Cuando en México había partido-Estado no había elecciones libres. Por eso, no era necesario que el gobierno participara declaradamente en los procesos comiciales, ya que los dirigía de principio a fin. El presidente de la República designaba a todos los gobernadores y a la mayoría calificada de las cámaras (senadores, todos), pero jamás llamaba al pueblo a apoyarle dando el voto por su partido.

En el momento que el jefe del Ejecutivo empezó a ser una persona cada vez más desprestigiada y se iniciaba la competencia electoral, el presidente callaba para deslindar a su partido de sus personales repudios, aunque seguía controlando el proceso electoral y hacía toda clase de fraudes.

Sin embargo, poco a poco la gente empezó a decidir su voto en función de la calificación que le daba al presidente en las elecciones intermedias. El número de 260 diputados de Carlos Salinas fue producto de un fraude en las urnas y en el tercer piso, pero Ernesto Zedillo fue el primer presidente que perdió formalmente la mayoría en la Cámara de Diputados y, aunque no hubo entonces un partido con mayoría por sí mismo, las oposiciones empezaron a hacer algo para hacer valer el dictado popular.

El PAN nunca tuvo mayoría y cedió casi todo al PRI en el largo y penoso camino hacia el PRIAN, con el cual se profundizó la corrupción y se afianzó el neoliberalismo. Así fue como se concentró el ingreso y se empobreció a la mayor parte del país. Peña Nieto recuperó la mayoría, pero fue mediante un fraude a la ley cobijada por algunos de los actuales consejeros electorales.

Aunque con cautela, desde 1991, los presidentes empezaron a pronunciarse públicamente durante las campañas electorales. En 2006, el ministro Gudiño Pelayo concedió la suspensión de unos espots de Vicente Fox a solicitud de la Cámara de Diputados. Eran clara y groseramente ilegales porque eran pagados con recursos de la Presidencia de la República.

Los fraudes electorales de aquel largo periodo siempre fueron intervenciones directas del poder. De otra manera no hubieran tenido éxito. En 2006, por iniciativa presidencial, PAN y PRI llegaron al extremo de intentar cancelar la candidatura de la izquierda, la de López Obrador y se unieron en el terreno para apoyar al candidato panista. Seis años después esos mismos se pusieron de acuerdo para que Peña Nieto llegara luego de pagar con dinero público la más amplia campaña propagandística de político alguno.

En síntesis, los presidentes intervenían en las elecciones, pero de manera hipócrita: todo mundo lo sabía. La lucha política era un enmarañado proceso de engaños, hipocresías, fraudes, robos, farsas, a cargo de unos políticos siempre inescrupulosos.

En otros países, los presidentes intervienen siempre en las luchas electorales, ya sean locales o nacionales. El poder no es ajeno a la lucha por el poder. La cuestión no consiste en dejar de hablar sino en intervenir con apego a unas normas válidas y reconocidas por todos.

La lucha contra las conferencias de prensa del actual presidente se ha colgado del periodo electoral para seguir cuestionando lo que se pueda, ahora ya con argumentos legales, aunque a veces bastante retorcidos. No puede haber ley que impida expresar alguna opinión. Los servidores públicos no están autorizados a realizar propaganda personalizada pagada con recursos públicos, pero eso es siempre, no sólo cuando hay campañas. Pero no se puede multar a un legislador, gobernador, ministro de la Corte o presidente de la República cuando dice lo que piensa, ya que la Constitución señala unos límites bien precisos a las libertades de manifestación de ideas y difusión de las mismas (ataque a la moral o a derechos de terceros, provocación de delito y perturbación del orden público).

En otros países ocurre lo mismo que en el nuestro: la gente vota tomando en cuenta el desempeño del gobierno. Pero en el México de los días corrientes se trata de impedir que así sea. Lo que es normal en el mundo es aberrante aquí. Sin embargo, no se puede en realidad impedir que se conozcan las acciones y los planteamientos de los gobernantes de los diversos niveles, ni se le puede hacer una lobotomía a la gente para evitar que piense en congruencia con sus evaluaciones e ideas.

Por lo demás, la lucha política del momento no está dada en una coyuntura en la que algún partido de oposición pudiera lograr por sí solo alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso no está en el horizonte. Lo que PAN y PRI desean es que la 4T pierda esa mayoría. Es decir, que el presidente de la República reduzca su fuerza política para que las oposiciones impongan una política de gasto diferente y logren bloquear cualquier iniciativa de ley del Ejecutivo. Son, por tanto, las dos oposiciones más fuertes (PAN y PRI) las que están poniendo a López Obrador en el centro de sus campañas políticas y, al tiempo, piden que se le silencie.

Si esas oposiciones realmente creyeran en lo que dicen, estarían especialmente interesadas en que el presidente expusiera sus puntos de vista, calificados por ellas mismas como desacertados y francamente nefastos. Pero viven en el autoengaño de que todo lo que hace el gobierno es rechazado por el pueblo en su gran mayoría. Confunden sus personas con la generalidad de la ciudadanía. Así es más difícil hacer política y hacer oposición. Así no era antes, lo es desde que se unieron PAN y PRI bajo el mismo sello electoral. En el pecado llevan la penitencia.

Desde la oposición, la tesis de la temporada parlamentaria en curso consiste en que la 4T tiene odio y el PAN busca el diálogo. Aunque no ha quedado claro contra qué o quiénes es el odio y qué temas y propuestas debe contener el diálogo, se entiende que es, una vez más, el esquema del mal y el bien, los elementos de la visión dicotómica de la historia y de la vida personal.

Es el diálogo que dice estar enfrentado al odio, pero así no puede ser una solución política, tanto porque se le asigna al mismo concepto de diálogo la existencia de un opuesto, el odio, como porque la apertura dialogante en política no cancela los odios propios.

El punto central, en realidad, es que Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional reclaman que la 4T abandone su programa porque –se sostiene– expresa odio a la vieja institucionalidad que tales partidos construyeron durante varias décadas de luchar entre ellos y de coincidir en lo fundamental, así como a una política económica y social que profundizó la pobreza y concentró el ingreso como en pocos otros países.

Ambos partidos no se han sumado en el Congreso a las reformas sociales en curso, en cierta medida porque éstas desmontan la vieja política clientelar que se construyó en el país y fue durante años la base de la fuerza electoral y mecanismo de la compra de votos.

Los odios políticos del tiempo que corre se encuentran en todas las banderías. Las recientes reformas expresan un rechazo a la política del viejo sistema mientras que los defensores de ésta repudian cada paso que intenta dar la nueva fuerza gobernante, por eso se les denomina conservadores, aunque también los hay reaccionarios.

¿En qué se piensa cuando se convoca al diálogo en Palacio Nacional entre el presidente y los líderes parlamentarios de todos los partidos? Los jefes del PAN y el PRI no han presentado la lista de posibles acuerdos. Por lo demás, no sería inconveniente que todos aquéllos se reunieran a conversar lo que cada cual desee, pero ese no es el diálogo que se ha demandado en San Lázaro.

La bandera del diálogo es un slogan de momento porque no sería posible que antes de las elecciones pudieran producirse algunas negociaciones políticas propiamente dichas. Las oposiciones unidas no podrían llegar a acuerdos con la 4T, por ejemplo, para garantizar estabilidad de precios de la electricidad y cerrar la llave de los subsidios estatales a los productores privados.

Recién lo ha dicho con sus propias palabras un vocero panista: hoy tenemos, afirmó, “reformas que sólo buscan el deterioro de la vida republicana”, cuando se requieren “reformas para crecer y ser mejor país”. El mal y el bien.

Quizá los odios no admitan serlo, pero, de que existen, no hay duda. Mas en la lucha política, quien odia una ley ha de ser porque le perjudica y podría existir otra mejor. Quien odia un sistema de ingreso tendría que ser por encontrarse del lado del salario o de la producción mercantil simple, pues ahí no se acumula capital. En realidad, los mayores odios se encuentran entre los pobres y explotados de la sociedad. Pero también existen intereses de carácter moral, es decir, la defensa de ideas convenientes que, cuando se llevan a la lucha política, pueden conducir a la violencia, como la hemos visto de sobra, ya que en el fondo expresan privilegios o creencias heredadas de las generaciones muertas o, del otro lado, aspiraciones creadas por sujetos emergentes de la sociedad.

El PAN y el PRI se han unido luego de odiarse entre sí o de decirse odiados por el otro. La vida los llevó por el camino del neoliberalismo como medio para defender y realzar en la arena política los intereses que representan. Se trata de elementos de carácter económico, de lugar en la escala social, de capacidad para asumir determinadas decisiones favorables a la parte de la sociedad a la que son afectos.

Ahora, cuando la izquierda ha llegado al gobierno y tiene la mayoría en el Congreso, los odios se han repartido de otra manera, pero lo cierto es que la unidad de PAN y PRI significa que se busca un esquema bipartidista en la próxima elección, como medio para obtener una mayoría parlamentaria y algunas gubernaturas: la contención de la 4T, se dice.

“El odio no ha nacido…” en nadie (parafraseando a un presidente odiado como pocos), pero tampoco se le ha olvidado a ninguno, sino que existe una fuerte convergencia de intereses sociales de los conservadores, aún antes de los propiamente políticos, puesto que el poder se ejerce para algo, no es una fiesta, sino la manera de procurar intereses de conjuntos de la sociedad.

El llamamiento al diálogo que proviene del PAN, como cabeza de coalición electoral, carece de un sentido mayor al de ser incorporado al discurso electoral con el fin de hacerse pasar como quien no odia, sino que, si en efecto lo llega a hacer, al menos sabe usar formas civilizadas. Existe en la derecha un sector bien educado; no todos son como aquellos que en redes sociales insultan el día entero al presidente y a la 4T con las palabras más soeces posibles, en una especie de relación escatológica con el odiado.

En la lucha política, no hay odiosos ni dialogantes, aunque de que los hay los hay. Esto quiere decir que nadie se deja llevar por esos atributos sino por la realización de sus funciones representativas. Esa es la política, la representación de los desiguales, de los adversarios, de los contrarios… y la lucha entre ellos.

La hipótesis de las actuales derechas mexicanas consiste en que la oposición unida no podría ser vencida, a partir de la idea de que la 4T no tiene el apoyo mayoritario ni se acerca al mismo. Los postulantes de tal planteamiento, ahora coligados, abarcan desde intelectuales neoconservadores hasta neofascistas, un espectro muy amplio dentro del escenario nacional, pero con específicos propósitos e intereses comunes. Quizá no exista organización tan diversa y, al mismo tiempo, tan unida.

El respeto al pluralismo como fenómeno de la sociedad contemporánea no es lo mismo que utilizarlo como bandera. Pero la nueva coalición ni defiende el pluralismo ni expresa a éste como dato social, sino que la unión de los tan diversos y confrontados desvela una ambición política a costa de lo que sea. En conclusión, los integrantes de la nueva coalición conservadora niegan el pluralismo que ellos mismos expresan en su evidente diversidad, pero sólo en aras de disputar una mayoría legislativa que sería, por tanto, enteramente espuria.

Nunca se había presentado tan diversa coincidencia política en el más alto grado, es decir, mediante la formación de una coalición electoral formal, con programa propio y candidatos comunes. En ese conglomerado están representantes del Estado corrupto, el presidencialismo despótico, la vieja clase política degenerada, el oscurantismo católico, la intelectualidad oportunista, la prensa opositora, las cofradías conservadoras, los agrupamientos empresariales más elitistas del país y los cenáculos del neofascismo a la mexicana. Sus partidos instrumentales son el PRI y el PAN-PRD.

El punto que une a todas esas fuerzas es uno solo: que Morena no siga siendo mayoría en la Cámara de Diputados. Buscan impedir que el presidente de la República cuente con respaldo parlamentario para aprobar otras reformas y el presupuesto federal con el que se financian la nueva política social y los programas de inversión pública, en el marco de una estructura anticorrupción y de austeridad republicana. Los nuevos derechos a la educación, la salud, el retiro, la vivienda, el salario remunerador, entre otros, tendrán que votarse otra vez en la próxima elección.

No habíamos visto antes una situación política tan polarizada como ésta. Se abren a la vista dos terrenos dentro de una confrontación que terminará siendo clara para la ciudadanía.

Sin embargo, el pacto entre el PRI y el PAN-PRD es un espantapájaros, muñeco de trapo construido para detener, supuestamente, que se sigan cercenando las libertades, se concentre el poder político y se acabe con el sistema democrático. Pero no se menciona una libertad que haya sido menoscabada, alguna nueva facultad del presidente de la República, un ataque a la democracia. En verdad, se repudia el contenido de la política del gobierno, su orientación social en favor de los trabajadores de la ciudad y el campo, su reivindicación de los intereses populares y su pretensión de abrir espacio a los métodos de democracia directa.

El PRI y el PAN-PRD han votado en el Congreso en contra de las nuevas reformas mexicanas y están dispuestos a echarlas abajo, pero no proponen otras reformas. Su triunfo sería un paso en dirección a lo de antes, sin excluir el Estado corrupto, con sus sistemas de reparto criminal de recursos públicos.

Es del todo natural que esas dos fuerzas políticas hayan hecho un pacto electoral. Eso era lo que se esperaba. A fin de cuentas, ninguna de ellas tiene algo que perder. En su camino de poder, perdieron programa y dignidad políticas.

Las oposiciones se han unido bajo el aliento de fuerzas antidemocráticas y también de sectores que defienden privilegios muy concretos. Los grupos y personas que están al frente del nuevo pacto firmado entre las direcciones priista y panista saben funcionar bajo relaciones ilegítimas y muchas veces ilícitas con las instancias del poder. Una nueva mayoría en la Cámara, integrada con ese diseño, no podría operar más que de esa misma manera, bastante conocida, por lo demás. Casi todos los pactistas se conocen entre ellos de sobra y comparten necesidades y objetivos concretos.

La coalición electoral entre el PRI y el PAN-PRD espera ser más que la suma de los votos de cada cual. Sin embargo, también puede ser una resta. Los líderes actuales de esas fuerzas políticas carecen del control que antes ejercieron sobre millones de personas.

El partido más extendido y con mayor organización territorial, el PRI, se ha reducido drásticamente en número de votos cautivos por efecto de una crisis de las viejas relaciones de poder en las que se asentaban mecanismos clientelares focalizados. Es cada vez más difícil desviar recursos públicos hacia la compra de votos, elemento básico del viejo sistema.

El partido de la clase media propietaria y la burguesía conservadora, el PAN, carece de liderazgo y acusa deterioro político en lugares donde gobierna debido a sus desatinos y sus corrupciones. No es ya el partido de renovación y alternancia que alguna vez fue, ya que fracasó en la representación de ese papel político que había logrado arrogarse.

La lucha política del momento actual consiste en seguir en el camino abierto en junio de 2018 o regresar a las veredas del viejo sistema político. La unidad de los opositores ha dejado así los términos de la disputa. Por ello, al no tener más que ofrecer que volver a lo de antes, la coalición opositora opera como instrumento reaccionario. Un regreso, luego del desastre al que habían conducido a la nación, sería, evidentemente, una realización reaccionaria. No es sólo volver al neoliberalismo sino también a la corrupción y el uso faccioso del poder público.

Como se han ubicado las cosas hacia la próxima elección de diputados federales, hay poco espacio para opciones distintas a las de ganar o no la mayoría por parte de alguno de los dos extremos de la contienda. El papel que pudieran jugar los partidos de reciente registro o los candidatos independientes se estrecha en la polarización, de la dualidad política que resulta artificial en la medida en que la coalición opositora carece obviamente de congruencia, no sólo por su diversidad contradictoria sino también por su falta de liderazgo.

México ya ha entrado a un enredo en el que sólo desde el lado de la 4T puede existir cordura y serenidad. De parte de la oposición unida, que piensa que jamás será vencida, no habría que esperar algo a este respecto porque vive en estado de desazón y, además, trae consigo a nuevos agentes de la provocación más reaccionaria. Al final, el sistema democrático competencial en el que vivimos tendrá que dar la respuesta.