Promotores de la abstención

Promover la abstención electoral podría ser para cualquiera hasta loable en un país tan deteriorado como México. Pero que lo haga la autoridad electoral es algo inexplicable, anómalo, irrisorio o patético. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) se permitió afirmar, con motivo del registro de los candidatos del PRI, que las elecciones no resolverán ningún problema. Esta idea es en realidad un argumento abstencionista. El consejero en cuestión agregó que las elecciones servían para el debate entre los partidos de cara a los electores. En reciente sesión del Consejo General del INE, luego de ser cuestionado al respecto, aclaró que él hablaba de las elecciones “per sé”. Sin embargo, el uso del latinajo –quiere decir algo así como “por sí mismas”—no quita ni pone nada a la tesis original: las elecciones no resuelven problema alguno.

La realidad es bastante dura como para que un consejero presidente de cualquier institución la pueda negar. Las elecciones resuelven el problema del poder del Estado. Sobre esta base, se pueden resolver los otros problemas de cualquier sociedad o también se pueden empeorar. La historia reciente de América Latina llegó a un punto en el cual todas las luchas anteriores desembocaron en triunfos electorales de las izquierdas y, en consecuencia, en la solución de problemas ancestrales de varios países. Pero Lorenzo Córdova no entiende nada de lo que ha ocurrido en su propio continente en los años recientes, cuando él tenía ya una edad adulta.

La tozudez abstencionista tuvo cierta consecuencia cuando, a propuesta del mismo Córdova, los consejeros electorales, todos ellos, se permitieron afirmar en carta de respuesta dirigida a los padres y madres de los 43 desaparecidos en Iguala, que el voto es un derecho pero no una obligación impuesta por el Estado. Eso de “impuesta por el Estado” no agrega ni quita nada, puesto que las obligaciones provienen de las leyes en el Estado secular. Daría la impresión de que los señores y señoras consejeras no han leído la Constitución mexicana, en la cual se establece como derecho y a la vez como obligación de los ciudadanos y ciudadanas el votar en las elecciones y en las consultas.

Cuando estos personajes fueron criticados y se les pidió que rectificaran, la mayoría de ellos se tomó la libertad de evadir el cuestionamiento y empezar a hablar de los “padres de Ayotzinapa”, de la “respuesta” que les dieron a ellos después de escucharles, pero ninguno puedo explicar cómo los integrantes del máximo órgano administrativo electoral del país pueden afirmar que las elecciones son un derecho pero no una obligación a pesar de lo que señala la Constitución mexicana desde tiempos inmemoriales. Cualquiera supondría que los consejeros y consejeras tienen conocimientos (o podrían tenerlos) sobre los textos constitucionales (ninguno de ellos ni de ellas acreditó al respecto examen alguno), pero no se trata tanto de conocimientos como de sentido de responsabilidad y de probidad: muchos de los que firmaron para negar lo que dice la Constitución se defendieron de la crítica diciendo que era necesario responder a los padres (yo agregaría madres) de los 43 estudiantes (yo agregaría desaparecidos) de Ayotzinapa y ninguna crítica podría negar el valor de tal respuesta pues se trata de personas que han sufrido, etc. La crítica de la tan desatinada argumentación de que el voto es un derecho pero no es una obligación carece de relación con la tragedia de Iguala, detrás de la cual se atrincheraron miserablemente los consejeros defensores de la tesis de que votar no es una obligación sino sólo un derecho. Esos consejeros y consejeras no están en el INE para difundir sus teorías o convicciones (si las tuvieran) sino para hacer su trabajo, el que la ley les exige. No es aceptable que desde el INE se expongan argumentos en apoyo a la abstención. Por ello, ya se ha hecho necesario pedir a los consejeros y consejeras que callen la boca en su calidad de autoridades.

Las cosas llegaron al extremo cuando la consejera San Martín se tomó la libertad de decir que el INE tiene como una de sus funciones la de crear ciudadanía. Fuera de toda teoría del Estado (hasta de la más idiota), San Martín le asigna a una institución estatal la tarea de crear ciudadanía cuando todo mundo (hasta los más estatistas y los peores liberales decimonónicos) saben que el Estado no crea ciudadanía sino que contiene su formación. El Estado hace clientelas, corporaciones. La ciudanía se crea en el proceso de las relaciones libres mercantiles, por un lado y, por el otro, de las organizaciones solidarias de los trabajadores. La libertad no se fomenta desde el Estado, sino que es éste el que tiene que admitir derechos y reclamos de la sociedad que busca actuar con independencia del Estado mismo. Esto es elemental, pero no, en el INE no hay conocimientos básicos sino un cuerpo, unas relaciones corporativas de cuerpo cerrado dentro del cual se consienten los errores o las transgresiones de cada cual y de todos. Estamos un poco peor.

No hay a quien echar la culpa

La situación económica del país está siendo analizada con superficialidad tanto por el gobierno como por la gran empresa, los bancos y nuestros siempre someros medios de comunicación de gran incidencia nacional. El problema sin embargo es muy grave, va a empeorar y tiende a durar varios años.

Existen dos grandes problemas en lo que será la crisis económica que está llegando: la reducción de ingresos propios del país y del Estado nacional por efecto de la disminución del precio del crudo; y el retiro de capitales tanto extranjeros como “mexicanos” invertidos en instrumentos de alta liquidez.

Por lo pronto haremos abstracción de las causas de ambos fenómenos para aprovechar este espacio en analizar las consecuencias que tendrán en el futuro inmediato del país. La baja del precio del crudo está asociado a la disminución gradual que venía dándose en el nivel de la producción de aceite y en el incremento del consumo de gasolinas importadas. La balanza de hidrocarburos es un verdadero desastre si consideramos que México es un país petrolero. Ahora bien, la reforma energética –así llamada—no podrá resolver este problema porque, por un lado, las inversiones privadas dejarían sólo un royalti al país, lo cual es poco desde todo punto de vista; por el otro, las refinadoras no vendrán a México a sustituir importaciones cuando lo que están haciendo es vender las gasolinas a precio internacional, cada vez menor, por cierto.

Lo anterior es relevante porque la balanza de pagos será un tema crucial en los próximos años, de lo cual se deriva que seguir comprando en demasía en el extranjero y seguir vendiendo a menores precios relativos será venenoso para una economía cuya dependencia de divisas irá en aumento. Aquí entramos al otro problema: la economía mexicana se llenó de dinero oportunista debido a las altas tasas internas y las muy bajas del mercado estadunidense. Así, tanto el sector privado como el público en hincharon de divisa fácil que ahora se va a volver difícil porque se va de regreso. Eso es inevitable: Estados Unidos no puede seguir para siempre con tasas tan bajas. Un problema asociado es que en la medida en que aumente la demanda de dólares el peso se irá más al fondo, lo cual terminará por encarecer demasiado las importaciones (y el costo de la deuda externa) aunque abarate las exportaciones; esto último normalmente se mediatiza en la medida en que los grandes importadores son los grandes exportadores, las ganancias del comercio exterior se concentran en pocas manos y con frecuencia se dejan afuera del país. La reserva del Banco de México sirve para eso, es decir, para fondear las importaciones y solventar otras obligaciones en moneda extranjera, pero no podría atender la demanda de divisas de la totalidad del capital golondrino ubicado en la economía nacional: para eso no hay dólares, sencillamente.

Ahora bien, ¿qué hacer? Hay que bajar con mucha fuerza el gasto de operación del gobierno, en especial los altos sueldos y las erogaciones suntuarias que abundan en el aparato del Estado. También habría que hacer una urgente acometida contra la evasión y elusión fiscales que, esa sí, es fantástica. Por el otro lado, hay que adelantar una conversión de deuda con mayores plazos a través de nuevos instrumentos de retención de divisas –deuda directa podría ser– sin caer en el método de la indización con el dólar (salinismo puro) porque de esa manera si la devaluación se acelera el país se arruina. Se va a necesitar utilizar el programa contingente del FMI con México que hasta ahora ha sido sencillamente teórico, por lo cual se requiere adelantar el ajuste al gasto para evitar la imposición externa del síndrome griego: hay que recordar que ya casi no hay nada que privatizar. Al respecto, Peña superó al maestro (Salinas) y arruinará al país por la misma vía aunque “sin vender un solo tornillo”.

Tema básico tendría que ser el crédito interno para lo cual es urgente la reforma de la banca del Estado (ya no se le puede llamar “de desarrollo”), con el propósito de fondear un fuerte programa de inversiones productivas sin las cuales estaríamos mucho peor. Al tiempo, se van a requerir controles antinflacionarios sencillamente porque ésa, la inflación, cuando la tendencia mundial es deflacionaria, se convierte en otro veneno para la economía nacional.

En síntesis, hay que hacer lo que el gobierno no está haciendo ni está preparando, con el propósito de lograr un panorama menos malo en los próximos años. Cuando Peña termine su gobierno, esperemos poder recoger algunos restos del país y empezar una reconstrucción. Por lo pronto, según Peña, Videgaray y Osorio (los tres que no son nada fantásticos) no hay a quien echar la culpa.

El gran fraude dizque verde

Nada hizo falta más que dos apoyos básicos (Televisa y Azteca) para que el Partido Verde, así llamado, se lanzara en septiembre a una campaña electoral anticipada mediante anuncios del todo ilegales. Nada hizo entonces falta para que prosiguiera con su campaña ilegal más que el silencio cómplice de Lorenzo Córdova y otros consejeros del INE, por petición del gobierno federal. Todo parece en realidad una conspiración delictiva, una forma de asociación para eludir y violar toda clase de disposiciones legales tan largamente procesadas en muchas negociaciones entre los partidos políticos de México.

Casi 400 mil impactos de televisión (spots) y muchos miles de cineminutos, así como una cantidad inusitada de letreros en autobuses, paraderos, espectaculares y otras muchas formas de publicidad, así como calendarios y tarjetas de descuento enviados a los domicilios de personas desconocidas para ese partido. El flamante INE, con sus nuevos y viejos consejeros se tomó la libertad de no hacer caso de las quejas presentadas, negó las llamadas medidas precautorias, es decir, la suspensión de los spots televisivos, pero también demoró una investigación  que en realidad no era para investigar absolutamente nada sino para hacer tiempo. Finalmente, el PRD recurrió al Tribunal Electoral para solicitarle que detuviera la campaña en televisión aunque fuera a destiempo, lo cual fue admitido por dicha instancia y así empezó todo: van 185.5 millones de pesos en multas, entre otras, por haber desobedecido la suspensión de los cineminutos, así nomás, por su propia decisión y en abierta transgresión de sus más elementales obligaciones como partido político, así se autonombra.

Al Verde, así llamado, le han multado por casi todo, pero ahí no terminará el asunto: existe una queja de fiscalización presentada por el PRD en la que se denuncia al así llamado por recibir aportaciones de sociedades mercantiles, en especie. ¿Cuáles podrían ser tales sociedades? Ni más ni menos que las dos grande televisoras del país que le entregaron los spots a precio reducido fuera de mercado, lo cual está, obviamente, prohibido.

El Partido Verde, así llamado, carece de vínculos con las asociaciones internacionales de partidos ecologistas del mundo, no tiene tampoco la menor relación con otras organizaciones defensoras del medio ambiente. En México, carece de contacto con cualquier agrupación ecologista, ya sea de asociaciones no gubernamentales o de grupos de la academia. Es más, todos los ecologistas de México y del resto del mundo se avergüenzan por el hecho de que el PVEM, así llamado, se ostente como verde y como ecologista sin tener la menor relación con el movimiento nacional y mundial de defensa de la naturaleza.

El Verde fue producto de una decisión  del gobierno de Salinas. Después, apoyó a Fox. Luego se alió con el PRI. Nunca ha sido nada por sí mismo. Es un grupo de personas que se dedica al negocio del tráfico de influencias, carente del menor principio ideológico o político, con capacidad de argumentar lo que sea en el momento que sea para defender a quien sea, siempre que todo eso deje dinero.

En alguna ocasión negué mi firma para un dictamen sobre la autorización legal de la destrucción de manglares en zonas de desarrollo turístico. Había dos senadores que querían la reforma de la ley: el presidente de la comisión de ecología, un “verde”, y otro legislador, priista por añadidura y actual gobernador por suerte (de sí mismo), de Sinaloa, donde los manglares ya han sido destruidos en más de la mitad. Por azares de la vida y de la política, mi voto resultó decisivo en la comisión de estudios legislativos, integrada por tan solo cuatro senadores, de tal manera que se rechazó el proyecto. ¿Cuánto dinero iban a aportar los dueños de las compañías hoteleras que querían constuir? O para decirlo en palabras del llamado “niño verde”, líder “verde” del partido “verde”:  “¿cuánto nos va a tocar a nosotros?”.

El Tribuna Electoral ha sido, por su parte, demasiado simpático para el Verde, así llamado, pues le ha puesto las cosas muy cómodas. El Verde, así llamado, puede pagar todas las multas porque los spots y los cineminutos le salieron baratos. 165 millones no es nada para un partido que inició su campaña electoral en septiembre y lo hizo como el único partido. El INE debió haber detenido la campaña anticipada del Verde, así llamado, pero el gobierno le ordenó a ese Instituto, también así llamado, que no metiera las manos. Al final tuvo que hacerlo, pero ya era calculadamente tarde. Esto se llama falta de credibilidad de las instituciones. Y luego se preguntan de dónde viene el llamado fenómeno de la falta de confianza.

 

Extraviado protagonismo de la autoridad electoral

Los promotores de la abstención, el voto nulo o el boicot de las elecciones tienen ahora a un nuevo ideólogo: Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, por añadidura

“Las elecciones no van a resolver los problemas que aquejan a México”, se atrevió a decir el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿qué resolverá aquello que aqueja a la nación? Eso no lo ha dicho Lorenzo Córdova, pero afirmar que las elecciones “no van a resolver los problemas” es soslayar el papel del voto como la forma menos violenta justamente de resolver problemas, es decir, mediante la expresión de la decisión política de la mayoría. Negar esto es negar todo el discurso democrático. Pero que lo haga el consejero presidente del órgano electoral requeriría de un serio examen sobre la integración de esa institución de la República.

Las elecciones, agregó Córdova, “son la vía privilegiada en las democracias, para debatir públicamente, de cara a la ciudadanía, las distintas propuestas y las distintas soluciones que son planteadas por los partidos políticos”. Ahora se nos informa desde el INE que las votaciones ciudadanas sirven “privilegiadamente” para que los políticos debatan entre sí (mientras les escuchan los ciudadanos) las distintas soluciones ofrecidas por los partidos, mucho antes que el momento en que los ciudadanos toman las decisiones políticas fundamentales dentro la tal democracia. Si una de las críticas de la democracia representativa es que la ciudadanía decide en el plano político sólo en las elecciones periódicas pero casi nunca en la toma posterior de otras decisiones trascendentales, el consejero presidente del INE nos desvela que la elección en realidad sólo sirve para el debate pero no para decidir, es decir, para resolver siquiera alguno de los problemas que nos aquejan. Se desconoce también, para decirlo rápido, los cambios que en años recientes han ocurrido en América Latina mediante elecciones.

Lorenzo Córdoba sigue de frente: “necesitamos –dice– un debate electoral tan franco como sea posible y tan ríspido como sea necesario para que la ciudadanía clarifique la oferta política de cada contendiente y emita su voto de manera informada con el único límite de los cauces que establece la propia ley”. ¡Wow!, el supuesto árbitro electoral les dice a los políticos lo que tienen que hacer. Este discurso no tiene desperdicio, pero hemos de dejarlo para entrar en algo quizás más importante: el protagonismo de la autoridad electoral.

Según la Constitución, el INE debe organizar las elecciones y ser en ellas la autoridad administrativa. Se trata de dirigir el sistema para recibir los votos y contarlos bien. Pero, además, el INE tiene la encomienda de garantizar la equidad en las contiendas, la cual, por cierto, ha estado verdaderamente escasa bajo la presidencia de Lorenzo Córdoba, quien no ha querido oír, ver ni hablar de las sistemáticas violaciones a la ley de parte del Partido Verde, así llamado, y del uso de los programas gubernamentales.

En conclusión, los organizadores y árbitros administrativos no opinan, no dan cátedras, no les dicen a los políticos lo que deben hacer, no actúan a título personal, no representan a la República, no han sido elegidos por el pueblo. Sólo cumplen con la ley en el marco de sus atribuciones constitucionales. Si quieren dar cátedras, ahí está la academia; si quieren dar consejos, ahí están las asesorías en gobiernos y partidos; si quieren irrumpir en la política, ahí están las organizaciones; si quieren teorizar sobre la democracia y el papel del sufragio, que se la jueguen con la publicación de sus personalísimas opiniones, pero que no traten de usar sus cargos públicos para tan aventureros propósitos.

El protagonismo de los consejeros electorales, en especial del consejero presidente, no viene de Córdova sino, más bien, éste es una réplica de los anteriores. Todos lo han hecho. Y, así, todos se han tenido que tropezar con la misma piedra de falta de rectitud en su precisa función constitucional. Mas Córdova ha ido más lejos que otros en este aspecto: ha mandado por un tubo el significado y valor del sufragio, lo ha reducido al momento en que los políticos han de hablarle a los electores pero negando la tarea decisoria de la ciudadanía a través del voto.

Así, los promotores de la abstención, el voto nulo o el boicot de las elecciones tienen ahora a un nuevo ideólogo: Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, por añadidura.

 

 

 

Ya todo lo sabíamos menos lo que hay que hacer

La baja del precio del crudo, los recortes presupuestales, la creciente salida de dólares y la consecuente devaluación persistente del peso mexicano frente al dólar, la baja de la inversión pública y privada, la reducción efectiva de la capacidad adquisitiva del salario medio y la consecuente reducción de los pronósticos de crecimiento de la economía, la elevación de precios de productos básicos e industriales como consecuencia de todo lo anterior, ya lo sabíamos desde el año pasado, es decir, aquel 2014, tan lejos y tan cerca de nuestras vivencias actuales.

Todo lo anterior nos lo comunica el gobierno de Peña Nieto con gran resignación pero también con cierto cinismo por el hecho de que ya todo eso lo sabíamos. Nada hay nuevo en cuanto a las perspectivas económicas. Pero no se ha dicho todo. El primer recorte presupuestal del año es eso, es decir, el primero, pues habrá otros en lo que resta de la temporada. El método de presupuesto base cero que anuncia Videgaray tiene como propósito hacer un ajuste al gasto público para el año de 2016 mediante disecciones quirúrgicas, es decir, sin tener que recurrir a las amputaciones, de tal manera que todo gasto social que no sea estratégico dejará de existir irremediablemente, mientras las inversiones sólo serán  aquellas absolutamente indispensables: los sueldos de la alta burocracia no bajarán, claro está.

Como una extraña paradoja anti neoliberal, la reforma energética (la cual no fue producto del mal llamado Pacto por México sino la causa y el momento de la ruptura de éste) se produjo en el peor momento de cualquier acometida privatizadora: el precio de lo privatizado ha bajado a la mitad y así seguirá durante varios años, con lo cual  se han enfriado por lo pronto los inversionistas, extranjeros en su mayoría, quienes como buitres rondan los yacimientos del Golfo de México. No obstante, el gobierno mexicano está rematando yacimientos maduros, es decir, que ya antes produjeron, los cuales deberían ser considerados propiedad de la “nueva empresa productiva del Estado” llamada Pemex y no, como lo ha decidido el gobierno de Peña, unos activos de la nación para ser vendidos y explotados por cualquiera, siempre que ése sea capitalista privado que utilice en el futuro las ganancias en lo que le dé la gana a costa de una riqueza originalmente asignada a la nación. Ya lo sabíamos, también.

Dentro de este panorama se incluyen inevitables aseveraciones chistosas, como esa de Videragaray en el sentido de que si bien es cierto –por si alguien lo dudara—que el peso mexicano se ha devaluado frente al dólar estadunidense, también se ha revaluado frente al euro, el real, el yen y otras muchas monedas que también se han devaluado frente al dólar, en las que México, claro está que no lo dijo, casi no realiza operaciones. El tipo de cambio del peso mexicano no se establece respecto de todas las monedas del mundo sino sólo respecto al dólar, a través del cual se fijan las paridades con todas las demás, pero el secretario mexicano de Hacienda parece que lo ignora al tiempo que provoca humor involuntario: cuando se lo propone es buen cómico pero él no lo sabe.

Es inevitable que el peso siga desvalorizándose aunque no sea tan bruscamente. Esto se debe a que gran parte de la deuda pública está contratada a través de bonos gubernamentales cuyos propietarios son extranjeros o grandes capitalistas mexicanos que tienden a llevarse los fondos a Estados Unidos ante la perspectiva de un ligero y pausado aumento de las tasas de interés en el marco de una inflación mínima y un crecimiento económico consistente en aquel país. México es un buen mercado (para los inversionistas) en tanto las tasas de interés sean altas, es decir, le cuestan al pueblo un dineral, y mientras en Estados Unidos sean muy bajas, pero la política económica del norte no se sostendrá igual sino que mudará a remuneraciones más altas en aras de una recuperación de capitales.

Lo que México tendría que hacer es fomentar la producción y el empleo mediante una nueva política de distribución del ingreso, ya que no hay otra forma, con el fin de impulsar su mercado interno, bajar algunas importaciones y remunerar el capital con base en la productividad del trabajo y no en la competencia mundial. Pero para ello habría que cambiar de gobierno. Ahí está el detalle, pero se supone que para eso sirven las elecciones.

Dos sucesos dos

Han ocurrido dos sucesos que se vinculan irremediablemente. El PRD luchó denodadamente contra el nombramiento de Medina Mora como ministro de la Corte mientras, dos días después, hallamos a ese mismo partido nombrando a Jesús Rodríguez Almeida como candidato a diputado federal. Se trata, en el primer caso, de un sabueso sin méritos para ser juez y, en el segundo, de un policía que fue sancionado al ser despedido como secretario de seguridad pública de la Ciudad de México y, además, sin militancia alguna ni virtud para ser parlamentario.

Esto es algo en verdad contradictorio por lo cual es preciso analizarlo sin miedo a personas o intereses en disputa. Medina Mora es todo lo contrario a una persona progresista y de principios, se caracterizó por ser impulsor del Estado de policía, por apoyar todas las iniciativas tendientes al establecimiento de un régimen regido por la doctrina de la persecución sin límites y con derechos nulos frente a los requerimientos policiacos. Estuvo en lances de arbitrariedad e ilegalidad, entre otros en el michoacanazo que llevó a varios servidores públicos a la cárcel por muchos meses, luego de los cuales obtuvieron su libertad con el consabido “usted perdone”. Rodríguez Almeida envió a prisión a unos detenidos al azar, luego de lo cual fueron liberados con el consabido “usted perdone”. Entre uno y otro de estos personajes hay diferencias de grado que no son irrelevantes, pero hay algo en común: les vale madre los derechos humanos.

Cualquiera observaría una contradicción entre el voto en contra del nombramiento de Medina Mora y la postulación de Rodríguez Almeida. Pero todo tiene sus explicaciones. Mientras la acción en el Senado tuvo lugar con base en principios, la nominación fue producto de una negociación de lo más oscura, por decir lo menos. No debe negarse que hubo titubeo en algunos senadores y que dos de ellos –Ríos Píter (el Jaguar) y Beristain– se ausentaron de la sesión para favorecer a Medina Mora, pero la posición del PRD como tal no tuvo mancha en ese lance (hubo, por cierto, otros dos de Morena: Mario Delgado y Salazar Solorio, quienes se ausentaron mientras Layda Sansores, también de Morena, rompió el voto y éste no contó para efectos de los dos tercios necesarios. Mas en lo que toca al ex secretario de seguridad pública de la Ciudad de México, sólo uno de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional levantó su voz, la cual no fue escuchada por nadie.

Es cierto que en el Senado, con el voto en contra de los cuatro ausentes y el de quien rompió la papeleta, Medina Mora no hubiera llegado a la Corte (lo cual inculpa a los cinco correlones y les hace responsables de un hecho de dimensión histórica y de grave precedente nacional), pero la nominación de Rodríguez Almeida, menos grave evidentemente, no tiene la más mínima explicación válida por haber sido aprobada por todo un cuerpo colegiado: la dirección permanente de un partido político.

Es imposible igualar a uno y otro personaje pero lo que tiene dimensión contradictoria es que un partido asuma una conducta en un caso y la contraria en el otro. Tener dos caras, dos respuestas, dos conceptos sobre lo mismo o lo similar, dos éticas, no es propio de un partido que proclama la transformación de su país. ¿Cómo llegó Abarca a la presidencia municipal de Iguala? Pues con esa actitud de aceptar lo que algunos poderosos proponen sin analizar qué es lo que se admite.

Medina Mora frente a sí mismo

Hay momentos en que ciertas personas tienen que comparecer frente a sí mismas. Esto le ha ocurrido a Eduardo Medina Mora al tratar de obtener las dos terceras partes de los votos en el Senado para convertirse en integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para desmentir que es un soldado del presidente Peña Nieto y de cualquier otro que venga, ha dicho que es panista de corazón aunque no sea miembro del PAN.

Medina Mora es lo que se llama un sabueso aunque se le quiera presentar como un jurista. Ha tenido varios cargos en los cuales se ha encargado de perseguir delincuentes y espiar a políticos de todos colores. Su desempeño en esta función de sabueso ha sido francamente mala. El ahora candidato a ministro de la Corte fue bastante torpe como policía político y como policía a secas.

Pero la principal objeción es otra: su desempeño como lacayo del presidente de turno. Uno de los lances más lacayunos de este personaje fue la acción de inconstitucionalidad que presentó ante la Suprema Corte de Justicia para combatir la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México. Fue Felipe Calderón, a la sazón presidente de la República, quien le ordenó que elaborara el recurso (muy mal hecho, por cierto). Al margen de la convicción personal que hubiera tenido al respecto Medina Mora (muy respetable por lo demás), lo que hizo fue obedecer una orden de quien buscaba que la Corte echara abajo un precepto penal que impide el encarcelamiento de mujeres que abortan. Ese fue el intento de Calderón, quien es un dogmático fundamentalista en esa materia como en otras. Medina Mora pudo haberse negado, pues el presidente de la República no es el jefe del procurador ni la Procuraduría General es parte de la administración pública de la Federación, según lo implica el artículo 90 de la Constitución. Pero no, Medina Mora obedeció y fue llevado al fracaso por su jefe, Calderón, como ocurrió también en otros aspectos de su gestión.

La lambisconería no debería ser un camino para lograr promociones en el servicio público pues siempre es un obstáculo para el desempeño de cargos o empleos con honradez y probidad. Es peor cuando se trata de funciones judiciales y en especial del puesto de ministro de la Corte que tiene un periodo de 15 años, en los cuales de seguro que Medina Mora tendría que asumir el triste papel de vocero del presidente en turno como siempre lo ha sido. El país requiere otro manejo en esta clase de designaciones, algo con dignidad y responsabilidad. Estamos hartos de servidores públicos que, en funciones independientes del Ejecutivo, actúan bajo consigna del gobierno.

A este respecto habría que lamentar la designación de Arely Gómez como procuradora, pues no sabe nada de policía de investigaciones ni de políticas criminales pero es amiga de Peña Nieto y estará siempre bajo las órdenes del mismo. El país requiere fiscales independientes y ministros preparados que no reciban consignas de nadie. ¿Es eso mucho pedir?

La libertad de expresión es un principio

La libre manifestación de las ideas, conocida como libertad de expresión, nació como algo elitista, no democrático, sino enteramente burgués. La inmensa mayoría de la sociedad que no goza de algún medio de comunicación ha carecido de esa libertad. Sin embargo, la manifestación libre de ideas se convirtió en uno de los bienes políticos más preciados en tanto que sin ella no existe la crítica. Aunque de manera limitada, las clases y sectores sociales sometidos encontraron las formas de expresar ideas y pasaron a defender la libertad de expresión como algo legítimamente suyo aunque sólo fuera en los márgenes de la sociedad.

Con el tiempo, la libre manifestación de las ideas se convirtió en un principio: sin ella no hay libertad a secas. Y, luego, se convirtió en un derecho humano: decir lo que se piensa es algo irrenunciable.

Sabemos, sin embargo, que la propiedad está por encima de cualquier derecho o principio, lo que la convierte en un freno del progreso de la humanidad. En forma específica, el carácter privado de los medios de comunicación es de por sí un elemento limitante y monopolizador de la libertad de expresión.

He colaborado en Milenio desde el primer número: 15 años sin faltar una sola semana. Este fue el trato que hice con Carlos Marín en la víspera de la aparición del diario. Lo he cumplido durante esos tres lustros. Por su parte, Carlos Marín se comprometió a no censurar mis escritos. Era un trato simple pero justo porque yo no puedo admitir escribir lo que no creo ni dejar de decir lo que pienso. Hoy entrego mi última colaboración a Milenio porque Carlos Marín rompió el trato y procedió a censurar mi artículo de la semana pasada titulado ¡Intocable!, en el que se contiene una crítica a la sentencia del Tribual Electoral con la cual se mantiene la censura del spot del PRD donde aparecía la imagen de Joaquín López Dóriga vinculado a la frase de hay cosas que siguen siendo lo mismo en referencia al monopolio informativo que ejerce Televisa en la televisión. Carlos Marín confirma una de las tesis del artículo censurado: al menos también en Milenio, López Dóriga es intocable en tanto representante de Televisa.

El punto no estriba sin embargo en el carácter de intocable de López Dóriga sino en la censura. Para llegar a este punto debió haber motivos demasiado poderosos que yo no puedo ahora comentar, pero que sí puedo repudiar como promotores de ataques a la siempre defendible libertad de expresión, la cual debería ser considerada como uno de los principales estandartes de todo medio informativo dentro del Estado democrático.

Convertida la libre manifestación de las ideas en una libertad democrática que se consagra como tal a partir de las nuevas técnicas de comunicación social, elevada a la categoría de principio y consagrada como derecho humano, no puedo renunciar a ella y, por tanto, la censura que ejerció Carlos Marín es inadmisible al grado que implica mi despido como articulista de Milenio. Se lo he dicho por vía telefónica al mismo Marín: me has echado a patadas. El trato original fue roto por el director de Milenio 15 años después.

¡Intocable! (artículo censurado)

EL SIGUIENTE TEXTO HA SIDO CENSURADO POR EL DIRECTOR DE MILENIO DIARIO, CARLOS MARÍN. DEBIÓ HABERSE PUBLICADO EL VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2015 COMO COLABORACIÓN SEMANAL DEL AUTOR

Se ha producido una sentencia del Tribunal Electoral que entra en los conceptos nada contradictorios de lo cómico y lo patético. El spot del PRD, cuestionado por López Dóriga, no constituye –según mandato judicial– ninguna trasgresión a la ley, no obstante el autor (el mismo PRD) debe ser sancionado con la interrupción de la transmisión del spot que antes había sido censurado por el INE y vuelto a censurar por la llamada sala especializada. Hemos visto en la historia de las ignominias judiciales la condena de inocentes por hechos reales o inventados pero no habíamos visto la condena por hechos declarados inexistentes por el mismo juez. El PRD ha sido sancionado con la “interrupción de la transmisión” de su spot (art. 456 de la ley) pero la sentencia también sostiene que ese mismo PRD jamás cometió transgresión alguna. ¿Alguien puede explicar este disparate? Piénsese que no hubo homicidio pero el asesino ha sido sentenciado. En esta situación se encuentra el PRD sólo por haber incluido la imagen de López Dóriga en un spot.

Pero no, ya sabemos que no se trata de López Dóriga (asunto menor) sino de Televisa (a la cual se le rechazó la misma pretensión censuradora por exceso de idiotez jurídica y porque no era necesaria ante la existencia de la queja de López Dóriga, por lo demás patrocinada y redactada en la misma Televisa), empresa que no tolera que sus frecuencias sean utilizadas para criticarla.

Ahora bien, estamos ante una confabulación de intereses casi siempre coincidentes entre el gobierno y Televisa. El spot del PRD criticaba a Peña, Videgaray y Osorio (así como a la herencia priista en general) y de paso mencionaba que hay cosas que no han cambiado: el monopolio informativo de la televisión cuyo incono es López Dóriga, conductor en pantalla (por el momento) del noticiero estrella del canal de las estrellas.

En el Tribunal Electoral (siete integrantes) se produjeron tres votos a favor de que en este caso había un ataque a la honra de López Dóriga (sin decir, claro, cual es ésta), con lo cual la sentencia tiene un sustento minoritario. Otros tres dividieron sus opiniones sobre el asunto pero sin coincidir con el argumento del proyecto aprobado. Otro más manifestó su disenso completo. Se trata de una sentencia sin mayoría real pero sostenida por el Tribunal, como tal, con el propósito de acatar la consigna oficial: López Dóriga es intocable. Bueno, algún día escucharemos a Azcárraga decir lo contrario, el día en que despida al conductor estrella del canal ibidem. En realidad no hay reinado del duque de Velandia (segundo apellido de López Dóriga) sino del verdadero rey, el dueño del consorcio monopolista, Azcárraga. (Me cuesta seguir con esto porque siento que alguien me puede censurar pero me arriesgo).

Lo que ha resultado atropellado no es sólo el derecho del PRD, el cual se atrevió a criticar a Televisa junto a Peña et. al., sino la libertad de difusión, recién incorporada en el artículo 7 de la Constitución y ahí declarada inviolable pero que ya se violó. Dice el tribunal que su sentencia es resarcitoria de un derecho de López Dóriga pero, si no hubo calumnia en el spot perredista, entonces ¿qué hubo? Nada, sino algo que molestó al consorcio televisivo en absoluta convergencia con el gobierno. Por lo pronto, el insigne Poder Judicial dice que López Dóriga es intocable. Pero, ¿por cuánto tiempo? La gravedad es la más fuerte de las leyes.

No hay crisis de credibilidad

No hay una crisis de credibilidad como algunos analistas se han permitido diagnosticar. Habría una crisis si se advirtiera un derrumbe en la credibilidad ciudadana sobre los actos, versiones, interpretaciones, historias, verdades oficiales, etcétera. Pero en México no existe derrumbe alguno, sencillamente la gente nunca ha creído en lo que dicen las instituciones y sus medios de comunicación ni les ha tenido confianza.

Este es un fenómeno que abarca casi todo el tiempo de vida de las generaciones vivas: durante todo ese lapso, sin interrupciones, así ha sido. Son 75 años. Mas no se trata solamente de una serie ininterrumpida de mentiras oficiales (medias verdades son lo mismo), sino también de su calca a través de los principales medios, en especial el monopolio de la televisión. Tampoco sólo es lo que se dice sino también lo que se calla. Ningún escándalo de corrupción o de responsabilidad política ha terminado en cuentas claras durante ya muchas décadas y todo mundo tiene la convicción de que es más lo que no se ha conocido.

El Estado corrupto ha sido históricamente incorporado a la forma de gobernar, un método con el cual se reparten bienes públicos y se pueden generar ingresos a partir de mordidas y toda clase de tráfico de influencias. El síndrome va incluso mucho más lejos, hasta la convicción popular de que el respeto a la ley no es atributo de personas inteligentes sino de estúpidos por deficiencia propia o circunstancia adversa. Sabemos que esto no es exactamente así en la realidad pero forma parte de la conciencia dominante que se puede advertir dentro de todas las clases sociales.

Ya vemos a la alta burguesía implorando un programa contra la corrupción de la cual se ha beneficiado ampliamente, pidiendo a gritos que se haga algo para frenar lo que llama crisis y que en realidad es una racha de revelaciones sobre hechos que con toda seguridad son ilícitos. También existe la clara definición de muchas emisoras y periódicos que consideran que, como en todos los medios –excepto en sus propios medios– y en todos los partidos hay personas ligadas con actividades ilícitas, no existe fuerza capaz de encabezar una lucha a fondo contra el Estado corrupto. Es tan falso el programa anticorrupción oficial como el criterio de que no hay remedio.

Es tanto el cinismo con el que se actúa que las leyes pendientes de reglamentar nuevos derechos constitucionales siguen congeladas –réplica incluida–, la cancelación del llamado fuero está detenida, la publicidad gubernamental sigue sin reglas, el control salarial de servidores públicos se encuentra en el limbo y todo esto por orden de Peña Nieto. Pocos se lo reclaman y casi ningún conductor de noticias, claro.

A la vista se encuentra una gran perspectiva: el Estado corrupto mexicano será superado –de seguro esto va a ocurrir— sólo mediante una ruptura política, una refundación de las instituciones del Estado, el esclarecimiento de un pasado lleno de corrupción y la instauración de una nueva moral pública, es decir, un nuevo manejo de los bienes que son de todos bajo el escrutinio popular. Esto no está en la visión de partidos, grupos y conglomerados oligárquicos, pero ocurrirá quizá antes de lo esperado, como para que lo veamos quienes nacimos a mediados del siglo XX.