (este último cuando ya había terminado su gestión) fueron acusados de varios delitos y encarcelados. Un debate se produjo dentro del PRD y no sólo en los medios de comunicación cuando se señaló que Ángel Aguirre tenía responsabilidad política en la tragedia por el sólo hecho de que ésta no había sido un acontecimiento precisamente espontáneo sino que se inició con la salida de los estudiantes de Tixtla, su llegada a Iguala y el intento de abandono de esa ciudad, todo lo cual fue monitoreado por la autoridad de Guerrero o, si no lo fue, es peor, debió haberlo sido. No hay duda respecto de que Aguirre merece ser sometido a juicio político en su Estado.

Fuerzas federales monitorearon el viaje de los normalistas y estaban al tanto de lo que ocurría. Cuando empezaron los disparos por parte de la policía municipal contra los estudiantes de Ayotzinapa y se inició la hasta ahora inexplicada persecución de los autobuses en los que viajaban, las autoridades federales, tanto como las estatales y municipales, se encontraban al corriente de lo que estaba sucediendo. Hay una zona gris justamente en aquellos momentos en que unos estudiantes fueron aprehendidos mientras otros lograron escapar.  Sobre esto nada se nos dice en forma precisa ni en la verdad histórica ni en la verdad declarada. La primera es la de Murillo Káram como procurador, la segunda es la creada con los testimonios de los policías de Iguala. Existe la increíble versión, implícita por lo demás, de que el omnipresente poder federal no asomaba en ese momento por ninguna parte.

Si los estudiantes que pudieron escapar de la cacería de la policía municipal fueron localizados por efectivos del Ejército antes de la medianoche –“¿ustedes son ayotzinapos?” les inquirieron los soldados–, ¿cómo es posible que éstos no supieran nada sobre el paradero de los estudiantes detenidos por la policía municipal? Los jóvenes que se dieron a la fuga han declarado que los militares recibieron reporte radial de un incidente en la carretera: era la agresión contra el equipo de futbol de los Avispones de Chilpancingo. Lo que se puede ver es que a los militares se les transmitía por radio lo que estaba ocurriendo en Iguala aquella noche. Pero, ¿dónde estaban en ese momento los estudiantes de Ayotzinapa detenidos? Al parecer desaparecieron de las comunicaciones policiales y del Ejército.

Pero hay algo más. Una parte de los presuntos victimarios son también presuntos delincuentes organizados, es decir, “perseguidos” por las autoridades federales desde tiempo atrás. Si la policía municipal estaba bajo el control de los narcos como todo indica, por otro lado en Iguala existe un fuerte destacamento militar que, por lo visto, nunca ha intentado poner orden. Esto tiene que ser explicado, como también la ocultada resolución de la PGR de fecha 31 de diciembre de 2010 de no ejercicio de la acción penal en favor de José Luis Abarca luego de una averiguación por denuncia anónima que duró seis meses.

La búsqueda de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa quedó a cargo de las autoridades federales luego de que la PGR atrajo a regañadientes el caso Iguala. Habría que recordar que el jefe de la seguridad pública federal, Osorio Chong, secretario de gobernación, había declarado que era en Guerrero donde debía arreglarse todo ese lío. Pues bien, las cosas resultaron tan duras y afrentosas que Peña Nieto tuvo que aceptar lo que era lógico, legal y necesario: hacerse cargo de la búsqueda de los estudiantes a quienes oficialmente había dejado de vigilar durante la noche del 26 de septiembre a pesar de que transitaban por carreteras federales.

Pues bien, el gobierno de Peña es, ha sido y seguirá siendo, mientras no se aclare todo, el responsable de decirnos qué ocurrió exactamente y por qué. Pero entonces nos tendrá que aclarar también su propio grado de responsabilidad en la tragedia de Iguala. Eso es lo que se busca eludir por supremos motivos políticos y acaso de defensa personal.

 

INFORME SOBRE IGUALA

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL PRESENTADO EL 6 DE MAYO DE 2015

Contribuciones al estudio y combate del fenómeno de la captura del Estado por parte de bandas de la delincuencia organizada, a la luz de la tragedia de Iguala

 

Introducción

 

El 29 de noviembre del año de 2014, el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática encomendó al Comité Ejecutivo Nacional integrar una comisión especial con el propósito de rendir un informe sobre la postulación de José Luis Abarca como candidato a presidente municipal de Iguala y la subsecuente campaña electoral, así como sobre las características políticas de su gestión al frente del Ayuntamiento. El CEN del PRD procedió, el 19 de diciembre de 2014 a nombrar dicha comisión, la cual quedó integrada por Octavio Cortés, Pablo Franco, Pablo Gómez y Karla Micheel Salas, siendo Gómez designado presidente de la misma en la sesión de instalación realizada el 12 de febrero de 2015. Con posterioridad a este acto, Salas se retiró de la comisión por decisión propia.

Como es del todo comprensible, el informe se ha hecho necesario en tanto que en Iguala se produjo un atentado a los derechos humanos con pocos precedentes en una sola jornada de represión policiaca y que en ese municipio gobernaba el Partido de la Revolución Democrática, partido surgido en 1989 con el propósito, entre otros, de realizar la promoción y defensa de los derechos humanos, y de que en los años de su existencia, especialmente en los primeros seis de ellos, fue víctima de numerosos atentados contra muchos de sus militantes, centenares de los cuales perdieron la vida a manos de agentes gubernamentales o a instancias de órganos de gobierno y del Partido Revolucionario Institucional. Desde su creación y hasta nuestros días, el PRD es el partido mexicano que por motivos políticos ha sufrido más la falta de respeto a los derechos humanos, el acoso sistemático del poder y los atentados contra la integridad personal y la vida de sus militantes.

Al mismo tiempo, el país y la opinión pública internacional tienen derecho a conocer las circunstancias y motivos por los que José Luis Abarca fue postulado por el PRD a la presidencia municipal de Iguala –en alianza con otros dos partidos: el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano—a pesar de que entonces no era miembro ni simpatizante –al menos declarado—de dicho partido y de ninguno de los otros dos que integraron la coalición. La gravedad de la represión policiaca desatada en Iguala la noche del 26 de septiembre del año de 2014 y la madrugada del siguiente día, adquieren una significación política específica en tanto que el jefe de la policía, de conformidad con la Constitución del país y con la de Guerrero era justamente el presidente municipal, José Luis Abarca, postulado por el Partido de la Revolución Democrática. El acontecimiento, por tanto, no forma parte de la normalidad política nacional en la cual las autoridades procedentes del Partido Revolucionario Institucional suelen representar intereses de mafias delincuenciales, tanto dentro de la esfera propiamente pública como de aquellas vinculadas con el narcotráfico y otros delitos asociados. En Iguala, municipio gobernado entonces por el PRD, la acción de la policía arrojó un saldo inusual: siete personas asesinadas presuntamente por los agentes policiacos y 43 desapariciones forzadas a manos de los mismos policías municipales. La presunta entrega de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa a la policía municipal de Cocula, municipio gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, no cambiaría la naturaleza criminal de los actos emprendidos por parte de los agentes policiacos de Iguala pero desvelaría una circunstancia especial que podría consistir en una relación estrecha, no institucional, entre los mandos policíacos de ambos municipios y al menos de una parte de los efectivos de tropa.

Estamos, por tanto, frente a un acontecimiento político que ha conducido a la lesión de los derechos humanos de muchos jóvenes y, por las peculiaridades del propio suceso, es algo perturbador y trascendente, tanto en nuestro país como en muchos otros. El origen del fenómeno que desembocó en la tragedia de Iguala, sus características, la situación que permitió el acceso de José Luis Abarca a la administración municipal, tienen que ser materias de análisis de parte del partido políticamente responsable, el Partido de la Revolución Democrática. Se trata de un informe independiente respeto de los actores directos de las situaciones políticas sujetas al análisis, es decir, de quienes forman parte de los esquemas de relación política imperantes en Iguala y en Guerrero. El propósito es informar al partido y al país sobre la política que hizo posible, lamentablemente, la tragedia, y reflexionar sobre los procesos que dieron lugar a esa política, así como al uso de al menos parte de la administración pública para ponerla al servicio de delincuentes organizados.

Dentro del marco general en el cual transcurre el presente informe, se entenderá siempre por responsabilidad política la definición constitucional mexicana: “actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, llevando esa misma definición al terreno de las funciones de dirección dentro del partido con señalado énfasis en aquellos actos u omisiones que lesionen los intereses del pueblo y la nación, así como los del partido como organización de ciudadanos y ciudadanas. Por probidad se entenderá siempre honradez y cumplimiento del deber. Asimismo, es preciso distinguir la responsabilidad política de la responsabilidad penal, las cuales pueden eventualmente coincidir o pueden acreditarse mediante los mismos hechos pero no es posible abordarlas de manera simultánea.

La represión policiaca de Iguala, como sucesión de actos criminales, con sus jóvenes asesinados y desaparecidos, no podría ser exhaustivamente abordada en el presente informe pues la comisión encargada de presentarlo carece de facultades y medios para averiguar lo realmente ocurrido e intentar alguna acusación de posibles responsabilidades penales. Tampoco es dable dejar establecidos vínculos delictivos entre personas relacionadas en el presente informe e integrantes de bandas de la llamada delincuencia organizada. Pero, además, en congruencia con principios y postulados constitucionales, personas relacionadas en el presente informe son vistas como presuntamente no culpables de los delitos que se les imputan (presunción de inocencia), tanto los detenidos como quienes tienen en su contra alguna orden de aprehensión.

El informe que ahora se presenta pretende ser una contribución al inaplazable debate sobre las formas de hacer política en un México atravesado por un fenómeno delincuencial sin precedente en la historia nacional y por una vorágine de violencia proveniente de grupos criminales de diversa naturaleza y de cuerpos de seguridad del Estado. Al buscar respuestas, este informe no podría aspirar a cerrar la discusión sobre Iguala, tanto en lo que toca a la candidatura de José Luis Abarca y su campaña electoral como al desempeño del gobierno municipal. En especial, el porqué y el cómo de la designación de Abarca son datos que se ubican dentro del gran conjunto de elementos que componen la crisis del poder político en México. Por todo esto, el debate apenas comienza y existe de nuestra parte la más completa apertura a otras informaciones y a otros puntos de vista que complementen o refuten el contenido del actual informe. Muy lejos de pretender concluir, ya no digamos el examen complejo de la crisis nacional sino las causas políticas inmediatas y concretas de la tragedia de Iguala, lo que se busca es promover la investigación, la reflexión y las conclusiones que pudieran ayudar al país a superar la ya larga y complicada situación en la que se encuentra.

 

Situación política del municipio de Iguala en la víspera de las elecciones locales de 2012

El gobierno municipal se encontraba en manos del Partido Revolucionario Institucional, quien había logrado una mayoría en las elecciones de 2009, aunque en la elección de gobernador de 2011, el PRD en alianza con el PT y el MC había obtenido la mayoría de votos en el municipio. En el momento en que se llevó a cabo la votación para elegir gobernador se ampliaron considerablemente las expectativas del PRD para logar un triunfo electoral municipal.

En anteriores elecciones el PRD había postulado a la alcaldía de Iguala a uno de sus miembros y había logrado el gobierno municipal en tres ocasiones. La característica político-electoral del municipio de Iguala es la de un bipartidismo, con la concurrencia de otras varias formaciones políticas, pero en la que sólo dos partidos disputan la presidencia municipal y los demás forman parte del Ayuntamiento. Los dos partidos que hasta ahora se enfrentan por la alcaldía son el PRI y el PRD, solos o en alianza con otros.

El gobierno priista encabezado por Raúl Tovar Tavera como presidente municipal (2009-2012) se había caracterizado por una falta de certeza y transparencia en sus acciones de gobierno y un fuerte endeudamiento del municipio por lo cual no gozaba de especial prestigio, lo que ayudaba a ubicar al PRD en la senda de la recuperación del gobierno municipal.

 

PRESIDENTES MUNICIPALES  IGUALA (1993-2015)

 

(1993 – 1996): José Luis Román Román – PRI

(1996 – 1999): Lázaro Mazón Alonso – PRD

(1999 – 2002): Juan Muñoz Caballero – PRI

(2002 – 2005): Lázaro Mazón Alonso – PRD

(2006 – 2008): Antonio S. Jaimes Herrera – PRD

(2009 – 2012): Raúl Tovar Tavera- PRI

(2012 – 2014): José Luis Abarca Velázquez- PRD/PT/MC

(2014): Óscar Antonio Chávez Pineda- PRD

(2014): Luis Mazón Alonso- PRD/PT/MC (Suplente de Abarca)

(2014-2015): Silvano Mendiola Pérez- (Enviado en terna por Rogelio Ortega)

 

La precandidatura de José Luis Abarca

Dentro del marco anteriormente descrito, José Luis Abarca decide aspirar a la candidatura del PRD. En ese momento, Abarca era administrador del Centro Joyero, cuyo cargo lo desempeñó durante 9 años, y al mismo tiempo administraba el centro comercial Galerías Tamarindos. Asimismo, Abarca era dueño, junto con su esposa, de varios locales comerciales del referido Centro Joyero de Iguala.

Esta postulación como aspirante dentro del PRD se produce aun cuando Abarca no era miembro del partido ni había sido un simpatizante abierto del mismo. Lázaro Mazón refiere que Abarca le apoyó cuando fue candidato a alcalde por primera vez y que en ocasiones posteriores había estado presente en algunos actos electorales del PRD, pero esa versión no ha sido confirmada por otros dirigentes del partido en el municipio, aunque fue ratificada por el propio Abarca en afirmaciones hechas ante esta Comisión, quien dijo que él le había ayudado a Mazón con dinero para sus campañas electorales. Gilberto Salgado, entonces abogado postulante que había realizado algunos trabajos legales para Abarca, miembro del PRD desde su temprana juventud y actual director del Registro Civil desde 2012, en conversación con esta Comisión Especial afirmó que Abarca le comunicó que buscaría la candidatura y le dijo también que había conocido a Ángel Aguirre con motivo de la campaña electoral de éste realizada en 2011. Dice Salgado que él le respondió que no lo veía como político sino como persona dedicada a sus negocios, a lo que Abarca repuso que lo iba a intentar. Antes, durante la campaña de gobernador, según Abarca, éste le entregó a Aguirre como apoyo a su campaña 5 000 playeras y 7 000 gorras a través de Reyna Jiménez Domínguez y le llevó personalmente al Centro Joyero a un acto de campaña. En efecto, tan luego como se realizaron las elecciones de 2011 para gobernador del Estado, José Luis Abarca inició trabajos tendientes a hacer saber que sería precandidato del PRD a presidente municipal de Iguala.

Frente a la candidatura de Abarca existían otras de militantes perredistas, algunos de los cuales habían buscado la postulación en anteriores ocasiones. Entre estos se encontraban Oscar Díaz Bello, actual diputado local por Iguala, Mario Castrejón, actual síndico procurador, Soledad Mastache, actual regidora de educación, Justino Carbajal, síndico administrador, asesinado unos meses después de las elecciones, Antonio Jaimes, ex presidente municipal, quien se postuló finalmente a través del Partido Verde (PVEM) en esa misma elección, entre otros. La convocatoria expedida por el partido no comprendía la votación de los militantes en urnas sino el método de consejo electivo en el que los consejeros estatales de Guerrero nombran a la totalidad de los candidatos y candidatas a los diferentes puestos de elección popular en la entidad, de tal forma que los actos de precampaña no perseguían el voto de los miembros del partido ni de la ciudadanía en general sino que buscaban un buen resultado en las encuestas que podrían llevarse a cabo cuando se acercara el momento de las designaciones. Por ello, Abarca realizó una precampaña electoral con visitas a numerosas colonias y con la publicación de impresos.

Según afirmaciones ante la Comisión Especial de varios de los principales dirigentes del partido que tuvieron que ver directamente con la postulación de Abarca, el primero de ellos que trató el tema de la candidatura de éste fue Lázaro Mazón, quien conocía a Abarca desde la adolescencia aunque no era un amigo cercano o de trato frecuente. Sin embargo, es posible que Lázaro Mazón hubiera conversado con Abarca hasta después de que éste ya había tomado la decisión de buscar la candidatura dentro del PRD, con el propósito de obtener el apoyo del propio Mazón. Según José Luis Abarca, en conversación con esta Comisión Especial en la prisión federal del Altiplano, quienes le invitaron a ser candidato fueron los miembros de Nueva Izquierda (NI-Coduc) y personalmente Sebastián de la Rosa, lo cual coincide con la versión del propio de la Rosa ante esta misma Comisión, aunque éste supone que Abarca ya había hablado con Lázaro Mazón al respecto, lo cual niega Abarca, quien afirma que Mazón nunca le apoyó sino que estaba plegado al deseo de Ángel Aguirre de lograr que Oscar Díaz Bello llegara a la presidencia municipal. De acuerdo con Sebastián de la Rosa, actual diputado federal y líder del grupo NI-Coduc, él tomó contacto con Abarca para efectos de la posible candidatura de éste. De la Rosa afirmó ante esta Comisión que “entre noviembre y los primeros días de diciembre del 2011, aproximadamente, fue cuando yo conocí a José Luis; entonces yo era precandidato a senador y mi equipo en Iguala me acercó una propuesta, que a decir de ellos, era una propuesta que estaba teniendo mucha aceptación por parte, sobre todo, decían, de la clase media, los empresarios.” Abarca puntualiza por su lado que no había tenido contacto con miembros de NI-Coduc antes de su entrevista con Sebastián de la Rosa y otros integrantes de ese grupo. Agrega que al principio dijo que no le parecía buena la idea y que, después, cambio de opinión.

Según Sebastián de la Rosa, Abarca le expresó que era amigo de Lázaro Mazón y que éste le estaba apoyando para ser candidato a presidente municipal, lo cual implicaría que de la Rosa y Mazón no habían tenido un acuerdo previo antes de que aquél se entrevistara con Abarca para tratar el tema de su precandidatura. De la Rosa sostiene que Abarca le dijo que conocía sus relaciones con Mazón y que entendía que el apoyo de éste podría implica el del mismo de la Rosa, quien sostuvo ante esta Comisión que le respondió a Abarca que “efectivamente, Lázaro Mazón y yo hemos tenido una relación muy cercana durante muchos años.” Abarca, por su lado, niega haber tenido el apoyo de Mazón y, por tanto, que le hubiera dicho a de la Rosa que así era. Aún más, Abarca afirma que cuando le comunicó a Mazón que se iba a postular como precandidato del PRD, éste se sorprendió y le aconsejó que conversara con Oscar Díaz Bello.

Sebastián de la Rosa afirma que le inquirió a José Luis Abarca sobre su posición política anterior y le preguntó que dónde había estado, le dijo que nunca le había visto participar en política, que ni siquiera le había conocido personalmente, a lo cual Abarca respondió que siempre había apoyado a todos los candidatos del PRD aunque en forma no visible debido a sus actividades empresariales que eran muy conocidas en Iguala. De la Rosa expuso a esta Comisión que Abarca le dijo en aquella ocasión en que se conocieron y abordaron el tema de su precandidatura: “mi actividad empresarial no me había permitido dar la cara pero Lázaro sabe, pregúntale a Lázaro”. Estas afirmaciones de Sebastián de la Rosa dejan la interrogante sobre el motivo por el cual, durante 20 años, Abarca consideró que no debía tener relaciones abiertas con el PRD y, de pronto, tomó la decisión de presentarse como precandidato externo de ese mismo partido sin ser una persona de pensamiento de izquierda. Al respecto, Lázaro Mazón afirmó ante esta Comisión que Abarca había simpatizado con los candidatos del PRD en Iguala y que, en algunas ocasiones, asistió como público a mítines electorales, pero tampoco expuso el motivo por el cual Abarca no había militado o simpatizado abiertamente con el PRD y, de pronto, la situación cambió radicalmente.

Sin embargo, de la Rosa opina que el motivo por el cual Abarca se propuso ser presidente municipal fue para proteger sus inversiones en Galerías Tamarindos, proyecto con un fuerte pasivo, y que podría ser afectado desde el Ayuntamiento a través de obstáculos administrativos. A este respecto, el mismo de la Rosa afirma que Abarca le confió que el entonces proyecto de Galerías Tamarindos tuvo varios problemas pues la autoridad no quería otorgar el permiso y que Lázaro Mazón, entonces senador, y Rubén Figueroa Smutny habían intercedido para lograr que se resolvieran afirmativamente los trámites administrativos. Esta apreciación es negada por completo por Abarca quien afirma que jamás tuvo obstáculos de parte de las autoridades para llevar a cabo la construcción de Galerías Tamarindos, que Mazón y Figueroa Smutny nunca intervinieron en su proyecto del centro comercial y que, para él, no “interesan los colores sino la playera ciudadana”, por lo cual el motivo de su postulación fue tratar de componer la administración municipal, implantar la honradez y un buen manejo de los recursos públicos. No obstante, sigue planteada la posibilidad de que la decisión de Abarca, ese cambio tan brusco en su comportamiento público que consistió en pasar al ámbito de la política, pudiera haberse debido a una indicación o un trato con el grupo delincuencial al que pertenecieron los hermanos de su esposa. No existe al respecto, sin embargo, más que la hipótesis sostenida en el comportamiento de la policía municipal durante la tragedia de Iguala y la del propio Abarca aquella noche aunque, como se verá más adelante, los mandos operativos del cuerpo policial y la tropa provenían de administraciones anteriores.

Sebastián de la Rosa afirma que se entrevistó con Lázaro Mazón posteriormente a la conversación que tuvo con Abarca, en la casa de aquél en Iguala, para tratar el tema de la candidatura a la presidencia municipal. De la Rosa señala que su corriente, cuya referencia nacional es Nueva Izquierda, tenía dos posibles candidatos, ninguno de los cuales pertenecía al grupo como tal: José Luis Abarca y Oscar Díaz Bello y que se optó por el primero, con lo que hubo “completa coincidencia” con Mazón, quien para ese entonces había abandonado a Nueva Izquierda pero sin que se hubiera producido un rompimiento o siquiera alejamiento con el grupo de Sebastián de la Rosa (NI-Coduc). Algunos de los integrantes de NI-Coduc de Iguala señalan que en la víspera de la realización del consejo estatal electivo decidieron retirarle el respaldo a Abarca porque éste no apoyaba las pretensiones de ese grupo de obtener la postulación para diputado local, lo cual, de ser cierto, hubiera sido irrelevante porque Abarca carecía de fuerza en el Consejo Estatal encargado de nombrar al candidato a legislador local por el distrito de Iguala. Abarca, por su lado, niega el incidente. Haya sido así o no, el asunto no tuvo ninguna trascendencia en la nominación de Abarca como candidato.

Los apoyos a favor de José Luis Abarca trajeron como consecuencia que Díaz Bello acusara a aquél de nexos con el narcotráfico. Sebastián de la Rosa afirma que le pidió a Jesús Zambrano, a la sazón presidente nacional del partido, que se investigara a Abarca al respecto y se solicitara informe al gobierno. Jesús Zambrano afirmó por su lado ante esta Comisión que antes de la postulación de Abarca solicitó en forma verbal al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, que le informara si éste y su esposa tenían vínculos con uno de los grupos que procedían de los Beltrán Leyva o de cualquier otro de la delincuencia organizada. De la Rosa afirma que recibió el informe de Zambrano en el sentido de que ninguno de los dos (Abarca y Pineda) estaba siendo investigado con motivo de posibles vínculos con el referido grupo delincuencial a pesar de la pertenencia al mismo de los hermanos de la esposa de Abarca. Esta versión ya había sido confirmada, por separado, ante la Comisión, por Jesús Zambrano, quien expone que no era nada extraordinario que se pidieran informes semejantes en forma puramente verbal y que las respuestas fueran de la misma forma. El secretario de Gobernación no informó a Zambrano que el Ministerio Público de la Federación (PGR) había recibido denuncia anónima el 1º. de junio de 2010 contra José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, con la que se abrió la averiguación previa PGR/GRO/IGU/M-I/64/2010, la cual involucró al Sistema de Administración Tributaria y al Registro Público de la Propiedad, y que concluyó: “Es procedente el no ejercicio de la acción penal”, mediante la resolución de 31 de diciembre de 2010 emitida por el agente del Ministerio Público Rubén Casanova, auxiliar del Procurador General de la República, y con la autorización de la doctora Estela Cadena Azcona, delegada estatal de la PGR. La denuncia original señalaba que ambos se habían enriquecido con recursos procedentes del crimen organizado de quien eran operadores y mencionaba algunas de las inversiones y propiedades de ambos denunciados. La averiguación previa señalada había sido abierta por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Llama la atención que la PGR, al dar a conocer sus conclusiones a la opinión pública, no hubiera mencionado esta averiguación llevada a cabo por ella misma durante seis meses del año 2010.

El 12 de mayo de 2012, Oscar Díaz Bello entregó a Andrés Manuel López Obrador, a la sazón candidato a presidente de la República por PRD-PT y MC, un documento en el cual, según refirió el mismo Díaz Bello ante esta Comisión, se incluían reportes periodísticos sobre los hermanos de Pineda, ligados al llamado crimen organizado. Al parecer, este hecho no tuvo trascendencia y sólo fue mencionado a través de varios medios de comunicación después de los trágicos acontecimientos de Iguala.

Los sucesos arriba señalados cobran alguna relevancia en tanto que el Ministerio Público de la Federación ha presentado acusación penal en contra de María de los Ángeles Pineda por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente procedentes del grupo denominado Guerreros Unidos, derivación del agrupamiento de los Beltrán Leyva, pero según insistentes declaraciones oficiales, la prueba consiste en los estados de cuenta bancarios de la mencionada Pineda que importaron tan sólo 13 millones de pesos durante cinco años. Esta situación ubica el presente informe frente al hecho de que ni siquiera se puede presumir la existencia de un vínculo económico entre María de los Ángeles Pineda y el grupo delincuencial que ordenó la represión en contra de los estudiantes de Ayotzinapa ya que el Ministerio Público –según su propio dicho—no ha presentado un caso sustentado ante los tribunales federales no obstante el confirmado auto de sujeción a proceso contra Pineda pronunciado por el mismo juez después de una revocación del anterior resuelta por una magistrada. Ni siquiera en el plano político puede ser posible atar los cabos necesarios para presumir un nexo económico entre el matrimonio Abarca-Pineda y Guerreros Unidos. Antes de la tragedia, no era voz pública en Iguala alguna relación económica entre estas personas y el grupo aludido. En otras palabras, la situación apreciable no era la misma que la divulgada cuando se produjeron las órdenes impartidas por el mencionado grupo de Guerreros Unidos a la policía municipal de Iguala y a la policía municipal de Cocula, cuyos jefes legales eran los correspondientes presidentes municipales. Hay que aclarar aquí que en Cocula sí habían ocurrido numerosas e impunes desapariciones de jóvenes con anterioridad a la tragedia de Iguala y todo indica que el autor fue el mismo grupo denominado Guerreros Unidos.

Con posterioridad a los trágicos hechos de Iguala, algunos medios de comunicación dijeron que Abarca había comprado su candidatura por dos millones de pesos. Resulta imposible para esta Comisión esclarecer tal dicho pero todo indica que la especie nunca antes había sido materia de rumor político en la entidad. Por su cuenta, Abarca negó tajantemente ante esta Comisión que hubiera entregado dos millones o cualquier otra cantidad de dinero a cambio de su candidatura.

En cuanto al programa que el partido hubiera negociado con el candidato, las indagatorias que al respecto realizó la Comisión arrojan el resultado de que ningún programa político fue elaborado por el PRD para las elecciones de ayuntamiento de Iguala. Ha declarado a la Comisión el mismo Sebastián de la Rosa: “aunque se oiga vergonzoso, en este partido –y yo soy de este partido– de lo que menos hablas con los candidatos es de su plan de gobierno. Ese municipio (Iguala) tiene un problema, se pierde en una, se gana en otra; no lo gobernábamos, lo gobernaba el PRI; queríamos recuperarlo y en mi lógica también estaba recuperar el municipio, entonces estaba buscando a alguien que pudiera darnos esa certeza de que ganáramos, esa es la verdad, para qué poner cosas aquí que no sucedieron”.

En la víspera de la designación de José Luis Abarca como candidato, se realizó una reunión, a instancias del mismo Abarca, entre Sebastián de la Rosa y un grupo de empresarios de Iguala, principalmente joyeros. La reunión tuvo lugar en el restaurante La Vaca Negra. En el evento, los empresarios asistentes se pronunciaron en contra de las candidaturas de Justino Carbajal y de Oscar Díaz Bello, a quienes –según relato del mismo de la Rosa—consideraban deshonestos.

 

La decisión

Como parte de los preparativos de la decisión, se llevó a cabo una encuesta en Iguala. El resultado favoreció a Oscar Díaz Bello por dos puntos porcentuales de diferencia con José Luis Abarca (en otra versión se habla de un solo punto), por lo cual se declaró un “empate técnico”, en consideración a que tal diferencia era menor al margen de error de la encuesta misma. La decisión debía tomarse dentro de la mesa que al efecto se había instalado para llevar propuestas de consenso al Consejo Estatal del PRD, el cual, según la convocatoria, debía designar a los candidatos a todos los cargos locales de elección popular. Dicha mesa de candidaturas estuvo integrada por el presidente del partido, Carlos Reyes; Sebastián de la Rosa; Evodio Velázquez; Víctor Aguirre; David Jiménez Rumbo o Celestino Cesáreo. Víctor Aguirre se opuso a la candidatura de Abarca en aras de promover la de Díaz Bello bajo el argumento de que éste había obtenido una mejor posición en la encuesta realizada. Según el mismo Víctor Aguirre, la decisión sobre la candidatura de Abarca fue tomada al final con la participación personal de Ángel Aguirre, a la sazón gobernador del Estado, en la mesa de acuerdos y sobre la base de que Díaz Bello ocupara la candidatura a diputado local del distrito de Iguala.

Por su lado, Lázaro Mazón admitió ante esta Comisión que en la víspera de la designación él había llamado personalmente al gobernador para pedirle el apoyo a favor de Abarca, ya que, como se ha indicado, Ángel Aguirre era partidario de Díaz Bello.

Un elemento que debe ser destacado es que en la mesa de consensos o también llamada de candidaturas no había, al menos físicamente, ningún dirigente político que no fuera de Guerrero, por lo que ha resultado imposible para esta Comisión indagar sobre la injerencia personal de dirigentes nacionales en la postulación de José Luis Abarca. Los dirigentes nacionales entrevistados por esta Comisión han negado cualquier participación y los dirigentes locales han corroborado tales dichos, con la excepción ya mencionada de la consulta realizada por Jesús Zambrano al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. Esta situación tiene relevancia al poner de manifiesto el desapego de la dirección nacional a las postulaciones, entre ellas las de candidatos externos, para cargos importantes de carácter local.

En cuanto a la llamada de atención de Oscar Díaz Bello respecto de los vínculos familiares de María de los Ángeles Pineda con destacados integrantes de una banda de la delincuencia organizada, la información aportada por éste ya era conocida y se trataba del otro precandidato. Díaz Bello afirmó ante esta Comisión que entregó, tanto a López Obrador como a Jesús Zambrano, un “expediente (que) contenía recortes de la revista Proceso, recortes de periódicos donde se hablaba de la relación (de Pineda y Abarca con los Guerreros Unidos); tenía también la encuesta donde yo estaba arriba; básicamente esto fue lo que le pude entregar en su momento”. Díaz Bello realizó varias marchas en Iguala bajo el lema de “no a la imposición”, no obstante las cuales el proceso de nombramiento de Abarca como candidato siguió el mismo rumbo que tenía desde su inicio. Aún más, Oscar Díaz Bello sostiene, que después de la designación de Abarca, Ángel Aguirre le llamó para pedirle que fuera candidato a diputado por Iguala y que no cometiera el error de aceptar una eventual candidatura a presidente municipal por parte del PRI. José Luis Abarca afirma que antes de la decisión final él mismo había expresado ante varios dirigentes perredistas que si se nombraba a Díaz Bello como candidato a presidente municipal y como él no aceptaba ser el candidato a diputado, entonces se postularía como candidato del PAN a alcalde ya que no estaría de acuerdo con serlo por el PRI a pesar de que Rubén Figueroa Alcocer se lo había ofrecido. Finalmente, Díaz Bello aceptó ser candidato a diputado por el PRD, pero no participó en la campaña junto a José Luis Abarca sino hizo la suya propia.

Otro elemento significativo de la postulación de Abarca es que éste no colocó a nadie como candidato a miembro del ayuntamiento, ya fuera síndico (existen dos en Iguala), regidor o regidora. Todos los integrantes de la planilla correspondieron a diversos grupos políticos o corrientes del PRD y a partidos aliados, sin excepción. Tal circunstancia no es común en el PRD pero llega a ocurrir cuando los grupos locales son fuertes y tienen capacidad para lograr su presencia en los órganos colegiados de gobierno municipal, cuando el candidato a alcalde es débil dentro de la estructura del partido o cuando hubo precandidatos internos fuertes. Esta circunstancia ubicó a José Luis Abarca en la condición de ser un candidato con un posible cabildo que no podría controlar ni siquiera considerando el eventual oportunismo de los regidores de los partidos de la oposición. Varios regidores y los dos síndicos habían sido precandidatos a presidente municipal. Destacan también los testimonios de los regidores del PRD, expuestos ante esta Comisión, en el sentido de que no habían tenido trato personal con José Luis Abarca hasta el momento en el cual éste fue designado candidato y se inició la campaña electoral. A pesar de los varios meses en los que Abarca fue precandidato dentro del PRD y de que era una persona conocida en Iguala como empresario, destacadamente como impulsor de Galerías Tamarindos, el único mall existente en la ciudad, seguía siendo un desconocido dentro del partido que lo postulaba. No obstante lo anterior, José Luis Abarca reconoce haber propuesto como suplente del presidente municipal a Luis Mazón Alonso, hermano mayor de Lázaro, por “ser su amigo personal”, aunque, como se sabe, los suplentes no fungen sino sólo en el caso de ausencia o falta del servidor público respectivo.

 

La campaña

La campaña local, como se ha dicho, estuvo escindida entre el candidato a alcalde y el candidato a diputado. Es preciso considerar también que la elección local se produjo al mismo tiempo que la federal para elegir presidente, senadores y diputado, circunstancia que generaba una coyuntura política abigarrada. En cuanto a la campaña de Abarca, ésta fue relativamente austera, es decir, no se produjo ningún acontecimiento inusitado ni se tiene registro visual de gastos exagerados. Según ha declarado a esta Comisión, Abarca costeó totalmente la campaña con su propio dinero y el partido no hizo aportaciones, sin embargo, él se negó a precisar la cantidad de dinero gastada, lo cual de cualquier manera, de ser cierto, señala algo por entero anómalo como es que un partido político no realice en absoluto gastos de campaña y, también, posiblemente, una conducta ilegal al rebasarse la aportación personal permitida. Para algunos dirigentes que fueron entrevistados por esta Comisión, la precampaña había incurrido en algunas promociones fuertes como regalar transformadores eléctricos a varias colonias o molinos de nixtamal en algunos sitios, pero la campaña asumió un perfil apegado a la ley, al menos en apariencia. A pesar de la disputa preelectoral, el PRD acudió unido a la cita comicial, motivado en gran parte por el triunfo que había obtenido en la reciente elección de gobernador y teniendo frente a sí a un PRI derrotado y a una administración municipal priista en Iguala que se distinguió por una especie de bancarrota financiera sin que hubiera obras que al menos explicaran la situación.

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS NUMÉRICOS DE LAS ELECCIONES EN IGUALA

2012                                              PRD/PT/MC                 PRI                         PVEM

Ayuntamiento                           21 546                           14 668                   10 623

Diputado local                            21 786                             12 124                     4 726

(casi todo el municipio)

 

Presidente de la República     25 977                             21 422 (PRI-PV)

Senadores                                     24 502                             21 301 (PRI-PV)

Diputado Federal                        23 202                           19 546 (PRI-PV)

 

Si se toma en cuenta que era un hecho que el PRI y el Verde no irían en alianza en el municipio de Iguala pues el PVEM decidió postular a un perredista que además había sido presidente municipal, el triunfo del PRD era seguro en la elección de Ayuntamiento porque tenía divididos a los adversarios más fuertes, no porque de por sí lo fuera el Partido Verde sino porque su candidato, Antonio Jaimes, era un político distinguido en el municipio pero no corría por el PRI. Por otra parte, en el distrito XXII local que comprende la ciudad y la mayor parte rural del municipio, aún con una alianza entre el PRI y el Verde, la coalición PRD/PT/MC hubiera ganado la diputación local. En cuanto a los resultados de las urnas federales, se puede observar que hubo más votos por los candidatos perredistas a presidente de la República, senadores y diputado federal que en las ánforas de la elección de Ayuntamiento, lo cual quiere decir que no todos los votantes aún del candidato federal menos votado del PRD/PT/MC sufragaron por la planilla municipal encabezada por Abarca. En otras palabras, Abarca no sumaba sino restaba y si el PRI y el Partido Verde hubieran pactado una alianza se hubiera abierto la posibilidad de un triunfo de ambos partidos en Iguala aunque quizá para ello hubiera sido necesario que el PRI admitiera a Jaimes como su candidato.

En la elección de gobernador (2011), el PRI se había presentado en coalición con el Verde y con Nueva Alianza mientras el PRD había ido en alianza con el PT y el MC. El resultado entonces fue de 26 359 de Ángel Aguirre contra 20 462 de Manuel Añorve en el municipio de Iguala, es decir que Aguirre había alcanzado en 2011 más votos que los obtenidos por Abarca en 2012 y que, en este año, una alianza entre el PRI y el Verde, en sumatoria directa y sin elementos añadidos de análisis político, hubiera vencido a Abarca pero no hubiera alcanzado más votos que los obtenidos por Aguirre en 2011. En conclusión, de acuerdo solamente con los números, la candidatura de Abarca no era necesaria para el PRD. Esto es relevante porque el argumento prácticamente único que se presentó para apoyar a José Luis Abarca fue el de alcanzar un alto número de votos y lograr la recuperación del Ayuntamiento. Tal argumento de entonces coincide con la forma en la que ahora mismo José Luis Abarca analiza el asunto, pues ha dicho en conversación con esta Comisión que él aportó al menos la mitad de la votación del PRD en la elección municipal, “procedente de la sociedad”, lo cual permitió el triunfo de este partido. El análisis cuantitativo de todos los resultados indica otra cosa.

Aquí surge una interrogante: ¿la tesis de que las candidaturas externas de empresarios suman votos al caudal electoral del PRD se aplica sobre la base de una convicción, es decir, de un análisis político puro, o se trata de un argumento para imponer una candidatura a modo de algunos grupos internos del partido? Probablemente la respuesta dependa del lugar y la situación concreta, pero la cuestión es pertinente en la medida en que la fuerte confrontación de los grupos internos del partido por las candidaturas, la cual ha ido de la elección primara (interna o abierta) a las encuestas como medio de resolver las candidaturas, en realidad ni siquiera tiene en los sondeos de opinión un elemento decisivo sino en el cuoteo. En el caso que se analiza, el de Iguala, en la elección de presidente municipal, José Luis Abarca no ganó la encuesta sino los apoyos de los representantes de la mayoría de los grupos representados en la mesa de negociaciones. En concreto: Nueva Izquierda (NI-Coduc) y Alianza Democrática Nacional (ADN-Grupo Guerrero), como grupos locales ligados orgánicamente a otras expresiones, con la inclusión final y a jalones del grupo de Ángel Aguirre, dieron el triunfo a Abarca a pesar de la encuesta que no le favorecía. El otro precandidato fuerte, Díaz Bello, afirma que no pertenecía a ningún grupo pero el hecho era que gozaba del apoyo de la corriente de Ángel Aguirre. Para ADN-Grupo Guerrero, al haberse ubicado su candidato natural en un lugar muy abajo en la encuesta, sencillamente tenía que decidir si apoyaba a Abarca o a Díaz Bello pues carecía de opción propia. Para Aguirre, no era nada despreciable ubicar a Díaz Bello (importante impulsor de su campaña como candidato a gobernador) en la candidatura a diputado local y seguir trabajando con él ya como legislador, pero eso en sí mismo no era un factor decisivo sino la lógica consecuencia explícita de volcar el apoyo hacia Abarca. Este círculo regresa al punto de partida: ¿por qué Sebastián de la Rosa y sus compañeros de Iguala decidieron apoyar a José Luis Abarca al grado de llevarlo a la presidencia municipal con el único argumento de que promovía apoyos de la clase media de Iguala, los cuales eran, se decía, indispensables para reconquistar el Ayuntamiento. ¿Qué motivos tuvo el Grupo Guerrero (ADN), encabezado por David Jiménez Rumbo, para apoyar a Abarca y no a Díaz Bello cuando su candidato natural, Mario Castrejón, ya no estaba en la competencia a la luz de la encuesta realizada? Y, finalmente, ¿por qué se prefirió a un candidato externo cuando en la historia del PRD en Iguala no se había presentado ese esquema? Cualesquiera que fueran las posibles respuestas a estas interrogantes o dudas respecto a la sucesión de decisiones que llevaron a José Luis Abarca a la Presidencia Municipal de Iguala, quedaría abierta la más inquietante de todas, la cual consiste en una posible intervención del grupo delincuencial denominado Guerreros Unidos como factor en la candidatura de Abarca. No existen elementos concluyentes al respecto y todo parece indicar que el terreno en el que podría dilucidarse el asunto sólo podría ser el de una investigación seria y profunda de parte del Ministerio Público, la cual no existe hasta ahora a juzgar por las declaraciones públicas que hizo el anterior procurador federal y las referencias sobre el contenido de la averiguación que han sido dadas a conocer a los medios de comunicación o filtradas a estos mismos por parte de la PGR.

 

El desempeño del Ayuntamiento y los sucesos políticos

El PRD en el Ayuntamiento no actuaba como partido. Sólo algunos de los perredistas se reunían de vez en cuando como fracción de partido: Valentín Amador, Soledad Mastache, Andrés Guzmán y Mario Castrejón síndico procurador. Esa fracción perredista, como tal, no tenía reuniones con el presidente municipal a pesar del ingreso de éste al Partido de la Revolución Democrática. Así, el alcalde trataba los asuntos del cabildo sólo en el pleno, las reuniones de comisiones y las conversaciones con algunos regidores de acuerdo con los temas institucionales.

De los testimonios rendidos ante esta Comisión de parte de la mayoría de integrantes perredistas del Ayuntamiento, se desprende que, a pesar de algunos desacuerdos, las relaciones con José Luis Abarca eran cordiales y respetuosas. Así también, el cabildo funcionaba con regularidad y en condiciones de normalidad institucional. Según Abarca, él tenía una mejor relación con los regidores priistas que con los perredistas. La regidora que con frecuencia presentaba críticas generales y concretas era Sofía Mendoza, perredista ligada a Izquierda Democrática Nacional (IDN) y titular de la Regiduría de Desarrollo Rural, esposa de Arturo Hernández Cardona, quien fuera asesinado el 30 de mayo de 2013. Incluso, la regidora Mendoza presentó formalmente al Congreso una solicitud de revocación de mandato de José Luis Abarca, la cual fue desechada.

Uno de los primeros problemas que se presentaron en el Ayuntamiento consistió en la suspensión de los sobresueldos implantados por la anterior administración debido a dos cosas: no había dinero suficiente y era necesario eliminarlos ya que eran la mayor parte del sueldo de unos 100 empleados de confianza que eran aviadores, los cuales fueron liquidados. El personal de base fue afectado con esa medida y hubo protestas entre los regidores ante la política de austeridad. Al final, una vez iniciado el nuevo año los sobresueldos fueron pagados retroactivamente al personal de base. Con esta medida se contribuyó a terminar el año en condiciones menos desfavorables para una hacienda pública llena de deudas y de compromisos injustificados de pago. Esta decisión generó confianza en la capacidad administrativa de Abarca para hacer frente a una situación difícil.

Otro incidente consistió en la no suscripción de un convenio con Diario 21, perteneciente a Jorge Albarrán, que pretendía seguir cobrando al Ayuntamiento 250 mil pesos al mes por servicios periodísticos, aunque le expresó al regidor de Hacienda que estaba dispuesto a aceptar tan sólo 150 mil pesos mensuales. Esta conducta implicó una pauta nueva en la relación del presidente municipal de Iguala con una parte influyente de la prensa local y un considerable ahorro al municipio, aunque el mismo Abarca reconoce que le entregaba 20 mil pesos al mes a TVcable.

El 8 de marzo de 2013 fue asesinado Justino Carbajal Salgado, síndico administrador del Ayuntamiento de Iguala, sin que se hubieran llevado a cabo investigaciones exitosas por parte del Ministerio Público de Guerrero. Unos días antes de su muerte, Carbajal había sufrido un intento de secuestro casi al llegar al palacio municipal. Este asesinato no fue considerado como un crimen político sino que el presidente municipal y el cabildo como tal se abstuvieron de dar una versión del posible móvil, de tal manera que el tan grave acontecimiento se sumió en las brumas del rumor y, en opinión de algunos políticos locales, del miedo. Sin embargo, es necesario precisar que poco antes de este crimen se había producido una fuerte contradicción entre Carbajal Salgado (síndico) y Arturo Hernández Cardona respecto a las demandas de Unidad Popular, liderada por este último, presentadas ante el Ayuntamiento, que contaban con una opinión negativa por parte de Carbajal. El hecho más recordable de este enfrentamiento, por parte de los presentes, fue que Carbajal acusó a Hernández Cardona de “vividor” y que éste tildó a aquél de “secuestrador”. Carbajal pidió al final una disculpa pero Hernández Cardona sostuvo su dicho, lo cual consta en una grabación realizada en el Ayuntamiento ya que los hechos ocurrieron en el salón de cabildos. Cuando se produjo el asesinato de Carvajal, algunos consideraron que Hernández Cardona podría haber sido el causante, pero sin presentar alguna prueba o indicio fuerte.

Otro de los mayores problemas fue el suscitado con el grupo encabezado por Arturo Hernández Cardona, “Unidad Popular”, el cual pretendía un apoyo para obras públicas de la zonas donde opera por la cantidad de 10 millones y un subsidio en fertilizante desde el gobierno del Estado, adicional al entregado por parte del Ayuntamiento según un padrón de beneficiarios. La cantidad autorizada finalmente para obra pública al grupo de Unidad Popular fue de 6.5 millones, lo cual, a decir de Abarca, satisfizo las aspiraciones de esa agrupación, pero el gobierno del Estado sólo autorizó 400 toneladas de fertilizantes adicionales en lugar de 500 que era la petición. La situación se hizo crítica cuando el mencionado Arturo Hernández Cardona, miembro del PRD, fue asesinado el 30 de mayo de 2013, junto con dos de sus compañeros de la organización social Unidad Popular pero que no eran miembros del PRD, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Banderas. El Ministerio Público de Guerrero examinó a unos cien posibles testigos pero nunca completó la investigación de tal suerte que no hubo inculpados. Existen denuncias públicas que señalan a José Luis Abarca como el responsable, ya fuera material o intelectual, de los tres asesinatos. La Red Solidaria Década Contra la Impunidad afirmó en conferencia de prensa que existe una declaración firmada de Nicolás Mendoza Villa, quien dijo haber sido sujeto de privación de su libertad junto a los tres dirigentes sociales asesinados, en la cual se acusa a José Luis Abarca de ser el autor material del homicidio de Hernández Cardona luego de haber ordenado que se torturara a los tres victimados. Al respecto, María Soledad Hernández Mena, hija del desaparecido Hernández Cardona, quien compareció por escrito y en persona ante esta Comisión a través del presidente de la misma, sostiene que de haberse admitido la remoción de Abarca y abierto una investigación exhaustiva de los hechos denunciados, “hubiera sido suficiente para evitar la masacre de Iguala del 26 de septiembre de 2014”. Según ella, Bernardo Ortega, líder del Congreso del Estado, defendió a José Luis Abarca debido a la pertenencia de ambos al mismo grupo político local y nacional. Es preciso informar, sobre este punto, que la comisión instructora del Congreso de Guerrero, encargada de hacer las investigaciones y presentar las imputaciones ante la cámara, comprendía el espectro político del Estado: estaba presidida por Flores Majul (priista), Bernardo Ortega y Luisa Ayala (perredistas), Emilio Ortega del Movimiento Ciudadano y Arturo Álvarez Angil del Partido Verde. Por otro lado, a pesar de las solicitudes formales e informales y de que, a propuesta de Dolores Padierna, la Comisión Permanente del Congreso federal se pronunció por la atracción del caso, la Procuraduría General de la República no aceptó hacerse cargo del triple homicidio sin que para tal actitud brindara explicaciones.

Al respecto de esos cuatro asesinatos, la Fiscalía General de Guerrero (Ministerio Público de la entidad) obtuvo el 21 de octubre de 2014 (un año y medio después de los homicidios y casi un mes después de la tragedia de Iguala) una orden de aprehensión contra José Luis Abarca, alcalde, y Felipe Flores, secretario de seguridad pública, ambos del municipio de Iguala, por el homicidio de Justino Carbajal y por los homicidios de Arturo Hernández Cardona y sus dos compañeros, obsequiada por Filomeno Vázquez Espinosa, juez segundo con sede en Iguala, a petición de la Fiscalía del Estado. El mismo juez comunicó la formal prisión el 13 de noviembre de 2014 contra José Luis Abarca, con lo cual el ex alcalde de Iguala se encuentra sujeto a un proceso por cuatro homicidios en el estado de Guerrero.

Entre los dirigentes políticos perredistas de Iguala existen varias opiniones sobre la situación general existente en el municipio durante la gestión de Abarca. Por una parte, algunos sostienen que, a pesar de algunos hechos violentos, las condiciones podrían considerarse como normales y que no existía un ambiente de especial inseguridad o zozobra. Por su lado, otros consideran que el clima era de violencia y amenazas dentro de un silencio entendible por el miedo a provocar represalias provenientes de Abarca, María de los Ángeles Pineda y el grupo delincuencial al que habían pertenecido los hermanos de esta última. Otros más opinan que la situación se podía considerar como normal pero que dentro de tal normalidad existía miedo; Mario Castrejón, síndico procurador de justicia del Ayuntamiento, confió a esta Comisión que desde el principio había tomado la decisión de limitarse a cuestiones administrativas, tales como asuntos de seguridad social y otras prestaciones, motivado por miedo a tocar asuntos relacionados con el funcionamiento del cuerpo policial. A pesar de tan diferentes apreciaciones y quizá por ello mismo, el tema no se ha debatido públicamente en ningún medio, asamblea o reunión dentro o fuera del PRD en el municipio o en el Estado. Este hecho es especialmente perturbador, pues niega de plano parte del objeto para el cual se organiza y actúa un partido político de izquierda: el análisis de la situación social y política, y las propuestas de solución de los problemas que afectan al pueblo.

Es relevante para el propósito del presente informe destacar que el nombramiento de Felipe Flores como secretario de seguridad pública del municipio de Iguala, cargo que había tenido anteriormente bajo la primera presidencia municipal de Lázaro Mazón (1996-99), no trajo como consecuencia cambios en los mandos operativos de la policía ni tampoco en la tropa. Felipe Flores, quien se encuentra prófugo, había regresado a ese puesto desde un empleo en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, pero ni el síndico procurador ni el resto de los regidores y funcionarios del Ayuntamiento que fueron entrevistados por esta comisión expresaron alguna hipótesis o versión suelta de los motivos o los conductos por los cuáles Flores fue designado. José Luis Abarca, por su lado, explica que él y Felipe Flores eran amigos de la infancia y habían sido vecinos, por lo cual se conocían bien y que, por tal motivo, lo invitó a ser Secretario de Seguridad Pública, para lo que tuvo que pedir permiso a las autoridades de Chilpancingo, pues Flores estaba adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública estatal donde se desempeñaba como comandante. Lázaro Mazón afirma que el nombramiento de Flores en su primera presidencia se debió a una propuesta del coronel del Ejército que estaba al mando de las fuerzas militares de Iguala (Flores fue militar antes de policía). Mazón no explica porqué no volvió a incorporar a Flores en su segunda presidencia ni admite que lo hubiera recomendado con Abarca.

La arbitrariedad de la policía de Iguala es considerada por parte de la mayoría de políticos que fueron entrevistados por esta comisión como algo dentro de la normalidad en Guerrero y en México. En cuanto a quien fuera secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, actualmente prófugo, no se le considera una persona especialmente arbitraria o autoritaria. Algunos relatan que en general tenía buen trato. En cuanto a su denunciado nexo con el grupo delincuencial Guerreros Unidos, el silencio es total. Hay que agregar la información de que Elías Flores Velázquez, contralor del Ayuntamiento bajo Abarca, es hermano de Felipe Flores Velázquez.

Algo semejante ha ocurrido en Iguala en relación con los hermanos Pineda Villa, dos de los cuales (Mario y Alberto) fueron asesinados en diferentes eventos (aunque Abarca habla de un tercer hermano también asesinado) presuntamente a manos de integrantes de su propio grupo delincuencial (Beltrán Leyva) en el estado de Morelos en septiembre de 2009, mientras que otro de ellos (Salomón) había sido aprehendido y encarcelado desde el 27 de julio de ese mismo año de 2009. Este último recobró su libertad el 6 de abril de 2013, casi un año después de realizadas las elecciones municipales de Iguala. Como ya se ha mencionado, Jesús Zambrano, en su calidad de presidente nacional del PRD, hizo una consulta verbal con el secretario de Gobernación, el cual, a decir del propio Zambrano, le mencionó la pertenencia de los hermanos de María de los Ángeles Pineda a un grupo de delincuentes y el encarcelamiento de uno de ellos, todo lo cual era público y precisamente el motivo de la consulta. Según Abarca, en entrevista con esta Comisión, la última vez que tuvo algún contacto con la familia de su esposa fue cuando nació su última hija, hace 18 años.

Era comprensible que María de los Ángeles Pineda y su esposo José Luis Abarca fueran vistos por algunos con desconfianza debido a sus nexos familiares con miembros de un grupo de la delincuencia organizada pero no se contaba con información sobre vínculos delictivos, la cual debía proceder del gobierno federal quien lleva el registro de los grupos delincuenciales, sus integrantes, sus relaciones, pues tiene a su cargo la persecución de los mismos. La tragedia de Iguala pone de manifiesto la ingente necesidad de disponer de elementos informativos confiables en especial en los lugares donde operan los principales carteles y bandas de delincuentes. A partir de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, se han producido muchos reportes en la prensa relacionados con el grupo denominado Guerreros Unidos –al parecer procedente de los Beltrán Leyva–, la producción de goma y de heroína derivada de aquélla, así como su envío a la ciudad de Chicago, pero no existe un reporte de carácter oficial. Según lo publicado al respecto, algunos de los envíos se hacen en autobús desde Iguala, lo cual, se afirma, se conoce desde hace algunos años sin que las autoridades hubieran puesto en alerta a los dirigentes de los partidos con mayor influencia en el municipio. Tal parece que esa actitud de omisión o de ignorancia de parte de las autoridades federales es generalizada. No existe, en síntesis, un sistema de alerta política sobre el fenómeno de infiltración y captura del Estado por parte de la delincuencia organizada.

Durante el mandato de Abarca como presidente municipal de Iguala, su esposa, María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF municipal, realizaba actividades políticas que podrían vincularse a un propósito de obtener la candidatura del PRD para encabezar el ayuntamiento en el año 2015. Así, Pineda alcanzó un asiento en el Consejo Estatal del PRD a través de la planilla NI-Coduc, Poder Campesino y Popular, encabezada en Guerrero por el diputado federal Sebastián de la Rosa, a la cual Abarca contribuyó de manera voluntaria con 200 mil pesos, según dijo éste a la Comisión Especial. Asimismo, Pineda acuñó las frases propagandísticas: “Más cerca de ti” y “Por Iguala 2015”. Este último slogan dejaba poca duda sobre su pretensión política. Aunque Abarca niega un plan para que Pineda le sucediera en el cargo, no explica el motivo por el cual él aparecía con ella en casi toda la propaganda oficial del Ayuntamiento, pero no en tanto presidenta del DIF sino sencillamente como su compañera. Aunque este proyecto político, de haber existido realmente, no parecía tan sencillo de alcanzar y algunos dirigentes locales lo consideraban imposible, pudo haber expresado la búsqueda de una especie de caciquismo político a partir de la llegada a la presidencia municipal de Iguala de una persona ajena a la política militante y postulada por un partido con el cual jamás había tenido algún nexo.

 

Líneas de acción del Ayuntamiento

Los dos proyectos principales de José Luis Abarca en su desempeño como presidente municipal fueron arreglar el centro de la ciudad y saldar la deuda de casi 98 millones de pesos dejada por el anterior Ayuntamiento. Ambas cosas se llevaron a cabo en parte con recursos federales. Un segmento de los 67 millones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Ramo XXIII), destinada a construir infraestructura donde ésta no existe, se invirtieron en la mayor obra de rehabilitación del Centro de Iguala. Esto ha sido observado por la Auditoría Superior de la Federación en los resultados del análisis de la cuenta pública de 2014. Asimismo, el gobierno federal condonó más de 4 millones por concepto de impuestos federales retenidos por el Ayuntamiento anterior pero no enterados a la Tesorería de la Federación.

En el momento del cambio del gobierno municipal de Iguala, la situación del Ayuntamiento se encontraba muy comprometida, al grado de que no había recursos para pagar los aguinaldos de fin de año, para lo cual se recurrió a un préstamo por 16 millones de pesos aportado por el gobierno del Estado. Además, fue necesario pagar 6 millones de pesos por concepto de finiquitos de personal que fue retirado del servicio y había sido contratado por el Ayuntamiento anterior.

Iguala es un municipio que dispone en total de 367 millones de pesos anuales, de los cuales 132 millones son usados en el pago de nóminas, por lo que la capacidad de realizar obras importantes suele ser muy limitada. Bajo Abarca se realizaron obras en la periferia de la ciudad pero las de mayor importancia fueron hechas en el centro, con lo cual se dio una muy especial orientación del gasto municipal hacia los intereses del comercio, lo cual era una de las motivaciones políticas principales desde el momento en que Abarca se presentó como precandidato dentro del PRD.

 

La Seguridad Pública

La política de seguridad pública no fue bajo Abarca diferente a la de sus antecesores. La policía municipal de Iguala tenía 285 efectivos, los cuales fueron evaluados positivamente por parte del gobierno del Estado. Más de la mitad de este personal (155) tomó un curso táctico para policías municipales impartido en el 40º. Batallón de Infantería ubicado en Ciudad Altamirano. Otros 20 efectivos policiales tomaron un curso táctico en el Centro de Adiestramiento Policial. Además, Iguala contaba con 92 agentes de tránsito, de los cuales 81 eran operativos.

En el segundo informe de gobierno de José Luis Abarca, el cual fue publicado pero ya no se presentó el 27 de septiembre de 2014, éste señalaba: “Los elementos de seguridad no son bien vistos por lo que esta administración se ha dado a la tarea de que los policías tengan un desarrollo integral, el que sólo se alcanza por medio de la carrera policial; una carrera que comprende esquemas de profesionalización, certificación de estudios, régimen disciplinario; todo eso con el fin de lograr el acrecentamiento institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los policías”. Como se observa, los valores de honradez, servicio a la comunidad y respeto a los derechos humanos no se encontraban en la profesionalización policial expuesta por Abarca al frente del Ayuntamiento de Iguala.

En las declaraciones que rindieron unos 20 policías ante el Ministerio Público de Guerrero el 27 de septiembre de 2012, ninguno pudo responder a preguntas sobre su conocimiento de la normatividad interna de la Secretaría de Seguridad Pública y el ordenamiento donde se encuentran las obligaciones del personal de policía, así como de los protocolos para llevar a cabo la detención de una persona, responder a la resistencia al arresto, usar la fuerza y las armas, pero afirmaron que habían acudido a Chilpancingo a tomar cursos y a presentar exámenes de control y confianza. Todos ellos eran agentes de policía con varios años de experiencia. Bajo Abarca no se modificó la plantilla de personal policíaco con excepción del secretario de Seguridad Pública.

 

Iguala: 26-27 de septiembre de 2014

Los efectivos policiales que fueron conducidos ante el Ministerio Público la madrugada del 27 de septiembre del 2014 y que rindieron declaración coincidieron en que no habían disparado contra los estudiantes ni contra los vehículos en los que éstos viajaban y sólo dos de ellos admitieron haber disparado al aire. Varios dijeron que no habían estado en los lugares de los hechos. Nadie admitió haber estado en la agresión contra el autobús del equipo de futbol. En síntesis, las declaraciones de los agentes de la policía daban la impresión de que habían tenido poca importancia los acontecimientos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2015, ya que nadie sabía de muertos ni de desaparecidos.

El anterior es un elemento típico de un cuerpo policial que, después de haber cometido fechorías y actos criminales, se pone de acuerdo en negar prácticamente todo lo ocurrido y, con tal actitud, buscar la impunidad. Sin embargo, el punto más destacado es la detención de 43 estudiantes de Ayotzinapa y su desaparición.

Para los fines del presente informe, adquiere especial importancia la presunta relación entre personal político del Ayuntamiento, en especial el presidente municipal, jefes policiales del municipio de Iguala, así como políticos y policías de Cocula y, eventualmente, personal de la policía del Estado destacamentada en Iguala, policías federales y efectivos militares, con el grupo delincuencial Guerreros Unidos. Como ya se ha comentado líneas arriba de este mismo informe, el Ministerio Público de la Federación no ha asumido la tarea de esclarecer estos puntos tan importantes para todo análisis político de la situación que llevó a los hechos del 26-27 de septiembre y de éstos en sí mismos. La “verdad histórica” presentada por el entonces procurador Murillo Káram pretendía tan sólo probar que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados en la madrugada del 27 de septiembre a manos de delincuentes miembros de Guerreros Unidos; éstos habían recibido a los jóvenes de quienes presuntamente los detuvieron, los policías de Iguala, y también de personal policial de Cocula a quienes la policía de Iguala les habían entregado “entre 10 y 15 estudiantes”. Fuera de esta situación que sin duda es un elemento importantísimo de toda investigación sobre la tragedia de Iguala, Murillo Káram no intentó sacar conclusiones sobre los motivos de los actos criminales ni sobre la relación entre las personas que intervinieron directa o indirectamente en los hechos. El caso, al parecer, está cerrado en cuanto a investigaciones propiamente dichas y todo lleva a dejar en la oscuridad la relación de hechos y de personas involucradas en los mismos. Existen policías de Cocula sometidos a procesos penales pero el presidente municipal, jefe de éstos, se encuentra desempeñando su cargo sin que su partido, el PRI, haya hecho siquiera alguna declaración al respecto.

En declaraciones oficiales se dijo que José Luis Abarca había ordenado que detuvieran a los estudiantes de Ayotzinapa cuando se estaba llevando a cabo el acto de informe de actividades de la presidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda, en la Explanada de Iguala, pero el ordenamiento cronológico de los hechos podría complicar el sentido de tales afirmaciones. El informe terminó cerca de las 21 horas e inmediatamente se retiraron Abarca y Pineda. La toma de autobuses se produjo aproximadamente a las 21:10. Los primeros disparos se escucharon de lejos en la Explanada cerca de las 22 horas y causaron el desalojo ordenado de los que aún permanecían en un baile en ese mismo lugar. Así que la detención de los estudiantes de Ayotzinapa difícilmente podría haber tenido como propósito impedir la interrupción de un acto que ya había terminado. Resulta inverosímil que la policía, la cual supuestamente trataba de que los estudiantes no afectaran el acto de la Explanada, fuera precisamente la que con sus disparos provocara el abandono de quienes todavía permanecían en el lugar. Por otro lado, Abarca mintió al declarar que cuando ocurrieron los hechos violentos él estaba bailando pues en ese momento ya no se encontraba en la Explanada, el acto político había terminado.

Oswaldo Arturo Vázquez Castillo, policía tercero, patrulla 017, escolta de Abarca, afirma que éste y Pineda se retiraron a las 20:45 de la Explanada donde se realizó el informe de la presidenta del DIF municipal y se trasladaron a la colonia Río Balsas, “donde ambos y sus hijos fueron a cenar” a una taquería. A las 22:20 se trasladaron a su casa. Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública, declara por su parte que Abarca le llamó varias veces para que aquél le informara lo que estaba ocurriendo. La hora aproximada de retiro de Abarca de la Explanada ha sido confirmada por todas las personas entrevistadas por esta Comisión que en ese momento aún se encontraban presentes en ese lugar. Esas mismas personas y varios de quienes comparecieron ante el Ministerio Público de Guerrero coinciden en que los disparos que se escucharon en la Explanada dieron lugar a que la gente que ahí se encontraba desalojara el sitio. Al mismo tiempo, todas las declaraciones coinciden en que precisamente esos disparos provinieron de agentes de la policía municipal y que los estudiantes no portaban armas.

Fausto Bruno Heredia, supervisor, policía primero con patrulla 020 (chofer: Esteban Ocampo Landa y escolta: José Vicencio Gómez), declaró que a las 21:10 horas se reportó la toma de autobuses. Que los estudiantes fueron interceptados por varias patrullas y que aquéllos les lanzaron piedras a los policías: “decidí dejar que siguieran su camino ya que estaban muy agresivos…”. “Luego me enteré por radio que había problemas en el periférico Norte”. “Nunca estuve cerca de las personas que se llevaron los autobuses, por temor a ser agredido en mi integridad física o en mi patrulla… no me percaté si alguno de mis compañeros policías preventivos realizó algún disparo y yo por mi parte nunca disparé”. De esta manera, ante el Ministerio Público, el principal jefe operativo de policía al momento de los hechos niega haber siquiera escuchado detonaciones a pesar de que varios cientos de personas que se encontraban más lejos que él del lugar de los disparos sí los oyeron y niega también haber estado al menos cerca de los sitios donde ocurrieron los otros hechos de violencia.

Raúl Cisneros García, comandante del sector centro (patrulla 023) afirma que “…dos individuos me sujetaron por el cuello por atrás de mi espalda y en ese momento forcejee tratando de quitármelos y en ese momento el supervisor Tenascalco realizó unos disparos al parecer con su arma corta sin poder precisar cuántos, y en ese acto corté cartucho con mi arma larga y realicé dos disparos al aire, por lo que en ese momento los sujetos me soltaron y corrieron hacia el interior de otro autobús del cual pude darme cuenta que los dos autobuses empezaron a circular a gran velocidad en dirección al centro, sobre esa misa calle Galeana…”.

Miguel Ángel Hernández Morales afirma que el radioperador Natividad Elías Moreno transmitió la orden para detener a los autobuses en la calle Álvarez esquina Zapata. Al atravesar la patrulla, los estudiantes se bajaron de los autobuses y les lanzaron piedras. Hernández afirma que decidió hacer un disparo al aire y posteriormente huyó del lugar. Los autobuses de los estudiantes se fueron por la calle Álvarez rumbo al llamado Periférico Norte que en realidad es la carretera 51.

El secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, dijo no haberse enterado de los disparos contra los estudiantes ni haber tenido noticias de las balaceras más que a través de preguntas de que le hacía por vía telefónica el presidente municipal, José Luis Abarca, quien presumiblemente recibía por su lado informaciones procedentes de personal no policial. El director de seguridad pública afirmó que no había dado ninguna orden para perseguir a los normalistas y que su conocimiento se había limitado a la toma de autobuses, el lanzamiento de piedras por parte de los estudiantes y algunos otros acontecimientos no confirmados. Sin embargo, el subdirector de Tránsito, Uzziel Peralta Rodríguez, quien también compareció ante el Ministerio Público de Guerrero, declaró que el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez “instruía que los detuvieran (a los estudiantes) a como diera lugar”. Por su lado, en sus dos comparecencias ante el Ministerio Público de Guerrero, Felipe Flores Velázquez negó haber tenido conocimiento de heridos y muertos e, incluso, de disparos y afirmó en su segunda comparecencia del 28 de septiembre que carecía de parte informativo policial y que no había podido conversar con los jefes operativos de la policía porque éstos estaban detenidos aunque todos ellos declararon que Flores les había ordenado precisamente que se presentaran primero en las oficinas de la policía estatal y después en el cuartel de la policía municipal donde fueron detenidos por el Ministerio Público. No obstante estas contradicciones y el hecho de que existía responsabilidad personal del secretario sobre la acción de la policía, el Ministerio Público inexplicablemente no lo retuvo sino que le permitió seguir en libertad, volver a su oficina y darse a la fuga frente a los ojos de los agentes estatales de seguridad. Felipe Flores Velázquez es un profesional de la carrera policial con 30 años de servicio en Guerrero.

La policía –secretario, jefes, supervisores y tropa– se negó a explicar el origen y motivo de los disparos que se escucharon en el centro de la ciudad y de la posterior violencia emprendida contra los estudiantes cerca de la carretera donde se produjeron los muertos y los heridos, así como se realizaron las detenciones de al menos una parte de los 43 normalistas desaparecidos.

El Ministerio Público de Guerrero no tomó declaración de José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala aunque no se lo impedía la inmunidad procesal penal inherente al cargo. Frente a esta Comisión Especial, en el penal del Altiplano, Abarca afirmó que la primera noticia que tuvo de que había disparos fue por una llamada telefónica del secretario general de Gobierno de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, luego de lo cual él se comunicó con Felipe Flores, secretario de seguridad pública municipal, para pedirle informes, el cual –según su propio dicho—no le informó de nada. Hay que recordar que el gobierno de Aguirre declaró que no había sido posible comunicarse con Abarca y por ende ordenar la intervención de los efectivos del gobierno del Estado, hasta las dos de la madrugada del día siguiente, es decir, del 27 de septiembre. Abarca niega haber dado órdenes a la policía y niega también haber tenido indicativo alguno incluyendo el de A-5 mediante el cual, según Murillo Káram, dio la orden de detener a los normalistas. Abarca afirma que a las 23:30 le pidió a Flores que llamara al Ejército y lo mismo le pidió al secretario de Gobierno del Estado. Dice también que intentó llamar a la Policía Federal sin ningún éxito. En síntesis, Abarca, según afirmó ante esta Comisión, permaneció en su casa sin dar órdenes a la policía y con la idea de que él no podía hacer nada frente a lo que estaba ocurriendo pues no era quien contaba con las armas para ello. Esta Comisión le repuso a Abarca que los disparos provinieron siempre de efectivos de la policía municipal que estaban, según la ley, bajo su mando, lo mismo que las detenciones de los estudiantes, pero al respecto no dio respuesta alguna. Al hacer Abarca esas afirmaciones y al no responder a interrogantes pertinentes parece que busca defenderse, que pretende comprobar no haber tenido nada que ver con los trágicos acontecimientos, sin embargo, se inculpa. Como supuesto integrante de la banda de delincuentes de Iguala tendría responsabilidad pero también la tendría como autoridad que permite cometer delitos a policías bajo su mando y a civiles sin dar órdenes ni intervenir de alguna otra forma o sólo pidiendo a algún funcionario que llame a los militares.

El problema es mayúsculo en tanto que la Procuraduría General de la República no ha acusado a José Luis Abarca por la detención ilegal y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, con lo cual en el proceso penal 100/2014 que se sigue en su contra en un juzgado federal de Matamoros no se encuentra el caso de los estudiantes muertos, heridos y desaparecidos sino sólo el tema de la organización Guerreros Unidos y el de sus posibles recursos económicos. Murillo Káram insistió varias veces en que Abarca dio las órdenes de detención pero no le inculpa por tal acto sino sólo por hechos distintos que de ser ciertos no ocurrieron el 26-27 de septiembre de 2014. Si la PGR no tiene pruebas de la supuesta orden impartida por Abarca, por lo visto tampoco tiene interés en vincular la gestión política con omisiones encaminadas a la consumación de delitos graves. En otras palabras, la PGR no acusa a Abarca por haber dado órdenes ni por no haberlas dado siendo el jefe de la policía según el artículo 115 de la Constitución del país. La coincidencia entre las declaraciones de Felipe Flores, ante el Ministerio Público, y de Abarca, ante esta Comisión Especial, podrían llevar a la hipótesis de que cualesquiera que hubieran sido los nexos entre ellos y los Guerreros Unidos o aun cuando no hubiera existido relación alguna de ambos con el grupo delincuencial, lo que se puede observar a partir de sus propios dichos es que los dos dejaron actuar a la policía y de esa forma también a la banda de delincuentes. Esclarecer el motivo exacto y las circunstancias precisas de todo esto debió haber sido un trabajo de la PGR aunque también, por cierto, de la Fiscalía de Guerrero.

Es también preocupante que la aprehensión de Abarca y Pineda se hubiera hecho sin orden judicial y simulando después una detención en flagrancia bajo el posible delito de cohecho que debió consistir en ofrecer dinero a unos policías preventivos que supuestamente les habían detenido en la calle sin que hubiera causa de esa primera detención.

Veamos ahora la versión de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes declararon ante el Ministerio Público de Guerrero el día 27 de septiembre. Francisco Trinidad Chalma López afirmó que dos autobuses Estrella de Oro, provenientes de Tixtla con estudiantes abordo, llegaron a la terminal de Iguala y los jóvenes tomaron tres autobuses. Una de las unidades salió por el lado derecho mientras las otras siguieron por la calle principal, el último de la caravana era uno de los dos autobuses Estrella de Oro en el cual habían llegado los normalistas originalmente. Después de un encuentro con la policía, los autobuses continuaron su marcha y fueron balaceados por los agentes policiacos. Al llegar al Zócalo, los estudiantes bajaron de los autobuses y les hicieron frente a los policías con piedras. El avance de los autobuses continuó durante cinco minutos. El tercer autobús fue rodeado por los policías, ante lo cual los estudiantes que viajaban en los dos primeros bajaron y les hicieron frente. Chalma López afirma que se puso “detrás de un policía municipal el cual ya había cortado cartucho y estaba apuntando su arma para disparar contra los compañeros en lo cual llegaron más compañeros y sus compañeros (del policía) que vieron que estábamos atrás de él nos encañonaron a mí y a mis compañeros hacia nuestras personas, lo cual para detener la acción de los policías tuve un pequeño jaloneo… lo tomé por la espalda y le empecé a jalar el rifle… eran tres policías… con el que estaba yo forcejeando disparó contra mis compañeros como a una distancia de un metro, pero cuando levantó el arma para disparar hacia ellos, mis compañeros ya se habían abierto y los otros dos policías, cuando vieron que su compañero empezó a disparar, también ellos dispararon contra mis compañeros a una distancia de unos siete o diez metros porque ya se habían alejado. Nos subimos nuevamente a los autobuses y seguimos avanzando como otros diez minutos hacia la avenida donde está la mini bodega Aurrerá, cerca del Batallón y en el transcurso del camino los policías iban disparando contra el autobús y le poncharon las llantas, le dieron a los cristales y para ese momento ya eran como diez patrullas y todas decían Policía Municipal, todas eran camionetas… seguimos avanzando con las llantas ponchadas y ya casi al llegar a lo que era la carretera atravesaron una patrulla y se bajaron y se pusieron del otro lado, aproximadamente como a veinte metros y empezaron a apuntar sus armas, al ver eso intentamos bajarnos de los autobuses e intentamos mover la patrulla y yo me subí al volante de la patrulla, tenía la llave, intenté ponerla en marcha, y al ver que no podíamos intentamos empujarla y ya en ese momento nos estaban disparando, a lo cual al intentar hacerla atrás llega un compañero mío y me saca de la patrulla y me hace señas que viera a un compañero que había caído y yo pensé que había sido por la movida de la camioneta y al verlo vi que era por un impacto de bala ya que por el orificio le brotaba un chorro de sangre de la cabeza y lo que hice fue acercarme y tratar de taparle el orificio y los policías seguían accionando sus armas para que nos quitáramos de ahí y nos resguardamos de los impactos de bala en el primer y segundo autobús, por lo menos dos horas… en el transcurso de esas dos horas cada vez que nos asomábamos nos disparaban… y los cuerpos policíacos nos decían que nos retiráramos y volvieron a accionar sus armas… decidimos retroceder para no arriesgar más vidas… los del tercer autobús estaban siendo bajados por los municipales … eran como 17 o 18 y los policías eran como 60 o más y al parecer había compañeros heridos porque los tuvieron un rato en el suelo y a nosotros nos querían persuadir para que nos entregáramos y a ellos se los llevaron por rumbo desconocido y estuvimos una hora más en ese lugar y éramos como 25 los que nos quedamos y al poco rato empezaron a llegar más cuerpos policíacos, como otras seis patrullas, de las cuales una se veía como seminueva y traía la leyenda de Policía Municipal de la cual se bajaron seis policías bien equipados porque traían un aditamento para ametralladora en la que había un elemento posicionado encañonándonos y no nos asomábamos mucho porque cada vez que lo hacíamos accionaban sus armas contra nosotros… pasó como otra media hora para que la ambulancia se llevara a nuestro compañero que estaba herido de bala, después de ello estaban los policías en una esquina apuntándonos con sus armas, como a una distancia de diez metros aproximadamente, y se burlaban de nosotros ya que nos hacían señas que nos acercáramos hacia ellos y nos seguían apuntando… pasó como una hora para que se empezaran a retirar los policías y empezaron a llegar compañeros del centro regional de educación normal (Cren) de Iguala y compañeros de la normal de Ayotzinapa en una urban y en carros particulares…, al poco rato empezaron a llegar los medios informativos de prensa escrita y radio… empezaron a llegar maestros… una hora y 45 minutos después se escucharon otras ráfagas, empezamos a correr y nos dimos cuenta de que un compañero estaba herido de bala en la boca por lo que lo auxiliamos y lo llevamos a un laboratorio que estaba en la misma calle principal y estuvimos en ese lugar como media hora ya que no tenían médico… llegaron dos unidades militares y al bajar de sus camionetas, escuchamos que cerrojaron sus armas y pidieron que abriéramos la puerta, fue lo que hicimos y el que iba a cargo de esas unidades preguntó quiénes éramos, preguntando si éramos los ayotzinapos… pedimos ayuda para nuestro compañero que se estaba desangrando y lo que nos dijo fue que tuviéramos huevos para enfrentarlo como así hacíamos nuestro desmadre, cateó toda la clínica…, le volvimos a pedir apoyo con una ambulancia para trasladar a nuestro compañero y nos contestaron que ellos iban a mandar a los municipales para que vinieran por nosotros, que ellos se iban porque estaban dos cuerpos en la carretera… que esperáramos ahí y que iban a mandar una ambulancia… dejamos al compañero herido de bala y a otro compañero para que lo acompañara en el laboratorio y el resto nos salimos de ahí y caminamos con rumbo desconocido… éramos como 25 y llegamos a una casa donde nos dieron asilo para pasar la noche… eran aproximadamente las dos de la mañana del 27 de septiembre.”

“ …circulábamos tres autobuses en fila y yo iba en el segundo, –declaró el estudiante Luis Gabino Martínez Vargas–, de pronto se empezaron a escuchar varias detonaciones de armas de fuego ya que le tiraban al último autobús y como tratábamos de que no fuéramos a ser lesionados, el que manejaba el autobús le pitaba a los carros que iban adelante para que pudiéramos avanzar… me bajé del autobús para tratar de apoyar a los que venían en el último autobús y, al bajarme, vi que los policías municipales hacían disparos con sus armas hacia arriba y como a 20 metros de distancia vi que un compañero forcejeaba con un policía ya que el policía lo apuntaba con el arma y fue que se escucharon como siete disparos hacia el suelo. Al ver esto, lo que hice fue subirme al autobús donde venía y los tres autobuses siguieron su marcha y en el trayecto nos seguían haciendo disparos. Cuando llegamos al entronque para agarrar el boulevard para la salida, una patrulla de la policía municipal se le atravesó al primer autobús y los compañeros se bajaron así como también hicimos lo propio los del segundo y tercer autobús, para mover la patrulla y seguir nuestro camino y, cuando hacíamos movimientos para quitar la patrulla, los policías empezaron a hacer disparos hacia los compañeros que trataban de mover la camioneta de la policía municipal y lo que hice fue correr para refugiarme en un espacio que había entre el primero y el segundo autobús y fue cuando uno de los compañeros dijo ´mataron a uno, le dieron en la cabeza´ y lo que hicimos fue ir a ver al compañero agredido y cuando nos asomábamos nos disparaban los policías y de donde me encontraba refugiado, hacia donde estaba el compañero tirado, había como unos 20 metros, y lo que hicimos fue llamar a la ambulancia, tardando en llegar como media hora; le gritábamos a los policías que no nos tiraran que no estábamos armados, que lo que queríamos era que al compañero se lo llevara al hospital y cuando llegó la ambulancia se llevó a nuestro compañero, pero a los que venían en el tercer autobús ya la policía los tenía detenidos y unos se encontraban heridos. Como media hora después llegaron más compañeros de otras normales, una de Iguala y otros compañeros más de la normal de Tixtla. Como 30 minutos después, cuando las cosas se habían calmado, de pronto se escucharon varios disparos que venían de atrás y fue cuando empezamos a correr y al ir corriendo vi un bordito y me tiré al suelo con un compañero, ya que seguían los disparos y de pronto volteé la cabeza hacia mi derecha y a una distancia como de diez metros vi tirados a dos compañeros y uno de ellos dijo ´ayuda´ en una sola ocasión y después ya no habló y unos compañeros se refugiaban tirados debajo de los carros y el compañero que dijo ´ayuda´ vi que ya estaba muerto así como otro compañero.”

Todos los estudiantes de Ayotzinapa que rindieron declaración ante el Ministerio Público de Guerrero coinciden en la misma versión sobre las agresiones que sufrieron cuando transitaban en los autobuses desde la central camionera de Iguala.

Aquí surge sin embargo una pregunta que no ha sido respondida hasta ahora: ¿por qué la mayoría de los estudiantes optó por transitar por la calle Galeana y su continuación Juan N. Álvarez, rumbo al norte, en lugar de tomar desde la terminal de autobuses el Periférico Sur que conduce directamente a la carretera federal 95 que va rumbo a Chilpancingo? Según declaraciones de estudiantes de Ayotzinapa rendidas ante el Ministerio Público de Guerrero, al salir de la central de autobuses de Iguala un autobús de los normalistas se dio vuelta a la derecha, es decir, que pudo haberse dirigido hacia el rumbo del Periférico Sur a fin de tomar directamente la carretera 95, mientras los otros tres transportes siguieron por la calle Hermenegildo Galeana y su continuación Juan N. Álvarez que atraviesa el centro de Iguala y pasa a una cuadra de la Explanada. El autobús que dio vuelta a la derecha para posiblemente regresar hacia el sur se reincorporó después según la versión de la PGR e, incluso, en ese autobús Estrella de Oro –uno de los que habían transportado originalmente a los estudiantes desde Tixtla– viajaba el líder del grupo de normalistas (uno de los 43 desaparecidos), de acuerdo con la versión de la misma PGR. No consta, sin embargo, en las declaraciones de los estudiantes y de los policías que el cuarto autobús se hubiera incorporado a la fila que fue obstruida en dos ocasiones durante su camino y, finalmente, fue detenida antes de llegar a la carretera donde la policía de Iguala disparó directamente contra los normalistas, hirió y mató a varios e hizo numerosas detenciones.

Otro de los aspectos oscuros de la versión oficial sobre la tragedia de Iguala es la agresión al autobús en el que viajaba el equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, la cual ocurrió al filo de la medianoche. La PGR sostiene que los agresores fueron policías de Iguala , “por equivocación”, aunque no lo documenta, al menos en lo que ha informado, a pesar de que las declaraciones ministeriales de los testigos presenciales, es decir, de los deportistas, apuntan en un sentido diferente. Según José Luis Díaz Rodríguez, integrante del equipo, después de que cesó la agresión cuya duración de acuerdo con todos los testigos que declararon duró entre tres y cinco minutos, “llegaron federales, paramédicos, militares y personal ministerial”. De ser esto cierto, antes de la medianoche del 26 de septiembre ya estaban actuando en Iguala cuerpos federales de seguridad. La versión del estudiante Francisco Trinidad Chalma López, arriba referida ampliamente, cuando menciona lo que le dijeron los militares en el laboratorio al abandonar el lugar, concuerda con la presencia de los soldados en el sitio de la carretera donde había justamente dos cuerpos, lo cual coincide con los dos muertos que iban a bordo del autobús del equipo de futbol, de lo que se sigue que los militares estaban activos antes de la agresión contra los Avispones, tenían comunicación directa con cuerpos de seguridad municipales y estatales, y se encontraban tomando decisiones, todo lo cual es omitido por la PGR. Ahora bien, según la versión de Murillo Káram sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, éstos no habían sido aún entregados a esa ahora al grupo de Guerreros Unidos, incluso la PGR dice que el comandante de policía de Cocula, Ignacio Aceves, pasó por el lugar donde estaba el transporte baleado de los futbolistas y se siguió de frente rumbo al lugar donde tenía que recoger a varios estudiantes detenidos, pero no parece que alguien los estuviera buscando o indagando su paradero, lo cual no es en absoluto cuestionado por el entonces procurador. Es claro que la búsqueda de los estudiantes no iba a estar a cargo de quienes los habían detenido pero, ¿las demás autoridades de seguridad?

 

Necesidad de alcanzar una interpretación política de la tragedia

La primera cuestión política radica en explicar porqué los policías trataban de detener a los estudiantes en lugar de permitir que se retiraran de Iguala, como hubiera sido más práctico. Los autobuses tomados por los estudiantes habían sido cedidos por los gerentes de la línea como era frecuente, el propósito de los normalistas era llevarse esos transportes para usarlos en alguna movilización próxima y, como evidencia de todo eso, los choferes eran los mismos asignados a esas unidades por la empresa propietaria. No había ninguna denuncia. Aquí es donde surge la versión de que el grupo delincuencial Guerreros Unidos creyó que los estudiantes o algunos de ellos eran enviados por el grupo rival, Los Rojos, y que para detenerlos y matarlos utilizó a las policías municipales de Iguala y Cocula. Lo que no se ha tratado de explicar era el supuesto objetivo concreto que se les atribuía a los presuntos infiltrados. Además, la forma y el momento en la que los Guerreros Unidos presuntamente dieron la orden a los policías, a quiénes se la dieron y cómo se ejecutó, quedan para las indagatorias que debería realizar el Ministerio Público, pero no sólo el federal sino también el del Estado de Guerrero, quien parece ignorar que en su propio estado ocurrió una tragedia de enorme trascendencia nacional e internacional.

Son de llamar la atención las discrepancias entre las declaraciones ministeriales rendidas el 27 de septiembre de 2014 por estudiantes, por una parte, y policías, por la otra, con la versión oficial de la Procuraduría General de la República, dada a conocer el 27 de enero de 2015, cuatro meses después de la tragedia. Los hechos referidos por la PGR a partir de la salida de los estudiantes de la central de autobuses no corresponden con los relatos de normalistas y tampoco con los de algunos de los policías, aquellos que hicieron referencia a hechos propios. En particular, el denominado “segundo evento” de la versión de la PGR difiere de los relatos de los testigos y oculta tanto el tiempo como las circunstancias de cada hecho, la persecución de los autobuses, la cantidad de disparos, el número de patrullas involucradas, el lugar y modo de los homicidios y las lesiones, como el momento de la detención de los estudiantes y la aparición de fuerzas federales. Además, la explicación pública de la PGR saca de una línea de tiempo los diversos eventos, en especial los que estaban ocurriendo en Iguala cuando los estudiantes fueron presuntamente entregados a los miembros del grupo delincuencial: la PGR afirma, por ejemplo, que entre 10 a 15 estudiantes fueron entregados a Ignacio Aceves, comandante de la policía de Cocula, enviado por César Nava, su jefe, a Iguala, pero no menciona quiénes se los entregaron; luego, afirma que el resto de normalistas ya estaba en camino pero no indica quiénes eran los custodios y, en su lugar, identifica el vehículo usado como si eso fuera más importante que conocer los nombres de las personas involucradas y sus motivos. Parece que la versión de la PGR se dirige hacia la abstracción de responsabilidades de diversas autoridades estatales y federales, las cuales no aparecen relacionadas. Existen, por ejemplo, testimonios de que la Policía Federal fue informada desde el momento de la toma de los autobuses; hay también otros testimonios que hacen ver que efectivos del Ejército intervinieron, ¿cómo y porqué llegaron al laboratorio donde se encontraba una veintena de estudiantes de Ayotzinapa con un herido? Queda claro en el testimonio del estudiante Chalma López que los militares sabían que aquellos jóvenes eran “ayotzinapos”. Hay elementos que indican también la intervención de policías ministeriales de Guerrero en Iguala mucho antes de la hora en que presumiblemente fueron entregados los estudiantes al grupo Guerreros Unidos. Pero, además, la PGR no explica la intervención de José Luis Abarca y de Felipe Flores, así como de Bruno Heredia y de Alejandro Tenexcalco, entre otros, quienes posiblemente debieron haber entregado u ordenado la entrega de los 43 desaparecidos. En relación con Abarca, la PGR sólo acusa a éste de haber dado la orden a la policía de interceptar los autobuses en los que viajaban los normalistas cuando salieron de la central camionera y para ello menciona el indicativo de A5 del presidente municipal supuestamente dado a través de la radio, el cual, como ya se expuso, es negado por el propio Abarca quien afirma que jamás tuvo indicativo alguno para las referencias radiales de la policía.

Las relaciones entre la policía de Iguala y los integrantes del grupo Guerreros Unidos no aparecen o no se explican, como tampoco se hace referencia al vínculo de jerarquía entre César Nava e Ignacio Aceves, jefes policiacos de Cocula, con el presidente municipal, quien sigue en el puesto aunque uno de los inculpados menciona a Nava y Aceves como personas que se reunieron en una piquera en la madrugada del 27 de septiembre con los jefes de Guerreros Unidos, de tal manera que tenemos a unos comandantes de policía que formaban parte integrante de Guerreros Unidos, pero el presidente municipal, su jefe, ni siquiera ha sido sujeto de responsabilidad política y, después de haber sido examinado por la PGR, ésta lo exoneró sin explicación alguna. Como ya se ha indicado en el presente informe, la PGR no ha fincado cargos contra Abarca en cuanto a su posible responsabilidad como jefe de la policía de Iguala, según la Constitución, quizá porque eso lo obligaría a hacerlo contra el presidente municipal de Cocula, jefe de la policía de ese lugar, o porque las omisiones de los gobernantes pudieran de tal manera empezar a formar parte de la configuración de delitos cometidos por sus subordinados cuando éstos afectan a grupos de personas, es decir, cuando se cometen actos represivos. Como puede verse, no sólo se trata de pobreza en la exposición del caso de parte de la PGR sino de datos falsos y deformaciones, así como de elusiones de referencias de tiempo, modo, lugar y circunstancia de los diversos hechos. Además, la investigación, según lo que se informa, no parece abarcar hechos anteriores, referencias a lo que debería ser el conjunto de antecedentes relacionados con la tragedia de Iguala, nunca aparece el negocio fundamental, es decir, la producción, transformación y tráfico de drogas, así como otros delitos conexos, la relación entre dicho negocio y los cuerpos policiales de Iguala y Cocula y las autoridades políticas.

En síntesis, estamos frente a una versión de la PGR que, en lugar de clarificar y explicar, tiende a ocultar y confundir.

También requiere explicación la actitud inicial del gobierno federal en el sentido de considerar los homicidios y las desapariciones forzadas en Iguala como acontecimientos puramente locales que debían dilucidarse sólo por parte de las autoridades de Guerrero, cuestión que, incluso, fue planteada por el mismo presidente de la República. ¿Qué se pretendía con esa actitud política, qué la determinaba, por qué se tuvo que modificar? En este mismo sentido, la opinión pública nunca fue informada de los motivos por los cuales la Procuraduría General de la República (legalmente independiente del Ejecutivo) tomó el caso una semana después de los trágicos acontecimientos cuando ya estaban procesados en Guerrero una veintena de policías municipales y varios presuntos integrantes de la banda de los Guerreros Unidos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no ha presentado ningún informe sobre la intervención de fuerzas federales en los sucesos de Iguala, no ha comparecido ante ninguna cámara del Congreso a efecto de exponer lo que hizo y lo que dejó de hacer el gobierno federal cuando se desataron los hechos de violencia. Todo lo que corresponde a las fuerzas federales ha sido ocultado. Pero además (y no menos grave) la opinión pública no conoce ningún reporte sobre el grupo delincuencial Guerreros Unidos y sobre sus presuntos rivales, Los Rojos, por lo cual carece de información que pudiera poner en contexto la tragedia de Iguala. El gobierno federal tampoco ha aportado, a través de sus servicios de inteligencia, los datos necesarios para conocer los móviles de la violencia. Todas estas son obligaciones gubernamentales incumplidas.

No existen relaciones oficiales en las cuales se esclarezca la reacción del gobierno del Estado de Guerrero frente a los trágicos acontecimientos de Iguala. Se dispone sólo de las declaraciones inmediatas de algunos funcionarios, las cuales no dan respuesta a las omisiones cometidas desde la salida de los estudiantes de Tixtla, su recorrido, su llegada a Iguala, sus actividades, la toma de los autobuses, el intento de salida de Iguala, las agresiones de la policía municipal y la obstrucción del camino por parte de esa misma cuando fueron agredidos, lesionados, asesinados y detenidos. Tampoco hay explicación alguna de la conducta de las delegaciones de gobernación y del Ministerio Público de Guerrero, así como de la policía del Estado, frente a los hechos y, en especial, frente a la detención de los 43 jóvenes desaparecidos. No existe informe oficial de la conducta del gobierno de Guerrero durante las horas de agresiones contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Siempre fue increíble la versión publicada de que no había sido posible comunicarse con el presidente municipal sino hasta las dos de la mañana por lo cual el gobierno del Estado no tomó acciones con anterioridad, la que, por otro lado, ha sido ha sido desmentida por José Luis Abarca quien sostiene que tuvo comunicación telefónica con el secretario de Gobierno luego de que se produjeron los primeros disparos. La verdad es que mucho antes de las dos de la mañana ya estaban en Iguala policías ministeriales y agentes del Ministerio Público, los cuales se comunicaron con el secretario de Seguridad Pública municipal para ordenarle que presentara al personal policial. Según la Constitución federal, los gobernadores pueden puede dar órdenes a las policías municipales cuando, a su juicio, surjan casos de fuerza mayor o cuando haya alteración grave del orden público. Aquí surge de nuevo la pregunta hecha con motivo de la intervención de las fuerzas federales: ¿quién tenía que encargarse de buscar a los 43 estudiantes desaparecidos?

La responsabilidad política del gobernador Ángel Aguirre no ha sido esclarecida en forma alguna más allá de su voluntaria separación del cargo. El Congreso del Estado nunca ha abierto una investigación sobre los hechos en cuanto a la relación de éstos con alguna presunta responsabilidad política de los gobernantes de entonces. El único funcionario que aparece con responsabilidad es José Luis Abarca, encausado en el Congreso. Esta situación acusa una debilidad institucional en Guerrero, una atrofia constitucional, una irresponsabilidad del Poder Legislativo. Desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, el asunto se encuentra abierto y lo estará durante un año a partir de los hechos de Iguala.

Pero, además, esa misma situación acusa también un defecto del partido mayoritario, el Partido de la Revolución Democrática, cuya conducción del proceso político sobre la tragedia de Iguala simplemente no existió. El PRD en Guerrero, hasta hoy, no ha discutido el asunto, no ha hecho el análisis, no ha tomado resoluciones, no ha dado directrices para encarar su responsabilidad política. La declaración del presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, desde Iguala, en el sentido de que su partido pedía perdón por las acciones y omisiones políticas en las que incurrió, ha sido mal vista por la mayoría de los dirigentes políticos perredistas de Guerrero con quienes esta Comisión tuvo oportunidad de discutir el punto. El Consejo Nacional del PRD rehusó plantear la necesidad de la salida de Ángel Aguirre del gobierno del Estado para encarar su propia responsabilidad en la tragedia, concentrando la crítica y el ataque sólo hacia José Luis Abarca quien ya se había separado del cargo.

 

Las situaciones mencionadas en el presente informe, aquellas sobre las que no puede haber certeza con la información disponible, no están teniendo respuesta de parte del gobierno federal y tampoco de los poderes del Estado de Guerrero, así como de sus respectivos ministerios públicos, lo que es una tarea de urgente cumplimiento porque son claves para descifrar el aspecto político de la tragedia de Iguala: la captura del Estado por parte de la delincuencia organizada.

 

 

Ciudad de México, seis de mayo de dos mil quince.

 

LA COMISIÓN ESPECIAL

 

PABLO GÓMEZ, presidente; OCTAVIO CORTÉS; PABLO FRANCO

Evaluación educativa: la derrota

La reasignación de las funciones directivas en la educación básica que estuvieron ilegalmente en manos de la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha sido resistida por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual no es un sindicato aparte sino que sigue integrada en aquél. Los líderes charros, como siempre, cedieron ante el reclamo del poder político que les amenazó con enviarlos a la cárcel, como ya lo había hecho con su dirigente máxima, y volvieron mansamente al oficialismo a seguir gozando con quietud de sus escandalosos privilegios. La CNTE por su lado no ha cedido en lo más mínimo y sigue dando una batalla que no tendría que ser la suya.

El sistema de evaluación educativa está mal porque se aplican conceptos falsos, autoritarios y lesivos para los profesores como trabajadores y como docentes profesionales. Las críticas superficiales del sistema de evaluación –que tampoco han sido escuchadas—señalan tan sólo algunas de sus contradicciones y sinsentidos, como lo ha expuesto Gilberto Guevara, uno de los evaluadores.

Pero más allá de que la evaluación suele ser agresiva y nada educativa, la cuestión consiste en que es inaceptable que no exista en absoluto. Si los educandos son sistemáticamente evaluados por los maestros, por desgracia de la peor forma con calificaciones de 0 al 10 en lugar de aplicar el sencillo sistema de suficiente o no suficiente, los profesores beben serlo también. Mas unos y otros deberían contar con una evaluación de calidad, respetuosa e insertada dentro del respeto a derechos laborales, profesionales y estudiantiles. La cuestión es que hasta hace poco no existía un sistema de evaluación y la dirección del SNTE, en las secciones y a nivel nacional, decidía libremente las promociones, la admisión y los despidos.

Para el sector democrático del SNTE, es decir, la CNTE, es inaceptable la evaluación puesta en marcha, sin embargo, no quiso discutir abiertamente y negociar con el gobierno y los demás dirigentes del magisterio, es decir, los charros sindicales, una alternativa. Cuando se iban a aprobar las leyes, aplicó la táctica de movilización y negociación encubierta. Los cambios que logró la Coordinadora a los proyectos de ley, aunque no fueron menores,  aparecieron como concesiones desde arriba.

En el periodo anterior a la reforma constitucional y legal la CNTE llegaba con frecuencia a la huelga, castigaba de esa forma a alumnos y padres de familia, retaba a la sociedad cobrando sin trabajar, a veces no evitaba la acción violenta contra las cosas y, en ocasiones, contra personas. En este marco era prácticamente imposible que dentro de la CNTE surgiera una dirección con la capacidad para emprender una lucha por la reforma del sistema de educación básica. La CNTE se presenta ante la nación sin programa alternativo y sólo con la absoluta negativa a la evaluación del magisterio lo cual le impide proponer una educación nueva y una escuela democrática y popular para todo México. Por el otro lado, el de la sociedad, la evaluación es entendida como algo lógico y, además, ha sido resignadamente aceptada por una mayoría de profesores.

El desempeño de la dirección de la CNTE en los últimos años se ha caracterizado por una cadena de acciones realizadas sin importar su acreditación ante el pueblo. Se puede decir que desde esa organización se aplica una política de no mirar a los demás mexicanos y mexicanas, por lo cual no se le habla a la gente y, en consecuencia, no hay necesidad de propuestas. La huelga en curso de la CNTE ya es un fracaso sólo por la baja participación del magisterio en los estados donde dirige las secciones del SNTE y también donde, aún cuando es minoría, cuenta con una parte significativa de los profesores. Sus dirigentes exponen ahora a la CNTE a la desorganización, al desánimo de las bases y a las rencillas internas entre paristas y no paristas, entre marchistas y no marchistas, etc. Por falta de apoyo de las bases, de momento han provocado que el gobierno dé de baja a más de 3 mil profesores los cuales iniciaran un cruel proceso legal hacia su posible destitución.

Por desgracia, el gobierno de Peña es visto como el artífice de la derrota de la CNTE, lo cual impacta la lucha política general del país. Al tiempo, Aurelio Nuño, precandidato, es proyectado por los medios como quien por fin puede contrarrestar la protesta de los profesores y lo hace desde la Secretaría de Educación, sin tener el mando personal de la fuerza pública, con amenazas, ultimátum, ceses y discursos propios de la tradición autoritaria priista del país.

Cierto que no se puede pedir a una organización social que deponga sus banderas en aras de la democracia nacional o de la contención de la derecha, pero lo que sí se le puede pedir es que no se exponga a sí misma a la disgregación, a la sumisión del magisterio, a la cancelación de un proyecto válido de educación democrática y popular. La CNTE fue resultado de muchos años de luchas y esfuerzos de miles de afanosos maestros que supieron resistir la represión y la segregación cuando todo operaba en su contra. No se vale olvidar a esos profesores, algunos de los cuales siguen frente a sus alumnos.

3 de 3: derechos o requisitos

Las tres declaraciones que presentarían los altos servidores públicos no tienen que ver con los derechos de las personas sino que son requisitos para asumir y conservar el cargo. Se está discutiendo mal este asunto en el Senado. Mucho me temo que el resultado será malo también.

Las objeciones del gobierno (PRI-PVEM) son subterfugios para evitar que el presidente de la República tenga que declarar los bienes de su cónyuge y dependientes económicos y para que la sociedad que gobierna ignore su patrimonio familiar. Es muy lamentable que un país dependa de la circunstancia de un individuo. Se supone que los tiempos de las dictaduras, de las leyes al caso y a la persona, han quedado atrás, lo mismo que el presidencialismo despótico de la “dictadura perfecta”.

Las tres declaraciones son: patrimonial que incluye ingresos y egresos del periodo, tanto del servidor público como de su cónyuge y dependientes económicos (regla que está vigente), fiscal y la de posibles conflictos de intereses que abarca personas o entidades que pudieran entablar vínculo oficial con el funcionario así como de las propiedades de éste en empresas. Las tres declaraciones serían públicas. Pero el gobierno quiere que cada funcionario o funcionaria decida buenamente si sus declaraciones deben comprender a su cónyuge y dependientes, y si se dan a conocer.

Sería una regresión que los servidores públicos obligados no manifestaran los bienes e ingresos de sus cónyuges y dependientes económicos, pues ya están incluidos en la ley vigente. En cuanto a la publicidad, es un hecho que las declaraciones patrimoniales reservadas no han tenido ninguna trascendencia y que la ciudadanía exige siempre a los gobernantes y, antes, a los candidatos, que las hagan públicas. En cuanto a la declaración de conflicto de interés, que sería nueva, carecería de sentido si estuviera reservada. No existe posibilidad de atropello a derechos porque no se quiere que tales declaraciones sean obligatorias para las personas. Lo que se busca sólo es incorporar legítimos requisitos legales para desempeñar ciertos cargos públicos.

Son las leyes las que señalan los requisitos para el desempeño de las funciones públicas con el fin de evitar la arbitrariedad. Además de legales, esos requisitos deben ser razonables, es decir, no se podría admitir que, por ejemplo, para ser presidente de la República se tuviera que poseer título profesional pero para ser ministro de la Corte sí está instituido. Ahora bien, para ser alto funcionario se debe requerir presentar tres declaraciones y, debido a la situación del país, éstas deben ser publicadas. El que no desee hacerlo no está obligado pero el Estado tampoco tendría forma de contratarlo.

El asunto consiste en no separar la fortuna del servidor público (hombre o mujer) de su cónyuge o hijos e hijas dependientes. Ningún sistema de control en vías de combatir la corrupción puede funcionar sin tomar en cuenta que, con bienes mancomunados o separados, los cónyuges comparten el uso de bienes patrimoniales y son mutuamente herederos. Lo mismo se puede decir de los dependientes económicos. Así que no se trata de llevar un control sobre personas ajenas al funcionario o funcionaria sino de conocer la fortuna familiar de los altos servidores públicos que son quienes administran los recursos públicos.

Como los servidores públicos que tienen bajo su resguardo las declaraciones patrimoniales y fiscales reciben órdenes, todo se ha convertido en secreto que, para ser remontado, se requieren órdenes judiciales que casi nunca se emiten. Para luchar contra el Estado corrupto, el servicio público tiene que ser transparente en todos sus aspectos, incluyendo los bienes de los altos funcionarios y sus familiares cercanos, pudiendo también vincular sus ingresos totales con su manifestación fiscal, incluyendo al cónyuge, para comprobar a vista de todos que ambos aspectos coinciden.

Contra el secreto fiscal se han dado varias arremetidas recientemente. Con el tiempo, éste se irá haciendo cada vez más circunscrito. Por ahora, es llegado el momento de ver si los altos funcionarios pagan los impuestos debidos, si lo han hecho desde poco antes de asumir el cargo, si lo declarado en el SAT es lo mismo que lo declarado en la inexistente Secretaría de la Función Pública o en la ninguneada Auditoría Superior.

La transparencia es un instrumento de lucha contra la corrupción. Por eso, el gobierno (PRI-PVEM) no está de acuerdo con el sistema 3 de 3 en su versión completa y pública.

PRD, 27 años

El mayor éxito del Partido de la Revolución Democrática ha sido la conquista de la libertad política para todas las ciudadanas y ciudadanos. Aunque la prohibición del ejercicio de derechos ciudadanos no era para la derecha, la cual los podía ejercer en forma vigilada por el gobierno, y leal de parte del PAN, y aunque la izquierda independiente logró después un lugar significativo en la lucha política, en verdad la libertad política en México no estaba vigente en términos generales. Era México un país en el que había partidos pero no había completa libertad para crearlos ni para militar en ellos. El surgimiento del PRD acabó con esa situación.

Mas el PRD también impidió que se cristalizara la tendencia hacia un sistema bipartidista en todo el país entre el PRI y el PAN. Ya desde la postulación de Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a presidente en 1988, Acción Nacional dejó de ser “la oposición de su Majestad” (el PRI) para convertirse en otro partido dentro de una competencia entre tres fuerzas políticas nacionales.

Asimismo, al surgir el PRD, México se convirtió en uno de los países con mayor grado de unidad orgánica de las izquierdas en un mismo partido político. Muy pocos países han llegado a tener alguna vez tanta unidad de esa tendencia como no sea en sistemas políticos monopartidistas. Las derechas en cambio sí había llegado a estar básicamente unidas en un mismo partido en varios países de América Latina.

Aunque lo anterior ya es historia, puede ser también referencia presente si se quiere. Mas el problema actual consiste en que desde hace ya varios años el PRD carece de un plan para hacerse del poder político. Podría decirse que sin un plan para sostenerse o alcanzar el poder no hay partido en el sentido pleno de la palabra. Habría que agregar que un partido que deja de tener algún plan en este sentido empieza a morir de inanición aunque mantenga su presencia en las elecciones.

Como fenómeno, no es frecuente que un partido que aprueba una propuesta política la desconozca, ignore o defenestre. Eso es lo que le ocurre en estos días al PRD, pues aprobó quizá con poca o ninguna intensión un documento político que es también un plan para luchar por el poder pero a nadie parece interesarle. Esto quiere decir que el verdadero mayor interés en materia política está en otra parte, pero ¿dónde? La respuesta podría consistir en obtener cargos de elección, ejercer un disminuido presupuesto para la acción política de dirigentes y grupos, tener presencia en negociaciones nacionales y locales sobre temas corrientes, entre otras actividades que tienen importancia y trascendencia pero que no son en realidad nada si no están vinculados a un plan político de poder.

Mas un plan político no sólo implica definir con quiénes se pueden hacer alianzas que lleven al poder político sino en señalar el camino de la aplicación de un programa de transformaciones desde dicho poder. No puede entenderse la política como medio para lograr una ubicación sin definir el objeto de la misma. Por ello es normalmente contradictorio plantear gobiernos de coalición entre el PAN y el PRD, pues a lo que ha llevado esta idea es a que no exista ninguno (ni existirá), sencillamente porque son imposibles bajo las actuales condiciones del país.

Es cierto que como parte del nudo en el que se encuentra el PRD está el tema de la unidad de las izquierdas pero, al mismo tiempo, el de la definición de las posiciones de izquierda propiamente dichas, es decir, aquello que distingue y caracteriza a la izquierda en nuestro tiempo. Estamos hablando del proyecto democrático y social, elemento central del plan para alcanzar el poder. Y estamos hablando de la consecuencia práctica con todo aquello que se proclama. Gigantescos problemas de un partido que apenas tiene 27 años de edad.

 

PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN DE LA CdMx

PRESENTADA POR PABLO GÓMEZ

Introducción

Una constitución suele contener un listado de derechos y un sistema político. Sin embargo, las leyes fundamentales no alcanzan con frecuencia a definir con precisión las garantías de tales derechos ni ponen la política al alcance de los ciudadanos para que esos derechos sean exigibles por cualquiera y en todo momento. La presente propuesta de Constitución Política de la Ciudad de México busca poner en claro los derechos y, al mismo tiempo, dar a las personas los medios para hacer valer esos mismos derechos y ampliarlos, así como también para alcanzar unos nuevos.

Las constituciones tradicionales ya no forman ciudadanía. La democracia formalista ha llegado a sus límites y arroja por todas partes duras crisis de los sistemas de partidos que prohijó durante más de un siglo. Es preciso abrir las puertas de par en par a una democracia participativa en la que los ciudadanos y ciudadanas vayan tomando las decisiones y haciendo las proposiciones sin limitarse a elegir a quienes solos, durante años, se han hecho cargo de todo.

La Ciudad de México debe hacer una carta fundamental en la cual se garantice que la ciudadanía pueda votar cualquier ley o pronunciarse para que se expida una nueva. Que ciudadanas y ciudadanos puedan revocar el mandato de los o las gobernantes. Que la gente pueda objetar colectivamente ante un tribunal los actos de autoridad administrativa y las normas que lesionen los derechos fundamentales. Que la gente pueda iniciar leyes. Que cualquiera logre que se tome en cuenta su denuncia contra altos servidores públicos y ésta se resuelva conforme al derecho. Que el jefe de gobierno y los altos funcionarios, así como los magistrados, puedan ser juzgados por responsabilidad política en procedimientos abiertos al escrutinio público.

Los ciudadanos y ciudadanas de nuestro tiempo ya no desean seguir sometidos a los grupos de gobernantes que han tomado la política como su monopolio sino que buscan poder expresarse siempre y tomar decisiones, aquellas que la misma ciudadanía estime que deben ser adoptadas por todas y todos. Si se crean derechos de participación, los ciudadanos y ciudadanas, en lugar de decidir de vez en cuando, lo harán con mucha mayor frecuencia pero también aprenderán a proponer lo cual es tomar parte activa de todo lo público. Así tendremos una nueva ciudadanía que no sólo vote sino también entienda, discuta, proponga y disponga.

Para lograr que cualquiera pueda hacer valer sus derechos en forma individual o colectiva y para que la ciudadanía pueda proponer y decidir se requieren nuevas instituciones. La más importante que se propone es el Tribunal Constitucional de Derechos que tendría el deber de tramitar quejas contra autoridades administrativas o legislativas por actos u omisiones que lesionen derechos fundamentales. No se trata sólo de leyes y reglamentos sino también de otras decisiones, o de la falta de éstas, que puedan ser impugnadas ante un tribunal. Hasta ahora, los recursos contra leyes y actos u omisiones que se presentan ante la Suprema Corte de Justicia proceden en exclusiva de los poderosos. La acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional son instrumentos alejados de la ciudadanía y monopolizados por los altos funcionarios, los jefes políticos; son instrumentos para resolver divergencias entre los integrantes de los poderes públicos. Es llegada la hora en que los ciudadanos y ciudadanas tengan ese mismo derecho y que un tribunal los deba proteger.

Más se trata de un tribunal que se apegue a la Constitución de la cual surge. Por ello, el Tribunal Constitucional de Derechos es quien debe revocar normas y políticas dañinas así como convocar a las consultas ciudadanas (plebiscito y referéndum) y a los procedimientos de revocación de mandato aplicando estricto acatamiento de la norma. Ya se ha visto que la consulta popular insertada como derecho ciudadano en la Constitución del país fue impedida recientemente por quien más está obligada a defender la Carta Magna: la Suprema Corte. Sabemos que la tarea no sólo consiste en inscribir derechos en una constitución sino en que la gente los pueda hacer valer sin que los poderosos logren suprimirlos.

El plebiscito sería un instrumento para tomar decisiones y para proponer por parte de la ciudadanía y no sólo de los poderosos. El referéndum sería un mecanismo para poner límites al poder mediante la derogación de normas y la eliminación de políticas impopulares. Ambos, el positivo y el negativo, son necesarios para forjar una democracia nueva.

La lucha contra la corrupción ha sido demasiado selectiva y muy superficial. Así funciona cualquier Estado corrupto. Mas ha llegado la hora de emprender una lucha efectiva en contra de la corrupción que afecta a la ciudadanía que sufre sus consecuencias, tanto porque el dinero público robado es de todos como porque hay un sistema paralelo de contribuciones delictivas que son las mordidas y otras extorciones y sobornos. Por ello, la presente proposición busca que la Fiscalía de la Ciudad de México (Ministerio Público) sea independiente y cuente con un aparato dedicado a la lucha contra la corrupción; que la Auditoría de la Ciudad sea autónoma y tenga la capacidad legal de hacer investigaciones y consignar a los posibles delincuentes ante los tribunales; que ningún funcionario sea impune y todos deban afrontar las consecuencias de sus actos, que se termine con el llamado fuero. Más también se propone por primera vez que de manera colectiva los ciudadanos y ciudadanas puedan hacer directamente acusaciones ante un juzgado penal contra funcionarios que hayan cometido delitos contra la administración pública. Hay que instaurar derechos de la gente para terminar con complicidades entre influyentes y poderosos que conducen a la impunidad.

Se propone además que todo contrato signado por el gobierno o alguna alcaldía y, en general, por cualquier ente público de la Ciudad, sea público tan luego como se estampen las firmas. Para eso, entre otras cosas, existe el internet. Ya nada debe mantenerse en la oscuridad y los contratos tienen que ser los instrumentos más públicos, es decir, a la vista de todos porque los pagos se hacen con el dinero de todos.

La Asamblea Legislativa no ha dado quizá los resultados que la ciudadanía esperaba pero eso se debe en parte a que no tiene las suficientes facultades ni rinde cuentas, es oscura. Sus comisiones de investigación no terminan por lo regular en algo útil ni mucho menos obligatorio; las revisiones del gasto son superficiales; las comparecencias de los servidores públicos carecen de profundidad; los jefes delegacionales siguen siendo funcionarios sueltos sin control alguno; no hay propiamente debate con el gobierno y la política presupuestal está ceñida al reparto de fondos entre grupos políticos. Además, las dietas y demás ingresos (ilegales por lo demás) que tienen los integrantes de la Asamblea Legislativa deberían disminuir y hacerse del conocimiento público.

Para que la Asamblea y el gobierno puedan cambiar de forma de ser, alcanzar la transparencia que la ciudadanía demanda y estar ligados a la gente, se requiere una reforma. Se propone que la Asamblea sea más plural, que se integre con 80 diputados y diputadas, la mitad de distrito y la mitad de lista, en la idea de bajar a dos por ciento de la votación el acceso al Poder Legislativo. También se busca aumentar las facultades legislativas y de control sobre la administración pública.

El jefe o jefa de gobierno debe presentarse en cualquier momento ante el Pleno por requerimiento o decisión propia y se debe realizar con él o ella un amplio debate anual sobre el estado de la Ciudad.

Es preciso emprender el camino hacia un gobierno colectivo. Tener depositado el Ejecutivo en una sola persona es una herencia monárquica. El gobierno debe ejercerse, como el legislativo, en forma colegiada. Por ello, se propone la creación del Consejo de Gobierno, presidido por el jefe de gobierno y con la participación de los secretarios de despacho. Las iniciativas de ley, las observaciones sobre los decretos legislativos, los proyectos de impuestos y gastos, los reglamentos y otros instrumentos de gobierno deben ser analizados y aprobados en ese Consejo. Hay que pensar que lo más probable es que ningún partido vuelva pronto a tener una mayoría absoluta en la Asamblea por lo cual es preciso abrir la puerta para la creación de un gobierno de coalición que se exprese también en una mayoría estable en el Poder Legislativo de la Ciudad.

Los secretarios de despacho serían ratificados por el Poder Legislativo, el cual podría revocar el nombramiento de cualquiera por la simple pérdida de confianza. Este mecanismo ayudaría a que los secretarios tengan el prestigio y el nivel de conocimientos que requieren sus responsabilidades y también que eviten caer en abusos o ilegalidades porque podrían ser despedidos de inmediato.

Por vez primera se propone que la Ciudad tenga un Plan de Diez Años, aprobado por la Asamblea Legislativa a propuesta del jefe de gobierno y que éste cuente con una Oficina del Plan que ayude a organizar a todo el gobierno para la consecución de los objetivos de la planeación. Mas se trata al mismo tiempo de que la ley abra la participación de la gente en la elaboración del Plan y que éste sea el instrumento que rija la política de gasto de tal manera que los fondos públicos dejen de ser objeto de reparto entre grupos. Cada año, el Plan se revisaría en la Asamblea después de un balance y de escuchar las críticas y propuestas ciudadanas.

Dentro de la política de gasto se propone que se otorgue prioridad al desarrollo del transporte eléctrico y que cada año se asigne una mayor cantidad a la ampliación del número de estaciones y por tanto de kilómetros del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Es preciso acabar con la tradición de construir línea por línea de vez en cuando. Cualquier Metro crece cada año, en alguna medida, en todas las ciudades menos en la nuestra, para llegar algún día a tener la cobertura total.

En la lucha contra la contaminación que ha vuelto a aumentar en la Ciudad se requiere una verdadera autoridad con capacidad para obligar a todo el aparato público a trabajar a favor de la aplicación de las normas. Por ello se incluye su creación en el texto mismo de la Carta Fundamental que se propone.

Dentro de la reforma administrativa destaca el sistema de las tres declaraciones que deben presentar siempre los altos funcionarios pero para los de mayor rango ésas deben ser públicas: patrimonial, fiscal y de posibles conflictos de interés.

Se busca también limitar las prerrogativas del Ejecutivo, por ejemplo, en materia de la cuantía de las multas, las que siempre deben ser fijadas por ley evitando la arbitrariedad del Ejecutivo y cuidando que no sean excesivas.

La presente propuesta inscribe los derechos fundamentales. Además, eleva a ese rango los derechos sociales como la pensión alimentaria de adultos mayores, las becas para los estudiantes, ya no sólo de bachillerato sino también de educación superior, la atención médica completa y gratuita, el subsidio a los desempleados, entre otros. También establece el derecho al agua como algo exigible, lo mismo que la vivienda para cada familia.

Debido a que el salario mínimo general es impuesto desde el gobierno federal, se propone la creación de un instrumento moral denominado salario decente, el cual sería fijado por un comité independiente creado por la Asamblea Legislativa. Cualquiera podría hacer público que tal o cual empresa o patrón paga menos que el salario decente tan sólo para que todos lo sepamos. Así, ante la falta de capacidad de la Ciudad de México para fijar el salario mínimo, como sí se tiene en otros países federativos, se trata aquí de una presión moral en favor de la elevación de los salarios.

La presente propuesta pretende también combatir viejas lacras como los contratos laborales de protección, los sindicatos fantasmas que sólo extorsionan pero no tienen miembros, entre otras. Por ello, se pretende que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo sea autónoma y vigile a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como también que pueda dar fe de todo acto relacionado con la materia del trabajo para proteger a los trabajadores, fomentar la democracia en los sindicatos y luchar contra la corrupción en los tribunales del trabajo.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad tendría nuevas facultades, entre otras la de presentar quejas ante el Tribunal Constitucional de Derechos justamente por violación de derechos fundamentales. Las recomendaciones de la Comisión que no fueran atendidas por alguna autoridad deberán discutirse mediante comparecencia de la autoridad responsable en la Asamblea Legislativa para que aquella entregue cuentas al respecto.

En lugar de delegaciones habrá pronto alcaldías en la Ciudad de México. Por mandato de la Constitución federal no habrá ayuntamientos como en todas las demás entidades federativas pero tendremos alcaldías con un alcalde y hasta 14 concejales. La presente propuesta busca dar al Concejo de cada Alcaldía facultades semejantes a las de algunos cabildos en el país: ratificar a los directores de las dependencias, aprobar el proyecto de presupuesto y vigilar su aplicación, autorizar los proyectos de ajustes presupuestarios, hacer denuncias contra funcionarios del Ejecutivo, presentar controversias contra otros órganos públicos incluyendo la Asamblea Legislativa. Todas las sesiones del Concejo de la Alcaldía deben ser públicas y todo lo que decida y actúe debe ser transparente. El propósito es contribuir a superar los vicios en la administración de las actuales delegaciones.

Nuevos derechos y nuevas formas de garantizar y hacer exigibles tales derechos son el hilo conductor de la presente propuesta.

Algunas partes de la misma afectarían intereses políticos o burocráticos, harían difícil la manera de hacer la política como ahora se hace en la Ciudad de México y en el país, presionarían a las autoridades a dar especial atención a la gente, a sus derechos, a sus necesidades y, ante todo, a recibir los mandatos de la ciudadanía surgidos de la sociedad que se pretende inicie la etapa de la propuesta popular, la fase de su desarrollo en la que pueda llevar a la práctica ideas surgidas del pueblo para su beneficio aunque no sean gratas a algunos representantes de intereses diferentes pero lesivos a la mayoría de la población.

La propuesta que ahora se presenta para redactar la nueva Constitución Política de la Ciudad de México va dirigida a la ciudadanía y, como parte de ella, a quienes serán diputados y diputadas a la Asamblea Constituyente, a las organizaciones sociales y políticas, a los medios de comunicación, a las instituciones de educación e investigación. Este es un esfuerzo constructivo que ante todo busca el debate abierto. Sería del todo conveniente que la discusión sobre los contenidos que debe tener la nueva Constitución se hiciera desde antes y no sólo después de que se instale la Asamblea Constituyente.

Ciudad de México, 18 de abril de 2016.

Pablo Gómez.

 

PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 TÍTULO PRIMERO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA NATURALEZA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 1.

  1. La Ciudad de México es una entidad federativa de los Estados Unidos Mexicanos que goza de autonomía en lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.
  2. Son ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México las mexicanas y los mexicanos mayores de 18 años originarios de la entidad o que residen en la misma.
  3. La Ciudad de México adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular.
  4. El poder público de la Ciudad de México se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sus demarcaciones territoriales son las alcaldías.
  5. La Ciudad de México ejerce su autonomía constitucional en el marco de los principios del Estado democrático y social de derecho, y de los supremos valores de libertad, justicia e igualdad.
  6. La democracia en la Ciudad de México es representativa, participativa, igualitaria y pluralista.
  7. Toda autoridad está sujeta a esta Constitución y al conjunto del ordenamiento jurídico.
  8. La seguridad jurídica se basa en los principios de certeza y legalidad que comprenden la claridad de las normas, la publicidad de las mismas, la irretroactividad de lo no favorable excepto en actos de lesa humanidad, la primacía de los derechos fundamentales y la interdicción de la arbitrariedad de las autoridades las cuales se encuentran obligadas a realizar sus actos como tales con las debidas fundamentación y motivación.

 

TÍTULO SEGUNDO

DERECHOS FUNDAMENTALES, SUS GARANTÍAS Y SUS INSTITUCIONES

CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SUS GARANTÍAS

Artículo 2.

  1. En la Ciudad de México tienen plena vigencia los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y convenciones suscritos por el Estado mexicano y las garantías de los mismos, así como aquellos incluidos en la presente Constitución.
  2. Los derechos fundamentales se caracterizan por su universalidad, interdependencia, indivisibilidad, inviolabilidad, exigibilidad y progresividad.
  3. En la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales, se otorga siempre a las personas la protección más amplia.
  4. Todas las personas son iguales ante la ley. Queda prohibida toda discriminación motivada por lugar de nacimiento, origen étnico, lengua, edad, sexo, condición de género, preferencia sexual, características físicas, estado civil, embarazo, ocupación, condición o clase social, religión, creencias, opiniones, libre asociación, inclinación política, condición de salud, discapacidad personal y cualquier otra que atente contra la dignidad individual o social, el libre desarrollo de la personalidad o los derechos y las libertades. Ningún ente público o establecimiento mercantil de cualquier género, asociación civil o de beneficencia puede discriminar a persona alguna. La ley define las infracciones y sus consecuentes sanciones.
  5. Todas las autoridades, así como las entidades de cualquier carácter que ejerzan funciones de autoridad, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales.
  6. El incumplimiento de las garantías de los derechos fundamentales se considera siempre como violación de éstos.

Artículo 3.

  1. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Se encuentran prohibidas la pena de muerte, la tortura y cualquier maltrato así como las penas y multas excesivas.
  2. Nadie puede ser privado de su libertad más que mediante orden judicial o en flagrancia de delito o falta administrativa. Al momento de la detención es obligatorio informar al detenido el motivo preciso de la misma así como el precepto normativo que se aplica. Toda incomunicación está prohibida. El detenido tiene derecho de comunicarse a través de medio idóneo, de ser presentado inmediatamente ante la autoridad correspondiente y de ser asistido por defensor o persona de su confianza. Los extranjeros tienen derecho de asistencia consular. El Ministerio Público debe presentar ante la autoridad judicial a todo inculpado dentro de las 24 horas siguientes a las de la detención. Ningún arresto administrativo podrá ser mayor de 24 horas contadas a partir de la detención.
  3. Cualquiera puede detener a una persona en flagrancia de posible delito pero es obligatorio entregarla inmediatamente a la autoridad. La privación ilegal de la libertad es considerada como un delito independiente de otros que pudieran haberse cometido al mismo tiempo o con motivo de aquella.
  4. Nadie se encuentra obligado a declarar contra sí mismo. Es ilegal e inválida en los tribunales cualquier declaración obtenida mediante coacción física o moral. La tortura es un delito grave. La grabación de comunicaciones privadas realizada en forma ilegal es inválida en cualquier procedimiento. Todo detenido y todo inculpado tiene derecho a la asistencia de un abogado o persona de su confianza.
  5. Las personas citadas como testigos en averiguación o en el proceso judicial sólo pueden ser presentadas y/o sancionadas después de tres citatorios consecutivos en días diferentes. La presentación no es una detención y no puede demorar más tiempo que el estrictamente necesario para agotar la comparecencia. El citatorio de los menores de edad se comunica tanto al citado como a alguno de sus padres o el tutor, quienes pueden acompañar en todo momento al testigo.
  6. Tiene vigencia plena el principio de presunción de inocencia. Todo inculpado tiene derecho a que se le fije fianza o caución para encarar su proceso penal en libertad. Sólo por delitos señalados en la ley, en casos de presunta reincidencia o ante un inminente peligro de fuga puede imponerse la prisión preventiva.
  7. Ninguna persona puede ser privada de sus propiedades y derechos sin juicio seguido ante tribunales competentes previamente establecidos.
  8. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones sino por virtud de orden escrita de autoridad competente en la cual se funde y motive el procedimiento. Todo cateo debe realizarse con estricto apego a las disposiciones legales. Las visitas domiciliarias de la autoridad administrativa sólo pueden realizarse para verificar el acatamiento de las normas de protección civil, establecimientos mercantiles, policía, bomberos y salubridad, siempre que tengan la autorización escrita del superior jerárquico de la dependencia u órgano facultado para realizarlas.
  9. Las intervenciones de las comunicaciones privadas sólo se pueden solicitar por parte del titular del Ministerio Público cuando se cubran a plenitud los requisitos y circunstancias previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Existe un sistema único de registro de las intervenciones y sus respectivas autorizaciones.
  10. Todo ciudadano o ciudadana puede ejercer acción penal directamente ante los tribunales cuando se trate de delitos contra su patrimonio, integridad, libertad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad y, de manera colectiva, de delitos contra el servicio público tanto de servidores públicos como de particulares, delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos, así como delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. La defensoría de oficio es auxiliar de los particulares que ejerzan acción penal y puede representarles por petición. La Fiscalía toma parte de esos procesos penales como representante social.

Artículo 4.

  1. Los derechos de libre manifestación de la ideas y de libre difusión de las mismas a través de cualquier medio son inviolables y no tienen más limitación que la difamación, la calumnia o la invasión de la intimidad personal sancionadas mediante resoluciones de autoridad judicial en las que no se puede incluir la privación de la libertad. La censura previa se encuentra absolutamente prohibida.
  2. Está garantizado el derecho a la información a través de las leyes.
  3. Todos tienen el derecho de recibir información plural, veraz y oportuna. Los medios de comunicación a cargo de los entes públicos de la Ciudad de México tienen carácter abierto, veraz, pluralista, incluyente, democrático y libre; son gestionados por organismos descentralizados bajo control parlamentario de acuerdo con la legislación.
  4. Todo servidor público está obligado a reconocer el derecho de réplica y a comportarse en consecuencia.

Artículo 5.

  1. Los derechos de reunión, petición, manifestación y protesta están garantizados y no pueden ser negados ni menoscabados por orden administrativa ni por disposición legislativa. La ley fijará solamente los cauces a través de los cuales tales derechos se ejercen libremente.
  2. A toda petición por escrito debe corresponder una respuesta también por escrito de la autoridad la cual no puede demorar más de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la presentación de aquélla. Si la autoridad que recibe la petición no es competente, corre traslado a la que considera competente o al superior jerárquico dentro del plazo de cinco días a partir del cual se aplica el plazo de los diez días hábiles para responder.
  3. El derecho de asociación está garantizado. Nadie puede ser reconvenido en forma alguna por su pertenencia a cualquier organización o grupo y ninguna puede ser prohibida.
  4. La ley garantiza la libertad de formación de sindicatos, partidos y demás organizaciones para la defensa de ideas e intereses sociales o políticos.
  5. Ninguna persona puede ser obligada a formar parte de una asociación, grupo o corporación religiosa.
  6. Es ilegal obligar a cualquiera a declarar su ideología, su religión o sus creencias.

Artículo 6.

  1. Toda ciudadana y todo ciudadano tiene derecho de votar en las elecciones y de ser elegido cubriendo las cualidades del cargo, así como a participar en las consultas populares que sean convocadas para la toma colectiva de decisiones, tanto en el ámbito de toda la Ciudad, de una o varias alcaldías o de una o varias colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales, de conformidad con la presente Constitución y la ley. El ejercicio de estos derechos sólo se puede suspender mediante resolución judicial.
  2. Todo ciudadano o ciudadana puede ocupar cualquier cargo público de elección popular o de designación si reúne las cualidades legales, excepto cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señale otra edad mínima como requisito para desempeñar exactamente tal cargo.

Artículo 7.

  1. Toda persona tiene garantizado su derecho al nombre y la identidad.
  2. El registro de nacimiento es gratuito así como la primera copia certificada del mismo.
  3. Toda persona tiene derecho a la reasignación de sexo ante el Registro Civil.
  4. Todos tienen derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos así como a manifestar su oposición. Sólo mediante resolución judicial previa se pueden autorizar excepciones exclusivamente por razones de salud pública o dentro de procedimientos de investigación de carácter político o penal.
  5. Toda persona tiene derecho a contraer matrimonio y a disolverlo.
  6. Toda persona tiene derecho a manifestar su voluntad anticipada. La ley otorga las garantías y señala los requisitos.

 Artículo 8.

  1. Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley dentro del principio de la equidad social entre unos y otras. Todo el orden jurídico se expresa, organiza y funciona conforme a esta premisa. Las políticas públicas, la política de gasto y toda la gestión administrativa se diseñan y ejercen con perspectiva de género. Esta Constitución admite la inclusión legal o reglamentaria de acciones afirmativas a favor de la participación igualitaria de las mujeres.
  2. Es obligatorio para las autoridades sin excepción asumir las funciones que les confiere la legislación tendiente a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
  3. Se consideran inconstitucionales los preceptos legales o reglamentarios, así como las órdenes y decretos administrativos, que contengan expresiones o alusiones machistas, sexistas, patriarcales o, en general, discriminatorias hacia las mujeres.

 Artículo 9.

  1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

 Artículo 10.

  1. Toda persona tiene derecho a la atención médica.
  2. Todos tienen derecho al agua para consumo humano. Ninguna autoridad o particular puede impedir u obstaculizar el suministro del agua para uso personal y doméstico ni permitir el desperdicio. El agua para consumo humano debe ser potable bajo responsabilidad de la autoridad. El Poder Legislativo otorga la más alta prioridad a las autorizaciones de egresos destinados a las obras necesarias para garantizar el suministro sustentable del agua y evitar su desperdicio.
  3. Las autoridades de la Ciudad están obligadas a impedir la desnutrición de niños, niñas, adolescentes y adultos mediante programas asistenciales alimentarios así como a través de acciones de orientación y educación.

 Artículo 11.

  1. Toda persona tiene derecho a la educación en todos sus niveles. Todo joven estudiante de educación media superior y superior, en los establecimientos públicos de la Ciudad y residente de la misma, tiene derecho a un salario en forma de beca como garantía de terminación de sus estudios. La ley otorga los medios idóneos para el ejercicio de estos derechos. El Poder Legislativo no puede disminuir en términos reales el gasto educativo de la Ciudad, incluyendo los apoyos a los estudiantes, respecto del ejercicio presupuestal del año anterior, y la autoridad administrativa está impedida para introducir recortes a ese mismo gasto durante el ejercicio anual.
  2. El sistema público de educación artística de la Ciudad es gratuito. El espacio público está disponible para la organización de actividades de promoción y difusión culturales en forma no discriminatoria y gratuita, de conformidad con la ley.
  3. Los menores de 25 años y los mayores de 65 tienen derecho a ingresar gratuitamente a las actividades artísticas y culturales a cargo del gobierno de la Ciudad. En las actividades culturales privadas, los niños, jóvenes y adultos mayores tienen derecho al descuento de ley.
  4. El sistema deportivo de la Ciudad será abierto a la participación de personas de todas las edades y sexos sin ninguna clase de discriminación.

 Artículo 12.

  1. Toda ciudadana o ciudadano tiene derecho a recibir de la Ciudad pensión alimentaria a partir de los 67 años de edad cualquiera que haya sido su condición laboral. Antes de esa edad, el mismo derecho abarca a las personas con incapacidad de incorporación al trabajo, así como aquellas que, señaladas por la ley, se encuentren en situación precaria.
  2. Toda familia tiene derecho a una vivienda en propiedad siempre que no cuente con algún otro inmueble y haya tenido residencia efectiva en la Ciudad durante el tiempo que determine la ley.
  3. El interés superior de la niñez se entiende como el deber de cuidado de niñas y niños por parte de la Ciudad así como también de sus padres, madres o tutores, y de sus maestros y maestras. La ley garantiza los derechos de niños y niñas así como el respeto a su integridad personal y su libertad. Está prohibida toda violencia física y moral contra niños y niñas por lo cual no existe en el ordenamiento jurídico ninguna justificación de malos tratos ni deber o derecho de corrección. La ley establece sanciones contra toda transgresión de esta norma.

 Artículo 13.

  1. Toda persona tiene derecho de dedicarse a cualquier actividad económica y social siendo lícita. La ley define las profesiones que requieren título profesional para ser ejercidas. La Ciudad de México reconoce los títulos profesionales expedidos en el resto de las entidades federativas.
  2. A nadie puede obligársele a prestar servicios salvo el trabajo impuesto como pena en beneficio de la víctima o en favor de la comunidad.
  3. Las funciones ciudadanas obligatorias sólo son las de elección popular, censales, jurados, electorales y del servicio de protección civil, además de las que señale la Constitución federal.

 Artículo 14.

  1. El derecho al trabajo es reconocido dentro del ordenamiento jurídico en su conjunto. El gobierno pugna por la creación de los puestos de trabajo productivo para cubrir las necesidades de la Ciudad mediante la política económica y la inversión pública. El subsidio para cubrir las necesidades familiares de los trabajadores desempleados opera hasta por un máximo de tiempo fijado en la ley.
  2. A trabajo igual corresponde salario igual sin tener en cuenta edad, origen étnico, nacionalidad, sexo, preferencia sexual, grado de instrucción, religión, creencias, preferencias políticas y cualquier otra condición o característica. Los derechos de los trabajadores señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales, así como en la presente Constitución, son derechos fundamentales, entre ellos: jornada máxima de trabajo, sistema de horas extraordinarias, descanso, indemnizaciones, protección de las mujeres embarazadas, de las madres y de los hijos, salarios mínimos, forma de pago, capacitación y adiestramiento, higiene y seguridad, seguridad social, vivienda, reparto de utilidades, protección contra el despido y los malos tratos, gratuidad de las bolsas de trabajo, sindicación, contratación colectiva, huelga y cualesquiera otros que llegaren a incorporarse en la legislación.
  3. En la Ciudad de México está prohibida la contratación de la fuerza de trabajo de los menores de 16 años. Los mayores de esa edad y menores de 18 años tienen como jornada máxima la de seis horas.
  4. El salario sólo puede tener afectación por resolución judicial.
  5. El trabajo no asalariado goza de protección de ley. Los trabajadores y trabajadoras no asalariados tienen acceso a la seguridad social.
  6. Están prohibidos los contratos laborales de protección y el registro y operación de sindicatos ficticios; la persecución de esas prácticas se realiza conforme al Código Penal y demás legislación aplicable.
  7. Los trabajadores tienen derecho a la libertad sindical y no pueden ser obligados a afiliarse a organización alguna cualquiera que sea su naturaleza jurídica o de facto. El sindicato efectivamente mayoritario administra el contrato colectivo sin menoscabo de los derechos y de la participación de los trabajadores no sindicalizados o pertenecientes a otros sindicatos. Los derechos de contratación colectiva y huelga son plenamente respetados y las autoridades otorgan las garantías para su ejercicio. Está proscrita la práctica de declarar inexistentes las huelgas las cuales sólo tienen como requisitos de licitud su carácter pacífico y su naturaleza mayoritaria.
  8. Como complemento de la garantía del salario mínimo general fijado por la Federación, la Ciudad de México señala el salario decente, el cual es un instrumento moral dirigido hacia todos los empleadores incluyendo los entes públicos de la entidad. El salario decente es fijado para cada año calendario con apego al concepto de salario mínimo contenido en la

Constitución federal así como con un programa de recuperación salarial. El salario decente es determinado por el organismo público independiente, creado por ley, cuyo consejo de dirección es designado y removido por la Asamblea Legislativa.

 Artículo 15.

  1. La Ciudad de México garantiza el esfuerzo colectivo y solidario a favor de la defensa del medio ambiente. El Ejecutivo de la entidad asume la autoridad para velar por que se cumplan las disposiciones legislativas y administrativas a través del Consejo Superior del Medio Ambiente, organismo público descentralizado con capacidad para estudiar, investigar, promover, educar, organizar, divulgar lo relacionado con la protección del ambiente, así como para aplicar las disposiciones legales en la materia e imponer sanciones, de conformidad con las regulaciones metropolitanas y nacionales. Las autoridades de seguridad pública y tránsito están obligadas a acatar las disposiciones del Consejo en todo lo concerniente a la prevención y aplicación de sanciones.
  2. Toda persona está dotada de plena capacidad para presentar quejas y denuncias por infracciones a las disposiciones sobre el medio ambiente, las cuales deberán ser atendidas de inmediato por las autoridades sin más requisito que el testimonio personal.
  3. La legislación protege el derecho de todos a una Ciudad libre de contaminación visual y auditiva, y previene, disuade y establece sanciones para los infractores.

 Artículo 16.

  1. La Ciudad garantiza los derechos de los pueblos y comunidades indígenas establecidos en la Constitución federal y en la presente Carta.
  2. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena las que se encuentran asentadas en un territorio y así se declaran libremente.
  3. Es integrante de un pueblo indígena toda persona que así se declara.
  4. La ley garantiza el derecho de las comunidades indígenas para:

 a)       Contar con órganos de autoridad propios con funciones de carácter administrativo y libremente elegido de conformidad con el método democrático y según lo dispone la ley.

b)     Decidir sus formas de convivencia y organización política.

c)     Aplicar sistemas normativos propios en la regulación de conflictos internos en el marco del respeto a los derechos fundamentales establecidos en la presente Constitución.

d)     Defender  sus  instituciones, costumbres y lenguas.

  1. El cambio de uso de suelo en los pueblos, colonias y barrios donde se encuentran total o parcialmente asentadas las comunidades indígenas no puede ser resuelto por la Asamblea Legislativa sin su aprobación previa en consulta popular vinculante efectuada de acuerdo con la presente Constitución. Esta misma disposición aplica para toda obra pública de vialidad.
  2. La ley señala los ejidos y/o comunidades agrarias que son declaradas zonas electorales y por tanto gozan de una representación propia en el concejo de la alcaldía. La elección se lleva a cabo en la forma establecida en la ley de la materia.

 Artículo 17.

  1. El derecho a la movilidad es garantizado a través de las leyes y reglamentos, así como mediante la acción de la autoridad.
  2. Toda persona tiene derecho a la movilidad según el orden de prelación siguiente:
  3. Quienes se mueven por su propio cuerpo y quienes lo hacen en silla de ruedas.
  4. Quienes se mueven en bicicleta.
  5. Quienes se mueven en transporte colectivo.
  6. Quienes se mueven en transporte exclusivo.
  7. Nadie está autorizado para obstruir la movilidad de las personas que lo hacen por su propio cuerpo o en silla de ruedas salvo por motivos de protección civil debidamente supervisados por la autoridad competente. En consecuencia, está prohibido construir obstáculos a esta movilidad.
  8. La mayor prioridad de la Ciudad se ubica en el desarrollo del transporte colectivo eléctrico.
  9. Está estrictamente prohibida la concesión o permiso, abiertos o simulados, para uso exclusivo de la vía pública por vehículos estacionados. Sólo la Ciudad puede cobrar derecho de uso de estacionamiento de vehículos en la vía pública y los ingresos correspondientes se utilizan exclusivamente en el mantenimiento y mejoramiento de las mismas vialidades y espacios públicos adyacentes tanto para vehículos como para personas.
  10. La vía pública de la Ciudad no puede ser concesionada. Los ingresos por el cobro de derechos provenientes de concesiones para construir vías operadas total o parcialmente por particulares, son empleados exclusivamente en la construcción de nuevos tramos del Sistema de Transporte Colectivo-Metro.
  11. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México asigna cada año una cantidad siempre creciente en términos reales para la construcción de nuevos tramos del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, en adición a los recursos señalados en el numeral anterior.
  12. Al rendir la cuenta pública, el Ejecutivo informa de manera detallada los avances en la construcción de tramos adicionales del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, así como el crecimiento del resto del transporte eléctrico. Al tiempo, informa sobre las aportaciones del gobierno federal al crecimiento de esos mismos sistemas.

 Artículo 18.

  1. Es un derecho de todos y todas el de la planeación participativa de la Ciudad.
  2. Esta Constitución y la ley establecen un sistema de planeación en el que toman parte los ciudadanos y ciudadanas, así como los y las menores de edad, mediante consultas y otros instrumentos participativos de propuesta y decisión.

 

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SUS INSTITUCIONES

SECCIÓN PRIMERA

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE DERECHOS

Artículo 19.

1. El Tribunal Constitucional de Derechos de la Ciudad de México es órgano especializado del Poder Judicial que protege derechos fundamentales y sus garantías. Sus resoluciones son vinculantes. Durante sus procedimientos no puede suspender cautelarmente normas generales. El Tribunal conoce y resuelve:

a)     Quejas en contra de actos y disposiciones generales posiblemente contrarios a los derechos fundamentales.

b)     Acciones de inconstitucionalidad contra normas generales.

c)     Controversias entre entes públicos sobre la constitucionalidad de los actos y disposiciones generales de los mismos.

d)     Denuncias de responsabilidad política.

e)     Convocatoria a consultas populares incluyendo el procedimiento tendiente a la revocación de mandato.

Artículo 20.

  1. Los ciudadanos y ciudadanas pueden presentar quejas en contra de actos y disposiciones generales de autoridad administrativa o de los decretos del Poder Legislativo que presumiblemente sean contrarios a los derechos fundamentales contenidos en la presente Constitución con excepción de la materia electoral. Es incompatible con la queja la interposición de un recurso ante los tribunales federales, así como ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por la misma causa por parte de uno o varios de los mismos recurrentes.
  2. El requisito para la presentación de las quejas señaladas en el numeral anterior es el de treinta mil firmas de ciudadanas y ciudadanos que formen parte del Padrón Electoral de la Ciudad cuando se trata de actos u omisiones del Ejecutivo o el Legislativo, y de dos mil cuando se trata de una alcaldía. El plazo para presentar estos recursos es el de 90 días naturales a partir de la publicación o aplicación del acto, norma o disposición impugnada.
  3. La Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México puede presentar quejas contra actos administrativos del Poder Ejecutivo o de las alcaldías presumiblemente contrarias a los derechos fundamentales.

Artículo 21.

  1. Las acciones de inconstitucionalidad tendrán por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la presente Constitución, con excepción de la materia electoral. Se pueden ejercitar dentro de los 60 días naturales a partir de la publicación de la norma, por:

a)     El diez por ciento de los integrantes de la Asamblea Legislativa.

b)     El jefe de gobierno.

c)     La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México contra normas generales que presumiblemente vulneren derechos fundamentales.

d)     La Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México contra normas generales presumiblemente contrarias a derechos de los trabajadores.

 Artículo 22.

  1. El Tribunal Constitucional de Derechos resolverá las controversias constitucionales que se susciten entre:

a)     El Ejecutivo y el Legislativo.

b)     El Ejecutivo y una alcaldía.

c)     El Legislativo y una alcaldía.

d)     Una alcaldía y otra.

e)     Un órgano autónomo constitucional y el Ejecutivo.

f)      Un órgano autónomo constitucional y una alcaldía.

Artículo 23.

  1. Las resoluciones del Tribunal Constitucional de Derechos tienen carácter general y no hay contra ellas recurso alguno. Las resoluciones del Tribunal sobre quejas, recursos de inconstitucionalidad y controversias constitucionales requieren el voto aprobatorio de cinco magistrados y magistradas.
  2. El Tribunal no admite recursos de inconstitucionalidad o controversias constitucionales que hubieran sido admitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando alguno de los recursos admitidos en el Tribunal Constitucional de Derechos es admitido posteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquél dicta de inmediato el sobreseimiento.

Artículo 24.

  1. Cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho de presentar denuncia de responsabilidad política ante el Tribunal Constitucional de Derechos bajo las reglas contenidas en la presente Constitución.

Artículo 25.

  1. Las consultas populares directas son de tres modalidades: plebiscito, referéndum y revocación de mandato.

a)     El plebiscito es la consulta previa para la expedición de normas o reglas, o para llevar a cabo acciones de gobierno.

b)     El referéndum es la consulta posterior sobre normas o reglas ya en vigor, o para mantener o cancelar acciones de gobierno.

c)     La revocación de mandato es el procedimiento para decidir si se mantiene o es revocado un cargo ejecutivo de elección popular.

  1. No podrán someterse a consulta popular la restricción de derechos fundamentales y de derechos de ciudadanía, las contribuciones incluyendo sus reglas, bases y tasas, las normas de fiscalización de los diversos ámbitos públicos y privados, el financiamiento público, el presupuesto de egresos de la Ciudad de México con todos sus anexos ni la designación de personas
  2. Las consultas populares se realizan por petición de:

a)     El Poder Ejecutivo.

b)     El Poder Legislativo.

c)     Un concejo de Alcaldía, solamente para consultas dentro de la propia demarcación territorial o de alguna o algunas colonias, barrios, pueblos, unidades habitacionales o cualquiera otro conglomerado urbano o rural con continuidad geográfica.

d)     La ciudadanía.

e)     La revocación de mandato sólo podrá ser por petición popular mediante solicitud del número de ciudadanos señalado en la presente Constitución.

  1. El Tribunal Constitucional convoca a consulta luego de agotar el siguiente procedimiento:

a)     Recibir solicitud acompañada de una sucinta explicación del motivo y de la propuesta de pregunta o preguntas, las cuales nunca podrán ser más de tres sobre el mismo tema.

b)     Aceptar la materia de la consulta propuesta. La resolución de este punto no admite recurso alguno. En caso de rechazo se interrumpe total y definitivamente el procedimiento.

c)     En su caso, remitir las firmas al órgano encargado del padrón electoral para verificar autenticidad y cantidad.

d)     El Tribunal fija la o las preguntas pudiendo modificar el texto de la o las propuestas que vinieran acompañando la solicitud con el propósito de asegurar su claridad pero sin afectar el contenido.

e)     En el procedimiento de revocación de mandato, el Tribual diseña la boleta con la cual se emitirá el sufragio.

  1. Durante el procedimiento de consulta popular no procede la suspensión de normas generales.
  2. El Tribunal Constitucional de Derechos podrá resolver la suspensión de acciones de gobierno en curso, sólo por petición del solicitante de la consulta, cuando la continuidad de las mismas pudiera lesionar derechos fundamentales de manera irreparable o, cuando el rechazo de la acción de gobierno sobre la que se consulta pudiera traducirse en un daño económico irrecuperable de inmediato para la Ciudad.
  3. Las consultas abiertas a la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas se realizan el día de la jornada electoral. Aquellas consultas que abarquen zonas determinadas de la Ciudad se llevan a cabo en la fecha que determina el Tribunal tomando en cuenta la naturaleza del tema pero siempre antes o durante la jornada electoral.
  4. La consulta es organizada por la autoridad electoral competente y los tribunales son los señalados por la legislación en la materia, bajo las leyes aplicables.
  5. Para que el resultado de la consulta sea vinculante se requiere que participen al menos el 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores correspondiente. El Tribunal Constitucional de Derechos hace la declaratoria respectiva tan luego como se validen los resultados por parte de las autoridades electorales competentes.
  6. La ley de la materia garantiza a plenitud el ejercicio del derecho ciudadano a la consulta popular.

Artículo 26.

  1. El Tribunal Constitucional de Derechos de la Ciudad de México funciona en pleno. Se compone de siete magistrados y magistradas que son nombrados en la Asamblea Legislativa por mayoría de dos tercios de sus integrantes, previa convocatoria abierta, de conformidad con las normas que al respecto consigna la Ley Orgánica de la Asamblea.
  2. Los requisitos para ser magistrado del Tribunal Constitucional de Derechos son:

a)     Tener la ciudadanía mexicana con residencia efectiva en la Ciudad de México no menor de seis años.

b)     Contar con título profesional de licenciado en derecho con una antigüedad mínima de cinco años.

c)     No haber sido condenado por delito doloso.

d)     No haber sido sancionado por falta administrativa grave.

e)     No haber sido candidato a un puesto de elección popular en los cinco años anteriores a la fecha de la convocatoria.

  1. No puede haber más de cuatro integrantes del mismo sexo.
  2. Las magistradas y magistrados duran en su cargo nueve años y no hay reelección. Cuando se produce una vacante, la Asamblea Legislativa nombra sin demora, previa convocatoria abierta, a un nuevo magistrado o magistrada para un periodo de nueve años.
  3. El sueldo de los magistrados no puede ser disminuido durante su encargo. Luego de la terminación de su periodo, los magistrados gozan de una pensión durante los siguientes nueve años consistente en la mitad de su último sueldo en términos reales.
  4. Durante el tiempo de su desempeño los magistrados no pueden tener ningún otro empleo con excepción de los no remunerados de carácter docente o de investigación. Durante los dos años posteriores a su separación, los magistrados no pueden desempeñar funciones en el servicio público ya sea por elección o por designación.
  5. El Tribunal Constitucional de Derechos cuenta con una Sección de Investigaciones cuyo titular es nombrado por el Pleno del mismo para un periodo de nueve años pudiendo reelegirse una vez, goza de independencia y tiene autonomía en sus indagatorias y decisiones. Los requisitos para ser investigador o investigadora en jefe son los mismos que para ser magistrado o magistrada. La Sección de Investigaciones realiza las pesquisas y presenta proyectos al Pleno del Tribunal en relación con las quejas que hubieran sido admitidas por éste. Goza de las prerrogativas que tiene el Ministerio Público para realizar averiguaciones, puede hacer comparecer a cualquier persona otorgando las garantías legales y obtener de las autoridades toda clase de documentos e informes que se requieran para el debido desahogo de sus actuaciones. El titular de la Sección de Investigaciones puede ser removido por el pleno del Tribunal por causa grave y mediante el procedimiento definido en la ley. El personal de la Sección de Investigaciones forma parte del servicio de carrera del Tribunal.
  6. La ley organiza al Tribunal Constitucional de Derechos como parte del Poder Judicial de la Ciudad de México, pero su proyecto de presupuesto en enviado para su integración directamente al jefe de gobierno.
  7. Los magistrados y magistradas son sujetos de juicio político.

Sección Segunda

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 27.

  1. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es un organismo independiente de los poderes públicos y de todo otro ente, constituido para la defensa, promoción y desarrollo de los derechos humanos. Goza de personalidad y patrimonio propios.
  2. Cualquiera puede recurrir en queja a la Comisión, la cual está obligada a indagar lo necesario con el propósito de analizar y ponderar los hechos y presentar las recomendaciones pertinentes no vinculantes. No son materia de la Comisión las resoluciones del Poder Judicial ni los temas electoral y de consultas populares.
  3. La Comisión está facultada para investigar posibles violaciones graves de los derechos humanos por petición del Ejecutivo, el Legislativo o por decisión propia.
  4. La Comisión está autorizada para presentar denuncias políticas, penales, civiles y administrativas contra autoridades y otras personas que ejerzan funciones de autoridad por violación de derechos fundamentales. Puede también presentar recursos de inconstitucionalidad contra normas generales, así como controversias constitucionales por actos y disposiciones generales, ante el Tribunal Constitucional de Derechos.
  5. Toda autoridad está obligada a responder sin demora directamente y en forma pública las recomendaciones de la Comisión. La transgresión de esta norma implica responsabilidad administrativa o política.
  6. Las recomendaciones de la Comisión no atendidas total o parcialmente por la autoridad a la cual vayan dirigidas son enviadas por la misma Comisión a la Asamblea Legislativa, a efecto de que ésta haga comparecer en breve lapso al titular de la dependencia de que se trate con el propósito de discutir su renuencia o negativa. En dichas comparecencias puede intervenir el presidente o presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos o quien lo represente.
  7. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tendrá un presidente o presidenta que durará en su encargo siete años con posibilidad de una reelección. La Asamblea Legislativa hará el nombramiento a dos tercios de sus integrantes conforme al procedimiento señalado en la Ley Orgánica de la propia Asamblea, la cual contendrá, entre otros elementos:

a)     El carácter público y ampliamente difundido de la convocatoria, así como los métodos precisos para propiciar la participación ciudadana en el proceso.

b)     Los mecanismos de participación de las organizaciones civiles de derechos humanos e instituciones de educación, a través de propuestas razonadas.

c)     Las comparecencias públicas de los aspirantes.

d)     Las deliberaciones públicas de los legisladores antes del nombramiento.

  1. Para ser presidente o presidenta de la Comisión se requiere:

a)     Tener la nacionalidad mexicana y estar en ejercicio de sus derechos de ciudadanía.

b)     Contar con título profesional.

c)     Tener residencia efectiva en la Ciudad de México desde seis años anteriores a la fecha de la convocatoria.

d)     No haber sido condenado por delito intencional.

e)     Tener experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos.

f)      Tener obra publicada en la materia.

g)     No haber sido dirigente de algún partido o candidato a cargo de elección popular en los cinco años anteriores al nombramiento.

  1. La Comisión cuenta con un Consejo Interno que es presidido por el presidente o presidenta de la Comisión y cuyas funciones son:

a)     Recibir informe mensual de las actividades de la Comisión por parte de la Presidencia de la misma.

b)     Aprobar los reglamentos internos de la Comisión a propuesta de la Presidencia.

c)     Adoptar recomendaciones para el mejor funcionamiento de la Comisión.

d)     Decidir sobre la presentación de denuncias por parte de la Comisión.

e)     Aprobar las asignaciones presupuestales internas de la Comisión, a propuesta de la Presidencia.

f)      Las demás especificadas en la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

10. El Consejo Interno de la Comisión se compone de siete integrantes de los cuales no podrá haber más de cuatro del mismo sexo. Son nombrados por la Asamblea Legislativa, mediante convocatoria pública, por dos tercios de los legisladores presentes, para un periodo de siete años pudiendo ser reelegidos por una sola vez. Los requisitos para ser miembros del Consejo son:

a)     Ser de nacionalidad mexicana.

b)     Contar con conocimientos en la materia.

c)     Tener residencia efectiva en la Ciudad seis años antes de la expedición de la convocatoria.

d)     No haber sido condenado por delito intencional.

e)     No haber sido servidor público en cargo de confianza durante los dos años anteriores a la fecha de designación.

f)      No ser ministro de culto.

11.  El cargo de miembro del Consejo es honorífico.

Sección Tercera

DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 28.

  1. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México es el organismo especializado autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que garantiza los derechos de acceso a la información pública y protege los datos personales. Funciona conforme a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Cuenta con autonomía técnica, de organización interna y de gestión, así como para el ejercicio de su presupuesto anual.
  2. El Instituto conoce los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier ente público, partido con financiamiento local, fideicomiso y fondo público, y de personas físicas y morales, incluidos sindicatos, que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la Ciudad de México.
  1. Las resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
  2. La ley define las medidas de apremio así como los requisitos, plazos, procedimientos y demás trámites.
  3. El Instituto cuenta con una Junta de Gobierno compuesta por cinco vocales, de los cuales sólo tres pueden ser del mismo sexo, designados en la Asamblea Legislativa por mayoría de dos tercios de sus integrantes, la cual señala por la misma mayoría al vocal presidente o presidenta de la Junta.
  4. Los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto son nombrados para un periodo de siete años y pueden ser reelectos por otro periodo igual.
  5. Los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto son sujetos de juicio político.
  6. Las vacantes son cubiertas por la Asamblea Legislativa con el procedimiento normal y las designaciones se hacen para todo el periodo de siete años.
  7. El desacato de las resoluciones del Instituto implica responsabilidad administrativa o política.

Artículo 29.

  1. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México es un organismo público con personalidad y patrimonio propios que goza de autonomía en el desempeño de sus funciones de conformidad con su ley orgánica y es independiente del gobierno, los demás poderes públicos y toda otra entidad pública o privada.
  2. Las funciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo abarcan las de asesorar, representar, interponer recursos, denunciar posibles delitos, dar fe pública dentro de controversias relacionadas con sindicación, registros sindicales, tomas de nota, recuentos, así como la supervisión del desempeño de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
  3. La Procuraduría está investida de fe pública para todos los asuntos relacionados con las relaciones laborales, los conflictos en la materia y el derecho del trabajo. Los tribunales y demás autoridades están obligados a reconocer su calidad de fedataria.
  4. La Procuraduría funciona bajo el principio de máxima publicidad.
  5. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México designa al procurador o procuradora por mayoría de dos terceras partes de sus integrantes, previa convocatoria, para un periodo de siete años pudiendo tener una sola reelección. La vacante es cubierta de inmediato por la Asamblea Legislativa previa convocatoria. La ley señala al funcionario que se encarga del despacho mientras se hace la nueva designación.
  6. Para ser procurador o procuradora se requiere:

a)     Tener la ciudadanía mexicana y vigentes sus derechos de ciudadanía.

b)     Poseer título de licenciado en derecho con antigüedad mínima de cinco años.

c)     Tener experiencia en la materia de derecho laboral.

d)     Tener residencia efectiva en la Ciudad durante los últimos seis años a la fecha de la convocatoria.

e)     No haber sido condenado por delito intencional.

f)      No haber sido servidor público con cargo de confianza durante los últimos cinco años a la fecha de la convocatoria.

  1. La Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México establece la estructura y mecanismos a través de los cuales la institución lleva a cabo sus funciones.
  2. Todo servidor público de la Ciudad está obligado a informar por escrito a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo cuando sea requerido. La inobservancia de esta disposición implica responsabilidad administrativa o política.

TÍTULO TERCERO

DEL SISTEMA POLÍTICO

 CAPÍTULO PRIMERO

DE LA CIUDADANÍA

 Artículo 30.

  1. Todo ciudadano y ciudadana de la Ciudad de México tiene derecho a intervenir en los asuntos políticos de la entidad.
  2. Los derechos y prerrogativas de los ciudadanos y ciudadanas sólo se pierden o suspenden mediante resolución de autoridad judicial en los términos del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  3. Ningún servidor público podrá discriminar a las personas que no sean ciudadanas de la Ciudad de México y en su trato jamás se hará distinción alguna.
  4. Nunca será requisito formal o de hecho ser ciudadano o ciudadana de la Ciudad de México para tener acceso a algún servicio público o para obtener un empleo o comisión en el servicio público que no sea de elección popular.
  5. Esta Constitución es el único ordenamiento de la Ciudad de México que establece requisitos de ciudadanía.

Artículo 31.

  1. La ciudadanía tiene derecho a iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
  2. Las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México tienen derecho a formar partidos políticos locales, así como otras asociaciones, para tomar parte en la lucha política. La ley garantiza este derecho y provee las normas para la creación y registro de tales agrupaciones políticas en el marco de la legislación federal aplicable. Los partidos políticos nacionales tienen derecho a postular candidatos a los cargos de elección popular de la Ciudad de México.
  3. Los partidos políticos locales tienen derecho al financiamiento público de la Ciudad conforme ley. Los partidos políticos nacionales tienen derecho a ese mismo financiamiento cuando cumplen con el requisito de haber obtenido en la Ciudad al menos el dos por ciento de la votación emitida con exclusión de los votos nulos.
  4. Está garantizado el derecho al voto pasivo.
  5. Está garantizado que ciudadanos sin partido obtengan registro como candidatos independientes a cargos de elección popular siempre que cumplan con los requisitos legales.

Artículo 32.

  1. Todos tienen derecho a ser informados sobre los asuntos de carácter público.
  2. Los entes públicos están obligados a respetar el principio de máxima publicidad en el marco de la protección legal de los datos personales y de aquellos legalmente reservados en procedimientos de investigación.
  3. Toda entidad pública, o persona física o moral que reciba para su ejercicio o manejo recursos públicos, se encuentra obligada a informar sistemáticamente a las autoridades competentes y a la ciudadanía.

 

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL PODER PÚBLICO

 Artículo 33.

  1. El poder público de la Ciudad de México se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
  2. No se pueden reunir dos o más poderes en una misma persona o corporación ni se puede depositar el legislativo en uno o varios individuos sin ser elegidos para ello directamente por la ciudadanía.
  3. Las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México contarán con órganos administrativos denominados alcaldías, cuyas funciones y estructura se encuentran establecidas en la presente Constitución.

 

CAPÍTULO TERCERO

DEL PODER LEGISLATIVO

SECCIÓN PRIMERA

DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO

 Artículo 34.

  1. El Poder Legislativo se deposita en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
  2. La Asamblea Legislativa se integra por ochenta diputados y diputadas, elegidos cada tres años, de los cuales cuarenta se eligen por votación mayoritaria relativa en distritos electorales uninominales y cuarenta según el principio de representación proporcional mediante el sistema de una sola lista plurinominal.
  3. El Instituto Nacional Electoral determina la demarcación de los 40 distritos electorales.
  4. La elección de los 40 diputados según el principio de representación proporcional está sujeta a las siguientes bases:

a)     Para obtener el registro de su lista de candidatos cada partido debe acreditar que participa con candidatos a diputados y diputadas por mayoría relativa en los 40 distritos electorales.

b)     Todo partido que alcance al menos el dos por ciento de la votación válida emitida para la lista plurinominal tiene derecho a que se le asignen curules según el principio de representación proporcional.

c)     Al partido que cumpla con las dos bases anteriores se le asignan diputados y diputadas de representación proporcional de acuerdo con el orden de los mismos en la lista correspondiente.

d)     Ningún partido puede contar con más de 53 diputados por ambos principios.

e)     En ningún caso, un partido puede tener un número de diputados por ambos principios que represente un porcentaje del total de la Asamblea que exceda en ocho puntos su propio porcentaje de la votación emitida, sin contar solamente los nulos y los candidatos no registrados, a menos de que sólo por su número de diputados y diputadas de mayoría relativa rebase la señalada sobrerrepresentación máxima permitida.

f)      Ningún partido cuenta con menos diputados que su porcentaje obtenido de la votación emitida, sin contar solamente nulos y candidatos no registrados, menos ocho puntos porcentuales.

g)     Las diputaciones que falten de ser asignadas mediante el sistema de cociente natural se distribuyen a través del método de resto mayor.

  1. En las candidaturas en los distritos electorales tienen suplente del mismo sexo.
  2. La falta del o de la titular es cubierta por el o la suplente desde el cierre definitivo de los registros hasta el término de la legislatura. En elección extraordinaria, cada partido postula persona del mismo sexo que en el anterior proceso electoral.
  3. Los partidos registran en veinte distritos electorales uninominales a candidatas y en el resto a candidatos. Para ello, los partidos dividen los distritos electorales en tres grupos según el rango de porcentaje que hubieran alcanzado en la elección inmediata anterior y cada grupo se divide en partes iguales a efecto de aplicar la norma de género.
  4. En las listas plurinominales, por cada candidata o candidato hay inmediatamente un candidato o candidata, de tal forma que cada partido cuenta con una mitad de cada sexo.
  5. La suplencia de los candidatos y candidatas así como de los diputados y diputadas de las listas plurinominales se lleva a cabo mediante el corrimiento de la lista dividida en sexos, de tal manera que siempre se respete la regla de género y cada suplencia sea del mismo sexo.

 Artículo 35.

  1. Para ser diputado o diputada se requiere:

a)     Tener la ciudadanía de la Ciudad de México por lo menos seis meses antes del día de la elección. La residencia no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección o designación.

b)     No estar en servicio activo en las instituciones militares ni tener mando en la policía al menos seis meses antes de la elección.

c)     No tener otro empleo, cargo o comisión en el servicio público de la Ciudad, la Federación o cualquier Estado a partir del día anterior al de la protesta como legislador.

d)     El jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México no puede ser diputado o diputada durante todo el periodo de su mandato aunque se separe definitivamente del cargo.

  1. Las diputadas y diputados a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México pueden ser reelegidos hasta por cuatro periodos consecutivos siempre que la postulación sea realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos de la coalición que los hubiere postulado salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

 Artículo 36.

  1. El organismo electoral competente declara la validez de la elección; otorga las constancias de mayoría; y hace la asignación de curules según el principio de representación proporcional.
  2. La función jurisdiccional es ejercida por parte de los tribunales competentes de conformidad con el sistema de medios de impugnación en materia electoral.

Artículo 37.

  1. Los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México son inviolables en las opiniones que manifiesten durante el periodo en que se encuentran ejerciendo su encargo y jamás pueden ser reconvenidos por ellas. El presidente de la Asamblea vela por el respeto a la inmunidad parlamentaria.
  2. El recinto en el que sesiona la Asamblea y todos los edificios destinados oficialmente a su funcionamiento son inviolables. La fuerza pública no puede intervenir en ellos sin el permiso del presidente o presidenta de la Asamblea.
  3. Las diputadas y diputados a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México no pueden desempeñar ningún empleo o comisión por los cuales se disfruten sueldo sin licencia de la Asamblea, pero en tal circunstancia cesan en sus funciones representativas mientras dura la nueva ocupación. La misma regla se aplica a los y las suplentes cuando están en ejercicio. La infracción de esta disposición es castigada inmediatamente con la pérdida del carácter de diputado o diputada, la cual será resuelta directamente por la propia Asamblea con audiencia del inculpado o inculpada.

 Artículo 38.

  1. La Asamblea no puede abrir sesiones ni ejercer funciones sin la concurrencia de por lo menos cuarenta y un legisladores y legisladoras.
  2. En caso de falta de quórum en una segunda ocasión consecutiva, la mayoría de los presentes convoca a los ausentes para un día y hora determinados y si nuevamente no concurre la mayoría requerida se convoca para el día natural siguiente a los suplentes de los legisladores y legisladoras de mayoría relativa y a quienes sigan en la lista en lo tocante a los y las de representación proporcional. Si el o la convocada no concurre, se declara de inmediato la vacante y se procede conforme a esta Constitución.
  3. Es obligatorio concurrir a las sesiones plenarias y de comisiones de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Toda ausencia injustificada conduce sin excepción alguna a una sanción económica la cual no puede ser menor al equivalente al de tres días de dieta.
  4. Las vacantes de las diputadas y diputados por mayoría relativa se cubren mediante convocatoria a elecciones por parte de la propia Asamblea. Las vacantes de integrantes elegidos por el principio de representación proporcional se cubren corriendo la lista respectiva bajo la invariable aplicación de la norma de género.
  5. Se entiende que los diputados y diputadas que falten a las sesiones plenarias de la Asamblea en más de cinco ocasiones sucesivas sin justificante médico o sin previa licencia del pleno de la misma renuncian a concurrir durante el resto del tiempo de la legislatura.

 Artículo 39.

  1. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México trabaja durante todo el año. Las vacaciones de los legisladores y legisladoras se fijan en las normas internas pero no pueden abarcar en total más de 60 días naturales al año.
  2. En todo momento, aun durante los periodos de asueto o vacacionales, la Asamblea puede ser convocada a sesiones por parte de la Mesa Directiva, la cual nunca recesa.
  3. La Asamblea sesiona en el recinto designado para ello de manera permanente, pero puede trasladarse a otro lugar exclusivamente cuando no hay garantías de seguridad o por inhabilitación física del recinto, a petición escrita de la mayoría absoluta de sus integrantes.
  4. Fuera de los periodos vacacionales, la Asamblea no puede dejar de sesionar por más de dos días hábiles continuos.
  5. La Asamblea sesiona obligatoriamente el día señalado para realizar el debate sobre la Ciudad con la presencia del jefe de gobierno, bajo las siguientes estipulaciones:

a)     El jefe de gobierno pronuncia un mensaje sobre la situación de la Ciudad y la política de su gobierno.

b)     Los grupos parlamentarios intervienen en orden de mayor a menor.

c)     Después de cada intervención de grupo parlamentario, el jefe de gobierno responde durante el mismo tiempo, luego de lo cual se puede producir una contrarréplica de parte del diputado o diputada hasta por la mitad del tiempo de su intervención inicial.

d)     Cada grupo parlamentario realiza una intervención final.

e)     El jefe de gobierno pronuncia un discurso de cierre del debate.

f)      Las normas permanentes internas de la Asamblea definen el tiempo de las intervenciones.

  1. La Asamblea debate obligatoriamente en pleno el informe anual sobre la gestión del Poder Ejecutivo que presenta cada año el jefe de gobierno, y, en comisiones, analiza los informes de los secretarios despacho y otros altos servidores públicos.
  2. La Asamblea puede citar al jefe de gobierno y a cualquier secretario de despacho, director, mando superior en la administración pública o alcalde a comparecer cuando deba discutirse un asunto relevante. La concurrencia de los servidores públicos es obligatoria y, previamente, éstos deben protestar decir verdad.
  3. El jefe de gobierno puede concurrir por decisión propia e intervenir en el pleno de la Asamblea para tomar parte de la deliberación en términos reglamentarios.
  4. Los secretarios de despacho y directores de organismos descentralizados pueden concurrir a sesiones de comisiones cuando se discute un proyecto e intervenir en términos reglamentarios.
  5. El reglamento de la Asamblea se rige por los principios de certeza, apertura, libertad en la deliberación, orden, respeto y normas fijas. La Asamblea no está autorizada para modificar al caso regulaciones sobre discusiones o debates en el pleno o en comisiones. Toda reforma o adición de la norma interna requiere el proceso legislativo constitucional y legal.
  6. Todos los grupos parlamentarios tienen presencia en los órganos de gobierno de la Asamblea mediante el sistema de votación ponderada. Los grupos parlamentarios con mayor número tienen acceso a la Mesa Directiva.

 Artículo 40.

  1. La dieta de cada legislador y legisladora es la remuneración única, igual e irrenunciable, que no comprende bonos, prestaciones, premios, estímulos, primas, vales, comisiones, compensaciones, pago de seguros o de impuestos, ni cualquier otro añadido en dinero o en especie. Las dietas son señaladas en forma transparente y accesible en el presupuesto anual. Todo gasto adicional a la dieta, exclusivamente para el desarrollo de funciones concretas de representación, es puntualmente comprobado tanto en su autorización como en su erogación. Están prohibidos los gastos en alimentación fuera de los edificios legislativos.
  2. La transgresión de estas disposiciones o su elusión por simulación implican responsabilidad política, administrativa, civil y penal.

Sección Segunda

DE LA FORMACIÓN DE LAS LEYES

Artículo 41.

  1. Toda resolución de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México tiene el carácter de ley o decreto y se comunica al Ejecutivo con la firma del presidente de la Asamblea y un secretario de la Mesa Directiva.
  2. La Ley Orgánica de la Asamblea y su reglamento, así como los decretos para su organización, administración y funcionamiento, no requieren promulgación del Ejecutivo.

Artículo 42.

  1. El derecho de iniciar leyes o decretos corresponde a:

a)     El jefe de gobierno de la Ciudad de México.

b)     Los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa.

c)     Los concejos de las alcaldías por mayoría de dos tercios de sus integrantes.

d)     Los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de México en número equivalente, al menos, al cero punto diez por ciento de los inscritos en el padrón electoral de la entidad.

  1. Las normas permanentes internas de la Asamblea definen el trámite que deberá dársele a las iniciativas y proposiciones, así como la elaboración de dictámenes y el modo de proceder en las discusiones y debates.
  2. La legislación interna de la Asamblea norma el trámite preferente de las iniciativas de ley o decreto, las cuales son los proyectos provenientes de:

a)     El jefe de gobierno, hasta tres iniciativas por año calendario.

b)     Los grupos parlamentarios, hasta una iniciativa por año calendario.

c)     Todas las iniciativas ciudadanas.

  1. Las iniciativas preferentes deben ser discutidas y votadas en el pleno de la Asamblea en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de su presentación o ingreso. Si tres días antes de cumplido el plazo no hay dictamen, la iniciativa con proyecto de ley o decreto se debe discutir y votar en la sesión próxima siguiente directamente en el pleno de la Asamblea Legislativa. Los días y periodos de asueto o vacacionales no interrumpen el plazo.

Artículo 43.

  1. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México envía al jefe de gobierno, para su promulgación y publicación, las leyes y decretos debidamente aprobados. El jefe de gobierno cuenta con diez días naturales para cubrir ambos trámites excepto cuando tiene observaciones notificadas a la Asamblea antes de la conclusión de dicho plazo.
  2. Si no tiene observaciones, el jefe de gobierno procede sin demora a realizar la promulgación y publicación respectiva. Si no lo hace en los 15 días naturales siguientes al vencimiento del plazo original de los diez días antes señalado, el presidente de la Asamblea debe ordenar la publicación. Si la Gaceta se niega a publicarla, el presidente de la Asamblea ordena su publicación a través de cualquier medio y se surten de esa forma los requisitos constitucionales y legales.
  3. El Ejecutivo no puede hacer observaciones a las leyes y decretos en materia fiscal, de financiamiento, del presupuesto de egresos y al resultado de la revisión de la cuenta pública, ni cuando la Asamblea nombra, elige, selecciona o confirma algún cargo, o resuelve en materia de sanciones, remociones o responsabilidad política contra cualquier servidor público. Tampoco las puede hacer a las convocatorias a elecciones y consultas populares.
  4. Cuando el jefe de gobierno tiene observaciones, regresa la ley o decreto a la Asamblea junto con las modificaciones textuales y precisas que aquél juzga pertinentes.
  5. La comisión dictaminadora presenta un nuevo dictamen en un plazo no mayor de 30 días naturales, y:

a)     Si la Asamblea aprueba las modificaciones propuestas por el jefe de gobierno, envía al Ejecutivo el proyecto para su inmediata promulgación y publicación.

b)     Si la Asamblea aprueba sólo una parte de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo o mantiene igual el texto original mediante una mayoría de dos tercios de sus integrantes presentes, envía al Ejecutivo el proyecto para su promulgación y publicación. Cuando el Ejecutivo se demora por más de quince días naturales, el presidente de la Asamblea procede de acuerdo con lo señalado en el numeral 2 del presente artículo.

c)     Si por mayoría absoluta, la Asamblea mantiene su proyecto inicial o sólo admite algunas de las propuestas del Ejecutivo, el presidente de aquella procede, inmediatamente y sin excusa, a tramitar el procedimiento de plebiscito ante el Tribunal Constitucional de Derechos de la Ciudad de México para que la ciudadanía vote sobre la última versión del proyecto de la Asamblea.

Sección Tercera

DE LAS FACULTADES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Artículo 44.

  1. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México ejerce facultades de legislación, de control político, de jurado y de revisor de la presente Constitución. Además, presenta iniciativas al Congreso de la Unión y vota los proyectos de decreto de adición o reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  2. Las facultades de legislación son:

a)     Imponer las contribuciones. Las leyes fiscales serán de vigencia indefinida; la Asamblea podrá expedir adiciones y reformas en cualquier momento. En la ciudad de México no hay exención de impuestos ni de derechos; las multas fiscales no son condonables ni conmutables.

b)     Recibir, discutir, enmendar y modificar el proyecto de presupuesto anual, al cual se integra el proyecto de presupuesto de cada alcaldía, enviado por el jefe de gobierno, y expedir el decreto de Presupuesto General de Egresos de la Ciudad de México, así como aprobar las modificaciones posteriores al mismo.

c)     Aprobar el financiamiento de la Ciudad de México de conformidad con los procedimientos, normas y criterios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las operaciones de financiamiento sólo pueden autorizarse para conversión de deuda y para obras que directamente generan ingresos a la Ciudad.

d)     Expedir la ley de planeación y la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público de la Ciudad de México.

e)     Expedir la Ley Orgánica de la Administración Pública y legislar sobre todo lo relacionado con la misma, incluyendo las alcaldías, así como la legislación de transparencia y propaganda de las entidades públicas de la Ciudad.

f)      Expedir la legislación sobre responsabilidades administrativas y políticas de los servidores públicos, así como de responsabilidad patrimonial de la Ciudad de México.

g)     Expedir la ley de remuneraciones de los servidores públicos sujetándose a las bases establecidas en el artículo 127 de la Constitución federal y en la presente Constitución.

h)     Expedir la legislación orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.

i) Legislar sobre educación, cultura, patrimonio artístico y cultural de la Ciudad, profesiones, registro civil, notariado, archivos, cultura física y deporte.

j) Conceder y garantizar la autonomía otorgada a las instituciones de educación superior de la Ciudad creadas por ley de la propia Asamblea. k) Legislar en las materias penal, civil, mercantil y laboral.

l) Legislar en materias de protección civil, seguridad pública, justicia cívica, administración y procuración de justicia, combate a la corrupción, prevención y combate a la violencia. Expedir la ley orgánica de la fiscalía de la Ciudad de México. m) Expedir la legislación electoral. n) Expedir la ley de participación ciudadana y consultas populares.

o)Expedir leyes a favor de la niñez y para garantizar sus derechos.

p) Legislar en materia de protección del ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, contaminación visual y auditiva, asentamientos humanos, reservas territoriales, uso del suelo, agua, drenaje, desechos sólidos, iluminación, movilidad, tránsito, patrimonio inmobiliario, monumentos, parques y jardines. q) Legislar sobre establecimientos mercantiles, espectáculos, turismo, cementerios.

r) Expedir la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.

s) Expedir la ley orgánica de la Auditoría de la Ciudad de México.

t) Expedir las leyes de los órganos autónomos y organismos descentralizados de la Ciudad de México.

u) Legislar sobre todas las materias que tenga la Ciudad a su cargo en forma directa o concurrente de conformidad con la legislación federal.

v) Expedir leyes para hacer efectivas las facultades conferidas por esta Constitución a los demás poderes y órganos autónomos de la

Ciudad de México, así como para garantizar los derechos fundamentales y de ciudadanía. w) Las demás conferidas por la presente Constitución.

  1. Las facultades de control son:

a)     Revisar la Cuenta Pública de la Ciudad de México la cual abarca los ingresos y el gasto anual de todos los entes públicos. La Asamblea expide cada año un decreto de balance político del cumplimiento de las disposiciones de ingresos, la política de financiamiento y los programas incluidos en el decreto de presupuesto de egresos.

b)     Aprobar el Plan decenal. Expedir cada año un decreto de balance de la aplicación del PLAN y sus ajustes o modificaciones.

c)     Ratificar a los miembros del Consejo de Gobierno a propuesta del jefe de gobierno.

d)     Elegir o designar a los servidores públicos señalados en la presente Constitución y en las leyes.

e)     Citar a comparecer al jefe de gobierno y los mandos superiores de la administración pública y organismos descentralizados, así como a los alcaldes y alcaldesas.

f)      Autorizar la creación, objeto y funcionamiento de todo fideicomiso o mecanismo de administración de fondos públicos.

g)     Integrar comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés general de la Ciudad, incluyendo el funcionamiento de los entes públicos, excepto los tribunales y órganos autónomos. Estas comisiones tienen las facultades suficientes para investigar y hacer comparecer a personas; las autoridades les prestan todas las facilidades; sus integrantes están comprometidos a guardar sigilo los datos reservados por la misma comisión hasta el momento de la presentación de sus conclusiones.

h)     Las demás conferidas por esta Constitución y las leyes.

  1. Las facultades de jurado son:

a)     Dictar resolución inatacable en juicio político contra los sujetos del mismo.

b)     Remover a los miembros del Consejo de Gobierno y demás funcionarios señalados por esta Constitución.

c)     Retirar de manera inatacable la inmunidad constitucional de altos servidores públicos.

d)     Las demás conferidas por esta Constitución.

 Artículo 45.

  1. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada por la Asamblea Legislativa mediante decreto aprobado con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.
  2. Las adiciones o reformas constitucionales no admiten iniciativas preferentes ni dispensa de trámites de ninguna naturaleza. Entre la primera y la segunda lecturas del dictamen correspondiente deben transcurrir al menos quince días naturales.
  3. Con la misma mayoría, la Asamblea Legislativa está facultada para aprobar un proyecto de adiciones o reformas constitucionales sujeto a plebiscito, en cuyo caso tales reformas o adiciones entran en vigor después de la declaratoria de su aprobación en dicha consulta popular.
  4. El contenido de los artículos transitorios de los decretos de reformas y adiciones a la Constitución Política de la Ciudad de México son normas ordinarias y no forman parte del texto constitucional.
  5. Las adiciones y reformas a la presente Constitución no requieren promulgación del Ejecutivo. La Asamblea Legislativa hace la declaratoria formal y su presidente ordena desde luego su publicación.

CAPÍTULO CUARTO

DEL PODER EJECUTIVO

 Artículo 46.

  1. El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México se deposita en el jefe o jefa de gobierno.
  2. El jefe o jefa de gobierno tiene a su cargo la administración pública de la entidad en los términos y bajo las condiciones señaladas en la presente Constitución.
  3. El jefe o jefa de gobierno se elige en votación universal, directa, libre y secreta, y no puede durar en su encargo más de seis años.
  4. Quien haya sido jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, elegido o designado, bajo esa denominación o cualquier otra, no puede volver a serlo en ningún caso y por ningún motivo ya sea por elección, interino, provisional, sustituto, encargado del despacho o cualquier otro.
  5. Además de lo señalado en el numeral anterior, para ser jefe o jefa de gobierno se requiere:

a)     Ser ciudadano o ciudadana de la entidad en ejercicio pleno de sus derechos políticos.

b)     Haber residido efectivamente en la Ciudad al menos durante los seis años inmediatamente anteriores al día de la elección.

c)     No haber sido sentenciado por delito doloso.

d)     No ser secretario o subsecretario en el Ejecutivo local o federal a menos que se separe seis meses antes del día de la elección.

e)     No tener mando en instituciones militares o policiales a menos que se separe del cargo seis meses antes del día de la elección.

 Artículo 47.

  1. La jefa o jefe de gobierno entra a ejercer su encargo el 5 de diciembre y dura en su desempeño seis años. Rinde protesta ante la Asamblea Legislativa, pero cuando esto no es físicamente posible, lo hace ante la Mesa Directiva de la misma o, en ausencia o negativa de ésta, ante el presidente del Tribunal Constitucional de Derechos. El jefe o jefa de gobierno presta la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México, así como las leyes que de éstas emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de (jefe) (jefa) de gobierno que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Ciudad de México; si así no lo hiciera, que la ciudadanía me lo demande”.
  2. La falta absoluta de jefe o jefa de gobierno es cubierta por quien nombre de inmediato la Asamblea Legislativa, constituida en colegio electoral para ese solo propósito.
  3. Si la falta absoluta ocurre durante los dos primeros años del periodo, la Asamblea Legislativa nombra a un jefe o jefa de gobierno con carácter de interino y convoca de inmediato a elección, la cual debe llevarse a cabo en un plazo no menor de cinco ni mayor de siete meses. El o la elegida sólo cubrirá el tiempo restante del periodo constitucional.
  4. Si la falta absoluta ocurre durante los últimos cuatro años, la Asamblea Legislativa nombra a un jefe o jefa de gobierno con carácter de sustituto para completar el periodo constitucional de seis años.
  5. Si al iniciarse un periodo constitucional la elección no ha sido declarada o hay falta absoluta, la Asamblea Legislativa procede a la elección del jefe o jefa de gobierno interino y convoca a la nueva elección.
  6. Las votaciones de la Asamblea como colegio electoral son secretas.
  7. Las licencias del jefe o jefa de gobierno, hasta por 30 días naturales, concedidas por la Asamblea Legislativa, serán cubiertas por el secretario de gobierno. Las licencias no pueden ser concedidas sino hasta pasados seis meses de la anterior. Si la falta temporal se convierte en absoluta, se procede de conformidad con el presente artículo.
  8. Sólo la Asamblea Legislativa puede aceptar la renuncia del jefe o jefa de gobierno, exclusivamente por causa grave a juicio de la misma.
  9. La jefa de gobierno o el jefe de gobierno puede ausentarse de la Ciudad hasta por siete días naturales consecutivos haciendo público con antelación el motivo y el propósito.

Sección Primera

DEL FUNCIONAMIENTO DEL PODER EJECUTIVO

 Artículo 48.

  1. La administración pública de la Ciudad de México es centralizada, descentralizada y paraestatal de conformidad con la ley.
  2. El Poder Ejecutivo cuenta con las secretarías de despacho que señala la legislación, al frente de cada una de las cuales hay un secretario o secretaria de despacho con plena responsabilidad en el ramo que le corresponda.
  3. Para ser secretario o secretaria de despacho así como director general de organismo descentralizado o empresa paraestatal se requiere:

a)     Ser ciudadano o ciudadana de la Ciudad de México en el ejercicio pleno de sus derechos y haber residido en la misma durante los últimos seis meses.

b)     No tener otro cargo o comisión de la Federación, la Ciudad de México o en algún estado o municipio, excepto los no remunerados de carácter docente o de investigación.

c)     No tener actividad profesional libre a menos de que se separe de su ejercicio al momento de su nombramiento.

d)     No haber sido condenado por delito doloso ni encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública en la Federación, entidad federativa o municipio.

e)     Hacer públicas en la víspera de asumir el cargo las declaraciones que señala esta Constitución para los mandos superiores y medios de la administración.

  1. El desempeño de secretario de despacho o director general de organismo descentralizado o empresa paraestatal es incompatible con cualquier otra actividad por la que se devengue un salario o remuneración diferente al del encargo, con excepción de pensiones y jubilaciones.
  2. En la víspera de la asunción del cargo, estos servidores públicos hacen públicas las tres declaraciones exigidas por esta Constitución para los mandos superiores y medios. Las declaraciones posteriores también son públicas y siempre pueden ser consultadas en red.

 Artículo 49.

  1. Los secretarios y secretarias de despacho son nombrados por el jefe de gobierno y ratificados y removidos por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
  2. El Asamblea ratifica a los secretarios mediante mayoría absoluta de sus integrantes. En caso de no reunirse dicha mayoría, se realiza una segunda votación dentro de los siguientes cinco días naturales y la ratificación tiene lugar siempre que los votos en favor sean más que los votos en contra sin contar las abstenciones y las ausencias.
  3. En la víspera de la protesta del jefe de gobierno, éste presenta a la Asamblea una lista completa de secretarios y secretarias. La Asamblea sólo puede votar en su conjunto la lista mediante la regla de hasta dos votaciones señalada en el numeral anterior. Si el conjunto de nombramientos es rechazado en la segunda votación, el jefe de gobierno cuenta con diez días naturales para presentar una nueva lista. Mientras, los despachos correspondientes quedan a cargo de quien define la ley.
  4. Las vacantes de secretario o secretaria son cubiertas mediante nombramiento del jefe de gobierno dentro de los 15 días naturales siguientes, luego de lo cual la Asamblea dispone de cinco días naturales para votar la ratificación conforme a lo señalado en el presente artículo.
  5. Las remociones de secretario o secretaria se adoptan por mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Legislativa, entran en vigor de inmediato y tienen carácter de inatacables.

 Artículo 49.

  1. Cuando el jefe de gobierno anuncia la formación de una coalición de gobierno, da a conocer las bases político-programáticas de la misma.
  2. Al tiempo de lo señalado en el numeral anterior, el jefe de gobierno envía a la Asamblea Legislativa la lista completa de secretarios y secretarias para su trámite constitucional. El plazo para votar en la Asamblea la ratificación es de cinco días naturales.

 Artículo 50.

  1. El Consejo de Gobierno es la forma de organización colegiada de la administración pública de la Ciudad de México. Se integra por todos los secretarios y secretarias de despacho así como por aquellos directores generales de organismos descentralizados y de empresas paraestatales que señala la ley. Es presidido por el jefe de gobierno. Sus acuerdos se adoptan por mayoría y con la aprobación del jefe de gobierno.
  2. Las funciones del Consejo de Gobierno son:

a)     Aprobar los proyectos de iniciativa de ley o decreto que el Ejecutivo presente a la Asamblea Legislativa.

b)     Aprobar las observaciones del Ejecutivo a las leyes y decretos expedidos por la Asamblea Legislativa.

c)     Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos que el Ejecutivo deba presentar a la Asamblea Legislativa, así como los ajustes al decreto de presupuesto que la ley autorice realizar al propio Ejecutivo.

d)     Aprobar el proyecto de monto anual de endeudamiento neto que el Ejecutivo presente a la consideración del órgano legislativo competente, definiendo el objeto de dicho endeudamiento en los términos señalados por la Constitución de la Ciudad de México.

e)     Expedir los reglamentos y decretos para la estricta observancia en la esfera administrativa de las leyes de la Asamblea Legislativa.

f)      Fijar los precios y tarifas de bienes y servicios del sector público que tenga legalmente a su cargo el Ejecutivo.

g)     Expedir su propio reglamento interno.

h)     Las demás que siendo de la competencia del Ejecutivo son puestas a su consideración por parte del jefe de gobierno.

Sección Segunda

DE LAS FACULTADES DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 51.

  1. El Poder Ejecutivo promulga las leyes y decretos expedidas por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México bajo las normas contenidas en la presente Constitución.
  2. El Poder Ejecutivo de la Ciudad publica, cumple y hace cumplir la legislación federal en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  3. El Poder Ejecutivo puede presentar observaciones a las leyes y decretos expedidos por la Asamblea Legislativa, en los plazos y bajo las condiciones señaladas en la presente Constitución.
  4. El Poder Ejecutivo tiene facultad para:

a)     Expedir los reglamentos y demás instrumentos reglamentarios para hacer efectivas, en la esfera administrativa, las leyes y decretos expedidos por la Asamblea Legislativa y demás legislación aplicable. El monto de las multas siempre será materia de ley.

b)     Presentar las iniciativas de leyes fiscales que sean necesarias para cubrir el presupuesto.

c)     Presentar el proyecto de Plan o de sus modificaciones y el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Ciudad de México.

d)     Presentar la Cuenta de la Hacienda Pública de la Ciudad.

e)     Nombrar a los secretarios de despacho y enviar los nombramientos a la Asamblea Legislativa.

f)      Remover libremente a los secretarios de despacho.

g)     Designar y remover libremente a los subsecretarios y directores de las dependencias de la administración pública centralizada, a los directores de las entidades descentralizadas y paraestatales, así como a los servidores públicos cuyo nombramiento no se encuentre determinado de otra forma en la presente Constitución y las leyes.

h)     Expedir los nombramientos de los servidores públicos conforme a las leyes, lo que puede ser asignado a los mandos superiores de la administración pública.

i)      Las que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

j)      Las demás expresamente conferidas en la presente Constitución.

CAPÍTULO QUINTO

DE LAS ALCALDÍAS

Artículo 52.

  1. Para efectos de la organización político administrativa, el territorio de la Ciudad de México se divide en demarcaciones al frente de cada cual hay una alcaldía.
  2. Las alcaldías son órganos de gobierno.
  3. Es facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México determinar el número, los límites geográficos y los nombres de las demarcaciones. No hay al respecto recurso jurisdiccional ni procede consulta popular.

 Artículo 53.

  1. Las alcaldías se componen de un alcalde y catorce concejales.
  2. Para ser alcalde, alcaldesa o concejal se requieren los mismos requisitos que para ser diputado o diputada, pero se debe ser residente efectivo de la alcaldía o zona electoral, respetivamente, al menos en los últimos tres años anteriores a la elección.
  3. Los alcaldes, alcaldesas y concejales son elegidos mediante votación universal, libre, directa, secreta para un periodo de tres años a partir del primero de octubre del año de la elección.
  4. Los alcaldes, alcaldesas y concejales podrán ser reelegidos consecutivamente para un periodo adicional siempre que los postule el mismo partido o alguno de los partidos de la coalición que les hubiere postulado en la elección inmediata precedente, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad del mandato.

 Artículo 54.

  1. El alcalde o alcaldesa es quien encabeza la lista más votada de concejales de representación proporcional o el candidato independiente que obtenga mayoría relativa de votos.
  2. Los concejales son elegidos de la siguiente manera:

a)     Uno por cada una de las nueve zonas electorales mediante votación mayoritaria relativa;

b)     Cinco mediante el principio de representación proporcional en una sola circunscripción.

  1. Por cada candidato a concejal hay un suplente del mismo sexo.
  2. Para que un partido registre candidatos de lista plurinominal requiere tener candidatos y candidatas registradas en las nueve zonas electorales.
  3. Cada partido postula cinco candidatos o candidatas uninominales del mismo sexo.
  4. Cada partido postula tres candidatos o candidatas del mismo sexo de manera alternada en su lista plurinominal.

 Artículo 55.

  1. La asignación de concejales de representación proporcional a los partidos políticos se realiza mediante el sistema de asignación directa, cociente natural y resto mayor.
  2. Ningún partido puede contar con más de nueve concejales, incluyendo al alcalde, por ambos principios.
  3. Ningún partido puede contar con un número mayor de concejales en total, incluyendo al alcalde, que exceda en más de ocho por ciento el porcentaje de su votación, después de restar exclusivamente los votos nulos y los emitidos por candidatos no registrados.
  4. La asignación directa se hace al partido que por su número de mayorías pudiera llegar a tener, con el reparto plurinominal, más del 60 por ciento de los concejales o más del ocho por ciento respecto de su votación, incluyendo al alcalde, en cuyos casos se les asigna sólo la cantidad suficiente de concejales de representación proporcional para completar el máximo señalado en los numerales 2 y 3 anteriores.
  5. Para la determinación del cociente natural, del total de votos emitidos se restan los votos nulos, a favor de los candidatos no registrados, a favor de los candidatos independientes, a favor del partido que se encuentra en las previsiones de los numerales 2 y 3 del presente artículo y a favor de aquellos partidos que no alcanzan al menos el dos por ciento de la votación total emitida; la cantidad resultante se divide entre el número de consejerías disponibles a repartir. A cada partido se le asignan tantos concejales como veces sea contenido en su votación el cociente natural entero.
  6. Si después de la asignación por cociente natural hay lugares que repartir, se aplica el método de resto mayor.

 Artículo 56.

  1. Para ser registrado como candidato o candidata independiente al cargo de alcalde o alcaldesa se requiere contar con los requisitos de elegibilidad y el apoyo de al menos el uno por ciento de los ciudadanos y ciudadanas registradas en el padrón electoral de la demarcación correspondiente.
  2. Para ser registrado como candidato o candidata independiente al cargo de concejal se requiere contar con los requisitos de elegibilidad y el apoyo de al menos el uno por ciento de los ciudadanos y ciudadanas registradas en el padrón electoral de la zona electoral correspondiente.

 Artículo 57.

  1. Las alcaldías tienen competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en materias de:     gobierno,administración,     asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes.
  2. El ejercicio de tales atribuciones se realiza siempre de conformidad con las leyes y demás disposiciones normativas aplicables en cada materia y respetando las asignaciones presupuestales.
  3. Las alcaldías administran su propio presupuesto pero requieren autorización de la Asamblea Legislativa para realizar ajustes o reasignaciones. En el trámite legislativo correspondiente, la Asamblea consulta la opinión del jefe de gobierno.
  4. Las alcaldías no pueden replicar programas sociales que estén a cargo del gobierno de la Ciudad.
  5. El sistema de verificación será centralizado a cargo del gobierno de la Ciudad.

 Artículo 58.

  1. Los alcaldes tienen bajo su responsabilidad directa las siguientes atribuciones:

a)     Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Carta, las leyes federales y de la Ciudad de México, así como de los derechos fundamentales y de ciudadanía integrados en el orden jurídico.

b)     Dirigir la administración pública bajo el principio de legalidad y máxima transparencia.

c)     Prestar los servicios públicos atribuidos por la ley y realizar obras contenidas en el presupuesto y demás disposiciones aplicables.

d)     Participar en la prestación de servicios o realización de obras con otras alcaldías y con el gobierno de la Ciudad conforme las disposiciones presupuestales y de carácter administrativo aplicables.

e)     Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes y reglamentos dentro de su esfera competencial.

f)      Participar en las tareas de seguridad pública y protección civil.

g)     Designar a los servidores públicos de la alcaldía con sujeción a las disposiciones de la legislación laboral y del Servicio Civil de Carrera. Los servidores públicos de confianza, mandos medios y superiores, son designados y removidos libremente por el alcalde, pero el nombramiento de los directores se somete al acuerdo del Concejo.

h)     Las demás que les otorgan esta Constitución, las leyes y reglamentos.

 Artículo 59.

  1. Si llegado el día y la hora de la toma de posesión, la elección no está hecha y calificada o el elegido o elegida no se presenta, la Asamblea Legislativa designa un alcalde o alcaldesa para todo el periodo constitucional.
  2. Las ausencias del alcalde, autorizadas por el Concejo, de menos de 30 días naturales, son cubiertas por el servidor público que señala la ley. Si la ausencia se excede de ese límite se convierte en permanente y la Asamblea Legislativa designa al sustituto hasta la terminación de periodo constitucional.

No pueden autorizarse más de dos licencias consecutivas ni más de tres en un año.

 Artículo 60.

  1. Los concejos son los órganos colegiados representativos que norman la política de la Alcaldía.
  2. El Concejo de cada Alcaldía es presidido con voz y voto por el alcalde y funciona de conformidad con el reglamento interno expedido por la Asamblea Legislativa.
  3. El Concejo siempre sesiona en público. Tiene las siguiente funciones:

a)     Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la Alcaldía para ser enviado al jefe de gobierno a efecto de su integración y presentación ante la Asamblea Legislativa. El proyecto de presupuesto se confecciona incluyendo los ingresos por participaciones federales a favor de la demarcación, los impuestos locales y los derivados de la prestación de servicios a su cargo, así como el monto máximo presupuestal para la Alcaldía y los tabuladores de sueldos previamente definidos por la propia Asamblea.

b)     Proponer directamente a la Asamblea Legislativa reasignaciones del presupuesto de la Alcaldía.

c)     Aprobar el otorgamiento y revocación, en su caso, de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones que tenga a su cargo la Alcaldía, observando las leyes y reglamentos aplicables.

d)       Ratificara los directores de la administración pública de la alcaldía propuestos por el alcalde.

e)     Supervisar la administración pública en su conjunto.

f)      Evaluar las acciones de gobierno y el ejercicio presupuestal.

g)     Citar a comparecer, bajo protesta de decir verdad, a cualquier servidor público de la Alcaldía.

h)     Presentar recursos constitucionales, quejas y denuncias a través del alcalde.

i)      Otorgar licencia para que el alcalde se ausente hasta por 29 días naturales.

j)      Las demás conferidas por la presente Constitución.

 

CAPÍTULO SEXTO

DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO

Artículo 61.

  1. El jefe o jefa de gobierno y los alcaldes son sujetos del procedimiento de revocación de mandato.
  2. La consulta popular sólo puede llevarse a cabo antes del término del segundo año de gestión en cuanto a alcaldes y antes de que se cumpla la mitad del mandato en el caso del jefe de gobierno.
  3. Pueden solicitar la consulta ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de México con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a)     Que la solicitud se acompañe de las firmas del diez por ciento de los ciudadanos y ciudadanas registrados en el padrón electoral correspondiente con el número de la clave de elector.

b)     Que las firmas se presenten al menos cinco meses antes de los términos señalados en el numeral 2 del presente artículo.

c)     Que los firmantes cuenten con un comité común y único que les represente a todos ante la autoridad a la que debe hacerse la solicitud y que la integración nominal del mismo conste en el formato de recolección de las firmas.

d)     Que el motivo principal de la revocación solicitada sea pública y conste en el formato de recolección de las firmas.

e)     Que no exista una solicitud previa en el mismo sentido respecto del mismo servidor público.

  1. La solicitud se presenta ante el Tribunal Constitucional de Derechos, el cual resuelve en forma inatacable sobre su procedencia.
  2. La verificación de las firmas y la organización del proceso está a cargo de la autoridad electoral.
  3. Las reglas de la consulta, incluyendo la propaganda, son las señaladas en la ley.

 Artículo 62.

  1. La consulta de revocación es válida si a ella concurren al menos el 40 por ciento de los ciudadanos y ciudadanos registrados en el padrón electoral correspondiente.
  2. El Tribunal Constitucional de Derechos hace la declaratoria tan luego como son validados los resultados por parte de las autoridades electorales competentes.
  3. Si el resultado indica la revocación del mandato, se separa de inmediato al servidor público del cargo y se procede según las reglas señaladas en la presente Constitución.
  4. Si el resultado indica la permanencia en el cargo, no se puede presentar otra solicitud de revocación dentro del periodo para el cual fue elegido el servidor público.

 

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 63.

  1. La administración pública de la Ciudad de México, sus demás poderes, sus órganos autónomos y todo otro ente público conforman una organización al servicio de la sociedad regida por la presente Constitución y la ley. Ninguna costumbre puede considerarse como norma ni imponerse desde dentro o fuera de los entes públicos.
  2. Todo servidor público debe desempeñar sus funciones con lealtad a la sociedad a la que se debe como tal con pleno respeto al orden jurídico, en especial los derechos fundamentales. Al asumir el empleo, cargo o comisión los servidores públicos rinden la protesta de ley, la cual es considerada como un compromiso legal y moral reclamable en cualquier procedimiento ulterior.
  3. La administración pública abarca el gobierno de la Ciudad, los organismos desconcentrados, descentralizados y paraestatales, los fideicomisos públicos y las alcaldías.
  4. Los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos y todo otro ente público se encuentran regidos por las normas administrativas señaladas en la presente Constitución, leyes y reglamentos.

Artículo 64.

  1. El Plan de la Ciudad de México es decenal con ajustes anuales en metas y objetivos, fijados de conformidad con el grado de cumplimiento y la disponibilidad de recursos presupuestarios. Cada año, los resultados cualitativos y cuantitativos del Plan son informados ampliamente a la ciudadanía por parte del gobierno junto con el proyecto de protocolo de ajuste y los métodos a través de los cuales se deben realizar las consultas para la aprobación o modificación de dicho protocolo. La Asamblea Legislativa garantiza el cumplimiento de esta disposición.
  2. El Plan comprende, entre otros temas, la política de desarrollo urbano, la inversión pública, el mejoramiento y extensión de los servicios, los programas sociales y la promoción del bienestar de la población.
  3. Dentro de la estructura del Poder Ejecutivo existe la Oficina del Plan directamente dependiente del jefe de gobierno, la cual tiene a su cargo las funciones señaladas en la ley de la materia y aquellas otras que deba asumir por disposición gubernativa o legislativa.
  4. El jefe de gobierno presenta el proyecto de Plan.
  5. El Plan es evaluado y ajustado por la Asamblea antes de la terminación de cada año calendario.
  6. La ley de la materia norma los procedimientos y la participación en la planeación de los ciudadanos y ciudadanas así como de asociaciones y organizaciones de la sociedad.

 Artículo 65.

  1. Ningún servidor público de la Ciudad de México puede recibir una remuneración mayor que la señalada en el correspondiente nivel escalafonario integrado en el Presupuesto de Egresos o en el decreto legislativo correspondiente, con sus componentes fijos y variables. Todo pago en dinero o en especie, incluyendo aguinaldos, gratificaciones, dietas, bonos, compensaciones, primas de seguros y otros riesgos, y toda otra forma, con excepción de los gastos propios del trabajo sujetos a puntual comprobación contable, forma parte de la remuneración del servidor público.
  2. Ningún servidor público tiene capacidad para determinar por oficio u orden verbal alguna remuneración ni para aumentarla o disminuirla.
  3. No se conceden ni se cubren jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que se encuentren autorizados por ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Son nulos todos aquellos concedidos en el pasado al margen de la ley.
  4. Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos.
  5. La Asamblea Legislativa expide la ley de remuneraciones que abarca todos los entes públicos de la Ciudad de México con excepción de las instituciones autónomas de educación superior.
  6. Está prohibido simular remuneraciones mediante contratos de prestación de servicios, pago de honorarios y otras formas semejantes.
  7. Ninguna persona puede simultáneamente tener dos empleos o cargos de carácter público con la misma actividad, función u horario.
  8. Los cargos de elección popular tienen una remuneración única e irrenunciable exactamente definida en el Presupuesto.
  9. La ley prescribe como delito el incumplimiento o la elusión por simulación del contenido del presente artículo.

 Artículo 66.

  1. No puede hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o autorizado en decreto legislativo posterior.
  2. Los recursos públicos de la Ciudad de México se administran con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Todo ingreso y todo gasto es fiscalizado por parte de las dependencias que la ley señala y por la Auditoría de la Ciudad de México.
  3. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de bienes, prestación de servicios y contrataciones de obras se adjudican a través de licitaciones abiertas mediante convocatorias públicas. Sólo excepcionalmente, cuando la ley lo permite, es posible restringir las licitaciones con el objeto de alcanzar condiciones inmejorables para la hacienda pública, bajo la estricta responsabilidad de los servidores públicos que así lo decidan. Todo contrato en el que interviene algún ente público de la Ciudad es público desde el momento de su firma.
  4. La creación de fideicomisos y otros administradores de fondos públicos, aun cuando operen en combinación con entidades privadas, es autorizada invariablemente por la Asamblea Legislativa y se encuentra bajo la inspección de la Contraloría.
  5. Ningún ente público en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, alcaldías, organismos descentralizados y entidades paraestatales, así como órganos autónomos y cualquier otro organismo o dependencia de la Ciudad de México puede retener recursos presupuestales o ingresos propios después de terminado el ejercicio anual. Todo remanente de operación debe ser remitido a la Tesorería. Está prohibido de igual forma a todo ente público realizar inversiones financieras a plazo. Los intereses devengados de los depósitos de recursos líquidos de la Ciudad deben ser invariablemente enterados a la Tesorería. La ley precisa las sanciones por la transgresión de estas normas.
  6. La ley prescribe como delito y como responsabilidad administrativa o política el uso de recursos públicos a favor de precandidatos, candidatos, partidos o asociaciones políticas registradas y sin registro. Todo servidor público puede ejercer sus derechos políticos a plenitud mientras lo haga fuera de las horas de trabajo y sin usar bienes públicos de cualquier naturaleza.
  7. La propaganda que difunden como tales los entes públicos de la Ciudad de México es regulada por ley y está incluida en el Presupuesto, abierta al escrutinio público, identificada plenamente y nunca pueden en ella aparecer nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Están prohibidos los pagos para presentar publicidad o propaganda como noticia en cualquier medio de comunicación, así como las recompensas o bonos a favor de comunicadores. Ningún ente público puede pagar publicidad de personas o entidades no públicas. La legislación define el régimen de sanciones por incumplimiento de este precepto.

 Artículo 67.

  1. La ley determina el sistema de reconocimiento, localización, preservación y uso de los bienes de dominio público de la Ciudad de México.
  2. El patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México está protegido por la ley.
  3. Las instalaciones de las entidades federales o dependientes de la Federación en la Ciudad de México se encuentran bajo la responsabilidad exclusiva de la entidad federal correspondiente. La Ciudad asume por convenio o solicitud el cuidado y la preservación del patrimonio federal existente en la Ciudad de México.
  4. Los bienes de dominio público se encuentran libres de gravámenes locales sobre la propiedad y el uso del suelo o el espacio pero sólo cuando están destinados inmediata y exactamente a su propósito.

 

CAPÍTULO OCTAVO

DE LA AUDITORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 68.

  1. La Auditoría de la Ciudad de México es un organismo especializado de carácter independiente de los poderes públicos, que cuenta con personalidad y patrimonio propios, encargado de la fiscalización superior de los ingresos y gastos públicos de la Ciudad de México y de la revisión cualitativa de la Cuenta Pública. Las funciones de la Auditoría se realizan con base en los principios rectores de profesionalismo, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, certeza y probidad.
  2. La Asamblea Legislativa expide la Ley Orgánica de la Auditoría, la cual no puede ser devuelta con observaciones por parte del jefe de gobierno ni requiere promulgación del mismo.
  3. La Auditoría tiene plena capacidad para revisar todo lo relativo a los ingresos y al ejercicio de los recursos de toda entidad pública de la Ciudad de México, así como de los particulares que cuenten con subsidio o financiamiento de la Ciudad, para lo cual revisa, audita, investiga e inquiere asumiendo facultades conferidas al Ministerio Público en dichas materias. La Auditoría puede citar y hacer comparecer cuando haya negativa a cualquier servidor público de la ciudad así como a particulares vinculados con el manejo de ingresos o egresos públicos de la Ciudad. La Auditoría puede realizar visitas domiciliarias con el fin de revisar documentos, papeles y archivos necesarios para la realización de sus investigaciones siempre que lo haga en dependencias de carácter público de la Ciudad de México y bajo los protocolos legales. El gobierno de la Ciudad presta el auxilio requerido por la Auditoría en el ejercicio de sus funciones.
  4. La Auditoría de la Ciudad de México está facultada para presentar denuncias ante el Ministerio Público y también para ejercer acción penal ante los tribunales y actuar en los procesos penales.
  5. La Auditoría puede fincar responsabilidades e imponer sanciones administrativas contra servidores públicos de conformidad con la legislación aplicable y observando el debido proceso.
  6. La Asamblea Legislativa puede ordenar una vez al año a la Auditoría la realización de un programa de revisiones, auditorías u otras indagatorias.

 Artículo 69.

  1. La Auditoría de la Ciudad de México cuenta con un Concejo de Auditores compuesto por tres miembros designados en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México con el voto de dos tercios de sus integrantes, para un periodo de nueve años, permitiéndose una sola reelección. La Asamblea señala con la misma mayoría al presidente o presidenta del Concejo de Auditores. No podrá haber más de dos auditores del mismo sexo.
  2. Los auditores son sujetos de juicio político.
  3. Para ser auditor miembro del Concejo se requiere:

a)     Tener la ciudadanía mexicana y residencia en la Ciudad durante los seis años anteriores a la convocatoria.

b)     Contar con título profesional.

c)     Tener experiencia laboral de al menos cinco años en materia de control, fiscalización, finanzas públicas o sistema de responsabilidades de servidores públicos.

d)     No haber sido condenado por delito intencional.

e)     No haber sido candidato a cargo de elección popular en los cinco años anteriores a la convocatoria.

  1. El Concejo de la Auditoría de la Ciudad de México informa cada año a la Asamblea Legislativa ante cuyo pleno comparece el presidente o presidenta del mismo.

 

CAPÍTULO NOVENO

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Artículo 70.

  1. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con plena autonomía para dictar sus fallos y establece su organización, funcionamiento y procedimientos de conformidad con la ley emitida por la Asamblea Legislativa.
  2. El Tribunal de Justicia Administrativa dirime las controversias entre la administración pública de la Ciudad de México y los particulares.
  3. El Tribunal impone sanciones a servidores públicos por faltas administrativas graves y a los particulares involucrados en las mismas, y finca a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias de acuerdo con los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública de la Ciudad de México o al patrimonio de la misma.

 Artículo 71.

  1. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con una Sala Superior integrada por siete miembros y por salas ordinarias compuestas por tres magistrados y magistradas. Todas las sesiones son públicas, ya sea de manera presencial o mediante red.
  2. Los magistrados y magistradas son designados para un periodo de seis años, al cabo de los cuales pueden ser ratificados. Ningún magistrado o magistrada puede estar en funciones después de cumplir los 70 años de edad.
  3. El presidente o presidenta del Tribunal lo es también de la Sala Superior. Su designación es hecha por aquélla para un periodo de tres años sin reelección inmediata.
  4. El Tribual integra una Junta de Gobierno encargada de la vigilancia y disciplina del servicio de carrera, compuesta por el presidente y, para un periodo de dos años, por otros cuatro magistrados.
  5. Los magistrados y magistradas gozan de una remuneración presupuestal única igual que la correspondiente a los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
  6. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México ratifica los nombramientos de magistrados y magistradas presentados por el jefe de gobierno.
  7. Para ser magistrado o magistrada se requiere:

a)     Tener la nacionalidad mexicana y residencia efectiva en la Ciudad durante los últimos seis años.

b)     Contar con título profesional de licenciado en derecho con antigüedad de al menos cinco años.

c)     Tener experiencia en materia administrativa de al menos cinco años.

d)     No haber sufrido condena por delito doloso.

5) En la composición de la Sala Superior no podrá haber más de cuatro integrantes del mismo sexo. En el nombramiento del resto de la magistratura del Tribunal, el jefe de gobierno garantizará que prevalezca ese mismo criterio.

  1. Los magistrados y magistradas son sujetos de juicio político.

CAPÍTULO DÉCIMO

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo. 72

  1. La seguridad pública es una función gubernamental y ciudadana que tiene como objeto crear condiciones de vida en un marco de tranquilidad. Toda persona tiene derecho a ser protegida en su seguridad tanto personal como de su familia y de sus propiedades, así como en el ejercicio de sus libertades.
  2. El gobierno y la Fiscalía de la Ciudad de México, así como las corporaciones públicas y privadas de la materia tienen entre sus fines los de bridar seguridad en el marco del respeto a los derechos fundamentales de las personas.
  3. El uso de la fuerza está estrictamente regulada por la ley.
  4. Las empresas de seguridad privada son reguladas por la ley y vigiladas por la autoridad. No está permitido el funcionamiento de cuerpos de esta naturaleza que carezcan del debido registro y autorización federal o de la Ciudad de México ni tampoco la operación de cuerpos de otras entidades federativas. Las personas que en lo individual presten servicios de seguridad deben estar igualmente autorizadas conforme ley.
  5. El Ejecutivo organiza, a través de la Secretaría de Gobierno y en términos de la ley, el Servicio de Protección que tiene como función exclusiva salvaguardar a servidores públicos de la Ciudad de México cuyo desempeño implica especial riesgo en su integridad personal. El Servicio funciona bajo los principios de capacidad profesional, eficiencia, lealtad, disciplina y respeto. Sus integrantes forman parte del servicio de carrera y no pueden desempeñar funciones de policía.
  6. Las corporaciones policiales y de seguridad pública o privada son auxiliares del Ministerio Público.
  7. La ciudadanía tiene derecho a organizarse en tareas de su propia seguridad siempre que éstas se realicen sin armas y con respeto a los derechos y la dignidad de todas las personas y autoridades. La ley dispone de instrumentos al alcance de los ciudadanos y en un marco de responsabilidad.

Artículo 73.

  1. El gobierno de la Ciudad cuenta con una Secretaría de Seguridad Pública que tiene bajo su responsabilidad a los cuerpos policiales preventivos y auxiliares, incorporados o desincorporados, que la ley determina, los cuales, como corporaciones armadas tienen prohibido tomar parte de los asuntos políticos y deliberar, pero sus servidores públicos tienen derecho a la sindicación para la defensa de sus intereses laborales.
  2. Corresponde al jefe de gobierno la dirección de los cuerpos policiales y de seguridad pública. En tanto asiento de los poderes de la Unión, en la Ciudad de México es aplicable respecto del presidente de la República lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  3. El jefe inmediato de los cuerpos de policía y seguridad pública de la Ciudad de México es el secretario de Seguridad Pública.
  4. Los cuerpos de seguridad funcionan bajo los principios de servicio a las personas y la colectividad, honradez, solidaridad, efectividad, alta responsabilidad, máxima transparencia y promoción y defensa de los derechos fundamentales.

 

CAPÍTULO UNDÉCIMO

DE LA FISCALÍA

Artículo 74.

  1. El Ministerio Público se organiza en la Fiscalía de la Ciudad de México y funciona bajo los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad, solidaridad y promoción y respeto a los derechos fundamentales y ciudadanos.
  2. La Fiscalía de la Ciudad de México es un órgano dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
  3. La Fiscalía recibe denuncias, realiza investigaciones y ejerce acción penal ante los tribunales. Utiliza los instrumentos legales conducentes, velando por los derechos y la protección de las víctimas y por las garantías de los indiciados, y procura que los juicios penales se sigan con regularidad.
  4. La ley norma el ejercicio de la acción penal ante la autoridad judicial por parte de particulares así como de la Auditoría. En los procesos penales abiertos con motivo de estas acciones la Fiscalía está obligada a intervenir en su papel de representante social.
  5. Además de las que señala la ley, existe la fiscalía especializada contra la corrupción cuyo titular es nombrado y removido por el fiscal con la aprobación de la Asamblea Legislativa.
  6. La Fiscalía de la Ciudad cuenta con un organismo especializado y profesional que realiza investigación criminal y servicios periciales, cuyo titular es nombrado y removido libremente por el fiscal. Cuenta, asimismo, para ese propósito, con el auxilio de los cuerpos policiales y de seguridad pública, los cuales se encuentran obligados a seguir las instrucciones del Ministerio Público y otorgar las facilidades, los apoyos y las garantías para la actuación del mismo.
  7. El Ministerio Público coadyuva sin reservas con los órganos de procuración de justicia de la Federación y de las demás entidades federativas del país.
  8. El presupuesto de la Fiscalía no puede ser reducido en términos reales.

Artículo 75.

  1. El fiscal es designado para un periodo de nueve años sin posibilidad de una nueva designación inmediata.
  2. Para ser Fiscal se requiere:

a)     Ser mexicano o mexicana en ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos y tener una residencia efectiva en la Ciudad de al menos seis años al momento de la convocatoria.

b)     Tener título de licenciado en derecho con una antigüedad de al menos cinco años.

c)     No haber sido sentenciado por delito doloso.

d)     No haber sido candidato a cargo de elección popular en los últimos seis años al día de su designación.

e)     En su caso, desvincularse orgánica y económicamente de empresa, asociación o sociedad dedicada a prestar servicios jurídicos de cualquier clase. El fiscal no puede desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público o de carácter privado, salvo las actividades no remuneradas de docencia o investigación.

 Artículo 76.

  1. El Fiscal es designado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, mediante votación de dos tercios de sus integrantes.
  2. Al menos 30 días antes de que deba hacerse la designación, la Mesa Directiva de la Asamblea emite convocatoria pública.
  3. Los aspirantes son registrados por la Mesa Directiva.
  4. La comisión ordinaria correspondiente de la Asamblea confecciona un dictamen con los nombres de quienes cumplen con los requisitos, cuales podrán comparecer ante el pleno de la Asamblea.
  5. Tres días hábiles después de las comparecencias, el pleno procederá a votar en forma secreta.
  6. Si ningún aspirante logra la mayoría requerida en una primera vuelta, se procede a una segunda en la cual sólo participan los dos aspirantes más votados.
  7. Si en la segunda vuelta nadie obtiene la mayoría requerida, se repite todo el procedimiento descrito en el presente artículo, pero los aspirantes del procedimiento anterior no pueden volver a inscribirse.

 Artículo 77.

  1. El Fiscal puede ser removido por la Asamblea Legislativa mediante mayoría calificada de dos tercios de sus integrantes, sólo por petición fundada y motivada del jefe de gobierno.
  2. Las causas de remoción son la inobservancia de alguno de los principios rectores de la Fiscalía establecidos en la presente Constitución y la ineptitud manifiesta para desempeñar eficientemente en cargo.
  3. La resolución que al respecto tome la Asamblea es inatacable.

 

CAPÍTULO DUODÉCIMO

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 78.

  1. Son servidores públicos quienes ocupan cargos de elección popular, quienes son designados o ratificados por la Asamblea Legislativa, quienes desempeñan labores o funciones remuneradas en la administración pública, los poderes públicos y los demás entes públicos de la Ciudad de México.
  2. La Asamblea Legislativa expide la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
  3. La Asamblea expide la legislación sobre la responsabilidad patrimonial de la Ciudad de México por los daños ocasionados con motivo de la actividad administrativa irregular y el derecho de los particulares a ser indemnizados; los servidores públicos causantes de los daños responden también por los mismos.
  4. Se aplican sanciones administrativas a los servidores públicos por actos u omisiones contrarios a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que se debe observar en el desempeño de sus cargos, comisiones, funciones y empleos.
  5. Cualquiera puede interponer denuncia por responsabilidad administrativa.
  6. Los procedimientos para la imposición de las sanciones se desarrollan autónomamente. No se puede sancionar dos veces una misma conducta.

 Artículo 79.

  1. Los servidores públicos de elección popular, los designados o ratificados por la Asamblea Legislativa, los altos funcionarios de confianza y los mandos medios y superiores, así como todo aquel o aquella que maneje caudales o cuentas de propiedad de la Ciudad de México está obligado a presentar anualmente y al inicio y término de funciones las siguientes declaraciones:

a)     Patrimonial, que abarca la totalidad de sus ingresos y patrimonio, así como el de su cónyuge o concubina o concubino, sus hijos menores de edad y sus dependientes económicos.

b)     Declaración de impuestos, que abarca todas las declaraciones personales sobre gravámenes al fisco federal y de la Ciudad de México, así como las de su cónyuge, concubina o concubino, correspondientes a los últimos tres años fiscales.

c)     De conflicto de intereses, que abarca toda la información necesaria y pertinente sobre posibles conflictos de interés que pudieran presentarse en el ejercicio de sus responsabilidades y funciones públicas, sus relaciones con cualquier clase de empresa y sus propiedades en cualquier clase de sociedad, así como los nombres de las personas físicas y morales que eventualmente pudieran resultar involucradas en las funciones públicas a su cargo.

  1. En la víspera de rendir protesta, el jefe de gobierno, los legisladores y legisladoras, los secretarios de despacho, los directores generales de organismos descentralizados y empresas paraestatales, los magistrados y magistradas, los integrantes del Concejo de Auditores, el o la fiscal, los consejeros electorales, el procurador o procuradora de la Defensa del Trabajo, el presidente o presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los alcaldes y los concejales de las alcaldías y demás servidores públicos señalados en ley, hacen públicas las tres declaraciones señaladas en el numeral anterior, lo cual incluye su inmediata publicación en el portal oficial de la Auditoría y el de la entidad en la que desempeña sus labores. Ninguno de los servidores públicos puede asumir su cargo sin cumplir este requisito.
  2. Las subsecuentes declaraciones anuales y la de terminación de funciones son igualmente públicas.

 Artículo 80.

  1. Los servidores públicos son penalmente responsables por los delitos cometidos durante el desempeño de sus funciones. Ninguno goza de impunidad.
  2. El jefe de gobierno, los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa, los magistrados, los secretarios de despacho, el fiscal y los alcaldes, durante el tiempo en que están en funciones, no pueden ser privados de su libertad. Los procesos penales abiertos en su contra se llevan a cabo sin que proceda prisión preventiva. Cuando el juez dicta sentencia condenatoria, solicita inmediatamente a la Asamblea Legislativa su separación del cargo. La Mesa Directiva de la Asamblea agenda la audiencia del servidor público, luego de lo cual procede la deliberación y la votación. La Asamblea resuelve por mayoría absoluta de sus integrantes el pedido de remoción, sin dictamen previo y sin suspensiones. La resolución de la Asamblea es inatacable.
  3. Las apelaciones contra la sujeción a proceso de los servidores públicos señalados en el numeral anterior pueden ser presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México mediante el procedimiento específico que la ley señala.

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO

DE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y DEL JUICIO POLÍTICO

 Artículo 81.

  1. Son sujetos de responsabilidad política el jefe de gobierno, los secretarios de despacho, los directores generales de los organismos descentralizados y paraestatales, los diputados y diputadas, los alcaldes, los concejales de las alcaldías, los magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia, los del Tribunal Constitucional de Derechos y los del Tribunal de Justicia Administrativa, los integrantes del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, los integrantes del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, el procurador o procuradora de la Defensa del Trabajo, los integrantes del Concejo de Auditores, el presidente o presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el o la del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
  2. Se entiende por responsabilidad política los actos y omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos y de su buen despacho en desapego a uno o varios preceptos incluidos en la legislación de la Ciudad de México.
  3. El juicio político es un instrumento democrático y, por tanto, cualquier ciudadana o ciudadano tiene capacidad de presentar denuncia. No procede el juicio político por la simple expresión de las ideas.
  4. La denuncia por responsabilidad política se presenta en el Tribunal Constitucional de Derechos de la Ciudad de México.
  5. El Tribunal decide sobre la admisión de la denuncia. La admisión o no admisión sólo admite el recurso de reconsideración ante el mismo Tribunal.
  6. Si es admitida la denuncia, el Tribunal procede a incoar el procedimiento bajo las reglas del debido proceso que consigna la ley de la materia.
  7. El Tribunal sólo puede resolver si acusa o deniega la acusación. En el primer caso, envía la acusación a la Asamblea Legislativa y publica en red el expediente. Si deniega la acusación se tendrá por desechada la denuncia sin prejuzgar sobre otras posibles responsabilidades del servidor público.
  8. Las acusaciones de responsabilidad política se adoptan por el Tribunal a mayoría absoluta de votos de sus integrantes.
  9. Al recibir la Asamblea la resolución acusatoria, la Mesa Directiva agenda de inmediato la audiencia del inculpado y la notifica debidamente. La posterior deliberación y votación en el pleno se lleva a cabo sin dictamen previo y sin que proceda recurso de suspensión o medida cautelar alguna.
  10. La sentencia condenatoria se adopta con el voto de los dos tercios de los integrantes de la Asamblea cuando el inculpado es el jefe de gobierno; en los demás casos se requiere la mayoría absoluta de los diputados y diputadas.
  11. Las sanciones pueden ser la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar funciones públicas en la Ciudad de México.
  12. El juicio político procede hasta antes de un año de la separación del cargo, pero la admisión de la denuncia por parte del Tribunal Constitucional de Derechos interrumpe el cumplimiento de dicho plazo.
  13. La sentencia en juicio político no prejuzga sobre otras posibles responsabilidades.

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO

DE LAS ELECCIONES Y CONSULTAS

Artículo 82.

  1. Las elecciones y consultas populares son organizadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Carta, así como en las respectivas legislaciones reglamentarias.
  2. El Instituto Electoral de la Ciudad de México es un organismo público autónomo con personalidad y patrimonio propios que tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
  3. El Consejo General del Instituto Electoral es su órgano de gobierno, integrado por el consejero presidente y seis consejeros consejeras electorales, con derecho de voz y voto, así como por los representantes de los partidos políticos con derecho de voz.
  4. Los representantes de los candidatos independientes a jefe de gobierno forman parte del Consejo General, sólo con voz, a partir del registro correspondiente. Asimismo, tienen derecho a formar parte de los otros consejos y de las mesas directivas de casilla.

 Artículo 83.

  1. Los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos y ciudadanas para la promoción y defensa de sus ideas e intereses comunes y para intervenir directamente en la lucha por el poder político. Tienen derecho a postular y registrar candidatos y participar en las consultas populares.
  2. La Ciudad de México reconoce a los partidos políticos nacionales.
  3. Para lograr el registro de un partido político se deben cumplir los requisitos de ley. La solicitud de registro puede presentarse en cualquier momento. Para mantener dicho registro es necesario obtener al menos el dos por ciento de la votación total emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren a nivel de toda la Ciudad. Para tomar parte de la elección el partido debe contar con registro un año antes de la jornada electoral.
  4. Es ilícita la afiliación formal o de hecho de cualquier clase de asociación a un partido político. La membresía en los partidos es estrictamente personal y voluntaria.
  5. Los partidos políticos tienen derecho al financiamiento público y otras prerrogativas en los términos y con las modalidades de ley.
  6. Las autoridades electorales sólo pueden intervenir en la vida interna de los partidos en los términos y con los procedimientos permitidos expresamente por la legislación.

 Artículo 84.

  1. La campaña electoral para elegir jefe de gobierno dura noventa días; para diputados, alcaldes y concejales dura sesenta días. Las precampañas no pueden exceder la mitad del tiempo previsto para las campañas.
  2. La campaña en consulta popular da inicio en la fecha marcada por la convocatoria.
  3. Los partidos y candidatos deben acatar las modalidades y limitaciones a la propaganda marcadas por la ley, entre ellas, la obligación de retirar sus propios anuncios.
  4. La propaganda de los partidos, candidatos y precandidatos no debe incluir expresiones que calumnien a las personas.
  5. Los candidatos independientes tienen derecho a las prerrogativas y el financiamiento que señala la ley.

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO

DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

 Artículo 85.

  1. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje es el tribunal autónomo e independiente con plena jurisdicción encargado de conocer, tramitar y resolver los conflictos de trabajo de jurisdicción local de la Ciudad de México.
  2. La Junta tiene a su cargo la conciliación, tramitación y decisión de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente ligados con ellas; crear condiciones generales de trabajo cuando se sometan a su decisión los conflictos de naturaleza económica; registrar sindicatos; recibir en depósito contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo, avisos y demás documentación de acuerdo a su competencia señalada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación ordinaria aplicable y el reglamento de la propia Junta.
  3. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje forma parte de la estructura administrativa de la Ciudad de México.

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO

DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

 Artículo 86.

  1. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México es la autoridad jurisdiccional encargada de conocer, tramitar y resolver los conflictos entre la entidad y sus trabajadores.
  2. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México expide la legislación laboral y la ley orgánica del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación ordinaria aplicable.

 

TÍTULO CUARTO

DEL PODER JUDICIAL

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA JUDICATURA

 Artículo. 87

  1. El Poder Judicial comprende el Tribunal Superior de Justicia, los juzgados, el Tribunal Constitucional de Derechos y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

 Artículo 88.

  1. El Tribunal Superior de Justicia se compone de magistrados designados para siete años por la Asamblea Legislativa con posibilidad de su ratificación. Tanto la designación como la ratificación se adoptan por una mayoría de dos terceras partes de los legisladores y legisladoras. Ningún magistrado o magistrada en funciones puede tener más de 70 años. Todos ellos y ellas son sujetos de juicio político.
  2. Para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere:

a)     Tener la ciudadanía mexicana con residencia efectiva en la Ciudad de México no menor de seis años.

b)     Contar con título profesional de licenciado en derecho con una antigüedad mínima de cinco años.

c)     No haber sido condenado por delito doloso.

d)     No haber sido sancionado por falta administrativa grave.

  1. El Tribunal funciona en pleno o en salas. Todas las sesiones son públicas en su totalidad, en forma presencial y/o a través de red.
  2. El presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia es designado por el pleno para un periodo de cuatro años sin posibilidad de reelección.

 Artículo 89.

1. El Tribunal Constitucional de Derechos de la Ciudad de México es el órgano jurisdiccional especializado del Poder Judicial con las facultades e integración señaladas en la presente Constitución y reglamentadas en ley expedida por la Asamblea Legislativa.

 Artículo 90.

  1. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México es el órgano judicial de la materia cuyo ámbito se encuentra delimitado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria.
  2. El Tribunal Electoral se compone de los magistrados y magistradas designados de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación ordinaria.
  3. La ley define la organización del Tribunal Electoral.

 Artículo 91.

  1. El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.
  2. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Constitucional de Derechos, está a cargo del Consejo de la Judicatura de acuerdo con la ley.
  3. El Consejo de la Judicatura se integra por seis consejeros y por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo preside:

a)     Dos magistrados elegidos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

b)     Dos jueces designados por la totalidad de los y las titulares de los juzgados.

c)     Dos personas ajenas al Poder Judicial designados por la Asamblea Legislativa.

  1. Cada designante debe mantener siempre la paridad de género en ambas designaciones.
  2. Para ser consejero se requiere:

a)     Ser ciudadano o ciudadana con residencia efectiva en la Ciudad no menor de seis años.

b)     Contar con título profesional de licenciado en derecho con una antigüedad mínima de cinco años.

c)     No haber sido condenado por delito doloso.

d)     No haber sido sancionado por falta administrativa grave.

  1. El Consejo de la Judicatura:

a)     Determina el número y las materias de los juzgados de acuerdo con lo que dispone la ley.

b)     Designa y adscribe a los y las jueces.

c)     Averigua la conducta de algún magistrado o juez de acuerdo con las reglas de la ley y dicta las resoluciones legales del caso.

d)     Es instancia de vigilancia, adopción y aplicación de sanciones administrativas de acuerdo con ley.

e)     Elabora el proyecto de presupuesto del Poder Judicial con excepción del Tribunal Constitucional de Derechos.

 Artículo 92.

  1. Las decisiones del Consejo de la Judicatura son definitivas e inatacables, salvo las referentes a la aplicación de sanciones administrativas.
  2. Las sanciones administrativas en contra de jueces y magistrados son revisables ante el Tribunal Superior de Justicia sólo para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas.

Artículo 93.

  1. Los y las magistrados, jueces y consejeros no pueden desempeñar ninguna otra función pública salvo las no remuneradas de carácter docente o de investigación. Tampoco pueden desempeñar empleo alguno de carácter privado.
  2. Quienes se hubieran desempeñado como magistrados o magistradas y jueces no pueden actuar como patronos, abogados o representantes en procesos judiciales de cualquier clase hasta después de dos años de su retiro.

 

 

2018

Ningún partido puede ganar solo una elección en México, incluida la presidencial de 2018. Pero más allá de los partidos, el país tiene tres corrientes políticas principales: la izquierda en su acepción más amplia, llamada progresista por algunos; la derecha tradicional encabezada por el PAN, la Coparmex y los derivados de Acción Católica; la derecha priista con las estructuras supervivientes del viejo régimen. En rasgos generales se trata de un esquema de tercios. Es claro, por tanto, que la derecha es mayoritaria en el país y cuando se alía consigue las regresiones y agresiones más grandes contra la nación y el pueblo mexicano, como lo demostró con la llamada reforma energética, pero en el terreno electoral suele presentarse dividida.

Pueden las izquierdas tener un candidato único de todas las fuerzas progresistas del país y expresarse en las urnas como el tercio mayor. Sí, eso es más fácil que cualquier otra solución política en la encrucijada mexicana. El gobierno de Peña vive en el descrédito porque carece de política general, de propuesta política, sus acciones reaccionarias han dependido de los apoyos panistas y oligárquicos pero no hay un programa que pudiera reflejar lo que es el PRI ahora: el gobierno sencillamente sobrevive. El PAN no se presenta como relevo nacional ante el PRI porque ha demostrado que no lo es: tuvo 12 años para hacer cambios democráticos y no quiso ni siquiera intentarlos. Las fuerzas progresistas del país no han gobernado y son contrarias a las políticas de la vieja derecha y de la nueva derecha.

El entorno más general de la coyuntura es el declive del neoliberalismo en el mundo, su descrédito, aunque en muchos países se mantenga en el poder por falta de alternativas progresistas bien estructuradas. Es cierto que lo mismo puede ocurrir en México hacia el 2018, tal como ahora, pero es por ello justamente que se requiere plantearse la unidad política de todas las izquierdas y de todas las fuerzas progresistas y democráticas. El repudio popular al PRI no se va a condensar con varios candidatos a la Presidencia sino con uno sólo y con una planilla que lleve al Congreso una fuerza para hacer viable un gobierno progresista.

Este debe ser el trabajo actual en los partidos de izquierda, en los sindicatos democráticos, en los movimientos campesinos y populares, en la amplia intelectualidad progresista. Estas fuerzas serían suficientes para alcanzar un cambio político y el inicio de un proceso en el que no ha estado el país desde los años 30-40 del siglo XX. Es claro que las tareas son ahora diferentes a las de la centuria pasada pero no tanto como para suponer que no existen la derecha y la izquierda en el seno de la sociedad y como fuerzas sociales, es decir, no sólo de carácter político.

Una de las características peculiares del México actual es la necesidad de una nueva democracia en la que se forme una también nueva ciudadanía. Hay que dejar atrás tanto el clientelismo de subsistencia como la ciudadanía testimonial que vota pero no decide y mucho menos propone, es decir, superar ambos prototipos de sujetos políticos que prohijaron una “clase política” que se encuentra en plena decadencia y cuenta con un sistema de partidos inoperante. Las fuerzas progresistas deben proponer una democracia en la que la ciudadanía intervenga en la política como fuerza decisoria y como elemento propositivo: todo se debe poder cuestionar y también todo se debe poder proponer mediante un sistema de intervención directa a través de toda clase de debates y votaciones populares, desde la revocación de mandato, la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, en todos los niveles, desde el país entero hasta el barrio o el pueblo. De ese tamaño tiene que ser el cambio que abandere la izquierda en México.

En materia económica, la tarea más urgente, más nacional y más popular es modificar el patrón de distribución del ingreso, acabar con esa concentración brutal que impide el crecimiento económico y fomenta la pobreza.

En la amplia materia social el país requiere que los derechos justamente sociales sean exigibles, que para cada uno de ellos haya una forma precisa de hacerlo valer por cualquiera. De poco sirve el listado de derechos en la Carta Magna si esta misma no brinda el camino de su propia realización.

Como se puede observar, la lucha por la democracia como la gran bandera de las izquierdas podría ir desde la participación política y la creación de una nueva economía hasta la realización efectiva de los derechos sociales. Se trata, como puede observarse, de la fundación del Estado democrático y social de derecho. Si las izquierdas no se unen nadie lo logrará en México. Eso es obvio. A partir de aquí hay que discutir, pero ya.

Tortura: ¿peores escenarios?

A propósito del escándalo desatado por el video de una mujer torturada en Guerrero, el subsecretario para asuntos de derechos humanos, Roberto Campa, dijo que la tortura no se justifica en ningún caso, ni siquiera en los peores escenarios. Pero es que ya estamos en uno de los peores escenarios.

Luego de que el informe anual del Departamento de Estado norteamericano señalara que en México se siguen produciendo graves violaciones de derechos, la revelación de la tortura de Ajuchitlán en contra de Elvira Santibáñez, por parte de dos militares y tres agentes de la Policía Federal, generó de súbito el ofrecimiento de disculpas del general secretario de la Defensa y del jefe de la Comisión Nacional de Seguridad, pero el uno y el otro no hicieron un análisis sino sólo asumieron una posición. Las disculpas ofrecidas no han sido aceptadas.

Los dos militares presuntos torturadores sólo están acusados de desobediencia en el Ejército porque la PGR no mueve un dedo, como de costumbre. Es quizá una exageración decir que en México no hemos tenido Ministerio Público, pero es del todo justificado afirmarlo mientras no se demuestre lo contrario.

La tortura y muerte de detenidos no es práctica inusitada de “unos cuantos”. Eso lo dice entre otros uno de los azuzadores periodísticos de la intolerancia y la represión, Carlos Marín. La tortura como método de investigación en México es más vieja que el general y el jefe de la policía que la han condenado en sus discursos.

Es también una necedad suponer que la intervención de los militares en tareas de policía explica la práctica de la tortura en el Ejército. Algunos lo han expuesto así sólo para vincularla con la “guerra” contra el narcotráfico que se busca justificar.

La tortura ha sido inveterada práctica de la autoridad civil y de la militar. Lo fue en las represiones de los años cincuenta, sesenta, setenta y siempre vuelve a asomar. Gutiérrez Barrios, jefe de la seguridad del Estado, era el mayor organizador de la tortura en el país pero en Tlaxcoaque, sede de la policía capitalina, había cámaras de tortura contra detenidos comunes y políticos por igual. Ahí torturaron y mataron a Hilario Moreno, militante comunista, y muchos otros sufrieron. Jefes y oficiales en el Ejército también hacían lo suyo, solos o en compañía de los brutales agentes civiles de la entonces Dirección Federal de Seguridad, como ocurre ahora con las “operaciones mixtas”.

En los últimos cuatro años han recuperado su libertad 100 personas que lograron acreditar que fueron torturadas luego de su detención. Es muy difícil probar la tortura en un juzgado y mucho más ante el Ministerio Público: hay miles de denuncias pero no hay miles de procesados. Nada puede justificar que se torture por más vueltas que se le quiera dar al asunto pero tampoco se puede suponer que se trata de algo insólito. Y más allá de la tortura, habría que refrescar la memoria de Roberto Campa con un “escenario peor” que fue el crimen de Tlatlaya entre otros.

Hace más de dos décadas (1991) que se expidió la ley contra la tortura bajo la recurrente idea falsa de que promulgar una norma implica resolver un problema. Hoy, dos discursos, más el de Roberto Campa, tampoco harán que la tortura sea eliminada. El problema, como otros, amerita un auténtico cambio de régimen. Mientras, hay que seguir luchando contra la tortura y demás violaciones de derechos fundamentales sin miedo a ser sometido a la insolente acusación de inconforme irracional.

Propaganda personalizada

Como no se sabe, en México está prohibida en la Constitución la propaganda gubernamental personalizada, es decir, que contenga nombres, símbolos o rostros de cualquier servidor público. Lo que sí se sabe es que esta publicidad pagada abunda en los medios.

Durante años he llevado a cabo una lucha en contra de esa práctica inconstitucional pero he tenido muy poca suerte. El primer problema es que no existe ley reglamentaria de ese precepto constitucional contenido en el artículo 134, por lo cual tampoco está definido el procedimiento ordinario exacto para hacer denuncias formales y exigir las sanciones correspondientes. El segundo problema es que en tiempo de elecciones sí se puede combatir esa propaganda personalizada en los organismos electorales y los correspondientes tribunales, pero eso tampoco ha resuelto nada, ya que la autoridad es remisa y omisa, y, además, los servidores públicos no pueden ser sancionados por el Instituto Nacional Electoral, son impunes por mandato legal.

La Sala Superior del Tribunal Electoral ha resuelto una vez más que no se acredita la conducta ilegal imputada a dos gobernadores: Eruviel Ávila, del Estado de México (ponente: Oropeza), y Javier Duarte de Veracruz (ponente: Penagos); además, lo hizo también en principio respecto de Manuel Velasco de Chiapas, a reserva de aprobar la exculpación posteriormente, ya que fue desaprobada la ponencia de la magistrada Carmen Alanís que proponía declarar fundada la queja y se nombró un nuevo ponente.

Dice la mayoría del Tribunal (Carrasco, González Oropeza, Penagos y Galván) que no se acredita propaganda personalizada porque no está probado que se haya pagado con fondos públicos, pero se da vista al congreso mexiquense para que averigüe si hubo “falta de cuidado”. ¿Si las gacetillas son ajenas al gobierno, cuál podría ser la “falta” de cuidado? Pero la mayoría de los magistrados explica el asunto admitiendo que la gacetilla denunciada efectivamente tiene apariencia de gacetilla pues no está firmada y tiene un formato diferente que las notas normales, pero que nadie, ni el quejoso ni la autoridad (el INE), mucho menos la Sala Especializada del Tribunal, mostraron la orden de inserción y el recibo de pago. La magistrada Alanís les respondió que eso no es necesario porque hubo contratos con los medios aunque en éstos no se esclarece las inserciones que ampara cada uno. En síntesis, el Tribunal envió a Toluca el asunto para que allá se averigüe algo. No es ingenuidad sino plan con maña.

Si la gacetilla era gacetilla y en ella aparecieron los gobernadores, entonces hay una violación del artículo 134, párrafo 8, de la Constitución sin que la autoridad tenga que saber porqué el periódico no lo informa. La gacetilla pagada no está prohibida, lo prohibido es la foto del gobernante, la promoción de su persona. Eso es todo. Pero no ha podido hacerse valer.

Las resoluciones de la Sala Superior del TEPJF sólo servirán para que los gobernadores que pagan dinero público por aparecer en los diarios (Eruviel Ávila es el campeón nacional) se sigan burlando de la Constitución y de todo el orden jurídico que, como se sabe, en México es muy relativo. ¿Aparte de los diarios y revistas donde las inserciones son más claras, cuántas noticias de radio y televisión en la que aparecen gobernantes o se habla de ellos son gacetillas? No lo sabemos. La falta completa de transparencia en los gastos de comunicación social de todas las oficinas públicas del país nos impide tener alguna idea al respecto. En realidad, los medios no están obligados a informar al público quién paga cada inserción pagada, pero los entes públicos sí se encuentran obligados por las leyes para informar a quién le pagan y para qué.

De Iguala a Cocula

La tragedia de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y del asesinato de seis personas, hechos ocurridos en Iguala, se ha convertido en el tema del basurero de Cocula. No se discuten ya los levantones y los homicidios de Iguala sino lo que posiblemente ocurrió en Cocula, mejor dicho, lo que no pudo ocurrir ahí: la incineración total de 43 cuerpos en el breve lapso de una noche.

Tampoco se sabe algo sobre las causas de las desapariciones y de la conducta de la policía preventiva municipal al tratar de detener a los estudiantes. Nada se conoce del paradero del entonces secretario de seguridad pública de Iguala ni de sus posibles nexos con el grupo Guerreros Unidos. Tampoco se comentan hechos concretos que vinculen al entonces alcalde y a la esposa de éste con ese mismo grupo de narcotraficantes, buena parte de los cuales se encuentra en prisión.

La opinión pública carece de dato alguno sobre el negocio de producción, industrialización, tráfico, distribución y venta de derivados de la goma de amapola y otras drogas procedentes de Tierra Caliente, tanto en México como en Estados Unidos, todo lo cual podría estar relacionado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Nada sabemos tampoco del otro grupo, el rival, se dice, denominado Los Rojos, a pesar de las detenciones de varios de sus jefes.

Mucho menos se ha tocado el porqué los autobuses en los cuales aquella noche se transportaban los estudiantes tomaron rumbo hacia el centro de Iguala en lugar de virar hacia la carretera que conduce a Chilpancingo y a Tixtla. Aún más oscuro está la causa de la vuelta a la derecha que dio casi simultáneamente otro de los autobuses para enrumbarse directamente hacia la carretera, no obstante lo cual, según la verdad histórica de la PGR, sus ocupantes también fueron víctimas de un levantón de la policía municipal.

Los agentes activos y pasivos de estos hechos no han sido relacionados por la autoridad, ni siquiera entre sí. Al menos, ésta no se ha tomado la molestia de explicar algo al respecto. El contexto que se presenta ante la opinión pública es que nada coincide, que se trata de piezas de rompecabezas diferentes. Una obsesión se advierte: dar por hecho que nada tuvieron que ver militares y policías federales.

Los expertos independientes se han trenzado en una mala relación con las autoridades del gobierno y con la PGR al punto de que éstas ya no ocultan su deseo de que aquéllos se vayan y nunca vuelvan, mientras los enviados de la CIDH no aciertan a comunicar si desean continuar su trabajo o ya prefieren irse del país. De cualquier forma, el resultado es que la opinión pública, a estas alturas, nada tiene claro y ya hasta se duda de que haya alguien capaz de explicar bien alguno de los temas imbricados en la tragedia de Iguala.

Si en el basurero de Cocula ardieron aquella noche pocos, muchos o ningún cuerpo; si los posibles cadáveres calcinados en ese lugar corresponden a los estudiantes detenidos en Iguala; si hubo un gran incendio controlado aquella madrugada y si llovió poco o mucho, son aspectos que pudieran ser vistos siempre que se encontraran directamente relacionados con lo básico: ¿qué ocurrió y porqué?

Nos han sacado de Iguala y nos han llevado a Cocula, como dicen que hicieron los narcos con los estudiantes, por veredas oscuras y sin que nos diéramos cuenta, sólo para ocultar lo que sucedió aquella infausta noche y mantenernos en la ignorancia sobre quiénes hicieron cada cosa y porqué, es decir, alejarnos del conocimiento del significado verdadero de los hechos reales.