Yanis Varoufakis

“Portaré el odio de los acreedores con orgullo” ha dicho Yanis Varoufakis al dejar el ministerio de finanzas de Grecia y, al tiempo, se ha convertido en un referente indispensable de la historia de la lucha contra los poderes financieros del mundo. Varoufakis ha dejado su cargo por demanda de los acreedores a quienes por lo visto les faltan argumentos con los cuales vencer al griego. El pueblo de Grecia ha dicho no, lo cual no depende de que Varoufakis sea ministro de finanzas o un diputado sin cartera. Pero la actitud de éste, en consonancia con el gobierno del que formó parte de manera brillante, es lo que prevalece. Dadle a los cobardes la presa que más desean en sus ansias de venganza pues eso no comprometerá la decisión de todo un pueblo en rebeldía frente a los usureros de Europa.

La izquierda, el Pacto y la votación

El llamado Pacto por México se convirtió en una mala frase dentro de la izquierda y en algunos círculos panistas. Tal vez por eso se dice ahora que influyó en las recientes elecciones, pero para medir su impacto es preciso hacer lo que antes no se hizo: el análisis del pacto mismo.

El Pacto fue redactado y firmado al estilo priista: en secreto y, luego, en una ceremonia pomposa y ridícula. El error del PRD no fue proponer la elaboración del acuerdo político sino haberlo hecho sin consultar al partido; algo semejante le ocurrió al PAN.

Después de las elecciones de 2012 las principales fuerzas políticas tenían que llegar a acuerdos si en realidad buscaban lograr algo en los primeros dos años del sexenio. El contenido del Pacto correspondía a lo que habían expresado los partidos aunque también había temas nuevos, especialmente para el PRI. Las cosas eran más complicadas para el PRD porque éste había acusado a Peña de hacer un fraude electoral a través de  la anticipación de su campaña en la televisión y mediante un gasto mayor que el permitido. Una vez más, a la izquierda se le presentaba un dilema entre la actitud política y la posición política. La primera es algo generalizador, es un rechazo o una aceptación en bloque. La segunda es un conjunto de propuestas y unas decisiones tomadas según el contenido de los proyectos y los contextos. En la lucha parlamentaria siempre ha tenido la izquierda ese dilema y no siempre lo ha resuelto bien ya fuera hacia un lado o hacia el otro.

Peña aceptó la propuesta de un acuerdo puntual que no contuviera línea general de gobierno ni significara alianza política. Era la mejor forma de mantener la confrontación sobre la política general sin ahogar todo intento de cambio. El asunto central era que una vez que los votantes se habían expresado, los partidos los tomaran en cuenta en lugar de ignorarlos como se acostumbra. El hecho concreto era que en el país no había ninguna fuerza mayoritaria. Es lo que ahora ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde debería invitarse a Morena a un acuerdo o de plano a formar parte del gobierno por ser el nuevo partido más votado y ser de izquierda. En síntesis, hay que acatar el mandato de las urnas o nunca se podrá siquiera aspirar a ser demócrata. Por lo visto, aquí sigue abierto un debate dentro de la izquierda 35 años después de la participación electoral del Partido Comunista.

El Pacto contenía asuntos de la agenda nacional en los que no se habían producido acuerdos en el pasado reciente. Por ello era un acuerdo amplio aunque no se trataba de un cambio de rumbo general. Había en la agenda dos reformas impostergables sobre las cuales venía insistiendo la izquierda: la administración del sistema de educación básica y las telecomunicaciones. En el primer tema, el gran problema se llama SNTE y se conoce como Gordillo, mecanismo que privatizó bajo el control de un grupo a miles de establecimientos escolares en el país; en el segundo, destaca la existencia de dos monopolios, América Móvil y Televisa. López Obrador había abordado durante su campaña ambos problemas aunque sin definir rumbo concreto. En cambio, Peña Nieto no tenía esos temas en su agenda pública.

Gordillo fue a la cárcel y la reforma, mal llamada educativa en lugar de administrativa, le arrebató al SNTE y por esa vía a la CNTE parte de su control burocrático. Desde la izquierda sin embargo se ha apoyado al viejo sistema en el que los líderes sindicales imponían a directores e inspectores además de repartir plazas y despedir profesores, pero se trata de un apoyo reactivo que exhibe la falta de un proyecto propio para la administración del sistema educativo. La CNTE ha tomado el peso principal de la defensa del modelo gremial de rectoría educativa y financiamiento político aunque los líderes del SNTE siempre han sido los principales beneficiarios de ese gremialismo en cuanto a sus influencias burocráticas e ingresos económicos.

La reforma de telecomunicaciones tuvo como propósito relevante la regulación antimonopólica pues ni siquiera ésta existía en el país. Ha quedado pendiente, aunque dibujada, la creación de una nueva televisión de Estado con fuerte financiamiento público. Se establecieron también nuevos derechos humanos que la vieja Constitución nunca había recogido. Esa reforma fue un poco más allá de los programas políticos hasta entonces conocidos.

La reforma fiscal se hizo fuera del Pacto con el apoyo del PRI y del PRD, objetada con fuerza por el PAN y por Morena. Para parte de la izquierda, era la primera vez en casi 30 años que se aumentaba la progresividad del impuesto sobre la renta y se eliminaban o limitaban algunos regímenes fiscales de privilegio. Cuando el PRD nació tomó esos planteamientos de las izquierdas anteriores. No había justificación alguna para impedir la reforma fiscal (cosa que se podía fácilmente) aunque tuviera insuficiencias. En otras palabras, hubiera sido una vergüenza que la izquierda, toda ella, saliera corriendo de la coyuntura fiscal tan largamente esperada.

La reforma llamada energética fue obra del PRI y el PAN. No se encontraba firmada en el Pacto y el PRD no podía suscribir ninguno de sus puntos. No obstante, se dice que esa reforma ha sido producto del Pacto a sabiendas de que se miente. Por el contrario, la reforma energética fue la causa de su desaparición con la evidente satisfacción  de Peña quien se liberaba así de tener que responder por el contenido verdadero del Pacto.

Sí, el Pacto por México contribuyó al desprestigio del PRD pero principalmente debido a la torpeza de la dirección de ese partido en la forma en que fue firmado y por la falta absoluta de discusión previa e, incluso, de debate posterior. Si alguien tiene necesidad de apegar sus razonamientos a los hechos concretos, podría leer el Pacto y comprobar que esas reformas ahí enunciadas, en su mayoría, siguen siendo necesarias y forman parte de las propuestas progresistas del país. Ojalá se lograran ahora o mañana bajo el gobierno que fuera. Sigue habiendo en la izquierda, en efecto, un conflicto con la democracia a pesar de los años y la experiencia.

El PRD frente a su derrota electoral

El Partido de la Revolución Democrática sufrió sin duda una derrota electoral en la Ciudad de México. Por más que se la quiera ver con disimulo, la verdad es que Morena superó en votos al PRD y que aquel partido es la principal fuerza electoral de la ciudad. Se ha producido un cambio que es preciso reconocer: hay otra fuerza política mayoritaria.

Sin embargo, el problema mayor es procesar un análisis que llegue a conclusiones compartidas sobre las causas de ese cambio. El primer elemento es que la escisión del PRD tuvo un calado muy fuerte en la ciudad, pero ¿por qué? Esta situación no ocurrió por igual en todas partes ni siquiera en Tabasco, estado de donde es líder político el fundador de Morena. Parece que la respuesta debería tomar en cuenta que el PRD ha sufrido un proceso de descrédito debido a que la corrupción ligada a la administración pública sigue siendo alta en la percepción de la ciudadanía; a que la gestión pública de los delegados y delegadas se ha concentrado en los grupos que conforman la clientela perredista en evidente desatención a sectores de ciudadanos no corporativizados; a que no se han producido nuevas reformas sociales y no se ha avanzado en las ya establecidas; a que no existe un plan conocido de infraestructuras que permita a la gente saber lo que el gobierno de la ciudad tiene pensado hacer; a que los gobernantes delegaciones y los de la administración central carecen de un discurso político preciso en el que se reflejen orientaciones y objetivos de la gestión pública; a que el PRD como tal tiene poca injerencia en las actividades de gobierno y se limita a realizar gestiones; a que ese mismo PRD no discute absolutamente nada, se ha alejado de la política y se encuentra cada vez más desorganizado como partido.

A todo lo anterior es preciso agregar un elemento que ha calado fuerte en la conciencia ciudadana del país pero en especial en la Ciudad de México: la tragedia de Iguala en la que existió evidente responsabilidad política del PRD como partido político nacional.

Así como en su momento no se reconoció que la escisión de López Obrador era un acontecimiento de gran trascendencia y que muchos dirigentes perredistas trataron de convencerse a ellos mismos de que se trataba de un asunto relativamente menor, de la misma manera se ha tratado de evadir el desprestigio del PRD dentro de numerosos sectores de izquierda, muchos de los cuales existen desde antes de la fundación del partido. Se trata de la intelectualidad, dentro de la cual están académicos, artistas, profesionistas, pero también de un amplio sector de la clase media educada en principios de izquierda. Desde hace años el PRD se fue divorciando de esos segmentos sociales de tal manera que ahora muchos de sus integrantes anularon su voto (más del 7% en la ciudad) o votaron por Morena. El PRD no incorporó a su dirección a intelectuales, abandonó el trabajo cultural, renegó de sus orígenes al despreciar a los académicos, no creó una plataforma de protección del ambiente, se ligó a los jóvenes sólo como parte de sus clientelas ya tradicionales pero sin especificidad juvenil alguna, jamás acertó a definir una clara política sobre las cuestiones de género, ignoró los centros de educación de la ciudad, sigue careciendo de una política laboral distintiva, entre otros muchos errores políticos que forman parte de su situación actual.

En la campaña reciente el PRD hizo hincapié en sus logros de gobierno pero olvidó algo elemental: la gente no vota por las conquistas del pasado sino por los objetivos a futuro a menos de que se encuentre en peligro de perder lo ya ganado. El PRD se refugió en sus anteriores reformas sociales y legislativas, así como en sus importantes obras públicas, porque no tenía mucho nuevo que ofrecer ya que ha perdido el impulso reformador y se ha refugiado en un esquema de conservación que no es la vía para ser la fuerza política mayoritaria en una ciudad progresista. La campaña del gobierno capitalino para elevar los salarios mínimos nunca tuvo el acompañamiento efectivo del PRD en el DF ni de su dirección nacional y, de tal suerte, entró en un impasse al grado de que no fue bandera electoral perredista.

En la ciudad no existe un plan cierto y conocido de crecimiento del Metro y mucho menos un calendario; la ciudadanía ignora si el gobierno tiene planes para garantizar la educación media-superior a todos los jóvenes y para ayudar a que ingresen a la educación superior aquellos que lo requieran; nadie puede saberse enterado de algún plan general para reordenar el actual comercio en las vías públicas y la apertura de nuevas perspectivas para esos comerciantes; no sabemos en qué consiste exactamente la política de uso del suelo más allá de las decisiones puntuales que se toman y que no obedecen a criterios generales sino a intereses particulares; no hay un plan de financiamiento a mediano y largo plazos como no existen tampoco elementos de planificación urbana y económica. El proyecto de conversión en alcaldías de las actuales delegaciones sigue siendo algo limitado, ya que no se admite la creación de cabildos plurales con iguales funciones que los ayuntamientos para terminar con el sistema de administración personal que ya se encuentra en crisis profunda. En síntesis, el futuro se sigue viendo como algo incierto y azaroso en una de las grandes ciudades del mundo.

Aún bajo las condiciones aquí brevemente descritas hubiera sido posible el mantenimiento del PRD como la fuerza mayoritaria sólo gracias a que había carecido de una oposición verdadera, a que el PRI y el PAN en la ciudad carecen de rumbos, programas y liderazgos, pero eso no es en sí mismo un mérito. Sin embargo, surgió una fuerza que, aunque también carece de programa para la ciudad, catalizó en su favor gran parte del descontento con el PRD.

Es evidente que la ciudad sigue siendo mayoritariamente de izquierda y con una presencia fuerte de las derechas políticas. Debido a la división en la izquierda se perdieron algunas delegaciones y distritos pero, más allá de esta circunstancia, las derechas pueden convertirse eventualmente en fuerza mayoritaria si las izquierdas siguen su proceso de división, enfrentamiento y falta de nuevas elaboraciones.

Así, las tareas más urgentes son: la elaboración programática y política con sentido social y democrático, la dotación de nuevos liderazgos moral, intelectual y políticamente elegibles y la unidad de las izquierdas alrededor de un proyecto común para la ciudad. Se advierte difícil pero no es imposible. El PRD tiene que responder al reto sin pretensiones exclusivistas o fenecer por falta de un buen intento.

Las sucesivas crisis del INE

Ha entrado de nuevo el Instituto Nacional Electoral en una crisis. Un consejero electoral, es decir, con voto, ha denunciado que desde hace más de un año existía un acuerdo formal entre los consejeros de que fuera renovada la comisión para procesar el nombramiento de los integrantes de los organismos electorales de los estados. Sin embargo, dicho convenio no fue respetado y se mantuvo sin cambio dicha comisión. Para ese consejero, José Roberto Ruiz Saldaña, en el INE existen funciones metalegales a cargo de un grupo encabezado por Marco Antonio Baños.

El asunto importa pues Baños fue el presidente de esa comisión cuando se nombraron los nuevos organismos de los estados y éstos resultaron a modo de la mayoría de los gobernadores, es decir, la reforma electoral quedó en nada en tan importante aspecto. Ahora, todo seguirá igual porque predominan los intereses oficialistas en el supremo órgano electoral administrativo del país. Y Ruiz Saldaña nos señala el mecanismo: Baños dirige a un grupo de cinco consejeros y consejeras que, con la actitud permisiva del sexto voto, el del consejero presidente Lorenzo Córdova, tienen una mayoría en el órgano de gobierno del INE.

Eso mismo había sido dicho en una de las crisis anteriores, cuando el 18 de febrero ocho partidos (todos menos los dos oficialistas) se levantaron de la “herradura de la democracia” para denunciar la actitud permisiva del Instituto frente a la violación cínica, reiterada y alevosa del Partido Verde (así llamado) de adelantar su campaña electoral desde septiembre de 2014 con una batería de televisión, anuncios de calle, cineminutos, regalos de bolsos escolares, boletos de cine, tarjetas de descuento, envolturas de tortillas y cuanta otra cosa se les ocurrió a los diseñadores de la campaña de ese partido de defraudadores, único aliado formal de Peña Nieto.

Antes, se había presentado una crisis cuando el nuevo sistema de reportes contables en línea de los gastos de los partidos no funcionó como lo manda la ley porque el INE decidió encargar el diseño a una compañía que resultó técnica y económicamente incapaz, luego de lo cual no hubo responsables administrativos de las decisiones catastróficas.

Otra crisis se presentó luego de que el Tribunal Electoral obligó al INE a cumplir con la ley en relación con esa descarada campaña electoral anticipada del Verde (así llamado). Primero, se ordenó la conclusión del procedimiento abierto por el PRD mediante una queja, con lo cual se censuró la negativa del consejero presidente, Córdova, de cumplir con los términos legales. Después, el 19 de diciembre de 2014, vino la revocación de la negativa de la comisión de quejas del INE de suspender cautelarmente los ilegales espots del Verde (así llamado) y, a continuación, todo lo tuvo que hacer el tribunal porque el INE seguía en la actitud permisiva frente al oficialismo hasta que se vio precisado a imponer una fuerte multa a ese mismo Verde (así llamado) por no obedecer una orden de suspensión de su propaganda ilegal, cuyo origen no había sido el Instituto, por cierto, sino el tribunal, aunque el INE tuvo que aplicarla.

La crisis inmediata anterior a la actual se produjo cuando el sistema de cómputos distritales arrojo más del 100 por ciento de casillas computadas, luego de lo cual tuvieron que interrumpirlo. La explicación de lo que había ocurrido fue muy simple pero la causa no ha sido revelada. Además, según cuentas, el INE eliminó del listado de electores a más de 60 mil ciudadanos o, dicho de otra manera, canceló las casillas donde ésos podrían votar con lo cual ni siquiera aparecieron en la suma total en los cómputos distritales. Al tiempo, muchas actas de cómputo dicen mentiras cuando registran como computadas la totalidad de las casillas sin tomar en cuenta las no instaladas, las robadas, las desaparecidas, etcétera. Y, para colmo, el consejero presidente no ubicó en el orden del día de la sesión subsecuente del Consejo General el tema del problema cibernético pero declaró que nadie quería minimizarlo. Quizá porque lo que se buscaba era olvidarlo. Lo tuvo que incorporar al debate el PRD, quien hacía más preguntas que daba respuestas mientras la reiteración de nimiedades estaba a cargo de los consejeros electorales en lugar de que el aparato ejecutivo diera las explicaciones en tanto responsable único de todo lo ocurrido.

Así funciona actualmente el INE.

Las crisis, en suma, empezaron con el nombramiento de los organismos locales electorales, cuando el PRI se llevó más del 80 por ciento del pastel. Siguieron con la campaña anticipada del Verde (así llamado) tolerada durante cinco meses por el INE. Continuaron con las órdenes provenientes del tribunal para detener al Verde debido a las ilegalidades cometidas por el INE en el manejo del asunto. Se prolongaron con el retiro del Consejo General de ocho partidos políticos con la demanda de imparcialidad y legalidad. Generaron mucha desconfianza cuando no funcionó el sistema electrónico para el cómputo distrital. Y remataron con la noticia de que el INE, ilegalmente, no ofreció posibilidad de votar a más de 60 mil ciudadanos. Por último, pero a reserva de otra crisis nueva, la mayoría de consejeros se negó a cumplir un acuerdo de renovar la comisión de OPLES (organismos electorales de los estados) poniendo de manifiesto una vez más que en el IFE opera una red que ejerce funciones “paralegales y pararreglamentarias”.

El tema pertinente lo enunció el consejero Ruiz Saldaña: “Una interrogante válida es si los partidos políticos desean ir a 2018 en esas condiciones”.

El ocaso de Peña y la dispersión de la izquierda

Las elecciones de diputados así como los comicios locales arrojan un resultado que bien podría considerarse como el inicio del ocaso de Peña Nieto y la cristalización de la dispersión de la izquierda. Hay otros dos datos: un gobernador sin partido y un diputado independiente aunque ambos son políticos de larga trayectoria. En realidad, no hay nada nuevo en el sistema político.

Peña fracasó por completo al intentar obtener un porcentaje de votos mayor que en 2012. Ahora obtuvo con las siglas PRI tan sólo el 28.6 por ciento, es decir, está algo lejos del tercio del electorado pero sigue siendo el presidente de la República con exiguo apoyo popular. Su socio e instrumento, el Partido Verde (así llamado), alcanzó 6.6 a pesar de que inició ilegalmente campaña en septiembre y se levantó él solo con el 45 por ciento en Chiapas donde hubo una elección de Estado. Total: un fracaso del oficialismo y, con ello, de la política que aplica. El mayor damnificado ha sido Peña pero no fue el único. También el PAN se quedó atorado en su quinta parte de los votos emitidos.

Lo más aparatoso sin embargo fue la cristalización de la ruptura en la izquierda. La votación de esa corriente se dividió en casi dos mitades entre PRD y Morena. Aquí hay un par de comentarios necesarios: era falsa la tesis con la cual se menospreció la escisión de López Obrador y era falso el postulado de que Morena dejaría en el margen al PRD. En cifras, los perredistas tuvieron dos puntos porcentuales por arriba de Morena (cerca de un millón de votos) y López Obrador tuvo que sufrir su derrota (eso es relativo) en Tabasco. En cambio, en la Ciudad de México, Morena se convirtió en el partido más votado llevando al PRD a un colapso no antes visto. Para un partido gobernante, aunque sea más formal que real, esa derrota es algo de lo más significativo de la reciente elección pues no es compensada con el triunfo en Michoacán y se agrava con la derrota en Guerrero.

Morena no es una formación nueva como algunos especialistas han querido interpretar. Es un partido relativamente viejo. Su dirigente es integrante de la clase política, fue gobernador de la Ciudad de México durante cinco años y candidato a presidente de la República en dos ocasiones. Morena no es Podemos de España, sino una escisión del PRD fundado en 1989. Además, Morena tiene un programa también algo viejo (redistribuir el ingreso mediante el Estado pero no hacer una nueva distribución) y evade algunas de las reivindicaciones civiles como el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo y los matrimonios entre personas del mismo sexo así como el debate sobre el tema de las drogas.

La izquierda (PRD, Morena, PT) antes unida y ahora desunida obtuvo en suma el 22 por ciento, arriba del PAN y, si se cuenta también a un ex compañero de viaje, el Movimiento Ciudadano con su triunfo en Jalisco, llegaría a más del 28 por ciento, igual que el PRI. El mayor problema al respecto es que la desunión trajo como consecuencia el triunfo del PRI o del PAN en algunos lugares.

Si bien es cierto que Peña y el PAN se estancaron, también es verdad que la izquierda se sectarizó y su influencia política será menor pero no por menos votos sino por dispersos. Ante la política de Morena y de no pocos líderes perredistas que vuelven al viejo lema de “pocos pero muy sectarios”, la tarea política más importante es la lucha por la unidad de la izquierda sin la cual no existen posibilidades reales de un cambio político.

En cuanto al PRD, podría decirse que es imperioso un rediseño tanto en materia de organización y relaciones internas como en lo que se refiere a la línea política. Lo que las urnas le están diciendo a ese partido es que al perder casi  la mitad de su electorado y la mayoría en la Ciudad de México no se ratifica la conducta que ha seguido sino que la pone bajo un poderoso cuestionamiento. El PRD –su dirección o sus bases– tiene que responder ante ese castigo o sucumbir en la falta de un buen intento.

Hay un elemento nuevo: ha surgido un partido de corte cristiano y posiblemente confesional, se llama Encuentro Social, que ha levantado más del tres por ciento. Con esta novedad se podría abrir un conflicto sobre el carácter laico del sistema electoral mexicano, pero eso lo veremos dentro de poco.

En cuanto a los nulos, podría decirse que el movimiento anulista tuvo expresión fuerte sólo en la capital del país, con un 7 por ciento, pero a nivel nacional, con el 4.8, se mantuvo en un rango ligeramente menor que el más alto conocido.

El amago del boicot electoral a cargo de la CNTE se aflojó en el último momento pero dejó al descubierto que no se trataba de un rechazo del sistema político y de los partidos en su conjunto sino de una forma de presionar al gobierno para obtener reivindicaciones gremiales. Así, la acción política no correspondía a los objetivos pero lesionaba el derecho ciudadano de elegir, el cual, además, es una conquista histórica de la izquierda. El programa de la CNTE es discutible en varios de sus puntos pero lo más cuestionable son sus métodos que por lo regular lesionan a quienes podrían apoyar la lucha a favor de la educación democrática y popular. Aquí también hay una crisis.

La “fiesta cívica”

Hace no muchos años en México no había elecciones sino refrendos obligados e inevitables del poder. Era cono una autarquía sólo que con alternancia de personas que representaban al mismo sistema político. Entonces, las elecciones no servían para resolver problema alguno y eran una “fiesta cívica”. Sin embargo, hoy se dice lo mismo, pero el asunto es que tales frases han provenido del Instituto Nacional Electoral, instancia que tiene a su cargo la organización de las elecciones pero no el análisis de su significado político.

Ya nos hemos referido a esa expresión de Lorenzo Córdoba de que los comicios no resuelven ningún problema (luego añadió que no resuelven nada per se, lo cual mantuvo igual el significado de la frase), a pesar de que sí resuelven el problema del poder el cual ya no es fijo sino que debe dirimirse en las urnas. Nos vemos ahora en la situación penosa de rebatir la expresión de ese mismo funcionario electoral, pronunciada en nombre de los demás consejeros, en el sentido de que se trata de una “fiesta cívica”. Así era cuando no había elecciones verdaderas, entonces había una “fiesta” porque no podía haber otra cosa, la gente iba a votar o la llevaban (muchas veces sí había fiesta en toda forma) y todo seguía su curso normal. Ahora también pueden llevar a votar a muchos pero ya no es una fiesta porque el poder pende del hilo de los votantes en su conjunto.

Eso de la “fiesta cívica” es algo de la vieja cultura autocrática del PRI. La ideología de esa dictadura perfecta como le llamó Vargas Llosa tenía en la ley su expresión también perfecta: el gobierno decidía quienes tenían derecho a asociarse para tomar legalmente parte de la lucha política y postular candidatos. Los demás no tenían ese derecho. Además, todo el proceso electoral estaba controlado por el gobierno mismo, quien recibía las papeletas y las contaba. No había más que una “fiesta”, la de los poderosos y sus más cercanos seguidores que lograban un relevo de personas como parte del mismo poder que se reproducía incesantemente.

Ahora, la vieja expresión de la “fiesta cívica” suena más a payasada que a algo relacionado con el sistema político de antes. A pesar de su origen, la repetición inercial de esa expresión se hace para llamar la atención, para ponerse por encima de la disputa por el poder en lugar de ubicarse a un lado, es decir, en el lado de la autoridad electoral imparcial y no deliberante en materia de análisis político. Pero como tenemos un INE cuyos titulares aman el protagonismo personal entonces se ven obligados por su propia inclinación a meterse en asuntos que no les competen como autoridades aunque, como personas aisladas, claro que deben tener sus propias opiniones y su propio análisis de conjunto (incluyendo categorías sociológicas), pero que a nadie importan por lo pronto porque lo que de ellos se espera en la presente temporada es su probidad en el desempeño de su encargo. Suponer que las elecciones son una fiesta es tratar, a fin de cuentas, de despojarlas de su significado como parte de la lucha política.

Eso de la “fiesta cívica” suena peor aún cuando en varios estados existen movimientos que tratan de boicotear las elecciones. Al respecto, claro que el INE no es autoridad de seguridad pública para ofrecer garantías a los ciudadanos, por lo cual se espera que el gobierno federal trate de disuadir actos de violencia que pudieran afectar a las personas. Ante el boicot anunciado es preciso recordar que la lucha por el ejercicio del derecho a ser votado, que es el de asociación política y participación en los procesos electorales, ha sido una bandera de la izquierda. Desde un punto de vista democrático, nadie debería tener capacidad para impedir que los demás ejerzan su derecho a votar cuando en las elecciones se ejerce el otro derecho de postularse y ser votado. El boicot electoral se ha hecho en sistemas que no son electorales sino rituales o bajo situaciones de conflictos bélicos civiles. En cambio, la anulación del voto es una forma de rechazar el sistema de partidos. La abstención es una manera de manifestar desinterés en la lucha política o hartazgo de los procedimientos de ésta. Pero las organizaciones que están en la línea del boicot se muestran agresivas y pretenden ser autoridades no elegidas que deciden sobre el ejercicio de los derechos de los demás. Las izquierdas no partidistas cometerían un error si justificaran esa arrogante facultad de impedir los comicios.

Spots que no fueron para López-Dóriga

Joaquín López-Dóriga, uno de los principales vendedores de spots y no sólo de gacetillas, se duele de que las campañas “anodinas y repelentes” hagan derroche de spots porque, según ese eminente politólogo, éstos son “gratis” (Milenio, 26.05.2015). Sin embargo, las leyes y las cuentas no le resultan al conductor de noticias de Televisa: los spots de los partidos corresponden por entero al tiempo del Estado el cual está dividido en dos segmentos: el señalado por la ley que es una contraprestación a favor del fisco pagada por los concesionarios que usan un bien de la propiedad de la nación y no de ellos; y el lapso de origen fiscal que resulta de aplicar un derecho convertido en impuesto a cargo de los anunciantes que debe ser enterado al fisco por parte de los concesionarios, es decir, es el pago en especie de un gravamen. En total se trata de menos de 50 minutos diarios pero no son gratuitos.

El Congreso modificó la Constitución en 2007 para eliminar el sistema de compra-venta de tiempos de radio y televisión con propósitos políticos y electorales, tanto para impedir la intervención de agentes adinerados que no fueran participantes directos en la lucha política, tales como los conglomerados empresariales, como para eliminar un mercado monopolizado de anuncios políticos en radio y televisión. El sistema de Estados Unidos ya casi no existe más que en ese país. La mayoría de las democracias pluripartidistas del mundo ha optado por un modelo regulado de comunicación político-electoral en los medios electrónicos mediante el cual a cada partido se le otorga un determinado tiempo. Que en México se haya optado por el espoteo es algo ajeno al modelo pues podrían ser mensajes de tres o cinco minutos a pesar de la eventual protesta de los concesionarios que verían “ensuciada” su programación. Lo mejor sería optar por mensajes más largos, pero esa es otra discusión.

López-Dóriga se ha unido una vez  más a la lucha en contra del sistema constitucional de comunicación política en radio y televisión porque el negocio consiste en vender anuncios. En realidad quienes están en la conducción de esa campaña que no ha parado desde 2007 son la mayoría de los concesionarios. Eso de no poder vender spots políticos cuando éstos abundan ha de ser el peor mundo posible. Es ver pasar miles de millones sin poder tocar un solo peso. Cualquiera podría imaginarse el estado de ánimo de los frustrados vendedores. Pero hay que recordar que ellos venden lo que no es suyo: el espacio radioeléctrico que es propiedad de todos.

El problema es aún más complejo. Cuando los partidos políticos y el gobierno dependen de medios de comunicación extremadamente monopolizados tienen que someterse a sus dictados. En la medida en que los políticos encuentren mayores espacios propios de comunicación en esa misma medida tendrán mayor independencia respecto del duopolio televisivo que aún predomina. Ese fue el otro propósito de la reforma de 2007. Pero López-Dóriga, como fiel exponente de Azcárraga, nos dice que la gratuidad de los spots (ya vimos que gratuitos no son) lleva a que sean muy malos al grado de que nadie por ellos ha de cambiar el sentido de su voto y ni siquiera decidirse a votar. El aspirante a politólogo una vez más se equivoca: el deterioro de la lucha política no se debe a los spots, terreno que es el suyo, sino a otros factores que nos llevarían a escribir mucho más y en eso estamos. Suponer que la pobreza en el discurso político obedece a que la propaganda electoral en radio y televisión no es negocio de los concesionarios es debilitar el análisis al grado de simplificar tanto todo que nada de lo real puede ser en verdad criticado. Y esto es justamente el objetivo: la televisión mexicana está conformada para evitar el pensamiento crítico. López-Dóriga puede lanzar todas las piedras que quiera y le permitan pero nunca podría hacer una crítica a fondo de un sistema injusto, corrupto  y antidemocrático como el que vivimos. Al contrario, todo lo que no sea de su interés mercantil es repudiable. Pues sí, para él. Por lo pronto, los spots electorales no son mercancías.

El INE y sus innominados enemigos

Es posible presumir que la grabación y divulgación de las palabras de Lorenzo Córdoba hayan sido ilegales, es decir, que sean delitos. Lo que se tiene que dilucidar es quiénes serían las víctimas u ofendidos. Según el mismo Córdoba, las víctimas son tanto él como Instituto Nacional Electoral –además de Edmundo Jacobo–, por lo cual el INE ha presentado una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.

El bien jurídico que tutela ese delito es la privacidad a que tienen derecho las personas. La intervención de comunicaciones es un delito desde 1980 cuando la Cámara de Diputados integró una comisión investigadora de las interferencias que hacía el gobierno, la cual no investigó absolutamente nada pero promovió la reforma de la legislación penal pues esa conducta era hasta entonces considerada como falta administrativa. La escucha telefónica es uno de los ilícitos penales más frecuentes, menos denunciados y mucho menos perseguidos por el Ministerio Público de la Federación que es el encargado. El monitoreo telefónico es lo menos conocido de cuantos delitos se cometen ya que la mayoría de las escuchas son realizadas por agencias gubernamentales sin orden judicial, es decir, de manera subrepticia y por tanto delictuosa. Pero la grabación y divulgación del diálogo entre Córdoba y el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, no afectan la privacidad del Instituto pues no fue una conversación oficial sino algo pretendidamente jocoso y de estilo personalísimo. No hay ningún asunto oficial o que tenga que ver con el INE o con alguna de sus funciones. Es un comentario que pudiera ser bochornoso pero que en forma alguna compromete al Instituto. Además, por el lado de la sola interferencia no está probado que ambas líneas telefónicas estén contratadas por el INE y que, por tal situación, las escuchas podrían hacerse a cualquier servidor público que usare el equipo.

El asunto es relevante porque al presentar al Instituto como parte pasiva del posible delito se le compromete en algo por completo ajeno. Con la conversión del INE en víctima se presume que está en la mira de sus enemigos. Pero, ¿el Instituto Nacional Electoral tiene enemigos? Una respuesta positiva a esta interrogante ha sido otorgada por el mismo Córdova y no pocos periodistas quienes han dicho que la divulgación de lo dicho por el consejero presidente del INE tendría como propósito someter a la institución y que también se trataría de una represalia por las multas impuestas recientemente al Partido Verde (así llamado). Si la divulgación de lo dicho por Córdoba es un ataque a la independencia del INE habría que discutir en primer termino cuál es justamente el grado de independencia que esta institución tiene actualmente y respecto de quiénes. Ahí empezarían los problemas porque no parece que exista acuerdo al respecto.

Si la publicación de la anécdota contada por Córdoba busca afectar al INE, que se diga entonces algo más concreto como podría ser el porqué y el propósito específico. Al menos tendrían que ponerse a la vista los posibles enemigos del Instituto. Pero se recurre a la insinuación con el propósito de ubicar el problema en un lugar diferente al de un posible delito cometido contra dos personas y al del contenido de unos dichos de Córdova que están expuestos a la crítica por provenir de una figura pública.

Las televisoras, el Partido Verde (así llamado) y el INE

El Instituto Nacional Electoral ha impuesto una multa de 322.4 millones de pesos al Partido Verde (así llamado) por haber recibido aportaciones ilegales en especie. Tales aportaciones fueron spots de televisión que se pagaron con recursos públicos procedentes de los grupos parlamentarios de ese partido en el Congreso federal. Hasta aquí las cosas están claras pues el PVEM reconoció los pagos y el Tribunal Electoral, en sentencia, consideró que los spots no habían sido publicidad de informes de labores de los legisladores sino propaganda política de ese partido. Incluso, ese mismo tribunal le ha impuesto a las televisoras una multa de dos millones de pesos por haber realizado actos contrarios al sistema de comunicación política que señala la Constitución del país.

El problema subsistente consiste en que la queja presentada por el PRD en contra del Partido Verde (así llamado) no sólo abarcaba la ilegalidad de las aportaciones en especie de los grupos parlamentarios  sino también aquellas provenientes de las televisoras (Televisa y Azteca) por haber cobrado tarifas bajas e inexistentes al PVEM, lo cual es una forma de aportar en especie según el derecho electoral. Sin embargo, el INE se negó a mantener abierta esa parte de la queja del PRD y, al resolver la multa de los 322.4 millones de pesos, dejó sin investigación y, por tanto, sin sanciones los actos ilegales consumados por las televisoras en ayuda del Partido Verde (así llamado).

En efecto, Televisa colocó 1 778 spots y cobró en promedio 26 776 pesos por cada uno, mientras Azteca emitió 2 274, con una tarifa promedio de 20 956 pesos, todos ellos en cadena nacional, es decir, retransmitidos por los canales de ambos consorcios para alcanzar 239 mil 286 impactos contados por el INE en todo el país. Estas tarifas no existen en la realidad, sin embargo, una mayoría mínima de consejeros del INE las da por buenas con el falso argumento de que el Tribunal Electoral se basó antes en las facturas emitidas por ambas empresas como elementos probatorios de la compra-venta de los spots, pero nunca como demostración de las tarifas comerciales verdaderas de los mismos. Los casi 106 millones pagados por los grupos parlamentarios del PVEM hubieran sido dos mil 720 millones si tomamos en cuenta las tarifas publicadas en internet por Televisa y calculadas de otras formas en cuanto a Azteca, todo lo cual consta en el expediente pero sin haber sido tomado en cuenta por los seis consejeros que, una vez más, quieren perdonar a las televisoras sus graves violaciones a las leyes del país.

Ahora bien, según la Constitución (transitorios del decreto de reformas sobre telecomunicaciones) y la ley de la materia, las televisoras y radiodifusoras deben tener una lista de tarifas mínimas. Esto se debe a que, como se trata del uso de un bien de dominio de la nación concesionado a particulares, es necesario impedir que los tiempos de publicidad sean vendidos a bajísimo precio a los amigos o a partes relacionadas con las empresas concesionarias con lo cual se crearían condiciones de competencia ventajosa para algunos anunciantes. Bueno, las tarifas mínimas deben ser dadas a conocer por los concesionarios mientras el Ifetel debe llevar el registro de las mismas. Nada de eso parece estar ocurriendo en la realidad a pesar de lo que señala la maltratada Constitución del país.

El INE puede inquirir las tarifas mínimas, compararlas con lo efectivamente pagado por el Partido Verde (así llamado) y listo: tendremos una diferencia que nos indicará la cantidad aportada por las televisoras (en especie) al PVEM. ¿Por qué no lo hizo el INE a partir de enero de este año cuando el PRD presentó la queja? La respuesta es muy sencilla: porque no quiso. Aquello de que en México existen poderes fácticos no es una frase de propaganda política de pocos sino una realidad que afecta a muchos. Las televisoras son intocables y cuando se les toca ya vemos lo que ocurre: multa de dos millones entre todas por haber conspirado contra la Constitución. Eso da risa pero más le ha de dar a los dueños de los consorcios de la televisión mexicana.

Veremos lo que al respecto dice el Tribunal Electoral. No estoy optimista pero tengo derecho a soñar.

Decir lo que sabes es decir verdad

Para hablar de otros, de contextos o de hechos ajenos, cercanos o lejanos, no existe la verdad. Lo que tenemos es el saber, bueno, malo o mixto, exacto o aproximado. Lo relevante es que no podemos o no debemos dejar de hablar de otros con tal de hacerlo con  honradez, buscar un saber que no es exactamente propio. Eso es decir verdad aunque no sea la verdad. Bueno, el punto es que así no son los políticos en México ni sus partidos; mucho menos el poder del Estado.

Lo anterior viene a cuento porque el Partido de la Revolución Democrática intentó cambiar  las tradiciones, al menos un poco, y mandó a elaborar un informe sobre sí mismo en relación con la postulación de José Luis Abarca en Iguala, el gobierno de éste y el desenlace de la tragedia con sus heridos, asesinados y desaparecidos. El informe ha sido presentado en plena temporada electoral por una comisión especial.

Con independencia de lo que contiene el informe y de la manera en que algunos medios han tratado de manipular su contenido llegando al extremo de inventar su propio informe, es un hecho relevante el informe mismo porque es el primero de este carácter que se redacta en por lo menos los últimos 50 años de vida política nacional. Nadie ha logrado recordar algo parecido a este informe. El que un partido se investigue a sí mismo y ordene redactar un informe en el que salgan a relucir nombres, situaciones, contextos y demás aspectos de su vida interna es inesperado, por decirlo de alguna manera.

La responsabilidad política de la tragedia de Iguala corresponde al PRD pero no por entero. Existe también responsabilidad política del PRI (partido gobernante en Cocula),  del gobierno federal y del gobierno del Estado, así como del Ministerio Público de ambos niveles. Cada quien fue omiso en algo, incumplió de alguna manera su obligación de defender los intereses públicos. Pero el PRD es el único que ha admitido tal responsabilidad. El PRI, campante como siempre, mantiene en Cocula a su presidente municipal con el apoyo de la PGR y de Murillo Káram que lo examinó y decidió que no podía ser inculpado de absolutamente nada a pesar de que los jefes de policía de ese municipio eran miembros orgánicos de la banda de criminales denominada Guerreros Unidos.

La PGR nos ha salido con la novedad de que José Luis Abarca –jefe de la policía municipal por mandato de la Constitución del país– sólo está procesado por posibles hechos ocurridos antes de la tragedia del 26-27 de septiembre de 2014 pero nada que ver con los heridos, los muertos y los desaparecidos. Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada son los cargos. Pero, ¿quién diablos nos va a explicar bien los hechos que llevaron a una tragedia nacional aquel día de septiembre y la madrugada del siguiente?

El inédito informe que presentó la Comisión Especial del PRD aporta elementos válidos para buscar respuestas, no sólo en cuanto a la expresión criminal de los hechos sino en lo que se refiere a contextos anteriores en el campo de la política. La tragedia de Iguala no es un hecho criminal aislado sino un problema político con consecuencias criminales. Por ello, algunos medios han querido sesgar la información atribuyéndole al informe la afirmación de que Zambrano sabía que Abarca estaba ligado a los narcos –lo cual es absolutamente falso– o que el mismo Zambrano no solicitó oficialmente un informe al gobierno sobre Abarca sin admitir que lo oficial no sólo es lo escrito porque de ser así se paralizaría la vida institucional del país. Como suele ocurrir, López-Dóriga es el campeón de la manipulación que pone en labios de la Comisión Especial cosas que no están en el informe sino que son libres interpretaciones suyas, añadidos incluidos: el método de presentar como noticia un editorial, mentiroso por añadidura. Aquí se nota la muy vieja escuela de la manipulación informativa.

Era natural, por decirlo así, que el informe fuera recibido para hacer uso de la falsificación, pero por otro lado el informe ahí está, es consultable íntegro, con sus 16 500 palabras, en el portal de internet del PRD desde el pasado miércoles al medio día. ¿Podría alguien decirnos cual otro partido ha hecho algo así?