La CNDH se asoma a un precipicio

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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez, tiene una percepción mensual neta de 170 373 pesos. Si la Cámara de Diputados llegara a aprobar una remuneración menor para el presidente de la República, como está propuesto, aquel sueldo tendría que ser reducido.

Esto sería consecuencia de que el artículo 127 de la Constitución establece, desde 2009, que ningún servidor público del Estado mexicano puede ganar más que el Presidente de la República. Además, dicha remuneración es determinada por la Cámara de Diputados, la cual “no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley”, según ordena el artículo 75 de la misma Carta Magna. Sólo si, “por cualquier circunstancia”, se omitiera hacerlo, el sueldo sería el mismo que el año anterior, pero eso ya no ocurre nunca y no debe ocurrir porque sería una transgresión de la norma.

No obstante, la CNDH ha interpuesto una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, recién expedida por el Congreso, con el propósito de que ésta sea declarada inconstitucional.

Un problema nada menor consiste en que la persona que firma dicho recurso ante la Suprema Corte de Justicia tiene interés personal en el asunto. Se trata del presidente de la CNDH, cuya remuneración actual corre peligro de contracción.

Supongamos que la Suprema Corte decide declarar la inconstitucionalidad de la ley mencionada, Raúl González no podría impedir que la Cámara de Diputados obedeciera el mandato del artículo 127 de la Carta Magna, ya que la Corte está incapacitada para declarar inconstitucional a la Constitución. De cualquier forma, al reducirse la remuneración del Presidente de la República, el resto de las retribuciones sólo podrían ser iguales o menores. La norma constitucional debe ser respetada, con o sin ley reglamentaria, porque es tan clara y directa que no requiere ninguna disposición secundaria para tener validez plena.

El argumento que usa la CNDH es que, con la ley de remuneraciones, se están violando derechos humanos. Esto es sin duda falso, pero si la Corte la cancelara, de igual forma, la remuneración de Raúl González a partir del 1º. de enero del próximo año no podría rebasar un solo peso el sueldo del Presidente de la República. Por ello, se está buscando que la misma Corte ordene a la Cámara de Diputados otorgar una remuneración a López Obrador en 2019 igual a la señalada para Peña Nieto en 2018.

Esto es lo que busca Raúl González en abierto reto a la institucionalidad democrática, el voto ciudadano, el mandato político de la mayoría y la vigencia del sistema político de la Constitución. Pero, lo que es peor es que se busca que la Corte ordene a los diputados y diputadas hacer algo indebido, contrario a sus facultades expresas, lo que provocaría un choque absurdo, por innecesario, entre poderes.

El ataque a la ley de remuneraciones sería inoperante ante el predominio de la Constitución, pero se quiere torcer el tronco de la legalidad desde una pretendida defensa de los derechos humanos. Esto último es lo que en realidad duele.

Se invoca un derecho humano de gozar siempre de una remuneración igual o mayor, y nunca menor, aunque sin precisar cuales serían sus actuales garantías constitucionales aplicables a los más altos servidores públicos. Esto es tanto más ofensivo contra el Congreso cuando las y los legisladores se han reducido ya sus propias remuneraciones, acto que no ha sido controvertido por parte de la CNDH ni por nadie por supuesto ataque a derechos humanos y a una buena interpretación de la Carta Magna.

Entre 2009 y 2017 el salario mínimo se ha reducido, tal como en la década anterior. Ha pasado de 54.8 a 88.36 pesos diarios con una inflación acumulada mayor que la suma de los aumentos nominales. La CNDH no ha interpuesto ninguna acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra los sucesivos actos de disminución salarial en términos reales, realizados por el organismo público encargado de fijar los salarios mínimos.

Más en concreto, la CNDH considera que reducir la remuneración del Presidente de la República, en el marco del artículo 127 constitucional que fija a ésta como la máxima, sería una trascendente violación de derechos humanos.

En su texto de 108 folios, la CNDH nunca defiende los salarios en general, sino sólo de los servidores públicos y, por su contexto, exclusivamente de aquellos que ahora están percibiendo más que el sueldo propuesto por López Obrador para el presupuesto de 2019. No se trata de los nuevos funcionarios sino sólo de aquellos que han sido designados para un periodo transexenal, entre ellos, el presidente de la CNDH.

¿De qué se trata la maniobra? De hacer declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Remuneraciones bajo el argumento de que ésta no impide que se rebaje el sueldo del Presidente de la República y, por lo mismo, tratar de impedir tal rebaja por la vía jurisdiccional, por orden de un tribunal.

Si la Ley de Remuneraciones hubiera fijado de alguna manera la remuneración del Presidente de la República o hubiera limitado su cuantía, como lo quiere Raúl González, entonces sí sería una ley inconstitucional porque desobedecería a la Carta Magna, la cual confiere sólo a la Cámara de Diputados la función de señalar la “retribución” correspondiente.

Lo que la Cámara de Diputados no podría hacer es rebajar el sueldo de los trabajadores, cuyos parámetros están relacionados en leyes, contratos, convenios que rigen las relaciones laborales, ya que esas normas se encuentran permanentemente en vigor y son de acatamiento obligatorio.

La CNDH pretende que se confundan las cosas y que el sueldo de su propio presidente sea considerado como algo determinado en un contrato laboral, lo cual, todos lo sabemos, no es así. El sueldo de Raúl González se fija cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con el artículo 75 de la Carta Magna, precepto que no es tomado en cuenta en el texto enviado a la Suprema Corte por parte de la CNDH.

Aunque parezca increíble, Raúl González hace abstracción de que se votó el pasado 1 de julio y se eligió a un nuevo presidente de la República, quien ha integrado un nuevo gobierno, el cual tiene una nueva política que va a proponer, en términos de un nuevo Presupuesto de Egresos, a una también nueva Cámara de Diputados, la cual cuenta con la facultad constitucional exclusiva de aprobar los egresos.

Es deber de todo ciudadano y toda ciudadana coadyuvar con los organismos de derechos humanos, entre ellos la CNDH, la cual se ha distinguido muchas veces por cumplir con su deber constitucional. Pero para seguir respetándola es preciso que ésta se respete a sí misma, se ciña a sus tareas, asuma el sistema democrático de decisión popular y los mandatos políticos de la ciudadanía, entre los cuales se encuentran los de la conducción de la administración pública.

El actual sueldo de Raúl González no tiene relación con un derecho humano sino es producto de la decisión política de la Cámara de Diputados que le asignó la cantidad neta de 5 679.10 pesos diarios. Según se infiere del mensaje y la conducta de la CNDH, cuando esa cantidad se aprobó por parte de los diputados y diputadas era justa, aunque millones ganaban la mísera cantidad de 88.36 al día, 64 veces menos que aquél, sin que algún órgano del Estado, ni los de derechos humanos, intentara alguna acción.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se asoma a un precipicio al proteger el sueldo de su presidente. Sus prerrogativas constitucionales no fueron otorgadas para tal propósito. Defendámosla porque le pertenece a los seres humanos.

 

Fuero de bolsillo

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Según la Constitución, algunos funcionarios no pueden ser penalmente procesados. Eso se llama “fuero constitucional”. ¿Quiénes son? El presidente de la República, diputados y senadores, ministros de la Corte, magistrados de la sala superior del TRIFE, fiscal general (hoy procurador), consejeros del INE, secretarios de Estado y consejeros de la Judicatura. Se les llama “aforados”.

Para que se les inicie proceso penal, se requiere un permiso de la Cámara de Diputados, a través de una especie de juicio. En el caso del presidente de la República es necesario el voto de las dos cámaras del Congreso.

Lo que se votó el pasado martes 27 de noviembre en San Lázaro era la cancelación de ese sistema. El nuevo hubiera consistido en que algunos de esos funcionarios no tendrían inmunidad (consejeros de la judicatura y secretarios de Estado) porque no son titulares de poderes públicos. Los demás serían sujetos de proceso penal en libertad, como cualquiera otra persona que estuviera bajo fianza. Cuando el juez los sentenciara, se irían a la cárcel, también como cualquiera, porque ya no se mantendrían en su respectivo cargo.

El nuevo sistema propuesto es sencillo, sin recovecos y sin mentiras.

Pero este tercer intento de abolir el fuero fracasó por decisión de los mismos que lo bloquearon en las dos ocasiones anteriores.

Para dar cobertura al nuevo bloqueo argumentaron o apoyaron sin decir nada (PAN) que ir a la cárcel antes de tener una “sentencia ejecutoriada”, sino sólo de “primera instancia”, es atentar contra el debido proceso, los derechos humanos, etcétera. Ese encarcelamiento le puede ocurrir a cualquier sentenciado, pero como en este escenario sería un político, entonces se le considera diferente por parte de los bloqueadores.

La inmunidad de los titulares de los poderes públicos no es un asunto del sistema penal sino del sistema político de la Constitución. Se trata de impedir que una autoridad menor y sin previo juicio pueda privarles de la libertad y, de esa forma, impedir el normal funcionamiento de tales poderes. ¿Qué hacer cuando alguno de sus integrantes posiblemente cometió un delito? Pues abrir el proceso penal si acaso se acreditan los requerimientos de la ley y bajo el estatuto de presunción de inocencia. Cuando se dicta sentencia condenatoria, ya pasó aquella etapa, por lo que el funcionario pierde inmunidad y cargo, lo que lo lleva a la cárcel como a cualquiera otra persona.

Quienes han bloqueado por tercera vez la abolición del llamado fuero dicen que hay que esperar a que el sentenciado sea confirmado en tal condición en las apelaciones o amparos que interponga. ¿Tendremos legisladores sentenciados votando leyes en el Congreso mientras pasan los años que duran esos recursos judiciales? A eso se le llama fuero de bolsillo.

Sería peor tener altos funcionarios desempeñando sus cargos tranquilamente luego de haber sido sentenciados, que tenerlos como sospechosos de cometer un delito. A estos últimos, al menos se les puede desaforar en la Cámara de Diputados, pero a los sentenciados en libertad incondicional no se les podría remover de sus cargos durante años.

Si saliera adelante en el Congreso (cosa que es numéricamente imposible) el fuero de bolsillo, todo sería peor que bajo el sistema de “fuero constitucional” que ahora impera. El privilegio sería mayor y más ofensivo. Eso es lo que exigen PAN, PRI, PRD, MC y PVEM, conforme al voto que emitieron el martes 27 de noviembre en San Lázaro.

Sin embargo, esos partidos saben que su planteamiento es imposible por absurdo. Lo que en realidad hicieron fue negar su voto a favor de la abolición del fuero con un falso argumento, con el propósito de bloquear una promesa de campaña de López Obrador y de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES).

Cierto es que a las y los integrantes de los grupos parlamentarios de la nueva minoría opositora no les hace ninguna gracia abolir el fuero del que ahora gozan y, por tanto, plantean como condición establecer uno nuevo que sería peor y más odioso, pero, sabiendo que su propuesta no es factible por monstruosa, el interés político de impacto inmediato ha sido bloquear a la mayoría parlamentaria y mostrar las garras de una oposición firme.

Hay también otro elemento. Ya se ha visto que el PAN tiene una política de bloqueo, la cual es seguida por sus más recientes aliados, PRD y MC, pero, ¿qué tendría que hacer el PRI haciéndole el juego a Acción Nacional?

Esto es nuevo y nadie se lo esperaba. El vetusto partido puede estar lamiéndose sus profundas yagas, pero eso no le tiene que llevar a convertirse en comparsa de la otra anciana derecha. Si antes fue imposible diferenciar las líneas políticas de uno y otro partidos, lo que fue factor relevante del fracaso electoral de ambos, ahora sería suicida para los priistas confundirse con los panistas con tal de bloquear a la nueva mayoría.

El PAN no propuso en la Cámara una sola enmienda al proyecto de abolir el fuero. Todas las reservas estuvieron a cargo de los demás partidos de lo que será la oposición a partir del 1 de diciembre. Acción Nacional sólo votaba en espera de que el proyecto no tuviera la mayoría calificada de dos tercios.

La mentira de los argumentos de quienes votaron en contra se demuestra con el hecho de que, antes, cuando en dos ocasiones se votó la abolición del fuero, ninguno de esos partidos propuso el fuero de bolsillo. ¿Por qué ahora sí lo hicieron? Pues para dar cobertura argumentativa a su bloqueo.

Los dos anteriores proyectos de abolir el fuero fueron congelados en el Senado sin tener que votar en contra ni proponer absolutamente nada. En esta última ocasión, eso no hubiera funcionado porque esos partidos ya no pueden manipular el termostato en el Congreso, por lo que tuvieron que votar en contra directamente.

La abolición del fuero, sin engaños ni simulaciones como es el fuero de bolsillo, terminará por imponerse porque la política de bloqueo se irá haciendo insostenible. Pronto.

Guardia Nacional: ¿militarización o civilidad?

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No es que se busque militarizar la seguridad pública sino que ya se hizo. Bajo ese fenómeno no se han eliminado las policías civiles sino que ésas no funcionan bien; las tres: federal, locales y municipales.

Ante la agudización de la crisis de seguridad pública en casi todo el país se plantearon diversas opciones. Desde el “fortalecimiento” de la policía federal, un súper subsidio a los estados para sus cuerpos policiales, hasta el seguir con la misma dinámica que consiste en incrementar las labores del Ejército y la Armada en funciones de policía. Ninguna de estas puede convencer a nadie.

La idea de una nueva guardia no es nueva. Se ha hablado de ella durante los años del fracaso del Estado mexicano en la materia de seguridad pública. La ley de “seguridad interna” fracasó antes de ponerse en práctica, tanto porque el candidato que luego resultó triunfador había dicho que no la aplicaría, como porque la Suprema Corte la declaró inconstitucional. Hay que recordar que esa efímera ley señalaba que se nombraría un “comandante” militar al frente de todo el aparato de “seguridad” en los estados que lo requirieran. Eso era un abierto y legalizado ejercicio militar de autoridad en asuntos civiles, como parte del proceso en el que hemos estado inmersos desde hace 12 años.

La Guardia Nacional fue eminentemente ciudadana en el pasado, aunque bajo disciplina militar. Lo mismo en Francia que en México y muchos países. En otros, la guardia es profesional, como ahora en Europa y varios países de América Latina.

Se propone crear un cuerpo de seguridad pública nuevo, con perspectiva ciudadana, aunque sólo por sus funciones y compromisos, que vaya ocupando el territorio nacional, empezando por los lugares donde la crisis de inseguridad y violencia es mayor.

¿De dónde sacar a los primeros efectivos? Tendrían que salir del Ejército, la Armada y la Policía Federal, sencillamente porque no se podría hacer un súbito reclutamiento de civiles que requerirían uno o dos años de entrenamiento.

Pero no se trata de que el personal castrense se quede a vivir en la Guardia Nacional, sino que se produzca un proceso de entrenamiento y educación de nuevos reclutas, de guardias.

La Guardia Nacional sería un cuerpo de seguridad bajo leyes civiles, expedidas por el Congreso, con responsabilidad exclusivamente civil, integrada en la administración pública dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Luego de tres años, dice el proyecto de decreto, el Presidente de la República y del Congreso de la Unión harán una evaluación para tomar las nuevas medidas que sean necesarias, las cuales podrían ir desde la disolución de la Guardia hasta su continuación y reformas.

La idea de crear la Guardia no ofrece garantía de éxito, pero tampoco es aconsejable convertir la preocupación en premonición de fracaso y mucho menos de catástrofe. Lo que se desea es poder atender gigantescos requerimientos de seguridad pública y empezar el regreso de los militares a sus cuarteles, aunque, mientras tanto, se trasladen miles de efectivos castrenses a las filas de una guardia militarizada en su disciplina, pero civil en su relación con la sociedad, como lo son no pocas en el mundo entero.

El camino hacia la superación de la política de creciente intervención militar en la seguridad pública estará llena de obstáculos, pero hay que emprenderlo ahora mismo con lo que se tiene.

Como sea que se analice el asunto, es tanta la violencia delincuencial, que se requiere empezar a cubrir el territorio. Al menos es preciso aceptar esto y luego arriesgarse a decir de qué otra manera se podría lograr. El debate va a fortalecer la lucha contra esa violencia, ya que existe en el país un acuerdo sobre el qué y sólo debatimos los cómo.

Si la Guardia Nacional se reinstala en el país con otras formas y tareas, aquellas derivadas de la crisis de violencia, tendremos tiempo para evaluar su funcionamiento. Lo que no podemos hacer es seguir reprobando el esquema actual de seguridad pública nacional sin que se emprenda algo nuevo.

El problema, sin embargo, es que no hay soluciones ya probadas aunque fueran parciales. Lo que ahora se proponga y luego se intente llevar a cabo estará sometido al criterio de la verdad: la práctica.

PAN: NUEVA OPOSICIÓN

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El Partido Acción Nacional intenta convertirse en la única rabiosa oposición al gobierno de López Obrador. No admite planteamiento alguno procedente del gobierno en ciernes. Los dos decretos expedidos hasta ahora desde la Cámara de Diputados se han topado con el intento de bloqueo de parte de Acción Nacional, con el insostenible argumento de que se impide la discusión cuando la mayoría parlamentaria refuta en los debates las objeciones panistas.

En ambos casos (ley de remuneraciones y reformas a la ley orgánica de la administración pública), el PAN ha fracasado porque su número y sus precarias alianzas no le alcanzan ni siquiera para dilatar el proceso legislativo, pero eso mismo forma parte de la nueva estrategia opositora de los líderes panistas.

Convertir al PAN en una oposición dura, intransigente, golpeadora, reventadora, bloqueadora no será difícil cuando es la izquierda la que gobierna, a diferencia de cuando su primo, el PRI de la época neoliberal, ejercía el poder con la abierta colaboración del viejo partido de la derecha tradicional.

El punto relevante, por tanto, está ubicado en que el éxito de la nueva estrategia panista de oposición golpeadora depende por completo de los desaciertos, errores y fracasos de la nueva fuerza gobernante que está arribando. Así es que, en materia programática, Acción Nacional tendrá que echarse a dormir y esperar los tropiezos ajenos.

El PAN fue en sus mejores tradiciones un partido de propuestas, aunque por largos periodos haya perdido toda originalidad. Pero bajo la nueva estrategia de oposición dura, el PAN sólo resiste, aspira a que nada cambie por efecto del simple ruido político y la gesticulación.

Durante el proceso legislativo de las reformas a la administración pública, Acción Nacional no propuso ningún cambio a la ley vigente. Se limitó a exigir que todo quedara igual, en apego a las reformas hechas por Enrique Peña Nieto, esas sí con el apoyo de las bancadas panistas en el Congreso.

En el marco de una falta de debate del PAN en San Lázaro, el martes 13 de noviembre, la bancada blanquiazul se lanzó en contra de Andrés Manuel con la acusación de que es un dictador. El planteamiento no es exclusivo de ese partido pero los elementos de prueba del panismo se limitaron a que el presidente electo desea centralizar la administración pública, es decir, aquello que está centralizado por definición constitucional. Eso lo saben de sobra las y los legisladores panistas pero fingen demencia y se resbalan sobre su propia jabonadura.

El insulto como provocación puede suscitar cierto desorden en las sesiones camerales, pero no hubo en tales escarceos panistas ni siquiera ideas sueltas y mucho menos propuestas.

El escándalo puede dar ciertos resultados mediáticos pero sólo en algunos momentos, debido a que, como forma propagandística se agota pronto cuando no hay planteamientos nuevos.

Integrantes de las bancadas de Morena, PT y PS suponen que el PAN se está entrenando para llevar a cabo una provocación el 1 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador arribe a San Lázaro a rendir protesta como presidente de la República. Es posible que así sea, pero no se limitaría a ese día. Se trata de una nueva estrategia, la de la oposición frontal, la cual no es terreno donde el panismo haya hecho antes una experiencia.

Los líderes del PAN, tan necesitados de elementos de cohesión interna y de recuperación de imagen y prestigio, creen que es sencillo ser una oposición de choque porque nunca han sufrido un proceso de desgaste con dicha postura. Al cabo de algunos meses, el PAN empezará a debatir internamente si es “rentable” y “transitable” seguir en una oposición sin propuestas y continuar con la diatriba y la provocación.

La nueva mayoría en el Congreso va a seguir con las reformas. Si el PAN continúa sin presentar proyectos de cambio en aquellas leyes que Morena busca modificar y continúa con la pura descalificación, esa mayoría saldrá fortalecida en tanto que existe una inmensa mayoría ciudadana –votantes de todos los partidos– que está consciente de que cambiar es el único camino para buscar mejorías en el país.

El PAN empieza a pisar un escabroso terreno que nunca fue suyo, que desconoce y no puede alisarlo. La apuesta no sólo es arriesgada porque la desesperación la anima sino también es, esa sí, un peligro que puede provocarle nuevos y mayores tropiezos a ese vetusto partido de la derecha mexicana.

Omisiones escandalosas

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La falta de lectura o comprensión de los textos legislativos suele generar más escándalos que las rigurosas crónicas de los hechos y de los dichos. La reciente ley de remuneraciones ha generado más notas escandalosas que muchas otras noticas sólo por la omisión de la lectura del texto legal y, en consecuencia, del relato de su contenido.

Si así va a seguir la comunicación social cuando vengan otros muchos decretos que tiendan a subvertir el viejo Estado corrupto y el antiguo sistema de la democracia formalista, México entero vivirá en el escándalo provocado por la ignorancia.

La ley de remuneraciones estuvo congelada más de seis años. En total, el Congreso llevaba ya nueve años en omisión legislativa. Sus detractores han dicho que está mal, que tiene contradicciones y antinomias, que es inaplicable, que generará muchos amparos, que es un caos. Pero nadie ha dicho por qué. Sólo se afirma que en lugar de Unidad de Medida y Actualización dice salario mínimo del Distrito Federal. Si esa ley hubiera sido aprobada hace seis años, como era obligado, durante varios años habría tenido ese “defecto” y seguiría con el mismo, tal como también lo tienen todas las leyes que fueron expedidas antes de que se creara el UMA y se eliminara el DF. La vigencia de las normas no se afecta con los cambios de denominación. Para eso se generan disposiciones transitorias en los decretos legislativos.

Muchos comunicadores reprodujeron la especie de que la nueva ley de remuneraciones indicaba los sueldos de algunos funcionarios. ¿De dónde salió eso? Hasta ahora nadie lo sabe. Era quizá una sospecha o una simple suposición.

La falta de lectura del decreto lo convirtió en lo que no era y le restó relevancia a lo que efectivamente contiene.

La ley de remuneraciones define lo que éstas son y señala lo que no son. Ya se acabó el tiempo en que la segmentación de conceptos escondía lo que en realidad percibe cada servidor público. Todo lo que se paga, en efectivo o en especie, es remuneración y ésta se encuentra sujeta a las mismas normas.

La regla de que nadie puede ganar más que el Presidente de la República tiene 9 años vigente, se encuentra en el artículo 127 de la Constitución, pero algo nuevo de esta ley es que ya existen sanciones aplicables en el caso de que tal precepto no se respete.

No recuerdo a ningún comunicador social que se haya dado cuenta de que el decreto contiene también sanciones administrativas y unas adiciones al Código Penal Federal.

Pero hay otras omisiones informativas. Algunos conductores de programas radiofónicos han estado preguntando que quién determina la remuneración del Presidente de la República, el cual es el salario máximo en el Estado mexicano. Parece que no se recuerda que es la Cámara de Diputados la que lo fija cada año, junto con muchos otros, desde 1824.

Si la ley de remuneraciones durmió el sueño de la congeladora legislativa fue porque es odiada por quienes tenían el control del termostato, los partidos del PRIAN. Esos no han estado de acuerdo con la regulación de los sueldos de la alta y dorada burocracia que durante décadas ha dispuesto de los recursos públicos para establecer las remuneraciones más altas y las pensiones más ofensivas.

Entre las omisiones informativas se encuentra el carácter ilegal de los pagos a ex directores de la banca del Estado, quienes gozan de pensiones otorgadas por los órganos de gobierno de las instituciones pero en contravención del artículo 127 de la Carta Magna.

Como no existía ley reglamentaria y, por tanto, tampoco sanciones, se podía seguir cobrando pensiones y sobresueldos sin admitir el imperio de la Constitución. Con esa ley, tildada de absurda, ya no será tan sencillo seguir cobrando lo que está prohibido.

Las pensiones de los ex presidentes en realidad nunca estuvieron establecidas en una ley o decreto legislativo, sino que se ubicaban en una partida del presupuesto de la Presidencia para repartir dinero entre aquéllos y sus viudas. Esto ya resulta insostenible a la luz de la nueva legislación.

La prisa de la mayoría de la Cámara de Diputados para expedir la ley de remuneraciones era legítima en tanto que ésta es necesaria para proyectar el presupuesto de 2019. Regresarla al Senado para que dijera Ciudad de México en lugar de Distrito Federal y cosas por el estilo hubiera sido un despropósito.

El insólito acontecimiento de que casi todos los medios de comunicación hubieran compartido la tesis del apresuramiento infundado no es más que expresión de las ganas de presentar a la nueva fuerza gobernante del país como inexperta o acaso voluntarista y necia. ¿Por qué no se criticó mejor la congelación del proyecto y la omisión legislativa que duró nueve años? Eso también se llama omisión informativa.

El primer decreto legislativo de la nueva mayoría parlamentaria ha sido presentado como parte de un escándalo pero sin escudriñar su contenido. Mas como se trata de la primera de una serie de reformas que habrán de venir como expresión de un programa ofrecido en las recientes elecciones, acaso podría pensarse en que la producción legislativa deberá encarar el escándalo por vías de las omisiones informativas.

No ha de ser sencillo para los medios de comunicación ubicarse en la nueva realidad política mexicana. Gran beneficio obtendría la nación si se rescatara del olvido la crónica parlamentaria.

Aversión a la democracia

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La consulta popular constitucional sólo se puede realizar el día de elecciones (art. 35. VIII. 5º). El Congreso la convoca a solicitud del presidente (en funciones) o de una parte del mismo; la Suprema Corte decide su legitimidad; el INE las organiza. También puede activar el procedimiento el dos por ciento de la ciudadanía.

Tan sólo por la fecha de su realización era imposible convocar a una consulta constitucional sobre la construcción en Texcoco de un nuevo aeropuerto, cinco cuadras adelante del que ahora funciona y cuya Terminal 2 aún no se ha pagado por completo.

Los adversarios de López Obrador no quisieron entender que con la convocatoria a la consulta sobre el proyecto de aeropuerto en Texcoco se estaba usando un método propio de la oposición en un país sin consultas legales. El presidente electo y la nueva mayoría en el Congreso siguen en la oposición y ahí seguirán hasta el 1 de diciembre, cuando lleguen a ser la fuerza gobernante del país.

Para hacer una consulta constitucional, AMLO, ya como presidente, hubiera tenido que esperar dos años y medio. Esto lo saben los furibundos críticos de la consulta, pero fingen ignorancia del texto constitucional.

Más allá del aeropuerto como proyecto “fabuloso” e igual negocio, el problema político medular es el método para tomar decisiones sobre asuntos controvertidos y de trascendencia. Quienes llenaron de denuestos la consulta, en realidad tienen aversión hacia todas ellas, hacia los nuevos vientos de la democracia.

Hay países en donde el pueblo ya vota casi todas las leyes importantes. En Suiza también se sufraga a veces en materia fiscal.

Las derechas mexicanas postulan que la consulta ciudadana, como método, es indeseable porque el sistema de democracia formalista, puramente representativa, se podría venir abajo con la aplicación de métodos plebiscitarios.

Sin embargo, muchos derechistas saben que los sistemas que admiten la democracia directa no cancelan las elecciones periódicas, pero fingen ignorancia. Las consultas directas y los comicios coexisten.

El problema para esas derechas es que el sistema del formalismo representativo ya no sería el único y que la ciudadanía tendría derecho a tomar decisiones. Este derecho es el que molesta. Tales liberales derechistas viven en el siglo XIX.

El único argumento a favor de la construcción del puerto aéreo en Texcoco era la cuantía de las inversiones físicas ya realizadas, cuyo valor, sin embargo, es menor al valor que tiene el aeropuerto Benito Juárez que quería cerrarse para siempre jamás.

El gran problema era que la decisión de levantar el fabuloso aeropuerto de Texcoco fue tomada sin consultar a nadie pero, además, era económicamente lesiva para el país y técnicamente perjudicial. Cerrar dos aeropuertos (Benito Juárez y Santa Lucía) para poder construir uno nuevo carece de sentido práctico. Estambul acaba de inaugurar un aeropuerto nuevo y tendrá ahora dos, como corresponde a toda megalópolis, en algunas de las cuales se cuentan hasta cinco.

Además de la polémica sobre la validez de la consulta popular como método de gobernar, se ha abierto otra discusión. ¿Qué país somos y cuál queremos ser? ¿Podemos tener un México de obras fabulosas o, en lugar de éstas, necesitamos una infraestructura productiva que se levante en todas las regiones del país?

Más en concreto, ¿queremos una creciente centralización de las conexiones aéreas o debemos promover interconexiones múltiples en las diversas regiones? ¿Necesitamos un “fabuloso” aeropuerto en una sola ciudad para promover inversiones productivas o requerimos una extensa infraestructura de trasporte terrestre, marítimo y aéreo para comunicar a México consigo mismo y con el resto del mundo?

El proyecto de aeropuerto en Texcoco es una muestra de las extraviadas políticas económicas de los neoliberales, muy dados a realizar actos de relumbrón que no sirven para promover crecimiento y redistribución del ingreso.

Peña Nieto inició cuantiosos desembolsos para un fabuloso aeropuerto cuando tenía muchas obras inconclusas abandonadas, entre ellas hospitales. Hay también aquí asuntos de moralidad en el ejercicio de funciones públicas.

El debate sobre el lío del proyectado aeropuerto de Texcoco y el cierre del actual, junto con el de Santa Lucía, nos arroja enseñanzas adicionales en materia de democracia y gestión pública: no al verticalismo ni al uso del poder para fomentar fabulosos negocios privados. Hay que buscar caminos diferentes.

Migrantes, fantasmas de la administración Trump

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La caravana de migrantes procedente de Honduras es denunciada por la administración de Donald Trump, aunque parezca increíble, como una conspiración promovida por los líderes del Partido Demócrata, el magnate George Soros, el Estado Islámico (EI), Nicolás Maduro, entre otras potencias.

Además, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha declarado que la caravana ha “violado la soberanía de México, sus leyes y sus procesos migratorios”, lo cual, dijo, en Estados Unidos el presidente Donald Trump no permitirá que suceda.

Según las autoridades de Estados Unidos, el problema es de México, por lo que ellas mismas “confían” en que los “líderes” mexicanos “sepan cuáles son los mejores pasos para resolver esta situación… mediante una acción oportuna”. Esto lo dijo Mike Pompeo luego de conversar con Luis Videgaray.

En la víspera de unas elecciones que podrían ser cruciales para Trump, la Casa Blanca asume una posición actualizada de defensa nacional frente a sus “enemigos”. El comunismo ya no es amenaza, ahora la es un mundo que, se dice, lo asedia y quiere seguir sacando provecho a sus costillas, aprovechándose de su bonhomía.

Unos 300 mil migrantes atraviesan México cada año rumbo al coloso del norte. Una caravana, sin embargo, pone en peligro la soberanía de Estados Unidos, luego de violar la de México. Esta es la versión de los gobernantes estadunidenses.

Esos miles de migrantes hondureños vienen en caravana para contrarrestar el peligro que es para ellos atravesar México, a merced de bandas de delincuentes organizados que los acosan, secuestran, extorsionan, agreden y asesinan. Pero no amenazan la soberanía de ningún país, entendiendo por ésta la capacidad efectiva de tomar decisiones propias. El derecho al refugio está vigente en las leyes internacionales.

Dicen los voceros de la Casa Blanca que dentro de los migrantes de la caravana vienen “árabes”, aunque el presidente de Estados Unidos admite que no se puede demostrar tal afirmación, lo cual, agrega, no quiere decir que “no sea así”. Esto está sacado de una película de Groucho Marx, algo de la mejor comedia cómica estadunidense.

El agonizante gobierno mexicano se propuso contener la caravana imponiendo la condición de registros individuales previos. Si el gobierno de México iba a admitir de cualquier forma a los migrantes de esa caravana, ¿para que cerró el puente?, ¿por qué no programó la recepción de los hondureños dentro del territorio nacional y no en la frontera? Hubo que actuar con estupidez para crear el espectáculo de miles de personas aglomeradas desesperadamente sobre un puente, con tal de enviar a Washington el deplorable mensaje de que el gobierno mexicano se estaba resistiendo, tal como lo demandaba el señor Trump.

Con esas órdenes demenciales, Peña Nieto propició aquel señalamiento de Mike Pompeo en el sentido de que la soberanía mexicana había sido violada.

No existe crisis de migración en la frontera entre México y Estados Unidos. Se ha venido reduciendo desde hace tiempo el número de mexicanos que buscan pasar al norte sin visa. Cada año son más los expatriados voluntarios que los deportados en el mismo lapso.

En cuanto a los migrantes centroamericanos, ellos seguirán atravesando México sin que eso ponga en peligro a ninguno de los dos países.

Pero, aunque no haya crisis, a Trump le conviene hacer creer que existe: “esta es la elección de la caravana”, ha dicho en referencia los próximos comicios en Estados Unidos. De la composición de la Cámara de Representantes depende el proyecto de concluir el muro fronterizo, pero, antes que nada, el mantener la mayoría republicana.

Al revisar la política norteamericana en relación con el resto del mundo, Donald Trump ha ubicado en el centro, junto a su balanza comercial, a las migraciones y a la consecuente delincuencia infiltrada, incluyendo a terroristas. El presidente, sin embargo, en lugar de buscar soluciones, responde con una actitud de confrontación. Al hacer esto, soslaya que el déficit comercial no le es adverso, en general, a la economía estadunidense, al tiempo que ésta requiere migrantes. Primero, porque no es posible sustituir masiva y rápidamente casi toda clase de importaciones. Segundo, porque ya se está cerca del “pleno empleo”. En términos de agregados económicos, ¿qué van a comprar?; ¿quién va a trabajar?

Si Trump tuviera éxito en su política de llevar a Estados Unidos a ser “grandioso otra vez”, sólo crearía nuevos y mayores problemas. Lo que por ahora está en el fondo es que tal política no despega, pero, en cambio, sí se están creando puros conflictos.

México no debe caer en ese perverso juego.

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El problema no es la consulta sino Texcoco

Pablo Gómez

 

Es falsa la propaganda de que la consulta sobre el proyecto del aeropuerto en Texcoco es un problema creado por su convocante, Andrés Manuel López Obrador. El problema real consiste en la decisión de cambiar de aeropuerto, lo que, de llevarse a cabo, impondría al país un costo de más de 300 mil millones y muchos otros estragos.

Enrique Peña Nieto nunca consultó a la ciudadanía sobre tema alguno. Todo su legado fue impuesto, incluso las inicuas deudas como las del proyecto de Texcoco.

Es también falso que la consulta convocada por AMLO sea ilegal. El que no sea alguna de las que habla la Constitución (las cuales sólo se pueden efectuar el día de elecciones), no quiere decir que sea contraria a la legalidad. La consulta será una un acto de libertad, así del convocante como de quienes concurran voluntariamente.

Según los contratistas y sus amigos del gobierno, dejando al margen a los numerosos corifeos, el proyecto de Texcoco es un asunto exclusivo de los “técnicos”, pero fueron los políticos quienes tomaron la decisión. Al tiempo, se usarán recursos públicos de directo desembolso presupuestal y de empréstitos del Estado con la garantía del cobro de un derecho (TUA) que, como todos, forma parte de la hacienda pública.

Mas el asunto es de mucha mayor importancia. Mientras que Peña Nieto decidió emprender una obra transexenal de grandes dimensiones, la nueva fuerza gobernante del país, la cual se formalizará el 1º de diciembre, no ha simpatizado en absoluto con el proyecto de Texcoco, pero tendría que financiarlo a costa de otras infraestructuras.

Los promotores del aeropuerto de Texcoco como aeródromo único de la ciudad, es decir, con exclusión del Benito Juárez y, de paso, de la base aérea de Santa Lucía, no consultaron más que a algunos expertos y a los posibles contratistas. Es comprensible que hubiera unanimidad. Esa es la clase de consultas a las que está acostumbrado el viejo grupo hegemónico.

A ese problema original se le agrega un segundo que consiste en que ya se gastaron varios miles de millones de pesos en el último año, a toda prisa, para que fuera más difícil una marcha atrás. De cualquier manera, ese aeropuerto no sería inaugurado antes de cinco o seis años.

El único argumento a favor del aeropuerto de Texcoco es el dinero ya invertido.

Otro problema sería el cierre del actual aeropuerto Benito Juárez a partir del mismo día de la inauguración del de Texcoco. Al respecto no hay proyectos y mucho menos fondos públicos de inversión. En el agonizante gobierno de Peña no han pensado en las gigantescas inversiones que se requerirían para darle un uso distinto, el que fuera, a una enorme terminal aérea.

Si al nuevo gobierno le corresponde ahora tomar la decisión, así como también a la Cámara de Diputados en el momento de la aprobación del presupuesto de 2019, algo en el terreno político tendría que hacerse. La consulta no será de una amplia cobertura debido a la precariedad de los recursos disponibles, pero basta con que lo sea para indicar una tendencia en la opinión popular.

En cualquier escenario, en la consulta no radica problema alguno.

1968: mentiras persistentes

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No es tema menor la versión de que durante el movimiento estudiantil de 1968 operaron grupos con “ocultas intenciones” como dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue, en la sesión solemne de la Cámara de Diputados el pasado 2 de octubre.

Con esa versión se ha buscado erosionar la legitimidad del movimiento. La especie de que aquella lucha, como otras, fue manipulada desde las oscuridades siempre ha tenido como propósito la descalificación proveniente de las fuerzas, y partidos conservadores.

Esa acusación contra el movimiento del ´68 se produjo desde los inicios de éste. El que tantos jóvenes enarbolaran un programa de libertades democráticas sin una sola demanda puramente estudiantil era repudiable en las filas del despotismo oficial y otros alineamientos reaccionarios. En ese contexto represivo, sólo fuerzas oscuras o desde la oscuridad tendrían que estar promoviendo la movilización.

El rector Enrique Graue se equivoca también al señalar que el gobierno de entonces “creía ver en las genuinas manifestaciones estudiantiles las maquinaciones de una conspiración internacional encaminadas a derrocar al régimen establecido”. Era al revés, el poder no creía ni un ápice de su argumento público sobre una conspiración internacional ni de un fantasioso objetivo de derrocarlo, sino que se encontraba convencido que la calumnia era un medio de propaganda para desprestigiar al movimiento y justificar su propia violencia.

La conspiración comunista internacional, procedente del extranjero, siempre fue la versión del Ministerio Público federal. Sin embargo, el procurador Sánchez Vargas sabía de sobra que todo ese cuento era absolutamente falso, pero lo sostenía como móvil de múltiples delitos dentro de las acusaciones formales en los tribunales.

Enrique Graue profundiza su error al ubicarse en el filo de la justificación de la masacre. Dice: “por lo menos yo quiero imaginar que esa fue la razón principal [creer en la conspiración internacional] por la que el Estado se dedicó en forma sistemática a intentar acallar el movimiento a través de la negación, la represión y la sinrazón”.

Fue en este contexto discursivo que Graue afirmó: “tampoco dudo ni por un momento que intenciones de grupos de poder, o en búsqueda de él, hayan aprovechado o aprovechen circunstancias de conflicto para escalarlas, persiguiendo ocultas y obscuras intenciones. Si ese fue el caso en aquel entonces, no por eso demerita lo genuino, lo espontáneo, el (sic) auténtico del Movimiento Estudiantil de 1968”.

En mi turno, respondí improvisamente al rector en forma un tanto general: “No había poderes ocultos, doctor Graue. Nadie, nadie, nos manipuló, éramos libres, decidíamos nuestras resoluciones, no había nada oculto. ¿Sabe qué había?, un poder unido al mando de los asesinos en Tlatelolco, que era el despotismo presidencial del viejo sistema que aún da, a veces, ciertas señales de existir”.

Entre las versiones descalificadoras que tienden a negar el carácter genuino del movimiento del ´68 también se encuentran, como variante de “fuerzas oscuras”, aquella que consiste en que había injerencia de políticos oficialistas, priistas, que estaban en pugna con otros dentro del proceso de sucesión presidencial. En verdad, no había tal pugna. Todos los grupos priistas estaban absolutamente alineados con Díaz Ordaz, como lo demostraron con su propia obsecuencia, cuando no su complicidad.

Luego de 50 años parece que no sólo nos persigue aquella violencia y la matanza del 2 de octubre sino otros daños, uno de ellos es la mentira, la calumnia. No hay movimiento político mexicano que haya sido más denostado, al grado que no pocos de sus participantes, como Enrique Graue, se han creído dos de las muchas mentiras: que hubo fuerzas que desde posiciones oscuras quisieron aprovecharse del movimiento y que el gobierno creía que aquel expresaba una conspiración comunista internacional para derrocarlo. Mentiras persistentes que no se caen con el simple pasar del tiempo.

1968: legado político de hoy

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El movimiento estudiantil de 1968 enarboló la bandera de las libertades democráticas. Nada más, pero nada menos. Además, fue una lucha de carácter nacional y no sólo en la Ciudad de México.

El régimen del presidencialismo despótico respondió con represión y masacre. Así fue derrotado el movimiento, pero su causa sería cada vez más fuerte y brillante.

Poco a poco, algunas libertades empezaron a ser respetadas o menos atropelladas. Asociación, reunión, manifestación, expresión, prensa, adquirieron paulatinamente carta de naturalización en grandes regiones del país. Diez años después, en 1978, se produjo una reforma política que permitió a nuevas oposiciones estar presentes en la Cámara de Diputados y se les abrió un acceso a la radio y la televisión.

Sin embargo, después de 50 años, las libertades democráticas no se pueden ejercer a plenitud. Existe una agenda pendiente. La escuela mexicana es autoritaria y no forma ciudadanos en la democracia; las universidades, en su mayoría, aún tienen formas verticales de gestión; casi todos los sindicatos son antidemocráticos, lo cual impide su libertad; abundan los contratos colectivos de protección; existen centenares de presos políticos, en su mayoría por conflictos locales lo que no cambia su significado; no se ha creado todavía un fuerte sistema de radio y televisión de Estado verdaderamente plural; parte de la prensa sigue aprisionada en el sistema de la gacetilla política y el chayote; los cacicazgos no son escasos; los fraudes electorales, entre ellos la compra del voto con recursos públicos, siguen siendo un fenómeno mexicano.

No obstante lo extenso de esa agenda pendiente, es preciso atenderla ahora en el marco de la lucha por una nueva democracia participativa. Las libertades democráticas deben ser el marco general para el ejercicio de nuevos derechos: proponer, impugnar, decidir, revocar, refrendar, rechazar.

El formalismo de la democracia, una consulta cada periodo de años, es algo del siglo XIX. Aunque en México fue preciso luchar por el voto libre durante todo el siglo XX, y a pesar de que no se ha conquistado a plenitud, hay que avanzar hacia un sistema mucho más participativo.

El tema es aún más relevante a partir del 1º de julio, cuando una mayoría de votantes fijó un cambio de rumbo político. Tratar de alcanzar a plenitud solamente la democracia formalista sería postergar el núcleo del cambio democrático cuya realización ya es mandato popular. La vieja agenda pendiente debe resolverse dentro de la nueva agenda porque ésta también contiene elementos que corresponden a las últimas cinco décadas.

Se escuchan gritos, sin embargo, que arguyen, por ejemplo, el carácter técnico de toda obra pública, para implorar que jamás debe ser motivo de consulta popular. Las construcciones requieren tecnología, sin duda, pero no son eso. Debe definirse motivo, necesidad, justificación y cobertura de costos. Por ello, toda obra pública es, ante todo, una decisión política. Las controversias sobre la realización de obras, en especial cuando esas son grandes y costosas, pueden ser consultadas a la ciudadanía, tal como si tratara de leyes de trascendencia.

¿Para qué sirve la libertad de crítica si los argumentos que prevalecen en la decisión siempre son, al final, los del gobernante? Para que esa libertad funcione tiene que existir el conducto político para impugnar y decidir: la consulta popular.

En el año de 2014, la Suprema Corte de Justicia le infringió un golpe bajo al naciente sistema de participación popular directa. Bajo consigna del Ejecutivo, ese tribunal, el más alto del país, violó la Constitución mediante su negativa a la solicitada consulta sobre la reforma energética. Esto no debe volver a ocurrir.

La revocación de mandato de los cargos ejecutivos de todo el Estado debe ser un medio nuevo para resolver conflictos políticos que se presentan con frecuencia. El derecho de elegir debe ir acompañado del derecho de revocar mandatos.

Así, todo derecho formal, tradicional, debe acompañarse con otro, su complemento, que otorgue poder funcional a la gente, es decir, que construya una nueva ciudadanía afincada en la democracia.

En el siglo XXI, ese podría ser el legado político del movimiento estudiantil de 1968.