Disculpe usted, lo volvería a hacer

 Habría que preguntar de qué es la disculpa. Podría ser que una mansión no debería ser comprada por la esposa de un presidente de la República por más dinero que ella tuviera porque en un país pobre eso es algo así como un insulto. Quizá a eso se refería Enrique Peña Nieto cuando inesperadamente ofreció unas disculpas, pero no es del todo seguro que tal fuera su propósito.

El caso es que Peña insiste en que la operación de compra de la llamada Casa Blanca de Las Lomas fue algo enteramente legal. Mas lo que no podría tener explicación satisfactoria es el origen del dinero, atribuido, según se ha dicho, a su esposa mediante un  bono de 80 millones entregado por Azcárraga, dueño de Televisa, por sus 25 años de servicios actorales (sólo el pago del ISR hubiera sido por más de 20 millones). Como esa versión era increíble, la Secretaría de la Función Pública realizó una investigación para que se creyera, la cual culminó en lo mismo pero sin detalles: todo fue legal, pero el comprobante del pago del impuesto jamás apareció.

Si el escándalo se redujera a algo de mal gusto o políticamente impropio entonces no se tendrían que ofrecer disculpas, es decir, descargar o justificar una culpa, porque culpa propiamente no habría. El asunto de mayor escándalo, después del frustrado contrato de enajenación de la gran casa, fue que un secretario de Estado, nombrado libremente por Peña, se hubiera hecho cargo de la investigación y, sin dar detalles, informara que todo estaba en regla. ¿Quién le creyó a Virgilio Andrade? Nadie.

Una forma de dar mordida es entregar algo a cambio de favores ilícitos mediante una operación subrepticia como, por ejemplo, los dineros que recibía Raúl Salinas en ocasión de las privatizaciones ordenadas por su hermano. Él era el cajero aunque parece que hurtó una parte del botín, pero ese es otro cuento. Aquí tenemos que un gran contratista del gobierno del Estado de México arregla la venta de una mansión justamente con la esposa de quien había sido el contratante y gobernador de esa entidad. Eso no podrá olvidarse por más disculpas presentadas. Pero menos aún por haber ordenado el esposo abrir una investigación, nombrar al investigador y esperar un resultado evidentemente espurio.

Hace años Vicente Fox rehusó que se nombrara un fiscal especial e independiente para averiguar la denuncia penal contra él y sus amigos, quienes habían organizado un sistema de aportaciones ilícitas. En el expediente había copia de un cheque por 17 millones firmado por Carlos Slim pero éste sólo era uno de los muchos adinerados donantes. Nada quiso investigar la Procuraduría (Fromow y Macedo) bajo las órdenes del mismo Fox sino que concluyó que no había delito que perseguir, punto final.

Nuestro país es al respecto único en el mundo: el presidente de la República encara una investigación en su contra e imparte las órdenes para que unos subordinados suyos declaren su propia inocencia. Ocurrió de nuevo con Peña, pero al respecto el actual presidente no ofreció disculpas, es decir, según parece lo volvería a hacer.

El PRD será dirigido desde fuera

Publicado en El Universal. 20.07.16

Durante décadas, el líder nominal del PRI era designado por el presidente de la República. A eso se nos acostumbró. No es raro que recién haya vuelto a suceder aunque no deje de ser anticuado y grosero. Lo sorprendente e inesperado ha sido que la presidenta del Partido de la Revolución Democrática fuera designada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Aquel presidencialismo, aunque achaparrado, se hace presente ahora en un partido que llegó a expresar alguna vez a la corriente política más crítica del priismo en general y de los métodos concretos del verticalismo político.

No se trata de una funcionaria de nivel relevante en un gobierno, el que fuera, que hubiera sido libremente designada presidenta de su partido sino de una decisión de gobierno. Mas, para singularizar el acto, quien ha hecho la nominación no es miembro de ese partido ni tiene la menor intensión de serlo, pero aspira a ser su candidato.

Durante los últimos años hemos visto que se actualiza un fenómeno que no por viejo deja de alertar la conciencia democrática del país: la pérdida de independencia de partidos de oposición. Desde hace un  tiempo las corrientes internas del PRD han venido llegando a acuerdos con poderes públicos de manera oscura. Varios gobernadores, priistas, panistas y perredistas, imparten órdenes a dirigentes locales de ese partido. Algunos grupos internos negocian con el gobierno federal sin la menor formalidad y mucho menos publicidad. Eso explica en parte que tal partido se muestre como un conglomerado de grupos de presión que carece de una dirección unificada. Eso se sabe dentro y fuera del partido,  no sólo es una crítica expuesta en los medios de comunicación sino una verdad aceptada en el Consejo Nacional perredista donde, sin embargo, el pasado sábado 16 de julio se designó a Alejandra Barrales por orden de Miguel Ángel Mancera.

Las buenas relaciones del jefe de gobierno de la capital con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, conducen ahora hacia un acercamiento entre el PRD y Enrique Peña Nieto. Por el momento, ya se ha dicho por parte de Alejandra Barrales que no habrá búsquedas sino esperas en el tema de la unidad de la izquierda, lo cual llevará a más perredistas a buscar por su cuenta y en los hechos la convergencia con Morena.

Para cualquier oposición, sea de derecha o de izquierda, su propia independencia es la llave para diseñar un plan de poder. Sin éste no hay partido porque las formaciones políticas se crean para luchar por gobernar e implantar su programa. La pérdida de independencia del PRD evoca a aquellas organizaciones que murieron por inanición, por falta de votos, después de que sin ellas se había integrado un partido verdaderamente independiente, justamente el PRD, en el año de 1989.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado dentro del Partido de la Revolución Democrática para encontrar un cauce que lo saque del mercado político, se siguen dando pasos en la peor dirección. Si el PRD se venía presentando disgregado en varios grupos, a partir de ahora tenderá poco a poco a centralizarse pero mediante decisiones externas al partido mismo. Se va a intentar resolver un problema creando otro.

Para saber qué va a hacer el PRI habrá que preguntarle a Peña Nieto y para saber qué va a hacer el PRD se tendrá que interrogar a Mancera. Esto podría muy bien llamarse involución política.

 

RENUNCIA DE PABLO GÓMEZ COMO REPRESENTANTE DEL PRD

18 de julio de 2016.

C. ALEJANDRA BARRALES, presidenta nacional interina del Partido de la Revolución Democrática.

CC. MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

C I U D A D.

Por medio de esta comunicación presento al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática mi renuncia espontánea al cargo de Representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral que desempeñé desde el 10 de noviembre de 2014 por designación de dicho Comité.

El motivo de esta renuncia es la incompatibilidad que aprecio entre el carácter independiente de la política aplicada hasta ahora por el Partido en el Instituto Nacional Electoral, apegada a los principios y el programa del PRD, por una parte,  y la situación en la que se encuentra Alejandra Barrales, quien encabeza al Comité Ejecutivo Nacional y al Partido pero sin la menor independencia política pues su circunstancia obedece a un poder ajeno al Partido e imbricado además con otros poderes no sólo también ajenos sino adversarios políticos del PRD. Como será inevitable que en el ejercicio cotidiano de la Presidencia del Partido se asuman decisiones que impacten en los muchos asuntos que se ventilan también cotidianamente en el Instituto Nacional Electoral y en los organismos locales electorales, así como en los tribunales, yo no podría representar a la presidenta nacional del Partido ni acompañarla en acciones decididas desde afuera, al margen o en contra del Partido de la Revolución Democrática.

Es indispensable aclarar que mi renuncia no es una respuesta al hecho de haber sido infructuosamente propuesto por algunos compañeros y compañeras para el cargo de presidente nacional, sino al insólito y funesto hecho de que políticos empoderados decidan quién debe ocupar la Presidencia del Partido y al vergonzoso acontecimiento de que una amplia mayoría del Consejo Nacional lo haya admitido sabiendo las consecuencias que traerá la operación de una dirección ajena al partido mismo. Como todos sabemos, Alejandra Barrales fue señalada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, como la persona que debía ocupar el cargo de presidenta, por lo cual no estamos frente a la libre elección de una persona hasta entonces alta funcionaria pública sino ante una imposición desde fuera del Partido, ante una decisión de carácter gubernamental, un método priista por excelencia. Si yo no hubiera sido propuesto para el cargo de presidente del Partido en el reciente pleno del Consejo Nacional, de todas formas no podría representar de facto al gobierno de la Ciudad de México ante el Instituto Nacional Electoral porque esa representación no corresponde a una instancia de gobierno sino a un partido de izquierda que debiera ser independiente de todos los gobiernos, aún de aquellos que se conformaron gracias al apoyo electoral del PRD.

Todos sabemos –yo lo he destacado muchas veces– que el PRD ha venido perdiendo independencia política debido a los oscuros acuerdos que sus grupos internos hacen por su cuenta con políticos poderosos.  Ese nefasto proceso ha conducido a un punto en el que la Presidencia del Partido está ya físicamente ubicada afuera del partido mismo. Espero que miembros del Comité Ejecutivo Nacional puedan hacer algo para eliminar ese fenómeno tan nocivo para el PRD, la izquierda y el país. No tengo muchas esperanzas al respecto pero cumplo con compartir legítimos y buenos deseos.

Agradezco por otro lado a quienes depositaron confianza en mí para representar al Partido de la Revolución Democrática en el Instituto Nacional Electoral. Sigo como siempre abierto a la crítica de mi gestión. De manera especial agradezco a Agustín Basave y a Beatriz Mojica, a  la sazón presidente y secretaria general, por el apoyo a la publicación del Libro Negro. La elección de 2015 y sus autoridades, el cual es un balance de gran parte de nuestra gestión y una documentada crítica militante y democrática de las instituciones electorales del país.

Atentamente,

Pablo Gómez

¿Presidencialismo ridículo o intento restaurador?

La afirmación del nuevo presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza,  en el sentido de que Peña Nieto es el “principal activo” de su partido podría ser expresión de un presidencialismo ridículo o de un intento restaurador del viejo sistema priista basado en el llamado presidencialismo despótico.

Durante los últimos dos años, el actual presidente ha buscando ejercer un gobierno a la antigüita. En algunos momento lo ha logrado parcialmente pero en general ha fracasado. Al parecer Peña Nieto cree que es posible la construcción de un sistema de partido casi absoluto capaz de poner orden en el país. Ya hemos visto cómo ha crecido el número de presos políticos y de actos de represión pero, por otro lado, el PRI ha perdido elecciones en muchos lugares y no superó por sí mismo el tercio de votos a nivel nacional el año de 2015.

Es aún más significativa la falta de control presidencial sobre los gobernadores. El fenómeno no consiste en la ausencia de castigos a funcionarios de los estados sino en que los ejecutivos locales se llenan los bolsillos de dinero sin que el gobierno federal logre organizar la corrupción. Cada quien crea su sistema de robo al erario de tal forma que la corrupción ya es galopante, descontrolada. El secretario de Gobernación, Osorio Chong,  no ha podido hacer nada para contener esta forma de ser y de hacer que ya afecta al poder central, aunque está claro que la tarea en realidad debería ser la de  desarticular el Estado corrupto, acabar con éste, pero esa no podría cumplirse por parte del priismo.

Sin embargo,  lo nuevo es que de alguna manera las cosas han cambiado al grado de que no pocas derrotas electorales del PRI en algunos estados se han debido en buena parte a la corrupción ostentosa, la cual ya es ofensiva. Varios candidatos de los partidos de oposición recientemente cifraron sus campañas en acusar al respectivo gobernador local y anunciar procesos penales en su contra. El escándalo en curso de blindar con leyes y nombramientos las posibles represalias en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua es una manera en que los gobernadores de esos estados admiten los delitos que se les han imputado en la arena de la denuncia política.

El presidencialismo despótico, tan añorado por el priismo juvenil de mentalidad arcaica, no es tan fácil de restaurar aunque existan algunos aspectos del mismo que nunca han dejado de existir, en especial, como vemos, el Estado corrupto, pero también ciertos grados de autoritarismo. Dice Peña que las leyes no se negocian –nada se negocia más que las leyes en la lucha política—con lo cual recuerda frases de Díaz Ordaz. El aumento del número de presos políticos es también una referencia a regímenes políticos anteriores. Las negativas a llevar a cabo algunas reformas de carácter político, tanto electorales como en el plano de la corrupción, están ligadas a actos tales como las acciones del gobierno federal en el Estado de México, donde los miembros del gabinete tienen casi instaladas sus residencias y regalan casi a diario diversas cosas incluyendo “estufas ecológicas de leña” a pesar de que la utilización cotidiana de este combustible es una clara manifestación de la pobreza que se dice combatir.

El uso de los recursos públicos y el robo al erario fueron efectivamente aspectos del viejo presidencialismo pero ahora funcionan como expresión del esfuerzo restaurador. No habrá sin embargo restauración sino sólo la grotesca y nefasta política restauradora. Mas el esfuerzo que se requiere para echarla abajo es el mismo que aquél con el cual se hizo caer el presidencialismo despótico. Así suele transcurrir la historia pero, como señalara el defenestrado Marx, lo que antes fue tragedia ahora asoma como comedia.

Los partidos no se gobiernan

Los partidos son entidades ciudadanas, por lo cual, salvo aquellos de afiliación obligatoria, no se gobiernan como ocurre con la sociedad sino se dirigen. Hay un error teórico en la pretensión de gobernar al Partido de la Revolución Democrática o de declararlo ”ingobernable”. El PRD vive una crisis de desorganización, congruencia, falta de certeza y ausencia de una dirección colegiada. Su propuesta política, expedida en el reciente Congreso Nacional, es acertada a grandes trazos, el problema es que no se difunde y mucho menos se aplica.

El PRD también requiere una estatura moral la cual resulta indispensable cuando se trata de un partido de izquierda. La seriedad y la convicción ante cada lance político se completan, de ser verdaderas, con una honradez tanto en los actos como de carácter intelectual. Esto es lo que podría dar base a desarrollar el carácter opositor del partido, el cual debe ser militante porque sin oposición no hay democracia formal que funcione ni propuesta alternativa a la política del gobierno. Todo mundo debería saber cuales son las pretensiones razonadas del PRD en cada coyuntura y por qué. Hay que volver a hacer propaganda sistemática fuera de los periodos electorales.

En especial, la dirección de ese partido debería ser colectiva y promotora de la discusión. Toda posición partidista tiene motivos, pero el problema es que éstos no siempre se conocen, explican y discuten. El otro problema es la disciplina pues una cosa es que los partidos ahora sean más o menos flexibles y otra que cada quien pueda hacer lo que guste sin la menor consecuencia. Tanto los órganos de dirección como los grupos parlamentarios deben apegarse al programa del partido y también a su línea política, a aquella que es mayoritaria, aunque ésta se pueda cambiar las veces que sea necesario. En este mismo sentido, es verdad que el partido debe apoyar a los gobernantes que han surgido de sus filas pero también es cierto que éstos deben aplicar el programa partidista, escuchar la crítica y respetar las decisiones mayoritarias.

El Partido de la Revolución Democrática debe formular un plan político para conquistar el gobierno del país. Nadie explica en qué vuelta de la vida dejó de tenerlo. Sin plan de poder no hay partido que sea auténtico. Es preciso evitar que el PRD se siga convirtiendo en grupo de presión o en una aglomeración indescifrable de segmentos.

El PRD sufrió una escisión que se concretó en un nuevo partido, Morena. Después de más de 20 años en los cuales tuvimos una izquierda unida casi en su totalidad en un solo partido, fenómeno muy raro en el mundo, ahora tenemos dos partidos de izquierda que están contendiendo entre sí. Es preciso volver a la lucha a favor de la unidad de las izquierdas, tal como lo definió el congreso del PRD realizado hace menos de un año. Por lo pronto, se requiere abrir la discusión pública sobre el tema, sustituir descalificaciones e insultos por la exposición de ideas y propuestas. Al menos así debería conducirse el PRD.

Las coyunturas electorales suelen impulsar o perjudicar los grandes proyectos de transformación política y social en un país pero no deben nunca definirlos, determinarlos, desecharlos. El Partido de la Revolución Democrática –dice su programa—lucha a favor de la construcción de un Estado democrático y social de derecho. Ese objetivo es superior por lo que debe ser guía de la lucha cotidiana, la cual por cierto no tendría que ser sólo electoral y parlamentaria, como es ahora, sino también de movilización, protesta, denuncia y exigencia. Ser un partido de izquierda, pues.

AMLO frente a Peña

Andrés Manuel López Obrador ha hecho un planteamiento tendiente a que en México se forme, ahora mismo, un gobierno de transición. Esto implicaría otro gabinete con una política supuestamente transicional entre la actual y la que implantaría la fuerza que tomara el mando a partir de diciembre de 2018.

El planteamiento es incorrecto porque Peña Nieto no quiere marchar hacia otro rumbo pero también porque él no lo necesita. Aunque sea contradictorio, la situación del país es de franco deterioro en todos los aspectos pero no existe una crisis del poder. La mega violencia delincuencial tiene más de diez años. El estancamiento económico empezó hace tres décadas. La pobreza crece desde hace más de 30 años. La corrupción como sistema es aún más vieja. La matricula universitaria como porcentaje del número de jóvenes está estancada desde hace 40 años. Sería difícil imaginar que a México le hubiera podido ir peor que como le fue durante el lapso del predominio neoliberal. Peña, sin embargo, dice que “los populismos” destruyen lo edificado durante décadas pero en México se ha echado a perder lo poco que se había construido por las generaciones anteriores, no obstante lo cual ese proceso se sigue presentando discursivamente como la única ruta del progreso, tanto por parte de los líderes priistas como de los panistas que comparten la responsabilidad en la catástrofe nacional.

Lo que López Obrador llama la “mafia del poder” y que la estira hacia todas partes, por lo cual le sirve para todo y, en esa misma dimensión, no le sirve para nada, no es otra cosa que la oligarquía que se ha formado en México durante esos años de concentración incesante del ingreso y empobrecimiento relativo y absoluto de la mayoría de la población. En Estados Unidos, el 1% acapara cerca de la mitad de la riqueza. En México ese acaparamiento lo hace el 0.01%.  En los últimos 5 años, el ingreso promedio de los hogares ha disminuido, según el INEGI, lo cual no ha ocurrido en el vecino del norte. Por el otro lado, en nuestro país, tan sólo 2 500 personas (0.002% de la población) tienen más del 20% de la riqueza individual total, unos 400 mil millones de dólares.

Si de seguro Peña no aceptaría formar un gobierno de transición para empezar a negarse a sí mismo, la izquierda no debería suponer que tal cosa es posible. Sin embargo, López Obrador piensa que hay que presentar a Peña la propuesta menos entendible para éste; habría que añadir que es también la menos entendible para la generalidad de las personas, en especial para la gente de izquierda.

El gobierno de Peña ha empeorado sensiblemente. De la inicial búsqueda de acuerdos con las principales fuerzas políticas ha pasado a negar el diálogo si el interlocutor no depone sus demandas. La tesis de que las leyes no se negocian es diazordacismo puro, el cual conduce a más represión. Si algo se negocia a las claras en la lucha política es la legislación, eso es lo negociable por naturaleza. Más aún, sin la negociación de las leyes no hay democracia funcional.

Al mismo tiempo, el gobierno de Peña es cada vez más irresponsable. Su política presupuestal consiste en recortar gasto social y de inversión sin restar un solo peso a las erogaciones para la operación política ni a los altísimos sueldos del gobierno. Peña tampoco consigue más dinero que lo obtenido mediante las reformas iniciales que se hicieron gracias a las propuestas de otros partidos, excepto el PAN. Ahora, como dice la derecha europea y estadunidense, la consigna vuelve a ser menos impuestos a los ricos y menos gasto social. Eso exige Donald Trump, entre otros. Ni siquiera se ha planteado imponer la tasa cero de interés a los bonos Fobaproa, ahora conocidos como IPAB, deuda fraudulenta con la que tiene que cargar el pueblo mexicano pero a la cual se le sigue pagando buenos réditos. Parece mentira que México haya negociado rebajas en tasas de adeudos internacionales pero no sea capaz de reducir los intereses de la deuda más ilegítima de la historia contemporánea del país.

La oligarquía que domina denuncia a los “populismos” irresponsables y “destructores”, al radicalismo político, pero lo hace por boca de los gobernantes. Éstos no estarán toda la vida en los cargos públicos pero piensan igual que los que sí estarán toda la vida al frente de sus empresas y negocios financieros, quienes han concentrado y centralizado el capital y la producción, quienes controlan los grandes flujos de importaciones y exportaciones, quienes mueven inmensos capitales de un lado para otro. ¿Podrían los gobernantes actuales y los oligarcas de siempre promover una transición hacia un Estado democrático y social de derecho?

Diálogo trágico

Tuvieron que morir por las balas de la Policía Federal ocho personas en Nochixtlán para que el gobierno abriera un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación después de meses de solicitudes infructuosas de los maestros y de francas negativas de parte de las autoridades. Dicho esto de otro modo, la política gubernamental de condicionar todo diálogo a la renuncia de las peticiones principales del movimiento arrojó un saldo sangriento de muertos y heridos. La responsabilidad de esa tragedia es sin  duda de Peña Nieto como jefe del gobierno pero el expositor sistemático de la negativa política fue Aurelio Nuño, secretario de Educación y hombre de mayor cercanía del presidente.

En un esfuerzo por sabotear el diálogo ya iniciado en la Secretaría de Gobernación, el mismo Nuño declaró que el tema educativo no sería tocado en las conversaciones. En realidad la reforma no es a la educación básica sino a la administración de la misma. Lo que tiene por ahora que abordarse entre los representantes de la CNTE y el gobierno es un tema de política de organización y administración de recursos humanos de las escuelas primarias y secundarias públicas del país. El sistema de evaluación jamás podrá ser la base del mejoramiento de la enseñanza, mucho menos cuando tiene aspectos punitivos entre otras contradicciones, pero lo verdaderamente grave es que el secretario del ramo así lo considere y por ello defienda las reglas de la evaluación como si fueran parte de una verdadera reforma educativa.

Para arrebatarle al SNTE el control del ingreso y la promoción en el magisterio no se requería improvisar un sistema de evaluación súbita y masiva, pero el gobierno lo adoptó por necedad y ha llevado al país a un ya largo conflicto donde las autoridades fueron cerrándose cada día más: fueron desde la amenaza y los procedimientos de separación de quienes no se presentaban a las evaluaciones hasta los ceses de faltistas y el encarcelamiento de dirigentes. Al final, hubo fuego de la policía.

Osorio Chong, jefe superior de la Policía Federal que disparó contra habitantes de Nochixtlán y quien, por tanto, alguna responsabilidad ha de tener en los hechos de sangre, encabeza la delegación del gobierno en las conversaciones del Palacio de Covián. En tal situación, ese secretario es quien debe encontrar la manera de eludir la línea más intransigente de Peña-Nuño que consiste en que para conversar se requiere la sumisión del que critica, denuncia y protesta.

Mas para lograr la derrota de esa línea intransigente y represiva se requiere que las fuerzas democráticas alcen su voz con la mayor fuerza. No se trata sólo de echar abajo la punitividad del sistema de evaluación sino de derrotar ese alcance punitivo hacia todo conflicto político. Hay que entonar muy alto para obligar a bajar el volumen del griterío autoritario dentro y fuera de los medios de comunicación. Hay que exigir, por tanto, que el diálogo tenga resultados, que predomine la voluntad de llegar a acuerdos.

Es mentira que las leyes no se negocian en sedes gubernamentales, esa afirmación es mendaz y forma parte de la línea de Nuño fraseada ahora por Osorio, la cual sólo busca colocar a las negociaciones de Bucareli sobre la cuerda floja. Tal tesis diazordacista, preámbulo de incontables represiones, debe ser derrotada.

Las investigaciones en curso de la PGR sobre los muertos y heridos por arma de fuego en Nochixtlán no son de fiar. La procuradora es parte del gobierno, lo es en los hechos aunque no lo sea en la ley. Por su lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es incapaz jurídicamente de abrir procesos penales. Así que, en este caso como en otros muchos, se requiere un fiscal independiente. El gobierno no debe seguir investigando al gobierno como hasta ahora ha ocurrido.

No fueron profesores de la CNTE las víctimas mortales del fuego policiaco sino la gente que buscaba impedir la acción de los gendarmes en Nochixtlán porque apoyaba a sus propios maestros. Esto nunca lo reconocerá a las claras un gobierno engreído que quiere dar lecciones de rigidez como instrumento de gobernabilidad.

Recordemos por otra parte que el gobierno no debe educar sino que debe ser educado, conocimiento éste alcanzado desde el siglo XIX. Pues sí, ya estamos en el XXI…, cronológicamente.

Desde Vallejo hasta Rubén Núñez

El encarcelamiento de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, líderes de la sección 22 del sindicato de profesores, es un acto de gobierno en el marco de un conflicto. Ellos son presos políticos. Los delitos que se les imputan ya no son de carácter político, como se usaba hace muchos años, pero la causa penal sí lo es. Se trata de una manipulación del aparato de justicia y así lo confirma el mismo gobierno con sus contradictorias explicaciones.

El cargo no ha sido como se había dicho el robo de libros de texto gratuitos, los cuales carecen de valor comercial. Esa acusación era demasiado débil por no decir ridícula. Se habla ahora de decenas de millones de pesos supuestamente “lavados”. Pero para que hayan operaciones con recursos de procedencia ilícita lo primero es acreditar la existencia de un delito anterior, el cual nunca ha sido denunciado y mucho menos perseguido. Lo que estamos viendo es lo de siempre: investigaciones falsas motivadas por instrucciones de gobierno, jueces de consigna, justicia corrompida por el poder político.

A Demetrio Vallejo y sus compañeros los acusaron en 1959 de disolución social, un  delito directamente político. Él estuvo en la cárcel unos doce años por haber dirigido una huelga. Antes se usaba el Código Penal en defensa declarada de la “seguridad” del Estado. Ahora se utiliza el prosaico “lavado de dinero” como instrumento político para sacar de circulación a ciertas personas.

El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo ha sido semejante por el uso de esa técnica pero con una gran diferencia: ella tiene una larga trayectoria delictiva, la cual siempre fue parte de la manera de operar el sindicalismo “charro”, es decir, de Estado. Lo mismo ocurrió en 1989 con Hernández Galicia, “La Quina”, a quien le plantaron en su casa cajas de armas e incluso un cadáver. Pero tanto la profesora como el líder petrolero eran parte de una estructura de Estado dentro de la cual se estaban produciendo traiciones o deslealtades, al final reprimidas con la misma ilegalidad con la cual se habían sostenido esos liderazgos. Por tal motivo, después de sus encarcelamientos, no sucedió nada relevante más que el encumbramiento de otros líderes de la misma familia política mafiosa pero ya docilitados.

La CNTE es una organización independiente y democrática en la cual existe militancia sindical de base, participación efectiva de sus miembros. Además, está en lucha. Encarcelar a dirigentes mediante inventos judiciales es un acto de represión política, como fue el caso de Vallejo y los ferrocarrileros, no es un ajuste personal de cuentas dentro del Estado corrupto como los casos de “La Quina” y Gordillo.

La lesión que se inflige a la sociedad es evidente porque se reprime la libertad política, la crítica, la movilización ciudadana. El secretario de Educación habla como bravero de barrio y es un golpeador de Peña Nieto. En el momento más complicado de la lucha de la CNTE se aprovecha la situación para, por fin, utilizar la prisión como factor político después de que el funcionario más cercano del presidente de la República, Aurelio Nuño, ya había condicionado el diálogo a una renuncia de la CNTE a sus demandas. Eso quiere decir que el oficialismo declara imposible toda interlocución con adversarios ya que ésa sólo tiene sentido cuando el tema es la divergencia de posiciones, no es una plática de amigos sino una confrontación de ideas y una búsqueda de acuerdos entre discrepantes. Con esto, el gobierno de Peña ha oficializado con absoluto cinismo la renuencia a discutir con opositores y el uso de la prisión como lenguaje político. Se repite el binomio Díaz Ordaz-Echeverría.

El gobierno sigue hacia abajo sobre un plano inclinado por él mismo construido. ¡Libertad a los presos políticos!

Pleito de partidos

Las recientes elecciones en casi la mitad del país se nos presentaron como un pleito de partidos. Los protagonistas principales se la han pasado echando bravatas y lanzando golpes:  siguen en eso. No sabemos de cierto lo que cada cual propone aunque estamos seguros que el PRI no posee más que la política aplicada hasta ahora por parte de Peña Nieto, es decir, nada nuevo. Sin embargo, la competencia ha sido muy dura y los resultados están apretados: habrá gobernadores con algo más del 30 por ciento de la votación.

La concurrencia en los doce estados donde se eligieron cargos ejecutivos ha sido normal: poco más del 50% del listado de electores; y muy baja en las entidades (CxMx y BC) donde sólo se eligieron diputados: menos del 30%. Pero el hecho de mayor trascendencia es que el PRI perdió cinco gubernaturas (Ags., Chih., Dgo., Q. Roo y Tamps.) aunque recobró dos (Oax. y Sinaloa). Este saldo desfavorable para el gobierno de Peña es producto de la política conservadora de corte neoliberal, la incesante corrupción gubernamental y la crisis de violencia que se recrudece en el país.

La otra característica ha sido que la división de la izquierda le impidió a ésta obtener el triunfo en Tlaxcala, Oaxaca y Zacatecas. Asimismo, en Veracruz una alianza exclusivamente entre Morena y PRD se hubiera alzado con la victoria. En esos cuatro estados la izquierda es mayoría política pero no ejerce esa responsabilidad: pierden con ello el país y la democracia. El objetivo de Morena de tomar el puesto de partido principal de la izquierda es una victoria sin trascendencia ni validez en tanto que la lucha es contra la derecha. En el otro lado, la tesis de la dirección del PRD de que sólo en alianza con la derecha panista se puede derrotar al PRI es igualmente falsa. Los dos partidos de izquierda se demostraron a sí mismos que su política no es la mejor aunque no se han tomado la molestia de iniciar un examen directo de la situación política del país.

Al PRD no le ha ido bien porque cosechó divisiones internas en Veracruz, Oaxaca y Zacatecas al grado de no alcanzar por ese motivo las gubernaturas en estos dos últimos estados donde los candidatos aliancistas eran militantes suyos.

Ahora bien, en la Ciudad de México aparentemente no se produjeron cambios pero los resultados en el terreno indican otra cosa. Morena mantuvo su condición de partido más votado pero además ya es mayoría en diez delegaciones mientras el PRD sólo lo es en cinco y el PAN en una. Las causas de la derrota del PRD, tanto en 2015 como el pasado 5 de junio, no consisten en la escisión que sufrió sino en la errática política del gobierno capitalino que en el imaginario ciudadano corresponde a ese partido. La administración de Miguel Ángel Mancera nunca tuvo proyecto alguno por lo que la ciudad ha funcionado con piloto automático. Desde diciembre de 2012 no ha ocurrido nada verdaderamente nuevo, casi todo ha sido aplicar leyes y programas anteriores. En consecuencia, la ciudad no está mejor que antes y los electores así lo reportan. En realidad, el PRD en la CdMx se encuentra anclado con su voto duro y no hizo siquiera el intento de realizar una campaña electoral. La lista de los primeros seis candidatos externos hizo ver que la dirección del partido carecía de figuras propias para encabezar una planilla porque aplica una política de exclusión. En este esquema político, Mancera y Jesús Ortega se repartieron las candidaturas como si fueran dueños de una miscelánea. El resultado porcentual no fue tan catastrófico como un año antes porque la participación ciudadana fue muy baja y el voto duro perredista todavía existe como producto del clientelismo directo, según lo demuestra el hecho de que el PRD recién recibió en la CdMx la misma votación que la totalidad de los sufragios registrados en sus propias elecciones internas de 2014: poco más de medio millón. El porcentaje de ahora es mayor (28% contra 20% de hace un año) pero la masa de votos es la misma.

Desde otro ángulo de análisis, la suma de los sufragios en favor de Morena y PRD arroja el 61.6% de la votación válida, casi 15 puntos porcentuales más que hace un año, lo cual indica que la división no ha provocado una reversión de las coordenadas políticas básicas de la ciudad porque el PRI y el PAN nunca habían estado tan bajos en porcentaje: carecen de plataforma propia y no saben siquiera ser oposición. El problema consiste, sin embargo, en que la división se ha convertido en buena medida en un pleito particular entre dos partidos en lugar de abrir un espacio de debate político que tanto demandan la izquierda y el país entero.

Elecciones 2015: lecciones

Las contiendas en los 12 estados del país donde se elegirán gobernadores o gobernadoras el próximo 5 de junio han sido las más sucias de los últimos años. Llama la atención que el jefe de un partido, Enrique Peña Nieto, se haya condolido de esta situación cuando el PRI es el que más ha contribuido al enchiqueramiento de la competencia electoral.

Por su parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ha llegado al extremo de ejercer la inconstitucional censura previa contra mensajes de radio y televisión, pero lo peor es que el Tribunal Electoral las confirmó en sentencias que agravian la libertad de difusión y podrán tener consecuencias gravísimas debido a los argumentos fraudulentos con que se dictaron. A cambio, el INE ha mantenido en el aire espots claramente calumniadores, como uno en Zacatecas que fue suspendido por el Tribunal pero un día antes de la terminación del periodo de campaña. Gran parte del reciente lodazal se debe al gobierno y a la influencia de éste en el INE y el TEPJF.

Manlio Fabio Beltrones se ha estrenado como líder priista en unas elecciones ganables pero con guerra sucia y más que nada con el poderoso respaldo de los programas sociales del gobierno incluyendo el Fondo Nacional de Desastres Naturales. El oficialismo ha regalado todo lo que tuvo a la mano a cambio del voto coaccionado, cada vez más necesario por parte del viejo PRI que no tiene la menor intención de cambiar su forma de ser.

Convertir las campañas en intercambios de injurias, calumnias, difamaciones y otras formas de denostar o de plano defenestrar al adversario se ha traducido en el estrechamiento del campo de las propuestas. Es miserable que casi todos los candidatos y candidatas prometan lo mismo: más empleo y mejor seguridad pública (hay uno en Tamaulipas que ha dicho que no habrá un secuestro más durante su sexenio). Ninguno lo puede lograr. Mas lo peor es que casi no hay propuestas de reformas económicas, administrativas y democráticas. Pareciera que no hay tareas generales pero tampoco se mencionan otras de carácter concreto. La pobreza programática ciertamente corresponde a los candidatos y candidatas, con sus buenas excepciones,  pero también es característica de los partidos que han postulado a personas sin perspectivas transformadoras. El fenómeno consiste en que los partidos mexicanos son cada vez menos propositivos; lo que quieren es ganar a como dé lugar aunque ellos mismos no sepan exactamente para qué como no sea el desempeño de los cargos públicos y el control del gasto.

Lo anterior ha conducido a que cada vez gobiernan más las personas y mucho menos los partidos que, se supone, han sido creados con ese propósito. En la contienda de este año casi ningún partido llevó a cabo una campaña unitaria a pesar de que la mitad del país va a votar. Esto habla de una despolitización del poder público y de la conversión de los partidos en simples frentes electorales.

Aquí hay una crisis política que tiene como expresión superficial el hartazgo popular de los políticos y el debilitamiento de la lucha entre los partidos. La democracia mexicana, exclusivamente representativa y formalista, está al borde de la bancarrota porque la clase política no alcanza a ver que una ciudadanía nueva requiere no sólo elegir sino también proponer, decidir, remover y disponer. El sistema constitucional mexicano requiere un cambio de gran alcance, el cual está siendo postergando por los partidos, inmersos como se encuentran en luchas personalistas y de grupos que se benefician de la corrupción pública, es decir, que son funcionales al Estado corrupto.

Sean quienes sean los próximos gobernadores y gobernadoras el hecho es que no hay una mayoría política en el país. En varios estados las diferencias van a ser pequeñas de manera que los nuevos gobiernos vivirán su gestión con mayores vigilancias y en medio de la crítica de sus opositores, los cuales serán representantes en suma de la mayoría ciudadana. Esta característica no es nueva, sin embargo no está escrito que así debe ser en cada ocasión. Lo significativo hoy es que seguirá la dispersión del voto entre tres o cuatro pedazos de ciudadanía.

Otra característica de la temporada ha sido la división en la izquierda. Cualquier observador en Veracruz, Oaxaca, Zacatecas, Tlaxcala podría decir que la tarea era unir a las izquierdas para ganar de seguro esas gubernaturas. Es cierto que a pesar de la división algunos resultados pueden ser favorables a una de las izquierdas, sin embargo, tanto la posición de Morena de rehusar la búsqueda de acuerdos con el PRD como la de éste de aliarse con el PAN en varias entidades, no eran los mejores caminos. Para el PRD la cuestión se complicó aún más debido a que en varios estados cosechó nuevas escisiones. Tal vez el resultado electoral muestre que la política correcta es edificar la unidad en la acción en lugar de profundizar la división con base en ataques insultantes pero insulsos que sólo impiden la polémica de fondo tan necesaria para las fuerzas de izquierda.