El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ha vuelto a declarar que las críticas y ataques en contra de su administración son falacias (del latín fallacia: engaño; argumento que parece válido, pero no lo es). Los motivos de tan grave acusación son ahora algunos comentarios acerca de la conducta del INE frente a la consulta popular que deberá realizarse el próximo 1º de agosto.

Lorenzo Córdova ataca a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a quienes culpa de cometer omisiones, en concreto al no haber otorgado el respaldo financiero necesario para la consulta popular. Para definir de dónde procede la falacia y cuál es su motivo, es preciso repasar algo de lo que ha ocurrido durante varios años con el INE, en especial respecto de los recursos que le entrega la Federación.

Cada año, se envía al Poder Ejecutivo un proyecto de presupuesto del INE para el siguiente año, manufacturado por el grupo dominante de ese instituto con absoluta libertad y sin dar explicaciones a nadie. Como señala la Constitución, el presidente de la República lo integra al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y lo presenta a la Cámara de Diputados, tal cual y sin comentarios.

En números redondos y sin incluir el exagerado financiamiento a los partidos, para el año 2018 el INE solicitó 18 226 millones de pesos y se le autorizaron 17 426 (año de elecciones nacionales completas y muchas locales). En 2019, el pedido fue de 11 303 y se le aprobaron 10 397. Para 2020 se dijo que iba a requerir 12 493 y se le entregaron 11 421. Para 2021, año de elección de diputados federales, el requerimiento fue de 20 463 y se le admitieron 19 593.

En los últimos cuatro años no se han autorizado en la Cámara solicitudes de gasto del INE por unos 3 700 millones, pero no se observó nada anormal en su funcionamiento. Las negativas presupuestales señaladas y otras anteriores han provenido de legislaturas diferentes, con mayorías diversas, por lo que no corresponden todas al mismo partido.

El grupo dominante del INE envió un pedido, mediante un simple oficio, a la Cámara de Diputados, para un nuevo presupuesto por 1 500 millones, tendientes a cubrir los gastos de la consulta de agosto de 2021. Al respecto, hay que decir que el INE no tiene facultad para solicitar dinero directamente a la Cámara, sino que debe enviar sus pretensiones presupuestarias al Ejecutivo y éste trasladarlas, para su posible autorización, aunque, también, haciendo ajuste al PEF, pues toda disminución o aumento de egresos autorizados por el Legislativo debe contener su correspondiente repercusión en el presupuesto ya aprobado. El grupo dominante del INE nunca propuso a quiénes habría que reducirle esos 1 500 millones, no obstante recurrió a la Suprema Corte de Justicia para que obligara a los otros dos poderes a obsequiar su solicitud. Los ministros y las ministras emitieron una resolución negativa, “lisa y llana”, como a veces dicen en materia de amparo.

Hay que agregar que, en 2019, 2020 y 2021, el grupo que maneja el INE se negó a reconocer la vigencia del PEF en cuanto a sus propios sueldos. Recurrió a controversias ante la Suprema Corte, obtuvo sucesivas suspensiones, pero nunca se produjo ninguna sentencia, es decir, jamás se ha entrado al fondo del asunto en sede jurisdiccional. Cada año, caduca el presupuesto “suspendido” con esa vergonzosa maniobra y, quienes perciben más de lo autorizado por el Poder Legislativo, siguen imponiéndole a la nación su propio sueldo, como si fueran monarcas absolutos. Ya se sabe de sobra que la Constitución, en su artículo 127, señala que nadie puede recibir una remuneración mayor que la fijada para el presidente de la República en el PEF, pero en el INE existen 300 funcionarios que ganan más por su propia y soberana voluntad.

Lorenzo Córdova ha informado que tuvo que hacer “ahorros” por 500 millones de pesos para cubrir gastos relacionados con la consulta, “gracias a las políticas de eficiencia en el gasto del Instituto”. Si el gobierno les hubiera entregado los 1 500 millones que estaban pidiendo, ¿en qué hubieran gastado esos 500 millones, “ahorrados” gracias a la “eficiencia”, que ya no se habrían tenido que “ahorrar”?

El INE iba a gastar 1 500 millones, según dijo, pero también iba a reducir el número de casillas. Luego, el asunto se salda con 500 millones “ahorrados”, lo que hace pensar que, como cualquier proveedor privado de servicios, descuenta dos tercios en la factura, pero brinda solo la tercera parte del trabajo que se requería. Sin embargo, como desde el principio se afirmó en el INE que no era necesario instalar tantas casillas como en la elección federal, sino sólo una parte de ellas, un tercio, digamos, ¿dónde iban a ir los restantes mil millones, más los 500 ahorrados? Otra discusión consiste en si serán suficientes las casillas que se van a instalar. Lo veremos pronto.

En el Instituto Nacional Electoral ningún dinero alcanzaría para todo lo que se quiere gastar con o sin necesidad. El Estado mexicano creó un enorme aparato oneroso y poco eficaz, mediante acuerdos entre los partidos políticos, como pretendido instrumento que garantizara la equidad, legalidad y transparencia en los procesos electorales.

Las veces que la Cámara de Diputados no le ha autorizado la totalidad del dinero solicitado, el INE siempre ha tenido suficiencia y, además, se ha demostrado que, aún con menos presupuesto, hubiera logrado hacer esencialmente lo mismo. En el INE, el derroche siempre ha sido una de sus costumbres, una manera de repartir dinero.

El grupo de regidores del INE siempre ha dicho que la Cámara de Diputados le recorta el presupuesto. Sin embargo, no se le puede quitar a una entidad pública lo que nunca se le ha acreditado y ministrado. Lo que hace la Cámara es negar solicitudes groseramente exageradas y tratar de evitar los gastos más inflados que caracterizan al INE, empezando por los sueldos ahora inconstitucionales. Aún así, como lo demuestran los 500 millones que tenía Córdova debajo del colchón cuando estaba pidiendo 1 500, el INE sigue siendo dispendioso.

Esta situación contrasta con la ineficacia de una institución que jamás entrega resultados electorales completos y validados antes del cuarto día después de la jornada electoral. Medalla mundial al demérito.

En 2015, el jueves posterior a la elección (10:43 horas), cuando todavía existían conteos distritales en curso, el Sistema de Cómputos arrojó el 100.66 por ciento de casillas computadas, luego de lo cual hubo una lluvia de preguntas y protestas, pero sin que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, compareciera ante los medios para informar sobre lo que estaba ocurriendo con el mecanismo de computación nacional de votos. Algo también muy poco visto en el mundo.

Ese mismo año, cuando se tenía que inaugurar el nuevo sistema de control de gastos de los partidos, fue imposible hacerlo funcionar de acuerdo con la ley porque el contratista había resultado ser un defraudador y no diseñó el programa, sino que durante meses nomás estuvo cuenteándose a los cabecillas del grupo dominante del Instituto.

Es breve la historia del INE como órgano independiente (1996), pero sería muy laborioso escribirla, aunque fuera en versión preliminar. Son incontables las pifias, errores, fraudes, imposiciones, maniobras, chuecuras y abundantes falacias. En 2006, el IFE hizo un cómputo nacional de la elección presidencial que está reservado al Tribunal. En realidad, el IFE-INE carece de épica. Han sido tan sólo 25 años, pero cargados de acontecimientos dignos de ser relatados.

En muy pocos países el órgano electoral tiene un aparato relativamente tan grande. Al margen del sistema de registro de electores que es, en esencia, otra cosa, el INE cuenta con 333 órganos ejecutivos permanentes que funcionan a toda su capacidad sólo cada tres años. Esas juntas tienen direcciones redundantes, al grado de unificar organización y capacitación justo cuando hay comicios, es decir, cuando se acaban las vacaciones. Ni el Ejército está tan extendido. Bueno, ya ni la Guardia Nacional que apenas llegará este año a unos 250 cuarteles y esa sí que tiene que cubrir el territorio durante todo el año.

No existe el menor intento de inventar deficiencias o exagerar errores del INE. Nunca ha sido así. Lo que debe entenderse es que lo delicado de la tarea de administrar los procesos electorales provoca respuestas críticas inmediatas y enérgicas, mucho más cuando, como ahora, existe una especie de mafia burocrática que no discute con nadie y aplica las leyes sin criterio de justicia y de respeto a derechos ciudadanos, con el fin de beneficiar a sus amigos y combatir a sus críticos, entre los cuales destaca el gobierno desde el 1º de diciembre de 2018, pero no antes.

En los argumentos de esa mafia podemos encontrar la práctica de la falacia para atribuir validez a la mentira, como esa de los miles de millones dizque recortados que jamás tuvo el Instituto más que en los papeles de burócratas que, además, se asignan su propio sueldo a despecho de lo que marca la Carta Magna que prometieron respetar.

El INE debería ser un órgano del Estado regido por el profesionalismo, la legalidad y la imparcialidad, garante de derechos ciudadanos y humanos. Quien quiera participar en la lucha política, que se postule, que milite, pero que no convierta en instrumento a instituciones, como el INE, que tienen específico mandato constitucional, pues, al actuar de tal forma, se vive envuelto en falacias, es decir, en intentos incesantes de presentar como verdades sus propias mentiras.

La Constitución confiere a la ciudadanía mexicana el derecho de “poder ser votada… para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley” (Art. 35.II). Este principio proviene del siglo XIX y ha sido el eje conductor del sistema de democracia concursal liberal que ha predominado en el mundo. Pocas veces una autoridad electoral legalmente constituida se ha atrevido a desconocerlo en forma brutal.

El Instituto Nacional Electoral lo ha hecho con una mayoría de seis de sus 11 integrantes. El Tribunal Electoral no se atrevió a rechazar tal pretensión, pero tampoco a convalidarla abiertamente sino en forma vergonzante.

No dar registro es posible si es legal, es decir, si el o la aspirante no cumplen con “las calidades” establecidas para asumir el encargo. Quitar el registro en sala judicial a una persona que ostente constancia de mayoría, también es posible si se demuestra que carece de alguna de las calidades que señala la ley. Pero el grupo que manipula al INE no se apegó al principio de legalidad y mucho menos respetó la Constitución.

No es tan importante a estas alturas el daño personal que le hubieran causado a las y los candidatos, aunque fue posible presumir odio o repulsa en vías de discriminación. Las sustituciones de las candidaturas se hicieron a la carrera y afectaron al partido que se quería obstaculizar, pero eso también ya pasó.

Los municipios, distritos o estados donde el INE operó para descartar a algún candidato ya eligieron y, por lo regular, la mayoría fue obtenida por el partido que era favorito antes de las cancelaciones de candidaturas.

Sin embargo, la cuestión estriba en dos puntos que siguen siendo relevantes. Primero, ya se había otorgado el registro sin que hubiera recurso ante autoridad judicial. Segundo, el precepto que autoriza al INE a retirar la candidatura una vez admitida es inconstitucional y, por tanto, no debió haberse aplicado. Tercero, los motivos del retiro de las candidaturas eran pretextos, a veces burdos, de una autoridad parcial porque fueron casi siempre tiros de precisión.

Lo que sigue y seguirá presente en la vida política de México es que el órgano electoral nacional y el tribunal garante de la legalidad, obligados a observar el principio de constitucionalidad en los actos y resoluciones electorales, como lo señala el artículo 41 de la Carta Magna, hicieron uso del poder que les ha confiado el Congreso para aplastar el derecho al voto pasivo de personas que reunían las calidades requeridas por la ley.

No existe diferencia práctica entre la invención de un proceso penal en contra de un o una aspirante y la cancelación inconstitucional de una candidatura ya registrada, pero los medios usados y el momento en que se realiza la acción sí los hace distintos. En el primero caso se realiza la maniobra en forma de juicio en el plano de la lucha política y se puede responder en ese mismo contexto con la protesta y la movilización popular; esto es algo como el desafuero de López Obrador para impedir su candidatura en el año 2006. En el segundo caso, lo que se tiene es una decisión también política, pero burocrática y súbita, pasada de manos en un órgano judicial con semejante orientación, adoptada desde la frialdad del abuso de autoridad.

Antes, se había impedido el registro de precandidatos por no entregar informe financiero, pero eso caía en otra figura constitucional, relacionada con el derecho de los partidos de solicitar el registro de sus candidatos. Cuando ya se es candidato o candidata se adopta un estatus constitucional diferente, ya se está en el ejercicio formal del derecho de ser elegido y, por tanto, para cancelar el registro se requeriría un procedimiento de juicio, siempre que la Constitución así lo señalara o diera pie para su realización, tal como ocurre cuando un tribunal retira a un candidato o le revoca la constancia de mayoría por no cumplir las calidades de ley. Cancelar un registro legalmente concedido es como suspender derechos ciudadanos, lo cual, ya se ha dicho mucho, no puede hacerse más que en tribunales y mediante una causa formal llevada con todas las garantías procesales. Esto es así en el sonado caso de la candidata panista en Chihuahua que ha obtenido la mayoría de votos y que será gobernadora a pesar de estar sujeta a un proceso penal, pero dentro del cual o en otro cualquiera no se le han suspendido sus derechos de ciudadanía.

Pedir permiso al INE para sostener ciertas candidaturas cuestionadas por algunos consejeros electorales es lo que se implica finalmente, con el agravante de que el Tribunal devolvió el asunto para no mancharse y salió ensuciado por pusilánime.

Lo que ha hecho el INE con la complicidad del Trife tiene muy pocos antecedentes. A partir de ahora, ningún candidato o candidata puede hacer con normalidad su campaña, pues cualquiera puede ser despedido como tal, en cualquier momento, mediante un papel exhibido en sede administrativa, aunque el hecho que lo motiva pueda ser por completo desconocido por la persona invalidada. En el fondo, de lo que se trata es de disolver en una estructura burocrática, devenida en instrumento de rencillas y confrontaciones políticas, el principio constitucional de poder ser votado por el pueblo en las elecciones.

Es tan fuerte el golpe a la democracia concursal, por entero formalista, que mientras el grupo encabezado por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama (ahora ya sin los otros dos mafiosos que eran Marco Antonio Baños y Benito Nacif) continúe en el timón del aparato y del órgano de gobierno del INE, no podrá haber plena vigencia de los principios de independencia e imparcialidad de una de las instituciones básicas del pacto, precisamente concursal, que se firmó cuando el viejo sistema tuvo que dar paso a la legalización de otros partidos y, tiempo después, a la creación de un aparato no directamente gubernamental para hacerse cargo de los procesos electorales. A fin de cuentas, lo que predominó en el IFE-INE fue el esquema PRIAN, profundizado a partir del año de 2003.

Lo que han hecho en el INE con motivo de la desaparición forzada de candidaturas legales es equivalente a los fraudes electorales del pasado, aunque por fortuna sin la trascendencia inmediata de estos. Es claro que ni siquiera pudieron cambiar la orientación de partido del electorado mayoritario en Michoacán y Guerrero, aunque, evidentemente, lo intentaron.

El INE nunca ha sido verdaderamente imparcial, sino que ha asumido una apariencia. La vieja forma en que se designaban a los y las integrantes del Consejo General es una de las causas directas de la parcialidad siempre presente. Ni siquiera se respetaba, hasta el 2020, la legislación en su pura forma. Los consejeros en su mayoría representaban a algún partido: un fraude a la Constitución.

Las dos grandes multas impuestas por el IFE fueron ejecutadas después de años de jaloneos y escándalos, una por mil millones al PRI y otra por cerca de 400 millones al PAN. En ese año 2000, el partido que ganó hizo uso de recursos ilícitos, pero también el que perdió en segundo lugar. No se abrió, por lo demás, ningún proceso penal. Así se produjo la “alternancia”, de lo que deberíamos estar por siempre agradecidos al Instituto, según se ha postulado durante años. Ahora, se le reclama a Morena su rijosidad con el INE y, para contrariar a ese partido, se le echa en cara que su triunfo en 2018 se debió a la conducta del Instituto Nacional Electoral. Así que, según los defensores de la mafia que aún predomina en el INE, el voto sigue sin valer pues sólo es efectiva la autoridad electoral.

Los partidos de oposición estuvieron de acuerdo con la cancelación de algunas candidaturas, muy escogidas, porque, por un lado, les convenía de momento, y, por el otro, confían en que la composición del INE no cambie, al menos antes de dos años, para que a nadie se le vaya a ocurrir cancelarles a ellos alguna candidatura a gobernador mediante la misma transgresión constitucional.

La utilización facciosa del órgano electoral, en cualquier país, es de consecuencias inmediatas. Eso no se permite. En México, ya en una ocasión fue removido todo el Consejo General, encabezado por un tal Luis Carlos Ugalde, por disposición del Congreso, dentro de una reforma de carácter constitucional. Pero, después de fraude consumado, ¿ya para qué?, preguntaron algunos. Se trataba de conformar un nuevo órgano imparcial con nuevas normas, sin embargo, volvió a fallar el intento.

Más allá de sus relaciones con el grupo mafioso del INE, a los partidos que van a seguir existiendo y actuando en la lucha política, les convendría un replanteamiento completo de la autoridad administrativa electoral, su forma de integración, su estructura y algunas de sus funciones, para dejar atrás el esquema de institución política de pretendida sapiencia académica, en la que supuestamente debía asentarse su independencia e imparcialidad.

Como gran conglomerado burocrático, el INE actual no es necesario sino oneroso. Se requiere un órgano técnico imparcial, eficaz y eficiente, y con tamaño exacto para cumplir sus funciones permanentes. Un simple ejemplo de ineficiencia: hasta hoy, jamás hemos tenido resultados completos en la noche del día difícil, es decir, el de la elección, sino hasta cuatro días más tarde. Aquí también se podría lograr lo que, sencillamente, ocurre en tantos países.

Tendría que haber una refundación institucional, para que nunca jamás la autoridad electoral pueda escupir impunemente al rostro de la Carta Fundamental.

La ciudadanía vota cada tres años, luego de lo cual no se le vuelve a preguntar nada hasta nuevas elecciones. El resto de asuntos políticos corresponde a los políticos, en especial a los gobernantes. Esa es la democracia formalista y concursal.

La 4T plantea el método de consulta popular. Las democracias formales suelen ampliarse con mecanismos plebiscitarios y refrendarios; algunas que tienen sistema presidencial también cuentan con métodos revocatorios de mandato. Ya va siendo hora de que México emprenda un pequeño salto desde su democracia formal, acartonada y engañosa, es decir, poco democrática, hacia un nivel participativo.

En febrero de 2022 habrá procedimiento de revocación de mandato, pero en lugar de que sea a pedido de las oposiciones, en esta primera vez la solicitud popular la organizará el propio presidente de la República, el revocable. Bueno, por algún  lado se empieza.

El mismo Andrés Manuel López Obrador ha estado planteando, desde antes de asumir su actual cargo, que la ciudadanía decida si los expresidentes deben acaso ser denunciados por el gobierno con miras a la apertura de procesos penales. Sin embargo, una pregunta así formulada difícilmente podría embonar con el esquema de consulta popular definido en la Constitución, aunque puede encontrarse una forma de resolver el asunto.

La Carta Magna contiene un procedimiento popular decisorio. No se trata sólo de que se manifieste la opinión mayoritaria de la ciudadanía, sino que, a través del voto, se emita un dictado de obligatorio acatamiento para las autoridades. Denunciar desde el Ejecutivo y acusar por parte de la Fiscalía a una o varias personas no entra en ese método de adoptar decisiones populares, ya que obligaría al presidente, primero, y al fiscal general, después,  a actuar contra varias personas físicas (expresidentes) que tienen el derecho humano al debido proceso desde la investigación. La consulta popular es un medio de apoyar o rechazar políticas públicas o normas, pero no personas.

Es posible y hasta probable que la Suprema Corte no admitiera una consulta cuyo resultado podría hacer obligatoria la presentación de denuncias y, luego, de acusaciones penales. En tal circunstancia, el Congreso estaría impedido de convocarla.

Sin embargo, el mismo Congreso podría iniciar el examen de una iniciativa de ley presentada por el Poder Ejecutivo para conceder amnistía a los expresidentes por actos u omisiones que hubieran cometido durante su mandato, luego de lo cual, el mismo presidente podría solicitar al Congreso la convocatoria a consulta popular. Esta sería un plebiscito sobre un proyecto en trámite. Si a la votación concurriera más del 40% de los inscritos en el padrón electoral, la decisión mayoritaria sería vinculante para el Congreso.

Hay que aclarar que si el proyecto de amnistía fuera apoyado o rechazado por el pueblo, de igual forma el fiscal general podría investigar lo que debiera, otorgando plenas garantías a los posibles acusados. Pero la ciudadanía habría tenido ocasión de resolver sobre la vieja tradición –norma no escrita— de que en México los presidentes son intocables cuando están en el cargo y cuando lo han dejado: un asunto político que ya no sería exclusivamente de los políticos.

Andrés Manuel López Obrador tiene bases razonables para pensar que el nuevo presidente no debería provocar o exigir la persecución penal de sus antecesores, los cuales fueron, además, defraudadores electorales. Este es un punto de vista de carácter estrictamente político que busca evitar un clima de mayor confrontación en el país. Sin embargo, es probable la existencia de una gran corriente ciudadana en desacuerdo con esa forma de analizar el asunto.

Votar contra un proyecto de ley suele tener el significado de promover una acción o norma en sentido contrario que goce de plena justificación democrática. Esas situaciones se han producido en Sudamérica en relación con leyes de perdón. En México no tenemos esas leyes pero contamos con tradiciones de impunidad. En el fondo es algo semejante.

El estatus de facto de los expresidentes ha operado quizá como un cerrojo de la cláusula constitucional de no reelección. El asesinato de Álvaro Obregón fue un acto demasiado fuerte que llevó a eliminar nuevamente la reelección, pero sin represalias contra el mandatario anterior. Todos los políticos quedaron contentos: si aquél era impune, ellos también.

Plutarco Elías Calles fue metido en un avión rumbo a Los Ángeles y Carlos Salinas de Gortari salió corriendo a Irlanda, pero nadie había intentado encausarlos. Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría fueron enviados por un tiempo al extranjero como embajadores. Ahora mismo se encuentran fuera del país Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. El exilio no es castigo para un expresidente, sino que puede darle tranquilidad, aunque también la tienen, al parecer, Vicente Fox y Felipe Calderón, aunque ahora sin pensión vitalicia. El único expresidente que fue sometido brevemente a proceso penal con prisión preventiva domiciliaria fue Luis Echeverría, pero, atrozmente, el Poder Judicial declaró prescritos los delitos. Todo lo anterior ocurrió con base en la norma virtual de impunidad penal de quienes fueron presidentes.

Habría que acompañar la consulta popular sobre la amnistía (olvido penal) de expresidentes, en agosto de 2021,  con un par de temas que también sean de innegable trascendencia nacional, tales como eliminar el llamado fuero (inmunidad procesal penal) a nivel de todo el país y reducir a la mitad el monto del financiamiento de los partidos.

Esos son temas de fuerte controversia, cuya solución conllevaría reformas políticas mediante decisiones del pueblo y no sólo de los políticos, como hasta ahora.

Vigilar las elecciones es un mandato democrático que abarca a la ciudadanía entera. Procurar el respeto al voto genuino es un deber cívico de todos. Pero el INE parece no estar de acuerdo con esto.

No es nueva esa actitud de la actual mayoría consistorial de ese Instituto. Así es, sencillamente. Tenemos años con lo mismo.

El presidente de la República dice que quiere convertirse en «guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades», en especial denunciar el uso de recursos públicos y la compra de votos,  pero el consejero presidente le responde que «el único guardián» es el INE y que el presidente «no tiene vela en el entierro», según dijo.

El INE, como antes el IFE, nunca pudo impedir el fraude electoral, la compra masiva de votos, el uso ilegal de recursos, el exceso en los gastos y muchas más maniobras electorales abusivas e ilegales. Ni siquiera pudo impedir en el año de 2015 el muy evidente fraude de voto electrónico a distancia, reconocido siete meses después de las elecciones de diputados locales de Chiapas, llevado a cabo mediante la manipulación del «inviolable»  listado de electores. Y también se negó a destituir a los consejeros locales de aquel estado, hasta que se lo tuvo que ordenar el Tribunal.

La lista de incapacidades, torceduras, parcialidades, complicidades, soslayos, inoperancias y torpezas es monumental y se encuentra documentada. Los historiadores en el siglo XXII tendrán todo a la vista para darse gusto. Un día, el INE llegó al extremo, cómico y patético a la vez, de registrar en la suma de los cómputos distritales, tres días después de la elección, más del 100% de los votos depositados en las urnas. Año 2015, caso único en el mundo. El consejero presidente ni se asomó para dar explicaciones: envió a la sala de prensa a algunos de sus buenos colegas.

El Instituto nunca ha logrado tener resultados completos en la mañana del día siguiente, como suele ocurrir en los países de sistema lento que no pueden hacerlo la misma noche. Los tiene cuando terminan los cómputos distritales, tres o cuatro días después. Lo que hace el INE es un muestreo de casillas, llamado conteo rápido, una encuesta de resultados, aunque nunca ha cubierto la totalidad de las casillas de la muestra. Los rangos que brinda ese procedimiento son tan amplios que, en elecciones muy competidas, sólo crea mayores problemas. El punto relevante, sin  embargo, es que, con el pretexto del conteo rápido, el programa de resultados no mejora, es muy lento, políticamente complicado y dudoso.

La vigilancia de los procesos electorales no sólo debe abarcar a partidos, donantes, medios de comunicación, bancos y todos los niveles de gobierno y otras entidades públicas, sino también, especialmente, a la autoridad que organiza los comicios. Esa es nuestra realidad.

El IFE-INE, sin presencia (formal) del gobierno, se construyó bajo buenos auspicios y no empezó mal si se estima la realidad política de entonces y el bloqueo que intentaba el PRI, hasta que decidió desechar la queja sobre el financiamiento ilegal de campaña conocido como «Amigos de Fox». Luego de dos años, el Tribunal ordenó al Instituto, en incidente de apelación, investigar lo que ya se conocía a grosso modo, por lo cual se impuso al PAN y al PVEM una multa de más de 300 millones. Pero ni así presentó el IFE denuncia ante el Ministerio Público.  Eso lo hice yo, con la pésima suerte de que el principal denunciado, entonces presidente de la República, le ordenó al procurador que confirmara el «no ejercicio de la acción penal» dictada por la Fepade, la cual jamás ha servido para gran cosa. En realidad, no pasó nada, el Poder Judicial le dio palo final al asunto en juicio de amparo.

La brutal arremetida del entonces presidente, en 2005, mediante mensajes en radio y televisión en los que realizaba propaganda personalizada con programas sociales, algo prohibido por la ley y que anticipaba la campaña electoral, no la detuvo el IFE, sino un ministro de la Suprema Corte, José de Jesús Gudiño Pelayo, quien resolvió inmediatamente la suspensión de los actos presidenciales luego de admitir a trámite la controversia interpuesta por la Cámara de Diputados.

El IFE-INE ha sido casi ineficaz en la vigilancia de que se observen los dos últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución. Miles de quejas y denuncias se han presentado infructuosamente contra servidores públicos que realizan propaganda personalizada por cuenta de recursos públicos. Ahí, el Instituto sí tiene «vela», pero ha fallado de manera indecente. ¿Quién vigila?

El éxito del IFE al imponer una multa de mil millones de pesos al PRI tuvo el defecto de que lo robado había sido del doble de la cantidad indicada en el expediente, lo cual obligaba a una sanción de dos mil millones. Al principio, ya en medio del escándalo, el Instituto no abrió procedimiento oficioso sino que tuvimos que presentar la queja. El Pemexgate culminó en la exoneración penal de los intermediarios, los líderes sindicales y el director de la paraestatal, así como del entonces presidente de la República, quien sin  duda impartió la orden para la defraudación. Nadie que no sea el jefe del Ejecutivo regala mil millones a un candidato desde los fondos de Pemex.

Podría decirse que aquel Consejo General del IFE fue mejor que los posteriores porque, aunque tampoco vigilaba mucho, al menos era reactivo y llegó, aunque a tumbos, a imponer sanciones históricas al PRI y al PAN, los cuales eran los partidos donde mejor se organizaban los transgresores electorales del país.

Después las cosas empeoraron visible y groseramente. La campaña sucia del PAN en el año 2006, con la intervención de agrupaciones patronales y empresas, así como de las televisoras, mediante la difamación y la calumnia, fue pasada de largo por unos consejeros que en su mayoría estaban en la movida chueca electoral. Recordemos sólo la manera torcida de hacer los cómputos y, luego, la declaratoria ilegal del IFE sobre el resultado de la elección presidencial que la ley no le permite hacer, la negativa a realizar un recuento que hubiera aclarado al menos una parte del problema, el carpetazo a toda queja, denuncia, clamor, etcétera.

En el año 2006 México tuvo el movimiento poselectoral más fuerte de su historia, el cual duró prácticamente los años del sexenio. Este fue provocado por las acciones combinadas de la derecha panista en el gobierno, el candidato oficial, las agrupaciones empresariales más conservadoras  y la mayoría de consejeros del IFE, con la muy lucrativa complicidad del PRI. «Haiga sido como haiga sido», se dijo.

Seis años después, volvió la propaganda electoral ilegal en favor del precandidato priista en grandes medios, inmensas cantidades de dinero para la compra masiva de votos, dispersadas a través de entidades financieras; Monex fue señalada, aunque se repartió más dinero a través de Bancomer en donde la autoridad no preguntó nada.

Las nuevas facultades del IFE no se usaron bien porque la indagatoria se hizo con el deliberado propósito de llegar a la conclusión de que nada importante había alterado negativamente el proceso electoral. El PAN calló porque no era opción mayoritaria, como seis años antes lo había hecho el PRI. No es insulto hablar del PRIAN.

El presidente dijo recién: «si yo me entero de que están utilizando el dinero del presupuesto para favorecer un partido o un  candidato…, estoy obligado a denunciarlo». En respuesta descalificadora y acallante, uno de los consejeros que imparte clases en el consistorio del INE lanzó una filípica: «gobernantes, fuera manos de las elecciones». En el contexto del diálogo, tal vez quiso decir: no denuncien nada, dejen en manos del Instituto justamente el trabajo que no se hace.

En arrebato de cretinismo  (ya no se sabe si es más personal que institucional), el consejero presidente ha lanzado una perla digna de un comentario de Carlos Monsiváis, dijo: «El presidente de la República fue beneficiario en una elección que realizamos«. O sea, que el INE realiza las elecciones y que en ellas hay un beneficiario. Los comicios los organiza una instancia del Estado pero no los «realiza»; en ellos participa una ciudadanía que los lleva a cabo, que se encarga de su realización. No hay beneficiarios sino elegidos, personas con encargo popular.

Los actuales consejeros del INE, en su mayoría, dicen que los servidores públicos, en especial el presidente, deben concretarse a tratar los asuntos de su más estricta competencia. Ellos, en cambio, hablan sobre todo y casi todo el tiempo, incluyendo sus respuestas y críticas al presidente y a la mayoría parlamentaria. Han convertido al INE en una plataforma de discursos personalísimos, aunque no son funcionarios elegidos sino designados para cumplir tareas muy concretas, acotadas directamente por la ley.

Es increíble que en el INE se ubiquen consejeros que no admitan la diferencia entre ser elegido y no haberlo sido. Todos deben respetar la ley y ser decentes, pero sólo los elegidos expresan intereses e ideas de sus representados.

Hace muy poco, la Junta Ejecutiva decidió autorizar unas remuneraciones mayores a las señaladas por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos y, además, por encima de lo que percibe el presidente de la República. Tomaron, así nomás, la decisión de desacatar un decreto legislativo y desconocer la Constitución. Hoy día, para el INE no existen los artículos 75 y 127 de la Constitución. En tal actitud se haya el puro interés monetario, los sueldos de una burocracia dorada. El INE está anclado en el viejo sistema de privilegios y derroche de fondos públicos.

El INE, más o menos, descansa dos años por uno de intenso trabajo. Siempre ha sido así. Cuando vienen las elecciones, unifica la actividad de las áreas de organización y capacitación, pero durante los dos años anteriores las mantiene divididas para tener más vocalías, gastar más sin propósito válido alguno.

Además de lo debido, el INE gasta en lo que les da la gana a los consejeros. Así nomás. Todos los contralores del Instituto lo han dicho de muchas maneras, pero nunca se les ha hecho caso.

El gran error de la conformación del IFE-INE fue que se proyectó como órgano político y no sólo técnico. El problema nunca ha sido la autonomía en sus decisiones sino la falta de la misma. Los partidos han designado hasta ahora a los consejeros, poniéndose de acuerdo en un reparto más o menos proporcional a la presencia parlamentaria de cada cual. Como es lógico, se ha conformado siempre un  núcleo duro mayoritario del PRIAN.

Yo fui el único coordinador parlamentario que no concurrió a la elección de todo un Consejo General, el peor que ha habido, por cierto, en el año de 2005, en víspera del fraudulento y canallesco refrendo panista en la Presidencia. El voto en contra de toda la lista de consejeros fue un escándalo, pero la vida demostró que era lo correcto.

El proyecto político de los neoliberales desde 1988 fue el de crear un  régimen bipartidista para dejar a la izquierda en el margen. Receta clásica estadunidense y europea. Lo intentaron siempre con los peores métodos, desde atentados mortales, encarcelamientos, persecuciones, fraudes electorales, alquimias comiciales, compra masiva de votos, uso gigantesco de recursos públicos, desfalcos de empresas públicas, pase de charolas, manipulación  de los medios de comunicación, reparto electoral de presupuestos, moches, compras y compras, ventas y ventas, hasta el diseño de un aparato electoral profesional pero manipulable.

Los principales guardianes de las elecciones siempre han sido los militantes de las oposiciones, los ciudadanos en las casillas, los periodistas que denuncian, los integrantes de las organizaciones civiles por la democracia, los dirigentes políticos que no se dejan ni se venden, los manifestantes de los miles de conflictos poselectorales de la historia contemporánea de México.

No vengan ahora con el cuento de que los únicos guardianes son ellos, consejeros electorales nombrados comprometidamente por los partidos políticos que hacen fraudes.