La crisis política concreta

¿Cómo se va a encarar la crisis política concreta desatada con motivo de los hechos de Iguala? Esta pregunta debe ser respondida sin titubeo y con sentido de justicia. Quien está más obligado a hacerlo es el partido que gobierna Guerrero, el PRD.

Los asesinatos, lesiones y desapariciones de Iguala son hechos relacionados con la violencia y la inseguridad que afectan al país. Pero hay elementos peculiares. El gobierno municipal de Iguala (parece que también el de Cocula), a través de la policía, realizó acciones ordenadas por Guerreros Unidos, grupo delincuencial. El gobierno de la entidad no se enteró de lo que estaba pasando y si lo hizo no actuó de ninguna manera. El gobierno federal se despreocupó a tal grado que sus efectivos de policía y ejército se mantuvieron de espaldas al crimen que se cometía en calles cercanas.

Hemos visto al respecto hombros levantados, caras de sorpresa. Y algo más: se dice que lo importante es que aparezcan con vida los 43 estudiantes de Ayotzinapa antes de analizar lo que ocurrió en Iguala desde un punto de vista político. Se llega a decir que no hay que politizar el problema, es decir, la acción política de las autoridades locales ni las omisiones políticas de las autoridades de la entidad y del país. Sí, la mayor preocupación es por los estudiantes secuestrados, pero eso no debe impedir que se analicen las responsabilidades políticas que están a la vista.

El PRD no debe sumarse a los hombros levantados ni salir ahora con la inicua propuesta de que el gobierno federal investigue a los candidatos, lo cual significaría que el partido gobernante pudiera intervenir en las postulaciones de los demás partidos. Eso corresponde a un Estado de policía.

Es mejor tratar de incidir en la crisis concreta abierta por los hechos de Iguala. En Guerrero debe haber un nuevo gobernador. El gobierno de Aguirre ha perdido interlocución con grupos muy activos que realizan acciones violentas cuyas consecuencias podrían agravarse. Hay que reconocer que Ángel Aguirre ha perdido autoridad moral y, en esa vía, toda autoridad política, en Guerrero y en el país, por haber ignorado o no haber hecho caso de que en plena calle estaban ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos, lo cual lleva a la pregunta: ¿cómo se está gobernando en Guerrero? El secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, responde con claridad al decir que “como el presidente municipal (de Iguala) no contestó el teléfono sino hasta la una de la mañana, no pudo el gobierno del Estado intervenir”. Cierto que el gobierno federal tuvo la misma omisión pero ése no es del PRD sino del PRI que, siempre lo hemos dicho, son diferentes o debieran serlo.

Para el PRD las cosas son aún más complicadas porque los hechos de Iguala demuestran, una vez más, lo incorrecto de cuatro líneas de acción: 1) Postular candidatos que tienen alguna popularidad aunque no compartan el programa de izquierda ni una ética democrática. 2) Mantener dentro del partido casi a cualquiera aunque su conducta sea reiteradamente contraria al contenido programático y de línea política. 3) Dejar que los grupos internos decidan libremente a sus candidatos, según la cuota que les corresponda, sin que el resto del partido pueda opinar sobre la idoneidad de los mismos. 4) Hacer alianzas electorales pragmáticas y gobiernos de coalición con partidos y personas que aplican una política contraria a la del PRD y no comparten planteamientos de izquierda. Estas líneas incorrectas han llevado poco a poco a ese partido al descrédito, a un déficit de autoridad moral y a un deterioro como opción democrática y popular. Por ello, esas cuatro líneas deben ser eliminadas total y definitivamente, sin dobleces, sin engaños, sin entretelas, sin hipocresías.

Responsabilidades

Los estudiantes de Ayotzinapa viajaron desde Tixtla hasta Iguala sin que por lo visto ninguna autoridad estatal o federal hiciera un seguimiento de ese desusado movimiento. Cuando fueron reprimidos por la policía municipal y cuando ésta realizó el gigantesco levantón y se llevó fuera de la ciudad a los estudiantes, tampoco estaba un solo agente estatal o federal, ni siquiera un vigía que informara a las autoridades lo que estaba sucediendo. Si esto es cierto o no lo es, de cualquier forma el gobierno del Estado y el gobierno federal tienen responsabilidad en la represión y probable matanza.

Si no dieron seguimiento, están en falta; si lo dieron y no hicieron nada, también están en falta. Así debería entenderse el desempeño de las funciones publicas, en especial en materia de seguridad: la autoridad no puede desaparecerse ni tampoco desentenderse.

El alcalde, José Luis Abarca, que era miembro del PRD, aunque ocasional, había sido antes señalado como posible autor de los homicidios de Arturo Hernández Cardona y dos de sus compañeros, así como integrante de un grupo de delincuencia organizada junto con su cuñado y su esposa. Nada hizo el partido para obligar al gobierno de Aguirre a asumir sus deberes al respecto, lo cual entraña responsabilidad.

Por su parte, el gobierno federal, con su poderoso Cisen entretenido en dar a conocer los videos de la Tuta y en intervenir teléfonos de otros políticos, no pudo en todo este tiempo investigar a Abarca e informar con datos duros al gobierno de Guerrero. Dice Murillo Karam que no le entregaron pruebas, pero éstas deben ser obtenidas justamente por el procurador, según reza la Constitución. Ahora va a resultar que los ciudadanos son quienes deben hacer la probanza. De ser así, que desparezca el Ministerio Público y a ver a cómo nos toca.

Tan luego que se produjo la represión, el secretario de Gobernación declaró que no intervendría el gobierno federal en un asunto local, como antes había guardado silencio sobre la matanza de Tlatlaya. El mismísimo presidente de la República, con ganas de joder a la oposición perredista, se pronunció por la atención local de problemas locales. Para ambos, ya estaba bueno que todos quisieran la ayuda federal mientras en el ámbito local no hacían nada en materia de seguridad pública. Pero, ¿para qué tanto despliegue de fuerzas federales en el terreno? En Iguala, la PF y el Ejército, con suficiente dotación de efectivos, estaban desaparecidos cuando la policía municipal hacía fuego y levantaba muchachos. En el colmo, ninguna autoridad se dio cuenta por dónde se habían retirado las patrullas policíacas con los estudiantes secuestrados. Ahora, Peña declara que va ir, “tope donde tope”, para perseguir a quienes por negligencia permitieron la represión pero él mismo es uno de los negligentes comprobados.

Sí hay responsabilidad de parte del gobierno de Ángel Aguirre y del gobierno de Enrique Peña. Sostener lo contrario sería asumir que la autoridad es intocable por carecer de responsabilidad política. Eso no hay que admitirlo, nunca.

En eso estábamos cuando Ángel Aguirre anuncia, con el respaldo de su partido, una iniciativa de decreto para poner a consulta popular la revocación de su mandato. Es aire puro porque el gobierno asume que puede ser imputado por responsabilidad política, lo cual es clarísimo, y porque la decisión se le deja a los ciudadanos de Guerrero, para lo que se convoca, por vez primera, a un procedimiento de consulta popular revocatoria.

Esta es una forma política democrática de afrontar un problema concreto relacionado con una situación general. El problema concreto es la responsabilidad política en la represión de Iguala mientras la situación general es la forma en que el Estado mexicano hace frente al fenómeno de la delincuencia organizada. Que por vez primera el pueblo se manifieste, sería un invaluable precedente.

A medio camino

A la memoria de Raúl Álvarez Garín

El movimiento estudiantil de 1968 fue derrotado mediante la violencia y el terror. Sin embargo, dejó una impronta muy profunda en la conciencia nacional. La mayor parte de los avances relacionados con los derechos fundamentales, así como de otras libertades de carácter político, se deben a aquella lucha democrática de la juventud intelectual.

Pero en nuestro país siguen produciéndose masacres y desapariciones. Hay también muchos centenares de presos políticos. Además, la televisión nunca se abrió a la crítica y al debate. La inmensa mayoría de los sindicatos se encuentran administrados por mafias cuyos integrantes no trabajan sino que son unos desclasados. Las instituciones de educación superior siguen sufriendo sistemas antidemocráticos. La educación básica es autoritaria. Los ayuntamientos están sometidos por lo regular a los alcaldes. El derecho a decidir mediante consultas populares está ahora mismo al criterio de la Corte cuando ya se había decidido en el nivel constitucional. El presidente de la República modifica a su antojo el presupuesto mientras reparte miserables prebendas entre diputados y diputadas. Los órganos de auditoría no funcionan bien y carecen de suficientes facultades. La procuración de justicia está controlada por el poder Ejecutivo. El Estado mexicano sigue siendo un Estado corrupto. Y hay más.

Por el otro lado, lo que se ha logrado no es poca cosa pero no es el programa completo del movimiento de 1968: libertades democráticas. No es verdad, como algunos afirman, que el movimiento tenía tan sólo seis puntos petitorios. Mala forma de leer la historia o de imaginarla. Esos seis puntos eran la expresión concreta del gran planteamiento de libertades y de democracia. En este sentido, el movimiento estudiantil no era enteramente socialista pero tampoco dejaba de serlo. No lo era porque no abordó el tema de la riqueza y el ingreso, de las relaciones sociales en general, pero lo era en tanto que buscaba la ampliación del espacio de la lucha social mediante la democracia.

Las ideas anteriores no podrían ser compartidas (ni siquiera analizadas) por los comentaristas incidentales del movimiento democrático más importante de la segunda mitad del siglo XX, pero tienen un significado profundo a la luz de lo que hoy tenemos en el país. El campo de la lucha social está limitado, es demasiado estrecho para tan profunda crisis, mientras que la violación de derechos no es incidental. Tlatlaya no es un hecho aislado. Iguala tampoco lo es.

Lo que ha faltado en México es la lucha de los trabajadores. Me refiero a aquella que es sistemática, independiente, democrática, incluyente. Los estudiantes fueron masacrados y aterrorizados en cierta medida por la ausencia de un movimiento de trabajadores que le fuera paralelo pero con tendencias coincidentes. Muchos empleados y obreros simpatizaban con los estudiantes pero no podían hacer nada pues carecían de instrumentos propios de organización. Todo era entonces charrismo y, ahora, casi todo lo sigue siendo.

La demanda de diálogo público no era un fetiche sino una necesidad política. En tanto hubiera discusión abierta entre los estudiantes que demandaban democracia y el gobierno encargado de la represión y el orden priista, el país podría dar un paso adelante, al menos en el terreno de la tolerancia y la apertura política, lo cual no hubiera sido la gran cosa pero sí algo mejor que lo vivido hasta entonces.

Un ejemplo de que estamos a medio camino: el Instituto Politécnico Nacional tiene una estructura autoritaria como la que tenía en 1968 cuando sus estudiantes y muchos de sus maestros reclamaron democracia para el país. Si el nuevo reglamento es echado abajo, como de seguro sucederá gracias a los estudiantes, sería una lástima que el mismo viejo autoritarismo siguiera prevaleciendo. El IPN debe ser autónomo y democrático. ¿Podrá serlo ahora?

Para mayores datos: Pablo Gómez, 1968: la historia también está hecha de derrotas. Ed. Miguel Ángel Porrúa. México, 2008.

RAÚL ÁLVAREZ GARÍN

A LA MEMORIA DE MI AMIGO Y COMPAÑERO RAÚL ÁLVAREZ GARÍN, DEMÓCRATA Y SOCIALISTA, LUCHADOR POR LOS DERECHOS POLÍTICOS Y SOCIALES. MÉXICO PIERDE A UN GRAN MEXICANO Y HOMBRE DEL MUNDO. LA GENERACIÓN DEL ´68 DEBE RENDIRLE HOMENAJE A QUIEN FUERA UNO DE SUS PRINCIPALES DIRIGENTES, ENCARCELADO CASI TRES AÑOS EN LECUMBERRI POR ÓRDENES DEL GOBIERNO DE DIAZ ORDAZ Y ECHEVERRÍA. RAÚL FUE UN MILITANTE DE LA IZQUIERDA TODA SU VIDA, FUNDÓ Y DIRIGIÓ Corre la Voz Y FUE UNO DE LOS FUNDADORES DEL PRD. RAÚL DEFENDIÓ NUESTRA MEMORIA Y LUCHÓ POR LA APERTURA DE LOS PROCESOS PENALES POR LAS MATANZAS DE 1968 Y 1971, ASÍ COMO DE LA GUERRA SUCIA QUE INICIARON ECHEVERRÍA Y GUTIÉRREZ BARRIOS.  27.09.2014. 

Los inmolados de Tlatlaya

Desde que se dio a conocer la noticia de los hechos ocurridos el 30 de junio de este año en la localidad de San Pedro Limón, perteneciente a Tlatlaya, en el Estado de México, nadie ha podido creer la versión de que en el enfrentamiento armado uno de los bandos resultó por completo exterminado mientras en el otro hubo un solo herido. Según los dichos oficiales, ninguno se rindió, los 22 presuntos agresores decidieron inmolarse.

Esa inmolación es en verdad perturbadora. Pero más perturbador es que los mandos del Ejército la hayan dado por cierta y que lo mismo haya hecho de inmediato el gobierno del Estado de México. No existen informaciones oficiales relevantes como si al asunto no se le hubiera dado trámite alguno a pesar de la muerte violenta de 22 personas. Lo que ha vuelto a poner en los medios el sangriento acontecimiento es la sobrecogedora declaración de prensa de alguien que se dice sobreviviente y madre de una muchacha que resultó muerta. Por su lado, la PGR ha dicho que lleva dos meses y medio investigando algo aunque no dice exactamente qué cosa, mientras que la Secretaría de Gobernación, a cargo de la seguridad, aduce desconocimiento.

En Tlatlaya hubo una matanza, la cual se comprueba con los cadáveres. Lo que tendría que ser acreditado es la legalidad de la acción militar. La autoridad siempre está obligada a dar cuenta de sus actos, a diferencia de los particulares que sólo son intimados bajo especiales circunstancias. En México, sin embargo, la autoridad se ha acostumbrado a no dar cuenta, a eludir su deber. Recordemos la matanza de Aguas Blancas en Guerrero que sólo había generado desoídas protestas hasta que Ricardo Rocha publicó en la televisión un video, en el cual se podía advertir que los hechos habían sido por completo diferentes a los consignados en el parte oficial: los agentes de policía dispararon contra los campesinos sin ninguna provocación.

Ahora tenemos otro parte oficial. Un grupo de soldados iba de patrulla cuando fue agredido con armas de fuego, luego de lo cual se produjo un intercambio de disparos. El resultado fue que los 22 agresores resultaron muertos y se rescataron tres mujeres que estaban en situación de secuestradas. Punto. A partir de aquí sólo habría que esperar la aceptación de la escueta versión oficial con lo que el asunto se convertiría en algo definitivamente cerrado. Ningún medio de comunicación nacional acudió a investigar al lugar de los hechos; sólo lo hizo una agencia internacional de noticias. Nadie en el gabinete de Peña se preocupó. Dice el gobierno de Eruviel Ávila que sólo tiene reporte de un enfrentamiento en Tlatlaya, es decir, que no tuvo que investigar nada sino recibir un comunicado y guardarlo. ¡Así se gobierna en México! Sin embargo, nadie creyó el parte oficial. En realidad, tampoco lo creyeron los generales ni los gobernantes aunque lo dieron por bueno.

No es un asunto en exclusiva de la PGR, como afirma el presidente de la República. Es evidente que el gobierno de Peña Nieto está comprometido en los hechos violentos de Tlatlaya y se encuentra obligado a dar una amplia explicación veraz, tanto porque la autoridad debe dar cuenta de sus actos, lo que ya apuntábamos, como por la gravedad del suceso. Debido a que la versión oficial no es verosímil, las explicaciones tienen que ser exactas y exhaustivas de tal manera que no exista el menor elemento de duda. Pero Peña ya se ha tardado en informar. Su gobierno es responsable de las acciones de las tropas y es también el primer obligado a conocer con exactitud la verdad sobre las mismas. Que el gobierno careciera de una versión comprobada y comprobable sería de suyo una omisión y, por tanto, una falta. Si, por el contrario, el gobierno ya cuenta con dicha versión, es del todo injustificado que no la haya comunicado a la opinión pública.

Corrupción y Estado corrupto

Es del todo natural que se equivoquen Peña Nieto y algunos otros descalificados para abordar el tema de la corrupción en un país que sufre de un Estado corrupto. En todo sistema de poder existe corrupción pero no siempre prevalecen estructuras corruptas.

México es uno de esos países en donde la corrupción es forma de ser del Estado y, por tanto, la sociedad ha sido enredada en los hilos de un entramado generalizado. Todo lo que se pueda decir sobre la cultura de la corrupción, la condición humana y otros disparates sólo son maneras de tratar de justificar ese fenómeno, esa estructura que tiene responsables políticos concretos y, también, corruptos de carne y hueso.

El Estado mexicano ha sido tratado como una inagotable fuente de patrimonio personal y empresarial. A través del desvío de fondos públicos y de concesiones se han creado pequeñas y grandes fortunas. Pero, además, no existe corporación empresarial mexicana que no haya sido beneficiada de la corrupción.

Los instrumentos para combatir la corrupción son todas las instituciones, todas las oficinas públicas y no sólo las auditorías y procuradurías como algunos dicen suponer. Todo servidor público está obligado a cumplir con su deber y, en esa dirección, a impedir el uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, las discusiones sólo son sobre la eficacia de ciertas instituciones que, por diseño y estructura funcional, no podrán jamás combatir la corrupción.

La reforma sobre sueldos, por ejemplo, fue presentada por mí en el Senado como aquella que escogía el PRD para ser especialmente negociada con los demás. Era una por cada partido (año 2006). El PRI (Beltrones) presentó un proyecto sobre la comisión para la reforma del Estado. El PAN (Creel) inició la suya: incompatibilidades de los servidores públicos, lo que se llamó la ley anti Diego, aquella que iba a acabar con el tráfico de influencias o el uso de cargos políticos para hacer negocios o impactar casos judiciales o, sencillamente, para litigar contra el Estado. Las dos primeras fueron aprobadas, la tercera se atoró en la Cámara de Diputados porque muchos priistas y panistas se negaron a discutirla. El nuevo artículo 127 constitucional –sueldos de servidores públicos— fue aclamado por la crítica pero mediatizado por el gobierno panista con la ayuda del PRI ya que hasta ahora carece de leyes reglamentarias (federal y locales) de tal manera que –se dice sin razón—no se puede aplicar. Hay un proyecto congelado en la Cámara.

En cuanto al organismo anticorrupción, es claro que para perseguir corruptos no se necesita una comisión sino una agencia con capacidad de ejercer acción penal con la mayor independencia del gobierno y de todos los demás poderes formales e informales.

En México, las zonas alejadas de la corrupción son muy pocas. Pero la corrupción no es una enfermedad sino parte del sistema político, es una forma de operar, de financiar a personas y empresas en tareas que algo tienen que ver con la política o que necesitan de ésta para llevar a cabo proyectos de cualquier especie. La estructura corrupta se construyó durante muchas décadas, por lo cual se puede decir que el mayor fracaso de los partidos de oposición que critican la corrupción es haberla mantenido como parte del sistema cuando asumieron responsabilidades de gobierno. Esto sí que duele pero, más allá de esto, nos muestra el carácter que tiene la corrupción en México.

El gobierno de Peña sabe que no se puede combatir la corrupción desde el PRI, es decir, desde él mismo. Que, por el contrario, se requiere organizarla lo más que se pueda para evitar desbordes. Esa es una vieja idea que nunca ha dado resultado en sus propios y nefastos términos. Los sistemas corruptos tienden siempre a desbordarse porque no pueden ser regidos por normas fijas, claras y duras sencillamente porque la corrupción sistémica es la violación de toda norma.

Partido de masas

El Partido de la Revolución Democrática es un partido de masas. Así fue fundado y siempre lo ha sido. Pero su participación en instancias de gobierno y su gestión social lo convirtieron en un partido con clientelas que no son organizadas directamente sino por los grupos políticos que lo integran. Aquí tenemos una característica adicional: un partido de grupos.

El PRD no es el único partido en el mundo que es así. Todos los partidos de masas que, además, son de grupos, realizan su clientelismo principalmente a través de éstos. Mas el requisito político para integrarse en el partido no es siempre igual en todas partes; en el PRD es bajísimo, lo que permite que cualquiera haga un grupo y opere con la franquicia PRD, independientemente de sus posiciones políticas y de su conducta pública. He aquí otra característica.

Lo anterior ha sido visto en las recientes elecciones internas del PRD, en las que fueron elegidos 320 consejeros nacionales, 3 mil 450 estatales, 25 mil 770 municipales y mil 200 congresistas nacionales de un total de 89 mil 348 candidatos y con una participación de más de un millón 800 mil votantes. La intervención del INE impidió urnas embarazadas y desaparición de boletas; por fin hubo elecciones en no pocos lugares del país. Pero el PRD no cambió con la decisión de invitar a la autoridad nacional electoral a organizar su propia elección.

Los grupos internos del PRD, los cuales en su conjunto lograron una afiliación de 4 millones y medio, no fueron capaces de llevar a las urnas a más del 40 por ciento. Esto quiere decir que tales grupos abultan los registros y carecen de capacidad de movilización de una mayoría de personas afiliadas por ellos mismos. Este dato pone en duda la justificación del modo grupal-clientelar con el que se organiza el partido.

Además, la movilización electoral mostró la existencia de cajas de recursos propios de los grupos más grandes. El sistema mexicano de las despensas y el dinero en efectivo es una parte; la otra es el transporte con o sin gratificaciones inmediatas y personales. Esto quiere decir, por un lado, que sin recursos económicos el apoyo electoral de cada cual sería mucho menor y, por el otro, que la masa afiliada al partido está llena de personas distantes de una causa política general. Además, las finanzas de los grupos, ya sea por cuotas de sus miembros (servidores públicos) o por gestiones directas, crea una especie de poder económico por encima de las relaciones políticas dentro de un mismo partido, lo cual hace que la estructura partidista dependa demasiado de algunas circunstancias o, en otras palabras, que ésta resulte ser más de papel que de conciencia.

El resultado electoral es el esperado. Ningún grupo tiene la mayoría. Quien encabece el comité ejecutivo será producto de una alianza, la cual ya estaba pactada aunque no había necesidad. En el PRD no hay carro completo, el Estatuto lo prohíbe. La dirección nacional será de composición en razón de los votos de cada planilla. Mas el hecho de que no haya mayoría consolidada y firme es otra de sus características, lo cual pone en duda el modelo en general, pues no existen suficientes bases de unidad interna como para poder navegar con certidumbre sobre las grandes olas de la lucha política.

Como la elección fue indirecta, es decir, sólo de consejeros pero no de presidente del partido, el PRD no proyectó ningún liderazgo. Los partidos suelen necesitar líderes fuertes, líderes de masas, líderes intelectuales. Todo esto no parece algo que por ahora tenga que ver con el PRD.

Estas elecciones son una oportunidad para hacer un estudio del PRD y un informe que pueda debatirse abiertamente. El tema del partido sigue teniendo relieve y es mejor abordarlo desde una perspectiva militante.

Catalunya frente al espejo

Cataluña se encuentra frente al espejo y se reconoce a pesar de las aberraciones añadidas por el dominio español de siglos. Cataluña no busca algo de España en el espejo. Pero aunque España no se vea reflejada, busca desde fuera que Catalunya sea como es ella.

El actual Estado español es como el imperio español: no reconoce el derecho de nadie a decidir por sí mismo. Todo territorio conquistado es suyo por legado histórico. Las secesiones se han realizado a sangre y fuego. Nunca España cedió algo por estricto derecho. La Reconquista es apreciada como la fundación radical del españolismo: volver después de siete siglos. Quizá por ello España defiende lo que piensa que es suyo sin importar lo que piensen los demás. Los catalanes son los demás.

Dice la Constitución que ella “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Aquí hay varios errores voluntarios: no se habla de un fundamento del Estado español sino de su Carta Fundamental, que no es exactamente lo mismo. Se define a la Nación española como patria de todos, pero aquélla no existe más que como forma política impuesta: España es producto político de varias nacionalidades, las cuales son llamadas así en la Constitución, nacionalidades, que no conforman, sin embargo, naciones. No existe, en el texto constitucional, por tanto, la nación de Catalunya sino la nacionalidad catalana, de donde habría que deducir mediante un gran salto que no se debe reconocer la capacidad soberana del país catalán para gobernarse a sí mismo. La nacionalidad catalana resulta ser parte de otra Nación (así, con mayúscula constitucional) que se llama España, pero los catalanes y las catalanas son lo que son y en su mayoría no parecen considerarse españoles y españolas sin que eso resulte denigrante sino sencillamente otra cosa.

Más allá de la nación o de la Nación, en Catalunya hay un pueblo y, como todos, tiene derecho a decidir sobre sí mismo. Punto. No debería discutirse más. La consulta en Cataluña no puede declararse ilegal en tanto sea producto del ejercicio de un derecho fundamental que se llama libre autodeterminación de los pueblos, diga lo que diga la errónea Constitución española.

Creo, sin embargo, que la independencia de Cataluña no agregaría nada desde el punto de vista social y de la democracia. Yo no votaría a favor de la secesión, pero no se puede ir impunemente por el mundo negando el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Hay una diferencia arrolladora entre Quebec y Escocia, por un lado, y Cataluña, por el otro: las primeras son libres porque tienen derecho a decidir sobre su independencia; la otra no lo es porque se le niega ese mismo derecho. La libertad no es la independencia sino el derecho de decidirla libremente. Inglaterra guerreó para no aceptar varias independencias pero hacia el final de su colonialismo terminó cediendo por derecho. No ha sido lo mismo con España. La madre patria, como se decía en México, nunca cedió nada, todo lo tuvo que perder por la fuerza.

Todo el españolismo se ha unido contra el derecho de decisión de Catalunya. Pero mientras los socialistas proponen algo a cambio –la federación—, los conservadores del partido gobernante no ofrecen absolutamente nada. Sin embargo, no pasa desapercibido que ambos partidos nieguen de por sí ese derecho, se comporten como salvaguardias de la herencia expansionista, sean partes en conflicto de la España monárquica dejada ahí por el franquismo como testimonio histórico de su victoria sobre la república laica y democrática, encarnen el hispanismo colonial replegado por fuerza a la península. España no ha cambiado tanto a pesar de los tan difíciles cambios que ha logrado con sus grandes y ejemplares luchas. Hay algo que sigue siendo, a pesar de todo, lo español.

 

Consulta, consulta y consulta

Parece que a partir de la lucha por la consulta sobre las industrias de la energía y los yacimientos de hidrocarburos, otros dos partidos –el PRI y el PAN—también quieren que se consulte a la ciudadanía. Es interesante advertir y dar seguimiento a las reacciones ante la puesta en marcha de un proceso democrático, en este caso impulsado por el PRD.

El PRI ha rechazado la consulta sobre energía con el argumento de que el voto popular no es idóneo para echar abajo una reforma de la Constitución, pero propone otra consulta para derogar preceptos de la misma Constitución (artículos 52, 54 y 56) y eliminar 32 senadores de representación proporcional y 100 diputados plurinominales con el fin de “ahorrar” dinero. Habría que agradecer al PRI que al fin admita que la Constitución sí puede ser votada por la ciudadanía, la cual es el soberano según la doctrina que expone la propia Carta Magna. Pero también habría que agradecerle que reconozca que los gastos del Congreso son demasiado altos y deben bajar, lo cual, por cierto, se podría hacer ahora mismo con la sola aceptación de parte del redivivo partidazo.

El gobierno cree que esa consulta la ganaría fácilmente y es posible que así fuera, pero eso no quiere decir que un método de representación menos proporcional sea más democrático. Los sistemas de mayoría relativa por distritos (Estados Unidos y Gran Bretaña entre los más conocidos) son notoriamente antidemocráticos en la forma de integrar sus parlamentos. Con ese método, los electores que se representan son únicamente quienes votan por el candidato elegido en una demarcación territorial. Quienes sufragan a favor de los otros candidatos no se encuentran representados; es como si no existieran, pero podrían ser la mayoría. En varios países están representados en los parlamentos la mitad o menos de los votantes: son democracias diseñadas para las minorías. Los sistemas de representación proporcional (aún los mixtos como en México y Alemania) se han construido para que la inmensa mayoría de los votantes esté representada.

Ahora bien, si se eliminan 100 diputados y 32 senadores, lo que se logrará es una mayor sobrerrepresentación en las cámaras y, con ello, el partido con más votos podrá tener más fácilmente la mayoría absoluta en el Congreso sin representar más de la mitad de los votos reales. Eso es lo que busca el PRI pensando en ser el partido más votado con menos del 40 por ciento en 2015. El gobierno de Peña quiere consolidar una democracia de minoría, donde el término democracia debería estar entre comillas.

En cuanto al PAN, ése sí que no se midió. Consultar sobre el salario mínimo es garantía de triunfo arrollador. Todos, excepto algunos muy necios, votarán a favor de un aumento pero con ese mandato no se arreglaría nada porque, si bien el salario mínimo sería mayor en 2016, no se propone ningún parámetro cuantitativo de referencia para convertirlo para siempre en un mínimo de verdad. La Constitución ya dice que debe ser “suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural”. Este es, como otros, un texto muerto que no fue rescatado por los dos sucesivos gobiernos panistas (12 años) bajo los cuales el salario mínimo disminuyó.

Sea como sea, bienvenidas las consultas, la participación directa de la ciudadanía en decisiones, el ejercicio de poder popular, la discusión de temas relevantes, aunque sea dudoso que la televisión se vaya a abrir al debate. Según parece –si no se trata de un puro blof o de maniobras para rechazar en la Corte la consulta sobre energía–, podríamos tener en el año de 2015 tres consultas, de las cuales dos serían referendos (la energética y la del Congreso—y la otra (salario mínimo) sería un plebiscito.

Salario y productividad

Cuando los salarios son bajos por decreto del Estado lo que ocurre es que el trabajo se deteriora, se descalifica. Muchos capitalistas se encuentran felices de pagar salarios bajos pero la productividad de sus trabajadores suele ser también baja. La tasa de plusvalor en los sectores de bajos salarios es menor que en los sectores de mayores remuneraciones y, por tanto, la tasa de explotación es también menor. Pero nuestro pequeño o mediano capitalista no se da cuenta de esto porque su masa de ganancia la utiliza con frecuencia para ahorrar en otro lado y para gastarla en lugar de invertir bajo nuevas pautas técnicas. Estará muy feliz en tanto que los salarios pagados sean bajos y se mantenga su tasa histórica de ganancia. Tiene que surgir un poderoso movimiento sindical que le haga entender que los bajos salarios que paga no le ayudan a realizar mejor sus funciones de explotador del trabajo ajeno mientras las grandes ganancias se concentran y centralizan en pocas manos de tal manera que el proceso de acumulación de capital se dirige desde unas cuantas corporaciones. Lo malo es que ese movimiento sindical no ha surgido.

La renovada tesis dogmática de que para aumentar los salarios (sanamente, Carstens dixit) se requiere que antes se eleve la productividad del trabajo asalariado es como la pregunta sobre el huevo y la gallina, o sea, es no comprender nada. El esquema de salarios bajos se basa en el trabajo menos calificado, es decir, con menor capacidad productiva, con menos generación de plusvalor por unidad de capital invertido en salarios (tasa de plusvalor), con trabajadores menos explotados pero quizá más simpáticos porque aguantan todo aunque viven muy mal. Lo sensacional es que esta tesis es también asumida por algunos líderes de la UNT (sí, Unión Nacional de Trabajadores), además de la CTM y otras centrales charras.

Quienes defienden los salarios bajos en realidad defienden una tasa general de ganancia que no es compatible con una mayor productividad o, dicho en otros términos, la ganancia por unidad monetaria invertida se basa en el bajo salario mucho más que en un incremento de la capacidad productiva del trabajo social. Existe una especie de artificio que es el decreto de control salarial, el cual opera siempre en contra de los trabajadores cuando en realidad eso del salario mínimo por ley ha sido planteado históricamente para dar una garantía a los trabajadores y atenuar la competencia entre éstos, la cual tiene en parte su base en el desempleo. Hoy, en México, el salario mínimo se ha convertido en lo contrario de lo que es en muchos otros países pues, si no existiera, no podría haber otro menor. Pero también juega un papel de control salarial sobre las percepciones contractuales, es decir, sobre los salarios en general.

Durante décadas, los salarios mínimos y la mayoría de los otros salarios han crecido por debajo de la inflación (han decrecido en términos reales), muchos de ellos también por debajo del aumento en la productividad, pero entonces no se dijo que tal salariocidio era inconveniente para la economía. Hoy, se dice que primero debe aumentar la productividad y, después, si acaso, el salario. Se mantiene el mismo círculo vicioso típico de esa rastacuera burguesía y sus políticos, con el cual han condenado al país a la paralización y la pobreza.

Cualquier política de bajos salarios impide el crecimiento de la productividad del trabajo y la ampliación del mercado interno. Como en México la única política productiva se llama NAFTA, entonces al gobierno y a la patronal les importa un comino el salario miserable y el estancamiento de la demanda doméstica.