Vigilar las elecciones es un mandato democrático que abarca a la ciudadanía entera. Procurar el respeto al voto genuino es un deber cívico de todos. Pero el INE parece no estar de acuerdo con esto.
No es nueva esa actitud de la actual mayoría consistorial de
ese Instituto. Así es, sencillamente. Tenemos años con lo mismo.
El presidente de la República dice que quiere convertirse en
«guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir
libremente a sus autoridades», en especial denunciar el uso de recursos
públicos y la compra de votos, pero el
consejero presidente le responde que «el único guardián» es el INE y
que el presidente «no tiene vela en el entierro», según dijo.
El INE, como antes el IFE, nunca pudo impedir el fraude
electoral, la compra masiva de votos, el uso ilegal de recursos, el exceso en
los gastos y muchas más maniobras electorales abusivas e ilegales. Ni siquiera
pudo impedir en el año de 2015 el muy evidente fraude de voto electrónico a
distancia, reconocido siete meses después de las elecciones de diputados locales
de Chiapas, llevado a cabo mediante la manipulación del «inviolable» listado de electores. Y también se negó a
destituir a los consejeros locales de aquel estado, hasta que se lo tuvo que
ordenar el Tribunal.
La lista de incapacidades, torceduras, parcialidades,
complicidades, soslayos, inoperancias y torpezas es monumental y se encuentra
documentada. Los historiadores en el siglo XXII tendrán todo a la vista para
darse gusto. Un día, el INE llegó al extremo, cómico y patético a la vez, de
registrar en la suma de los cómputos distritales, tres días después de la
elección, más del 100% de los votos depositados en las urnas. Año 2015, caso
único en el mundo. El consejero presidente ni se asomó para dar explicaciones:
envió a la sala de prensa a algunos de sus buenos colegas.
El Instituto nunca ha logrado tener resultados completos en
la mañana del día siguiente, como suele ocurrir en los países de sistema lento
que no pueden hacerlo la misma noche. Los tiene cuando terminan los cómputos distritales,
tres o cuatro días después. Lo que hace el INE es un muestreo de casillas,
llamado conteo rápido, una encuesta de resultados, aunque nunca ha cubierto la
totalidad de las casillas de la muestra. Los rangos que brinda ese
procedimiento son tan amplios que, en elecciones muy competidas, sólo crea
mayores problemas. El punto relevante, sin
embargo, es que, con el pretexto del conteo rápido, el programa de
resultados no mejora, es muy lento, políticamente complicado y dudoso.
La vigilancia de los procesos electorales no sólo debe
abarcar a partidos, donantes, medios de comunicación, bancos y todos los niveles
de gobierno y otras entidades públicas, sino también, especialmente, a la
autoridad que organiza los comicios. Esa es nuestra realidad.
El IFE-INE, sin presencia (formal) del gobierno, se construyó
bajo buenos auspicios y no empezó mal si se estima la realidad política de
entonces y el bloqueo que intentaba el PRI, hasta que decidió desechar la queja
sobre el financiamiento ilegal de campaña conocido como «Amigos de
Fox». Luego de dos años, el Tribunal ordenó al Instituto, en incidente de apelación,
investigar lo que ya se conocía a grosso
modo, por lo cual se impuso al PAN y al PVEM una multa de más de 300
millones. Pero ni así presentó el IFE denuncia ante el Ministerio Público. Eso lo hice yo, con la pésima suerte de que el principal denunciado,
entonces presidente de la República, le ordenó al procurador que confirmara el
«no ejercicio de la acción penal» dictada por la Fepade, la cual
jamás ha servido para gran cosa. En realidad, no pasó nada, el Poder Judicial
le dio palo final al asunto en juicio de amparo.
La brutal arremetida del entonces presidente, en 2005, mediante
mensajes en radio y televisión en los que realizaba propaganda personalizada
con programas sociales, algo prohibido por la ley y que anticipaba la campaña
electoral, no la detuvo el IFE, sino un ministro de la Suprema Corte, José de Jesús Gudiño Pelayo, quien resolvió inmediatamente
la suspensión de los actos presidenciales luego de admitir a trámite la controversia
interpuesta por la Cámara de Diputados.
El IFE-INE ha sido casi ineficaz en la vigilancia de que se
observen los dos últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución. Miles de
quejas y denuncias se han presentado infructuosamente contra servidores
públicos que realizan propaganda personalizada por cuenta de recursos públicos.
Ahí, el Instituto sí tiene «vela», pero ha fallado de manera
indecente. ¿Quién vigila?
El éxito del IFE al imponer una multa de mil millones de
pesos al PRI tuvo el defecto de que lo robado había sido del doble de la
cantidad indicada en el expediente, lo cual obligaba a una sanción de dos mil
millones. Al principio, ya en medio del escándalo, el Instituto no abrió
procedimiento oficioso sino que tuvimos que presentar la queja. El Pemexgate culminó en la exoneración penal
de los intermediarios, los líderes sindicales y el director de la paraestatal,
así como del entonces presidente de la República, quien sin duda impartió la orden para la defraudación.
Nadie que no sea el jefe del Ejecutivo regala mil millones a un candidato desde
los fondos de Pemex.
Podría decirse que aquel Consejo General del IFE fue mejor que
los posteriores porque, aunque tampoco vigilaba mucho, al menos era reactivo y
llegó, aunque a tumbos, a imponer sanciones históricas al PRI y al PAN, los
cuales eran los partidos donde mejor se organizaban los transgresores electorales
del país.
Después las cosas empeoraron visible y groseramente. La
campaña sucia del PAN en el año 2006, con la intervención de agrupaciones
patronales y empresas, así como de las televisoras, mediante la difamación y la
calumnia, fue pasada de largo por unos consejeros que en su mayoría estaban en
la movida chueca electoral. Recordemos sólo la manera torcida de hacer los
cómputos y, luego, la declaratoria ilegal del IFE sobre el resultado de la
elección presidencial que la ley no le permite hacer, la negativa a realizar un
recuento que hubiera aclarado al menos una parte del problema, el carpetazo a
toda queja, denuncia, clamor, etcétera.
En el año 2006 México tuvo el movimiento poselectoral más
fuerte de su historia, el cual duró prácticamente los años del sexenio. Este
fue provocado por las acciones combinadas de la derecha panista en el gobierno,
el candidato oficial, las agrupaciones empresariales más conservadoras y la mayoría de consejeros del IFE, con la
muy lucrativa complicidad del PRI. «Haiga
sido como haiga sido», se dijo.
Seis años después, volvió la propaganda electoral ilegal en
favor del precandidato priista en grandes medios, inmensas cantidades de dinero
para la compra masiva de votos, dispersadas a través de entidades financieras;
Monex fue señalada, aunque se repartió más dinero a través de Bancomer en donde
la autoridad no preguntó nada.
Las nuevas facultades del IFE no se usaron bien porque la
indagatoria se hizo con el deliberado propósito de llegar a la conclusión de
que nada importante había alterado negativamente el proceso electoral. El PAN
calló porque no era opción mayoritaria, como seis años antes lo había hecho el
PRI. No es insulto hablar del PRIAN.
El presidente dijo recién: «si yo me entero de que están
utilizando el dinero del presupuesto para favorecer un partido o un candidato…, estoy obligado a denunciarlo».
En respuesta descalificadora y acallante, uno de los consejeros que imparte
clases en el consistorio del INE lanzó una filípica: «gobernantes, fuera
manos de las elecciones». En el contexto del diálogo, tal vez quiso decir:
no denuncien nada, dejen en manos del Instituto justamente el trabajo que no se
hace.
En arrebato de cretinismo
(ya no se sabe si es más personal que institucional), el consejero
presidente ha lanzado una perla digna de un comentario de Carlos Monsiváis,
dijo: «El presidente de la República fue beneficiario en una elección que realizamos«. O sea, que el INE realiza las elecciones y que en ellas hay un beneficiario. Los comicios los organiza una instancia del Estado
pero no los «realiza»; en ellos participa una ciudadanía que los
lleva a cabo, que se encarga de su realización. No hay beneficiarios sino elegidos, personas con encargo popular.
Los actuales consejeros del INE, en su mayoría, dicen que los
servidores públicos, en especial el presidente, deben concretarse a tratar los
asuntos de su más estricta competencia. Ellos, en cambio, hablan sobre todo y casi
todo el tiempo, incluyendo sus respuestas y críticas al presidente y a la
mayoría parlamentaria. Han convertido al INE en una plataforma de discursos
personalísimos, aunque no son funcionarios elegidos sino designados para
cumplir tareas muy concretas, acotadas directamente por la ley.
Es increíble que en el INE se ubiquen consejeros que no admitan
la diferencia entre ser elegido y no haberlo sido. Todos deben respetar la ley
y ser decentes, pero sólo los elegidos expresan intereses e ideas de sus
representados.
Hace muy poco, la Junta Ejecutiva decidió autorizar unas
remuneraciones mayores a las señaladas por la Cámara de Diputados en el
Presupuesto de Egresos y, además, por encima de lo que percibe el presidente de
la República. Tomaron, así nomás, la decisión de desacatar un decreto legislativo
y desconocer la Constitución. Hoy día, para el INE no existen los artículos 75
y 127 de la Constitución. En tal actitud se haya el puro interés monetario, los
sueldos de una burocracia dorada. El
INE está anclado en el viejo sistema de privilegios y derroche de fondos
públicos.
El INE, más o menos, descansa dos años por uno de intenso
trabajo. Siempre ha sido así. Cuando vienen las elecciones, unifica la
actividad de las áreas de organización y capacitación, pero durante los dos
años anteriores las mantiene divididas para tener más vocalías, gastar más sin
propósito válido alguno.
Además de lo debido, el INE gasta en lo que les da la gana a
los consejeros. Así nomás. Todos los contralores del Instituto lo han dicho de muchas
maneras, pero nunca se les ha hecho caso.
El gran error de la conformación del IFE-INE fue que se proyectó
como órgano político y no sólo técnico. El problema nunca ha sido la autonomía en
sus decisiones sino la falta de la misma. Los partidos han designado hasta
ahora a los consejeros, poniéndose de acuerdo en un reparto más o menos
proporcional a la presencia parlamentaria de cada cual. Como es lógico, se ha conformado
siempre un núcleo duro mayoritario del
PRIAN.
Yo fui el único coordinador parlamentario que no concurrió a
la elección de todo un Consejo General, el peor que ha habido, por cierto, en
el año de 2005, en víspera del fraudulento y canallesco refrendo panista en la
Presidencia. El voto en contra de toda la lista de consejeros fue un escándalo,
pero la vida demostró que era lo correcto.
El proyecto político de los neoliberales desde 1988 fue el de
crear un régimen bipartidista para dejar
a la izquierda en el margen. Receta clásica estadunidense y europea. Lo
intentaron siempre con los peores métodos, desde atentados mortales, encarcelamientos,
persecuciones, fraudes electorales, alquimias comiciales, compra masiva de
votos, uso gigantesco de recursos públicos, desfalcos de empresas públicas, pase
de charolas, manipulación de los medios
de comunicación, reparto electoral de presupuestos, moches, compras y compras, ventas y ventas, hasta el diseño de un
aparato electoral profesional pero manipulable.
Los principales guardianes de las
elecciones siempre han sido los militantes de las oposiciones, los ciudadanos
en las casillas, los periodistas que denuncian, los integrantes de las
organizaciones civiles por la democracia, los dirigentes políticos que no se
dejan ni se venden, los manifestantes de los miles de conflictos poselectorales
de la historia contemporánea de México.
No vengan ahora con el
cuento de que los únicos guardianes son ellos, consejeros electorales nombrados
comprometidamente por los partidos políticos que hacen fraudes.
