Impunidad grosera

Entre 1989 y 1994 –sexenio de Carlos Salinas—la partida secreta ascendió a una suma total de 854 millones 670 mil dólares que ahora equivalen a 12.5 mil millones de pesos. Se le ha atribuido a Luis Téllez la afirmación de que Salinas se robó la mitad de la partida secreta, la cual sería una cantidad de más 6 mil millones de pesos actuales. En realidad los Salinas se robaron toda la partida secreta porque el uso político discrecional de esos fondos también era un robo aunque parte del dinero no hubiera ido a parar a las cuentas bancarias de la familia. En realidad, no sabemos cuánto dinero se robaron pero no comprobaron un solo peso en desacato al mandato de que todos los gastos públicos deben justificarse, sin excluir a las partidas secretas, según reza la Constitución.

La absolución judicial de Raúl Salinas es un acto de impunidad grosera. Había sido acusado de enriquecerse ilícitamente con 224 millones de pesos, una cantidad pequeña frente al torrente millonario de la partida secreta, pero es que sólo esa suma fue incluida en la denuncia. Lo que no ha sido documentado es mucho más importante. Este personaje no ha sido el hermano incómodo de Carlos Salinas sino uno de sus cobradores y tesoreros.

Ya Miguel de la Madrid tuvo oportunidad de señalar a Carlos Salinas como un ladrón en una entrevista que él mismo desautorizó después de recibir en su casa visitas de conocidos políticos como Emilio Gamboa. En efecto, De la Madrid había aumentado la partida secreta en 1988 para financiar la campaña de Carlos Salinas: 1987: 56.8 millones de dólares; 1988: 90.93 millones de dólares, es decir, el doble que había tenido en 1983, pero Carlos Salinas la llevó hasta 190 millones de dólares en los dos últimos años de su gestión (600 millones de pesos). En los presupuestos de 1995 y 1996, con Ernesto Zedillo, la cantidad en pesos fue de 650 millones aunque en términos de dólares los montos resultaron menores por efecto de la devaluación de la moneda. De cualquier forma, decidieron robar a Pemex mil millones de pesos para las elecciones del año 2000.

Con todo lo escandaloso que fue la partida secreta, ésta era un fragmento menor de la corrupción pública. Si tomamos las erogaciones adicionales (Ramo 23) del presupuesto entre 1980 y 1994, en los años de elecciones y en el siguiente las cantidades dan brincos. En 1988, para el encumbramiento de Salinas, tales gastos llegaron a casi 500 millones de dólares, pero ya en la Presidencia, en 1989, el personaje se gastó en adicionales poco más de mil millones de dólares y en 1992 tales erogaciones llegaron a dos mil 100 millones de dólares, casi igual cantidad (2.4 mil millones de dólares) que fue gastado adicionalmente en 1994 cuando a Zedillo se le llevó al poder. El gasto discrecional de los presidentes ha sido el más alto de los países con controles parlamentarios, es decir, que aquí la Cámara de Diputados no controla el gasto público. Si a México llegara súbitamente la justicia para desplazar a la impunidad, veríamos a miles de políticos tras las rejas, encabezados por Carlos Salinas.

La absolución de Raúl Salinas o Juan Manuel Gómez Gutiérrez o varios otros alias, con sus respectivos pasaportes expedidos por el gobierno, es la impunidad vigente. En este país puede ocurrir que se haga increíble la fortuna de la esposa del presidente de la República sin que tal cosa trascienda al campo de una investigación seria e imparcial, o que muchos crean que ahora los sobornos se pagan con residencias adquiridas a plazos, como la del mismísimo secretario de Hacienda, pero sin que pueda la ciudadanía tener certeza de algo, ya fuera saber que hay empresarios dadivosos con sus estrellas o con amigos que les otorgan contratos, o que el patrimonio de los servidores públicos y sus familiares puede incrementarse de alguna otra oculta manera.

                         (Las cifras son de: Pablo Gómez, Los gastos secretos del presidente, Ed. Grijalbo, 1996).

 

 

Estado de policía con el Ejército

La militarización de una amplia zona de Tierra Caliente le otorga al Ejército, por vía de hechos y sin ley alguna, el control territorial y por ende de carácter político. Las demás autoridades estarán subordinadas al mando militar. El propósito no es una toma del poder público nacional por parte del Ejército sino una negación del Estado de libertades para imponer un Estado de policía bajo el mando de los militares. Este fenómeno se ha presentado en muchos países justo en el momento en que el gobierno no alcanza a controlar un gran desorden. De hecho, este planteamiento fue asumido por Felipe Calderón durante todo su mandato pero no pudo avanzar demasiado en su consecución.

Peña Nieto asume ahora el mismo proyecto porque ha fracasado la idea de la reducción gradual de los delitos de sangre y de extorsión sin tener que hacer nada nuevo. En este marco, se están planteando varias reformas legislativas: someter a todos los ayuntamientos del país al despotismo del centro; dejar a los municipios sin guardia ni vigilancia propia sino a merced de los gobernadores; devolver a la PGR el monopolio del control del narcomenudeo y eliminar la norma de no perseguir a los consumidores; regular para restringir el derecho de manifestación; clave única de identidad. Tal vez el experimento más importante a corto plazo va a ser el de Tierra Caliente de Guerrero en donde, además de las bandas de delincuentes, ahora van a surgir movimientos de resistencia popular contra el control militar y, por tanto, todo se va a complicar aún más.

El cambio de normas para poner orden es una forma de evitar hacer reformas sociales, ampliar los derechos de la gente, confiar en la organización social, repartir mejor el ingreso, promover el empleo y, sobre estas bases, impulsar el crecimiento de la economía. Como todo esto no lo sabe hacer Peña Nieto, quien sólo confía en la inercia neoliberal, es entendible que recurra al proyecto de Calderón. Dentro de poco se van a pedir facultades a la policía y en especial al Ejército y la Armada para meterse en la casa de quien sea, como alguna vez lo planteó al Congreso el último presidente panista.

Ya no son cosas diferentes la lucha contra la delincuencia organizada (excepto la de cuello blanco, claro está) y el control del vandalismo callejero, sino que forman parte del mismo discurso y, por consiguiente, del mismo griterío reproducido de inmediato por los grandes medios. Hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha permitido condenar actos vandálicos, lo cual no es su tarea porque no es gendarme sino abogado de los derechos del pueblo. Esta macabra maniobra de unir toda la violencia que no proceda del gobierno puede llevar a México al Estado de policía pero, como la policía no existe en tanto corporación permanente y disciplinada, sólo las fuerzas armadas podrían acometer tal despropósito. Así se piensa y así se actúa.

Las mentiras, claro, saltan a la vista. Los miembros de los ayuntamientos que cooperen con la delincuencia externa pueden ir a la cárcel porque no tienen fuero federal, por lo cual no es preciso destituir ayuntamientos sino sólo lograr que el Ministerio Público haga su trabajo. El mando policial único estatal con fuertes nexos con el federal ha existido siempre en el país: las llamadas policías judiciales o ministeriales no dependen de los ayuntamientos sino de los gobernadores y del presidente de la República. Esa es la policía que investiga y consigue las pruebas, así que es la que debe también perseguir al crimen organizado, pero hacer depender a los municipios de los gobernadores para dar la mínima seguridad a las instalaciones propias y ordenar la circulación de vehículos es otra cosa muy distinta que sólo provocará descontento.

El poder puede imponer el Estado de policía pero la sociedad mexicana no lo va a admitir. Habrá entonces más violencia.

Desestabilización

Los militares conforman corporaciones no-deliberantes y no partidistas, por lo cual los jefes, generales y almirantes no deberían hacer discursos políticos ni apoyar las plataformas gubernamentales que son expresión de los partidos hechos gobiernos. Sin embargo, Peña Nieto ha llevado a los secretarios de Defensa y de Marina a volver a las andadas de hacer discursos para defender la política del gobierno. Asimismo, el mismo Peña se encarga de pronunciar panegíricos de los militares, lo cual no debe hacer un gobierno civil si en verdad quiere seguir siéndolo. Tlatlaya no es un caso único aunque lo sea por su magnitud y forma de llevar a cabo la matanza, las cuales deberían ser reconocidas por la autoridad política para empezar a contrarrestar el fenómeno del abuso en el uso de las armas.

En este lamentable marco, el gobierno de Peña ha desempolvado viejos discursos sobre la desestabilización política, la cual –dice—se busca mediante algunos hechos de violencia realizados con motivo de las protestas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La desestabilización vista como objetivo de personas que realizan actos violentos es una pamplina que tiene como propósito justificar el uso de la fuerza en cualquier momento por parte del gobierno. La propuesta de Peña de crear una “ley de infiltración del crimen organizado” sería una regresión del federalismo en tanto que el poder central podría disolver ayuntamientos, los cuales no forman parte de la Federación sino de los estados. Sólo las entidades pueden disolver sus propios ayuntamientos para convocar a nuevas elecciones. Junto a esta amenaza de resucitar al presidencialismo más duro, Peña dijo varias veces “todos somos Ayotzinapa”, lo que hubiera sido mejor decirlo aquella noche infausta del enorme levantón que él ignoró entonces y durante varios días diciendo que ese era un asunto local. Ahora sí, todos somos Ayotzinapa y nos receta una ley centralista de “infiltración del crimen”, el cual, por lo demás, tiene infiltrado a todo el Estado nacional mexicano. Varios meses después, Peña sigue sin reconocer el otro acontecimiento siniestro de la temporada que estuvo a cargo del Estado: Tlatlaya, el cual no fue siquiera mencionado en el gran discurso sobre la justicia. ¿Nadie es Tlatlaya sino sólo Ayotzinapa? Los voceros oficiales afirman que hay que rechazar toda violencia sin importar de dónde proceda, pues bien, hay que combatir la que tiene su origen en la acción ilegal de los aparatos públicos.

El gobierno sigue en la necedad de no admitir que padecemos un Estado corrupto que es la base de la crisis delincuencial y de violencia en el país, acompañada ahora de otra peor: la de derechos humanos. Tiene razón al respecto el presidente de Uruguay cuando ha ligado los recientes hechos de Iguala a la corrupción. Durante muchos años hemos dicho en todos los tonos que nada se arreglará bajo el Estado corrupto porque éste no es capaz, sencillamente. En la medida en que el Estado profundizó su corrupción, en esa misma medida empezó a estar sometido a los grupos armados de la delincuencia organizada que supieron domesticar a la otra delincuencia organizada, la del aparato público, mediante su propia capacidad de fuego en un entorno de impunidades que es característico de todo esquema de corrupción.

Peña anuncia nuevas leyes, pero hay que preguntarle: ¿dónde está el proyecto de ley reglamentaria de la reforma constitucional sobre los sueldos de los servidores públicos? Congelado por instrucciones suyas. ¿Dónde está el proyecto para desaparecer el fuero constitucional? Congelado por instrucciones suyas. ¿Dónde está el proyecto para reglamentar la publicidad gubernamental? Congelado por instrucciones suyas. ¿Dónde está el proyecto sobre la réplica? Congelado por instrucciones suyas. Todo esto, aprovechando su mayoría en la Cámara de Diputados. Sobre estas bases no se puede discutir seriamente.

Crisis moral

De un problema de línea política, alianzas, gestión de gobierno, vinculación social, clientelismo exacerbado, sectarismo orgánico y otras dolencias, el PRD entró a una crisis moral que no puede ser superada sencillamente con acuerdos entre partes.

Es verdad que dicha crisis moral se produce en un país en violencia y corrupción galopantes pero el gran levantón de Iguala se hizo por parte de un cuerpo policíaco en funciones y bajo las órdenes de un presidente municipal del PRD, Abarca, donde otro perredista, Aguirre, estaba gobernando y era jefe de los servicios de seguridad y justicia de Guerrero. El punto más crítico de la violencia delincuencial y la corrupción del Estado se definió justamente en territorio perredista, por decirlo de manera figurada, a pesar de que el PRD tiene fuertes banderas programáticas contra la corrupción y la impunidad. De ahí arranca la crisis moral.

Los gobernantes priistas que han cedido ante las mafias delincuenciales y forman parte de esa otra delincuencia organizada que está en la función pública son muchos más pero no estaban gobernando Iguala y Guerrero en el momento de la gran tragedia. La crítica perredista a la política del gobierno en materias de seguridad, justicia y corrupción son correctas pero Iguala es una sombra gigantesca. Aún más, es cierto que el gobierno federal es en parte responsable de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa al no haber hecho absolutamente nada, pero justo por eso mismo el peso mayor de la tragedia ha caído sobre los hombros del PRD.

Se sigue tardando ese partido en presentar un informe detallado de cómo llegó Abarca a ser candidato en Iguala, cómo se llevó a cabo la campaña electoral y cómo se gobernó. La crisis moral no se puede encarar sin el examen público de los antecedentes inmediatos. Al mismo tiempo, es preciso ya anunciar las normas para evitar que se vendan las candidaturas a ricos y riquillos que prometen campañas fuertes pero con recursos ilegales. En tal sentido, se requiere también que las candidaturas a cargos ejecutivos satisfagan un requisito de antigüedad en el partido. Las plataformas tienen que ser concretas y todas ellas deben contener reformas sociales, aunque sean en el ámbito municipal, sin mecanismos ni programas clientelares corporativos. Los gobernantes del PRD deben entregar cuentas al partido en actos de pública, libre y larga discusión. Así también es indispensable anunciar que los grupos internos del partido dejarán de tener finanzas propias, entre otras cosas porque eso es un fraude a la ley. La representación proporcional de los grupos en el reparto de candidaturas legislativas debe vincularse a la aprobación de un examen de conocimientos políticos elementales y del programa del partido. Hay más cambios pero éstos podrían ser urgentes.

Aunque el extravío de la línea política es sólo un percutor de la crisis moral, sí se requiere que aquélla se vuelva cierta, es decir, no admita bruscos e inexplicados cambios según la circunstancia del momento o algún toma y daca. La posición opositora del PRD se debe definir mediante la crítica que contenga propuestas generales y concretas, exigencias y denuncias. Ahora bien, el debate con Morena no se puede ignorar pero hay que tratar que se lleve como un verdadero debate aunque sólo sea de parte del PRD. Examinar ideas y propuestas siempre será ventajoso para la izquierda en lugar de practicar el deporte de las pedradas. Las bases de Morena y el PRD son las mismas.

También es preciso pedir auxilio, pero no a la derecha, los empresarios o la delincuencia organizada del Estado, sino a los intelectuales de izquierda. Para esto se requiere ir al encuentro con ellos, comparecer, entregar cuentas y aceptar la crítica.

Por lo pronto habrá algo nuevo: un debate público entre Cuautémoc Cárdenas y Carlos Navarrete y, quizás, algunos otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Cuánta falta hacen acontecimientos como éste, pero muchos.

Tribulaciones

Cualquiera diría que a la casa presidencial no le correspondía informar sobre adquisiciones personales de la esposa del jefe del poder Ejecutivo. Pero lo hizo seguramente por motivos políticos aun cuando fue requerida por el IFAI. También diría cualquiera que las explicaciones dadas carecen de sentido porque ya se sabía de la existencia y posesión del inmueble. Al mismo tiempo, cualquiera está interesado en conocer la declaración de bienes completa de Peña Nieto, en la cual debe figurar el patrimonio y los ingresos de su esposa pues la ley así lo señala para todos los servidores públicos, ya que cuando tal declaración se dio a conocer estaba cercenada y, además, no figuraban los datos de la cónyuge, por lo cual no puede ser considerada como ya entregada a la opinión pública.

No sabe el país cómo superar las tribulaciones causadas por tantos crímenes, entre ellos los más recientes, los de Tlatlaya con sus 22 muertos, los de Iguala con sus 43 desaparecidos y sus cinco asesinados, cuando nos dan la noticia de que la esposa del presidente adquiere una residencia por 7 millones de dólares como si fuera un hecho insignificante. La cosa se complica porque la operación, el origen de los dineros y su destino concreto están en tinieblas y, a juzgar por el comunicado de la casa presidencial, se considera que no es necesario entrar en detalles.

La cuestión es muy seria porque eso de obviar detalles es la peor forma de enfrentar las crisis en tanto que las omisiones son una manera de mentir. Por ejemplo, la opinión pública desconoce porqué el mando inmediato de los soldados de Tlatlaya es considerado cómplice y no autor; el encubridor sería más bien el coronel que nos dio la falsa noticia del enfrentamiento sangriento. Por ejemplo, el PRD ya se tardó en presentar un informe de las condiciones concretas en que Abarca se hizo de la candidatura en Iguala, lo cual fue un hecho interno que debe ser conocido; tampoco sabemos cómo gobernó, lo cual debe constar en un reporte lo más particularizado posible. Por ejemplo, la PGR debe dar a conocer las declaraciones íntegras de Abarca, de María de los Ángeles Pineda y del tal Sidronio Casarrubias, en lugar de estar filtrando versiones parciales de los dichos de estos personajes en los cuales se involucran a terceros. Todos estos asuntos no son de policía sino de carácter político, le importan mucho a la nación entera la cual no se encuentra bien informada. Ahora no se trata de la falta de información de los medios sino de políticos que se niegan a informar o lo hacen de manera administrada de tal suerte que, al final, no sabemos bien qué fue lo que sucedió y por qué.

Por lo pronto, la prensa extranjera hace algo de amarillismo con el asunto de la casa de la esposa de Peña sencillamente porque ya se conoce el carácter corrupto del Estrado mexicano y porque un hecho como éste difícilmente sucede en alguna otra parte del mundo.

Las tribulaciones de la temporada no son poca cosa, nos van a perseguir por años y, sin duda, van a complicarse con nuevos hechos perturbadores. El país no se va a ir por el caño pero la clase política tendría que hacerlo. Sin embargo, eso no va a suceder de inmediato. Mientras que se produce un terremoto político, es preciso actuar con la exigencia de la verdad en cada caso, en demanda del detalle de cada información. Los hechos relevantes y los escándalos no se olvidan sino que, a lo sumo, quedan olvidados sólo en apariencia ante el mutismo de los medios. Por ello, son acumulables. Y, un día, estallan juntos en la cara de todos. Varios países han pasado por eso durante las últimas décadas. México no va a ser una excepción. Al menos, eso es lo que deberíamos activar.

Inicua restauración

Esta semana, en el país con uno de los peores sistemas electorales del mundo, Estados Unidos, se llevaron a cabo más de 140 consultas populares sobre empréstitos, aborto, mariguana, portación de armas, salario mínimo, gastos presupuestales, controles de precios de medicinas, excarcelación de reos, entre otros temas. En México, de las cinco consultas solicitadas, cuatro fueron desechadas por la Suprema Corte y una más por el Congreso. El Estado mexicano considera que aquí no hay nada que votar.

El nuestro es un país donde no se consulta a la gente y lo peor es que no se quiere. La Suprema Corte, en la que se depositó la función de calificar la constitucionalidad de las consultas ha salido con una increíble versión de lo que dice la Carta Magna. Pero esa oligofrenia fingida no demuestra otra cosa que la existencia de una consigna exitosa del poder Ejecutivo sobre los integrantes de ese tribunal, con excepción de Cossío.

Es absolutamente insostenible en cualquier lugar en donde se discuta de verdad que cuando una ley dice que no se pueden poner a consulta los ingresos y los gastos del Estado se lea otra cosa: que no se deben consultar temas que eventualmente puedan tener un impacto en ingresos o en egresos públicos, es decir, todos los temas. Así están las cosas en México. El agregado más hilarante lo dio la misma ponencia ganadora del gran premio a la oligofrenia fingida, la presentada por la ministra Luna Ramos: se lesionaría el derecho humano al medio ambiente sano si se derogaran las recientes reformas energéticas. O sea, que si se produce más petróleo se disminuye la contaminación. Eso hay que llevarlo a la ONU… con su autora.

Las recientes decisiones de la Corte que han dejado al país sin consultas populares son una sustitución política. Los ministros en su mayoría tomaron partido en la confrontación de ideas e intereses en el tema de energía y se inclinaron a favor de la reforma aprobada por el PRI y el PAN, tal como lo expresó sin dobleces ni miedo a la recusación la ponente, la ministra Luna Ramos, en un evento empresarial, tres días antes de la decisión en el tribunal. La proclama de la reforma energética en el sentido de que se busca aumentar los ingresos públicos es parte del debate, pero la Corte no sólo la dio por válida sino que consideró que toda la reforma tiene un solo propósito fundamental: el incremento de los ingresos públicos. Sin embargo, esa falacia es justamente la que llevó a millones a firmar para pedir que el pueblo vote en urnas la validez política de la reforma cuestionada. Véase entonces cómo se ha sustituido a la ciudadanía con los ministros de la Corte. Es éste un golpe a la República.

Podría decirse que muy pocas veces en la historia una reforma constitucional ha tenido el bautizo que ha padecido el derecho a la consulta popular. El primer intento de votar algo de la mayor trascendencia nacional fue transformado en la anulación del derecho en sí. A su vez, el derecho mismo ha podido ser nulificado mediante un texto insostenible en cualquier otro tribunal en el mundo. Ya se conoce la forma de hacer interpretaciones a la mexicana pero ahora los ministros han llegado al extremo de la ridiculez. Y digo que fue el primer intento de consulta, así, en singular, porque las peticiones patrocinadas por el PRI y el PAN no fueron sino maniobras políticas para que el rechazo a la consulta sobre energía no quedara sola. El PRI llegó al extremo de proponer una consulta sobre un tema electoral a pesar del texto de la Constitución al respecto. El PAN reivindicó una consulta sobre el salario mínimo, el cual jamás ha sido preocupación de ese partido y, además, se redujo durante los doce años de presidencias panistas.

El avance democrático que suponía el nuevo derecho a la consulta ha quedado hecho trizas justo cuando el país pasa muy malos momentos. Esto es como volver a los años cincuentas y sesentas. Es una inicua restauración.

Aplastamiento de un derecho

La Suprema Corte ha negado el ejercicio del derecho constitucional a la consulta popular incluido en el artículo 35. Los conceptos y frases inventados en la Corte que no tienen nada que ver con la fracción VIII del referido precepto de la Carta Magna. Cuando se hizo la reforma, el Congreso no admitió lo que los togados están inventando: que de las consultas populares no pueda resultar algún gasto o ingreso. Si así fuera no habría nunca consultas porque todos los temas podrían costar o dar dinero.

Dice la norma vigente: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.” ¡Basta! No hay más.

Lo que dice la Constitución es que no puede haber votación popular sobre las normas que rigen las contribuciones y los presupuestos públicos así como el financiamiento y el pago de la deuda. Eso fue lo que el Congreso quiso dejar fuera de las consultas como ocurre en casi todo el mundo. Más aún cuando la litis de la consulta pedida por el PRD, así como la solicitada por Morena, abarca precisamente que con la reforma energética no habrá ingresos unitarios adicionales al fisco. Pero la decisión de la Corte (excepto Cosío) no ha sido sobre la validez de la consulta solicitada sino un apoyo al contenido de la reforma energética cuestionada. Se trata de ganar pero por la vía de la negación del derecho a la consulta popular.

La Corte ha llegado al extremo de declarar inconstitucional la petición de consulta sobre la legislación de energía por “tener como parte de su objeto restricciones a los derechos humanos”. ¿Cuáles? Los togados responden: el derecho a un medio ambiente sano. Y, tendidos en la mentira, afirman que en los preceptos de la reforma de las industrias de la energía se recomienda cuidar el medio ambiente. En este marco no es posible siquiera discutir. Por último, se afirma que la pregunta propuesta por el PRD no es sencilla ni comprensible y, para no dejar duda de la ficticia oligofrenia de la ponencia aprobada en la Corte, se recomienda como criterio rector de los “casos futuros” que la pregunta se circunscriba a una sola decisión legislativa o administrativa. Pero justamente la pregunta del PRD era sobre un solo acto legislativo: la reforma constitucional de energía. En síntesis, se dice que no procede la consulta porque la pregunta es de difícil respuesta para la generalidad de las personas. ¡Esta es la Suprema Corte de Justicia de la Nación!

Ahora bien, ¿para qué se estableció el derecho popular a la consulta? Para poder resolver mediante el voto las grandes discrepancias y contradicciones, para que todo mundo sepa que siempre habrá una manera de zanjar la más grande diferencia acudiendo a la votación popular, es decir, a la intervención del soberano por encima de las confrontaciones entre los bandos políticos.

En la Corte la democracia causa pánico, no se entiende lo más elemental y se camina por recovecos dizque técnicos que no son de este mundo. Que no se diga en la Corte que el gobierno no presiona para evitar cualquier consulta popular. Al margen de pamplinas, la cuestión es de carácter político: la democracia puede ser vista como perniciosa cuando resulta contraria a los intereses económicos de una oligarquía que domina el país.

Lo peor de todo es que la negación de las consultas planteadas va a llevar a nulificar por algún tiempo el derecho a la consulta popular. ¿Para qué juntar millones de firmas si hay once personas (diez en realidad) que se han ubicado por encima de la Constitución y niegan al pueblo el derecho a la consulta? Después, se hará necesario cambiar la Corte para recobrar ese derecho.

Responsables y culpables

Responsable y culpable puede ser lo mismo en el derecho penal pero no es así en el terreno de la política. “Actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho” es la materia de la llamada responsabilidad política que se castiga con la destitución y la inhabilitación. Comisión de delitos por parte de servidores públicos se penaliza en el mismo plano que si se tratara de otra persona. Y, finalmente, la sanción administrativa se refiere a los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones públicas.

Nadie ha señalado a Ángel Aguirre como posible culpable de los asesinatos, lesiones y desapariciones forzadas de Iguala. Se le ha imputado responsabilidad política por no haber impedido la acción policíaca, aun cuando los agentes eran de Iguala y de Cocula, mediante la intervención de la policía del Estado. El tener responsabilidad política implica la separación del cargo. Eso es lo que ha sucedido con Aguirre y lo que debería suceder con Osorio Chong, quien también ignoró lo que estaba por ocurrir, lo que estaba sucediendo y lo que había pasado en Iguala, al grado de no hacer absolutamente nada y, al rato, señalar que Guerrero debía encarar solo el problema. También lo hizo Peña, pero tenemos una Constitución que exime al presidente de la República de responsabilidad política y le asigna al Congreso la remoción de los secretarios de Estado mediante juicio político.

La dirección del PRD se negó a pedir que Aguirre se retirara de la gubernatura, pero el Comité Ejecutivo Nacional, cinco días después, ha tenido que admitir que en Guerrero debe nombrarse un nuevo gobernador. Esta es una función política del partido gobernante: lograr el relevo de uno y nombrar al sustituto. Así es en todo el mundo. Pero en México seguimos con la vieja idea de que la responsabilidad política sólo la puede exigir el presidente de la República, como era antes.

La separación de Ángel Aguirre no resuelve el problema de los heridos y desparecidos, mucho menos de los asesinados, pero implica que el PRD ha tenido que asumir finalmente su propia e innegable responsabilidad. El argumento de que el gobierno federal es también responsable no le autoriza al PRD a tratar de eximirse.

En Los Pinos se sigue buscando que la responsabilidad recaiga exclusivamente en el PRD. Más aún, Murillo Karam nos quiere hacer creer que José Luis Abarca y su esposa eran los jefes del grupo delincuencial, pero las relaciones hampa-políticos no funcionan así. La delincuencia del aparato público es mayor que la de los narcos pero su especialidad es robar bienes públicos y morder cuanto se pueda. En cambio, el control de gobernantes por parte de la delincuencia común se lleva a cabo mediante una relación de fuerza. Ya habrá tiempo de que las cosas queden claras al respecto.

Por lo pronto, el gobierno de Peña seguirá recibiendo presiones procedentes del extranjero, las cuales son las que más le importan como se demostró en el caso de Tlatlaya que ya había sido cerrado. Aquí también Osorio (más el secretario de la Defensa y Eruviel Ávila) tiene responsabilidad política por haber dado por un hecho cierto la falsa versión del puro enfrentamiento entre presuntos delincuentes y soldados.

Todo esto nos impone la formulación de una nueva política de seguridad que deje atrás lo que ha sido inoperante y todo aquello que se quiere imponer como parte de un proyecto fracasado. Cuando los narcos dirigen a la policía (lo cual no es nuevo) se demuestra que el proyecto de Estado policíaco es doblemente inícuo. La base sobre la que descansa la actual crisis de violencia es el Estado corrupto mexicano. Esto es lo que el gobierno priista y el PAN no han querido reconocer.

La crisis política concreta

¿Cómo se va a encarar la crisis política concreta desatada con motivo de los hechos de Iguala? Esta pregunta debe ser respondida sin titubeo y con sentido de justicia. Quien está más obligado a hacerlo es el partido que gobierna Guerrero, el PRD.

Los asesinatos, lesiones y desapariciones de Iguala son hechos relacionados con la violencia y la inseguridad que afectan al país. Pero hay elementos peculiares. El gobierno municipal de Iguala (parece que también el de Cocula), a través de la policía, realizó acciones ordenadas por Guerreros Unidos, grupo delincuencial. El gobierno de la entidad no se enteró de lo que estaba pasando y si lo hizo no actuó de ninguna manera. El gobierno federal se despreocupó a tal grado que sus efectivos de policía y ejército se mantuvieron de espaldas al crimen que se cometía en calles cercanas.

Hemos visto al respecto hombros levantados, caras de sorpresa. Y algo más: se dice que lo importante es que aparezcan con vida los 43 estudiantes de Ayotzinapa antes de analizar lo que ocurrió en Iguala desde un punto de vista político. Se llega a decir que no hay que politizar el problema, es decir, la acción política de las autoridades locales ni las omisiones políticas de las autoridades de la entidad y del país. Sí, la mayor preocupación es por los estudiantes secuestrados, pero eso no debe impedir que se analicen las responsabilidades políticas que están a la vista.

El PRD no debe sumarse a los hombros levantados ni salir ahora con la inicua propuesta de que el gobierno federal investigue a los candidatos, lo cual significaría que el partido gobernante pudiera intervenir en las postulaciones de los demás partidos. Eso corresponde a un Estado de policía.

Es mejor tratar de incidir en la crisis concreta abierta por los hechos de Iguala. En Guerrero debe haber un nuevo gobernador. El gobierno de Aguirre ha perdido interlocución con grupos muy activos que realizan acciones violentas cuyas consecuencias podrían agravarse. Hay que reconocer que Ángel Aguirre ha perdido autoridad moral y, en esa vía, toda autoridad política, en Guerrero y en el país, por haber ignorado o no haber hecho caso de que en plena calle estaban ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos, lo cual lleva a la pregunta: ¿cómo se está gobernando en Guerrero? El secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, responde con claridad al decir que “como el presidente municipal (de Iguala) no contestó el teléfono sino hasta la una de la mañana, no pudo el gobierno del Estado intervenir”. Cierto que el gobierno federal tuvo la misma omisión pero ése no es del PRD sino del PRI que, siempre lo hemos dicho, son diferentes o debieran serlo.

Para el PRD las cosas son aún más complicadas porque los hechos de Iguala demuestran, una vez más, lo incorrecto de cuatro líneas de acción: 1) Postular candidatos que tienen alguna popularidad aunque no compartan el programa de izquierda ni una ética democrática. 2) Mantener dentro del partido casi a cualquiera aunque su conducta sea reiteradamente contraria al contenido programático y de línea política. 3) Dejar que los grupos internos decidan libremente a sus candidatos, según la cuota que les corresponda, sin que el resto del partido pueda opinar sobre la idoneidad de los mismos. 4) Hacer alianzas electorales pragmáticas y gobiernos de coalición con partidos y personas que aplican una política contraria a la del PRD y no comparten planteamientos de izquierda. Estas líneas incorrectas han llevado poco a poco a ese partido al descrédito, a un déficit de autoridad moral y a un deterioro como opción democrática y popular. Por ello, esas cuatro líneas deben ser eliminadas total y definitivamente, sin dobleces, sin engaños, sin entretelas, sin hipocresías.

Responsabilidades

Los estudiantes de Ayotzinapa viajaron desde Tixtla hasta Iguala sin que por lo visto ninguna autoridad estatal o federal hiciera un seguimiento de ese desusado movimiento. Cuando fueron reprimidos por la policía municipal y cuando ésta realizó el gigantesco levantón y se llevó fuera de la ciudad a los estudiantes, tampoco estaba un solo agente estatal o federal, ni siquiera un vigía que informara a las autoridades lo que estaba sucediendo. Si esto es cierto o no lo es, de cualquier forma el gobierno del Estado y el gobierno federal tienen responsabilidad en la represión y probable matanza.

Si no dieron seguimiento, están en falta; si lo dieron y no hicieron nada, también están en falta. Así debería entenderse el desempeño de las funciones publicas, en especial en materia de seguridad: la autoridad no puede desaparecerse ni tampoco desentenderse.

El alcalde, José Luis Abarca, que era miembro del PRD, aunque ocasional, había sido antes señalado como posible autor de los homicidios de Arturo Hernández Cardona y dos de sus compañeros, así como integrante de un grupo de delincuencia organizada junto con su cuñado y su esposa. Nada hizo el partido para obligar al gobierno de Aguirre a asumir sus deberes al respecto, lo cual entraña responsabilidad.

Por su parte, el gobierno federal, con su poderoso Cisen entretenido en dar a conocer los videos de la Tuta y en intervenir teléfonos de otros políticos, no pudo en todo este tiempo investigar a Abarca e informar con datos duros al gobierno de Guerrero. Dice Murillo Karam que no le entregaron pruebas, pero éstas deben ser obtenidas justamente por el procurador, según reza la Constitución. Ahora va a resultar que los ciudadanos son quienes deben hacer la probanza. De ser así, que desparezca el Ministerio Público y a ver a cómo nos toca.

Tan luego que se produjo la represión, el secretario de Gobernación declaró que no intervendría el gobierno federal en un asunto local, como antes había guardado silencio sobre la matanza de Tlatlaya. El mismísimo presidente de la República, con ganas de joder a la oposición perredista, se pronunció por la atención local de problemas locales. Para ambos, ya estaba bueno que todos quisieran la ayuda federal mientras en el ámbito local no hacían nada en materia de seguridad pública. Pero, ¿para qué tanto despliegue de fuerzas federales en el terreno? En Iguala, la PF y el Ejército, con suficiente dotación de efectivos, estaban desaparecidos cuando la policía municipal hacía fuego y levantaba muchachos. En el colmo, ninguna autoridad se dio cuenta por dónde se habían retirado las patrullas policíacas con los estudiantes secuestrados. Ahora, Peña declara que va ir, “tope donde tope”, para perseguir a quienes por negligencia permitieron la represión pero él mismo es uno de los negligentes comprobados.

Sí hay responsabilidad de parte del gobierno de Ángel Aguirre y del gobierno de Enrique Peña. Sostener lo contrario sería asumir que la autoridad es intocable por carecer de responsabilidad política. Eso no hay que admitirlo, nunca.

En eso estábamos cuando Ángel Aguirre anuncia, con el respaldo de su partido, una iniciativa de decreto para poner a consulta popular la revocación de su mandato. Es aire puro porque el gobierno asume que puede ser imputado por responsabilidad política, lo cual es clarísimo, y porque la decisión se le deja a los ciudadanos de Guerrero, para lo que se convoca, por vez primera, a un procedimiento de consulta popular revocatoria.

Esta es una forma política democrática de afrontar un problema concreto relacionado con una situación general. El problema concreto es la responsabilidad política en la represión de Iguala mientras la situación general es la forma en que el Estado mexicano hace frente al fenómeno de la delincuencia organizada. Que por vez primera el pueblo se manifieste, sería un invaluable precedente.