La crisis está llegando

Con una total espontaneidad, el presidente del 12% de preferencias nos ha dicho que vivimos un momento de “desafío económico”. Bueno, para algunos no estaría mal esa respuesta considerando la capacidad explicativa de Peña Nieto, pero todo país tiene siempre desafíos, especialmente en el terreno económico. Así que nos hemos quedado en las mismas.

El tema es si México está a las puertas de una nueva crisis económica o logrará sortear la recesión que ya se advierte.

Creo que estamos viendo cómo se acerca la recesión. No se trata de una “incertidumbre por lo que va a pasar con Estados Unidos”, como ha dicho Peña. Para nuestro infortunio, la devaluación del peso lleva los 4 años de su presidencia mientras que la recesión industrial arrancó el año pasado, antes de la elección de Donald Trump.

El presidente mexicano no tiene temor a que lo desmientan. Con frecuencia hace afirmaciones con inexactitud o franca falsificación de hechos. Así, el incremento en las afiliaciones al IMSS en los dos últimos años no se ha debido, en su mayoría, a “empleos nuevos”, como él afirma, sino a empleos ya existentes incorporados al régimen de seguridad social por la vía de una reforma fiscal que abarcó a una gran parte del sector informal tradicional del país. Lo que hemos visto es una formalización del empleo inducida mediante el mecanismo fiscal. Ese es un asunto que llevaba años discutiéndose (más bien comentándose) en el Congreso hasta que, mediante un acuerdo entre Videgaray y el PRD se produjo la reproducción de los peces o de los panes, es decir, que se pudieron medir muchos empleos antes informales pero verdaderos.

Tenemos en realidad una disminución evidente del ritmo de crecimiento y en la industria se reporta ya un decrecimiento. Esto quiere decir que si no se produce un repunte, el país llegará muy pronto a la recesión. Esa será la crisis cierta aunque Peña siga hablando de “incertidumbre”.

El gobierno ha cometido errores. Al aumentar la recaudación por efecto de la reforma fiscal, también se decidió incrementar el déficit del sector público. Pero el destino de los nuevos ingresos no fue el adecuado, es decir, el impulso a proyectos productivos, sino que el gobierno se gastó gran parte de ese dinero en esto y lo otro, o sea, en satisfacer pendientes, otorgar prebendas, repartir dinero dentro del aparato gubernamental para utilizarlo en gasto político. No había un verdadero buen plan de inversiones. El país no reaccionó a esos cambios en la política de ingresos y prosiguió por la cuesta en la que ya venía.

El resultado de ese desastre fue que los requerimientos de la deuda rebasaron las mejorías en los ingresos públicos pues el déficit creció también en términos relativos. La aspirina para esta enfermedad se llama “superávit primario”, es decir, regresar a la sociedad menos dinero de lo que se le quita por parte del fisco con el propósito de aminorar el incremento porcentual de la deuda.

Pero como la devaluación del peso continúa en gran medida por la situación de la deuda, la tasa de riesgo que demandan los inversionistas en bonos gubernamentales es cada vez mayor, lo cual, a su vez, ha orillado al Banco de México a elevar mucho su tasa de interés para bajar la presión sobre el mercado de cambios, pues la mayoría de quienes venden sus bonos compran dólares con destino a sus cuentas en el exterior. El Banco de México quiso antes regular ese mercado haciendo subastas pero la verdad es que ese mecanismo es poco útil cuando los inversionistas tocan retirada. México lo debería saber de sobra: “ya nos saquearon”, dijo un presidente, “yo no sabía nada de los tesobonos”, dijo otro. Las crisis de deuda en México han generado estropicios mayores: devaluación y recesión.

México (su gobierno) insiste en seguir jugando principalmente en el mercado abierto de los grandes inversionistas, depende de ellos y siempre será víctima de sus decisiones. Es preciso cambiar el esquema, recomprar bonos gubernamentales, fondearse en mecanismos de deuda institucional, abrir la participación popular en la deuda interna, etcétera. Si la economía no crece, la deuda enferma; si la economía decrece, la deuda aniquila. Podría México estar transitando de un escenario al otro.

Peña no ha querido hablar del repunte de la inflación. Cuando las presiones inflacionarias derivadas, entre otros factores, de la devaluación continua del peso, estaban llegado a su punto de impacto, se le ocurrió aumentar los precios de las gasolinas, recetarnos el gasolinazo: era un plan de Videgaray para cubrir deuda sacándole a la economía real muchos miles de millones adicionales. Ese combustible es ahora más caro en México que en Texas y, aun así, Peña insiste en que el aumento se debió al incremento del precio del petróleo. Ante el golpe, la protesta hizo que Peña suspendiera el segundo gasolinazo, pero el esquema sigue siendo el mismo.

La crisis está llegando.

Unidad de acción o uniformidad

Los insistentes llamados a la unidad que Peña Nieto lanza al aire casi todos los días están cayendo en el vacío, incluyendo sus persistentes espots inenarrables. Es evidente que el país requiere en este momento un acuerdo básico frente al gobierno de Estados Unidos que abarque a todas las fuerzas e instituciones, pero ése es justamente el que no está siendo confeccionado por la Presidencia de la República.

La primera frase de cada llamado de Peña es que no se trata de algo partidista. Lo dice como si los acuerdos entre partidos fueran segregadores, pecaminosos y sucios por definición aunque Peña es el líder de un partido y así lo mira el país entero. Es cierto que en México los tratos donde se incluye al PRI siempre terminan en la violación cuando no en la traición, pero no parece viable que en un acuerdo nacional no estén los partidos y, con ellos, el Congreso, los gobiernos y parlamentos locales, los ayuntamientos, etcétera. Así que ahora, cuando el país requiere un convenio básico frente a la política de Donald Trump, es contradictorio que el presidente mexicano hable de un entendimiento sin el concurso de los otros partidos.

La evidencia de lo anterior es que Peña no ha llamado a consultas a los líderes partidarios. Lo que hizo fue encargarle al cabecilla del PRI, el señor Ochoa, que convocara a los dirigentes de todos los partidos. Claro que sólo sus aliados de bolsillo acudieron a la cita. Así no debería trabajar un presidente que quiere ser líder después de cuatro años de no poder serlo.

Hay una gran diferencia entre la unidad de acción que requiere la embestida de Trump y la uniformidad que se exige desde Los Pinos. El primer punto de un acuerdo verdadero tendría que ser la sinceridad pero Peña ha estado mintiendo recientemente en asuntos importantes. Negó categóricamente que Trump le hubiera mencionado que la autoridad mexicana no puede con la delincuencia organizada y necesita la participación estadunidense, tal como había sido filtrado por la Casa Blanca. Luego mandó decir que no graba las conversaciones telefónicas con otros jefes de Estado o de gobierno, lo cual no se lo cree nadie. Y si así fuera, tendríamos algo peor: la estupidez de un gobernante que no lleva registro de sus relaciones personales del más alto nivel. Después ordenó declarar que el gobierno mexicano iba a indagar acerca de la filtración de la llamada telefónica, lo cual es ridículo por imposible. Antes, Peña había dicho que el tema del muro ya no sería tratado en público por ambos presidentes, lo cual no fue desmentido por el vocero de la Casa Blanca, pero Trump sigue haciendo propaganda de su proyecto mientras Peña evade el debate directo. El presidente de EU así seguirá porque está en una lucha. ¿El presidente de México también está luchando? En Los Pinos nadie entiende que muchas cosas han cambiado y que hace falta otra política.

Peña asiste con frecuencia a actos y ceremonias de otros. Él casi no convoca a reuniones, mucho menos a actos multitudinarios, como podría hacerlo un líder político cuyo país está siendo agobiado por el gobierno de Estados Unidos. Lo que dice todos los días es que la unidad no sería alrededor suyo sino de México, pero no aclara que sí pretende establecer el marco de esa unidad, es decir, aspira a la uniformidad, la cual consistiría en que no se criticara al gobierno para no debilitarlo ante el de EU, lo que resulta imposible.

Tampoco es viable tal unidad de acción si no hay acuerdo sobre qué cosa se tiene que hacer. El gobierno ha convocado a cúpulas empresariales y sindicales a consultas sobre posibles reformas del TLC, pero ese no es un tema que sólo interese a tan distinguidas personas. Es un asunto de todo el país y, en el nivel institucional, del Senado de la República. Aquel cuarto de al lado oficial no será de seguro un medio para lograr la unidad sino para promover disidencias.

Si Peña quiere seguir tratando asuntos nacionales en cuartos cerrados con los miembros del gobierno de Trump y con éste mismo sin ser sincero con su propio país, lo que va a lograr es que su 12% de aceptación siga bajando. A ningún mexicano, por más odiosos que considere que son sus gobernantes, le ha de gustar que los ninguneen o se burlen de ellos los representantes de otro país, peor aún cuando ése es Estados Unidos con quien existen muy viejas rencillas y una vecindad no siempre amistosa.

Si no se abre por completo el ostión para que todos sigamos con exactitud y verdad el estado de la relación entre ambos gobiernos y el debate sobre qué hacer a cada paso, México se dividirá más en lugar de unirse en una acción defensiva frente a la arremetida de Donald Trump. El gobierno de Peña Nieto tiene en sus manos la decisión.

Cobro del botín

Si no quieres pagar ni vengas a Washington, en pocas palabras fue lo que le dijo Donald Trump a Enrique Peña Nieto temprano de mañana el jueves 26 de enero, a través de un twitt, luego de lo cual el presidente de México envió a la Casa Blanca un mensaje formal, anunciado en otro twitt, cancelando la entrevista que había sido fijada para el próximo 31 de enero. No es mentira que Trump sea un patán, además de otras muchas cosas.

Según Trump, a partir del inicio de las obras tendientes a completar el muro fronterizo sur de Estados Unidos, México se convierte en deudor de los gastos, es decir, se trata de un empréstito forzado para cubrir el costo de la obra o del reclamo de una indemnización por algún daño o perjuicio. Aquí no hay ley alguna.

En su twitt, Trump escribió una primera frase en la que afirma que EU tiene un déficit comercial con México de 60 mil millones de dólares, que el TLC ha sido unilateral desde el principio y habla de “empleos y compañías perdidos”. A partir de estas ideas añade que si México no admite pagar sería mejor cancelar la reunión. Es evidentemente una respuesta al mensaje de Peña de la noche anterior la cual había sido, a su vez, una respuesta a la firma de la orden ejecutiva de construir el muro.

Así, por vez primera, Trump se refiere a lo que eventualmente sería la base de la indemnización reclamada: el déficit estadunidense con México. El nuevo presidente podría estar pensando que los 15 mil millones requeridos para apuntalar y terminar de construir el muro ya existente no son gran cosa comparados con el déficit comercial.

Trump sabe de sobra, sin embargo, que ese superávit comercial mexicano no es propiedad pública y gran parte se compone de las ganancias de compañías estadunidenses que aprovechan las ventajas competitivas de operar en México.

El vocero de la Casa Blanca ha dicho ya que el muro se pagará con un arancel de 20% sobre las importaciones procedentes de México. Eso sería mucho más dinero, en un solo año,  que el costo del muro, pero tampoco lo podría hacer legalmente Estados Unidos pues ambos países, aún sin TLC, seguirían siendo miembros de la Organización Mundial de Comercio bajo la norma de que los aranceles son iguales para todos. Sin embargo,  por lo pronto, los líderes republicanos en el Congreso ya dijeron que aprobarán el gasto con base en la “Ley barda segura” de 2006, aún vigente, que fue aprobada por congresistas de ambos partidos, entre ellos Barak Obama y Hillary Clinton.

En las guerras, los estados vencedores solían fijar y cobrar gastos de guerra a los vencidos. Pero aquí no se ha producido conflicto armado alguno. Al respecto, podría recordarse que la línea fronteriza actual entre los dos países fue trazada por Estados Unidos después de una guerra de expansión territorial. Es decir, la border es suya en todos sentidos. Es irónico exigirle ahora a México que pague el costo de la muralla de separación con el territorio que le fue expoliado.

El planteamiento de Trump es falso porque el muro en sí mismo no afectaría el comercio entre los dos países. El muro es absolutamente independiente del déficit comercial estadunidense, tanto del actual como del que llegue a tener en el futuro. No obstante, si México fuera unilateralmente “expulsado” de la OMC por parte de Estados Unidos y este país le impusiera la tarifa arancelaria del 20% ya anunciado por un tal Spicer en nombre de Trump, entonces no se resolvería ni lo del muro ni lo del TLC sino que se iniciaría una subversión del comercio mundial, una guerra arancelaria que sería la más estúpida (por sus motivaciones, en este caso el muro) de cuantas ha conocido el capitalismo.

Tampoco serviría el muro para detener el tráfico de drogas hacia el norte como ya se ha visto.

Las armas procedentes del norte pasan por los puestos fronterizos mientras que los terroristas procedentes del extranjero ingresan de cualquier manera.

Finalmente, Trump dice que el muro protegería a México de los emigrantes centroamericanos, pero esos no quieren venir sino ir a Estados Unidos, es decir, según Trump, dejarían de llegar millones de personas procedentes de Centroamérica. Ya se sabe que la emigración de mexicanos sin visa ha ido en descenso y que el número de deportaciones ha ido en aumento: Obama deportó más de dos millones de mexicanos en mandato y el año pasado fueron más de 200 mil. Mas también se sabe que los turistas mexicanos gastan en Estados Unidos 20 mil millones de dólares cada año, casi lo mismo que el monto de las remesas de trabajadores mexicanos.

El muro es una estupidez si se le analiza desde el lado de lo que afirman sus autores, los de antes y los de ahora. Pero no lo es desde el ángulo de la xenofobia. En realidad, quieren convertir la línea divisoria en una muralla que señale con absoluta claridad que detrás de ella hay una autoridad que odia recibir a cierto tipo de personas. Los mexicanos y los centroamericanos están entre los más indeseables para gente como Trump, según hemos podido advertir. Esto no es nuevo pero no se había expresado tan claramente desde la Casa Blanca.

Así que el “derecho de cobro” es producto de la xenofobia aunque se exprese ridículamente en un lenguaje comercial de parte de un comerciante que da órdenes ejecutivas. Con el cobro, se le dice a México: tú eres el culpable del repudiable asedio sobre mi frontera por lo cual tú mismo pagarás el costo de la muralla.

Mas Trump quiere hacer también unos muros internos: ha ordenado que la autoridad federal organice a los vecinos de ciertos barrios para denunciar a los indocumentados y poder arrestarlos en sus viviendas. Ha penalizado a las ciudades y pueblos “santuarios” cuyas autoridades no entregan a los indocumentados a la Migra, la cual será también fortalecida en la frontera y tendrá capacidad para albergar a muchos más que los 40 mil detenidos que ahora retiene simultáneamente en vía de deportación.

Mientras, estamos esperando que Mr. Trump firme otro papel para dar inicio al procedimiento de denuncia del “unilateral” (one-sided) TLC (NAFTA) que abarcaría seis meses de negociaciones, reales o supuestas, según el clausulado vigente.

Trump también es neoliberal

El nuevo presidente de Estados Unidos postula el mismo molde neoliberal ya conocido: mucho mercado, poco Estado. Lo que adereza Donald Trump es una lista de remedios y remiendos a las concesiones que se les han dado a los tibios defensores del Estado social y a algunas cláusulas del comercio libre que han afectado por temporadas tanto al mercado de trabajo industrial como a la masa de ganancia que paga impuestos en Estados Unidos. Por otro lado (eso sería un análisis aparte), Trump también es portavoz de críticas y censuras a la política exterior de Obama.

El golpe principal que Trump quiere dar consiste en bajar los impuestos a los ingresos medios y altos, aunque el esquema fiscal actual fue producto de una negociación de Obama con los republicanos, severamente criticada por Bernie Sanders en el Senado el 10 de diciembre de 2010, mediante una célebre intervención que duró 8 horas continuas.

Se supone que el planteamiento fiscal de Trump generaría una mayor inversión y, con ello, empleo y crecimiento. Lo que no admite el pequeño grupo de neoliberales reaccionarios del entorno del nuevo presidente es que eso provocaría aumento de la inflación, elevación del rédito y mayor déficit fiscal. En realidad, a diferencia de los países pobres, EU no tendría porqué crecer a tasas mayores sino mantenerse entre el 2 y el 3% al año, lo que sería razonablemente sano.

Veamos porqué. Estados Unidos está muy cerca de lo que se considera como pleno empleo. La masa de desocupados no podría reducirse mucho porque ya está compuesta en su mayor parte de personas que trabajan una parte del año o que no pueden o no quieren trabajar por muchos motivos; es una sobrepoblación flotante.

Si Trump consiguiera, como se espera, el apoyo de todo el Partido Republicano para llevar a cabo un gran sacrificio fiscal a costa, naturalmente, del gasto social, los recursos retenidos por los causantes no se trasladarían a la inversión productiva sino que terminarían sobrando, lo cual presionaría los precios a la alza.

Para dar consistencia a su lista de remiendos, Trump presiona para que las grandes compañías manufactureras, tanto estadunidenses como de otros países, que producen en parte para el gran mercado de Estados Unidos, mantengan un alto porcentaje de inversión dentro del territorio de dicho mercado doméstico. Trump dice que eso es para defender el empleo industrial que se ha ido pero, como hemos dicho, eso no es tan cierto en tanto que en este momento el país se acerca al pleno empleo agarrado de la gran palanca de los servicios (sector terciario).

Para Trump, el TLC (NAFTA) fue un gran error porque Estados Unidos perdió empleos en tanto que numerosas industrias se establecieron en México y varias compañías manufactureras de otros países se instalaron al sur para vender su producción en el norte a través de una “frontera desordenada”. Eso tampoco es tan cierto porque la mayoría de “empleos perdidos” están en Oriente, en países con los cuales EU no ha tenido tratado arancelario.

Hay algunos neoliberales de ambos países que están de acuerdo con Trump cuando éste afirma que, en la negociación del TLC, los funcionarios mexicanos fueron muy listos y los estadunidenses muy tontos.Pero no se toma en cuenta la desindustrialización que sufrió México, la sustitución de producción interna por exportaciones, la renuncia al desarrollo de tecnología propia, así como varios desastres en el campo mexicano. Es verdad que la balanza comercial de México con Estados Unidos cambió de sentido, el déficit es ahora del vecino del norte, pero eso no significa un fortalecimiento del mercado interno mexicano ni un desarrollo industrial firmemente anclado en el país: no es la historia de Japón. México es “potencia” manufacturera principalmente como maquilador y ni siquiera ha logrado los progresos de otros países como los “emergentes” de Oriente: casi no hay nueva tecnología propia, como tampoco marcas mexicanas de máquinas ni de software. El verdadero dilema para México no era firmar o no un tratado con Estados Unidos y Canadá sino qué clase de acuerdo debía ser. Es evidente que no fue el mejor posible porque el gobierno mexicano (Salinas) había impuesto antes la apertura comercial unilateral para tratar de controlar la inflación: no tenía ya mucho que negociar.

Trump no está de acuerdo con el TLC porque él representa a los industriales estadunidenses que salieron perdiendo, a los fabricantes de “equipos de aire acondicionado”, por repetir sus propias palabras. Sin embargo, presiona más por ahora a la industria automotriz porque ésta es más vulnerable y tiene empresas muy grandes. La amenaza propiamente arancelaria suena sin embargo irrisoria pues no existe en Estados Unidos alguna tasa de 35% para miembros de la Organización Mundial de Comercio, por lo que un nuevo impuesto de este tipo tendría que ser aplicado por EU prácticamente a todo el mundo. BMW, por ejemplo, podría exportar sus autos “mexicanos” de la misma forma que lo hace con los que envía desde Alemania y de igual manera reduciría costos. Lo que quiere Trump es obligar a México a renegociar el TLC, cambiar las reglas de origen y dar capacidad para introducir excepciones, así como revisar convenios sobre la no-doble tributación,  entre otros aspectos. Eso sería un esquema defensivo para Estados Unidos con el cual la economía más pequeña haría las concesiones más grandes: la misma historia.

El neoliberalismo no es la plataforma de la economía globalizada sino que asume a ésta como una gran obra del capital financiero internacional al cual expresa doctrinariamente. Los neoliberales pueden volver a los aranceles en determinado momento, tal como los han mantenido con muchas otras economías. Una mayoría británica despreció a Europa y logró el Brexit pero no ha denunciado al neoliberalismo. Si EU no se pone de acuerdo con la Unión Europea para un tratado es porque no han resuelto sus diferencias, como es obvio, y no porque se quiera obstruir el comercio en general. Hoy tenemos a unos neoliberales que critican la globalización en aspectos que les parecen menos ventajosos: son nacionalistas pero no han dejado ser imperialistas.

¿Hasta dónde irá Trump? Él no cuenta con un grupo político bien integrado y organizado. Llegará hasta donde lo dejen Wall Street y la cúpula política del Partido Republicano.

Canallada política

Lo que se acordó en Los Pinos no ha tenido ninguna importancia, pues la disminución del 10% a los sueldos de mandos superiores de la administración pública ya había sido anunciada en otro contexto. La imagen del CCE, la CTM y la CNC es un retro de una foto de familia de viejos tiempos. Nada más.

Lo que está empezando a suceder es la venta del kilogramo de tortillas a 15 pesos y una cascada de aumentos en alimentos que es imposible controlar por parte del gobierno, el cual afirma sin embargo que la subida de precios tendría que ser de uno por ciento en correspondencia al gasolinazo. Nadie aumenta precios sólo en ese porcentaje, pero, además, la causa es el acumulado del encarecimiento de los energéticos y, principalmente, del proceso devaluatorio que ya lleva 70% desde el inicio de la presente administración. No tendría el menor sentido hablar de quitar el subsidio (nunca demostrado con cuentas concretas) a las gasolinas para subsidiar directamente el transporte de personas y mercancías. El incremento del precio del combustible no puede dejar de repercutir en el esquema general de costos porque ya se hizo súbito y es mayor. El gobierno afirma que más de la mitad de la gasolina es consumida por el 10 por ciento de la población pero no es así con el diésel. Casi todo lo que se produce requiere ser llevado a otro lugar.

Se ha criticado al gobierno de Peña por no haber anunciado y explicado el gasolinazo con anticipación. Ese no fue su problema. Al contrario, tal conducta le permitió sorprender. Lo que le resulta contraproducente al gobierno es que sus argumentos son falsos. Cuando el crudo en el mundo pasó de 100 a 40 dólares por barril, la gasolina y el diésel en México no bajaron de precio. El combustible mexicano no se ha vendido por debajo de su costo de producción ni de su precio de adquisición mayorista en el extranjero, por tanto, el llamado subsidio es lo que deja de cobrar el gobierno de IEPS debido al carácter importado de la mayor parte de las gasolinas. El problema de fondo es la negativa, durante 30 años, de invertir en nuevas y modernas refinerías prefiriendo pagar impuestos en Estados Unidos antes que en México. Es un problema del modelo neoliberal que busca replegar al Estado y promover el llamado libre comercio, pero, en los hechos, se ha arrugado al país y se ha agotado el mercado interno. Además, no existe seguridad energética, la cual, entre tanto, Obama la restableció en Estados Unidos.

Lo que el gobierno de Peña está haciendo es aumentar ingresos públicos por la vía de ciertos precios, lo cual es una canallada política en cualquier parte del mundo. El dinero adicional procedente de las gasolinas será usado para dar cobertura al buscado superávit primario, es decir, cubrir con suficiencia relativa el costo financiero de la deuda, la cual se ha tornado excesiva pero por decisión del mismo gobierno quien la elevó demasiado no obstante el bajo crecimiento de la economía, que ha sido, a su vez, el mayor fracaso de la presente administración. Para el presente año, todo será peor: el PIB no llegará ni al uno por ciento de aumento. El país se encuentra ya virtualmente en recesión; todos lo sabemos excepto el gobierno que no quiere saberlo.

Peña-Meade-Videgaray buscan ahora estabilizar la deuda haciendo otra vez la peor cosa en el peor momento. El gobierno anticipa la búsqueda de dinero donde no lo hay, es decir, en el consumo interno de la mayoría, los bienes-salario, los cuales terminarán también aumentando de precio. La repercusión directa del encarecimiento de las gasolinas tendrá de seguro un costo mayor a los 200 mil millones de los que habla Peña en referencia al inexistente subsidio efectivo del combustible, pero ése lo pagarán principalmente quienes menos tienen, los consumidores de la mayor parte de los alimentos que se producen en el país y los usuarios del transporte público de automotores.

Es infamante decir que sin el gasolinazo habría que cerrar escuelas públicas (Nuño) o dejar de cubrir las pensiones y jubilaciones (Arriola). ¿Puede un gobierno cualquiera hacer eso? ¿De qué hablan los gobernantes mexicanos? Quien hace canalladas suele explicarlas con bajeza.

Del desmadre al enredo

El gobierno de Peña Nieto es un desmadre pero ahora se ha enredado, como era de esperarse. Ningún gobierno hubiera querido “liberar” el mercado de las gasolinas, dijo el Presidente, pero el mío lo tuvo que hacer, agregó, de tal forma que ese gobierno en realidad no lo es. El motivo es mantener la estabilidad económica del país, pero eso es justamente lo que está empeorando con la especulación del combustible. El principal elemento de la estabilidad son los precios, otros factores pueden tener importancia pero no tanta.

Peña Nieto no mencionó en su enredo discursivo que el impuesto IEPS no se paga en el extranjero sino sólo dentro del pais, pues no es un gravamen a la importación sino a la producción. Por eso se dice que existe un IEPS negativo, pero así será siempre que no haya suficiente gasolina producida dentro del país. A pesar de que el combustible no está comprendido en el TLC (NAFTA), su importación no ha estado gravada. Son otros impuestos los que operan en el mercado de la gasolina de importación, los cuales pueden armonizarse para lograr la estabilidad y sobre todo un precio congruente con la economía.

Pero el gobierno no sólo se niega a aceptar que la mejor forma de estabilizar fiscalmente a las gasolinas es produciéndolas en México, sino que también regula mal ya que los incrementos de precios fueron friamente calculados por las autoridades. Peña-Videgaray-Meade están en la necedad de que los importadores sean varios y se “supere” de tal manera el monopolio comercial de Pemex. Lo que en realidad se busca –lo hemos dicho desde hace tiempo– es acabar con esa empresa pública aunque tenga que ser poco a poco, para lo cual puede ser que les falte vida política a los privatizadores de la industria y los yacimientos. Ya se verá pronto.

El grupo que ostenta los cargos de gobierno hace las peores cosas en el peor momento. Esa debería ser una nueva definición de la palabra desmadre dentro del diccionario mexicano.

Justo cuando se firman concesiones a empresas extranjeras para explotar yacimientos de hidrocarburos le imponen al país un sobreprecio a las gasolinas, aunque éstas no tienen porqué ser más costosas en México que en Texas, lo cual es parte del enredo de Peña Nieto pues él no ha sido capaz de explicar cómo es que tal cosa puede ser posible.

Peña no ha podido decir en pocas ni en muchas palabras (en realidad no explicó nada) de qué manera se salvará el país pagando más por las gasolinas. Sólo dijo que el principal autor del gazolinazo, Luis Videgaray, será ahora secretario de Relaciones Exteriores, pero sin decir que esto se debe a su proximidad con parte del entorno político de Donald Trump, lo cual convierte la designación en algo dirigido a satisfacer a un gobierno extranjero.

Para desenredar la situación se requiere que el pueblo (concepto sociológico en desuso) le haga entender a Peña Nieto que no puede seguir haciendo lo que él no quiere hacer pero que ya hizo, es decir, elevar el precio de las gasolinas, menos aún cuando el incremento empezó hace 10 años y ya lllevamos 150%. Pues bien, como se ha colmado la paciencia de la gente, el gobierno debería detener el proceso de incorporación de las nuevas empresas o cambiar las reglas bajo las cuales han sido convocadas a concurrir en un mercado que empieza en el mayor desorden posible, es decir, con el aumento grosero de los precios.

Ya se han convocado manifestaciones populares. Lo que la situación requiere es que éstas se conviertan en algo permanente, es decir, en un movimiento con acciones pacíficas diarias, grandes y pequeñas, por todas partes. Un gran movimiento podría ubicar al gobierno en la circunstancia de detener su ofensiva de precios o irse. Estas cosas así se resuelven o no se resuelven. Esperemos que todo vaya bien y que si no cede el gobierno se establezca uno nuevo que sí sepa ceder. Sería lo mejor para México.

En México no hay rebelión

Desde la fundación del México republicano se ha asignado al Presidente la obligación de disponer de las fuerzas armadas para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Ya desde Apatzingán (1814: art. 160) se hacía este planteamiento. El Acta Constitutiva de la Federación de 1824 (art. 16) fijó la redacción actual. El único cambio ha sido (2004) agregar la obligación presidencial de preservar la “seguridad nacional” según ley expedida por el Congreso, con el fin de dar cobertura jurídica al CISEN y a la “inteligencia” gubernamental, pero se dejó igual el resto de la fracción VI del artículo 89 de la Carta Magna.

Si durante casi 200 años no ha sido necesario hacer una interpretación del término “seguridad interior”, ¿qué lo requiere ahora? El gobierno y los militares están viendo esa fracción VI como si ahí estuviera una facultad conferida a las fuerzas armadas, pero eso no es verdadero. Lo que tal precepto establece es una obligación del Presidente de la República de usar la fuerza armada para la seguridad interior de la Federación es decir, del poder constituido en el país, frente a rebeliones armadas. Aquí se encuentra una de las dos funciones del Ejército y la Armada: defender al poder, impedir su derrocamiento violento. La otra es rechazar una agresión extranjera, tal como el mismo precepto constitucional lo refiere bajo el término de “defensa exterior”.

¿Para qué hacer una ley que convierta al Ejército y la Armada en cuerpos policiales? Pues para otorgarles facultades que no tiene la policía y que serían contrarias a los derechos fundamentales y sus garantías, establecidas en la Carta Magna. Eso es lo que se busca.

El fracaso del gobierno se ha convertido en ocasión para otorgar a las fuerzas armadas las prerrogativas que éstas han estado exigiendo, tales como retención de detenidos, intervención de comunicaciones, acceso a datos protegidos, detenciones sin orden judicial, etcétera. Es la “guerra” que fuera declarada por Calderón. Sin embargo, la crisis de violencia que padecemos es otro fenómeno.

Bajo un Estado de derecho el gobierno no puede declarar la guerra a sus propios ciudadanos que no están levantados en armas, sino que frente a la violencia debe otorgar garantías a todos para que la ley se cumpla y se logre defender a la sociedad, en especial la vida de las personas. La idea de esa falsa guerra es tan odiosa porque atenta contra los derechos humanos.

Calderón pidió al Congreso allanamientos y detenciones sin orden de juez. “La chota en tu casa”, le llamé entonces. La Cámara de Diputados ya las había aprobado cuando en el Senado ocurrió un milagro el día de su discusión y el precepto regresó a San Lázaro donde finalmente se declaró rechazado. Ahora lo está planteando el PRI, con el recíproco apoyo del PAN, bajo el pretexto de que los militares ya que no están de acuerdo en seguir siendo policías si no se les garantiza impunidad.

Lo ha dicho a su modo el general secretario, Salvador Cienfuegos. Él afirmó que los militares podrían preferir ser acusados de desobediencia a tener que enfrentar procesos por delitos relacionados con violación de derechos humanos. Dijo que les podía salir más barato. Es decir, que por cumplir órdenes se atropellan derechos. Pero entonces la solución debería consistir en que no se emitieran órdenes contrarias a la ley y se respetara a los seres humanos. Nada más elemental bajo un Estado de derecho.

El proyecto del PRI para otorgar preeminencia inconstitucional a los militares debería transmutarse en una reforma para instaurar en las leyes el protocolo de relación entre militares y población civil como ya lo había intentado la Armada de México. Tlatlaya es el paradigma de ejecuciones de “rebeldes” que aun en la guerra están absolutamente prohibidas.

Al mismo tiempo, el artículo 129 constitucional señala que en tiempo de paz la autoridad militar no puede ejercer más funciones que las militares. En México no hay guerra interior ni con el exterior. El mismo jefe del Ejército admite que no están actuando como soldados y, por tanto, se encuentran al margen de la Constitución, pero pide una ley que resuelva el problema. Pues no, no se puede. Se tendría que hacer una subversión de la Carta Magna para inventar una institución que fuera, al mismo tiempo, policía y ejército, pero además al margen del respeto de los derechos de la gente. En esto último estriba en realidad el mayor problema.

Habría sin embargo una solución aunque diferente a la que se pide ahora. Debería revisarse la última minuta sobre el tema, enviada por el Senado a la Cámara e ilegalmente congelada por ésta, pues nunca se votó en San Lázaro debido a la inconformidad de los militares y de Calderón.

País a la venta

La inversión extranjera directa no es despreciable de por sí. El problema es que el Estado, administrador por cuenta de la nación de los yacimientos de crudo y gas, decide traspasar parte de esa riqueza a empresas privadas. Los inversionistas van tras un 40 por ciento del valor del producto. Pero México podría ir por toda la ganancia y, además,  desarrollaría la ingeniería y la tecnología que tanto hace falta en un país atrasado.

Dos de las asignaciones en la zona marítima conocida como Perdido han sido otorgadas a consorcios en los cuales Pemex es socio minoritario. En una de las áreas ya se han hecho trabajos de exploración, la inversión es por tanto muy segura. Los nuevos socios mayoritarios de Pemex en esos proyectos serán la australiana BHP Billington, para el campo Trión (120 mil barriles diarios), y Chevron (EU)-Inpex (Japón).

Las otras trasnacionales beneficiadas con siete contratos adicionales, agrupadas todas ellas en diferentes consorcios, fueron: Statoil (Noruega); BP (Gran Bretaña); Total (Francia); ExxonMobil (EU); Offshore Oil Corporation (China); PC Carigali (Malasia). Ha sido un festín para esas empresas las cuales ampliarán sus operaciones hacia la zona sur del límite internacional marino del Golfo de México.

Todo lo que se pueda hacer con esos nueve contratos para aguas profundas pudo haber sido planeado hace diez años exclusivamente por Pemex de tal forma que ya estarían en actividad varios campos. Pero durante ese lapso el Estado mexicano, sus grupos políticos decisorios, se dedicaron a ponerse de acuerdo poco a poco hasta que al final definieron la forma exacta en que privatizarían los yacimientos de hidrocarburos. Mientras, siguieron dejando a Pemex sin recursos propios con el fin de que contratara empréstitos que en los hechos y en forma ilegal financiaran el gasto corriente del gobierno. La empresa petrolera estatal mexicana fue ahorcada también para justificar las actuales subastas petroleras a favor de trasnacionales. Sin embargo, al día siguiente de la asignación de nuevas áreas Pemex lanzó una oferta de deuda para obtener 4 mil millones de dólares pero contrató 5 mil 500 de una demanda de 30 mil. El petróleo sigue siendo negocio aunque el gobierno federal ya no lo quiera operar. Los inversionistas privados se arrebatan los papeles.

La política petrolera del gobierno es una de las formas de poner un país a la venta pues se trata de bienes nacionales no renovables (crudo y gas) cuyos precios son variables y constituyen además reservas de largo plazo. Aunque sea una enajenación parcial, ya que una parte del dinero se quedará como impuestos y otros ingresos, no se puede ocultar el carácter de venta de los yacimientos. Los contratos se firman con una duración que está determinada por la existencia productiva de los pozos y el número de éstos en cada depósito natural será el necesario para extraer todo el hidrocarburo posible. Es evidente que el yacimiento es lo que se está vendiendo con independencia de la forma de determinar el precio del mismo.

El problema no termina ahí. La concesión a las trasnacionales implica que México renuncia a un desarrollo de la ingeniería en general y de la tecnología petrolera. Un país atrasado debe usar sus riquezas naturales no sólo para el gasto social sino principalmente para construir las estructuras productivas permanentes a través de las cuales se forjen trabajadores más productivos y con mayores ingresos. Lo que México requiere no sólo es vender materias primas sino transformarlas y aprender a producir más y mejor. Esa no es la política del gobierno.

La subasta de yacimientos ha sido presentado como un respaldo del “mercado” a México como economía y como gobierno. Eso lo ha dicho el secretario Meade, pero no es más que propaganda. Las trasnacionales han venido a hacer negocios altamente redituables –eso es lo suyo– aprovechando el entreguismo del PRI y del PAN que fraguaron todo a espaldas al país. Como la Suprema Corte negó la consulta popular sobre la reforma energética, solicitada separadamente por el PRD y Morena, la nación fue ubicada en situación de indefensión, pero sólo por lo pronto, es decir, mientras no sean removidos del poder ambos partidos causantes del innecesario e inicuo remate de bienes de la nación.

Cuba, Fidel Castro, el mundo

Fidel Castro murió exactamente 60 años después de haber zarpado de Tuxpan rumbo a Cuba para intentar por segunda vez dirigir una revolución. Seremos libres o mártires, dijo varias veces.

La anhelada verdadera independencia nacional de Cuba era el objetivo principal de los rebeldes, la cual se logró pero en medio de un estado de guerra permanente. “Primero se hundirá esta isla en el mar antes de ser esclavos de nadie”, exclamó Fidel ante su pueblo y el mundo.

Con un solo decreto, Fidel Castro nacionalizó todas las empresas estadunidenses que operaban en la Isla como enérgica respuesta a los actos de sabotaje llevados a cabo por la CIA. Estados Unidos había empezado una guerra y Cuba no podía rendirse.

Después del fracaso del desembarco de Playa Girón, lo que se esperaba era una invasión norteamericana directa, la misma que había sido planeada para cuando los expedicionarios cubanos formaran un gobierno provisional en cualquier población remota de la Isla. Por ello se emplazaron en Cuba misiles nucleares soviéticos. Al final, para evitar un catastrófico conflicto mundial, las dos grandes potencias (Jrushchev y Kennedy) convinieron que no habría invasión estadunidense a cambio del retiro de los cohetes, pero no se cancelaron el bloqueo y el asedio. Así, hasta ahora.

En todos estos años en Cuba no ha habido libertad de asociación ni de prensa. Se trata de una muy sensible falta de derechos fundamentales. La posición de Fidel Castro y sus compañeros consistió en que Estados Unidos patrocinaría los medios de comunicación y los partidos políticos. ¿Era esto cierto? A juzgar por la forma en que el gobierno norteamericano agredía a Cuba, no tendría que haber duda de que unos cuantos millones de dólares de más hubieran valido la pena para comprar políticos y periodistas sacados de ser necesario hasta de abajo de las piedras. Como ridícula paradoja, la “libertad de prensa” ha llegado a Cuba mediante las frecuencias de Radio Martí que transmite desde Florida el mensaje de otro gobierno, el de Washington. El problema mayor fue sin embargo la falta de libertad de manifestación de ideas de quienes estaban con la revolución. La férrea disciplina revolucionaria eclipsó al pensamiento crítico. Esa es toda una historia.

Siempre que el gobierno de EU emprendía una agresión, Fidel respondía. Jamás se quedó sin actuar. “Señores imperialistas: no les tenemos absolutamente ningún miedo”, decía un gran letrero puesto enfrente de la oficina de intereses norteamericanos en el malecón de la Habana. Pero, ¿cuáles eran los “intereses” de Estados Unidos en Cuba si los ciudadanos de aquel país ya no tenían propiedades en esa isla? La clase política estadunidense, algunas empresas internacionales y una parte del exilio cubano siempre han buscado revancha. Y en eso siguen a pesar de las relaciones diplomáticas restablecidas por Obama.

La influencia política de Cuba llegó a ser tan grande que se conformó una corriente política latinoamericana, más allá del guerrillerismo, con el sello de Fidel y el Che. Varios países y movimientos que habían luchado y seguían luchando por su independencia y su posterior autodecisión acudían al llamado del gobierno cubano. Fidel convocó exitosamente a una conferencia tricontinental. La Habana era uno de los centros de resistencia al imperialismo, el injerencismo, el intervencionismo y la agresión que formaban y aún forman parte de la política del gobierno de Estados Unidos. La exitosa defensa militar de Angola ante al gobierno racista de Sudáfrica fue el lance de mayor relevancia internacional de Cuba pero no el único. Por otro lado, dos señaladas incongruencias de Fidel fueron su respaldo a la invasión de Checoslovaquia (1968) y su justificación de la ocupación de Afganistán (1979), ambas realizadas por la Unión Soviética: el interés de Estado impidió la defensa de principios originales. Así andaban las cosas entonces.

Fidel Castro era también un exponente del poder dictatorial. Los políticos norteamericanos y no pocos de sus aliados en el mundo entero, en primer lugar las criminales dictaduras en América Latina y los grandes medios de comunicación,  siempre presentaron al líder cubano como un conspirador contra el “Mundo Libre”, lo cual era imposible negar, pero también como un despiadado represor de su propio pueblo. Nadie podría sostener que en Cuba no ha habido represión política, pues sería casi el único país del mundo en carecer de dicho instrumento de gobernanza, pero tampoco fue documentada la existencia de ejecuciones por motivos políticos, torturas y encarcelamientos masivos, prácticas características de gobiernos castrenses y de algunos otros de carácter civil. En marzo de 1959, dos meses después del arribo de Castro Ruz al poder, el presidente de México, Adolfo López Mateos, encarceló en un solo día a cinco mil trabajadores ferrocarrileros que estaban en huelga, cuyos líderes fueron mantenidos en prisión durante más de dos lustros. Nueve años después, Díaz Ordaz masacró estudiantes en Tlatelolco ante el completo soslayo de Cuba y de casi todos los demás gobiernos en aquel mundo donde nadie admitía que en México había un sistema dictatorial o por lo menos represivo. Pero lo había, sí.

Los problemas económicos de Cuba no se han debido siempre al bloqueo estadunidense. Hace años publiqué en La Jornada un artículo intitulado “¿Senilidad de la revolución?” que contenía una crítica del sistema económico de Cuba, por el cual recibí algunas majaderías de parte de ciertos castristas dogmáticos con quienes era imposible discutir el asunto en el marco de una mínima honradez intelectual de su parte. Según ellos, había que sostener que el bloqueo era la causa de todo problema pues de lo contrario se le hacía el juego al imperialismo. El tema de la economía está ahora en boca de todos en Cuba mientras en el resto del mundo se esperan anuncios al respecto.

Hay muchos libros sobre Cuba y su líder. Cuando los archivos se abran por completo otros autores podrán redactar la historia de esa isla. Mas lo que no admite duda es que Cuba está adelante dentro del Tercer Mundo en educación, vivienda, salud e igualdad económica, y que siendo un país pequeño ocupó un relevante papel en el mundo, todo ello bajo la dirección de un rebelde de nombre Fidel Castro.

Absolución del aborto

El pontífice máximo de la Iglesia Católica ha concedido a todos los sacerdotes la facultad de absolver a quienes hubieran procurado un aborto. Se trata de una decisión permanente, una prórroga indefinida de lo que había sido establecido por el mismo Papa sólo para un año, el de la misericordia, recién concluido. Además, el perdón del aborto ha de ser “omnicomprensivo”, es decir, abarcará a todas las personas que hubieren intervenido en la interrupción del embarazo, esposos, familiares, enfermeras, enfermeros, médicos, etc.

Como se sabe, el aborto es un pecado grave en la Iglesia Romana. Bajo la política de misericordia promovida por el actual pontífice católico, Francisco, el interrumpir de manera voluntaria un aborto no dejará de ser el mismo pecado que antes pero en lo sucesivo podrá ser perdonado por cualquier sacerdote y no sólo por un obispo bajo condiciones extraordinarias. Cada aborto ya será, por tanto, una conducta posible de ser perdonada a juicio de cualquier ministro de culto católico.

El pontificado de Francisco se ubica de esta forma en el mismo nivel que los países donde se perdona el aborto, aún considerado como delito, tomando en cuenta las condiciones bajo las cuales se realiza. Ese fue el primer paso que se tuvo que dar en muchos lugares donde ahora el aborto ya es considerado como una decisión de cada cual.

Roma se incorpora de esta manera al inicio del proceso de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y, por tanto, del reconocimiento pleno del derecho de las mujeres sobre el libre uso de su propio cuerpo, lo que incluye la maternidad libre, es decir, no obligada por la condición de sexo como fue durante milenios. Las mujeres no están ya sometidas a una condición de reproductoras, de receptáculos de la semilla masculina para la perpetuación de la especie humana y de la estirpe de los dominantes.

Francisco ha tocado un punto que siempre fue en extremo delicado desde un punto de vista teológico. Él lo aborda por el lado de la misericordia. Sin embargo, deja planteado dentro de la Iglesia Católica un asunto de mayor fondo: los derechos de las mujeres.

El actual pontífice máximo quizá no podrá concluir su obra consistente en reconocer que la iglesia romana “no es nadie para juzgar” las preferencias e inclinaciones del prójimo, lo cual habrá de ser finalmente la gran reforma eclesial que coloque al sacerdocio en pié de igualdad con los demás individuos que son entre sí iguales según el Estado moderno laico. Empezar a despojar al clero de su condición de representante de la divinidad será sin duda una reforma que, sin negar la teología, admita ubicar a las personas en el plano en que las ha puesto la doctrina de la igualdad humana. Esto tendría que abarcar también la igualdad entre hombres y mujeres, lo cual es harto complicado en el seno de una clerecía masculina.

Hasta hace poco, especialmente con motivo de enérgicos pronunciamientos episcopales sobre aborto y matrimonios igualitarios, no se había visto una vereda hacia la humanización del clero, su despojo de las prendas divinas con las que se arropa para enjuiciar en forma inapelable la totalidad de las acciones de los seres humanos y para condenar bajo sus propias y exclusivas leyes.

Francisco, quien conoce muy bien la arrogancia sacerdotal de una representación divina depositada en individuos hombres profesionalmente capacitados para profesar el Evangelio, implora la misericordia, la reconciliación y el perdón, principios católicos, para avanzar en la desestructuración de aquella divinización del sacerdocio masculino en aras de volver a integrar a los curas, los cuidadores, a la sociedad de la cual se han desprendido inmisericordemente.

Más interesante aún es que Francisco se esté ubicando en mejor posición que los reaccionarios panistas y priistas, usufructuarios del Estrado laico, quienes votan en las cámaras a favor de la persecución penal del aborto.