Valdemar y el clero

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Hugo Valdemar Romero se ha convertido en los hechos en el principal vocero del Episcopado Mexicano. Bajo el cobijo de Norberto Rivera Carrera, cardenal y arzobispo de la Ciudad de México, ha convertido su voz en la del clero católico con la cobertura que le brindan los grandes medios de comunicación.
Este sacerdote sostiene que la homosexualidad se “padece” y hay que “liberarse” de ella, para lo cual recomienda a un psicólogo de apellido Cohen, “quien padeció la homosexualidad y pudo liberarse”, según dijo Valdemar en una declaración hecha ante sí mismo, el Sistema Informativo de la Arquidiócesis, y desde luego difundida por la prensa.
Valdemar no expone una interpretación de los Evangelios sino una ética que promueve la intolerancia y el odio hacia los y las diferentes. Lo ha hecho con los islamistas y, de costumbre, lo hace contra los homosexuales y las lesbianas, a quienes considera contagiados y contagiosos pero, como la cura es una “reorientación a la normalidad” y una “liberación”, según palabras de Valdemar, se trata de arrancar deseos, inclinaciones o lo que sea distinto al paradigma ético que sostiene el sacerdote ¿de cuál iglesia?
Para Valdemar, el matrimonio entre personas del mismo sexo, llamado también matrimonio igualitario, pone en riesgo el futuro de la sociedad, según dijo en reciente entrevista radiofónica. Aunque con confusos y equivocados conceptos, el sacerdote convertido en ideólogo privilegiado del clero católico decía a José Cárdenas que “atrás de todo este tipo de iniciativas hay una teoría e ideología de género (sic), donde se va implementando toda una serie de nuevos valores, falsos valores, que niega la misma antropología y la misma constitución humana de la persona (sic)”.
Valdemar sabe que seguirá habiendo parejas de homosexuales y lesbianas, las cuales no pueden evitarse con la fuerza que hoy tienen los enemigos del respeto a las diferencias, mas lo que él busca, tal como sus mentores, es que tales parejas no se vean, que se mantengan ocultas. Es por ello que el acto civil del matrimonio igualitario se analiza como contrario al matrimonio eclesial católico y los derechos legales de la pareja no heterosexual son inaceptables para ese oscurantismo decaído y vuelto a levantar. Pero, en el fondo, ninguna religión tendría que verse ofendida en absoluto con la legalización de decisiones convenidas entre dos personas cualesquiera que sean su sexo y su preferencia sexual.
Valdemar postula sin recato la ideología de género todavía dominante, la cual es excluyente, maniquea, opresiva, es algo de lo que algunos llaman “dominación masculina” (Bordieu) o, en términos más amplios, “opresión de género” (Pitch), llevada a las leyes modernas por aquel liberalismo que, como parte de su homofobia, replanteó que las relaciones entre hombres eran un delito (sodomía) en el primer código penal de 1835, en Veracruz, y prescribió la pena “de diez a quince años de trabajos forzados” con el propósito de castigar a unos y lograr que otros ocultaran sus preferencias sexuales. Empoderados católicos de inspiración medieval como Valdemar hacían leyes todavía en la primera mitad del siglo XIX, mas los liberales anticlericales las siguieron haciendo por el estilo a partir de la segunda mitad de ese mismo siglo persiguiendo actos sexuales contrarios al “orden natural” (Código de 1871), “antinaturales”, escriben hoy Rivera y Valdemar en su semanario. La homofobia no es exclusiva de sacerdotes. Ahora, cuando la proclama de la modernidad es ya historia, se anatematizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo tal como ocurría en las oscuridades medievales.
Dentro de esta misma discusión, nos enteramos por Valdemar que la Conapred y la Copred (organismos públicos para garantizar la no discriminación) son “instituciones represoras” que “actúan para que encarcelen a los padres de familia que no aceptan la dictadura gay”. Al respecto Valdemar dice que esto es “diabólico”. ¿A que diablo se refiere?
Me niego a creer que todo el clero, por el que habla Valdemar, tenga esas ideas. Me quedo al respecto con un obispo, el de Roma, Francisco, quien en referencia a los homosexuales dijo “¿quién soy yo para juzgarles?”. Algo nuevo tendría que hacer en México el pontífice católico cuando Rivera ya no sea arzobispo en funciones, ya pronto.
 

Presupuesto: los mismos errores

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     Enrique Peña Nieto ha cometido los mismos errores de siempre en materia de finanzas públicas y, en general, de economía nacional. Como consecuencia, el país se encuentra a las puertas de una crisis.

Durante el periodo en curso, como antes, no se ha impulsado la inversión ni se ha iniciado un proceso de redistribución del ingreso. Estos dos errores básicos son la base sobre la que se sustenta el estancamiento económico crónico que padece el país. La reforma energética, en lugar de promover más inversiones, ha provocado su disminución pues Pemex ha sido víctima de un feroz ataque desde la Presidencia de la República, al grado de obligar a su achicamiento: cada día produce menos. La inversión pública en general también ha sufrido porque el gobierno carece de proyectos directamente productivos y se dedica al fomento de ciertas inversiones privadas mediante subsidios nada disfrazados.

Peña dio al principio de su gestión algunas señales de que podría modificar la política económica, al menos en cuanto a la recaudación, pero se limitó a la llamada reforma fiscal, obtenida a partir de algunas de las propuestas del PRD y con el indispensable apoyo decisivo de dicho partido, pero ésta ha sido tan repudiada por capitalistas y altos empleados, así como por el PAN, que Peña decidió limitarse a los cambios iniciales de lo que podría ser una nueva política fiscal. Peor aún, en lugar de utilizar bien los nuevos recursos proveídos por aquella reforma mocha, el gobierno mantuvo la contracción del gasto productivo, sostuvo la expansión inercial de los sueldos de la alta burocracia, amplió la base del gasto directamente clientelar, apoyó a algunos gobernadores en apuros, subió los gastos de operación y dilapidó con propósitos electoralistas mientras que la corrupción se acentuaba. El resultado ha sido que la deuda pública acumulada ha crecido mucho respecto de la cuantía del PIB anual al llegar al 50.5% de éste (la más alta desde la crisis de 1994-96), mientras la economía sigue estancada en términos sociales, es decir, tomando en cuenta el crecimiento de la población.

Desde hace mucho tiempo, los sucesivos gobiernos han creído que la productividad es el aumento de la tasa de ganancia. No entendieron nunca que esta última es el rendimiento del capital determinado por varios factores y no sólo por la elevación de la capacidad productiva del trabajo social. Ese inicuo concepto que prevalece ha dado sustento a políticas económicas basadas en la protección de la tasa de ganancia (ingreso neto por unidad de capital invertido), en lugar de buscar que el aumento de la productividad se traduzca en mejores remuneraciones de los trabajadores de la ciudad y el campo, es decir, en la ampliación del mercado interno. Es por ello que México es también campeón mundial en concentración de ingreso y riqueza en unas cuantas manos.

Asimismo, se ha creado un concepto de finanzas públicas que consiste en mantener uno de los menores porcentajes de recaudación en términos del PIB que existen en el mundo. El gobierno cree que este es un dogma que procura la inversión, especialmente la extranjera, pero con el cual no puede explicar bien porqué ésta ha disminuido recientemente.

Como casi todo se ha hecho igual que antes, ahora tenemos otra vez un grave problema de gasto-financiamiento. El gobierno se ha endeudado sin bases y ha decidido buscar remedio a su despropósito mediante el superávit primario que no es otra cosa que bajar el gasto social y restringir más aún la inversión pública para garantizar el pago de los abonos de la deuda (3% del PIB en el año). Cuando un gobierno tiene más ingresos que egresos (superávit) sin contar el costo financiero está reteniendo dinero de las contribuciones mientras que el nuevo endeudamiento ya casi es igual que los intereses de la deuda acumulada. De esa manera se perjudica la economía al bajar el gasto y no usar la deuda para invertir. Ya se puede apreciar que el año próximo el crecimiento económico será igual que durante el actual, si acaso. Desde la crisis de 1994, los saldos sexenales (Zedillo-Fox-Calderón) de crecimiento del PIB per cápita real han venido cayendo, desde 2.8 hasta 0.6%, y parece que así cerrará al término del sexenio de Peña.

Durante el presente año se recortó por un lado y se gastó más por el otro. Ahora vendrá un recorte casi general, pero no bajarán los altísimos sueldos de la alta burocracia (de los más elevados del mundo) ni sus gastos de operación (inconstitucionales muchos de ellos). ¿Qué país reduce su gasto en educación (-15.1%), ciencia (-23.3%) y salud (-10.8%)? Sólo uno: México.

Es necesario, por tanto, organizar manifestaciones y otras protestas para exigir que los gobernantes se bajen sus sueldos y abatan otros gastos superfluos. Se podrían rescatar así algunos miles de millones para educación y salud mientras se logra un gobierno que no cometa los mismos errores.

Que se publique la conversación de Peña con Trump

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La inopinada visita de Donald Trump a México ha tenido graves consecuencias porque cuando se juntan a maquinar varios políticos extraviados el resultado no es una suma de errores sino un error multiplicado.

El origen es la pretensión obsesiva de Peña Nieto de hacerse pasar por un estadista de nivel mundial. Pero el presidente de México no ha elaborado ninguna iniciativa de carácter internacional. Sus conversaciones con otros jefes de gobierno han sido anodinas. Su política internacional es principalmente defensiva frente a las acusaciones de que en México se violan los derechos humanos.

Aunque el gobierno de Peña no tiene nada qué proponer a otras naciones, se ha visto metido en un problema relativamente nuevo: un posible presidente de Estados Unidos propone concluir el muro fronterizo a lo largo de toda la línea, revisar el TLC y cambiar las reglas fiscales, además de intensificar más aún (Obama ya lo ha  hecho) el programa de deportaciones. Como parte de su estridente propaganda y ante la renuencia a costear el muro a pesar de que muchos están de acuerdo con su completa construcción, Trump ha tenido éxito en sostener que él sería capaz de obligar a México a pagar por el 100% del muro. Podría decirse que algo de lo más aplaudido en los discursos del candidato millonario es la temeraria afirmación de que México pagará aunque los mexicanos aún no lo sepan, según dijo en Phoenix al regresar de su visita a Los Pinos.

Al parecer, una consecuencia de la desastrosa invitación a Trump fue la separación del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El error de fondo provocado por el ridículo protagonismo del presidente se multiplicó rápido: el falso cálculo de que la visita de Trump le restaría votos a éste; la absurda idea de que se podría aminorar la salida de dólares para ayudar a estabilizar el peso; la estrafalaria pretensión de que Hillary Clinton tendría también que aceptar la invitación de Peña, lo cual haría del presidente mexicano un político de grandes ligas al recibir en su oficina a los dos candidatos estadunidenses en la víspera de la votación.

Como los errores políticos no se suman sino que se multiplican porque son en realidad un mismo error, no ha sido Videgaray el único perjudicado sino todo el gobierno y el PRI, incluyendo al nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el cual se permitió afirmar en entrevista con El Universal que la visita de Trump había sido un éxito del presidente.

Para colmo, Peña no dejó zanjada el tema del muro en la conferencia de prensa conjunta y tuvo que aclarar después en un tuit que sí le había dicho al candidato en privado que México no va a pagar el muro. Con esa aclaración, sin embargo, Peña cometió la peor parte del error: caer en el falso debate de quién pagará. La posición de México como Estado y como nación es que todo acto tendiente a construir ese muro sería considerado una agresión, la cual, por tanto, crearía un grave conflicto internacional de consecuencias impredecibles. Esto era lo que se debió decir con o sin entrevista y es lo que habría que proclamar ahora, pero el tema del muro ya sería ridículo en boca del presidente.

Por un lado, Trump ha afirmado que Peña nunca le dijo que México no pagaría. Por otro, Hilary Clinton acusa a su rival de mentiroso con base en un tuit del presidente mexicano. Pero no está demostrado que el republicano dijera una mentira. Esto complica todo y deja en auténtica vergüenza a México.

Para colmo, Trump dice que fue tan exitosa su visita a México que han tenido que despedir a quienes la promovieron. Después ha agregado que Videragaray, “maravilloso hombre”, fue un “brillante secretario de Hacienda”. Lo peor de todo es que ese candidato ha subido en las encuestas a pesar de las burlas que ha hecho del gobierno mexicano y de México.

Ante ese error multiplicado, el Congreso debería exigir el texto de la conversación privada entre Enrique Peña y Donald Trump. Por haber situaciones graves que afectan a México, debe hacerse valer el derecho a la información.

Mejor acabar con el presidencialismo

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Algunos lamentan que el informe presidencial se haya eliminado como acto ceremonial y que ahora sea un trámite burocrático. Pero el problema nunca ha sido la forma de presentar las cuentas sino el carácter del poder ejecutivo. Sea cual fuere el método de informar, bajo el sistema presidencialista la función de gobierno está conferida a una sola persona mientras que la representación popular vive en permanente minusvalía e, incluso, requiere una mayoría de dos tercios de sus integrantes para hacer valer sus propios proyectos de ley.

El informe del ejecutivo viene de las monarquías constitucionales y fue asumido por las repúblicas junto con otras fórmulas tendientes a reducir las funciones de los parlamentarios. Esa división en la que cada poder (el ejecutivo y el legislativo) debe sostenerse por sí mismo no se convirtió en los hechos en una dictadura congresual, como se argumentó al principio al concederse a los representantes el control de ingresos y gastos o poder de bolsa. Por el contrario, el ejecutivo tiene una enorme capacidad para brincarse el presupuesto e incluso para reducirlo en los hechos. Luego de eso, presenta cuentas y no ocurre absolutamente nada.

Quienes se lamentan de la cancelación de la lectura del informe en plenaria del Congreso consideran que hace falta escuchar los compromisos que desee hacer el presidente en turno, pero en realidad el informe fue instituido para entregar cuentas de la administración pública y no para conocer el programa del gobierno, aunque tampoco se impiden las promesas.

La cancelación de la visita anual del presidente al Congreso fue resultado de la crisis del presidencialismo exacerbado que el país sufrió durante muchos años, al tiempo que la oposición adquiría mucha mayor presencia en las cámaras. Desde 1979 se empezaron a intentar las interpelaciones al ejecutivo durante la sesión del informe. Llegó un momento en que era mejor para el titular del ejecutivo que se  le impidiera hablar y que se aplicara a la letra el precepto que ordenaba la concurrencia del presidente y la presentación de un informe por escrito. Así sucedió.

Cuando el presidente concurría al Congreso, el informe se discutía en las cámaras de manera ritual y sin repercusiones; ahora que se envía por oficialía de partes todo es igual. En realidad, lo que está en crisis en México es el sistema político que opera bajo la simulación y la falta de discusiones verdaderas entre los partidos políticos.

La propuesta de crear un concejo de gobierno, integrado por los secretarios de despacho ratificados por el Congreso y presidido por el titular del Ejecutivo, fue rechazada tanto por el PRI como por el PAN. Ahora se propone para la Ciudad de México y creo que  volverá a ser rechazado porque no se advierte disposición de empezar siquiera a erosionar el molde presidencialista.

En cambio, el PAN, con apoyos en el PRD, pide la segunda vuelta en la elección presidencial, la cual no resuelve el menor problema pero de seguro llevaría al país a votar en dos ocasiones para elegir a un presidente que tendría la misma fuerza política que en la primera de ellas, pues el sentido del segundo voto es algo obligado por la circunstancia.

Mejor sería terminar con el presidencialismo, modificar el sistema político del país para que el parlamento, conformado mediante la representación proporcional, formara gobierno. Con eso también se podría avanzar en lo tocante a los partidos políticos, los cuales asumirían la función de fuerza gobernante cuando estuvieran en mayoría y serían oposición reconocida cuando se encontraran en minoría. Los gobiernos de coalición serían posibles como pactos formales en el seno del Congreso para dar suficiencia parlamentaria al gobierno.

Claro, toda resolución del parlamento tendría que ser obligatoria para el ejecutivo, integrado éste en un concejo en cuyo seno se adoptaran resoluciones legales de cara al país.

Abrir la política, pues. ¿Para qué volver a la parafernalia de la lectura presidencial? Mejor que se debata entre iguales.

El clero político y los políticos

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Cuando Benito Juárez expidió la ley del matrimonio civil el 23 de junio de 1859, refugiado en Veracruz mientras el amotinado Félix Zuloaga despachaba en Palacio Nacional, la nueva Constitución tenía ya casi dos años de haber entrado en vigor (16 de septiembre de 1857) pero era difícil alcanzar las libertades prometidas.

Una de esas libertades consistía en poder casarse sin someterse a los requisitos eclesiales ni a los costos inherentes. Al reconocer que “todos nacen libres” y que “los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales” (art. 1º.), el Estado estaba obligado a integrar el registro civil para hacer efectiva la libertad de casarse y para que los “actos de la autoridad civil surtan ya todos su efectos legales”. Para la ley, desde entonces, el matrimonio no es un acto religioso por más que tal sacramento se encuentre permitido como parte de las libertades que se proclaman.

A pesar de las dos guerras que desató contra la República, el clero dejó de ser autoridad sobre “los principales actos de la vida de los ciudadanos”. En consecuencia, el matrimonio legal no es un asunto suyo. No obstante, varios obispos convocan a manifestaciones el 10 y el 24 de septiembre próximos para oponerse al proyecto sobre el matrimonio de personas del mismo sexo y, consecuentemente, a las leyes locales ya en vigor sobre ese mismo tema.

Nadie exige que el clero católico o cualquier otro admita casar a parejas del mismo sexo. Ese es un asunto exclusivo de las corporaciones eclesiales. Pero si a partir de 1859 el matrimonio legal no es religioso (la separación, divorcio o anulación, en consecuencia, tampoco), sino exclusivamente civil, ¿cuál es el litigio?

Cuando Juárez emitió la ley del matrimonio, el alto clero reaccionario estaba pensando que iba a triunfar el motín militar que había alentado y que financiaba con recursos recaudados para “obras piadosas”. Para suerte del país, los obispos estaban equivocados. Pero, ¿qué ha pasado para suponer que más de un siglo y medio después los sucesores de aquellos jerarcas golpistas podrán imponer su designio sobre las leyes del país?

El problema principal no es el clero sino los políticos reaccionarios, los oportunistas, los electoreros, los pusilánimes. Los Zuloaga de hoy no son pocos ni menos poderosos, al parecer. A pesar de que Peña envió la iniciativa sobre matrimonio de personas del mismo sexo, su partido no está de acuerdo porque tiene miedo a una repercusión electoral y teme romper lanzas con el Episcopado.

Aunque la reforma al código civil federal no tendría incidencia en la realización de matrimonios pues casi todos deben efectuarse conforme a los códigos locales, el PRI sabe que su voto a favor lo ubicaría, al menos en ese punto, en el campo de las corrientes que promueven mayores libertades. Sería tildado de “defensor de homosexuales y lesbianas”.

No es que se busque negar la existencia de parejas del mismo sexo sino que se pretende que no se vean o que se vean mal, que se oculten, que carezcan de otros derechos, porque su presencia es considerada incómoda por parte de personas que sostienen principios éticos contrarios al pleno reconocimiento de las libertades. Así como se decía, o se dice, que por decisión divina hay razas por lo que juntarlas es contrario a la voluntad de Dios, se sigue diciendo que hay dos sexos, etc. Por su lado, los reaccionarios liberales afirman que el llamado matrimonio gay es “antinatural”. Ya no hay un dios sino Natura. Es lo mismo, sin embargo.

Sí tenemos un problema del Estado laico pero no de un imposible gobierno eclesiástico. Antes, el clero era autoridad, tenía facultades legales para decidir y resolver sobre asuntos relacionados con las personas desde el nacimiento de éstas hasta su muerte. Eso no va a regresar por más reaccionarios que sean los arzobispos mexicanos y sus voceros. Lo de hoy es la pretendida validez de principios tendientes a negar las nuevas libertades, una de ellas es el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El Estado laico sufre en la medida en que es arrastrado a una moral que tiene su base en principios religiosos. Cuando el país se atrevió a proclamar la separación del Estado y la Iglesia a partir de la Constitución de 1857 y la ley del 4 de diciembre de 1860 se produjeron sendos acontecimientos: en el primer caso, “ninguna corporación civil o eclesiástica tendrá capacidad para adquirir bienes raíces” que no sean “destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución” (art. 27), que fue base para la desamortización y posterior nacionalización de los bienes eclesiásticos, es decir, eliminar el poder económico de la Iglesia; y, en el segundo caso, la ley que tutelaba la libertad religiosa y proclamaba que la “independencia entre el Estado por una parte, y las creencias y prácticas religiosas por la otra, es y será perfecta e inviolable” (art. 1º.), la cual se basaba en las libertades constitucionales y, en consecuencia, afirmaba la renuncia del Estado a postular creencias religiosas.

No se ha dicho que el matrimonio sea un derecho individual, sino que todos somos libres para contraerlo. Sería ridículo que una sola persona exigiera ser casado. El derecho consiste en decidir sobre uno mismo y en convenir con otros y con otras. Si se proclama por ley que todos pueden asumir esa clase de decisiones en libertad, las parejas del mismo sexo tienen igual derecho que las de sexo distinto para convenir su unión formal y pública. Nadie puede ser discriminado con motivo de sus preferencias sexuales dice el articulo 1º. de la Constitución vigente.

No es el clero sino el PRI el que tiene en sus manos el punto… por ahora.

MEJOR DISCUTAMOS SOBRE EL DERECHO AL DEPORTE

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En México hay algunos buenos deportistas olímpicos. El caso que hemos visto una vez más es que los de otros países son buenísimos. Si no hay política deportiva nunca habrá muchos jóvenes con excelentes desempeños. Por tanto, es un error discutir la política deportiva del gobierno mexicano porque ésa no existe. Lo que se hace desde la Conade es sólo administración de un coto político. Lo mismo ocurre en las 32 entidades del país.

Sabemos de sobra que para hacer deporte se requiere antes que nada saltar unos obstáculos más difíciles que los de una competencia de vallas en la pista. Nada está organizado. Tanto deportistas como promotores del deporte carecen de verdaderos apoyos. Los jóvenes tienen que pagar para poder realizar cualquier actividad deportiva pero no sólo en los establecimientos privados que para cobrar han sido creados sino en los públicos.

Nunca ha tenido México una política deportiva. No se puede tener nadadores y nadadoras si no hay albercas y maestros. Eso cualquiera lo podría entender, excepto el gobierno, claro está.

La escasez de deportistas con cualidades para participar en unos juegos olímpicos es sólo una evidencia del problema de falta de deporte en México, pero no es el problema en sí mismo. Es decir, no se trataría de buscar a unos cuantos jóvenes, prepararlos muy bien y tener un equipo olímpico con muchas especialidades. Eso no funciona porque se requieren millones de jóvenes haciendo deporte para que de ellos salga un centenar de buenísimos deportistas. El objetivo no puede ser tener a esos cien excepcionales sino que se logra un buen equipo olímpico en un país cuando el deporte es un derecho efectivo de los jóvenes.

Lo que se debería empezar a discutir en México, a propósito de los denuestos a deportistas, manejadores, entrenadores y burócratas, es lo que en verdad es importante: los derechos de la juventud, entre ellos el deporte. Si no hay financiamiento para que los estudiantes se mantengan en las escuelas, es decir, el pago de un salario por estudiar, está claro que la deserción y el bajo rendimiento será lo que ha sido. Lo mismo ocurre en el aspecto concreto del deporte, pues para acceder a éste se requiere tener satisfechas las necesidades básicas y además contar con instalaciones y profesores suficientes. Eso es lo que hace falta.

La política deportiva no puede ser definida por organismos que gastan dinero en sueldos y viáticos pero no están diseñados para hacer algo concreto, incluyendo como parte de éstos a las llamadas federaciones que nadie sabe exactamente qué cosa son. El deporte debe organizarse desde abajo, desde la escuela, el barrio, la colonia, el pueblo. Para ello se requiere infraestructura. ¿Dónde está el plan nacional en este aspecto? Existen proclamados objetivos muy generales y programas demasiado estrechos pero nada más.

Los comentaristas deportivos traen una discusión muy entretenida pero por completo infértil porque ningún problema está alojado en el lugar donde lo analizan. Los burócratas por su lado se  encuentran en el horrible tapete de justificaciones propias e inculpaciones de los demás. Sin embargo, por lo que se advierte, no habrá pronto cambios políticos pero tampoco existe, lastimosamente, un planteamiento surgido del deporte mismo, del que se hace de verdad, del que se sufre y se ama. Esto se debe a que la burocratización del deporte ha llegado a lo ridículo.

Nochixtlán fue otra matanza (impune)

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Los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de este año, luego del rápido desbloqueo de una carretera por parte de la Policía Federal, conforman una matanza más. No tendría que haber decenas de muertos para nombrar de tal forma un acontecimiento sangriento, es suficiente la forma en que se comportó la autoridad, en especial la responsabilidad que recae sobre la misma.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha realizado uno de esos lances que le caracterizan: ordenar una investigación conociendo de sobra lo ocurrido, pues él es el jefe de la policía, quien presuntamente ordenó la operación de desalojo del bloqueo y tal vez también el ataque policial contra la posterior protesta popular.

No es creíble que el jefe de la policía se encuentre ignorante de los detalles de Nochixtlán. En realidad, hay que insistir, Osorio tenía el reporte de los acontecimientos de ese día en esa población, contaba con su cuarto de guerra y daba órdenes. Sin embargo, se busca aparentar que aun cuando el país entero pudo ver en  video a un agente de policía federal disparando hacia la multitud, el único que no lo ha visto es el mismísimo jefe de los gendarmes.

El problema es aún más brusco desde el ángulo político, es decir, el de las decisiones que llevaron a la matanza en Nochixtlán. El primer paso se emprendió cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió cancelar negociaciones con la CNTE, luego de lo cual la PGR procedió a intensificar su programa de encarcelamientos de dirigentes magisteriales disidentes, detalladamente elaborado en la Secretaría de Educación Pública a cargo de Aurelio Nuño, quien al parecer sólo conversa con sus amigos y con escolares de primaria a quienes visita con harta frecuencia. Ambas acciones gubernamentales trajeron como consecuencia un incremento en los movimientos de los maestros, en especial el bloqueo de carreteras e, incluso, vías férreas. La respuesta oficial, largamente anunciada, consistió en ordenar la acción policial, tal como por el otro lado lo esperaban tanto manifestantes como la población de varios puntos críticos en Oaxaca y Chiapas.

No hay exageración al calificar esta forma de operar como algo kafkiano en referencia al libro El Proceso en el cual los enjuiciados ignoran de qué se les acusa, el procedimiento y el momento en que se les va a decretar la sentencia; aquí los responsables políticos se investigan a sí mismos y jamás se dictará nada en su contra, ni siquiera pronunciarán ellos alguna leve autocrítica. El gobierno de México supera a Kafka. Así lo vimos cuando Luis Echeverría mandó a investigar la matanza del 10 de junio de 1971 ordenada por él mismo. Claro está que nunca se inició siquiera la tal averiguación sino hasta 40 años después, luego de lo cual el Poder Judicial mexicano nos agravió de nuevo al declarar la prescripción. Cualquiera diría que nada ha cambiado aunque haya cambiado todo.

El hecho de que el diálogo se hubiera restaurado inmediatamente después de la matanza de Nochixtlán sólo indica que el gobierno no puede ocultar su responsabilidad por más investigaciones que simule realizar. Sin embargo, las negociaciones abiertas después de Nochixtlán parecen tener los mimos obstáculos que antes. La tesis peñista de que las leyes no se negocian es de origen diazordacista. La legislación es por excelencia el terreno de la negociación política. Lo que hay que cancelar es justamente el estereotipo de la evaluación. Nunca la enseñanza ha dependido de exámenes aplicados a profesores y a estudiantes. Por más que se hagan pruebas, la educación seguirá siendo buena, mala o regularcita. La nuestra es mala porque la escuela es autoritaria y, por tanto, los docentes y educandos no participan a plenitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje o, bien, éste se encuentra escindido. Aurelio Nuño es el funcionario público que menos está dispuesto a tratar de entender esa realidad.

La unidad, ¿para qué?

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El presente artículo lleva el mismo título del que publicó Roger Bartra en el diario Reforma el martes 26 de julio. Este sociólogo sostiene que la unidad de la izquierda es un mito y una obsesión. Concluye en que “más sano sería que se mantuviese dividida”.

Para Roger Bartra las tendencias de izquierda son dos: reformista y populista, cuya unidad, dice, “bloquearía la posibilidad” de que una y otra “alcanzasen un perfil propio acorde con sus bases sociales”.

Si se quiere analizar a la izquierda mexicana tendría que admitirse que hoy toda ella es reformista, tanto porque la izquierda en el mundo se encuentra lesionada en sus aspiraciones más transformadoras cuanto porque ese mismo mundo está ayuno de revoluciones. Asimismo, toda ella es también populista en alguna forma porque al menos en América Latina lo más urgente es redistribuir el ingreso. La diferencia entre supuestos “reformistas” y “populistas” tendría que buscarse en otro lado, especialmente en lo de siempre: el oportunismo.

Aceptar cualquier clase de momentánea ventaja política en cada oportunidad (muchas veces sólo de carácter personal) a cambio de renunciar al de por sí precario programa democrático y social es algo tan viejo como la izquierda misma a partir de 1789, es lo que más se ha registrado en la historia de esta tendencia. Pero ya se ha visto que si la circunstancia no es propicia para defender intereses socialmente propios, entonces no sirve para nada útil, es un mal momento. En este terreno se ha entablado otra vez en México una disputa silenciosa pero aderezada con algo más fuerte y no tan mudo: la pérdida de independencia del PRD. Al carecer de decisión propia un partido se degrada a la categoría de grupo de presión, deja de ser partido y, de tal forma, renuncia a cualquier plan de poder. El PRD sigue cursando con prisa ese lacerante proceso.

El debate se encuentra como casi siempre en un plano pragmático. La unidad de la izquierda no sería ahora lo que fue durante 25 años en México, es decir, una realidad orgánica, extraordinaria y asombrosa, la cual era cualquier cosa menos un mito o una obsesión. Hoy, la unidad de acción entre las izquierdas serviría para elaborar un plan de poder.

Veamos lo que ha ocurrido. La alianza electoral con el PAN no pudo ser en el año 2000. En aquella coyuntura Fox rehusó el pacto democrático pero logró la Presidencia con el solo apoyo de su partido. Luego, ese gobierno fracasó en su principal materia, la lucha contra la corrupción, pues se corrompió. Seis años después, la izquierda (unida aunque moleste) se ubicó oficialmente a 0.56% de la Presidencia, es decir, la mitad de este porcentaje más un voto, a pesar del apoyo de una parte del PRI al candidato panista: era mejor el PAN y Calderón que el PRD y López Obrador. Esta es historia pero es presente.

Desde hace ya algún tiempo se ha visto que los gobiernos aliancistas derecha-izquierda colocan con frecuencia al PRD fuera de la realidad política, es decir, este partido deja de ser oposición pero tampoco se ubica en el gobierno. Desde hace menos tiempo se ha visto que cuando al PRD le corresponde designar al candidato aliancista a gobernador, entonces se divide en dos candidaturas, que se convierten en tres por el concurso de Morena, y al final la alianza pierde frente al PRI. El común denominador de todo esto es que el PRD siempre se divide en alguna medida cuando acude a sus citas con Acción Nacional. De seguir por ese camino no quedará nadie para apagar la luz.

Está visto que las alianzas con el PAN suelen traducirse en fracasos del PRI, pero el papel de la izquierda no es escoger a su derecha sino sustituir a ambas en el gobierno aunque para ello, en ciertas circunstancias, se haga necesario acercarse a una de ellas, la que no sea PRI por razones históricas. Sin embargo, el debate se encuentra en la táctica para alcanzar aquel objetivo sin hacer el juego a ninguno de los dos partidos derechistas, los cuales están aliados casi en todo pero nunca en las elecciones.

La izquierda no iba mal hasta que el PRD se escindió. De uno se hicieron dos pero, además, sus respectivos dirigentes empezaron el infructuoso camino de los denuestos con el entusiasta aplauso de dirigentes panistas y priistas.

Lo que le falta a Morena es una actitud unitaria hacia la otra izquierda, un abandono de su pretensión exclusivista y, también, algo más de programa democrático y social así como la reivindicación de libertades. Lo que le falta al PRD es una nueva dirección que reconquiste su propia independencia, renuncie al oportunismo y levante la bandera de la lucha a favor del Estado democrático y social de derecho, base fundamental de la unidad de la izquierda bajo cualquier modalidad.

No se trata de “cultura progresista” ni de “ideas frescas”, como señala Bartra, quien no se toma el menor tiempo en definir sus muy propios e inesperados paradigmas, sino de algo pragmático: cómo llegar al gobierno con el programa de la izquierda, el cual no ha de verse viejo por no ser “fresco” sino que es actual por no haber sido superado. Dígase lo que se diga, eso es más difícil con una izquierda dispersa, con “frescura” o sin ella. Quienes renuncian a la unidad de acción de las izquierdas carecen de un plan de poder, no están en la lucha por gobernar sino en el mercado de la política. Esta diferencia no es una sutileza. Para dirimirla positivamente se requiere a corto plazo la alianza electoral de los partidos de izquierda.

Disculpe usted, lo volvería a hacer

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 Habría que preguntar de qué es la disculpa. Podría ser que una mansión no debería ser comprada por la esposa de un presidente de la República por más dinero que ella tuviera porque en un país pobre eso es algo así como un insulto. Quizá a eso se refería Enrique Peña Nieto cuando inesperadamente ofreció unas disculpas, pero no es del todo seguro que tal fuera su propósito.

El caso es que Peña insiste en que la operación de compra de la llamada Casa Blanca de Las Lomas fue algo enteramente legal. Mas lo que no podría tener explicación satisfactoria es el origen del dinero, atribuido, según se ha dicho, a su esposa mediante un  bono de 80 millones entregado por Azcárraga, dueño de Televisa, por sus 25 años de servicios actorales (sólo el pago del ISR hubiera sido por más de 20 millones). Como esa versión era increíble, la Secretaría de la Función Pública realizó una investigación para que se creyera, la cual culminó en lo mismo pero sin detalles: todo fue legal, pero el comprobante del pago del impuesto jamás apareció.

Si el escándalo se redujera a algo de mal gusto o políticamente impropio entonces no se tendrían que ofrecer disculpas, es decir, descargar o justificar una culpa, porque culpa propiamente no habría. El asunto de mayor escándalo, después del frustrado contrato de enajenación de la gran casa, fue que un secretario de Estado, nombrado libremente por Peña, se hubiera hecho cargo de la investigación y, sin dar detalles, informara que todo estaba en regla. ¿Quién le creyó a Virgilio Andrade? Nadie.

Una forma de dar mordida es entregar algo a cambio de favores ilícitos mediante una operación subrepticia como, por ejemplo, los dineros que recibía Raúl Salinas en ocasión de las privatizaciones ordenadas por su hermano. Él era el cajero aunque parece que hurtó una parte del botín, pero ese es otro cuento. Aquí tenemos que un gran contratista del gobierno del Estado de México arregla la venta de una mansión justamente con la esposa de quien había sido el contratante y gobernador de esa entidad. Eso no podrá olvidarse por más disculpas presentadas. Pero menos aún por haber ordenado el esposo abrir una investigación, nombrar al investigador y esperar un resultado evidentemente espurio.

Hace años Vicente Fox rehusó que se nombrara un fiscal especial e independiente para averiguar la denuncia penal contra él y sus amigos, quienes habían organizado un sistema de aportaciones ilícitas. En el expediente había copia de un cheque por 17 millones firmado por Carlos Slim pero éste sólo era uno de los muchos adinerados donantes. Nada quiso investigar la Procuraduría (Fromow y Macedo) bajo las órdenes del mismo Fox sino que concluyó que no había delito que perseguir, punto final.

Nuestro país es al respecto único en el mundo: el presidente de la República encara una investigación en su contra e imparte las órdenes para que unos subordinados suyos declaren su propia inocencia. Ocurrió de nuevo con Peña, pero al respecto el actual presidente no ofreció disculpas, es decir, según parece lo volvería a hacer.

El PRD será dirigido desde fuera

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Publicado en El Universal. 20.07.16

Durante décadas, el líder nominal del PRI era designado por el presidente de la República. A eso se nos acostumbró. No es raro que recién haya vuelto a suceder aunque no deje de ser anticuado y grosero. Lo sorprendente e inesperado ha sido que la presidenta del Partido de la Revolución Democrática fuera designada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Aquel presidencialismo, aunque achaparrado, se hace presente ahora en un partido que llegó a expresar alguna vez a la corriente política más crítica del priismo en general y de los métodos concretos del verticalismo político.

No se trata de una funcionaria de nivel relevante en un gobierno, el que fuera, que hubiera sido libremente designada presidenta de su partido sino de una decisión de gobierno. Mas, para singularizar el acto, quien ha hecho la nominación no es miembro de ese partido ni tiene la menor intensión de serlo, pero aspira a ser su candidato.

Durante los últimos años hemos visto que se actualiza un fenómeno que no por viejo deja de alertar la conciencia democrática del país: la pérdida de independencia de partidos de oposición. Desde hace un  tiempo las corrientes internas del PRD han venido llegando a acuerdos con poderes públicos de manera oscura. Varios gobernadores, priistas, panistas y perredistas, imparten órdenes a dirigentes locales de ese partido. Algunos grupos internos negocian con el gobierno federal sin la menor formalidad y mucho menos publicidad. Eso explica en parte que tal partido se muestre como un conglomerado de grupos de presión que carece de una dirección unificada. Eso se sabe dentro y fuera del partido,  no sólo es una crítica expuesta en los medios de comunicación sino una verdad aceptada en el Consejo Nacional perredista donde, sin embargo, el pasado sábado 16 de julio se designó a Alejandra Barrales por orden de Miguel Ángel Mancera.

Las buenas relaciones del jefe de gobierno de la capital con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, conducen ahora hacia un acercamiento entre el PRD y Enrique Peña Nieto. Por el momento, ya se ha dicho por parte de Alejandra Barrales que no habrá búsquedas sino esperas en el tema de la unidad de la izquierda, lo cual llevará a más perredistas a buscar por su cuenta y en los hechos la convergencia con Morena.

Para cualquier oposición, sea de derecha o de izquierda, su propia independencia es la llave para diseñar un plan de poder. Sin éste no hay partido porque las formaciones políticas se crean para luchar por gobernar e implantar su programa. La pérdida de independencia del PRD evoca a aquellas organizaciones que murieron por inanición, por falta de votos, después de que sin ellas se había integrado un partido verdaderamente independiente, justamente el PRD, en el año de 1989.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado dentro del Partido de la Revolución Democrática para encontrar un cauce que lo saque del mercado político, se siguen dando pasos en la peor dirección. Si el PRD se venía presentando disgregado en varios grupos, a partir de ahora tenderá poco a poco a centralizarse pero mediante decisiones externas al partido mismo. Se va a intentar resolver un problema creando otro.

Para saber qué va a hacer el PRI habrá que preguntarle a Peña Nieto y para saber qué va a hacer el PRD se tendrá que interrogar a Mancera. Esto podría muy bien llamarse involución política.