La primera renuncia en el gabinete de López Obrador proviene de divergencias en el plano de la administración. Germán Martínez ha dicho algo al respecto. Sin embargo, al quejarse de la corrupción que corroe al IMSS, se abstuvo de presentar diagnóstico y plan de combate contra ese flagelo.
Como es de comprenderse, lo trascendente no es la separación de Germán Martínez sino el debate sobre los planes del gobierno de López Obrador para combatir la corrupción a lo largo y ancho de la administración pública. ¿Es posible alcanzar el éxito si se comienza con hacer concesiones a los circuitos de la gran corrupción? Sabemos que no se puede de un momento a otro acabar con la mordida callejera y de ventanilla, pero eso no debería poder decirse de la corrupción realizada por mafias que operan dentro y fuera del Estado.
La austeridad es un tema diferente al de la lucha contra la corrupción aunque uno y otro tienen muchas conexiones. Una administración austera no busca gastar menos sino más, pero en lo que es debido, sin derroche. La plataforma de lucha contra la corrupción no busca «ahorrar» dinero sino evitar el robo, con lo cual se preservan fondos para usarlos en otros propósitos señalados como prioritarios. Se han reducido programas y partidas de gasto puramente operativo, burocrático, pero sobre todo se han combatido sobreprecios, desviación de fondos, aviadurías, moches y grandes mordidas, amén de huachicoleos. Esto apenas empieza; así lo debemos esperar y exigir.
Si López Obrador aflojara el paso, de seguro que el nuevo gobierno fracasaría. Precios alterados de insumos, pagos en demasía, negocios con recursos públicos, concesiones amañadas, contratos a modo, peculados y muchas más formas de corrupción han formado parte del sistema político. No estamos hablando de «vicios» sino de articulaciones delincuenciales construidas dentro del poder político.
Queda por completo claro que el Estado corrupto no existe en forma aislada sino articulado a la economía y a la cultura. No debería, por tanto, combatirse sólo mediante tiros de precisión, por lo cual se está usando la denuncia pública y el desmantelamiento de estructuras legales para modificar al Estado, incluyendo políticas como las salariales y las garantías de derechos sociales.
A México, como a otros países, le ha tocado un capitalismo salvajemente neoliberal, pero al mismo tiempo una de las peores combinaciones de aquél: la corrupción como sistema. De tal suerte, la redistribución del ingreso y el establecimiento del Estado democrático y social no son factibles sin un proceso simultáneo de desarticulación del Estado corrupto.
Las cifras de condonaciones fiscales dadas a conocer por Andrés Manuel hace unos días se nos revelan como una fotografía política: véase el primer año de mandato de Peña Nieto, con más de 200 mil millones de pesos de impuestos condonados, que fueron parte del pago de financiamientos políticos ilícitos y demás apoyos para gastos electorales y para otros mecanismos de poder. Todas las aportaciones privadas se pagaban y, al mismo tiempo, en esas exacciones se creaban nuevos fondos para financiar la futura actividad política. Ésta, en México, ha sido muy cara: de una forma o de otra todo el dinero tenía que ser aportado por el Estado.
La nueva administración no podía arribar a entidades y organismos públicos con la idea de ir mejorando las cosas. Esa actitud hubiera sido un error fatal. Si se quiere transformar hay que remover el aparato administrativo anterior. Esto incluye al Seguro Social, donde desde tiempos muy remotos ha sido una tradición ocupar las delegaciones en los estados como referentes políticos de grupos y figuras del poder. Ya no se hable, por sabido, de los sobreprecios de los insumos médicos: esos sí que son «inhumanos».
Pero como es hasta cierto punto natural, cada error administrativo ha de ser magnificado por los conservadores para defender su viejo Estado corrupto. Hasta ahora, la resistencia ha sido moderada, pero quizá pronto se haga virulenta. Si el gobierno de AMLO mantiene la firmeza suficiente podrá ganar esa lucha. Pero si empezara a postergar acciones y a ceder ante los circuitos de la corrupción con sus referentes en empresas y políticos tradicionales, todo se vendría abajo. Es más, para algunos, el ritmo actual es aún lento y no va a tomar velocidad organizando insustanciales subastas de aviones y automóviles, las cuales resultan ridículas en lugar de espectaculares.
Si no se admite el freno o la tesis de la cautela, entonces es preciso empujar. Si así fuera, se podría empezar a combatir la corrupción cotidiana, la que golpea más directamente a la ciudadanía: bajar hasta el primer peldaño de la escalera, el más alejado de la cúspide del poder.