El INE y sus innominados enemigos

Es posible presumir que la grabación y divulgación de las palabras de Lorenzo Córdoba hayan sido ilegales, es decir, que sean delitos. Lo que se tiene que dilucidar es quiénes serían las víctimas u ofendidos. Según el mismo Córdoba, las víctimas son tanto él como Instituto Nacional Electoral –además de Edmundo Jacobo–, por lo cual el INE ha presentado una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.

El bien jurídico que tutela ese delito es la privacidad a que tienen derecho las personas. La intervención de comunicaciones es un delito desde 1980 cuando la Cámara de Diputados integró una comisión investigadora de las interferencias que hacía el gobierno, la cual no investigó absolutamente nada pero promovió la reforma de la legislación penal pues esa conducta era hasta entonces considerada como falta administrativa. La escucha telefónica es uno de los ilícitos penales más frecuentes, menos denunciados y mucho menos perseguidos por el Ministerio Público de la Federación que es el encargado. El monitoreo telefónico es lo menos conocido de cuantos delitos se cometen ya que la mayoría de las escuchas son realizadas por agencias gubernamentales sin orden judicial, es decir, de manera subrepticia y por tanto delictuosa. Pero la grabación y divulgación del diálogo entre Córdoba y el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, no afectan la privacidad del Instituto pues no fue una conversación oficial sino algo pretendidamente jocoso y de estilo personalísimo. No hay ningún asunto oficial o que tenga que ver con el INE o con alguna de sus funciones. Es un comentario que pudiera ser bochornoso pero que en forma alguna compromete al Instituto. Además, por el lado de la sola interferencia no está probado que ambas líneas telefónicas estén contratadas por el INE y que, por tal situación, las escuchas podrían hacerse a cualquier servidor público que usare el equipo.

El asunto es relevante porque al presentar al Instituto como parte pasiva del posible delito se le compromete en algo por completo ajeno. Con la conversión del INE en víctima se presume que está en la mira de sus enemigos. Pero, ¿el Instituto Nacional Electoral tiene enemigos? Una respuesta positiva a esta interrogante ha sido otorgada por el mismo Córdova y no pocos periodistas quienes han dicho que la divulgación de lo dicho por el consejero presidente del INE tendría como propósito someter a la institución y que también se trataría de una represalia por las multas impuestas recientemente al Partido Verde (así llamado). Si la divulgación de lo dicho por Córdoba es un ataque a la independencia del INE habría que discutir en primer termino cuál es justamente el grado de independencia que esta institución tiene actualmente y respecto de quiénes. Ahí empezarían los problemas porque no parece que exista acuerdo al respecto.

Si la publicación de la anécdota contada por Córdoba busca afectar al INE, que se diga entonces algo más concreto como podría ser el porqué y el propósito específico. Al menos tendrían que ponerse a la vista los posibles enemigos del Instituto. Pero se recurre a la insinuación con el propósito de ubicar el problema en un lugar diferente al de un posible delito cometido contra dos personas y al del contenido de unos dichos de Córdova que están expuestos a la crítica por provenir de una figura pública.

Las televisoras, el Partido Verde (así llamado) y el INE

El Instituto Nacional Electoral ha impuesto una multa de 322.4 millones de pesos al Partido Verde (así llamado) por haber recibido aportaciones ilegales en especie. Tales aportaciones fueron spots de televisión que se pagaron con recursos públicos procedentes de los grupos parlamentarios de ese partido en el Congreso federal. Hasta aquí las cosas están claras pues el PVEM reconoció los pagos y el Tribunal Electoral, en sentencia, consideró que los spots no habían sido publicidad de informes de labores de los legisladores sino propaganda política de ese partido. Incluso, ese mismo tribunal le ha impuesto a las televisoras una multa de dos millones de pesos por haber realizado actos contrarios al sistema de comunicación política que señala la Constitución del país.

El problema subsistente consiste en que la queja presentada por el PRD en contra del Partido Verde (así llamado) no sólo abarcaba la ilegalidad de las aportaciones en especie de los grupos parlamentarios  sino también aquellas provenientes de las televisoras (Televisa y Azteca) por haber cobrado tarifas bajas e inexistentes al PVEM, lo cual es una forma de aportar en especie según el derecho electoral. Sin embargo, el INE se negó a mantener abierta esa parte de la queja del PRD y, al resolver la multa de los 322.4 millones de pesos, dejó sin investigación y, por tanto, sin sanciones los actos ilegales consumados por las televisoras en ayuda del Partido Verde (así llamado).

En efecto, Televisa colocó 1 778 spots y cobró en promedio 26 776 pesos por cada uno, mientras Azteca emitió 2 274, con una tarifa promedio de 20 956 pesos, todos ellos en cadena nacional, es decir, retransmitidos por los canales de ambos consorcios para alcanzar 239 mil 286 impactos contados por el INE en todo el país. Estas tarifas no existen en la realidad, sin embargo, una mayoría mínima de consejeros del INE las da por buenas con el falso argumento de que el Tribunal Electoral se basó antes en las facturas emitidas por ambas empresas como elementos probatorios de la compra-venta de los spots, pero nunca como demostración de las tarifas comerciales verdaderas de los mismos. Los casi 106 millones pagados por los grupos parlamentarios del PVEM hubieran sido dos mil 720 millones si tomamos en cuenta las tarifas publicadas en internet por Televisa y calculadas de otras formas en cuanto a Azteca, todo lo cual consta en el expediente pero sin haber sido tomado en cuenta por los seis consejeros que, una vez más, quieren perdonar a las televisoras sus graves violaciones a las leyes del país.

Ahora bien, según la Constitución (transitorios del decreto de reformas sobre telecomunicaciones) y la ley de la materia, las televisoras y radiodifusoras deben tener una lista de tarifas mínimas. Esto se debe a que, como se trata del uso de un bien de dominio de la nación concesionado a particulares, es necesario impedir que los tiempos de publicidad sean vendidos a bajísimo precio a los amigos o a partes relacionadas con las empresas concesionarias con lo cual se crearían condiciones de competencia ventajosa para algunos anunciantes. Bueno, las tarifas mínimas deben ser dadas a conocer por los concesionarios mientras el Ifetel debe llevar el registro de las mismas. Nada de eso parece estar ocurriendo en la realidad a pesar de lo que señala la maltratada Constitución del país.

El INE puede inquirir las tarifas mínimas, compararlas con lo efectivamente pagado por el Partido Verde (así llamado) y listo: tendremos una diferencia que nos indicará la cantidad aportada por las televisoras (en especie) al PVEM. ¿Por qué no lo hizo el INE a partir de enero de este año cuando el PRD presentó la queja? La respuesta es muy sencilla: porque no quiso. Aquello de que en México existen poderes fácticos no es una frase de propaganda política de pocos sino una realidad que afecta a muchos. Las televisoras son intocables y cuando se les toca ya vemos lo que ocurre: multa de dos millones entre todas por haber conspirado contra la Constitución. Eso da risa pero más le ha de dar a los dueños de los consorcios de la televisión mexicana.

Veremos lo que al respecto dice el Tribunal Electoral. No estoy optimista pero tengo derecho a soñar.

Decir lo que sabes es decir verdad

Para hablar de otros, de contextos o de hechos ajenos, cercanos o lejanos, no existe la verdad. Lo que tenemos es el saber, bueno, malo o mixto, exacto o aproximado. Lo relevante es que no podemos o no debemos dejar de hablar de otros con tal de hacerlo con  honradez, buscar un saber que no es exactamente propio. Eso es decir verdad aunque no sea la verdad. Bueno, el punto es que así no son los políticos en México ni sus partidos; mucho menos el poder del Estado.

Lo anterior viene a cuento porque el Partido de la Revolución Democrática intentó cambiar  las tradiciones, al menos un poco, y mandó a elaborar un informe sobre sí mismo en relación con la postulación de José Luis Abarca en Iguala, el gobierno de éste y el desenlace de la tragedia con sus heridos, asesinados y desaparecidos. El informe ha sido presentado en plena temporada electoral por una comisión especial.

Con independencia de lo que contiene el informe y de la manera en que algunos medios han tratado de manipular su contenido llegando al extremo de inventar su propio informe, es un hecho relevante el informe mismo porque es el primero de este carácter que se redacta en por lo menos los últimos 50 años de vida política nacional. Nadie ha logrado recordar algo parecido a este informe. El que un partido se investigue a sí mismo y ordene redactar un informe en el que salgan a relucir nombres, situaciones, contextos y demás aspectos de su vida interna es inesperado, por decirlo de alguna manera.

La responsabilidad política de la tragedia de Iguala corresponde al PRD pero no por entero. Existe también responsabilidad política del PRI (partido gobernante en Cocula),  del gobierno federal y del gobierno del Estado, así como del Ministerio Público de ambos niveles. Cada quien fue omiso en algo, incumplió de alguna manera su obligación de defender los intereses públicos. Pero el PRD es el único que ha admitido tal responsabilidad. El PRI, campante como siempre, mantiene en Cocula a su presidente municipal con el apoyo de la PGR y de Murillo Káram que lo examinó y decidió que no podía ser inculpado de absolutamente nada a pesar de que los jefes de policía de ese municipio eran miembros orgánicos de la banda de criminales denominada Guerreros Unidos.

La PGR nos ha salido con la novedad de que José Luis Abarca –jefe de la policía municipal por mandato de la Constitución del país– sólo está procesado por posibles hechos ocurridos antes de la tragedia del 26-27 de septiembre de 2014 pero nada que ver con los heridos, los muertos y los desaparecidos. Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada son los cargos. Pero, ¿quién diablos nos va a explicar bien los hechos que llevaron a una tragedia nacional aquel día de septiembre y la madrugada del siguiente?

El inédito informe que presentó la Comisión Especial del PRD aporta elementos válidos para buscar respuestas, no sólo en cuanto a la expresión criminal de los hechos sino en lo que se refiere a contextos anteriores en el campo de la política. La tragedia de Iguala no es un hecho criminal aislado sino un problema político con consecuencias criminales. Por ello, algunos medios han querido sesgar la información atribuyéndole al informe la afirmación de que Zambrano sabía que Abarca estaba ligado a los narcos –lo cual es absolutamente falso– o que el mismo Zambrano no solicitó oficialmente un informe al gobierno sobre Abarca sin admitir que lo oficial no sólo es lo escrito porque de ser así se paralizaría la vida institucional del país. Como suele ocurrir, López-Dóriga es el campeón de la manipulación que pone en labios de la Comisión Especial cosas que no están en el informe sino que son libres interpretaciones suyas, añadidos incluidos: el método de presentar como noticia un editorial, mentiroso por añadidura. Aquí se nota la muy vieja escuela de la manipulación informativa.

Era natural, por decirlo así, que el informe fuera recibido para hacer uso de la falsificación, pero por otro lado el informe ahí está, es consultable íntegro, con sus 16 500 palabras, en el portal de internet del PRD desde el pasado miércoles al medio día. ¿Podría alguien decirnos cual otro partido ha hecho algo así?

Tormentas de abril

El cierre de la legislatura ha estado preñada de feos conflictos y enredos macabros. Como ocurre con frecuencia en la víspera de elecciones, el Congreso se pone peor que de por sí. Ahora tenemos que hay una negativa del PRI a completar la integración del tribunal que ha de decir el derecho en los comicios que tendrán lugar dentro de unas cuantas semanas. Sí, el Tribunal Electoral tiene sólo seis magistrados de los siete asientos con los que cuenta. La Suprema Corte ha cumplido con enviar su terna pero el partido (otra vez) oficial se niega a completar su integración.

El PAN, por su lado, hizo de las suyas en la Cámara cuando llegó la minuta con el proyecto de decreto para reformar el régimen político de la Ciudad de México. Es cierto que poco más de la mitad de sus senadores ya habían dicho no, pero con la misma proporción de sus diputados pudo haber salido la aprobación en San Lázaro. No fue así porque se consideró que esa era una victoria del PRD en general y de Mancera en particular, lo cual no es exactamente cierto pero en la lucha política convencional lo que importa es lo que se cree y no siempre lo que es.

Es así como han quedado pendientes un montón de nombramientos y no pocos decretos de ley. En cuanto al tema de la desaparición forzada, en verdad se trata de dar al Congreso facultades para legislar para todo el país aunque ese es un delito típicamente federal porque se comete bajo la figura de delincuencia organizada que es materia de los tribunales de la federación. Así que, aunque se cumpla con una exigencia proveniente de fuera del país, las cosas no van a mejorar automáticamente pues la PGR no es precisamente la mejor fiscalía.

El forcejeo parlamentario como expresión de la confrontación electoral tampoco ha sido demasiado fuerte. A fin de cuentas, el PRI ha impuesto varios puntos de la agenda del gobierno aunque ninguno de gran importancia.

En tanto esto ocurre, el Instituto Nacional Electoral volvió a su práctica de la censura. La Comisión de Quejas, de innegable composición oficialista, ha sacado del aire varios promocionales en los que se critica a Peña Nieto. El primero de ellos fue el que objetó López-Dóriga porque aparecía su imagen en relación con lo que no ha cambiado en el país, pero en el cual la crítica directa se hacía contra los tres alegres compadres que gobiernan: Peña, Osorio y Videgaray. El spot fue vuelto a subir por el PRD sin la foto de López-Dóriga y con cuadro negro que decía censura, pero con las imagenes de los tres por lo cual la censura no funcionó.

Las cosas empeoraron cuando el PAN denunció a Peña como quien había invitado a 200 empresarios a Londres por cuenta del escaso erario mexicano. Con la primera queja no pudo haber suspensión del spot porque la presentó el PRI, el cual no era mencionado, pero cuando la queja llegó por parte del presidente de la República, la Comisión de Quejas lo censuró de inmediato. Calumnia no había, según dijo el Tribunal Electoral que ordenó que el spot se difundiera. Mas, para entonces ya llevábamos varios spots censurados y la vergüenza a cuestas. Lo peor de la faena es que cuanto el INE censuró la crítica a Peña a instancias de él mismo, éste pronunció un discurso a favor de la libertad de manifestación de las ideas y de difusión. Estas son cositas que sólo pueden ocurrir en México.

El Partido Verde (así llamado), por su lado, tan campante y como si nada. En realidad, los 190 millones que lleva de multas son parte del costo de su ilegal campaña electoral. Puede pagar más que al cabo piensa cosechar votos para luego vender el complemento que requiere Peña para tener mayoría en la Cámara y asegurar un presupuesto a modo. La queja de fiscalización interpuesta por el PRD contra el Verde (así llamado) sigue en la congeladora y ya se ha vencido el plazo para que fuera resuelta. El INE opera ahora como lo hizo antes: no ve, no oye, no habla. Si se resolviera esa queja resultaría claro que ese fraude de partido recibió aportaciones en especie de parte de las televisoras durante su campaña anticipada y que, efectivamente, ésta se llevó a cabo ante los ojos de todo el país. Ello podría llevar a la cancelación del registro del Partido Verde (así llamado), lo cual sería aplaudido por todas las organizaciones ecologistas del mundo.

Lástima que las tormentas de abril no fueron más que unas molestas lluvias.

¿Y el fuero? Que le pregunten a Peña Nieto

El Congreso expidió una reforma sobre la corrupción. Se trata de un proyecto de poco alcance, desarticulado, inocuo en algunos de sus segmentos y difícil de ser aplicado. Después de tantos esfuerzos, discursos, denuncias, lamentaciones, hipocresías y reconversiones –todo sucesivo pero revuelto—la plataforma anticorrupción de la presente legislatura ha quedado muy por debajo de las expectativas ciudadanas.

Uno de los temas que ha sido ignorado es el fuero, es decir, la inmunidad procesal penal de los altos funcionarios de la Federación, y su correspondiente esquema en los estados. Ha sido Peña Nieto quien ha impedido que el asunto sea tocado. Al respeto es preciso contar una historia.

En noviembre de 2011 culminó en el Senado una negociación sobre la desaparición de la figura del fuero constitucional. La iniciativa que yo había presentado unos cuatro años antes fue motivo de negociaciones dilatadas pero al final exitosas. Se votó un proyecto que aprobaba la iniciativa con cambios, los cuales, sin embargo, no modificaban su contenido básico: todos los altos funcionarios de la Federación que habían estado aforados hasta entonces podrían ser ahora sujetos de proceso penal como cualquier otro ciudadano o ciudadana. La única circunstancia especial consistía en que durante el proceso permanecerían en libertad, como si estuvieran bajo fianza, y en el ejercicio de su cargo sólo para evitar que autoridades menores pudieran dar un golpe de mano contra el Ejecutivo, el Congreso o la judicatura. Una vez que el juez de la causa dictara sentencia de primera instancia, el funcionario debería ser separado de su cargo por la Cámara de Diputados, sin dictamen previo, mediante un procedimiento político y, de tal forma, ser entregado a la justicia. El presidente de la República estaba incluido en este sistema puesto que no debe haber, se dice, privilegios de ninguna especie. El auto de sujeción a proceso dictado por el juez contra estos funcionarios podría ser recurrido directamente ante la Suprema Corte para evitar el uso político de la justicia en la apertura de procesos penales, pero eso no implicaba ningún privilegio personal sino sólo un mecanismo de seguridad para el funcionamiento normal de los poderes públicos. Así, cualquier alto funcionario de la Federación y de las entidades federativas podría ser sujeto de proceso penal aunque, como todo mundo, bajo el principio de presunción de inocencia.

La Cámara de Diputados se hizo la disimulada y congeló el proyecto enviado por el Senado por instrucciones directas y personales de Enrique Peña Nieto, quien ya había asumido la dirección del grupo parlamentario del PRI en esa cámara desde antes de ser nombrado oficialmente candidato, lo cual, por cierto, era diferente en el Senado. El PRI tenía entonces más de un tercio de los diputados y, por tanto, capacidad de bloquear cualquier reforma constitucional. Así las cosas, transcurrió el periodo de sesiones que terminó el 30 de abril de 2012, día del niño, feneciendo de tal forma la legislatura.

En marzo de 2013, con la actual legislatura y con el Pacto por México (mal llamado y mal logrado), el cual señalaba que debía eliminarse el fuero, la Cámara de Diputados modificó el proyecto original del Senado para hacer un verdadero enredo en el contenido y en la forma. Por órdenes de Peña Nieto, se eliminó al presidente de la República de la lista de funcionarios sujetos a procesos penales lo cual contó con la vergonzosa complicidad del PAN, pero se olvidó reponer un artículo derogado en el proyecto del Senado de tal forma que ubicaba, sin querer y por torpeza, al presidente de la República sin inmunidad alguna, es decir, que éste podía ser detenido por cualquier gendarme y mucho más fácilmente encarcelado por un juez. Además, ubicaba el momento en que un funcionario debía abandonar su cargo en la ejecución de la sentencia, es decir, después de años de recursos procesales interminables, y no cuando se dictara sentencia de primera instancia como decía el proyecto del Senado.

Dentro de la reforma constitucional contra la corrupción, el PRI se negó a volver al proyecto original para eliminar el fuero, pero además mantuvo al presidente de la República sin responsabilidad administrativa alguna, lo cual es ya insostenible. El partido oficial se disciplinó a la consigna presidencial aún a riesgo de que no fuera aprobado su débil y engañoso decreto contra la corrupción. Creo que las oposiciones debieron haber congelado esa reforma hasta que todo se descongelara. Por lo pronto, el fuero sigue por sus fueros gracias a Enrique Peña Nieto quien además mantiene su impunidad en materia administrativa, la cual ya no existe en ninguna parte del mundo.

Promotores de la abstención

Promover la abstención electoral podría ser para cualquiera hasta loable en un país tan deteriorado como México. Pero que lo haga la autoridad electoral es algo inexplicable, anómalo, irrisorio o patético. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) se permitió afirmar, con motivo del registro de los candidatos del PRI, que las elecciones no resolverán ningún problema. Esta idea es en realidad un argumento abstencionista. El consejero en cuestión agregó que las elecciones servían para el debate entre los partidos de cara a los electores. En reciente sesión del Consejo General del INE, luego de ser cuestionado al respecto, aclaró que él hablaba de las elecciones “per sé”. Sin embargo, el uso del latinajo –quiere decir algo así como “por sí mismas”—no quita ni pone nada a la tesis original: las elecciones no resuelven problema alguno.

La realidad es bastante dura como para que un consejero presidente de cualquier institución la pueda negar. Las elecciones resuelven el problema del poder del Estado. Sobre esta base, se pueden resolver los otros problemas de cualquier sociedad o también se pueden empeorar. La historia reciente de América Latina llegó a un punto en el cual todas las luchas anteriores desembocaron en triunfos electorales de las izquierdas y, en consecuencia, en la solución de problemas ancestrales de varios países. Pero Lorenzo Córdova no entiende nada de lo que ha ocurrido en su propio continente en los años recientes, cuando él tenía ya una edad adulta.

La tozudez abstencionista tuvo cierta consecuencia cuando, a propuesta del mismo Córdova, los consejeros electorales, todos ellos, se permitieron afirmar en carta de respuesta dirigida a los padres y madres de los 43 desaparecidos en Iguala, que el voto es un derecho pero no una obligación impuesta por el Estado. Eso de “impuesta por el Estado” no agrega ni quita nada, puesto que las obligaciones provienen de las leyes en el Estado secular. Daría la impresión de que los señores y señoras consejeras no han leído la Constitución mexicana, en la cual se establece como derecho y a la vez como obligación de los ciudadanos y ciudadanas el votar en las elecciones y en las consultas.

Cuando estos personajes fueron criticados y se les pidió que rectificaran, la mayoría de ellos se tomó la libertad de evadir el cuestionamiento y empezar a hablar de los “padres de Ayotzinapa”, de la “respuesta” que les dieron a ellos después de escucharles, pero ninguno puedo explicar cómo los integrantes del máximo órgano administrativo electoral del país pueden afirmar que las elecciones son un derecho pero no una obligación a pesar de lo que señala la Constitución mexicana desde tiempos inmemoriales. Cualquiera supondría que los consejeros y consejeras tienen conocimientos (o podrían tenerlos) sobre los textos constitucionales (ninguno de ellos ni de ellas acreditó al respecto examen alguno), pero no se trata tanto de conocimientos como de sentido de responsabilidad y de probidad: muchos de los que firmaron para negar lo que dice la Constitución se defendieron de la crítica diciendo que era necesario responder a los padres (yo agregaría madres) de los 43 estudiantes (yo agregaría desaparecidos) de Ayotzinapa y ninguna crítica podría negar el valor de tal respuesta pues se trata de personas que han sufrido, etc. La crítica de la tan desatinada argumentación de que el voto es un derecho pero no es una obligación carece de relación con la tragedia de Iguala, detrás de la cual se atrincheraron miserablemente los consejeros defensores de la tesis de que votar no es una obligación sino sólo un derecho. Esos consejeros y consejeras no están en el INE para difundir sus teorías o convicciones (si las tuvieran) sino para hacer su trabajo, el que la ley les exige. No es aceptable que desde el INE se expongan argumentos en apoyo a la abstención. Por ello, ya se ha hecho necesario pedir a los consejeros y consejeras que callen la boca en su calidad de autoridades.

Las cosas llegaron al extremo cuando la consejera San Martín se tomó la libertad de decir que el INE tiene como una de sus funciones la de crear ciudadanía. Fuera de toda teoría del Estado (hasta de la más idiota), San Martín le asigna a una institución estatal la tarea de crear ciudadanía cuando todo mundo (hasta los más estatistas y los peores liberales decimonónicos) saben que el Estado no crea ciudadanía sino que contiene su formación. El Estado hace clientelas, corporaciones. La ciudanía se crea en el proceso de las relaciones libres mercantiles, por un lado y, por el otro, de las organizaciones solidarias de los trabajadores. La libertad no se fomenta desde el Estado, sino que es éste el que tiene que admitir derechos y reclamos de la sociedad que busca actuar con independencia del Estado mismo. Esto es elemental, pero no, en el INE no hay conocimientos básicos sino un cuerpo, unas relaciones corporativas de cuerpo cerrado dentro del cual se consienten los errores o las transgresiones de cada cual y de todos. Estamos un poco peor.

No hay a quien echar la culpa

La situación económica del país está siendo analizada con superficialidad tanto por el gobierno como por la gran empresa, los bancos y nuestros siempre someros medios de comunicación de gran incidencia nacional. El problema sin embargo es muy grave, va a empeorar y tiende a durar varios años.

Existen dos grandes problemas en lo que será la crisis económica que está llegando: la reducción de ingresos propios del país y del Estado nacional por efecto de la disminución del precio del crudo; y el retiro de capitales tanto extranjeros como “mexicanos” invertidos en instrumentos de alta liquidez.

Por lo pronto haremos abstracción de las causas de ambos fenómenos para aprovechar este espacio en analizar las consecuencias que tendrán en el futuro inmediato del país. La baja del precio del crudo está asociado a la disminución gradual que venía dándose en el nivel de la producción de aceite y en el incremento del consumo de gasolinas importadas. La balanza de hidrocarburos es un verdadero desastre si consideramos que México es un país petrolero. Ahora bien, la reforma energética –así llamada—no podrá resolver este problema porque, por un lado, las inversiones privadas dejarían sólo un royalti al país, lo cual es poco desde todo punto de vista; por el otro, las refinadoras no vendrán a México a sustituir importaciones cuando lo que están haciendo es vender las gasolinas a precio internacional, cada vez menor, por cierto.

Lo anterior es relevante porque la balanza de pagos será un tema crucial en los próximos años, de lo cual se deriva que seguir comprando en demasía en el extranjero y seguir vendiendo a menores precios relativos será venenoso para una economía cuya dependencia de divisas irá en aumento. Aquí entramos al otro problema: la economía mexicana se llenó de dinero oportunista debido a las altas tasas internas y las muy bajas del mercado estadunidense. Así, tanto el sector privado como el público en hincharon de divisa fácil que ahora se va a volver difícil porque se va de regreso. Eso es inevitable: Estados Unidos no puede seguir para siempre con tasas tan bajas. Un problema asociado es que en la medida en que aumente la demanda de dólares el peso se irá más al fondo, lo cual terminará por encarecer demasiado las importaciones (y el costo de la deuda externa) aunque abarate las exportaciones; esto último normalmente se mediatiza en la medida en que los grandes importadores son los grandes exportadores, las ganancias del comercio exterior se concentran en pocas manos y con frecuencia se dejan afuera del país. La reserva del Banco de México sirve para eso, es decir, para fondear las importaciones y solventar otras obligaciones en moneda extranjera, pero no podría atender la demanda de divisas de la totalidad del capital golondrino ubicado en la economía nacional: para eso no hay dólares, sencillamente.

Ahora bien, ¿qué hacer? Hay que bajar con mucha fuerza el gasto de operación del gobierno, en especial los altos sueldos y las erogaciones suntuarias que abundan en el aparato del Estado. También habría que hacer una urgente acometida contra la evasión y elusión fiscales que, esa sí, es fantástica. Por el otro lado, hay que adelantar una conversión de deuda con mayores plazos a través de nuevos instrumentos de retención de divisas –deuda directa podría ser– sin caer en el método de la indización con el dólar (salinismo puro) porque de esa manera si la devaluación se acelera el país se arruina. Se va a necesitar utilizar el programa contingente del FMI con México que hasta ahora ha sido sencillamente teórico, por lo cual se requiere adelantar el ajuste al gasto para evitar la imposición externa del síndrome griego: hay que recordar que ya casi no hay nada que privatizar. Al respecto, Peña superó al maestro (Salinas) y arruinará al país por la misma vía aunque “sin vender un solo tornillo”.

Tema básico tendría que ser el crédito interno para lo cual es urgente la reforma de la banca del Estado (ya no se le puede llamar “de desarrollo”), con el propósito de fondear un fuerte programa de inversiones productivas sin las cuales estaríamos mucho peor. Al tiempo, se van a requerir controles antinflacionarios sencillamente porque ésa, la inflación, cuando la tendencia mundial es deflacionaria, se convierte en otro veneno para la economía nacional.

En síntesis, hay que hacer lo que el gobierno no está haciendo ni está preparando, con el propósito de lograr un panorama menos malo en los próximos años. Cuando Peña termine su gobierno, esperemos poder recoger algunos restos del país y empezar una reconstrucción. Por lo pronto, según Peña, Videgaray y Osorio (los tres que no son nada fantásticos) no hay a quien echar la culpa.

El gran fraude dizque verde

Nada hizo falta más que dos apoyos básicos (Televisa y Azteca) para que el Partido Verde, así llamado, se lanzara en septiembre a una campaña electoral anticipada mediante anuncios del todo ilegales. Nada hizo entonces falta para que prosiguiera con su campaña ilegal más que el silencio cómplice de Lorenzo Córdova y otros consejeros del INE, por petición del gobierno federal. Todo parece en realidad una conspiración delictiva, una forma de asociación para eludir y violar toda clase de disposiciones legales tan largamente procesadas en muchas negociaciones entre los partidos políticos de México.

Casi 400 mil impactos de televisión (spots) y muchos miles de cineminutos, así como una cantidad inusitada de letreros en autobuses, paraderos, espectaculares y otras muchas formas de publicidad, así como calendarios y tarjetas de descuento enviados a los domicilios de personas desconocidas para ese partido. El flamante INE, con sus nuevos y viejos consejeros se tomó la libertad de no hacer caso de las quejas presentadas, negó las llamadas medidas precautorias, es decir, la suspensión de los spots televisivos, pero también demoró una investigación  que en realidad no era para investigar absolutamente nada sino para hacer tiempo. Finalmente, el PRD recurrió al Tribunal Electoral para solicitarle que detuviera la campaña en televisión aunque fuera a destiempo, lo cual fue admitido por dicha instancia y así empezó todo: van 185.5 millones de pesos en multas, entre otras, por haber desobedecido la suspensión de los cineminutos, así nomás, por su propia decisión y en abierta transgresión de sus más elementales obligaciones como partido político, así se autonombra.

Al Verde, así llamado, le han multado por casi todo, pero ahí no terminará el asunto: existe una queja de fiscalización presentada por el PRD en la que se denuncia al así llamado por recibir aportaciones de sociedades mercantiles, en especie. ¿Cuáles podrían ser tales sociedades? Ni más ni menos que las dos grande televisoras del país que le entregaron los spots a precio reducido fuera de mercado, lo cual está, obviamente, prohibido.

El Partido Verde, así llamado, carece de vínculos con las asociaciones internacionales de partidos ecologistas del mundo, no tiene tampoco la menor relación con otras organizaciones defensoras del medio ambiente. En México, carece de contacto con cualquier agrupación ecologista, ya sea de asociaciones no gubernamentales o de grupos de la academia. Es más, todos los ecologistas de México y del resto del mundo se avergüenzan por el hecho de que el PVEM, así llamado, se ostente como verde y como ecologista sin tener la menor relación con el movimiento nacional y mundial de defensa de la naturaleza.

El Verde fue producto de una decisión  del gobierno de Salinas. Después, apoyó a Fox. Luego se alió con el PRI. Nunca ha sido nada por sí mismo. Es un grupo de personas que se dedica al negocio del tráfico de influencias, carente del menor principio ideológico o político, con capacidad de argumentar lo que sea en el momento que sea para defender a quien sea, siempre que todo eso deje dinero.

En alguna ocasión negué mi firma para un dictamen sobre la autorización legal de la destrucción de manglares en zonas de desarrollo turístico. Había dos senadores que querían la reforma de la ley: el presidente de la comisión de ecología, un “verde”, y otro legislador, priista por añadidura y actual gobernador por suerte (de sí mismo), de Sinaloa, donde los manglares ya han sido destruidos en más de la mitad. Por azares de la vida y de la política, mi voto resultó decisivo en la comisión de estudios legislativos, integrada por tan solo cuatro senadores, de tal manera que se rechazó el proyecto. ¿Cuánto dinero iban a aportar los dueños de las compañías hoteleras que querían constuir? O para decirlo en palabras del llamado “niño verde”, líder “verde” del partido “verde”:  “¿cuánto nos va a tocar a nosotros?”.

El Tribuna Electoral ha sido, por su parte, demasiado simpático para el Verde, así llamado, pues le ha puesto las cosas muy cómodas. El Verde, así llamado, puede pagar todas las multas porque los spots y los cineminutos le salieron baratos. 165 millones no es nada para un partido que inició su campaña electoral en septiembre y lo hizo como el único partido. El INE debió haber detenido la campaña anticipada del Verde, así llamado, pero el gobierno le ordenó a ese Instituto, también así llamado, que no metiera las manos. Al final tuvo que hacerlo, pero ya era calculadamente tarde. Esto se llama falta de credibilidad de las instituciones. Y luego se preguntan de dónde viene el llamado fenómeno de la falta de confianza.

 

Extraviado protagonismo de la autoridad electoral

Los promotores de la abstención, el voto nulo o el boicot de las elecciones tienen ahora a un nuevo ideólogo: Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, por añadidura

“Las elecciones no van a resolver los problemas que aquejan a México”, se atrevió a decir el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿qué resolverá aquello que aqueja a la nación? Eso no lo ha dicho Lorenzo Córdova, pero afirmar que las elecciones “no van a resolver los problemas” es soslayar el papel del voto como la forma menos violenta justamente de resolver problemas, es decir, mediante la expresión de la decisión política de la mayoría. Negar esto es negar todo el discurso democrático. Pero que lo haga el consejero presidente del órgano electoral requeriría de un serio examen sobre la integración de esa institución de la República.

Las elecciones, agregó Córdova, “son la vía privilegiada en las democracias, para debatir públicamente, de cara a la ciudadanía, las distintas propuestas y las distintas soluciones que son planteadas por los partidos políticos”. Ahora se nos informa desde el INE que las votaciones ciudadanas sirven “privilegiadamente” para que los políticos debatan entre sí (mientras les escuchan los ciudadanos) las distintas soluciones ofrecidas por los partidos, mucho antes que el momento en que los ciudadanos toman las decisiones políticas fundamentales dentro la tal democracia. Si una de las críticas de la democracia representativa es que la ciudadanía decide en el plano político sólo en las elecciones periódicas pero casi nunca en la toma posterior de otras decisiones trascendentales, el consejero presidente del INE nos desvela que la elección en realidad sólo sirve para el debate pero no para decidir, es decir, para resolver siquiera alguno de los problemas que nos aquejan. Se desconoce también, para decirlo rápido, los cambios que en años recientes han ocurrido en América Latina mediante elecciones.

Lorenzo Córdoba sigue de frente: “necesitamos –dice– un debate electoral tan franco como sea posible y tan ríspido como sea necesario para que la ciudadanía clarifique la oferta política de cada contendiente y emita su voto de manera informada con el único límite de los cauces que establece la propia ley”. ¡Wow!, el supuesto árbitro electoral les dice a los políticos lo que tienen que hacer. Este discurso no tiene desperdicio, pero hemos de dejarlo para entrar en algo quizás más importante: el protagonismo de la autoridad electoral.

Según la Constitución, el INE debe organizar las elecciones y ser en ellas la autoridad administrativa. Se trata de dirigir el sistema para recibir los votos y contarlos bien. Pero, además, el INE tiene la encomienda de garantizar la equidad en las contiendas, la cual, por cierto, ha estado verdaderamente escasa bajo la presidencia de Lorenzo Córdoba, quien no ha querido oír, ver ni hablar de las sistemáticas violaciones a la ley de parte del Partido Verde, así llamado, y del uso de los programas gubernamentales.

En conclusión, los organizadores y árbitros administrativos no opinan, no dan cátedras, no les dicen a los políticos lo que deben hacer, no actúan a título personal, no representan a la República, no han sido elegidos por el pueblo. Sólo cumplen con la ley en el marco de sus atribuciones constitucionales. Si quieren dar cátedras, ahí está la academia; si quieren dar consejos, ahí están las asesorías en gobiernos y partidos; si quieren irrumpir en la política, ahí están las organizaciones; si quieren teorizar sobre la democracia y el papel del sufragio, que se la jueguen con la publicación de sus personalísimas opiniones, pero que no traten de usar sus cargos públicos para tan aventureros propósitos.

El protagonismo de los consejeros electorales, en especial del consejero presidente, no viene de Córdova sino, más bien, éste es una réplica de los anteriores. Todos lo han hecho. Y, así, todos se han tenido que tropezar con la misma piedra de falta de rectitud en su precisa función constitucional. Mas Córdova ha ido más lejos que otros en este aspecto: ha mandado por un tubo el significado y valor del sufragio, lo ha reducido al momento en que los políticos han de hablarle a los electores pero negando la tarea decisoria de la ciudadanía a través del voto.

Así, los promotores de la abstención, el voto nulo o el boicot de las elecciones tienen ahora a un nuevo ideólogo: Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, por añadidura.

 

 

 

Ya todo lo sabíamos menos lo que hay que hacer

La baja del precio del crudo, los recortes presupuestales, la creciente salida de dólares y la consecuente devaluación persistente del peso mexicano frente al dólar, la baja de la inversión pública y privada, la reducción efectiva de la capacidad adquisitiva del salario medio y la consecuente reducción de los pronósticos de crecimiento de la economía, la elevación de precios de productos básicos e industriales como consecuencia de todo lo anterior, ya lo sabíamos desde el año pasado, es decir, aquel 2014, tan lejos y tan cerca de nuestras vivencias actuales.

Todo lo anterior nos lo comunica el gobierno de Peña Nieto con gran resignación pero también con cierto cinismo por el hecho de que ya todo eso lo sabíamos. Nada hay nuevo en cuanto a las perspectivas económicas. Pero no se ha dicho todo. El primer recorte presupuestal del año es eso, es decir, el primero, pues habrá otros en lo que resta de la temporada. El método de presupuesto base cero que anuncia Videgaray tiene como propósito hacer un ajuste al gasto público para el año de 2016 mediante disecciones quirúrgicas, es decir, sin tener que recurrir a las amputaciones, de tal manera que todo gasto social que no sea estratégico dejará de existir irremediablemente, mientras las inversiones sólo serán  aquellas absolutamente indispensables: los sueldos de la alta burocracia no bajarán, claro está.

Como una extraña paradoja anti neoliberal, la reforma energética (la cual no fue producto del mal llamado Pacto por México sino la causa y el momento de la ruptura de éste) se produjo en el peor momento de cualquier acometida privatizadora: el precio de lo privatizado ha bajado a la mitad y así seguirá durante varios años, con lo cual  se han enfriado por lo pronto los inversionistas, extranjeros en su mayoría, quienes como buitres rondan los yacimientos del Golfo de México. No obstante, el gobierno mexicano está rematando yacimientos maduros, es decir, que ya antes produjeron, los cuales deberían ser considerados propiedad de la “nueva empresa productiva del Estado” llamada Pemex y no, como lo ha decidido el gobierno de Peña, unos activos de la nación para ser vendidos y explotados por cualquiera, siempre que ése sea capitalista privado que utilice en el futuro las ganancias en lo que le dé la gana a costa de una riqueza originalmente asignada a la nación. Ya lo sabíamos, también.

Dentro de este panorama se incluyen inevitables aseveraciones chistosas, como esa de Videragaray en el sentido de que si bien es cierto –por si alguien lo dudara—que el peso mexicano se ha devaluado frente al dólar estadunidense, también se ha revaluado frente al euro, el real, el yen y otras muchas monedas que también se han devaluado frente al dólar, en las que México, claro está que no lo dijo, casi no realiza operaciones. El tipo de cambio del peso mexicano no se establece respecto de todas las monedas del mundo sino sólo respecto al dólar, a través del cual se fijan las paridades con todas las demás, pero el secretario mexicano de Hacienda parece que lo ignora al tiempo que provoca humor involuntario: cuando se lo propone es buen cómico pero él no lo sabe.

Es inevitable que el peso siga desvalorizándose aunque no sea tan bruscamente. Esto se debe a que gran parte de la deuda pública está contratada a través de bonos gubernamentales cuyos propietarios son extranjeros o grandes capitalistas mexicanos que tienden a llevarse los fondos a Estados Unidos ante la perspectiva de un ligero y pausado aumento de las tasas de interés en el marco de una inflación mínima y un crecimiento económico consistente en aquel país. México es un buen mercado (para los inversionistas) en tanto las tasas de interés sean altas, es decir, le cuestan al pueblo un dineral, y mientras en Estados Unidos sean muy bajas, pero la política económica del norte no se sostendrá igual sino que mudará a remuneraciones más altas en aras de una recuperación de capitales.

Lo que México tendría que hacer es fomentar la producción y el empleo mediante una nueva política de distribución del ingreso, ya que no hay otra forma, con el fin de impulsar su mercado interno, bajar algunas importaciones y remunerar el capital con base en la productividad del trabajo y no en la competencia mundial. Pero para ello habría que cambiar de gobierno. Ahí está el detalle, pero se supone que para eso sirven las elecciones.