Aeropuerto espectacular

Ha dicho Carlos Slim que a los países les conviene construir aeropuertos espectaculares para que los viajeros se sientan de maravilla al arribar, lleguen más, traigan su dinero y se vayan contentos. En otras palabras, se nos está diciendo que en un país pobre como México lo indicado, como dice un refrán, es gastar el dinero que no se tiene para apantallar a gente que ni se conoce.

El proyecto del espectacular nuevo aeropuerto en Texcoco tiene asignados cuantiosos recursos presupuestales que ya se están ejerciendo. Miles de millones de pesos se destinan a hacer viable la construcción y funcionamiento de la gran obra de la que depende, según Slim, el futuro económico del país entero.

El resto de la operación sería de pago diferido. El problema consiste en que la tarifa de aeropuerto (TUA), más el arrendamiento de espacios comerciales y el derecho de uso de lugares de estacionamiento de los aviones (slots), no alcanzaría para pagar el mantenimiento y la expansión natural del nuevo puerto aéreo, sin poder cubrir, por tanto, el pago de los intereses de la deuda que se quiere contraer, el cual estaría otra vez a cargo de los sufridos contribuyentes. Esa obra no quedaría en menos de 350 mil millones porque cada mes aumenta su presupuesto, lo cual es una muy conocida técnica del contratismo, como ya lo vimos en la sencilla barda perimetral.

En palabras más simples, desde el punto de vista de su rentabilidad, para el Estado mexicano la obra sería un gran fracaso, pero los inversionistas y constructores harían un buen negocio. El bono tiene una tasa mínima de interés del 10% garantizada, mientras que la utilidad de los contratistas no sería menor del 20% del costo.

El error de construir un nuevo aeropuerto muy cerca del viejo nunca se ha cometido. Lo que se acostumbra es hacer nuevas terminales y más pistas. JFK de NY tiene 8 terminales; Heathrow en Londres tiene 5. Con frecuencia se construye un nuevo puerto aéreo en otro lugar para que funcione simultáneamente, como lo hemos visto en Nueva York, Londres, París, Sâo Paulo, Tokio, Moscú y en casi todas las demás grandes ciudades. El viejo aeropuerto neoyorquino de LaGuardia sigue abierto con sus dos pistas y sus tres terminales. Lo mismo podemos decir del ya antiguo Le Bourget de París, ciudad donde existen cuatro aeropuertos.

El argumento de Slim sobre la lejanía de Santa Lucía es incorrecto. Las distancias con el centro de la ciudad no parecen ser diferentes a la que habría en la Ciudad de México con dos aeropuertos: París-Ch. De Gaulle: 23 km; NY-JFK: 25 km; Londres-Hearthrow, 27 km; Moscú-Sheremetyevo, 30 km; CdMx-Santa Lucía: 29 km. Hay aeropuertos más lejanos como Narita en Tokio, con 60 km o Beauvais en París, con 80 km, pero con recorridos de una hora, casi lo mismo que se hace a veces en coche entre Las Lomas y el aeropuerto Benito Juárez.

Si se construyera un nuevo puerto aéreo en Santa Lucía, la distancia entre el nuevo y el viejo (32.7 km) sería mucho menor que la existente entre Newark y JFK en NY que es de 50 km, normalmente pesados, o entre Haneda y Narita en Tokio, de 80 km. Los cinco aeropuertos de Londres están a una distancia de entre 30 y 60 kilómetros del mayor de ellos, Herthrow, el cual recibe al año 75 millones de pasajeros aunque cuenta sólo con dos pistas.

Carlos Slim nos propone que se haga una especie de Paseo de la Reforma sobre ambas pistas del para entonces ex Aeropuerto Benito Juárez. Dice que ahí podrían construirse grandes edificios. De seguro que sería el boulevard más ancho del mundo, pero ¿a dónde llevaría?

El argumento del magnate contrasta con la promesa informal e inexplicada de hacer una zona de conservación ecológica o un parque recreativo. En realidad, el gobierno no se ha tomado la molestia de esbozar siquiera un proyecto, mucho menos su financiamiento. Si se le preguntara a Peña sobre el asunto, probablemente daría evasivas. Creo que ni le importa, a pesar de la reciente y costosa reconstrucción del “hangar presidencial”, el cual ya no serviría ni como salón de baile.

El actual no puede tener otro uso razonable y económico que el de aeropuerto. Los terrenos baldíos se podrían invadir, claro está, para ampliar las zonas de vivienda ya existentes, pero los edificios y las pistas no servirían para otro uso sin realizar inversiones quizá mayores que su valor actual. Muchos países quisieran un aeropuerto como el que hoy funciona en la Ciudad de México y ninguno lo cerraría. El del centro de Berlín fue, como se sabe, una excepción en una ciudad donde había 3 aeropuertos y suficiente dinero para reutilizar uno de ellos, el más viejo y estorboso, lo cual se hizo con éxito.

Como consecuencia de su proyecto, el gobierno también quiere cerrar la base aérea militar de Santa Lucía, que tiene la pista más larga y ancha del país, ya que, por su cercanía, no podría funcionar al mismo tiempo que el aeropuerto de Texcoco.

Lo que se quiere hacer tiene los dos lados de todo dispendio: gastar mucho más de lo necesario y desperdiciar lo que ya se tiene.

Carlos Slim afirma que la zona del nuevo aeropuerto se convertiría en un “polo de desarrollo”. Pero eso es justamente lo que ya no se quiere dentro de la gran ciudad, la cual no debe seguir expandiéndose.

Además, no habría tantos nuevos empleos como se afirma, porque el día en que el aeropuerto cambiara de domicilio dos cuadras adelante, sus actuales trabajadores abandonarían el viejo y se irían todos al nuevo.

El fondo del asunto es que se ha proyectado un aeropuerto espectacular que, para serlo, requiere concentrar todo el creciente tráfico aéreo de la capital del país. De esta forma, una idea de negocios se convierte en una política pública sin sentido práctico y con un alto costo presupuestal irrecuperable.

El planteamiento de que el aeropuerto en Texcoco promovería el bienestar de 5 millones de personas de esa zona es un volado de Slim, pero afirmar que la suspensión del proyecto detendría el desarrollo del país es de plano una inesperada fanfarronada del magnate. A él le ha sucedido lo que a José Antonio Meade, quien, en lugar de infundir miedo con su propaganda, suscita hilaridad.

Carlos Slim parece que pierde memoria. Él ha dicho que no es correcto oponerse cuando ya está todo listo para levantar el espectacular aeropuerto, que es, dijo, un proyecto que lleva seis años. Tiene más, pero desde entonces hemos venido criticando el derroche que se pretende sólo para hacer un negocio prescindible.

Cualquiera puede recordar que López Obrador, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, se opuso al proyecto de Vicente Fox de construir el aeropuerto en Atenco. Ahora, Peña Nieto lo quiere unos metros más cerca, pero es lo mismo. Lo que es diferente es el gran diseño arquitectónico, la fastuosidad del edificio terminal y su potencial de crecimiento: ya se habla, como algo próximo, de 100 millones de pasajeros al año. Eso se llama, en buenos términos, megalomanía.

Carlos Slim ha gozado al país como nadie desde que prácticamente le regalaron TELMEX (nunca se supo a cambio de qué) y a partir de ahí construyó la trasnacional América Móvil. Si él quisiera entrar de lleno en la competencia política tendría que postularse. Pero, como otros, no quiere perder su tiempo en la lucha por el poder sino seguir ejerciéndolo de manera fáctica sin presentar programa ni solicitar el voto. Eso es algo que también debe terminar en este sufrido México.

Democracia directa, ¿”ruta de colisión”?

La afirmación de López Obrador de que es mejor consultar al pueblo (la ciudadanía) para tomar las grandes decisiones, ha sido respondida por Héctor Aguilar Camín, en el diario Milenio (11.04.18), con la tesis de que la democracia directa, defendida por el candidato de Morena, es una “ruta de colisión”.

¿Qué mecanismos o sistemas colisionarían? El escritor nos explica: “la lógica binaria de la voluntad en blanco y negro de la ciudadanía y la voluntad negociada de la lógica representativa, por definición matizada, llena de grises.”

Aguilar Camín parece ignorar que para llegar a una consulta popular es preciso hacer antes un proyecto. Algunas veces se vota en el parlamento y el decreto se refrenda o rechaza en las urnas; otras, se realizan negociaciones políticas promovidas por el Ejecutivo y luego se convoca a plebiscito. En ambos mecanismos hay oportunidad de abrir un debate e incorporar matices buscando la mayoría ciudadana.

En cambio, el sistema meramente representativo nunca ha garantizado la “moderación” de los proyectos del Ejecutivo, quien suele enviar sus iniciativas a un Congreso más o menos presionado por el gobierno. Luego, se tiene el problema de los “grises” mismos, es decir, maniobras, cabildeos, compra de votos, tráfico de influencias, intercambio de favores, todo ello entre legisladores y entre éstos y el secretario del ramo, con frecuencia pertrechados desde el poder del dinero.

En México no se usa el referéndum ni el plebiscito. Cuando se intentó que se pusiera a votación ciudadana la reforma energética del PRIAN, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inventó que no era permisible la consulta popular porque la privatización del petróleo podría conducir a mayores ingresos del Estado y la Carta Magna no permite que ese tema se vote en forma directa. Esta monumental mentira consagró al máximo tribunal del país como un grupo de jueces de consigna, con la excepción del ministro José Ramón Cossío. Como nadie dudaba entonces que una consulta popular sobre el tema de la energía llevaría a la derogación de las reformas, el gobierno usó burdamente a la Corte para negar a la nación el derecho de decidir sobre su legítimo patrimonio. Volvimos a un pasado de ignominia.

Antes de la infame maniobra judicial, ¿dónde habían estado los “grises”, que tanto preocupan a Aguilar Camín, en aquellas negociaciones sobre energía que llevaron a reformar la Constitución? El PRI y el PAN no cedieron nada, entregaron a grandes empresas privadas casi todas las reservas probables, posibles y prospectivas, dejando a Pemex unas migajas, como ya se ha estado viendo.

Dos partidos, funcionando como uno solo, es igual a un sistema de partido único, lo cual no quiere decir que no haya discusión sino que sólo se toman en cuenta las propuestas y los argumentos que coinciden con aquella idea fundamental que se va a convertir en ley. Sí hay “grises”, quizá, como los pide Aguilar Camín, pero no hay colores.

La “política binaria” es lo que tenemos en la democracia representativa. Se tiene la mayoría o no se tiene en un consistorio para imponer una legislación sin consultar a nadie más, sin pensar en lo que la ciudadanía pudiera estar queriendo, buscando, sufriendo.

Aunque la democracia representativa no sea por ahora sustituible del todo, nunca ha sido suficiente. Aún más, los representantes políticos de la ciudadanía suelen ser falsos en cierta medida porque no pueden representar por igual a la totalidad de los electores que les eligieron, mucho menos a quienes componen un distrito o un estado. Por eso existe la representación proporcional, pero ésa no resuelve del todo el problema.

Una idea que se aprecia en el fondo de la “colisión” de Aguilar Camín es que el pueblo no puede legislar porque no sabe. Nadie ha demostrado que los únicos que sí saben sean los legisladores. Aquí el asunto más desagradable radica en que se defiende un monopolio de sabiduría en asuntos del Estado y de la sociedad vista en su conjunto. La ciudadanía en México no vota siquiera sobre la apertura de una calle.

En muchos lugares, la democracia directa se ha venido abriendo paso. Hay países, como Suiza, en los que casi todo es votado por los electores. En Estados Unidos, donde se inventó el sistema representativo y federal que existe en México, la gente decide sobre muchos puntos sin que se informe en la prensa al público mexicano. El sistema de consultas suele ser amplio en la mayoría de los estados del vecino del norte, pero no hemos visto “colisiones”.

Existe un problema de mayor fondo: los derechos son conquistas. No hay prerrogativas otorgadas por divinidades ni tampoco existen derechos naturales. Tomar decisiones sobre asuntos colectivos debería ser un derecho tal como lo es el hacerlo en aspectos individuales. Así como los electores eligen a sus representantes –decisión acotada en un determinado marco jurídico político–, la misma ciudadanía podría legislar por mayoría.

Hay más. Los derechos –postulamos—no deben involucionar. A cada momento de la historia se han de producir cambios progresivos. Hoy tenemos más derechos que antes. Aunque ya existía en la antigüedad en algunos pueblos, es reciente el derecho a tomar parte directa en la legislatura, digamos, a partir de la segunda postguerra. Estaríamos en desacuerdo con un sistema que nos pudiera llevar hacia atrás en materia de derechos, ni siquiera con uno que nos paralizara como estatuas, tal como lo pide Aguilar Camín, aunque fuera sólo por miedo a las “colisiones”.

No siempre y no todos los derechos políticos son considerados como derechos humanos. Mas ahora se postula que la generalidad de los derechos deben convertirse en fundamentales. De lo que se trata es de que, más allá de la asociación, petición, manifestación de ideas, libre comunicación, tránsito, voto, no discriminación, educación, salud y otros que andan por ahí tocando la puerta de los derechos fundamentales, se avance mucho más en ese camino. La consulta popular tiende a convertirse en fundamental. Para su ejercicio, debe haber reglas que no la nieguen como libertad y como derecho, sino la afirmen y la garanticen. En eso estamos.

Por lo pronto, salvo decisión arbitraria y majadera de la Suprema Corte bajo órdenes del Ejecutivo, el artículo 45 de la Constitución que tenemos frente a nuestras narices dice que es derecho ciudadano votar en las consultas populares y que éstas deben realizarse a pedido del 2% de los electores enlistados.

Se diría, en la óptica de Aguilar Camín, que ya es un derecho el ser “binario” con voluntad en “blanco y negro”. Sí, en efecto, pero, como tal derecho, no podría ser disminuido sino sólo ampliado (progresividad), según el artículo 1º de la misma Constitución que, se supone, nos rige.

El tema de la lógica binaria no está en el debate, al menos por el momento. Lo que ocupa el mayor lugar en las discusiones se refiere a los evidentes límites de la democracia representativa y a la consecuente necesidad de la democracia directa. Eso es lo que les decía el candidato López Obrador a los amigos de Aguilar Camín en aquel memorable debate en Milenio TV.

Plan de trabajo legislativo de Pablo Gómez

COALICIÓN

JUNTOS HAREMOS HISTORIA

(MORENA, PT, PES)

 

 

PABLO GÓMEZ

CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL

DISTRITO 23, COYOACÁN

El objetivo central de la lucha electoral de 2018 es alcanzar un cambio que permita construir un nuevo régimen político en el que se erradique la corrupción como sistema estatal, se contrarresten la violencia y la delincuencia, se promueva una nueva distribución del ingreso a favor de los trabajadores de la ciudad y el campo, se abata la pobreza, se construya un sistema que garantice jubilaciones y pensiones dignas y justas, se desarrolle la democracia, se amplíen los derechos ciudadanos, se trabaje a favor de la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres, se respeten las libertades y las identidades, se hagan realidad los derechos de los pueblos indígenas, se apoye a los y las jóvenes y se proteja a los niños y las niñas. En resumen, se construya un Estado democrático y social de derecho.

Es necesario lograr una nueva Presidencia de la República y un nuevo Congreso de la Unión. La candidatura de Andrés Manuel López Obrador es la oportunidad para llevarlo al Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, se va a requerir una mayoría legislativa que abrace el programa de cambios y lo convierta en leyes y decretos.

El presente Plan de Trabajo Legislativo de Pablo Gómez, como candidato a diputado federal por el distrito 23 de Coyoacán, es una síntesis de los cambios que se requiere impulsar desde el Poder Legislativo de la Unión.

 

 

 

I

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

 

  1. El salario debe ser suficiente para el sostenimiento del trabajador y su familia. Por ley, su incremento nunca podrá estar por debajo de la inflación. Además, los salarios mínimos (general y profesionales) deberán recuperar gradualmente su nivel histórico en términos reales.
  2. Ya no habrá topes salariales. Los trabajadores tendrán libertad de luchar por aumentos de salarios. Se respetarán los derechos de libre asociación sindical, contratación colectiva y huelga.
  3. El sistema de retiro volverá a ser solidario de tal manera que los trabajadores, al jubilarse, alcanzarán un ingreso suficiente y digno. El actual sistema de Afores será voluntario. El ingreso de los jubilados y pensionados del nuevo sistema solidario siempre será mayor que la mitad de su último sueldo o salario.
  4. El sistema de pensión alimentaria de adultos mayores será universal y de carácter nacional.
  5. Los estudiantes de bachillerato y de educación superior de las instituciones públicas contarán con salario estudiantil (beca) en todo el país.
  6. Los campesinos gozarán de coberturas de precios mínimos de sus productos, garantizados por el gobierno federal.
  7. Se perseguirá toda especulación, acaparamiento y fijación de precios de monopolio de bienes y servicios de consumo popular.
  8. No se autorizarán en la Ley de Ingresos y en las leyes fiscales “gasolinazos” ni súbitos incrementos al gas doméstico.

 

II

Derechos

 

  1. Los ciudadanos tendrán el derecho de votar las leyes más trascendentes e impugnar las decisiones de los gobernantes, a través de consultas populares: referéndum y plebiscito.
  2. La ciudadanía tendrá derecho de revocar el mandato de sus gobernantes.
  3. Los ciudadanos podrán objetar directamente ante tribunales, mediante suscripción popular, la inconstitucionalidad de leyes, decretos y órdenes, así como omisiones de los gobernantes.
  4. Se eliminará el llamado fuero, de tal manera que todo servidor público que hubiera sido elegido, fuera integrante de un gobierno o tuviera función judicial, también podrá ser procesado penalmente, sin que lo impida su condición, incluso el Presidente de la República.
  5. La libertad y la democracia sindicales serán una realidad. Los contratos de protección y los falsos sindicatos que los detentan serán proscritos, y sus titulares serán sancionados. La autoridad tendrá obligación de combatir la corrupción sindical y toda injerencia patronal o de los gobernantes en los asuntos internos de las organizaciones de los trabajadores. Los miembros de los sindicatos tendrán derecho de elegir a sus dirigentes de manera directa y aprobar los contratos colectivos que se hubieren de firmar con los patronos. La reforma constitucional en materia de autoridades laborales será aplicada y se reformará la Ley Federal del Trabajo para garantizar los derechos de los trabajadores.
  6. Será efectivamente perseguida cualquier forma de discriminación por motivos de clase, edad, discapacidad, profesión u oficio, origen étnico o nacional, aspecto personal, religión, sexo, preferencia sexual, orientación o identidad de género, estado civil u opiniones.
  7. Será obligación de toda autoridad administrativa priorizar el combate a la violencia contra las mujeres.
  8. Se definirá con total claridad en la legislación para todo el país el respeto a la decisión de cualquiera a contraer matrimonio con persona del mismo sexo. Se consolidará en las leyes los derechos sociales de los cónyuges o concubinos de parejas del mismo sexo.
  9. La procuración e impartición de justicia se orientará con base en la perspectiva de género.
  10. El Código Penal Federal dejará de considerar como un delito la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, en el marco del respeto al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

 

 

III

Ingresos, presupuesto federal y control del gasto

 

  1. Se eliminarán los subsidios fiscales dirigidos a los sectores más favorecidos de la sociedad. Sólo el Congreso podrá aprobar los llamados estímulos fiscales que, en ningún caso, podrán ser exenciones de impuestos, los cuales están prohibidos por la Constitución.
  2. No se concederán amnistías fiscales, abiertas o simuladas, a los causantes que poseen grandes fortunas dentro y fuera del país. Se eliminará la capacidad discrecional que tiene la autoridad para condonar contribuciones y recargos, para lo cual se creará un organismo de contraloría fiscal apegado a la ley y a la honradez.
  3. Se elevará la recaudación fiscal mediante un efectivo control del funcionamiento del Sistema de Administración Tributaria.
  4. Se reducirá la tasa impositiva sobre la renta de los causantes de ingresos medios para alejarla de la que deben pagar los más ricos.
  5. En el primer año de la legislatura, se duplicará el gasto social dirigido al combate a la pobreza.
  6. Las partidas de los ramos de educación, cultura e investigación y desarrollo se elevarán cada año en términos reales y nunca podrán recortarse durante el ejercicio.
  7. Se reducirán los gastos de operación de la administración pública y de los organismos autónomos. Se bajarán los más altos sueldos, incluyendo el que percibe el Presidente de la República. La Federación dejará de cubrir los gastos personales de alimentación y transporte de los mandos medios y superiores. La Federación dejará de hacer donativos decididos discrecionalmente por los funcionarios.
  8. Se expedirá la ley sobre sueldos de servidores públicos, reglamentaria del artículo 127 de la Constitución, para regular las percepciones de los servidores públicos, eliminar los bonos y demás prebendas en efectivo y en especie, así como cancelar las pensiones ilegales de ex altos funcionarios, incluyendo las de los ex presidentes de la República.
  9. Se formulará un programa sexenal de elevación, en términos reales, de los sueldos bajos y medios de servidores públicos.
  10. No habrá propaganda personalizada de servidores públicos, gacetillas pagadas, anuncios disfrazados de noticias, esquelas ni promociones personales de cualquier tipo. Los servidores públicos que cometan faltas y delitos serán efectivamente perseguidos y sancionados.
  11. Los gastos en propaganda de las dependencias y organismos públicos serán recortados para dejarlos en lo mínimo indispensable.
  12. Se incrementará la inversión pública federal, con énfasis en la infraestructura productiva y el sector energético.
  13. Se expedirá una nueva legislación para recuperar las industrias petrolera y eléctrica bajo dominio de la nación. Se formarán comisiones de investigación en el Congreso para esclarecer la corrupción en Pemex y la CFE.
  14. Se incrementarán los fondos federales para la infraestructura urbana y el transporte eléctrico.
  15. Se asignará todo el presupuesto federal a través de las correspondientes partidas, eliminando así los gastos discrecionales del Presidente de la República, en especial, el ramo 23, resumidero actual de fondos de la corrupción pública. Los ingresos no previstos y los extraordinarios tendrán un destino referencial preciso y un mecanismo exacto de autorización.
  16. Se expedirán reformas de la ley de deuda pública para implantar nuevas formas de financiamiento del gasto con menor dependencia de los mercados abiertos. Se elaborará, asimismo, un programa obligatorio de disminución relativa de la deuda pública.
  17. Se elevarán las funciones de la Auditoría Superior de la Federación para vigilar el ejercicio del gasto público, los ingresos y la deuda.
  18. La Secretaría de la Función Pública será una verdadera contraloría de la Federación sobre el gasto, los contratos y las compras, el pago de adeudos y la eficiencia recaudatoria, así como la organización y el debido desempeño de las entidades de la administración pública. Todo ello, bajo disposiciones más amplias de transparencia.

 

IV

Reformas al Congreso de la Unión

 

  1. El Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senado) estará abierto todo el año, con breves periodos vacacionales, dentro de los cuales también podrá ser convocado en caso de urgencia.
  2. El Presidente de la República concurrirá cada año a un debate en el Congreso, luego del envío de su informe.
  3. Los grupos parlamentarios podrán presentar preguntas al gobierno en todo momento, así como citar a servidores públicos para que éstos expliquen cualquier asunto. Se establecerá una sesión semanal de control sobre el gobierno en las cámaras del Congreso.
  4. Existirá grupo mixto con los legisladores independientes o que no alcancen a conformar un grupo propio.
  5. Ningún legislador o legisladora podrá cobrar dieta correspondiente a los días en que faltare injustificadamente a sus labores completas, incluyendo las reuniones de comisiones. No habrá sobresueldos o sobredietas en el Congreso.
  6. Las comisiones ordinarias contarán con sus pertinentes subcomisiones, e informarán periódicamente a la ciudadanía sobre sus actividades legislativas y de control. Sus sesiones serán públicas con una regularidad fija.
  7. Las comisiones de investigación de las cámaras del Congreso podrán formarse para cualquier tema de interés público, por solicitud de una quinta parte de sus respectivos integrantes, con plenas facultades de investigación, semejantes a las del Ministerio Público.
  8. La ciudadanía podrá presentar proposiciones (no sólo iniciativas de ley) a través de asociaciones o a título personal, las cuales deberán ser turnadas a los legisladores según la comisión o comisiones a las que corresponda.
  9. Las entidades paraestatales, organismos y fideicomisos públicos sólo podrán ser creados por decreto del Congreso.
  10. Se restablecerá el juicio político por denuncia popular, como forma de control de la ciudadanía y del Congreso sobre los gobernantes, con el fin de destituirlos e inhabilitarlos por violar las leyes y atentar contra los intereses públicos.

 

Gobierno de coalición es una farsa

Los partidos buscan el poder, por lo cual ninguno tiene como fin programático hacer un gobierno de coalición. Tampoco se considera que es mejor, de por sí, gobernar con otros. Las coaliciones son provocadas por la situación, dentro de perspectivas halagüeñas y justificadas, mas con frecuencia resultan de las políticas de alianzas de sus pactantes. Muchos electores, por su lado, tienden a preferir un partido o un frente de partidos con acuerdo congruente y duradero.

Entonces, ¿qué se pretende con la oferta de gobierno de coalición presentada por el PAN? Veamos cómo es que se trata de una farsa, ideada con el peregrino propósito de atraer apoyos de personas desinformadas o distraídas, pero, sobre todo, para dar cobertura argumental a una alianza electoral con el PRD.

Se postula la necesidad de un gobierno de coalición con el anhelo, se dice, de que no dirija un solo partido y, para ello, se crea un frente electoral para unir izquierda y derecha sin tener que dar explicaciones. Así, se presenta como finalidad de la unidad a la unidad misma.

Para dar forma al tal gobierno de coalición se ha ideado una figura inexistente en la Constitución, bajo el nombre de Jefe de Gabinete, el cual sería, se dice, una persona perteneciente a un partido diferente al del Presidente de la República. Para ese desempeño se ha designado a Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, éste no es miembro de “otro partido”, sino que carece de militancia, aunque sí es candidato de uno de ellos, el PAN, justamente al que pertenece Ricardo Anaya. No es cierto, por tanto, que el tal Jefe de Gabinete sería el contrapeso partidista del Presidente de la República. Cierto es que pocos se creen la idea de un próximo gobierno de varios partidos, mucho menos Mancera, quien ya es candidato a senador en lugar de serlo a jefe de gabinete para lo que Anaya le ha designado.

Lo peor del esquema es que, además de que no habría Jefe, tampoco Gabinete. En la reforma constitucional (art. 89-XVII) para introducir la figura de “gobierno de coalición”, el PRI y el PAN olvidaron crear el Consejo de los secretarios de Estado, es decir, el Gabinete, de tal manera que la única diferencia es que el Senado tendría que aprobar el convenio y el programa de la coalición, si a caso se lo solicitara el Presidente de la República. No hay más.

En realidad, las sucesivas reformas políticas desafortunadamente no han introducido modificaciones orgánicas al Poder Ejecutivo.

Si el PAN llegara a la Presidencia, habría, con suerte, una ridícula “coalición” bajo el mando personal de Ricardo Anaya. Se trata de un falso bipartidismo en el gobierno, como lo ha sido en todos los estados donde PAN y PRD se han aliado y han obtenido el triunfo dizque para gobernar juntos, según ofrecía el mismo Anaya cuando era presidente de Acción Nacional.

El PAN y el PRD están aliados por el momento, pero con propósitos diferentes. Acción Nacional, por su lado, busca la Presidencia de la República con todo el peso institucional del cargo, al igual que como ya ha logrado recientemente varias gubernaturas. En cambio, el PRD sólo busca algunos puestos convenidos con la derecha y, ante todo, impedir que la izquierda alcance el Poder Ejecutivo.

La historia conoce convergencias de izquierdas, por un lado, y de derechas, por otro. Como proyectos exitosos en América Latina, recordamos la Unidad Popular de Chile y el Frente Amplio de Uruguay, entre otros. Podríamos decir que esas eran alianzas serias. Hemos visto frentes neoliberales, como en Chile, Brasil y Argentina. Pero, luego, presenciamos en Brasil una catastrófica alianza entre izquierda y dizque centristas, en realidad neoliberales hipócritas pero muy “modernos” (PMDB), la cual desembocó en el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff.

Lo que no habíamos visto es un frente electoral entre la derecha tradicional, rancia y también neoliberal, y un partido de izquierda con programa anti neoliberal. Se entiende que el PAN lo ha pactado por el papel de liderazgo que desempeña, mientras el PRD lo ha admitido por su conversión en un organismo para el mercadeo político, en el cual ya no hay otros objetivos que los meramente comerciales. Lo que tenemos aquí es una compra-venta de servicios, sin fecha de caducidad pactada, por lo cual se puede romper en el momento en que el negocio vaya mal. De la izquierda perredista no está quedando nada, por no decir que ya se extinguió.

Se entiende así que es una farsa el planteamiento panista de gobierno de coalición.

El examen de admisión sí es una mentira

De lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en el debate de Milenio TV se han derivado, por lo visto, varios temas. Uno de ellos es el de la educación superior. Guillermo Sheridan reacciona a lo dicho por el candidato de Morena con ironías y muchas oscuridades en su columna de El Universal del pasado martes.

Una verdad sabida es que el examen de admisión, como dijo AMLO, es una mentira, pues si todos los aspirantes obtuvieran calificación de diez, de cualquier forma no podrían ingresar porque no hay lugares suficientes. No se trata de un examen de conocimientos sino de un filtro, pues no existe calificación aprobatoria. Así ha sido desde que fue diseñado en tiempos de Ignacio Chávez, quien decía a los cuatro vientos que a la Universidad deberían ingresar sólo los mejores en el sentido de pocos y bien seleccionados.

Guillermo Sheridan rechaza la “utopía” de López Obrador en el sentido de que todos los aspirantes deben ingresar al ciclo superior. Sería como ha sido hasta ahora en Francia, desde tiempos de Napoleón: quien aprueba el examen de grado del Liceo puede ingresar en la universidad. Ahora, Emmanuel Macron, nuevo presidente neoliberal, quiere cambiar ese precepto bicentenario para que las universidades decidan a cuales aspirantes admiten y a quienes rechazan según otros parámetros, ya no igualitarios, entre ellos una pretendida reducción de la matrícula. De por sí, el filtro económico es contundente, pero siempre se busca poner otros.

Eso es lo que reivindica Sheridan. Pero en México en eso hemos vivido durante muchas décadas y, por ello, sufrimos desde entonces un desastre educativo.

Al final, Sheridan se queda en sus burlas y chistes de mala factura, pero no aporta absolutamente nada para entender uno de los más graves problemas nacionales.

Hace unos 30 años, Corea del Sur y México tenían en las aulas superiores al 25% de sus respectivas juventudes. Hoy, el país asiático tiene el 65% y el nuestro se ubica en el 28%. Esto es así a pesar de los rasgos francamente clasistas y autoritarios de la educación coreana, pero la pregunta es ¿por qué se estancó México? La respuesta es sencilla: la política educativa es nefasta.

Sheridan acusa a AMLO de querer dar órdenes a las universidades autónomas para que modifiquen sus métodos de ingreso. Pero, al respecto, las instituciones educativas carecen de política como no sea la de admitir a todos los que quepan en las aulas sin que haya calificación de ingreso sino sólo cupo. En Corea, a pesar de la brutal y enfermiza competencia existente, la calificación mínima aprobatoria es 250 sobre 400, es decir, 62.50 puntos en una escala de 100. Si en México ese fuera el mínimo de ingreso no habría bancas disponibles en las aulas. Para que un estudiante del bachillerato de la UNAM tenga pase automático dentro de su propia universidad requiere 7 de promedio en todo el ciclo.

Lo que está proponiendo AMLO es lo que se ha estado planteando durante más de 50 años, de lo cual, por lo visto, Sheridan no se ha enterado todavía. Aumentar el cupo en la educación superior para incorporar a todos los jóvenes aspirantes y elevar la proporción de ellos sobre el total de personas en edad de acceder a esos estudios. Estados Unidos y Europa están en el 75%, alto; América Latina se encuentra en el 44%, medio; México, casi en la cola mundial con su 28%.

Luego llegamos pronto a dos problemas. Uno de ellos es el presupuestal, que AMLO plantea primordialmente. El otro, que tendrán que resolver directamente las instituciones, autónomas y no, consiste en preparar a los profesores y organizar la docencia.

Esa es la utopía, según Sheridan. Pero, según el programa educativo histórico de todas las izquierdas mexicanas, sencillamente es poner fin al desastre educativo mexicano.

Hace más de 40 años, Pablo González Casanova y Manuel Pérez Rocha, uno, rector, el otro, fundador coordinador del CCH, decían una verdad de a kilo: no hay contradicción entre el tamaño y la calidad de la educación.

Una revolución educativa puede estar por empezar si se defiende con firmeza el planteamiento de que la educación es un derecho de todos los niños, niñas y jóvenes, que el Estado debe garantizar.

Los reaccionarios como Guillermo Sheridan deben pasar a la oposición y, desde ahí, seguir luchando contra la educación popular. Ese sería su derecho y su misión. Pero, mientras tanto, la realidad social de México estaría cambiando para mejorar.

Democracia defenestrada

Siete periodistas polemizaron el miércoles pasado con Andrés Manuel López Obrador en Milenio Tv. Lo más destacado no fue que el candidato haya sido acusado de creerse infalible y cosas por el estilo, lo cual es cantaleta de varios de esos profesionales del periodismo. Hubo también oportunidad de tocar el tema de la democracia.

Varios expresaron sus miedos a una posible presidencia (de AMLO) de carácter autoritario y de espaldas al Congreso. La acusación fue difusa pero luego adquirió concreción en el tema de la consulta popular propuesta como método político por Andrés Manuel.

Carlos Marín sacó a relucir uno de sus recurrentes argumentos: las “equivocaciones de los pueblos”, tal como la “pavorosa” elección alemana que llevó a Hitler al poder, sin decir, claro, que los nazis no habían alcanzado entonces la mayoría absoluta pero pudieron formar gobierno ante la absurda división de los demás partidos. AMLO afirmó que los ciudadanos se equivocan menos que los políticos. El pueblo, dijo, tiene un instinto certero, es sabio. “Yo discrepo de ti en esto”, le respondió el candidato al director de Milenio con cierto comedimiento, y agregó: “en democracia es el pueblo el que manda, el que decide”.

Como es entendible, el columnista y director salió en defensa de esa institución tan despreciada por él mismo, el parlamento. “Hay una representación en el Congreso”, insistió para ladearse claramente a favor del método de las decisiones indirectas. “Son dos tipos de democracia”, agregó, como si fuera un paciente profesor, el tres veces candidato a presidente de la República: “una, representativa, que es la del Congreso”; y “existe también (debe existir, se corrigió) la participativa”. Para aclarar mejor su argumento, AMLO agregó: “no es que la democracia termina y se agota en una elección constitucional”.

Como no era lugar para repetir las conocidas groserías e insultos que suele escribir el director de Milenio en sus consuetudinarias columnas, tuvo que entrar al quite Jesús Silva-Herzog, un poco más instruido, para argumentar a favor del método de tomar las decisiones en el Congreso: “la consulta popular tiene un mecanismo que es una disyuntiva entre sí y no”; el Congreso es un espacio donde podemos decir sí a esto, no a esto otro; la consulta es una manera de plantear la política binaria”. López Obrador le respondió que lo mejor es el debate y la información para que se manifiesten quienes están a favor y están en contra, lo que “no ha existido en el país”.

Ya antes, Andrés Manuel había aclarado que son tres momentos para los grandes temas: informar y debatir; consulta ciudadana; y modificación de leyes en el Congreso.

Silva-Herzog fue al contraataque, aunque ya menguado: “sí hay –dijo– una diferencia muy importante entre plantear una reforma constitucional en el Congreso, donde está la representación de la diversidad, y plantear el cambio, echar para atrás reformas estructurales a través de una consulta popular directa”. ¿Fuera del Congreso no hay diversidad? ¿Lo que se hizo en el Congreso no se puede deshacer en el referéndum popular? Este suele ser un el método democrático para corregir al parlamento en las llamadas “democracias avanzadas”. ¿Ni a ese nivel podemos llegar?

Mientras sus interlocutores cuestionaban la democracia participativa y, en especial, las consultas populares, quizá López Obrador estaba recordando que la reforma energética fue impugnada, se colmó el requisito de firmas que exige la Constitución y se demostró la trascendencia del decreto legislativo cuya derogación se pretendía. Sin embargo, la Suprema Corte le salió al país con la increíble versión de que no puede haber consulta popular cuando su posible resultado genere un gasto al Estado. Eso no dice la Carta Magna, la cual sólo se refiere a temas de presupuesto, leyes fiscales y financiamiento como lo que no se debe votar por parte de la ciudadanía directamente. La mayoría de los ministros y ministras, con la sola excepción de Cossío, se hincaron frente al poder presidencial y cancelaron un derecho del pueblo a pesar de que ya se encuentra en la Constitución. Así opera el sistema.

Quizá también López Obrador y algunos de quienes escuchaban la entrevista (¿comparecencia?) estaban pensando que la ausencia de un Estado de derecho es precisamente una de las perversiones antidemocráticas que es preciso combatir, pero no sólo desde abajo sino también desde arriba, desde la Presidencia de la República y el Congreso, para tratar de abrir otros caminos.

Al final, esos periodistas conservadores, enemigos de las consultas populares, acusaron a AMLO de conservador. Así es México, por el momento.

No habrá ley de propaganda

 

Como se sabe, la Suprema Corte le ha dado al Congreso un plazo que vence el próximo 30 de abril para expedir la ley de propaganda institucional. El Poder Legislativo tenía originalmente un plazo de 30 días a partir del 14 de noviembre de 2007, cuando entró en vigencia la reforma constitucional. Se ha demorado más de diez años.

Es evidente que los gobernantes y los grandes medios de comunicación del país han presionado para que no exista esa legislación porque podría afectar el mercado publicitario entre los que pagan con dinero del erario y los que venden tiempos y espacios.

Ante la intervención de la Suprema Corte, Enrique Peña Nieto ha decidido enviar a la Cámara de Diputados un proyecto, presentado como iniciativa del PRI y elaborado en la Secretaría de Gobernación. Pero –agárrese lector— la nueva ley entraría en vigor el 1º de enero de 2019. Se le quiere jugar el dedo en la boca a la mismísima Suprema Corte de Justicia mediante una nueva demora hasta el próximo año.

Mas no creamos que esto es lo peor. El contenido del proyecto de Peña Nieto no es para reglamentar el artículo 134 de la Constitución, en sus párrafos 7º y 8º, sino que, no obstante que la Constitución dice que con recursos públicos no se debe influir en “la equidad de la competencia entre los partidos”, el flamante proyecto presidencial le cambia y señala que tal competencia se limita a las campañas electorales, en las que, por lo demás, está prohibida la propaganda oficial. De esa forma, durante el tiempo restante, el gobierno podría influir en la lucha entre los partidos, la cual es permanente, según la Constitución y la llamada teoría política de la democracia.

El proyecto oficial de nueva ley, denominada de “comunicación social”, sólo es un compendio de reglas ya existentes, tanto a nivel de leyes como de reglamentos y del Presupuesto de Egresos. Se pretende dejar las cosas como están.

Ni siquiera se prohíbe lo subrayadamente prohibido en la Carta Magna: la gacetilla personalizada de servidores públicos, publicada subrepticiamente en forma de noticia pagada con recursos públicos. Decía Miguel Ángel Osorio Chong que él no podía hacer nada contra eso. Así fue. Mas, por lo visto, el nuevo secretario de Gobernación no sólo es incapaz de combatir la gacetilla sino que busca legalizarla por la vía de la omisión: el gobierno de Peña se “supera” a sí mismo.

En ese proyecto, las sanciones resultan ser una tomadura de pelo, a despecho de lo señalado en el párrafo noveno del mismo artículo 134 constitucional. No hay multas, mucho menos delitos, aplicables a servidores públicos que violen una ley que de por sí es inocua y se dirige sólo a dejar bien claro que la Secretaría de Gobernación es la organizadora de la propaganda gubernamental. En el tema de sanciones contra servidores públicos, todo es igual que como está hecha la ley electoral: “dar vista al superior jerárquico”, forma de dotar de impunidad a la transgresión de la norma.

No se establece tampoco en este proyecto el acceso a la justicia de la ciudadanía para que se protejan sus derechos de información, la cual, por lo visto, podría seguir siendo inconstitucional, personalizada, gacetillera, engañosa, mentirosa, onerosa y todo lo demás que ya conocemos. Se desea que la ciudadanía siga careciendo de medios para hacer respetar la Carta Magna y la legalidad. Por eso, el priismo no quiere admitir la queja por vía judicial, como está propuesta desde la primera iniciativa que se presentó.

Esto parece indicar que Peña Nieto no está buscando en verdad que el Congreso apruebe el proyecto priista y mucho menos los anteriores, el el primero de los cuales yo mismo lo presenté en el Senado el 7 de febrero de 2012, hace 6 años.

Lo que quizá se piensa en la Presidencia es algo muy simple y cínico: si no se admitiera el proyecto oficial, la Cámara no podría completar una mayoría para otro texto, con lo cual se declararía el acatamiento de la orden de la Suprema Corte aunque nada se hubiera expedido. Donde no hay mayoría, no hay ley, principio legislativo elemental que, sin embargo, sería ahora, como en otras ocasiones, enteramente manipulado. Creo que no habrá negociaciones serias en el Congreso.

Peña Nieto obra como un político a quien se le detuvo el reloj y supone que vive en tiempos de Ruiz Cortines. Así como declara en un acto oficial que él tiene un candidato, también supone que ese candidato suyo, José Antonio Meade, va a ser Presidente de la República, pero eso, a toda evidencia conocida, no ocurrirá. Mas ese proyecto de ley convida al candidato priista al festín del oprobio de proponer una legislación que ofende a la Constitución y con la cual se pretende engañar a la ciudadanía, no sólo a la Suprema Corte. Una vez más, Peña se está llevando entre las patas a su propio y querido candidato.

De cualquier forma, no parece que el proyecto de marras tenga algún viso de honradez intelectual de parte de quien ordenó su redacción, sino que es el intento de un engaño. Claro está que si el PAN y el PRD lo admiten con leves modificaciones, el hecho relevante ya iría por cuenta de esa coalición de mercaderes de la política.

No está a la vista una ley de propaganda institucional con apego a los mandatos constitucionales. Lo que se advierte es el deseo de que México siga siendo un país sin ley, ya sea porque la norma se incumple o porque el sistema Legislativo-Ejecutivo de formación de las leyes no vale ni el dinero que se gasta. O, por ambos escandalosos y perniciosos fenómenos, motivos, entre muchos más, del impostergable cambio político.

Lucha política y justicia

 

Que el candidato ubicado en tercer lugar forme parte de un complot para desbancar al que va en segundo sitio, sin duda es comprensible. El problema reside en los métodos aplicados. En México se vale usar el aparato de justicia para combatir a los adversarios más odiados o más estorbosos, aunque esa conducta siempre haya sido ilegal. Sin embargo, aquí, como en cualquier otra parte, esa es una forma infame y condenable de actuación.

Lo que resulta del todo impráctico es que el aspirante priista, José Antonio Meade, diga que es preciso separar la procuración de justicia del poder político. ¿Por qué lo dice? Parece una ironía, pues no podría considerarse una crítica de la manipulación que ha hecho Enrique Peña de la PGR, la cual siempre ha sido defendida por el priismo. Además, ¿para qué proponer a estas alturas una reforma declarativa que ya ha sido introducida en la Carta Magna?

El episodio del fiscal carnal, cuando Peña quiso dejar a uno de sus amigos en la próxima Fiscalía General de la República, está aún fresco en el registro político nacional. Como consecuencia, el país no tiene procurador ni fiscal anticorrupción. La procuración de justicia se encuentra en un desastre mayor que antes de la reciente reforma de la Carta Magna para otorgarle expresa independencia orgánica.

José Antonio Meade ha hecho su pronunciamiento, de por sí desfasado, precisamente en el momento en que el gobierno está usando como ariete propagandista –quizá también penal—a la Procuraduría, aprovechando el pueril error cometido por el abanderado del PAN de ir a decirse inocente, sin que nadie lo citara, a aquella guarida del poder político que es la PGR.

Si el gobierno busca en verdad que su candidato avance al segundo lugar debería hacerse a un lado de la lucha electoral, dejarlo solo, porque con su injerencia lo único que logra es despojarlo más aún de credibilidad. Esto tendría que incluir lo más difícil: cancelar el flujo de dinero hacia el PRI para la compra de votos. Sin embargo, es de suponerse que lo dicho por Enrique Peña sobre este tema sólo abarca los dimes y los diretes, pero no los recursos para la coacción y compra de los tan necesarios sufragios. El PRI no funciona sin mucho dinero. Meade no es excepcional, se sabe, pues ya fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual opera como central del clientelismo electoral ilícito.

Quien se ha tirado al piso al ser acosado por la PGR es el aspirante panista, Ricardo Anaya. Sin embargo, de pronto, él olvidó que en 2005 su propio partido, en alianza con el PRI (PRIAN, se dice), organizó desde Los Pinos, Gobernación y la PGR el desafuero de López Obrador, con el propósito de someter a éste a proceso penal e inhabilitarlo como candidato. Que Vicente Fox, los suyos y sus ansiosos aliados hubieran tenido que echarse atrás, sólo fue producto de la afortunada combinación de tres elementos: una movilización popular de protesta como no se había visto, la decisión de AMLO de no exhibir fianza e ir a la cárcel y el sencillo acuerdo de un juez para regresar el defectuoso expediente a la PGR. El PAN usó con fines políticos a la Procuraduría, tal como lo había hecho el PRI y, antes de éste, los generales cuando gobernaban el país.

En el cincuentenario del movimiento estudiantil de 1968, no sólo hay que condenar la violencia sangrienta sino también aquella que consiste en el uso del aparato de justicia para encarcelar a los críticos y opositores del régimen. Antes y después de ese año, muchos movimientos (telegrafistas, telefonistas, maestros, ferrocarrileros, médicos, campesinos, universitarios, entre otros) fueron perseguidos con el uso de la PGR. Bajo instrucciones presidenciales verbales, se emitían órdenes para encarcelar, las cuales a menudo se cumplían. El PAN nunca protestó porque no se le aplicaba esa perversa utilización de la justicia. Las cosas han cambiado pero sólo en su grado mas no en su sistema.

No obstante que la Constitución ya define expresamente a la procuración de justicia como un órgano público autónomo (ya lo era aunque sólo en la norma), es preciso hacer otras reformas, en especial, romper el punto nodal de la trama con un Presidente de la República que respete la independencia del Ministerio Público y obligue por vías políticas a los 32 gobernadores a hacer lo mismo. De otra manera no habrá muchos avances.

Esto se puede entender mejor si se analiza la génesis del problema. Desde 1917, cuando el Ministerio Público fue elevado de rango, la entonces nueva PGR no formó parte integrante de la Administración Pública, según el artículo 90 de la Constitución, sino que era formalmente una entidad independiente. Sin embargo, el problema mayor de la reforma propuesta por Venustiano Carranza y aprobada por el Constituyente de Querétaro fue que se confirió al Presidente de la República la facultad de designar y remover libremente al procurador. Al abolirse la Secretaría de Justicia en aquel mismo Constituyente, el renovado impulso presidencialista condujo a dejar las cosas en mal estado porque surgió un Ministerio Público con enorme poder, pues en lo sucesivo los jueces ya no pudieron hacer investigaciones, las cuales se reservaron al vigoroso procurador, puesto y depuesto por el Señor Presidente. Si a esto agregamos la existencia de jueces de consigna, tal como siguen abundando, el país se metió, al respecto, en una peor situación. El Estado de Derecho se convirtió en una referencia más que en una realidad y se cocinó un inmenso caldo de cultivo de la corrupción. Así hemos seguido durante 100 años. Es mucho.

¿Hasta cuándo?

La corrupción y su «caja negra»

 

Durante los cinco años del presente sexenio, Enrique Peña Nieto ha ejercido de manera discrecional un millón de millones de pesos (más de 50 000 mdd) a través del ramo 23 del Presupuesto de Egresos, con la sucesiva ayuda de Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.

Ese ramo ha sido el gran instrumento político de los presidentes desde que fue creado, con otro número y nombre, en 1947, por decisión de Miguel Alemán. Desde entonces, el decreto legislativo de egresos no es constitucional en su totalidad sino que opera una regla no escrita consistente en el gasto discrecional, el cual se encuentra prohibido. En esa gran bolsa se alojan también la mayor parte de los recursos no presupuestados. Sólo el jefe del Ejecutivo puede administrar la «caja negra» (ver, Pablo Gómez, Los gastos secretos del presidente. Caja negra del presupuesto nacional. Ed. Grijalbo, 1996).

El ramo 23 (Previsiones salariales y económicas) es el resumidero desde donde se canalizan ingentes cantidades que dan consistencia al sistema de corrupción imperante en el país. Por ejemplo, desde ahí se giraron los recursos a Sedesol para la “estafa maestra”, de la cual no ha dado cuenta José Antonio Meade, ya fuera como titular de Desarrollo Social o como secretario de Hacienda: todo el dinero pasó por ambas dependencias y no se sabe de cierto dónde está, según reporta la Auditoría Superior de la Federación, a la que, por cierto, nadie en el gobierno le hace el menor caso.

El sistema político mexicano no se modificó durante los doce años de sucesivas presidencias del PAN porque no se produjo cambio alguno que suprimiera el uso discrecional de grandes fondos. Eso lo sabe muy bien Meade quien también fue secretario de Hacienda con Felipe Calderón.

Desde 1947 el porcentaje promedio de las disposiciones presidenciales ha sido del 15% sobre el gasto gubernamental autorizado por la Cámara de Diputados. Se ha dicho que se trata de “gasto programable” como lo indica la ley, pero en realidad no es programado sino que durante el ejercicio se van tomando decisiones sobre su utilización efectiva.

El sistema de gastos discrecionales ha sufrido ciertas modificaciones. Algunos diputados, por sí o por encargo de sus respectivos gobernadores, presionan para elevar el monto del Ramo 23. La ampliación de la «caja negra» tiene como propósito dejar puestas grandes sumas para propósitos no programables y que no pueden ser explicados. La condición es negociar con el Ejecutivo esas asignaciones, antes de la aprobación del presupuesto, para dejarlas pendientes pero comprometidas. Enrique Peña, por su lado, ha aprovechado esta situación para hacer repartos poco equitativos entre las entidades federativas, así como dejar de ejercer algunos gastos. Traiciones entre socios. Mal reparto del botín que ha generado algunos resonantes pleitos.

La fuerza del Ejecutivo no depende de su liderazgo, de sus convocatorias y propuestas, sino de la cantidad de dinero que él pueda repartir. El Estado corrupto funciona amarrado al Presidente de la República, lo cual se reproduce en cada entidad federativa con los gobernadores y el jefe de gobierno de la CDMX.

La lucha contra la corrupción no depende de un demagógico “sistema nacional”. Es absurdo que los usufructuarios de la corrupción deban ser quienes acaben con la misma. Es imposible monitorear cotidianamente a miles de servidores públicos. Lo que es preciso llevar a cabo es organizar con precisión presupuestal el gasto, para ser ejercido y fiscalizado sin permitir que existan recursos “sueltos”, discrecionales.

México está en el número 135 de la lista inversa de países donde más se percibe la corrupción. Si la administración central del presupuesto es discrecional entonces las prácticas corruptas penetran en los poros de la sociedad. Todo sistema corrupto reparte dinero, bienes, posiciones y, por tanto, siembra ambiciones.

El secreto de que el empresariado en su conjunto sea débil y titubeante en cuanto a la denuncia y la lucha contra la corrupción, se debe a que en los Estados corruptos el poder del dinero se robustece porque todo se puede comprar, incluyendo la elusión fiscal. Aún más, la existencia en México de una oligarquía, a la que AMLO llama “la mafia del poder”, tiene entre sus bases funcionales precisamente un sistema de corrupción con el que se hacen derramas, aunque a los más ricos y a los políticos poderosos les toca la mayor parte.

La corrupción en México ha funcionado como acumulación capitalista originaria, pues ha sido fuente de inmensas fortunas que tienen forma de bancos, fábricas, empresas de servicios, comercios, etc.

Se podría decir que los mexicanos y mexicanas sabemos, al llegar a cierta edad, que nuestras instituciones son corruptas. Algunos podrían decir que eso es generalizar demasiado, pero no, sólo es una referencia de la profundidad inconmensurable de la corrupción mexicana.

Frente a este panorama, hay dos grandes opciones: seguir creyendo que la corrupción sólo es producto de “gente mala” o entrar de lleno a la destrucción institucional del Estado corrupto. Podría haber soluciones intermedias pero, de seguro, sin buenos resultados.

Antes que persecución, hay que reformar la administración pública del país. Así de grande es el reto. No tendría mucho sentido dedicarse desde el gobierno a buscar a los corruptos (lo cual tendría que hacerse en alguna medida), si no se modifica la manera de administrar cada peso de los presupuestos y de los ingresos no previstos o excedentes.

No se crea que las leyes deberían cambiar demasiado. Bastaría con algunas reformas. Lo que se debe lograr es lo que existe en muchos países: la autorización del gasto es estricta, así como su comprobación. En otras palabras, no se puede usar dinero para lo que no está destinado por decreto, ni se debe permitir que se administre en forma irregular. Aquí no habría “cero tolerancia” sino elemental y sencilla función pública, una nueva normalidad.

Al tiempo que sea modificada la forma de administración y rendición de cuentas, se tendría que cambiar también el sistema de gestión, con el propósito de eliminar las mordidas a lo ancho y largo de la administración pública.

Cualquiera diría que el que esto escribe ha perdido la razón. Pues sí. Hay que perder la razón del sistema político mexicano, la de gobernar con manejos discrecionales de fondos públicos y raterías como método de gestión.

Este año tenemos una oportunidad. No la dejemos pasar.

Desmadre electoral

 

Las campañas electorales no han iniciado aún y ya tenemos un desmadre. Se afirma que es contrario a la libertad el que no se puedan realizar debates en los medios durante la “intercampaña”. Que es demasiado el tiempo destinado a mensajes electorales en los medios electrónicos. Que los programas sociales de la actual administración están en riesgo si no gana el PRI. Que se vale hacer fraude a la ley con la propaganda del gobierno. Que no se van a abrir al mismo tiempo las tres urnas de la elección federal antes de empezar los cómputos porque no hay seguridad en las casillas y que, debido a eso, se dice, está en riesgo la estabilidad de México.

  1. Las campañas electorales empiezan legalmente el 30 de marzo. Antes, no debe haberlas, lo cual abarca los debates radiodifundidos. Así es en casi todo el mundo. Además, a los debates que se organicen deben ser convocados los diversos candidatos, pero en este momento formalmente no los hay; habría que esperar que la autoridad los registre. Así es la ley, por lo pronto.

López Dóriga se negó a hacer entrevistas de candidatos hace tres años porque, dijo, todos los partidos eran detestables, etc. Ahora, en búsqueda de rating y, en consecuencia, de mayores ventas, quiere organizar debates además de las entrevistas que le aplica a los políticos. No es cuestión de libertad sino de dinero.

  1. En periodo de comicios, el tiempo de radio y Tv destinado a partidos y autoridades electorales no es más que aquel que corresponde durante todo el año al Estado. ¿Por qué se critica el número de anuncios en tiempos oficiales asignados a los partidos? Porque está prohibido comprar tiempo comercial. La crítica de los espots electorales, otra vez encabezada por López Dóriga, es una cuestión de negocios. Lo que debería hacerse es acumular los mensajes de diez segundos en emisiones de dos minutos para que los candidatos pudieran decir algo, pero a eso se oponen radicalmente los concesionarios.
  2. El eslogan “Para que lo bueno pueda seguir contando”, utilizado por Peña Nieto para difundir los actos relevantes de su gobierno, es un fraude a la ley porque es una referencia electoral a favor de su candidato, José Antonio Meade.

Además, el gobierno federal está gastando millonadas en esos mensajes y en otros, tipo gacetilla (anuncios encubiertos), sobre el mismo tema de sus “logros”.

Las autoridades electorales, por su cuenta, hacen lo de siempre. Mejor dicho no hacen nada.

A partir del 31 de marzo el gobierno no podrá hacer propaganda, según la ley. Luego, la gacetilla será el único medio de publicidad gubernamental, pero el INE tampoco va a hacer algo porque la mayoría de sus integrantes considera que esa práctica siempre es legal, aun en periodos electorales, no obstante que la legislación dice otra cosa.

  1. Abrir las tres urnas antes de iniciar los cómputos, con el fin de localizar las boletas depositadas por error en otra urna, tenía el propósito de adelantar el llenado del acta de la elección presidencial con el fin de hacer con mayor facilidad un “conteo rápido” por parte del INE.

Transmitir en directo desde la casilla el resultado de la votación es un viejo anhelo ante el desinterés del INE por mejorar su programa de resultados preliminares (PREP). Lo que a esa autoridad le importa es anunciar un nombre a las 11 de la noche pero, como no tiene datos, recurre a una encuesta de resultados, llamada “conteo rápido”: se diseña una pequeña muestra (representativa) de casillas y se programa la captura de esos datos para introducirlos a la computadora. De esa manera se da la impresión de que el IFE ha cumplido con su deber.

El Tribunal le ha echado abajo al INE un apresuramiento del dato de la elección presidencial, pero se mantiene la transmisión del resultado desde las casillas donde haya señal de telefonía celular. Ahora habrá que esperar a que estén llenadas las tres actas de resultados (presidente, senadores, diputados). Sin embargo, el INE hará su encuesta mediante la captura y transmisión del cuadernillo donde han de constar los datos de la elección de Presidente, dejando para otro momento el dato oficial destinado al PREP que es el que consta en el acta de escrutinio y cómputo.

En el mundo, las autoridades electorales no suelen hacer encuestas sino que brindan resultados sólidos. El problema es que el INE nunca había querido crear un sistema de dato inmediato. Y ahora que, para hacer su encuesta más rápidamente, admitió la transmisión del resultado desde la casilla, el Tribunal lo ha contradicho, aunque de seguro no estará en riesgo la estabilidad económica de México, como han dicho algunos dramáticos consejeros electorales.

  1. A todo lo anterior habría que agregar los escándalos por malos manejos de fondos privados y públicos.

Las triangulaciones se hacen para evitar que se sepa quién se quedó con el dinero. Lo mismo en operaciones de especulación inmobiliaria o financiera que en desvíos de fondos públicos. Es por demás lógico que los operadores no tengan el dinero a su nombre, por lo cual recibirlos en la PGR con copias de sus estados de cuenta es de por sí un juego muy sucio porque esos documentos no concluyen absolutamente nada.

Las preguntas son qué se hicieron los dineros. Ricardo Anaya y Rosario Robles deberían ser investigados con seriedad, mas si no lo son ahora, podrían serlo después, cuando haya condiciones políticas propicias. Por el momento, todo es un show.

Quien la tiene más difícil es José Antonio Meade porque, habiéndose perdido los fondos, según la Auditoría Superior de la Federación, tuvieron que ir a algún lugar. Eso es lo que nos debió explicar quien recibió, de manos de Robles, la Secretaría de la Desarrollo Social: el mismo Meade. O, acaso, él no quiso darse cuenta de nada. ¿Por qué hasta ahora dice el mismo Meade que es preciso actuar en consecuencia con los señalamientos de la Auditoría, si entonces ésa era una de sus obligaciones?

Este desmadre apenas está empezando, por lo visto.