Catástrofe política en Bolivia

Ninguna persona intelectualmente honrada podría negar que en Bolivia se ha producido un golpe de Estado con el decisivo apoyo de los militares. Esa catástrofe política no se originó de manera repentina. Hay que hacer recuento de hechos y daños.

Evo Morales se equivocó cuando recurrió al máximo tribunal para anular la votación mayoritaria del electorado que refrendó el límite de dos periodos para la reelección del presidente. Eso no lo debe hacer un demócrata, mucho menos un líder popular como Evo, porque es algo contradictorio con esencia, promesa y programa.

Quienes nunca han sido demócratas sino elitistas, los integrantes del grupo económico conservador, clasista y racista de Bolivia, aprovecharon ese error de Evo Morales para cohesionar un bloque opositor antirreleccionista con vistas a la elección presidencial, esperanzados en una segunda vuelta porque no veían que les dieran los números en la primera.

En Bolivia, para obtener el triunfo se requería contar con la mayoría absoluta o con diez puntos porcentuales arriba del segundo lugar. Nadie, ni siquiera Evo Morales, consideraba seguro que esa diferencia se produjera. Cuando se anunció el resultado final del escrutinio, con un poco más de 10% de diferencia, la oposición denunció fraude y convocó a huelgas y bloqueos, pero nunca presentó casos concretos, por lo cual no hubo procesos judiciales.

Otro error que un demócrata no debe cometer fue el haber admitido que la Organización de Estados Americanos se convirtiera en dictaminador electoral con resolución vinculante. El informe que presentó la comisión de la OEA se basó en 300 casillas electorales seleccionadas, y unas cuantas consideraciones de carácter más bien político. Por su lado, los golpistas habían desconocido de antemano ese dictamen porque ya estaban demandando el retiro de Evo Morales y del vicepresidente García Linera, para tratar de imponer de esa forma a un nuevo mandatario, es decir, el golpe directo, con o sin OEA.

Bolivia se convirtió durante un par de días en un país sin guardias. Los opositores podían quemar lo que desearan porque la policía requería violencia como cobertura para pedir el retiro del presidente, por lo cual se «acuarteló» ella misma, en realidad se amotinó. Luego, el Ejército (protagonista directo de muchos golpes de Estado en la historia de Bolivia), presentó el ultimátum al gobierno. Evo Morales no tenía muchas opciones.

Los políticos golpistas, de la mano de militares y policías, han impuesto a una presidenta absolutamente espuria (Jeanine Áñez) antes de que el Poder Legislativo hubiera admitido o negado la renuncia del presidente y del vicepresidente, en acatamiento del artículo 162 de la Constitución. Además, el orden sucesorio legal boliviano señala a la presidenta del Senado (Adriana Salvatierra). El golpe ha sido consumado y el orden constitucional no está vigente.

El gobierno de Evo Morales recobró riquezas naturales y elevó la producción; realizó muchas reformas sociales; redistribuyó el ingreso; cambió el sistema político; le dio voz, voto y poder a la mayoría indígena; implantó la independencia nacional; golpeó la corrupción. La economía boliviana es la que más crece en América Latina.

Sin embargo, con un solo error madre se puede perjudicar la obra magnífica de una revolución pacífica.

Ahora, el curso de Bolivia no es predecible. Durante las próximas semanas podrán sobrevenir acontecimientos capaces de provocar vuelcos en cualquier sentido. A partir de este momento ya no habrá estabilidad política, mientras que la economía, lógicamente, sufrirá problemas ya superados.

La izquierda y las organizaciones sociales tendrán que resistir con tanta fuerza como sea necesaria para que la vía electoral sea reimplantada. Lo que debería quedar absolutamente claro es que no hay solución política o algo semejante si no es a través del voto popular. En consecuencia, los destacamentos del progreso y la democracia no pueden darse el lujo de dividirse en lo más mínimo. De eso depende todo, o casi.

España sin gobierno

Las elecciones del próximo domingo 10 de noviembre han sido convocadas debido al hecho de que España carece de gobierno y sólo tiene un encargado. Pues bien, éste pide que se le otorgue la investidura si acaso su partido logra ser el más votado aunque no consiga coligar una mayoría parlamentaria.

Se trata de un imposible porque no se puede cambiar una Constitución el día antes de la elección para complacer la exigencia de uno de los contendientes. Además, esa propuesta es contradictoria porque Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), no hubiera podido llegar al gobierno cuando el Congreso de los Diputados despachó a Mariano Rajoy luego de una sentencia judicial que comprometía directamente al Partido Popular (el cual era el más votado de la Legislatura) en hechos de corrupción.

El líder de PSOE quiere gobernar en solitario con un 27%, que es lo que probablemente obtendría según encuestas, convertido, con la magia del sistema electoral español, en 121 escaños de un total de 350, casi el 35%. No obstante, Pedro Sánchez quiere llevarse todos los sillones del gobierno, es decir, la totalidad de los ministerios. Esa no es una actitud democrática.

El PSOE considera que las nuevas elecciones de diputados se hicieron necesarias porque las derechas (Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) no estuvieron dispuestas a abstenerse en una segunda vuelta de investidura en el Congreso. ¿Por qué tendrían que haber estado en condición de hacerlo si la abstención en esa tesitura equivale a un apoyo?

El reproche que Sánchez le hace a sus rivales de la derecha contiene veneno de víbora, ya que implica que la única solución era y ha de ser un acuerdo de gobernabilidad entre una parte de la izquierda, sólo la suya, y el Partido Popular que fue removido mediante un mecanismo de unidad de las izquierdas, la misma que ahora le parece imposible al candidato del PSOE.

El cuasi empate político entre izquierdas y derechas en la actual España es ya un inmenso problema como para que las cosas se hagan más intrincadas con el sectarismo del líder del PSOE, dispuesto casi a todo con tal de no admitir un gobierno de coalición con Unidas Podemos (UP), que pudiera contar con el apoyo de algunos grupos pequeños, indispensables para obtener los 176 votos en primera vuelta o contar en la segunda con más apoyos que rechazos.

Lo que Sánchez podría buscar es un acuerdo con la derecha liberal, Ciudadanos (14 escaños), pero eso hubiera sido antes, cuando este último obtuvo en abril 42 asientos. Pero la caída de Ciudadanos ya le complicó el panorama al PSOE. Se debería reconocer que, con las nuevas elecciones, los únicos partidos que según encuestas están sumando son el PP y la ultraderecha Vox. Esta ha sido obra exclusiva de la dirigencia del Partido Socialista al bloquearse a sí mismo y tener que llamar a nuevas elecciones.

Los comicios españoles del 10 de noviembre nunca debieron ser convocados. Pedro Sánchez estaba obligado a brindar un gobierno al país en lugar de ir a una aventura que arrojaría la misma situación política, en el menos peor de los escenarios posibles.

España no puede tener gobierno porque el viejo partido socialista se mantiene en su pretensión exclusivista de que es la única y verdadera izquierda, cosa que jamás fue así y menos ahora.

Mas ese sectarismo es una forma de impedir obstrucciones procedentes de la izquierda dentro del Congreso y en el gobierno para de tal forma poder negociar a gusto con las derechas. Sin embargo, tal resultado que busca Sánchez es igual de antidemocrático que la idea de quedarse con todas las sillas del Consejo de Ministros teniendo sólo la cuarta parte de los votos ciudadanos.

La gente en casi toda España va a ir a votar entre la izquierda y la derecha, escogiendo dentro de esos dos grandes bandos a un partido en especial. Por ello, un gobierno monocolor de izquierda capaz de entenderse libremente con la derecha no corresponde al esquema político prevaleciente en el país, con excepción de Cataluña donde existe una situación particular.

Con la abstención de UP y Cs, más la de unos 30 diputados de los partidos menores,  en una segunda vuelta, las derechas PP-Vox bloquearían la investidura con sus 137 votos, contra los 121 del PSOE.

Así que los socialistas tendrían que sumar a 35 de Unidas Podemos y Más País,  y 20 de otros partidos para lograr una mayoría de 176 votos en la primera vuelta. Pero si todo es a fuerza, sólo bajo la amenaza de tener de nuevo que convocar convocar a elecciones, el nuevo gobierno no podría sostenerse más que por decreto, precariamente, o ceder en todo ante la derecha. No parece, sin embargo, que esa sea la idea de la mayoría absoluta de los electores de España.

Financiamiento público de partidos

El subsidio que entrega el Estado mexicano a los partidos es elevado porque, cuando se implantó, el PRI recibía demasiados millones procedentes de la administración pública. Para sustituir al menos una parte importante del gasto del entonces partido oficial, era necesario que el financiamiento público fuera alto.

El subsidio, sin embargo, nunca alcanzó a cubrir la mayor parte del gasto priista. En el año 2000, Ernesto Zedillo trasladó a Francisco Labastida, su candidato, mil millones de pesos desde Pemex, a través del sindicato. Pero de seguro hubieron más desvíos de fondos públicos que aún no se conocen.

El PRI se convirtió en un devorador de fondos públicos porque todo lo tenía que comprar. Nadie en ese partido brindaba trabajos militantes mientras que se compraban millones de votos con dinero en efectivo.

El financiamiento público de los partidos suele ser un sistema para evitar que aquellos sean comprados por los capitalistas. En México ha tenido otras características porque los dueños del dinero no han buscado adquirir partidos sino políticos y no lo han hecho, preferentemente, con dinero para campañas sino mediante el amplio sistema de la corrupción. El mayor mecanismo conocido de cooperación directa de empresarios fue el realizado a través de Amigos de Fox, justamente el mismo año del Pemexgate. Quien ganó la elección del año 2000 (PAN) violó la ley como también lo hizo el segundo lugar (PRI). El dinero ilegal cundió en la campaña electoral y marcó a los dos principales candidatos. Luego, Felipe Calderón recibió ayuda privada en propaganda radiodifundida (2006). Finalmente, Peña Nieto (2012) captó la mayor cooperación pública desde gobiernos locales, la cual no se ha contabilizado aún, además de las coberturas televisivas gratuitas mediante infomerciales.

El financiamiento público de los partidos fue una cobertura parcial de los gastos del PRI y ayudó, por otra parte, a los partidos de oposición a estar presentes en las campañas con mucha propaganda, aunque probablemente algo inservible.

En realidad lo que más propició la competencia fue el otorgamiento a los partidos de tiempos oficiales de radio y televisión, lo cual empezó desde 1979. Cuando se reformó la Constitución para impedir la propaganda política pagada, se dio un salto mayor en materia de la concurrencia política en las elecciones. Este fue uno de los resultados del movimiento postelectoral de López Obrador en el año 2006.

La Estafa Maestra fue un mecanismo de financiamiento de campañas electorales priistas, pero el dinero público no fluía hacia el partido sino directamente hacia los candidatos y candidatas priistas. Tenían la experiencia del Pemexgate y superaron todo lo anterior.

Ahora se discute en San Lázaro la propuesta de Morena para disminuir en un 50% el financiamiento público monetario de los partidos. Podría pensarse que es contradictorio que el partido con mayor caudal electoral y, por tanto, con mayor subsidio, sea el que proponga una rebaja sustancial. Sin embargo, esto se debe a que la existencia en México de una enorme corriente popular a favor de disminuir el gasto electoral coincide con la sensible disminución de la compra de votos. Como se sabe, los sufragios no se compran con dinero privado sino con el público, ya sea de procedencia legal o ilegal, pero este último no procede del bolsillo de los candidatos o patrocinadores sino también del erario. Así funciona.

La reducción del financiamiento público que se ha propuesto no abarca la rebaja en el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión ni la autorización de la compra de spots. Así que, al disminuirse el dinero entregado a los partidos, éstos podrían seguir haciendo su propaganda radiodifundida, quizá buscando superar los brevísimos mensajes y sustituirlos por emisiones algo mayores que permitan exponer puntos programáticos.

Mas, si no es posible comprar spots en radio y televisión, sí lo es reproducir mensajes pagados en internet, lo cual ya se puede hacer bajo fiscalización de gastos de campaña.

La rebaja del financiamiento público de los partidos podría generar una tendencia hacia la disminución de las burocracias partidistas que son parasitarias y abrir cauces para el fomento del trabajo militante. Quizá.

El partido que recién triunfó en la contienda por la Presidencia y el Congreso era el que tenía menor financiamiento público. Esto no podría ser norma, pero dice algo al respecto.

Culiacán por doquier

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador había anunciado una nueva política frente a la crisis de violencia delincuencial que vive México. Eso ocurrió desde que el ahora presidente era candidato.

Sin embargo, cuando se produjo el incidente de Culiacán el jueves 17 de octubre, la oposición actuó como si el país viviera bajo el gobierno de Felipe Calderón o en la guerra continuada de Enrique Peña Nieto. Para los diputados opositores el escándalo había consistido en el repliegue del operativo para detener a uno de los hijos del Chapo Guzmán y no en el despliegue del cártel de Sinaloa en todo un sector de la ciudad.

La conducta del gobierno fue comprendiéndose poco a poco, en tanto que se asimilaba la alternativa imperante en el momento del repliegue, así como el costo que hubiera sido necesario pagar con el enfrentamiento armado.

La política de López Obrador no consiste en la búsqueda del choque armado que, como ya se ha demostrado, genera más violencia y mayores daños humanos.

La nueva conducta del gobierno parte de analizar la crisis delincuencial en su complejidad social y política. Ante el colapso de la estrategia neoliberal empobrecedora y estratificadora, así como ante la crisis del Estado corrupto, entendido éste como sistema de gobierno, el fenómeno de proliferación de cárteles y de lucha entre los mismos reclama intentar aislar esa delincuencia a través de una nueva política social, un combate a la corrupción, un nuevo esquema de seguridad pública y procuración de justicia, así como una nueva actitud frente a las drogas.

La decisión del gabinete de seguridad en el sentido de ordenar el repliegue, posteriormente apoyada por el presidente, fue del todo congruente con esa nueva pauta que se tiene frente a un fenómeno que no se va a eliminar con la sola detención violenta de un capo ni con puros enfrentamientos armados.

El incidente de Culiacán no es algo aislado aunque éste haya sido especialmente grave y escandaloso. No es verdad que vaya a haber un antes y un después del 17 de octubre, ni que sea nueva la falta de control gubernamental del territorio ante la profundidad de la delincuencia armada. Lo nuevo ha sido la actitud asumida por el gobierno, su capacidad de repliegue para evitar una confrontación violenta que quizás hubiera llevado a muchas muertes, tanto de agentes del gobierno y delincuentes como de personas ajenas.

Culiacán está por doquier en alguna medida. La crisis de violencia delincuencial es profunda y extendida. Todos los días ocurren enfrentamientos, ya sea con la fuerza pública o entre los mismos cárteles o pandillas que tienen sus guerras particulares, todo lo cual conlleva daños contra la población en general.

Se ha llegado a decir que la ley debe aplicarse aun frente al inminente peligro de violencia y graves daños que se puedan generar. Este planteamiento es cuestionable de por sí aunque no sea extraño cuando lo formula la oposición política. Pero resulta condenable cuando procede, como ha sido el caso, del organismo nacional de defensa de los derechos humanos por boca de su presidente. Esta ha sido una vergüenza internacional.

Ni la elevación de penas ni la generalización de la prisión preventiva oficiosa, las cuales siguen de moda, deberían formar parte del nuevo esquema del gobierno para hacer frente a la crisis delincuencial de violencia. Así como se desechó la «guerra» contra los cárteles, se tiene que admitir a plenitud que la seguridad pública debe asentarse en reformas sociales y en una nueva política criminal.

El Culiacán que tenemos casi por doquier no será eliminado con el uso de las ametralladoras, aun cuando sean muchas veces necesarias, sino con una nueva construcción que acabe con el Estado que lo prohijó. Este camino es el que se ha abierto. No permitamos que se cierre.

Los sueldos de los jefes

Las remuneraciones de los altos jefes del Estado mexicano siempre iban en aumento. Cuando el Producto Interno Bruto per cápita se reducía, el presidente de la República y toda su corte se aumentaban los sueldos. El número de salarios mínimos contenido en la percepción total del jefe del Ejecutivo iba siempre en incremento: llegó a estar entre los más elevados del mundo. Además, esa misma política se aplicaba en los estados.

En el primer presupuesto de egresos bajo el nuevo gobierno, correspondiente a 2019, se disminuyeron los sueldos de la llamada burocracia dorada. Pero la mayoría de las entidades federativas sigue ignorando la disposición constitucional de que nadie en el Estado mexicano puede ganar más que el presidente.

Por eso, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado una nueva reforma de la Carta Magna, cuyo principal objetivo es hacer valer el texto vigente. Sí, aunque parezca mentira, México es un país en el que para hacer valer la Constitución suele ser necesario adicionarla. Y, a veces, ni así.

El pleito de quienes ya eran jefes por su sueldo es encarnizado. Recursos de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y más de dos mil amparos se han interpuesto para tratar de impedir la sencilla aplicación del artículo 127 de la Constitución del país.

La Suprema Corte ha condenado al Congreso a escribir en la ley los «parámetros» con los cuales se deba determinar el sueldo del presidente de la República y demás jefes. El Poder Legislativo cumplirá con ese requerimiento, pero el pleito no va a resolverse. Seguirá porque los «parámetros» no les van a gustar a algunos funcionarios que han gozado de elevadísimos salarios.

La idea de que los jefes deben ganar como si fueran gerentes de una trasnacional en expansión está anclada al patrimonialismo sobre el erario. En México, el Estado corrupto enseñó a los jefes que la recompensa tiene que abarcar el uso holgado y beneficioso del presupuesto.

La corrupción no consiste sólo en robar, defraudar, desviar, concesionar, regalar, malversar, dilapidar, etc., sino también en la asignación de sueldos y gastos excesivos, siempre de manera arbitraria o caprichosa.

Se ha estado exigiendo a la Cámara de Diputados que diga los criterios que tuvo para fijar el sueldo del actual presidente de la República con menos de la mitad de lo que ganaba su antecesor. El asunto es de respuesta sencilla con sólo trazar la ascendente curva de los aumentos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para no ir más atrás. México no puede pagar al presidente y miembros del gobierno como si estuviéramos en Alemania porque los salarios mexicanos son de los más bajos del mundo.

El sueldo de Andrés Manuel López Obrador no aumentará por más brincos que se observen en poderes, organismos autónomos y gobiernos locales. La Cámara de Diputados es la única instancia que puede fijar las remuneraciones en la Federación. Así ha sido desde 1857 y no tiene por que cambiar.

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) proponen ganar al año un millón de pesos más que el presidente de la República. Como es lógico, la Cámara de Diputados no les concederá ese sueldo, sino que fijará sus remuneraciones en términos consistentes con el marco constitucional y legal del país.

En la nueva temporada presupuestal quedará claro por segunda vez que eso de respetar la Constitución va en serio. Se va a acatar el artículo 127 sobre remuneraciones y también el 75. Este último señala a la representación nacional elegida por el pueblo como la autoridad que fija los sueldos de servidores públicos cuyos empleos están establecidos en las leyes. Las remuneraciones de esos funcionarios es, antes que otra cosa, una cuestión política (incumbe y afecta a todos), por lo que debe dirimirse en el terreno de la democracia.

Impuestos condonados

La Cámara de Diputados ha enviado al Senado un proyecto de reforma constitucional, iniciado por el Ejecutivo, para prohibir la condonación de impuestos. Las oposiciones dicen que están de acuerdo, pero no tanto y buscan enredar el texto.

Esas condonaciones siempre han sido indebidas porque no están autorizadas en la Constitución. El Ejecutivo carece de facultades expresas para perdonar adeudos fiscales.

Se sabe que las condonaciones han sido una característica del sistema impositivo mexicano desde hace muchos años. Centenares de miles de millones se dispensaron sólo en los últimos dos sexenios mediante autorizaciones legales difusas aprobadas por el Congreso y aplicadas muy concretamente por los sucesivos gobiernos.

La condonación se aplica sobre adeudos, es decir, impuestos ya generados pero todavía no pagados. Es un perdón de pago que en los hechos produce una transferencia de recursos públicos al causante incumplido.

Ahora se está diciendo en el Senado que hay que prever excepciones en el mismo texto constitucional, tales como condonar impuestos en casos de catástrofes naturales o a favor de «grupos vulnerables». Pero eso sería una forma de justificar de alguna manera lo que antes se hizo.

Para auxiliar en casos de catástrofes naturales o ante cualquiera otra situación de emergencia económica en alguna región o actividad se pueden conceder estímulos fiscales a del momento de la crisis, pero la condonación no es sobre los impuestos en curso sino sobre los adeudos.

Para ponerlo de otra manera: llega un huracán devastador y el gobierno perdona los adeudos fiscales, de tal forma que sólo gana el que debe, el incumplido, mientras quien está al corriente en el pago de sus impuestos sigue igual. ¿Qué clase de propuesta es esa?

Lo de las catástrofes viene a ser un nuevo cuento para mantener las condonaciones que siempre fueron actos de gobierno sin justificación.

La flexibilidad fiscal no debe incluir la condonación porque la inmensa mayoría de los causantes, empezando por los asalariados, jamás podrán ser beneficiados. Condonar es nulificar un adeudo que puede tener años. Es una amnistía fiscal para unos pocos contribuyentes, los incumplidos.

El texto aprobado en la Cámara de Diputados es escueto porque de otra manera se podría caer otra vez en lo que ya vivimos. El PRI había propuesto un enredado mecanismo para que el presidente de la República pudiera condonar en ciertas situaciones, a juicio de él mismo, bajo condición de que fuera «transparente», es decir, que se hiciera lo que nunca realizaron los priistas y panistas en el gobierno. Ese fue un intento de justificar las negras condonaciones del sexenio pasado, las cuales, con su parcial publicación, han provocado indignación en la ciudadanía, excepto, claro, en los líderes políticos de los partidos condonantes.

El secreto fiscal no aplica para los contribuyentes cautivos, pues sus enteros al fisco los hace el patrón, es decir, los conoce una persona diferente del trabajador. La secrecía es para quienes hacen declaraciones fiscales, los mismos que pueden recibir condonaciones, además de montones de estímulos, desgravaciones, perdones de multas y otras muchas prestaciones que abultan la lista de gastos fiscales. Lo peor es que al recibir esas oscuras recompensas se obtienen amparos de jueces que dicen proteger un secreto que en realidad es de clase, ya que no es de todos y para todos, sino que es usado para ocultar abusos de unos cuantos que esquilman las finanzas públicas.

La prohibición de las condonaciones fiscales en el artículo 28 de la Constitución debe ser sencilla, directa, efectiva y sin enredos, tal como se aprobó en la Cámara de Diputados.

La definición de Morena sobre su futuro

A ningún partido mexicano le ha ido bien en sus elecciones directas: casi todas han sido cuestionadas. Antes, ese método electivo no existía, pero los partidos eran otros. Los de ahora no aciertan a definir el mejor sistema electoral interno, quizá porque ese no existe.

Morena vive un proceso de elecciones internas y no parece haber una solución sencilla. El debate se había ubicado en el padrón de afiliados, el cual es una repetición de lo ocurrido en otros partidos en los últimos 30 años. Los inscritos pueden llegar a ser más de tres millones. Algunos preguntan ¿de dónde salieron todos esos?

El PRD llegó a tener una afiliación de 7 millones que ni en sueños se convirtieron en votos. Ese partido tenía (y tiene) en su peor momento muchos más miembros que sufragios. El PAN quintuplicó el número de sus afiliados tan luego que llegó al gobierno y después tuvo que depurar su padrón para dejarlo parecido a como era antes, al cabo de lo cual la disputa por la legitimidad del listado de afiliados no termina. El PRI jamás conoció de cierto su propio tamaño orgánico porque lo que le interesaba eran los votos y su capacidad de comprarlos, es decir, la población a su alcance: aún ahora el tema del padrón de afiliados es central en todo torneo interno priista, al grado de motivar escisiones.

En cuanto a sus adhesiones, Morena no es el mismo partido antes que después de su triunfo electoral. Eso es del todo entendible. Pero ese problema no es suyo sino del país.

En México, hace mucho que los partidos no están compuestos principalmente por militantes. Los afiliados suelen ser personas más o menos necesitadas de una relación específica con el poder, ya sea municipal, local o federal. No es que sea inexistente la membresía de convicción política e ideológica, sino que ésa suele ser marginal frente a los millones que son incorporados con facilidad a través de otros mecanismos. Este fenómeno se podría denominar clientelismo orgánico, es decir que los «clientes» son incorporados a la estructura partidaria como afiliados con plenos derechos.

Los partidos son organizaciones que agrupan a personas con semejantes ideas e intereses. Bien, pero éstos solían ser generales antes que demasiado concretos. En México, lo que domina es el clientelismo: en sus diferentes grados, el poder es como un panal.

Morena no puede saber quienes son sus militantes y quienes sólo sus afiliados más o menos ocasionales. Por ello, se propone, hay que acudir a la población abierta para decidir el lío de su nueva dirigencia. Así lo entiende Andrés Manuel y algunos otros. Pero el espíritu de partido, en especial la lealtad, decisión y esfuerzo de sus fundadores aconsejaría lo contrario, es decir, radicar la determinación electoral sólo en aquellos afiliados que iniciaron lo que se convirtió en una gran proeza nacional.

Sin embargo, Morena ha sido más un movimiento electoral que un partido organizado de militantes. Esa es una realidad, la cual tampoco podría ser alterada de un día para otro.

La propuesta de Andrés Manuel tiene dos lados: la encuesta como método decisorio (nada extraño en la historia reciente de la izquierda mexicana) y la concurrencia abierta al proceso, es decir, la admisión como candidatos de personas adheridas a Morena en cualquier momento. No es nada fácil.

El asunto no se resuelve con restringir o dilatar el listado de electores, aunque esa decisión debe tomarse con entera claridad, transparencia y convicción. El problema de fondo va a seguir siendo el de la naturaleza del partido que se precisa construir.

Lo que ya se demostró es que en el México de la segunda década del siglo XXI funcionó de maravilla un movimiento electoral abierto, como también lo fue de alguna manera el PRD en sus inicios. La cuestión es si, una vez que triunfó, Morena puede seguir en esa ruta con el mismo esquema orgánico. En realidad, esa pregunta es la que debería responder la próxima dirección, sean quienes fueren sus integrantes.

La noche de Iguala: los culpables

Los muertos, desaparecidos y lesionados del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, tienen culpables directos e indirectos. Así, también, hay responsables políticos de ese crimen como producto de un Estado sometido a la delincuencia armada. Y existen culpables de las torturas contra los detenidos, la inobservancia de la ley y la falta de probidad de aquellas autoridades que, sucesivamente, tomaron el caso.

El problema no sólo consiste en la versión del Ministerio Público sobre que los cuerpos de los estudiantes fueron arrojados e incinerados en el basurero de Cocula, a pesar de no haberse encontrado restos humanos. El mayor problema es que esa versión dio por cerrada virtualmente la investigación ministerial. Es hasta hace poco, con el nuevo fiscal general, que se intenta seguir con las indagatorias.

Son muchos los inculpados por desaparición, homicidio y lesiones, pero sus testimonios ante fiscales locales y federales no han servido para responder la pregunta de porqué la policía de Iguala se lanzó en tres ocasiones sucesivas contra los mismos autobuses en los que viajaban los estudiantes de Ayotzinapa y no se les permitió salir de la ciudad, llegar hasta la carretera, cuando ya se encontraban a una cuadra de distancia. Tampoco se conoce orden de autoridad emitida para ese propósito, a pesar de que muchos jóvenes detenidos fueron conducidos a la comisaría.  Es aún más oscura la narrativa sobre la actitud tomada por el gobierno de Guerrero, incluyendo los cuerpos locales de seguridad, la Policía Federal y los efectivos militares que cuentan en Iguala con un regimiento. Todos los estratos de autoridad existentes en México estaban presentes aquella noche en Iguala.

La «verdad histórica» de Murillo Karam ha sido presentada por su propio autor como una de las más grandes investigaciones criminales de la historia de México. Sin embargo, no da respuesta a ningún asunto principal de la tragedia, entre otros, la definición de qué ocurrió exactamente y dónde se encuentran los 43 normalistas. Se habla de un basurero y sólo se exhiben restos de dos jóvenes.

Una tragedia como la de Iguala requiere una explicación amplia de los hechos en sí, como de sus motivos y propósitos. Además, es preciso ahondar en las causas y modos de esa forma de ser del aparato de seguridad y justicia, la cual consiste en que para investigar delitos se comenten delitos.

Después de cinco años existen más dudas que certezas, más versiones improvisadas que pruebas, más impunidades de delincuentes y autoridades. Es por esto que todo debe cambiar en este tema tan emblemático. El país tiene derecho a recibir un relato completo y fundamentado de la noche de Iguala. Al tiempo, los funcionarios responsables por acción u omisión, los que ocultaron evidencias o simples datos, los torturadores, los cómplices, los mentirosos deben ser convocados a rendir cuentas.

Pero hay que ir más lejos. Es preciso abordar el tema de la crisis estatal-criminal de México, la cual no se ha empezado a superar a pesar del radical cambio de gobierno. La imbricación del Estado con la delincuencia organizada permitió un inusitado aumento de las bandas y su ramificación hacia otras actividades delictivas, en especial la extorsión, que se ha convertido probablemente en el delito más frecuente de dicha delincuencia.

Desarticular la extorsión no puede ser obra de la flamante Guardia Nacional, al menos de momento, porque ésta no cuenta con un aparato de investigación a profundidad, es decir, en las calles, sino sólo tiene fuerza armada disuasiva y persecutoria. El Ministerio Público –32 locales y uno federal– tampoco podría contrarrestar la extorsión con los escasos instrumentos con los que ahora cuenta. Se requiere montar una nueva organización de investigaciones criminales, sin importar a qué institución se le asigne.

Ahora mismo, para averiguar de nuevo la noche de Iguala, se requiere de esa estructura.

Crisis fiscal mexicana

Los ingresos tributarios federales ascienden a 13.3% del PIB. Son de los menores del mundo. Se trata de un problema creado durante tres décadas. ¿Cómo hacer frente en el corto plazo a la precariedad de los ingresos? ¿Cómo iniciar el camino hacia la superación de tan grave escasez de recursos públicos?

El nuevo gobierno optó por mantener las tasas impositivas, no recortar gastos fiscales y detener el tobogán del endeudamiento. Esta decisión ha sido criticada desde algunos medios académicos y políticos, pues el país, en efecto, requiere un plan para remontar su gran deficiente fiscal. La respuesta gubernamental consiste en que es preciso ahora elevar la eficiencia recaudatoria, no sólo para medir el grado de descuido y corrupción que prevaleció, sino principalmente para elevar el ingreso público sin nuevas tasas impositivas. Y, en efecto, en los primeros 9 meses del año se ha elevado la masa recaudatoria de algunos conceptos fiscales, pero el porcentaje del PIB que se captará en 2020 seguirá siendo el mismo 13.3.

El problema es aún más serio en tanto que para detener el crecimiento del endeudamiento público se sigue recurriendo al llamado superávit primario, lo cual quiere decir que el gobierno devuelve a la sociedad menos de lo que recoge de ella. Este mecanismo es una respuesta de emergencia a una deuda pública que se acercaba a la mitad del PIB anual y podía poner en peligro la relativa estabilidad de las tasas de interés y, en el extremo, parte de la reserva internacional del país.

En el marco de una estabilidad cambiaria y de la reducción del rédito fuera de México, se han realizado operaciones de conversión de deuda pública, a partir de lo cual se reducirá el superávit primario, desde un punto del PIB a 0.75, lo cual permitirá aprovechar algo más de los recursos ingresados.

El gobierno ha impulsado programas sociales y de inversión que requieren ingentes recursos fiscales. La solución que se ha dado hasta ahora es la disminución de gastos de operación de los ramos administrativos y la terminación del sistema de pulverización presupuestal, el cual operó como base de la corrupción. Hasta ahora, han marchado los principales programas sociales nuevos, en los que se reconocen derechos sin condiciones políticas, pero la plataforma de gasto social apenas está empezando.

Cuando se cuenta con recursos fiscales  muy escasos, es demasiado complicado mejorar en algo la redistribución del ingreso a través del gasto público. No obstante, se ha demostrado que, aún así, es posible. El combate a la corrupción y al dispendio está dando resultados.

Sin embargo, el gran problema de la cuantía del gasto no sólo afecta los mecanismos redistributivos sino la inversión productiva del Estado que siempre ha sido clave para el crecimiento de la economía. Es justamente en este plano donde el proyecto de ingreso-gasto para 2020 expresa más claramente el inicuo retraso estructural de las finanzas públicas.

Hacia 2021 se tendrá que dar un cambio en materia fiscal. Ya no se podrá confiar tanto en seguir mejorando la recaudación dentro del mismo marco legislativo, reducir la corrupción y atacar el dispendio porque todo esto ya habrá dado de sí. Se deberá ir a una reforma fiscal sobre la base de proporcionalidad y justicia.

Es de esperarse que los grupos que se vean afectados por ese cambio se ubicarán en una militancia política en contra del gobierno, pero eso siempre se ha sabido. Aunque la situación política se vea afectada, de cualquier forma ya no debería considerarse argumento circunstancial alguno para diferir más el fortalecimiento de las finanzas públicas.

Superar por entero la crisis fiscal mexicana es vital para sustentar la nueva orientación política alejada del cartabón neoliberal que justamente nos condujo a la misma.

Obsesión penal

Hace unos meses, el Congreso aprobó una adición al artículo 19 constitucional, con la cual se aceptó una propuesta del presidente de la República, a fin de sujetar a prisión preventiva oficiosa a los imputados de uso de programas sociales para comprar votos, enriquecimiento ilícito y lo que se conoce como huachicoleo.

Los dos primeros  son delitos que se cometen por servidores públicos, mientras el tercero ha sido una gran industria, cuyos imputados ya carecían según la ley de derecho a fianza.

Para completar la mayoría calificada de dos tercios, en el Senado se tuvo que satisfacer desbocadamente los deseos punitivos de las oposiciones, las que ahora protestan por la decisión de la mayoría senatorial de agregar, sólo por vía de la ley, algunos delitos fiscales, en especial el relacionado con las facturas falsas.

Antes de aquella reforma del artículo 19 de la Constitución, había seis delitos en los que el juez debe ordenar la prisión preventiva aunque la Fiscalía no la solicite, es decir, debe hacerlo oficiosamente. Ahora tenemos 18 delitos luego del festín provocado por la obsesión penal que cunde casi por doquier en nuestro país.

De los delitos adicionados en abril del presente año dentro del concepto de prisión preventiva oficiosa destacan: robo a casa habitación, robo a transporte de carga y portación de arma de fuego. Se entiende que el primero es muy extendido, mas puede ser cometido casi por cualquier persona, incluida quien realice trabajo doméstico en la casa robada. En cuanto al segundo, se aprecia que la prisión preventiva sólo es para quien robe unidades de trasporte de carga, pues si el asalto es a un autobús de pasajeros, el trato penal es diferente; lo que más importa es la propiedad empresarial, antes que la cartera del viajero. En cuanto a la portación de arma, en México ese delito puede ser cometido por millones de personas que poseen alguna en su casa y, en un determinado momento, deciden llevarla; las armas de «uso exclusivo» de los militares son de calibre .38 para arriba, es decir, casi todas.

Destaca también la adición de un delito que se ha convertido en gran problema, el abuso sexual contra menores (distinto de la violación que ya tenía proceso penal sin fianza), el cual puede ser cometido tanto por una persona mayor como por otra que sea joven y cercano a la víctima; de cualquier forma, aquí todos son presuntos culpables en cárcel. Lo peor es que esto no va a detener a los abusadores.

Los delitos comentados aquí, los cuales ahora ameritan prisión preventiva, es decir, cárcel durante todo el proceso, son un escopetazo punitivo. Se tira sin saber cual es el blanco de los perdigones.

Ahora, el gobierno ha propuesto que la ley vincule algunos delitos fiscales a la seguridad nacional con el propósito de enlistarlos como aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Se trata, según se afirma, de combatir el uso de facturas falsas como medio de evasión de impuestos debidos. Pero aquellas oposiciones políticas que hicieron su festín punitivista de engorda del artículo 19 de la Constitución, están frenéticamente en contra de la nueva reforma y anuncian que acudirán a la Suprema Corte para echarla abajo.

La explicación es que aquellas incorporaciones de delitos al sistema de prisión preventiva oficiosa no afectaban a los capitalistas. Pero la nueva propuesta gubernamental, ya aprobada en el Senado y turnada a la Cámara de Diputados, quizá alarma a ciertos empresarios porque es una amenaza de cárcel segura para algunos. A esos senadores de oposición se les nota su espíritu de clase porque, aunque son punitivistas, dejan de serlo cuando se habla de delitos cometidos en los negocios y pasan a implorar derechos de los ricos.

En realidad, ensanchar el sistema de prisión preventiva oficiosa no es el camino para resolver el problema criminal. De entrada, la delincuencia organizada, según la Constitución, carece de derecho a fianza durante su proceso. Entonces, ¿cuál es el problema? Contar con policía, fiscalía y juzgado competentes y honrados. Es decir, acreditar bien la inculpación y llevar limpiamente los procesos.

La ilusión punitiva siempre es contraproducente porque engaña al Estado y a la sociedad. Se parte de conceptos erróneos, el primero de los cuales consiste en creer que el Código Penal previene el delito, cuando en realidad sólo lo prescribe.

Por ejemplo, los delitos electorales de servidores públicos nunca se han perseguido en México porque el gobierno es quien los comete. Si las cosas van ahora a cambiar o están ya cambiando, entonces de nada sirve ser más severos en penalidades y trato a inculpados.

No es entendible la extensión a la que ha llegado la facturación falsa y el consecuente fraude fiscal de miles de millones cada mes sin la existencia de grupos delincuenciales que operan dentro y fuera del gobierno. Bien que se persiga semejante atraco a la nación, pero lo importante es eso y no erosionar la presunción de no culpabilidad que debe tener toda persona durante su proceso penal.

Además, ya se puede introducir ese delito en la ley contra la delincuencia organizada que tiene otro tratamiento procesal, pues no parece ser posible que los falsificadores de facturas actúen de manera individual o lo hagan sin contar con un sistema y una continuidad. Están organizados para delinquir.

La obsesión punitiva es algo de lo más frustrante en materia de leyes. En la ola actual, que lleva más de diez años, no se ha logrado prácticamente nada con aumento de penas, extradiciones, incomunicaciones, arraigos, prisiones preventivas oficiosas y otras pretenciosas reformas legales. Lo mejor sería tratar con seriedad el tema de la crisis delincuencial del país.