2018

Ningún partido puede ganar solo una elección en México, incluida la presidencial de 2018. Pero más allá de los partidos, el país tiene tres corrientes políticas principales: la izquierda en su acepción más amplia, llamada progresista por algunos; la derecha tradicional encabezada por el PAN, la Coparmex y los derivados de Acción Católica; la derecha priista con las estructuras supervivientes del viejo régimen. En rasgos generales se trata de un esquema de tercios. Es claro, por tanto, que la derecha es mayoritaria en el país y cuando se alía consigue las regresiones y agresiones más grandes contra la nación y el pueblo mexicano, como lo demostró con la llamada reforma energética, pero en el terreno electoral suele presentarse dividida.

Pueden las izquierdas tener un candidato único de todas las fuerzas progresistas del país y expresarse en las urnas como el tercio mayor. Sí, eso es más fácil que cualquier otra solución política en la encrucijada mexicana. El gobierno de Peña vive en el descrédito porque carece de política general, de propuesta política, sus acciones reaccionarias han dependido de los apoyos panistas y oligárquicos pero no hay un programa que pudiera reflejar lo que es el PRI ahora: el gobierno sencillamente sobrevive. El PAN no se presenta como relevo nacional ante el PRI porque ha demostrado que no lo es: tuvo 12 años para hacer cambios democráticos y no quiso ni siquiera intentarlos. Las fuerzas progresistas del país no han gobernado y son contrarias a las políticas de la vieja derecha y de la nueva derecha.

El entorno más general de la coyuntura es el declive del neoliberalismo en el mundo, su descrédito, aunque en muchos países se mantenga en el poder por falta de alternativas progresistas bien estructuradas. Es cierto que lo mismo puede ocurrir en México hacia el 2018, tal como ahora, pero es por ello justamente que se requiere plantearse la unidad política de todas las izquierdas y de todas las fuerzas progresistas y democráticas. El repudio popular al PRI no se va a condensar con varios candidatos a la Presidencia sino con uno sólo y con una planilla que lleve al Congreso una fuerza para hacer viable un gobierno progresista.

Este debe ser el trabajo actual en los partidos de izquierda, en los sindicatos democráticos, en los movimientos campesinos y populares, en la amplia intelectualidad progresista. Estas fuerzas serían suficientes para alcanzar un cambio político y el inicio de un proceso en el que no ha estado el país desde los años 30-40 del siglo XX. Es claro que las tareas son ahora diferentes a las de la centuria pasada pero no tanto como para suponer que no existen la derecha y la izquierda en el seno de la sociedad y como fuerzas sociales, es decir, no sólo de carácter político.

Una de las características peculiares del México actual es la necesidad de una nueva democracia en la que se forme una también nueva ciudadanía. Hay que dejar atrás tanto el clientelismo de subsistencia como la ciudadanía testimonial que vota pero no decide y mucho menos propone, es decir, superar ambos prototipos de sujetos políticos que prohijaron una “clase política” que se encuentra en plena decadencia y cuenta con un sistema de partidos inoperante. Las fuerzas progresistas deben proponer una democracia en la que la ciudadanía intervenga en la política como fuerza decisoria y como elemento propositivo: todo se debe poder cuestionar y también todo se debe poder proponer mediante un sistema de intervención directa a través de toda clase de debates y votaciones populares, desde la revocación de mandato, la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, en todos los niveles, desde el país entero hasta el barrio o el pueblo. De ese tamaño tiene que ser el cambio que abandere la izquierda en México.

En materia económica, la tarea más urgente, más nacional y más popular es modificar el patrón de distribución del ingreso, acabar con esa concentración brutal que impide el crecimiento económico y fomenta la pobreza.

En la amplia materia social el país requiere que los derechos justamente sociales sean exigibles, que para cada uno de ellos haya una forma precisa de hacerlo valer por cualquiera. De poco sirve el listado de derechos en la Carta Magna si esta misma no brinda el camino de su propia realización.

Como se puede observar, la lucha por la democracia como la gran bandera de las izquierdas podría ir desde la participación política y la creación de una nueva economía hasta la realización efectiva de los derechos sociales. Se trata, como puede observarse, de la fundación del Estado democrático y social de derecho. Si las izquierdas no se unen nadie lo logrará en México. Eso es obvio. A partir de aquí hay que discutir, pero ya.

Tortura: ¿peores escenarios?

A propósito del escándalo desatado por el video de una mujer torturada en Guerrero, el subsecretario para asuntos de derechos humanos, Roberto Campa, dijo que la tortura no se justifica en ningún caso, ni siquiera en los peores escenarios. Pero es que ya estamos en uno de los peores escenarios.

Luego de que el informe anual del Departamento de Estado norteamericano señalara que en México se siguen produciendo graves violaciones de derechos, la revelación de la tortura de Ajuchitlán en contra de Elvira Santibáñez, por parte de dos militares y tres agentes de la Policía Federal, generó de súbito el ofrecimiento de disculpas del general secretario de la Defensa y del jefe de la Comisión Nacional de Seguridad, pero el uno y el otro no hicieron un análisis sino sólo asumieron una posición. Las disculpas ofrecidas no han sido aceptadas.

Los dos militares presuntos torturadores sólo están acusados de desobediencia en el Ejército porque la PGR no mueve un dedo, como de costumbre. Es quizá una exageración decir que en México no hemos tenido Ministerio Público, pero es del todo justificado afirmarlo mientras no se demuestre lo contrario.

La tortura y muerte de detenidos no es práctica inusitada de “unos cuantos”. Eso lo dice entre otros uno de los azuzadores periodísticos de la intolerancia y la represión, Carlos Marín. La tortura como método de investigación en México es más vieja que el general y el jefe de la policía que la han condenado en sus discursos.

Es también una necedad suponer que la intervención de los militares en tareas de policía explica la práctica de la tortura en el Ejército. Algunos lo han expuesto así sólo para vincularla con la “guerra” contra el narcotráfico que se busca justificar.

La tortura ha sido inveterada práctica de la autoridad civil y de la militar. Lo fue en las represiones de los años cincuenta, sesenta, setenta y siempre vuelve a asomar. Gutiérrez Barrios, jefe de la seguridad del Estado, era el mayor organizador de la tortura en el país pero en Tlaxcoaque, sede de la policía capitalina, había cámaras de tortura contra detenidos comunes y políticos por igual. Ahí torturaron y mataron a Hilario Moreno, militante comunista, y muchos otros sufrieron. Jefes y oficiales en el Ejército también hacían lo suyo, solos o en compañía de los brutales agentes civiles de la entonces Dirección Federal de Seguridad, como ocurre ahora con las “operaciones mixtas”.

En los últimos cuatro años han recuperado su libertad 100 personas que lograron acreditar que fueron torturadas luego de su detención. Es muy difícil probar la tortura en un juzgado y mucho más ante el Ministerio Público: hay miles de denuncias pero no hay miles de procesados. Nada puede justificar que se torture por más vueltas que se le quiera dar al asunto pero tampoco se puede suponer que se trata de algo insólito. Y más allá de la tortura, habría que refrescar la memoria de Roberto Campa con un “escenario peor” que fue el crimen de Tlatlaya entre otros.

Hace más de dos décadas (1991) que se expidió la ley contra la tortura bajo la recurrente idea falsa de que promulgar una norma implica resolver un problema. Hoy, dos discursos, más el de Roberto Campa, tampoco harán que la tortura sea eliminada. El problema, como otros, amerita un auténtico cambio de régimen. Mientras, hay que seguir luchando contra la tortura y demás violaciones de derechos fundamentales sin miedo a ser sometido a la insolente acusación de inconforme irracional.

Propaganda personalizada

Como no se sabe, en México está prohibida en la Constitución la propaganda gubernamental personalizada, es decir, que contenga nombres, símbolos o rostros de cualquier servidor público. Lo que sí se sabe es que esta publicidad pagada abunda en los medios.

Durante años he llevado a cabo una lucha en contra de esa práctica inconstitucional pero he tenido muy poca suerte. El primer problema es que no existe ley reglamentaria de ese precepto constitucional contenido en el artículo 134, por lo cual tampoco está definido el procedimiento ordinario exacto para hacer denuncias formales y exigir las sanciones correspondientes. El segundo problema es que en tiempo de elecciones sí se puede combatir esa propaganda personalizada en los organismos electorales y los correspondientes tribunales, pero eso tampoco ha resuelto nada, ya que la autoridad es remisa y omisa, y, además, los servidores públicos no pueden ser sancionados por el Instituto Nacional Electoral, son impunes por mandato legal.

La Sala Superior del Tribunal Electoral ha resuelto una vez más que no se acredita la conducta ilegal imputada a dos gobernadores: Eruviel Ávila, del Estado de México (ponente: Oropeza), y Javier Duarte de Veracruz (ponente: Penagos); además, lo hizo también en principio respecto de Manuel Velasco de Chiapas, a reserva de aprobar la exculpación posteriormente, ya que fue desaprobada la ponencia de la magistrada Carmen Alanís que proponía declarar fundada la queja y se nombró un nuevo ponente.

Dice la mayoría del Tribunal (Carrasco, González Oropeza, Penagos y Galván) que no se acredita propaganda personalizada porque no está probado que se haya pagado con fondos públicos, pero se da vista al congreso mexiquense para que averigüe si hubo “falta de cuidado”. ¿Si las gacetillas son ajenas al gobierno, cuál podría ser la “falta” de cuidado? Pero la mayoría de los magistrados explica el asunto admitiendo que la gacetilla denunciada efectivamente tiene apariencia de gacetilla pues no está firmada y tiene un formato diferente que las notas normales, pero que nadie, ni el quejoso ni la autoridad (el INE), mucho menos la Sala Especializada del Tribunal, mostraron la orden de inserción y el recibo de pago. La magistrada Alanís les respondió que eso no es necesario porque hubo contratos con los medios aunque en éstos no se esclarece las inserciones que ampara cada uno. En síntesis, el Tribunal envió a Toluca el asunto para que allá se averigüe algo. No es ingenuidad sino plan con maña.

Si la gacetilla era gacetilla y en ella aparecieron los gobernadores, entonces hay una violación del artículo 134, párrafo 8, de la Constitución sin que la autoridad tenga que saber porqué el periódico no lo informa. La gacetilla pagada no está prohibida, lo prohibido es la foto del gobernante, la promoción de su persona. Eso es todo. Pero no ha podido hacerse valer.

Las resoluciones de la Sala Superior del TEPJF sólo servirán para que los gobernadores que pagan dinero público por aparecer en los diarios (Eruviel Ávila es el campeón nacional) se sigan burlando de la Constitución y de todo el orden jurídico que, como se sabe, en México es muy relativo. ¿Aparte de los diarios y revistas donde las inserciones son más claras, cuántas noticias de radio y televisión en la que aparecen gobernantes o se habla de ellos son gacetillas? No lo sabemos. La falta completa de transparencia en los gastos de comunicación social de todas las oficinas públicas del país nos impide tener alguna idea al respecto. En realidad, los medios no están obligados a informar al público quién paga cada inserción pagada, pero los entes públicos sí se encuentran obligados por las leyes para informar a quién le pagan y para qué.

De Iguala a Cocula

La tragedia de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y del asesinato de seis personas, hechos ocurridos en Iguala, se ha convertido en el tema del basurero de Cocula. No se discuten ya los levantones y los homicidios de Iguala sino lo que posiblemente ocurrió en Cocula, mejor dicho, lo que no pudo ocurrir ahí: la incineración total de 43 cuerpos en el breve lapso de una noche.

Tampoco se sabe algo sobre las causas de las desapariciones y de la conducta de la policía preventiva municipal al tratar de detener a los estudiantes. Nada se conoce del paradero del entonces secretario de seguridad pública de Iguala ni de sus posibles nexos con el grupo Guerreros Unidos. Tampoco se comentan hechos concretos que vinculen al entonces alcalde y a la esposa de éste con ese mismo grupo de narcotraficantes, buena parte de los cuales se encuentra en prisión.

La opinión pública carece de dato alguno sobre el negocio de producción, industrialización, tráfico, distribución y venta de derivados de la goma de amapola y otras drogas procedentes de Tierra Caliente, tanto en México como en Estados Unidos, todo lo cual podría estar relacionado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Nada sabemos tampoco del otro grupo, el rival, se dice, denominado Los Rojos, a pesar de las detenciones de varios de sus jefes.

Mucho menos se ha tocado el porqué los autobuses en los cuales aquella noche se transportaban los estudiantes tomaron rumbo hacia el centro de Iguala en lugar de virar hacia la carretera que conduce a Chilpancingo y a Tixtla. Aún más oscuro está la causa de la vuelta a la derecha que dio casi simultáneamente otro de los autobuses para enrumbarse directamente hacia la carretera, no obstante lo cual, según la verdad histórica de la PGR, sus ocupantes también fueron víctimas de un levantón de la policía municipal.

Los agentes activos y pasivos de estos hechos no han sido relacionados por la autoridad, ni siquiera entre sí. Al menos, ésta no se ha tomado la molestia de explicar algo al respecto. El contexto que se presenta ante la opinión pública es que nada coincide, que se trata de piezas de rompecabezas diferentes. Una obsesión se advierte: dar por hecho que nada tuvieron que ver militares y policías federales.

Los expertos independientes se han trenzado en una mala relación con las autoridades del gobierno y con la PGR al punto de que éstas ya no ocultan su deseo de que aquéllos se vayan y nunca vuelvan, mientras los enviados de la CIDH no aciertan a comunicar si desean continuar su trabajo o ya prefieren irse del país. De cualquier forma, el resultado es que la opinión pública, a estas alturas, nada tiene claro y ya hasta se duda de que haya alguien capaz de explicar bien alguno de los temas imbricados en la tragedia de Iguala.

Si en el basurero de Cocula ardieron aquella noche pocos, muchos o ningún cuerpo; si los posibles cadáveres calcinados en ese lugar corresponden a los estudiantes detenidos en Iguala; si hubo un gran incendio controlado aquella madrugada y si llovió poco o mucho, son aspectos que pudieran ser vistos siempre que se encontraran directamente relacionados con lo básico: ¿qué ocurrió y porqué?

Nos han sacado de Iguala y nos han llevado a Cocula, como dicen que hicieron los narcos con los estudiantes, por veredas oscuras y sin que nos diéramos cuenta, sólo para ocultar lo que sucedió aquella infausta noche y mantenernos en la ignorancia sobre quiénes hicieron cada cosa y porqué, es decir, alejarnos del conocimiento del significado verdadero de los hechos reales.

Juicio político: estrenar la Constitución… de 1917

Una noticia chusca ha conmocionado selectos medios. Un juzgado administrativo le ha puesto un plazo hasta el próximo domingo a los integrantes de las comisiones de gobernación y de justicia de la Cámara de Diputados para que procedan a integrar la Sub-comisión de Examen Previo. Si no lo hicieren así, la jueza podría consignar a los contumaces, ya multados y desaforados por ella misma, a otro juzgado, bajo la acusación de cometer el delito de incumplimiento de sentencia de amparo o algo por el estilo.

¿Qué es esto? Algo inaudito. Un abogado, Horacio Culebro, héroe de varias batallas, acudió hace ya muchos meses a un juzgado en procura de la protección de la justicia federal contra la omisión de la Cámara de Diputados al no integrar, como lo indica la ley, la sombría Sub-comisión de Examen Previo para sustanciar los procedimientos de responsabilidad política de altos servidores de la Federación y los estados. Existen 300 denuncias que no han sido tramitadas y, como es tradicional, la Cámara de Diputados no tramitará ninguna, al extremo de negarse a integrar el organismo que debe hacerlo.

En México nunca se ha llevado a cabo un juicio político desde que la actual Constitución entró en vigor. Puede decirse entonces que en este país ningún alto funcionario ha cometido jamás actos u omisiones que afecten los intereses públicos y su buen despacho en contravención de normas constitucionales o legales. Ninguno es ninguno, en 99 años. México es un país inverosímil, nadie en el mundo podría admitir la existencia de tan maciza realidad política. Aquí no hay dictadura perfecta –con licencia de Vargas Llosa– sino Estado perfecto, aún más difícil de alcanzar.

El juicio político suele confundirse con el desafuero, pero son diferentes. El primero es, como lo dice su nombre, eminentemente político y está dirigido a remover altos servidores públicos por mala gestión, abuso, ignorancia o error grave que afecte intereses públicos. Por otra banda, el desafuero es quitar la inmunidad a efecto de que el servidor público aforado pueda ser acusado en un juzgado penal de haber cometido un delito. Claro, se le separa del cargo, pero si el juez rebota la acusación, el desaforado puede regresar al cargo. Desde 1917 se han producido unos cuantos desafueros, los cuales, en los años veinte y treinta, tuvieron como propósito sólo remover legisladores y gobernadores, pero después se decidió castigar con cárcel, como a Díaz Serrano, para dar sustento al lema electoral de renovación moral de la sociedad (!); por cierto, el dinero del fraude nunca apareció. También se recuerda el desafuero de López Obrador, singular acontecimiento a cargo de Vicente Fox en la Presidencia y del PRI y el PAN en la Cámara, para abrir un juicio penal y suspender el derecho ciudadano de ser elegido, lo cual fue en realidad un ignominioso acto contra la precaria democracia nacional. Pronto veremos otro desafuero pero sin trascendencia alguna.

El juicio político, por su lado, es un instrumento parlamentario de vieja hechura que le otorga al Legislativo capacidad de control sobre el Ejecutivo. No se trata sólo de revisar las cuentas sino de evaluar el desempeño de los altos funcionarios, su capacidad, el apego a lo prescrito en las leyes y a los requerimientos de la sociedad. El presidente de la República no es sujeto de juicio político porque no se le ha querido dar al Congreso la facultad de removerlo por motivos puramente políticos ya que el Legislativo nombra al sustituto, pero las órdenes del jefe del gobierno deben ser firmadas por el secretario de despacho correspondiente, el cual sí es sujeto de responsabilidad política y puede ser enjuiciado por el Congreso. El presidente de la República es sin embargo sujeto de juicio bicameral de destitución (impeachment), pero sólo acusado de delitos del orden común o traición a la patria. Bueno, pero todo esto es puro postulado constitucional que jamás ha tenido expresión alguna.

Ahora bien, cuando la oposición empezó a tomar fuerza en la Cámara de Diputados, el PRI se encargó de enredar el trámite de los juicios políticos, por si acaso. Se designó a las comisiones de gobernación y de justicia para incoar los procedimientos después de pasar por una subcomisión de examen previo. Ésta es la que aún no existe. Si no hay a quien enviar un papel, tampoco habrá quien lo pueda regresar. Así es la lógica política en San Lázaro. Una vez cubiertos ambos trámites, dice la norma, la sección instructora entra en escena y la hace de fiscal. Pero la tal sección sólo se ha ocupado de desafueros (procedencia, se le llama) pero nunca de juicios de responsabilidad política.

Cuando no fue por una causa fue por otra, pero siempre el PRI se ha salido con la suya y, en varias ocasiones, el PAN ha acudido en su ayuda. Una vez que el PAN apoyó incoar el procedimiento a pedido del PRD, el PVEM empató la votación para evitar el juicio político contra Madrazo Pintado a pesar de que ese dizque partido entonces era aliado de los panistas y no de los priistas. Hasta ahora, todo ha quedado en las puras ganas de estrenar la Constitución… de 1917.

La Suprema Corte, en el filo

Después de la Pascua, la Suprema Corte tendrá que votar un proyecto ya circulado en el cual se desecha el recurso para eliminar a los diputados biónicos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, es decir los 40 que se nombrarían por parte de los poderes (Presidencia, Jefatura de Gobierno y Congreso) en lugar de la ciudadanía.

Los ministros y ministras están en el filo de la navaja. Si negaran la entrada del recurso que alega inconstitucionalidad, estarían admitiendo que el Congreso puede violar la Carta Magna sin que la Suprema Corte pueda hacer algo para impedirlo. Así está el problema.

Los negociadores en el Congreso decidieron adulterar la representación popular a través de un transitorio del decreto de reformas constitucionales, igual que como se adultera la leche o los licores, agregando un elemento por completo diferente y hostil al contenido original de la bebida. Los diputados nombrados de dedo por parte de los poderosos corresponden a las dictaduras pero ni siquiera a todas sino a las más cínicas. En México, aun en los peores momentos del partido absoluto y, antes, del presidencialismo dictatorial de Porfirio Díaz, el poder nunca se atrevió a nombrar “representantes populares”. Pinochet fue legislador biónico como herencia de sí mismo y como símbolo de la transición mediatizada. Ahora que, se dice, hemos logrado el ingreso a la democracia, el poder se arroga la suprema facultad de representarse a sí mismo ante una asamblea nueva que tiene la misión de redactar una carta fundamental.

Pues bien, la Suprema Corte no quiere pronunciarse directamente al respecto pero lo hará indirectamente, lo cual agrava su lamentable situación. Si los ministros y ministras rechazan analizar el punto con pretextos formales, entonces estarán convalidando un atropello histórico a la República pero también a la misma Suprema Corte.

Introducir normas claramente inconstitucionales en transitorios de decretos con los cuales se reforma la Carta Magna tiene el propósito, entre otros, de impedir que la Suprema Corte pueda pronunciarse sobre dichas normas, es una manera de dar un golpe al control de constitucionalidad en México. Si la Corte huye, no pasará mucho tiempo en que le repitan la receta con cualquier pretexto pues para entonces los ministros y ministras ya habrán dicho que los transitorios de tales decretos no son recurribles. En otras palabras, se habrá admitido que los transitorios son Constitución, lo cual equivale a decir que los derechos son transitorios o que las normas de aplicación transitoria de las reformas de la Carta Magna forman parte de la misma. Está muy claro que los dichosos transitorios son normas ordinarias o reglamentarias sin importar que hubieran acompañado al decreto de reformas constitucionales y que por ello y sólo por ello los congresos locales las hubieran aprobado.

Si la Corte no admite siquiera a análisis la acción de inconstitucionalidad presentada se hundirá como principal eslabón del control de constitucionalidad. Si dice sí se estaría enfrentando, con inaudita dignidad, a los otros poderes.

Las posición dominante que hasta hoy se advierte en la Corte es huir mediante formulismos, pretextos de formalidad, descalificación de agravios presentados por los quejosos en lugar de suplir deficiencias, enredos de definiciones, citas de criterios anteriores aplicadas fuera de contexto, etcétera. Pero no hay huida válida. Los ministros y ministras saben de  cierto que los diputados y diputadas biónicas son groseramente inconstitucionales. Dejar pasar algo así es al menos complicidad, la cual es grave para un tribunal cualquiera, mucho más para uno de rango tan elevado en un país que se alcanza a ver desde el mundo.

Se hunde la izquierda

Entre tres y cinco millones de personas recién han salido a la calle en Brasil para exigir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y el regreso de la derecha. El hecho ocurre luego de que Evo Morales fracasara en su intento de modificar la Constitución para darle la opción de ser reelegido una vez más; luego de que la izquierda peronista y católica de Argentina, siempre difícil de entender, fuera desalojada de la presidencia por una derecha más bien inspirada en el defenestrado menemismo  que llevó al país al desastre; luego de que el aventurero Nicolás Maduro condujera al Partido Socialista Unido a una horrible derrota en medio de una profunda crisis económica mil veces anunciada en Venezuela a cuyo frente, por así decirlo, se encuentra un gobierno que no ata ni desata.

Brasil está en recesión económica pero el factor político dominante no es ese sino la corrupción. Petrobras, la empresa petrolera estatal, ha sido usada como ariete para hacer fortunas y financiar proyectos personales e, incluso, posiblemente partidistas. Y, en el colmo, Luiz Inácio Lula Da Silva, principal figura de la izquierda brasileña, es acusado de haber firmado o consentido un contrato con algunos muy ricos amigos suyos para poseer, habitar o comprar un departamento de lujo. El punto político es que esos amigos también habían hecho negocios sucios con Petrobras, lo cual enreda la situación al extremo. El nombramiento de Lula como ministro-jefe, una especie de primer ministro, que según se anunció había sido suspendido por un magistrado, se consumó en el Palacio de Planalto de tal forma que el líder histórico del Partido de los Trabajadores asumió un cargo que le otorga inmunidad.

En todo ese hundimiento de izquierdas en América Latina aparecen complots de empresarios, medios de comunicación y políticos de diversas tendencias, como es natural aunque nada los justifique, pero el caldo de cultivo lo ha creado la izquierda gobernante, su alejamiento de objetivos fundamentales, su renuncia a grandes luchas al lado de la gente, su petulancia y su pragmatismo político elemental, es decir, su apoltronamiento y su oportunismo, el cual es el retiro del programa propio en aras de aprovechar las coyunturas favorables. ¿Favorables a qué?

No hay izquierda funcional sin grandes objetivos populares, luchas de masas, críticas profundas, discusiones honradas. Pero, además, la corrupción es el mayor veneno de las izquierdas. Sabemos que lo de Petrobras no es nada comparado con el inveterado saqueo de Pemex, el cual va mucho más allá de sucios negocios como los denunciados en Brasil, pero el PRI es el eje del Estado corrupto mexicano mientras se suponía que el PT de Brasil iba a ser el partido de las manos limpias y la frente en alto.

Si Lula vuelve al gobierno para enfrentar desde ahí lo que su partido denomina el golpe de Estado será también para evitar que un juez resuelva someterlo a proceso penal. Esto lo sabe todo mundo, pues los ministros son enjuiciados por el Tribunal Superior. Por lo pronto, la policía federal graba las conversaciones telefónicas de Lula, inclusive una con la propia presidenta de la República, lo que no sería anómalo dentro de una investigación, mas el agravio descarado es que la ha dado a conocer subrepticiamente a los medios de comunicación diciendo que Lula y Rousseff conspiraban. Brasil está que arde y la mayor responsabilidad no puede corresponder más que al partido gobernante.

Si esa izquierda terminara por hundirse abría que replantearlo todo, pero si se estancara la confrontación política en Brasil, lo cual es de dudarse, también se haría necesario volver a estudiar todo desde un principio. Así es esto.

La censura y la consigna

Es horrible vivir bajo la censura y peor bajo tribunales de consigna. Así estamos.

A la censura aquella contra un mensaje de televisión del PRD en el que se afirmaba que todo seguía igual o peor y aparecían las figuras de Peña, Osorio, Videgaray y López-Dóriga (este último en relación con el viejo predominio en la televisión), llegamos ahora a otro acto de censura contra López Obrador por hablar de un desvío multimillonario de dinero público y criticar la adquisición del ahora llamado avión presidencial, el cual, a decir del líder de Morena, será vendido en 2018.

En realidad importa menos quiénes son los censurados frente a los monstruosos actos de censura. Y preocupa aún más el que la censura venga del más alto tribunal electoral del país.

Los cinco magistrados que por unanimidad aprobaron la censura han dicho que los mensajes de radio y televisión “no pueden ser utilizados para la promoción personal de los presidentes de los partidos políticos, sino que deben destinarse exclusivamente a la difusión de los objetivos, programas de acción y posturas ideológicas de los partidos políticos”. ¿Quién lo dice? El Tribunal y nadie más. En efecto, la Constitución señala el objeto del derecho de los partidos a difundir propaganda en radio y Tv pero jamás insinúa siquiera que los voceros de tales partidos no puedan hablar en nombre de su organización. El Tribunal carece de vergüenza al añadir por antojo textos a la Carta Magna.

Pero el Tribunal también le quita textos a la Constitución. Interpreta la misma sin admitir que se trata del ejercicio de un derecho humano definido en el artículo séptimo como difusión, por cualquier medio, de opiniones, información e ideas. Se niega, sin analizar el punto, que en ese espot como en otros se difunden opiniones, y que, mientras no haya calumnia, el Tribunal no puede censurarlo en vía precautoria ni de ninguna otra manera.

Dicen los magistrados que el líder de Morena “aparece prácticamente todo el tiempo, exaltando su nombre y cargo (por lo que) resulta incuestionable que se trata de la promoción anticipada de su imagen (sic), con lo cual se vulnera (!) el principio constitucional de equidad”. Se acusa al indiciado de “constituir un posicionamiento personalizado indebido de un dirigente partidista (!) vinculado a un proceso electoral específico (?), considerando tanto la centralidad del sujeto (!) participante como el contenido del mensaje, lo que podría resultar contrario a los fines y obligaciones (sic) de los partidos políticos, así como del objeto central de las prerrogativas en radio y televisión”.

Lo anterior carece de agarradera legal pero tiene un piso político muy claro. Los magistrados se han tragado la especie de que hay que detener a López Obrador a como dé lugar porque él ya dijo que será candidato a presidente. Ya sabemos que Osorio, Videgaray, Nuño y Beltrones también quieren llegar a Los Pinos por lo cual ellos aparecen todos los días en la televisión pero en lapsos más largos y con mayor cobertura que cualquier líder de partido: pagan por debajo del agua. La Constitución está muy lejos de impedir la propaganda de los líderes políticos sino que, por el contrario, les otorga acceso a la radio y la televisión.

La propaganda personalizada está prohibida en la Constitución para los servidores públicos con recursos también públicos. Este precepto que se viola todos los días a ciencia y paciencia de las mismas autoridades que se encargan de rechazar las quejas que yo presento por montones, ahora se aplica a los líderes de los partidos políticos. Esto en verdad es una vergüenza mundial.
El Tribunal no ha otorgado una medida cautelar sino que ha entrado al fondo del asunto y ha resuelto la inconstitucionalidad del uso de la radio y la Tv para exponer opiniones inconvenientes desde el punto de vista del gobierno.

Así lo hicieron esos mismos magistrados cuando censuraron el espot del PRD. Ellos dijeron entonces que ese partido no había cometido ninguna infracción pero que de todas formas se cancelaba su promocional porque molestaba la imagen de otro. Ese otro, López-Dóriga, quien había presentado la queja contra la libertad de expresión, aparece casi todos los días en la Tv, impide que muchos se expresen ahí pero le molesta que un partido utilice su imagen como símbolo viviente de un monopolio y, encima de todo, le apoya un tribunal porque junto con él también aparecían Peña y sus compañeros.

El Tribunal ahora ha ido más lejos: “la propaganda política se transmite con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico para generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias”, es decir, no se pueden hacer críticas puntuales sino pura ideología. A los magistrados no les importa la libertad de difusión. Están escribiendo una nueva Carta Fundamental y se las está dictando el secretario de Gobernación.

Así era antes, cuando gobierno y tribunales no se distinguían en absoluto. Ahora, con tribunales de consigna, el gobierno lleva nuevamente al país a un despeñadero de confrontaciones y odios por todas partes.

La deuda de Pemex es del gobierno

Hace muchos años que Pemex carece de déficit. Aun ahora, con los precios del crudo tan bajos, la petrolera estatal obtiene recursos suficientes para cubrir sus gastos corrientes y de inversión. Lo que ocurre es que el gobierno le quita dinero a Pemex y le obliga a contratar adeudos. Todo el pasivo de la paraestatal mexicana del petróleo es culpa del gobierno, incluyendo el relativo al fondo de pensión.

Además, al arrebatar todos sus ingresos a Pemex, el gobierno hace un fraude a la Constitución. Como se sabe, la Carta Magna establece que los empréstitos no podrán contratarse más que para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo aquellos de regulación monetaria, operaciones de reconversión de deuda o los necesarios para encarar una situación de emergencia aprobada por el Congreso en términos del artículo 29 constitucional.  Los sucesivos gobiernos –del PRI al PAN y de regreso– han contratado créditos para cubrir sus gastos corrientes, lo cual está prohibido. Se le quita el dinero a Pemex y se le obliga a recurrir al financiamiento para cubrir sus inversiones. Así que la artificial quiebra de Pemex no es más que una maniobra gubernamental. Pemex no está en quiebra. Los privatizadores que hicieron la llamada reforma energética adujeron que Pemex no servía, que ya no sirve aquel capitalismo de Estado que tantos subsidios innecesarios les otorgó para acumular grandes capitales a costa de la nación y, por tanto, se hizo “necesario” abrir a las trasnacionales la exploración y la explotación de hidrocarburos. Lo que en realidad siempre se ha buscado es hacer negocio privado con el petróleo de la nación, por un lado, y cobrar con comodidad, por el otro, los derechos de extracción.

El precio del crudo ha bajado en dos tercios por lo cual Pemex tiene ahora mayores dificultades ya que la carga tributaria sigue siendo muy pesada. Pero desde la llegada de Peña al gobierno en diciembre de 2012 la deuda financiera de largo plazo de la paraestatal ha aumentado en 93 por ciento. Además, la colocación de bonos de Pemex en los mercados extranjeros contiene una prima de riesgo demasiado alta: entre 5.5 y 6.9 por ciento de interés anual cuando el rédito en Estrados Unidos ha estado notablemente bajo.

No obstante esta difícil situación, el gobierno de Peña-Videgaray ha reducido el gasto de inversión de Pemex en 100 mil millones de pesos para el presente año, lo que representa casi un tercio del recorte total del gobierno mientras que el endeudamiento neto interno será de 110 mil millones de pesos y el externo de 8 mil 500 millones de dólares. Es decir, Pemex sigue sosteniendo parte de la operación corriente del gobierno federal, convirtiendo así a los hidrocarburos en gasto improductivo lo que viene a ser la peor forma de usar el excedente petrolero.

La asociación de Pemex con empresarios privados en viejos y nuevos proyectos, así como la entrega de campos petroleros a compañías extranjeras asociadas con negociantes nacionales no significa ninguna salida para Pemex sino mayores complicaciones. La carga tributaria de la paraestatal no se va a modificar por estos hechos. Los inversionistas privados pagarán tasas fiscales diferentes pero Pemex seguirá más o menos igual. La conversión del organismo público descentralizado en “empresa productiva del Estado” no significó más que una disminución de sus operaciones propias y el inicio de un proceso de reducción industrial en todas sus actividades. En paralelo, empresarios que antes aplaudieron la privatización de la industria petrolera y la entrega de campos a las trasnacionales, ahora se quejan de que Pemex no cubre a tiempo los adeudos a proveedores. Sigan aplaudiendo.

Mientras tanto, la corrupción en Pemex no da muestras de amainar. La dirección sindical sigue en manos de las mismas personas que fueron perdonadas por haber sido el conducto delictivo del financiamiento al PRI por mil millones en el año 2006, de tal manera que, al final, ese chiste le constó al Estado mexicano 2 mil millones pues a la directiva sindical se le entregó la misma cantidad dos veces: una para la campaña electoral del PRI y otra para que la pagara a través de un convenio de largo plazo con la consabida compensación fraudulenta. Esas cosas sólo ocurren en México.

La dirección sindical de Pemex es la mejor pagada del mundo pues la paraestatal la compra anualmente a través de dinero contante y sonante como si no se tratara de la organización de los trabajadores sino de una oficina burocrática más. Sí, lo es. A esto se le agrega el tráfico de influencias de los líderes y ejecutivos para colocar contratos con su respectivo diezmo: otra rebanada del pastel.

No es tan sólo una ironía decir que la industria petrolera mexicana debe ser expropiada… por segunda vez.

Constitución de bolsillo

Javier Laynez, nuevo ministro de la Suprema Corte, se ha iniciado con la peregrina tesis de que los transitorios de los decretos con los cuales se reforma la Constitución son parte integrante de la Carta Magna, es decir, son normas constitucionales. No es nueva la idea pero carece de bases teóricas y de sentido práctico. Si la Constitución es la carta fundamental no puede ser transitoria en ninguna de sus partes. No hay, en efecto, constituciones transitorias.

La Carta Magna mexicana contiene muchas reglas que en otros países estarían en leyes pero como en México el Congreso y el Ejecutivo son especialistas en violar la Constitución, se ha hecho necesario que ésta contenga numerosos elementos que podrían ser de carácter ordinario. Así ocurre también con el uso de los transitorios de los decretos que reforman el código fundamental del país, ya que se han introducido normas autoaplicativas para no esperar a que buenamente el Congreso legisle (hay reformas que tienen años sin leyes reglamentarias) y también con el propósito de que las cámaras no deformen el contenido de los nuevos preceptos constitucionales. Así se han usado los llamados transitorios pero sin que éstos nieguen el contenido de la Carta Magna ya que materialmente se trata de reglas de aplicación o de normas reglamentarias emitidas por el Congreso.

Pero ahora, con motivo del reciente decreto de reformas en materia de la Ciudad de México, hay preceptos transitorios que en verdad pretenden ser normas supremas pero que contradicen por completo la carta fundamental. Una de esas atropella el derecho inalienable de la ciudadanía a elegir directamente a sus representantes. Los gobernantes pueden ser nombrados en ciertos casos pero los diputados y senadores sólo pueden ser elegidos. ¿A quién representaría un diputado nombrado? Pues la respuesta es obvia, a quien lo hubiera designado, pero nunca a la ciudadanía. Además, el Ejecutivo federal, la Jefatura de Gobierno de la ciudad y el Congreso de la Unión carecen de facultades constitucionales para nombrar representantes populares, es decir, diputados. Para Javier Laynez nada de esto tiene importancia. Lo relevante, según él, es que como los transitorios son también votados en los congresos de los estados entonces forman parte de la Constitución y ya sea ha dicho que contra los mismos no opera el amparo ni nada de nada. Punto.

Lo que se ha afirmado al respecto puede ser muy interesante pero no es ley suprema y ni siquiera verdad comprobada, sino reflejo de razonamientos esporádicos de juzgadores un tanto cuanto extraviados. Si no hay constituciones transitorias entonces tampoco los transitorios de un decreto forman parte de la Constitución. Se trata, a pesar de Laynez, de algo elemental: los transitorios son normas ordinarias para hacer valer o llevar a cabo las reformas constitucionales. Por eso son justamente transitorias. Ya después, cuando el Congreso provea las reglamentaciones normativas de tales reformas se deberán introducir ésos y otros elementos siempre que, claro está, no contradigan el texto constitucional, lo cual, en realidad, es lo que está prohibido en este campo. A Laynez, sin embargo, sólo le importa la técnica y los leves antecedentes, pero carece de análisis de fondo para discernir la naturaleza jurídica de los transitorios. Esto quizá se deba a que Laynez desconoce en realidad la naturaleza jurídica de la Constitución y de cada una de sus normas.  No es válido, señor Laynez, que en un transitorio se redacte otra constitución de bolsillo, una a la carta, para complacer al poder establecido. Y usted declara intocables por la Corte los artículos transitorios que despojan a la ciudadanía de uno de sus derechos fundamentales: elegir a sus representantes, es decir, a todos y no sólo a una parte. Por  cierto que el derecho de elegir representantes es derecho humano y que, según la golpeada Constitución mexicana, en la interpretación debe favorecerse la protección más amplia de las personas, es decir, por encima de los intereses o mandatos del Estado. Ahora, por cierto, se empieza a dar el voto a las personas que se encuentran bajo proceso penal porque la suspensión de derechos ciudadanos siempre debe ser resultado de un procedimiento judicial y no se puede aplicar una norma, por más que sea Constitucional, de manera automática sin dar acceso a la jurisdicción del Estado como lo consagra un derecho humano. Pues con más razón se tienen que revisar los transitorios de un decreto de reformas constitucionales que atropellan derechos ciudadanos fundamentales de millones de personas.

El acuerdo tomado por Laynez ha sido recurrido, así que ahora le tocará a los demás ministros y ministras definir si la Constitución mexicana es la única en el mundo que puede contener preceptos de carácter transitorio para, además, negar su propio contenido, o sólo contar, como todas, con transitorios operativos para hacer valer su propio texto. Hay que detener la nueva tendencia legislativa de negar derechos constitucionales a partir de transitorios de decretos que reforman la Carta Magna. Ese es un juego sucio que los ministros y las ministras de la Suprema Corte deberían rechazar con toda energía antes de que se les monten, más aún, los políticos maniobreros e inescrupulosos.

Aguardaremos el debate en la máxima sede jurisdiccional. Mientras, hay que promover el debate público sobre el tema.