Al diablo con las instituciones

Aquella frase tan comentada y criticada de López Obrador, “al diablo con sus instituciones”, se ha convertido en una realización bajo la actual administración, pero no en un sentido de renovación para mejorar. El largo proceso de deterioro y degeneración de las instituciones del Estado mexicano se ha llevado a peores y mayores consecuencias.

La Procuraduría General de la República siempre tuvo el problema de que el presidente en turno le daba órdenes al procurador, pero nunca estuvo tan deteriorada como ahora. Al tiempo de su renuncia, Raúl Cervantes dijo que es preciso que el Ministerio Público sea eficaz e independiente. Él no pudo lograrlo en el breve lapso de su gestión, pero es que nadie puede, ya que no es cuestión simplemente de nuevas leyes sino de que la PGR no es una verdadera institución del Estado, como tampoco lo son las procuradurías de las entidades federativas.

La Fiscalía General que está prevista en la Constitución, cuya ley aún no existe, sería la infortunada heredera de la vetusta PGR. Ya desde ahora las designaciones del fiscal general y del fiscal anticorrupción han generado un gran follón en el Congreso porque no hay institucionalidad en la procuración de justicia, no existe una digna profesión de los y las fiscales, no hay de dónde sacar maestros prácticos del Ministerio Público. Nomás véase que todos los procuradores y procuradoras han sido unos improvisados e improvisadas pero, eso sí, disciplinados y disciplinadas al presidente de la República. Esa institución está mandada al diablo.

En la PGR todavía se sostiene la tesis de que el basurero de Cocula fue convertido en un gran horno crematorio, durante una sola noche, ni siquiera completa, mediante el simple uso de gasolina y llantas, para desaparecer 43 cuerpos sin que se haya podido recuperar el más pequeño residuo luego de un gigantesco incendio cuya existencia pasó desapercibida por completo.

Aturdidos, pudimos observar cómo Enrique Peña mandó al diablo a la maltrecha Secretaría de la Función Pública. Fue enviado ahí un abogado como secretario, con la expresa encomienda de investigar la misteriosa enajenación de una casa blanca de Las Lomas. El presidente de un país nombra especialmente a quien le va a investigar a él y a su esposa, el cual les exonera, naturalmente. ¿Cómo se llama la obra? La tragedia política mexicana. Luego, ante el desprestigio de aquel señor secretario, debido a la unánime burla popular, la procuradora fue trasladada ahí como relevo después de haber fracasado como jefa del Ministerio Público.

El secretario de Gobernación, Osorio Chong, se ha negado sistemáticamente a dar cuenta de lo ocurrido en Nochixtlán el 19 de junio de 2016, donde murieron 7 civiles. Con esa actitud, el “jefe del Gabinete” ha mandado al diablo, como instituciones, a la Policía Federal y a su Gendarmería, de las cuales es el jefe superior. Lo que Osorio hizo luego de los hechos fue ordenar una “investigación” y, después, se olvidó del asunto para siempre. Por su lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de 16 meses de dificultosas indagaciones, recién ha concluido que hubo violaciones a la libertad, la integridad y la seguridad, así como al acceso a la justicia, a la verdad y a un recurso jurídico efectivo. El operativo de aquel día es considerado por la CNDH como indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado, todo lo cual, decimos, es responsabilidad política del secretario de Gobernación. La recomendación del ombudsman será, eso sí, intrascendente para el poder político que se especializa en mandar al diablo a las instituciones.

Tenemos una pandemia de atracos en numerosos gobiernos locales. Las denuncias públicas de hechos escandalosos y el cambio de partido gobernante en algunos lugares han llevado a que varios ex gobernadores sean inculpados. Esta corrupción no es nueva pero tiene una característica que no siempre ha estado presente: el Estado corrupto se encuentra ahora demasiado descentralizado. El presidente de la República no ha logrado organizar bien los procedimientos y su partido está volcado sobre los recursos públicos, sin descontar que algunos más, de otras procedencias, también se han servido lo que han podido. Esas instituciones fueron mandadas al diablo, aunque bien sabemos que por enésima vez.

La presidencia de la República siempre ha presionado a los medios de comunicación. Compra servicios publicitarios para complacer y recibir halagos y notas destacadas, pero también impone fuertes límites. Antes, los motivos eran la gobernabilidad, el interés de partido, el bloqueo de criticas y de críticos, el ocultamiento o deformación de hechos, en fin, los intereses generales del poder. Ahora las cosas han cambiado para empeorar. Los periodistas expulsados lo han sido debido a críticas de la conducta personal del presidente o de familiares de éste. Ya llevamos varios casos muy fuertes que han producido escándalos. De esa manera, la presidencia de la República también ha sido mandada al diablo por el mismísimo presidente que pone por delante a su propia persona.

La Suprema Corte de Justicia acató una consigna del gobierno para impedir la consulta popular sobre la reforma energética, solicitada mediante todos los elementos legales y procedimentales. El argumento fue tan baladí que nunca se olvidará ese lance de la Corte en contra de la democracia participativa. Con un solo voto en contra, el del ministro Cosío, la mayoría de togados mandó al diablo al Poder Judicial y a esa institución constitucional conocida como el derecho ciudadano de ser consultado.

En un minucioso recuento podríamos traer a nuestra memoria miles de actos institucionales que han mandado al diablo a las instituciones.

No dudo que con la frase de “al diablo con las instituciones”, López Obrador haya querido decir que es preciso reformar las instituciones porque las actuales son malas, en lo que tendría razón, pero se debe agregar que, para hacerlas verdaderamente nuevas, no sólo hay que cambiar nombres y titulares.

La tarea de reconstrucción institucional de México es gigantesca pero no se ha iniciado aún, todo ha sido hasta ahora, más o menos, cosmético.

 

Las represalias del TLCAN

 

Al parecer, Donald Trump sigue en la idea de que su país abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que considera perjudicial porque Estados Unidos compra a México más de lo que le vende, con una diferencia de 60 mil millones de dólares anuales. Pero esa cantidad es menos del 10% del déficit de la mayor economía compradora del mundo que es la estadunidense. Además, México paga 20 mil millones de dólares de intereses y traslada más de 15 mil millones de utilidades y dividendos. Sin el TLCAN, ese panorama no cambiaría por pura inercia porque ya existe un nuevo nivel de integración económica entre ambos países.

Desde México es necesario hacer un balance del Tratado pero como parte de la política económica aquí implantada.

Conforme se desgastaban las políticas de economía dirigida y sustitución de importaciones en los años 80, la línea liberalizadora se fue abriendo paso en un marco de inflación, enorme déficit fiscal, crisis de la deuda pública y disminución del ritmo de crecimiento de la economía. La primera gran reforma comercial fue la apertura unilateral de 1990-91. El TLCAN (1994) llegó después de que nuestra economía estaba ya más abierta que la de Estados Unidos.

No debería verse el Tratado como algo aislado. La liberalización buscaba estabilidad macroeconómica mediante el control de la inflación, la reducción del déficit público en términos del PIB y la promoción de la inversión extranjera, todo lo cual estaba relacionado con la apertura comercial. Nada mejor para el neoliberalismo visto desde México que un acuerdo arancelario y de inversiones con Estados Unidos.

Al mismo tiempo, para “adelgazar al Estado”, se llevaron a cabo varias privatizaciones, las cuales fueron atracos a la nación. En México no existe ningún esquema monopólico que no haya sido producto de decisiones de gobierno y no forme parte del esquema del Estado corrupto.

El primer gran tropezón de la nueva política económica fue la crisis de 1994-95 (Salinas-Zedillo), con recesión, inflación de más del 50%, revolución de las tasas de interés y fraudulento rescate bancario que costó a la nación 100 mil millones de dólares, la mayor parte de los cuales se siguen debiendo a los bancos “rescatados” y cuyos intereses se pagan por la vía presupuestal. Aquella crisis fue producto de un modelo de financiamiento, aún vigente, que torna extremadamente vulnerable a la economía mexicana, tal como lo volvimos a observar en 2008-2009 (Calderón-Carstens), cuando el “catarrito” pronosticado por el gobierno era en realidad una fuerte recesión.

Las décadas de política neoliberal arrojaron un ritmo de crecimiento del PIB significativamente menor que en el gran periodo anterior; una mayor desigualdad en el ingreso; una desindustrialización a través de sustituir productos nacionales por importaciones; una concentración de la industria de exportación (300 empresas); una reducción relativa de la producción de alimentos; un estancamiento de la demanda interna con enorme crecimiento de las exportaciones; una concentración donde el 0.12% acapara la mitad de la riqueza individual. En México, hoy existe mayor injusticia social que antes.

Con el TLCAN también se profundizó la concentración geográfica de la producción manufacturera en unas cuantas entidades y ciudades del país, donde los obreros industriales podían obtener salarios mayores pero en el marco de una disminución salarial nacional. Hoy, el ingreso medio real de los trabajadores es menor que antes del inicio del largo periodo de las crisis sucesivas.

Como consecuencia, existen niveles demasiado desiguales en la productividad del trabajo, de tal forma que ésta es mucho mayor en las manufacturas vinculadas al comercio internacional, mientras la capacidad productiva del resto de la fuerza de trabajo se encuentra relativamente estancada. El resultado es, naturalmente, que se profundiza la desigualdad social aun en el seno de los trabajadores.

México es hoy una sociedad más atomizada, un país de mayores privilegios estructurales, una economía donde la pobreza está más extendida. A esto han contribuido el programa de liberalización, el modelo de financiamiento basado en el capital parasitario y la estrategia de centrarse en las exportaciones y el TLCAN, todo ello como parte de un plan que prometía progreso.

El Tratado puede ser denunciado (abandonado) por Estados Unidos, conforme el artículo 2205, seis meses después de notificar su intención a las otras dos partes, México y Canadá. La cuestión consistirá en la reacción del Congreso estadunidense. Hay que recordar que el Partido Demócrata, en su inmensa mayoría, votó originalmente en contra del TLCAN a pesar de que había sido asumido por William Clinton, quien ya había llegado a la presidencia del país.

En Estados Unidos el tema siempre ha sido analizado de acuerdo con intereses sectoriales. Para algunos, abandonar el tratado sería mal negocio, mientras que para otros sería una oportunidad.

Como economía, Estados Unidos se ha beneficiado más con el TLCAN, no sólo debido a la ampliación de su campo de inversiones sino a que éstas se encuentran aseguradas en México en el marco de un esquema de libertad comercial y financiera. Las ganancias de las compañías estadunidenses, incrementadas por efecto de los menores costos mexicanos, se realizan en gran medida en el mercado de su propio país y pueden reinvertirse o no en México.

La economía norteamericana se ensanchó con el Tratado, mientras que México se ancló mucho más en las relaciones con el norte y selló su suerte a la demanda estadunidense antes de ampliar su mercado interno, diversificar su comercio internacional y elevar su capacidad tecnológica. Algunos pocos se han beneficiado, pero no sólo por el TLCAN sino por toda la política neoliberal, poderosa productora y reproductora de desigualdades y pobreza.

El TLCAN ha brindado represalias. Su ausencia también traería consecuencias. Sin embargo, la suerte de México se encuentra, como siempre, en el terreno de la lucha política donde se habrá de decidir si sigue por el mismo camino neoliberal o se busca una nueva ruta.

 

España sin corona

 

La requisitoria de Felipe de Borbón en contra de los partidarios de la independencia de Catalunya resultó ser, antes que nada, una airada defensa de la monarquía española, ahora amenazada por el resurgimiento de la vieja aspiración catalana de formar un Estado propio bajo el sistema republicano.

El rey de España no es más que el defensor de un decadente y corrompido sistema monárquico en pleno siglo XXI, con su inútil y costosa parafernalia, que ni siquiera funciona como jefatura del Estado. España no necesita al rey, quien no resuelve problema alguno, sino que él mismo es un problema.

El punto es que Felipe de Borbón amenaza a su reino con un conflicto violento, pero él es intocable porque es rey. Las consecuencias de los enfrentamientos las tendría que encarar el gobierno pero no el supuesto jefe del Estado. El rey no ha sido elegido por nadie, no es responsable ante la ley y la ciudadanía, pues sólo en casos personales extremos se le puede declarar inhabilitado y su lugar lo toma su propio heredero. Esto nada tiene que ver con la democracia invocada por el mismo monarca. El rey de España, como casi todo rey, puede llevar a su reino a un desastre pero siempre para defender su propio reinado.

En cuanto a la unidad de España tal como es ahora, sería de esperar que la defendiera un jefe de Estado pero, ante la reivindicación independentista catalana, Felipe de Borbón no ha propuesto absolutamente nada como no sea que las cosas sigan como antes. Si todo lo que está vigente fuera inmejorable, no habría estallado la crisis actual. Desde el trono no se alcanza a ver la realidad, el cretinismo real suele ser peor que otros muchos.

Según la línea adoptada por la derecha posfranquista, lo único que se podría admitir es la renuncia absoluta a la aspiración de una Catalunya independiente. En lenguaje coloquial podría hablarse de una rendición incondicional.

La independencia catalana es una aspiración muy vieja. Por ello, cuando el Partido Popular y otras derechas concurrentes condujeron a una escalada conflictiva al cercenar el nuevo Estatut (ley de autonomía para Catalunya) y eludir unas negociaciones verdaderas y sinceras para encarar el problema nacional catalán, lo que sobrevino fue otro escalamiento, el de los separatistas, cuyo número ha ido creciendo conforme Mariano Rajoy se les enfrenta con la cara más dura que puede poner un gobernante.

La independencia de Catalunya no es, sin embargo, el único camino que tienen los partidarios del derecho de autodeterminación popular catalana. Ni siquiera está tan claro que lo mejor para ese viejo y culto país fuera realmente la independencia en tiempos de la Unión Europea. Mas cualquiera que sea el fondo de la crisis, el gran tema es el de siempre, el acomodo o no acomodo de Catalunya en España.

El punto de partida del posfranquismo es negar el derecho de autodeterminación del pueblo de Catalunya porque no se le considera como un pueblo ni como una nación, sino como algo que es parte de España por designio histórico. Ese discurso recuerda lo que exclamaban los gobernantes españoles cuando Hispanoamérica se les estaba yendo pero la defendían a sangre y fuego a pesar de la inmensidad atlántica. En realidad, el nacionalismo catalán no es tanto el problema como lo es el nacionalismo español, el españolismo.

Quizá por eso el gobierno del Partido Popular está más fuerte que nunca a pesar de ser de minoría parlamentaria. El Partido Socialista (PSOE), que intenta un discurso sobre la cuestión nacional aunque sin suficiente acuerdo interno al respecto, cuenta con una dirección carente de iniciativa política capaz de desviar el proceder de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. Frente al discurso intimidatorio de Felipe de Borbón, pronunciado el martes 3 de octubre, el PSOE transita desde el aplauso de unos hasta las tímidas observaciones de otros, y sólo protesta por la violencia policial contra los votantes del domingo anterior. Rajoy está aún lejos de caer del gobierno y el partido Podemos, la oposición parlamentaria, se encuentra aislado.

La Generalitat, por su lado, tendrá que aplicar su propia ley, aquella que está suspendida por el Tribunal Constitucional de España, aunque eso signifique su inmolación, pero no política, sino personal de sus integrantes. De momento, el gobierno de Catalunya sigue hablando de negociaciones e intermediación.

En la crisis catalana podría haber una violencia no vivida en 40 años y, posiblemente, peor que en los últimos de la dictadura. El día del referéndum hubo unos 800 golpeados, por completo ignorados luego por el rey en su arenga política: de seguro que son vistos como víctimas que se merecían los macanazos de la Guardia Civil sólo por querer votar en su propio país. Hay en España un coro que exige derrocamiento del gobierno autonómico catalán y cárcel para sus integrantes, así como ocupación militar de Catalunya. Es el nuevo rostro del posfranquismo.

No debería ser ese el camino por el que opte la España de los derechos y las libertades.

Manipulación priista de la desgracia

 

Para buscar atronadores aplausos, el PRI ha propuesto que se cancele total y definitivamente el financiamiento público de los partidos políticos y se recorte la representación proporcional en el Congreso de la Unión.

En un momento en el que el partidismo en general y los partidos políticos, como entidades individuales, sufren descrédito, repudio e, incluso, descomposición, el PRI (léase Enrique Peña Nieto) ha decidido pegar un grito para que se escuche bien que él y su gente están del lado de los más resueltos demoledores del sistema de partidos, pero ahora bajo la atroz cobertura de ayudar a los damnificados. Sin embargo, ese discurso no le va a quitar al PRI su condición de partido más repudiado del país. Lo que busca Peña es poner a otros partidos contra la pared aunque sea dudoso que lo pueda lograr.

La propuesta priista para abolir el financiamiento público y desmochar la representación proporcional es engañosa porque implica que el Congreso la apruebe por dos tercios en ambas cámaras, pero esta mayoría no la alcanza el PRI ni con los partidos bonsai. Además, existe un principio en la Constitución (art. 105. i) en el sentido de que durante el proceso electoral, que ya inició, no se pueden introducir modificaciones legales fundamentales y, aunque esta sería una derogación de preceptos de la Carta Magna, habría que expedir luego una nueva legislación ordinaria que regulara el financiamiento privado de los partidos y la asignación de asientos en las cámaras. Para todo eso no hay tiempo ni oportunidad, por lo cual, no se podría expedir la reforma anunciada por el PRI antes de las elecciones del año próximo.

Mientras, el resto del financiamiento público del PRI de 2017, recortado por las multas en curso de pago, será donado a la Federación con el fin de que se incorpore a los gastos tendientes a atender a los damnificados de los sismos. ¿Quién pagará los sueldos de los empleados y de dirigentes de ese partido en lo que resta del año incluyendo los aguinaldos? De seguro, Enrique Ochoa, nominal líder priista, dividirá la nómina entre entidades públicas de gobiernos priistas y algunos empresarios ricos, pues al PRI no lo van a cerrar, todavía.

Como antes de las reformas electorales, los recursos de procedencia ilícita forman parte del sistema político. El financiamiento público de los partidos no ha inhibido las operaciones ilícitas que ocultan el rebase de topes de gastos, ni tampoco ha detenido a los gobernantes que canalizan fondos presupuestales hacia campañas electorales. Mas aquí la clave ha sido la impunidad, ya que no existe autoridad capaz de perseguir esos ilícitos, debiéndolo hacer. Es decir, no hace falta una ley sino que ésta se cumpla.

Sin embargo, lo que el PRI busca es un sistema en el que los partidos competitivos sean exclusivamente aquellos que puedan recibir enormes cantidades de dinero de los grandes ricos del país y, de seguro, habría que incluir entre estos a algunos de la llamada delincuencia organizada.

En cuanto a la representación proporcional, este sistema se estableció para que la mayor parte de los electores pudiera estar representada en congresos y ayuntamientos, lo cual, a su vez, permitiría un pluralismo electoral. Si en México sólo existieran 300 diputados de mayoría relativa (uno por distrito), quedaría sin representación al menos el 40% del electorado cuyo candidato no hubiera alcanzado la mayoría relativa en el correspondiente distrito. Eso es lo que ocurre en varios países con sistema electoral viejo y anacrónico como Estados Unidos y Gran Bretaña.

En efecto, el PRI desea el sistema electoral gringo, con sus contribuyentes de Wall Street, como dice el senador Bernie Sanders, que convierte a los candidatos triunfadores en lacayos del capital financiero.

Peña Nieto desea un sistema bipartidista de opciones netamente burguesas para eclipsar a las formaciones populares que, por consecuencia, no podrían competir en el marco de un incontrolable financiamiento privado concentrado en dos partidos que se repartieran las curules dentro de un sistema de representación de mayoría, tal como ocurre en Estados Unidos, donde sólo hay distritos uninominales y el financiamiento público, incompatible con el privado, es rehusado por los principales candidatos porque lo consideran pequeño para cubrir sus inmensos gastos.

Lo que busca el PRI es una regresión. Menos mal que no ha de ser para esta temporada, por lo cual, de momento, es pura propaganda. Lo peor estriba en que ésta se hace en nombre de los damnificados. Eso se llama manipulación de la desgracia y describe bien la estatura política de sus iniciadores.

Hacia la protección civil ciudadana

Otra vez, la solidaridad espontánea inundó el espacio público ante la tragedia. La fuerza destructora del sismo del 19 de septiembre de 2017 hizo que miles se movilizaran de muy diferentes maneras para ayudar a los directamente afectados. Pero, otra vez, la improvisación tuvo que sustituir la inexistente organización previa. Es que México prefiere tener un inservible servicio militar obligatorio que un servicio de protección civil que nos organice en forma permanente y, además, algo también muy importante, que organice al gobierno.

El proyecto de reforma constitucional sobre la protección civil se ha mantenido en el mecanismo de congelación del Congreso durante dos décadas. Es hora de rescatarlo, como damnificado que es de la ausencia de razones y explicaciones que prevalece en la lucha política mexicana.

El servicio de las armas se instauró con la República. Desde entonces es obligatorio acudir a tomar instrucción y alistarse cuando se llame a filas. Así sigue en la Constitución. En contraste, la protección civil está pensada como una estructura de gobierno con un supuesto voluntariado, pero no como un sistema nacional obligatorio.

A veces es dable pensar que los organismos de protección civil de los tres niveles de la administración pública son sólo un renglón en los presupuestos.

¿Quién se encarga de revisar inmuebles y exigir respuestas gubernamentales y también de los dueños de las edificaciones? Pues “protección civil”, pero, ¿lo hace efectivamente? No. Tendría que ser la gente organizada quien lo hiciera y quien luchara por una política de mantenimiento, mejoramiento y protección de toda clase de inmuebles, así como de instalaciones hidráulicas, comunicaciones y de otro tipo, donde se producen desastres. No pueden evitarse huracanes y terremotos pero pueden evitarse derrumbes e inundaciones. Con esa idea hay que trabajar intensamente, pero todo el año y todos los años.

Cuando ocurre la desgracia, todo tiene que improvisarse. En medio de un rescate hay que empezar por pedir picos, palas, implementos de primeros auxilios, agua potable y muchas cosas más porque, en las prisas, las autoridades se hacen bolas y porque nunca están preparadas. Recién nos enteramos de un complicado trámite que tuvo que hacerse para que cesaran inútiles sobrevuelos de helicópteros que impedían escuchar a los rescatistas, pues los jefes en tierra y los pilotos en el aire no tenían idea del trabajo que se estaba haciendo en las montañas de escombros, vigiladas desde arriba como si eso sirviera para algo.

Las fuerzas armadas ya son enteramente profesionales. Un servicio militar obligatorio podría dejarse para situaciones de conflicto bélico o peligro de guerra. Pero, mientras tanto, México parece estar en una guerra declarada por la naturaleza, pues no está bien preparado para hacer frente a lo inevitable: la catástrofe natural. También hay catástrofes provocadas por decisiones de autoridades ineptas o corruptas, pero frente a ello se requiere igualmente un servicio efectivo de protección civil.

Es preciso trasladar poder a la ciudadanía. Para eso es indispensable la creación de las instancias donde se organice la gente y se tomen las decisiones. El único impedimento que existe es el temor del poder burocrático de perder autoridad, lo cual, en realidad, sería magnífico.

Mientras tanto, hay que esperar la próxima catástrofe. En palabras de Peña Nieto, la siguiente “prueba dolorosa”. Este subterfugio presidencial es denigratorio. ¿Quiénes están viendo el desastre como recurrente “prueba dolorosa”, en lugar de preparar al país para encarar lo que ha de venir? Varios, entre ellos, él mismo.

Al amanecer no estaba el gobierno

 

Cuando el sol iluminó, el gobierno no conocía ni remotamente las consecuencias del sismo de la medianoche anterior. En la mañana del viernes 8 de septiembre de 2017, oficialmente todo parecía casi normal o al menos incierto. Las declaraciones eran ambiguas porque el sistema de protección civil es en México un renglón más en el presupuesto antes que una organización popular, como la observamos en muchos otros países. Poco a poco, los medios de información fueron relatando las consecuencias más visibles del temblor: “hay decenas de muertos y un tercio de las casas de Juchitán está inhabitable”.

Por su parte, el presidente de la República, ubicado en el cuartel de las catástrofes, ya había dicho, todavía de madrugada, que el sismo era el de mayor magnitud en cien años, pero sin tomar en cuenta los factores de duración y forma de movimiento del suelo, mucho menos sus consecuencias, pues aunque a Peña le gusta dar primicias, carecía al respecto de conocimiento. No obstante que no se sabía ni por aproximación lo que había ocurrido, era menester decir algo aunque fuera superficial, inexacto o exagerado. Así opera el gobierno.

La realidad, sin embargo, como siempre, estaba ahí, pero no frente a los gobernantes. Cuando el “jefe del Ejecutivo” acudió por vez primera a Juchitán a tomarse la foto de espalda a unas ruinas, junto al gobernador y la alcaldesa, no se sabía el tamaño de la catástrofe pero las promesas eran fabulosas: “llegará toda la ayuda necesaria”, cosa que no ha ocurrido una semana después.

Luego, cuando Osorio Chong estaba diciendo en Chiapas que no era justo lucrar con la desgracia, el presidente priista del Congreso oaxaqueño repartía personalmente despensas etiquetadas con su nombre y, en la capital del país, la esposa del “jefe del Ejecutivo” ya había despachado en ceremonia ante las cámaras algunas toneladas de víveres desde el Campo Marte. Por su parte, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, fue a Juchitán a ofrecer la reparación de escuelas y “toda otra ayuda necesaria”, pero entonces el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, advirtió que va a ser todo “un reto” conseguir dinero para la construcción de viviendas porque, al parecer, son muchas las dañadas. Se nos informa, no obstante, que “somos el único país del mundo en el que, todavía en situación de emergencia, ya estamos haciendo el censo para iniciar la reconstrucción”, en palabras dichas por el jefe de la “protección civil”, que es Osorio Chong, cuya secretaría, la de Gobernación, debió hacer, mucho antes, el censo de edificios en malas condiciones y de vivienda precaria, como instrumento para emprender las reparaciones antes de que se derrumbaran, pero ni siquiera tiene completos los llamados atlas de riesgo. Mientras, el “jefe del Ejecutivo”, en persona, era el encargado de informar el número de muertos conforme iban ocurriendo los decesos o encontrándose los cuerpos.

Cinco días después del sismo, se emitió una declaratoria para activar el Fondo de Desastres, quizá porque durante los anteriores cuatro días todavía había dudas sobre lo ocurrido. No se sabe, sin embargo, cuanto dinero se va a girar desde la Tesorería de la Federación, ni para qué objetos. Mas, para moderar el gasto, se avisa al pueblo la cancelación de la cena prevista en Palacio el 15 de septiembre, aunque hace cinco años que no se realiza aun sin temblor de tierra.

El Estado mexicano sigue sin contar con la organización adecuada a un país de grandes desastres naturales. Esto se debe a que después de las calamidades sobrevienen cosas más importantes, como repartir despensas en tiempos electorales y, luego, recompensar el voto emitido, por ejemplo. La protección civil tendría que sustentarse en un servicio que involucrara a toda la población, en lugar del militar que actualmente no sirve para nada, con el propósito de capacitar y organizar a la gente para prevenir daños y encarar las catástrofes. Este proyecto ha estado congelado en el Congreso desde 1998.

Pero se requiere algo más: evaluar las condiciones en que se encuentra la vivienda popular, especialmente en las zonas de sismos, huracanes, inundaciones y deslaves que, en conjunto, conforman la mayor parte del país. El mejoramiento de la vivienda debería ser un programa prioritario de los presupuestos.

En México, los damnificados de temblores, vientos huracanados, desbordamientos de ríos, mares profundos, enterramientos, socavones y anegaciones duran años en esa condición, como lo hemos visto tantas veces, pero se va haciendo menor la publicación de videos, fotos y testimonios. Poco a poco se va “olvidando” la desgracia para volver al infortunio de siempre. Esto ocurre en muchos países, es cierto, pero no es consuelo.

Mas en lo que México resulta inigualable es en la actitud de su gobierno, su clientelismo de la desgracia, su demagogia de la reconstrucción, su vanagloria de no hacer gran cosa, su discurso vacío y su patética actitud piadosa que termina en decepciones o ridiculeces, tal como se lo dijeron en su cara a Aurelio Nuño en Juchitán.

Lo más afrentoso, sin embargo, es el gasto en publicidad de los gobernantes, empezando por el presidente de la República. Mas no es sólo por el monto de lo erogado que podría ser útil para otro efecto, sino por la utilización de la catástrofe para aparecer en actos políticos montados por el ogro filantrópico, como llamaba Octavio Paz al Estado mexicano. La desgracia es usada para fabricar una imagen de gobernante bueno y misericordioso sólo por lo que dice que hará, aunque siga negándose a responder por lo que antes no hizo.

No es pequeño el cambio político que requiere México pero tampoco es tan difícil lograrlo. Quizá pronto.

Falso frente ciudadano

 

El nuevo Frente Ciudadano por México integrado por el PAN, el PRD y el MC es falso porque no es una formación ciudadana si por esta acepción se entiende una participación más o menos espontánea y abierta, en forma de movimiento sin estructura jerarquizada. En este nuevo frente sólo participan partidos políticos, es decir, todo lo contario a lo que se entiende por algo de carácter ciudadano.

Los políticos profesionales, como los que han creado el nuevo Frente, son ciudadanos y ciudadanas, naturalmente, pero su forma de ser y actuar no corresponde a la manera como se comportan las corrientes ciudadanas.

Mas la falsedad del acuerdo de colaboración y acción conjunta entre esos tres partidos va más lejos. Se habla de un nuevo “sistema político (que) debe construirse, no en función de partidos o candidatos, sino a partir de un proyecto de país…” y bajo una “gobernanza ciudadana.” Sin embargo, se promete formar un “gobierno de coalición del Ejecutivo Federal (sic) al amparo del artículo 89 Constitucional”, pero este precepto señala que, de haberlo, el gobierno de coalición se integraría “con uno (sic) o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión”. ¿Dónde quedaron los “ciudadanos”?

Para seguir en el engaño, al flamante Frente no le importa caer en contradicciones. Se propone “establecer la democracia interna y garantizar la representatividad ciudadana en los partidos políticos para que actúen con responsabilidad y asuman el rol de facilitadores, de instrumentos para que los ciudadanos construyan, promuevan y guíen el cambio de régimen que necesita el país”. O sea, la “nueva” democracia de los partidos ha de servir para que los ciudadanos ingresen a ellos y se conviertan en militantes que, desde su nuevo partido, construyan otro régimen político que no sea de partidos. Si la base del cambio van a ser los “ciudadanos”, pero como integrantes de los partidos, volvemos a lo mismo. Al final, no se está planteando nada.

En esa misma línea de contradicciones, el frente panista-perredista dice buscar “la conformación y consolidación de un nuevo régimen, cuya base sea el empoderamiento ciudadano.” Sin embargo, no se plantean nuevos derechos ciudadanos, tales como crear un recurso popular para objetar leyes y actos de autoridad directamente ante un tribunal constitucional; hacer efectivo el derecho a la consulta popular (recién violado y desconocido) extendiéndolo a todos los niveles políticos del país, la obligatoriedad del plebiscito para tomar ciertas decisiones importantes, entre otros. En el centro de una democracia nueva tendría que estar la construcción de ciudadanía, pero ésa sólo será posible con nuevos derechos políticos. Sin embargo, el Frente se enreda en su propia retórica, la cual no oculta sino realza su pobreza programática.

Como no se planean nuevos derechos, los frentistas entienden “la participación ciudadana” como el ejercicio de las actuales libertades, con el fin de que los ciudadanos “incidan en todos los niveles, procesos y decisiones de gobierno”. Este es el sobado planteamiento abstracto de que los ciudadanos lleguen a “incidir” en el gobierno a través de la libre manifestación de las ideas y el voto, pero ya no estamos en el siglo XIX. De lo que ahora se trata es que, además, los ciudadanos empiecen a tomar directamente decisiones que hasta hoy han sido reservadas a los gobernantes.

Para culminar su plataforma programática, el falsificado Frente Ciudadano nos plantea la manera en que piensa repartirse el Ejecutivo. Veamos aquí en concreto la proclamada participación ciudadana: “el titular de la Secretaría de Gobernación, asumirá, además, la función de líder de gabinete y será propuesto por fuerzas políticas distintas a la del presidente de la República, garantizando la pluralidad indispensable para la puesta en marcha del nuevo régimen”. Con esto se entiende que el “nuevo régimen” son ellos, los líderes frentistas. Al PAN le correspondería la presidencia y el PRD nombraría al secretario de Gobernación (jefe de la policía) como “líder de gabinete”. Pero, a propósito, ¿cuál gabinete? Ése no existe en la Constitución.

Es tan lo mismo el planteamiento del Frente Ciudadano que ni siquiera incluye la creación de un Consejo de Gobierno con facultades constitucionales definidas, a partir de actuales funciones del presidente de la República, es decir, la conversión del Ejecutivo en algo mucho menos personal y con un órgano colegiado, lo que podría hacer real la existencia de un gobierno de coalición, pues ahora éste no es más que una frase suelta en el texto de la Carta Magna de la que se quiere colgar el nuevo Frente ante la falta de propuestas propias.

El documento firmado es un programa electoral aunque carece legalmente de ese significado. Es el anticipo de lo que podría ser una coalición de tres partidos. Acción Nacional ya se ubica desde ahora al frente de la operación.

Dicen los firmantes en referencia a la situación previa al arribo del actual gobierno: “ayer tuvimos la democracia frente a nosotros y la dejamos ir.” Y agregan: “proponemos reanudar juntos la transformación democrática”. Nadie hubiera creído hace unos años que los administradores del PRD llegaran a suscribir la tesis de que, con los sucesivos gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, habíamos entrado en la transformación democrática que luego “dejamos ir”, la cual, ahora, hay que “reanudar juntos”. ¿Para llegar a lo mismo? ¿No fueron suficientes aquellos fracasos? ¿Quieren más? Así es, por lo visto.

Por más que el nuevo Frente presenta su discurso como algo nuevo, lo que logra es morderse la cola, perseguirse a sí mismo, en simetría con lo que finalmente es: un conjunto de políticos conservadores.

Respuesta de Pablo Gómez a Alejandra Barrales

 

Lunes 4 de septiembre de 2017.

Alejandra Barrales,

Ciudad.

He leído sin la menor sorpresa que afirmaste ayer en el Consejo Nacional del PRD que “Los que se quieran ir, que se vayan…, que lo hagan de prisa…”. Es evidente que, entre otros, sin duda muchos miles de miembros del partido, te refieres a mí. Por ello, respondo a tus afirmaciones.

Eres la única persona que, al frente de un partido, tiene prisa de que se vayan sus militantes. Te importa menos que un bledo, por lo visto, las causas y contenido de las disidencias, ni se te observa interés alguno en discutir algún tema de relevancia. Perteneces auténticamente al sistema grupal faccioso que domina al partido y se caracteriza por su acrecentada intolerancia, ya que no son las ideas las que le importan sino sólo sus propios y exiguos intereses.

Apresurar a los disidentes a abandonar las filas de una organización política de afiliación voluntaria no puede ser más que síntoma de una crisis. Pero, que lo haga quien ostenta el cargo de presidenta nacional es un síntoma de descomposición. Sin embargo, el punto relevante es saber cómo y porqué ha llegado el PRD a la patética situación en la que se encuentra.

Las respuestas no vendrán de los actuales administradores del partido a quienes tú encabezas de manera incidental y por imposición externa. Vendrán de millones de ciudadanos y ciudadanas que hasta hace poco votaban por el PRD con el interés de promover un cambio democrático y social en el país, entre ellos quienes tú has llamado “lastres”.

La profundidad de la crisis de descomposición que sufre el PRD se debe a que éste ha dejado de ser una opción nacional, democrática y social, con cuya seña de identidad nació alguna vez hace poco más de 28 años.

El PRD no se encuentra ahora en la lucha política en la cual participó durante más de dos décadas. Se encuentra dentro del mercadeo político con el que se intercambian concesiones sin propósitos nacionales y populares.

El Consejo Nacional del PRD ha acordado buscar una alianza con el Partido Acción Nacional para ir en coalición durante las próximas elecciones de 2018. El último Congreso Nacional del partido, su máxima autoridad estatutaria, aprobó otra línea, la de la alianza con las izquierdas. Ustedes, por su propia cuenta, han decidido llevar al PRD por un camino del todo diferente.

Se nos acusa de apoyar a otro candidato. Pero el PRD no tiene ninguno, ¿por qué se habla de otro? Yo he propuesto la unidad de toda la izquierda y, además, que el partido apoye a una determinada persona porque sostengo que se trata del virtual candidato de las izquierdas, entendidas éstas como gran agregado popular y no sólo como grupos dirigentes. Tal es mi derecho como miembro del partido. Pero, por lo visto, carecer de candidato, precandidato o simple aspirante serio, les conduce a ustedes estar en la graciosa circunstancia de tener un no candidato. ¿Cuándo se ha votado en las filas perredistas que López Obrador no puede ser postulado por el partido? Lo que se votó en el más reciente Congreso fue no hacer una alianza electoral nacional con el PAN.

Ustedes sí que carecen de derecho para negociar una alianza con el PAN y para apoyar a un panista como candidato a presidente de la República, pues eso no está autorizado por el partido, sino que se encuentra precisamente descartado. Son ustedes quienes actúan al margen del Estatuto del PRD.

Al mismo tiempo, como parte de la descomposición del partido a la que ustedes han conducido, se encuentran hundidos, ahora más que nunca, en la ilegalidad. Debieron haber convocado a elecciones internas para realizarse a más tardar en el presente mes de septiembre. El Tribunal Electoral se los ha ordenado. Sin embargo, ayer convocaron para realizar los comicios internos dentro de más de un año, cuando los cargos que ostentan tendrán doce meses de haber caducado. Como se sabe, los puestos electivos en el PRD tienen una duración de tres años, los cuales se cumplirán el próximo 6 de octubre. Dentro de un mes, ustedes no sólo integrarán una dirección ilegítima, como ya lo son por estar contra el programa y la línea del partido, sino también serán una dirección legalmente inexistente, de facto; ingresarán en la galería de los autócratas.

La firma que llegaran a estampar en un acuerdo de alianza o coalición con el PAN sería nula de pleno derecho pues ustedes, los firmantes, carecerían de representación válida conforme a la legalidad.

Frente a tu dicho de que quienes quieran irse que se vayan, te respondo: yo no quiero irme ni me voy. Quienes deberían abandonar la dirección formal del partido son todos ustedes, los y las que transgreden el programa y la línea política, las y los tránsfugas de la izquierda que han votado en favor de una alianza electoral nacional con el PAN y buscan afanosamente respaldar a un candidato panista para que se convierta en otro Fox, en otro Calderón, un o una derechista neoliberal que sólo podría prometer al país más pobreza, estancamiento, atraso e injusticia. Yo no me voy del PRD porque advierto contradictorio que quienes defienden el programa y la línea política del partido tengan que abandonar sus filas en lugar de que sean desplazados las y los actuales administradores, responsables de la profunda crisis de descomposición que lastimosamente sufre el Partido de la Revolución Democrática.

La crisis del PRD es en realidad la bancarrota política de sus representantes formales, de quienes administran pero no dirigen, de quienes mercan pero no luchan.

Tú no eres nadie para orillar a que me vaya ni para echarme del PRD. Ustedes son los tránsfugas.

Sinceramente,

                       Pablo Gómez, afiliado al Partido de la Revolución Democrática (rúbrica)

No se necesitan otras leyes; es otra política, necios

 

El llamado de Peña Nieto para que el Congreso expida una ley de seguridad interior, exigida por los generales y almirantes del alto mando de las fuerzas armadas, se ha presentado como una necesaria revisión de los instrumentos jurídicos con los cuales el Estado combate a la delincuencia. Pero, si hacemos memoria, es exactamente la misma canción que la de Felipe Calderón cuando atropelló varios derechos humanos mediante sus intromisiones en el texto constitucional.

El esquema planteado es el mismo: crear un Estado de policía como respuesta supuestamente eficaz a una delincuencia organizada impetuosa e incontrolable.

Para combatir al narco no se necesitan nuevas leyes. Eso es magia. No es serio. Producción y tráfico de drogas, homicidio, desaparición, robo, secuestro y extorsión, que ahora realizan las mafias del narcotráfico y asociados, siempre han sido delitos. Por más que hayan aumentado las penas, manipulado los tipos penales, agravado ciertas conductas, atropellado derechos fundamentales y proclamado inclemencia para algunos delincuentes, los actos dañosos que realiza esa clase de criminales son perseguibles y punibles como lo eran antes. En cuanto a las investigaciones, la policía ya las puede hacer desde hace años.

Lo que se busca es dar facultades inconstitucionales a las fuerzas armadas. Ese proyecto de ley, que según Osorio Chong ni siquiera debería estar a discusión (!), se deriva del fracaso de las estructuras de seguridad pública y procuración de justicia del país, las cuales están dirigidas por los gobernantes, pero, por lo visto, también de las militares, pues ya tenemos más de diez años en “guerra” y estamos peor.

Al margen del hecho de que las fuerzas armadas a veces ejecutan a presuntos, lo cual es un delito que no debería solaparse, con una nueva ley de “seguridad interna” se perpetuarían las funciones policiales del Ejército y la Armada, pero no se daría paso alguno en la dirección de controlar el delito, en especial los ilícitos que cometen los grupos de la delincuencia organizada y sus asociados. No se ha demostrado que la intervención de las fuerzas armadas en la persecución de los narcos haya tenido grandes resultados en algún momento de los últimos 60 años, que es el tiempo que aquéllas tienen persiguiendo al narcotráfico con el declarado fin de acabar con este negocio, el cual es más fuerte y diversificado ahora que hace apenas cinco años, cuando terminó el sexenio de Calderón, el ridículo declarante de la “guerra”.

No se quiere analizar la incorporación a la delincuencia de jóvenes procedentes del amplio espectro del resentimiento social, quienes carecen de expectativas de mejoramiento y superación. La mayoría de la juventud mexicana actual no vive ni espera vivir mejor que la generación inmediata anterior, es decir, sus padres. Peña Nieto, como sus antecesores, no ha aumentado el porcentaje de estudiantes de educación superior respecto del total de la población en edad de acceder a ella. Estamos prácticamente igual que hace 30 años. Esto es un desastre nacional.

Pero en lugar de analizar este y otros problemas que se encuentran en el fondo de la actual crisis de violencia, lo que Peña nos propone es ceder ante la exigencia de mayores atribuciones policiales a las fuerzas armadas. Por esa vía, los militares tendrían que gobernar algún día de estos porque los civiles son unos perfectos inútiles, aunque, en verdad, las fuerzas armadas tampoco han resuelto el drama de la violencia criminal, por lo que, para justificarse, se quejan de falta de facultades.

Pero lo que en realidad ha hecho falta para encarar la criminalidad es un Estado organizado sin la actual estructura de corrupción que le caracteriza, con política social y con política criminológica avanzada, con proyecto policial, con suficiente autoridad que pueda ser ejercida en todo el territorio y con objetivos concretos para que cada uno de sus pasos sean el antecedente directo del siguiente. Lo que quiere hacer Peña es lo mismo que Calderón: palos de ciego en un asunto que no se quiere entender y frente al cual los gobernantes han sido impotentes y se echan la culpa unos a otros.

Si en el Ejército y en la Armada privara el conocimiento de los fenómenos sociales y no sólo la postura institucional, tendríamos unos generales y unos almirantes aconsejando a Peña para que deje de dar tumbos en esta materia y se elabore una nueva política y un programa integral que hagan frente a la crisis de violencia, pero sin basarse en las fuerzas armadas porque éstas no han sido hechas para ese efecto. Lo que Peña Nieto busca es elevar a ley la deformación de la milicia en cuerpo policial para hacerla permanente, orgánica y estructural. Esta es la peor opción posible porque en lugar de resolver problemas va a crear más.

No son otras leyes las que se necesitan. Es otra política, necios.

El Estado no debe educar sino ser educado

 
Dice Enrique Peña Nieto que estar contra la reforma educativa de su gobierno es estar contra México. Le importa menos al presidente de la República qué clase de reforma es ésa porque lo que busca es poner a la oposición más crítica y rupturista en la tesitura de tener que estar contra México. Y como no se trata de ser declarado adversario de cualquier otra cosa, sino justamente del país al que se pertenece, entonces tenemos una excomunión no eclesial sino nacional.
 
La intolerancia de Peña es conocida, pero ese discurso para fustigar a quienes están contra su política ya fue desorbitado. Parece que para el gobierno ha llegado el momento de hacer exaltación de la propaganda del exclusivismo político y la prepotencia, es decir, de la forma priista de ser. Pero, entre más lo haga, aún menos respaldo tendrá, aunque él no lo quiera admitir por pura necedad.
 
El presidente afirma que su reforma educativa llevará a la escuela mexicana a altos niveles de calidad, de lo cual no se ha visto ni el inicio.
 
Ninguna evaluación personal es capaz de hacer mejor a un maestro o maestra. Lo que en verdad se requiere saber es cómo se encuentra el sistema educativo y eso es justamente lo que no se sabe bien, mientras lo que se sabe se oculta.
 
La escuela pública mexicana va de ser pobre a ser paupérrima. Es tanto más pobre cuanto más lo son las familias de los alumnos. El presupuesto educativo se distribuye con una franca discriminación de los más indigentes de México. Esto nunca ha sido reconocido por algún Secretario, ya fuera de Educación o de Hacienda, pero es una inconfundible consecuencia de concretas decisiones de gobierno. Y mientras no se hable con la verdad, aunque sea sólo con la más fehaciente, no podrá haber reforma educativa propiamente dicha.
 
La calidad de la educación (término inapropiado pero de uso común) se mejora a través de la definición de nuevos objetivos alcanzables, la priorización del gasto público, la corrección del sistema educacional y la organización de la comunidad escolar para lograr un desempeño solidario. Nada de esto se encuentra en la reforma educativa de Peña.
 
En cambio, se cometen tropelías como la de establecer una diferenciación de sueldos entre docentes de la misma categoría laboral y antigüedad en función del resultado de un examen, ahora llamado evaluación. Esa pauta de acción administrativa busca dividir al magisterio en la base, beneficiando sólo a una pequeña parte. A trabajo igual corresponde salario igual es un principio que se enseña en las escuelas. Sin embargo, eso no es algo respetable según Peña Nieto y los líderes de un sindicato de opereta, el SNTE. En realidad, se trata de pura manipulación política pero sin objetivos educacionales.
 
Todo cuerpo docente requiere una preparación incesante pero esa es justamente la que siguen sin tener los profesores y profesoras del sistema de educación básica.
 
La reforma de Peña no ha planteado un nuevo sistema nacional pedagógico para los maestros y maestras. Al respecto, todo está igual que antes, es decir, avanza por la ruta de la mediocridad cuando no del fracaso.
 
En el fondo del problema educativo se encuentra la misma situación siempre: la pretensión del Estado de educar a los niños y los jóvenes. En realidad, el Estado mexicano tiene que ser educado por lo cual no puede educar. Lo que debe hacer es financiar adecuadamente el sistema educativo con el fin de hacer universal el acceso a la enseñanza y dotar a éste de los instrumentos necesarios. La educación debe estar a cargo de los educadores. Para esto, no sólo se requieren sistemas propiamente educacionales sino también sistemas democráticos que promuevan la participación de los docentes, de los padres y madres de los alumnos y de estos mismos. Sin embargo, este idioma no lo pueden entender los actuales gobernantes pues nunca han estudiado el tema ni dan muestras de querer hacerlo, son políticos convencionales.
 
Mientras, habría que declararse “contra México” aunque sólo se esté contra una efímera reforma que no es más que un intento de control administrativo de la educación básica. En realidad, se trata de una recuperación política por parte del PRI, en su ropaje de gobierno, luego de que Elba Esther Gordillo se rebeló y puso changarro aparte. Convertir al secretario de Educación en el mandamás del sistema educativo básico, en lugar de una lideresa corrupta, ahora encarcelada, no resulta ser avance, menos cuando ese puesto lo ocupa Aurelio Nuño, convertido en educador de México aunque, como ya nos dimos cuenta, no puede distinguir entre astronomía y astrología.