Omisiones escandalosas

La falta de lectura o comprensión de los textos legislativos suele generar más escándalos que las rigurosas crónicas de los hechos y de los dichos. La reciente ley de remuneraciones ha generado más notas escandalosas que muchas otras noticas sólo por la omisión de la lectura del texto legal y, en consecuencia, del relato de su contenido.

Si así va a seguir la comunicación social cuando vengan otros muchos decretos que tiendan a subvertir el viejo Estado corrupto y el antiguo sistema de la democracia formalista, México entero vivirá en el escándalo provocado por la ignorancia.

La ley de remuneraciones estuvo congelada más de seis años. En total, el Congreso llevaba ya nueve años en omisión legislativa. Sus detractores han dicho que está mal, que tiene contradicciones y antinomias, que es inaplicable, que generará muchos amparos, que es un caos. Pero nadie ha dicho por qué. Sólo se afirma que en lugar de Unidad de Medida y Actualización dice salario mínimo del Distrito Federal. Si esa ley hubiera sido aprobada hace seis años, como era obligado, durante varios años habría tenido ese “defecto” y seguiría con el mismo, tal como también lo tienen todas las leyes que fueron expedidas antes de que se creara el UMA y se eliminara el DF. La vigencia de las normas no se afecta con los cambios de denominación. Para eso se generan disposiciones transitorias en los decretos legislativos.

Muchos comunicadores reprodujeron la especie de que la nueva ley de remuneraciones indicaba los sueldos de algunos funcionarios. ¿De dónde salió eso? Hasta ahora nadie lo sabe. Era quizá una sospecha o una simple suposición.

La falta de lectura del decreto lo convirtió en lo que no era y le restó relevancia a lo que efectivamente contiene.

La ley de remuneraciones define lo que éstas son y señala lo que no son. Ya se acabó el tiempo en que la segmentación de conceptos escondía lo que en realidad percibe cada servidor público. Todo lo que se paga, en efectivo o en especie, es remuneración y ésta se encuentra sujeta a las mismas normas.

La regla de que nadie puede ganar más que el Presidente de la República tiene 9 años vigente, se encuentra en el artículo 127 de la Constitución, pero algo nuevo de esta ley es que ya existen sanciones aplicables en el caso de que tal precepto no se respete.

No recuerdo a ningún comunicador social que se haya dado cuenta de que el decreto contiene también sanciones administrativas y unas adiciones al Código Penal Federal.

Pero hay otras omisiones informativas. Algunos conductores de programas radiofónicos han estado preguntando que quién determina la remuneración del Presidente de la República, el cual es el salario máximo en el Estado mexicano. Parece que no se recuerda que es la Cámara de Diputados la que lo fija cada año, junto con muchos otros, desde 1824.

Si la ley de remuneraciones durmió el sueño de la congeladora legislativa fue porque es odiada por quienes tenían el control del termostato, los partidos del PRIAN. Esos no han estado de acuerdo con la regulación de los sueldos de la alta y dorada burocracia que durante décadas ha dispuesto de los recursos públicos para establecer las remuneraciones más altas y las pensiones más ofensivas.

Entre las omisiones informativas se encuentra el carácter ilegal de los pagos a ex directores de la banca del Estado, quienes gozan de pensiones otorgadas por los órganos de gobierno de las instituciones pero en contravención del artículo 127 de la Carta Magna.

Como no existía ley reglamentaria y, por tanto, tampoco sanciones, se podía seguir cobrando pensiones y sobresueldos sin admitir el imperio de la Constitución. Con esa ley, tildada de absurda, ya no será tan sencillo seguir cobrando lo que está prohibido.

Las pensiones de los ex presidentes en realidad nunca estuvieron establecidas en una ley o decreto legislativo, sino que se ubicaban en una partida del presupuesto de la Presidencia para repartir dinero entre aquéllos y sus viudas. Esto ya resulta insostenible a la luz de la nueva legislación.

La prisa de la mayoría de la Cámara de Diputados para expedir la ley de remuneraciones era legítima en tanto que ésta es necesaria para proyectar el presupuesto de 2019. Regresarla al Senado para que dijera Ciudad de México en lugar de Distrito Federal y cosas por el estilo hubiera sido un despropósito.

El insólito acontecimiento de que casi todos los medios de comunicación hubieran compartido la tesis del apresuramiento infundado no es más que expresión de las ganas de presentar a la nueva fuerza gobernante del país como inexperta o acaso voluntarista y necia. ¿Por qué no se criticó mejor la congelación del proyecto y la omisión legislativa que duró nueve años? Eso también se llama omisión informativa.

El primer decreto legislativo de la nueva mayoría parlamentaria ha sido presentado como parte de un escándalo pero sin escudriñar su contenido. Mas como se trata de la primera de una serie de reformas que habrán de venir como expresión de un programa ofrecido en las recientes elecciones, acaso podría pensarse en que la producción legislativa deberá encarar el escándalo por vías de las omisiones informativas.

No ha de ser sencillo para los medios de comunicación ubicarse en la nueva realidad política mexicana. Gran beneficio obtendría la nación si se rescatara del olvido la crónica parlamentaria.

Aversión a la democracia

La consulta popular constitucional sólo se puede realizar el día de elecciones (art. 35. VIII. 5º). El Congreso la convoca a solicitud del presidente (en funciones) o de una parte del mismo; la Suprema Corte decide su legitimidad; el INE las organiza. También puede activar el procedimiento el dos por ciento de la ciudadanía.

Tan sólo por la fecha de su realización era imposible convocar a una consulta constitucional sobre la construcción en Texcoco de un nuevo aeropuerto, cinco cuadras adelante del que ahora funciona y cuya Terminal 2 aún no se ha pagado por completo.

Los adversarios de López Obrador no quisieron entender que con la convocatoria a la consulta sobre el proyecto de aeropuerto en Texcoco se estaba usando un método propio de la oposición en un país sin consultas legales. El presidente electo y la nueva mayoría en el Congreso siguen en la oposición y ahí seguirán hasta el 1 de diciembre, cuando lleguen a ser la fuerza gobernante del país.

Para hacer una consulta constitucional, AMLO, ya como presidente, hubiera tenido que esperar dos años y medio. Esto lo saben los furibundos críticos de la consulta, pero fingen ignorancia del texto constitucional.

Más allá del aeropuerto como proyecto “fabuloso” e igual negocio, el problema político medular es el método para tomar decisiones sobre asuntos controvertidos y de trascendencia. Quienes llenaron de denuestos la consulta, en realidad tienen aversión hacia todas ellas, hacia los nuevos vientos de la democracia.

Hay países en donde el pueblo ya vota casi todas las leyes importantes. En Suiza también se sufraga a veces en materia fiscal.

Las derechas mexicanas postulan que la consulta ciudadana, como método, es indeseable porque el sistema de democracia formalista, puramente representativa, se podría venir abajo con la aplicación de métodos plebiscitarios.

Sin embargo, muchos derechistas saben que los sistemas que admiten la democracia directa no cancelan las elecciones periódicas, pero fingen ignorancia. Las consultas directas y los comicios coexisten.

El problema para esas derechas es que el sistema del formalismo representativo ya no sería el único y que la ciudadanía tendría derecho a tomar decisiones. Este derecho es el que molesta. Tales liberales derechistas viven en el siglo XIX.

El único argumento a favor de la construcción del puerto aéreo en Texcoco era la cuantía de las inversiones físicas ya realizadas, cuyo valor, sin embargo, es menor al valor que tiene el aeropuerto Benito Juárez que quería cerrarse para siempre jamás.

El gran problema era que la decisión de levantar el fabuloso aeropuerto de Texcoco fue tomada sin consultar a nadie pero, además, era económicamente lesiva para el país y técnicamente perjudicial. Cerrar dos aeropuertos (Benito Juárez y Santa Lucía) para poder construir uno nuevo carece de sentido práctico. Estambul acaba de inaugurar un aeropuerto nuevo y tendrá ahora dos, como corresponde a toda megalópolis, en algunas de las cuales se cuentan hasta cinco.

Además de la polémica sobre la validez de la consulta popular como método de gobernar, se ha abierto otra discusión. ¿Qué país somos y cuál queremos ser? ¿Podemos tener un México de obras fabulosas o, en lugar de éstas, necesitamos una infraestructura productiva que se levante en todas las regiones del país?

Más en concreto, ¿queremos una creciente centralización de las conexiones aéreas o debemos promover interconexiones múltiples en las diversas regiones? ¿Necesitamos un “fabuloso” aeropuerto en una sola ciudad para promover inversiones productivas o requerimos una extensa infraestructura de trasporte terrestre, marítimo y aéreo para comunicar a México consigo mismo y con el resto del mundo?

El proyecto de aeropuerto en Texcoco es una muestra de las extraviadas políticas económicas de los neoliberales, muy dados a realizar actos de relumbrón que no sirven para promover crecimiento y redistribución del ingreso.

Peña Nieto inició cuantiosos desembolsos para un fabuloso aeropuerto cuando tenía muchas obras inconclusas abandonadas, entre ellas hospitales. Hay también aquí asuntos de moralidad en el ejercicio de funciones públicas.

El debate sobre el lío del proyectado aeropuerto de Texcoco y el cierre del actual, junto con el de Santa Lucía, nos arroja enseñanzas adicionales en materia de democracia y gestión pública: no al verticalismo ni al uso del poder para fomentar fabulosos negocios privados. Hay que buscar caminos diferentes.

Migrantes, fantasmas de la administración Trump

La caravana de migrantes procedente de Honduras es denunciada por la administración de Donald Trump, aunque parezca increíble, como una conspiración promovida por los líderes del Partido Demócrata, el magnate George Soros, el Estado Islámico (EI), Nicolás Maduro, entre otras potencias.

Además, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha declarado que la caravana ha “violado la soberanía de México, sus leyes y sus procesos migratorios”, lo cual, dijo, en Estados Unidos el presidente Donald Trump no permitirá que suceda.

Según las autoridades de Estados Unidos, el problema es de México, por lo que ellas mismas “confían” en que los “líderes” mexicanos “sepan cuáles son los mejores pasos para resolver esta situación… mediante una acción oportuna”. Esto lo dijo Mike Pompeo luego de conversar con Luis Videgaray.

En la víspera de unas elecciones que podrían ser cruciales para Trump, la Casa Blanca asume una posición actualizada de defensa nacional frente a sus “enemigos”. El comunismo ya no es amenaza, ahora la es un mundo que, se dice, lo asedia y quiere seguir sacando provecho a sus costillas, aprovechándose de su bonhomía.

Unos 300 mil migrantes atraviesan México cada año rumbo al coloso del norte. Una caravana, sin embargo, pone en peligro la soberanía de Estados Unidos, luego de violar la de México. Esta es la versión de los gobernantes estadunidenses.

Esos miles de migrantes hondureños vienen en caravana para contrarrestar el peligro que es para ellos atravesar México, a merced de bandas de delincuentes organizados que los acosan, secuestran, extorsionan, agreden y asesinan. Pero no amenazan la soberanía de ningún país, entendiendo por ésta la capacidad efectiva de tomar decisiones propias. El derecho al refugio está vigente en las leyes internacionales.

Dicen los voceros de la Casa Blanca que dentro de los migrantes de la caravana vienen “árabes”, aunque el presidente de Estados Unidos admite que no se puede demostrar tal afirmación, lo cual, agrega, no quiere decir que “no sea así”. Esto está sacado de una película de Groucho Marx, algo de la mejor comedia cómica estadunidense.

El agonizante gobierno mexicano se propuso contener la caravana imponiendo la condición de registros individuales previos. Si el gobierno de México iba a admitir de cualquier forma a los migrantes de esa caravana, ¿para que cerró el puente?, ¿por qué no programó la recepción de los hondureños dentro del territorio nacional y no en la frontera? Hubo que actuar con estupidez para crear el espectáculo de miles de personas aglomeradas desesperadamente sobre un puente, con tal de enviar a Washington el deplorable mensaje de que el gobierno mexicano se estaba resistiendo, tal como lo demandaba el señor Trump.

Con esas órdenes demenciales, Peña Nieto propició aquel señalamiento de Mike Pompeo en el sentido de que la soberanía mexicana había sido violada.

No existe crisis de migración en la frontera entre México y Estados Unidos. Se ha venido reduciendo desde hace tiempo el número de mexicanos que buscan pasar al norte sin visa. Cada año son más los expatriados voluntarios que los deportados en el mismo lapso.

En cuanto a los migrantes centroamericanos, ellos seguirán atravesando México sin que eso ponga en peligro a ninguno de los dos países.

Pero, aunque no haya crisis, a Trump le conviene hacer creer que existe: “esta es la elección de la caravana”, ha dicho en referencia los próximos comicios en Estados Unidos. De la composición de la Cámara de Representantes depende el proyecto de concluir el muro fronterizo, pero, antes que nada, el mantener la mayoría republicana.

Al revisar la política norteamericana en relación con el resto del mundo, Donald Trump ha ubicado en el centro, junto a su balanza comercial, a las migraciones y a la consecuente delincuencia infiltrada, incluyendo a terroristas. El presidente, sin embargo, en lugar de buscar soluciones, responde con una actitud de confrontación. Al hacer esto, soslaya que el déficit comercial no le es adverso, en general, a la economía estadunidense, al tiempo que ésta requiere migrantes. Primero, porque no es posible sustituir masiva y rápidamente casi toda clase de importaciones. Segundo, porque ya se está cerca del “pleno empleo”. En términos de agregados económicos, ¿qué van a comprar?; ¿quién va a trabajar?

Si Trump tuviera éxito en su política de llevar a Estados Unidos a ser “grandioso otra vez”, sólo crearía nuevos y mayores problemas. Lo que por ahora está en el fondo es que tal política no despega, pero, en cambio, sí se están creando puros conflictos.

México no debe caer en ese perverso juego.

El problema no es la consulta sino Texcoco

Pablo Gómez

 

Es falsa la propaganda de que la consulta sobre el proyecto del aeropuerto en Texcoco es un problema creado por su convocante, Andrés Manuel López Obrador. El problema real consiste en la decisión de cambiar de aeropuerto, lo que, de llevarse a cabo, impondría al país un costo de más de 300 mil millones y muchos otros estragos.

Enrique Peña Nieto nunca consultó a la ciudadanía sobre tema alguno. Todo su legado fue impuesto, incluso las inicuas deudas como las del proyecto de Texcoco.

Es también falso que la consulta convocada por AMLO sea ilegal. El que no sea alguna de las que habla la Constitución (las cuales sólo se pueden efectuar el día de elecciones), no quiere decir que sea contraria a la legalidad. La consulta será una un acto de libertad, así del convocante como de quienes concurran voluntariamente.

Según los contratistas y sus amigos del gobierno, dejando al margen a los numerosos corifeos, el proyecto de Texcoco es un asunto exclusivo de los “técnicos”, pero fueron los políticos quienes tomaron la decisión. Al tiempo, se usarán recursos públicos de directo desembolso presupuestal y de empréstitos del Estado con la garantía del cobro de un derecho (TUA) que, como todos, forma parte de la hacienda pública.

Mas el asunto es de mucha mayor importancia. Mientras que Peña Nieto decidió emprender una obra transexenal de grandes dimensiones, la nueva fuerza gobernante del país, la cual se formalizará el 1º de diciembre, no ha simpatizado en absoluto con el proyecto de Texcoco, pero tendría que financiarlo a costa de otras infraestructuras.

Los promotores del aeropuerto de Texcoco como aeródromo único de la ciudad, es decir, con exclusión del Benito Juárez y, de paso, de la base aérea de Santa Lucía, no consultaron más que a algunos expertos y a los posibles contratistas. Es comprensible que hubiera unanimidad. Esa es la clase de consultas a las que está acostumbrado el viejo grupo hegemónico.

A ese problema original se le agrega un segundo que consiste en que ya se gastaron varios miles de millones de pesos en el último año, a toda prisa, para que fuera más difícil una marcha atrás. De cualquier manera, ese aeropuerto no sería inaugurado antes de cinco o seis años.

El único argumento a favor del aeropuerto de Texcoco es el dinero ya invertido.

Otro problema sería el cierre del actual aeropuerto Benito Juárez a partir del mismo día de la inauguración del de Texcoco. Al respecto no hay proyectos y mucho menos fondos públicos de inversión. En el agonizante gobierno de Peña no han pensado en las gigantescas inversiones que se requerirían para darle un uso distinto, el que fuera, a una enorme terminal aérea.

Si al nuevo gobierno le corresponde ahora tomar la decisión, así como también a la Cámara de Diputados en el momento de la aprobación del presupuesto de 2019, algo en el terreno político tendría que hacerse. La consulta no será de una amplia cobertura debido a la precariedad de los recursos disponibles, pero basta con que lo sea para indicar una tendencia en la opinión popular.

En cualquier escenario, en la consulta no radica problema alguno.

1968: mentiras persistentes

No es tema menor la versión de que durante el movimiento estudiantil de 1968 operaron grupos con “ocultas intenciones” como dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue, en la sesión solemne de la Cámara de Diputados el pasado 2 de octubre.

Con esa versión se ha buscado erosionar la legitimidad del movimiento. La especie de que aquella lucha, como otras, fue manipulada desde las oscuridades siempre ha tenido como propósito la descalificación proveniente de las fuerzas, y partidos conservadores.

Esa acusación contra el movimiento del ´68 se produjo desde los inicios de éste. El que tantos jóvenes enarbolaran un programa de libertades democráticas sin una sola demanda puramente estudiantil era repudiable en las filas del despotismo oficial y otros alineamientos reaccionarios. En ese contexto represivo, sólo fuerzas oscuras o desde la oscuridad tendrían que estar promoviendo la movilización.

El rector Enrique Graue se equivoca también al señalar que el gobierno de entonces “creía ver en las genuinas manifestaciones estudiantiles las maquinaciones de una conspiración internacional encaminadas a derrocar al régimen establecido”. Era al revés, el poder no creía ni un ápice de su argumento público sobre una conspiración internacional ni de un fantasioso objetivo de derrocarlo, sino que se encontraba convencido que la calumnia era un medio de propaganda para desprestigiar al movimiento y justificar su propia violencia.

La conspiración comunista internacional, procedente del extranjero, siempre fue la versión del Ministerio Público federal. Sin embargo, el procurador Sánchez Vargas sabía de sobra que todo ese cuento era absolutamente falso, pero lo sostenía como móvil de múltiples delitos dentro de las acusaciones formales en los tribunales.

Enrique Graue profundiza su error al ubicarse en el filo de la justificación de la masacre. Dice: “por lo menos yo quiero imaginar que esa fue la razón principal [creer en la conspiración internacional] por la que el Estado se dedicó en forma sistemática a intentar acallar el movimiento a través de la negación, la represión y la sinrazón”.

Fue en este contexto discursivo que Graue afirmó: “tampoco dudo ni por un momento que intenciones de grupos de poder, o en búsqueda de él, hayan aprovechado o aprovechen circunstancias de conflicto para escalarlas, persiguiendo ocultas y obscuras intenciones. Si ese fue el caso en aquel entonces, no por eso demerita lo genuino, lo espontáneo, el (sic) auténtico del Movimiento Estudiantil de 1968”.

En mi turno, respondí improvisamente al rector en forma un tanto general: “No había poderes ocultos, doctor Graue. Nadie, nadie, nos manipuló, éramos libres, decidíamos nuestras resoluciones, no había nada oculto. ¿Sabe qué había?, un poder unido al mando de los asesinos en Tlatelolco, que era el despotismo presidencial del viejo sistema que aún da, a veces, ciertas señales de existir”.

Entre las versiones descalificadoras que tienden a negar el carácter genuino del movimiento del ´68 también se encuentran, como variante de “fuerzas oscuras”, aquella que consiste en que había injerencia de políticos oficialistas, priistas, que estaban en pugna con otros dentro del proceso de sucesión presidencial. En verdad, no había tal pugna. Todos los grupos priistas estaban absolutamente alineados con Díaz Ordaz, como lo demostraron con su propia obsecuencia, cuando no su complicidad.

Luego de 50 años parece que no sólo nos persigue aquella violencia y la matanza del 2 de octubre sino otros daños, uno de ellos es la mentira, la calumnia. No hay movimiento político mexicano que haya sido más denostado, al grado que no pocos de sus participantes, como Enrique Graue, se han creído dos de las muchas mentiras: que hubo fuerzas que desde posiciones oscuras quisieron aprovecharse del movimiento y que el gobierno creía que aquel expresaba una conspiración comunista internacional para derrocarlo. Mentiras persistentes que no se caen con el simple pasar del tiempo.

1968: legado político de hoy

El movimiento estudiantil de 1968 enarboló la bandera de las libertades democráticas. Nada más, pero nada menos. Además, fue una lucha de carácter nacional y no sólo en la Ciudad de México.

El régimen del presidencialismo despótico respondió con represión y masacre. Así fue derrotado el movimiento, pero su causa sería cada vez más fuerte y brillante.

Poco a poco, algunas libertades empezaron a ser respetadas o menos atropelladas. Asociación, reunión, manifestación, expresión, prensa, adquirieron paulatinamente carta de naturalización en grandes regiones del país. Diez años después, en 1978, se produjo una reforma política que permitió a nuevas oposiciones estar presentes en la Cámara de Diputados y se les abrió un acceso a la radio y la televisión.

Sin embargo, después de 50 años, las libertades democráticas no se pueden ejercer a plenitud. Existe una agenda pendiente. La escuela mexicana es autoritaria y no forma ciudadanos en la democracia; las universidades, en su mayoría, aún tienen formas verticales de gestión; casi todos los sindicatos son antidemocráticos, lo cual impide su libertad; abundan los contratos colectivos de protección; existen centenares de presos políticos, en su mayoría por conflictos locales lo que no cambia su significado; no se ha creado todavía un fuerte sistema de radio y televisión de Estado verdaderamente plural; parte de la prensa sigue aprisionada en el sistema de la gacetilla política y el chayote; los cacicazgos no son escasos; los fraudes electorales, entre ellos la compra del voto con recursos públicos, siguen siendo un fenómeno mexicano.

No obstante lo extenso de esa agenda pendiente, es preciso atenderla ahora en el marco de la lucha por una nueva democracia participativa. Las libertades democráticas deben ser el marco general para el ejercicio de nuevos derechos: proponer, impugnar, decidir, revocar, refrendar, rechazar.

El formalismo de la democracia, una consulta cada periodo de años, es algo del siglo XIX. Aunque en México fue preciso luchar por el voto libre durante todo el siglo XX, y a pesar de que no se ha conquistado a plenitud, hay que avanzar hacia un sistema mucho más participativo.

El tema es aún más relevante a partir del 1º de julio, cuando una mayoría de votantes fijó un cambio de rumbo político. Tratar de alcanzar a plenitud solamente la democracia formalista sería postergar el núcleo del cambio democrático cuya realización ya es mandato popular. La vieja agenda pendiente debe resolverse dentro de la nueva agenda porque ésta también contiene elementos que corresponden a las últimas cinco décadas.

Se escuchan gritos, sin embargo, que arguyen, por ejemplo, el carácter técnico de toda obra pública, para implorar que jamás debe ser motivo de consulta popular. Las construcciones requieren tecnología, sin duda, pero no son eso. Debe definirse motivo, necesidad, justificación y cobertura de costos. Por ello, toda obra pública es, ante todo, una decisión política. Las controversias sobre la realización de obras, en especial cuando esas son grandes y costosas, pueden ser consultadas a la ciudadanía, tal como si tratara de leyes de trascendencia.

¿Para qué sirve la libertad de crítica si los argumentos que prevalecen en la decisión siempre son, al final, los del gobernante? Para que esa libertad funcione tiene que existir el conducto político para impugnar y decidir: la consulta popular.

En el año de 2014, la Suprema Corte de Justicia le infringió un golpe bajo al naciente sistema de participación popular directa. Bajo consigna del Ejecutivo, ese tribunal, el más alto del país, violó la Constitución mediante su negativa a la solicitada consulta sobre la reforma energética. Esto no debe volver a ocurrir.

La revocación de mandato de los cargos ejecutivos de todo el Estado debe ser un medio nuevo para resolver conflictos políticos que se presentan con frecuencia. El derecho de elegir debe ir acompañado del derecho de revocar mandatos.

Así, todo derecho formal, tradicional, debe acompañarse con otro, su complemento, que otorgue poder funcional a la gente, es decir, que construya una nueva ciudadanía afincada en la democracia.

En el siglo XXI, ese podría ser el legado político del movimiento estudiantil de 1968.

“Bonanza” o “bancarrota”: dos visiones

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el país se encuentra en “bancarrota”. Pudo haber dicho quiebra, ruina o desastre. La respuesta no tardó en llegar por boca del secretario de Hacienda y algunos corifeos de la prensa neoliberal, quienes pintaron un paisaje de bonanza económica.

Ambos extremos no podrían concordar con absoluta exactitud con la situación, pero mantienen abierto el debate sobre de qué lado estamos más cerca, de la bonanza o del desastre.

No todo el dinero que la Federación recauda es regresado a la sociedad como pudiera esperarse. Esto se debe a que el endeudamiento de Peña-Videgaray ha sido tan alto, gravoso e inservible que obliga al gobierno a usar parte de la recaudación en solventar débito, con lo cual se desvían recursos, es decir, se gasta en otro objeto que no está en la sociedad misma. Se supone que el gobierno no debe retener o descaminar dinero sino regresarlo de otra manera a su lugar de origen. Esto último es justamente lo que no está ocurriendo con una fracción relevante del gasto público.

Un Estado que no regresa a la sociedad lo que le quita está de alguna forma en quiebra, ya que parte de sus ingresos no los destina a su propósito inherente sino a otros objetos, ajenos a la gente.

Si analizamos la caja del Estado y la manera en que éste gasta podemos ver que se está mucho más cerca de una bancarrota que de una bonanza.

En un sentido más general, el producto por habitante no ha crecido y el asunto se aprecia desastroso cuando analizamos que el salario mínimo es menor ahora que hace 30 años.

Al estudiar el estancamiento económico durante el reinado neoliberal, es necesario hacer una liga con el patrón mexicano de distribución del ingreso que es de los más regresivos del mundo. Una economía más o menos estancada que concentra el ingreso está produciendo pobreza incesantemente y, en tal virtud, contiene fuertes estructuras que reproducen el mismo estancamiento. En ese círculo vicioso ha vivido el México neoliberal.

La pobreza reporta números absolutos más altos entre cada sexenio, pero también porcentajes mayores. Existe una bancarrota social.

Hace 30 años teníamos poco menos de un tercio de la juventud en las aulas; hoy tenemos casi el mismo porcentaje, mientras países que se encontraban igual que México ya sobrepasan el 60 por ciento de matricula universitaria.

Existen también elementos que no son directamente económicos o que no se observan en el PIB ni en los índices de distribución del ingreso, aunque ahí están también, como es la delincuencia organizada, la acumulación de dinero ilícito y otros, aún más lesivos, como el incremento incesante del número de homicidios dolosos, feminicidios, extorsiones, violaciones y otras conductas ilícitas cuyos números son agobiantes cuando se analizan en términos absolutos como en relativos.

Es verdad que hace 30 años había un Estado corrupto, mas el hecho de que lo siga habiendo no significa estar igual sino peor, ya que se suponía que las alternancias electorales iban a empezar a resolver ese gigantesco problema pero, en la realidad, lo profundizaron. Esto también es una bancarrota, pero ya no sólo económica sino también moral.

El PRIAN fue un régimen que dejó incólume lo más inicuo del sistema de partido absoluto y, al mismo tiempo, aumentó la adoración de las recetas neoliberales y de la concentración de riqueza e ingreso. Tenemos hoy una sociedad más estratificada y más injusta.

Si analizamos la situación en la que se encuentran los grandes conglomerados capitalistas, entonces sí que vivimos en bonanza.

Es cuestión de precisar desde dónde se observa la realidad.

UNAM: el gobierno nunca informa… tampoco ahora

La represión frente a la Torre de Rectoría es un hecho grave que debería ser motivo de sendos informes, tanto del gobierno federal, por tratarse de una institución nacional, como del gobierno capitalino, por haber ocurrido en la Ciudad de México.

Como fue un acto represivo contra el ejercicio de los derechos humanos de reunión, petición y manifestación de las ideas, perpetrado por un grupo de individuos organizados, presumiblemente una banda, aunque no fuera ésta de carácter gubernamental, es preciso saberlo todo al respecto. Es lo mínimo que debería reclamar la sociedad y, también, la misma Universidad.

Las autoridades han dicho que el Ministerio Público averigua. Mientras, un alud de exigencias se dirigen a pedir castigo para los responsables. Ya se sabe que el procurador debe intervenir, pues se han cometido delitos, lo cual implica investigaciones penales. No hace falta exigirlo.

El gobierno federal y, por lamentable extensión, el de la capital, nunca informan, son omisos en su deber de exponer y explicar lo ocurrido. Lo más que se ha atrevido a decir el jefe de gobierno de la capital es que los represores de la Rectoría llegaron en varios vehículos desde el Estado de México. El secretario de Gobernación no ha podido pronunciar ni palabra, parece que para él no hay materia; sencillamente, no gobierna.

Así como jamás nos informaron de lo ocurrido en Tlatlaya ni de los violentos sucesos de Nochixtlán, para recordar sólo dos desgarradores hechos sangrientos, tampoco nos hablan de lo que acaba de ocurrir en la Ciudad Universitaria, aunque ahí no hubieran intervenido fuerzas castrenses o policiales. ¿Para qué sirven los servicios de “inteligencia”? ¿A qué se dedican los observadores, halcones, palomas, orejas, mirones, chivatos, que por centenares tienen a su servicio el gobierno federal y el capitalino?

Es probable que los gobernantes de ambos niveles sí tengan informaciones que no quieran integrar en una versión concreta y pública. Pero es inadmisible que no se explique la naturaleza y propósitos del grupo agresor cuando el mismo rector ha expulsado de la UNAM a varios de sus probables integrantes. Por cierto, el doctor Enrique Graue se equivoca al dar a conocer los nombres de los alumnos sancionados, ya que éstos se encuentran bajo presunción de inocencia, tienen recurso para apelar la expulsión y no deberían ser estigmatizados. La Universidad debe ser la primera en respetar derechos por más que su rector tenga prisa de enviar un mensaje de severidad o algo por el estilo. No se pueden defender derechos de unos violando los de otros.

Aquí lo que importa no son los nombres de los expulsados, sino el conocimiento del entramado organizativo de los represores, sus actividades y propósitos. Tenemos derecho a saberlo todo al respecto. Luego, el Ministerio Público tendría que hacer su trabajo en relación con las personas.

Tampoco se ha explicado porqué en el momento de la agresión en la Torre de Rectoría, ninguna autoridad hizo algo para repelerla. ¿Cualquier cosa puede ocurrir bajo las barbas del rector sin que existan vigilantes o personal de resguardo y vigilancia para intervenir o, tal vez, llamar a algún cuerpo policial? Lo más que hicieron fue solicitar servicios médicos de urgencia. Esta realidad no se va a superar con la sola “suspensión” del encargado de la vigilancia de la UNAM sin dar las explicaciones del caso.

La autonomía universitaria obliga a la autoridad a llamar a la fuerza pública cuando estudiantes o profesores están siendo agredidos o reprimidos en una situación en la que el resguardo interno se muestra impotente, tal como ocurrió el pasado 3 de septiembre.

Lo que está sucediendo, con la entusiasta participación de la prensa, es una lluvia de especulaciones frente a las cuales ambos gobiernos guardan silencio porque decir algo concreto les obligaría a contarnos una historia que tal vez no desean que se conozcan o porque, de plano, la desconocen. En ambos casos estaríamos frente a autoridades incompetentes, ya fuera por acción o por omisión.

En este marco, está surgiendo lo que podría llegar a ser un movimiento estudiantil reivindicativo sobre el tema de la inseguridad y algunos otros puntos de carácter académico-administrativo, cuya atención ha estado postergada por demasiado tiempo.

La Universidad acusa un retraso en materia de democracia. Mientras en el país se han producido cambios, aunque a tropezones, el sistema de gobierno universitario sigue igual que hace 73 años. La democracia ha sido negada con el argumento de que la derecha es mayoritaria, pero, ¿y eso qué?

Por lo pronto, no sería menos importante que el estudiantado y los académicos exigieran al gobierno federal y al capitalino sendos informes, deber elemental de toda autoridad.

Esperanzas y desesperanzas políticas

Con la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador y la conformación de una mayoría parlamentaria, que se extiende hacia 21 entidades federativas, hay dos grandes clases de personas, sin contar a los irremediables enemigos de los cambios prometidos.

Por un lado se encuentran los millones que tienen esperanzas en que el cambio por el que votaron se haga realidad, que se empiece a sepultar el Estado corrupto, al tiempo de que se inicie una reversión en el actual patrón de distribución del ingreso y se combata la pobreza y el atraso social.

Por el otro lado, se encuentran aquellos que no creen que algo se pueda cambiar verdaderamente y, mucho menos, en la medida en lo que se está anunciando por Morena desde la reciente campaña electoral.

Hay quienes advierten peligros en el terreno de las libertades. Se preguntan con insistencia si tanto respaldo popular en favor de Andrés Manuel podría devenir en autoritarismo y persecución política. Suponen, sin admitirlo, que el poder no debe servir para cambiar sino para dejar todo igual con el solo fin de proteger el incipiente grado de libertades y democracia. Sin embargo, todo cambio popular, hoy y aquí, tiene que ser democrático, pues de lo contrario no será.

Hay, por otra parte, escépticos y preocupados de verdad, quienes se encuentran un poco amargados de tanta simulación a través de tantos años o, sencillamente, son pesimistas, no creen en mejorías.

Vivimos aún con el trauma de la transición simulada, la que protagonizó el PAN con Vicente Fox, primero, y con Felipe Calderón, después. La “retransición” de Enrique Peña Nieto fue igual de mala. Cambios sólo formales, con el fin de que no se produjeran modificaciones de verdad, terminaron en una suerte de defraudación del dictado popular. Mucha gente supone que ahora será igual, por lo que no quiere esperanzarse debido a tantos desengaños anteriores.

El éxito de la cuarta transformación, como le llama López Obrador, no depende de que lo quiera quien será presidente a partir del 1º de diciembre, sino de lo que éste pueda, lo cual, a su vez, estará determinado por la capacidad de exigencia de la ciudadanía que exige los cambios.

Un presidente con mayoría parlamentaria no tiene excusa, pero necesita soporte popular y presión ciudadana. De eso depende todo. En lugar de dudar, ahora es preciso ayudar al esfuerzo colectivo.

El miedo más grande que provoca cualquier cambio en los tiempos que vivimos es que la menor modificación puede traer un castigo de los “mercados”. Pero, ¿qué cosa es eso? Nuestro país, como muchos otros, depende en medida cada vez mayor del poder del dinero: inversionistas y especuladores de divisas. Los llamados mercados financieros son capaces de someter a los gobiernos y también a las empresas. La “confianza” que vale no es la de los trabajadores, campesinos, pequeños comerciantes e industriales –la inmensa mayoría–, sino de los centros de concentración de capital-dinero y los grandes conglomerados que realizan las inversiones, es decir, conducen el proceso de conversión de la ganancia en nuevo capital productivo.

En realidad, el éxito del nuevo gobierno, las esperanzas de millones, depende en mucho de la capacidad para sortear la acción de tal poder financiero que se cierne sobre la mayor parte del mundo como instrumento de sanciones impuestas a quien discrepa del inicuo orden establecido.

Mas no se trata de simple habilidad, sino de una acción política que permita tomar las decisiones que conduzcan a neutralizar, al menos en parte, las arremetidas de los llamados mercados contra toda decisión que pudiera causar “nerviosismo” o “desconfianza”.

Los escépticos, desconfiados y pesimistas deberían poner su energía al servicio de causas mejores que la pasividad y las malas vibras. Va a llegar el momento en que las presiones de todo el ámbito de los privilegios y del acaparamiento del ingreso y la riqueza se conviertan en realidad y traten de operar en el terreno de la política, en especial para hacer más difícil cada paso en la dirección de los cambios económicos y sociales que requiere un país tan arruinado y pobre como México.

A pesar de que el nuevo gobierno aún no ha asumido y que el Congreso todavía no ha aprobado decreto alguno, se nos quiere llevar al campo de la desesperanza, la cual no es otra cosa que la desilusión por adelantado, el pesimismo que brinda la cobardía. Ya nos están cayendo gordos esos que niegan la posibilidad de todo cambio verdadero. Son agoreros de lo peor con el sólo propósito de justificar sus desatinos.

Los gobernantes deben ser educados

Azorados algunos, preocupados otros, advierten que el próximo gobierno está dispuesto a cancelar la llamada reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto. El punto de inicio del debate ha sido el de que la Constitución fue cambiada para agregar algo que no pone ni quita nada a la educación pública, a saber, que la autoridad es la encargada de contratar a los profesores.

Además, fue creado por disposición constitucional un instituto de evaluación que suele existir en otros países pero que sólo en México ha de integrarse como si fuera la suprema corte de justicia, a propuesta del Ejecutivo y con el voto de las dos terceras partes de los senadores, cuyas funciones son “diseñar mediciones”, “expedir lineamientos” de evaluación y “generar y difundir información.” Todo lo cual se puede hacer sin tanta pompa y costo.

No era necesario modificar la Constitución si no hubiera sido porque el gobierno de Peña Nieto no encontró otra forma de encararse con el SNTE, sindicato con dirección “charra” con canonjías concedidas por los sucesivos gobiernos (del PRI y del PAN) para designar directores hasta el nivel de subsecretario de educación básica. En cuanto a los “comisionados” de dicho sindicato (burócratas que cobran pero no dan clases), las cosas no parecen haber cambiado demasiado.

Las leyes reglamentarias de dicha reforma constitucional son en realidad el problema mayor porque, entre otras cosas, establecen un sistema de evaluación que premia a algunos profesores con incrementos de sueldo mientras que a los demás los deja igual. Esto no es compatible con la Constitución porque el trabajo es igual pero el sueldo no, aún con antigüedades idénticas.

Los profesores, oficialistas y disidentes, consideran que el sistema impuesto por Peña Nieto es punitivo, es decir, castiga sin evaluar la educación, en otras palabras, evalúa a cada maestro sin tomar en cuenta el sistema mismo.

Se ha seguido cayendo en el error histórico de suponer que el gobierno debe educar cuando, en realidad, debe ser educado. Quienes tendrían que normar el sistema educativo, tanto en su contenido como en su organización, son justamente los educadores. Pero ellos y ellas siguen brillando por su ausencia en tales funciones.

El profesorado de primaria y secundaria ha sido alojado en la escala socioeconómica más baja del trabajo intelectual. Pero no se trata sólo del sueldo sino de su intervención en el proceso educativo del cual es una de las dos partes fundamentales, junto a los educandos.

No se ha producido ninguna reforma en los contenidos, programas y métodos de enseñanza. La escuela mexicana sigue siendo de dos clases: la pobre y la paupérrima. Las zonas más pobres tienen escuelas sin equipamiento y, a veces, sin maestros, pero el presupuesto público debería repartirse igual en los lugares menos pobres y en los más pobres de México. No es así, pero ninguna autoridad “responsable” responde en algún sentido al respecto. La escuela reproduce la pobreza extrema.

 

La “calidad de la educación” ha querido ponerse en el centro de la tal reforma, pero no se dice qué se entiende por eso. Se trata sólo de un eslogan, sin contenido.

Para hacer un cambio en la educación, además de repartir el presupuesto de manera igualitaria porque no hay motivo para diferenciar la inversión educativa como medio de castigo a los más castigados de por sí, es preciso dar la palabra a los educadores.

La evaluación de la educación no puede consistir en aplicar el peor método de educar que es el de hacer exámenes todo el tiempo y poner a competir a los alumnos. El método de la competencia es la peor forma de alcanzar una educación formativa basada en el trabajo de conjunto y la solidaridad de los grupos de estudiantes.

Los objetivos de la educación, su calidad, no deberían estar definidos mediante la capacidad de resolver exámenes sino en aprender a resolver problemas.

La reforma no es educativa sino administrativa pero en el peor sentido. La estratificación del magisterio es una forma de romper los lazos de solidaridad e impedir el trabajo colectivo. La competencia como método de aprendizaje y de organización de la enseñanza es doblemente nefasta.

Es preciso abrogar la llamada reforma educativa de Peña Nieto y redactar nuevas leyes con la concurrencia de los educadores para que ellos y no el gobierno asuman la tarea de la enseñanza.