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Rijosidad y rispidez

Muchas personas en las oposiciones y en grandes medios consideran que el ambiente político de rijosidad y rispidez se debe a las frecuentes réplicas, ataques y explicaciones que hace el presidente de la República. Se toman en cuenta mucho menos las arremetidas cotidianas de los críticos y adversarios del gobierno que se difunden ampliamente en la prensa y las redes sociales.

En México se pensaba hasta hace poco que los jefes del poder político no debían enfrentarse directamente a sus opositores, sino de manera subrepticia o indirecta, para lograr protección personal sin dejar de hacer lo deseado. Eso ya no funciona.

Tenemos un escenario político de rijosidad y rispidez, es decir, los actores principales están dispuestos a pelear y lo hacen con vehemencia y escasa amabilidad. En lugar de estar buscando al culpable de este fenómeno, lo que debe hacerse es admitir la realidad política, ya que, a fin de cuentas, todo eso forma parte de la emersión de una nueva fuerza gobernante que no puede dejar de lado el instrumento que la llevó al poder: la crítica, incluyendo, naturalmente, la modalidad de la denuncia pública.

La rispidez y la mala educación se manifiestan a la menor provocación porque el poder está en juego cada día. Así se ha tejido la lucha política desde la instalación de una nueva mayoría legislativa y la llegada de un nuevo Poder Ejecutivo, es decir, desde el 1 de septiembre y el 1 de diciembre de 2018: nadie en las oposiciones se propuso entonces alguna forma de colaboración condicionada o acotada con los recién llegados al poder, como suele ocurrir en las “democracias occidentales”, sino que se adoptó como objetivo la confrontación hasta llegar al momento de la derrota de la 4T, programada para junio de 2021 como primera fase.

Las oposiciones son muy fuertes, cuentan con apoyo electoral, dinero, algunos gobiernos locales, medios de comunicación, organizaciones sociales, gran parte del clero católico, organismos autónomos del Estado, empresas, organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, no han podido derrotar a la 4T sino que han acumulado nuevos fracasos electorales en varios estados. Sin motivo lógico, en ese campo nadie en la coalición opositora intentó un análisis sereno de los resultados. Todo siguió casi igual.

Hay un grupo, cuyo nombre es “Sí por México”, que ha lanzado una nueva versión de su iniciativa unitaria de las oposiciones, la cual se va a denominar “Ciudadanos al Rescate Nacional”, lo que expresa mejor el propósito de volver a adquirir lo que antes se tuvo, el poder. Sus objetivos, según han dicho los dos principales líderes, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, ambos empresarios, son defender “la libertad, la democracia, la competitividad y la propiedad privada”.

El “rescate” es el contenido básico del discurso político porque corresponde a la realidad. Las oposiciones no pueden unirse orgánicamente sin tratar de reinstalar el Prian como mecanismo de administración de la mayor parte del espectro político mexicano y forma concreta de compartir el ejercicio del poder. Se ofrece, así, un regreso a algo conocido y, al mismo tiempo, se cree que eso habrá de tener la mayor fuerza de convencimiento popular. Nada fácil.

“Sí por México” es un grupo sin fuerza social, pero ha logrado un éxito inusitado en sus interlocuciones con los dos mayores partidos opositores, PAN y PRI, sin tener que ocultar su carácter ideológico de extrema derecha. Su tarea política consiste en aproximar a esos dos partidos y a otros para forjar una alternancia, pero cuando se anuncia la intensión de ir a una consulta sobre el mandato del presidente de la República, se desinfla todo y se renuncia al voto popular como instrumento de cambio. Ahora, “Sí por México” insiste en que toda la oposición debe ir en unidad, pero en el año de 2024 para llevar a un nuevo presidente contrario a la 4T.

El PAN no tiene problema alguno en su unidad con el PRI. Eso es lo más lógico porque el tricolor no ha elaborado un programa electoral de carácter social y debido a que el blanquiazul tiene mayor fuerza electoral, por lo cual le debería corresponder nombrar al candidato presidencial. El problema verdadero lo tiene el PRI porque cuenta con una masa electoral que no es de derecha en su mayoría y mucho menos de ultra derecha como “Sí por México” y segmentos relevantes de Acción Nacional que simpatizan con el partido fascista de España.

Es así como la rijosidad y la rispidez en las relaciones políticas se utilizan para confrontar más y más culpando al adversario. En realidad, la disposición a la pelea y la vehemencia son formas que expresan contenidos programáticos, pero principalmente en materia de política económica y social. Un Prian relanzado pero ahora con unidad orgánica no tendría más consecuencia que representar a los empresarios de extrema derecha, tal como lo hace “Sí por México”. El propósito no podría ser el restablecimiento de las libertades porque éstas existen hoy mucho más que antes, ni de la democracia que se sigue abriendo camino en el país, sino sólo la contención de la política social y la recuperación de viejos privilegios de unos pocos muy ricos.

La forma actual de discutir el tema político, es decir, rijosidad y feas maneras, practicada en no pocos países, en México ha venido a dar cobertura a la mentira como sistema instrumental. Nunca un gobierno ha sido tan difamado, pero ahora al menos no se han abierto procesos por daño moral contra ningún difamador. Aunque la decisión de no recurrir a tribunales en materia civil es políticamente adecuada, por desventura el país se acostumbra a la mendacidad en el debate público. La fabricación de falsedades ampliamente difundidas ya no es rispidez sino algo añadido que hace de la lucha política un ejercicio tan sucio como el practicado por Felipe Calderón cuando fue candidato a presidente (2006) y usó el dinero de la extrema derecha empresarial para difamar en radio y televisión a su contrincante, justamente Andrés Manuel López Obrador. Aquel grupo de capitalistas patrocinadores y aquel partido fueron exactamente “Sí por México” y el PAN.

¿Qué tienen que hacer los otros invitados a “abrazarse” en el pacto “Ciudadanos al Rescate Nacional”? Sería bueno escuchar respuestas inconcusas, pero al mismo tiempo sustentadas.

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Ganancias caídas del cielo

“Windfall profits” se le llama en España a la consecuencia del sistema tarifario de energía eléctrica. “Ganancias caídas del cielo”. El método es en el fondo sencillo: se venden las producciones de electricidad de menor costo a precio de la más cara. Es decir, la mayoría de la gente que se ubica en el mercado eléctrico cotidiano o de corto plazo tiene que pagar, según un mecanismo de subastas por día y por hora, la tarifa que corresponde a la energía de mayor precio de mayoreo. Como es lógico, los productores de la energía más barata acumulan enormes ganancias a costa de los consumidores y, además, se benefician en exclusiva del aumento de los precios de los energéticos. A esto le llaman mercado.

El esquema se hace más inicuo porque en España existe un oligopolio de electricidad: Endesa, Iberdrola y Naturgy poseen, juntos, casi el 90% del mercado y cada cual tiene sus regiones, como en tiempos feudales. La única empresa de capital mayoritario estatal es Endesa, propiedad de ENEL, la mayor empresa eléctrica de Italia que opera en 32 países, también en México, como lo hace Iberdrola. Sin embargo, la italiana asumió su papel oligopólico luego de tomar por asalto a Endesa a través de una oferta de bolsa. Existen en la Península Ibérica unas 300 comercializadoras operativas privadas de electricidad pero que operan en el margen.

El llamado “pool eléctrico” español pretende justificarse bajo la necesidad de promover las inversiones en energía eólica y fotovoltaica, pero, como se puede observar, a costa de bolsear a los consumidores. En España, no sólo dejó de existir la empresa pública sin tomar en cuenta que el país es una isla en materia de electricidad, pues su sistema sólo lo comparte con Portugal. Así es también México, una isla eléctrica: lo que no se solucione aquí, nadie podrá hacerlo. De esa forma, el tema energético es de alta seguridad nacional.

El sistema eléctrico mexicano no es idéntico al de España, pero aquí se las ingeniaron para hacerlo parecido. El Estado mexicano tiene el monopolio constitucional de la planeación y control del sistema, así como de la transmisión y distribución de energía. Al mismo tiempo, tiene una gran empresa pública, la CFE, que produce energía de las diversas fuentes. El problema es que, a partir de las reformas neoliberales de 2013 y 2014, empeoraron las normas y los contratos para mediatizar la capacidad estatal y beneficiar a empresas privadas. El Estado ha terminado subsidiando a los empresarios de la electricidad, lo que se expresa en los estados contables de la CFE. Las normas para usar las líneas de transmisión y la red de distribución de la CFE no son parejas para unos y otros productores, de tal forma que la capacidad productiva instalada de la empresa estatal se inutiliza en parte debido a la preferencia de la que gozan los privados, ya sea para el servicio público o dentro de esquemas de simulación de asociaciones de generación.

La CFE compra en contratos de largo plazo a precio y cantidad predeterminadas a los privados y se privilegia el despacho eléctrico de nuevos productores independientes. Además, se transmite casi gratis energía de sedicentes cogeneradores que claramente no lo son.

El planteamiento central del nuevo gobierno es que la CFE vuelva a ser jurídicamente un organismo público y participe en el ejercicio de las atribuciones constitucionales actuales que tiene el Estado, dejando atrás los indebidos privilegios actuales en favor de las empresas privadas, altamente costosos para la nación. Que haya, en síntesis, un mercado parejo y una verdadera regulación.

Algunos distinguidos políticos priistas, en especial Dulce María Sauri, están diciendo que la iniciativa de AMLO para reordenar la industria eléctrica es como regresar a los coches de caballos en pleno siglo XXI. Es decir, se quiere postular que la empresa estatal de electricidad debe desaparecer por ser un esquema viejo. Debería analizarse que ENEL, la primera empresa eléctrica de Italia es del Estado y tiene fijada una cuota del 50% de la producción total de ese país. Électricité de France (EDF) tiene capital estatal de 83% y es la tercera compañía mundial, después de la china State Grid y la mencionada ENEL italiana, ambas bajo control accionario de sus respectivos estados. La tercera empresa alemana, EnBW, es mixta con capital de una entidad federativa.

Al plantear que la empresa pública es hoy tan vieja e inservible como el coche de caballos se evade, con una simple frase, rendir cuentas de las consecuencias mexicanas de la aplicación del programa neoliberal. Significa seguir defendiendo el neoliberalismo a pesar de sus pésimos resultados mundiales para la mayoría que fue víctima de tal programa.

Se pretende postular desde sectores priistas (salinistas) que no hay que resolver ningún problema volviendo a hacer lo que antes se hizo, lo cual incluye al Estado social que ha sido disminuido por el neoliberalismo en la mayor parte del mundo. Pues bien, los priistas deben saber que el mayor partido actual no busca repetir fórmulas anteriores porque el país ya no es el mismo en muchas materias ni la nueva fuerza gobernante es igual, sino combatir la política de los neoliberales, que no sólo han sido del PRI, y sentar las bases de un Estado democrático y social de derecho, dentro del que se produzca una redistribución del ingreso y se eleve la capacidad productiva del trabajo social en beneficio de los propios trabajadores.

La reforma energética de 2013 fue un atraco porque estaba dirigida contra el patrimonio y los intereses estratégicos de la nación. No se trataba sólo de promover a empresas privadas, principalmente extranjeras, sino de otorgarles subsidios abiertos y encubiertos encaminados a crear un oligopolio en la industria eléctrica.

El siglo XXI no está obrando en favor de los neoliberales. Por el contrario, el programa del neoliberalismo desvela aquí y allá su verdadero contenido como promotor de estructuras oligopólicas que llevan a la concentración y centralización de la riqueza y el poder en pocas manos.

La iniciativa de AMLO sostiene que la transición energética que México está obligado a cumplir no puede hacerse bajo el liderazgo de un oligopolio que sólo busca tasas extraordinarias de ganancia a costa de lo que sea, incluyendo, naturalmente, la ruina de la empresa pública de electricidad. Los pactos mundiales sobre la defensa del planeta los ha suscrito el Estado mexicano, no los capitalistas, quienes deben ser regulados por la autoridad y no al revés.

El Consejo Coordinador Empresarial busca que el Estado se encargue solamente de transmitir y distribuir la electricidad, actividad mucho menos rentable que la de producción, para que las empresas privadas, en especial las extranjeras que ahora se representan a través de ese consejo de cúpula, tomen por completo el control de la industria.

Si el Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los estados) no se hace cargo de las obligaciones nacionales sobre energía, no habrá quien lo pueda hacer, mucho menos desde el abuso y el privilegio. Vean lo que ocurre en España y en algunos otros países en los que empezamos a ver una “nueva pobreza energética” en el marco de perniciosas estructuras oligopólicas privadas, a veces con la intervención de empresas públicas que se comportan con la misma voracidad. Lo moralmente peor es que todo eso se hace ofreciendo energía limpia, como si las grandes empresas privadas fueran las únicas que pudieran generar electricidad sin quemar fósiles.

No se le plantea al PRI que analice la historia mexicana del siglo XX ni tampoco su propia política neoliberal, sino que haga lo que hoy en día promete a su electorado en el sentido de velar por los intereses populares y nacionales. Qué difícil.

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¿Se va a ir la luz?

La iniciativa enviada por Andrés Manuel López Obrador al Congreso con el fin de reformar varios artículos de la Constitución en materia de energía eléctrica contiene una fuerte corrección a la reforma anterior. El texto hasta ahora vigente pretende eliminar paulatinamente a la Comisión Federal de Electricidad para conformar un oligopolio privado internacional.

Estamos hablando de una energía vital de todo país. No es un juego. Sin embargo, desde 1995 se ha venido creando una infraestructura industrial de producción de electricidad con empresas privadas, principalmente extranjeras, que entregan su producto a la empresa estatal en condiciones preferenciales y garantizadas, pues el Estado se obligó a comprar o distribuir lo que produjeran. A partir de la reforma de 2013, la situación empeoró pues la energía eléctrica producida por empresas privadas fue programada para que desplazara y arruinara a la CFE. Ese era el plan.

Como se sabe, la producción de energía eléctrica nunca fue monopolio del Estado. Cualquiera la puede generar. Pero, desde el punto de vista industrial, sólo es rentable si se posee o utiliza de manera continua y segura un sistema de transmisión y una trama de distribución. Esta infraestructura siempre ha sido del Estado y ningún inversionista privado ha planteado poder construir una nueva.

Dice actualmente el artículo 27 de la Constitución: “Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.”

Así, lo que se decidió en 2013 fue dejar al Estado como monopolio de la transmisión y distribución de la energía eléctrica y, al mismo tiempo, designar paulatinamente a las empresas privadas como oligopolio de la producción, cuyo fluido sería transmitido por el Estado desde los lugares de generación y distribuida hasta los sitios de consumo. Producir electricidad es más rentable que distribuirla porque tiene una composición orgánica de capital mucho más alta: mayor inversión fija y menor cantidad de trabajadores.

Además, todo sistema eléctrico requiere una reserva de capacidad de generación. Ante las bajas de potencia o para cuando se produzca una caída parcial en el sistema, deber existir capacidad instalada adicional, más aún en un país interconectado casi por completo. Esto tiene un costo, el cual se cubre hoy por cuenta del Estado y, naturalmente, en beneficio de las empresas privadas.

Como consecuencia de todo eso, se han repartido permisos de generación eléctrica para el servicio público en tal cantidad que, si en este momento todos los permisionarios en ciernes pudieran producir, el país tendría el doble de potencia, pero sin contar con una semejante capacidad de consumir justo a tiempo un producto que, como se sabe, no se puede almacenar. Ese innecesario aumento de la producción iría en demérito de la producción del Estado, incluyendo la hidroeléctrica que es energía limpia, aunque no se encuentre en la lista correspondiente por ser justamente de propiedad pública.

Entonces, el plan ha sido ir produciendo más y más electricidad desde las empresas privadas, y menos y menos de parte de la empresa del Estado, la CFE. Es la misma idea que se aplicó con motivo de la infortunada reforma petrolera. Esto es parte del programa neoliberal que considera que la empresa pública sólo se justifica como instrumento de subsidio a los capitalistas y facilitación de las actividades empresariales privadas, entre más oligopólicas, mejor.

Por ello existe un sistema de reparto de energía en favor de las empresas privadas, así como de obligaciones del Estado para dar a aquellas las mejores condiciones de desempeño, de tal manera que la tasa de ganancia bruta de las termo eléctricas privadas es mucho mayor que la de la empresa pública con lo cual en realidad se aplica un subsidio.

De lo que se trata ahora es de trazar una línea de igualdad aproximada entre la producción de las empresas privadas y la del organismo del Estado. Un reparto cercano a mitades, pero sobre la base de recuperar funciones de la CFE para asumir, como ya dice la Carta Magna, “la planeación y el control del sistema eléctrico nacional” y, además, llevar a cabo la modernización de sus propios generadores, especialmente de energía limpia para hacer frente a la transición energética.

Es indispensable ampliar la red de trasmisión y mejorar la distribución de la energía que llega a las casas, fábricas, comercios, sistemas de agua, transportes, etc., para lo cual se requieren grandes inversiones públicas. Si el Estado mexicano no retoma la conducción de la industria eléctrica como una responsabilidad ineludible, podríamos llegar a tener aquí algo parecido a lo que en estos momentos ocurre en parte de Europa, donde la tarifa eléctrica varía según la hora y el día, llegando ayer en España a los niveles más altos de su historia, desde 60 euros de hace unos tres años, hasta 320 euros (unos 7 500 pesos) por megawatt/hora; la tarifa más baja se fijó en 250 euros, pero entre las 4 y las 5 de la madrugada.

El argumento del Consejo Coordinador Empresarial en contra del proyecto del gobierno no es tal, puesto que se trata de una peregrina amenaza o, sencillamente, de una mala predicción: “habrá apagones y la luz será más cara”, dice el organismo cúpula. La afirmación carece de sentido cuando de lo que se trata es de garantizar que se pueda planear el desarrollo de la industria y proveer energía al más bajo costo posible, lo cual no requiere de diarias subastas entre productores que tienen, obviamente, costos diferentes según el fluctuante precio del gas, las horas de insolación, la velocidad del viento, entre otros factores. Si los industriales quieren tarifas estables y suficiente disponibilidad de energía a cualquier hora, que llamen a votar por la iniciativa de López Obrador en el Congreso. Si ésta es obstaculizada, vendrá tiempo de lamentos… por parte de ellos mismos.

El gobierno propone, entre otros textos, introducir en el artículo 27 lo siguiente: “Corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La Nación aprovechará los bienes y recursos naturales para dichos fines. El Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo”.

A la vez, se propone añadir en la Constitución: “La Comisión Federal de Electricidad generará al menos el cincuenta y cuatro por ciento de la energía eléctrica que requiere el país. El sector privado participará hasta en el cuarenta y seis por ciento de la generación que requiera el país. El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado”.

Como se aprecia, no se trata de expropiar ninguna planta privada de energía, sino de nacionalizar a la CFE, que hoy está a merced de las empresas privadas, con el fin de que la nación, a través del Estado, pueda tomar la conducción de la industria eléctrica e impedir la operación de un oligopolio privado.

Este es un problema de seguridad energética, la cual no debería estar subordinada al concurso de empresas privadas que sólo buscan, como es lógico, sus ganancias: entre mayores, mejor… para ellas. El país requiere garantía de generación suficiente, estable y con tarifas que sean adecuadas económica y socialmente a la realidad de México.

El neoliberalismo está en decadencia en el mundo. Por suerte también en México va de salida. Esperemos la aprobación de las reformas de la industria eléctrica para que no “se vaya la luz” o tengamos que pagar por ella más de 500% de súbito incremento en las tarifas, como está ocurriendo hoy en algunos países que se sienten “muy postmodernos”.

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Ocaso del Estado corrupto

Contar con un nuevo gobierno que no es corrupto, por vez primera en 70 años, no quiere decir que el Estado también ha dejado totalmente de serlo. Vivimos ahora un indispensable inicio que lleva a una lucha diaria, la cual habrá de prolongarse probablemente durante algunos años. El problema tiene dos lados: evitar la corrupción en tiempo real y ajustar cuentas con la corrupción sistémica de antes, sus mecanismos, sus leyes, sus mafias, sus vínculos de protección, complicidad y miedo.

El Estado corrupto es parte de todo el sistema de poder, por lo que no es una sobreposición a la gobernanza, un defecto. En todos los países existe corrupción, pero no todos tienen Estado corrupto. Este es una forma de hacer participar en la corrupción a las unidades económicas y organizaciones de la sociedad y, por tanto, impacta las relaciones sociales, las de carácter mercantil, es decir, al capitalismo. No se trata, claro está, de la dominación social ni de la forma de opresión, no es el centro de las relaciones de producción e intercambio, del capitalismo como tal, pero de este emerge y atenaza todo. Bajo el Estado corrupto han vivido las presentes generaciones mexicanas. Es un fenómeno histórico en el pleno sentido del término.

El primer acto contra la corrupción de la 4T se realizó antes de la protesta del nuevo gobierno. La nueva mayoría anunció en San Lázaro la abolición del método de los “moches”. No se aceptarían partidas específicas transadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aquellas que se aprobaban a cambio de posteriores recompensas, llamadas “moches”, a los diputados promoventes. Las oposiciones no han podido digerir hasta ahora este cambio.

El segundo acto fue aprobar un proyecto de ley largamente congelado de remuneraciones, para hacer valer el artículo 127 de la Constitución, a efecto de limitar los sueldos de los jefes al tope de aquel que se le asignare al presidente de la República, luego de lo cual se anunció una disminución de más del 50 por ciento a la remuneración del titular del Ejecutivo. Este lío tiene todavía asuntos pendientes con los organismos autónomos que han encontrado cobijo en el Poder Judicial y siguen decidiendo sus propios sueldos a despecho del artículo 75 constitucional.

Empezaron a aprobarse otras reformas: la prohibición de las condonaciones fiscales que habían sumado muchos miles de millones de pesos; el cobro de deudas fiscales de grandes contribuyentes; la entrega directa y personal de las subvenciones incluidas en los programas sociales; la ley de austeridad para evitar los gastos innecesarios, los cuales solían llevar el incentivo de cobrar el “moche” a los proveedores; la persecución de las facturas falsas para efectos fiscales y para justificar ilícitos pagos gubernamentales; la eliminación de las compras atadas a estructuras oligopólicas y de simulación de licitaciones, como las que se llevaban a cabo con las compras consolidadas de medicamentos; el descarte del método de asociación pública-privada; la congelación de rondas de asignación de concesiones para la explotación de hidrocarburos; las renegociaciones de leoninos contratos de gasoductos, prisiones y hospitales, entre otros; la vigilancia fiscal del comercio exterior y de la importación de energéticos; la lucha frontal contra el huachicoleo dentro y fuera de Pemex; la persecución de los defraudadores de casos como el de Agro Nitrogenados y otros; las denuncias presentadas por simulaciones defraudatorias, mordidas recibidas para el otorgamiento de contratos y robos directos al erario; la eliminación del outsourcing; la rendición de cuentas y el voto directo en los sindicatos; el primer juicio político en 90 años contra la “estafa maestra” del gobierno de Enrique Peña; la revelación de la compra de votos en el Congreso y de otras muchas manifestaciones de la corrupción, incluido el apoyo para desvelar en México el escándalo continental de Odebrecht, así como el primer desafuero de un gobernador. Aunque es un inicio, es también algo épico, frente a la profundidad del Estado corrupto y ante las resistencias políticas manifiestas.

Entre las reformas legales expedidas y las acciones políticas llevadas a cabo destaca la cancelación de centenares de fideicomisos que eran una manera de esterilizar recursos presupuestales en beneficio de administraciones conformadas como concesiones facciosas. Dentro de este esquema, aunque como agrupación privada, encontramos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A.C. ¿Para qué querría el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología una asociación privada que promoviera apoyos, es decir, canalizara recursos públicos en favor de proyectos de entidades de muy diverso tipo? Quizá para una cosa: que un grupo de personas afectas al poder asumiera funciones propias del Estado, bajo la dirección de facto de funcionarios, con el fin de repartir recursos públicos a conveniencia y con suficientes beneficios, pues casi nadie trabaja por amor al arte.

Los hechos fueron denunciados por el Conacyt sencillamente porque hacerlo es obligación de todo funcionario. El asunto está ubicado en la Fiscalía General de la República y en los tribunales de la Federación. El gobierno y el Congreso no son litigantes, al menos en este caso. Ningún derecho ha sido violado y esperemos que no lo sea en lo sucesivo.

Sin embargo, los directores de la UNAM y varios otros funcionarios académicos han elevado su protesta por lo que consideran una “inconcebible” acusación, “desproporcionada”, se afirma, contra 31 científicos, por delitos graves que resultan “improcedentes”, la cual resulta, se enfatiza, en una “condena a priori”, sin garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso.

Los conceptos expuestos carecen de importancia ya que son los mismo que mencionan con frecuencia ciertos despachos de defensores con respeto a cualquier cliente suyo acusado en el orden penal. Decir no cuesta, lo difícil es sostener, fundamentar y sustanciar lo dicho, sobre todo cuando, como en este penoso asunto, las imputaciones no han sido admitidas en ningún juzgado.

Lo más preocupante es que directores universitarios consideren que las imputaciones de la Fiscalía crean un “clima de desconfianza y linchamiento” contra los científicos mexicanos. Frente a esto, los mismos funcionarios universitarios llaman a una “adecuada interacción entre la academia y el gobierno” como elemento para poder “aspirar a una ciencia más humana y al servicio de la sociedad”.

Sin embargo, no existe en México la menor desconfianza y mucho menos “intentos de linchamiento” contra los profesionales de la ciencia y la tecnología. Un asunto penal relacionado con algunas personas en su calidad de servidores públicos o de promotores privados no tiene relación con el contenido del quehacer científico y tecnológico.

Por último, causa extrañeza advertir que personal académico afirme que la “calidad humana de la ciencia” pudiera depender en alguna medida de las relaciones entre la academia y el gobierno. De por sí eso no podría ser puesto que el gobierno afortunadamente no hace ciencia, pero, además, en México el contenido de la investigación, considerada ésta como una libertad, tiene estatus constitucional autonómico (Art. 3º-VII).

El Estado corrupto no es un fenómeno que sólo abarque a los políticos y a las relaciones de éstos con los empresarios. El asunto no es tan sencillo. Tampoco es una “cultura” como suele afirmarse con propósitos justificatorios. Se trata de un elemento propio de una forma de gobernar basada en un reparto de patrimonio público entre individuos y grupos que, en su conjunto, conforman un sistema de reproducción de vínculos específicos entre el Estado y la sociedad. Es un método para crear intereses comunes con el objeto de reproducir incesantemente una manera específica de gobernar basada en actividades ilícitas e inmorales.

El Estado corrupto está en su ocaso porque fue llevado a extremos de sí mismo justo en el momento de la crisis mundial del neoliberalismo. Contra uno y otro rasgo del capitalismo de nuestros días fue que se rebeló una parte decisiva del electorado, luego de muchas décadas de persistente lucha, que abarcó tres generaciones, en pos de la democracia. El cambio político de 2018 tiene como uno de sus principales motivos la superación de la corrupción como parte del sistema de gobierno. Sería por lo menos pueril suponer que ese sistema nunca tocó a las instituciones de investigación.

Como no existe persecución alguna contra científicos u otros académicos, lo pertinente es esperar a que el aparato de justicia resuelva el problema penal que tiene frente a sí. “Jus semper loquitor”, reza o rezaba el nombre de un auditorio en la Facultad de Derecho de la UNAM.

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Objeción de conciencia

El Estado laico no toma parte en el tema religioso. Carece de teología y canon sacerdotal. No objeta creencia alguna. Se ubica por encima porque abarca a todas las religiones y a otras convicciones. Así es como se puede abrir lugar a la ciencia y a la libertad.

Eso no quiere decir que el Estado laico ignore la religiosidad de las personas como algo social. Al contrario, la respeta y la hace valer.

La legalización del aborto, iniciada en México desde 1871, es una conquista del Estado laico en tanto que reivindica la libertad y, en concreto, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. La creencia religiosa no es, en este terreno, ley del Estado, como tampoco lo es el machismo secular que somete a las mujeres a una condición de madres obligadas y cuidadoras designadas únicas de los integrantes de la familia.

Ahora bien, en el ejercicio profesional existen personas que tienen marcadas convicciones religiosas que deben ser respetadas por el Estado. Al ser ejercidos los derechos de interrupción del embarazo y de voluntad anticipada se involucran profesionales de la salud que están obligados a respetar la decisión de sus pacientes, pero que, a la vez, también tienen sus propios derechos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud (año 2018) que dice: “El Personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán (sic) ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta Ley.

“Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.

“El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.”

Por otra parte, la Ley de Salud de la Ciudad de México dice:

Artículo 82. El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y, por tal razón, excusarse de realizarla, teniendo la obligación de referir de inmediato y por escrito a la mujer con un médico no objetor.

“Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer no podrá invocarse la objeción de conciencia.

Es obligación de las instituciones públicas de salud del Gobierno garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en la materia.”

Artículo 153. El personal de salud a cargo de cumplimentar lo dispuesto en el documento que emita el área responsable en materia de voluntad anticipada de la Secretaría y lo prescrito en la presente Ley, cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tales disposiciones, podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en su aplicación.

“Será obligación de la Secretaría garantizar y vigilar en las instituciones de salud la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor, a fin de garantizar el otorgamiento de los Cuidados Paliativos como parte del cumplimiento de la voluntad anticipada del enfermo en etapa terminal.”

Lo que destaca como diferencia entre el precepto federal y el local de la Ciudad de México es que, en el segundo, la institución de salud tiene el deber de proporcionar el servicio que se le requiera en todo tiempo y circunstancia. Además, el médico objetor tiene la obligación de conducir directamente al paciente a otro médico que no tenga objeción y, por tanto, que pueda dar el servicio.

Así, en la Ciudad de México, tanto la institución de salud como el médico en lo personal están obligados a proveer o promover la atención médica. En el caso del profesional de la salud que se haya declarado objetor, dicha antención se realiza por parte de otro facultativo a instancias del primero.

El asunto técnico está salvado en la norma de la Ciudad de México, la cual debería ser tomada en cuenta por parte del Congreso de la Unión para afrontar este problema, luego de que la Suprema Corte lo ha incitado a volver a hacerlo.

Sin embargo, parece estar en el fondo la validez de la objeción de conciencia en general.

En asuntos como la interrupción voluntaria del embarazo y la voluntad anticipada, existen conceptos religiosos regularmente adversos a esas dos prácticas, los cuales deben ser respetados por el Estado laico aunque no sean norma obligatoria general.

La laicidad del Estado adquiere legitimidad por muchos motivos, mas uno de ellos es que no se contrapone a las concepciones religiosas de las personas. El laicismo no es ofensivo, opresivo ni represivo. No hay que confundirlo con el ateismo oficial ni con la teocracia abierta o encubierta. Por tanto, las y los médicos tienen derecho a que sus convicciones religiosas, cuales fueran, sean respetadas en el ejercicio de su profesión. Ellos y ellas deben atender a todo paciente y, al existir alguna genuina objeción de conciencia, deben garantizar que tal paciente sea conducido a otra u otro médico que no tenga objeción alguna.

Se ha puesto en cuestión que el Estado pueda admitir la objeción de conciencia por motivos religiosos, sin embargo, no existe fundamentación válida alguna al respecto. La religión no podría ser el único motivo de alguna objeción, aunque fuera la más frecuente, por lo que el hecho de que el Estado reconozca creencias religiosas que puedan ser incompatibles con ciertas labores profesionales de carácter médico no debería perturbar a nadie. Se trata de algo natural, siempre que sea genuino, es decir que no sea algo fingido con el fin de evitar el cumplimiento del deber o bloquear el Estado de leyes.

En España se ha usado la objeción de conciencia como una especie de movimiento político en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. En México no hemos tenido ese problema. Así que no hagamos de algo sencillo un asunto de muy especial tratamiento.

Cuando se legalizó el aborto antes de las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México, se planteó correctamente el tema de la objeción de conciencia debido a que el Estado laico es el verdadero instrumento del respeto a las convicciones religiosas. Así fue como se reformó la ley local de salud aquí transcita. En ese mismo sentido debe perfeccionarse el respectivo precepto de la ley federal.

En esa tesitura, el problema no consiste en la objeción de conciencia, sino en cómo llevar al resto de los códigos locales y al código federal el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, siguiendo la pauta abierta por la Ciudad de México en abril del año de 2007, hace más de 14 años, que ha funcionado muy bien en favor de miles de mujeres y ha salvando muchas vidas.

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El PRI ante la línea de “contención” impuesta por la extrema derecha

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se deslizó hasta convertirse en un partido de derecha, una más entre las varias que existen. No obstante, insistió durante años en ubicarse dentro de la socialdemocracia, ya cargada hacia el neoliberalismo, como integrante de la Internacional Socialista, de la cual sigue siendo miembro.

A pesar de haber sido un partido antidemocrático, represor y corrupto, el PRI sostuvo una política internacional de cierta independencia y una línea de separación respecto de las extremas derechas, en especial debido a su etapa antifascista y a la persistencia de la vieja rama reaccionaria y extremista del catolicismo dentro del país. Así, el PRI se distinguió por negarse a romper relaciones diplomáticas con Cuba (1962), cuando la OEA decretó la expulsión de la isla, pero sí lo hizo con el gobierno golpista, dictatorial y pro yanqui del general chileno Augusto Pinochet (1973). Antes de esto último, se había negado a formar parte de la cobertura política creada por EU, a través de la OEA, para justificar la invasión militar estadunidense en Santo Domingo (1965).

La tendencia más acusada del PRI hacia las derechas se produjo cuando se convirtió en parte del neoliberalismo, hace ya unos 40 años. Como esa corriente mundial tiene un carácter predominantemente socio-económico, podía compartir objetivos con regímenes como el de Pinochet, a pesar del insólito rompimiento con éste.

El neoliberalismo mexicano tenía que erosionar al viejo estatismo y, al mismo tiempo, como era lógico, al nacionalismo que en su origen ha sido atribuido a la Revolución Mexicana. Sin embargo, los sucesivos gobiernos priistas pasaron toda la Guerra Fría con un alineamiento discreto con Occidente, sin llegar a convertirse en portavoces del anticomunismo militante y manteniendo una abierta simpatía, aunque lejana, con los procesos emancipatorios anticolonialistas y antimperialistas.

Es recordable la posición del gobierno de México en los conflictos en Centroamérica, en los que jugó un relevante papel en contra del intervencionismo de Estados Unidos y en apoyo político a las izquierdas de Nicaragua y El Salvador.

El último gobierno priista no se condujo en función de los principios mexicanos de política exterior. El alineamiento del entonces presidente Enrique Peña Nieto en favor de la injerencia golpista de Estados Unidos en Venezuela fue un viraje demasiado contrastante y, por tanto, digno de ser analizado como parte de cambios dentro del priismo como corriente política. El PAN aplaudió con entusiasmo la capitulación mexicana.

Lo que al respecto se ha hecho recientemente tiene ya expresiones grotescas: la visita del presidente del PRI, Alejandro Moreno, por vez primera en la historia de ese partido y del país, a la oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos encargada de las relaciones con México, con el propósito de denunciar al gobierno mexicano por un supuesto financiamiento electoral procedente de organizaciones de narcotraficantes. Eso mismo lo había hecho el día anterior ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien se caracteriza por organizar alineamientos políticos intervencionistas y golpistas contra países de América Latina gobernados por fuerzas consideradas hostiles o indeseables por parte del gobierno de Estados Unidos. “Ministerio de colonias”, se le llamó a la OEA durante décadas, y lo sigue siendo.

El dirigente priista fue acompañado ciertamente por el presidente del Partido Acción Nacional y el de una de las sucursales de éste, pero eso no atenúa el significado de sus actuaciones, sino que le otorga una mayor gravedad, en tanto que se buscaba representar a la oposición mexicana en el papel de promotora de un franco injerencismo político, adverso a la independencia nacional y al principio de soberanía que contiene justamente la no injerencia de gobiernos extranjeros en la política interna de México. La ridiculez de dicha pretensión no elimina en absoluto su naturaleza ni la responsabilidad de sus autores.

La alianza del PRI con el PAN ha tenido sus costos al hacer depender las definiciones priistas de la opinión de la dirigencia panista, pero no sólo las de carácter meramente legislativo, sino también en el discurso priista, el cual se aleja cada vez más de planteamientos de carácter nacional y social.

El acercamiento de una parte del PAN al partido ultraderechista español Vox también puso en aprietos al aliado, es decir, al PRI, pues ha desvelado que esa unidad de acción abarca a un segmento claramente profascista. Nadie en la dirigencia priista se tomó la molestia de criticar la visita del líder de Vox al grupo senatorial de Acción Nacional y la firma en público de la llamada “Declaración de Madrid”.

El hecho de que las posiciones del PRI se definan dentro de una alianza con el PAN, el cual comprende a la extrema derecha, no sólo le resta independencia al priismo, sino que lo ubica dentro de esquemas relativamente nuevos, cargados más y más hacia la derecha, lo que incluye el racismo y el clasismo como manifestaciones culturales discriminatorias que denotan formas de opresión existentes.

Los dirigentes y legisladores priistas han perdido discurso propio para ir asumiendo como suyos ataques, calumnias e insultos contra el gobierno que profiere su aliado, el PAN, lo cual es también una forma de comportamiento muy ligado a esa manera de ser que tiene la extrema derecha.

La vieja política de proteger intereses económicos de grandes empresarios es una característica del PRI, pero otra cosa es arrimarse a posiciones francamente reaccionarias en lo social y en lo cultural. Se entiende que el PRI sea hostil a la política social de la 4T, pero no tanto por el esfuerzo de redistribuir una parte del ingreso, sino por la forma de hacerlo, por completo diferente al método político con el que se aplicaron los programas sociales priistas. Mas mucho peor resulta que el PRI defienda las fracasadas políticas del PAN, como el Seguro Popular y la privatización de partes del sistema de salud y de la seguridad social.

Ante el fracaso estrepitoso de la política de energía que implantó Peña Nieto de la mano del PAN, unos años después de que el PRI había rechazado parcialmente la propuesta de Felipe Calderón, lo menos que pudiera hacer la dirección priista sería admitir que ese no era un camino correcto para México en esa materia y formular, por tanto, un nuevo planteamiento. Sin embargo, todo es puro rechazo a las propuestas del gobierno actual, muy al estilo de la extrema derecha opositora.

La alianza del PRI con el PAN es, naturalmente, más benéfica para el segundo, pero no sólo porque ese tenga mayor fuerza electoral, sino porque cualquier arreglo de coalición fortalece las posiciones panistas, tal como se observó en la reciente elección de diputados y gobernadores. Lo peor ha sido tener que cargar con ciertas candidaturas que son hostiles al PRI, para, al final, perder de todas maneras.

Crear un frente de “contención”, como se le ha llamado a la alianza legislativa PAN-PRI, es por origen algo demasiado pobre para cualquier partido que pretenda seguir siendo una fuerza política. La oposición sin programa alternativo no es plenamente oposición, sino que ha surgido mutilada. Asumir por decisión propia el papel de tratar siempre de “contener” al gobierno no sólo enfatiza su función destructiva sino también conduce a una frustración tras otra.

Ahora, el frente de “contención” se va a centrar en las tres reformas constitucionales que ha anunciado el presidente de la República, apoyados en que hoy, como antes, la 4T carece de los dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Pero la unión opositora no es una propuesta en sí misma. ¿Carece el PRI de opción para la industria eléctrica, la seguridad pública y el sistema electoral? De todas formas, se haga lo que se haga, el PAN tratará de llevar al PRI al terreno de impedir que haya modificación alguna porque, para el actual panismo, todo cambio resulta inaceptable cuando es el gobierno quien lo propone.

Resalta mucho el recuerdo de que, cuando perdió el gobierno federal frente al PAN, el PRI no asumió la práctica de oposición colérica que ahora desempeña en ridícula imitación de la conducta de la extrema derecha frente a un gobierno de izquierda.

Llegado el momento de decidir la candidatura común a la Presidencia de la República, la mano correspondería al PAN por simple correlación de fuerzas, ya fuera la o el aspirante militante o francotirador. Eso lo sabe la dirigencia priista pero no se lo cuenta a nadie. La campaña electoral sería, en consecuencia, algo dominado por la derecha tradicional y, tal vez, por la extrema derecha, grotescamente contraria a todo lo que está haciendo la 4T, sin detenerse a analizar a cuantos millones estaría beneficiando la nueva política. La divisa de la acción electoral de los coligados sería la de ninguna concesión al Estado social, sin detenerse tampoco a calibrar la crisis mundial en la que se encuentra el neoliberalismo.

Una candidatura presidencial de “contención” sería desastrosa y esto lo ha de saber el PRI. ¿Tratar de quitar a la izquierda la Presidencia de la República para entregársela a la extrema derecha? Eso sería la puntilla para el priismo.

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Aborto: derechos y libertades de las mujeres

La primera despenalización parcial del aborto se produjo en México dentro del Código Penal de 1871: “llámase aborto, en derecho penal, a la extracción del producto de la concepción, y a su expulsión provocada por cualquier medio, sea cual fuere la época de la preñez; siempre que esto se haga sin necesidad” (Art. 569).

Véase lo que dice ahora el Código Penal de la Ciudad de México: “Artículo 144. Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.

Lo común entre esos dos preceptos, con una diferencia de 150 años, es que el aborto no es siempre un delito. Para serlo, en el primer precepto, se debe realizar sin que sea necesario y, en el segundo, cuando el embarazo tenga más de 12 semanas. En el siglo XIX, la necesidad se determinaba cuando, de no efectuarse, la mujer embarazada corriera peligro de muerte, “a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora”. En el siglo XXI, no se piden condiciones personales ni otras circunstancias, sino que basta la libre voluntad de la mujer. Además, ahora, en la CdMx el aborto se permite en cualquier tiempo en casos de “violación, inseminación artificial ilegal, peligro grave para la salud de la mujer y malformaciones genéticas del producto”.

Esto quiere decir que el delito de aborto no es tanto una consecuencia de creencias religiosas y de sucesivas presiones clericales, pues el criterio de su relativa despenalización lleva en México un siglo y medio de debates entre laicos que exponen solamente argumentos humanistas. Han predominado consideraciones políticas y aquellas propiamente de género. El análisis demográfico (necesidad de aumentar la población) llevó a gobiernos liberales de Europa y América a prohibir el aborto. Los argumentos machistas sobre la “mujer” y la “familia” suelen ser más duros que los sermones en las corporaciones religiosas, las cuales, en realidad, se han colgado del poder secular para hacer lo que no pueden por sí mismas, es decir, proscribir la práctica del aborto y declarar delincuente a quien lo realiza.

Es el poder punitivo más conservador el que se ha impuesto para afirmar la condición subordinada de las mujeres y su prioritaria función reproductora y cuidadora, en el marco de la familia patriarcal. Son las relaciones de género las que aparecen en la discusión, aunque se mencionen asuntos biológicos y médicos.

En la Suprema Corte de Justicia se ha hablado de libertad, igualdad, independencia y derechos de las mujeres. Eso no es nuevo ahí. Se hicieron esos mismos planteamientos cuando Felipe Calderón ordenó ilegalmente al entonces procurador Eduardo Medina Mora que concurriera en acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra de la libertad de las mujeres, pidiendo que se mantuviera la penalización del aborto en el código capitalino. Lo hizo también José Luis Soberanes, cuyo cargo era, ni más ni menos, el de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero a pesar de tanto poder conjuntado, esos reaccionarios y sus camaradas sufrieron un fracaso: sólo dos ministros votaron en favor de la inconstitucionalidad de la interrupción voluntaria del embarazo.

Hoy, 12 años después, nadie en el Tribunal Pleno ha votado en favor de la prohibición total del aborto. La despenalización, como está en el Código de la Ciudad de México, es ya criterio obligatorio para los jueces en todo el país.

La primera iniciativa de despenalización data de 1979 en la Cámara de Diputados, a cargo del Partido Comunista-Coalición de Izquierda, la cual nunca fue discutida ni retirada sino congelada por la mayoría. Ya en el siglo XXI, el proyecto de despenalizar en el código federal la interrupción del embarazo antes de 12 semanas de gestación había sido presentado en el Senado (Pablo Gómez, iniciativa sobre aborto del 20 de marzo de 2007). Unos días más tarde, el 24 de abril del mismo año, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó la reforma del código local.

El grupo mayoritario de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal no había presentado ninguna iniciativa y aprovechó la existencia de dos proyectos sobre el tema. El dictamen de la Comisión de Procuración de Justicia, presidida por Daniel Ordóñez, unida a las de salud y de equidad de género, modificó los textos inicialmente propuestos con el propósito de adoptar el enfoque de la iniciativa presentada en el Senado, aunque sin proclamarlo. El PAN se opuso y fue arrollado en la votación, pero también en la discusión. El Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, promulgó de inmediato el decreto, el cual sigue vigente como modelo jurídico del derecho de las mujeres a decidir por sí mismas sobre su cuerpo y su maternidad, e incluye la atención médica gratuita. Sin embargo, sólo tres estados lo han replicado, aunque en varios otros países ha logrado alguna incidencia. El nuevo tipo penal considera que sólo existe el delito de aborto cuando el embarazo tiene ya más de doce semanas; antes de este plazo, no existe tal delito.

El cambio fue muy grande porque ya no es un perdón por haber abortado bajo ciertas condiciones legales (peligro de muerte, salud, pobreza, violación, etc.), el cual dejaba a la mujer en condición de delincuente con permiso, tal como se había hecho antes en México y otros muchos países, sino que el delito no existe cuando la expulsión se realiza antes de que el embrión se convierta en feto, para decirlo en términos clínicos.

La reciente decisión adoptada por la Suprema Corte sobre el aborto resalta los titubeos en el Congreso de la Unión, así como los ruidosos rechazos en varias legislaturas locales. El tema atraviesa a los partidos, dentro de los cuales hay discrepancias. ¿Para qué se querrá enviar mujeres a prisión cuando interrumpen su embarazo? Nadie quiere contestar esa pregunta.

Por lo pronto, con la resolución de la Corte, no podrán emitirse sentencias condenatorias contra mujeres por haber abortado dentro de las 12 semanas o en cualquier momento cuando hayan sido violadas. Habría también que tramitar la inmediata libertad de quienes se encuentran en reclusión.

Es imperioso que más congresos locales avancen sobre este camino. Mas, de inmediato, al no poder aplicarse el delito de aborto cuando éste se hubiera cometido antes de 12 semanas de embarazo, las instituciones federales de salud y los servicios locales deben expedir protocolos para garantizar ese derecho a cualquier mujer. De lo contrario, se estaría abriendo la puerta para que las clínicas privadas tuvieran virtualmente un monopolio, ahora ya legal, y operaran como factores directos de una discriminación basada en el nivel de ingresos de las mujeres.

Así como sucedió en el año 2000, cuando en la Suprema Corte no se completaron los ocho votos para rechazar el llamado aborto eugenésico introducido en el Código Penal de la Ciudad de México, y en 2009 cuando se confirmó por mayoría de votos la gran reforma despenalizadora en esa misma entidad (“no debe existir maternidad forzada”, se dijo), hoy se utiliza otra acción de inconstitucionalidad para declarar la invalidez de la norma punitiva de Coahuila, que deberá aplicarse por todos los jueces federales y locales.

La Suprema Corte de Justicia ha dado otro golpe al vetusto sistema patriarcal, pero la lucha tiene que seguir porque hay mucho más que hacer en este capítulo de la vida social.

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Camino de la Cuarta T

La Cuarta Transformación culmina la mitad del sexenio presidencial de Andrés Manuel López Obrador. No tendría sentido discutir si se ha notado el cambio respecto de los gobiernos anteriores, pues los opositores, representativos de lo viejo, son quienes más lo sienten y lo resienten, con añadidas muestras de añoranza de lo de antes.

El programa de la 4T se ha puesto en práctica en el momento en que la política neoliberal, con sus prácticas políticas y sus rasgos culturales francamente de derechas, se encuentra en repliegue mundial. En México, luego de más de tres décadas de padecimientos sin fin, había que empezar tratando de borrar las improntas neoliberales e iniciar la edificación del Estado social.

Redistribuir una parte grande y creciente del ingreso captado por el fisco hacia el gasto social más urgente: pensión básica universal, aumento progresivo (anual) del salario mínimo general, educación (becas incluidas), atención médica universal y gratuita a los no asegurados, subsidio directo al empleo de jóvenes, trabajo asalariado a campesinos en la reforestación de un millón de hectáreas, mejoramiento de vivienda precaria, precios de garantía de granos, restablecimiento de estímulos fiscales y duplicación del salario mínimo en las fronteras, cobertura vitalicia de una renta a menores discapacitados permanentes, créditos a la palabra para microempresas.

Mas desmontar la política neoliberal abarca también la cancelación de la entrega de bienes públicos a la clase minoritaria: detener la privatización de recursos naturales, acabar con las asociaciones público-privadas, prohibir las condonaciones fiscales, restringir los subsidios virtuales, cobrar debidamente los impuestos, impedir sistemas de precarización de la fuerza de trabajo formal, como el outsourcing, y combatir el oprobioso sometimiento de los obreros agrícolas.

El programa democrático de la 4T ha tenido que cubrir un requisito explícito: apartar del gobierno a la gran burguesía y, en especial, a su capa oligárquica. Los grandes capitalistas ya no mandan en Palacio (antes Los Pinos). Sin esto no hubiera sido posible encarar las contradicciones entre la política económica y la política social. Pocos gobiernos en América Latina han demostrado que es posible la estabilidad macroeconómica y la redistribución del ingreso. Las concesiones a los ricos han venido disminuyendo al ritmo del impulso de la política social y de nuevas inversiones directas del Estado, así como del fortalecimiento del sector productivo paraestatal.

Esta limitación del poder de la gran burguesía se expresa en aspectos relevantes como la libertad sindical, con el derecho de los trabajadores a votar su propio contrato colectivo y su sindicato. La insistencia en la consulta popular y la revocación de mandato forma parte de la creación de una nueva institucionalidad democrática, mucho antes que de asuntos de coyuntura.

Un elemento esencial del programa democrático ha sido dejar de lado la represión. Ya no existe la prisión política como instrumento de gobierno, ni se persiguen las luchas sociales, como tampoco se busca castigar a los críticos y opositores. Esos periodistas que dicen estar acosados se refieren a que el gobierno ya no les paga por sus servicios, silencios o maquillajes. Confunden la respuesta verbal con la represalia física.

El punto de la democracia es algo muy complicado para la 4T porque el país no cuenta con un vigoroso sistema de organizaciones sociales de lucha, ni las instituciones están basadas en la participación social. Se encuentran vigentes derechos formales, largamente demandados, pero no existen sistemas participativos. La escuela mexicana sigue sin ser democrática; el magisterio ha sido gremializado y carece de proyecto educativo propio. El sindicalismo aún está dominado por las anteriores estructuras, mientras que muchas dirigencias de izquierda se comportan casi igual que el viejo charrismo. En el campo, los viejos liderazgos exigen al gobierno el retorno a las intermediaciones de subsidios y al reparto jerárquico de bonificaciones.

Morena llegó al gobierno sin el apoyo directo de las organizaciones sociales de obreros, empleados y campesinos, las cuales no estuvieron nunca en la lucha por el poder, ya fueran priistas o de izquierda. Las universidades que hace ya muchos años lograron conquistar sistemas democráticos, aterrizaron al final en la creación de mafias endurecidas que impiden la participación de estudiantes y profesores.

La democracia no debe seguir alojándose sólo en la consulta electoral. Esto lo sabe de sobra el actual presidente de la República, pero la 4T no puede decretar por magia la democracia en todas partes porque ésta tiene que surgir de las bases, para no regresar nunca a las estáticas estructuras jerárquicas de las organizaciones sociales, incluyendo, por cierto, las patronales.

Por lo pronto, el marco de libertades se ha ensanchado como nunca. Así también, en las recientes elecciones no fluyó dinero procedente del gobierno federal: primera vez en la historia.

En este marco, la 4T lleva a cabo una acción en contra de otro de los grandes anclajes del viejo régimen: la corrupción. Nada de la vida pública y de las relaciones mercantiles estuvo al margen este fenómeno. En casi todas partes aún existe corrupción, pero ese no es el peculiar problema de México, sino que durante 60 años se construyó un Estado corrupto, lo cual es otra cosa. Hoy, el gobierno se siente satisfecho de que no se observe la corrupción dentro del gabinete y su entorno inmediato, pero se sabe que existe como gran lastre que debe ser combatido en todo tiempo, lugar y circunstancia.

El Estado corrupto abarca la función pública en conjunto. Se trata, en efecto, de una organización para el reparto de recompensas y otros ingresos dentro de las estructuras del aparato estatal, especialmente basado en el peculado y la mordida. El Estado corrupto es parte del sistema de gobierno. Por ello, la corrupción se enraizó en casi todas partes. Su extinción como estructura tendrá que ser producto de reformas de enorme profundidad, no sólo de carácter institucional o de control práctico, sino de funcionamiento de las entidades públicas y de las relaciones de éstas con la clase dominante que goza del poder del dinero. La 4T es un buen comienzo, pero aún no estamos en el periodo de culminación de tan grande propósito.

El otro capítulo es la violencia. No es México el país con mayor delincuencia, pero sí lo es con mayor violencia delincuencial. Es una crisis que ha durado 15 años, conjunción de varios factores: 1) productor y abastecedor del mayor mercado de drogas prohibidas; 2) sucesivas crisis económicas, precarización del trabajo y empobrecimiento; 3) deficiente sistema educativo público en extensión y contenidos; 4) resentimiento social de gran parte de la sociedad, en especial de la juventud, la cual carece de expectativas de mejor futuro; 5) gobiernos corruptos; 6) estructura policial inexistente; 7) sistema judicial (jueces y Ministerio Público) sometido a la corrupción; 8) exaltación de la narco delincuencia en los grandes y pequeños medios de comunicación y amarillismo de la prensa. No son estos unos factores inconexos, sino que se amarraron durante la larga decadencia moral del poder, la cual se conoce ahora como prian.

La Guardia Nacional no va a disolver a la delincuencia más violenta, sino que se trata de una nueva institución para dotar al país de un verdadero cuerpo de policía que antes no existió. El trabajo policial es necesario, pero no resuelve ninguna crisis social y moral. Así que las bases que se han sentado por la 4T tienen que ver principalmente con las reformas sociales: ingreso, trabajo, pensiones, educación, salud y vivienda.

La política económica del gobierno ha sido la menos entendida por economistas académicos y analistas calificadores de riesgos; los primeros sufren desorientación teórica y política; los segundos pierden su tiempo tratando de chantajear al gobierno con el cuento de la vulnerabilidad de la deuda de Pemex.

No se puede negar que en casi tres años ha existido algo así como una huelga calculada y silenciosa de inversiones de parte de la llamada iniciativa privada, desde los medianos hasta los muy grandes empresarios. Esto se complicó con la pandemia, pero antes ya había empezado. Quienes no le vieron sentido a esa huelga fueron los inversionistas extranjeros que aplican parte de sus ganancias en nuevas inversiones dentro del país.

El gobierno no quiere tres cosas en el plano macroeconómico: seguir aumentando la deuda pública, elevar las tasas impositivas y encarecer los energéticos. Eso fue lo que hizo el binomio Peña Nieto-Videgaray, pero resulto muy mal.

Hoy, desde el presupuesto se financia la mayor parte de la inversión pública federal, aunque el problema es que ésta sigue siendo reducida. En la segunda parte del sexenio se deberán encontrar mecanismos que permitan aumentar las inversiones públicas productivas (con retorno), con o sin socios privados. Se tiene que emprender la reforma de la banca de desarrollo, aunado a nuevos sistemas de presupuestación de largo plazo de la Federación y las entidades.

México tiene una conformación industrial con alto componente de maquila para el mercado internacional. Eso puede ser mejor aprovechado si, al mismo tiempo, se desarrolla una tecnología propia y se compite con los “socios” de las metrópolis. La burguesía mexicana no lo va a hacer porque no sabe cómo y le interesa muy poco el tema cuando tiene sus propios oligopolios internos. Sólo el Estado lo lograría. La cuestión depende de que la 4T inicie pronto el camino de una nueva industrialización tecnológica, con un nuevo sistema de financiamiento y un enorme plan de infraestructuras, para aprovechar los pactos comerciales que ya se tienen con medio mundo.

Con suficiencia energética y alimentaria, que hoy se busca afanosamente, México podría sentar las bases de una industrialización de nuevo tipo, sin someterse a los tonos marcados por las grandes trasnacionales, sino en un plano de intercambio y competencia, como suele ocurrir entre naciones. La apertura comercial puede lesionar el mercado interno (ya lo vimos en México), pero la competencia con el mundo obliga a expandirlo, como ya se ha comprobado en varios países. Sólo el Estado democrático puede ordenar el proceso de acumulación con el fin de atender prioridades sociales nacionales. Así ha sido a través de la historia del capitalismo.

No podría ser sencillo construir el basamento de una transformación iniciada mediante un cambio pacífico y electoral como el que se produjo en 2018, pero nada indica que la cosa no vaya a funcionar. Es cuestión, como siempre en la vida, de seguir luchando sin dejarse desviar por cantos engañosos y sin sentir miedos inducidos por las tendencias conservadoras, con sus viejos y nuevos intelectuales.

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¿Justicia tras las rejas?

El uso del poder político para encarcelar a adversarios, críticos o estorbosos fue una larga tradición en México. La otra costumbre ha sido la impunidad de amigos y simpáticos afectos al poder. Aunque parezcan imperecederas, ambas usanzas deben desaparecer. En eso se trabaja.

¿Qué debe hacer el fiscal con los legisladores panistas que recibieron las maletas de dinero procedentes del director de Pemex en los tiempos de Peña Nieto y Luis Videgaray? Lo más sencillo sería olvidar el asunto en un cajón de escritorio, como se hizo tantas veces. Sin embargo, Alejandro Gertz Manero tiene que dar salida al asunto de Emilio Lozoya, por deber y porque la Fiscalía se encuentra comprometida, en especial por haber pactado con el procesado a cambio de unas denuncias que éste mismo presentó para dar lugar a procedimientos que ayuden a desvelar las tramas de Odebrecht, Agronitrogenados y otras, como la compra de votos en el Poder Legislativo. Son 70 las personas mencionadas.

Ricardo Anaya se ha ido del país, según él mismo lo anunció. Desde entonces aviva su presencia en redes sociales, pero ahora sólo para defenderse y atacar de paso al presidente de la República, a quien señala como autor de una persecución política, a cargo de la Fiscalía General de la República.

¿De la lista de legisladores y otros funcionarios señalados por Lozoya, es preciso que el fiscal elimine el nombre de Ricardo Anaya sólo por el hecho de que fue candidato a presidente de la República y está siendo defendido por su partido? Si así fuera, se estaría dentro de la costumbre de brindar impunidad por conveniencia política. Pero si Gertz Manero mantuviera su rumbo actual, él mismo tendría que demostrar ante tribunales que sus acusaciones contra Anaya contienen el fundamento que la ley precisa y, por tanto, carecen de otro motivo cualquiera.

Por lo pronto, a Ricardo Anaya le dieron un pitazo para salir volando del país, lo cual es otra tradición mexicana. El punto más conmovedor, sin embargo, ha sido la manifestación de unos legisladores en la FGR para dejar en claro –dijeron—  que todos los cargos contra Anaya son falsos, aunque sin haber analizado la carpeta de investigación. Esta es otra costumbre de algunos políticos mexicanos que hablan nomás. ¿El resto de los involucrados son también inocentes? Eso no se precisó.

Ricardo Anaya ha obtenido la posposición de la audiencia judicial hasta octubre, a efecto de que él pueda estudiar la investigación que lleva la FGR, pero al término de este plazo tendría que ubicarse en territorio nacional o de plano ausentarse. Mientras, pase lo que pase, sus amigos lo seguirán declarando inocente de todos los cargos.

Pero las cosas en realidad sí han cambiado. Aunque el excandidato panista se haya tenido que precipitar en fuga para no correr el menor riesgo, los cargos en su contra se van a ventilar públicamente en relación con una trama de corrupción política. Es aquí donde puede salir a flote lo verdaderamente importante: la investigación y publicidad de mordidas y robos, así como la distribución de ilícitas ganancias entre poderosos. El objeto principal no tendría que ser enviar a algunos de estos últimos a la cárcel, sino poner de relieve hechos concretos de corrupción dentro del marco general del Estado corrupto.

Mientras tanto, el presidente del PAN, acompañado por el del PRI, visitaba la oficina de asuntos sobre México del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en Washington, con el objeto de acusar al gobierno mexicano de utilizar el poder para propósitos ilícitos, contrarios a la democracia, y denunciar la intromisión del narcotráfico en las elecciones mexicanas. Ha sido un acto insólito pues ningún ciudadano mexicano se había lanzado a ese vacío. La visita (se desconoce quién los recibió) no requiere más comentario porque rebasa lo simplemente grotesco, pero no está desligado de la defensa de políticos inculpados. La táctica de la oposición unificada es recriminar al presidente de México, en lo personal, de todo lo que es denunciado por ella misma y pregonado como hechos ciertos por parte de la prensa, ya sea perseguir a ciertas personas o acabar de plano con las libertades y la democracia.

Si los líderes del PAN quisieran en verdad denunciar jurídicamente a López Obrador, tendrían que presentar denuncias formales, en este caso de que el presidente le ha dado órdenes ilegales al fiscal Gertz Manero para perseguir a un inocente de toda inocencia, con unos “propósitos políticos” (revancha e inhabilitación política) que, al final de cuentas, casi nadie se atreve a manifestar como indicios para no correr el riesgo de provocar carcajadas.

El presidente de México ya puede ser denunciado, imputado y enjuiciado por cualquier delito, de acuerdo con el nuevo texto del párrafo segundo del artículo 108 de la Constitución, aprobado, por cierto, a partir de la iniciativa enviada al Congreso por López Obrador.

En realidad, las oposiciones unificadas querrían llevar tras las rejas a la justicia, bajo acusación de ser responsable de persecución política, en un lado, y de impunidades, en otro. Mas, por lo pronto, sólo es propaganda porque no tienen el poder para cometer ellas mismas esas transgresiones. Buscan con falsedad identificar al Ejecutivo y a la actual procuración de justicia con una imagen lo más cercana posible a lo que ambas instituciones eran cuando ellos gobernaban.

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Corrupción, antidemocracia, represión y neoliberalismo, combinación de un pasado reciente

Toda síntesis es arriesgada e inexacta, pero es inevitable hacerla. Si a un opositor de antes, que luchó contra el Estado corrupto y en favor de la democracia política, que denunció y sufrió la represión, luego de lo cual levantó un programa político en contra del neoliberalismo, enfermedad mundial que golpeó con fuerza inusitada a México, se le preguntara qué es el pasado, pues lógicamente contestaría que todo aquello que ha criticado y tratado de cambiar.

Toda persona que busca el pensamiento crítico nunca debiera renunciar a tan alta cualidad, por lo que sería impropio pedirle que deje de examinar los hechos concretos. Por tanto, quienes advierten que los cambios actuales van en la dirección de superar aquel pasado considerado oprobioso, tienen a salvo su derecho de crítica y de réplica. La que no se explica de igual forma es la conducta que asumen algunos que, no obstante haber criticado desde la izquierda al viejo régimen, se ubican prácticamente en la oposición cuando justamente todos esos elementos del pasado empiezan a ser derruidos y se camina en pos de nuevos “modelos” de Estado y sociedad.

Los beneficiarios del régimen anterior añoran ese pasado y buscarían volver a aquellas condiciones que han empezado a cambiar. Pero, desde la izquierda, ¿es válido apoyar a aquellos que gobernaron antes y que ahora quieren volver?

Uno de los argumentos de esos disidentes estriba en negar que el gobierno de López Obrador sea de izquierda. Tienen una idea muy individual sobre el socialismo moderno como gran corriente internacional desde el siglo XVIII, que sigue existiendo a pesar de su diversidad y, aún más, de sus contradicciones y catástrofes.

La mayoría de esos progresistas o personas de la izquierda o del socialismo, como se quieran definir a sí mismos, no han manifestado el menor acuerdo con alguna de las líneas de la política gubernamental. Para ellos, todo es falso, incorrecto, engañoso o nefasto. Por tales motivos manifiestan coincidencias con la coalición opositora, “frente de contención” o como se quiera denominar al PRIAN.

Existe otra situación peculiar. Desde una sedicente e indefinida izquierda, esos opositores están fuera del debate nacional. No pocos de ellos escriben artículos y hasta opúsculos, pero no aciertan a definir un marco conceptual y mucho menos a realizar un análisis concreto. Sencillamente, salvan su alma, desprecian a la 4T y, de tal forma, pueden justificar, ante sí mismos, la causa de su propia inutilidad.

Ese territorio poblado de personas que toda su vida fueron de izquierda para terminar ahora simpatizando con la derecha política, es un lugar sin horizonte. Desde ahí, se piensa, podría volverse a vivir aquellos años que, al menos por ahora, ya quedaron atrás. Fueron momentos en los cuales era posible ser oportunista frente al gobierno priista o panista y, al mismo tiempo, ser crítico de esa combinación tan mexicana de corrupción, antidemocracia, represión y neoliberalismo. Ahora ya no, pues para ejercer aquella crítica sería indispensable romper de plano con los actuales representantes del viejo régimen.

Justo en el momento en que las herencias del pasado reciente son defenestradas desde un nuevo gobierno, algunos críticos de antes lanzan sus nuevas críticas contra la negación de lo mismo que criticaban. Las frases que escriben o pronuncian están más bien ligadas a que no les gusta el “estilo personal” del presidente de la República, como si ese hubiera sido alguna vez decisivo en la definición de la política gubernamental.

No es México el único país de América Latina en el que un gobierno de izquierdas es atacado por algunos que antes sostuvieron críticas de fondo de las políticas de las derechas. Hemos visto en Brasil, Argentina, Ecuador, entre otros, a grupos de secuaces o cómplices de los neoliberales en el marco de varias catástrofes políticas.

Hay que aclarar que aquí no tomo en cuenta a aquellos que, viniendo de la izquierda partidista, militan ahora orgánicamente en las filas de la oposición prianista, que son candidatos y vocingleros de consignas maledicentes de la alianza de las derechas y que, para oprobio histórico, utilizan las siglas construidas por la izquierda en momentos de tremenda confrontación. Estamos hablando ahora de quienes no se resbalaron por el tobogán de la corrupción, por lo que su conducta requiere buscar explicaciones o, al menos, descripciones de un fenómeno en el que gente de izquierda deja de serlo funcionalmente en el mejor momento de la corriente histórica en la que se formó.

Son personas de izquierda alineadas con la derecha, exponiendo su nueva posición como valladar frente a una supuesta vuelta al autoritarismo, a pesar de que no han aportado un sólo elemento concreto al respecto. Al asumir la versión de que México está al borde de una especie de dictadura bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, hacen suyo un novísimo espantajo de la derecha más reaccionaria. De esa forma, unos que antes cerraron filas con la izquierda en favor de la democracia política, se transfieren al otro bando político y social, en busca de rescatar una bandera que ahora carece de la significación que tuvo cuando se luchaba contra la prisión política y por los derechos ciudadanos de todos. Esa bandera no tiene ya la misma vigencia, pero no por ser enarbolada por la derecha, sino por ser producto de una mentira.

Dentro de unos meses se producirá en México un plebiscito revocatorio del mandato del presidente de la República, acto insólito de participación popular. De por sí, la cita de las urnas es una práctica generosa en el marco de la lucha política, pero también será un momento de definiciones y deslindes. Mucho aprenderá el país. Veremos hasta dónde y qué tanto pueden coincidir aquellos que durante años lucharon por superar el viejo régimen y en favor de transformaciones sociales y políticas.

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Retorno a las aulas

Bajo el temor pandémico en el que vive la sociedad, casi todo asunto se hace más complicado. Entender, por ejemplo, que no es la misma situación un aumento de contagios en el momento actual que en las dos anteriores ocasiones. El punto, claro, se entiende mediante un análisis epidemiológico, el cual no está al alcance de todos, sin que las autoridades hayan puesto un empeño mayor en divulgar la información.

En cuanto al retorno a las aulas, el error original fue aquella temprana declaración del entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, de que el regreso a clases sería a partir de que el semáforo estuviera en verde. Como el ahora embajador no era experto, de seguro había sido aconsejado por algunos epidemiólogos, a quienes, no obstante su sapiencia, les era imposible advertir la evolución ulterior del comportamiento de la enfermedad.

Casi todo el mundo está en las aulas mientras en México existe una fuerte discusión, justo en el momento en que la vacunación avanza a un paso que pocos previeron y casi nadie creyó.

Lo que más llama la atención es que una parte de la dirigencia sindical de los profesores de educación básica, específicamente la CNTE, y no pocas autoridades universitarias, insisten en que el riesgo sería mayúsculo, por lo cual no debe haber retorno de momento.

Al respecto de aquella parte del liderazgo de los maestros de educación básica, habría que lamentar el enfoque que se maneja, pues parece más bien de carácter gremialista que educativo. Mucho menos se tiene un análisis del momento de la epidemia ni se toma en cuenta que el gobierno logró la vacunación de los profesores. Se habla de que “no hay condiciones”.

En cuanto a ciertas autoridades universitarias, lo más que se ha logrado es oírlas hablar de un retorno gradual a las aulas y laboratorios. La gradualidad se hará con base en lo mismo, es decir, en el criterio rectoral.

Quizá el miedo a la Covid-19 y la falta de confianza en la autoridad sanitaria sean factores relevantes, aunque no deberían descartarse otros motivos.

El manejo de los números estadísticos, sin análisis ni prospectiva, siempre lleva al oscurecimiento del fenómeno del que se quiere hablar. Esto ha ocurrido en muchos países y México está en esa lista. No es lo mismo 30 mil contagios diarios en un país de más de cien millones cuando la mitad de los adultos están vacunados que cuando no había vacunas, por ejemplo.

Mientras el gobierno mexicano trata de convencer que lo aconsejable es retornar cuanto antes a clases, en condiciones de mucho menor riesgo que en cualquier otro momento de la pandemia, en otros muchos países están regresando de vacaciones a las aulas y los europeos debaten sobre otra cosa: el uso del pasaporte sanitario para viajar y entrar a ciertos lugares de recreación, ante lo cual no se han hecho esperar varias airadas protestas.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, que va a salir de la pandemia en su peor nivel de reconocimiento y respeto, acusa a varios gobiernos de ser permisivos y, de esa manera, provocar el aumento de los contagios.

El problema de las aulas escolares es de todas formas muy singular. Se trata también de los muchos meses en que los niños, niñas y jóvenes no han tenido una relación cercana con su comunidad escolar, ni se han podido abordar con soltura los temas académicos y los demás que son propios de los recintos educativos, incluyendo la recreación.

La humanidad no parece estar en situación de vivir como en naves espaciales. El gregarismo sigue siendo fuerte a pesar de los tres siglos de individualismo burgués, el cual no va mucho más allá de ciertas familias muy bien educadas, pero de otra forma. En las ciudades hay niños y niñas que han estado algo solos durante muchos meses, quizá cerca de sus padres, pero lejos de personas como ellos y ellas. Es lamentable que haya profesores con tan marcado sentido gremialista que no toquen este aspecto, que debería ser, por lo demás, su principal tema de momento. La escuela no se compone tan sólo de la comunicación entre profesores y alumnado, sino marcadamente entre los y las estudiantes entre sí.

Entretanto, la derecha está callada. Como en tantos otros temas, carece de un punto de vista. No se reúne a discutir asuntos del país sino sólo para mantener el “bloque de contención”. Si se les pregunta sobre algún asunto, esos reactivos dirigentes políticos responden en su mayoría con ataques al gobierno cuando no con insultos, evasivas en realidad. Por otro lado, pocos medios formales de comunicación editorializan sobre el tan importante tema del retorno al aula.

No habría medio de obligar a padres de familia a enviar a sus hijos a la escuela en situación de pandemia. Eso se sabe de sobra. Mas quizá no sólo sería bueno preguntar al respecto a los mayores sino también al alumnado. Por lo pronto, hay que abrir las escuelas y observar las respuestas de la sociedad, especialmente de los niños, niñas y jóvenes.

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Aborrecidos decires

Hace años en México se estudiaba “el estilo personal de gobernar”. Cada presidente era sujeto de análisis y adivinaciones sobre la manera de hacer su trabajo o de no hacerlo. Esa politología ha dejado su lugar al aborrecimiento de las conferencias cotidianas del presidente, denominadas “mañaneras”, de por sí insufribles por la hora de su inicio.

El método de comunicación que tuvo que instaurar Andrés Manuel López Obrador (lo hizo igual cuando fue jefe de gobierno de la capital) es ahora aborrecido por los integrantes de las oposiciones formales e informales que abundan en el país, pero sin admitir que ellos son la ocasión de lo mismo que aborrecen. Es peor aun que ningún opositor encuentre en las “mañaneras” aspectos aprovechables para el ataque contra el gobierno, más que la simple objeción de su existencia.

Se trata de un fenómeno mexicano, pero no el cotidiano contacto personal del jefe del Ejecutivo con los medios de comunicación, pues eso existe en casi todo el mundo como instrumento directo de gobierno y elemento insustituible del debate político. Lo exclusivamente mexicano es el rechazo por parte de los opositores, al grado de ser motivo de hiriente desprecio y, por inevitable contradicción, presentado como cuerpo del delito de atentado contra la libertad de prensa.

Durante casi tres años, la oposición no ha construido un mecanismo de réplica de los planteamientos e informaciones del Poder Ejecutivo, sino que sólo denuncia la existencia cotidiana del discurso presidencial, con independencia de su contenido, por ser dicho, lo cual denigra, sin querer queriendo, la función que realizan los cuestionadores o replicantes que asisten a Palacio Nacional en funciones periodísticas.

En México, durante muchos sexenios, se entendió como indicio de buen gobierno que el presidente de la República hablara en pocas ocasiones, pero de manera contundente, luego de lo cual la prensa le aplaudía mediante favorables glosas. Con frecuencia, el jefe del gobierno designaba a uno de los integrantes del gabinete para que se hiciera cargo de leer un discurso y esperar comentarios, los cuales ya eran un poco menos ditirámbicos. Ese método se llamó “reserva de instancia”. Si algo no caía del todo bien o generaba comentarios encontrados, entonces el presidente podía rectificar algún aspecto de la línea de gobierno.

Ahora, tenemos reportes que rinden secretarios de Estado en presencia del presidente, luego de los cuales vienen las preguntas. En las respuestas del presidente o del secretario o secretaria se contienen explicaciones que suelen ser requeridas por los cuestionadores o que amplían la información. También suelen producirse réplicas dirigidas al amplio espectro de las oposiciones o a uno u otro de sus conspicuos portavoces.

Esa parte de las “mañaneras” sí que es algo insólito, pues no se encuentra en la comunicación social de los jefes de gobierno de otros países. Las comparecencias suelen ser unipersonales, ya sean del presidente o de los secretarios de Estado (ministros les llaman). Ahora, en México, en no pocas ocasiones, una pregunta en la “mañanera” ocasiona un citatorio presidencial para que el secretario o secretaria del ramo responda preguntas y aproveche para explicar algún tema.

Este segmento es aún más aborrecido por las oposiciones porque convierte al presidente en una figura que pide cuentas en público a los secretarios y secretarias de Estado, lo cual no era método político mexicano.

No pocos reporteros presentes en esas conferencias de prensa presentan peticiones de personas o grupos, es decir, utilizan su credencial de periodistas para plantear un asunto concreto y requerir respuesta. El presidente contesta o hace las veces de oficialía de partes de sí mismo al turnar el asunto al funcionario competente. Esto suele ocurrir en pocos lugares del mundo, ya que en los países de régimen parlamentario existe la pregunta al gobierno, pero en sede legislativa y va seguida de una réplica.

Lo que tenemos aquí y ahora es una manera en la cual el presidente dirige en público al gobierno. La apertura de los asuntos gubernamentales y de los problemas del país ha dejado a las oposiciones hundidas en trincheras de la maledicencia y la difamación. Pero el nuevo método no es más que algo que forma parte de la discusión política y de la transparencia. Hay una muy evidente diferencia entre los monarcas europeos (o los presidentes en las repúblicas) y los jefes de gobierno de esos mismos países. En México no hay monarca, el presidente es el gobernante directo y tiene que dar la cara y el verbo. Es el estilo estadunidense desde el siglo XVIII. Mas el collage que se hizo en México entre jefe de Estado y de gobierno en una sola persona, la cual tan luego operaba como uno que como otro, según su propia conveniencia transfigurante, fue algo muy mexicano durante varios periodos de la vida republicana del país: se llamó presidencialismo y degeneró en despotismo.

Bueno, pues, ya se acabó el presidencialismo. Quien ocupa la jefatura del Estado y del gobierno no ha perdido ninguna facultad política derivada de la ley y, al mismo tiempo, se encuentra metido en la discusión pública y en el abierto examen de problemas y más problemas, amén de tener que replicar todos los días.

Imaginemos a un nuevo presidente mexicano que fuera igual que Adolfo Ruiz Cortines, con el objeto de reestablecer el “señor presidente” de los años cuarenta y sucesivos. No habría “mañaneras”, ni siquiera esporádicas conferencias de prensa presidenciales. Recordemos cómo las evadía el anterior presidente, Enrique Peña Nieto, en pleno siglo XXI. Hay cierta nostalgia en no pocos opositores actuales.

Pero la hipocresía como recurso integrado a la forma de gobernar no existía por vocación de los políticos, sino por conveniencia de casi todos ellos, pues aquella siempre fue vista como estrategia, forma de ser en la maniobra y en la oscuridad de la administración de los presupuestos.

El punto relevante no es la “mañanera”, aunque ésta moleste a ciertos espíritus sensibles, sino la apertura de la función de gobierno, el trato directo de los asuntos públicos y la amplia e inviolable libertad de difusión de las ideas, como nunca la habíamos tenido en México.

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La consulta decisoria

    Las democracias concursales han llegado al plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato a través de procesos de aguda lucha política. La consulta popular decisoria es, en sí misma, un instrumento para resolver confrontaciones dentro del sistema político de la Constitución.

El 27 de abril de 2011, cuando se aprobó originalmente en el Senado la reforma constitucional que abría en México la consulta popular, se dijo en todos los tonos que esa era una fórmula democrática y no violenta para resolver desavenencias críticas, confrontaciones de poder o conflictos agudos. Nunca se planteó como un ritual ni se incorporó a la ley fundamental como un derecho secundario. Llevada a todos los niveles, la consulta sería un mecanismo básico de la componente directa de la democracia mexicana.

El tema del quórum tuvo desde un principio una relevancia singular. No toda consulta es vinculante, es decir, obligatoria o decisoria, sino que se requiere un porcentaje de concurrencia a las urnas. En México se optó por el 40% del listado de electores porque la figura de la consulta se creó para ser efectuada el mismo día de las elecciones. Sin embargo, en 2019, con motivo de la reforma que instituyó la revocación de mandato y ante la norma de que las consultas pueden realizarse en cualquier año y no sólo en los comiciales, se les desligó expresamente del día electoral, al grado de ubicar su realización dos meses después. Este es un evidente defecto introducido con maña por los enemigos de la democracia directa que son minoría en el Congreso, pero tienen más de un tercio para bloquear reformas constitucionales.

No es lo mismo un 40% de quórum en un día de concurrencia comicial a otro cualquiera, como será el próximo 1o de agosto. La dificultad para proveer una concurrencia de 37 millones es en verdad inmensa, más aún cuando las oposiciones ignoran la consulta porque carecen de discurso frente a la misma, aunque en realidad no están de acuerdo con realizar consultas en general y mucho menos la próxima que es en contra de ellas como formaciones políticas.

El primer gran golpe a la nueva institución de consulta popular lo asestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al descalificar el pedido popular, presentado con suficiencia de firmas en dos simultáneos procedimientos, para votar en el año de 2015 la entonces reciente reforma constitucional sobre energía.

Por diez votos de un total de 11, la Suprema Corte consideró que el tema era de ingresos públicos, los cuales no están sujetos a consultas al igual que los gastos. El país entero entendía que la cuestión no era de ingresos sino de producción de energía. Igualar una cosa con la otra podría aplicarse para cualquier pedido de consulta que, de alguna manera, pudiera incidir en los ingresos o provocar algún gasto. La resolución jurisdiccional, adoptada el 30 de octubre de 2014, fue una burla a la nación y se encuentra grabada en los anales más oscuros de la Suprema Corte.

En verdad, ese tribunal se comportó en forma canallesca. Su criterio sobre el asunto fue fabricado a partir de una consigna directa del entonces presidente de la República, quien sabía que podía ganar el No y hacer rodar cuesta abajo su reforma. Casi todos en la Suprema Corte obedecieron, en uno de los actos de mayor sumisión en décadas de mansedumbre judicial.

La consulta sobre la reforma de energía hubiera sido también todo un éxito de democracia participativa, ya que era una ocasión para lograr la elevación del pueblo mexicano al grado de tomar decisiones sobre temas de enorme trascendencia. Entre un pueblo que elige y otro que también decide hay una diferencia esencial. De ese tamaño es este asunto.

La democracia concursal no deja de ser lo que es cuando se le incorpora la consulta popular. Las fuerzas políticas convencionales siguen determinando el escenario político porque dominan el poder del Estado, pero ya pueden irrumpir otros factores que no son propiamente parte del concurso político formalista y tradicional.

Lo que ha ocurrido en Chile es una clara muestra de ese fenómeno. En una votación popular se decidió convocar a un constituyente elegido en su totalidad directamente por el pueblo. El porcentaje de participación fue alto y se produjo una avalancha de votos en favor de la solución democrática de la crisis del modelo económico y del poder político que existe en ese país. Las posteriores elecciones de diputados a la asamblea constituyente confirmaron la intromisión de factores políticos nuevos, al margen del esquema dominante concursal que proviene de la caída de la dictadura, la cual, por cierto, fue producto de una consulta popular. Ahora, fueron atropelladas por la ciudadanía las dos fuerzas que habían disputado y alternado entre ellas durante 30 años.

La situación política de México, caracterizada por una aguda confrontación entre dos grandes fuerzas, la 4T y las oposiciones unidas, va a requerir el uso de mecanismos de participación política directa, a través de los cuales podrían dirimirse algunos graves conflictos. Por lo pronto, tendrá lugar el próximo año un procedimiento de revocación presidencial.

El camino de las consultas populares apenas se inicia.

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Dice Vargas Llosa

Los más recientes chistes de Mario Vargas Llosa, después de que, como experto analista electoral, declaró que Keiko Fujimori había ganado la presidencia del Perú, han sido sus afirmaciones en un texto –difícilmente artículo—publicado en El País el 25 de julio.

Dice el novelista que el bloqueo “ha servido al Gobierno cubano para explicar milagrosamente que, a causa de él, la Revolución nunca ha podido despegar económicamente”. Pero no está de acuerdo con eliminarlo: levantar el “famoso embargo norteamericano”, sería “una forma de ayuda a la incompetencia del Gobierno de los Castro” (aquí ya se olvidó que existe en Cuba una población). Así, pues, Vargas Llosa no quiere que se levante el bloqueo (quitarle un pretexto a su autor le ayuda en su engaño). ¿Dónde quedó el embargo como pretexto milagroso? Con la tesis del pretexto o sin ella, el eterno bloqueo se queda, aconseja el autor de La Guerra del Fin del Mundo.

El peruano describe la situación actual de Cuba de la siguiente manera: “caos en que se encuentra la isla, con la incertidumbre del coronavirus y el deterioro de todas las instituciones, sin trabajo y escasez de vacunas”. Este reporte puso de pelos parados a la gente de la oficina para América del gobierno de Joe Biden, la cual reporta a diario la situación del hemisferio (del Bravo a la Patagonia, solamente). Dice el comentarista peruano que no hay trabajo, por lo que de seguro cree que la gente que va a su trabajo en realidad no va trabajar sino a dar la vuelta. Ese país tiene, para decepción del analista peruano, la tasa de desocupación más baja de América. Que, por favor, no se asome a las cifras de México o Brasil porque quién sabe que escribiría. Y eso sí va a doler.

En relación con la pandemia, tema ineludible en los tiempos que corren, Vargas Llosa nos dice que en Cuba la pandemia genera incertidumbre. En contraste, de seguro, con el resto del mundo. Desde España, nos reporta el escritor que en Cuba no hay vacunas Covid-19. No desvela su fuente, pero sin duda no pudo haber sido la CIA. Menos mal que cuando culmine la vacunación en la Isla, se podrán enviar a España parte de los excedentes de Soberana 2, siempre que la UE lo autorice, con la venia de Estados Unidos, por aquello del “pretexto”. Por lo pronto, ante la intermitencia de la llegada a España de vacunas procedentes del norte de Europa y las protestas contra las nuevas medidas sanitarias, Vargas Llosa tendría que decir que eso es un caos en medio de la más terrible incertidumbre. Mejor que no diga nada al respecto: allá sí contestan feo.

Concepto atribuido al socialismo por don Mario: “capitalismo, causa de todos los males posibles en la historia de la humanidad”. Quizá los males causados por el capitalismo antes de que existiera no fueron tan grandes.

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Esa Cuba de hoy y aquí

Las manifestaciones opositoras en Cuba del 11 de julio no parecen haber sido “obra del gobierno de Estados Unidos”, como se ha dicho, pero fueron expresión política concreta de una situación que, en gran medida, sí es contumaz obra de Washington.

Durante seis décadas, Cuba ha sido sometida al más prolongado bloqueo comercial hecho por Estados Unidos y con alcance trasnacional. Además, el gobierno de la isla sigue estando bajo ultimátum de rendición a pesar de que Barak Obama reestableció relaciones diplomáticas, sólo para que Donald Trump y, ahora, Joe Biden, terminaran ampliando el bloqueo. Una de las mayores coincidencias en Naciones Unidas es la exigencia de levantamiento del embargo contra Cuba: sólo dos votos en contra (EU e Israel) y cuatro vergonzosas abstenciones, entre ellas Brasil y Colombia.

Por décadas, el gobierno de Estados Unidos creó una situación en la que un “arreglo” de fondo del problema tendría que incluir el establecimiento de un nuevo régimen político aceptado por Washington. Nunca ha habido negociaciones propiamente dichas entre los dos países, sino sólo en temas específicos, incluyendo la reanudación formal de relaciones diplomáticas.

Hace seis décadas, frente a agresiones físicas y la exigencia estadunidense de que el gobierno de la isla fuera sustituido, el nuevo poder revolucionario encabezado por Fidel Castro tomó la trascendental decisión de expropiar los bienes de las compañías estadunidenses, sin pago de indemnización. Desde entonces, el gobierno norteamericano reclama esas propiedades y, muy pronto, las extendió a las de cubanos, ahora estadunidenses, cuyos bienes inmobiliarios fueron confiscados tan luego como abandonaron el país y se refugiaron en territorio de Estados Unidos.

El bloqueo ha persistido y empeorado. Causó daños económicos a Cuba por unos 150 mil millones de dólares y, sólo en lo que va de la pandemia Covid-19, ha provocado pérdidas por cerca de 10 mil millones.

Hay, además, una larga historia de agresiones, sabotajes, atentados y espionajes en la truculenta respuesta de Estados Unidos a la independencia de Cuba.

Este punto es muy relevante debido a que la soberanía y el sistema socio-económico de Cuba llegaron a hacerse una y la misma cosa. Este fenómeno no ocurrió con ningún otro país que hubiera defenestrado al capitalismo. Para Estados Unidos es como si Cuba hubiera sido una entidad asociada a la Unión Americana que súbitamente declarara su independencia y se quedara con todo. Por el otro lado, para los cubanos y cubanas, ceder a las pretensiones estadunidenses sería perder la independencia y, por tanto, no poder ejercer ninguna soberanía. Todo es todo. Por eso no ha habido nada.

Economía no-mercantil

En otra vertiente de la historia contemporánea de Cuba, las protestas del 11 de julio tienen un significado diferenciable, mucho más concreto. Al tiempo que han sido ya muchos años en que el igualitarismo cubano ha venido aflojando, la consecuente diferenciación social en Cuba es un proceso cada vez más rápido, pero no se trata de bienes básicos sino de aquellos que se adquieren con moneda convertible y que no se encuentran igual de disponibles para toda la población. Hay quienes, ligados a empresas privadas extranjeras o negocios locales, gozan de un nuevo y mucho mejor nivel de acceso a satisfactores.

Esta estratificación social está ligada a dos estructuras que operan al mismo tiempo: la vieja desmercantilización de una gran parte de los bienes y servicios, y el hecho de que el sistema productivo cubano no funciona debido a la sobrerregulación burocrática, el atraso técnico predominante y la ausencia de una política de industrialización que implicaría una apertura regulada. Si el gran comprador mayorista es el Estado, éste lo que busca es tener lo que necesita en el tiempo requerido para distribuirlo entre toda la población de manera igualitaria, por lo que suele importarle menos el cálculo económico: en Cuba, lo más costoso es lo que tiene significación social, es decir, lo que no se tiene en suficiencia; la economía está en segundo plano.

Grandes volúmenes de bienes y servicios son lanzados a un mercado que no es propiamente un mercado. El precio de éstos es demasiado bajo, es decir, una forma de captar circulante monetario, pero sin que alcance a reponer el costo y mucho menos a acumular una parte de su valor para expandir la producción.

La desmercantilización es la conversión de una gran parte de los bienes-salario en no-mercancías, pues éstos llegan a todos a precios exiguos, lo cual se garantiza a través de la “tarjeta”, que es el mecanismo universal de asignación de derecho de compra de bienes básicos. No son mercancías propiamente dichas, pues no existe un intercambio entre los compradores y los vendedores de esos objetos y servicios según su valor, sino un reparto de estos últimos entre todos aquellos, en forma igualitaria.

Este sistema no fue producto del socialismo en general sino de éste en su vinculación con la escasez de casi todo, penuria, a su vez, producto de la síntesis entre bloqueo y subdesarrollo; ambos fenómenos aún están vigentes.

El país tiene tres grandes problemas económicos concurrentes y endémicos. Producción de alimentos, industrialización y productividad del trabajo. Al no existir soluciones efectivas y duraderas a estos frenos del desarrollo, las medidas para aflojar la rigidez económica resultan al final del camino, en su mayoría, socialmente contraproducentes. La apertura al turismo internacional y a empresas extranjeras ha permitido captar divisas, pero el Estado ha tenido que repartir una parte entre grupos minoritarios. Ahora, muchos más quieren ingresar al nivel de consumo de los sectores mejor retribuidos, pero eso es imposible de momento. Las manifestaciones del 11 de julio han reclamado no sólo libertad política sino principalmente libertad de comercio. Existe lo que se denomina un conflicto social.

Salud y educación

Los y las cubanas tienen cosas que defender. En su país la educación es gratuita y está abierta a todos, al igual que la medicina. El sistema de pensiones es universal, lo mismo que la ayuda por desempleo. Esto es algo insólito. A pesar de los fuertes problemas propiamente productivos, en Cuba no hay hambre como fenómeno. El porcentaje de vivienda con servicios completos es más alto que en cualquier otro país de América Latina.

Hay algo que llama demasiado la atención: Cuba tiene vacunas Covid-19 desarrolladas dentro del país por entidades cubanas y tecnología propia, pero carece de suficientes jeringas para aplicarlas. Se ha realizado lo más difícil, una proeza histórica para un país como ese, lo que muy pocos han podido hacer, sólo los mayores y poderosos. Pero no ha podido producir suficientes jeringas después de más de un año de pandemia.

La desmercantilización abarca la atención médica y la educación en todos sus niveles. La mayor parte del excedente económico fue ubicado en esos renglones desde que el gobierno revolucionario empezó a funcionar. Se trata, sin duda, de los mayores éxitos del socialismo cubano, gratuidad universal en salud y enseñanza, en el marco de la capacidad soberana del país alcanzada a partir de 1959. En Cuba, una y otra cosa son parte de lo mismo.

Como en ningún otro país, al menos en América, en Cuba todos tienen los mismos derechos sociales y no existe discriminación al respecto. Esto no es algo menor, pero ya no es suficiente. Hay elementos que le hacen falta y otros que le dañan. Sin embargo, ya se está pasando el tiempo de examinarlos, sin prejuicios ni dogmatismos.

Democracia consensual y derechos políticos

La democracia cubana se ejerce desde el centro de trabajo. Este es el lugar privilegiado de deliberación y decisión concreta de problemas concretos, donde existe un consenso básico alrededor del funcionamiento de la empresa, organismo o centro de trabajo cualquiera.

El partido único y gobernante es el eje articulador del ejercicio de esa democracia consensual. Sus miembros militantes son elegidos por los trabajadores, a pesar de que se trata de un partido político, el cual no lo es en términos tradicionales.

Además, existen organizaciones sociales en donde se pueden tratar asuntos de carácter sectorial: sindicatos y uniones de productores rurales, de mujeres y de jóvenes, así como de especialidades o sectores.

El sistema de formación de los órganos del poder popular opera a partir de elecciones abiertas directas y, posteriormente, indirectas, las cuales arrancan con la postulación de candidatos en asambleas para llegar a la votación universal. No hay partidos que postulen, sino sólo ciudadanos propuestos por ciudadanos, pero en el segundo escalón, donde los diputados elegidos designan cargos de representación superior o de gobierno, los candidatos son aprobados previamente por una mesa integrada por las organizaciones sociales bajo la dirección del partido único. Así se llega a los órganos de gobierno municipales, provinciales y nacional, en forma parlamentaria y nunca directa, al estilo europeo.

Hasta este punto, el diseño es el de una democracia consensual, la cual parte de una coincidencia básica y en donde la libertad de expresión y de voto asume las características de aceptación de reglas y propósitos comunes.

Es evidente que el sistema político cubano es discrepante del que predomina en el resto del continente porque no existe libertad para organizar partidos políticos y proponer candidatos que se presenten por sí mismos en las elecciones, ya sean éstas directas o indirectas.

Antes de la revolución de 1959, en Cuba había un mercado de votos organizado por los partidos, dentro del cual la dictadura había acaparado las principales transacciones porque tenía mucho más dinero. Podría con razón decirse que eso ya pasó, pero el caso es que aquel sistema fue abolido por la Constitución.

Una cuestión de gran fondo es dilucidar si en los últimos 60 años hubiera sido posible el surgimiento de partidos diversos sin que éstos estuvieran financiados y subordinados al gobierno de Estados Unidos o a partes integrantes de ese mismo país.

La democracia concursal, como la que empezó a surgir en México a partir de 1988, requiere un cierto grado de soberanía nacional, aunque ésta no sea suficiente para lograrla, como ya lo pudimos ver en nuestro propio país durante décadas anteriores. En el caso de Cuba, la democracia concursal se hizo improcedente e inoperante desde el momento en que la revolución condujo a la independencia de Estados Unidos, lo que, a su vez, llevó a declarar, por parte de casi toda América, la tesis de la “incompatibilidad de regímenes sociales”: Cuba fue arrojada de la OEA, casi todos rompieron relaciones con la isla, mientras Europa nomás observaba la manera de operar de la doctrina Monroe: “América para los americanos”.

El problema funcional no consiste en que sea imposible en Cuba formar legalmente un partido político, sino que no existen medios organizados para ejercer la libertad de difusión de las ideas fuera de los centros de trabajo, donde sólo puede llegar a haber manifestación libre de las ideas, es decir, la simple libertad de expresión. Por ello, ha adquirido tanta importancia el internet como mecanismo de difusión, el cual se ha convertido en la gran ventana de la crítica al gobierno, aunque también a la sociedad cubana.

La difusión de ideas por cualquier medio debe ser definido en la ley como marco de libertades de todos en cualquier momento. Es perturbador que en las redes sociales se haya permitido a los críticos ejercer sus derechos, pero los que tienen otras ideas y no están en la oposición al gobierno carezcan en los hechos de esa misma prerrogativa, pues no se encuentran organizados con tal objetivo por su propia voluntad. Al gobierno debe convenirle, más que a nadie, entrar al ejercicio de la libertad de difusión de ideas por cualquier medio. No bastará realizar grandes movilizaciones contestatarias, eso es poco frente a otros momentos de la épica cubana. Es preciso llenar de ideas y argumentos el internet y combatir en el espacio común de la sociedad, desde el gobierno, como se hace, pero también desde afuera.

También será preciso entrar al campo de las reformas económicas estructurales, es decir, productivas, pero no es recomendable seguir abonando en la diferenciación social, sino buscar una prosperidad compartida. Una sociedad de ricos y pobres, cualquiera que sea el nivel de ingreso de cada grupo, sólo generará confrontación social dentro de la forma de democracia política que finalmente resulte.

Cuando se elaboró la consigna de “Patria o Muerte”, inspirada en otras semejantes, el punto era que para quienes habían terminado siendo sucursal de la gran potencia, a pesar de la proclamada independencia nacional enteramente formalista, el propósito de tener patria implicaba buscar la ansiada emancipación nacional frente a Estados Unidos. Los términos patria y muerte no eran complementarios, pues alcanzar a tener patria era la forma de evadir la represión. De lo contrario, sin patria, no quedarían más que cadáveres de los patriotas armados porque la capitulación no estaba admitida como hipótesis. El desenlace final era la victoria, la vida. El texto completo es: “patria o muerte, venceremos”. Eso de “patria o vida”, gritado en las manifestaciones opositoras del 11 de julio, es una parodia de muy poca imaginación. “Nadie se va a morir, menos ahora”, dijo hace años en su verso inigualable Silvio Rodríguez.

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Falacias

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ha vuelto a declarar que las críticas y ataques en contra de su administración son falacias (del latín fallacia: engaño; argumento que parece válido, pero no lo es). Los motivos de tan grave acusación son ahora algunos comentarios acerca de la conducta del INE frente a la consulta popular que deberá realizarse el próximo 1º de agosto.

Lorenzo Córdova ataca a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a quienes culpa de cometer omisiones, en concreto al no haber otorgado el respaldo financiero necesario para la consulta popular. Para definir de dónde procede la falacia y cuál es su motivo, es preciso repasar algo de lo que ha ocurrido durante varios años con el INE, en especial respecto de los recursos que le entrega la Federación.

Cada año, se envía al Poder Ejecutivo un proyecto de presupuesto del INE para el siguiente año, manufacturado por el grupo dominante de ese instituto con absoluta libertad y sin dar explicaciones a nadie. Como señala la Constitución, el presidente de la República lo integra al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y lo presenta a la Cámara de Diputados, tal cual y sin comentarios.

En números redondos y sin incluir el exagerado financiamiento a los partidos, para el año 2018 el INE solicitó 18 226 millones de pesos y se le autorizaron 17 426 (año de elecciones nacionales completas y muchas locales). En 2019, el pedido fue de 11 303 y se le aprobaron 10 397. Para 2020 se dijo que iba a requerir 12 493 y se le entregaron 11 421. Para 2021, año de elección de diputados federales, el requerimiento fue de 20 463 y se le admitieron 19 593.

En los últimos cuatro años no se han autorizado en la Cámara solicitudes de gasto del INE por unos 3 700 millones, pero no se observó nada anormal en su funcionamiento. Las negativas presupuestales señaladas y otras anteriores han provenido de legislaturas diferentes, con mayorías diversas, por lo que no corresponden todas al mismo partido.

El grupo dominante del INE envió un pedido, mediante un simple oficio, a la Cámara de Diputados, para un nuevo presupuesto por 1 500 millones, tendientes a cubrir los gastos de la consulta de agosto de 2021. Al respecto, hay que decir que el INE no tiene facultad para solicitar dinero directamente a la Cámara, sino que debe enviar sus pretensiones presupuestarias al Ejecutivo y éste trasladarlas, para su posible autorización, aunque, también, haciendo ajuste al PEF, pues toda disminución o aumento de egresos autorizados por el Legislativo debe contener su correspondiente repercusión en el presupuesto ya aprobado. El grupo dominante del INE nunca propuso a quiénes habría que reducirle esos 1 500 millones, no obstante recurrió a la Suprema Corte de Justicia para que obligara a los otros dos poderes a obsequiar su solicitud. Los ministros y las ministras emitieron una resolución negativa, “lisa y llana”, como a veces dicen en materia de amparo.

Hay que agregar que, en 2019, 2020 y 2021, el grupo que maneja el INE se negó a reconocer la vigencia del PEF en cuanto a sus propios sueldos. Recurrió a controversias ante la Suprema Corte, obtuvo sucesivas suspensiones, pero nunca se produjo ninguna sentencia, es decir, jamás se ha entrado al fondo del asunto en sede jurisdiccional. Cada año, caduca el presupuesto “suspendido” con esa vergonzosa maniobra y, quienes perciben más de lo autorizado por el Poder Legislativo, siguen imponiéndole a la nación su propio sueldo, como si fueran monarcas absolutos. Ya se sabe de sobra que la Constitución, en su artículo 127, señala que nadie puede recibir una remuneración mayor que la fijada para el presidente de la República en el PEF, pero en el INE existen 300 funcionarios que ganan más por su propia y soberana voluntad.

Lorenzo Córdova ha informado que tuvo que hacer “ahorros” por 500 millones de pesos para cubrir gastos relacionados con la consulta, “gracias a las políticas de eficiencia en el gasto del Instituto”. Si el gobierno les hubiera entregado los 1 500 millones que estaban pidiendo, ¿en qué hubieran gastado esos 500 millones, “ahorrados” gracias a la “eficiencia”, que ya no se habrían tenido que “ahorrar”?

El INE iba a gastar 1 500 millones, según dijo, pero también iba a reducir el número de casillas. Luego, el asunto se salda con 500 millones “ahorrados”, lo que hace pensar que, como cualquier proveedor privado de servicios, descuenta dos tercios en la factura, pero brinda solo la tercera parte del trabajo que se requería. Sin embargo, como desde el principio se afirmó en el INE que no era necesario instalar tantas casillas como en la elección federal, sino sólo una parte de ellas, un tercio, digamos, ¿dónde iban a ir los restantes mil millones, más los 500 ahorrados? Otra discusión consiste en si serán suficientes las casillas que se van a instalar. Lo veremos pronto.

En el Instituto Nacional Electoral ningún dinero alcanzaría para todo lo que se quiere gastar con o sin necesidad. El Estado mexicano creó un enorme aparato oneroso y poco eficaz, mediante acuerdos entre los partidos políticos, como pretendido instrumento que garantizara la equidad, legalidad y transparencia en los procesos electorales.

Las veces que la Cámara de Diputados no le ha autorizado la totalidad del dinero solicitado, el INE siempre ha tenido suficiencia y, además, se ha demostrado que, aún con menos presupuesto, hubiera logrado hacer esencialmente lo mismo. En el INE, el derroche siempre ha sido una de sus costumbres, una manera de repartir dinero.

El grupo de regidores del INE siempre ha dicho que la Cámara de Diputados le recorta el presupuesto. Sin embargo, no se le puede quitar a una entidad pública lo que nunca se le ha acreditado y ministrado. Lo que hace la Cámara es negar solicitudes groseramente exageradas y tratar de evitar los gastos más inflados que caracterizan al INE, empezando por los sueldos ahora inconstitucionales. Aún así, como lo demuestran los 500 millones que tenía Córdova debajo del colchón cuando estaba pidiendo 1 500, el INE sigue siendo dispendioso.

Esta situación contrasta con la ineficacia de una institución que jamás entrega resultados electorales completos y validados antes del cuarto día después de la jornada electoral. Medalla mundial al demérito.

En 2015, el jueves posterior a la elección (10:43 horas), cuando todavía existían conteos distritales en curso, el Sistema de Cómputos arrojó el 100.66 por ciento de casillas computadas, luego de lo cual hubo una lluvia de preguntas y protestas, pero sin que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, compareciera ante los medios para informar sobre lo que estaba ocurriendo con el mecanismo de computación nacional de votos. Algo también muy poco visto en el mundo.

Ese mismo año, cuando se tenía que inaugurar el nuevo sistema de control de gastos de los partidos, fue imposible hacerlo funcionar de acuerdo con la ley porque el contratista había resultado ser un defraudador y no diseñó el programa, sino que durante meses nomás estuvo cuenteándose a los cabecillas del grupo dominante del Instituto.

Es breve la historia del INE como órgano independiente (1996), pero sería muy laborioso escribirla, aunque fuera en versión preliminar. Son incontables las pifias, errores, fraudes, imposiciones, maniobras, chuecuras y abundantes falacias. En 2006, el IFE hizo un cómputo nacional de la elección presidencial que está reservado al Tribunal. En realidad, el IFE-INE carece de épica. Han sido tan sólo 25 años, pero cargados de acontecimientos dignos de ser relatados.

En muy pocos países el órgano electoral tiene un aparato relativamente tan grande. Al margen del sistema de registro de electores que es, en esencia, otra cosa, el INE cuenta con 333 órganos ejecutivos permanentes que funcionan a toda su capacidad sólo cada tres años. Esas juntas tienen direcciones redundantes, al grado de unificar organización y capacitación justo cuando hay comicios, es decir, cuando se acaban las vacaciones. Ni el Ejército está tan extendido. Bueno, ya ni la Guardia Nacional que apenas llegará este año a unos 250 cuarteles y esa sí que tiene que cubrir el territorio durante todo el año.

No existe el menor intento de inventar deficiencias o exagerar errores del INE. Nunca ha sido así. Lo que debe entenderse es que lo delicado de la tarea de administrar los procesos electorales provoca respuestas críticas inmediatas y enérgicas, mucho más cuando, como ahora, existe una especie de mafia burocrática que no discute con nadie y aplica las leyes sin criterio de justicia y de respeto a derechos ciudadanos, con el fin de beneficiar a sus amigos y combatir a sus críticos, entre los cuales destaca el gobierno desde el 1º de diciembre de 2018, pero no antes.

En los argumentos de esa mafia podemos encontrar la práctica de la falacia para atribuir validez a la mentira, como esa de los miles de millones dizque recortados que jamás tuvo el Instituto más que en los papeles de burócratas que, además, se asignan su propio sueldo a despecho de lo que marca la Carta Magna que prometieron respetar.

El INE debería ser un órgano del Estado regido por el profesionalismo, la legalidad y la imparcialidad, garante de derechos ciudadanos y humanos. Quien quiera participar en la lucha política, que se postule, que milite, pero que no convierta en instrumento a instituciones, como el INE, que tienen específico mandato constitucional, pues, al actuar de tal forma, se vive envuelto en falacias, es decir, en intentos incesantes de presentar como verdades sus propias mentiras.

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Oculto debate sobre la consulta popular

La primera consulta popular basada en la Constitución, la que habrá de realizarse el 1º de agosto próximo, vive un oculto debate. Con algunas excepciones, quienes no la quieren, quienes la repudian, quienes la odian, no la pueden cuestionar, por lo que con frecuencia intentan ridiculizarla. El fondo del asunto es que a los reaccionarios (los que buscan volver atrás) no les favorecería combatir directamente el principio que anima la consulta, el cual consiste en que la gente decida, sino que, al aborrecer que el pueblo pudiera llegar a decidir, tienen que refugiarse en la proclamada inoperancia de las decisiones populares.

Unos se refugian en que la pregunta es enredada, pero ésa no la redactaron los convocantes sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que no se atreven, todavía, a combatir. Como no les conviene ir a reclamar a las y los ministros, entonces insinúan que el defectuoso texto de la consulta popular es culpa del gobierno. Pero eso no es lo relevante, pues se va a preguntar si los presidentes mexicanos y sus entornos deben seguir siendo impunes o si eso ya terminó y debemos empezar otra época, en la que no haya impunidad de los poderosos. En realidad, lo que se preguntará es lo más sencillo posible a la luz de tantas décadas de Estado corrupto.

No se puede realmente discutir el contenido verdadero de la pregunta porque los partidarios del No están evadiendo, por un lado, su contenido (por eso pretenden ridiculizarlo) y, por el otro, alegan su inoperancia al decir que el es inaplicable. Pero no están diciendo que la afirmativa es incorrecta o errónea, ya que saben de sobra que la inmensa mayoría de la ciudadanía repudia la inveterada impunidad del poder político.

Los reaccionarios no quieren entrar al debate porque saben que, si lo hicieran, de seguro lo perderían. Es mejor para ellos caminar por el lado de que no se alcance la concurrencia del 40% de la lista para convertir la mayoría en algo obligatorio para las autoridades. Así, sin discutir, sin abrirse a la confrontación de opiniones, los enemigos de la consulta están sobándose las manos para después proclamar su victoria con una presencia en las urnas que no alcance los 37 millones que se requieren. Ellos no irán a votar y pretenden arroparse en los millones que tampoco lo harán pero por muy diversos motivos. Por lo pronto, esos reaccionarios ya tienen “de su lado” a ese 40% que conforma el abstencionismo estructural mexicano, es decir, quienes nunca votan.

Los reaccionarios que se oponen a la consulta popular como método de gobierno y, en concreto, a la consulta del próximo 1º de agosto, no desean discutir nada y consideran que ya van en caballo de hacienda. Su hipocresía, por otro lado, es inigualable: defienden la tradicional impunidad del poder político, pero ésta no la necesitan defender, no tienen que llamar a votar por el No, pues ya tienen de por sí muchos ausentes, aunque no sean en absoluto seguidores suyos.

Más aun, ese nivel histórico de abstención en México es una manifestación de que la falta de canales de expresión popular decisoria. Los reaccionarios que denuestan la consulta pretenden nutrirse de la falta de participación del pueblo en la vida política del país. Pero este defecto proviene de ellos mismos, de su régimen antidemocrático, de la prepotencia del poder durante los años de su dominio, de la impunidad de los gobernantes impuestos y sostenidos por las derechas y sus socios.

La falta de debate sobre la consulta es un medio para que, al no presentar polarización de opiniones, la gente que rechaza la impunidad tenga menos incentivos para ir a votar. Es algo así como tratar de dejar sola a la 4T, la cual no sólo va a votar por el , sino que busca también sacar adelante el proyecto político de instituir y llevar a la práctica las consultas populares.

Como es de suyo entendible, los reaccionarios son portadores de lo más atrasado en materia política. Sueñan con su autoritarismo, cuando todo iba muy bien para ellos. Saben que las consultas populares son mecanismos subversivos que pueden poner en peligro los privilegios sociales de los que han gozado.

Veamos la actitud del PRIAN. No dice nada, sigue callado. No orienta a sus partidarios. No se pronuncia por el o por el No. Tampoco llama a ignorar la consulta. No se mueve, no respira; no vive, pues. Esto se llamaba, en los viejos términos, algo así como una actitud “ladina”.

Los medios de comunicación tradicionales, que son otra columna de los reaccionarios mexicanos del siglo XXI, tampoco llaman a no votar. Mucho menos podrían llamar a sufragar por el No, puesto que eso daría fuerza al Sí, al otorgar a la mayoría el porcentaje de concurrencia total que se requiere para hacer vinculante el veredicto de las urnas.

El vacío es la respuesta de una derecha sin discurso, más hipócrita que nunca, que defiende los viejos privilegios porque cree que puede recuperarse mediante sus propias campañas periodísticas, la suciedad de sus mentiras y el simple paso del tiempo, como si el cambio político que hemos vivido fuera un catarro.

De cualquier forma, millones irán a las urnas a pronunciarse contra la impunidad como sistema. Esa cantidad no la podría lograr para su propia causa la fuerza política reaccionaria del país. Con toda probabilidad, habrá, por tanto, una mayoría ciudadana por el .

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Votar en la consulta popular es obligatorio y necesario

Según el artículo 36.III de la Constitución, además de votar en las elecciones, es obligación ciudadana participar en los procesos de consulta y de revocación de mandato.

El artículo 38.I de la Constitución señala que “la falta de cumplimiento” de esas obligaciones es causal de “suspensión de derechos ciudadanos. Siempre se ha dicho por equivocación que no hay sanción por no ir a votar sin causa justificada. En realidad, lo que no ha habido es la decisión de castigar, de seguro por lo imposible que resulta abarcar a la mitad de la ciudadanía. Pero, lo de fondo consiste en que votar sí es una obligación ciudadana, incluyendo hacerlo en la consulta popular.

Mas la relevancia de la consulta convocada por el Congreso, que se realizará el 1º de agosto del presente año, no estriba en su carácter formalmente obligatorio.

Se trata de la convocatoria a otorgar un mandato popular para romper con una de las peores tradiciones políticas: la impunidad administrativa y penal del presidente y su círculo.

Un periodista me preguntó hace días que si la Fiscalía General de la República (FGR) requería una consulta para investigar y perseguir. Le respondí que no, que es la ciudadanía la que necesita presionar al fiscal, a jueces e, incluso, al gobierno (como posible denunciante) para que se enderecen las chuecuras del pasado con las que los políticos gozaron de impunidad. Se trata, en síntesis, de hacer vinculante (de obligado acatamiento) la exigencia de aplicación de las leyes y eliminación de abusos de poder.

En México, este pronunciamiento popular tendría una trascendencia extraordinaria debido a que se ha padecido un Estado corrupto desde los años cincuenta del siglo XX, el cual siempre fue denunciado pero, en lugar de declinar, se fue profundizando. La corrupción se incorporó a la forma de gobernar, primero, y, después, a todo el funcionamiento del Estado.

También fueron represivos los sucesivos gobiernos durante 60 años. Sus jefes ordenaron en varias ocasiones disparar contra personas que ejercían pacíficamente sus derechos. No sólo hicieron matanzas en actos públicos, sino también torturas, ejecuciones y desapariciones contra personas en forma individual: demandantes, opositores y críticos.

La consulta popular sobre los expresidentes y sus entornos cercanos no es ociosa ni demagógica. Es parte de una larga lucha en la que se ha pugnado en favor de que se declare que esa época va de salida y el Estado, como un todo, va a tener que asumir el encargo popular de ajustar cuentas.

No se busca ver en la cárcel a funcionarios de antes o de ahora, aunque tampoco se repudia la prisión como castigo. Lo importante es que se abran procedimientos que pongan las cosas en claro, que muestren, más allá de rumores y conjeturas, hechos ilícitos trascendentes efectivamente ocurridos dentro del poder.

La consulta del 1º de agosto es un acto político en el pleno sentido del término, es decir, la expresión de la “polis”, el pueblo, ante al poder. Los encargados del Ejecutivo y los legisladores nunca se habían preocupado por preguntar algo a la gente, a la “polis”, sino por interpretarla a su manera para gobernar y dictar leyes. Tiene que haber un momento en el que se rompa esa tradición, a propósito de repudiar lo más lacerante, sangriento y humillante que hemos tenido: el Estado corrupto y el Estado represivo. De esto se trata la consulta popular.

Los opositores no concurrirán. No son capaces de confesar que están por el No. Quieren salir “por peteneras”, descalificar el sentido y la validez de la consulta, buscando que no alcance el quórum suficiente que es del 40% del listado de electores, unos 37 millones, cantidad mucho mayor que la obtenida por López Obrador en 2018.

No será fácil llegar a esa cantidad de votantes. De cualquier forma, con el voto ausente de todas las oposiciones, unidas ahora casi por entero en el PRIAN, más el abstencionismo político, llamado estructural y persistente, el posible resultado de la consulta es todo un enigma, más aún cuando mucha gente desconoce su realización.

De entre quienes concurran, de seguro que una apabullante mayoría dirá . Con una participación, aun menor al 40% de la lista de electores, habrá un dictado popular: abajo el Estado corrupto; abajo el Estado represivo. Esta es una gran lucha, protagonizada por sucesivas generaciones. Seguiremos.

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El INE vs. el derecho a ser elegido

La Constitución confiere a la ciudadanía mexicana el derecho de “poder ser votada… para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley” (Art. 35.II). Este principio proviene del siglo XIX y ha sido el eje conductor del sistema de democracia concursal liberal que ha predominado en el mundo. Pocas veces una autoridad electoral legalmente constituida se ha atrevido a desconocerlo en forma brutal.

El Instituto Nacional Electoral lo ha hecho con una mayoría de seis de sus 11 integrantes. El Tribunal Electoral no se atrevió a rechazar tal pretensión, pero tampoco a convalidarla abiertamente sino en forma vergonzante.

No dar registro es posible si es legal, es decir, si el o la aspirante no cumplen con “las calidades” establecidas para asumir el encargo. Quitar el registro en sala judicial a una persona que ostente constancia de mayoría, también es posible si se demuestra que carece de alguna de las calidades que señala la ley. Pero el grupo que manipula al INE no se apegó al principio de legalidad y mucho menos respetó la Constitución.

No es tan importante a estas alturas el daño personal que le hubieran causado a las y los candidatos, aunque fue posible presumir odio o repulsa en vías de discriminación. Las sustituciones de las candidaturas se hicieron a la carrera y afectaron al partido que se quería obstaculizar, pero eso también ya pasó.

Los municipios, distritos o estados donde el INE operó para descartar a algún candidato ya eligieron y, por lo regular, la mayoría fue obtenida por el partido que era favorito antes de las cancelaciones de candidaturas.

Sin embargo, la cuestión estriba en dos puntos que siguen siendo relevantes. Primero, ya se había otorgado el registro sin que hubiera recurso ante autoridad judicial. Segundo, el precepto que autoriza al INE a retirar la candidatura una vez admitida es inconstitucional y, por tanto, no debió haberse aplicado. Tercero, los motivos del retiro de las candidaturas eran pretextos, a veces burdos, de una autoridad parcial porque fueron casi siempre tiros de precisión.

Lo que sigue y seguirá presente en la vida política de México es que el órgano electoral nacional y el tribunal garante de la legalidad, obligados a observar el principio de constitucionalidad en los actos y resoluciones electorales, como lo señala el artículo 41 de la Carta Magna, hicieron uso del poder que les ha confiado el Congreso para aplastar el derecho al voto pasivo de personas que reunían las calidades requeridas por la ley.

No existe diferencia práctica entre la invención de un proceso penal en contra de un o una aspirante y la cancelación inconstitucional de una candidatura ya registrada, pero los medios usados y el momento en que se realiza la acción sí los hace distintos. En el primero caso se realiza la maniobra en forma de juicio en el plano de la lucha política y se puede responder en ese mismo contexto con la protesta y la movilización popular; esto es algo como el desafuero de López Obrador para impedir su candidatura en el año 2006. En el segundo caso, lo que se tiene es una decisión también política, pero burocrática y súbita, pasada de manos en un órgano judicial con semejante orientación, adoptada desde la frialdad del abuso de autoridad.

Antes, se había impedido el registro de precandidatos por no entregar informe financiero, pero eso caía en otra figura constitucional, relacionada con el derecho de los partidos de solicitar el registro de sus candidatos. Cuando ya se es candidato o candidata se adopta un estatus constitucional diferente, ya se está en el ejercicio formal del derecho de ser elegido y, por tanto, para cancelar el registro se requeriría un procedimiento de juicio, siempre que la Constitución así lo señalara o diera pie para su realización, tal como ocurre cuando un tribunal retira a un candidato o le revoca la constancia de mayoría por no cumplir las calidades de ley. Cancelar un registro legalmente concedido es como suspender derechos ciudadanos, lo cual, ya se ha dicho mucho, no puede hacerse más que en tribunales y mediante una causa formal llevada con todas las garantías procesales. Esto es así en el sonado caso de la candidata panista en Chihuahua que ha obtenido la mayoría de votos y que será gobernadora a pesar de estar sujeta a un proceso penal, pero dentro del cual o en otro cualquiera no se le han suspendido sus derechos de ciudadanía.

Pedir permiso al INE para sostener ciertas candidaturas cuestionadas por algunos consejeros electorales es lo que se implica finalmente, con el agravante de que el Tribunal devolvió el asunto para no mancharse y salió ensuciado por pusilánime.

Lo que ha hecho el INE con la complicidad del Trife tiene muy pocos antecedentes. A partir de ahora, ningún candidato o candidata puede hacer con normalidad su campaña, pues cualquiera puede ser despedido como tal, en cualquier momento, mediante un papel exhibido en sede administrativa, aunque el hecho que lo motiva pueda ser por completo desconocido por la persona invalidada. En el fondo, de lo que se trata es de disolver en una estructura burocrática, devenida en instrumento de rencillas y confrontaciones políticas, el principio constitucional de poder ser votado por el pueblo en las elecciones.

Es tan fuerte el golpe a la democracia concursal, por entero formalista, que mientras el grupo encabezado por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama (ahora ya sin los otros dos mafiosos que eran Marco Antonio Baños y Benito Nacif) continúe en el timón del aparato y del órgano de gobierno del INE, no podrá haber plena vigencia de los principios de independencia e imparcialidad de una de las instituciones básicas del pacto, precisamente concursal, que se firmó cuando el viejo sistema tuvo que dar paso a la legalización de otros partidos y, tiempo después, a la creación de un aparato no directamente gubernamental para hacerse cargo de los procesos electorales. A fin de cuentas, lo que predominó en el IFE-INE fue el esquema PRIAN, profundizado a partir del año de 2003.

Lo que han hecho en el INE con motivo de la desaparición forzada de candidaturas legales es equivalente a los fraudes electorales del pasado, aunque por fortuna sin la trascendencia inmediata de estos. Es claro que ni siquiera pudieron cambiar la orientación de partido del electorado mayoritario en Michoacán y Guerrero, aunque, evidentemente, lo intentaron.

El INE nunca ha sido verdaderamente imparcial, sino que ha asumido una apariencia. La vieja forma en que se designaban a los y las integrantes del Consejo General es una de las causas directas de la parcialidad siempre presente. Ni siquiera se respetaba, hasta el 2020, la legislación en su pura forma. Los consejeros en su mayoría representaban a algún partido: un fraude a la Constitución.

Las dos grandes multas impuestas por el IFE fueron ejecutadas después de años de jaloneos y escándalos, una por mil millones al PRI y otra por cerca de 400 millones al PAN. En ese año 2000, el partido que ganó hizo uso de recursos ilícitos, pero también el que perdió en segundo lugar. No se abrió, por lo demás, ningún proceso penal. Así se produjo la “alternancia”, de lo que deberíamos estar por siempre agradecidos al Instituto, según se ha postulado durante años. Ahora, se le reclama a Morena su rijosidad con el INE y, para contrariar a ese partido, se le echa en cara que su triunfo en 2018 se debió a la conducta del Instituto Nacional Electoral. Así que, según los defensores de la mafia que aún predomina en el INE, el voto sigue sin valer pues sólo es efectiva la autoridad electoral.

Los partidos de oposición estuvieron de acuerdo con la cancelación de algunas candidaturas, muy escogidas, porque, por un lado, les convenía de momento, y, por el otro, confían en que la composición del INE no cambie, al menos antes de dos años, para que a nadie se le vaya a ocurrir cancelarles a ellos alguna candidatura a gobernador mediante la misma transgresión constitucional.

La utilización facciosa del órgano electoral, en cualquier país, es de consecuencias inmediatas. Eso no se permite. En México, ya en una ocasión fue removido todo el Consejo General, encabezado por un tal Luis Carlos Ugalde, por disposición del Congreso, dentro de una reforma de carácter constitucional. Pero, después de fraude consumado, ¿ya para qué?, preguntaron algunos. Se trataba de conformar un nuevo órgano imparcial con nuevas normas, sin embargo, volvió a fallar el intento.

Más allá de sus relaciones con el grupo mafioso del INE, a los partidos que van a seguir existiendo y actuando en la lucha política, les convendría un replanteamiento completo de la autoridad administrativa electoral, su forma de integración, su estructura y algunas de sus funciones, para dejar atrás el esquema de institución política de pretendida sapiencia académica, en la que supuestamente debía asentarse su independencia e imparcialidad.

Como gran conglomerado burocrático, el INE actual no es necesario sino oneroso. Se requiere un órgano técnico imparcial, eficaz y eficiente, y con tamaño exacto para cumplir sus funciones permanentes. Un simple ejemplo de ineficiencia: hasta hoy, jamás hemos tenido resultados completos en la noche del día difícil, es decir, el de la elección, sino hasta cuatro días más tarde. Aquí también se podría lograr lo que, sencillamente, ocurre en tantos países.

Tendría que haber una refundación institucional, para que nunca jamás la autoridad electoral pueda escupir impunemente al rostro de la Carta Fundamental.

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Que se vote la luz

En estos días, España vive una crisis tarifaria de electricidad. Son casi las tarifas más elevadas que se hayan tenido. Eso ocurre también en otros países europeos. Pues bien, como se sabe, en el país ibérico la tarifa varía según la hora del día (hay tres periodos) y se fija diariamente. Los usuarios nunca saben por cuánto llegará el recibo, pero no por las variaciones en su propio consumo, sino por las tarifas bailarinas que azotan a la sociedad española. Además, la derecha estableció fuertes cargas impositivas y la izquierda ya no sabe como salir de ese enredo.

El sistema mexicano no es como aquel porque hay una empresa del Estado que tiene el monopolio de la transmisión y distribución de electricidad, lo cual protege a los consumidores, pero también existen, como en España, tarifas mayoristas bailadoras.

Al mismo tiempo que transmite y distribuye electricidad, nuestra empresa pública es la mayor productora, incluyendo energía llamada limpia. Hasta aquí, todo bien. Los problemas empiezan con el trato preferente que el Estado brinda a los productores privados. Como se sabe, las reformas neoliberales de energía se hicieron como un robo a la nación, pero no sólo en materia de hidrocarburos, sino también en electricidad.

En síntesis, el Estado entrega subsidios virtuales a productores privados mediante reglas expedidas por los neoliberales cuando ellos gobernaban.

Para abandonar esa política de subsidios, el Congreso aprobó, por iniciativa del Ejecutivo, modificaciones de ley. Hay, sin embargo, un par de jueces que las han derogado, en los hechos y por lo pronto, mediante la figura de suspensión definitiva dentro de juicios de amparo, lo cual, por cierto, también debería llevar a más claras reformas legales.

En realidad, al aplicar ciertos principios sobre la competencia económica establecidos en la Constitución, los jueces han podido hasta ahora violar la misma Carta Magna en su artículo 27, el cual no sólo determina que corresponde a la nación el servicio público de transmisión y distribución, sino el control del sistema eléctrico nacional y que serán las leyes las que fijen los términos en los que el Estado pueda celebrar contratos con particulares, mismas leyes que, además, determinarán la forma en que los particulares puedan participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Se está hablando, por tanto, de facultades constitucionales del Congreso.

Las recientes reformas legales en materia eléctrica se hicieron para eliminar los subsidios que se habían introducido por los neoliberales en la ley. Luego entonces, han de tener la misma validez que alguna vez tuvieron aquellos preceptos aprobados por el PRIAN. La cuestión es que los jueces militan contra la 4T y son quienes dicen el derecho, con o sin razón.

Por ello, Andrés Manuel López Obrador está planteando una modificación constitucional para saldar el problema, de tal manera que no pueda erigirse la competencia económica en obstáculo a para que el Congreso, a través de la ley, ejerza a plenitud las capacidades legislativas que le confiere actualmente el artículo 27 de la misma Carta Magna.

Sin embargo, no se observa una actitud de apertura mental en las oposiciones y menos después de las elecciones en las que fracasó su pacto de sangre. Ellos defienden los intereses de las empresas privadas de electricidad y están de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial y la Canacintra (es difícil entender la posición de esta cámara industrial), con el objeto de mantener los subsidios virtuales del Estado.

El mecanismo para aprobar la nueva reforma de la industria eléctrica, garantizar la estabilidad de tarifas e impulsar el crecimiento de todo el sector, sería convocar a una consulta popular en términos del artículo 35-VIII de la Constitución.

La institución de la consulta popular está hecha para resolver una divergencia en un asunto de alta trascendencia e interés nacionales. Usar este método sería lo más conveniente ante la resistencia a dejar atrás mecanismos incubados en el seno del Estado corrupto que azotó al país y de la política neoliberal que arruinó al Estado y empobreció a los trabajadores.

La consulta popular puede realizarse una vez por año y es factible hacer varias en un mismo día, con tal de que sean de temas diferentes.

Las limitaciones de la consulta sólo son los temas relacionados con restricción de derechos humanos; la República representativa, democrática, laica y popular; federalismo; materia electoral; ingresos y gastos; revocación de mandato, que es otro procedimiento; sistema financiero; ingresos, gastos y presupuesto; obras de infraestructura en ejecución; seguridad nacional; y organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Así que cabe perfectamente el tema de la industria eléctrica y las bases para hacer respetar el “control del sistema eléctrico” de parte de la nación, con todo lo que esto implica, según dice ya el texto de la Constitución.

Si fuera necesario modificar la Carta Magna sobre la competencia económica, entonces ese sería el tema de la consulta, de tal manera que se dejara absolutamente claro que es posible que el Estado se niegue a subsidiar a los productores privados de energía eléctrica.

Al respecto, es preciso subrayar que las regulaciones asimétricas de competencia, que se imponen a ciertos conglomerados empresariales con motivo de su posición dominante de mercado, se refieren a situaciones en las cuales los otros participantes, es decir, competidores, tienen un ámbito de acción ilimitado, pueden vender o prestar servicios a quien sea. En la industria eléctrica, existe por disposición constitucional un solo ente que se encarga de la transmisión y la distribución, de tal manera que, aplicarle a éste reglas asimétricas, necesariamente lleva a obligarlo a comprar a otro o a realizar el producto de otro, siempre en detrimento de la empresa pública pero sólo por ser pública.

La “libre concurrencia” no ha operado en el mercado eléctrico mayorista porque hicieron las normas para que la electricidad de ciertos productores se vendiera primero y, también, para que el Estado estuviera obligado a comprarle su producción a otros bajo leoninas condiciones previamente impuestas en contratos.

Desde los años cuarenta del siglo pasado, la nodriza del sector paraestatal tuvo modalidades, una de las cuales fue comprar a ciertas empresas los insumos y vender a otras a precios subsidiados, pero ahora tenemos casi todas las variantes en un solo instrumento, más la obligación de asumir toda la producción de los supuestos competidores. Ahora, se apoya a empresas privadas otorgando una especie de seguro de beneficio empresarial, al grado de que ciertos productores de energía ganan en México una tasa inalcanzable en cualquier otra parte del mundo.

Por otro lado, es falso que el tratado comercial de América del Norte impida el establecimiento de regulaciones en materia de energía, pues la Constitución, en esta materia, quedó expresamente a salvo, es decir, lo que dice hoy y lo que llegue a decir en el futuro.

Lo mejor sería convocar a una consulta popular para 2022, luego de la primera que vamos a tener el primer domingo de agosto del presente año sobre el tema de acciones contra los expresidentes.

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Derechos Humanos en la Constitución

INTERVENCIÓN DEL DIP. PABLO GÓMEZ EN LA MESA DE DIÁLOGO “REFLEXIONES A DIEZ AÑOS DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS”

10 de junio de 2021.

El coloquio sobre la génesis del actual texto constitucional relativo a los derechos humanos, al que hemos sido convocados por la Cámara, se realiza el día del 50 aniversario de la masacre del 10 de junio de 1971. La coincidencia obliga a ligar este hecho violatorio de los derechos humanos con la efeméride a examen porque es el mismo tema.

La matanza del “Jueves de Corpus” es uno de los actos de violación de derechos humanos realizado en el espacio público y con el mayor cinismo por el régimen represivo del priismo que azotó al país durante décadas. A través de esos años, el Estado mexicano fue un violador persistente de los derechos humanos con múltiples atentados en diversos espacios, miles de víctimas mortales, presos políticos, desaparecidos y perseguidos. En aquel estado de permanente violación de derechos, las masacres fueron muy relevantes no obstante la normalización del régimen represivo impuesta por la fuerza, la amenaza, el miedo y la impotencia. Sigue entre nosotros la impronta de las matanzas públicas dejada en la conciencia nacional.

El jueves 10 de junio de 1971, el presidente de la República y el jefe del gobierno de la ciudad decidieron enviar a las calles a su propio grupo parapolicial, denominado “los halcones”, con el propósito de matar, lesionar y detener estudiantes. Cuando los gobernantes ordenan asesinar personas cometen un delito gravísimo y, al mismo tiempo, ubican al Estado en la situación de violación extrema de los derechos humanos.

A la luz de los conceptos constitucionales anteriores a la reforma del artículo 1º  de la Constitución del año de 2011 y del código penal de entonces, así como de los tratados firmados por México, quienes ordenaron y ejecutaron la matanza, como todas las demás llevadas a cabo bajo el mismo esquema del poder priista, debieron ser enjuiciados. Sin embargo, el juicio abierto al entonces presidente Luis Echeverría, muchos años después, fue cancelado al declararse que el homicidio había prescrito.

Pregunto. ¿Comete simplemente el delito de homicidio quien ordena desde el poder una matanza contra un grupo de la sociedad? En ningún tribunal independiente y decente del mundo se hubiera admitido esa especie. Más de 30 años después de la Matanza del Jueves de Corpus, el Poder Judicial de la Federación volvía por el camino de la violación de los derechos humanos involucrando de nueva cuenta al Estado mexicano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su lado, nunca se ha pronunciado frente a la denuncia presentada contra esas violaciones. Ha ocurrido lo mismo que en otras masacres del régimen priista, como la del 2 de octubre de 1968: negativa a la acción judicial y total impunidad.

Cuando se redactó en el Senado el segundo párrafo del actual artículo 1º de la Constitución, aquellas matanzas estaban en el recuerdo de al menos algunos senadores y senadoras, pero no sólo, sino también las largas décadas de negación de libertades y derechos que siempre habían formado parte de la Constitución o que se encontraban en los tratados suscritos por México, todo lo cual ya integraba el sistema de derechos humanos. Nada de eso fue respetado bajo los gobiernos del PRI, los cuales fueron interrumpidos desde el año 2000 hasta el 2012, pero tampoco estuvo claro que en la nueva situación política nacional tuvieran vigencia plena los tan invocados derechos humanos.

El contenido de ese segundo párrafo del artículo 1º constitucional, cuya aprobación y puesta en vigencia ha sido considerado histórico, fue necesario porque en el Estado mexicano no se respetaban por lo regular los derechos humanos, al grado de ignorar el alcance de las normas y la obligatoriedad de los tratados internacionales, al tiempo que se prefería el interés del Estado por encima de la debida protección de las personas.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Se produjo entonces un debate soterrado pero que se quería utilizar como medio para detener el nuevo texto. Juristas y legisladores conservadores opinaban que era inaceptable ubicar en el mismo plano a la Carta Magna y los tratados, debido a que eso llevaba a admitir también las derivaciones de estos últimos. El origen diverso de los textos constitucionales y de los tratados era también un argumento. Por parte de los adversarios, se dejaba de lado que la reforma hablaba de los tratados internacionales de la materia de derechos humanos y no de todo instrumento, y que, además, para ser aprobados por el Senado, deben ser congruentes con la Carta Magna mexicana.

El principio de progresividad de los derechos humanos, incorporado en el siguiente párrafo, el tercero, es también una clave, ya que, al suscribir México nuevos tratados en la materia, se puede lograr que los derechos humanos se amplíen y se mejoren sus garantías, sin necesidad de realizar a cada paso una reforma constitucional.

En realidad, mucho de lo que dice la Constitución saldría sobrando si en México hubiera habido un Estado democrático de derecho. Pero no lo hubo. Así que debía ser incluido todo lo posible, aunque fuera obvio, como eso de que toda autoridad tiene obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, claro que “en el ámbito de sus competencias”.

Se agrega en el párrafo tercero: “En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley”. ¿Por qué este párrafo? Es que ordena que se haga lo que no se había hecho, debiéndose hacer. Al incluir lo de reparar, sí se agregaba un concepto que, aunque no era del todo nuevo, quedaba incorporado ya al bloque de derechos humanos directamente.

La impronta del régimen priista ha sido tan profunda en el México de la segunda mitad del siglo XX e, incluso, hasta nuestros días, que hay que repasar las líneas una y otra vez. La arbitrariedad es prima hermana de la corrupción y, con ambas, el Estado de derecho no puede funcionar. Al menos, así fue en México.

Volver por tercera vez al tema de la discriminación en el siglo XXI era algo como para pensar de nuevo sobre lo que había sido el país. Pero se tuvo que reescribir el último párrafo del artículo 1º, aunque se sostenía que desde el siglo anterior había quedado prohibida toda discriminación. La homofobia supuestamente no existía para el Estado, pero a algunos miembros del PAN no les gustó, en esa tercera vuelta de 2011, que a la palabra “preferencias”, como posible motivo de discriminación prohibida, se le agregara la de “sexuales”, para dar concreción y exactitud al texto anterior que dejaba el tema vago. Ahora, habría que sustituir “preferencias” por “orientaciones” para dar a la expresión un completo significado.

Durante muchas décadas, en México siempre estuvieron en vilo toda libertad y todo derecho, así como sus respectivas garantías. La menos atropellada era la libertad de comercio. Fuera de ésta, que a veces no se podía tampoco hacer valer, las demás eran “relativas”, al extremo de que podían o no ser respetadas por el Estado. Existía, si acaso, una democracia de mercaderes, cuyas huellas están aún entre nosotros. Peor situación existía en el campo de los derechos humanos propiamente dichos.

Esto me lleva a cerrar este comentario sobre la reforma de 2011 con el punto con el que arranqué. ¿Por qué Luis Echeverría y Alfonso Martínez Domínguez hubieron de ordenar a los halcones que dispararan contra los estudiantes aquel trágico 10 de junio, hace 50 años exactamente? La represión contra el movimiento de 1968 era un dato constante en aquellos días. Los estudiantes buscaban reivindicar su libertad de manifestación y protesta. El gobierno estaba decidido a impedir la marcha de los jóvenes y tenía a los halcones como cuerpo no uniformado que podía infiltrarse para provocar o reprimir. Sin duda alguna, Luis Echeverría y Alfonso Martínez Domínguez urdieron personalmente un plan para disfrazar la represión violenta y sangrienta como enfrentamiento entre estudiantes que supuestamente rivalizaban. Así lo declaró el regente de la ciudad a los periodistas, quienes, sin embargo, no le creyeron una palabra porque habían atestiguado otra cosa por completo diferente. El propósito político de fondo era decretar por vía de hechos que el derecho de manifestación seguía cancelado en México bajo posible pena de ejecución extrajudicial. Punto.

No fue la intervención de autoridad alguna desde donde se hizo posible voltear de cabeza la versión del gobierno, sino mediante el testimonio de varios reporteros. Además, había fotos y películas. El regente fue removido y, poco después, el PRI le colocó como gobernador del estado de Nuevo León, de seguro en agradecimiento por los servicios prestados en el mantenimiento del régimen represivo y antidemocrático del priismo nacional, contrario a los derechos humanos.

La historia del texto vigente del artículo 1º de la Constitución es una historia de sangre, represión, persecución, desapariciones forzadas, prisión política y, al mismo tiempo, de luchas sucesivas contra el oprobioso sistema priista. 50 años después de aquel 10 de junio, el PRI sigue sin hacer la crítica, mucho menos ha pedido perdón, por las represiones del siglo XX, ni por aquellas de ya entrado el XXI, realizadas desde sus sucesivos gobiernos federales y locales. Esto dice mucho, pero no sólo en cuanto a la siempre inexistente autoridad moral de esa corriente política, sino respecto de su presente.

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Victoria de los maldecidos

El resultado nacional de las elecciones del 6 de junio otorga una victoria a la 4T. A pesar del alto grado de unidad de casi todas las oposiciones (PAN, PRI et. al.), éstas no pudieron obtener la mayoría electoral más que en 109 de los 300 distritos electorales del país y en dos estados de los 15 en disputa.

La unidad del PRIAN ha sido un fracaso debido a que quedó lejos de alcanzar el objetivo que ella misma se asignó: ganar los estados con elección de gobierno y alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados, a partir de lograr el mayor número de distritos uninominales.

La actual mayoría parlamentaria pasará de tener 313 curules a contar con unas 279, de un total de 500. El PRIAN pasará de 146 asientos a unos 197 en la próxima legislatura. Con las curules de Movimiento Ciudadano (24), la oposición gozará de un “frente de contención”, como se autodefinen los opositores, con una minoría de 221, suficiente para abrir el diálogo, si es que ahora, por fin, lo decide, lo cual en verdad está por verse. La unidad sí les rindió frutos, pero no es lo que buscaban: fallaron.

Ahora bien, no todo son fanfarrias para la 4T. La victoria de la coalición Juntos Hacemos Historia (JHH) también se debe a su concentración electoral, es decir, con un porcentaje semejante de votos que el PRIAN, la 4T alcanza la mayoría parlamentaria y pasa a contar con una mayoría de gubernaturas.

El mayor problema imprevisto de la 4T ha sido la región centro-poniente del Valle de México y algunas zonas metropolitanas como la de Puebla. Ha sido en tales lugares donde dio mayores resultados la opción PRIAN. Por una parte, Morena perdió electores que, aunque no iban a votar por la oposición, sencillamente no quisieron votar. Por otra parte, existe una franja del electorado que no es propiamente de derecha, sabe usar su voto contra el gobierno y lo usó. Quienes se abstuvieron críticamente, como quienes cambiaron el voto por el PRIAN, especialmente en favor del PAN que creció en términos absolutos, no son en sí mismos suficientes para ganar una elección, pero en este momento fueron la franja decisiva.

La alianza opositora es muy fuerte, tiene caudales electorales que vienen de mucho tiempo y en algunos lugares sigue siendo funcional el clientelismo focalizado, preferido por el PRI y el PAN durante décadas. Cuenta con medios de comunicación y se beneficia de las permanentes campañas de engaños y calumnias. Tiene de su lado, finalmente, la tradición ideológica de clasismo, privilegios y corrupciones.

Además, la 4T ya agotó el sistema de un solo vocero, el presidente de la República, debido a que desde hace algún tiempo es preciso comunicar con más detalles sobre cada tema y eso no lo puede hacer por completo una sola persona durante dos horas diarias. La difusión y réplica de la 4T necesita refuerzos. Son tan fuertes las arremetidas noticiosas y editoriales contra el gobierno de la 4T, que ya es hora de que ésta, como un todo, intensifique el contrataque cotidiano, aunque eso signifique correr los riesgos del alargamiento del frente de batalla. Asimismo, debe ir mucho más a fondo en las explicaciones de lo que se está haciendo desde el gobierno y el Congreso.

La poderosa fuerza opositora del PRIAN perdió de vista que Morena era la oposición en los estados gobernados por los viejos partidos. En 10 entidades, la 4T arrebató el gobierno al PRIAN. En otra más, refrendó su mayoría. En dos estados hubo una nueva especie de candidato independiente, arropado por un partido político (PVEM-PT en San Luis y MC en Nuevo León). El PRI perdió todo. El PAN fue removido en dos de las 4 entidades que gobernaba. Michoacán se inoculó de una especie de peste política. Morena será quien gobierne la mitad de los estados. Se ha producido un cambio en la estructura de los poderes locales.

De 32 gubernaturas, Morena tendrá ahora 17; PAN, 8; PRI, 4; las otras tres están adscritas al MC, con dos, y una al PVEM. Se abre una relación de fuerzas en el plano regional. La 4T ha salido victoriosa, a pesar de que perdió 6 alcaldías que gobernaba en la Ciudad de México y 11 distritos electorales federales, así como la mayoría en el Congreso local. Este golpe no es menor.

En cuanto a los congresos, Morena tendrá mayoría en 18, mientras el PAN en 7 y el PRI en uno solo, al igual que el MC, mientras en 5 no hay mayoría partidista. Tamaulipas es tal vez una relevante pérdida del PAN (no tuvo alianza con el PRI), tanto por el problema que enfrenta el hasta ahora gobernador, quien ya no tendrá mayoría en la legislatura, como porque tuvo pérdidas mayores en el ámbito de los municipios.

Los maldecidos por las oposiciones políticas, empresariales y mediáticas han salido victoriosos, pero no sólo por haber obtenido la mayoría en la Cámara de Diputados y ganado casi todas las gubernaturas en disputa, sino porque fracasó en lo fundamental la política conocida como PRIAN, la unión de los dos partidos tradicionales que han gobernado antes, los portadores del pasado. Era tan seductora esa política ante los ojos de los poderes fácticos y gran parte de la subsistente clase política de antes, que realmente llegó a entusiasmar a muchos, mientras algunos daban ya por consumada la gran empresa de arrebatar la Cámara a la 4T.

Los maldecidos siguen aquí y durante tres años más seguirán siendo maldecidos por unos, aunque bendecidos por otros. Así es la lucha política de los tiempos actuales en México, lucha desenfrenada de intereses.

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Límites del poder y de la libertad

Cuando el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo suspendió en el año 2006 los espots de Vicente Fox, pagados por la Presidencia o difundidos en tiempos oficiales, debido a que contenían programas sociales del gobierno, nadie pudo defender al entonces presidente, con excepción de su partido, el PAN. La ley era concluyente en cuanto a la prohibición de hacer propaganda personalizada (con mención o con la imagen del funcionario), patrocinada por el gobierno.

Se dijo entonces que el ministro Gudiño era el único que en la historia había callado a un presidente. Sí, es verdad, pero no le calló en general, sino sólo le canceló su costosa barra propagandística en radio y televisión, es decir, su propaganda sufragada con fondos federales, que era y es lo prohibido. Fox siguió hablando y diciendo lo que se le ocurría, para que, luego, su vocero tuviera que explicar lo que había querido decir el mandatario. Pero, espots ya no hubo, por decisión de un solo ministro, quien fungía como instructor en la controversia interpuesta por la Cámara de Diputados: cuando Gudiño la admitió, él mismo resolvió en seguida y sin titubeo alguno la suspensión solicitada.

¿El IFE? No era necesario porque sólo hubiera estorbado para el propósito que se buscaba. La ley tenía años prohibiendo a los servidores públicos hacer propaganda personalizada con los programas sociales, pero muchos actuaban con impunidad, hasta que en la Cámara se logró un acuerdo para ir a la Suprema Corte, con la buena suerte de encontrarnos ahí con Gudiño Pelayo en el correspondiente turno.

Luego de la violación de la ley por parte de Vicente Fox y de la suspensión ordenada por el ministro Gudiño, como consecuencia de la cruda moral nacional del fraude multifacético de Felipe Calderón en el 2006, ejecutado con la colaboración del binomio IFE-TEPJF, se modificó otra vez la Constitución en varios aspectos. Además de poner en la calle a los integrantes del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, se llevaron a cabo importantes reformas, entre ellas, la prohibición total de contratar propaganda electoral en radio y televisión por parte de personas físicas y morales. Aquel paquete de adiciones incluyó los últimos tres párrafos del artículo 134 de la Constitución (13.11.2007). Veamos.

“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos” (énfasis añadido).

Si no fuera por el uso convenenciero que se le ha dado a este precepto, no se haría necesario subrayar que se trata del gasto público, el cual debe “aplicarse” con imparcialidad sin sesgos partidistas, y que tal disposición es vigente “en todo tiempo, no sólo durante los procesos electorales.

El siguiente párrafo dice: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que implique promoción personalizada de cualquier servidor público” (énfasis añadido).

La propaganda personalizada, como vimos, ya estaba prohibida en la ley, pero sólo en lo referente a los programas sociales.

El último párrafo del artículo 134 de la Constitución señala que las leyes, todas ellas, las federales y las locales, deben garantizar el “estricto cumplimiento” de los dos párrafos anteriores, señalando las sanciones “a que haya lugar”. Sin embargo, las sanciones no están señaladas en la legislación, sino que, declarada la infracción, debe remitirse al “superior jerárquico”, que por lo regular resulta ser quien impartió antes las órdenes para el uso de recursos públicos en las campañas electorales y la difusión de propaganda pagada en los medios de comunicación. Hasta ahora, casi todo al respecto ha sido un desastre, por no decir que llegó a predominar el fraude bien organizado a la Constitución, con la entusiasta colaboración de la autoridad electoral.

Cuando la Carta Magna se refiere en su artículo 134 a la “propaganda que difundan como tales los poderes públicos”, alude actos organizados, mensajes elaborados e instrumentos definidos en cualquier clase de medio de comunicación, gacetilla incluida. Las expresiones de los diputados y senadores en sus respectivas cámaras, así como en declaraciones y conferencias de prensa, etc., no podrían considerase como actos de propaganda oficial, independientemente de su contenido. Lo mismo podría decirse de los pronunciamientos de ministros, magistrados y jueces. Así también, las declaraciones directas, boletines de prensa, entrevistas o respuestas de los servidores públicos del Poder Ejecutivo no constituyen propaganda oficial, es decir, sufragada por el Estado, por lo que sería indebido integrarlos al concepto de “propaganda personalizada”, aquella que ya estaba prohibida en la ley de la materia en relación con los programas sociales y que violó Vicente Fox mediante la difusión de espots propagandísticos pregrabados y reproducidos en radio y televisión por cuenta del erario.

Queda claro entonces que siempre está prohibida la propaganda personalizada y que ésta se refiere a instrumentos precisos, predeterminados y pagados de difusión, pero en forma alguna a toda manifestación de ideas de los servidores públicos.

Ahora bien, el artículo 41 en su Apartado C suspende, durante el tiempo de campaña electoral, la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental de los poderes federales y locales, así como de todo otro ente público. Excepciones: campañas informativas de las autoridades electorales, servicios educativos, salud y protección civil.

Si el concepto de propaganda del artículo 42 es el mismo que el del artículo 134, es sencillo definir que se trata de mensajes predeterminados, continuos y patrocinados en medios de comunicación mediante contrato. Como es entendible, no estamos hablando, por ejemplo, de conferencias de prensa y coloquios para responder o criticar al gobierno en los que participa con frecuencia, aun en tiempos electorales, el consejero presidente del INE, organismo éste que también tiene prohibido hacer propaganda personalizada. Cada cual tiene derecho a decir lo que quiera, pero sin patrocinio público. Así está la norma.

Ahora bien, el artículo 7º de la Constitución comprende un concepto que se considera como un derecho humano, es decir, no es una regulación administrativa: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.” Esta “inviolable libertad” fue introducida en el año de 2013, en relación con toda difusión de “opiniones, informaciones e ideas, a través de cualquier medio”, ampliando así la libertad original de “escribir y publicar escritos”, la cual resultaba estrecha ante el desarrollo de los medios electrónicos. El precepto tiene mayores alcances, pero para el propósito del presente texto debe concluirse que es parte del capítulo primero de la Constitución: “De los derechos humanos y sus garantías”.

Las limitaciones contenidas de los artículos 134 y 42 de la Constitución se refieren a entidades y servidores públicos. Son limitaciones administrativas, pautas de comportamiento del Estado. Es evidente que si un funcionario declara algo y paga una gacetilla para difundir su mensaje, en realidad está actuando ilegalmente como parte de un ente público, en ejercicio de sus capacidades administrativas. Varios gobernadores lo siguen haciendo con frecuencia: actúan fuera de la ley sin que haya autoridad que intente impedirlo; el IFE-INE siempre se ha rehusado a hacerlo. Quizá necesitemos otro Gudiño Pelayo.

Un problema complicado surge con aquella información que se debe tener a disposición del público a través de los instrumentos propios de la oficina correspondiente, que incluye lo que los funcionarios dicen en público durante su desempeño. Si esto no se difunde desde su origen y en el medio oficial propio, cualquiera puede reclamar su publicidad conforme al artículo 6º de la Constitución, el cual fija la garantía de este derecho en el “principio de máxima publicidad”.

Ahora bien, todo gobernante tiene el deber político de no atribuir los programas sociales y las inversiones públicas a su persona, aun cuando no lo haga a través de mensajes institucionales patrocinados. Al mismo tiempo, administradores y legisladores también tienen el deber político de explicar y defender su política de gasto y los actos conducentes.

Así mismo, todo gobernante tendría que abstenerse de hacer propaganda electoral directa a favor o en contra de un partido o candidato, pero no porque la ley lo obligue actualmente, sino porque se trata de una regla no escrita, aunque en su origen la impuso el poder que movía todo y escondía la cara: patrocinaba campañas con fondos públicos, pero no llamaba a votar abiertamente por sus candidatos.

Se dice que México debe construir una democracia “avanzada”, etc., etc., pero que, por lo pronto, el presidente no debe tener espacio para opinar sobre temas electorales. En casi todos los demás países es normal que los gobernantes llamen a votar por los candidatos de su partido, acudan a actos electorales e intervengan en debates. En Estados Unidos se llega al extremo de que el presidente usa los recursos materiales y humanos que tiene a su disposición para estar físicamente presente en las campañas electorales, mucho más cuando él mismo es candidato. Esto último no funciona de la misma manera en Europa.

En México, antes de ahora, la política era peor debido a la simulación mediante el engaño que no engañaba a nadie, pues todo se sabía. Era la hipocresía de un sistema por completo corrupto.

Entre el INE y el Tribunal Electoral se siguen haciendo bolas con el término de “propaganda gubernamental”, que es, en realidad, la que se encuentra regulada. Habría que poner en algún lugar visible qué cosa es ésta exactamente. Pero lo mejor sería superar la impronta de hipocresía que nos agobia, terminando, al mismo tiempo, por completo y para siempre, con el uso de recursos públicos en las campañas electorales, el cual abarca la compra de votos.

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Pacto legislativo opositor

La coalición opositora, conocida como PRIAN y denominada “Va por México”, ha lanzado un decálogo para conducir su próxima política unificada en la Cámara de Diputados. Veamos.

1.Ejercer funciones de control sobre el Ejecutivo. Las oposiciones actuales no han creado en el Congreso una sola comisión investigadora durante casi tres años, pudiéndolo hacer por disposición de ley. Es la primera vez desde 1978, cuando se creó la figura, que ocurre esa inexplicada anomalía. Han rechazado también la iniciativa de Morena para que dichas comisiones cuenten con mayores atribuciones y puedan abarcar todos los temas de interés público.

2. Equilibrio de poderes. La Constitución establece la existencia de ramas del poder con facultades diferenciadas (Art. 49), pero no se menciona un “equilibrio”. Los poderes no sólo son, por lo demás, el Ejecutivo y el Legislativo, sino también el Judicial. Ninguno de tales poderes ha invadido la esfera de otro en los últimos años, sigue habiendo “división”, lo que no impide que exista discusión pública entre ellos, la cual continuará en tiempos de “inviolable libertad de difundir opiniones, información e ideas” (Art. 7). La Constitución tampoco indica que debe haber obligatoriamente enfrentamiento político entre el Legislativo y el Ejecutivo. Los jueces, por su lado, seguirán dictando sus resoluciones con libertad, aunque también son responsables de sus actos según la Carta Magna.

3. Presupuesto incluyente. No al clientelismo. Volver a la política de atomización del gasto público y de los “moches”, la cual era precisamente “incluyente” para muchos políticos en el reparto de fondos y en la corrupción inherente, sería una de las mayores concesiones que se pudiera hacer hoy al Estado corrupto, el cual está siendo combatido por el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo. En cuanto al clientelismo, este funciona cuando la política social y los subsidios benefician a sectores o empresas seleccionadas. La actual política social se basa en programas universales o que abarcan a grandes segmentos. El clientelismo fue lo que predominó durante los gobiernos priistas y panistas.

4. Respeto a organismos autónomos. Hasta ahora, el Legislativo no ha impedido las funciones constituciones de esas instancias; tampoco está obligado a autorizar exactamente el presupuesto solicitado por las mismas, aunque resulte excesivo. Esos organismos no han visto reducido su gasto en los presupuestos de egresos de 2019, 2020 y 2021. El señalamiento del INE al respecto fue una completa mentira, mientras que los consejeros electorales violan la Constitución en su artículo 127 al cobrar mayor sueldo que el presidente de la República. Por lo demás, tales organismos son sujetos de control parlamentario y sus titulares también pueden ser criticados.

5. Respeto a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Durante los años recientes no se ha producido represión alguna contra la crítica y la libre difusión de ideas a través de cualquier medio. México vive la mayor libertad de prensa de su historia. Los periodistas no están sujetos a sueldos encubiertos del gobierno federal ni del Congreso, de tal manera que son mucho más libres al no existir condicionamientos a sus informaciones y opiniones. El debate, sin embargo, ya tiene tiempo en el país y va a continuar en tanto la libertad es mayor para todos.

6. Dignificar a las fuerzas armadas. No se postula claramente, por parte de las oposiciones, que existan relaciones “indignas” entre funcionarios elegidos de los dos poderes que tienen origen popular y jefes militares, por lo que el verbo “dignificar” no parece tener justificación. La participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública está definida en el decreto de reformas constituciones por el que se creó la Guardia Nacional (26.03.2019), la cual no podrá perdurar más allá de los cinco años a partir de la formación de ésta.

7. Respeto a la legislación electoral y no al totalitarismo. Ningún gobierno anterior respetaba la ley electoral pues todos usaban recursos públicos en favor de sus candidatos. Tenemos hoy el primer gobierno que se ha abstenido de tal conducta fraudulenta. El Congreso, por su parte, ha hecho reformas respecto a los delitos electorales que ahora son graves.

8. Atracción de inversiones, reactivación económica, más empleo, salario digno y respeto a las micro y pequeñas empresas. No se puede discrepar de estos conceptos, pero las oposiciones eluden concretarlos. Bajo la 4T, el salario mínimo se ha elevado 50% real, en contraste con la pérdida de su capacidad adquisitiva acumulada durante los 35 años de neoliberalismo. Estos sucesivos aumentos han tenido repercusiones en las revisiones salariales contractuales y continuarán sin la menor duda. Mientras subsiste retracción de inversiones domésticas, las foráneas (IED), en el primer trimestre del año, han reportado casi 12 mil millones de dólares, lo que no se había visto, para el mismo periodo, desde que el gobierno lleva el registro (1999).

9. Cuidado del medio ambiente y promoción de las energías limpias, en el marco de los compromisos internacionales de México. El carbón y el combustóleo ya deben dejar de usarse en la producción de electricidad, tal como se ha planteado recientemente dentro de un marco de modernización de la industria. El programa más ambicioso de protección del medio ambiente ha sido hasta ahora “Sembrando Vida”, el cual tendrá que ampliarse como gran recuperador y generador de empleo, ingreso y medio sustentable de vida. El país tiene que insistir en el abandono del uso de venenos dañinos a las personas en la agricultura, así como en la contención de las semillas transgénicas, como lo ha definido el gobierno. Las políticas tendientes a la defensa del planeta seguirán sin duda en proceso como ineludibles obligaciones del Estado mexicano. Sin embargo, nada inhibe continuar en la lucha emprendida por el Congreso para doblegar el sistema de subsidios implícitos y explícitos en favor de productores privados de energía, los cuales han sido defendidos con ahínco por parte de las oposiciones.

10. Agenda de género. Las numerosas reformas legislativas sobre este amplio tema han sido promulgadas por el Poder Ejecutivo en los últimos dos años y medio, es decir, ningún decreto fue devuelto al Congreso por parte del presidente de la República. A su vez, el gobierno impulsa la inclusión como elemento de la política pública. Más de 4 millones de mujeres están hoy pensionadas dentro del programa de adultos mayores. El tema de género no se agota en la igualdad formal ante la ley sino abarca principalmente la igualdad sustantiva. Las oposiciones actuales, al votar en contra de la política social, han expresado, al mismo tiempo, su alejamiento de respuestas parciales a la discriminación y opresión que viven las mujeres.

El decálogo PRI y PAN no contiene una plataforma de reformas legislativas. Sus planteamientos son inofensivos cuando no realmente inocuos, en el sentido de que carecen de interés. ¿Por qué?

En realidad, a esos partidos les une la lucha común contra el programa de la 4T. Esto se debe a que ambos están vinculados a través de los dos elementos que Morena combate de cuajo: el neoliberalismo y el Estado corrupto.

La pobreza discursiva se nota, como es natural, en los ataques persistentes, pero también en la mentira sistemática. A la hora de redactar el decálogo del PRIAN, no hubo espacio para la propuesta, mucho menos para escribir una proclama a la nación. Son los tiempos que corren.

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Motivos de un olvido

Los dos grandes factores causales del cambio político del año de 2018 fueron la persistencia del programa neoliberal durante 35 años y del Estado corrupto, el cual fue fundado hacia 1952 y alcanzó apogeos en tiempos del “pensamiento único”. La lucha popular contra ambas catástrofes se manifestó en 1988, aunque antes había tenido lugar en los planos intelectual y político.

Destruir el andamiaje neoliberal y la corrupción, partes engarzadas del sistema político, implica una transformación del Estado o, como dice Andrés Manuel López Obrador, de la vida pública de México. Se trata de un viraje histórico que debe impactar comportamientos y moralidades de amplios segmentos de la sociedad.

La cuestión es de clase, naturalmente, aunque no sólo, pues están presentes varias otras contradicciones. Durante los años del neoliberalismo, el salario mínimo redujo su capacidad adquisitiva en un 70%. Algo semejante ocurrió con otros niveles salariales. La aptitud redistributiva del ingreso a cargo del Estado menguó con los reducidos porcentajes de gasto social directo, es decir, las subvenciones, frente al alza de los subsidios entregados a la “clase política” y a los grandes empresarios. Luego de que se disminuyeran las tasas más altas del impuesto a la renta y se elevara el IVA, el Estado contrajo su capacidad efectiva de recaudación mediante la condonación de impuestos o simplemente por la falta de cobro de grandes masas dinerarias que retuvieron consorcios y personas ligadas al poder.

La inversión pública productiva fue contenida o supeditada a mecanismos de negocios privados financiados bajo la responsabilidad del gobierno para potenciarlos con aportaciones presupuestales directas, onerosas y sin retorno.

En el marco de todo lo anterior, era imposible atender el crecimiento de la deuda pública, la cual se contrataba para sufragar el gasto corriente o las obras que no generaban ingresos públicos, pero beneficiaban a empresas privadas. Pemex fue convertido en un gran agente financiero, encubridor de esa maniobra, por lo que su deuda, que era en realidad del gobierno, se convirtió en un fardo catastrófico de la paraestatal.

El país se encontró bajo una estrategia sin objetivos nacionales y populares. En lugar de producir granos, había que traerlos de fuera porque abundaban en el extranjero y eran más baratos… de momento. En lugar de producir más gas, refinar el aceite e impulsar la petroquímica, había que vender el crudo y depender de importaciones cada vez mayores. La cosa no paró aquí sino que, para destruir Pemex y lograr que grandes empresas se beneficiaran de riquezas nacionales, se pactó una reforma energética entre el PRI y el PAN, no obstante el evidente repudio popular.

Algo semejante se hizo con la electricidad, mediante el impulso oficial a la creación de una red de productores independientes privados que se han beneficiado directamente de la infraestructura de la empresa nacional construida por el Estado.

Millones de hectáreas fueron concesionadas para la explotación minera en un país en el que la propiedad del suelo no otorga derechos sobre el subsuelo, por lo cual el gobierno generó una gran presión sobre los propietarios o usufructuarios de la tierra en amplias regiones del país, los cuales han venido siendo despojados por los concesionarios por la vía de venta, alquiler u otros contratos, generando crecientes conflictos. Además, los derechos de explotación siguen siendo muy bajos.

Todas las privatizaciones, sin excepción, fueron planeadas y realizadas bajo esquemas de corrupción. Se malbarataron las propiedades públicas y se produjeron dobles ganancias ilícitas, las provenientes de comprar a bajo precio y aquellas que se realizaron en forma de mordidas, además de todo un sistema de contratos leoninos.

El gran atraco del esquema Fobaproa-Ipab, con el que se convirtió deuda privada en pública por un importe de 100 mil millones de dólares, sigue causando desembolsos presupuestales cada año con el pago de los intereses sobre la mayor parte del valor de los bonos originales. Las mayores instituciones de crédito beneficiadas con ese atraco fueron enajenadas a trasnacionales, luego de que, naturalmente, los vendedores incorporaran al precio el valor de los bonos. Además, no se pagó impuesto sobre la renta sobre las ganancias producidas por las enajenaciones, gracias a una cortesía adicional del gobierno.

Toda clase de concesiones, estimuladas con mordidas, en favor de familias vinculadas al poder o de empresas extranjeras, invadieron el escenario nacional. En el curso de ese largo y penoso proceso, México fue dejando de tener objetivos estratégicos de carácter popular y nacional.

El gasto público se atomizó y perdió objeto social, productivo y estratégico. La gestión en la Cámara de Diputados consistía en incorporar al Presupuesto gastos inconexos, disímbolos y muchas veces inútiles, para cobrar posteriormente los correspondientes moches a las instancias públicas u organismos privados beneficiados.

El gobierno de Peña Nieto llegó al extremo de desviar recursos de la llamada Cruzada contra el Hambre por sumas de miles de millones a través de la Estafa Maestra.

Centenares de fideicomisos se usaban como reductos de grupos o personas agraciadas, atomizando y esterilizando de tal forma ingentes recursos presupuestales.

Enormes cantidades de dinero presupuestado se gastaban sin causa justificada en prebendas de una burocracia dorada que operaba como propietaria de la cosa pública. Al lado de altas remuneraciones existían fuertes prestaciones en favor de una minoría de servidores públicos, los de mayor jerarquía, mientras la gran masa de empleados percibía sueldos bajos.

Después de muchos retoques a la legislación, los fraudes electorales sólo cambiaron la forma de realizarse, tanto en el plano local como en el federal. El órgano de gobierno del Instituto Nacional Electoral, como el de su antecesor, se integraba con sendas cuotas asignadas a los partidos políticos; ese fue siempre el sello de la casa hasta 2020.

El país estuvo en manos de una oligarquía compuesta de grandes capitalistas y altos políticos. AMLO le llamó la mafia del poder. El Estado corrupto albergaba a unos y otros, por lo que fue posible la edificación de todo un sistema de gestión pública bajo la política neoliberal que era el nudo programático de tan amplia alianza.

La 4T es un mecanismo político de origen popular que empezó a crearse hace poco más de 30 años. Derrotar el proyecto neoliberal y destruir el Estado corrupto es el objetivo, pero eso, naturalmente, implica construir un sistema nuevo. En los primeros tres años, se ha dado inicio a la edificación de instituciones en salud, educación, pensiones, empleo, seguridad pública, justicia, así como sentar bases de un nuevo esquema de distribución del ingreso. La lucha frontal y puntual contra la corrupción se encuentra en las reformas de ley y en las nuevas políticas de la 4T. Con los fondos rescatados se ha logrado cubrir una parte considerable de la política social.

Sería imposible analizar con acierto la presente coyuntura electoral a partir del olvido de lo que predominaba hasta hace poco o de la negación del alcance que tuvo el gran movimiento electoral que llevó a López Obrador a la Presidencia de la República y a la 4T a la mayoría en el Congreso y en numerosas legislaturas locales. La amnesia de las oposiciones, las partidistas y las de medios conservadores de comunicación, es un recurso vano. Se nota enseguida que su programa es el del neoliberalismo bajo un Estado corrupto.

Esos opositores estuvieron tratando de evitar lo que ellos mismos llamaron “AMLO en la boleta electoral”. Por tal motivo tenemos calendarios diferentes para elecciones, consultas populares y revocación del mandato. La separación de fechas fue impuesta por la oposición con su tercio plus en el Senado, ya que son normas constitucionales. Pues bien, después de tanto esfuerzo, los opositores han hecho lo que no querían, es decir, meter al presidente en la boleta a través de su propia incansable lucha de respuestas, acusaciones, noticias falsas, insultos, calumnias y simples difamaciones ad persona. No han parado un momento. Lo que han hecho, sin desearlo, es alimentar contraataques de parte de un gobernante metido en la denuncia política, hasta provocar una vorágine interminable para la cual ellos no estaban preparados. El punto es que han tenido que admitir que son defensores de todas las políticas de antes y del sistema de corrupción, aunque a este último no lo reconozcan abiertamente en su discurso sino sólo de manera implícita. No hay que olvidar que sólo los corruptos menosprecian la corrupción reinante.

El olvido opositor es un mecanismo de defensa política, pero la mayoría de las personas, incluso la base electoral de los conservadores, no ha olvidado nada.

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Falacias de Aguilar Camín

El periodista y novelista Héctor Aguilar Camín acusa a Morena de “ilegalidad rampante”, la cual se expresa, dice, en la “mayoría inconstitucional que ostenta en la Cámara de Diputados la coalición de partidos gobernantes”. Afirma en Milenio (11.05.21) que Morena, PT y PES obtuvieron en las urnas el 43.6% y lograron en la Cámara el 61.6%, debido, subraya, a “la explotación de ciertas áreas grises de la ley electoral”, como lo había hecho el PRI en 2015.

Primer punto: en 2018, la coalición Juntos Haremos Historia (JHH) alcanzó el 45.41% de los votos válidos. Segundo punto: el PES no logró ningún asiento plurinominal y el PT sólo alcanzó 3, ya que Encuentro Social no obtuvo el 3% mínimo de votación, mientras al Partido del Trabajo le aplicaron la cláusula de sobre representación. Aguilar Camín omite decir que la coalición hoy gobernante logró 219 distritos de mayoría (el 73%) y se le asignaron 88 curules de representación proporcional (el 44%).

Ahora bien, si JHH hubiera sido un solo partido, también tendría ahora la mayoría absoluta en la Cámara. La Constituión permite una sobre representación de hasta 8 puntos porcentuales, lo cual no se le ha olvidado a Aguilar Camín, pero no lo quiere mencionar porque no le ayuda a su mendacidad.

Pero no fue así. El tope de sobre representación opera para cada partido político por separado, según lo acordaron PRI y PAN en la reforma constitucional de 1996 (Art. 54. V), la cual no fue criticada en lo más mínimo por el periodista que ahora parece condolerse. De esa forma, el PT casi no logró legisladores de lista plurinominal porque tenía asignada una cantidad de uninominales que no le permitió entrar en el reparto general, es decir, de acuerdo con su porcentaje total: con 2.2 millones de votos, obtuvo 3 diputados de RP, los más caros de la historia. Esto no sólo afectó a ese partido sino a la coalición de la que era parte. Lo mismo se puede decir respecto del PES, el cual no obtuvo ningún legislador de representación proporcional. Pocas veces antes se había aplicado el tope de sobre representación y nunca se había visto un partido que tuviera grupo parlamentario sin participar en el reparto general de curules plurinominales. Ambas cosas ocurrieron en 2018.

En cuanto a la asignación proporcional (plurinominales), Morena logró 85 curules, lo cual representa el 43% de los 200 legisladores de representación proporcional, dos puntos porcentuales por arriba de su votación útil para el reparto. El PAN (39) y el PRI (38) también tuvieron diferencias a favor, debido a que los plurinominales no asignados al PT se diluyeron entre los más grandes.

La coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), vista en su conjunto, fue objeto de una aplicación rigurosa de la ley, pero no se le podía arrebatar a cualquiera de sus integrantes uno solo de sus triunfos de mayoría. Así, el PES, con el 2.5% de los votos, tenía referenciados 55 asientos uninominales que representan el 6% de la Cámara. Al PT, con 4.24%, se le contaron 58 diputaciones, que es más del 10% de la Cámara. Ninguna ley de reparto puede revertir la mayoría de votos en un distrito electoral.

Aguilar Camín no se atreve a entrar en detalles y sólo insinúa que Morena tenía candidatos uninominales disfrazados en PT y PES, con el propósito de evitar que le descontaran lugares plurinominales. Sin embargo, no repara en que nadie previó el resultado de la elección de diputados como para suponer que la coalición de AMLO iba a obtener mayoría en el 73% de los distritos electorales del país.

Ahora bien, el INE calcula lo que se llama Votación Nacional Emitida (VNE), luego de descontar los votos que no intervienen en el reparto de curules de representación proporcional. De acuerdo con ese parámetro se calcula el tope de sobre representación de cada partido. Así, se elabora un Límite Máximo de Curules por Partido, que parte del porcentaje de cada cual más los 8 puntos que permite la Constitución como sobre representación. Morena tuvo 41.33% de VNE, más los 8 puntos, alcanzó el 49.33%, es decir, 243 curules como límite, el cual fue, por coincidencia, casi el número con el que hizo su primer registro como grupo el 29 de agosto de 2018 en la Cámara.

Pero hay algo más que, naturalmente, a Aguilar Camín no le preocupa porque ni siquiera lo ha preguntado. En el supuesto de que al PT y al PES le hubieran contado sólo el número de legisladores y legisladoras uninominales que finalmente se adscribieron a sendos grupos parlamentarios cuando se instaló la Cámara el 29 de agosto, es decir, 60 entre ambos, y los restantes 53 hubieran sido acreditados a Morena, este partido no habría rebasado el límite de sobre representación fijado por el INE, manteniendo, por tanto, las 85 curules que obtuvo por representación proporcional y con un total de 244 diputaciones, frente al límite máximo oficial establecido de 246 (INE/CG1181/2018). Dentro de ese supuesto procesal, JHH hubiera tenido 309 curules (más 5 que no le asignaron al PT), es decir, el 63% que tanto le duele a Aguilar Camín.

Así que las sumas y restas legales de todos los escenarios posibles no les cuadran a los mendaces. No vale nada la fabulosa “teoría de la inconstitucionalidad” de la 4T en la Cámara.

Todo lo anterior no lo analiza Aguilar Camín. Bueno, en realidad él no analiza nada, pero no por falta de fuentes de información, sino porque no le conviene. Su tarea es la de atacar a Morena para ubicarlo en el mismo plano del PRI, el cual metió unos cachirules y se sobre representó en la Cámara en 2015, con la complicidad de varios de los actuales consejeros electorales del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama incluidos en esta lista, sus propios amigos.

Por lo demás, Aguilar Camín tampoco hace saber a sus lectores que existe una ley orgánica en el Congreso, en la cual se establecen las bases de la conformación de los grupos parlamentarios. Según ésta, los y las legisladoras tienen libertad para inscribirse en el grupo que quieran. Muchos diputados y diputadas se han cambiado sin que nadie proteste, al amparo del criterio de la Suprema Corte de que la afiliación a un partido político dentro del Congreso es “libre e individual”. Se ha llegado al extremo de que dos legisladores del PRD se hicieron priistas solo por un día, con el fin de apoyar al PRI en la coyuntura de la elección de la actual Presidencia de la Cámara en 2020, que debía definirse en favor del tercer grupo más numeroso, según la ley.

Así fue como al momento en que se formalizaron los grupos, Morena registró 252, PAN 79, PRI 47, PT 31, PES 30, MC 28, PRD 20, PVEM 11 y sin partido 2. De esa forma, no sólo se produjeron variaciones respecto de las asignaciones realizadas en el INE a los partidos sino también desproporciones. Ningún partido en la Cámara corresponde exactamente con su votación nacional válida emitida.

El sistema mixto con dominante mayoritario (300 distritos uninominales y 200 curules de proporcionalidad) y un tope alto de sobre representación, que se encuentran en la Constitución, hacen que el sistema no sea del todo proporcional. Esto ocurre en casi todo el mundo, incluso con mayores discrepancias entre porcentajes de votos y de asientos parlamentarios por partido.

A reserva de lograr una nueva reforma electoral, que no desean los actuales opositores, amigos todos ellos de Aguilar Camín, un punto relevante por el momento es que los conservadores, como el propio escritor, jamás criticaron el sistema vigente, con excepción de José Woldenberg, ni tampoco dijeron algo sobre los cachirules que introducía el PRI en sus coaliciones. Todo estaba muy bien para ellos hasta que la izquierda tomó el gobierno y la mayoría del Congreso. Empezaron entonces las denuncias, pero falaces.

Las mentiras de Aguilar Camín no son nuevas ni serán las últimas. Lo que no veremos de su parte es una lucha política abierta y honrada.

Nota: Dedico este artículo a Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara, dogmático creyente de la “teoría de la mayoría artificial”, la cual, por lo demás, no le otorgó la menor ventaja en su desempeño.

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“Democracia en peligro”

La democracia mexicana es meramente concursal. Los partidos compiten entre sí por los votos cada tres años y al electorado no le vuelven a decir ni los buenos días hasta que se convoca a nuevas elecciones. En el derredor del torneo electoral no existe democracia. No la hay en escuelas, sindicatos y partidos, como tampoco en las organizaciones sociales, incluyendo las empresariales. Existe un mar de antidemocracias.

El alto grado de politización popular al que ha llegado México no tuvo de crisol la lucha social y menos la educación, sino una sublevación contra esa consistente combinación de Estado corrupto y programa neoliberal. Fue un proceso que duró 30 años.

Medios de comunicación, grupos de intelectuales conservadores y oposiciones unidas han presentado la tesis de que la democracia está en peligro, por lo que, para salvarla, habría que combatir al presidente de la República y a la 4T.

La mayor parte de esos nuevos críticos no han dicho que las libertades estén en peligro. Por más obcecación, no podrían hablar de ese tema porque bajo el actual gobierno tenemos el más amplio espacio que haya existido hasta ahora para el ejercicio de las libertades. Valga un solo ejemplo: al eliminarse el chayote se potenció la libertad de prensa.

No obstante, el Partido Revolucionario Institucional va lejos. Tiene en circulación un espot de televisión donde aparece un gran mazo con el logotipo tricolor del PRI destruyendo por completo un tabique que dice Morena. El locutor convoca a no permitir que este partido siga “colapsándolo todo”. El lenguaje violento suele aparecer como una de las formas de la libertad de difusión de las ideas, el problema es la predecible respuesta de los televidentes. En realidad, el mazo que destruye a Morena con el logotipo tricolor es una manera de presentar al PRI como el más duro dentro de la coalición opositora y disputar de tal forma votos con el PAN, su aliado. Sin embargo, nadie que no sea adversario de Morena hará caso de ese mensaje. Nadie sabrá tampoco cuál es la propuesta legislativa del PRI. La coalición opositora en conjunto no incrementará sus votos, si acaso podría disminuirlos debido al tono tan violento. El PRI ya cayó en la ofuscación.

De cualquier forma, la tesis opositora pretende basarse en la idea de que el Ejecutivo debe ser débil o, al menos, menos fuerte. Se identifica a la democracia con la desavenencia entre el Congreso y el presidente. Sin embargo, el sistema democrático opera justamente al revés: si hay un mandato popular mayoritario, ese debe expresarse en los dos poderes políticos de la República. De lo contrario, habría una disonancia, es decir, el sistema democrático concursal caería en contradicción.

Para esos opositores, la democracia se debería entender como separación política entre el programa del Ejecutivo y el del Legislativo. Pero esa no es la democracia. Si mediante el voto popular, el presidente de la República pierde la mayoría en el Congreso, se produce un mandato y así debe expresarse, pero eso no es un objetivo de la democracia sino de los opositores, a la mitad del periodo sexenal, justamente en la que nos encontramos.

La falsa identificación entre democracia y ausencia de un soporte legislativo del gobierno es una tesis que sólo busca engañar al electorado. En otras palabras, para que subsista la democracia concursal, como la que tenemos en México, no es indispensable que haya un Congreso hostil a la línea del presidente o, como se le llama en Estados Unidos, un “gobierno dividido”.

El punto es que, durante los siguientes años, el programa de la 4T tendría más éxito en tanto contara con mayoría en la Cámara de Diputados. La pregunta es, entonces, ¿la mayoría electoral querrá volver a una situación parecida a la de antes?

Por otro lado, la vieja imagen de los “diputados levanta dedos” que perduró durante los largos años del régimen priista no puede ser actualizada, ya que no existe partido de Estado. La actual identificación programática entre el Ejecutivo y el Legislativo se produjo antes de las elecciones de 2018. Por lo demás, se han expedido más decretos de ley iniciados en las cámaras que aquellos enviados originalmente por López Obrador, sin que éste haya regresado uno solo de aquellos. Este fenómeno no tiene nada que ver con el viejo presidencialismo priista y su caricaturesco intento de reproducción panista.

Salvo un par de excepciones, las negociaciones principales en el Congreso no se han dado entre Morena y las oposiciones, sino dentro de la misma 4T, la cual comprende gobierno y cámaras. Esto ha sido así porque los partidos que ahora ya se han unido para las elecciones (PRI y PAN) se van a fondo en contra de todo proyecto relevante y siempre proponen modificaciones, pero en un sentido absolutamente contrario. Con ese método, no hay lugar para las negociaciones.

No es la incipiente democracia formalista mexicana la que está en peligro. Lo que se decide en las elecciones de junio de este año es el impulso del nuevo programa político y social en curso o la creación de un muro legislativo tendiente a defender y reponer lo viejo. Las cerradas oposiciones políticas, mediáticas e intelectuales han puesto todas las cosas en blanco y negro, aunque en la realidad social cotidiana no sea así. Los grises se han ocultado, al menos por lo pronto. Lo que en realidad se actualiza es la larga lucha de la izquierda contra el neoliberalismo y la corrupción.

Nunca en la historia un presidente de la República ha sido tan insultado por tantos sin la menor represalia contra los soeces. Nunca, tampoco, se han producido tantas noticias falsas contra el gobierno sin que sus emisores hayan tenido que sufrir algún desquite. Lo que tenemos hoy es debate, como nunca. ¿No se ha dicho siempre en todas partes que el debate es un instrumento de la democracia?

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Acabar con el “fuero”

La inmunidad procesal penal de los más altos funcionarios del Estado existe para evitar que unos policías los detengan e impidan, así, el funcionamiento normal de los poderes públicos. Se le llama “fuero”, el cual se cancela cuando la Cámara de Diputados declara que procede la acción penal y separa al inculpado del cargo; es el desafuero.

Durante años, se ha considerado que el fuero es en sí mismo un mecanismo de impunidad. En realidad, ésta se ubicó en cuerpos de policía, procuradurías y juzgados, que operaban por lo regular bajo órdernes del gobierno y protegían a los políticos oficialistas. Sin embargo, el desafuero se enderezó hacia la eliminación política de posibles candidatos. El caso más escandaloso fue el de Andrés Manuel López Obrador, en 2005, ordenado por Vicente Fox y apoyado alegremente por el PRI. Otro memorable caso, pero en dirección contraria, fue mandar al archivo el dictamen en contra del tesorero del sindicato petrolero en el escándalo de Pemexgate, con los votos solidarios de PRI y PAN en San Lázaro.

Fueros y desafueros se han prestado a innumerables desaseos, maniobras, chantajes y negociaciones ilegítimas.

Al integrarse la actual legislatura, en 2018, Morena inició en San Lázaro una reforma constitucional para eliminar el fuero. El sistema de inmunidad procesal penal consistiría en que, ante una inculpación del Ministerio Público, los altos funcionarios protegidos tuvieran que afrontar sus procesos penales como cualquier otra persona. La diferencia sería que ellos se mantendrían en libertad y en funciones durante el proceso, como si estuvieran bajo fianza, según aconseja el principio de presunción de inocencia. Luego que el juez les condenara, perderían su inmunidad y el cargo, por lo que tendrían que afrontar las consecuencias de la sentencia.

Con esa reforma consfitucional se protegería el funcionamiento normal de los poderes públicos, para evitar arbitrariedades y maniobras de autoridades menores dotadas de fuerza coercitiva. Al mismo tiempo, los altos funcionarios serían juzgados de inmediato y, eventualmente, condenados.

La oposición unida votó en contra. Entre gritos de júbilo de los partidos que habían perdido en la reciente elección, no se completaron los dos tercios de los votos necesarios para su aprobación. Ese fue el segundo intento de acabar con el fuero y, consecuentemente, con los desafueros. En ambos, vivimos la acción del PRIAN, que no es expresión retórica, sino palpable realidad política.

Habrá que continuar el esfuerzo de eliminar el fuero tan luego como se instale la próxima legislatura. Por lo pronto, los procedimientos de desafuero concluyen ya en los plazos de ley y sus dictámenes sí se ponen a discusión del pleno de la Cámara, aunque no han desaparecido las maniobras dilatoras y de otro tipo.

Se ha llegado al extremo inaudito de que una juez de distrito concedió una suspension definitiva contra un inculpado, prohibiendo a la Cámara culminar un procedimiento de desafuero hasta que ella dicte sentencia, pero olvidó que las resoluciones de los diputados en esta materia son inatacables, según reza la Carta Magna, lo que también impide, por tanto, detenerlas. La Judicatura tendrá que abordar este asunto.

Por todas partes surgen ahora obstáculos políticos y judiciales para detener cambios y reformas, tales como la industria de los amparos. Resistencias naturales. El problema es definir una estrategia común del Ejecutivo y el Legislativo para encarar las acometidas conservadoras.

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Tarjeta roja vs. derecho de ser elegido

Una licencia de conducir se retira luego de sucesivas infracciones muy graves. Ese documento no es el único medio de ejercer el derecho fundamental de tránsito y movilidad, pero, aún así, su revocación se produce bajo condiciones precisas, especiales y reiteradas. Un registro electoral sí es prácticamente un elemento básico para ejercer el derecho constitucional de ser elegido. Sin embargo, se postula que es posible su cancelación ante una supuesta infracción mínima que pudiera ameritar alguna otra sanción.

La Constitución dice en su artículo 1º que, en la interpretación sobre el ejercicio de los derechos, se debe dar a las personas la protección más amplia, es decir, por encima del punto de vista de autoridad o de otro que provenga del Estado. A esto se le llama principio pro persona.

Con las cancelaciones de varias candidaturas locales decididas por el Instituto Nacional Electoral con motivo de supuestas infracciones de precampaña, se ha puesto en el primer plano del debate el tema del derecho de ser elegido. No se trata de cualquier cosa en un país donde existe una historia de restricciones. Basta recordar el alto nivel de control oficial del registro de nuevos partidos y la anulación automática del voto en las casillas cuando se escribía en la boleta el nombre de un aspirante sin registro. El sistema electoral mexicano actual proviene de aquel donde el derecho a ser elegido no existía para la generalidad de los ciudadanos y ciudadanas.

El hecho de que el INE haya decidido actualizar este asunto, nos habla del enfrentamiento político que tiene lugar a partir de algunos organismos autónomos federales contra los poderes Ejecutivo y Legislativo que surgieron de la elección de 2018, pero en especial de una puesta en duda de ese valor fundamental de la República que estriba en los derechos de votar y ser votado, sobre los que se erige la soberanía popular.

Un antecedente relativamente reciente fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el cual tenía como único propósito impedir que fuera registrado como candidato a presidente de la República en la elección de 2006.

Por lo regular –como es el caso–, cancelar un registro ya concedido cuando el candidato posee los requisitos constitucionales para ser elegido, tiene como único propósito su eliminación y nunca busca la sencilla aplicación de la ley. Para violar el derecho en nombre de la regla, se hace a un lado que en la interpretación sobre derechos siempre se debe favorecer a las personas, las cuales, además, en los casos decididos en el INE, ya estaban en el ejercicio de sus derechos. Cuando, al contrario, se favorece es al órgano de autoridad, al Estado, la mesa de los derechos es puesta patas arriba, deja de servir para lo que fue construida. El funcionario que lo hace no debería seguir adelante porque está actuando contra la Constitución.

Es muy grave que la autoridad electoral administrativa no reconozca la supremacía del derecho de los ciudadanos y sostenga la tesis de que es preciso ejercer la prevalencia de las prerrogativas fiscalizadoras de la autoridad. Nunca un deber oficial puede atropellar un derecho y siempre debe ejercerse aquél dejando a salvo éste.

Una mayoría de seis en el Consejo General sostiene que se debe aplicar sencillamente la ley aunque se atropelle el derecho. “Sacar la tarjeta”, ha dicho el presidente del INE, quien afirma ser “el árbitro”, pero participar en un juego de futbol no es un derecho básico. Sí lo es el seguir siendo candidato cuando se reúnen las calidades constitucionales y, más aún, cuando ya se ha producido el registro legal.

Cancelar el registro electoral es considerado una sanción in extremus cuando se trata de un partido político en reincidencia, pero el INE no lo ha visto así cuando ha querido eliminar a unos candidatos de un partido. No obstante, el derecho al voto pasivo, es decir, a recibir el voto popular, sigue teniendo una jerarquía mucho mayor que las reglas del futbol.

Algunos, al parecer, quieren que regresemos a momentos en los cuales no se respetaba el derecho a ser elegido. ¿Qué se pretende? Golpear a la 4T mediante ataques provenientes de personajes circunstanciales de la política nacional, atrincherados en una institución que, por definición, no podría tomar parte en la disputa por el poder.

No es la primera vez que el INE cae en manos de personas claramente parciales y militantes activos de causas políticas. Ya ha ocurrido antes, con el consecuente daño al país. Ha dicho el consejero presidente que el INE no va a caer en provocaciones ni confrontaciones, pero en realidad es esa institución la que, por mayoría de sus integrantes, ha provocado y se ha confrontado. Cancelar el registro de candidatos elegibles es una provocación pocas veces vista, con la cual el INE se confronta inevitablemente con sus propias víctimas, pero también con los defensores del libre ejercicio de los derechos de ciudadanía.

Las leyes y las instituciones están siempre cambiando, caducan y se forman otras. No las hay perpetuas. Mucho más rápido ocurren cambios de integrantes de los órganos del Estado. Ese no es un problema actual, sino el querer volver a un pasado oscuro en el que el derecho a ser votado se administraba cuidadosamente mediante segregaciones y palomeos, excluyendo a “indeseables”.

Tal cosa es lo verdaderamente grave. No hay el menor motivo válido para conducir al país a ese barranco.

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Los gobiernos están en la campaña electoral

Cuando en México había partido-Estado no había elecciones libres. Por eso, no era necesario que el gobierno participara declaradamente en los procesos comiciales, ya que los dirigía de principio a fin. El presidente de la República designaba a todos los gobernadores y a la mayoría calificada de las cámaras (senadores, todos), pero jamás llamaba al pueblo a apoyarle dando el voto por su partido.

En el momento que el jefe del Ejecutivo empezó a ser una persona cada vez más desprestigiada y se iniciaba la competencia electoral, el presidente callaba para deslindar a su partido de sus personales repudios, aunque seguía controlando el proceso electoral y hacía toda clase de fraudes.

Sin embargo, poco a poco la gente empezó a decidir su voto en función de la calificación que le daba al presidente en las elecciones intermedias. El número de 260 diputados de Carlos Salinas fue producto de un fraude en las urnas y en el tercer piso, pero Ernesto Zedillo fue el primer presidente que perdió formalmente la mayoría en la Cámara de Diputados y, aunque no hubo entonces un partido con mayoría por sí mismo, las oposiciones empezaron a hacer algo para hacer valer el dictado popular.

El PAN nunca tuvo mayoría y cedió casi todo al PRI en el largo y penoso camino hacia el PRIAN, con el cual se profundizó la corrupción y se afianzó el neoliberalismo. Así fue como se concentró el ingreso y se empobreció a la mayor parte del país. Peña Nieto recuperó la mayoría, pero fue mediante un fraude a la ley cobijada por algunos de los actuales consejeros electorales.

Aunque con cautela, desde 1991, los presidentes empezaron a pronunciarse públicamente durante las campañas electorales. En 2006, el ministro Gudiño Pelayo concedió la suspensión de unos espots de Vicente Fox a solicitud de la Cámara de Diputados. Eran clara y groseramente ilegales porque eran pagados con recursos de la Presidencia de la República.

Los fraudes electorales de aquel largo periodo siempre fueron intervenciones directas del poder. De otra manera no hubieran tenido éxito. En 2006, por iniciativa presidencial, PAN y PRI llegaron al extremo de intentar cancelar la candidatura de la izquierda, la de López Obrador y se unieron en el terreno para apoyar al candidato panista. Seis años después esos mismos se pusieron de acuerdo para que Peña Nieto llegara luego de pagar con dinero público la más amplia campaña propagandística de político alguno.

En síntesis, los presidentes intervenían en las elecciones, pero de manera hipócrita: todo mundo lo sabía. La lucha política era un enmarañado proceso de engaños, hipocresías, fraudes, robos, farsas, a cargo de unos políticos siempre inescrupulosos.

En otros países, los presidentes intervienen siempre en las luchas electorales, ya sean locales o nacionales. El poder no es ajeno a la lucha por el poder. La cuestión no consiste en dejar de hablar sino en intervenir con apego a unas normas válidas y reconocidas por todos.

La lucha contra las conferencias de prensa del actual presidente se ha colgado del periodo electoral para seguir cuestionando lo que se pueda, ahora ya con argumentos legales, aunque a veces bastante retorcidos. No puede haber ley que impida expresar alguna opinión. Los servidores públicos no están autorizados a realizar propaganda personalizada pagada con recursos públicos, pero eso es siempre, no sólo cuando hay campañas. Pero no se puede multar a un legislador, gobernador, ministro de la Corte o presidente de la República cuando dice lo que piensa, ya que la Constitución señala unos límites bien precisos a las libertades de manifestación de ideas y difusión de las mismas (ataque a la moral o a derechos de terceros, provocación de delito y perturbación del orden público).

En otros países ocurre lo mismo que en el nuestro: la gente vota tomando en cuenta el desempeño del gobierno. Pero en el México de los días corrientes se trata de impedir que así sea. Lo que es normal en el mundo es aberrante aquí. Sin embargo, no se puede en realidad impedir que se conozcan las acciones y los planteamientos de los gobernantes de los diversos niveles, ni se le puede hacer una lobotomía a la gente para evitar que piense en congruencia con sus evaluaciones e ideas.

Por lo demás, la lucha política del momento no está dada en una coyuntura en la que algún partido de oposición pudiera lograr por sí solo alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso no está en el horizonte. Lo que PAN y PRI desean es que la 4T pierda esa mayoría. Es decir, que el presidente de la República reduzca su fuerza política para que las oposiciones impongan una política de gasto diferente y logren bloquear cualquier iniciativa de ley del Ejecutivo. Son, por tanto, las dos oposiciones más fuertes (PAN y PRI) las que están poniendo a López Obrador en el centro de sus campañas políticas y, al tiempo, piden que se le silencie.

Si esas oposiciones realmente creyeran en lo que dicen, estarían especialmente interesadas en que el presidente expusiera sus puntos de vista, calificados por ellas mismas como desacertados y francamente nefastos. Pero viven en el autoengaño de que todo lo que hace el gobierno es rechazado por el pueblo en su gran mayoría. Confunden sus personas con la generalidad de la ciudadanía. Así es más difícil hacer política y hacer oposición. Así no era antes, lo es desde que se unieron PAN y PRI bajo el mismo sello electoral. En el pecado llevan la penitencia.

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Del virus a las vacunas

La pandemia recuerda la de 1918, iniciada en Estados Unidos y propagada a gran parte del mundo. Pero también hace pensar en los cambios que se han producido en tan solo un siglo. Luego de provocar muchos millones de muertos durante varios años, la gripe española se fue mediante inmunización natural. Hoy, la Covid-19 está siendo combatida con la aplicación de vacunas efectivas poco más de un año después de su irrupción mundial.

La población es ahora mucho más grande y el número de viajeros es incomparable, no obstante, la enfermedad no ha golpeado tan fuertemente. Se sabe más y se actúa mejor en términos generales.

El problema mayor no ha estado en la ciencia y los científicos sino en la política. Por todas partes han surgido improvisados especialistas en virología, epidemiología y salud pública. En cada país se ha creado una nueva especialidad de personas que opinan, condenan, descalifican, confunden y, algunas veces, aplican criterios muy propios en asuntos relacionados con la pandemia.

Hay quienes afirman que los fallecimientos por la Covid-19 son el doble que lo informado por las entidades sanitarias y, salvo algunos errores que rápidamente se han corregido, no aparecen los muertos en demasía, pero se sigue diciendo lo mismo. La idea es que el respectivo gobierno oculta algo porque de esa forma baja el nivel catastrófico y se purifica a sí mismo. Pero cuando un gobierno omitió tomar las medidas de atención médica oportuna y suficiente, siempre afloró su indolencia y la consecuente condena de la opinión pública. Era ahí donde estaba el problema.

Lo mismo ha ocurrido con los gobernantes que han apostado a la inoculación natural, a una larga y costosa inmunidad de rebaño, como ocurrió con la gripe de la segunda década del siglo XX, pero que ahora sería criminal.

Los hechos son los hechos. No se requiere que los políticos gobernantes y opositores, acompañados muchas veces por medios de comunicación y campañas en las redes, inventen cifras, datos, complicaciones, dramas, etcétera.

La desinformación inicial contra una de las vacunas rusas fue algo impulsada por políticos y comerciantes. Meses después aún tiene expresiones en creencias de personas que fueron impactadas en algunos países por una propaganda nefanda.

La sabiduría de políticos inescrupulosos o francamente retrógrados ha tenido dos grandes vertientes. La primera y más conocida ha sido la de cuestionar el parón económico en defensa de intereses económicos, mientras la segunda, la más perversa, ha sido la de exigir mayores restricciones a la movilidad con el propósito de empeorar en algo la situación económica. Sí, desde la misma posición ideológica se proponen cosas por completo contradictorias. Las derechas son ahora como la plastilina.

Esto prueba que sus motivos no tienen que ver con la pandemia sino con una política de circunstancia y, consecuentemente, con la falta de principios. Los nuevos sabios epidemiólogos desde el poder o desde las oposiciones son en realidad unos patrañeros en búsqueda de incautos… y consiguieron bastantes.

A la hora de las vacunas se ha desvelado una realidad asidua. Los países más ricos y alguno muy influyente lograron acaparar los biológicos. Estados Unidos resultó uno de los más agraciados. Mas lo acongojante ha sido que ninguno de los acaparadores de vacunas ha presentado un plan mundial para enfrentar este brutal desequilibrio humanitario. Se muestra que esos poderes siguen siendo lo que han sido a través de la historia y que sus posturas de liderazgo mundial y representación de la humanidad son puro verbo.

La Organización Mundial de la Salud, como parte del sistema de Naciones Unidas, ha mostrado su obsolescencia en línea con la de la ONU e, incluso aun más profunda. Desde el principio de la pandemia hasta el acaparamiento de las vacunas, ese organismo nos enseñó, sin querer o queriendo, que urge crear otra cosa.

En el trecho que va del surgimiento social del nuevo coronavirus a sus vacunas el mundo no ha cambiado. Quizá, sin embargo, en tan corto tiempo la humanidad haya mejorado en algo porque hoy sabemos más dentro del campo de las ciencias, las naturales y las sociales.

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La taza

“Si no le quitamos la Cámara, nos va a quitar el país”, dice la taza que se muestra en internet como instrumento de propaganda electoral. Se refiere, claro, al presidente de la República y a la Cámara de Diputados. Pero ¿a quién le va a quitar el país Andrés Manuel López Obrador? El dueño de la taza nos va a responder que al pueblo de México.

La taza muestra un malestar profundo, un odio sin disimulo, una premura insoportable, desesperación.

Más allá de un estado de ánimo, la taza nos habla de unas relaciones sociales y de poder que han empezado a modificarse. La pirámide de distribución del ingreso no se hizo por equivocaciones acumuladas sino por políticas instauradas desde el Estado. Dentro de la forma en que el ingreso se reparte, destaca una inusitada concentración de las ganancias que ha llevado a una centralización del poder económico.

Quien mandó a fabricar la taza es de seguro integrante o empleado de uno de los grandes corporativos que asumieron el control del país y se beneficiaron del Estado corrupto construido bajo la dominación política priista y la continuidad panista.

Las ideas sociales y políticas no suelen ser casualidades. Vienen de realidades objetivas. Los partidos y otras muchas organizaciones expresan intereses difusos y concretos, por lo que se alían con otros, aunque sean diferentes, buscando puntos comunes.

¿Cómo se creó el PRIAN en México? Todo empezó cuando la izquierda, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, apareció en 1988 como una fuerte opción política nacional. Hasta antes, la derecha tradicional soñaba en un bipartidismo. A partir de entonces se ha desenvuelto una colaboración continua y cada vez mayor entre el PRI y el PAN para cerrar el paso a la izquierda.

Hemos visto caminar juntos a esos dos partidos desde el pacto con Carlos Salinas, el cual se expresó de forma grotesca en la quema de las boletas de la elección de 1988, pero tenía una significación mucho mayor. Se trataba de reducir a la izquierda, reconstruir el esquema formalista anterior y salvaguardar al entonces neoliberalismo emergente.

Las privatizaciones de Carlos Salinas –verdaderos atracos a la nación— fueron bendecidas por el PAN. La reestructuración parcial de la vieja oligarquía, con nuevos apostadores en las ruletas neoliberales, en realidad fue obra de un incipiente PRIAN, sus primeros pasos.

El pacto del PAN con el gobierno priista para legalizar la deuda del Fobaproa fue escandaloso pero muy duradero. Hasta hoy le cuesta al erario 50 mil millones anuales por pago de intereses, ya llevamos más de dos décadas y la deuda sigue vigente. El robo histórico del Fobaproa llevó a un fraude nuevo cuando Banamex fue vendido a Citybank, con todos los activos de los bonos gubernamentales, naturalmente, pero sin pagar impuestos por las enormes ganancias que realizó por esa venta el grupo de Roberto Hernández. Esto último lo autorizó el gobierno panista.

Bajo Vicente Fox, a partir del año 2001, las concesiones siguieron. Se le perdonó a Ernesto Zedillo y a Francisco Labastida el robo del Pemexgate, pues el PRI sólo pagó una multa electoral. A la vez, el PRI no presentó denuncia penal por Los Amigos de Fox. Esa la presenté yo, pero el presidente panista ordenó a la PGR declarar el no ejercicio de la acción penal contra sí mismo y nuestro Poder Judicial no admitió el amparo contra esa decisión. El PAN también sólo pagó una multa electoral. Se emparejaron los cartones: ambos resultaron penalmente inocentes. Unos protegían a los otros y viceversa. Eso también es el PRIAN.

Los moches empezaron como industria bajo Vicente Fox. El PRI lograba meter asignaciones presupuestales dirigidas a proyectos aislados y el gobierno panista las admitía al grado de pagarlas: se “bajaba el recurso”, a cambio de lo cual se realizaba el moche de al menos un 10%. Pero los diputados del PAN no se quisieron quedar atrás y entraron en el negocio. Otros lo hicieron también, aunque en menores cuantías. En esto, el PRI y el PAN eran uno solo.

Cuando Vicente Fox y Santiago Creel decidieron impedir, mediante el desafuero, la candidatura de López Obrador a la presidencia de la República, el PRI no dudó un instante en apoyar esa aventura, pues era volver a las bases fundacionales del PRIAN: detener a la izquierda a cualquier costo. Luego estuvieron muy juntos en el fraude de 2006.

Mientras se hacía todo lo anterior, lo más importante era la coincidencia bipartidista en la política económica. El país tenía un neoliberalismo galopante. El salario mínimo disminuyó en términos reales durante ese largo periodo. La pobreza creció. El sistema abierto de salud pasó a depender de una especie de empresa aseguradora que nunca abarcó a todas las personas ni a todas las enfermedades. El PAN era más neoliberal doctrinalmente; el PRI era más neoliberal operativamente: la mejor combinación.

Así fue como PRI y PAN decidieron lanzarse a eliminar del mapa a Pemex y arrinconar a la CFE. Esa fue la “reforma energética”.

En conclusión, la irrupción de la izquierda como fuerza alternativa de poder convirtió la convergencia histórica de las derechas neoliberales en un sistema funcional, hoy conocido como PRIAN, pero que abarca más en términos sociales: las dirigencias empresariales de derecha, los intelectuales del régimen en los tiempos recientes, el sector reaccionario de la iglesia católica y las instituciones generadas al calor de la corrupción y la simulación, la burocracia dorada.

Con el triunfo electoral de la izquierda, el PRIAN es ya prácticamente un solo partido, aunque mantenga discrepancias en temas menores y en espacios acotados. Como consecuencia de esto, carece de programa propio.

De este y de sus poderosos aliados es la taza, pero ya no el país.

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La 4T lleva 22 reformas a la Constitución

Menudo asunto se ha creado a partir de la suspensión judicial con efectos generales de las recientes reformas a la ley de electricidad y de la airada respuesta del presidente de la República. Luego, se puso mejor cuando el mismo Andrés Manuel López Obrador dijo que si se llegara a declarar inconstitucional el nuevo articulado, el Ejecutivo presentaría una iniciativa de reformas a la Carta Magna con el propósito de superar el obstáculo.

Este debate es cosa normal en las democracias conocidas, sin que se produzca un escándalo como aquí. Se acusa a López Obrador de intolerante y se es insolente con él. Los jefes de gobierno discuten casi todo el tiempo. Los demás integrantes de los poderes del Estado lo hacen con frecuencia.

Los jueces no tienen muy buena fama en México. Hace pocos días, uno de ellos resolvió suspender la aplicación de varios preceptos de ley, pero con carácter general, es decir, para todo mundo, para el que sea, a pesar de que el amparo tiene efectos sólo en favor del quejoso. De otra manera, cada juez sería un derogador de leyes y, por esa vía, un legislador. Además, suspender con efectos generales una ley puede implicar que siga en vigencia la anterior: un desastre. ¿Qué tiene de osado que el presidente proteste?

La crítica del posible intento de reformar la Constitución es aún más impertinente porque ese mecanismo ha sido una de las vías practicadas para superar contradicciones. Es un instrumento peculiar porque requiere dos tercios de ambas cámaras y mayoría de legislaturas de las entidades federativas.

En los últimos dos años y medio, el Congreso ha reformado la Constitución 22 veces, sólo en 5 de las cuales hubo iniciativa del Ejecutivo. El actual presidente ya no opera como en tiempos del partido del Estado y del presidencialismo exacerbado y despótico (el reino del PRI), cuando el Ejecutivo era el único que iniciaba proyectos viables. Por cierto, es mentira que la iniciativa de reformas a la ley de la industria eléctrica no haya sido modificada “en una sola coma”: se agregó un artículo transitorio. La mayoría parlamentaria no enmienda proyectos de ley para dar alguna “buena impresión” a sus adversarios sino para mejorarlos. Los opositores y algunos periodistas se inclinan ahora por la práctica de repetir sin cesar mentiras agradables. Así fue el caso de “la coma” en la reforma de la ley de la industria eléctrica. Mas, al margen de lo anterior, ¿por qué se habría que modificar un proyecto considerado bueno y muy conveniente sólo porque proviniera de Palacio Nacional?

En las democracias reconocidas, los poderes Ejecutivo y Legislativo suelen estar en manos del mismo partido o coalición. Así es ahora en México por decisión del electorado. ¿Dónde está el defecto? Para los intelectuales y periodistas de oposición, así como para los partidos minoritarios en el Congreso, eso es antidemocrático. Claro, mientras ellos no sean mayoría.

La inconformidad del presidente con la suspensión de la reforma de la ley de electricidad carece de alcance para el Poder Judicial. López Obrador no puede sancionar al juez que hizo la maniobra de convertir una queja individual en la momentánea anulación de unos nuevos preceptos de ley. Tampoco podría obligar a un tribunal a revertir el fallo. Debería estar claro que el Ejecutivo tiene derecho a presentar recurso de revisión y eso es lo que está haciendo, como también lo han hecho las cámaras del Congreso. En conclusión, el presidente de la República no puede más que lo fijado en la ley.

Las oposiciones operan con la información política que estaba vigente antes, basada en la supremacía del presidente, la consigna presidencial, el acoso, el uso indebido del poder político, la corrupción y la hipocresía. Pero ya no son aquellos tiempos.

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Partida secreta: sello del Estado corrupto

El concepto de partida secreta fue incorporado en la Constitución por Venustiano Carranza en su proyecto de reformas de 1916. Lo que buscaba el Encargado del Poder Ejecutivo era que esos gastos fueran aprobados por la Cámara de Diputados, ejercidos por los secretarios de Estado con la firma del Presidente de la República y justificados posteriormente.

Poco después de la entrada en vigor de la nueva Constitución, los presidentes empezaron a ejercer directamente esas partidas como un renglón de gasto político y personal absolutamente discrecional. Con el tiempo desaparecieron misteriosamente del Presupuesto de Egresos. Fueron sustituidas por una partida del señor presidente sin justificación contable, lo que se hacía en forma por completo ilegal pero normal.

En 1985 la partida secreta fue otra vez presupuestada con ese nombre. La llamada renovación moral de la sociedad, eslogan de la campaña priista, quería que la partida del señor presidente fuera explícita, aunque seguía siendo secreta y nunca se justificó. En 1982, la partida secreta ascendió a 56 millones de dólares. En 1994 llegó a 188 millones de dólares. (Cfr. Pablo Gómez, Los gastos secretos del presidente. Ed. Grijalbo, 1996. México).

Miguel de la Madrid dijo una vez en una entrevista con Carmen Aristegui que Carlos Salinas se había robado la partida secreta. Ni dudarlo. Pero esa era la menor cantidad entre los gastos discrecionales que llegaron en 1994 a 2 mil 417 millones de dólares (Ibid).

La partida secreta es un sello del Estado corrupto, aunque en forma alguna hubiera sido alguna vez el resumidero de la corrupción. Era sencillamente la caja chica del presidente.

Existe un proceso judicial vinculado a la partida secreta. Raúl Salinas apareció en cierta ocasión como quien había cobrado directamente dineros procedentes de esa partida que administraba su hermano, entonces presidente. Un juez llegó a la conclusión de que ese dinero no requería justificación porque provenía de la partida secreta que, como tal, seguía siéndolo aun después de ejercida. Todo mundo sabe que esto es falso, pues la Carta Magna dice que todos los gastos deben ser justificados y no hace excepción de los de carácter secreto. Ningún precepto legal podría interpretarse como permiso para robar. Pero ya sabemos como se las gastan algunos sedicentes impartidores de justicia.

Prohibir las partidas secretas del texto de la Constitución, proyecto aprobado hace dos años en la Cámara de Diputados y ahora convalidado por el Senado, quien lo ha enviado a las legislaturas locales, es una forma de eliminar ese sello del Estado corrupto mexicano, pero no únicamente. Es preciso garantizar que ningún presidente o presidenta pueda en el futuro hacer uso de ese privilegio en el que se convirtieron los gastos secretos, no solo de la partida del mismo apellido, sino de cualquier otro concepto de gasto.

Así que no se trata solamente de ajustar unas cuentas con el pasado de presidencialismo despótico y corrupto, sino también de declarar que se precisan continuos actos políticos tendientes a la más completa defenestración de ese ignominioso sistema.

El viejo Estado de corrupción no se supera con una modificación del texto constitucional para prohibir los gastos secretos, pero todo cuenta.

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Gobernantes impunes

En Francia se ha sentenciado a una persona que fue presidente de la República, Nicolas Sarkozy. Es el segundo mandatario nacional que recibe una sanción penal en ese país, el anterior fue Jacques Chirac, quien no fue a la cárcel por motivos de edad y salud.

El hecho de que los delitos acreditados no eran demasiado trascendentes aumenta nuestra admiración por Francia porque se proclama que, no por poca la monta o el daño, se debiera soslayar el abuso de un poderoso. En México, hemos tenido presidentes delincuentes y algunos hasta terroristas, torturadores, asesinos.

Las denuncias contra los presidentes mexicanos probablemente eran en su mayoría simples afirmaciones presentadas ante los fiscales, pero hay algunas hechas públicas que debieron al menos ser investigadas a fondo y resueltas conforme a derecho.

Lo que hizo el poder judicial con Luis Echeverría no tiene nombre. Primero se dictó un auto de prisión, la cual se llevó a cabo en su domicilio por la edad y supuestas enfermedades. Luego, se declaró que los delitos habían prescrito. Así, un mandatario represor se queda tranquilo con el simple pasar del tiempo aun cuando durante años no se le abrió proceso justamente porque era poderoso y aun cuando la clase de delitos que ese señor cometió ya ni siquiera prescriben en el mundo.

El primer responsable del Pemexgate (mil millones de Petróleos Mexicanos entregados al PRI en el año 2000) fue en realidad quien dio la orden, es decir, el presidente de la República. Esto no exime a los demás, pero tampoco oculta al jefe. Otro presidente, el siguiente, decidió que el asunto debía resolverse en definitiva con la declaración de que no había daño patrimonial a Pemex porque el sindicato se comprometió a pagar en abonos el desfalco con dinero que, por otro lado, le daría la empresa, por decisión personal del nuevo presidente, Vicente Fox, quien ordenó hacer toda la maniobra al entonces director de la paraestatal. Nadie fue a la cárcel y mucho menos Ernesto Zedillo, como tampoco el candidato priista que había enviado su propio automóvil blindado a recoger los billetes. Nadie fue procesado. Todo quedó en una multa de mil millones, a cargo del PRI, impuesta por el IFE.

La investigación a Vicente Fox por el escándalo de Amigos del mismo apellido culminó en una decisión de no ejercicio de la acción penal tomada por el procurador y la fiscal que él mismo había nombrado. La motivación de esa torcedura fue que el delito electoral del que se le acusaba consistía en el manejo de recursos de procedencia ilícita, pero los nuevos amigos de Fox que eran ahora Ministerio Público, le agregaron la palabra “penal”, cuando el Código no lo menciona así. El dinero que manejó Fox tenía procedencia “ilícita electoral”, por lo que era un delito, tal como fue confirmado por el órgano administrativo (IFE) y el judicial (TEPJF). Todo quedó en una multa de más de 300 millones, pero a cargo del PAN. Fox y sus amigos no fueron procesados.

Hay muchas otras denuncias de hechos verdaderos contra presidentes que están en el limbo de la impunidad. Si todas aquellas enderezadas contra Calderón por concesiones ilegales y contratos con daño patrimonial contra el Estado hubieran sido analizadas, este personaje de la vida política de México quedaría a deber años de prisión. Algo igual podría decirse de ese otro personaje de reciente desaparición que lleva por nombre Enrique Peña Nieto.

No podemos hablar de Carlos Salinas porque este es el mayor impulsor del Estado corrupto desde Miguel Alemán. Así que mejor ahorramos tinta y sólo nos lamentamos del infortunio mexicano. De Díaz Ordaz, punto y aparte.

El Ministerio Público y los tribunales fueron incorporados con bastante rapidez y facilidad al sistema corrupto mexicano. Como integrantes del aparato estatal, esas instituciones se convirtieron en instrumentos esenciales. El primer paso fue que nadie podía levantar un acta en contra del presidente. Después, ni siquiera una línea crítica. Luego, tampoco la menor insinuación.

Cuando empezó a ser posible presentar denuncias contra el presidente en turno, jamás se abría la averiguación. Al cabo de varios años y muchas promesas de cambio, ya se “iniciaban” las “investigaciones” que invariablemente quedaban en la nada de la nada, como era lo prudente, necesario y comedido. Al menos tenemos un archivo voluminoso, material para historiadores, pero nunca para jueces. Así ha sido México.

Terminar con esa oprobiosa y vergonzosa realidad de impunidad es mayor tarea política. Pero no se trata sólo de los presidentes sino de muchos otros poderosos que actuaban con la certeza de que su “patriotismo y su amor por México” justificaban sus actos ilegales.

Tiene mucho de cierto el que la impunidad fue el certificado de autenticidad y normalidad de la represión, el crimen de Estado y la corrupción. Los conservadores, en el sentido literal del término, saben de qué se está hablando. Nadie quiere que México sea como Francia sino conquistar una nueva época mexicana.

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Los muertos que gritan

La conciencia de las generaciones fracasadas de gobernantes del pasado reciente se sigue expresando con la misma soltura de antes. Los seguidores de los neoliberales defienden hoy, sin la menor autocrítica, los evidentes fracasos de hace poco.

Con motivo de la discusión sobre la reforma de la ley de la industria eléctrica, se presentó el andamiaje neoliberal en los mismos términos que cuando se construyó el mecanismo de preferencias a la inversión privada, especialmente extranjera, en la generación de electricidad. Lo que se defendió por parte de las actuales oposiciones ya fracasó, empezando por el hecho de que las tarifas no se redujeron como ellos prometieron cuando eran gobierno.

Quienes decretaron el gasolinazo neoliberal afirman ahora, sin admitir sus tropelías inflacionarias de hace poco tiempo, que la reforma en curso de la ley de la industria eléctrica llevará al incremento de las tarifas. La historia conocida es que las recetas neoliberales fueron las que condujeron a mercados descontrolados o transados, como ha sido en México. Los promotores de “tarifazos” en toda América Latina han sido justamente los defensores del neoliberalismo.

Quienes protestaron airadamente por la cancelación del aeropuerto de Texcoco están exigiendo que el gobierno actual cancele el proyecto de Santa Lucía. Quienes alguna vez apoyaron el proyecto de construir una refinería en Tula, de la cual sólo se completó la barda perimetral en un terreno adquirido por el gobierno local, ahora se oponen a la de Dos Bocas. Aquellos que elaboraron el proyecto Alfa-Omega para crear una vía transoceánica en el istmo de Tehuantepec, ahora exigen que se abandonen las obras de modernización de un ferrocarril que data de principios del siglo XX. Los que argumentan que se requiere apoyar el turismo, exigen airosos que se detengan los trabajos del Tren Maya. No les importan los proyectos en sí mismos, sino que odian al gobierno que los lleva a cabo.

Eso no se puede llamar locura. ¿Qué es? Oposición sin propuesta, política de golpeteo, ambición de poder sin proyecto nacional.

Los argumentos expuestos en la Cámara para tratar de bloquear la nueva reforma de la industria eléctrica defendieron el “libre mercado” más transado que hay en el mundo, el que se encuentra en la ley vigente y en los contratos que se firmaron para defenestrar a la empresa pública.

Es la defensa de la conciencia de una generación política que ha fracasado. Aquella del neoliberalismo que llevó a una mayor pobreza en casi toda América Latina, la que se embonó muy bien con los esquemas de corrupción, en especial con el Estado corrupto mexicano.

El problema mayor no era el lugar donde construir un nuevo aeropuerto sino cómo hacerlo. En Zumpango se lleva a cabo una obra financiada con recursos presupuestales, sin empréstitos onerosos. El “fabuloso” aeropuerto de Texcoco era un plan que al final le iba a costar al erario algo así como 400 mil millones para beneficiar directamente a unos diez consorcios. Ya no habrá aeropuerto en el lago, pero, entonces, los representantes de la conciencia de los fracasados gritan, como calacas histéricas, que deben clausurarse las obras del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

Según esos muertos, los proyectos grandes de la nueva administración deber cerrarse en nombre de la conciencia neoliberal, pero no por ser obras, construcciones, sino por no hacerse de conformidad con los cánones de la defenestración de la empresa pública y la glorificación del Estado corrupto privatizador.

Los muertos sí gritan, vociferan. Es que no están tan muertos todavía. Se unen para tratar de volver a estar tan vivos como cuando reformaban leyes para dar concesiones innecesarias, privatizar en favor de elegidos, lucrar a partir de negocios con empresas privadas, condonar impuestos, otorgar concesiones a granel, promover y proteger monopolios.

La incesante repetición de las palabras de esos muertos que no están tan muertos se hace para aparentar ser una verdad, pero sólo para aquellos cuya conciencia quedó anclada en lo que ya se hizo viejo, el neoliberalismo. Esta longevidad no se debe a que nació aquí hace 35 años, sino a que fracasó en toda la línea: nada de lo prometido funcionó para bien del país y de la mayoría nacional.

Los gritos de aquellos muertos que se escuchan en el Congreso, los medios y las redes son convulsivos porque sus emisores nunca admitieron que fuera posible que otros emprendieran un camino divergente al que ellos trazaron durante tres décadas. Esos muertos están desconsolados, desesperados, desorientados. Se unen hoy sólo para gritar más fuerte, para vociferar, para repetir las mismas frases una y otra vez, para insultar con desesperación. Al filo de las 5 de la mañana, en plena sesión de Cámara y desde la tribuna, un afectado vocero del PAN llamó “descerebrados” a sus colegas de Morena.

Los muertos que aún viven, maledicentes y farsantes, buscan su más completa resurrección, pero no aspiran a construir nada nuevo porque son el resumidero de lo viejo.

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Simulaciones políticas

La injerencia presidencial en los procesos electorales era tan fuerte y directa en México que se prolongaba mucho más lejos que la integración de los órganos comiciales y se inscribía en la designación de candidatos del partido oficial y de otros varios, así como en el financiamiento con recursos públicos y la gestión de privados. En el campo de las formas todo era simulación.

El presidente tenía impunidad y las críticas personales en su contra eran escasas y riesgosas. El presidente acalló y castigó a críticos –periodistas y políticos— con violencia o arbitrariedad y jamás polemizó con sus víctimas.

No se informaba sobre la gestión cotidiana del jefe del gobierno, sus orientaciones e instrucciones propiamente gubernativas no eran conocidas. De vez en cuando, el presidente fijaba su opinión o impartía en público alguna orden, generalmente para hacer propaganda de acciones solicitadas o anheladas por algún sector de la sociedad.

El llamado primer magistrado de la nación o jefe de las instituciones nacionales expresaba sus opiniones principalmente a través de otros funcionarios, eludía el debate directo. Cuando se veía orillado a decir una cosa, con frecuencia se hacía algo diferente. La hipocresía era forma de ser del comportamiento oficial.

Las conferencias de prensa y otras comparecencias del actual presidente de la República son parte de un cambio tan grande de costumbres políticas que han provocado escándalos, objeciones, odios y fobias enfermizas. Esto es todo un fenómeno. El nivel de debate de Andrés Manuel López Obrador con la llamada gran prensa, las oposiciones y las organizaciones sociales contestatarias sigue siendo alto y fuerte luego de más de dos años de gobierno.

En este marco, no podía faltar el conflicto con una mayoría de integrantes del Instituto Nacional Electoral que con frecuencia adopta militancias políticas y enemistades con casi todos los partidos políticos. El INE ha centrado su línea en regular las conferencias de prensa presidenciales y otros discursos que pudieran hacer alusiones de carácter político. La autoridad electoral ha llegado al extremo inaudito de tratar de prohibir frases que no se han dicho aún, es decir, una especie de censura previa, terminantemente prohibida. Pero aquí es peor porque abarca algo desconocido, ya que es sobre lo que el presidente pueda llegar a decir en algún momento. Esa es la censura del mal posible.

Es peor si se considera que la norma inventada en el INE iba dirigida a una persona, aunque agregaron de último minuto a los gobernadores como simple simulación. Norma privativa, diría algún jurista de inspiración decimonónica, la cual está expresamente prohibida por la Constitución.

Por fortuna, el intento del INE ha sido revocado por el Tribunal Electoral.

El punto al que nos lleva todo lo anterior estriba en que la intocable figura presidencial se ha convertido en la más desafiada y tocada debido a que existe una mayor libertad, pero también a que el presidente está en el debate cotidiano.

Se vive en México un momento de gran transición en la forma de hacer política, de tal forma que, del presidente omnímodo y jefe de todo, se tiene un presidente que sólo jefatura a su gobierno. Mas los gobiernos obedecen a las fuerzas políticas; no salen de la nada ni se apoyan en el aire. La vieja idea de que el presidente de la República era jefe de su partido (y de otros), pero no podía admitirlo públicamente, se debía a que el mandatario usaba al gobierno para beneficio político del mismo. Hoy, la enfermedad del presidencialismo se ha convertido en la agudización de la lucha política, del debate, de la crítica libérrima, aunque también, por desgracia, del insulto, la calumnia y la falsedad.

El gobierno se tiene prohibido a sí mismo utilizar recursos públicos en favor de partido alguno, pero las oposiciones miran desvío de fondos hasta en las vacunas que irán hacia toda la población. El nuevo gobierno se encuentra en situación complicada porque está en el debate y tiene que mantener cautela sobre su intervención en aquellos asuntos políticos en los cuales se enfrentan los partidos, excepto, claro está, los más importantes y trascendentes. Esto limita seriamente la acción política de la 4T en su conjunto porque los cambios no se producen con la celeridad que se requiere.

Un ejemplo de esto es que las dos cámaras de Congreso no se mueven siempre conforme al mismo diapasón. El Senado tiene sin dictamen 240 proyectos de los diputados y, éstos, 110 de su colegisladora. Además, existe pendiente en el Senado una sentencia de juicio político, que es obligatoria y tiene plazo. Las ausencias de liderazgo no es algo bueno para el funcionamiento del Estado ni para el ejercicio de la llamada democracia representativa, de la que tanto se habla.

En los países de sistema parlamentario, el jefe o jefa del partido mayoritario lo es, a la vez, del gobierno. En muchos otros de régimen presidencial, el o la titular del Ejecutivo asume el liderazgo de su partido. En México, aún con toda su historia presidencialista de excesos y corrupciones, las cosas no pueden ser tan diferentes, pues lo que puede estar en cuestión, al mismo tiempo, es la fortaleza del Ejecutivo y la fuerza del partido.

Así que pronto tendrá que llegar la hora en que, en el terreno de la relación gobierno-partido, las cosas se hagan con una mayor sinceridad y transparencia, manteniendo la ya vigente prohibición del uso ilícito de recursos públicos y de instrumentos de la gobernanza.

El presidente tiene ahora una sola cara. Eso es lo que molesta a las oposiciones y periodistas acostumbrados y beneficiados de la dualidad. Nadie nunca ha creído que a un presidente le puede importar un bledo la lucha política de partidos en la que está inevitablemente inmerso y donde juega un ineludible papel de liderazgo.

La simulación no puede ser un instrumento de la vida democrática de un país. Es un obstáculo.

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Neoliberalismo corrupto

El primer lugar en desastres socio-económicos de finales del siglo XX y principios del XXI lo ocuparon países con sistema político dictatorial en los que el neoliberalismo se entronizó; el segundo lugar correspondió al esquema neoliberal corrupto. Este último azotó a México durante 35 años, aderezado con escandalosos fraudes electorales y otras muchas violencias políticas.

Desde la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE; 1937) y mucho después de la llamada nacionalización de la industria eléctrica (1960) bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, el Estado concedía subsidios a consumidores domésticos, como lo sigue haciendo, pero transfería mucho más a las empresas industriales. Esto último era parte de la política de fomento de la industrialización y de la sustitución de importaciones, aunque también había corrupción en la condonación de adeudos.

El abandono del fomento de la industria nacional para promover la extranjera, en el marco de la gran apertura comercial, obligaba a restringir el subsidio eléctrico y acotar el desequilibrio costo-precio. Pero no hay muchos países como México. Aquí se fue reduciendo el subsidio a la industria en general para concentrarse en nuevas empresas productoras de electricidad que aparecían conforme se aceleraba la defenestración de la CFE.

Los neoliberales lanzaron, para empezar, la figura de “productores independientes” que usan el llamado ciclo combinado que quema fósiles. Estos venden por contrato a la CFE pero en el acuerdo no se abarca la proporción correcta de la reserva eléctrica que es preciso cubrir, es decir, aquella parte de la planta productora de energía que no opera siempre porque realiza el papel de respaldo. Ningún sistema eléctrico funciona sin capacidad de suplir una caída de la generación por cualquier causa.

Como esa reserva es costosa, se postula que deba ser pagada en su mayor parte por la nación. Así se piensa y eso ocurre. Esto apareció con mayor énfasis luego de la “reforma energética”, con la entrada de nuevos productores de electricidad, entre ellos los que utilizan sistemas de viento e insolación, quienes tienen asegurado su ingreso en el reparto de electricidad, a pesar de que no generan energía todo el día de todos los días, sino de manera intermitente. Para ellos opera una parte del respaldo a cargo del Estado mediante contratos leoninos que los protegen.

Las cosas han llegado a extremos inusitados. La CFE vende sólo el 35.4% de la demanda de electricidad, pero posee más de la mitad de la capacidad nacional de generación. El problema es aún más serio cuando se advierte que la política eléctrica durante los cuatro anteriores sexenios llevó al país al absurdo de tener una capacidad instalada de casi el doble de lo que se consume, es decir una reserva cercana al 50%, cuando la recomendación internacional es de 20%. ¿Por qué este desperdicio de infraestructura productiva industrial? La respuesta es sencilla pero lacerante: porque se ha venido desplazando artificialmente a la empresa pública para beneficiar a las privadas. Eso no es un mercado propiamente dicho; es una costosa política privatizadora.

El neoliberalismo mexicano repudió la empresa pública, considerada irreformable, no rentable y altamente dañina por ser monopólica, pero redistribuyó subsidios, antes amplios, para concentrarlos hacia ciertas empresas. Así se creó un sistema de generación de electricidad paralelo al del Estado pero que depende del mismo, no sólo en el aspecto técnico de transmisión y distribución, sino en la rentabilidad. Esto último no es frecuente en otros países. Es difícil lograrlo porque hay que tener una cara muy dura para atentar contra los intereses nacionales desde el gobierno con el engaño de que se le hace un bien al país y a la sociedad, la cual paga los costos en aras de que exista un “mercado libre”. Pero tal mercado, idolatrado por los neoliberales, no aplicó, debido a que fue sustituido por contratos cerrados y subsidios selectivos para patrocinar empresas con el fin de acelerar el bombardeo sobre una entidad pública productiva, la CFE.

El escándalo de la planta Agronitrogenados no es algo del todo diferente. Así como Pemex compró a una empresa privada, Altos Hornos de México (AHMSA), una vieja planta industrial muy endeudada y nada rentable, por un monto de 200 millones de dólares, diciendo que era para mejorar la operación de la paraestatal, así también se otorgaron a granel autorizaciones para instalar productoras de electricidad subsidiada por el Estado mismo. Recién, se ha usado también el argumento de que hay que dejar de quemar materia fósil y ayudar al planeta, pero, de paso, se transfiere riqueza pública a manos privadas, en especial si se trata de compañías extranjeras. A esto podría llamársele corrupción verde.

Se ha dicho que la CFE desprecia la energía llamada limpia, es decir, sin gases ni partículas contaminantes, pero se oculta neciamente que la empresa estatal sigue siendo la mayor generadora de esa clase de energía: hidroeléctrica, geotérmica y nuclear.

Desde un principio, el neoliberalismo mexicano se expandió en medio de la corrupción porque el viraje programático se dio sin ruptura política, es decir, dentro del viejo Estado corrupto. Por eso, las izquierdas, al exigir democracia y rechazar la política económica, también denunciaban la corrupción. Ese fue el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y la misma plataforma básica de 2018 con López Obrador.

En México, las privatizaciones no se hicieron igual que en Gran Bretaña, sino que se aplicó la tecnología de Margaret Thatcher, pero con mordidas y favoritismos. En la venta de Telmex, por ejemplo, pudieron comprarse acciones a crédito al tiempo de que con el 5.5% del capital social fue suficiente para tomar el control total de la compañía. ¡Qué fácil! Así, cualquiera. La cuestión consistía en ser comprador designado. Un monopolio estatal se convirtió en un monopolio privado, pero en nombre del mercado libre. Así fue.

Además, la modernización de la industria eléctrica mexicana se dejó en su mayor parte a empresas extranjeras, pero sobre la base de otorgarles un trato privilegiado en detrimento de la CFE, con el propósito de irla achicando por decreto, tal como el plan contra Pemex.

Empezar a revertir esa situación es lo que se busca con la reforma de la ley de la industria eléctrica que ha propuesto el presidente de la República. Ya se había tardado un poco.

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Odios y diálogos

Desde la oposición, la tesis de la temporada parlamentaria en curso consiste en que la 4T tiene odio y el PAN busca el diálogo. Aunque no ha quedado claro contra qué o quiénes es el odio y qué temas y propuestas debe contener el diálogo, se entiende que es, una vez más, el esquema del mal y el bien, los elementos de la visión dicotómica de la historia y de la vida personal.

Es el diálogo que dice estar enfrentado al odio, pero así no puede ser una solución política, tanto porque se le asigna al mismo concepto de diálogo la existencia de un opuesto, el odio, como porque la apertura dialogante en política no cancela los odios propios.

El punto central, en realidad, es que Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional reclaman que la 4T abandone su programa porque –se sostiene– expresa odio a la vieja institucionalidad que tales partidos construyeron durante varias décadas de luchar entre ellos y de coincidir en lo fundamental, así como a una política económica y social que profundizó la pobreza y concentró el ingreso como en pocos otros países.

Ambos partidos no se han sumado en el Congreso a las reformas sociales en curso, en cierta medida porque éstas desmontan la vieja política clientelar que se construyó en el país y fue durante años la base de la fuerza electoral y mecanismo de la compra de votos.

Los odios políticos del tiempo que corre se encuentran en todas las banderías. Las recientes reformas expresan un rechazo a la política del viejo sistema mientras que los defensores de ésta repudian cada paso que intenta dar la nueva fuerza gobernante, por eso se les denomina conservadores, aunque también los hay reaccionarios.

¿En qué se piensa cuando se convoca al diálogo en Palacio Nacional entre el presidente y los líderes parlamentarios de todos los partidos? Los jefes del PAN y el PRI no han presentado la lista de posibles acuerdos. Por lo demás, no sería inconveniente que todos aquéllos se reunieran a conversar lo que cada cual desee, pero ese no es el diálogo que se ha demandado en San Lázaro.

La bandera del diálogo es un slogan de momento porque no sería posible que antes de las elecciones pudieran producirse algunas negociaciones políticas propiamente dichas. Las oposiciones unidas no podrían llegar a acuerdos con la 4T, por ejemplo, para garantizar estabilidad de precios de la electricidad y cerrar la llave de los subsidios estatales a los productores privados.

Recién lo ha dicho con sus propias palabras un vocero panista: hoy tenemos, afirmó, “reformas que sólo buscan el deterioro de la vida republicana”, cuando se requieren “reformas para crecer y ser mejor país”. El mal y el bien.

Quizá los odios no admitan serlo, pero, de que existen, no hay duda. Mas en la lucha política, quien odia una ley ha de ser porque le perjudica y podría existir otra mejor. Quien odia un sistema de ingreso tendría que ser por encontrarse del lado del salario o de la producción mercantil simple, pues ahí no se acumula capital. En realidad, los mayores odios se encuentran entre los pobres y explotados de la sociedad. Pero también existen intereses de carácter moral, es decir, la defensa de ideas convenientes que, cuando se llevan a la lucha política, pueden conducir a la violencia, como la hemos visto de sobra, ya que en el fondo expresan privilegios o creencias heredadas de las generaciones muertas o, del otro lado, aspiraciones creadas por sujetos emergentes de la sociedad.

El PAN y el PRI se han unido luego de odiarse entre sí o de decirse odiados por el otro. La vida los llevó por el camino del neoliberalismo como medio para defender y realzar en la arena política los intereses que representan. Se trata de elementos de carácter económico, de lugar en la escala social, de capacidad para asumir determinadas decisiones favorables a la parte de la sociedad a la que son afectos.

Ahora, cuando la izquierda ha llegado al gobierno y tiene la mayoría en el Congreso, los odios se han repartido de otra manera, pero lo cierto es que la unidad de PAN y PRI significa que se busca un esquema bipartidista en la próxima elección, como medio para obtener una mayoría parlamentaria y algunas gubernaturas: la contención de la 4T, se dice.

“El odio no ha nacido…” en nadie (parafraseando a un presidente odiado como pocos), pero tampoco se le ha olvidado a ninguno, sino que existe una fuerte convergencia de intereses sociales de los conservadores, aún antes de los propiamente políticos, puesto que el poder se ejerce para algo, no es una fiesta, sino la manera de procurar intereses de conjuntos de la sociedad.

El llamamiento al diálogo que proviene del PAN, como cabeza de coalición electoral, carece de un sentido mayor al de ser incorporado al discurso electoral con el fin de hacerse pasar como quien no odia, sino que, si en efecto lo llega a hacer, al menos sabe usar formas civilizadas. Existe en la derecha un sector bien educado; no todos son como aquellos que en redes sociales insultan el día entero al presidente y a la 4T con las palabras más soeces posibles, en una especie de relación escatológica con el odiado.

En la lucha política, no hay odiosos ni dialogantes, aunque de que los hay los hay. Esto quiere decir que nadie se deja llevar por esos atributos sino por la realización de sus funciones representativas. Esa es la política, la representación de los desiguales, de los adversarios, de los contrarios… y la lucha entre ellos.

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La opción política opositora es lo más viejo de México

La temporada electoral ha empezado con la iracunda acusación de las dos oposiciones (PRI y PAN), ahora más unidas, de que el gobierno va a condicionar la vacunación al voto del próximo 6 de junio en favor de Morena.

La especie cae en la estulticia. Nadie puede condicionar una vacuna a cambio del voto, pues si la inmunización se hace antes de votar, no hay devolución posible; si se hace después, ya no hay objeto. Tampoco es dable condicionar la entrega de un bien –la vacuna— que por fuerza ha de ser distribuido hacia todos y todas, conforme a la norma sanitaria, pues sólo de esa forma podría lograrse la inmunización social que se busca. Los prianistas creen que vacunar es como prometer despensas o comprar votos con pago diferido, es decir, hacer “operación tamal”.

Los programas sociales focalizados, de manufactura priista y continuados por el PAN, podían incluir condicionamientos porque era posible suspenderlos o restringirlos en las localidades donde los resultados electorales no fueran satisfactorios para el operador, es decir, el gobierno. Pero las vacunas jamás fueron condicionadas. El exitoso sistema mexicano de vacunación no fue diseñado con propósitos electorales porque un intento así hubiera sido absurdo: el Estado corrupto no lo alcanzó, algo un tanto insólito. Una peculiaridad de la vacunación para prevenir la enfermedad Covid-19 es que se requiere garantizar la custodia del biológico, es decir, muchos servidores públicos movilizados, bastante más que el personal paramédico que lo aplica. Todo esto, sin embargo, es inútil tratar de explicárselo a los jefes de la alianza política opositora.

Los programas de la 4T son o tienden a ser universales, por lo cual no están vinculados a los resultados de las votaciones ni tampoco se reparten en forma indirecta a través de organizaciones clientelares.

Más allá de aquellos fuegos artificiales, la característica meramente política de las próximas elecciones no consiste en la nueva enfermedad contagiosa, la cual conforma un marco general de la coyuntura nacional, sino en la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, la cual le está siendo muy difícil de explicar a sus propios autores.

El punto 10 de la coalición “Va por México” propone “restituir la democracia”. ¿De qué se habla? ¿De reavivar los fraudes electorales? La lucha contra estos la ha estado haciendo la 4T, que es consciente de que los defraudadores se encuentran justamente en el bando contrario, son los de antes, los de siempre.

La nueva coalición PAN-PRI promete también simples deslindes: rechazar cualquier cambio que implique reforma en la administración pública y en el sistema político. La acusación de líderes priistas y panistas consiste en que López Obrador ha concentrado mayor poder, pero no señalan cuándo y cuánto, ya que las facultades presidenciales no han aumentado sino disminuido con las reformas realizadas por la 4T, desde prohibir la condonación presidencial de impuestos hasta cancelar el poderoso embute a los medios de comunicación.

Las oposiciones suponen que las conferencias de López Obrador, por sí mismas, le brindan a éste un poder extraordinario, lo cual es una afirmación hilarante. El punto, sin embargo, consiste en que, como opositores, les resulta difícil discutir con un presidente que gobierna en público, en lugar de hacer lo que ellos han practicado siempre: el refugio en lo oscurito, el territorio de la transa y la negociación subrepticia.

La tesis de que la democracia deber ser “restituida” no explica cómo debe ser. Ello obedece en realidad a que no se busca una democratización sino regresar a los métodos de gobierno de ellos mismos, los cuales han sido criticados y repudiados por un amplio porcentaje de la ciudadanía. En México, ninguna vuelta atrás brindará democracia porque antes siempre fue inexistente o precaria.

Los opositores coligados también ofrecen “desterrar la corrupción”, como si el Estado corrupto no fuera un síndrome heredado de los sucesivos gobiernos de priistas y panistas, que, ahora, por fin, está siendo combatido.

“Va por México” no va a ninguna parte al postular que en México existe un “gobierno autoritario, homicida y dictatorial”. Los opositores se cierran, de tal manera, a cualquier acercamiento luego de las elecciones, pues nadie podría ir a buscar acuerdos con unos dictadores homicidas, ni siquiera sentarse junto a ellos. Pase lo que pase el día de las próximas elecciones, los integrantes de la flamante coalición opositora se tendrán que comer sus propias palabras.

Los contrastes entre el discurso opositor y la realidad cotidiana son demasiado grandes como para considerar a aquel como un intento viable de engaño político. En México, nunca como ahora había existido tanta libertad de difusión por cualquier medio. Tenemos un amplio campo para el debate en la tolerancia. Sencillamente, no hay represión política, fuera de actos arbitrarios de algunas autoridades locales o menores. En el sentido contrario a las afirmaciones de los opositores, el hecho de que el jefe del gobierno debata en público, sin intermediarios ni hipocresías, es un avance democrático en un país donde predominó la simulación en un marco de atraso político y precariedad ciudadana.

Llena de generalidades, la plataforma PAN-PRI no ofrece nada nuevo, pero incluye un planteamiento panista, ahora modificado, en materia de política social. La principal propuesta del PAN en 2018 fue la “renta ciudadana mínima” para 58 millones de personas (Población Económicamente Activa), que equivaldría a 3 billones de pesos al año, igual cantidad que los ingresos totales tributarios federales. Nadie le hizo caso a esa promesa de imposible realización. Ahora, en alianza con el PRI, el PAN promete el “ingreso básico alimentario” para 25 millones de personas que, a salario mínimo, importaría 1.3 billón de pesos anual, el 30% del gasto programable total del gobierno federal. Les va a ocurrir lo mismo porque no hay manera sensata de obtener esos fondos en el corto plazo. Pero aunque se lograra juntar tal cantidad mediante un plan extraordinario de recortes al gasto y despidos masivos, así como con un aumento de impuestos al consumo, los viejos partidos harían un programa social focalizado, forma preferida por los priistas de siempre y sus discipulos panistas, para crear sistemas clientelares con contornos muy definidos y políticamente controlables.

Las “10 soluciones por México”, presentadas por PAN y PRI, aparecen como repeticiones de un guion ya conocido, un querer volver a gobernar como lo hicieron sucesivamente, pero ya por completo juntos, sin disimulos, con el programa de siempre, bajo el régimen político de antes. En el momento actual, no hay en el país una fuerza de relevo con un programa nuevo: la opción política opositora es lo más viejo de México.

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Ley de educación superior: el cadáver político de Zedillo

El proyecto de ley de educación superior es un intento de resurrección del cadáver político de Ernesto Zedillo. Bajo un neoliberalismo muy poco disimulado, se nos anuncia que se quiere que todo siga más o menos igual que antes y se detengan los cambios.

El derecho a la educación superior es universal. Se requiere, claro está, cubrir los ciclos educativos anteriores, los cuales también son derechos sociales. Sin embargo, el proyecto de ley enviado por el Senado a la Cámara de Diputados agrega otra cosa como condición de acceso: “que (se) cumpla con los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior” (Art. 4). Aquí se cae todo.

Ernesto Zedillo mandó reformar la Carta Magna para que el Estado no tuviera que “impartir” educación superior, sino sólo “promoverla y atenderla”, con lo cual este tipo educativo ya no era un derecho que debiera garantizarse. Esto fue derogado por la reforma constitucional del 15 de mayo de 2019 que señala que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual debe brindar los medios de acceso a quienes reúnan los requisitos que, a todo análisis, consisten en contar con los certificados de estudios del ciclo anterior.

Según el proyecto de ley, el nuevo derecho ya no será un derecho propiamente dicho sino algo condicionado a unos requisitos impuestos por las “instituciones”, pero ni siquiera las autónomas solamente sino todas ellas. Es de seguro el examen de admisión y, quizá también, la procedencia, residencia o aspirantura de carrera, como ya lo hemos vivido. Según el proyecto de marras, tales “instituciones” determinarán por sí y ante sí el alcance de un derecho que, pensábamos, ya había sido proclamado como universal en cumplimiento de un compromiso de la 4T.

Se sabe de sobra que los exámenes de admisión siempre fueron filtros para dejar fuera a miles de estudiantes. No son parte de un sistema para conocer y mejorar la educación. Si todos los aspirantes aprobaran el examen con calificación de 10, el número de rechazados sería el mismo. Ahora, se quiere hacer de ese examen la condición legal para el ejercicio del nuevo derecho constitucional, el cual dejaría de serlo por mandato de una legislación secundaria. Es como un robo: tengo algo en la Constitución y me lo quitas en ley derivada. Eso no es algo nuevo en la historia mexicana, pero lo que se busca en concreto es mantener todo igual para impedir que lo nuevo pueda culminar.

La selección de estudiantes para la educación superior ha sido un fuerte mecanismo de clase porque en México vivimos una sociedad profundamente estratificada, lo que, precisamente, hay que reformar. Tal es el sentido, entre otros, del derecho a la educación superior.

Toda educación pública ha de ser gratuita. Por esto, Ernesto Zedillo descontó el nivel superior de aquella “impartida” por el Estado. Las colegiaturas que, sin embargo, ya existían, se buscaba elevarlas y hacerlas parte relevante y creciente del financiamiento de la educación.

En 1986-87 un poderoso movimiento estudiantil aplastó la pretensión de De la Madrid-Carpizo de aumentar las cuotas. Varios años más tarde, otra huelga universitaria que duró un año (1999-2000) hizo posible el repliegue de los neoliberales (Zedillo y compañía), pero se siguieron cobrando colegiaturas en las universidades públicas. Hoy, la Constitución tiene prohibidas las colegiaturas y es preciso resolver el problema definitivamente.

El proyecto de ley de educación superior no brinda un curso cierto para el logro de ese compromiso. Las instituciones públicas de los estados, en especial las autónomas, pretenden que todo se recargue en nuevas autorizaciones presupuestales federales, que son necesarias, pero sin rebajar sus actuales gastos prescindibles y onerosos. Más de la mitad del dinero procedente de cobros por inscripción y colegiatura es recaudada por las universidades estatales, a la vez que la Federación les aporta en promedio el 70% de su subsidio, pero no quieren hacer el menor esfuerzo en favor de la gratuidad. Así han redactado el proyecto de ley.

El llamado fondo de gratuidad de la Cámara de Diputados no puede ser sólo un aumento de subsidio sin propósito muy concreto, como lo pretende el proyecto. Eliminar las cuotas estudiantiles debe incluir un serio esfuerzo de austeridad burocrática por parte de quienes las cobran.

Casi todo el proyecto de ley de educación superior ha sido redactado dentro de la ANUIES y refleja, por tanto, la visión que tienen las dominantes burocracias institucionales.

En el texto del proyecto no se encuentra la palabra democracia, los estudiantes son inexistentes, los profesores son una vaga referencia. La educación superior y las escuelas no son aquello de lo que se habla en el proyecto de ley. Se trata de un texto redactado por las autoridades para ellas mismas.

En el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior que se quiere crear hay 107 autoridades, pero sólo nueve estudiantes y nueve profesores, supuestamente representantes de la totalidad de instituciones educativas públicas y privadas, que serían designados por el mismo consejo. Además, éste podría funcionar legalmente –se dice claro– sin la presencia de un solo estudiante, de un solo profesor. Es la plutocracia de las autoridades y la ausencia de todo concepto de representación.

En el proyecto de ley no se trata sólo de suprimir la palabra sino de eliminar el concepto de democracia. Se pretende, así, que en la nueva legislación no existan elementos republicanos, como si viviéramos bajo una dictadura de jure.

Además, el nuevo consejo nacional, que se pretende instalar aun sin estudiantes ni profesores, no es en realidad un órgano colegiado porque carece de toda capacidad para emitir resoluciones vinculantes. ¿Para qué construir una instancia más como lugar sólo para hablar y escuchar, si acaso?

Quizá por esto mismo ha resurgido en el proyecto la “evaluación”, reducida en el nuevo texto constitucional a ser instrumento diagnóstico de un sistema de mejoramiento educativo. Hoy, se plantea el fomento de “la cultura de la evaluación y acreditación” (Art. 48), que buscaban por varios métodos los neoliberales en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. El liberalismo ha impulsado siempre la competencia entre estudiantes, profesores e instituciones de educación, pero en México no habíamos oído hablar tan claramente de toda una “cultura de la evaluación educativa”.

Como es característica de todo planteamiento de derecha, el proyecto de ley de educación superior no confiere derechos de participación de estudiantes y profesores para intervenir en la determinación de las condiciones de su propia labor. Nunca se dice qué abarca el ser estudiante y el ser profesor, qué funciones desempeñan unos y otros, qué deberes, qué derechos. Nada. En el proyecto de ley, alumnos y maestros no existen más que a través de muy escasas referencias desafortunadas o confusas. En especial, los alumnos son elementos absolutamente pasivos y los maestros son simples subordinados. Se pretende expedir una ley de educación superior, pero sin proceso educativo, sin personas que se relacionan y actúan juntas, sino sólo para regular relaciones formalistas entre las burocracias dominantes.

Ya en el ámbito de lo absurdo, el proyecto busca impedir que los órganos legislativos admitan iniciativas o expidan reformas a la ley de cualquier universidad sin contar con una previa “respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno”. Pero el Congreso de la Unión carece, por una parte, de facultades para regir los procedimientos internos de los poderes legislativos de las entidades federativas y, por la otra, para negar el derecho constitucional de los legisladores y del Ejecutivo a presentar iniciativas de ley. Esta inaudita pretensión tiene el propósito de mantener viejas y caducas estructuras de las universidades, bajo la bandera de la defensa de la autonomía. Por desgracia, esa misma autonomía se confunde hoy día con algo por completo separado o de plano contrario a la democracia universitaria, sin la cual no puede cristalizarse aquella “capacidad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas”, de la que habla la fracción VII del artículo 3º  de la Constitución en referencia a las universidades autónomas.

El proyecto de ley de educación superior se ha presentado como una obra de amplio consenso y trabajo participativo. Pero a su redacción no fueron convidados los críticos de la actual educación superior, cuya organicidad es obsoleta. Nomás estuvo presente la derecha. Es entendible que se produjera un gran acuerdo.

Los movimientos estudiantiles anteriores y posteriores a la gran lucha de 1968 por la democracia política en todo el país buscaban una educación democrática, popular y científica. Hubo mucha represión, es cierto, pero también se lograron resonantes victorias. Universidades y escuelas democratizadas en las que alumbró una nueva educación con base en la ciencia y el examen crítico de la realidad. Fueron periodos en los que en muchos lugares estudiantes y profesores decidían objeto, contenido y métodos de los procesos educativos, con libertad y en pie de igualdad. Hoy vivimos la burocratización, el elitismo, los privilegios de autoridades y un profundo repliegue de la participación democrática de estudiantes y profesores.

Una nueva legislación no sería suficiente para superar este deplorable estado, pero no es aceptable expedir una norma, dejando todo igual o peor, sólo para cubrir un requerimiento. Pronto podríamos volver sobre el tema. Lo más importante en estos días es que no se apruebe una ley neoliberal en plena 4T porque sería una concesión innecesaria e inicua.

Que no se escarbe en tierra infértil para sacar el cadáver político de Ernesto Zedillo, de sus ideólogos y corifeos neoliberales.

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Que no sea “… demasiado tarde”

Las versiones del poema de Bertolt Brecht (o de Martin Neimöller) terminan en una desolación: “ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde”. La censura, como toda persecución, es cosa de que se inicie para que luego pueda hacerse normal.

Twitter y Facebook suspendieron las cuentas del tal Donald Trump y eliminaron sus mensajes en las pantallas de millones de personas a partir del día del asalto al Capitolio. ¿Esto merece aplauso de parte de los adversarios del entonces presidente de Estados Unidos? ¿Es válido cancelar textos horrorosos bajo la aplicación del más simple criterio propio de los dueños de las empresas comunicadoras?

Han sido cuentas y frases de Trump las censuradas, pero podrían ser de otro. La amenaza culmina, como nos dice el poema, en que, si antes nada hiciste, ya llegaron por ti.

La Constitución mexicana (Art. 7) prescribe la neutralidad de la red internacional como parte de los medios a través de los cuales se realiza la libertad de difusión de opiniones, información e ideas, declarada como inviolable. La Carta Magna de México dice más: “No se puede restrigir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”.

“Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión”, sigue diciendo la Carta Fundamental mexicana. Los límites que pueden fijar a la libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas, siempre tendrían que incluirse en la ley y aplicarse por autoridad competente en el marco de otros derechos humanos.

Lo que han hecho las empresas que operan varias redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, es lo contrario a lo que prescribe la Constitución de México, para no hablar de las leyes de otros muchos países que tampoco tienen autorizados los bloqueos arbitrarios, Estados Unidos incluido.

Cancelaron en la cuenta de una persona sus mensajes y luego suspendieron la misma. Simultáneamente, impidieron que otros y otras pudieran conocer lo que expresaba el sujeto bloqueado. La libertad consiste en emitir y poder recibir mensajes. El que hubiera sido Donald Trump es relevante, pero no determinante en el significado del hecho, puesto que se trataba de la difusión de ideas e informaciones. Todo esto no sólo abarcó a EU sino al resto del mundo interconectado en el que vivimos.

En el momento en que la autoridad de algún país restringe a Twitter, Facebook (incluido Whatsapp), Telegram u otra red en la difusión de informaciones que denuncian al gobierno, tales empresas censuradas manifiestan su inconformidad, crean un conflicto político y en su auxilio concurren otros gobiernos y hasta la ONU.

Cuando esas empresas por sí mismas censuran y cancelan cuentas mediante las cuales se difunden ideas e informaciones, no pocos gobiernos y la ONU callan porque se trata, quizá, de la libertad de comercio, de las condiciones contractuales impuestas para la prestación de los servicios de comunicación.

Sin embargo, las empresas, las que sean, no emiten leyes sino regulaciones comerciales contractuales que no pueden estar por encima del derecho humano de libre difusión de opiniones, información e ideas. Este criterio es una herencia de algunos olvidados liberales decimonónicos, el cual consiste en que es inválido aceptar la renuncia del derecho propio y que todo acto tendiente a tal propósito es ilegal y nulo de plano. Ningún contrato civil, escrito o hablado, tiene validez si abarca la excepción de derechos y libertades.

La humanidad no puede ahora depositar en unas poderosas empresas de la comunicación mundial la “inviolable libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio”.

El carácter golpista que asumieron los actos del presidente de Estados Unidos el día de la toma del Capitolio no altera la validez de este principio, el cual ya es parte de los derechos humanos. Pero, además, los mayores censores suelen ser, entre otros, los fascistas, como lo son esos partidarios de Trump que buscaban impedir que el Congreso certificara la elección de Joe Biden, quien, por cierto, censuró a los asaltantes pero calló frente a Facebook y Twitter, porque los vio, quizá, como aliados, pero que cualquier día, no obstante, le podrían cancelar sus cuentas en las redes sociales.

Dar consentimiento al acto de censurar arbitrariamente, sin procedimiento ni autoridad, aunque sea tácito, admite que la misma censura pueda ser aplicada contra el aquiescente.

En el caso preciso de Donald Trump, la autoridad legítima ya ha tomado en sus manos el asunto. El aún presidente es un impeached (acusado) por segunda vez y el Senado estadunidense dictará sentencia, antes o después de la terminación de su mandato.

Pero el corte digital contra Trump también tiene otro fondo. Si en las redes se puede censurar opiniones e informaciones, entonces volvemos al esquema del imperio de los grandes medios convencionales. Dicho de otra manera, serán lo mismo Twitter y Facebook que los viejos periódicos y cadenas de radiodifusión. Es el monopolio de la información, en el cual se apoyaron durante dos siglos los poderes despóticos y las democracias formalistas de las clases dominantes.

La vieja libertad de imprenta, en el marco de la prensa escrita o hablada, se constreñía principalmente a los dueños de los periódicos y a los concesionarios de las telecomunicaciones, quienes gozaban de capacidad de difusión. Carecía de esa libertad el resto de la gente que no les podía pagar a aquellos por sus servicios. Al mismo tiempo, en México todo ese andamiaje fue controlado por el gobierno mediante compras, amenazas y represalias. Perder la libertad en las redes sociales sería una regresión.

Esto lo hizo ver el presidente de un país: México. Otros, quizá por convenencia o hipocrecía, ignoraron ese mensaje o voltearon a ver para otro lado, sin descontar a aquellos que insinuaron soezmente que la protesta de López Obrador contra esas empresas de redes sociales sería una forma de apoyo a Donald Trump.

México tiene que emitir una ley que impida la supresión y la censura previa en las redes. Si hasta ahora no se ha expedido es porque se consideraba que sería suficiente el texto constitucional. Pero como no pocos conservadores se han quedado callados frente a la acción de Facebook y el arrogante mensaje de su principal ejecutivo, entonces ya se ve que es necesario legislar y, además, convocar a todas las naciones a impedir las dos cosas: el imperio de las empresas privadas y la acción restrictiva y arbitraria de las autoridades, ya que unas y otras, juntas o separadas, son quienes poseen hoy en día capacidad de coartar la libertad en materia de difusión de opiniones, información e ideas.

Ha sido Donald Trump el acallado, por lo que no era necesario inconformarse; mañana habrá otro cualquiera y tampoco será preciso elevar la voz; al final, quizá seamos muchos y ya no habrá tiempo de detener a los arrogantes administradores de la “inviolable libertad de difundir opiniones, información e ideas”, como la denomina la Constitución mexicana. ¿La historia tiene que repetirse?

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Annus Terribilis

La pandemia de 2020, recrudecida hacia finales del año, podría recordar a los historiadores aquella de 1346, ANNUS TERRIBILIS de peste negra que se alargó durante siete más. Las grandes epidemias suelen cambiar la forma de vida en muchos aspectos, pero también, consecuentemente, la manera de analizar la sociedad.

Acostumbrado a los desequilibrios económicos, el mundo tiene ahora otra cosa, con intermitentes parones de actividades productivas, algo que no es propiamente una crisis capitalista aunque pueda tener consecuencias parecidas, pero sólo de momento. La estructura económica de la sociedad parece seguir igual, mas tiene su parte dramática en una mayor cantidad de personas sin trabajo asalariado y de pequeños propietarios arruinados o al borde de estarlo.

Sin embargo, se han apresurado algunos cambios en proceso, tales como el trabajo, los servicios y el comercio a distancia, la sustitución de funciones humanas, la mayor concentración en los circuitos del capital financiero y la celeridad de procesos de innovación.

Algunos inventores de fármacos han logrado ya producir vacunas, siempre en combinación financiera con gobiernos. Las ganancias serán grandes, obtenidas mediante ventas a los sistemas sanitarios de todo el mundo. De nueva cuenta, la abismal disparidad del desarrollo económico, en especial la alta tecnología, generará una corriente de valor a partir de transferencias hacia unos cuantos países desde los demás. Este esquema puede durar algún tiempo pues no se tienen todos los datos sobre la inmunización, ni la frecuencia de la aplicación de vacunas. La pandemia se encuentra tan extendida que surgirán nuevos biológicos y medicamentos en una competencia que irá dejando su secuela oligopólica. Se verá pronto hasta dónde puede llegar Cuba con sus vacunas soberanas, excepcionales para un país pobre y pequeño.

Los gobiernos han aplicado subsidios muy disímbolos, según su capacidad de generar nuevos pasivos consolidados, como en Estados Unidos, o con adelantos de asignaciones comunitarias sin rédito, como en la Unión Europea. Los gobiernos de países pobres han subsidiado mucho menos, por lo que la consecuencia social inmediata de sus parones económicos ha sido proporcionalmente mayor. La inyección de liquidez desde los bancos centrales ha vuelto a ser un mecanismo como el que se usa en las recesiones, aunque no haya propiamente en curso ningún ciclo económico de ese carácter. Como ocurre con frecuencia, los más protegidos son los bancos privados.

Desde la cuenta provisional de cerca de dos millones de víctimas mortales de la Covid-19, pasando por la incontable cantidad de personas con secuelas (86 millones han enfermado), el saldo final podría ser enorme aunque no llegara a los números de la gripe española (brotó en Kansas) que inició en 1918. Sin embargo, quizá la nueva peste traiga también otra clase de consecuencias.

En todo el mundo se requiere más personal sanitario y unidades médicas. Ningún sistema de salud está al nivel de la vida social. La gran industria farmacéutica supedita el progreso a su altísima rentabilidad económica; lo mismo hacen los inventores de equipo médico. Parte de la dieta de las personas es definida sólo en términos de buen negocio, mientras la desnutrición abarca todavía a un segmento de la humanidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está tocada por el síndrome de caducidad que padece el Sistema de Naciones Unidas.

Asimismo, la organización de la sociedad no corresponde a las necesarias tareas comunes, como las que se desprenden de una emergencia sanitaria y otras tantas calamidades que pueden caer sobre la gente. Desde el principio de la pandemia, la disciplina casi siempre fue impuesta con toques de queda y otras medidas coercitivas que resultaron a la postre insuficientes.

El Estado, por lo general, jamás ha sido capaz de responder bien a desastres, pero, al intentarlo, lo hace por lo regular para evitar que la gente tome poder. Es así que la gestión de la pandemia se ha realizado mediante disposiciones que combinan la limitación de la movilidad personal y de la actividad económica, lo cual no siempre ha funcionado en la forma planeada, sino con estiras y aflojes para contener en algo el enfado popular y la pérdida de ingresos. Es por ello que la gente aparece ahora como la culpable por haberse ido de fiesta.

Quizá lo peor ha ocurrido en Estados Unidos porque ese país tiene una sociedad desarticulada, donde su clase política no ha hecho otra cosa que disputarse el presupuesto y la política exterior, incluido, claro está, el negocio de la guerra. Salud, calidad alimentaria, educación, distribución del ingreso, sistema fiscal, déficit público, cooperación comunitaria, asistencia social, migración, comercio internacional, están en crisis al mismo tiempo. Casi todo depende de la velocidad de sus inventos de tecnología de punta y la captación de excedentes en Wall Street, pero sólo con eso no se organiza una sociedad, ni siquiera un mega Estado. Esto se ha visto más claramente en la pandemia.

No sólo ha sido una larga alerta debido a que la enfermedad puede ser contagiada a cualquiera, en casi todas partes, sin que la víctima se percate y sin que luego haya remedios. La Covid-19 ha provocado espanto entre miles de millones, en especial en los centros urbanos donde los contagios son mayores: una gran parte de la humanidad vive aglomerada y, ahora, aterrorizada.

Cuan vulnerable es nuestra especie. Esto siempre se ha sabido como expresión de actos conscientes de los mismos seres humanos, la guerra en primer término, pero también de catástrofes naturales y de enfermedades contagiosas. La cuestión es que, ahora, el capitalismo ha generado una conciencia de superioridad, de algo nuevo y poderosísimo. A la hora de la pandemia causada por el CoV-2, la reacción no pudo ser otra que el parón económico.

Esto se debe a que no existe esa superioridad capitalista para resolver en pocos días lo imprevisto porque no hay de por sí un adecuado sistema de medicina ni una suficiente organización de la gente. El desastre no ha estado lejos de casi ninguna parte. No es que sea global, sino que es parte integrante de la globalidad en sí misma, de aquella que es más un medio de dominio, en la que ninguno discute los problemas de los demás países sino acaso sólo del suyo propio.

La arrogancia alemana y la altivez británica han caído por los suelos cuando cada una de tales potencias llegó a contar, al finalizar el año, muchos más contagiados por día que México, teniendo aquellos países menos habitantes y estando “impecablemente bien organizados y disciplinados”. Como antes, nadie pudo prever las intermitencias de la pandemia.

La debilidad del poder establecido (político y económico) no sólo se desprende de su falta de convocatoria específica sino de algo anterior: la ausencia de credibilidad y de adhesión.

El Annus Terribilis de 2020 ha tocado a muchas sociedades y a las llamadas relaciones globales, de tal suerte que, tan luego que la pandemia empiece a reducirse, las personas se podrán hacer nuevas preguntas. Es probable que entonces sea buen momento de volver a intentar grandes cambios sociales.

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Dictadura en la Suprema Corte

En la Suprema Corte se ha vuelto a autorizar el pago de remuneraciones mayores a las que recibe el presidente de la República. Cualquier persona podría preguntar ¿cómo es que el máximo tribunal decide sueldos de altos servidores públicos, lo cual, dice el artículo 75 de la Constitución, le corresponde a la Cámara de Diputados?

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, ministros integrantes de la comisión de receso de la Suprema Corte, admitieron a trámite unas controversias y, acto seguido, han suspendido la aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para que los miembros de los órganos de gobierno del Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Banco de México (Banxico), más los que se acumulen esta semana, sigan cobrando lo mismo que hasta ahora, en forma enteramente inconstitucional.

Ya llevan dos años en lo mismo y quieren un tercero. Esos servidores públicos, ejecutores de altas funciones y garantes de derechos, exigen un trato privilegiado, con la simpatía de algunos ministros, unos seis, los cuales les conceden suspensiones anuales de controversias que nunca se resuelven por parte del Tribunal Pleno.

La maniobra consiste en dejar todo congelado, aprovechando que, en las salas, integradas cada una por cinco, no se requiere mayoría calificada para negar o confirmar la suspensión de una norma o acto. Se elude de esa forma la resolución del fondo, la cual sólo podría adoptarse con ocho votos del total de 11 ministros. Al siguiente año, se sobresee la controversia anterior porque el Presupuesto de Egresos impugnado ya dejó de tener vigencia y se vuelve a maniobrar de la misma manera. Así nos podríamos llevar toda la vida sin que la Suprema Corte resolviera algún día el asunto, como es su deber constitucional.

Ya no tenemos, en el caso, un tribunal que imparta justicia sino otro que sólo suspende la aplicación de normas, pero nunca dice el derecho.

Aquí estamos ante un fenómeno insólito en que una mayoría constitucionalmente insuficiente le impone a la Suprema Corte y al país entero su propia e ilegítima voluntad, frente a la cual no existe recurso alguno. Esta es una dictadura ejercida con base en chicanadas absolutamente impropias de tan altos dignatarios judiciales de un país cualquiera.

No se trata sólo de que la remuneración más alta en el Estado nacional mexicano sea la fijada para el presidente de la República, según lo marca el artículo 127 de la Constitución, sino que la misma Carta Magna señala en su artículo 75 que la “Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley”.

Los integrantes de los órganos de gobierno del INE y la Cofece existen por disposición legal y son “servidores públicos de la Federación”. La “autonomía” regulada que se les ha conferido no tiene nada que ver con esta condición.

En cuanto al Banco de México, cuyo presupuesto lo aprueba su propia Junta de Gobierno, el asunto consiste en que las remuneraciones de los integrantes de ésta son fijadas por una comisión ad hoc, creada por la ley y dominada por el gobierno, la cual no puede otorgarles un sueldo mayor que el del presidente de la República porque, de lo contrario, sería un acto violatorio de la Constitución. Así que volvemos al mismo punto. Hay más: los miembros de la Junta del banco no son servidores públicos del mismo, sino, difusamente, del Estado nacional mexicano, por lo cual carecen de derechos laborales. Al respecto, ellos son como el presidente de la República, los miembros del gobierno, los legisladores, entre otros: sus eventuales prestaciones sólo se pueden conferir mediante ley o decreto legislativo.

Los jefes de estos tres (se esperan más) organismos públicos se sienten parte de una élite, de una burocracia dorada intocable, que labora al margen del Estado de derecho. Lo peor de todo es que hay seis ministros de la Suprema Corte que están de acuerdo. Quizá porque ellos mismos, en el pasado, se ponían el sueldo que querían sin que nadie les dijera nada porque la Cámara les autorizaba todo, sin ver.

A propósito, la Constitución señala que los únicos altos servidores públicos que tienen un sueldo irreductible durante su periodo son justamente los ministros, consejeros, magistrados y jueces (art.94), pero no dice que deba aumentar cada vez en términos reales, como así fue durante mucho tiempo, mientras el salario bajaba realmente cada año.

La lucha actual para establecer remuneraciones congruentes con la situación del país, la austeridad republicana y las finanzas públicas lleva apenas unos 10 años, pero, en realidad, en términos fácticos, tiene apenas dos años, los de la 4T. Bajar el sueldo del presidente de la República fue la clave porque ya la Constitución fijaba la remuneración de éste como la más alta, lo cual no era preocupante para la burocracia dorada, ya que era bastante alta.

Cuando, en 2019, bajó el sueldo presidencial a menos de la mitad, crujieron ciertos privilegiados. Tenemos desde entonces un conflicto abierto. Lo más feo de esta comedia es que la Suprema Corte de Justicia, designada como garante de la constitucionalidad, milita dictatorialmente en favor de privilegios e ilegalidades groseras de esa burocracia dorada, de esa élite que opera por encima del Estado de leyes.

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La oposición unida, ¿jamás será vencida?

La hipótesis de las actuales derechas mexicanas consiste en que la oposición unida no podría ser vencida, a partir de la idea de que la 4T no tiene el apoyo mayoritario ni se acerca al mismo. Los postulantes de tal planteamiento, ahora coligados, abarcan desde intelectuales neoconservadores hasta neofascistas, un espectro muy amplio dentro del escenario nacional, pero con específicos propósitos e intereses comunes. Quizá no exista organización tan diversa y, al mismo tiempo, tan unida.

El respeto al pluralismo como fenómeno de la sociedad contemporánea no es lo mismo que utilizarlo como bandera. Pero la nueva coalición ni defiende el pluralismo ni expresa a éste como dato social, sino que la unión de los tan diversos y confrontados desvela una ambición política a costa de lo que sea. En conclusión, los integrantes de la nueva coalición conservadora niegan el pluralismo que ellos mismos expresan en su evidente diversidad, pero sólo en aras de disputar una mayoría legislativa que sería, por tanto, enteramente espuria.

Nunca se había presentado tan diversa coincidencia política en el más alto grado, es decir, mediante la formación de una coalición electoral formal, con programa propio y candidatos comunes. En ese conglomerado están representantes del Estado corrupto, el presidencialismo despótico, la vieja clase política degenerada, el oscurantismo católico, la intelectualidad oportunista, la prensa opositora, las cofradías conservadoras, los agrupamientos empresariales más elitistas del país y los cenáculos del neofascismo a la mexicana. Sus partidos instrumentales son el PRI y el PAN-PRD.

El punto que une a todas esas fuerzas es uno solo: que Morena no siga siendo mayoría en la Cámara de Diputados. Buscan impedir que el presidente de la República cuente con respaldo parlamentario para aprobar otras reformas y el presupuesto federal con el que se financian la nueva política social y los programas de inversión pública, en el marco de una estructura anticorrupción y de austeridad republicana. Los nuevos derechos a la educación, la salud, el retiro, la vivienda, el salario remunerador, entre otros, tendrán que votarse otra vez en la próxima elección.

No habíamos visto antes una situación política tan polarizada como ésta. Se abren a la vista dos terrenos dentro de una confrontación que terminará siendo clara para la ciudadanía.

Sin embargo, el pacto entre el PRI y el PAN-PRD es un espantapájaros, muñeco de trapo construido para detener, supuestamente, que se sigan cercenando las libertades, se concentre el poder político y se acabe con el sistema democrático. Pero no se menciona una libertad que haya sido menoscabada, alguna nueva facultad del presidente de la República, un ataque a la democracia. En verdad, se repudia el contenido de la política del gobierno, su orientación social en favor de los trabajadores de la ciudad y el campo, su reivindicación de los intereses populares y su pretensión de abrir espacio a los métodos de democracia directa.

El PRI y el PAN-PRD han votado en el Congreso en contra de las nuevas reformas mexicanas y están dispuestos a echarlas abajo, pero no proponen otras reformas. Su triunfo sería un paso en dirección a lo de antes, sin excluir el Estado corrupto, con sus sistemas de reparto criminal de recursos públicos.

Es del todo natural que esas dos fuerzas políticas hayan hecho un pacto electoral. Eso era lo que se esperaba. A fin de cuentas, ninguna de ellas tiene algo que perder. En su camino de poder, perdieron programa y dignidad políticas.

Las oposiciones se han unido bajo el aliento de fuerzas antidemocráticas y también de sectores que defienden privilegios muy concretos. Los grupos y personas que están al frente del nuevo pacto firmado entre las direcciones priista y panista saben funcionar bajo relaciones ilegítimas y muchas veces ilícitas con las instancias del poder. Una nueva mayoría en la Cámara, integrada con ese diseño, no podría operar más que de esa misma manera, bastante conocida, por lo demás. Casi todos los pactistas se conocen entre ellos de sobra y comparten necesidades y objetivos concretos.

La coalición electoral entre el PRI y el PAN-PRD espera ser más que la suma de los votos de cada cual. Sin embargo, también puede ser una resta. Los líderes actuales de esas fuerzas políticas carecen del control que antes ejercieron sobre millones de personas.

El partido más extendido y con mayor organización territorial, el PRI, se ha reducido drásticamente en número de votos cautivos por efecto de una crisis de las viejas relaciones de poder en las que se asentaban mecanismos clientelares focalizados. Es cada vez más difícil desviar recursos públicos hacia la compra de votos, elemento básico del viejo sistema.

El partido de la clase media propietaria y la burguesía conservadora, el PAN, carece de liderazgo y acusa deterioro político en lugares donde gobierna debido a sus desatinos y sus corrupciones. No es ya el partido de renovación y alternancia que alguna vez fue, ya que fracasó en la representación de ese papel político que había logrado arrogarse.

La lucha política del momento actual consiste en seguir en el camino abierto en junio de 2018 o regresar a las veredas del viejo sistema político. La unidad de los opositores ha dejado así los términos de la disputa. Por ello, al no tener más que ofrecer que volver a lo de antes, la coalición opositora opera como instrumento reaccionario. Un regreso, luego del desastre al que habían conducido a la nación, sería, evidentemente, una realización reaccionaria. No es sólo volver al neoliberalismo sino también a la corrupción y el uso faccioso del poder público.

Como se han ubicado las cosas hacia la próxima elección de diputados federales, hay poco espacio para opciones distintas a las de ganar o no la mayoría por parte de alguno de los dos extremos de la contienda. El papel que pudieran jugar los partidos de reciente registro o los candidatos independientes se estrecha en la polarización, de la dualidad política que resulta artificial en la medida en que la coalición opositora carece obviamente de congruencia, no sólo por su diversidad contradictoria sino también por su falta de liderazgo.

México ya ha entrado a un enredo en el que sólo desde el lado de la 4T puede existir cordura y serenidad. De parte de la oposición unida, que piensa que jamás será vencida, no habría que esperar algo a este respecto porque vive en estado de desazón y, además, trae consigo a nuevos agentes de la provocación más reaccionaria. Al final, el sistema democrático competencial en el que vivimos tendrá que dar la respuesta.

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Autonomía y supeditación del Banco de México

La Constitución (Art. 28) establece que el Estado tendrá “un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración”. El objetivo prioritario del Banco de México ha de ser “procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado”. Y dicho precepto sentencia, sin concesión: “Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento”.

El mismo artículo 28 constitucional pone las cosas más claras al señalar que “el banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros…”.

Es sobre esta base que el gobierno tiene el control legal de la Comisión de Cambios (la preside  el Secretario de Hacienda, quien puede superar los empates entre sus seis integrantes, tres del Banxico y tres del mismo gobierno), propone al Senado a los miembros de la Junta de Gobierno (quienes no son empleados del banco por lo que carecen de derechos laborales) y determina el sueldo de los mismos a través de una comisión ad hoc (cuyas decisiones están siendo objetadas en la Suprema Corte para poder seguir ganando más que el presidente de la República).

El mismo gobierno integra, regula y vigila a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como a la de Seguros y Fianzas, además de realizar la llamada inteligencia financiera, entre otras funciones que impactan en la intermediación, los cambios y el sistema financiero del país. En síntesis, el gobierno tiene más funciones que Banxico, excepto la de conceder financiamiento desde el banco y, naturalmente, la de emitir moneda y regular su circulación.

El banco fija la llamada tasa de referencia que rige en sus transacciones con las instituciones bancarias. No es una tasa impuesta sino sólo para cierta clase de operaciones, por lo que también se usa justamente en forma referencial. Los bancos toman sus muy libres decisiones en materia de tasas de interés activas y pasivas debido a que no son ejercidos los deberes de regulación que, desde hace algunos años, la ley confiere a Banxico. La “libre competencia” bancaria mexicana está en manos de siete bancos, de los cuales cinco son trasnacionales. Este tema sigue estando pendiente de análisis en el Congreso.

La Constitución señala que el Banco de México tendrá funciones de autoridad “necesarias”, pero sobre bases, condiciones y límites escritas en la legislación, lo cual confirma la observancia del principio de legalidad. El banco, en fin, no legisla. Quien lo hace es el Congreso. Bueno saberlo.

El Banco de México está más subordinado que lo imaginado por la generalidad de las personas. Sin embargo, al subrayarse su autonomía, se soslayan los límites de la misma. Así, se está propagando que Banxico no requiere ley alguna para funcionar, debido a su autonomía, sino sólo acuerdos del grupo de personas designadas como integrantes de su Junta de Gobierno. Es al contrario: las funciones del banco se llevan a cabo conforme a la ley, sus funciones de autoridad no podrían ejercerse al margen de la legislación del Congreso. No es éste el primer tema nacional en el que todo aparece alrevesado. Lo que ocurre es que el principio democrático es el último en aparecer y, cuando se integra a la discusión, se confunde con otros. Viejo defecto nacional.

El banco central, en México, no surgió de la banca privada como en otros países, sino de un original mandato legislativo: es, en efecto, una institución totalmente estatal. Sus más recientes facultades constitucionales directas se derivan de la necesidad de impedir que el presidente de la República obtenga crédito del banco bajo su propia orden (echar a andar la “maquinita”, se decía) o que el Congreso lo obligue por decreto. De ahí viene la dichosa autonomía. Las facultades regulatorias y de emisión de la moneda de curso legal, su carácter de banco de bancos, etc., son elementos comunes a todo banco central. Aún así, todas están en la ley, como es debido.

Por desgracia, el reciente debate sobre la autonomía relativa del Banco de México se ha dado desde una acusación: la de su gobernador, quien dijo que el proyecto de reformas sobre los billetes y monedas de divisas extranjeras, aprobado en el Senado, es violatorio de la “autonomía del banco”. Por desgracia no explicó su aseveración, no obstante, ésta fue hecha propia por los medios de comunicación, sin explicar nada (ni siquiera publicaron el texto de la Constitución), y por voceros de agrupaciones empresariales, incluidos los mayores bancos que operan en el país, quienes defienden una idea de autonomía de Banxico que en los hechos resulta en la de ellos mismos.

El proyecto puede ser correcto o no, puede ser viable o no, puede ser práctico o no, pero no violaría la autonomía del Banco de México. Si así fuera, casi toda ley expedida antes, ahora y en el futuro por el Congreso sobre el sistema financiero y cambiario sería por definición contraria a la referida autonomía constitucional del banco. No se trata, pues, de ordenar al Banxico conceder financiamiento; tampoco de impedir el ejercicio de su autoridad, siempre en los términos que la ley defina.

El asunto de los manchados billetes de dólar tendría que ser discutido sobre la base de dos puntos. 1) Qué hacer para que las operaciones de compra no se encuentren tan abajo del tipo de cambio a la venta, con lo cual los poseedores del billete verde pierden demasiado al cambiarlos por pesos. 2) Cómo seguir mejorando los controles precautorios en el cambio de divisas, pero no sólo de los pocos billetes de dólar que circulan, sino de los centenares de miles de millones que se mueven en línea, a través de la cual, se sabe, funciona principalmente el lavado de dinero.

En otro orden de cosas, no es que el gobernador de Banxico carezca de libertad para expresarse, sino que ha usado el cargo para decir demasiadas mentiras comprometedoras, las que una generalidad de las personas se ve orillada a creer, tales como esa de la amenaza contra de estabilidad del sistema financiero, aquella del peligro para la validez y operación normal de la Reserva Internacional de México en el exterior y la del rompimiento del convenio del Banco con la autoridad estadunidense. Pocas veces se habían visto semejantes atrevimientos institucionales que generaran alarma dentro del país.

México tiene un singular problema con la dirección actual del banco central, a juzgar por las reacciones de éste. Sin embargo, habría que esperar que el gobernador de Banxico recapacite, deje de mentir y proponga algo para resolver el problema de los billetes de dólar. Asunto, por cierto, poco complicado. Del secretario de Hacienda también es de esperarse que, en lugar de andar diciendo no a sottovoce, diga qué cosa , pero en ley, para evitar vanas promesas.

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Outsourcing en aprietos

El sistema de subcontratación de fuerza de trabajo, es decir, contratar con otro empresario como si éste fuera dueño de plantillas de personas, es un método que precariza al trabajo en tanto que los salarios, prestaciones y condiciones laborales deben ser menores para que le convenga a las dos empresas, la que recibe y la que proporciona trabajadores. La forma de hacerlo no deja de recordar en algo los tiempos del tráfico de esclavos.

El sistema no es, sin embargo, algo parecido al esclavismo sino un método típicamente capitalista. La economía política enseña que dentro de los diversos métodos de incrementar la masa de plusvalía (ganancia del capitalista) existe una que es mayormente primitiva. Se llama plusvalía absoluta y consiste en reducir el salario o alargar la jornada, o ambas cosas a la vez. Eso es lo que se hace.

El outsourcing es usado también como sistema de movilidad laboral, pues las empresas subcontratan cuando requieren aumentar la producción durante un tiempo sin tener que contratar directamente a nuevos trabajadores. Esto permite una utilización más intensiva del llamado capital constante en la economía política, es decir, la maquinaria, edificios, materias primas, energía, etc., logrando trasladar al valor de la producción total una cantidad superior de valor procedente de esos medios de producción y al mismo tiempo una cantidad mayor de plusvalía derivada de la diferencia de valor que existe entre los salarios (capital variable) y el valor del nuevo producto, pero esto sólo por un tiempo. Esta nueva ganancia está determinada por la oportunidad de producir más justo en el momento requerido por el mercado. Luego, las cosas vuelven a ser como antes y se regresa al nivel habitual de la producción, pero ya se pudo elevar la ganancia total anual.

El outsourcing rebaja también el capital variable (salarios) invertido en la compra de fuerza de trabajo en tanto que suelen dejar de cubrirse cuotas patronales de seguridad social, impuestos, reparto de utilidades y otros gastos que son parte integrante de la remuneración del trabajo.

El sistema de outsourcing se ha desarrollado sobre el enorme desempleo formal que existe en el país desde hace décadas. Legiones de trabajadores eventuales, con salarios menores, sin derechos laborales, sin contrato colectivo ni medio alguno de defensa, son parte de un mundo aparte, diferente de lo que señala el orden jurídico y el derecho del trabajo. Todo, sobre la base de un alto desempleo estructural que provoca una competencia brutal entre los trabajadores.

La economía política también enseña que el desempleo y el subempleo son en realidad una parte de la acumulación de capital en tanto permiten la expansión. Cuando un capitalista (persona o empresa) requiere trabajadores para aumentar su producción (rama de servicios incluida) tiene un mercado siempre abierto. En el outsourcing ocurre el milagro de que esa expansión puede ser sólo por un tiempo determinado y con menores costos salariales.

Es claro que existe el fenómeno, aún más grotesco, de tener bajo el mismo techo a trabajadores contratados por la empresa y a aquellos proveídos por el subcontratista pero en forma permanente. Esta es quizá la parte más extendida del método del outsourcing, el cual abarca la industria, el comercio, los servicios, la banca, el Estado. Está por todas partes.

La amplitud del outsourcing es también producto de la debilidad de los sindicatos, los cuales han entrado en la peor de las crisis desde el momento en que se hundió el Estado corporativo priista y cada central o sindicato nacional se refugió dentro de los muros de su estrecho y lucrativo recinto. De tanto dejar de luchar por los derechos generales de los trabajadores, los sindicatos se convirtieron en corporaciones promocionales de sus integrantes y jugosos negocios de sus líderes.

En realidad, una parte del capital invertido en salarios no va a parar a manos de quienes realmente laboran sino de sus líderes. Al patrono le da igual si el dinero llega al bolsillo de cada obrero o se lo entrega a los líderes, a través de toda clase de convenios o como sencillo embute. Lo que no le es indiferente es que con la compra de los jefes sindicales resuelve algunos problemas y puede lograr, entre otras cosas, que se le permita el outsourcing.

En alguna medida el capitalismo mexicano es más desastroso porque el charrismo sindical y el sindicalismo blanco (son casi lo mismo) se convirtieron en un defecto social con gravísimas consecuencias económicas y en un elemento más del Estado corrupto mexicano.

Otro tema es que siendo el outsourcing una práctica que, según la ley, podría ser regulada por las autoridades del trabajo, no ocurre así ni se podría, ya que no hay inspectores suficientes para ello. La operación gubernamental para defender derechos sociales es muy débil en el país porque así se quiso que fuera durante muchas décadas.

Encima de todo, la subcontratación permite que con mayor facilidad funcione la evasión fiscal en varias de sus modalidades como ya se ha mencionado por parte de las autoridades.

La iniciativa presidencial para prohibir el outsourcing se envió a la Cámara luego de que las negociaciones en el Senado fracasaron porque estaban embarazadas de simulación e hipocresía. Ha sido mucho mejor alojar el diálogo en Palacio Nacional a partir de un proyecto inicial muy preciso.

Como vemos, el outsourcing se ha convertido en un mal agudo en el que se concentran varios de los grandes problemas del México de nuestros días. Hay enfermedades cuya cura requiere una cirugía mayor. Es el caso.

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Dos años después

El peor argumento de los conservadores consiste en que el nuevo gobierno ha dejado todo igual que antes. Lo han repetido los portavoces conservadores en todos los medios. De esta forma, admiten que antes, con los gobiernos de ellos, el país estaba mal y requería con urgencia un cambio. Es esa quizá una de las pocas coincidencias que tienen con el gobierno actual, pero la única que confiesan. De todas formas, es un triunfo no previsto de la 4T.

Lo que no pueden demostrar los conservadores es que estemos peor, pandemia aparte, naturalmente, ya que ésta no puede ser atribuida al gobierno, aunque pretenden que lo sea.

Estos dos años son los primeros en décadas en que el salario mínimo ha empezado a recuperar su capacidad adquisitiva. Durante el neoliberalismo siempre hubo pérdidas para los trabajadores. Ahora viene el golpe al outsourcing, mecanismo de negación de derechos laborales y precarización masiva del trabajo asalariado. Viene también la elevación de la cuota patronal al sistema pensionario y la concentración de la cuota social sólo hacia los salarios bajos.

Nunca se había tenido una fuerza gobernante que llevara a la Constitución el derecho universal de los adultos mayores a una pensión alimentaria, ni otorgara la garantía de ayuda monetaria vitalicia a los jóvenes discapacitados permanentes. Desde 1996 ningún gobierno había querido estampar en la Constitución la obligación del Estado de impartir educación superior. Jamás se había tampoco establecido la beca universal en el bachillerato ni propuesto llevar ésta a otros niveles educativos, como ya empezó a hacerse.

El derecho constitucional a la atención médica no había tenido nunca la garantía de ser un servicio con carácter universal. Jamás gobierno alguno había presentado un plan para brindar servicios médicos y medicamentos gratuitos para todas las personas que se encuentran fuera de los institutos de seguridad social: la otra mitad de la sociedad mexicana.

El actual es el primer gobierno que admite que en México hemos tenido un Estado corrupto y que es prioritario desmantelarlo. Esto implica acabar con relaciones de reparto y entramados entre gobernantes y entidades económicas a través de los que se repartieron privilegios y ganancias ilícitas. El Estado corrupto contiene extensas formas de operar basadas en la inclusión de mucha gente con el ofrecimiento de obtener beneficios ilegales en un marco de impunidad. Eso es lo que ha empezado a eliminarse a través de la acción de gobierno.

Es la primera vez en que la lucha contra la crisis delincuencial se expresa principalmente en subsidiar el empleo legal y productivo de los jóvenes y de los campesinos arruinados.

Ningún programa social opera ya a través de intermediarios que lucraban con la necesidad de la gente y conformaban burocracias parasitarias. Muy en especial, se acabaron los “moches”, patético sistema consistente en atomizar el gasto público presupuestal para asignar pedazos a entidades y personas cercanas a legisladores y gobernantes a cambio de recompensas. En un solo día de diciembre de 2018, en San Lázaro se acabaron los lucrativos “moches” y se liberaron decenas de miles de millones de pesos para poder atender grandes propósitos de una nueva política de gasto.

Así también se prohibieron las condonaciones fiscales, las cuales llegaron a comprender cientos de miles de millones en regalos a grandes contribuyentes, quienes podían dejar de pagar sus impuestos de la manera más cómoda con la sola bendición del poder político.

Todo lo anterior es ignorado por las oposiciones conservadoras. Como si eso no existiera, las críticas se dirigen hacia la reducción del PIB y la pérdida de empleos en el marco de un parón de la economía, decretado por la autoridad sanitaria, el cual fue aplicado de una u otra forma por casi todos los países. No ha sido nada fácil y todo se ha alterado. Pero, al menos, en México no hemos recurrido a nuevas deudas para financiar o subsidiar a grandes capitalistas, con lo cual, claramente, se ha subrayado la consigna de no volver a cometer las atrocidades del pasado, tales como el gran robo del Fobaproa.

Los subsidios son ahora dirigidos a quienes tienen necesidad verdadera de ellos.

La austeridad republicana no es una política para gastar menos sino para gastar más, pero en lo verdaderamente importante, necesario y trascendente. Acabar con el derroche no es meter el dinero público debajo del colchón sino destinarlo a otra cosa, a lo que se requiere desde hace mucho tiempo pero que no se había atendido.

Las bases de una nueva administración comprenden la eliminación de costosos organismos de intermediación en el ejercicio del gasto, como los llamados fideicomisos que, al tiempo en que esterilizaban recursos públicos guardándolos de manera por completo innecesaria, otorgaban inservibles empleos a los amigos de los gobernantes.

Los conservadores quieren, lógicamente, mantener, pero eso ha costado mucho al país. La 4T fue votada en las urnas para destruir el edificio de la corrupción, el derroche, la transferencia de más riqueza a la oligarquía y la brutal concentración del ingreso, en el marco de la reivindicación de derechos sociales y la vigencia de sus garantías.

A la 4T le ha hecho falta una reforma fiscal para cobrar tasas mayores a las más altas ganancias y rebajar los impuestos de los ingresos medios, cuyas tasas impositivas se encuentran ahora cerca de las que tienen los archimillonarios, quienes, además, pagan tasas efectivas mucho menores porque cuentan con otros privilegios fiscales.

También le ha hecho falta al nuevo gobierno un plan propio de construcción de infraestructuras, con una amplia cobertura de financiamiento, que atienda proyectos de las entidades federativas para promover el crecimiento de la economía y el empleo, mediante un mecanismo de carácter nacional y centralizado que logre impedir el desvío de recursos y la creación de nuevas burocracias parasitarias. No todo debe ser subsidio sino principalmente inversiones capaces de generar ingresos necesarios para cubrirlas.

El Estado debe ubicarse más y mejor dentro de la economía y no sólo regularla, pero al margen del viejo estatismo que terminó repartiendo canonjías y corruptelas por todos lados y, quizá lo peor, prohijó una oligarquía que se adueñó del país entero.

La mejor manera de estimular las inversiones privadas, indispensables para impulsar el crecimiento económico, consiste en tener planes propios que coadyuven a una redistribución del ingreso. Los llamados megaproyectos son una especie de señal, pero no alcanzan aún a colmar la magnitud de la obra que debe llevar a cabo el gobierno federal directamente.

Los conservadores de la derecha tradicional y sus inexplicados nuevos socios, pero de vieja trayectoria, los líderes priistas, están colgados tétricamente de los más de cien mil fallecidos por causa directa de la pandemia. Dentro de esa gran tragedia, no admiten el formidable logro de contar con una infraestructura médica adecuada frente al Covid, con la cual se ha tenido capacidad de atender a los enfermos.

Esa derecha y sus socios no dan el menor consejo para reanimar la economía sino que se regodean con el hecho de que el parón haya conducido a una mayor disminución del PIB. Cuanto más sea la caída del producto, mayor será la victoria de las oposiciones, según creen sus líderes, pero sin considerar que lo peor para el país no puede ser lo mejor ni siquiera para ellos.

Esa derecha vive en la amargura de su derrota del año de 2018, pero sin perspectiva porque no ofrece una nueva acción, otro camino que se reputara diferente pero nuevo y mejor, sino que sólo lanza acusaciones, falsas en su inmensa mayoría, para tratar de crear un ambiente de confusión. No se dan cuenta que pocos quieren volver al pasado y que al nuevo gobierno no le puede ir mal cuando lo de antes va quedando atrás, a pesar del enorme tropezón provocado por la pandemia.

Es tanta su amargura que los conservadores se quejan de la más amplia libertad de difusión de ideas y opiniones. Nadie ha sido molestado, acosado, bloqueado y mucho menos perseguido por sus planteamientos y críticas. Cuando se produce el debate con la prensa, es el mismo presidente el que lo encabeza. Ya no hay mensajes a los comunicadores y tampoco embutes convincentes. Quienes se quejan del debate, de la réplica pública, no están acostumbrados a relaciones políticas limpias, sino que han vivido en los cenáculos del influyentismo y la corrupción. Es un pasado que añoran quienes fueron sus beneficiarios.

Dos años es un lapso corto para un país soberano con 200 años de historia propia. Lo que no se puede negar es que se ha vuelto a hacer historia en el sentido de alcanzar un momento de quiebre, de ruptura. Los próximos dos años serán de mayores confrontaciones políticas y probablemente de mayores reformas.

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Fuero y contrafuero

El llamado fuero constitucional consiste en que para dar inicio a un procedimiento judicial penal contra ciertas personas es preciso, antes, obtener el desafuero del sujeto, es decir, la resolución de un órgano legislativo que separe al funcionario del cargo (lo expulse del foro) y lo entregue a la autoridad competente. Se llama inmunidad procesal penal. No abarca, por tanto, asuntos civiles o administrativos.

La Cámara de Diputados envió al Senado recientemente un proyecto, iniciado por el Ejecutivo, para reformar el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución, con el objeto de que el presidente de la República pueda ser acusado por cualquier ilícito penal, ya que hasta ahora ese precepto sólo abarcaba los delitos graves. El Senado, por fin, ya lo ha aprobado, pero no se trata del fuero constitucional, como han dicho, sino de la imputabilidad penal del titular del Ejecutivo. Es otra cosa.

En la actualidad, el presidente puede ser acusado por parte de la Cámara de Diputados (se llama impeachment) ante el Senado, donde se le enjuicia y, en su caso, se le remueve del cargo para ser sometido a un proceso penal en tribunales ordinarios. Con la nueva reforma constitucional, ese juicio ya podrá llevarse a cabo por cualquier ilícito penal. Con esto, se acaba la impunidad presidencial en relación con la mayor parte de los delitos. Tal es el sentido de la enmienda ya aprobada en el Congreso, la cual se ha enviado a las legislaturas locales.

Sin embargo, se dice equivocadamente que se trata de la eliminación del fuero y que también es preciso extender dicho nuevo precepto a los legisladores y no sólo al presidente. El problema que tienen quienes así piensan es que con la nueva reforma ni se elimina el fuero ni es necesario abarcar a otros altos funcionarios porque la Constitución ya los considera como sujetos responsables de cualquier delito, sin excepción.

La verdadera discusión sobre el fuero ha sido por completo otra. La inmunidad procesal penal del artículo 111 de la Constitución debería ser eliminada para que los altos funcionarios (legisladores, secretarios de Estado, gobernadores, ministros de la Corte, consejeros de la judicatura, magistrados electorales, fiscal general y consejeros del INE) pudieran ser procesados inmediatamente en un juzgado penal sin que la Cámara de Diputados tuviera que desaforarlos. Si no hubiera fuero no habría desafueros.

Pero no. Las oposiciones se han unido para exigir que el acusado no sea removido de su cargo hasta que su sentencia se encuentre confirmada en última instancia, es decir, años después, en un tribunal superior. Ahí está la discrepancia.

No es fácil admitir que un funcionario de alto rango pueda seguir como si nada en el desempeño de su cargo aun después de ser sentenciado por un juez. Esa situación sería peor que el actual fuero, ya que, bajo el sistema vigente, la Cámara de Diputados puede rápidamente aprobar la procedencia (así se llama), remover de su cargo al funcionario y entregarlo a la autoridad para que responda a las acusaciones. Ya se ha hecho hace poco.

Lo que en realidad quieren las oposiciones es un contrafuero, el cual consistiría en que cuando un legislador, ministro, miembro del gobierno, etcétera, fuera señalado como posible responsable de un delito, siguiera en su cargo, pero no hasta la sentencia, sino hasta que perdiera el amparo, es decir, podría mantenerse en funciones todo su periodo de tres o de seis años, pues tenemos un país donde tal procedimiento va a paso de tortuga y durante su desahogo existen múltiples recursos: el túnel negro de la industria del amparo. El contrafuero sería un mayor privilegio que el fuero.

El 10 de diciembre de 2019 las oposiciones votaron en contra del proyecto de abolición del fuero en la Cámara, por lo que no se completaron los dos tercios necesarios para aprobarlo. Luego de ver desechado su propio proyecto, la mayoría parlamentaria se ha negado a admitir el contrafuero porque este sería peor que el fuero, es decir, podría haber una suerte de impunidad temporal durante periodos completos de la gestión de los funcionarios enjuiciados.

El fuero se convirtió en un privilegio porque el Ministerio Público lo veía como una barrera y, eventualmente, la Cámara de Diputados era usada para castigar o perdonar. En ocasiones se activó el desafuero, pero siempre por órdenes del presidente en turno, ya fuera para encarcelar a un exfuncionario, como el caso de Jorge Díaz Serrano, o para inhabilitar a un próximo candidato, como fue la acusación contra Andrés Manuel López Obrador, desaforado a dos manos por el PRI y el PAN, pero rebotado en sede judicial y en las calles, con multitudinarias protestas.

Mientras la Cámara de Diputados tenga una composición como la de ahora, en la que ya no deciden los viejos partidos transas, todo pedido de desafuero presentado por el Ministerio Público –ya por fin independiente– sería atendido y, por esa vía, se entregaría a quienes deban ser enjuiciados por posibles delitos, siempre que no sean venganzas ni maniobras políticas de inhabilitación.

En tales circunstancias, entre el fuero y el contrafuero, por lo pronto mejor dejamos el primero de ellos y, tan luego se pueda, habrá que crear el nuevo sistema que está propuesto.

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México-USA, vecinos antitéticos

Los vecinos territoriales donde se confrontan la América europea y la mestiza son países en los que no suelen analizarse las cosas desde un mismo lado. Su frontera, violentamente recorrida hace 173 años, es a la vez geográfica y epistemológica. Se sienten y se entienden las mismas cosas en forma diferente.

En el sur, la idea de independencia y autodeterminación se vino a engarzar con la de no intervención y, después, con la de no injerencia. Esto forma parte de una dialéctica de las relaciones entre México y Estados Unidos, la cual, de tan sabida, ha llegado a ser para los neoconservadores algo superfluo, una especie de decoración nacional.

Cuando Andrés Manuel López Obrador, como presidente, afirmó que iba a esperar para felicitar al presidente electo de Estados Unidos, los viejos conservadores y, sorpresivamente, los neoconservadores que proceden de la izquierda pusieron el grito en el cielo diciendo que los principios constitucionales en materia de política exterior no podían esgrimirse en la coyuntura, mucho menos ante el apresurado aplauso internacional al candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos.

Sin embargo, tales principios, quizá excesivamente subrayados por AMLO, tienen que ver con el injerencismo contemporáneo en la política mexicana. En la elección presidencial de 1988, como en la de 2006, se produjeron unos aludes internacionales de apoyo al resultado oficial de los comicios en momentos en que se exigía el recuento de votos y se documentaban alteraciones en los cómputos, amén de violaciones descaradas a las normas del proceso electoral. Esto es historia y, por tanto, origen.

Decir que el presidente de México felicitará al presidente electo de Estados Unidos tan luego como terminen de contarse los votos y se resuelvan los recursos legales, es lo mismo que se pidió a ese y otros países en aquellas ocasiones, aunque sin el menor éxito. No hay nada diferente en la postura del hoy presidente de México. ¿De dónde viene tanta tribulación?

La nación mexicana existe en dos países. Su influencia en Estados Unidos se expresa en forma cotidiana y, a veces, en la lucha política, como ha sucedido relevantemente el pasado día de elecciones, el martes 3 de noviembre. Pero el gobierno de México no puede hacer lo mismo.

Si se ha de rechazar todo injerencismo desde el norte, en el sur se debe guardar una rigurosa distancia oficial frente a los asuntos en los que se dirime el conflicto político en Estados Unidos. Esto puede disgustar a los neoconservadores que parecían comportarse como militantes del Partido Demócrata, pero se llama consistencia y consecuencia.

Existen otros asuntos muy concretos relacionados con la reciente elección en Estados Unidos vista desde el gobierno mexicano. Uno de ellos es que el actual presidente lo seguirá siendo hasta el 20 de enero de 2021. Mientras, conserva su capacidad de emitir órdenes, resulten o no plenamente legales. La capacidad dañina de la Casa Blanca ha sido muy grande. Es parte de la historia y tenemos amplia conciencia al respecto. El gobierno de México no puede ser fuerte ante el vecino si no toma en cuenta esta realidad.

Es del todo comprensible que el presidente mexicano no haya explicado lo que es capaz de hacer el presidente saliente de Estados Unidos durante el último mes de su mandato, pero tampoco era necesario. Todos lo sabemos, incluyendo a los intelectuales neoconservadores, irritados porque López Obrador no felicitó a Joe Biden el 7 de noviembre, tal como lo hicieron Emmanuel Macron y Boris Johnson, gobernantes del eje europeo de la Alianza Atlántica y cuya relación con Estados Unidos es de carácter estratégico mundial. Esa es una historia diferente. México se encuentra en otro lugar del mundo y en otra situación.

Hay algo más. Las relaciones de México con el próximo gobierno de Joe Biden no serán acarameladas, como nunca lo han sido entre los gobiernos de uno y otro lado, con independencia de quienes hayan estado al frente.

En el tema migratorio, las diferencias entre demócratas y republicanos no consisten en abrir o no la frontera del sur, sino versan sobre el método para regular la llave de entrada; lo mismo ocurre con la política de deportaciones, cuyas cifras record las tiene el gobierno de Barack Obama, en el cual Joe Biden era vicepresidente. En el plano de la defensa del empleo, los demócratas son más duros sobre la apertura de productos manufacturados porque representan orgánicamente a los sindicatos. En lo que toca a la lucha contra el narcotráfico, unos y otros políticos estadunidenses quieren que México selle su frontera, aunque no sepan cómo podría hacerse algo así. En relación con el tráfico de armas, los fracasos de Barack Obama en cuanto a regular la libertad comercial no se debieron sólo a la influencia de la asociación del rifle entre los republicanos sino también hacia no pocos demócratas.

Joe Biden será un presidente débil pero no sólo por su falta de definiciones nuevas de política social y de fiscalidad, sino también por su precario triunfo. Dentro de la norma histórica plenamente vigente con la que los delegados elegidos en los estados designan al presidente, el candidato demócrata obtuvo 306 votos contra 232 de su contrincante, pero con una diferencia de apenas unos 100 mil votos sumados en cuatro estados decisivos, Arizona, Georgia, Pensilvania y Wisconsin, que poseen en conjunto 57 votos electorales. Joe Biden se llevó todos esos grandes electores con décimas de punto porcentual de diferencia en cada uno de ellos, con las cuales superó a Donald Trump en la elección nacional.

Desde México, el respeto de Estados Unidos es pensado con varios componentes principales: no injerencia en asuntos internos; negociación pública y abierta de los temas bilaterales; no utilización unilateral de la fuerza en las relaciones económicas; defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos; cooperación en propósitos comunes; cordura ante la política internacional mexicana. Hay muchos aspectos más, pero quizá la mayoría giren en torno a estos vectores.

Estados Unidos vive una profunda crisis de integración nacional porque carece de objetivos comunes, mientras que los dos grandes bandos electorales no tienen tampoco un programa completo, sino definiciones generales. Hay más confusión que certezas. Entre tanto, el ingreso y la riqueza se han concentrado a ciencia y paciencia de una clase política a la que le falta representatividad. Por el otro lado, la opción socialista y democrática, la cual ya es de masas, en especial de jóvenes, aún no alcanza a hacerse presente en la vida política cotidiana del país ni ha logrado integrar a las grandes corrientes que luchan por el respeto a sus derechos: afroamericanos y mexicanos.

Los próximos años podrían ser de encuentros entre grandes conglomerados que fijen un programa básico común. Hay terreno fértil para eso. Entonces quizá los dos países vecinos sean menos antitéticos y empiecen poco a poco a ver desde un mismo punto.

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Presidente de panzazo

Joe Biden ha logrado más de 270 votos en el Colegio electoral, suficientes para ser designado presidente de Estados Unidos. Aunque la votación ciudadana arrojó una diferencia de más de 4 millones de votos (unos 3 puntos porcentuales) respecto a su contrincante, el actual presidente Donald Trump, son muy pequeñas las distancias en los estados donde la contienda fue más apretada y en los cuales finalmente se decidió la elección.

Con diferencias de décimas de punto porcentual, Biden logró 57 de 538 votos electorales con los que se conforma el colegio electoral, es decir, más del 10% del total. Son en conjunto unos 90 mil votos, aproximadamente, en cuatro estados: Arizona (20 mil), Georgia (16 mil), Pensilvania (20 mil) y Wisconsin (10 mil). Sólo 50 mil personas distribuidas en esas entidades que hubieran votado al revés de como lo hicieron, es decir, en favor de Trump, habrían sido suficientes para que éste fuera reelegido. Dicho de la otra manera: Joe Biden estaría ahora derrotado si poco más de la mitad de 90 mil electores en cuatro estados hubieran decidido votar por el actual presidente. Así de precario es el triunfo del candidato demócrata dentro de las reglas políticas imperantes y admitidas por todos los contendientes.

El resultado electoral de Estados Unidos muestra un alto grado de confrontación política en el seno de la sociedad y no sólo entre las fuerzas gobernantes. Ya lo hemos subrayado. Pero también evidencia una vez más que el sistema de elección presidencial, con una democracia de estados y no de personas, se contradice a cada rato con el principio de que a cada individuo corresponde un voto con igual peso. Es mentira que la presidencia sea expresión del equilibrio e igualdad entre los estados. Esta característica le corresponde por entero al Senado, por lo que siempre ha sido un engaño que también la posea la Casa Blanca.

Es difícil que los recuentos vayan a cambiar el resultado de algún estado y, aunque así fuera, tampoco uno o dos podrían modificar la correlación en el colegio electoral. Todo parece señalar que Joe Biden será presidente de panzazo, pero al fin el mandatario para los próximos cuatro años.

Joe Biden no es un líder político sino un colaborador político. Son dos cosas diferentes y así se verá durante los próximos cuatro años. Kamala Harris podría hacer el gran esfuerzo, pero en la práctica sólo preparará su propio momento. La coyuntura no sería tan grave si no fuera porque Estados Unidos requiere reformas profundas que lo pudieran arreglar. La gran confrontación social que se expresa en la política se debe a que una gran masa de trabajadores ha perdido ingreso en términos reales y a que un pequeño grupo de grandes capitalistas ha aumentado demasiado sus ganancias.

Se requiere en Estados Unidos una gran cirugía redistributiva del ingreso que, al menos, lleve el patrón de reparto a niveles observados décadas atrás, pero con el añadido de la lucha horizontal contra la pobreza. En este marco se necesitan la reforma educativa y la de salud. Abrir la escuela pública y crear la seguridad social que propone Bernie Sanders, aunque a ello se opongan los líderes demócratas.

La economía estadunidense no podrá responder al asedio comercial exterior si no redistribuye el ingreso y potencia, de tal forma, tanto su capacidad tecnológica (productividad del trabajo) como su mercado interno. La defensa del empleo y de los precios no puede darse sin estos dos componentes. Sin embargo, en Estados Unidos existe un gobierno más real y efectivo en Wall Street que en cualquier otro sitio.

La sociedad estadunidense contiene el primer y el tercer mundo al mismo tiempo. Es la mayor madeja de contradicciones sociales internas entre las potencias del mundo. Por ese camino la decadencia continuará sin remedio.

Pero los políticos no están trabajando para lograr un nuevo gran acuerdo sino sólo para restarse poder unos a otros. Los partidarios de Trump observan como amenaza la demagogia demócrata mientras que la mayoría en la House trata de bloquear la política republicana que ha tenido predominio en el Senado. Al parecer, la reciente elección va a conducir a un empate en la llamada cámara alta, quizá no exactamente aritmético sino político debido a la aplicación de sus reglas internas. La salida sería que un grupo asumiera la conducción e incorporara también a los que han estado actuando en los márgenes del sistema político, que son muchos millones. Esto llevaría su tiempo, pero ahora pocos están queriendo empezar.

De momento, Donald Trump se irá a Florida a jugar golf todos los días, pero eso por sí mismo no arreglará grandes cosas.

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Confrontación

La fuerte lucha política en Estados Unidos es la continuación de la que vimos hace cuatro años. Nunca ha sido un simple choque entre un alocado empresario y los viejos políticos, ni entre una persona intolerante y un proclamado sistema democrático. Tampoco se han estado enfrentando las formas bruscas o burdas de un presidente con una buena educación política de sus opositores.

La confrontación en Estados Unidos es social. La burguesía liberal tradicionalmente dominante, capaz de asimilar a parte de los afroamericanos e hispanos, siempre ha tenido como rivales a los más nacionalistas, racistas y xenófobos. Hasta hace relativamente poco esa burguesía podía militar en uno u otro partido. Ahora, a partir de la llegada a la presidencia de Barack Obama y de la crisis del balance de la economía estadunidense, la vieja preeminencia mundial ha resurgido bajo el lema de hacer grandioso otra vez a los Estados Unidos de América.

La división de la burguesía estadunidense tiene muchas aristas y temas, pero en gran medida se expresa en las alianzas internas de cada bloque. El predominio de los demócratas sobre los sindicatos se ha derrumbado, pero no sólo en algunas cúpulas de éstos, sino en las bases que prefieren apoyar la convocatoria a la defensa de los empleos y, consecuentemente, al control de la migración y las importaciones. Lo mismo ocurre con muchos agricultores respecto a la defensa de los precios de sus productos.

Para los críticos de la tradicional relación de poder, hay que dar la pelea por lo propio, cobrar a otros países una buena parte de los gastos de la “defensa mundial” y bloquear las presiones internacionales en varias materias, incluyendo el tema del medio ambiente. La relanzada derecha estadunidense reclama una nueva independencia del país en un sentido más integral.

Por el otro lado, la burguesía liberal tradicional cree que es posible administrarlo todo nuevamente sin necesidad de ir al choque con la mayor parte del mundo y que el libre comercio puede seguir siendo benéfico, tal como lo fue durante las últimas décadas.

En paralelo a esta confrontación, ha resurgido el movimiento de los afroamericanos en favor del respeto a sus derechos y en contra de la discriminación, al tiempo que los mexicanos han empezado a jugar un papel político relevante en medio del choque dentro de la vieja clase dominante.

El dato más interesante y quizá más trascedente desde un punto de vista sociológico es el surgimiento de una corriente de socialismo democrático a nivel de todo el país, encabezada por Bernie Sanders, que ha llegado a tener una dimensión de masas con una militancia marcadamente juvenil y con un programa contrario al monopolio político de los grandes capitalistas, vistos éstos en su conjunto. Desde ahí se lucha contra los políticos demócratas y republicanos, aunque en la contienda electoral final esos socialistas hayan tenido que votar en favor del menos malo o en contra del peor. La confrontación dentro de la sociedad estadunidense no tiene los dos polos de los que hablan las recientes elecciones. Ambos extremos son abigarrados resúmenes de un fenómeno mucho más amplio. El choque de Donald Trump y Joe Biden ha sido una manera en que se expresa tal confrontación, pero hay varios frentes.

Estados Unidos tiene que resolver los problemas de su propia integración y de sus relaciones con el resto del mundo. Pero esto no va a ocurrir sin que las clases sociales y los sectores étnicos y nacionales lleguen a un acuerdo global. El gran escollo es la existencia de diferentes programas económicos, pues en cada uno de ellos se amarran la distribución interna del ingreso y el uso de los excedentes, en el marco de la competencia internacional del país. En especial, han ido tomando mucha fuerza los temas de educación, salud y política fiscal.

Al parecer, llegará a la Casa Blanca una persona que no conmueve a nadie verdaderamente. Es el personaje al que le tocó expresar el rechazo al actual presidente. Es suficiente por lo pronto precisar lo que se repele, peroal rato será por completo insuficiente. Más allá de la coyuntura, Estados Unidos seguirá adentrándose en su confrontación interna y su inadecuación mundial.

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Gobernadores “insumisos”

Varios gobernadores exigen que a sus estados se les devuelva “lo que se les ha quitado” por concepto de participaciones fiscales. El gobierno federal replica que les ha trasladado todas e, incluso, se ha compensado la baja en la recaudación. Por otro lado, varias de esas entidades están debiendo al SAT el entero de los impuestos sobre la renta que les retienen a sus propios empleados, es decir, jinetean recursos federales.

Esos gobernadores se han mostrado insumisos, pero no sólo en la acepción de rebeldes sino también de otras: traviesos, perturbadores, díscolos, pues algunos de esos mandatarios eran legisladores cuando se aprobó en el Congreso de la Unión la actual fórmula de reparto.

El problema no es, entonces, la aplicación de la ley vigente sino un asunto de política fiscal y presupuestal. Como se sabe, las entidades federativas no sólo reciben participaciones a las que tienen derecho, sino también aportaciones, así como una especie de dádivas y estímulos que han sido inscritas paulatinamente en el presupuesto federal o ejercidas al margen de éste. A los cerca de 2 millones de millones (billones) que transitan desde el presupuesto federal a las entidades podría agregarse el importe de programas sociales federales (pensiones, becas, salario de jóvenes, etc.) que se ejercen directamente sin la intermediación ni aportación alguna de los gobiernos locales, pero los “insumisos” no voltean a ver para ese lado.

Las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades se enderezaron hacia una perversa forma de transferencia a través de fondos, estímulos y convenios para ayudar a cubrir ciertos gastos. Esas ayudas no fueron siempre destinadas a su objeto, tal como lo ha documentado muchas veces la Auditoría Superior de la Federación. Dejó de haber en México una política de concentración de recursos en grandes tareas nacionales y regionales, por lo que se impuso una práctica de tratos y pactos políticos muy estrechos que atomizaron el gasto público. Esto es lo que defienden los gobernadores “insumisos”.

Ahora bien, las entidades federativas son de por sí pobres. Con instrumentos propios, sólo recaudan el 15% de sus ingresos totales, en promedio nacional, excepto la Ciudad de México que cubre mucho más. Esto quiere decir que, de seguir el mismo esquema, la pobreza presupuestal seguirá igual. El gobierno nacional no va a poder suplir la deficiencia de las entidades con el método del acuerdo político de repartos porque ya no son aquellos tiempos ni hay dineros que repartir. En otras palabras, bajo la nueva política social se asigna gasto en una forma muy diferente y directa. Esta es la pauta mexicana actual, pero hay gobernadores “insumisos” que la rechazan, aunque sin decir abiertamente que debe ser del todo desechada.

Los “insumisos” pretenden crear una corriente de opinión contra la nueva fuerza gobernante del país con la bandera de mayores transferencias federales, aunque sepan que eso no puede suceder. Pero, de paso, sin decirlo con claridad, están buscando ciertas concesiones presupuestales o mediante “convenio”, al viejo estilo.

Dicho con grandes rasgos, a los ingresos federales propios de 5.6 billones hay que restarle 700 mil millones que se ocupan en el servicio de la deuda pública y un billón en pensiones. Las entidades se llevan, en total, 1.8 billón. Con los restantes 2.1 billones, casi lo mismo que lo absorbido por las entidades federativas, más el déficit público, la Federación debe sostener un aparato de muchas instituciones y millones de trabajadores, así como inversiones productivas, gasto directo en salud, seguridad social, educación, jubilaciones del sistema anterior, nuevas pensiones de adultos mayores e incapacitados, becas y una larga lista de otras erogaciones.

Se habla de un nuevo pacto fiscal. Pero, por ejemplo, el IVA brinda 978 mil millones. Esto es casi lo mismo que las participaciones fiscales del conjunto de las entidades. Si se convirtiera todo el IVA en un impuesto local se eliminarían las participaciones en general, pero todo seguiría más o menos igual; nada cambiaría como no fuera un mayor rezago de los estados más pobres. Así, podríamos estar intentando la manera de resolver este problema con sólo dar vuelta y vuelta a lo que ya se tiene para no llegar a ninguna parte. Hay que analizar posibles cosas nuevas.

La opción demagógica de los “insumisos” es abandonar de plano el pacto fiscal. Sin embargo, no informan a sus entidades que, al no contar con participaciones federales, tendrían que cobrar sus propios impuestos, por ejemplo, a la renta y al consumo, sin que la Federación dejara de recoger las contribuciones impuestas en todo el territorio nacional. Esto querría decir que los habitantes de esos estados pagarían impuestos dobles, los federales y los locales, por iguales conceptos.

La fiscalidad se puede reformar para incrementar los ingresos de todo el Estado mexicano y, consecuentemente, de las entidades federativas. Por ejemplo, si se recaudara por ingresos tributarios un 50% más de lo que hoy se logra (de 3.5 a 5.25 billones), para ubicar a México al nivel de otros países semejantes, las participaciones a estados y municipios podrían crecer en esa misma proporción, de 900 mil millones a 1.8 billón, aproximadamente.

El problema actual no consiste en la forma de repartir unos ingresos federales bajos, sino en aumentarlos. Este gran asunto deberá tocarse por parte de la 4T, tan pronto como la recesión lo permita. Si los “insumisos” estuvieran de acuerdo con esta idea, ya estarían empezando a hablar de una reforma fiscal progresiva, con lo que se inclinarían hacia la izquierda. El asunto es que son de derecha, son sumisos del conservadurismo y el neoliberalismo. Así no podría haber mejora.

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Bolivia: golpe democrático contra el golpe

La rápida caída de los golpistas en Bolivia tiene muy pocos precedentes históricos. Las elecciones arrojaron un resultado incontestable tanto por la concurrencia popular como por la preferencia mayoritaria. Las fuerzas políticas y militares del golpe, así como sus inspiradores de la OEA-USA, fueron derrotadas en toda la línea.

Ha sido ejemplar la serenidad y unidad de la izquierda y, de manera más general, de los movimientos sociales, para contener la acción del gobierno instituido tras el golpe.

Poco después de la deposición del gobierno de Evo Morales, que sólo pudo ser dirigida contra el Ejecutivo pues no podía abarcar al Legislativo sin caer por su propio peso, se produjo una especie de pacto político implícito, consistente en que unas nuevas elecciones tendrían que ser convocadas como forma de dirimir el conflicto, en el cual las fuerzas armadas habían sido determinantes para remover al presidente de la República e invalidar la sucesión interina constitucional.

La caída del gobierno y la toma de la Presidencia por una representante de las fuerzas políticas minoritarias, pero reconocida por los militares, no llevó a una respuesta violenta ni a la desesperación o desunión por parte de los sectores desplazados del poder ejecutivo, sino a la confianza en que, en nuevos comicios, los golpistas iban a ser derrotados, tal como ocurrió unos meses más tarde.

La historia reciente de este trance histórico tan singular parte de la decisión de Evo Morales de buscar una nueva reelección a pesar de un veredicto popular en el sentido de que esa ya no debía ser posible. Como se advirtió en su momento por mucha gente de izquierda, el desconocimiento por vía judicial del resultado de la consulta era por completo ilegítima: Evo Morales tomó la peor decisión.

Sin embargo, como ya ha quedado claro, Morales obtuvo el triunfo electoral a pesar de todo. La OEA, por conducto de su secretario en funciones de cónsul, quien antes había declarado la legitimidad de una nueva reelección, envió una comisión que pronto decretó sin elemento alguno que en Bolivia se había producido un fraude electoral.

Esta comedia de equivocaciones se convirtió en el caldo de cultivo del golpe de Estado.

Pero más allá de pretensiones reeleccionistas, por un lado, y de planes golpistas, por el otro, había un pueblo con certezas políticas y conciencia social. Las candidaturas en las nuevas elecciones fueron políticamente iguales, aunque el candidato del Movimiento al Socialismo ya no era Evo Morales, cuya pretensión reeleccionista había resultado sencillamente desastrosa.

Esta historia tan reciente demuestra que, debido a que Morales no había obtenido sanción popular para su cuarta postulación a la Presidencia, carecía de legitimidad, a pesar de que en la elección hubiera logrado una mayoría. No es suficiente tener más votos, es imprescindible tener también legitimidad.

Sin haber hecho fraude electoral, Evo Morales era incapaz de mantenerse en la Presidencia de Bolivia porque ya antes, en referéndum, no había logrado el derecho a postularse por cuarta ocasión.

Cuando Morales cancela la elección que le había dado el triunfo y se mete en la trampa que él mismo había plantado al admitir que la OEA revisara la autenticidad de los resultados con capacidad vinculante. En ese momento, el esquema del golpe de Estado estaba completo. Los golpistas no podían desaprovechar la oportunidad: el mismo presidente les había entregado el arma.

Pero el punto que marca la lucha política en Bolivia es que la relación de fuerzas no se modificó por el golpe contra Evo Morales, pues las nuevas elecciones pusieron las cosas en mejor lugar que en el que estaban desde antes de que aquel intentara una nueva reelección con argucias judiciales.

El que será nuevo presidente de Bolivia es quien fuera ministro de finanzas durante el gobierno de Evo Morales, uno de los principales impulsores de la política económica y social del socialismo boliviano. A juzgar por el resultado electoral, los números mejoran al MAS respecto de recientes comicios.

En cierto momento de la lucha política nada depende de una o varias, sino de una causa común, de un programa político y social. Esa es toda una elección, una vez más.

El golpe de Estado en Bolivia fue derrotado por la acción disciplinada y unitaria de las fuerzas de la transformación del país. A la vez, tales fuerzas han aprendido, mediante su propia acción, que el caudillismo tiene sus límites, los cuales podrían señalarse cuando ése pretende presentarse como la salvación, por sí mismo, en lugar de admitir la potencia de la organización y las conciencia en las fuerzas sociales del cambio.

La lección de Bolivia no sólo estriba en la forma en que ha sido derrotado el golpe de Estado sino también en el predominio de la potencia de las fuerzas del cambio social, aún por encima de su propio liderazgo original.

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Luchamos por una política recaudatoria que no genere una mayor carga tributaria en la economía

Intervención del diputado Pablo Gómez Álvarez a favor del Dictamen relativo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, aprobado en la Cámara de Diputados.

Ciudadanas y ciudadanos legisladores:

El dictamen que se consulta tiene como centro el realizar una conducta, una política recaudatoria que no genere una mayor carga tributaria en la economía y que al mismo tiempo eleve la capacidad de recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos del gobierno federal.

La oposición responde exigiéndonos algo que no harían ni ellos ni nadie y eso es lo más hipócrita que puede haber en el mundo: proponerle a un gobierno que haga lo que ellos jamás harían y ningún otro gobierno en este momento ni en otro podría hacerlo, es decir, bajar los impuestos principales a la mitad. Eso es lo que nos están planteando.

¿Piensan que eso lo puede hacer algún gobierno? ¿Cómo vamos a mantener la capacidad adquisitiva actual? Ya ni siquiera como queremos aumentar un poco esa capacidad adquisitiva de los trabajadores del Estado. ¿Cómo lo podemos hacer con menos ingresos? Bueno, pedir prestado. La Constitución prohíbe pedir prestado como ustedes lo hicieron durante años para pagar o cubrir gasto corriente.

La mayor parte de la deuda mexicana es inconstitucional y ustedes la contrataron: PRI y PAN, PAN y PRI. Recuérdenlo. Recuérdenlo. No sean desvergonzados.

Debo decirles: estamos haciendo algunas actualizaciones para no perder capacidad recaudatoria, pero no estamos aumentando ningún impuesto a quienes utilizan las redes sociales, a los usuarios de internet.

¿Qué no tienen que pagar por el uso de bienes de dominio público, el espectro radioeléctrico y demás, los concesionarios? ¿Son ustedes acaso concesionarios, o no son más que representantes sociales de los grandes empresarios de la radio, de la televisión y de las telecomunicaciones del país? Eso son. Son representantes. Ni siquiera son los dueños. Representan un sector social de esta sociedad, que tiene las mayores ganancias en la pandemia. ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que este negocio ha aumentado? ¿No se dan cuenta que ha aumentado el número de clientes y han aumentado las ventas y han aumentado las ganancias?

Y ustedes vienen aquí a llorar porque estamos actualizando los derechos que deben pagar por la utilización de bienes de dominio público, que son de la nación y que la nación tiene derecho a cobrar por lo que es suyo.

Lo mismo lo de la minería. Vienen aquí como si fueran de las grandes mineras trasnacionales, que sacan el oro y la plata de México. Porque ustedes, el gobierno del PAN, les entregó la mitad del subsuelo nacional a esas compañías. México es el país que mayores concesiones hizo durante los regímenes del PAN y terminaron con el último del PRI, en concesiones de una riqueza de la nación, que es el subsuelo. Lean la Constitución de México, señores.

Nos vienen aquí a decir que queremos usar el fondo de salud para la salud. A ver, no sean, por favor. Ya no sé qué decirles. Que nos acusen de querer usar un fondo de salud para invertir en salud, ¡caray! ¿Qué tienen? ¿Qué les pasa?

Señores y señoras, dice la oposición que no les hacemos caso. Tienen razón, ¿cómo les vamos a hacer caso? ¿Quieren que repitamos la política que condujo a este país a la situación que nos han dejado? Con pobrezas de más del 50 por ciento de la población. Con retrasos en la capacidad productiva. Con un sistema recaudatorio de los más pobres del mundo.

¿Qué no saben que recaudamos 17 por ciento del PIB? Estados Unidos, que es el más bajo, porque ahí los ricos mandan, tiene el 26 por ciento. Hay países del 40 y tantos por ciento.

Nos han dejado un país en ruinas, pero vamos a levantarlo. Lo estamos levantando. Lo levantaremos. Triunfaremos, porque tenemos el apoyo del pueblo y la razón histórica y social.

Muchas gracias.

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Dilema: partido, movimiento o algo diferente

En realidad, nadie sabe lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional, aunque ese no es su nombre oficial, sino simplemente Morena. Quizá este no sea el mejor momento para discutir el punto, pero pronto se abrirá el debate.

Los partidos del siglo XX eran organizaciones con muy definidos contornos, tanto programáticos como orgánicos. Casi todos ellos comprendían un compromiso con una causa o con una forma de relacionarse con el Estado. En el siglo de los extremos, como le llamó Eric Hobsbawn, había alineamientos muy definidos e irreconciliables con los demás. Los militantes políticos tenían que ser eso, justamente.

Sin embargo, en tanto la época de los extremos se fue atemperando, en especial con la terminación de la guerra fría y la restauración del capitalismo en el anterior mundo socialista, los partidos se tornaron en algo menos definido, aunque sin perder sus respectivas referencias sociales básicas, es decir, de clase.

En muchos países se han construido movimientos electorales con apariencia de los anteriores partidos porque sus líderes y algo de sus programas suelen provenir de aquellos, pero son otra cosa. La verdad es que vivimos un momento en el que los viejos continentes no alcanzan a retener todos los actuales contenidos.

En Estados Unidos –ensueño paradisiaco realizado de los capitalistas– siempre han existido muchos partidos, pero sólo dos compiten. Demócratas y republicanos han tenido más o menos el mismo programa estratégico, cada uno con sus propios énfasis, por lo que jamás estuvieron en los extremos de la lucha política: sus adherentes han podido pasar de uno a otro partido con la mayor naturalidad. Sin embargo, ya han surgido fuerzas políticas que toman al partido demócrata como instrumento para proyectar programas socialistas, principalmente la de Bernie Sanders, quien es, por cierto, senador independiente por Vermont y dos veces precandidato a presidente dentro del Partido Demócrata.

En México hubo un solo partido del poder y varios de oposición, con o sin reconocimiento oficial. Todos ellos vivían la guerra fría a su modo. Aquí, ser priista era una definición orgánica pero casi siempre por pertenecer primero a otra organización: sindicato, ejido, comunidad indígena, unión de colonos, asociación profesional, etc., todas las cuales vivían de alguna forma bajo la protección oficial y con subsidio a sus líderes.

La izquierda tuvo varios partidos en México, mas vivió un intenso proceso de unificación que ha culminado (al menos por ahora) en Morena. ¿Es este un partido en un sentido orgánico? Nunca se sabe quién es y quién no es miembro de esta formación política, más aún, eso es lo de menos. Tenemos ahora un proceso interno donde han participado personas que jamás buscaron su afiliación hasta que les fue indispensable.

Por otro lado, el programa de Morena tiene unos ejes muy básicos, muchos de ellos están definidos por una nueva moralidad publica, como lo sintetiza López Obrador: “no robar, no mentir, no traicionar al pueblo”. Esto es poco en términos de la historia universal de las ideas políticas, pero resulta ser demasiado en la historia política de México.

Cuando Andrés Manuel fue candidato a presidente nacional del PRD (1996), planteamos la idea, muy a la greña, de conformar un partido-movimiento. Lo que se estaba diciendo era lo indispensable que resultaba eludir la formación de una burocracia interna y mantener las puertas abiertas. El precio era, claro está, una relativa desorganización. El PRD, sin embargo, marchó por otro camino, formó sus grupos de interés y su burocracia interna carente de principios y de causa. Esto lo fue hundiendo paulatinamente hasta su penoso final.

Desde el principio, el planteamiento ha consistido en hacer de Morena un movimiento popular, es decir, una identidad política sin estructuras petrificadas. Por ello se recurre a las encuestas abiertas para definir candidaturas y se inventó el sistema de tómbola para integrar las listas plurinominales. Esta última tiene mucho mayor contenido democrático respecto a lo que hacen otros partidos porque para llegar a la lista por la vía del sorteo es indispensable haber sido elegido en una asamblea distrital de afiliados, en la cual se prohíben las planillas, ya que, para elegir a seis, cada asambleísta sólo puede votar por dos: una mujer y un hombre. En el resto de los partidos las listas son repartos entre grupos.

Se pueden lamentar los últimos acontecimientos relacionados con Morena, incluso el embargo de su existencia legal por parte del Tribunal Electoral, el cual es todo un escándalo judicial. Pero tal circunstancia no es más que eso. La cuestión seguirá siendo la del método que rija la vida interna y la del compromiso de honradez política que tengan que asumir dirigentes y candidatos.

Como fuerza gobernante, Morena debe desarrollar su programa político, pues no basta la opción en favor de los pobres y la lucha contra la corrupción, sino que también hay que trazar caminos hacia la reforma social, la cual ha de ser algo mucho más que una política de gasto y una nueva pauta de administración del presupuesto.

Además, se tiene que decir cuál es el proyecto de reforma del Estado, es decir, de democracia política. Las bases nuevas son el escrupuloso respeto al voto libre y la participación ciudadana en las decisiones más trascendentales, como ya se ha establecido claramente. Mas de ahí se tiene que proseguir con otras reformas, tales como el funcionamiento del Poder Ejecutivo, hasta resolver un asunto cada vez más espinoso: el grado de federalismo que requiere el México de nuestros días.

La cuestión de mayor fondo va a seguir siendo la distribución del ingreso y el rompimiento de las poderosas estructuras monopólicas, que son las que hacen frente al poder del Estado. La separación entre el poder político y el poder económico no puede sostenerse sin que este último sea menos poder y el primero cuente con mayor legitimidad y fortaleza democráticas.

La lucha en torno a lo esencial, la cual ocurre en el terreno donde se expresan los profundos intereses sociales, es el marco dentro del cual se tendrá que construir Morena, como movimiento popular o como algo diferente que no se ha creado antes, a lo que la vida puede conducir. No sería la primera vez.

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Propaganda de miedo y mentiras

Un mendaz atisbo apocalíptico se cierne sobre México desde cuando el triunfo de Morena se empezó a analizar como inevitable. Según esa predicción, lo que iba a ocurrir era la dictadura y el colapso nacional. Luego de dos años, se sigue diciendo lo mismo.

A los actuales opositores no le preocupa gran cosa que la realidad apunte hacia un lado diferente de donde se encuentran sus descripciones. Entre peores sean sus acusaciones y avisos, mayor podría ser la falsificación y el miedo.

La más notoria mendacidad opositora se haya en torno a la supuesta persecución de las libertades de manifestación y de difusión de las ideas por cualquier medio. La contra crítica presidencial a no pocos medios de comunicación es presentada como prueba del aserto. El fuerte y sistemático denuesto de tal conducta contestataria del gobierno más bien nos habla de un libre ejercicio de la crítica.

Pero el contraste es mucho más fuerte. Las actuales generaciones no recuerdan un momento de mayor libertad de prensa. No se ha producido un solo acto de persecución abierta o encubierta contra comunicador o medio alguno procedente de la actual administración federal. Las provocaciones abiertas, es decir, las falsificaciones descaradas no han llevado siquiera a la apertura de procesos civiles. Si no hay chayote, esa es otra cosa, aunque duela más, debido a que siempre fue ilegal.

Sin embargo, la notoria falsedad de cotidianas acusaciones o señalamientos no es suficiente. Las oposiciones no escatiman esfuerzo ni desaprovechan oportunidad para atribuir al gobierno y a la mayoría parlamentaria intensiones falsas e, incluso, actos enteramente inexistentes.

Con motivo del proyecto de extinción de 109 fideicomisos y fondos, se asegura que se van a eliminar asignaciones presupuestales en las materias de ciencia, tecnología, cultura, educación, deporte, otros subsidios y subvenciones, así como variadas ayudas, a pesar de que se encuentran en el proyecto de gasto enviado por el Ejecutivo a la Cámara, incluyendo los fondos para financiar la producción cinematográfica, que desde siempre han sido muy pequeños, por cierto, frente a las enormes potencialidades del cine mexicano.

Si López Obrador y los legisladores desmienten los señalamientos en su contra, los mendaces los repiten una y otra vez al tiempo que muchos medios los reproducen como si fueran verdad revelada, pero ocultan las réplicas. Vivimos un momento de catástrofe sanitaria conmocionante y todo lo peor es imaginable, por lo pronto.

En el debate parlamentario del 7-8 de octubre las oposiciones y, por cierto, algunos otros pocos, repitieron hasta el exhausto que todos aquellos apoyos se iban a eliminar. Por ejemplo, si se acaba con un fideicomiso que opera como intermediario entre el gobierno y los beneficiarios, entonces se afirma que el beneficio se va a terminar, aunque el gobierno destaque que todo se hará desde ahora en forma directa, como ya se está llevando a cabo en otros renglones.

Hay una mentira que se sigue diciendo casi todos los días de sesión en San Lázaro, la cual consiste en asegurar que el gobierno cerró las guarderías para hijos e hijas de trabajadoras informales cuando éstas son todas privadas y cuando lo que se hizo fue entregar la ayuda directamente a las madres porque la tercera parte de los niños y niñas que aparecían en las listas de tales guarderías eran fantasmas, no obstante lo cual los gobiernos anteriores entregaban el dinero a sus dueños en lugar de hacerlo, como ahora, a las beneficiarias.

Sobre el lío de los fideicomisos, Andrés Manuel dijo al respecto que, en esta materia, cuando la emoción es muy grande y las acciones demasiado fuertes de seguro existe alguna de dos cosas: una injusticia o un interés económico. Puede ser que tenga razón.

El fondo de “enfermedades catastróficas” ya no existe porque se eliminó el Seguro Popular que fue un fraude neoliberal. El fondo remanente lo tiene el nuevo Instituto (INSABI) y se tiene que usar en gasto de salud y no para otra cosa. Entonces, hay que darlo como ingreso fiscal y destinarlo en el presupuesto justamente en el ramo de salud. Frente a esto, no pocos gobernadores quieren una tajada para gastos diversos, pero eso va a estar difícil. Ya no son tiempos, aunque los gritos y empujones sean grandes.

Los opositores dicen que todo se va a venir abajo porque el gobierno es malévolo. Se refieren a una forma diferente de llevar a cabo la administración pública y a la implantación de unas nuevas prioridades de gasto. Esto es lo esperado de parte de cualquier partido, corriente intelectual o corporación disidente. Pero la falsificación de hechos y la visión apocalíptica no son más que propaganda de viejo cuño: repite una mentira mil veces…

La estrategia de miedo y mentiras va a fracasar, lo cual será una buena lección para el conservadurismo y la reacción. En el seno de la sociedad existen fuerzas y corrientes de opinión, cultura e intereses sociales que pueden sobreponerse a arremetidas como las que hemos estado viendo. Veamos algunos elementos.

Según encuestas recientes, Morena sigue siendo el partido con más apoyo ciudadano y mantiene su mayoría en 200 distritos electorales de un total de 300. El presidente tiene una alta aceptación, muy por arriba de lo normal en países como México con democracia concursal. Los partidos de oposición no muestran recuperación y, salvo en unos cuantos estados, siguen en minoría. La intelectualidad conservadora ya rabiosamente opositora no recluta a muchos más. Las corporaciones empresariales no renuncian al diálogo con el gobierno a pesar de que éste no les concede los apoyos fiscales que demandan. Los fascistas seguirán probando suerte, pero no son, al menos todavía, una fuerza política.

La lucha por el poder tendrá una estabilización, aunque bajo las mismas mentiras consuetudinarias de las oposiciones, en el primer semestre de 2021. Ese momento será de gran actividad. Como ninguna oposición podría tener un grupo parlamentario mayoritario, las campañas electorales adversas se van a centrar en llamar a que nadie sea mayoría, aunque no se ofrezca pista de aterrizaje alguna. Este es otro intento de engaño.

La democracia concursal en la que vivimos no depende de evitar la existencia de un partido mayoritario sino de que cualquiera, solo o en coalición, pueda llegar a serlo. El llamado a que no exista una mayoría no es democrático, sino que es un discurso de miedo. Lo que habría que buscar, en cambio, es que la ciudadanía tenga las mejores condiciones para votar en libertad y en conciencia a pesar de la falacia.

Mientras la izquierda sea la fuerza gobernante, las grandes y pequeñas campañas de miedo y de mentiras van a seguir. Es también una nueva normalidad.

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Los fideicomisos son hoyos

Fideicomiso es un mecanismo de administración. Las clases propietarias lo inventaron para proteger el patrimonio acumulado o simplemente administrar herencias. Ahora se usa para realizar algunos negocios, especialmente inmobiliarios. Por otra parte, algunos gobiernos rompen sus propias estructuras mediante fideicomisos como forma de repartir fondos y mandos sobre los mismos.

En México los fideicomisos públicos se han usado para muchas cosas, entre ellas, la de quitar responsabilidades directas mediante la asignación de un fondo para atender ciertas obligaciones oficiales sin tener que dar la cara. También se han utilizado para crear islotes administrativos en favor de determinadas personas allegadas al poder. Bajo el Estado corrupto, los fideicomisos eran parte de lo mismo en alguna medida.

El rey de los fideicomisos era uno de carácter privado, sí, privado, no hay error; creado por una ley, sí, por una ley, tampoco hay error. Se llamó Fondo Bancario de Protección del Ahorro, mejor conocido como Fobaproa. Este instrumento administraba cuotas de los bancos por parte de administradores nombrados por la Secretaría de Hacienda, los cuales tenían plena personalidad y capacidad jurídica para asistir a los bancos. Llegada la gran crisis del “error de diciembre” suscribió obligaciones públicas reconocidas inconstitucionalmente por el gobierno federal (Ernesto Zedillo) en favor de bancos privados por la friolera de cien mil millones de dólares. El PAN terminó apoyando todo el esquema. Aún se pagan anualmente los intereses de esa deuda.

Han existido muchos fideicomisos, la mayoría de los cuales son hoyos negros que tienen a su cargo ciertas funciones, desde pagar pensiones, indemnizaciones, ayudas, promociones, anuncios, etc., hasta hacerse cargo de muy importantes objetivos como la atención a las zonas en desastre natural. Éste, el Fonden, debe más de lo que tiene y nunca ha logrado atender por completo ninguna emergencia. El gobierno federal sigue realizando todavía, pero directamente, obras de reconstrucción relacionadas con los últimos terremotos.

Los fideicomisos son también maneras de privatizar fondos públicos para ciertas actividades que podrían ser llevadas a cabo por el gobierno. Por lo regular, son dirigidos por personas nombradas por los funcionarios para asumir funciones que en realidad son de carácter público.

Lo que ahora se discute en el Congreso no es el objeto del gasto sino la forma de canalizarlo, es decir, usar o no fideicomisos para los destinos que hasta ahora han sido cubiertos por esa anómala forma de administración pública.

La forma de analizar este asunto por parte de las oposiciones es que al eliminar los fideicomisos desaparecerá también la asignación de recursos. Sin embargo, no existe base alguna para suponer tal cosa. Los fondos hacia cultura, ciencia, tecnología, protección de personas, pensiones, promociones, etc., no se van a suspender con la eliminación de los fideicomisos. Se trata de regularizar la administración pública conforme a un solo sistema de asignaciones y gastos, con los necesarios controles y, ante todo, con la debida responsabilidad directa de los gobernantes.

Además, en realidad nada justifica contar con recursos inactivos depositados en bancos, con los cuales éstos compran valores del mismo gobierno.

Las oposiciones y algunos aliados de la 4T están pidiendo que se analice uno por uno de los fideicomisos, lo cual es imposible hacerlo en el Congreso porque una de las características de éstos es su opacidad. Además, lo que en realidad se está proponiendo es superar esa forma de administración.

Luego vendrán nuevas disposiciones administrativas y algunas de carácter legislativo para dar nuevo orden a las actividades que hasta ahora han estado a cargo de esas administradoras de fondos públicos. Esto se hará sin interrumpir pagos y otras obligaciones ya contraídas.

Los fideicomisos tienen sentido, en algunos casos, cuando se realizan obras o programas que tienen día de inicio y de terminación, para evitar la convergencia desordenada de diferentes dependencias, o cuando se administran grandes ingresos provenientes de terceros que se convierten en patrimonio público o social, con el fin de dar cuenta exacta a los aportantes.

El gobierno federal, sin embargo, se fue convirtiendo en un inventor compulsivo de fideicomisos públicos, es decir, de formas de administración de recursos de origen presupuestal que eran manejados como casa aparte y con reparto de utilidades. Tenía que llegar el día en que todo eso fuera desmontado.

Los mejores críticos que puede tener la 4T son quienes exigen que se cumplan los ofrecimientos, como este en materia de fideicomisos, y se avance aun más lejos en la transformación de la vida pública de México.

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Investidura presidencial y oposición ilustrada

    Pablo Gómez

La filípica lanzada contra López Obrador por parte de 600 intelectuales opositores parece basarse en la idea de que el presidente de la República, el que sea, debe estar al margen del debate cotidiano y abstenerse de responder a los muy frecuentes ataques debido a su investidura.

La oposición ilustrada, como la otra, pide volver a la vieja hipocresía, cuando el jefe de Estado, jefe de gobierno y líder político no debía medirse directamente con sus críticos, sino mandar a otros en su lugar. Ahora se dice que aquellos usos y costumbres eran muy correctos porque las palabras del mandatario tienen, supuestamente, un significado diferente al de cualquier otra persona debido al poder que aquel ejerce. Entonces, se concluiría, lo que ahora debe hacer el presidente de la República es comprar la prensa y mandar a callar a sus peores (o mejores) críticos a través de actos ilícitos e inmorales. Así lo hicieron los presidentes durante décadas. Pero ese es precisamente el pasado que deber ser defenestrado.

El actual presidente sigue denunciando como lo ha hecho desde hace muchos años. Sería algo injustificado otro proceder, es decir, pasar esa función a otros: lo dice (o lo hace) él o ella para que me entiendas a mí (o que yo lo hago). ¿Sería esa una forma de actuar que fomentara el debate y, por tanto, la participación democrática de la sociedad?

La gota que terminó por mover a esos y esas intelectuales fue la multa contra Nexos y la revelación de que esa revista colocaba centenares de suscripciones en el gobierno, lo que no era otra cosa que un oculto subsidio.

¿Qué tendría que ver con este asunto la investidura presidencial? Según los 600, hay persecución al ejercicio de la libre difusión de las ideas, aunque no hayan presentado caso alguno. Las sanciones impuestas a Nexos hubieran sido un argumento ridículo y debatir sobre la suspensión de la compra de suscripciones llevaría a demasiadas preguntas. Así que una y otra vez se orillan a cuestionar la libertad de expresión del presidente, misma libertad que, en general, según dicen, está en peligro.

¿Bajo el actual gobierno, a quién se ha perseguido por sus dichos o escritos? ¿En el plano civil, cuántas demandas se han interpuesto contra posibles autores de afirmaciones calumniosas o difamatorias contra el Ejecutivo Federal? Los y las 600 no pueden decir nada al respecto, pero, claro está, tampoco admiten en su filípica que no hay represión gubernamental.

La investidura presidencial es algo inherente al cargo, pero no tiene una forma unívoca de expresarse. En México no existe la figura de jefe de Estado, pero las funciones del presidente adquieren ese matiz en las relaciones internacionales y en la parafernalia oficial. Por el otro lado, el Poder Ejecutivo está depositado en una sola persona, el presidente de la República, pues no existe consejo de gobierno o de ministros. Así, este cargo se parece más a un jefe de gobierno que a un rey o presidente de república parlamentaria, quienes son intocables y tampoco pueden tocar.

En los países con mayor tradición democrática el jefe de gobierno está todo el tiempo en el debate. Los y las 600 no están de acuerdo. ¿Por qué? Ellos y ellas se dicen cultos e informados. ¿Acaso desconocen la manera de discutir en países no tan ajenos como España o Italia? En casi todas partes el debate es diario, aunque no haya mañaneras.

La oposición ilustrada de las y los 600 intelectuales debería dedicarse a la crítica sistemática, a la polémica, pues también para esto, se supone, han estudiado lo suficiente. Quizá durante los años del neoliberalismo muchos de esas y esos nuevos opositores se la pasaron bien, ajenos a los avatares de la política, recibiendo concesiones y otorgando soslayos para no entrar en conflicto con el poder que repartía privilegios como forma de asumir ciertos costos. Pero ahora deberían entender que la lucha política ha cambiado. Ya no están vigentes las viejas reglas. La ciudadanía aprobó su derogación. ¿Es tan difícil entender la realidad?

Al decir que está en peligro la democracia, esa oposición ilustrada no tendría más que apoyar directamente a la oposición, digamos, pedestre, a la que le faltan ideas y, en consecuencia, propuestas. Si su propósito central es arrebatar la mayoría parlamentaria a la 4T, muchos de las y los 600 tendrían que solicitar al PRI, PAN, PRD, MC unas candidaturas para tratar de llegar a San Lázaro a detener a López Obrador. Eso sería más práctico y digno que estar exigiendo inútilmente al presidente que deje de decir lo que piensa para adecuarse al viejo e hipócrita concepto de investidura que ellos y ellas mismas quieren revivir. Vaya que hasta en eso se afilian al conservadurismo.

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Desastre de predicciones económicas

Los economistas agoreros del desastre de una crisis económica que no lo es, sino de un parón decretado por los gobiernos de casi todo el mundo, se encuentran en situación comprometida porque ninguno acertó en el momento adecuado. Nos han engañado y nos han hecho sufrir de más en un momento de gran tribulación.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dijo en junio que el PIB de 2020 se iba a reducir en un -6.5%. Ahora corrige y asegura que la disminución será de -3.7%, casi la mitad, mas entre aquel primer pronóstico y el día de hoy no hay más de 75 días. Esa institución dijo también en ese mismo mes de junio que la tasa de desempleo anual (2020) llegaría a 9.3%, pero ahora considera que será de 7.6%.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) que agrupa a casi tres decenas de países, entre ellos los más ricos, había calculado una disminución del PIB de Estados Unidos en el -7.3% para el año 2020 y ahora la estima en -3.8%, casi la mitad. Esa misma OCDE había calculado que en 2020 China iba a ver disminuido su PIB en -2.6% y ahora habla de un crecimiento de 1.8%, es decir, el gigante asiático iba a tener recesión, pero hoy se considera que tendrá crecimiento.

La OCDE acaba de anunciar que la caída mundial de la economía será “menor que lo esperado” (por ese mismo organismo). Ahora considera que la economía global va a decrecer en -4.5% y que en 2021 habrá crecimiento de 4.6%, es decir, que de un año para el otro se compensará la disminución del valor de lo producido para igualarse el siguiente, 2022. ¿De qué crisis estamos hablando?

La tasa de desempleo de Estados Unidos, calculada hacia abril en 14.7 y en junio en 9.3%, en realidad será, se dice, de 7.6%. En cuanto a la inflación, originalmente estimada para este año en 0.8%, se va a ubicar en 1.2% para todo el año de 2020 y el objetivo de la Fed de alcanzar el 2% se logrará en 2023.

Dice ahora la OCDE que la contracción de la economía mexicana en 2020 será de -10.2% y que en 2021 crecerá a tasa de 3%. El gobierno mexicano calcula una disminución del PIB de -8.2% y un crecimiento de un 4% en 2021. Aquí las cifras ya no son tan groseramente dispares, pero sigue la competencia. Al menos, no se está, como en los casos de España e Italia, presagiando una disminución de más del 12.8% frente a una bajada mundial de sólo -4.5%.

Si en cualquier crisis económica con fuerte recesión los pronósticos suelen ser poco firmes, en el parón económico todo resulta un tanto caótico porque la economía no habla por sí misma sino al son que le toque la autoridad sanitaria de acuerdo con indicadores de contagio.

Lo peor es que se ha desatado una especie de tétrica competencia sobre qué economías sufren más decrecimiento, desempleo y pobreza incrementada.

Como economistas de todos los países, fieles a su profesión y, naturalmente, a lo que aprendieron en sus escuelas, empezaron a adivinar el futuro inmediato, hemos recibido una lección más: si bien el cálculo económico tradicional nunca ha sido lo mejor, ahora es lo peor.

Las calificadoras de riesgos financieros y los bancos también han hecho su festín de predicciones equivocadas y han inundado con éxito las crédulas redacciones de periódicos con toda clase de cálculos inexactos y abusivos que se han publicado con evidentes fines amarillistas. Si a esas fuéramos, cualquiera podría hacer pronóstico económico y lograr su divulgación. Lo más vergonzoso es que esos economistas jamás se autocritican ni explican el origen de sus errores.

Se ataca al gobierno mexicano por resistirse a usar el crédito para subsidios fiscales o cobertura de préstamos privados. Sin embargo, en una u otra medida, en casi todas partes se ha hecho lo mismo. En Europa se ha sustituido débito por adelantos de aportaciones presupuestales, con lo cual se han beneficiado los países más atrasados y endeudados. En Estados Unidos se cerró pronto la llave del déficit porque no hay acuerdo en el Capitolio sobre a quien subsidiar y en que cuantía.

Casi todas las personas o empresas han perdido algo en la pandemia del Covid-19, con la excepción de los procesos de concentración de capital que se han profundizado. Negocios y Estado han recibido menos ingresos, así como también los trabajadores lanzados al desempleo y muchos pequeños comerciantes.

Estamos a mediados de septiembre y no sabemos cómo terminará el año. La incorporación a la actividad de más unidades económicas, así como la reposición de consumos interrumpidos, no está totalmente clara, pero no por motivos económicos sino sanitarios, es decir, el curso de la pandemia y sus posibles rebrotes. ¿Se puede eso calcular?

No estamos en crisis económica sino en parón por decreto. Esto debemos entenderlo para no hacer el papelón de la OCDE y ni siquiera de la Fed, para ya no mencionar al FMI que ha estado peor. Los economistas corporativos se han equivocado de fea forma por la necedad de repetir fórmulas tradicionales, propias de otra clase de fenómenos.

Así como en el Decamerón de Bocaccio algunos se reúnen para narrar cuentos durante la epidemia con el fin de distraerse en un momento de enorme tribulación general, con el fin de contrarrestar su miedo, economistas de casi todo el mundo se han estado reuniendo telemáticamente para hacer apocalípticas predicciones que generen más miedo. Lo enigmático de la narración actual estriba en que no se conoce aún lo que en el fondo se pretende. Al final, habría que ajustar cuentas intelectuales por tamaño despropósito.

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¡Auxilio!

Conforme se acercan las elecciones del año 2021 arrecian las llamadas de auxilio para evitar, se dice, la extinción de las libertades y la caída de la democracia. Otra vez el peligro para México, vieja canción con nueva letra. Pero, como antes, ésta no es otra cosa que un montaje para defender privilegios caducados o que están cerca de ser por fin abolidos.

El peligro de que la libertad de expresión (Art. 6º) -no se habla inexplicablemente de la libertad de difusión de las ideas por cualquier medio (Art. 7º)— sea aplastada por la 4T no tiene ningún elemento vinculable. El gobierno no ha silenciado a nadie. No hay censura alguna. Lo que molesta es la réplica del, ahora, objeto principal de la crítica, el presidente, pero esa también es un derecho constitucional que no se quiere reconocer a plenitud o sin regateos.

El presidente de la República habla mucho. Sí, pero eso no disminuye el derecho de quienes también hablan o escriben todos los días. La prensa, escrita, videada y hablada, tuvo el monopolio durante años, pero a costillas del poder político. Cuando un medio era hostil o sencillamente crítico sistemático, el gobierno se encargaba de cerrarle el paso, negarle todo mecanismo de financiamiento y atemorizar a sus dueños. Hubo muchos casos de periodistas acallados, los cuales carecieron de la solidaridad discursiva de sus colegas apoltronados.

El pleito entre Andrés Manuel López Obrador y la prensa que él llamaba fifí y ahora sólo le dice conservadora es tan viejo como la participación de aquel en las filas de la oposición. Ha sido un pleito de mucha gente que ha promovido el ejercicio de libertades porque es un medio de negarse a ser silenciado. Ha sido también parte de la lucha política por el poder.

Esto nos lleva a un asunto de mayor fondo. Dicen los conservadores (hayan sido alguna vez de izquierda o sigan siendo de derecha) que la 4T, en concreto AMLO, debería ser respetuoso, cauto, institucional, modosito y nada respondón. El que puede llamarle pendejo al presidente de la República es Aguilar Camín, como ya lo ha hecho, sin que sus viejos y nuevos amigos lo hayan criticado ni con el pétalo de una lamentación. Quizá esos opositores crean que el estilo “caminesco” sí denota un alto nivel discursivo.

Lo que desean los críticos sistemáticos de la 4T es que el presidente no responda desde la Presidencia, sino que use a otros políticos de dentro o de fuera del gobierno. Añoran las prácticas del pasado. Son nostálgicos, pero por pura conveniencia.

Es justamente la libertad de difusión (Art. 7º) la que brinda por igual una robusta base a las críticas de los conservadores y a las respuestas del gobierno. No podemos seguir en una democracia de simulaciones en la que muchos periodistas mercaban con la dosificación de su crítica mientras el gobierno les pagaba para que no fueran demasiado lejos. Cuando algunos avanzaron, los hicieron caer para que callaran.

Una democracia concursal y formalista como la mexicana no puede seguir viviendo, como antes, dentro de una crítica acotada y una respuesta ritual de parte del gobierno. Ya nadie se va a quedar callado. Luego entonces avanzamos algo y la neutralidad del internet ayuda.

El mayor problema no es que los conservadores quieran volver a ese convenio de hipocresía y complicidad entre los críticos mediáticos y el poder político, sino que tanto las oposiciones como los intelectuales conversos critican poco los actos concretos del gobierno y sus omisiones, pero gritan que está en peligro el mantenimiento de las libertades de las que gozan sin límite alguno. Claman auxilio para combatir amenazas difusas.

La plataforma de las oposiciones de derecha y de los nuevos conservadores atolondrados consiste en llamar a derrotar a Morena en las elecciones de 2021 para impedir, dicen, el aplastamiento de la democracia.

Pero ¿qué cosa proponen? No confiesan su programa propio. No pueden decir con nitidez que piensan, por ejemplo, que el gobierno regala dinero al reconocer derechos sociales y otorgar las garantías de éstos. No pueden oponerse al combate a la corrupción y el robo al fisco. No les conviene defender el derroche y el atraco en el ejercicio del gasto público. Carecen de argumentos para criticar el aumento real de salarios. Se les hace complicado promover políticas de gobiernos anteriores que llevaron a desastres y cuya impronta sigue presente en la vida nacional. No tienen el valor de proclamar a las claras que es preciso seguir subsidiando al gran capital para promover el crecimiento de la economía. No, lo que dicen es que la democracia está en peligro y gritan auxilio. Pero ¿qué institución verdaderamente democrática ha sido cancelada? ¿Qué derecho se ha negado? ¿Qué libertad ha sido reprimida? No se sabe. Lo que mucho les molesta es que se critique al INE a pesar de su historia de permisiones y su presente de corruptelas, dispendios y arrogancias, pero ahí ya también empezaron los cambios.

En verdad, la plataforma electoral de la alianza opositora que se está formando es para detener lo nuevo y restaurar lo viejo. Buscan ahogar al gobierno de la 4T en riñas interminables en el Congreso para impedir más cambios. Pero eso no lo podrían conquistar con mentirosos gritos de auxilio sino con un programa alternativo que, por lo visto, no existe, ya que esos opositores no pueden ser tan descarados como para proclamar abiertamente la defensa de los regímenes anteriores, bajo los cuales vivían en la felicidad. Se nota, sin embargo, que experimentan una fuerte añoranza.

Si de libertades y democracia tuvieran que hablar, esos conservadores (hay muchos de plano reaccionarios) tendrían que rebatir el hecho de que se ha ampliado el ejercicio del derecho de crítica, se han frenado los actos represivos, se han abierto las puertas para la libre organización y la posición de gobierno se expresa al día y es directa. El gobierno no va a permitir el uso de fondos públicos en la competencia electoral, que antes fue una regularidad solapada por las autoridades encargadas de perseguirlo.

Para confort de esos conservadores, aún no tenemos una democracia participativa de base ciudadana y social, que llevara a la gente a decidir con frecuencia en todas partes y no sólo a elegir de vez en cuando. Mas si ellos fracasaran en sus pretensiones restauradoras, podríamos acercarnos a reformas democráticas que ampliaran las libertades y ensancharan el camino hacia una gran redistribución del ingreso. Este es el fondo del llamado de auxilio de parte de quienes buscan frenar el presente para volver al pasado.

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Cambio de parafernalias y formas políticas

Si el cambio político pretende ser de fondo, es necesario que también se modifiquen las formas políticas y las parafernalias. Los espíritus anticuados no lo admiten y se aferran a los viejos métodos y rituales.

Algunos aseguran que el informe presidencial no lo fue en verdad porque no se dijo lo que ellos esperaban, sino lo que ya se había dicho. Afirman otros que, a pesar de la ley, lo que importa es el deber ser, por lo que el cambio de la Mesa Directiva de la Cámara debió hacerse de otra manera aunque no fuera una opción viable. Los mensajes del presidente de la República deben considerarse como propagandas electorales, agregan los convenencieros. Las mañaneras son inventos políticos irregulares y estéticamente inaceptables, señalan los espíritus más sensibles. En fin, la vida no puede seguir su buen ritmo sin chayotes ni moches, nos han estado insinuando ciertas personas muy conocidas.

Un primero de septiembre (2006) llegó un presidente a las puertas de San Lázaro y no se le permitió  ingresar en el salón de sesiones. Ya sin escolta, ese presidente entregó sus papeles y se tuvo que retirar. Este hecho inusitado fue una expresión de la rispidez política a la que ese mismo personaje había llevado al país. Al año siguiente, llegó otro, subió a la tribuna, no pudo hablar y se tuvo que ir de regreso a la Casa Presidencial.

La Constitución obligaba al presidente a asistir al Congreso y entregar un informe por escrito, pero no señalaba que debía pronunciar un discurso, mucho menos uno deshilvanado con frases hechas sin tiempo, lugar ni circunstancia.

Pero los informes se siguen enviando y, desde hace algún tiempo, con ese motivo, el Presidente de la República invita a Palacio a escuchar su discurso. La nueva parafernalia no ha resultado mucho mejor que la vieja, pero ahora ya no se pueden esperar sensacionales anuncios, como durante décadas, sino la explicación del programa político y su balance, porque la línea del gobierno se discute día con día. Esto no se quiere entender porque se vive en la añoranza que ni siquiera es de los últimos años, sino de los viejos tiempos.

De la experiencia del acto de rendición de protesta ante el Congreso por parte del actual presidente se pudiera desprender que es llegado el momento de establecer una discusión sobre el estado del país entre el titular del Ejecutivo y los legisladores. Un día al año o dos, quizá.

El Instituto Nacional Electoral ha caído en extremosos escándalos y ridículos. He aquí el más reciente: sin que mediara queja concreta, se prohibió la retransmisión de las conferencias de prensa del Presidente de la República en los estados de Hidalgo y Coahuila, donde habrá elecciones próximamente. La «maravillosa» comisión encargada de la censura, se colgó de quejas diversas de otros temas para embargar difusiones de ideas como si fueran propaganda electoral a cargo del Ejecutivo federal. Claro que el Tribunal revocó esa resolución y de paso incluyó una llamada de atención a los consejeros facciosos diciéndoles que no resuelvan lo que no se les pide, pues ellos no son concurrentes en las elecciones sino, supuestamente, organizadores de elecciones.

Las denominadas mañaneras son vistas por muchos opositores como maniobras políticas y, por otros, como elementos que afean al país. Cuando López Obrador resultó triunfante en la elección presidencial todos sabíamos que, probablemente, habría mañaneras porque las hubo cuando él ocupó la Jefatura de Gobierno de la capital. Ahora, hay quienes han convertido la lucha contra esas conferencias de prensa en una poderosa motivación política. El ridículo en el que cayó el INE con su censura frustrada no va a contener las aspiraciones desesperadas de otros y de aquellos mismos censores.

En San Lázaro tampoco ha sido sencillo instalar prácticas sin maniobrismo. Una presidenta que era del PAN, de manera espuria, usó su cargo para desafiar a la Cámara objetando ante la Suprema Corte un decreto presidencial que regula un precepto de la Constitución que, además, esa misma diputada había votado a favor.

El escándalo parlamentario más reciente tiene muchos precedentes. Si la Ley Orgánica ordena que la presidencia de la Mesa Directiva corresponda cada año a un partido diferente tomando en cuenta el número de miembros de cada cual, se entendía que no cabe una competencia de última hora con reclutamientos de legisladores para averiguar cual es el tercer grupo, sino que esa ya era una información conocida durante dos años que lleva la Legislatura. Sin embargo, parece que la costumbre de la maniobra está tan enraizada que se muestra como sagacidad y se ejerce en nombre de los más altos intereses nacionales. Un partido (PT) reclutó a unos seis legisladores, dos de ellos (anteriores perredistas, pero entonces sin partido) son profesionales del peculado y defraudadores electorales contra Morena, mientras el PRI le pidió prestado unos cuatro al PRD para no desbalancearse. Nadie votó específicamente a favor de una diputada priista para presidir la Mesa sino que fue una aplicación de la ley. Además, la candidatura del PT no hubiera tenido los dos tercios requeridos ni sumando todos los votos de Morena y ni siquiera agregando al PES que no estaba dispuesto a hacerlo. La mayoría parlamentaria, sin embargo, no depende de la presidencia y cuenta también con la mayoría de votos en la Mesa Directiva de la Cámara. ¿Para qué tanta maniobra? Vicios de viejos lodos.

Lo que no afecta vicios, sino modus vivendi, es la desaparición del chayote (remuneración ilegal de servicios periodísticos con fondos públicos) y de los moches (asignación presupuestal por la que se cobra subrepticiamente un porcentaje a la entidad beneficiada). Estas costumbres no pueden sobrevivir si la 4T quiere poner una barrera entre el pasado reciente de corrupción y un presente de lucha contra la misma. Pero las presiones siguen presentes para que ambas «instituciones» sean mantenidas en los lugares donde aún existen y restablecidas en el nivel federal.

Estas prácticas son parte de la conciencia y la práctica de generaciones que van de salida. Mas no estamos en una lucha entre el mal y el bien, sino en un proceso de eliminación de formas de vivir y estructuras deformadas durante décadas de envilecimiento. En México, el maniobrismo político, la falta de respeto al Estado de derecho y la corrupción se despercudían incesantemente con el uso de un supremo razonamiento justificatorio: recompensa por servicios prestados a la sociedad.

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Preguntar al pueblo sobre asuntos de políticos

La ciudadanía vota cada tres años, luego de lo cual no se le vuelve a preguntar nada hasta nuevas elecciones. El resto de asuntos políticos corresponde a los políticos, en especial a los gobernantes. Esa es la democracia formalista y concursal.

La 4T plantea el método de consulta popular. Las democracias formales suelen ampliarse con mecanismos plebiscitarios y refrendarios; algunas que tienen sistema presidencial también cuentan con métodos revocatorios de mandato. Ya va siendo hora de que México emprenda un pequeño salto desde su democracia formal, acartonada y engañosa, es decir, poco democrática, hacia un nivel participativo.

En febrero de 2022 habrá procedimiento de revocación de mandato, pero en lugar de que sea a pedido de las oposiciones, en esta primera vez la solicitud popular la organizará el propio presidente de la República, el revocable. Bueno, por algún  lado se empieza.

El mismo Andrés Manuel López Obrador ha estado planteando, desde antes de asumir su actual cargo, que la ciudadanía decida si los expresidentes deben acaso ser denunciados por el gobierno con miras a la apertura de procesos penales. Sin embargo, una pregunta así formulada difícilmente podría embonar con el esquema de consulta popular definido en la Constitución, aunque puede encontrarse una forma de resolver el asunto.

La Carta Magna contiene un procedimiento popular decisorio. No se trata sólo de que se manifieste la opinión mayoritaria de la ciudadanía, sino que, a través del voto, se emita un dictado de obligatorio acatamiento para las autoridades. Denunciar desde el Ejecutivo y acusar por parte de la Fiscalía a una o varias personas no entra en ese método de adoptar decisiones populares, ya que obligaría al presidente, primero, y al fiscal general, después,  a actuar contra varias personas físicas (expresidentes) que tienen el derecho humano al debido proceso desde la investigación. La consulta popular es un medio de apoyar o rechazar políticas públicas o normas, pero no personas.

Es posible y hasta probable que la Suprema Corte no admitiera una consulta cuyo resultado podría hacer obligatoria la presentación de denuncias y, luego, de acusaciones penales. En tal circunstancia, el Congreso estaría impedido de convocarla.

Sin embargo, el mismo Congreso podría iniciar el examen de una iniciativa de ley presentada por el Poder Ejecutivo para conceder amnistía a los expresidentes por actos u omisiones que hubieran cometido durante su mandato, luego de lo cual, el mismo presidente podría solicitar al Congreso la convocatoria a consulta popular. Esta sería un plebiscito sobre un proyecto en trámite. Si a la votación concurriera más del 40% de los inscritos en el padrón electoral, la decisión mayoritaria sería vinculante para el Congreso.

Hay que aclarar que si el proyecto de amnistía fuera apoyado o rechazado por el pueblo, de igual forma el fiscal general podría investigar lo que debiera, otorgando plenas garantías a los posibles acusados. Pero la ciudadanía habría tenido ocasión de resolver sobre la vieja tradición –norma no escrita— de que en México los presidentes son intocables cuando están en el cargo y cuando lo han dejado: un asunto político que ya no sería exclusivamente de los políticos.

Andrés Manuel López Obrador tiene bases razonables para pensar que el nuevo presidente no debería provocar o exigir la persecución penal de sus antecesores, los cuales fueron, además, defraudadores electorales. Este es un punto de vista de carácter estrictamente político que busca evitar un clima de mayor confrontación en el país. Sin embargo, es probable la existencia de una gran corriente ciudadana en desacuerdo con esa forma de analizar el asunto.

Votar contra un proyecto de ley suele tener el significado de promover una acción o norma en sentido contrario que goce de plena justificación democrática. Esas situaciones se han producido en Sudamérica en relación con leyes de perdón. En México no tenemos esas leyes pero contamos con tradiciones de impunidad. En el fondo es algo semejante.

El estatus de facto de los expresidentes ha operado quizá como un cerrojo de la cláusula constitucional de no reelección. El asesinato de Álvaro Obregón fue un acto demasiado fuerte que llevó a eliminar nuevamente la reelección, pero sin represalias contra el mandatario anterior. Todos los políticos quedaron contentos: si aquél era impune, ellos también.

Plutarco Elías Calles fue metido en un avión rumbo a Los Ángeles y Carlos Salinas de Gortari salió corriendo a Irlanda, pero nadie había intentado encausarlos. Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría fueron enviados por un tiempo al extranjero como embajadores. Ahora mismo se encuentran fuera del país Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. El exilio no es castigo para un expresidente, sino que puede darle tranquilidad, aunque también la tienen, al parecer, Vicente Fox y Felipe Calderón, aunque ahora sin pensión vitalicia. El único expresidente que fue sometido brevemente a proceso penal con prisión preventiva domiciliaria fue Luis Echeverría, pero, atrozmente, el Poder Judicial declaró prescritos los delitos. Todo lo anterior ocurrió con base en la norma virtual de impunidad penal de quienes fueron presidentes.

Habría que acompañar la consulta popular sobre la amnistía (olvido penal) de expresidentes, en agosto de 2021,  con un par de temas que también sean de innegable trascendencia nacional, tales como eliminar el llamado fuero (inmunidad procesal penal) a nivel de todo el país y reducir a la mitad el monto del financiamiento de los partidos.

Esos son temas de fuerte controversia, cuya solución conllevaría reformas políticas mediante decisiones del pueblo y no sólo de los políticos, como hasta ahora.

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Cuando se ensanchó el Estado corrupto

La denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General contiene asuntos ya comentados, como la corrupción de la empresa Higa, los sobornos de Odebrecht, el trinquete de Agronitrogenados y el contrato leonino con Etanol XXI, pero incluye lo que un video mostró apenas hace unos días: la entrega de billetes a funcionarios del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El motivo del pago de 6 millones en efectivo no está revelado en dicho video pero ahí se habla de otros abonos mayores.

Una grabación que permite observar que una persona entrega millones en efectivo a servidores públicos, asistentes de unos legisladores, abre la razonable posibilidad de un acto delictivo. Desde el 11 de agosto, Emilio Lozoya había presentado ante la FGR una lista de pagos por «extorsiones» en dos momentos: la reforma constitucional de energía y la expedición de las leyes reglamentarias de la misma.

Es parte de un ritual que el PAN y los políticos señalados nieguen todo y se declaren inocentes e indignados. Lo mismo sucedió antes con los moches, mecanismo con el que se canalizaban directamente miles de millones hacia estados, municipios y entidades privadas, luego de lo cual se cobraban los favores. La historia de los moches se puede escribir por ahora con la descripción documentada de las cantidades y destinos de los gastos, pero no ha sido posible probar lo que de sobra se sabe: gestores, principalmente diputados, cobraban el servicio, ya fuera en efectivo o mediante la adjudicación contractual de las obras.

Una cosa es que dentro de cada gobierno (priista o panista) existiera una red de corrupción y otra que esa misma abarcara también a la oposición. En esto ha consistido parte del reciente ensanchamiento del Estado corrupto.

El gobernador de Querétaro no le preguntó a su recién despedido secretario particular por qué, con instrucciones de quién y para qué recibió los seis millones. De seguro era innecesario. Nadie en el PAN podría tampoco tomar la lista de entregas incluida en la denuncia de Lozoya y explicar desde dónde y por qué motivo se recibieron esos muchos millones en una casa de Las Lomas, la cual, se sabe, era una de las guaridas gubernamentales.

Así como los gestores y coyotes nunca han  explicado cómo se operaban los moches, tampoco esos empleados del Senado nos van a querer contar su historia. ¿El actual presidente del PAN estaría dispuesto a realizar al respecto una investigación sobre un militante de su partido al que se observa recibiendo seis millones en efectivo? La respuesta negativa ya se produjo. (El caso de René Bejarano llevó al desafuero, a procesos penales y encarcelamientos, así como a una investigación interna que culminó en expulsiones, entre ellas, la de quien era la presidenta del partido en el momento de los hechos).

Emilio Lozoya le ha contado unas historias a la Fiscalía, pero al mismo tiempo se incrimina, como es del todo natural. Busca que, al colaborar, la justicia sea menos severa. Eso está muy claro, pero no es el mayor problema.

Para desmontar el Estado corrupto que ha padecido México se precisa profundizar en sus modos de ser, operar, repartir e involucrar a muchos del entorno político e ir más lejos.

No existe sistema de corrupción como forma de gobernar que no requiera desarrollo. Eso es justamente lo que ocurrió en México desde 1949. Antes, había corrupción pero no era un sistema político como tal. A partir de su inicio, con la toma del gobierno por parte de algunos licenciados encabezados por Miguel Alemán, el Estado corrupto tuvo su siguiente gran salto en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y, recientemente, con Enrique Peña Nieto. En un ínterin de 12 años, las presidencias panistas dejaron las cosas más o menos como estaban y añadieron algunos tintes, entre ellos los moches, con los cuales el PAN hizo historia. Quizá ahora podremos saber algo de la corrupción bajo Calderón en el marco de las relaciones con el Cártel de Sinaloa, aunque no se podría considerar que esa conducta hubiera sido una aportación original.

Como es natural, los muchos fraudes electorales de los que México ha sido víctima siempre estuvieron relacionados con la corrupción. Como medio de conservar el poder corrupto y corruptor se hacía necesario usar dinero ilícito. Los Estados corruptos suelen funcionar de esa manera. Pero en México se han presentado fenómenos casi fantásticos, como el del año 2000, cuando el candidato ganador y el situado en segundo lugar usaron dinero ilícito. Al menos se conocieron entonces partes de ambas tramas y, luego de años de controversias, se multaron a los respectivos partidos, pero no hubo procesos penales debido a la ilegal orden de uno de los denunciados: Vicente Fox, presidente de la República.

La defraudación de Felipe Calderón (2006) ocupó montos mayores recolectados de manera ilícita para financiar la campaña y una propaganda mendaz, absolutamente difamatoria, además de la alteración de resultados. Todo esto con la colaboración de las autoridades electorales.

El último fraude sexenal (2012) fue dirigido por Luis Videgaray, lo cual es de público conocimiento. Los recursos dispersados con las tarjetas de Monex eran una pequeña parte de un total desconocido, pero nada fue puesto en claro con las investigaciones manipuladas. Se compró casi todo lo comprable, se violaron las leyes, pero el país siguió en una normalidad de alternancias en el gobierno, título de orgullo de algunos consejeros y ex consejeros del INE que, sin embargo, sacan de contexto esos momentos de cambio engañoso, que no sirvieron para detener el funcionamiento del Estado corrupto.

Hace unos 30 años nadie iba a pensar que Acción Nacional se iba a lanzar a la gananciosa aventura de la corrupción, hacer fraudes, usar financiamientos ilícitos, manipular la justicia, cobrar moches y mordidas, recibir dádivas del poder, etc. Pero lo hizo. Se lo tragó el Estado corrupto.

Este fenómeno es digno de investigaciones concretas sin límites, pero también de estudios teóricos para descubrir las bases estructurales y funcionales de poder sobre las cuales la corrupción pasa de un partido a otro sin detenerse o, al menos, moderarse. En este marco, habría que analizar el ensanchamiento del Estado corrupto mediante el cual se financia ilícitamente al opositor o se comparten ganancias.

El esfuerzo de hoy no es sólo para lograr que se interrumpa ese fenómeno, lo cual exige una gran lucha sistemática y cotidiana para desmontar el Estado corrupto, sino también para sentar bases que hagan políticamente imposible un cambio regresivo.

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Donald Trump dejará la Casa Blanca

Faltan casi 80 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero se sabe que Donald Trump no podrá reelegirse. Joe Biden no será el triunfador sino que el actual inquilino de la Casa Blanca ha de ser el perdedor, como le ocurrió a Hillary Clinton, la cual perdió por sí misma.

Como se sabe de sobra, Trump no obtuvo la mayoría de votos populares. En realidad, Estados Unidos ha tenido una vez más un presidente de minoría. Esa democracia competencial sigue anclada al duro conservadurismo federativo que selló la unión de las 13 colonias al proclamar y defender su independencia conjunta. Pero ese sistema carece de lógica democrática, ya que el gobierno de la unión dirige en todo el territorio con facultades considerablemente fuertes.

Trump no tendrá la mayoría del voto popular, como no la tuvo hace cuatro años, pero ahora tampoco logrará la mayoría en el Colegio Electoral porque los estados donde ganó por un margen menor al 3% no se van a comportar igual (Florida, Michigan, Carolina Norte, Arizona, Pensilvania, Wisconsin), mientras que en Texas las encuestas ya igualan a ambos candidatos. Aunque conservadoras en su mayoría, en esas entidades existe una franja política que ya no está dispuesta a sostener un presidente especializado en dar palos de ciego.

Dividido en dos grandes bloques, Estados Unidos tiene un sistema político que a nivel nacional logra subsumir a todas las corrientes políticas en dos bandos. Pocas veces ha surgido un tercero y solo una vez la opción emergente logró la segunda posición electoral, con un ex presidente como candidato. La próxima elección de noviembre será clásica: sólo dos candidatos en disputa, aunque siempre se registran muchos más.

El campo más conservador se aglutina electoralmente desde hace mucho tiempo en el Partido Republicano; es ahí donde ahora son más urgentes las discrepancias, de tal manera que hay franjas que podrían preferir a un presidente también conservador pero algo moderado o mediocre: Joe Biden.

En el lado demócrata el cambio es muy urgente. El vencedor de las internas, Biden, ha decidido acompañarse de una senadora algo menos conservadora, quien algunas veces ha coqueteado con la izquierda. La combinación busca satisfacer al electorado afroamericano y, al mismo tiempo, brindar a las corrientes de izquierda, incluyendo a la socialista democrática de Sanders, un respiro frente al extremismo de derecha representado por Trump.

En Florida, por ejemplo, Trump está perdiendo terreno en el seno mismo de lo que fue su fuerza más adicta, el sector de «hispanos», principalmente cubanos, algunos de los cuales ni siquiera están contentos con la política de Washington frente a la isla. Si el actual presidente no puede tener mayoría en Florida, ya perdió la Casa Blanca. Pero perderá también otros estados antes ganados porque tampoco cumplió sus promesas.

La propaganda de Trump consiste en identificar como socialistas a todos sus adversarios, incluyendo desde luego a Joe Biden y a Kamala Harris, pero no se está enfrentando directamente a Bernie Sanders, sino a candidatos moderados, quienes, sin embargo, pueden lograr el voto de gran parte de la izquierda.

Después del incidente del asesinato de George Floyd, el 25 de mayo de este año en Minneapolis, las protestas no se circunscribieron a los afroamericanos sino llegaron a sectores de blancos que no están dispuestos a admitir la barbarie policial racista que durante tanto tiempo ha tenido lugar en Estados Unidos. La posición de Trump frente a las protestas ha ayudado a que algunos de sus anteriores electores se sientan obligados a cambiar su preferencia electoral. Así, Estados Unidos dará un voto mayoritario en contra del racismo, aunque éste no se va a acabar en una sola elección. De cualquier forma, se cree que el fuerte supremacismo blanco no es mayoritario. Si esto es así, Trump no podrá seguir siendo presidente.

 La política agresiva contra los inmigrantes puede convencer aún a algunos que tienen ya muchos años como residentes o ya son ciudadanos, en aras de mantener su situación en el competido mercado laboral estadunidense, pero no tanto como para lograr que Trump gane nuevos terrenos en esa franja del electorado.

Trump no tiene márgenes para avanzar, sino todo para retroceder. Por su lado, Biden no va a convencer más allá del voto duro demócrata pero tampoco será atacado o bloqueado por aquellos segmentos político-sociales que no quieren ver a Trump ni en pintura.

La gestión de la crisis epidémica de la Covid-19 es muy discutida, en Estados Unidos eso es algo descentralizado, de tal manera que los estados y aun los condados tienen fuerza normativa en el control de la enfermedad. Por más tonterías que haya dicho Trump sobre «el virus chino», por más equivocaciones de su inestable gabinete sanitario y por más altos que sean los números de fallecidos,  no parece que la pandemia vaya a ser decisiva en el voto ciudadano.

Otra característica de la campaña electoral estadunidense es que los mensajes electorales de ambos candidatos están centrados en el adversario. Trump acusa a Biden de izquierdista, radical, etc. Biden acusa a Trump de llevar al desastre al país y al mundo. Pero los programas propiamente dichos aparecen muy poco y se limitan a algunos puntos. La propaganda se centra demasiado en la posición que se rechaza: el no al otro.

El mayor problema está, sin embargo, en la incidencia electoral. Si los que quieren defenestrar al actual presidente logran cohesión y disciplina estrictamente electoral, no habrá problema: serán pocos los estados que voten mayoritariamente por Trump.

Si en los próximos 80 días no se produce una hecatombe política, Donald Trump dejará de ser el presidente de Estados Unidos. El mundo tomará un respiro, pero no se habrá resuelto algún problema fundamental. Al respecto, muchas cosas estarán por verse, al menos eso podría ser un comienzo.

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Esta no es una crisis económica

El mayor problema de algunos economistas y no pocos periodistas, así como de muchos políticos, es creer que vivimos una crisis económica en vez de un parón por decreto de Estado.

No puede haber crisis económica sin biografía. Todas inician antes de que las personas puedan darse cuenta del carácter de sus precursores. Siempre hay fenómenos económicos y sucesivas decisiones políticas que al final llevan a una crisis.

No conviene confundir un parón económico por decreto con  una crisis económica. El primero es consecuencia de una decisión de gobierno, mientras el segundo es resultado de una compleja relación entre múltiples factores, con frecuencia estructurales, acumulados paulatinamente.

Este asunto no tendría relevancia si no fuera por la necedad de analizar la caída decretada de la producción y los servicios a través de métodos y herramientas surgidos de las crisis económicas. Como se trata de dos situaciones diferentes, se ha producido un problema epistémico. Es decir, hay formas diferentes de conocer una realidad nueva sólo aparentemente igual a otras anteriores. Mas la baja del PIB en la dimensión en curso, como producto de un decreto, no es un fenómeno desencadenado y desencadenante.

La mitad de los empleos suspendidos durante tres meses se recuperó en un mes. Pocos creyeron que eso pudiera ocurrir porque sólo recuerdan las crisis económicas, pero no los parones decretados por pandemia, el último de los cuales quizá fue en 1918.

No obstante, frente a la baja de la producción y los servicios se sigue proponiendo que el gobierno se endeude mucho más de lo programado para cubrir la entrega de inusitados subsidios fiscales y ofrecer garantías sobre créditos privados. Desde las oposiciones, nadie propone que se invierta más en infraestructura. Por el contrario, se quiere que se desinvierta en los proyectos en curso en aras de brindar subsidios en el pago de impuestos.

La idea de un mayor endeudamiento público sigue en la primera línea de la discusión doméstica debido a la insistencia de la patronal y de las oposiciones políticas. Esto ocurre sin que los proponentes consideren la prohibición constitucional de contratar crédito para cubrir gastos que no sean de inversión productiva.

Como la Constitución no sirve para los propósitos del endeudamiento extraordinario, veamos si el nuevo mega crédito propuesto pudiera ayudar a la economía a mediano plazo. Los activos de mexicanos en el exterior, menos los activos mexicanos en poder de extranjeros, incluida la deuda correspondiente, tiene un déficit de 52.1%. O sea, los mexicanos tienen afuera poco menos de la mitad de lo que poseen los extranjeros en activos mexicanos (Posición de Inversión Internacional Neta –NIIP-). Menos mal que no estamos en el déficit de 73.5 que tiene España, cuya deuda pública ya rebasó el 100% de su PIB.

Esta situación es «manejable» a la luz de otros indicadores, según consideran los analistas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la prima de riesgo neta de la deuda de México es muy alta, mayor que la de España. Eso es lo que le duele a los mexicanos porque pagan más por lo mismo. El FMI parece soslayar que las migraciones de capital desde México no regresan al primer estímulo pues se realizan pensando en un futuro indefinido, como lo ha demostrado la escasa respuesta a las amnistías fiscales ilegalmente decretadas por el gobierno anterior. Además, los bonistas domésticos se comportan con frecuencia como externos, así que los acreedores del Estado mexicano residentes en México pueden al día siguiente aparecer con una cuenta en alguna financiera estadounidense, como si fueran extranjeros, lo cual se observa con harta frecuencia desde aquel 1982, cuando «ya nos saquearon». Tenemos mercados integrados pero muy diferenciados. El mismo FMI insiste, respecto de México, que «los grandes pasivos brutos de la cartera extranjera (y buena parte de la nacional, habría que agregar) son fuente de vulnerabilidad en situación de volatilidad financiera global.» Lo sabemos de sobra.

Al margen de esta situación, el NIIP no es tan malo para un país como México. Sin embargo, ayuda a generar unas tasas de interés usurarias. Cuando en Europa y Estados Unidos el interés ronda el cero por ciento, México, con 3% de inflación, tiene una carga pesada que ha orillado a un superávit primario en el presupuesto, lo cual indica que el Estado está recogiendo de la sociedad más dinero que el devuelto a ella. Todo en aras de contener la carga de la deuda que tiende a reproducirse incesantemente por sí misma. La cuestión no reside en cuánto debes sino en cuánto pagas de intereses. Si se decreta una explosión del débito, pronto habrá otra del pago de altos intereses y, entonces, se tendrían que reducir inversiones públicas y gasto social. Ya está cantado por parte de varias calificadoras internacionales que México perderá el próximo año el grado de inversión debido al débito petrolero, es decir, aconsejarán no adquirir y deshacerse de  bonos mexicanos.

El crédito neto es un anticipo de ingresos y, en términos económicos (empresarial o estatal), la ocasión de ampliar la inversión siempre que su resultado permita cubrir el llamado costo financiero (compartir ganancias con los dueños del dinero), pero, al mismo tiempo, dejar puesto un valor mayor. Si, por el contrario, el monto de los intereses rebasa la ganancia, entonces se trabaja exclusivamente para el prestamista y se arroja una pérdida. Este problema se resuelve en el plano de la economía pública cuando los empréstitos detonan el crecimiento, en forma directa o indirecta, para generar más producción y, por esa vía, una mayor masa de impuestos, siempre por encima de los intereses pagados. Pero eso es justo lo que no ocurre cuando el Estado destina el débito a cubrir consumos improductivos. Es por tal razón que esto último no está permitido en la Constitución, la cual, al respecto, siempre fue violada.

El Fobaproa (IPAB) fue un nuevo endeudamiento por 100 mil millones de dólares, absolutamente inconstitucional. Deudas privadas convertidas en públicas por decreto del Congreso. ¿Cómo se «detonó» la economía? De ninguna forma, como no fuera con una restricción del gasto programable. La alternativa no era dejar que los dos bancos grandes que seguían vivos quebraran finalmente, sino que los activos inyectados por el gobierno no fueran regalos sino inversiones públicas en acciones bancarias sin derechos corporativos, cuyas regalías se acumularan hasta el momento de su amortización. Con el resto de los bancos que sí quebraron, el Estado formaría uno solo para resarcir quebrantos a través del tiempo. Esas propuestas, las cuales presenté en la Cámara de Diputados, fueron consideradas estrafalarias, según afirmó José Ángel Gurría, entonces secretario de Hacienda. Japón y, luego, Estados Unidos sí hicieron eso con medianos resultados, pero al menos no perdieron tanto como México. Más de 20 años después seguimos pagando intereses mes con mes, pero Bancomer y Banamex (BBVA y City Bank), poseedores de bonos Fobaproa, disfrutan de enormes ganancias, porcentualmente mayores que las de sus sedes en Madrid y Nueva York. En México no hemos tenido banca propiamente dicha sino usura. Así funcionan los esquemas monopólicos con ausencia de regulaciones del Estado.

El FMI, el cual también ha estado indicando que México tome crédito internacional, plantea que el gobierno lleve a cabo dos acciones: 1) reformas fiscales inclusivas y a favor del crecimiento, y 2) revitalizar las reformas estructurales a mediano plazo para mejorar la competitividad y el clima de inversión.

En el primer tema, el Congreso debería revisar los gastos fiscales para eliminar viejos privilegios que nunca se han justificado. Sin embargo, la política del gobierno aconseja esperar para hacer un ajuste en las tarifas sobre la renta, hacia arriba en los ingresos altos y a la baja en los medios.

En cuanto al segundo tema, sería muy difícil que cuando Pemex tiene ya un 23% de rendimiento (antes de impuestos y costo de la deuda), frente a 17% de Chevron, 12% de Total y 10% de ENI, BP, Repsol y Exxon, tuviéramos que volver a intentar matar a la gallina, la cual, además, tiene los menores costos de operación (68%) en relación con las grandes petroleras mundiales (85%). Toda la deuda de Pemex es del gobierno desde hace casi 40 años. Para contratar ilegalmente créditos para gasto corriente, los presidentes le quitaban a Pemex la mayor parte de sus ingresos y le obligaban a realizar sus inversiones con operaciones de deuda, las cuales hubieran sido innecesarias bajo un régimen fiscal diferente, sin dejar de recoger participaciones para el Estado. Así que, ahora, Pemex tiene que hacer malabares para cubrir intereses sobre lo que en verdad no debe, para solventar ilegalidades de los gobiernos anteriores que se fueron sin pagar.

Para hablar de endeudamiento excesivo, la experiencia Argentina es aleccionadora, con 9 default en su historia. El último ha culminado mediante un acuerdo con los acreedores extranjeros. Argentina no podía pagar los intereses de su deuda externa, con una tasa media de interés del 7% (mayor de la mexicana). Se ha llegado al acuerdo de reducir el monto del débito en poco más de la mitad y ubicar los intereses en 3%, lo cual conduce a dejar de pagar 30 mil millones de dólares durante los próximos 10 años.

La deuda pública central total de Argentina, unos 400 mil millones de dólares, es equivalente al 90% de su Producto Interno Bruto (en México es del 52%). Aquel país del sur lleva tres años en recesión con una devaluación de 80% en los últimos cinco años. Su anterior presidente contrató 44 mil millones de dólares con el FMI, los cuales se destinaron principalmente a defender el peso, es decir, a cubrir la compra de dólares que se fueron de regreso con el eterno agradecimiento de los más ricos del país.

Lo peor no estriba en los números macroeconómicos sino en el inmenso costo de esa crisis en términos sociales: otro volver  atrás. Esta historia no es diferente a otras vividas en América Latina, México incluido, donde a partir de los tesobonos (que no eran otra cosa que deuda en dólares) se precipitó alguna vez (1994-95) una crisis financiera internacional denominada Efecto Tequila, pero conocida dentro del país como «el error de diciembre». Emigraban los dólares hacia el norte mientras el Estado iba perdiendo capacidad para garantizar el cambio de moneda. Como había ocurrido en 1982, no había con qué pagar. El peso cayó, las tasas internas de interés se revolucionaron, los deudores debían súbitamente más que el importe del préstamo original, la producción disminuyó (el famoso PIB), los bancos quebraron, la inflación acabó con gran parte de los ahorros líquidos y disminuyó la capacidad adquisitiva de los salarios. Al final, México hizo reconversión de deudas, pero ya había cosechado desgracias pocas veces vistas.

Para volver al tema de inicio de este artículo, México no debería cometer los mismos errores que suelen verse en las crisis económicas y, justo porque no vivimos una de esas sino un parón decretado debido a un gran problema de salud carente de causa económica, mucho menos debemos usar técnicas puestas en práctica en el pasado que han  sido con frecuencia dañosas.

Como en realidad no estamos inmersos en la parte recesiva de un ciclo de la economía, hay que reconocer a plenitud que la economía no se «mueve sola», sino que, con entera pena y mucha esperanza, la manipula el Consejo de Salubridad y, ahora, también los gobiernos locales, para proteger la salud.

De por sí nuestra deuda crece rápido. No le metamos velocidad sin causa productiva alguna.

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Oligopolio medicinal

El oligopolio de medicamentos, materiales y equipo de salud es causa de altos precios y mucha corrupción. Es una expresión remanente de las décadas del dominio político del PRIAN.

El gobierno actual ha buscado vías para contrarrestar los precios de monopolio y las maniobras comerciales. Uno de esos caminos lo ha abierto el Congreso con la reforma de la Ley de Adquisiciones, aprobada el miércoles 29 de julio. Se trata de que únicamente la compra de medicamentos a través de organismos internacionales intergubernamentales no esté regida por esa ley sino sólo por los principios que al respecto señala la Constitución. La adjudicación directa contemplada en la legislación actual no es un mecanismo suficiente para dar base jurídica a convenios permanentes y a la apertura de un sistema de adquisiciones exclusivas por conducto de esos organismos internacionales. Era indispensable la reforma.

La mayoría de las oposiciones presentaron argumentos dirigidos a defender al oligopolio medicinal y sus prácticas. Se dijo que la reforma de la ley se dirige a sacar a las empresas mexicanas del mercado. Sin embargo, el sector público representa menos de la mitad de la demanda interna que alcanza unos 200 mil millones de pesos anuales. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación, desde éste se erogan 80 mil millones. Además, México no podría adquirir más del 25% de su consumo interno mediante el procedimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a la clase de vacunas y medicamentos que se tramitan a través de su sistema. Asimismo, las empresas mexicanas productoras podrían participar en los procedimientos convocados por la OMS para colocar sus mercancías.

Con las nuevas operaciones de México dentro del sistema OMS/OPS, los precios de lo comprado dentro de tal mecanismo serían un 25% menores, según se ha estimado por las mismas organizaciones internacionales.

La defensa de las empresas de medicamentos no tiene ningún asidero a no ser la procura de un interés comercial ilegítimo. Las prácticas monopólicas de esas empresas son bien conocidas. En cuanto a quienes son meramente distribuidores, todo es mucho peor, pues ni siquiera producen, pero realizan las peores y más sucias maniobras, aunque también los está defendiendo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA).

Hemos tenido aquí una fuente de corrupción pública, a pesar de las licitaciones, puesto que los pactos convenientes, como se sabe, llevan a buenos precios sólo para los vendedores cuando éstos se ponen de acuerdo. Por el lado del Estado, el sector salud ha sido una sede de corrupción ligada a las adquisiciones.

El mercado de insumos para la salud es aún más ganancioso porcentualmente, pues, en México, los dispositivos médicos de alta tecnología se venden, en promedio, al doble que en el resto del mundo, a través de intermediarios mayoristas (servicios integrales de salud). Esta es una manera de hacer negocios con muchos hospitales públicos de segundo y tercer nivel. Aquí ya no son sólo los medicamentos sino algo más complejo que afecta mayormente a la medicina social del país. Urge que el IMSS y el ISSSTE terminen con ese perverso sistema.

Además, en México, sólo el 12.1% de los medicamentos son genéricos, es decir, carecen de patente en vigor, por lo que hay libre producción, y el 13.2% es sin prescripción, pero el restante 74.7% es de marca, casi siempre de laboratorios trasnacionales. Esto es algo así como un campeonato mundial de medicamentos caros. Un agobiante sistema de monopolios legalizados.

El país en su conjunto destina a salud el equivalente al 6.5% del PIB. La mitad de este porcentaje es lo que se denomina gasto de bolsillo, es decir, se realiza directamente por las personas, fuera de la medicina pública. Esto habla de lo raquítico del sistema institucional. México es uno de los países con mayor gasto personal directo en salud.

Esto lleva a entender mejor el significado concreto de la lucha contra las prácticas monopólicas de las empresas de medicamentos. Si con la nueva legislación el sector salud, al comprar más barato, se ahorrara aunque fuera el 10 por ciento de lo que hasta ahora gasta, esa misma cantidad se podría usar en el fortalecimiento de unidades médicas y hospitales, así como en el suministro de medicinas.

El problema no se va solucionar por completo sólo con la reforma legal que se aprobó en el Congreso, pero ésta va a ser de una gran ayuda. Es un paso a favor de la atención médica como derecho de todos y todas. Es un avance en la lucha contra la corrupción. Es algo en pro del combate a los sistemas monopólicos que agobian la economía mexicana.

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Afores: negocios parasitarios

Uno de los grandes problemas del sistema mexicano para el retiro basado en cuentas individuales es la existencia de empresas parásitas, las llamadas afores.

Nada justifica las enormes tasas de ganancia de esos establecimientos creados exclusivamente por ley. Son unas cuantas empresas que conforman un oligopolio. Cobran cuotas como en ninguna otra parte del mundo, hasta del 1% (casi el mismo porcentaje que la aportación del trabajador), pero no hacen nada peculiar. Este sistema de afores es una maravilla: cobrar por recibir depósitos de dinero sin asumir el más mínimo riesgo ni tener la menor obligación. En términos sociales: mermar el ingreso laboral como medio de obtención de ganancia. Eso siempre ha sido un robo.

La reforma que anunció López Obrador consiste principalmente en ampliar al doble el número de trabajadores que puedan tener derecho a una pensión garantizada, tomando en cuenta el ya existente sistema de Pensión para el Bienestar, así como en aumentar la tasa de retorno de los ahorros mediante mayores aportaciones patronales.

Esto es lo más urgente, lo que debió haberse hecho hace años pues ya se conocía a detalle la dimensión de la crisis del mecanismo SAR, la cual estaba conduciendo a que millones no pudieran tener pensión (44%) y la inmensa mayoría de los pensionados sólo alcanzaran bajos porcentajes respecto al salario recibido en el momento de su retiro. Como ya se ha dicho desde hace más de 20 años, el sistema previsional mexicano es un mecanismo de empobrecimiento directo de la mayoría de los trabajadores: no te retiras para vivir mejor sino para ser más pobre.

La reforma que ha propuesto el gobierno es un primer paso en dirección de contener la crisis anunciada. No se puede hacer menos que esto a pesar de que el mayor problema está previsto para dentro de algunos años. ¿Para qué esperar?

Al plantearse la incorporación de la actual pensión de adultos mayores al sistema previsional se está haciendo que los recursos públicos destinados a ese programa queden comprometidos, lo cual protege también a quienes no cotizaron, pues el retiro de éstos seguirá siendo cubierto por la Pensión para el Bienestar.

La reforma propuesta expresa la característica de las pensiones, es decir, que son muy bajas en su gran mayoría y, al mismo tiempo, proyecta la nueva orientación del poder político. Es por ello que las aportaciones del Estado se concentrarán en favor de quienes reciben menores ingresos.

Como esquema, tenemos que las cuotas patronales irán de 5.151 hasta 13.875 del salario del trabajador, en una escala en la que sean porcentualmente mayores para los salarios más altos. En cambio, la aportación del gobierno, Cuota Social, será sólo para quienes reciban menos ingreso, hasta 4 UMA (Unidad de Medida y Actualización).

No se ha dado a conocer el impacto que pudiera tener el aumento de cuotas patronales en la recaudación, pero habrá un gasto fiscal por ese concepto.

La tasa de reemplazo (porcentaje del salario que al final puede ser jubilación o pensión), se va a equilibrar entre los diversos niveles de ingresos bajos, con lo cual mejoran principalmente quienes ganan entre 2 y 5 UMA, más los primeros dos niveles que los segundos.

La pensión garantizada, que ahora es de 3,289 pesos mensuales,  dependerá de edad, salario y semanas cotizadas, pero, en promedio, se ubicará en 4,345 pesos mensuales, lo cual es un aumento significativo.

La reducción de número de semanas de cotización para tener derecho a pensión garantizada es consecuencia del tamaño de la llamada economía informal, donde no opera el sistema de seguridad social, lo cual determina que existan millones de trabajadores que entran y salen durante toda la vida. Al final del trabajo, cuando llegan a la edad de 60 años o más, no tienen las 1,250 semanas que ahora es el requisito. Con la reforma, lo harán desde 750 y, a través de 10 años, gradualmente, se establecerá en 1,000 semanas de cotización.

Las cuotas de los trabajadores no van a aumentar a pesar de que son bajas (1.125%). Esto se debe a que los salarios mexicanos son demasiado reducidos y a que la inmensa mayoría de los trabajadores reciben menos de 5 mínimos. No podría explicarse ahora un incremento de cuotas.

Ningún sistema previsional es muy bueno o carece de problemas. Cuando no se trata de asuntos demográficos, se enfrentan a cuestiones relacionadas con los niveles salariales, las aportaciones o las crisis financieras que afectan la reserva. El sistema de cuentas individuales es de los peores sistemas, aunque es bueno para los altos salarios.

Las reformas que se van a llevar a cabo son indispensables para resolver la urgencia. Luego, se tendrá que seguir discutiendo la conformación de otro sistema, el que resulte adecuado a una prospectiva nacional y responda a las necesidades de los trabajadores formales e informales.

Por lo pronto, la pensión será la garantía del derecho al retiro, mientras la pobreza y la desigualdad se habrán reducido un poco.

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Demencia conservadora

Los intelectuales de la neo derecha nacional, aliados a los de la rancia, han entrado en demencia política. Ponen en duda la legitimidad del resultado de las elecciones legislativas de 2018, pero dos años después de los comicios. Niegan que exista una mayoría legítima en el Congreso y lo hacen a través de una inserción pagada para que sea leída.

Héctor Aguilar Camín y sus compañeros de viaje desconocen la Constitución y se lanzan a tratar de deslegitimar a la única mayoría parlamentaria auténtica que ha tenido México desde hace muchos años. La 4T obtuvo el 47% de la votación efectiva. Si hubiera sido un  solo partido, que no lo fue, pues era una coalición de tres, su representación hubiera sido del 55% de la Cámara, suficiente para ser mayoría absoluta.

El Partido del Trabajo (PT) sólo obtuvo 3 diputados plurinominales (se aplicó severamente la cláusula de sobre representación) y ninguno le fue asignado al Partido Encuentro Social (no alcanzó derecho al reparto). Morena tuvo derecho a 85 curules de representación proporcional según determinó el INE, luego de hacer sus propias cuentas, sin que hubiera litigio al respecto. Los tres partidos en conjunto alcanzaron 307 legisladores, 221 de los cuales son de mayoría relativa de un total de 300 distritos electorales que existen en el país, es decir, la 4T no alcanzó la mayoría sólo en 79.

En cuanto al Senado, la demencia política es de igual gravedad, ya que el grupo de Aguilar Camín no sabe que en cada entidad federativa se eligen tres senadores, dos de mayoría y uno de minoría, además de 32 de cociente nacional. No había manera de que la 4T fuera minoría en esa cámara del Congreso si fue mayoría en casi todos los estados.

Aguilar Camín y socios no conocen las leyes del país que dicen defender. En la Cámara, la Constitución permite a los partidos, en lo individual, una sobre representación hasta de 8 puntos porcentuales respecto de su votación. Este precepto se conoce como «cláusula de gobernabilidad», según le llamaron los amigos de Aguilar Camín, priistas y panistas, cuando la llevaron a la Carta Magna. Durante años, el PRI y el PAN la ejercieron con entera normalidad. Pero los neoconservadores no tienen ojos para el pasado en el que les iba muy bien, sino sólo en el presente que ya no les simpatiza. Viven en la angustia.

¿Por qué tendría que ser desaconsejable que una fuerza política tenga una mayoría parlamentaria? ¿Habría que hostigar a Emmanuel Macron, presidente de Francia, sólo por contar con suficiencia en la Asamblea Nacional? No, allá no, porque aquel gobierno es de la banda de Aguilar y compañía. Si éste y sus amigos quieren cambiar las reglas –no se sabe, luego de su carta pagada, cuáles serían las nuevas—, que se postulen para el Congreso; ese es el método.

La fuerza gobernante puede o no tener mayoría legislativa, pero, cuando la tiene, debe ejercerla porque para eso existe como expresión ciudadana. En México tuvimos tiempos en que el presidente carecía de mayoría y le era necesario acordar con otro u otros. Así se formó el PRIAN y el PANPRI, según a quien le tocaba el turno en el Ejecutivo.

Si en un futuro cercano el resultado de la elección legislativa no otorgara a ninguna fuerza política la mayoría parlamentaria, no habría ningún problema nuevo, pero esa no puede ser una exigencia democrática sino una aspiración de las oposiciones actuales. Son dos cosas diferentes.

La democracia, como la conocemos, es un sistema competencial con relativa tolerancia. La atomización en la representación política no le es consustancial, pues ésta es solamente expresión del  voto ciudadano.

El llamado equilibrio de poderes siempre ha sido una falacia porque no hay equilibrio en la Constitución. Lo que existe es un sistema con ramas del poder, cada cual con facultades diferentes, pero no en competencia. Lo normal en esas democracias es que la fuerza política mayoritaria ocupe el Legislativo y el Ejecutivo. Cuando este último carece de respaldo suficiente, tiene que llegar arreglos con otros. Así de sencillo.

Pero Aguilar Camín y socios creen que el «equilibrio» consiste en que el pueblo vote de la manera en que a ellos les conviene, es decir, que elija una mayoría parlamentaria que no sea de la misma fuerza política que la del Ejecutivo. Lo plantearon cuando íbamos a votar en junio de 2018; pidieron que, por favor, los electores que estaban a favor de AMLO votaran por diferente partido en las boletas de senadores y diputados. ¿Cuáles era los «otros partidos»?, pues los mismos de antes: si el triunfo de AMLO era inevitable, había que buscar acotar el cambio, el nuevo rumbo. El diferencial de votos se produjo por sí mismo porque el fenómeno era al revés: no pocos que por lo regular votan por otros partidos lo hicieron por AMLO en la boleta presidencial. Iban a lo seguro y querían un cambio. Pero no fueron tantos porque en la votación de diputados la suma de los partidos de la 4T alcanzó el 47%.

Los intelectuales orgánicos de la derecha funcional de nuestro tiempo se inventan un nuevo prototipo democrático. El punto central ya no es que cada quien vote como quiera y se respete la votación, tal como hemos llegado a pensar al respecto, sino que lo haga de tal manera que se logre el «equilibrio», es decir, que Ejecutivo y Legislativo correspondan a fuerzas políticas diferentes. Esta novísima teoría, como «obligación democrática», podría conducir al perpetuo conflicto irresoluble entre ramas del poder político. Nada nuevo, a menos que se restablezca el PRIAN, el partido de Aguilar Camín y compañía. De eso ya tuvimos bastante. En cuanto a demencias políticas neoconservadoras, ya estamos teniendo suficiente.

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Poder de bolsa y presidencialismo

Durante la vida republicana de México, el Poder Ejecutivo ha tenido la atribución legal o ilegal de modificar el presupuesto durante el año de su ejercicio. La Cámara de Diputados, la cual tiene la facultad de autorizar el gasto, se detiene tan luego como expide el decreto. Después, desaparece de la escena limitando sus funciones a recibir informes de ingresos y gastos cada tres meses.

La Cámara vuelve a tomar el curso presupuestal en la revisión de la Cuenta Pública, incluyendo la fiscalización que realiza a través de la Auditoria Superior, pero esos ya son hechos consumados.

Ahora se propone que, por vez primera en nuestra historia, la Cámara asuma a plenitud su facultad de autorizar los egresos. Se busca que la ley ordene que las adecuaciones presupuestales mayores de 4% del gasto programable deban ser aprobadas por la Cámara, a propuesta del Ejecutivo, tal como ocurre normalmente con el Presupuesto de Egresos.

A lo más a que llegó la ley actual fue a obligar al Ejecutivo a consultar sus ajustes del gasto con la Comisión de Presupuesto de la Cámara cuando hubiera reducción de ingresos por impuestos, pero sin que la opinión de ésta fuera vinculante. Se olvidó que la Cámara es órgano legislativo, parte de otra rama del poder del Estado, y no juega el papel de consultor del Ejecutivo.

El asunto no es menor porque los presidentes han usado esa incongruencia legislativa para modificar libremente el Presupuesto de Egresos en altas cuantías.

La iniciativa presentada por Morena consiste sencillamente en mantener activa la facultad de la Cámara de autorizar el gasto aún durante el ejercicio, pues en ella está depositado el poder de bolsa, el cual es una institución democrática desde la formación de los primeros parlamentos en tiempos de los reyes.

Se ha dicho sin el menor fundamento que Morena quiere dar al actual presidente mayor poder para manipular el gasto. Se trata justamente de lo contrario. Que no se confunda la eliminación de los «moches» con una defensa del presidencialismo, ya que aquellos fueron en realidad un recurso de éste para repartir dinero entre los políticos.

Esta reforma de ley habría que inscribirla dentro de otras modificaciones que ya se han aprobado en la Cámara de Diputados para restar funciones decisorias al Ejecutivo y aumentar las del Congreso.

Se ha retomado la dictaminación y aprobación (o no aprobación) de la cuenta pública anual, cosa que se había dejado de hacer en la Cámara durante seis años.

En materia de ingresos fiscales, se le ha prohibido al Ejecutivo condonar impuestos.

Se está a la espera de que el Senado apruebe el proyecto de reforma constitucional, enviada por la Cámara,  para prohibir las partidas secretas en el presupuesto que eran administradas por el presidente en persona.

La ley de austeridad incorporó varias prohibiciones directas a la administración gubernamental, con lo cual se han limitado las capacidades de decisión discrecional que llegaron a tener los jefes, empezando por el mismo presidente.

Se está también a la espera de que el Senado apruebe una reforma de la ley electoral, enviada por la Cámara, para quitar a los ejecutivos federal y de las entidades la facultad de imponer las sanciones por faltas administrativas en materia de procesos electorales a sus propios servidores públicos y se le devuelva al Instituto Nacional Electoral, tal como lo señala la Carta Magna.

No se trata de debilitar la acción del Ejecutivo sino de procurar el ejercicio completo de las facultades del Poder Legislativo, durante tantos años erosionado y desprestigiado. La tarea no es nada sencilla.

En los grandes medios, muchos se quejan de que la 4T posea la mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, para el efecto de la reducción de «facultades metaconstitucionales»  del presidente de la República (Jorge Carpizo, decía), las cuales en realidad son inconstitucionales, lo mejor es que funcione esa mayoría porque los partidos que antes estuvieron en la Presidencia no son afectos a revisar lo que entonces no quisieron reformar, aunque se la pasan ahora acusando a la mayoría parlamentaria de querer una dictadura presidencialista, cuando esa fue la que ellos ejercieron.

Por ejemplo, no ha sido respaldado por el PRI y el PAN el proyecto de Morena para que las cámaras puedan crear, a pedido de la minoría, comisiones con plenas facultades para investigar cualquier asunto público y no sólo, como ahora, a las entidades paraestatales. En el combate a la corrupción, además de gobierno, fiscalía, auditoría y jueces, debe tomar parte el Congreso, el cual puede dar contribuciones mediante un eficaz control político de la gestión pública: no todo es buscar ladrones sino también malas gestiones.

Ya se ha discutido mucho, aunque eso seguirá, que el presidente no puede elevarse el sueldo cuando lo desee y por el monto que quiera, tal como lo hicieron antes varios mandatarios y lo siguen haciendo no pocos gobernadores y alcaldes. Pero las oposiciones no ha estado del lado del control y moderación de las remuneraciones de los jefes de la administración pública, órganos autónomos y poderes. Lo que se ha hecho hasta ahora, sin el apoyo de los adversarios de la 4T, tiende a eliminar la discrecionalidad con la que actuaban los presidentes y devuelve a la Cámara el control de los sueldos.

Apenas está empezando la eliminación de las normas inconstitucionales del viejo presidencialismo, así como de aquellas prácticas que en los hechos confieren al Ejecutivo muchas indebidas funciones. Pero ya se está en ese camino que no es para andar sino para desandar. Ajuste de cuentas con un pasado de ignominia antirrepublicana.

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Ir a la Casa Blanca

No existe evidencia que pudiera llevar a presumir que la visita de un jefe de gobierno extranjero a la Casa Blanca haya influido alguna vez en la elección presidencial en los Estados Unidos. Esa discusión, por tanto, carece de sentido. En realidad, es enteramente especulativa.

La visita de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump podría ser parte de una relación normal entre los jefes de gobierno de ambos países. No se mira así por las características del actual presidente de Estados Unidos. Sin embargo, algo anda mal en esa forma de observar la situación.

A pesar del discurso antimigrante y antimexicano de Trump, el actual gobierno estadunidense ha deportado menos mexicanos que Barack Obama durante los dos peores años de la administración de éste, quizá debido a la creciente falta de cooperación de muchos gobiernos locales en las cacerías de migrantes sin visa. El muro fronterizo que fue construido pacientemente durante anteriores gobiernos demócratas y republicanos, bajo Trump sólo ha crecido en 16 kilómetros y ha sido reparado en unos 300, pero con muchos discursos demagógicos. Es tan viejo que se está cayendo solo.

Entre la inoperancia oficial y la resistencia popular, no parece ir bien la aplicación de la política de Trump respecto al tema de migración, tal como lo demuestran sus fracasos en la pretensión de cancelar el mecanismo de demora para los dreamers ordenado por Barack Obama, el cual, por cierto, no implica la concesión de residencia y mucho menos de ciudadanía. A esos «extremos» nunca llegó aquel presidente.

El protofascista Donald Trump ha realizado dos acuerdos con México: la reforma del tratado comercial trilateral y el relativo a la migración centroamericana. Quien cedió más en el primero fue el gobierno de Estados Unidos que estaba decidido a denunciarlo (cancelarlo), pero reculó ante fuertes presiones empresariales internas y un posible escenario económico poco menos que catastrófico; gran parte de la oposición demócrata no quería seguir con el tratado (nunca apoyó el TLC desde 1994), por lo que algunos de esos diputados, al final, pusieron sus condiciones en el nuevo T-MEC. Quien cedió más en el segundo fue México, ante la amenaza de imponer aranceles generalizados al margen y en transgresión del TLC, ya que el gobierno mexicano no deseaba asumir la estancia en la frontera sur de los solicitantes de asilo a EU y no quería confinar migrantes en el sureste del país; recién, un tribunal estadunidense declaró ilegal mantener en un tercer país a los migrantes que buscan asilo en EU; el día menos pensado, un tribunal mexicano declarará inconstitucional impedir a los migrantes el libre tránsito dentro del territorio nacional.

Ambos acuerdos no significan victorias resonantes de ninguna de las partes porque son abigarrados, aunque el pacto comercial es formal y será más duradero, a diferencia del acuerdo migratorio respecto de América Central que es endeble y de circunstancia.

La promesa electoral de Trump fue cancelar el TLC pero era demasiado perjudicial para su país. Así que el déficit comercial de EU con México se mantendrá, ya que su reversión sería producto de otros factores económicos pero no directamente del nuevo tratado (T-MEC).

Otra promesa electoral de Trump fue concluir el muro fronterizo, cuyo costo sería cubierto por México, «aunque (éste) todavía no lo sabe», según dijo entonces. El muro no crece, pero las obras de mantenimiento se han pagado con fondos presupuestales de Estados Unidos, pues los diputados demócratas le han autorizado a Trump algo de dinero, ya que a fin de cuentas la barrera también es de ellos. El resto de los fondos se los ha quitado a las fuerzas armadas, de manera ilegal dice la sentencia de un tribunal federal de Washington. En resumen, un fracaso: ahora están empezando a «levantar» un muro electrónico, una alarma, mucho más barata y menos contundente.

La antipatía de México (en su mayor parte) hacia Donald Trump no es algo personal, sino de carácter político. Ese presidente tiene un discurso hostil y realiza actos odiosos. Sin embargo, no le ha ido muy bien en su política supremacista, como ya se está viendo con el repudio al lacerante racismo, pero tampoco en las relaciones comerciales con el resto del mundo, su «guerra comercial» que, según había dicho, siempre será más barata.

El anterior presidente, Enrique Peña, tuvo que cancelar dos veces su visita a la Casa Blanca ante la insistencia demagógica de que México iba a pagar el proyecto de alargar el muro, lo cual, naturalmente, no admitía discusión. Trump ya se la había hecho a Peña en ocasión de la invitación de éste a Los Pinos. De regreso a su país, el candidato republicano afirmó que México sí iba a pagar el fabuloso muro.

En Estados Unidos nunca en la historia ha habido un presidente que tuviera genuina simpatía por México. Franklin D. Roosevelt es, quizá, el único que podría considerarse como algo amigable. Esto no se debe a las personas sino a los intereses estadunidenses del momento, los cuales son, se sabe bien, aquellos que corresponden a la gran burguesía norteamericana. En el fondo, este no ha sido nunca principalmente un asunto nacional sino de clase.

La visita de AMLO a Washington cuando en Estados Unidos, México y Canadá se ha promulgado y ha entrado en vigor el nuevo acuerdo comercial –a jalones como todos—, no debería verse como algo «peligroso», «indebido», «inoportuno», «entreguista» o «sospechoso».

Está claro también que la conversación no versará sólo sobre el tema del T-MEC sino que puede ampliarse a cualquier otra cosa. Recién ha dicho el secretario de Estado de EU que Washington espera que México colabore en el establecimiento de instituciones democráticas en Venezuela. Ya no es el mismo discurso que cuando EU quería obligar a México a mantenerse dentro del inefable y ridículo Grupo de Lima en el que antes se había inscrito Peña Nieto, pero tampoco ese es tema mexicano en las relaciones con Estados Unidos. México seguirá en la doctrina de la no intervención porque es una defensa frente al norte.

En el nuevo tratado, el cual en realidad contiene más del viejo TLC, hay cláusulas que van a repercutir, pero no al punto de modificar en su conjunto el entramado del libre comercio tripartita tal como ha sido hasta ahora. Tampoco será un instrumento que propicie, por sí mismo, el crecimiento del volumen de la producción en México ni mucho menos el incremento de la capacidad productiva del trabajo social. Sin embargo, a muy corto plazo, podrá favorecer la inversión productiva y en cartera en tanto que brinda tranquilidad a algunas empresas para expandirse.

Ha surgido en este marco el tema de porqué un gobierno de rompimiento con el neoliberalismo firma un tratado comercial con Estados Unidos.

La mayoría de la izquierda mexicana no se opuso al TLC sino a varios de sus capítulos. En especial los granos, con cuyo motivo el plazo para el comercio libre del maíz se ubicó en 10 años.  Pero el problema también consistía en lo que el tratado eludía, en especial, un acuerdo migratorio, la fuerza de trabajo que va de un país a otro sin reglas, derechos ni responsabilidades. Este tema sigue abierto, nada se ha avanzado, excepto quizá un poco con Canadá.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) fue precedido de una apertura comercial unilateral del gobierno de México (Carlos Salinas), en el marco de una libertad cambiaria pero con control oficial del tipo del cambio, cuyos objetivos eran, entre otros, bajar la inflación y propiciar la inversión extranjera directa e indirecta. Se vio que del esquema no funcionaba tan bien cuando vino la crisis provocada por ese mismo gobierno en 1994.

El TLC trajo una desindustrialización parcial del país, el abandono de la producción de granos, la más completa apertura a las trasnacionales estadunidenses, así como un alineamiento con el cual México no estaba familiarizado: «nuestros socios comerciales». Recién apenas se ha entendido que eso de «socios» no es más que una relación entre competidores con reglas comunes, ya que sólo una ínfima parte de los propietarios mexicanos son en verdad socios de los estadunidenses.

Por otra parte, la economía mexicana alcanzó un superávit comercial frente a Estados Unidos y mantuvo un déficit con el resto del mundo. Los grandes exportadores son por lo general los grandes importadores, pero, además, las empresas mexicanas que venden mucho en EU exportan también capital hacia allá mismo u otros paraísos.

Más de las dos terceras partes del comercio de México se hace con Estados Unidos y casi todo bajo reglas comunes de comercio. Sería absurdo pretender el rompimiento de tales reglas, lo que no impide aplicar una política de diversificación de las relaciones económicas.

Los elementos principales del retraso de México han estado relacionados, ante todo, con la política económica y social de los anteriores gobiernos. Con una política salarial catastrófica, el mercado interno era lo secundario frente a las gigantescas exportaciones. Ante la economía maquiladora, han carecido de importancia el desarrollo tecnológico y la productividad. La gran potencia automotriz, México, no tiene ni patentes ni marcas; no hay un solo automóvil mexicano porque el negocio es la maquila de autopartes y el ensamble, todo por cuenta de trasnacionales.

México es un gran consumidor de toda clase de productos importados en tanto que su capacidad exportadora ha seguido creciendo. El mercado interno zozobra. En consecuencia, se ha ampliado la brecha en la distribución del ingreso, tenemos una sociedad cada vez más desigual, lo que genera mayor pobreza. Además, el empleo formal es ya menor que el informal, el cual se caracteriza por su ínfima productividad. Eso es un colapso social.

Este resultado no es de la entera responsabilidad de los sucesivos gobiernos neoliberales, sino también de la clase dominante y especialmente de sus capas hegemónicas, oligárquicas. La gran burguesía mexicana carece de proyecto nacional propio, vive del Estado y de la vecindad. No merece dominar en una sociedad como la mexicana que tiene historia, identidad, geografía y demografía.

 La relación entre México y Estados Unidos posee, entre otras, la característica de una presencia dentro de este último de varios millones de mexicanos. La cultura de México está cada vez más presente en Estados Unidos, pero no por la influencia de los medios, sino debido al influjo de una nación que se expande hacia el norte.

Por más horrible que parezca el actual inquilino de la Casa Blanca, bajo cualquier presidente de Estados Unidos van a seguir los problemas en las relaciones entre ambos países y sus interminables complicaciones. No está a la vista, aunque tampoco se mira tan lejana, la llegada de un presidente socialista democrático como sería el senador Bernie Sanders.

Por lo pronto, tenemos que enfrentar la disputa presidencial estadunidense con sensatez política y con la persistencia en los cambios que se están iniciando en México.

¿Para qué rehusar la invitación de Trump? ¿Qué le brindaría al presidente de México aparecer indignado, distraído o disimulado? El pretexto de la visita es la entrada en vigor del nuevo tratado.  Toda visita entre jefes de gobierno tiene alguno, pero más allá del mismo no debería criticarse el diálogo directo, personal, entre los presidentes de ambos países, ahora y en el futuro, con independencia de quienes gobiernen y de qué partido sean.

El trato entre los presidentes de ambos países siempre ha sido algo normal aunque no tan frecuente. Ernesto Zedillo visitó cuatro veces a Bill Clinton. Vicente Fox se reunía con George Bush en su rancho de Texas. Felipe Calderón fue a la Casa Blanca una semana antes de que Bush entregara la presidencia, lo cual fue visto como un innecesario acto de despedida, y visitó luego dos años consecutivos a Barack Obama. Enrique Peña llegó a ir cada año a ver a Obama al final del mandato de éste. Esas visitas se antojan escasas entre mandatarios de países vecinos. El trato intergubernamental, lo sabemos, se realiza con frecuencia en niveles intermedios, pero los jefes de gobierno deberían verse más y no sólo usar el teléfono como se acostumbra desde finales del sexenio pasado y lo que va del actual.

Hay que olvidar la parafernalia del poder e ir a lo concreto en las relaciones internacionales. Hacia allá está yendo el mundo.

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Guardianes electorales

Vigilar las elecciones es un mandato democrático que abarca a la ciudadanía entera. Procurar el respeto al voto genuino es un deber cívico de todos. Pero el INE parece no estar de acuerdo con esto.

No es nueva esa actitud de la actual mayoría consistorial de ese Instituto. Así es, sencillamente. Tenemos años con lo mismo.

El presidente de la República dice que quiere convertirse en «guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades», en especial denunciar el uso de recursos públicos y la compra de votos,  pero el consejero presidente le responde que «el único guardián» es el INE y que el presidente «no tiene vela en el entierro», según dijo.

El INE, como antes el IFE, nunca pudo impedir el fraude electoral, la compra masiva de votos, el uso ilegal de recursos, el exceso en los gastos y muchas más maniobras electorales abusivas e ilegales. Ni siquiera pudo impedir en el año de 2015 el muy evidente fraude de voto electrónico a distancia, reconocido siete meses después de las elecciones de diputados locales de Chiapas, llevado a cabo mediante la manipulación del «inviolable»  listado de electores. Y también se negó a destituir a los consejeros locales de aquel estado, hasta que se lo tuvo que ordenar el Tribunal.

La lista de incapacidades, torceduras, parcialidades, complicidades, soslayos, inoperancias y torpezas es monumental y se encuentra documentada. Los historiadores en el siglo XXII tendrán todo a la vista para darse gusto. Un día, el INE llegó al extremo, cómico y patético a la vez, de registrar en la suma de los cómputos distritales, tres días después de la elección, más del 100% de los votos depositados en las urnas. Año 2015, caso único en el mundo. El consejero presidente ni se asomó para dar explicaciones: envió a la sala de prensa a algunos de sus buenos colegas.

El Instituto nunca ha logrado tener resultados completos en la mañana del día siguiente, como suele ocurrir en los países de sistema lento que no pueden hacerlo la misma noche. Los tiene cuando terminan los cómputos distritales, tres o cuatro días después. Lo que hace el INE es un muestreo de casillas, llamado conteo rápido, una encuesta de resultados, aunque nunca ha cubierto la totalidad de las casillas de la muestra. Los rangos que brinda ese procedimiento son tan amplios que, en elecciones muy competidas, sólo crea mayores problemas. El punto relevante, sin  embargo, es que, con el pretexto del conteo rápido, el programa de resultados no mejora, es muy lento, políticamente complicado y dudoso.

La vigilancia de los procesos electorales no sólo debe abarcar a partidos, donantes, medios de comunicación, bancos y todos los niveles de gobierno y otras entidades públicas, sino también, especialmente, a la autoridad que organiza los comicios. Esa es nuestra realidad.

El IFE-INE, sin presencia (formal) del gobierno, se construyó bajo buenos auspicios y no empezó mal si se estima la realidad política de entonces y el bloqueo que intentaba el PRI, hasta que decidió desechar la queja sobre el financiamiento ilegal de campaña conocido como «Amigos de Fox». Luego de dos años, el Tribunal ordenó al Instituto, en incidente de apelación, investigar lo que ya se conocía a grosso modo, por lo cual se impuso al PAN y al PVEM una multa de más de 300 millones. Pero ni así presentó el IFE denuncia ante el Ministerio Público.  Eso lo hice yo, con la pésima suerte de que el principal denunciado, entonces presidente de la República, le ordenó al procurador que confirmara el «no ejercicio de la acción penal» dictada por la Fepade, la cual jamás ha servido para gran cosa. En realidad, no pasó nada, el Poder Judicial le dio palo final al asunto en juicio de amparo.

La brutal arremetida del entonces presidente, en 2005, mediante mensajes en radio y televisión en los que realizaba propaganda personalizada con programas sociales, algo prohibido por la ley y que anticipaba la campaña electoral, no la detuvo el IFE, sino un ministro de la Suprema Corte, José de Jesús Gudiño Pelayo, quien resolvió inmediatamente la suspensión de los actos presidenciales luego de admitir a trámite la controversia interpuesta por la Cámara de Diputados.

El IFE-INE ha sido casi ineficaz en la vigilancia de que se observen los dos últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución. Miles de quejas y denuncias se han presentado infructuosamente contra servidores públicos que realizan propaganda personalizada por cuenta de recursos públicos. Ahí, el Instituto sí tiene «vela», pero ha fallado de manera indecente. ¿Quién vigila?

El éxito del IFE al imponer una multa de mil millones de pesos al PRI tuvo el defecto de que lo robado había sido del doble de la cantidad indicada en el expediente, lo cual obligaba a una sanción de dos mil millones. Al principio, ya en medio del escándalo, el Instituto no abrió procedimiento oficioso sino que tuvimos que presentar la queja. El Pemexgate culminó en la exoneración penal de los intermediarios, los líderes sindicales y el director de la paraestatal, así como del entonces presidente de la República, quien sin  duda impartió la orden para la defraudación. Nadie que no sea el jefe del Ejecutivo regala mil millones a un candidato desde los fondos de Pemex.

Podría decirse que aquel Consejo General del IFE fue mejor que los posteriores porque, aunque tampoco vigilaba mucho, al menos era reactivo y llegó, aunque a tumbos, a imponer sanciones históricas al PRI y al PAN, los cuales eran los partidos donde mejor se organizaban los transgresores electorales del país.

Después las cosas empeoraron visible y groseramente. La campaña sucia del PAN en el año 2006, con la intervención de agrupaciones patronales y empresas, así como de las televisoras, mediante la difamación y la calumnia, fue pasada de largo por unos consejeros que en su mayoría estaban en la movida chueca electoral. Recordemos sólo la manera torcida de hacer los cómputos y, luego, la declaratoria ilegal del IFE sobre el resultado de la elección presidencial que la ley no le permite hacer, la negativa a realizar un recuento que hubiera aclarado al menos una parte del problema, el carpetazo a toda queja, denuncia, clamor, etcétera.

En el año 2006 México tuvo el movimiento poselectoral más fuerte de su historia, el cual duró prácticamente los años del sexenio. Este fue provocado por las acciones combinadas de la derecha panista en el gobierno, el candidato oficial, las agrupaciones empresariales más conservadoras  y la mayoría de consejeros del IFE, con la muy lucrativa complicidad del PRI. «Haiga sido como haiga sido», se dijo.

Seis años después, volvió la propaganda electoral ilegal en favor del precandidato priista en grandes medios, inmensas cantidades de dinero para la compra masiva de votos, dispersadas a través de entidades financieras; Monex fue señalada, aunque se repartió más dinero a través de Bancomer en donde la autoridad no preguntó nada.

Las nuevas facultades del IFE no se usaron bien porque la indagatoria se hizo con el deliberado propósito de llegar a la conclusión de que nada importante había alterado negativamente el proceso electoral. El PAN calló porque no era opción mayoritaria, como seis años antes lo había hecho el PRI. No es insulto hablar del PRIAN.

El presidente dijo recién: «si yo me entero de que están utilizando el dinero del presupuesto para favorecer un partido o un  candidato…, estoy obligado a denunciarlo». En respuesta descalificadora y acallante, uno de los consejeros que imparte clases en el consistorio del INE lanzó una filípica: «gobernantes, fuera manos de las elecciones». En el contexto del diálogo, tal vez quiso decir: no denuncien nada, dejen en manos del Instituto justamente el trabajo que no se hace.

En arrebato de cretinismo  (ya no se sabe si es más personal que institucional), el consejero presidente ha lanzado una perla digna de un comentario de Carlos Monsiváis, dijo: «El presidente de la República fue beneficiario en una elección que realizamos«. O sea, que el INE realiza las elecciones y que en ellas hay un beneficiario. Los comicios los organiza una instancia del Estado pero no los «realiza»; en ellos participa una ciudadanía que los lleva a cabo, que se encarga de su realización. No hay beneficiarios sino elegidos, personas con encargo popular.

Los actuales consejeros del INE, en su mayoría, dicen que los servidores públicos, en especial el presidente, deben concretarse a tratar los asuntos de su más estricta competencia. Ellos, en cambio, hablan sobre todo y casi todo el tiempo, incluyendo sus respuestas y críticas al presidente y a la mayoría parlamentaria. Han convertido al INE en una plataforma de discursos personalísimos, aunque no son funcionarios elegidos sino designados para cumplir tareas muy concretas, acotadas directamente por la ley.

Es increíble que en el INE se ubiquen consejeros que no admitan la diferencia entre ser elegido y no haberlo sido. Todos deben respetar la ley y ser decentes, pero sólo los elegidos expresan intereses e ideas de sus representados.

Hace muy poco, la Junta Ejecutiva decidió autorizar unas remuneraciones mayores a las señaladas por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos y, además, por encima de lo que percibe el presidente de la República. Tomaron, así nomás, la decisión de desacatar un decreto legislativo y desconocer la Constitución. Hoy día, para el INE no existen los artículos 75 y 127 de la Constitución. En tal actitud se haya el puro interés monetario, los sueldos de una burocracia dorada. El INE está anclado en el viejo sistema de privilegios y derroche de fondos públicos.

El INE, más o menos, descansa dos años por uno de intenso trabajo. Siempre ha sido así. Cuando vienen las elecciones, unifica la actividad de las áreas de organización y capacitación, pero durante los dos años anteriores las mantiene divididas para tener más vocalías, gastar más sin propósito válido alguno.

Además de lo debido, el INE gasta en lo que les da la gana a los consejeros. Así nomás. Todos los contralores del Instituto lo han dicho de muchas maneras, pero nunca se les ha hecho caso.

El gran error de la conformación del IFE-INE fue que se proyectó como órgano político y no sólo técnico. El problema nunca ha sido la autonomía en sus decisiones sino la falta de la misma. Los partidos han designado hasta ahora a los consejeros, poniéndose de acuerdo en un reparto más o menos proporcional a la presencia parlamentaria de cada cual. Como es lógico, se ha conformado siempre un  núcleo duro mayoritario del PRIAN.

Yo fui el único coordinador parlamentario que no concurrió a la elección de todo un Consejo General, el peor que ha habido, por cierto, en el año de 2005, en víspera del fraudulento y canallesco refrendo panista en la Presidencia. El voto en contra de toda la lista de consejeros fue un escándalo, pero la vida demostró que era lo correcto.

El proyecto político de los neoliberales desde 1988 fue el de crear un  régimen bipartidista para dejar a la izquierda en el margen. Receta clásica estadunidense y europea. Lo intentaron siempre con los peores métodos, desde atentados mortales, encarcelamientos, persecuciones, fraudes electorales, alquimias comiciales, compra masiva de votos, uso gigantesco de recursos públicos, desfalcos de empresas públicas, pase de charolas, manipulación  de los medios de comunicación, reparto electoral de presupuestos, moches, compras y compras, ventas y ventas, hasta el diseño de un aparato electoral profesional pero manipulable.

Los principales guardianes de las elecciones siempre han sido los militantes de las oposiciones, los ciudadanos en las casillas, los periodistas que denuncian, los integrantes de las organizaciones civiles por la democracia, los dirigentes políticos que no se dejan ni se venden, los manifestantes de los miles de conflictos poselectorales de la historia contemporánea de México.

No vengan ahora con el cuento de que los únicos guardianes son ellos, consejeros electorales nombrados comprometidamente por los partidos políticos que hacen fraudes.

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¿Quiénes deben combatir la discriminación?

Quienes tienen el encargo de garantizar la igualdad de todos y todas y de que nadie sea discriminado son las autoridades del país. Todas. Eso dice la Constitución en su artículo primero.

Por exigencia de personas defensoras de derechos humanos, pero también como forma de descargar la responsabilidad de las autoridades en materia de igualdad, se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). La generalidad de los entes de gobierno se desentienden del punto porque dicen que ya existe una pequeña dependencia descentralizada que se encarga de todo. ¿Qué es todo?

La discriminación en México se expresa a cada paso y en todas partes. Es imposible que una sola oficina se encargue de prevenir y mucho menos de combatir ese fenómeno ancestral de la vida de México.

Cuando Gilberto Rincón Gallardo, fundador del Conapred, asumió el cargo, fue a la Cámara de Diputados a quejarse de que Vicente Fox y Santiago Creel no gestionaban el presupuesto que él consideraba mínimo. Los diputados no le dieron más que lo solicitado por el Ejecutivo. En realidad, el gasto para prevenir la discriminación pudiera ser tan grande como los presupuestos de las entidades públicas que ejercen funciones de autoridad, porque todas ellas son competentes de alguna manera en el tema.

Esto es algo muy diferente a las funciones de investigar y perseguir delitos que solo tiene a su cargo el Ministerio Público, aunque éste también debe garantizar la igualdad. Además, no se requiere tener facultades de imponer directamente sanciones administrativas como condición para prevenir la discriminación. Cualquier autoridad tiene la obligación de denunciar los actos que vayan en contra de la observancia de la ley, no sólo los delitos.

Ahora bien. Hay varias leyes en México contra la discriminación. En cada Estado, en los bandos y ordenanzas municipales, en la legislación federal. Hay también autoridades que pueden imponer sanciones, multar, clausurar, etcétera. El problema es que los gobiernos de todos los niveles no promueven el respeto a la igualdad y no combaten la discriminación.

Carece de sentido que haya un consejo central para combatir la discriminación porque siempre será inoperante en el mar de tratos desiguales, ofensas racistas, clasistas, sexistas, por edad, género, preferencias, aspecto, gustos, cultura, etcétera, etcétera. En realidad, ningún país con alta discriminación, como existen tantos en el mundo, puede resolver algo mediante el funcionamiento de una inocua oficina.

El problema no es el presupuesto asignado al Conapred. Decir eso es una exageración y carece de sentido práctico. En cambio, es correcto considerar que, dentro del gobierno federal, le corresponde a la Secretaría de Gobernación, directamente y no a través de una extraña figura desconcentrada, hacerse cargo de las responsabilidades de organizar la atención oficial de ese tan relevante asunto.

Lo que hoy tenemos es que la gente se queja ante el Conapred y el gobierno chifla en la loma y se hace el que la virgen le habla. En los hechos ha ocurrido lo que el gobierno de Fox creyó que sería mejor: una oficina donde llegaran las quejas mientras que el aparato público siguiera viviendo en el disimulo. El Conapred ha sido usado por los gobernantes para quitarse un problema de encima. Pero, además, ningún nivel de gobierno le hace caso al Conapred porque ninguno está en la lucha contra la discriminación, considerada como un terreno espinoso.

La discriminación es un tema de la sociedad pero especialmente del Estado porque éste tiene deberes constitucionales, en especial el de hacer valer los derechos humanos.

La atomización del Estado es una manera de crear compartimentos inoperantes, es la distribución de cargos sin perspectiva alguna. No debe haber un pequeño y arrumbado organismo especializado en asuntos de igualdad y no discriminación cuando estos abarcan tanto. Especialistas en el tema deben estar en todas las dependencias públicas. Lo que sí se requiere es una secretaría de Estado, así como las de carácter local y municipal, que sea autoridad en la materia y tenga el mandato expreso y directo de organizar a las demás entidades públicas para aplicar los programas conducentes a la lucha contra la discriminación.

Toda política pública debe tener un contenido de igualdad, tanto en su confección como en su aplicación. Todas las entidades deben contar con el correspondiente protocolo de comportamiento en esta materia. Ningún servidor público puede tener licencia para discriminar. Toda queja debe ser gestionada y asesorada debidamente.

Conapred no cuesta al Estado dinero. Lo que le cuesta mucho al país es la inoperancia del aparato estatal mexicano para contrarrestar y combatir la discriminación. Por ello, son inmensas las tareas legislativas y administrativas que al respecto deben emprenderse.

Hay que ubicar este debate en sus verdaderos términos. Por ahí se tiene que empezar.

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No es tiempo de matices

El hecho de que este no sea tiempo de matices como objeto de la disputa política se debe a la convergencia conservadora frente a la irrupción de la izquierda en el poder. En este momento las oposiciones se están oponiendo y punto. Si hubiera algún partido de oposición que planteara negociaciones sobre la base del respeto a la mayoría surgida de las urnas, pero con campo abierto hacia otras propuestas, la situación política del país sería algo diferente.

Cuando los conservadores dominaban la política hacían todo tipo de acuerdos abiertos y encubiertos, pero discrepaban a menudo sobre temas menores y de reparto de canonjías.  Aquel era tiempo de matices, pero neoliberales casi todos ellos. Ahora que esos conservadores se encuentran en la oposición, se han ido acomodando entre sí, pero se van a enfrentar pronto al difícil reto de crear una coalición.

El objetivo concreto opositor es derrotar a Morena en 2021 y a Andrés Manuel en 2022. Cambiar la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados y revocar el mandato del presidente de la República. Quien de manera más directa lo ha cifrado es Héctor Aguilar Camín en su conversatorio telemático fechado el reciente 23 de mayo: que Morena pierda la mayoría en 2021 y que en 2022 se revoque en las urnas a López Obrador… «por pendejo», según dijo.

Esa vulgaridad denominada Proyecto BOA (víbora que estruja a sus víctimas para tragarlas), repite aquellos dos objetivos con la misma claridad con que lo hacen otros conservadores. Su convocatoria busca la unidad de los importantes, el «círculo rojo», dice Aguilar Camín: partidos opositores, gobiernos locales, jueces, medios de comunicación, toda clase de organizaciones patronales, empresarios, intelectuales, etc. Nadie ha respondido por BOA, pero muchos no desconocen el objetivo. No tendrían por qué, es del todo verdadero. El mismísimo presidente del PAN recién lo ha dicho claramente.

No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador afirma que los adversarios de la transformación que él encabeza están a favor de conservar el viejo sistema de injusticias, privilegios y corrupción. Esto se debe al rechazo de plano que manifiestan los opositores a toda la política del gobierno, es decir, justamente a la ausencia de matices.

Al mismo tiempo, como complemento, en el ambiente político no sólo está presente la crítica del gobierno, de la política de éste y de sus actos concretos, sino también una considerable cantidad de mentiras e insultos que se pueden leer a diario en medios de difusión de toda clase. La convergencia conservadora no es sólo de los líderes sino también de las bases.

En condiciones normales sería un error político que el gobierno del cambio respondiera a los conservadores como si casi todos ellos fueran un solo bloque consolidado, pero bajo la situación política actual de México se ha vuelto inevitable, ya que del lado de los opositores la tarea es repudiar en bloque el programa de la 4T y tratar de cambiar de rumbo político; lo demás ya se verá, ahora no discuten entre sí.

El carácter reactivo de ese plan es otro elemento más  que confirma la ausencia de matices en la política mexicana, mientras que la rispidez y la maledicencia son fórmulas que contribuyen a la ausencia de diálogo político.

Por ejemplo, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, fraguó la maniobra de responsabilizar al presidente de la República de choques de la policía local contra jóvenes manifestantes que exigían esclarecimiento y castigo por la detención y asesinato de Giovanni López. La idea de ese político conservador es que entre más logre confrontarse con el presidente, mejor será su propio prestigio personal, pero resulta ser otra cosa acusar sin motivo al titular del Ejecutivo federal de provocar la represión de manifestantes. Justificar la violencia mediante el infundio es viejo recurso de los déspotas mexicanos.

Hay que aclarar que la causa de fondo de que este no sea tiempo de matices no radica en las malquerencias, las cuales no parecen tener remedio, sino a que, frente a una hilada de cambios y nuevos enfoques, los opositores carecen por el momento de propuestas puntuales que pudieran discutirse en paralelo. Lo que proponen es volver a lo de antes en materia económica, social y administrativa (corrupción pública), lo cual sería el suicidio de la 4T.

Si Andrés Manuel se la pasara llamando al diálogo perdería tiempo y consistencia porque se ha estrechado demasiado el terreno de las interlocuciones entre grandes bandos políticos contrarios. No es una cuestión de personalidades o de opciones a la carta sino de hechos políticos duros.

En todo momento esto podría empezar a cambiar, pero es poco probable que sea pronto. En cambio, luego de las elecciones de 2021, dentro de un año, sí habrá cambios, tanto si Morena confirma su mayoría política como si la pierde. Eso lo saben los conservadores, a pesar de lo cual ellos no han optado por preparar una contienda de programas sino de desgaste de la Presidencia de la República mediante el ataque, la burla y el insulto sistemáticos. Entonces, estamos peor que antes porque, antes de votar, no parece haber materia para el diálogo aunque ambos alineamientos se sigan culpando mutuamente de la ausencia del mismo y afirmen que sería bueno. Círculo vicioso podría denominarse la coyuntura.

Si no hay campo para arreglos puntuales mientras votamos, después quizá se abra, pero no es seguro.

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Los viejos ferrocarriles de AMLO

Si usted quiere ir a Cancún por tierra, puede llegar al río Coatzacoalcos y lanzarse a Villa Hermosa para seguir hasta Escárcega y atravesar la parte sur de la península hasta Chetumal, luego de admirar la laguna de Bacalar, tomar la carretera costera de Quintana Roo y, en unas pocas horas, llegar a las playas de Cancún o algunas mejores que están cerca, luego de pasar por otros lugares maravillosos. Si busca algo más, puede regresar por Chichen Itzá y Mérida, para tomar hacia el sur rumbo a Campeche. Usted puede hacer el viaje de ida y vuelta justamente al revés.

Dentro de poco tiempo podrá hacer todo ese periplo en tren, con mayor rapidez y comodidad.

Más de la mitad de ese ferrocarril ya existe, es muy viejo, no funciona.

En 1875 se inició un esfuerzo para ir de Mérida a Progreso en tren, lo cual se logró hasta 1881. Los ferrocarriles yucatecos tenían su gran troncal hacia el sur que llegó a Campeche en 1883 y varios ramales dentro del propio estado (la línea México-Veracruz había sido completada desde 1873). En 1906 el tren llegó a Valladolid, a 181 kilómetros de distancia. La construcción de aquellos ferrocarriles yucatecos duró 38 años. Quizá el Tren Maya pueda estar en servicio en menos tiempo.

Desde el otro lado, en 1901 se empezó a construir el Ferrocarril Central Tabasqueño, pero fue en 1935, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, cuando el tendido de vías tomó cierto ritmo hasta que se detuvo en 1940 debido a la escasez de materiales provocada por la guerra.

Por fin, en 1950 se inauguró el ferrocarril completo: 738 kilómetros con 28 puentes hasta Campeche. Así, el viaje ya se podía continuar hasta Mérida. El presidente de entonces colocó el clavo del último durmiente. Era de oro… el clavo.

La mayor parte del trayecto del nuevo proyecto ferroviario de AMLO es el mismo viejo ferrocarril. La parte nueva no lo será tanto, ya que va a ser un trazo casi paralelo a la carretera que va de Escárcega a Chetumal y de ahí hasta Cancún.

Se nos quiere convencer que donde hay carreteras no puede haber vías férreas porque aquellas no afectan en nada y éstas destruyen todo: sociedad y medio ambiente. Eso es algo para pensarse varias veces.

En el Istmo de Tehuantepec existe un ferrocarril desde 1907, el cual podría cubrir la distancia de unos 200 kilómetros que separan a los dos océanos más grandes del planeta. Esa vieja vía ha sido rehabilitada y abandonada, relegada y vuelta a recuperar, pero nunca ha sido un gran corredor interoceánico. Junto a la arrumbada vía corre una carretera llena de tráilers y tanques. Nadie protesta por eso.

En México, como en otros países latinoamericanos, el ferrocarril fue emprendido en el siglo XIX y se detuvo en el siglo XX cuando aparecieron los camiones de carga pesada y se inició la construcción de carreteras y, después, de autopistas. Atrás fueron quedando los ferrocarriles por costosos, viejos y lentos.

Al abandonarse el ferrocarril se abonó otra clase de negocio con rápido retorno de la inversión y con menos trabajadores (mayor composición orgánica del capital). Todo fue para mejorar el negocio del transporte.

Llegó un momento en varios países que el ferrocarril reapareció con una velocidad de 300 kilómetros por hora o más. Sin embargo, México sigue en la película del siglo XX cuando en otros lugares del mundo ya miran otra cosa: viajar en tren es mejor que en avión, no hay largas esperas ni terminales lejanas.

Muy pocos se opusieron en el siglo XIX y en la primera mitad del XX a la construcción de ferrocarriles. Nadie protestó por árboles derribados en la vía que va desde Ojinaga hasta Topolobampo, porque todos ellos volvieron a crecer: la tala furtiva es un problema diferente.

El tren a Toluca ya se tardó demasiado por torpezas políticas, financieras y técnicas, pero eso no es fatal. Las cosas se pueden hacer de otra forma.

El gobierno debería tener ya proyectos y propuestas económicas para ligar a través de ferrocarriles modernos a las principales ciudades del norte y occidente del país con las del centro y sur. Los trazos de las troncales de los viejos sistemas ferroviarios son básicamente vigentes. La visión del siglo XIX se ha hecho presente en el siglo XXI.

Las inmensas inversiones que se requieren pueden ser gestionadas. Los proyectos Maya y del Istmo, financiados a través del presupuesto, son excepcionales. Para hacer posible obras mucho mayores se requiere financiamiento, lo cual permitiría hacerlas pronto y pagarlas lentamente a partir de sus propios ingresos. Esos son los créditos que sí hay que contratar.

El hecho de que casi todas las vías se encuentren concesionadas a empresas privadas no debería ser un obstáculo porque, aunque son buenos negocios (mucho más lo han sido, espectacularmente, en el primer trimestre del coronavirus), no dejan de ser unos fierros del pasado. Hay dos grandes concesionarios, Ferromex y Kansas City. Para una gran modernización no tendría que haber impedimento legal o económico. Entre varios se puede lograr un gran cambio. Es posible encontrar unas vías hacia el progreso.

Deberían construirse más viejos ferrocarriles de AMLO.

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La crisis económica y cómo verla

Algunos expertos y periodistas insisten en comparar la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 con la gran recesión de 1929-32. Sin embargo, se trata de dos fenómenos por entero diferentes.

En aquel entonces se produjo una sobreproducción que llevó a la caída generalizada de precios porque gran parte de las mercancías no se podían realizar en el mercado, es decir, vender. En consecuencia, la producción cayó. Sus efectos se prolongaron hasta 1938 y quizás después.

El crack de Wall Street (martes negro) no fue el inicio de la crisis, como algunos siguen creyendo, sino una de sus consecuencias con el derrumbe de precios de las acciones, las cuales se habían usado a menudo como garantías de préstamos bancarios para comprar las mismas. Luego, quebraron también muchos bancos al dejar de tener precio los valores bursátiles recibidos como avales y, además, aquellas acciones que tenían en propiedad como parte del nuevo capitalismo financiero: industria y banca fusionadas. Las carteras vencidas eran la inmensa mayoría.

Llegó un momento en que el sistema de pagos estaba casi a diario al borde de desaparecer. Los precios agrícolas se desplomaron en 60%, lo que hacía para muchos incosteable producir. La deflación alcanzó un 25% en toda la economía. La producción industrial se redujo entre el 60 y el 80%. La producción total bajó en un 30%. El comercio internacional disminuyó 50%. El desempleo llegó en EU al 33%. Los aranceles subieron. Las exportaciones mexicanas pasaron de 274 mdd en 1929 a 96.5 en 1932.

La crisis actual no tiene expresión propiamente financiera. Esos mercados gozan de razonable salud por más que hayan «perdido valor» durante algunos días consecutivos. El problema es el de un enorme parón de la producción, el comercio y los servicios que abarca las actividades que se consideraron no esenciales, en especial la industria.

El desempleo formal que vivimos bajo la crisis de Covid-19 ha sido provocado por la decisión de muchos patrones de despedir a una parte de sus trabajadores como parte del cálculo de la situación nueva que vendrá cuando se reanude el trabajo. En la zona informal es generado por el cierre forzado de pequeños establecimientos o la ausencia de suficientes compradores. Esto quiere decir que, en el momento en que se reanude la producción y el comercio, una parte de los puestos de trabajo cancelados se podrán recuperar, aunque sólo en la medida en que las industrias vayan restableciendo sus anteriores niveles de producción y los comerciantes y prestadores de servicios recuperen su clientela. Pero esto no lo podemos medir antes de tiempo ya que estamos en una situación nunca antes vivida.

Las empresas de todo tamaño requieren crédito para sostenerse hoy y reanudar mañana. La banca privada y la estatal tienen suficiente liquidez para atender la demanda de dinero. Las moras pueden ser manejables. El Banco de México ha abierto un amplio programa para que los mecanismos del crédito cuenten con el respaldo suficiente con intereses moderados, menores que los predominantes en el mercado.

El gobierno se está encargando de ofrecer pequeños créditos a la palabra a quienes no tienen acceso a la banca. Esa es la parte que se puede atender solamente desde el presupuesto de egresos. Creo que habría también que brindar ayudas gubernamentales a trabajadores formales e informales en paro efectivo porque en México no existe un sistema de seguro de separación o de desempleo. Algo de esto último ya se está haciendo en algunos lugares.

El pronóstico de que la crisis de la pandemia agregará en México 10 millones de pobres y 6 más en extrema pobreza quizá sea producto de un cálculo sobre el posible comportamiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la correlación entre éste y la pobreza es algo que se seguirá discutiendo porque no existe una regularidad que resuelva el punto. No hay duda de que el PIB decrecerá pero eso no significa que automáticamente y en semejante medida se va a  profundizar la pobreza y/o aumentar el número de pobres. El cálculo de la cantidad de personas que no son consideradas en pobreza y que pasarán a esa categoría, así como el de pobres que serán arrojados al extremo no es un asunto de aplicación de fórmulas porque existe la política social.

A la luz del primer trimestre del año es aún imposible calcular la caída exacta que tendrá el PIB en 2020. Abril y mayo han sido el momento del mayor parón económico en el país, pero esa situación no se mantendrá idéntica durante el tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) ni menos durante el cuarto. La capacidad de recuperación de la planta productiva que ha sido llevada al paro es una incógnita porque no conocemos otra crisis como la actual.

En realidad, lo que se sabe sin discusión es que habrá un decrecimiento del producto y un aumento del desempleo (AMLO lo estima ya en un millón), pero no parece que el nivel de precios vaya a modificarse, cuestión esencial en cualquier pronóstico sobre pobreza monetaria.

Las crisis de los años ochenta del siglo XX, en el marco del colapso de la deuda externa y de la caída del precio del crudo, cortaron de golpe el crecimiento económico de México. El PIB se redujo una y otra vez, de tal forma que decreció en promedio durante la década. Hoy, nadie parece ser responsable de esos desastres. Pero era el PRI.

En 1994, la sobrevaluación del peso con un esquema de deuda indexada al dólar (tesobonos), decidida en gran medida por motivos políticos, es decir, una especie de economía pendida de hilos imaginarios, inventada por Carlos Salinas dentro de su proyecto transexenal, trajo como consecuencia una crisis de dimensiones criminales.

El Efecto Tequila de 1995 que provocó un oleaje internacional, llamado en México «el error de diciembre» (del año anterior) para exculpar al autor y justificar al operador (así era la prensa en México), condujo al país a una especie de ruina. La producción disminuyó casi el 7% en ese año, la banca privada colapsó, la devaluación del peso alteró todos los parámetros, la inflación se hizo galopante, las tasas de interés se revolucionaron, el desempleo se profundizó, los salarios reales cayeron aún más y México acabó bajo los inicuos términos fijados por los acreedores. Como corolario, se le impuso al país desde el gobierno zedillista una nueva deuda de cien mil millones de dólares sólo para salvar a la banca privada y a los deudores de la misma (Fobaproa), la cual sigue devengando intereses que se pagan a través del presupuesto federal.

Era otra vez el PRI, pero Ernesto Zedillo (el entonces recién investido presidente) pretende ahora decidir lo que se debe hacer. Sus amigos periodistas están en lo mismo, aunque parezca increíble.

En 2009 el PIB disminuyó también casi 7 puntos de golpe, a pesar de que el gobierno panista, con operadores financieros priistas, había pronosticado un simple «catarro» frente a la pulmonía que se esperaba en Estados Unidos. Felipe Calderón es uno más de aquellos neoliberales que ahora pretenden dar lecciones.

Muchos de los críticos del gobierno actual, los inconformes de que no haya subsidios a los ricos ni condonaciones fiscales, incluidos intelectuales que no son capitalistas pero piensan peor, estaban en aquellas funestas crisis bastante tranquilos y se les veía muy cerca de los círculos oficiales.

La crisis económica del Covid-19 no durará tanto como la de los treinta del siglo XX ni como el efecto tequila («el error») o la más reciente del colapso financiero, gran operativo del crimen organizado de Wall Street. Pero su superación no será cosa sencilla en México debido al conflicto político.

 Los líderes empresariales se han dedicado a exigir el cumplimiento de su pliego petitorio de ayudas gubernamentales mientras la intelectualidad conservadora defiende los esquemas neoliberales que han fracasado en el mundo. Los partidos de oposición se han convertido en corifeos de aquellos y, ante la falta de propuestas propias, se dedican a tratar de bloquear todo.

Ninguna fuerza al margen de la 4T apoya el golpe de timón nacional de la nueva política económica y social. Se ha acortado extremadamente el terreno de las alianzas políticas en las que se pudieran incluirse a las izquierdas. El diálogo mismo, aunque fuera ritual, está casi interrumpido a la espera de una reanudación tan incierta como el curso de la economía.

Por lo pronto, se acusa desde el conservadurismo a López Obrador de buscar lo que él mismo está diciendo: un cambio mayúsculo en el cual no tengan lugar ni puedan regresar los esquemas neoliberales. Se afirma, nomás por decir algo duro, que la democracia está en peligro, como si ésta consistiera en el predominio de minorías rapaces que han  usado al Estado para enriquecimientos ilícitos.

La confrontación política se aprecia hasta en materia epidemiológica, en la que improvisados «especialistas» critican lo que dicen los médicos encargados de gestionar la emergencia sanitaria.

Encima de todo, la prensa maledicente del gobierno se ofende y protesta porque se le ataca, sin  admitir que cualquiera puede ser criticado como lo es el jefe del Estado. La república es el espacio de la igualdad política de todos sus miembros, las ciudadanas y los ciudadanos. No hay fueros ni privilegios. Lo que debería ser motivo de moderación moral son las falsas noticias (mentiras, se decía antes) que hoy parecen ser materia de competencia entre difusores.

Por primera vez desde 1988 hay que ver la crisis económica como momento de confrontación política directa. En aquel año eran los conservadores haciendo fraude electoral a un movimiento democrático de ruptura contra el neoliberalismo encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. En los años 2019-20 es la ruptura democrática contra el neoliberalismo encabezada desde el gobierno del país por Andrés Manuel López Obrador.

Los conservadores (muchos son reaccionarios en toda forma) no van a ser convencidos porque no les conviene serlo. Aunque han transcurrido más de 30 años, los bandos siguen siendo básicamente los mismos, casi no se mueven, aunque la correlación de fuerzas y el emplazamiento de cada uno de ellos es por completo diferente. Aquí nada será a muerte: esta lucha no tiene caducidad, es diaria.

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Interminable historia de los subsidios eléctricos

La empresa estatal mexicana de electricidad, fundada en agosto de 1937 por Lázaro Cárdenas, se hizo para llevar el fluido a mucho más de la mitad de la población que carecía de ese servicio y para dotar de infraestructura a la industria. En aquel año era tan caro que desde un principio se apreció que iba a ser inevitable subsidiarlo para consumo popular, pero no para el industrial. Sin embargo, ambas cosas se han hecho durante 80 años.

El traslado de valor desde la industria eléctrica a empresas privadas y públicas es inestimable. Es quizá el mayor volumen de subsidio industrial de la historia del país.

Desde los años setenta del siglo XX, cada nuevo presidente prometía poner un límite a los subsidios, incluso a los dirigidos a la población. La solución se fue decantando hacia la apertura de la industria eléctrica al capital privado, especialmente extranjero, para que nuevas y modernas plantas elevaran la oferta y distribuyeran el fluido a través de la red eléctrica.

La generación de electricidad es altamente rentable. Lo que no lo es consiste en distribuirla. La idea de los neoliberales mexicanos ha sido que la producción esté en manos privadas y la distribución siga siendo del Estado. Así lo cifraron en la Constitución.

En la actualidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene a su cargo cerca de la mitad de la generación. Pero como es el gran distribuidor, se encarga de llevar el fluido eléctrico de los privados a través de su red. El funcionamiento de ésta es la que requiere un ejército de trabajadores, a diferencia de la generación.

Por otro lado, la reserva de electricidad en un país es vital para el funcionamiento del sistema en conjunto porque éste no puede operar con la generación máxima. Con una planta que se pare se puede venir todo abajo. La reserva es muy costosa porque representa un alto porcentaje de la capacidad de generación en exceso del consumo promedio diario.

En cuanto a las plantas eólicas y solares el problema es mayor porque su capacidad de producción es variable, según insolación y velocidad del viento. El trato que ha tenido la CFE con las empresas productoras no abarca la participación de éstas en la cobertura del costo de la reserva de la que dependen ellas mismas.

El Estado distribuye fluido eléctrico en la cantidad que generan las plantas privadas y les cubre un precio, pero no les descuenta la parte proporcional de lo que la CFE debe erogar para mantener la reserva. Esta no es el costo de lo que se produce sino de lo que se deja de generar para tener garantizado que siempre haya electricidad suficiente en la red.

En conclusión, el Estado mexicano sigue en la interminable historia de los subsidios, sólo que ahora tenemos unos nuevos beneficiarios: te doy subsidio eléctrico para que hagas negocio en la industria eléctrica.

Dicen algunos, pero no por ignorancia, sino por conveniencia, que el gobierno actual está obstruyendo la generación de electricidad mediante tecnología eólica y solar. Otros, también interesados, afirman que el presidente de la República quiere un monopolio estatal de la generación de electricidad, lo cual no tendría nada de nuevo, pero tampoco es cierto.

Lo que no se quiere es subsidiar, dentro de la peor de las tradiciones mexicanas, a las empresas privadas como un medio para garantizarles sus operaciones. Esa ya no debe ser función del Estado.

Los subsidios existen en cualquier país. El problema estriba en para qué, a quiénes, cuánto y hasta cuándo. México tiene una de las peores experiencias en el mundo justamente en materia de electricidad.

Como dijo el clásico, «ya nos saquearon; no nos volverán a saquear». Alguien le respondió: ¿por qué no? En eso han seguido.

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Riqueza, ingreso, impuestos y poder

En México se calcula oficialmente el ingreso-gasto de los hogares pero no se incluye la riqueza patrimonial acumulada. A esto último se abocan agencias, investigadores, revistas, bancos y otras empresas.

En su reciente texto leído el 15 de mayo en el reconstruido recinto del Congreso Constituyente de 1856-57, Andrés Manuel López Obrador señaló que en el orbe, según datos de la revista Forbes, «dos mil 095 personas con más de mil millones de dólares cada una, poseen en conjunto ocho billones (millones de millones) de dólares; es decir, en los últimos nueve años la élite del poder económico mundial incrementó su fortuna en casi el doble». Dijo también que en «1988 éramos el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios; en 1994 México escaló el cuarto sitio, solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania». De 2011 a la fecha, agregó,  «se acumuló mucho más dinero en pocas manos.»

En México, según la tabla de ingreso corriente, los hogares más pobres (decil I) ingresan, en promedio, 101 pesos diarios. Los hogares de los súper ricos (decil X) ingresan, en promedio, 1 853 pesos diarios. Estos datos se refieren, más o menos, a la pobreza monetaria familiar pero no a la riqueza acumulada también familiar. No incluyen tampoco los ingresos financieros y de capital que reciben casi solamente «los de arriba».

La  inmensa mayoría del país que tiene ingresos muy bajos, bajos, medios y altos (deciles I al VIII),  recibe en su conjunto 3 485 miles de millones al año. Los muy ricos y súper ricos (deciles IX y X) reciben 3 410 miles de millones anuales. Esto quiere decir que el ingreso se puede dividir en dos volúmenes iguales, los más ricos, la minoría insignificante, y todos los demás. Así mismo, si analizamos los deciles IX (muy ricos) y  X (súper ricos), estos últimos reciben más del doble que los primeros (2 317.6 contra 1 092.4 mmp), aunque son mucho menos que aquellos. La diferencia dentro de los más ricos es también considerablemente grande (Fuente: ENIGH 2018, INEGI).

En realidad, no conocemos el monto de la acumulación de capital en manos de los dos deciles con mayores ingresos y, dentro de estos, a los dueños, ya que entre los muy ricos existen personas que viven principalmente de su trabajo, es decir, de su salario.

Las noticias sobre la riqueza privada acumulada en el país son tal vez un tanto especulativas. Se ha dicho que 15 mexicanos poseen en conjunto más de 150 mil millones de dólares, pero tal vez sea más. El fenómeno de la concentración de la riqueza se expresa en las fortunas de esos 15 individuos pero no consiste en eso.

También existe otro fenómeno muy relacionado, el de la centralización de la producción, los servicios y el comercio, es decir, las formaciones monopólicas que afectan gravemente a la economía del país, el cual expresa también la concentración de la riqueza en general.

Es preciso abordar en su conjunto el proceso de concentración de la riqueza visto como un fenómeno estructural. Ha dicho Andrés Manuel en el texto ya referido: «lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo: la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza».

Dice la revista Forbes que el 10 por ciento más rico posee en México el 43.3 por ciento de la riqueza acumulada. Esta cifra coincide con la de Global Wealth Report 2014. Sin embargo, el Credit Suisse afirma que en México el 1% concentra el 43 por ciento de la riqueza patrimonial: sobre la base de 34.7 millones de hogares, tendríamos 35 mil familias en posesión de casi la mitad de la riqueza privada del país.

Quizá el primer problema técnico es el cálculo de la riqueza acumulada. Este asunto no es tan sencillo como definir el PIB o realizar la encuesta ingreso-gasto de los hogares con 88 mil formularios habiendo 35 millones de hogares en el país. El segundo sería el mecanismo para conocer la propiedad patrimonial de los capitalistas, ya que carecería de sentido estudiar el patrimonio de las personas aunque no concentren riqueza. Un tema importante sería la distinción entre el mero capital dinero y la inversión física, así como el lugar y las ramas de su ubicación. Todo ello sería información económica y social, es decir, conocimiento sobre México, por lo cual no sería desacertado que el INEGI tuviera esa tarea, pues se trata del organismo nacional de la estadística.

Toda política de redistribución del ingreso tiene que estudiar las fuentes y cuantía de éste, incluyendo, naturalmente, la riqueza acumulada que genera precisamente ingreso y lo concentra.

Ese conocimiento tendría que ser parte del análisis necesario para cambiar el esquema contributivo y, por tanto, las bases del financiamiento del gasto del Estado. Dice la OCDE, de alcurnia neoliberal, que en los países miembros de esa organización, como promedio, el 32.5% de sus ingresos provienen de impuestos a bienes y servicios, mientras que en México, que también es integrante de la OCDE, ese porcentaje es del 54%. Es cierto, aquí se grava más al consumo con impuestos recesivos que a los altos ingresos con una política fiscal progresiva.

Más que las funciones del INEGI, el punto que parece preocupar a los representantes políticos de los muy ricos y súper ricos acerca de las declaraciones de Alfonso Ramírez Cuéllar en el de crear un sistema de impuesto a la renta que grave con mayor porcentaje a los muy altos ingresos, como en la mayoría de países de la OCDE, tan admirada por ellos mismos.

La progresividad fiscal es un principio que está en la ley. La tabla del ISR así lo establece, pero, en la realidad, es como en Estados Unidos, pues la tasa máxima es baja y a partir de ella se acaba la progresividad porque no hay sobretasas extraordinarias para los ingresos gigantescos. Además, hay deducciones y subsidios fiscales dirigidos, que llevan a que el gran capital goce de menores tasas efectivas, las cuales terminan estando al nivel o abajo de las pagadas por los contribuyentes medios.

 Por lo pronto, hay que empezar por una revisión de los gastos fiscales que cada año elabora la Secretaría de Hacienda por mandato de ley, aunque casi nadie le hace caso. La mayoría parlamentaria está obligada a seguir combatiendo los privilegios, incluyendo los fiscales. Se han prohibido en la Constitución las condonaciones de impuestos, se ha dejado de evitar cobros a deudores fiscales, se ha combatido la fabricación y uso de facturas falsas y tenemos una autoridad fiscal honrada. No hay que detenerse, el siguiente paso son los gastos fiscales que no se justifican, aquellos que fueron concesiones políticas a personas y grupos minoritarios.

Luego, pronto, cuando eso de la concentración de la riqueza empiece a tomar referencias menos especulativas, entonces se podrá proceder a un sistema progresivo en el impuesto a la renta, lo que llevaría, por cierto, a una disminución de la elevada tasa que se está pagando por los ingresos medios.

La concentración de la riqueza patrimonial privada es un fenómeno que, en México, está por completo ligado al poder. No existe grupo financiero (fusión de capitales bancario, industrial y comercial) que no haya sido especialmente favorecido por actos de gobierno que le ayudaron o, de plano, lo hicieron surgir. Desde el inicio de la política de privatizaciones que empezó poco antes del fatídico año de 1988, las cosas empeoraron a este respecto porque las grandes empresas del Estado que se vendieron, en realidad fueron entregas a cambio de mordidas. En los sexenios siguientes esas movidas chuecas se replicaron. México es uno de los países que acusan la mayor concentración de riqueza en unos cuantos.

El pequeño grupo de familias que acapara la mayor parte del ingreso es una expresión del fenómeno más amplio de concentración de la riqueza, pero también del extenso entorno corporativo y de poder que han construido los grandes grupos de capitalistas. Riqueza concentrada es también poder concentrado.

El impuesto mexicano a la renta es un escándalo mundial. Este es uno de los países que tiene menor captación recaudatoria en términos del valor de su PIB. En realidad, el empobrecimiento del Estado es consecuencia, por varios caminos, del amontonamiento de riqueza e ingreso en unas cuantas manos. El sistema fiscal está por entero en crisis. Más aún cuando ha llegado un nuevo gobierno que tiene política social y desea impulsar la inversión pública productiva.

Lo que amarra todos estos elementos que constituyen el atraso, la pobreza y la injusticia social es el esquema de poder que predominó. Ellos, los súper ricos, los fantasmas del decil X de la superficial encuesta del INEGI, los dueños de los grandes corporativos, el capital financiero (banca, industria, comercio, servicios) engarzado a través de grandes holdings, ha ejercido el poder a través de unos representantes políticos surgidos del PRI y del PAN.

Ya sabemos que esa trama política fue removida de la sede del gobierno federal y del Congreso. El problema ahora consiste en deshacerla por entero, ejercer otra forma de poder y hacer que no vuelva a levantar cabeza aquello que llevó al país a la ruina, al atraso social, la corrupción, la violencia y la pobreza como emblema nacional.

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Desde el PIB hasta el bienestar

Más de medio mundo sufre un parón sanitario de la producción, el comercio y los servicios, como consecuencia del cual se está reduciendo el tamaño de la economía expresado a través del Producto Interno Bruto (PIB). Se dice que es la mayor recesión desde 1929-32. Sí, tal vez, bajo el punto de vista del valor monetario de los bienes y servicios finales (PIB) producidos durante el tiempo que ha durado el actual parón, pero difícilmente éste se prolongará tres años.

El PIB fue formulado como gran indicador luego precisamente de la crisis 1929-32 por Simon Kuznets (USA), quien años después afirmaba que esa medición del crecimiento económico no era suficiente para apreciar el bienestar de una sociedad. El PIB per cápita, que es el cociente de la división entre éste y el número de habitantes, tampoco indica la manera en que se encuentra distribuido el ingreso monetario y mucho menos el acceso social efectivo a los elementos básicos del bienestar.

Para conocer la economía de un país se requiere tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento, así como su dirección en términos sociales. En otras palabras, el objetivo hoy dominante en el mundo de tener siempre más crecimiento debería a cada paso señalar de qué y para qué.

Algunos periodistas radiofónicos de Ciudad Juárez me increparon hace unos días, entre muchos otros temas, sobre el desdén que pronunció López Obrador hacia el PIB como estandarte del progreso. Es claro que el gobierno actual y cualquier otro seguirán midiendo el Producto Interno Bruto como en todo el mundo, o casi,  pero otra cosa es creer que el PIB sea parámetro de la justicia social y el PIB per cápita sea la medida del bienestar de la gente.

Además, el PIB no es el ojo de Dios. No mide la «economía sumergida» no legal, como tampoco se refiere al trabajo en el hogar que no está monetizado. En países como México esas no son porciones despreciables.

Los datos de concentración del ingreso y acumulación de riqueza privada se consideran derivados del gran cálculo del PIB, sin embargo, para ambas mediciones se requieren métodos propios pues son otra cosa. Además, no sólo las recesiones son las que han incrementado el número de pobres. Crecimiento del PIB se ha dado a la par de agravamiento de la estratificación social, incluso de mayor pobreza por ingreso.

La esperanza de vida, la educación y la vivienda en términos de cantidad y calidad no son elementos del PIB y, lo peor, no necesariamente existe una correlación lineal entre éste y aquéllas.

Han surgido otras formas de estudiar la realidad social y habrá otras. En este tema tiene lugar una animada discusión. Ya existen varios índices alternativos. Las encuestas de ingreso-gasto de las familias se siguen haciendo. Los debates sobre cómo medir la pobreza y evaluar la política social son interesantes y útiles. En todo esto, el PIB ayuda poco.

Un concepto de desarrollo ligado al bienestar de la gente se abre paso por todas partes luego de que el criterio sustentado en el ritmo de crecimiento, el cual se expresa fríamente en el PIB, es cada vez de menor interés político, aunque sigue dominando como método de comparación entre años sucesivos de cada país y con los demás países.

Por lo pronto, se sabe de sobra que el PIB mexicano va a disminuir este año, como el de casi todo el mundo. ¿Para qué toda esa discusión? ¿De qué serviría saber en este momento, si se pudiera, la disminución exactísima del PIB en 2020? El FMI y la OCDE, así como toda clase de organismos, bancos y calificadoras, hacen pronósticos de crecimiento económico por país y del mundo entero, pero cada cual realiza sus cálculos con sus propias herramientas y sus particulares supuestos. Siempre son muy disímiles. Además, los pronósticos van cambiando durante el año y ven más lejos, pues pronostican el año siguiente. Luego, se advierten los desaciertos, los cuales jamás son reconocidos ni explicados por sus autores. Entre pronosticadores del PIB existe una extraña competencia, la cual es alimento de los mercados globalizados; si no fuera por esto sería un simple juego, pero suele ser inicua. Si el crimen es todo lo socialmente dañoso, sea o no ilegal, los mercados financieros globalizados son entidades del crimen organizado: ya lo han demostrado ad náuseam.

Lo que se debe discutir es la manera en que se está encarando esta peculiar crisis económica, así como las demás opciones. Si un gobierno con muy baja recaudación respecto de su PIB descompletara el volumen total de su gasto presupuestado y, por tanto, se sobre endeudara para cubrir el déficit adicional, entonces mañana habría que incrementar el servicio de su débito, ya de por sí desproporcionado respecto de su recaudación, y bajar su caudal de recursos propios para el gasto social y la inversión pública. Si brindara toda clase de coberturas crediticias a particulares –deuda pública contingente–, tendría mañana que cubrir también toda clase de impagos y quebrantos, algunos de los cuales quizá fueran consecuencia de factores anteriores a la crisis.

La política económica del actual gobierno debe seguir poniendo énfasis en cuatro puntos: 1. Gasto en salud; 2. Programas sociales en curso y nuevos; 3. Créditos directos a pequeños productores y comerciantes; 4. Mantener y acrecentar la inversión pública. Lo que se requiere es enfrentar la enfermedad pandémica y, al mismo tiempo, ayudar a defender la demanda social y popular de bienes y servicios, así como la inversión. La recuperación del empleo que se está perdiendo tendrá que apoyarse en el planteamiento gubernamental pero, evidentemente, éste no sería suficiente. Los agentes económicos –empresarios de todo tipo– deben hacer su parte porque, para ellos, proteger el empleo es defender sus propias ventas. Dicho en términos de la economía política: no hay ganancia capitalista sin explotación de la fuerza de trabajo. Esto, si acaso los patrones piensan como clase social y no sólo como facción.

La deuda del sector público va a seguir subiendo debido al recorte del superávit primario y al déficit presupuestal, pero no es aconsejable una pronunciada curva ascendente de endeudamiento en términos reales, aún a pesar de la caída del precio del crudo y de que es de esperarse una baja en la recaudación en los próximos meses del año. Además, la Constitución no permite contratar empréstitos para financiar gasto corriente, aunque eso se haya hecho durante todos los sexenios anteriores.

Por tanto, es preciso hacer una reorientación del gasto hacia esos cuatro puntos básicos. La ley actual se lo permite al Ejecutivo sin restricciones, pero lo mejor sería aprobar la propuesta de Morena de reformarla para hacer pasar los ajustes presupuestales por la Cámara de Diputados.

Las oposiciones neoliberales buscan subsidios y subvenciones fiscales, así como garantías sobre créditos de particulares, todo lo cual llevaría a una política de endeudamiento. No sería conveniente aceptar ese esquema porque, como ya se  ha visto en otras crisis, traería malas consecuencias, además de que contiene medidas intrínsecamente injustas.

Cuando se mitigue la pandemia, todo mundo podrá darse cuenta, por comparación con otros tiempos y con otros países, de la verdad que encierra poner por delante el bienestar social.

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Bailes de la justicia electoral

En 2012 el Tribunal Electoral aprobó por unanimidad, en apelación, que el presidente de la República podía enviar cartas ofreciendo créditos del Fovissste, aun en temporada electoral, porque eso no era propaganda y mucho menos personalizada (expediente SUP-RAP-345/2012 y acumulados).

Ocho años después, sin que haya elecciones federales en puerta, el Tribunal ha decidido lo contrario con motivo de un recurso presentado contra una suspensión. Quienes enviaron por correo electrónico las cartas de AMLO sobre los créditos habían dado un paso en falso en un país donde los jueces dictan sentencias de contentillo.

Desde hace ya muchos años se escucha la queja al viento de que el Tribunal Electoral cambia demasiado sus criterios y lo hace según la circunstancia y los litigantes de los juicios. Es decir, le gusta el baile.

El TEPJF ha emitido una resolución muy sencilla que sostiene que el hecho de que el presidente de la República envíe cartas a los posibles contratantes de créditos con el gobierno o alguna dependencia federal puede ser un acto de promoción personalizada del mandatario, la cual está prohibida.

En efecto, el artículo 134 de la Constitución prohíbe que la propaganda oficial incluya «nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Uno de los problemas es definir si una carta en la cual el presidente de la República le comunica a un afiliado al Seguro Social que puede optar por un crédito, ya que califica para el mismo, es un acto de propaganda. El Tribunal ha dicho que sí puede ser, aunque hace tiempo había dicho que no.

Con fecha 12 de marzo de 2012, el entonces presidente, Felipe Calderón, envío miles de misivas a derechohabientes del Fovissste, firmadas por él. En la carta le decía al trabajador: «Te invito a que hagamos del 2012 el mejor año para México. Tienes mi compromiso de que en el gobierno federal seguiremos trabajando sin descanso para que germine la semilla del México seguro, justo y próspero que hemos sembrado con el esfuerzo de todos».

Ese era un texto claramente propagandístico en el contexto en el que circulaba puesto que ya estaba el país en proceso electoral. Las elecciones debían realizarse en menos de tres meses. «Seguiremos trabajando sin descanso», decía un presidente saliente que se iba a ir a otro lado porque ya estaba por terminar. Esto, en el marco del exhorto a hacer del 2012 «el mejor año para México». Nada de lo que decía el panista tenía que ver con un sorteo reglamentario del Fovissste en el que el trabajador que recibía la carta había resultado elegible para un crédito hipotecario.

El Instituto Federal Electoral (antecedente del actual INE) declaró fundada la queja que yo presenté por actos de promoción personalizada y transgresión al principio de imparcialidad electoral, aunque la declaró infundada por distribución de propaganda electoral costeada por el Ejecutivo. El presidente, declarado responsable de violar la Constitución y la ley, recurrió al Tribunal Electoral para solicitar la revocación del resolutivo del IFE.

El Tribunal, por unanimidad (Luna Ramos, Alanis, Carrasco, Galván, González Oropeza, Nava y Penagos), resolvió la revocación de la resolución del IFE tan sólo con la idea de que la carta no era propaganda sino parte del ejercicio de gobierno (SUP-RAP-345/2012 y acumulados).

El actual Tribunal no es el mismo en cuanto a sus integrantes, pero es la misma institución que, al menos, debería advertir que sus fallos tienen antecedentes y proceder a desvirtuar los mismos cada que decida resolver en contrario a lo de antes. Pero eso no ocurre. «Como digo una cosa digo la otra», tal como repite la clásica en la materia.

Por lo regular, cada vez que la Sala Superior formula un nuevo criterio, se abstiene de tomarse la molestia de explicarnos bien el asunto del cambio. Quizá podría ser que los magistrados no quieren debatir con sus antecesores, pero a veces también cambian criterios propios. O, tal vez, lo que en realidad cambia en el Tribunal es la situación política, el gobernante, el partido quejoso y cosas por el estilo. Pero esto último, claro está, no puede ser fundamento confesado de la modificación de criterios.

La historia de la propaganda personalizada es muy larga y penosa en México. Durante muchos años, los gobernadores se han hecho propaganda a sí mismos a través de gacetillas, en infomerciales y en noticias que son anuncios pagados. Eso también lo han hecho muchos otros políticos empoderados. Cientos de quejas han sido declaradas infundadas o han sido revocadas en sede judicial debido a las influencias de los denunciados y de las protestas de los medios que reciben el dinero pero que siempre niegan que lo hayan hecho. Además de propaganda personalizada, hemos tenido por años un mal uso de recursos y una evidente falta de justificación contable de los mismos.

Casi nunca se ha logrado algo al respeto y eso también atañe a los actuales integrantes del INE. Pero cuando se ha obtenido una resolución en firme por propaganda individualizada tampoco se logra algo porque los servidores públicos no pueden ser multados por la autoridad electoral, sino por su propio superior jerárquico, como una fórmula legal perfecta para garantizar impunidad. Este artículo ya ha sido derogado en la Cámara de Diputados pero el Senado no ha votado aún, inexplicablemente.

En la carta (ya suspendida desde hace varios días) con la que Andrés Manuel López Obrador le comunicaba al pequeño empresario que es elegible para un préstamo no se hacen referencias a «semillas» germinadas y a que «este año» (electoral) debe ser «el mejor». Se expone el fundamento de la acción de gobierno, sus motivos y sus propósitos. Tampoco estamos en la víspera de unas elecciones federales, como en el 2012.

Hay que seguir pidiendo piso parejo a las autoridades administrativas y judiciales porque si ya el Tribunal había dicho que las cartas presidenciales no eran propaganda, se entendía que no lo eran. Ahora sí lo son. Bueno, está bien, es mejor así pero debe ser para todos los poderosos y todo el tiempo.

Lo bueno de las recientes resoluciones sucesivamente adoptadas por el INE y el Tribunal en esta materia es que permiten organizar mejor la lucha contra la propaganda personalizada pagada de los gobernantes e intentar llevar este tema hacia afuera de la legislación electoral para ubicarlo como transgresiones administrativas a la Constitución.

La propaganda ilícita de gobernantes no es principalmente una falta electoral puesto que se hace todo el tiempo y no sólo durante las campañas. Como no hay otra autoridad a la que se pueda recurrir, es el INE quien resuelve en primera instancia y, luego, el Tribunal Electoral en apelación. Es más, esa transgresión ya casi no se comete cuando va a haber elecciones. Se requiere pues una ley de carácter nacional para hacer valer la Constitución en el plano meramente administrativo mediante sanciones pecuniarias que se impongan a servidores públicos de alto rango en todos los niveles. Si hay un delito, eso se resuelve aparte en el Ministerio Público y en tribunales.

No se crea que sólo en materia de propaganda personalizada se han producido bailes judiciales. Se han dado en una enorme cantidad de temas. Uno de ellos: la censura a los mensajes de los partidos. Ahí se han puesto a bailar magistrados y magistradas al son que les han tocado.

Haga entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sus compilaciones y comentarios, para poder orientar a los sujetos políticos. Y, antes, presente alguna comedida explicación a quienes empezaron a enviar la carta de AMLO creyendo en la vigencia del precedente de 2012.

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La deliciosa necedad del endeudamiento

México tiene una deuda pública federal de casi 11 billones de pesos que equivale a cerca de la mitad del Producto Interno Bruto anual.

Durante el sexenio anterior, el gobierno logró una reforma fiscal que elevó sus ingresos nominales y, al mismo tiempo, incrementó mucho el monto de la deuda y su servicio. No podría dilucidarse con entera claridad cómo fue que esa combinación de reforma contributiva y política de endeudamiento no se tradujo en un apreciable progreso del país. No hablamos de nueva distribución del ingreso, claro está, gobernaban los neoliberales, sino de simple plataforma de generación de riqueza.

En la emergencia económica provocada por la epidemia de Covid-19 existe un punto que remarcan las holdings y sus organismos patronales: bajar, condonar y diferir impuestos contratando deuda para fondear la consecuente baja fiscal y, al mismo tiempo, para otorgar garantías sobre créditos bancarios a particulares. Mientras el gobierno no le meta entre uno a dos billones de pesos a esa causa, esos empresarios no habrán de apoyarle en absolutamente nada. Se trata de sencillos intereses económicos de partes socialmente minoritarias.

La deuda mexicana no es de las más altas del mundo en términos relativos al producto interno, pero es de las mayores en relación con los ingresos públicos, con los cuales se cubre precisamente el servicio del débito. No podría el país razonablemente incrementar su deuda sin elevar su capacidad de pago, lo que se logra con el aumento de sus ingresos fiscales. Sin embargo, la situación política y, ahora, la recesión que se avecina, no aconsejan realizar una inmediata reforma fiscal para que los grandes ricos y otros no tan grandes cooperen con la parte proporcional que les debe corresponder. Acaso el tema volverá en 2021. Tampoco se está a la espera de una renta petrolera mayor ni de otros nuevos ingresos.

Podría, sí, el Estado mexicano hacer abstracción de su economía y de sus finanzas públicas para contratar ingentes cantidades sin sustento político ni legal, pero eso podría llevar a un desastre mayor.

México paga una cosa que se llama prima de riesgo en toda su deuda. Es un diferencial entre tasas reales predominantes en el mercado internacional con los intereses que se deben pagar sobre los bonos mexicanos y otras formas de crédito. Esa prima de riesgo está aumentando en este momento como producto de la caída del precio del crudo y, sobre todo, de la próxima recesión económica, sin que se pueda saber desde ahora el tiempo que van a durar una y otra, así como su calado.

Al mismo tiempo, el peso mexicano ha sufrido una fuerte desvalorización en tan sólo tres meses. Esto quiere decir que las deudas denominadas en monedas extranjeras se han revaluado en términos de pesos y que se pagan, por tanto, mayores intereses en moneda nacional. Las nuevas operaciones de simple conversión se están contratando en dólares a tasas más altas que antes.

Como siempre que sucede algo fuera de lo acostumbrado, se hacen círculos viciosos. Uno de estos es la venta significativa de bonos mexicanos para comprar dólares y llevarlos a otros mercados, lo cual presiona hacia el alza a la moneda estadunidense. Eso está ocurriendo también en muchos países grandes pero pobres, como México, cuyas monedas se han visto a la baja. Desde antes de la pandemia existe una fuerte demanda de dólares en el mundo, a pesar de que la tasa referencial de la Fed (Reserva Federal, USA) ya es casi de cero; la del Banco de México es de 6%, con un diferencial de inflación de un punto porcentual, ¡qué tasa de riesgo es ésta!

Las variaciones del tipo de cambio llevan también a que las exportaciones mexicanas serán tendencialmente más baratas en términos de dólares pero las importaciones aumentarán de precio en términos de pesos. La inflación, que aún no se muestra, no tardará en llegar de alguna manera, para presionar hacia otro círculo vicioso: alza de precios, desvalorización del peso, fuga de divisas, aumento de tasas de interés, escasez de crédito, reducción del salario real, etc. Ya conocemos ad nauseam esa comedia.

Hay que estar conscientes de que, en las condiciones existentes, lo menos que debe hacer un gobierno es cancelar sus inversiones productivas. Hoy, se le pide que abandone proyectos en curso, como Dos Bocas y Santa Lucía, pero eso no haría más que complicar las cosas aunque algunos conservadores se pudieran sentir complacidos por puro revanchismo.

Sólo puede contratarse deuda pública para llevar a cabo obras que directamente generen ingresos. Eso dice la Constitución. Tal concepto se debe a que el débito público debe pagarse a sí mismo. No se sabe cómo es que ciertos magnates no entiendan esto si es también un principio empresarial: tomar crédito, producir más, vender más, ganar más, aunque compartas con los acreedores parasitarios. No obstante, esos potentados quieren deuda nacional para fondear concesiones fiscales a particulares. Es que ellos no pagarían después sino se beneficiarían ahora.

El actual gobierno no está financiando proyectos importantes con deuda sino desde recursos directamente presupuestales y, en algunos casos, con inversiones concurrentes. Este es un esfuerzo poco común, pues si existe una justificación para un aumento de la deuda ésta sería la creación de un amplio fondo de infraestructuras productivas.

Lo anterior no quiere decir que el débito mexicano próximamente vaya a mantenerse igual como porcentaje del PIB. Al reducirse o eliminarse el superávit primario de 2020 (0.75% del PIB), debido a requerimientos de la emergencia, la deuda dejará de mantenerse casi igual en términos relativos. Al tiempo, al reducirse el PIB, la deuda tendrá mayor peso económico. Pero todo eso ocurrirá sin que sea expresión de una política de sobre endeudamiento.

Muchos países de América Latina tienen una macabra experiencia en materia de deuda. En los años ochenta del siglo XX el débito se volvió impagable y lo volvió a ser después para no pocos países. Las potencias proveyeron toda clase de mecanismos de pago para recuperar lo que se pudiera.

El capitalismo genera sobre liquidez con las ganancias que no encuentran campo de inversión en sus propios países. Para drenar una parte de sus excedentes líquidos están los que necesitan dinero, tanto para «impulsar» o «salvar» sus economías como para dar cobertura a sus exportaciones de capital (de extranjeros y ricos locales), servir la deuda anterior y  abonar a su indescriptible corrupción; véase México.

El Fondo Monetario Internacional te presta para que les pagues a sus verdaderos y únicos dueños.

En síntesis, la deliciosa necedad de que ahora mismo México pida prestado expresa la exigencia de reducir los ingresos públicos a través de concesiones fiscales y de otorgar garantías del Estado sobre préstamos a particulares. Los grandes capitalistas, quienes hablan a través de los líderes empresariales, quieren que, una vez más, el Estado asuma las consecuencias y les proteja del vendaval. Así fue hace 25 años con el Fobaproa, cuando el Estado tomó una deuda de particulares por cien mil millones de dólares, de los cuales la mayor parte le sigue debiendo a los bancos rescatados, a quienes les paga unos escalofriantes intereses, con todo y la prima de riesgo: tasa Cete más 1 o 2 puntos. ¡Calamidad!

Como los principales líderes empresariales no están de acuerdo con la política del gobierno actual, lo que es lógico, tendrán que esperar a la próxima elección para postularse directamente o apoyar a sus amigos y empleados. Tendría que ser una mayoría ciudadana la que hiciera regresar al país a épocas oscuras.

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La libertad de difusión es de todos

La vieja libertad de publicar escritos se denomina ahora libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Ese artículo 7º constitucional, reformado en 2013 (único cambio desde 1917), no se refiere sólo a los periodistas, sino a todas las personas. Sin embargo, se pretende que en los hechos no sea así, pues se invoca como garantía de unos cuantos, los profesionales de la comunicación.

La llamada libertad de prensa solía entenderse como de aplicación restringida porque hasta hace poco sólo el periodismo comunicaba masivamente. Es por ello que no es lo mismo que un comunicador profesional publique algo sobre un político, artista, empresario, clérigo, etcétera, a que eso lo divulgue cualquier otra persona. Se le confiere mayor libertad al profesional de la difusión.

En sentido convergente, la Suprema Corte tiene el criterio de que una persona públicamente expuesta, un gobernante por ejemplo, puede ser indicada con mayor severidad, incluso con intromisión en su vida privada, sin que el señalado pueda fundadamente reclamar.

Los límites constitucionales de la libertad de difusión de las ideas por cualquier medio (Art. 7) son los mismos que los de la libertad de manifestación de las ideas (Art. 6). Quizá por eso se siguen confundiendo esas dos libertades. Además de cuestiones de orden público, tales limitaciones versan sobre los contornos de la vida privada y los derechos de terceros.

Ahora bien, los dueños de los medios de comunicación nunca están personalmente involucrados en las discusiones. Quienes se meten en toda clase de problemas relacionados con la difusión de ideas e informaciones son los periodistas propiamente dichos, es decir, trabajadores de los medios. Sólo cuando se abren procesos judiciales comparecen también las empresas como tales. Sin embargo, son los dueños quienes señalan la línea editorial.

El ejercicio de la libertad no protege sólo lo que publican los medios de comunicación sino también lo que les responden los aludidos. Existe, además, el derecho de réplica en la Constitución y en la ley. Así, está previsto el diálogo en la Carta Magna. Sin embargo, la crítica a los periodistas suele analizarse como un atentado a la libertad de difusión de ideas e informaciones. Más duro resulta que el poder político, sujeto de la crítica persistente de los periodistas, sea señalado como enemigo de la libertad de difusión cuando responde y, más aún, cuando lo hace igual de fuerte que los mensajes de los comunicadores profesionales, en especial los llamados editorialistas, articulistas, columnistas o conductores.

Gran parte del problema estriba en que la prensa mexicana es notoriamente deficiente si se le compara con la de muchos otros países grandes. No sólo se trata de la falta de conocimientos generales, lo cual es muy fácil de observar, sino de aquello que puede referirse a lo propiamente profesional.

El debate sobre los medios no está en el campo de la ética, como algunos lo han querido arrinconar. Es un problema tanto de responsabilidad social como de ejercicio de la profesión. En México han existido periodistas muy distinguidos y admirados, pero muy pocos. Han sido maestros sin discípulos, quizá por eso aquéllos han brillado durante tanto tiempo.

Para las generaciones que vivieron el oscurantismo político priista, la prensa era vendida, así se le conocía. Mas quien la compraba era el gobierno y, en lo individual, los políticos del poder, siempre con recursos públicos. Aquellos pocos periodistas ejemplares sí eran socialmente responsables porque denunciaban y criticaban sin mentir ni deformar. Sabían indagar y discernir, además de que eran cultos y conocían la artesanía de la redacción.

Muchos periodistas de aquellos tiempos de la intolerancia priista sufrieron represalias, sí, mas dejaron un legado. Pregunten por Julio Scherer, entre otros.

Después, bajo la libertad de prensa, también hubo hostigamiento. Entre mejor periodista se era, mayores bloqueos se sufrían. Pregunten a Carmen Aristegui entre varios.

El gobierno actual no va a reprender a ningún periodista. Por eso ya no existe el chayote, instrumento ignominioso de la falta de libertad de información y crítica. Por eso también la publicidad institucional es menor y tiene otros parámetros. El gobierno no pide que se le apoye ni que se le deje de criticar. Pero no es un exceso demandar que la prensa se diga lo que está ocurriendo y sus implicaciones verdaderas.

Algunos siempre hemos criticado a los medios. ¿Por qué no hacerlo hoy también si acaso se considera necesario? La aspiración a tener una prensa mucho mejor no es nueva ni es espuria.

Mas existe otro elemento. Nadie puede pedir una prensa neutral. Eso no existe. Consulten el tema con Carlos Payán, maestro de buen periodismo profesional, comprometido y honrado. Los medios mexicanos son más o menos variados pero predomina la derecha. Quien niegue esto vive en otro planeta, aunque la mayor parte de la derecha no admite serlo. Le da pena, pero ese es otro problema.

No debería verse como anormal o indebido debatir aun desde el gobierno con esa derecha que tiene un poder de comunicación efectivo, es decir, la propiedad de importantes medios de comunicación social.

Tampoco debería verse anómalo que, cuando se alteran los hechos y sus contextos o se informa francamente mal, se critique a toda publicación que lo hace, incluyendo a las muy minoritarias de izquierda, las cuales parece que se desorientan con mayor facilidad.

La prensa es terreno de lucha política. Hubo tiempos en el siglo XIX que un periódico era un partido. Nuevos intentos se produjeron en el siglo XX.

El debate con la prensa no es para descalificarla. Ella acaso se descalifica sola. Pero eso no quiere decir que el debate sea innecesario. Dice Andrés Manuel que el pueblo mexicano ya no es manipulable. Tiene razón en tanto que esa expresión consigna un hecho histórico, un cambio en la conciencia popular, pero en cada caso, a cada tropiezo de la vida, ante cada acontecimiento, sí se pueden distorsionar los hechos y ponerlos en un contexto inexistente. Sí puede haber manipulación social inducida desde la prensa. De hecho la hay.

Muchos consideran que un gobernante no debe criticar a nadie porque «representa a todos». Esa subjetividad no predomina en ninguna otra parte del mundo. Los mandatarios gobiernan a todos pero no lo hacen por igual. Si así fuera, no tendría caso convocar a elecciones y votar. Es falsa aquella idea priista de neutralidad social del poder promovida durante los tiempos neoliberales, luego adoptada por el PAN. Los partidos expresan ideas e intereses diferentes y por ello buscan gobernar. No existe tampoco ningún principio jurídico que limite la libertad de expresión ni la de difusión de las ideas por el hecho de estar en el ejercicio del poder político. El presidente de la República es responsable ante la ley por sus expresiones propias. La inmunidad sobre lo dicho sólo la tienen los legisladores, con base en el artículo 61 constitucional, para proteger sus expresiones críticas de los otros dos poderes y de personas o corporaciones poderosas.

Algo que caracteriza a la mayor parte de la prensa mexicana es su desdén o ignorancia del sistema democrático y sus leyes. Esto es normal en un país donde éste ha sido precario. No se analiza el carácter universal de la libertad de difusión de ideas e informaciones. El ejercicio de alguna profesión, oficio o mandato público no la puede restringir,  ya que todas sus limitaciones están expresamente consignadas en la Constitución.

Que el presidente critique a la prensa, como siempre lo hemos hecho quienes no ejercimos el poder durante muchas décadas y no estamos arrepentidos de nada al respecto, es un acto sincero que no podría considerarse como autoritarismo. Ya vivimos otra situación política aunque, a cada paso, la prensa analiza al gobierno actual a la luz de la forma en la actuaban los anteriores. Están desorientados porque les conviene.

El carácter inviolable de la libertad de difusión en las benditas redes sociales es un tema más amplio que comprende la neutralidad de la red internacional, internet. Esa también se encuentra garantizada en el mismo artículo 7º constitucional. Al tiempo, está cambiado el periodismo como profesión y también como negocio.

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Después, el mundo se verá peor a sí mismo

Ningún sistema sanitario estaba preparado para la pandemia de Covid-19, ni siquiera los mejores en el mundo. Ha sido sorpresivo el ataque viral. La pregunta es por qué.

Vivimos una época de incesante desarrollo de la ciencia y la técnica. Contamos con muchos y muy talentosos científicos preparados en las ciencias de la salud y especialidades afines. Existen recursos materiales de sobra para ser usados en la materia más sensible de la humanidad, el cuidado de la vida.

No estamos en el siglo VI, bajo la plaga de Justiniano, ni en el XIV (1347) cuando Euroasia y África fueron azotados por la peste bubónica (quizá entonces murieron 100 millones), provocada por una bacteria que no tenía sus días contados. La gente creía que la enfermedad llegaba como castigo por el pecado. No había entonces estreptomicina. Esa bacteria siguió activa hasta 1959, según la OMS, y aún hubo algunos brotes posteriores. Ahora mismo, surge a veces la peste por comer carne de marmota en Mongolia, su origen histórico.

Algo peor ocurrió con la ya erradicada viruela que había azotado a los seres humanos quizá 10 mil años. Las últimas grandes epidemias de ese virus alcanzaron centenares de millones de víctimas mortales. América conquistada conoció esa enfermedad como parte de su gran drama.

En nuestros días, las epidemias son asunto político. Todos los gobiernos del mundo saben muy bien que, por experiencia histórica, la humanidad debe esperar siempre que aparezcan nuevas enfermedades. Sin embargo, ningún gobierno se dedica a actuar permanente y sistemáticamente en consecuencia. Sus grandes prioridades son siempre otras.

No se trata sólo de los sistemas médicos de cada país, sino también de las ordenanzas, la organización nacional e internacional de la sanidad, es decir, de la acción política. Por un lado, la prevención es mucho menos rentable que la curación. Por el otro, el comercio tiene preeminencia sobre la salubridad. En el fondo de todo esto, la tasa de ganancia (utilidad por unidad de capital invertido) determina en gran medida el ritmo de desarrollo y extensión de la medicina como ciencia y como práctica. Estos principios que invaden la sanidad son expresiones de la política dominante, de las decisiones de cada Estado y de todos ellos como gran congregación internacional.

Sin partir de esta realidad política no se podrían analizar las causas por las cuales se dejaron pasar muchos días antes de admitir la existencia de un brote epidémico de algo desconocido y, luego, pasó otro tiempo igual o mayor para que se fijaran medidas de control.

Tampoco se entendería el porqué en varios países, ahora muy golpeados por la pandemia Covid-19, las cuarentenas iniciales se tomaron con poca seriedad, ya que los gobiernos no condujeron bien, no convencieron, no organizaron a la sociedad y les preocupaba más que el paro económico fuera lo más leve y rápido posible. Luego, llorosos, implantaron el estado de sitio, llamado de diversas maneras. Los venció, lamentablemente, el coronavirus.

Ya que toda alarma y contención eran costosas para la «economía», habría que postergarlas. Al final, la pandemia ha tenido un costo mucho mayor tanto para el capital como para el trabajo y el Estado, aunque muy especialmente para las víctimas. Una catástrofe previsible pero que no fue prevista.

Sin una autoridad sanitaria mundial, con poder suficiente para dictar decretos vinculantes y absolutamente obligatorios, el mundo va a seguir improvisando respuestas cada vez que aparezca una nueva pandemia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) es producto de la segunda posguerra y del sistema de Naciones Unidas que ya es obsoleto. Hoy se requiere una institución políticamente diferente, un poder mundial con bases democráticas.

Ahora bien, existe algo mucho más de fondo, lo cual resulta complicado porque es más costoso: la igualación de los sistemas sanitarios en todos los países. La salud debe ser un derecho universal de los seres humanos. Los recursos para garantizarla deben provenir de todos los países. El sistema sanitario debe ser igual en todas partes. Esto es algo elemental desde el punto de vista de una humanidad.

Las diferencias en cuanto a la salud no sólo existen entre los países sino dentro de cada uno de estos. Los niveles de atención son muy contrastantes, con la excepción de unos cuantos estados.

Hay algo más: la alimentación, tanto en su cantidad como en su calidad debe ser regulada a nivel mundial. Existe el hambre en el siglo XXI cuando la tecnología ha llegado a niveles asombrosos. En los países pobres hay legiones de personas desnutridas, especialmente niños y niñas. Además, en lugares donde no hay hambre existen malnutridos y muchos suelen enfermar debido a otra clase de epidemias: obesidad, diabetes, etc. La gran industria de los alimentos chatarra y anexas se basa en la libertad de comerciar que en este caso es también la de enfermar al prójimo.

Los fármacos, carísimos por ser monopolizados, convierten la salud en materia de lucro desmesurado en aras de mantener la libertad de comercio. Las grandes farmacéuticas  cobran una especie de impuesto al mundo entero durante lapsos en que sus patentes se encuentran vigentes y cada gobierno defiende a las suyas. Mucha gente muere por no tener disponible la medicina ya existente. La investigación requiere grandes inversiones, pero éstas deberían ser aportadas por todos con el fin de que sus resultados ya no se monopolicen y se conviertan en cargas. No sólo se requiere socializar esa industria sino internacionalizarla, es decir, hacerla propiedad de la humanidad.

A lo anterior hay que añadir la existencia de estructuras oligopólicas, siempre ligadas a la corrupción, que obtienen ganancias extraordinarias a partir del control de mercados de medicinas y equipos médicos. Los presupuestos destinados a la salud son golpeados por esos mecanismos empresariales  en los países pobres.

A todo esto habría que agregar que la llamada comunidad internacional admite el bloqueo de países en plena pandemia. Todo bloqueo económico debería estar prohibido pero, en emergencias de salud, sus impulsores y cómplices tendrían que ser sancionados por cometer actos contra la humanidad.

El mundo actual es tanto más vulnerable cuanto que ahora es más inestable y sus partes integrantes están más vinculadas. Cualquier cambio económico le afecta al mundo entero y, a veces, aquél es producto de una simple declaración amenazante. La pandemia Covid-19 ha generado una crisis económica mundial, una recesión que, aunque de poco tiempo, será fuerte. Y, al mismo tiempo, ha demostrado que el sistema mundial no funciona de acuerdo con lo que proclama, es decir, no protege a la humanidad.

En particular, la pandemia muestra que los sistemas de salud no funcionan bien en ninguna parte del mundo y que todos requieren profundas reformas que no pueden ser sólo nacionales sino internacionales.

Tenemos como uno de tantos ejemplos las casas hogar de personas de la tercera edad en Europa, en especial en España e Italia, las cuales se convirtieron en centros de mortandad de miles de adultos mayores porque son guarderías de cuerpos sin formar parte de un sistema de bienestar y salud.

Después de la pandemia, el mundo habrá de verse a sí mismo peor que antes. Eso sería suficiente para que se abriera la oportunidad de que las ciudadanías impusieran a sus Estados las grandes reformas políticas que se requieren. Esas ya no tendrían que ser sólo de un país u otro, sino de todos.

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Recesión, subsidios y moratorias

Frente a la crisis económica desatada con motivo del Covid-19, uno de los debates se ha ubicado en los subsidios públicos a los capitalistas. Todos discuten sobre de qué tamaño será la disminución del PIB, pero pocos hablan de la dimensión de la pobreza y de la que ha sido agregada en la crisis.

Por lo pronto, hay en el mundo 7.8 billones (millones de millones) de dólares destinados al «salvamento». 3.3 billones para gastos de salud y apoyos directos; 1.8 en préstamos e inversiones de capital; y 2.7 en garantías públicas sobre el crédito privado. Se dice que a todo esto le hace falta un billón y medio de dólares adicionales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene otro billón disponible para ser prestado a los países socios, pobres y necesitados, le reclama a México por destinar a la crisis actual tan sólo –dice— once mil 200 millones de dólares, el 1.1% de su PIB.

Al mismo tiempo, la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial están exigiendo subsidios fiscales para las empresas. Unos cuantos ex presidentes latinoamericanos neoliberales, Ernesto Zedillo incluido, proponen que se agreguen a la lista de tareas urgentes los consabidos «estímulos fiscales».

Las oposiciones se han puesto de acuerdo en algo: acusar a Andrés Manuel López Obrador de no ser un «hombre de Estado» ni un «presidente de todos». Piden dinero, aunque no precisan exactamente cuánto y de qué forma. La gran burguesía siempre pedirá impuestos mínimos y, de ser posible, condonación de los mismos. En México, como en Estados Unidos, entre más ganancia obtengas menor es la tasa efectiva de impuesto a la renta. La Constitución dice lo contrario, como también prohíbe las exenciones y condonaciones fiscales.

¿Qué quieren en concreto esos líderes opositores? Es necesario buscar la respuesta para tratar de entender a qué se debe la campaña contra Andrés Manuel. Él ya les ha dicho que, si lo quieren quitar, pidan el adelanto de un procedimiento revocatorio en las urnas, pero ellos han respondido que de ninguna manera van a hacer eso. Lo que exigen es que el presidente se ponga a trabajar en lo que ellos mismos desean: subsidio efectivo… en la forma que sea.

El método de las condonaciones ya sabemos a qué nos ha llevado en los últimos sexenios: miles de millones perdidos al ser regalados a los ricos. Dejar de cobrar impuestos de ejercicios anteriores, incluyendo multas y recargos, es la peor injusticia fiscal, es decir, una cancelación de impuestos y un atentado al sistema de redistribución del ingreso. Ahora mismo, AMLO denunció que unas cuantas empresas deben al fisco 50 mil millones, aunque el mismo presidente informó este jueves que una cuarta parte del dinero se va a recuperar de inmediato: mil gracias, señores, por pagar impuestos debidos, aunque nos vayan a quedar a deber las multas.

México es uno de los países más atrasados del mundo en materia de recaudación. El fisco no pasa de administrar el 15% del PIB. España, que se encuentra por debajo de la medida de la eurozona, recauda el 40%, por no mencionar a aquellos que se encuentran por arriba del 50%, es decir, más de la mitad del valor de lo que se produce en el país. ¿Quieren seguir bajando la recaudación? Sí, porque les conviene a unos pocos aunque perjudica a la inmensa mayoría.

Otra cosa podría ser diferir durante unos meses el pago del impuesto sobre la renta de personas morales o de las cuotas patronales de seguridad social, sin recargos. Eso no disminuye el caudal público pero permite un desahogo del causante. Lo que no se puede admitir es que las empresas jineteen impuestos retenidos a cargo de consumidores y trabajadores, puesto que eso es lo que algunas hacen de por sí en forma ilegal.

Una de las medidas que se ha tomado en otros países es el establecimiento de un sistema de garantías sobre el crédito otorgado por parte de los bancos a las empresas. Con esto, un alto porcentaje de los adeudos irrecuperables será traspasado al gobierno, el cual se ha de convertir así en gracioso socio del banco pero sin derecho a utilidades, sino sólo a pérdidas.

Esta sería una especie de segunda edición del Fobaproa, cuando el gobierno asumió los quebrantos de los bancos, es decir, préstamos no pagados convertidos en deuda nacional. Eso fue la socialización de los adeudos de los ricos. Un robo de cien mil millones de dólares, de los cuales aún se debe la mayor parte y se siguen pagando los intereses a los bancos, cada mes y puntualmente, desde el Presupuesto de Egresos. Sí, son dineros aportados por todos para cubrir adeudos de unos cuantos ricos de hace 25 años. Esto ha sido como estar pagando créditos de guerra impuestos por la potencia vencedora.

El gobierno puede dar prestamos directos a empresas pequeñas y a comercios informales, como ya lo está haciendo para dos millones de establecimientos, pero al margen del esquema de asumir pérdidas de los bancos privados.

En México se debe hacer lo que el G-20 recomienda: ocho meses de moratoria en créditos bancarios, para concluir el próximo diciembre. Los bancos mexicanos ya han concedido tres meses sin recargos ni comisiones, no será difícil que amplíen el plazo sin afectar sus balances.

Por lo pronto, el FMI ha ofrecido a 25 países seis meses de moratoria en el pago de intereses sobre los empréstitos contratados con el organismo mundial.

Para ser sensatos, tanto el G20 como el FMI están planteando algunas moratorias antes de que éstas se produzcan en los hechos. Se evita así una rebelión de deudores y se delimita el lapso de la suspensión  de pagos.

Si el G-20 y el FMI fueran en verdad partidarios de una moratoria de la deuda pública, al menos de los países pobres que son la mayoría, plantearían un acuerdo de todos los Estados para imponer la suspensión sin recargos del pago de los intereses durante unos meses, a efecto de concentrar recursos en la crisis de la pandemia. Pero eso no lo van a hacer porque la mayoría de los gobiernos defienden el libre mercado financiero y cumplen con el pago de intereses de los empréstitos; muchos de ellos le tienen miedo, con razón,  a los acreedores que les amenazan con dejar de invertir o vender sus bonos de un día para otro; les atosigan las primas de riesgo, gran negocio inmoral que se sustenta en las pobrezas nacionales. No hay ni se quiere que haya un gobierno mundial que defienda los intereses públicos universales.

El FMI va a canalizar «urgentemente» 18 mil millones de dólares desde su Fondo de Reducción de la Pobreza. Ese monto es mínimo si se piensa en la cantidad de pobres del planeta. México, un país pobre que no se encuentra en esa lista del FMI y por tanto no le toca nada, destina anualmente a combatir la pobreza más de lo que el FMI va a canalizar para ese propósito en todo el mundo durante 2020, año de la gran crisis Covid.

En México no existe un fondo de desempleo o simplemente de despido. Muchos están yendo a retirar dinero de su ya menguado ahorro en el SAR. Otros están siendo apoyados por entidades públicas o por empresas. En todo el entorno social impera la solidaridad para aguantar la crisis.

Mayo será un mes especialmente difícil pero no sólo en materia sanitaria, como ya se ha anunciado, sino también en la economía popular. Mas los siguientes meses del año seguirán estando dentro de la temporada de vacas flacas.

El gran problema que va a enfrentar el gobierno mexicano es el de un ingreso mínimo vital, como el que reciben los adultos mayores y los jóvenes aprendices, pero para trabajadores desplazados, tanto de la economía formal como de la informal.

Por lo pronto, los opositores resentidos seguirán pidiendo que el presidente se ponga a su servicio protegiendo los intereses de los individuos de su clase. ¡Ya no!

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Coronavirus y globalización

La pandemia COVID-19, como emergencia de salud, durará unos meses, pero su impronta podrá perdurar varios años y provocar cambios imprevistos. No se trata de la recesión a la que ha llevado la alerta sanitaria, ya que, al fin, la bajada de la producción y de los servicios será superada y paulatinamente se recuperará la economía mundial.

El problema que tenemos enfrente es que la globalización económica galopante no contiene un acuerdo político suficiente para establecer normas admitidas por todos y mecanismos comunes para la gestión de las condiciones básicas de la vida, incluyendo, naturalmente, la seguridad en su más amplia acepción.

Lo hemos visto con mayor claridad en la coyuntura sanitaria. El organismo de salud de Naciones Unidas (OMS) está prácticamente dedicado a emitir un boletín diario con algunas recomendaciones. Ningún gobierno ha hecho un pronunciamiento sobre la forma titubeante en que él mismo reaccionó al principio. Los sistemas de salud de casi todo el mundo se encuentran colapsados o lo estarán pronto porque están mal hechos.

La gran pandemia de 1918-20 se produjo luego de una terrible guerra que había arrojado al menos 14 millones de muertos entre militares y civiles. Se calcula que de aquella gripe enfermaron 50 millones y otros cinco millones fallecieron. No existía entonces el transporte aéreo de pasajeros como industria mundial, no obstante la enfermedad abarcó muchos países: viajó en ferrocarril y en barco.

El COVID-19 llegó en avión a casi todos los países y, consecuentemente, lo hizo con una rapidez muy previsible pero que no se quería admitir al principio. La OMS tardó días en anunciar la pandemia, tal como el gobierno de China, antes, se había demorado mucho en reconocer el brote epidémico por temor a que se afectara su economía.

El sistema de globalización económica no sirve para proteger a los humanos, es decir, al sustento básico de la humanidad que es la salud para vivir. Esto es así al tiempo en que tampoco sirve para proteger el medio ambiente, evitar la guerra, garantizar la paz, superar la pobreza, combatir las violencias, igualar las condiciones de vida básicas, redistribuir la riqueza entre las naciones, los pueblos y las clases. ¿Para qué sirve, entonces, si ha fracasado también en lo más vital: la salud de la humanidad?

La globalidad es una forma de relación del capitalismo interconectado. Ningún país puede ser autosuficiente porque, al consumir todos mercancías iguales o semejantes, se imponen las diferencias tecnológicas, de materias primas y de nivel de vida de los productores, todo lo cual se expresa en los costos. El encadenamiento productivo es capitalista, no tiene que ver con la salud ni con el planeta sino con la ganancia. Esto se sabe de tiempo atrás, pero hoy quizá sea mucho más claro. De cualquier forma, esa globalidad es frágil, pues una pandemia la lleva al desequilibrio. Un desajuste productivo, comercial o de servicios conduce a otros desajustes y así sucesivamente, tal como ocurre con el contagio viral.

Una globalización así no tiene futuro en tanto pacto, ya que, como ahora, ni siquiera se pueden tomar medidas globales sobre un virus emergente que se desplaza en forma de enfermedad pandémica, es decir, global, y puede enfermar a cualquier persona en cualquier país, aunque al final el número de fallecimientos sea estadísticamente «marginal».

Por lo pronto, la pandemia paraliza una parte grande de la economía y es ahí donde está radicado el debate de un mundo globalizado que se organiza como maquinaria de producción de plusvalor, es decir, de apropiación privada del producto excedente de la humanidad.

La Unión Europea es la más alta expresión de la globalidad actual: la asociación política de Estados independientes sin fronteras ni aranceles. Está, sin embargo, a las puertas de una crisis vital porque no es «natural» la ausencia de acuerdo suficiente para que los costos sociales sean cubiertos en condiciones equitativas entre sus integrantes. Los salvamentos europeos suelen consistir en prestar dinero para asegurar los pagos a los bancos alemanes y franceses, tal como lo vimos en Grecia. Las primas de riesgo que sólo pagan algunos por sus deudas dividen entre sí a los países de la Unión como si fueran adversarios, sometidos sólo a la dictadura de los mercados. No se trata de falta de solidaridad sino de ausencia de un gobierno compartido basado en reglas democráticas suficientes para ser en verdad una unión.

La globalización como instrumento de las clases dominantes no podrá nunca arrojar un gobierno internacional democrático porque la democracia de esas clases, las propietarias, no va mucho más lejos que algunos derechos históricamente alcanzados, por cierto, en su mayor parte, por quienes no son propietarios.

Es por ello que no hay acuerdo suficiente sobre Estado social, distribución del ingreso, medio ambiente, armamentismo, hegemonismos internacionales, y ahora sobre sanidad, sino sólo en cuanto a las esferas conectadas directamente con el funcionamiento de la maquinaria de exacción mundial de excedentes económicos. En el fondo, el pacto global se basa en la unión de los capitalistas de los países miembros para dar seguridad y estabilidad al sistema de producción de plusvalor. Luego de la pandemia, en Europa habrá mucha más gente que se pregunte sobre el valor, significado y alcance de la Unión Europea, a la vista de la falta de normas y de gobierno común para hacer frente a todos los problemas humanos.

En verdad, en la emergencia, cada gobierno europeo ha estado solo, decretando las medidas sanitarias que buenamente considera pertinentes, tratando de salvar lo más que se pueda de la producción, el comercio y los servicios, y, finalmente, subsidiando empresas, otorgando garantías públicas sobre el crédito bancario y cubriendo una parte del consumo de trabajadores formales e informales desplazados.

El relativo desorden interno de los principales países europeos durante la pandemia fue convertido en un caos de  Europa,  la cual resultó muy precariamente unida.

La Unión Europea tiene una crisis que hasta antes del coronavirus no era reconocida muy a las claras por todos. No se trata sólo del abandono del Reino Unido sino de que a la lista se pueden agregar otros países en donde la extrema derecha no es como el gobierno británico sino algo mucho más agresivo. Esas tendencias políticas en crecimiento se van a apoyar en las disfunciones de la UE durante la crisis de la pandemia y su recesión económica. Son parte del deterioro de la globalización como proceso; no pocos obreros y pequeños propietarios les están apoyando.

Como economía, el mayor beneficiario de la globalización ha sido China. Sus ritmos de crecimiento, su diversificación, su paso de maquilador a tecnológico, su infraestructura productiva y la incorporación de muchos millones al trabajo técnico en la ciudad y el campo, convirtieron a ese país en un gran proveedor mundial, al tiempo que importa enormes cantidades de productos como insumos de sus manufacturas, y paga de contado puntualmente las patentes y el uso de marcas de las trasnacionales.

El caudal relativo de producto excedente es más alto en China en tanto que los menores salarios permiten una tasa mayor de explotación. Aunque el esquema maquilador ya existía y sigue vigente en muchos países pobres, la reforma económica china abrió un inmenso campo de inversiones para el avance tecnológico estadunidense. Los grandes inventos se convirtieron en mercancías producidas por millones de piezas, a bajo costo, con lo cual se fortaleció una gran concentración de capital en las empresas tecnológicas norteamericanas. Ese esquema fue replicado por algunos países europeos. El mundo pudo comprar inventos nuevos hechos en China, producidos bajo esquemas de plusvalor absoluto, es decir, ligado al aumento de la jornada de trabajo o a la disminución del salario real. Ha sido el sueño dorado de la burguesía de todos los tiempos: lograr en el mismo proceso la ventaja tecnológica (plusvalor relativo) y la ventaja laboral (plusvalor absoluto). Esto, evidentemente, ha fortalecido lo que en economía política se llama ganancia extraordinaria o súper ganancia, muy por encima de la tasa media.

El capitalismo de Estado chino ha demostrado que, como sistema autoritario y bien organizado, tiene más ventajas que el capitalismo liberal. En el gigante asiático opera la mayor holding trasnacional que haya existido, el Estado chino. En la globalización, el país más poblado se ha convertido en la economía más grande, pero también es la más dependiente. Esto último es lo que el gobierno chino pretende ir superando, para lo cual, la crisis coyuntural provocada por la pandemia puede serle de importante ayuda. Se sabe que no basta la expansión comercial sino, a la vez, la seguridad productiva y de los mercados. Por lo pronto, el gobierno chino es el mayor poseedor de valores gubernamentales de Estados Unidos, su gran acreedor.

La crisis provocada por la pandemia puso de relieve algo que se sabe bien: las economías más grandes dependen cada vez más, consecuentemente, del resto. Actividades «esenciales» que podrían estar activas se encuentran paralizadas porque sus insumos son de procedencia extranjera y en sus respectivos países se encuentran en paro, o debido a que los medios de transporte se encuentran detenidos.

Lo que va a ocurrir al día siguiente en el que se declare el término de la emergencia sanitaria es que no pocos gobiernos presenten planes para que sus países dependan menos de los demás. Es evidente que se va a repensar el alcance de la globalización pero por motivos políticos, aunque no pocas empresas tengan que pagar las consecuencias debido a que se encuentran altamente globalizadas.

Estados Unidos, el país más dañado por el número de fallecimientos, se tardó mucho en detener los vuelos internacionales. Así ocurrió también en Canadá. La enfermedad llegó a través de ambos océanos, lo cual era lo más fácil de advertir desde el principio. Lo mismo sucedió en América Latina. En México, el COVID-19 procedió principalmente de Italia y Estados Unidos, ya en segunda o tercera exportación. Pero en casi todo el mundo predominó la idea de que la interrupción sanitaria del transporte internacional de pasajeros arruina la economía, aunque de todas maneras se iba a tener que hacer. Esa idea es parte de la globalización basada exclusivamente en la ganancia. Está claro que, aun sin aviación comercial, el coronavirus hubiera llegado a América, pero con otra cadencia, lo cual quizá hubiera permitido que los estadunidenses tomaran a tiempo sus medidas sanitarias.

Es verdad que la recesión de 2020 no podría ser comparada con cualquier otra porque se debe a un fenómeno generado al margen de la esfera propiamente económica. Sin embargo, su impronta llevará a una revisión del estado que guarda la globalización capitalista que ha regido al mundo durante varias décadas.  Mas esta revisión no sólo ha de correr a cargo de los centros dirigentes sino también de quienes producen ideas políticas en el seno de las sociedades, los intelectuales y los líderes.

El debate que se va a abrir será sobre cómo conducir la globalización en términos menos unilaterales, más vinculados a objetivos humanos, digámoslo así, que tienen que ver con la salud, el medio ambiente, los derechos sociales, la pobreza, las violencias, la concentración de la riqueza y del ingreso, la paz.

Los líderes de la globalidad podrían ahora afirmar que se requieren más y mejores instancias de «coordinación» o «encuentro» de carácter internacional,  pero de esas ya hay demasiadas, además de la ONU, incluso de orden propiamente político, como el G-20, el G-7 y otros en diversos estratos. De organizaciones internacionales de Estados soberanos estuvo lleno el siglo XX  y su continuidad en la centuria presente. La Organización de Países No Alineados ya no existe en los hechos porque todos sus integrantes se encuentran subordinados al mismo esquema imperante de la globalidad: no tienen nada de qué hablar entre ellos, según se cree. El fracaso de los escenarios sobre el tema del medio ambiente es un desgarrador ejemplo de la inexistencia de formas efectivas de gobierno mundial. El COVID-19 refrenda una inoperancia global en temas de la humanidad.

 La globalidad como proceso, es decir, la globalización, va a tener un momento peculiar después de la pandemia. La recuperación económica en cuanto al valor del producto se hará como reposición de lo que había antes del paro. Esto no será difícil. No se ha destruido ninguna infraestructura productiva. No se trata de las consecuencias de una guerra, como inútilmente se insinúa por varios sitios. Pero, a partir de la vuelta a lo de antes quedarán más cuestiones abiertas. ¿Puede la humanidad seguir por el camino de una integración global basada exclusivamente en el objetivo de la exacción y reparto elitista del producto excedente?

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Neoliberalismo, el saldo del desastre

El neoliberalismo no es una teoría ni una ideología sino un programa político de contenido social y económico. Es un proyecto para lograr un capitalismo más puro sin que la burguesía tenga que pagar tasas fiscales para financiar las rémoras del sistema.

Para ser neoliberal se requiere una doctrina, un conocimiento, una forma de analizar la realidad y un lugar desde donde ver, cierto, pero el neoliberalismo no busca otra cosa que capitalismo, el original, por decirlo de esa manera. Se quiere volver al pasado. Mas que conservadores, los neoliberales son reaccionarios.

Esa gran corriente internacional no busca eliminar al Estado, claro está, pero ni siquiera quitarle autoridad sino gasto social, lo que es otra cosa complemente diferente. Aún más, el neoliberalismo tiende a un Estado autoritario como forma de disciplinar a los trabajadores y pequeños propietarios, es decir, a todos los demás.

En el mundo, el neoliberalismo avanzó con rapidez ante la caída de los regímenes de socialismo de Estado y de la crisis del Estado social en los países capitalistas. En el llamado Tercer Mundo, los neoliberales se colgaron del desastre de la deuda, las recesiones, las inflaciones y otras muchas calamidades que ellos, en su mayoría, habían gestionado, como fue el célebre Fobaproa, cuyos intereses se siguen pagando a los bancos, mes tras mes, luego de 25 años.

Cancelado en la Constitución mexicana el derecho a la tierra y permitida la privatización legal de ejidos y comunidades, el combate se trasladó a las pensiones, la educación,  la salud y la energía, las cuales también deben ser privadas, según el canon neoliberal. En México, esas grandes esferas han estado bajo un fuego cruzado entre quienes buscan su privatización y los que defienden su socialización.

El 1º. de mayo de 1992 (día internacional de los trabajadores) nació el llamado Sistema de Ahorro para el Retiro que privatiza la administración de los fondos de pensión y elimina el sistema solidario. Se condenó a millones a jubilarse para empobrecerse.

También cundió en el Estado mexicano la idea de que éste no debería «impartir» obligatoriamente educación superior. Así quedó en 1993 el nuevo texto en la Constitución, el cual sólo hablaba de «promover y alentar» ese nivel educativo, para dar entrada al cobro generalizado y amplio  de colegiaturas.

Ante la imposibilidad de crear universidades privadas rentables, los neoliberales buscaban llevar a las instituciones públicas a operar dentro de un sistema restringido a quienes pudieran pagar y a becarios de escasos recursos y altos promedios. Las colegiaturas universitarias fueron derrotadas por el movimiento estudiantil de 1986-87 y, después, por la prolongada huelga de la UNAM de 1999-2000. Sin embargo, el gobierno respondió con una disminución del ritmo de crecimiento real de la educación superior pública, la cual era considerada como de imposible financiamiento en su totalidad por parte del Estado.

El turno le llegó también a los servicios de salud cuando en la primera Presidencia panista se creó el Seguro Popular como vía de canalizar recursos a los estados que se hacían cargo de las unidades médicas con un sistema de aseguración de tipo privado y cuotas familiares. El planteamiento neoliberal era que el sistema de gastos médicos privados podía funcionar en el campo de la medicina pública. Los resultados fueron muy malos, incluyendo la reducción en términos reales de la capacidad del Estado de prestar atención médica.

Pero la intervención neoliberal en la medicina fue más lejos. Los hospitales debían en alguna medida contratar servicios médicos con empresas privadas y, además, hacer subrogaciones, como aquellas realizadas en masa por el IMSS para el servicio de «guarderías infantiles». La venta al Estado de medicamentos e insumos quedó en manos de unos cuantos comerciantes quienes imponían sus precios.

No estaba permitido a las empresas privadas la distribución de energía eléctrica, pero el gobierno autorizó a productores privados que se instalaran para vender fluido a la Comisión Federal de Electricidad, la cual se encarga de distribuirlo prácticamente por cuenta de aquellos. Así fue como se profundizó la privatización de esta rama estratégica y la ruina del organismo público.

El último presidente panista intentó una reforma petrolera para entregar en concesión los nuevos yacimientos de crudo y gas del Golfo de México. Durante meses, el Congreso discutió nuevas leyes sin que al final hubiera una clara victoria de nadie. El presidente priista que llegó al relevo, puesto de acuerdo con el PAN, logró la reforma de la Constitución para la privatización de la industria petrolera, sueño dorado de los neoliberales.

El saldo de las principales reformas del neoliberalismo difícilmente podría ser más deficitario. Todo está en crisis o a punto de estarlo.

El sistema de retiro no será capaz de otorgar una pensión mayor al 70% del salario que hoy recibe cada trabajador y trabajadora; muchas y muchos no alcanzarán siquiera un salario mínimo y tendrá que haber subsidio público. La jubilación ya no será un descanso y una recreación después de una vida de trabajo sino el momento de una aguda depauperación de los trabajadores de México.

La educación superior no abarca más del 30% de los jóvenes y, por tanto, sigue estancada, por lo que hay muchos miles de rechazados cada año, legiones de jóvenes hacia el resentimiento social.

El sistema de salud tiene que ser reconstruido en sus bases organizativas y en muchas de sus unidades médicas. Lograr una medicina universal tardará todavía unos diez años.

Los concesionarios de petróleo y gas no han hecho las inversiones a las que se comprometieron y ahora será peor por la baja del precio del crudo; mientras, Pemex ha sido saqueada y arruinada, por lo cual durante un tiempo será una carga sobre las finanzas públicas. La CFE, por otro lado, tiene que recuperar su función de organismo productivo rector de la industria eléctrica.

El neoliberalismo mexicano hizo muchas promesas al país, pero no cumplió ninguna como no fuera despojar, entregar, desmantelar, arruinar.

Mas, a diferencia de otros países, los gobernantes neoliberales en México han sido unos corruptos que robaron y desfalcaron lo que pudieron, convirtiendo en negocio la función pública.

Después de 40 años, México tiene una sociedad más desigual y con mayor número de personas en pobreza y en pobreza extrema. A esto se le puede llamar el saldo del desastre neoliberal.

El país en su mayoría ha dicho no más; ahora faltaría que pudiera decir nunca más.

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Prioridad del crecimiento

El gobierno ha anunciado el esperado golpe de timón en la política económica mexicana. Del superávit primario de .75% del PIB para el año actual, se anuncia ahora que no habrá superávit sino déficit primario, o sea, el gasto programable será mayor al ingreso total y, por tanto, tendremos cada año más deuda.

El superávit primario reduce el gasto programable con el fin de limitar el incremento de la deuda. Su monto es un dinero que no regresa a la sociedad. Es una respuesta forzada para evitar una crisis de endeudamiento. Pero, por otra parte, se frena el crecimiento económico cuando éste es deficiente o negativo.

La cautela del nuevo gobierno se expresó en conservar el superávit primario durante el año 2019 (1% del PIB), aunque reduciéndolo luego en una tercera parte. Pero al aprobarse el Presupuesto para 2020 ya se estaba notando que no iba a ser posible mantenerlo. Cuando la economía no crece, cualquier gobierno debe redoblar esfuerzos para impulsar la inversión, lo cual se logra, en parte, con el uso del endeudamiento público, siempre que los recursos adicionales se utilicen correctamente en fines productivos.

Con la crisis mundial del coronavirus ya no tenía sentido seguir discutiendo sobre este punto, pues el producto tendrá en 2020 un menor valor en dos millones de millones de pesos, en el mejor escenario. Ahora lo más relevante es el cálculo del déficit público y su costo. El gobierno estima que va a requerir financiamiento por casi cuatro puntos del PIB con una tasa nominal muy alta de 6.30, 3% en términos reales. Los intereses del débito gubernamental mexicano siguen siendo demasiado altos.

En la caída de la producción mundial (quizá -2%), México se encuentra en un mayor problema porque tuvo estancamiento en 2019. El reto ha de ser, sin embargo, la velocidad con la que se pueda recuperar la disminución del presente año. En cuanto más pronto se reanuden el trabajo y el comercio, más rápidamente será posible canalizar fuertes inversiones públicas, luego de pagar el enorme gasto social de la pandemia, el cual también estará en la cuenta del déficit. El otro factor es meramente externo: la capacidad de recuperación de la economía de Estados Unidos, donde ya se autorizó para la emergencia sanitaria un nuevo débito por dos millones de millones, pero de dólares.

En consecuencia, no es suficiente abandonar la política del superávit primario sino que se requiere asumir la política de la inversión pública, el aumento del crédito disponible y el fomento de nuevos proyectos productivos.

Si antes no era factible la reforma fiscal por motivos meramente políticos, ahora ya tampoco lo es por razones económicas. Si se tiene una retracción de inversiones, mejor no hay que aumentar los impuestos a los ricos sino buscar bajarlos a los pobres, siempre que sea posible.

Para que una economía crezca se requiere la ampliación del campo de las inversiones. Puede haber mucho capital-dinero acumulado en los mecanismos financieros pero poco útil en la economía real. Así ocurre en México porque dicho campo se ha restringido debido a dos factores principales: las ganancias fáciles se hicieron un poco difíciles y los capitalistas no le tienen la menor confianza al gobierno de López Obrador porque éste no les representa. A esto hay que añadir el bajo crecimiento industrial en Estados Unidos.

Para que la inversión privada se pueda expandir se requiere que el gobierno canalice enormes sumas al gasto, especialmente en infraestructura y en producción directa. Esto requiere proyectos maduros, muchos de los cuales ya existen. Si con unos 400 mil millones de pesos al año se formara un fondo de inversiones sobre proyectos de carácter local y se administrara directamente por el gobierno federal a través de la Presidencia, se podría ayudar a «soltar el gasto», como se dice en la jerga. Hay que recuperar 2 billones, al menos, perdidos en la pandemia. Por ende, hay prisa.

Esto es tanto más importante cuando los llamados «megaproyectos» ni son «megas» ni van rápido, como se necesita. El «elefante reumático» ya no puede ser una explicación luego de más un año de gobierno nuevo. La maquinaria del Estado debe ponerse en sintonía con las desgracias nacionales que son muchas y graves.

Si como consecuencia de la crisis mundial y de la desaceleración de México que venía desde el año pasado, no se toman decisiones rápidas y bien dirigidas, el rezago de la economía ya no será el del «elefante» sino algo mucho peor.

Ya cambió la política económica del gobierno. Ahora hay que hacer una nueva política administrativa.

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La crisis económica del coronavirus

La pandemia del coronavirus se ha convertido en una crisis económica mundial ya que el patógeno es altamente contagioso, aunque menos letal que otros semejantes. Al amenazar a todos, la reclusión es el medio más efectivo de contener la infección. Esto lleva a bajar producción, comercio y servicios que no sean indispensables de momento. Luego, ya casi todo va entrando en esa lista.

La gripe pandémica de 1918-20 alcanzó a un tercio de la población mundial (500 millones de infectados) y hubo 50 millones de defunciones. Se redujo entonces la producción industrial del mundo en un 18%.

Desde antes de la declaratoria de la actual pandemia se han difundido muchos cálculos sobre «pérdidas» hechos desde diversos ángulos. Los mercados financieros hablan de quebrantos cuando se refieren a la depreciación coyuntural del valor de los activos cotizados, así como a la menor capacidad de cobrar préstamos en el corto plazo y de asumir las variaciones de tasas de cambio con la divisa refugio que ha resultado ser, otra vez, el dólar.

Pero nada de lo anterior es algo físico y perdurable. Son vínculos entre pocos concurrentes y situaciones contingentes.

Las cuentas empiezan a ser sociales cuando una parte de los trabajadores carece de seguro de desempleo o los patrones no asumen directamente el costo salarial del paro. También hay saldos negativos entre quienes laboran en el comercio al menudeo, que se ha estrechado, o de plano han dejado de laborar por cualquier situación relacionada con la pandemia.

Un fardo grande pesa sobre las economías vistas en conjunto. Es evidente que vivimos una recesión mundial definida ésta como la baja pronunciada de la producción y los servicios. El problema de mayor fondo, sin embargo, consiste en cómo y quién va a asumir las consecuencias. Sabido es que el asunto no consiste principalmente en la cantidad de sopa en la olla sino en el tamaño de la cuchara de cada cual. Así funciona el sistema capitalista.

Es evidente que las empresas tendrán una ganancia menor y, con seguridad, una menor tasa de utilidad, definida ésta como el excedente de valor obtenido como porcentaje sobre cada unidad monetaria invertida. Pero la pandemia no arruinará a casi nadie en tanto que las ventas podrán recuperarse a través de un tiempo más o menos breve, aunque las deudas empresariales tengan que dilatarse en sus pagos con el consiguiente peso de la tasa de interés.

Los problemas mayores de la pandemia se ubican entre aquellos que viven al día y están dejando de tener los ingresos de antes sin que luego se vaya a poder recuperar lo perdido. Son los asalariados descobijados de seguridad social o programas emergentes de subsidio, y los pequeños proveedores de toda clase de mercancías y servicios que no tienen patrón. En América Latina esta parte conforma más de la mitad de la población ocupada.

Los Estados tendrán que cubrir una gran parte del costo salarial de los trabajadores parados y otorgar subsidios hacia los no asalariados. En consecuencia, los gobiernos deben obtener ingresos extraordinarios mediante la captación de dinero, es decir, tomar prestado. ¿Quién va a terminar pagando esos platos rotos del coronavirus? Dicen en Estados Unidos que son los «contribuyentes», eufemismo que siempre ha ocultado la parte que aporta cada clase social. Ya sabemos que en ese país, como en otros (México), los bajos y medios ingresos contribuyen con una tasa efectiva mayor que la pagada por los grandes capitalistas.

Las nuevas cuentas del Capitolio –demócratas y republicanos unidos otra vez– serán al final pagadas mayoritariamente por los trabajadores y pequeños comerciantes. El capital no va a tener los mayores problemas.

En Europa del euro las cosas son aún más complicadas debido a las diferencias existentes entre los países de la unión monetaria. Los países del sur (menos ricos) se tendrán que endeudar al igual que los del norte (muy ricos), pero en diferentes condiciones. Los del sur van a tener que pagar por su nueva deuda la «tasa de riesgo» que no pagan los ricos del norte. He aquí por lo cual España e Italia, entre otros, exigen que el nuevo financiamiento que requiere la crisis del coronavirus se contrate bajo la cobertura completa de las instituciones europeas con bonos emitidos por éstas, para evitar, además, condicionamientos que restrinjan aún más sus propias políticas presupuestales. Pero los ricos no aceptan. No están tan unidos los integrantes de la Europa unida.

En América Latina, el Fondo Monetario Internacional ya está prometiendo dinero a diestra y siniestra. El FMI otorga prestamos para que los países pobres puedan pagar sus deudas y otras inversiones financieras a los países ricos. «Te presto para que me sigas pagando, intereses incluidos, naturalmente». Este ha sido el gran sistema de pagos internacionales de la segunda posguerra, el cual sigue más o menos vigente, a pesar de todo, en especial cuando sobrevienen las crisis.

Si la economía se está deteniendo, el Estado debe erogar recursos que de momento no tiene para subsidiar a los damnificados económicos de los tiempos víricos que corren. Pero hay otro problema, los ricos también se han puesto en la lista de los dañados y lo son, pero no tanto ni tan gravemente como todos los demás. El recuerdo lacerante del Fobaproa está otra vez entre nosotros. De cualquier forma, los gobiernos van a tener que tomar dinero para cubrir necesidades que no están en los presupuestos. Así, las deudas nacionales se van a incrementar y, con ello, las «tasas de riesgo» que imponen los mercados, lo cual va a conducir de nuevo al desastre del endeudamiento del ex Tercer Mundo.

Este no es un plan macabro de algún financiero muy listo sino la forma en que opera el llamado mercado.

Para empeorar el panorama se ha producido una considerable salida de capitales (dólares) de varios países latinoamericanos, para ser depositados en bancos del exterior, como una forma de escapar de las casi diarias depreciaciones de las monedas nacionales. Tener que usar las reservas internacionales de los bancos centrales para atender las urgencias de algunos inversionistas –pocos pero con mucho dinero– es una consecuencia de los esquemas de acumulación y financiamiento que han predominado.

En conclusión, es necesario no dilapidar las reservas internacionales para cubrir operaciones en el mercado de divisas: aguantar lo que se pueda. Reducir hasta su eliminación el superávit primario para disponer de recursos sin modificar condiciones pretéritas de contratación de financiamientos. Restringir gastos innecesarios que hasta ahora se han mantenido como cuotas de origen político. Utilizar fideicomisos y otros fondos públicos que se encuentran ociosos. Evitar conceder «estímulos fiscales» innecesarios, ampliar plazos para el entero de algunos impuestos pero recaudar al fin lo debido. Proseguir las acciones en contra de las evasiones fiscales y las falsificaciones.

Si el PIB va a decrecer en términos absolutos, como es al respecto lo único seguro, el Estado debe preferir toda inversión productiva posible, en especial las que se puedan adelantar. En consecuencia, la organización del aparato público se advierte como un renglón prioritario.

Esta tendría que ser la política ahora y en la impronta que nos deje el coronavirus.

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PAN: oposición prescindible

Una diputada panista imploraba en tribuna que se acabaran las conferencias mañaneras en Palacio Nacional y que Andrés López Obrador se dedicara a gobernar bien, es decir, a hacer lo que su partido quisiera. El tema a discusión eran unas reformas para permitir que bienes decomisados o inservibles para las funciones públicas no sólo fueran vendidos en subasta sino también pudieran ser sorteados. La legisladora odia al presidente y, por tanto, le exige que hable menos en público.

La oposición política más fuerte del país, el PAN, ha dicho también que el actual será un gobierno fallido porque ya lo es aunque le falten más de cuatro años. El líder parlamentario panista ya no opera como político sino como pitonisa, clarividente, adivinador.

Desde la irrupción de la oposición de izquierda en la Cámara de Diputados, en 1979, no se había producido el fenómeno consistente en que los opositores fueran prescindibles, como lo eran antes de aquella reforma política elaborada como respuesta al ´68 mexicano.

Tan luego como la izquierda llegó al Congreso se podía escuchar otra manera de ser, pensar, investigar, analizar, criticar y proponer. Por tanto, era más necesario para el gobierno llegar a acuerdos con el PAN o con la izquierda emergente. Se suponía que así debía funcionar el nuevo esquema político.

Durante los siguientes 20 años, la oposición no fue prescindible sino la crítica interlocutora de un priismo que trataba de legitimarse con la existencia de un cierto pluralismo político, aunque seguía alterando las votaciones como lo hizo señaladamente en 1988, luego de lo cual el PAN casi se convirtió en socio del gobierno.

A partir del año 2000, momento de la “transición”, el PAN también estuvo justificando a sus gobiernos al operar en un marco pluralista, en el cual las oposiciones jugaban un papel relevante, con tanta más claridad porque el gobierno carecía de una mayoría en el Congreso. En el año 2006 la oposición priista fue la salvación del panismo al ponerse claramente en contra de López Obrador, primero a favor del desafuero y, después, del fraude electoral de Felipe Calderón.

El retorno del PRI a la Presidencia fue un momento en que las oposiciones eran más necesarias en todos sentidos, pero ocurrió algo no previsto y la aproximación del gobierno a sus oposiciones ensanchó el espacio político del surgimiento de la otra oposición que terminaría por convertirse en la nueva fuerza gobernante.

En toda esta historia, las oposiciones, unas más que otras, han sido necesarias para el funcionamiento normal del aparato del Estado.

Pero, a partir de 2019, algo inusitado ha surgido en forma por el momento inexplicable. La oposición de derecha tradicional es prescindible porque no está inmersa en una lucha propiamente política, sino que ya se inventó un entorno que no es real: el “gobierno fallido” de la 4T con sus nefastas conferencias mañaneras.

Como es natural, el PAN va en pos de la próxima cita electoral de 2021, pero no lo hace con un programa propio, el suyo de siempre, sino sólo con la firme esperanza de que los fallos y problemas sin resolver, amén de la pandemia, hundan a Morena y los demás partidos de la 4T, de donde resurgirá la opción conservadora más persistente desde los años 40 del siglo XX, cuando el panismo tomó forma orgánica para combatir la política socializante de Lázaro Cárdenas.

El PAN es prescindible como oposición porque en realidad no actúa como tal. Una formación política que se opone exige cambios, además de denunciar. Pero Acción Nacional no está exigiendo nada concreto y sus denuncias suelen ser mentiras, como esa de que el actual presupuesto de egresos recortó el gasto en salud cuando en realidad se aprobó un fuerte incremento, especialmente en el IMSS.

La política social de la 4T es repudiada por el PAN, pero este partido no lo puede frasear así y se limita a decir que becas estudiantiles, pensiones no contributivas, salarios a los jóvenes aprendices, ayudas a las personas con discapacidad y a madres solteras, entre otros programas son “clientelares”, aunque se lleven a cabo como reconocimiento de derechos y con esquemas universales.

En realidad, es indiferente que el PAN vote en contra de todo eso en el Congreso. La conducta panista carece de relevancia porque ese partido no busca una interlocución política con la mayoría ni con nadie más. Acción Nacional odia al “populismo” pero no es capaz de criticarlo con todas sus letras porque teme presentarse ante el pueblo como un partido que repudia en concreto el “reparto de dinero” que, según piensa, es lo que hace el gobierno actual con las pensiones de adultos mayores, las becas estudiantiles y otras muchas subvenciones, inaceptables para una derecha que se columpia entre ser reaccionaria o simplemente conservadora.

Para que el gobierno de la 4T sea efectivamente fallido, el sueño del PAN es que México entre en franca recesión, haya una corrida financiera con fuerte devaluación y subida de tasas de interés, la inflación vuelva a erosionar el ingreso y se dispare el déficit público: algo semejante a lo ocurrido en México durante gobiernos del PRI y, luego, del PAN, a los que, sucesivamente, les costó la Presidencia. Por eso les ha surgido una oscura esperanza en la pandemia que está llegando a México.

Por lo pronto, Acción Nacional se ha convertido lastimosamente en una oposición prescindible.

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Revuelta social de mujeres

Crece la revuelta social de mujeres contra las violencias que les azotan. Las protestas no son nuevas pero nunca se había producido una adhesión tan grande a esas causas.

Es un acontecimiento político porque esa revuelta busca cambios en el Estado y en la sociedad para eliminar la violencia estructural contra las mujeres y también para conquistar derechos y las garantías de estos.

En México, las celebraciones del Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo se han llevado a cabo desde los años treinta del siglo XX. El paro de mujeres se ha realizado en los dos años anteriores. Mas festejo y protesta tenían poca trascendencia. ¿Qué ocurrió para que ese día y ese paro de mujeres se pudieran celebrar, como será sin duda, en forma multitudinaria y se ubicaran en el centro del comentario público? ¿De qué manera una vieja lucha llega a su tiempo de alcanzar enorme relevancia?

Es evidente que no existen reglas generales para responder esas preguntas. Pero, en términos concretos, tenemos una combinación de factores, desde la persistencia de la larga lucha de los movimientos feministas y agrupaciones de mujeres hasta una violencia de género mayor y que se denuncia más. Es un proceso de acumulación.

A partir de los años noventa del siglo pasado se produjo algo así como una crisis de feminicidios en Ciudad Juárez que llegó a provocar conmoción. Se sabe que no era sólo Chihuahua sino que esa entidad mostraba cifras y crueldades asombrosas. Los agrupamientos contra la violencia de género crecieron en cantidad y calidad, empezaron a crear conciencia, a precisar sus categorías y a desmontar la ideología machista que contribuía a soslayar la creciente violencia contra las mujeres.

Al tiempo, fueron avanzando organismos y movimientos de lucha en favor de derechos tanto formales como sustantivos de las mujeres.

Pero, de un momento a otro, todo aquello que era paulatino se ha convertido en revuelta social.

Los movimientos de mujeres y los feminismos mexicanos no han actuado al margen de la realidad nacional sino que forman parte de la misma. Esto que es obvio puede servir para aproximarnos a la búsqueda de relaciones entre fenómenos distintos pero contemporáneos. Las luchas de las mujeres suelen ser políticas cuando van más lejos de la exigencia concreta de justicia en tal o cual caso de violencia y se lanzan a la búsqueda de justicia en general, levantando al mismo tiempo, una y otra vez, sus banderas de derechos sustantivos.

Las décadas de acción política de los feminismos y movimientos, sus demandas de leyes, normativas, protocolos, sistemas, políticas públicas, acciones de gobierno, así como sus críticas de los medios de comunicación, sus elaboraciones teóricas, conjugadas con las incansables denuncias y protestas, se han encontrado con muy recientes apoyos que están siendo multitudinarios. Es el momento en que ya se puede hablar de algo nuevo en la conciencia y la práctica de millones de mujeres.

Lo nuevo que está enfrente debe tener también algo que ver con el cambio político nacional que se produjo en 2018. No me refiero a esa propaganda de que el gobierno actual es feminista porque eso es imposible y, por ende, decirlo carece de bases de sustentación. Aludo a un clima político nuevo, tanto porque se demostró que era factible desalojar del gobierno federal a la mancuerna conservadora, como porque estamos en un momento en que la protesta no es bien o mal vista en los medios oficiales sino que, guste o no en cada caso, se admite como parte de la realidad.

Las derechas se han fisurado ligeramente. Algunas de ellas han abrazado el «feminismo», constriñendo éste al repudio de la violencia contra las mujeres. Otras, de plano, se siguen diciendo ignorantes del contenido de género del feminicidio y otras violencias, como parte de su tradicional negación de la opresión que sufren las mujeres.

Cuando ocurren grandes cambios en la conciencia social, las derechas suelen mostrarse confundidas porque no se los explican. Eso es lo que ocurre ahora. Sin embargo, a diferencia del gobierno, los feminismos y, en general, los movimientos de mujeres no parecen mostrar preocupación de que algunas de esas derechas busquen colgarse del avance de la conciencia de quienes hacen la revuelta justamente dirigida contra el sistema de género que los reaccionarios y conservadores mantuvieron y construyeron durante tantos años de predominio.

Dentro de un análisis aún más arriesgado se podría decir que esta revuelta social añade un elemento aún más innovador dentro de la situación del país, ya que podría estar surgiendo un sujeto político de masas sin adoptar la forma de partido, sindicato, agrupación patronal, clero o poder económico, sino de algo inusitado: las mujeres. Y, en la medida en que las acciones de ellas sean amplias, frecuentes y programáticas, ese nuevo sujeto podría ser cada vez más influyente.