Emilio Lozoya: antes, después y hoy

Está claro que Emilio Lozoya no es exponente de «la peor corrupción estructural mexicana». Hay episodios, sistemas, tramas, personajes y fortunas mucho peores. Nomás pensemos en el imperio corrupto de Carlos Salinas de Gortari. Pero el papel que jugó el hoy perseguido de la justicia es ocasión para que el país se asome a uno de los episodios de la historia de su Estado corrupto.

Emilio Lozoya viene de la alta burocracia política mexicana, toda ella corrompida, en línea con uno de los elementos básicos del poder. Su padre fue uno de esos burócratas empoderados. Pero, luego de un adecuado entrenamiento, ese personaje se proyecta en el momento en que le podía ser útil a una causa política concreta que era la recuperación de la Presidencia de la República por parte del PRI, a partir del gobierno del Estado de México y de la candidatura de Enrique Peña Nieto.

El antes fue la precampaña y campaña del abanderado priista, con todo el impresionante apoyo mediático de Televisa. El después fue la llegada de Peña a la Presidencia de la República. El hoy es la oportunidad de averiguar más sobre las tramas corruptas.

Conseguir apoyos mediáticos y económicos tuvo que ser el primer paso. Emilio Lozoya no era un político operativo. Sus tareas tenían que ver con relaciones, especialmente entre empresarios y poderosos de la esfera pública. Hizo bien su trabajo en tanto que logró obtener financiamientos. Así, tuvo que estar vinculado a Luis Videgaray.

El primer cargo penal que se le hace es obtener de la trasnacional brasileña Odebrecht fondos para la campaña de Peña Nieto. ¿Cuánto entregó al PRI y cuánto retuvo? No lo sabemos, pero supongamos que todo se lo dio a Videgaray.

Ya como director de Pemex, Lozoya había de beneficiar a la empresa donante. Según la acusación, así fue, pero con nuevos y mayores sobornos.

Hoy, se tiene que saber dónde está el dinero, cuál fue su ruta y destino. Es un laberinto.

Pero hay más. Pemex tuvo participación en la llamada Estafa Maestra, es decir, fondos entregados a organismos públicos como pago de algún servicio pero que no se aplicaban al objeto establecido en el convenio sino se canalizaban través de empresas fantasmas. Aquí, el hoy tendría que ser el conocimiento del propósito de tal estafa y del destino final del dinero.

Mas lo que supera la relación de Lozoya con Odebrecht  y la versión petrolera de la Estafa Maestra es la compra de Pemex de la planta de Nitrogenados por 500 millones de dólares a la empresa privada Altos Hornos de México. Se ha calculado que esa «chatarra», como la definió la Auditoría Superior de la Federación, podría haber tenido un valor de unos 15 millones de dólares, si acaso.

Los privatizadores neoliberales en el gobierno no sólo vendían y entregaban propiedades públicas sino también estatizaban chatarra. Todo, para hacer negocios corruptos.

El jefe de Altos Hornos, también perseguido, no hubiera podido quedarse con la totalidad del dinero. Eso hubiera sido imposible. Así que ya no fueron sólo 10 millones de dólares procedentes de Odebrecht. Después cayeron otros 500 millones volando entre las sombras de los forajidos. ¿Cuál fue la distribución? ¿Dónde está ahora el dinero?

Qué pequeño se antoja, comparativamente, aquel robo a Pemex de mil millones de pesos para financiar la campaña de Francisco Labastida como candidato del PRI en el año 2000, por órdenes de Ernesto Zedillo a través de Romero Deschamps y Rogelio Montemayor, a la sazón líder sindical y director de la paraestatal, respectivamente, ambos connotados y muy activos priistas de estrellato salinista. Entonces hubo total impunidad penal gracias a la capitulación en la activación del aparato de justicia por parte, directamente, de Vicente Fox y su partido, el PAN. Se otorgó un perdón de facto. Sólo se logró una multa electoral contra el PRI, justamente de esa misma cantidad.

Quizá en algún momento, el mismo Peña Nieto y su administrador y operador político, Luis Videgaray, entre otros, tuvieran que ser interrogados si el fiscal careciera de otra opción. Habría que esperar que, llegada la situación, no fuera sólo un espectáculo mediático.

Lo peor de este periodo de la historia del Estado corrupto mexicano sería que el desempeño de Emilio Lozoya resultara haber sido algo marginal. Poca cosa en términos comparativos al gran total. Entonces tendríamos un hoy desgarrador. Puede ser.

Reformar la Universidad Nacional

¿Qué está pasando cuando un grupo pequeño o grande de estudiantes cierra una facultad o escuela y, al mismo tiempo, el rector de la Universidad no concurre a discutir sino que sólo pronuncia discursos desde lejos?

No es tan difícil saberlo.

La UNAM aportó mucho a la conquista de la libertad política en México. Pero es una de las instituciones más atrasadas en materia de democracia interna. Esta contradicción nunca ha sido admitida por autoridad alguna. El rector vive en su Torre, así se llama, a la que llegan de vez en cuando algunos jóvenes violentos cuya presencia vandálica sólo sirve para que el mismo rector denuncie la intromisión de intereses ajenos. Nada pasa, sin embargo, por el arribo de unos y la alarma del otro. Todo sigue igual. Es una cansada esgrima sin objeto alguno.

Mientras, el acoso sexual y otros ataques mucho más graves contra las estudiantes siguen como antes o son mayores. La autoridad de cada plantel es la que debería imponer sanciones a las personas que realizan esos agravios a la dignidad y la integridad de las estudiantes. Pero los directores no quieren hacer nada, tienen miedo y, al mismo tiempo, no condenan las agresiones sexuales porque son machistas, misóginos, encubridores o simplemente pusilánimes. Durante años, esos ataques han sido moneda de uso corriente en la UNAM. Todos lo sabemos.

Ha llegado en esa Universidad el momento del ya basta. No se ha movilizado la mayoría del estudiantado porque las y los jóvenes no cuentan con agrupaciones amplias, democráticas y participativas. Todo ahí es una desolación en materia de instancias de organización, deliberación y decisión.

La UNAM tiene autoridades que no son legítimas desde un punto de vista medianamente democrático, lo cual no vale la pena discutir porque es evidente. La representación de la comunidad en el Consejo Universitario y en los consejos técnicos estriba sólo en actas pero no existe en la vida real. La Junta de Gobierno está peor, pues se encuentra integrada por 15 personas que duran en su cargo 15 años pero designan a los directores y al rector.

La Ley Orgánica de la UNAM (1945) cayó en inconstitucionalidad a partir de 1980 porque la fracción VII del artículo 3º de la Constitución otorga desde entonces la «facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma», mientras que la vetusta ley le impone a la Universidad, desde fuera, su estructura orgánica, es decir, las bases de su gobierno interior.

Si no existen instancias representativas y participativas en la institución, el diálogo está roto. Así ha sido durante muchos años, pero la necedad de mantener todo el andamiaje orgánico como si fuera nuevo sólo provoca el agravamiento de cada conflicto que surge.

Lo que ahora tenemos no es nada sencillo porque el machismo domina y la protesta es, de entrada, incomprendida, aunque se diga que se comparte el contenido pero no el método de realizarla. Esa es una falsedad, claro está. Las soluciones que se han ideado ante la violencia de género no funcionarán bien, aunque no sean malas, mientras la Universidad siga peleada con la democracia, la formal y, mucho más, con la participativa.

La violencia de género no hubiera hecho la crisis que estamos viendo en un medio en el que pocos o muchos plantean sus puntos y éstos se abordan por los demás a través de un entramado de discusión y decisión colectivas. Pero, gota a gota, se ha empezado a derramar el vaso ante la inexistencia de instancias en las que se resuelvan esos y todos los asuntos importantes.

¿Dónde se ha discutido el problema de la violencia contra las mujeres? En demasiados lugares, excepto en aquellos en los que se supone que deberían tomarse las decisiones en pluralidad. Para decirlo en forma más directa: el Consejo Universitario no es una instancia de deliberación y resolución de problemas generales, mientras los consejos técnicos siguen siendo sólo eso, puramente técnicos, para no contrariar el principio antidemocrático de las decisiones unipersonales del director/a.

La UNAM requiere en este momento una convocatoria a discutir organizadamente, sin mentiras, manotazos ni insultos, un proyecto de ley de la Universidad que se apegue a la autonomía consagrada en la fracción VII del artículo 3º constitucional, cuya redacción sería fácil, para que, luego, el Congreso de la Unión recoja el proyecto que de ahí surja y expida el nuevo ordenamiento. Después vendría lo difícil, la UNAM tendría que decidir qué tanta democracia quiere y cómo la necesita; qué tanta participación directa es conveniente; qué tanto diálogo desea; qué tanta organización reclama. Todo esto lo haría libremente, sin que una ley del Congreso, inconstitucional por ser orgánica, le indique cómo debe ser su gobierno interior.

Este planteamiento lo han rechazado Barros Sierra, González Casanova, Soberón, Rivero, Carpizo, Sarukhán, Barnés, De la Fuente, Narro y el actual Graue. Todos los rectores posteriores al movimiento contra el autoritarismo y el elitismo que derribó a Ignacio Chávez en 1966 han sido continuadores de la misma antidemocracia. Aunque aquella huelga estudiantil abrió el cogobierno extralegal en algunos planteles, éste se diluyó en medio de otras luchas de carácter nacional, incluyendo aquellas magníficas acciones victoriosas a favor de la gratuidad, todas las cuales nos dejaron un espléndido legado, primero, en favor de la democracia y, después, en la resistencia contra el neoliberalismo.

Como haya sido, el gran problema actual consiste en que la mayor Universidad está desfasada de su propio país al que tanto ha aportado, pero del cual no ha sabido aprender.

Punitivismo desbocado y crisis delincuencial

Hemos tenido durante 20 años grandes y pequeñas reformas al sistema de justicia penal, pero, durante ese tiempo, la incidencia delictiva ha seguido en aumento como nunca en la historia. ¿De qué nos habla eso? Pues de que tanto el postulado punitivista dominante, como la tesis de que las reformas legislativas pueden contener la delincuencia, son ideas falsas.

Aunque parezca increíble, seguimos en lo mismo. Nuevos proyectos de leyes punitivas van y vienen de un lado para otro. Aunque ya dijo Andrés Manuel López Obrador que él no tiene proyecto alguno en esta materia, muchos senadores, algunos diputados, el fiscal y el secretario de Seguridad traen las alforjas llenas, como si no pudieran analizar qué cosa ha sucedido con tantas reformas que no han servido.

La declaratoria de guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico y, en general, contra el crimen organizado, con excepción del que existía dentro del Estado, llevó a la confrontación histórica más grande entre las bandas criminales. Todos los cárteles se pusieron a disputar entre ellos los territorios y las rutas; reclutaron sicarios entre jóvenes desempleados y resentidos, así como entre desertores del Ejército; al tiempo, se empezaron a subdividir y, así, de unos cuantos cárteles, un día México se encontró con varias decenas, enfrentados entre sí, pero sin que el gobierno pudiera frenarlos en lo más mínimo. Hoy son más que antes, tienen más reclutas y están mejor pertrechados, a pesar de sus miles de muertos y encarcelados. ¡Qué desastre!

El aumento de penas, el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, la extradición antes de terminar juicios en el país, la incomunicación de reos, la creación del delito constitucional de delincuencia organizada, la extinción de dominio, etcétera, han fracasado porque no eran respuestas adecuadas ni efectivas: a nadie detienen. Además, el Sistema Nacional de Seguridad Pública es más un precepto constitucional en el papel que algo funcional y efectivo.

Ahora se quiere extender el arraigo a otros delitos, seguir aumentando penas, incorporar nuevos ilícitos al sistema de prisión preventiva oficiosa, crear un código penal nacional, establecer una ley de justicia cívica para todo el país, regular el funcionamiento de los antros directamente por parte de la Federación (sic), más otras ideas que no son más que la prolongación de lo que ya fracasó.

Sin duda tiene razón Andrés Manuel cuando dice que la guerra de Calderón fue algo así como revolver el avispero. Mas tendríamos que agregar dos cosas: las reformas no calmaron a las avispas y ahora tenemos mayor cantidad, las cuales están más furiosas.

Hace años, Felipe Calderón nombró a una persona como procuradora y, en su comparecencia en el Senado, le pregunté sobre cuál iba a ser su plan estratégico frente a la delincuencia organizada. Me respondió que consistiría en «aplicar la ley» y nada más. Los presentes volteamos a vernos a los ojos. Ella no se inmutó en lo más mínimo. Nada hizo. Duró poco. Creo que así habían estado antes las cosas y así siguieron.

El mayor problema de la política criminológica o, como se dice, criminal, es que ninguna ha funcionado bien porque no existen cuerpos capaces de ponerla en marcha, cualquiera que ésta fuera. Parece un chiste, pero es una realidad cotidiana, inicua.

Sabemos que lo principal son las reformas sociales, el cambio en el patrón de distribución del ingreso, el aumento de salarios, el empleo formal, el acceso a los servicios de salud y la educación pública para todos, en un marco de incremento de la productividad del trabajo social. Pero, de cualquier manera, se requiere una estrategia de lucha contra el crimen organizado.

Las matanzas entre delincuentes afectan al país en muchas formas, pero lo que más perjudica directamente son los delitos contra cualquier persona: el robo en sus muchas modalidades, especialmente con arma; la extorsión, que va en aumento; los feminicidios (homicidio de mujeres por motivos de género), que también son más; las violaciones y otros delitos sexuales, cuyos números totales se desconocen; el secuestro; la trata de personas; entre otros.

Si los cárteles hicieran un pacto y dejaran de matarse entre sí, la estadística de homicidios dolosos y violentos bajaría mucho, pero, en realidad, para la sociedad, poco habría ocurrido. No es el número de esos homicidios violentos el que afecta directamente a la gente, pues en su mayoría son producto de disputas por el negocio criminal que sigue adelante sobre montones de cadáveres y cementerios clandestinos regados por casi todo el país. El mayor problema de los cárteles es que sus integrantes se dedican paralelamente a cometer delitos contra el común de la gente. Eso sí duele mucho.

Sin embargo, en ese mismo sentido, urge legalizar y reglamentar la producción, comercio, posesión y consumo de mariguana, el cual podría ser algo positivo. El prohibicionismo nos ha inundado de asesinatos y de asociaciones criminales, además de corromper al Estado, pero no solo en México, sino en todo el mundo.

Son pocos los delitos registrados del orden federal. La mayor persecución está a cargo, principalmente, de las autoridades de los estados. El problema es que éstas son extremadamente débiles y corruptas: la macabra mancuerna mexicana.

Sin embargo, no ha de ser con una disminución de potestades de las entidades federativas como se podría encarar la crisis delincuencial. Sería mejor fortalecer a los estados con una severa vigilancia y control, en el marco de la lucha efectiva contra la corrupción. De otra manera, terminaríamos en un Estado centralista, al estilo de los tiempos de Santa Anna, pero sin resolver ningún problema sino con unos nuevos, tal vez peores.

La estrategia criminológica debe ser precisada y planteada como obligatoria para todas las entidades federativas, al tiempo que éstas cuenten con los recursos suficientes para llevarla a cabo realmente, sin las simulaciones que se vieron desde Fox hasta Peña Nieto.

El camino del punitivismo legislativo está cerrado. Grande ha sido la experiencia. Sería el colmo que no se vieran los macabros errores de aquellos políticos de antes y que los de ahora cayeran en su repetición. Por ejemplo, con algunos toques de comicidad involuntaria, ha surgido inopinadamente la propuesta del control federal de todos los antros del país, bajo el argumento de que en éstos se han cometido muchos asesinatos con arma de fuego. Sin comentarios.

Si Andrés Manuel se ha deslindado de paquetes de reformas punitivistas, habría que aprovechar la coyuntura para insistir en otras posibles soluciones que están planteadas pero ignoradas.

Marihuana

Es inminente una reforma del régimen al que está sometida la marihuana. La Suprema Corte ha declarado inconstitucional algunas restricciones normativas sobre su producción, lo cual obliga al Congreso a legislar.

El país ha tenido demasiado titubeo respecto a la cannabis. La mayoría de las personas que cuentan con una información básica al respecto coinciden en que la prohibición sólo ha generado delincuencia y también castigo a simples consumidores, lo cual ha resultado en una inmensa injusticia.

En un país que adolece de un Estado corrupto, penalizar la producción y comercio de marihuana conduce a la participación del gobierno y la judicatura en un negocio ilícito. Así ha ocurrido en México. En la industria y el comercio de esa yerba toman parte agricultores, distribuidores, asociaciones delincuenciales, pero también gobernantes, policías, fiscales, jueces. Además, intervienen los lavadores de dinero, incluyendo bancos.

El número de críticos de la prohibición ha ido en aumento. Personas de izquierdas y derechas piden un cambio de régimen jurídico, incluyendo exgobernantes que en sus tiempos hicieron llamados a favor de fortalecer la persecución.

Nadie en particular promueve el consumo de la marihuana. Al contrario, quienes buscan la despenalización aconsejan que el Estado y la sociedad hagan cosas para desalentar su consumo. Los únicos que se encuentran contentos con el actual delito son los narcotraficantes, es parte de su negocio.

Así, la sociedad no está dividida entre quienes quieren marihuana legal y quienes no la desean, sino entre los que advierten la necesidad de la legalización y aquellos que todavía confían en la vía punitiva para evitar su consumo, a pesar de que con la ley vigente nunca se ha logrado la reducción de la cantidad de yerba producida.

En la actual coyuntura, es impertinente tratar de discutir sobre la marihuana en sí misma porque el tema es otro.

En general, la vía punitiva en materia de drogas no puede tener más consecuencia que el promover delincuencia, violencia y corrupción. Esta es la lección de muchas décadas, como lo fue en su tiempo con la ley seca impuesta en Estados Unidos.

El Senado ha logrado la ampliación del plazo para obedecer la resolución de la Suprema Corte. Sin embargo, parecen continuar los mismos titubeos respecto de qué hacer.

Por más vueltas que se le dé al problema, existe una pregunta central: debe ser o no un delito producir y comerciar marihuana. Luego, si la respuesta es que no, hay que crear un sistema de control estatal sobre producción, circulación, venta y consumo de la cannabis.

No sería la primera vez que el Estado asumiera su papel de control de la producción y el comercio, como ha sido, por ejemplo, sobre el tabaco, las bebidas alcohólicas y los medicamentos, antibióticos incluidos.

Lo que al parecer imbuye temor es que una ley para crear un control oficial pudiera llevar a la corrupción y al mercado negro. Pero, ¿qué es lo que hoy tenemos? No debería preocupar demasiado que al principio un nuevo sistema tuviera problemas en su aplicación y la prensa más las oposiciones los aprovecharan para concentrar la atención.

Cuando en un par de estados norteamericanos fronterizos con México la marihuana es legal, es menos recomendable pensar acá en términos de una gradualidad que lleve lentamente a eso mismo. La cannabis es un producto de exportación y amplio consumo nacional y ese fenómeno no lo va a parar una reforma paulatina.

El problema del uso de drogas entre la juventud adquiere otro carácter que tiene que ver con el lugar y el papel que los y las jóvenes están jugando en la sociedad actual. Mas cuando existe persecución y extorsión con motivo de la siembra, el comercio y hasta el simple uso de la marihuana, la juventud es la que más sufre, como lo estamos viendo.

Limitarnos a la resolución de la Suprema Corte para que se pudiera producir legalmente cannabis con fines lúdicos personales pero no comerciales no sería suficiente para estar a la altura del tiempo que vivimos, del sufrimiento de mucha gente que no forma parte del crimen y de la espantosa crisis de violencia delincuencial que hemos padecido durante ya muchos años.

Sueldos: la rebelión de los arrogantes

Titulares de organismos autónomos de la Federación se han rebelado contra el precepto constitucional que les impide ganar más que el presidente de la República.

Es la segunda vez que lo hacen y, por ahora, sólo la Suprema Corte de Justicia los puede frenar y obligarles a acatar los textos de los artículos 75, 126 y 127 de la Constitución, antes de que tuvieran que intervenir otras autoridades.

El Banco de México (Banxico) considera que es falso el sueldo del presidente de la República fijado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El argumento consiste en que no incluye elementos pagados en especie. Sin embargo, los gobernadores de esa institución omiten que no forman parte de la remuneración «los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo», como tampoco los «gastos de viaje en actividades oficiales» (Art. 127.I).

En las casas de los embajadores de cualquier país, incluso de México, se ejerce un presupuesto que no se contabiliza como sueldo del representante diplomático. Lo mismo ocurre en otras residencias oficiales, en especial de jefes de Estado y de Gobierno. La alimentación de las tropas no es parte de los haberes, como tampoco, por cierto, el café que beben en sus reuniones los gobernadores del mismo Banco de México. Hay muchas más erogaciones de esta clase, las cuales forman parte de los gastos de operación, cuyos montos se encuentran señalados en el presupuesto federal, con la única excepción de los del Banxico que no está sujeto al control presupuestal directo.

El argumento de que el sueldo presidencial es falso porque debería contener una parte en especie es mendaz a la luz de la norma, ya que en ésta no se dice que siempre debe incluir un componente no monetario.

Mas todo eso tiene poca importancia. El verdadero planteamiento del Banxico no es jurídico sino que tiende a combatir la política de salarios  que ha sostenido la nueva fuerza gobernante. La acusación consiste en que López Obrador se ha rebajado el sueldo para poder reducir los de todos los jefes, pero no incluye –así lo insinúan– lo que él come en Palacio Nacional y, quizá, el costo del albergue, cuyos montos, por lo visto, deberían ser adicionados para lograr una fijación más alta del sueldo de cada miembro de la Junta de Gobernadores del Banco de México.

Por lo demás, la controversia planteada por el Banxico es inoperante porque los salarios de los integrantes de la Junta son fijados por un comité especial ajeno al banco. Luego, si ellos lograran la invalidez del sueldo presidencial como «referente normativo», ésta no podría tener efectos generales y, por tanto, no sería obligatoria para dicho comité especial ya que éste no es parte del litigio ni recibe órdenes del Poder Ejecutivo. Entonces, las remuneraciones de los gobernadores del Banxico  para 2020, que ya están legalmente fijados, serían el tope para todos los demás funcionarios de dicha institución. Todo quedaría igual.

En síntesis, lo que el Banco de México quiere es echar abajo el monto del sueldo del Presidente de la República por la vía de la controversia constitucional, aunque eso a fin de cuentas no sirva para nada porque la resolución de la Suprema Corte solo tendría efectos respecto de las partes de dicha controversia (Art. 105, tercer párrafo) y, además, el banco no figura en el presupuesto federal.

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones han presentado también sus propias controversias a la Suprema Corte para reclamar remuneraciones mayores al del Presidente de la República con variados argumentos pero sin tomar en cuenta la Carta Magna.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha logrado que el ministro instructor le conceda una prórroga de la suspensión que le otorgó el año pasado para evitar la aplicación del presupuesto de 2019. Ahora, por lo visto, se otorgan prórrogas suspensivas contra la vigencia de un ordenamiento nuevo que no existía cuando se otorgó la suspensión de otro decreto muy diverso, anterior, que ya no tiene vigencia sino que es la representación fantasmagórica del pasado.

De cualquier manera, por un lado, la ley reglamentaria no permite conceder suspensiones cuando se trata de «normas generales» (Art. 14, segundo párrafo); por el otro, el Presupuesto de Egresos ha sido varias veces considerado por la Suprema Corte como una norma general.

Al mismo tiempo, pudiera afectar al interés público conceder suspensiones judiciales sobre los sueldos presupuestales fijados para 2020, con el propósito de mantener remuneraciones anteriores que eran más altas que las ahora señaladas. Si tales controversias fueran declaradas infundadas al término del procedimiento, el Estado mexicano habría pagado durante meses salarios indebidos que ya no podría recuperar. Tendríamos entonces una pérdida de patrimonio público, pero sin responsabilidad para nadie. Si, por el contrario, estas controversias se siguen sin suspensiones, conforme lo marca claramente la ley, en el caso de que la Corte declarara fundada la controversia, ella misma tendría que ordenar que se completaran los sueldos hasta llegar al nivel señalado en su propia resolución, con los naturales efectos retroactivos.

El Instituto Nacional Electoral no ha recurrido ahora a la Suprema Corte, sino que ha decidido, a través de su Junta General Ejecutiva, que los altos funcionarios ganen mucho más que el Presidente de la República porque –dice– su trabajo es «especializado».

Ese acuerdo es enteramente inconstitucional, ilegal e inmoral. La Carta Magna señala que las personas que realicen trabajos técnicos especializados pueden tener un sueldo mayor al de su superior jerárquico, pero siempre que sea parte de un «contrato colectivo o condiciones generales de trabajo», pero no «podrá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República» (Art. 127.III).

En el extremo de la rebelión burocrática del INE, se desconoce en el acuerdo de su Junta General Ejecutiva que los sueldos de sus integrantes los fija la Cámara de Diputados (Art. 75), como ya lo hizo, y que «no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o  determinado por la ley posterior» (Art. 126).

Este litigio no se terminará, como en el beisbol, hasta que se termine. Esto quiere decir que en cada entrada puede seguir el empate en el marcador. Así lo ven los titulares de varios organismos autónomos. Mas la cuestión de fondo es que tales entidades públicas se han convertido en trincheras de los enemigos de la moderación de las percepciones en la alta burocracia.

La política de remuneraciones de la 4T no es un capricho sino una respuesta a las largas décadas en las que el Estado corrupto se expresó en casi todo, incluyendo la práctica con la que los sueldos podían ser tan altos como lo decidieran los gobernantes, mientras el salario medio nacional disminuía. Así, las remuneraciones de la burocracia dorada eran una forma integrada al sistema de gobierno: reparto de prebendas y privilegios.

Si el país ha repudiado por la vía de los votos esa práctica, resulta inmoral querer mantenerla desde instituciones públicas, en desobediencia del mandato popular. Esa inmoralidad empeora si se considera que lo pretendido consiste en conservar el magnífico y desproporcionado sueldo propio.

Frente a la arrogancia de unos cuantos funcionarios investidos de poder, es obligatorio defender la democracia, la austeridad republicana y la Constitución.

España: coalición y crispación

Desde el restablecimiento de la democracia en España no se había dado un gobierno de coalición. Durante 40 años el partido más votado controló la administración pública central. Algunas veces, en minoría, lograba acuerdos parlamentarios ocasionales con otras formaciones, pero el Consejo de Ministros fue siempre de un solo instituto político.

El gobierno español es ahora diferente. El viejo partido socialista, el PSOE, ha admitido la creación del gobierno de coalición con Unidas Podemos que está formado por varias expresiones unitarias de izquierda. El líder de aquél, Pedro Sánchez, se negó durante meses a integrar ese gobierno, a pesar de que era viable alcanzar más apoyos que rechazos en el Congreso de los Diputados, requisito constitucional para lograr la investidura. Al final, la realidad política lo sobrepasó.

España entró hace algunos años en una crisis del sistema en el que el bipartidismo (PSOE y PP) solía tratarse con rispidez, pero siempre con tendencia a llegar a acuerdos, a conducir conjuntamente al Estado, en especial en la conformación de las instituciones, mientras que, a veces, partidos regionales aportaban votos para sacar presupuestos cuidadosamente desequilibrados.

Como elementos de la crisis política surgieron Podemos y Ciudadanos. El primero, izquierda crítica del PSOE y del bipartidismo. El segundo, liberal derechista y crítico de la corrupción en el entonces gobernante Partido Popular. Había surgido un nuevo sistema político con dos izquierdas y dos derechas, además de fuertes partidos locales en algunas regiones. Pero los viejos institutos políticos estaban pensando en encontrar la forma de volver a lo de antes.

Esa crisis se reveló desde que se hizo imposible que alguno de los partidos del desarticulado bipartidismo pudiera gobernar por sí sólo en relativa estabilidad. España había cambiado en medio de la incredulidad de los políticos tradicionales.

La corrupción en el PP, la cual llevó a Mariano Rajoy a ser despedido como presidente del Gobierno, le otorgó al PSOE la oportunidad de oro para reconocer los cambios en la política española. Sin embargo, una mayoría de dirigentes socialistas impidieron dar ese paso. El surgimiento del gobierno de coalición estaba maduro meses atrás, luego de la primera elección parlamentaria de 2019, pero no se hizo por la necedad de las bandas sectarias del PSOE. Entonces hubiera sido más fácil que ahora, por cierto.

Luego de la segunda elección de 2019 ya no había más remedio que admitir los resultados comiciales como indicadores de que hay un gran segmento social que ya le dio la espalda al bipartidismo y busca una nueva democracia.

En la derecha, que ahora es de tres cabezas, se han visto disminuido los nuevos liberales de Ciudadanos que eran la esperanza de mucha gente que cuestionaba al PP y al PSOE desde actitudes moderadas y críticas de la corrupción española. Ha surgido un sello electoral llamado Vox que es un partido abiertamente machista y homofóbico, además de añorante del orden franquista, al que le repugna la Unión Europea y, sobre todo, la emigración africana y latinoamericana. Es ese el tercero más votado en las recientes elecciones.

Si las principales izquierdas no se hubiera unido en coalición con el apoyo, mediante la abstención, de los dos partidos nacionalistas más importantes (el catalán Esquerra y el vasco Bildu), se habría tenido que convocar a una tercera elección en medio de mayores desuniones en la izquierda y reencuentros en la derecha. Es decir, una catástrofe.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su partido son quienes llevan el mérito mayor porque desde un principio propusieron con firmeza y lealtad la coalición de gobierno.

Al mismo tiempo, la formación del nuevo gobierno ha llevado a la crispación política. Ya se ha advertido esto en los discursos parlamentarios de los actos previos a la investidura de Pedro Sánchez. Las derechas se van a ir aproximando cada día más porque tienen base común suficiente y el claro objetivo de lograr el fracaso de la coalición de izquierdas. En el PP no hay moderación y en Ciudadanos hay repulsión visceral  a la izquierda emergente, mientras en Vox existe un repudio virulento a todo progreso social y cultural.

La agenda social española es muy amplia pero destacan las tareas ideológicas que hay que reemprender contra la intolerancia y las fobias de las fuerzas reaccionarias. El nuevo gobierno de coalición y sus opositores desde la izquierda, en especial Bildu y Esquerra, tienen que buscar acuerdos que vayan mucho más lejos de la simple estabilidad parlamentaria. Aun cuando mantengan sus polémicas sobre el tema de las nacionalidades y el derecho de autodeterminación, se requiere una unidad de acción. El asunto político de mayor actualidad en este momento no es la independencia de Cataluña sino impedir que toda España caiga en manos de una derecha que sería mucho peor que una vuelta de José María Aznar al poder.

La triunfante propuesta de integrar una coalición gobernante de izquierdas, la cual ha tenido a pesar de los pesares el respaldo decisivo de otras formaciones, debería convertirse en un momento de lucha por una España democrática y socialista.

Pensiones, salarios y colapso del retiro

A la memoria de Ricardo García Sáenz, quien advirtió desde un principio el inevitable colapso del inicuo sistema de las Afores

Las pensiones y jubilaciones del viejo sistema de seguridad social estuvieron durante años castigadas porque se ligaban al salario mínimo general (SMG). En tanto éste disminuía en términos reales, aquellas bajaban en la misma proporción. Sólo en 1999, para el presupuesto de 2000, se logró un aumento por la vía directa, luego de lo cual se regularizó en ley dicho incremento en la pensión  mínima.

Cuando se eliminó el SMG como instrumento de cálculo de casi todo, se creó la UMA (Unidad de Medida y Actualización) para indexar muchas cosas a la tasa inflacionaria anual. De esa forma, las pensiones y jubilaciones pierden día tras día algo de su capacidad adquisitiva según el ritmo inflacionario, pero, al término del año, recuperan de un solo golpe lo que se deteriora  durante 365 días para volver a empezar el ciclo. El pensionado o jubilado pierde algo aunque se lo abonen al final del año. En otras palabras, le resarcen lo erosionado en su ingreso con un año de retraso.

Lo que se ha logrado con el UMA es que el salario mínimo general pueda aumentar sin hacer repercutir su elevación hacia otros ámbitos. Sin embargo, mientras que el salario sube, la pensión y jubilación se actualiza en forma anual conforme a la UMA, es decir, además de perder algo con el simple transcurrir inflacionario de los meses, se rezaga cada año respeto al SMG.

Esto ha llevado a muchos pensionados y jubilados a exigir el mismo trato que antes les perjudicaba, es decir, que sus incrementos se lleven a cabo según la subida anual del salario mínimo general.

Para 2020, habrá un aumento del SMG de 20%, así como de 8% para el llamado salario fronterizo, el cual es bastante mayor que el general.

Si todas las pensiones y jubilaciones del viejo sistema solidario que estuvieran por debajo del SMG de 2020 se pagaran con un 20% de aumento no habría manera de cubrir tan fuerte incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que es de donde salen esas erogaciones.

Hay que recordar que con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) la Federación asumió el pago de pensiones y jubilaciones ya concedidas o en dirección de otorgase a trabajadoras y trabajadores en activo al momento de la reforma. Desde entonces, el PEF sufre una sangría anual, es decir, como no hay fondo social, la recaudación fiscal se usa para cubrir el retiro.

Aunque el gobierno federal no podría ahora mismo aumentar en 20% las pensiones y jubilaciones más bajas, la Federación está obligada a elaborar un plan para mejorarlas. No es admisible que mientras trabajadoras y trabajadores en activo se ven beneficiadas por una nueva política salarial que, aunque se exprese en la fijación del mínimo general, las personas que tienen jubilación o pensión sólo sean apoyadas con el ajuste inflacionario (UMA). Claro, es mejor ahora que antes, cuando sufrían un fuerte deterioro, pero no es suficiente.

Este asunto debe ser atendido directamente por la Secretaría de Hacienda en las primeras semanas del nuevo año. Mas lo que tendrá que verse con mucho mayor detalle es la reforma del sistema mexicano de retiro.

El SAR y sus administradoras privadas constituyen un inicuo sistema creado bajo el programa neoliberal para privatizar las pensiones, hacer depender éstas del ahorro personal de cada cual durante toda su vida laboral y construir un formidable negocio, uno de los más rentables del mundo porque tiene bajísimos costos, ningún riesgo y elevadísimas tasas de ganancia. Todos los ingresos propios de las Afores como empresas privadas provienen del dinero que cobran a las personas aportantes, es decir, las que ahorran. No hay comercio sino sólo esquilmo.

En México, ese sistema de retiro conlleva a que el ingreso del 75% de los que se jubilen o pensionen no puedan obtener más de dos tercios del salario mínimo general. Si éste sigue subiendo, como se anuncia, aquel porcentaje de trabajadores en retiro sería aún mayor.

El primer punto que es preciso dejar en claro es que el Sistema de Ahorro para el Retiro no tiene remedio. Es y seguiría siendo un negocio redondo de unos cuantos y la ruina de millones. Hay que crear un nuevo sistema antes de que empiecen a jubilarse quienes están sujetos al SAR.

El segundo punto es que, sin menoscabo de admitir que los empleados muy bien pagados sigan con el sistema SAR, todos los demás –damnificados del neoliberalismo– puedan optar por un sistema solidario de pensiones y jubilaciones que el Congreso expida mediante una nueva ley.

El tercer punto es que los recursos acumulados de quienes que así lo decidan,  pasen a formar parte de la bolsa general de retiro, como la que existe en muchos países desarrollados donde jamás se toleró el control privado de las aportaciones de las trabajadoras y trabajadores.

El sistema de Afores, como se le conoce en México, fue una copia directa del chileno, hijo de la dictadura pinochetista, el cual ahora está completamente colapsado y es una de las causas directas de las grandes protestas sociales y políticas que se han realizado en ese país y probablemente conduzcan a la redacción de una nueva Carta Magna, la cual podría resolver, entre otros muchos, el inmenso problema del retiro.

Los neoliberales en Argentina también impusieron el mismo sistema de privatización del manejo de fondos individuales de retiro, pero hace algunos años se revirtió para construir un método solidario de pensiones.

En la Francia convulsa de estos días que tiene en su centro el tema de las pensiones, lo que se discute se ubica en las modalidades de los sistemas solidarios y el tema de la edad. Nadie propone privatizar su administración.

México seguirá siendo un país con bajos salarios durante los próximos 15 años, aún si no se bloquea la nueva política de redistribución directa del ingreso de la 4T y aún si se profundiza como muchos buscamos. Si continuara el mismo sistema pensionario, por más que se elevaran las cuotas, no se garantizarían para la mayoría jubilaciones por arriba de la mitad del último salario. ¿Qué clase de país puede ser ese que no se propone jubilar para liberar sino para castigar?

No tendría ningún sentido para el Estado mexicano empezar a destinar de nueva cuenta crecientes fondos presupuestales para completar la pensión mínima garantizada a centenares de miles y, luego, a millones de personas en retiro, con tal de mantener un sistema inservible y oneroso de administración del ahorro para el retiro.

Mejor cambiar. Para millones de personas, para el Estado y para todo el país es indispensable abrir un nuevo camino antes del inminente colapso.

Costos de la estabilidad

La estabilidad política y económica lograda por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene tres patas: la mayoría legislativa, la firmeza de la moneda y la baja inflación, así como la ausencia de grandes movimientos sociales opositores.

Es un buen escenario, pero sus costos han sido el estancamiento de la inversión productiva y el nulo incremento de la economía, vista en su conjunto, ya que sí hay sectores en crecimiento. Ambos factores se encuentran íntimamente ligados.

Hasta ahora, la estabilidad cambiaria y de precios se ha convertido en una plataforma sobre la cual es posible promover la expansión económica, pero aquella no suele ser suficiente, como ya se observa, debido a que la inversión no está en dependencia del capital-dinero disponible sino de dos factores: la ampliación del campo de las inversiones privadas y la capacidad del Estado para emprender proyectos autofinanciables efectivamente. Estos dos elementos no están todavía presentes.

El gobierno ha dicho que no hará una reforma fiscal con el fin de aumentar la inversión pública, al menos antes del año 2021. Ya ha mencionado Carlos Slim que, en sus propios cálculos, hay lugar para nuevas infraestructuras por un monto de 600 mil millones de pesos. En este marco pareciera que la única solución consiste en fomentar sólo las inversiones privadas. Sin embargo, eso no es posible en el México de nuestros días. No hay proyecto de infraestructura, aunque sea privado, sin financiamiento público. Como grandes proyectos del Estado, hoy sólo se tienen el Tren Maya y la vía del Istmo, ambos iniciados en el siglo XIX, los cuales también tendrán capital privado aunque  sin estar bajo el control de éste.

Los proyectos de infraestructura tienen que darse en la ampliación acelerada de la red de carreteras de cuota, los trenes de alta velocidad, la producción de electricidad, todos ellos a cargo del Estado, al menos en su mayor parte, porque esas inversiones carecen de rápidos retornos exigidos por la mayoría de las empresas privadas.

Sin embargo, la masa mayor de infraestructuras viables se  conforma con proyectos de las entidades federativas y municipios. Para su financiamiento se requiere un fondo del gobierno federal, exclusivamente destinado a atender los requerimientos de infraestructura precisamente de carácter local o de conurbaciones.

Hace unos diez años, propuse en el Senado la creación de ese fondo, dotado con 300 mil millones de pesos anuales, y controlado directamente por la Presidencia de la República, entonces en manos del PAN. Sólo algunos pocos priistas se interesaron en el proyecto pero no pudieron hacer nada. A los neoliberales les parece que esa es una mala jugada estatista pero nunca generaron propuestas alternativas. Las infraestructuras locales siguieron financiándose precariamente dentro del presupuesto federal  a través del conocido sistema de moches que arrimaron dinero mal habido a políticos gestores.

La cuestión consiste entonces en hacer un plan para disponer de esos 600 mil millones anuales para inversión, casi 10% del gasto público total. El primer paso debería ser eliminar el superávit primario, es decir, el uso de recurso fiscal para contener la deuda pública en términos relativos, el cual costará en el año 2020 el 0.75 del PIB. El segundo paso tendría que ser el cancelar algunos de los gastos fiscales, los más inicuos e insostenibles, ya que representan otra cantidad aproximadamente igual. El tercer paso sería que el Banco de México tuviera su propio fondo para proyectos especiales de infraestructuras altamente garantizadas.

El campo de las inversiones privadas no se expandirá con rapidez, ya sea porque existe una línea de defensa de las tasas de ganancia ya consolidadas, o porque las estructuras oligopólicas no favorecen la concurrencia de capitales hacia nuevos proyectos.

Hay que seguir pagando costos de tan apreciable estabilidad del país, pero sin alimentar ilusiones ni caer en exageraciones. El PIB debe alcanzar pronto un crecimiento de 2% anual y, para ello, las nuevas inversiones, entre ellas las infraestructuras, podrían llevarse a cabo principalmente bajo la conducción del Estado. No es que así se quiera, es que así se puede.

Propuestas panistas al pasado

El grupo panista de la Cámara de Diputados ha hecho un llamado al gobierno y a la mayoría parlamentaria para dialogar. Juan Carlos Romero Hicks ha sorprendido pero no ha dicho qué propone. Durante más de un año no ha tratado de construir absolutamente nada sino sólo bloquear al adversario, aunque sin éxito.

La posición del PAN en San Lázaro es idéntica a la de su presidente nacional, el cual no tiene idea de qué proponer a los otros partidos y mucho menos al mayoritario. Como no hay planteamientos, se insiste en dejar todo igual, es decir hacer propuestas al pasado. Ese conservadurismo es monumental.

¿Qué temas le interesan más al PAN? ¿Qué propuestas pudieran llevar a Morena o al gobierno a discutirlas para buscar alguna convergencia con el viejo partido de la derecha? No lo sabemos.

Lo que Acción Nacional sabe de sobra es que la mayoría no requiere de su aceptación para impulsar su programa. En cuanto a las reformas constitucionales, las cuales demandan los dos tercios de ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales, el PAN tampoco es decisivo si no conforma bloque de presión con todas las demás oposiciones.

El líder de los diputados del blanquiazul no ha dicho sobre qué tendría que hablarse ahora. Por lo pronto, en el Congreso no hay acuerdo sobre temas constitucionales como la eliminación del llamado fuero de los altos funcionarios ni tampoco las oposiciones aceptan elevar las facultades de las comisiones parlamentarias de investigación.

En materia de gasto público el PAN ha rechazado todo sin detenerse en un solo punto. Para la derecha panista, la política social de AMLO es detestable porque piensa que es un listado de regalos de dinero a los pobres y no está dispuesta a admitir en lo más mínimo que se trata de un reconocimiento de derechos. La excepción es el programa de estancias infantiles hacia madres trabajadoras en la economía informal porque ese fue de origen blanquiazul, pero el actual partido no admite que el apoyo debe darse directamente sin la intermediación de los establecimientos privados y sin la corrupción que ahí imperaba.

Aumentar los salarios mínimos no ha sido nunca un planteamiento de Acción Nacional, aunque sí de algunos panistas, como los líderes de la Coparmex. Por tanto, esa política pasa desapercibida por dicho partido, el cual no abre la boca para no tener que explicar la disminución salarial, en términos reales, que se impuso durante los 12 años de administraciones del PAN.

Combatir la corrupción significa algo peligroso porque puede tocar a personas cercanas al PAN y, hacerlo ahora, significa de alguna manera el reconocimiento de que eso fue lo menos que se hizo durante los años de las presidencias panistas.

El PAN en San Lázaro casi se dedica a hacer performance, escenificaciones en tribuna para gritar contra el gobierno, al cual acusan de ser dictatorial aunque sin que se hayan producido actos de represión política. A las bancadas de Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), el insulto más grande proferido por Acción Nacional es que éstas manifiestan acuerdo con la administración, lo que aplauden los legisladores de la mayoría, antes, claro, de responder a los insultos personales que los oradores panistas disfrutan lanzar en su contra.

No hay nada en el escenario de la lucha política entre Acción Nacional y la nueva fuerza gobernante. Es un vacío difícil de explicar pero enteramente real. No podríamos imaginar una reunión abierta, sin agenda previa, entre el líder del PAN, acompañado de sus coordinadores parlamentarios, y el presidente de la República. Sería como un saludo entre conocidos distantes. En sedes legislativas, el diálogo se produce cada semana pero es tan infructuoso como los recientes llamados de Romero Hicks a seguir patinando en el pasado.

¿Podría el país conocer un listado de nuevas propuestas del PAN para ser convertidas en leyes o políticas públicas? Esa sería una forma de desmentir lo que está escrito en el presente artículo. Ojalá.

El dinero de los partidos

El financiamiento público de los partidos suele ser uno de los elementos de las democracias competitivas. En consecuencia, está integrado en el sistema político mexicano. Sin embargo, no existe una regla única. No hay en el mundo uno idéntico a otro.

El jueves 12 de diciembre, el PRI y el PAN, junto con otros cuatro institutos políticos, votaron en contra de la reducción del financiamiento a la mitad, propuesta por Morena en la Cámara de Diputados. Ambos acusaron a este partido de querer deshacer el actual sistema político y buscar su predominio.

En el fondo, esos dos viejos partidos creen que ahora, más que nunca, requieren un fuerte subsidio del Estado para tratar de recuperar su votación anterior al 2018. No obstante, la idea de que los recursos que hoy reciben les resultan indispensables es mala por ser falsa. En la reciente elección federal, el PAN y el PRI incrementaron el dinero gastado, pero cayeron en número de votos obtenidos. El partido que más sufragios obtuvo fue el que menos dinero había recibido.

Las reglas del financiamiento no se limitan a las campañas electorales, como ocurre en muchos otros países, sino que comprende también el llamado gasto ordinario que se entrega mensualmente. La bolsa anual de dinero para todos los partidos se conforma al multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de ese total se reparte entre los partidos de manera igualitaria y el resto se asigna a cada cual según el número de votos obtenido en la más reciente elección de diputados federales. Además, las entidades federativas cuentan con sendos mecanismos de subsidio a los partidos.

Morena ha planteado siempre que esa bolsa debe reducirse. No se trata sólo de canalizar unos 2 500 millones anuales (la mitad del financiamiento actual) hacia otros gastos necesarios, sino también de bajar las erogaciones públicas que se destinan a sostener pesadas burocracias partidistas.

El proyecto de disminución del financiamiento a los partidos partió de reiteradas expresiones populares. El subsidio ha ido subiendo a una cantidad importante, más aún cuando la bolsa aumenta un 30% en los comicios intermedios y en un 50% en el año de la elección presidencial.

La demanda de reducir este financiamiento no sólo tiene años sino que en 2018 fue una insistente promesa de Morena y su candidato a la Presidencia, los cuales admiten su existencia pero rebaten la cuantía. Es así de simple.

Durante meses se sostuvieron diálogos entre varios partidos en aras de alcanzar la mayoría requerida para emitir una nueva norma. Hace unos días se vio claro que no sería posible, pero al proyecto ya se le había dado publicidad y estaba listo para ser votado en el pleno de San Lázaro.

Morena no quiso más demoras porque nada indicaba que la situación fuera a cambiar y, además, su obligación era cumplir con una promesa política de campaña aún cuando no fuera posible alcanzar el éxito por ahora.

La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados (274 votos) se ha pronunciado por bajar el subsidio a los partidos pero, en México, la norma es constitucional y para modificarla se requiere dos tercios en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.

En síntesis, los responsables de que el próximo año se sigan erogando unos 5 mil millones de pesos en gastos de operación de los partidos son quienes han votado en contra: PAN, PRI, MC, PVEM, PRD y PT.

El debate sobre este tema, sin embargo, continuará.