Hay algo inexplicado

Durante varias semanas los inversionistas líquidos pusieron su atención en el anuncio de que la Reserva Federal (banco central) de Estados Unidos iba a anunciar que puede ser que por fin anuncie (así, con todos esos escalones) la elevación de sus tasas de interés. Tales capitalistas dueños del dinero estuvieron comprando dólares con la perspectiva de colocarlos mejor en el mercado estadunidense a partir de un posible cambio en el rédito. El problema es que cuando la Reserva dice que no es necesaria la elevación de tasas de interés y que la economía va razonablemente bien, entonces se incrementa la tasa diaria de devaluación del peso en lugar de regresar a algún estadio anterior. O sea, que cuando se va anunciar algo, tenemos problemas cambiarios, y cuando no se anuncia nada nuevo, también los tenemos o los tenemos más aún.

Lo mismo ha ocurrido con el otro anuncio, el del PIB estadunidense, el cual retomó impulso después de verse a la baja: 2.3 por ciento en el trimestre abril-junio. Nada mal para el mundo actual (hay que ver de qué tamaño es la economía estadunidense y de qué tamaño resulta ese porcentaje), con lo cual Estados Unidos toma rumbo hacia el logro de una tasa de crecimiento de 3 por ciento durante el año actual. Pero en lugar de que haya optimismo por parte de los dueños del capital-dinero ante la perspectiva de que México recobre exportaciones, lo que tenemos es más compra de dólares. Al paso, no tarda la divisa verde en colocarse en 20 pesos por unidad cuando la inflación en Estados Unidos no pasa de 2 por ciento anual.

El gobierno, por su lado, no explica nada, quizá porque no sabe como hacerlo o porque cualquier cosa que diga va a contradecir el discurso oficial de que estamos de maravilla. Hace un par de días se dijo por parte de Peña Nieto que al fin se logró respeto en el mundo por la estabilidad macroeconómica de México (lo dijo en privado, cenando con unos directivos de una empresa llamadaBlackRock). Vaya respeto: se podrían perder unos 50 mil millones de dólares de reservas en un dos por tres si continúa el mercado fuertemente comprador de divisas. Y, aunque la cosa carece de una lógica rigurosa, eso puede ocurrir porque unos cuantos toman decisiones imparables y ahí es donde reside gran parte del problema mexicano.

El Banco de México ya tomó el rumbo de arriesgar más en sus subastas (ayer ofreció 200 millones, lo cual podría hacerlo a diario, para llegar en 250 días útiles a los 50 mil millones), pero, como ya se sabe, aquellas tampoco son suficientes para detener una corrida financiera. Estamos en un punto del ciclo del capital especulativo invertido en México que pareciera que alguien toca un clarín con el tono de retirada y los capitalistas le hacen caso como si fuera una orden. ¿A dónde va el dinero? Pues a colocarse con tasas menores pero con mayor seguridad. Entonces México tendría ahora mismo que promover la elevación de las tasas internas de interés para retener el capital especulativo a un costo mucho más alto que el actual y con repercusiones mayores en la tasa de crecimiento.

Estamos de nuevo bajo la maldición de país expuesto a unos cuantos inversionistas que son siempre recibidos con halagos y presentados como referencia de la estabilidad económica del país y de la confianza en México, todo lo cual es echado por la borda a la hora del consabido toque de clarín. Dice Peña que el mundo ha aprendido de México pero el problema es que México no ha aprendido de sí mismo y sigue teniendo los mismos gobernantes (PRI-PAN-PRI) que le llevan por el camino de los desastres. Por lo pronto, digamos que vamos por la vereda de lo inexplicado.

¿Y la economía?

Detrás del chorro de dólares que se escapa hacia el norte están el enorme diferencial de intereses que cobran los dueños del dinero por mantener sus capitales en México. La dependencia es tan fuerte que los menores movimientos del rédito o del PIB estadunidenses se reflejan en México con una fuerza que resulta imparable con el uso de los instrumentos del gobierno de Peña Nieto.

La debilidad de la política económica, en parte denunciada anteayer por la Concamín, abarca la falta de compromiso gubernamental aunque sólo fuera para anticipar inversiones como le piden los industriales. El hecho es que la economía mexicana no ha logrado generar una expectativa de rompimiento de su endémico estancamiento. Si con altos precios del petróleo y con una buena plataforma de exportación la economía no reaccionó porque tal situación era insuficiente y no se acompañaba de otra política económica, con una reducción de 50 por ciento en el ingreso por crudo esa misma política es ya recesiva.

La masiva salida de capital-dinero de México ha producido una devaluación del peso que asciende ya a una cuarta parte desde que la moneda mexicana se ubicó durante un buen tiempo alrededor de 12.50 pesos por dólar. Esto quiere decir que con una baja inflación en Estados Unidos tenemos un encarecimiento rápido de mercancías procedentes del norte de donde procede más del 80 por ciento de los bienes importados. La procedente disminución de los precios de las exportaciones no ha logrado defender del todo las plazas comerciales estadunidenses, por lo visto. Esta doble situación determina que la devaluación no es un  ajuste que pudiera promover la venta de productos mexicanos en Norteamérica, pero probablemente creará un escenario de expropiación inicua del salario mediante el doble proceso de abaratamiento relativo de la fuerza de trabajo y encarecimiento de los bienes importados o con componentes de importación que son ampliamente consumidos por los trabajadores.

Durante algunos meses, la economía mexicana ha aguantado la amenaza de un proceso inflacionario brusco pero ni lo ha hecho del todo ni podrá por más tiempo resistir la devaluación por efecto de un mercado marcadamente comprador de dólares. La reserva internacional del Banco de México es grande pero llega apenas a la mitad de lo que pudiera ser una gigantesca retirada de dinero que se encuentra tan suelto y tan líquido que una vez más amenaza brutalmente no sólo la capacidad de pagos del país sino la estabilidad económica.

Las cosas siguen su proceso y Peña Nieto está esperando un milagro porque no se observa ninguna reacción. Las disminuciones del gasto público no podrían ser las mejores porque no obedecen a un buen plan y porque lo que producen es un mayor estrechamiento del mercado interno. La palanca mayor de la economía sería un programa de inversión pública y privada que aunque en versión relativamente pequeña ya se había anunciado pero con malos proyectos por lo cual ha quedado en casi nada. Como la elevación de las tasas de interés internas es inminente, el costo de la deuda pública va a subir pero también el de la privada con lo que se desalentarán las inversiones a pesar de las declaraciones fantásticas del club de los Hombres de Negocios. Total: una desgracia.

Con la política económica centrada en equilibrios que no se pueden manejar internamente y, por consiguiente, con la renuencia a emprender una plan propio para producir más, generar empleos y elevar el ingreso per capita, no se puede hacer gran cosa. La política económica del PRI es exactamente la misma que la del PAN pues en gran parte se basa en el mantenimiento de bajos salarios como instrumento de una competencia con el exterior que se reduce en realidad a Estados Unidos pero que condena al país a una depresión crónica de su mercado interno. Sin el crecimiento de este último no podrá haber una economía en expansión, por lo cual la política de Peña Nieto sólo tiene como desenlace la crisis económica. Ya lo veremos dentro de poco. Bueno, ya lo estamos viendo de alguna manera.

La desnudez del Estado corrupto

Enrique Peña Nieto ha reaccionado frente a la fuga del Chapo Guzmán con expresiones que tienden a repartir la culpa. Se trata sin embargo de un descrédito del gobierno, de su gobierno, pues ése era el encargado de la custodia y nadie más. La evasión se hizo en la cárcel de más alta seguridad en el país, de donde nadie antes había podido fugarse. Tendría que haber responsabilidad política, pero no, Peña ofrece sólo la cabeza de empleados de menor relevancia como si éstos no hubieran tenido jefes.

Pero esta fuga denota algo mucho más complejo. El Estado corrupto mexicano –el fenómeno más duro del México contemporáneo—ha quedado una vez más desnudo. Todos hemos visto una fotografía instantánea de lo que es este Estado y la profundidad de su corrupción estructural. La fuga del Chapo se ha prestado a toda clase de bromas, chistes, diretes y burlas pero se trata de una expresión muy concreta de nuestra realidad política.

Sólo en un Estado como el mexicano es posible que exista una organización capaz de lograr una evasión de Almoloya como la que se ha visto. Casi durante un año, con absoluto sigilo y una disciplina a toda prueba, con toda la información de localización exacta y un trazo geométrico preciso, con la excelente colaboración interna que tal operación requería y también el bien guardado secreto de los cómplices, la mayor organización de narcotraficantes hizo posible en minutos poner en libertad a su jefe.

Aquí encontramos otro rasgo relevante de la  fuga del Chapo Guzmán: la unidad del cartel de Sinaloa, su elevada organización y disciplina, su capacidad para emprender acciones sin disidencias o competencias internas. No es así el gobierno y, en general, la administración pública que colaboró con la fuga, por un lado, u omitió prevenir tal acontecimiento, por otro.

Si el Chapo había logrado su fuga de Puente Grande disfrazado de ropa sucia, se tenía que sospechar que lo intentaría de nuevo pero por otra vía. La excavación de túneles para la evasión de prisiones es una técnica muy antigua. Entre más profundo es el cimiento de la cárcel, mayor la profundidad del túnel. Eso es sencillo. No se debería nadie admirar de la obra de construcción tan elemental; lo admirable es el secreto bien guardado de la obra y la localización exacta del lugar donde iba estar el Chapo en un minuto determinado para entrar en el túnel sin que “nadie” se diera cuenta. Todos esos elementos sí que son dignos de ser analizados a profundidad. Este es el Estado corrupto: los vínculos tan funcionales entre la función pública venal y la organización de la delincuencia extraestatal, la ejecución de planes tan precisos y su realización tan exacta. No es ironía: el Estado, en especial el gobierno, funciona mejor cuando actúa en beneficio personal de los funcionarios, es decir, en tanto Estado corrupto. Todo se ha perdido pero en especial la probidad y, en consecuencia, la función pública del Estado. El fenómeno Chapo con su organización casi perfecta y su disciplina es una evidencia mayor de esa terrible enfermedad que padece México: el Estado corrupto.

Fraude electoral

El PRI pretende clonar sus siete diputados cachirules que se dice son del Partido Verde (así llamado) pero que en realidad son priistas. El mecanismo de clonación se realizaría mediante un fraude a la Constitución y un fraude electoral. Como se sabe, el PRI obtuvo menos del 30 por ciento de la votación pero no obstante su fracaso en las urnas puede sobrerrepresentarse en la Cámara debido a su elevado número de diputados de mayoría relativa. Sin embargo, para estos casos la Constitución dice que el partido que se encuentre en tal situación no podrá tener más curules que su porcentaje de votación efectiva más ocho puntos. Así es la cláusula de tope de sobrerrepresentación.

El mecanismo es sencillo: se le asigna a ese partido un número máximo de diputados y la diferencia entre sus constancias de mayoría y dicho número se cubre con curules de representación proporcional. De esa manera el PRI no podría tener más de 202 bancas en San Lázaro entre unis y pluris. El problema está en que dentro de los diputados de mayoría relativa que se pretenden adjudicar al Verde (así llamado) se encuentran siete cachirules que son conocidos y muy activos políticos priistas. Como esos siete no contarían en las curules de mayoría del PRI entonces este partido tendría derecho a más plurinominales para alcanzar el número de 202. En otras palabras, por cada cachirul el PRI obtendría un diputado adicional de lista de tal manera que en lugar de 202 tendría 209, pero esto es lo que no permite a Constitución.

Al mismo tiempo, esas siete curules plurinominales que el PRI obtendría de manera fraudulenta se le restarían a los demás partidos, de tal manera de que además de hacer un fraude a la Constitución (engañar para impedir la aplicación de la Carta Magna) tendríamos un fraude electoral simple (alterar el resultado de las elecciones).

Si este fraude llegara a consumarse se modificaría la composición de la Cámara de Diputados respecto de la decisión tomada por los votantes, pero ¿con qué propósito? La cuestión es sencilla. El PRI había metido más cachirules en la coalición que pactó con el Partido Verde (así llamado) pero sólo siete lograron obtener el triunfo. El propósito era lograr que la coalición que formó tuviera en su conjunto 251 curules por lo menos y así fue todo planeado: la coalición era para eso. Pero como no todos los cachirules ganaron, el fraude se limita a obtener 249. ¿Por qué Peña Nieto quería la mayoría absoluta directa en la Cámara? No hay más que una respuesta posible y esa es la que usted está pensando.

El fraude se planteó como una necesidad política del presidente de la República vinculada al control presupuestal que, se dice, requiere Peña Nieto para los próximos tres años. No negociar nada del presupuesto con otro partido sería toda una hazaña en los tiempos actuales en México. Como sabemos, la autorización de gasto no pasa por el Senado (el cual no ha tenido cambio) sino que se limita a la Cámara de Diputados y eso lo explica todo.

Si el INE se hiciera cómplice de este fraude maquinado desde Los Pinos habría contribuido a su creciente descrédito. Si, por el contrario, esa autoridad defendiera la Constitución entonces nos enfrentaríamos a un tribunal de pronóstico nada reservado. Pero hay que luchar una vez más contra el fraude electoral.

Yanis Varoufakis

“Portaré el odio de los acreedores con orgullo” ha dicho Yanis Varoufakis al dejar el ministerio de finanzas de Grecia y, al tiempo, se ha convertido en un referente indispensable de la historia de la lucha contra los poderes financieros del mundo. Varoufakis ha dejado su cargo por demanda de los acreedores a quienes por lo visto les faltan argumentos con los cuales vencer al griego. El pueblo de Grecia ha dicho no, lo cual no depende de que Varoufakis sea ministro de finanzas o un diputado sin cartera. Pero la actitud de éste, en consonancia con el gobierno del que formó parte de manera brillante, es lo que prevalece. Dadle a los cobardes la presa que más desean en sus ansias de venganza pues eso no comprometerá la decisión de todo un pueblo en rebeldía frente a los usureros de Europa.

La izquierda, el Pacto y la votación

El llamado Pacto por México se convirtió en una mala frase dentro de la izquierda y en algunos círculos panistas. Tal vez por eso se dice ahora que influyó en las recientes elecciones, pero para medir su impacto es preciso hacer lo que antes no se hizo: el análisis del pacto mismo.

El Pacto fue redactado y firmado al estilo priista: en secreto y, luego, en una ceremonia pomposa y ridícula. El error del PRD no fue proponer la elaboración del acuerdo político sino haberlo hecho sin consultar al partido; algo semejante le ocurrió al PAN.

Después de las elecciones de 2012 las principales fuerzas políticas tenían que llegar a acuerdos si en realidad buscaban lograr algo en los primeros dos años del sexenio. El contenido del Pacto correspondía a lo que habían expresado los partidos aunque también había temas nuevos, especialmente para el PRI. Las cosas eran más complicadas para el PRD porque éste había acusado a Peña de hacer un fraude electoral a través de  la anticipación de su campaña en la televisión y mediante un gasto mayor que el permitido. Una vez más, a la izquierda se le presentaba un dilema entre la actitud política y la posición política. La primera es algo generalizador, es un rechazo o una aceptación en bloque. La segunda es un conjunto de propuestas y unas decisiones tomadas según el contenido de los proyectos y los contextos. En la lucha parlamentaria siempre ha tenido la izquierda ese dilema y no siempre lo ha resuelto bien ya fuera hacia un lado o hacia el otro.

Peña aceptó la propuesta de un acuerdo puntual que no contuviera línea general de gobierno ni significara alianza política. Era la mejor forma de mantener la confrontación sobre la política general sin ahogar todo intento de cambio. El asunto central era que una vez que los votantes se habían expresado, los partidos los tomaran en cuenta en lugar de ignorarlos como se acostumbra. El hecho concreto era que en el país no había ninguna fuerza mayoritaria. Es lo que ahora ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde debería invitarse a Morena a un acuerdo o de plano a formar parte del gobierno por ser el nuevo partido más votado y ser de izquierda. En síntesis, hay que acatar el mandato de las urnas o nunca se podrá siquiera aspirar a ser demócrata. Por lo visto, aquí sigue abierto un debate dentro de la izquierda 35 años después de la participación electoral del Partido Comunista.

El Pacto contenía asuntos de la agenda nacional en los que no se habían producido acuerdos en el pasado reciente. Por ello era un acuerdo amplio aunque no se trataba de un cambio de rumbo general. Había en la agenda dos reformas impostergables sobre las cuales venía insistiendo la izquierda: la administración del sistema de educación básica y las telecomunicaciones. En el primer tema, el gran problema se llama SNTE y se conoce como Gordillo, mecanismo que privatizó bajo el control de un grupo a miles de establecimientos escolares en el país; en el segundo, destaca la existencia de dos monopolios, América Móvil y Televisa. López Obrador había abordado durante su campaña ambos problemas aunque sin definir rumbo concreto. En cambio, Peña Nieto no tenía esos temas en su agenda pública.

Gordillo fue a la cárcel y la reforma, mal llamada educativa en lugar de administrativa, le arrebató al SNTE y por esa vía a la CNTE parte de su control burocrático. Desde la izquierda sin embargo se ha apoyado al viejo sistema en el que los líderes sindicales imponían a directores e inspectores además de repartir plazas y despedir profesores, pero se trata de un apoyo reactivo que exhibe la falta de un proyecto propio para la administración del sistema educativo. La CNTE ha tomado el peso principal de la defensa del modelo gremial de rectoría educativa y financiamiento político aunque los líderes del SNTE siempre han sido los principales beneficiarios de ese gremialismo en cuanto a sus influencias burocráticas e ingresos económicos.

La reforma de telecomunicaciones tuvo como propósito relevante la regulación antimonopólica pues ni siquiera ésta existía en el país. Ha quedado pendiente, aunque dibujada, la creación de una nueva televisión de Estado con fuerte financiamiento público. Se establecieron también nuevos derechos humanos que la vieja Constitución nunca había recogido. Esa reforma fue un poco más allá de los programas políticos hasta entonces conocidos.

La reforma fiscal se hizo fuera del Pacto con el apoyo del PRI y del PRD, objetada con fuerza por el PAN y por Morena. Para parte de la izquierda, era la primera vez en casi 30 años que se aumentaba la progresividad del impuesto sobre la renta y se eliminaban o limitaban algunos regímenes fiscales de privilegio. Cuando el PRD nació tomó esos planteamientos de las izquierdas anteriores. No había justificación alguna para impedir la reforma fiscal (cosa que se podía fácilmente) aunque tuviera insuficiencias. En otras palabras, hubiera sido una vergüenza que la izquierda, toda ella, saliera corriendo de la coyuntura fiscal tan largamente esperada.

La reforma llamada energética fue obra del PRI y el PAN. No se encontraba firmada en el Pacto y el PRD no podía suscribir ninguno de sus puntos. No obstante, se dice que esa reforma ha sido producto del Pacto a sabiendas de que se miente. Por el contrario, la reforma energética fue la causa de su desaparición con la evidente satisfacción  de Peña quien se liberaba así de tener que responder por el contenido verdadero del Pacto.

Sí, el Pacto por México contribuyó al desprestigio del PRD pero principalmente debido a la torpeza de la dirección de ese partido en la forma en que fue firmado y por la falta absoluta de discusión previa e, incluso, de debate posterior. Si alguien tiene necesidad de apegar sus razonamientos a los hechos concretos, podría leer el Pacto y comprobar que esas reformas ahí enunciadas, en su mayoría, siguen siendo necesarias y forman parte de las propuestas progresistas del país. Ojalá se lograran ahora o mañana bajo el gobierno que fuera. Sigue habiendo en la izquierda, en efecto, un conflicto con la democracia a pesar de los años y la experiencia.

El PRD frente a su derrota electoral

El Partido de la Revolución Democrática sufrió sin duda una derrota electoral en la Ciudad de México. Por más que se la quiera ver con disimulo, la verdad es que Morena superó en votos al PRD y que aquel partido es la principal fuerza electoral de la ciudad. Se ha producido un cambio que es preciso reconocer: hay otra fuerza política mayoritaria.

Sin embargo, el problema mayor es procesar un análisis que llegue a conclusiones compartidas sobre las causas de ese cambio. El primer elemento es que la escisión del PRD tuvo un calado muy fuerte en la ciudad, pero ¿por qué? Esta situación no ocurrió por igual en todas partes ni siquiera en Tabasco, estado de donde es líder político el fundador de Morena. Parece que la respuesta debería tomar en cuenta que el PRD ha sufrido un proceso de descrédito debido a que la corrupción ligada a la administración pública sigue siendo alta en la percepción de la ciudadanía; a que la gestión pública de los delegados y delegadas se ha concentrado en los grupos que conforman la clientela perredista en evidente desatención a sectores de ciudadanos no corporativizados; a que no se han producido nuevas reformas sociales y no se ha avanzado en las ya establecidas; a que no existe un plan conocido de infraestructuras que permita a la gente saber lo que el gobierno de la ciudad tiene pensado hacer; a que los gobernantes delegaciones y los de la administración central carecen de un discurso político preciso en el que se reflejen orientaciones y objetivos de la gestión pública; a que el PRD como tal tiene poca injerencia en las actividades de gobierno y se limita a realizar gestiones; a que ese mismo PRD no discute absolutamente nada, se ha alejado de la política y se encuentra cada vez más desorganizado como partido.

A todo lo anterior es preciso agregar un elemento que ha calado fuerte en la conciencia ciudadana del país pero en especial en la Ciudad de México: la tragedia de Iguala en la que existió evidente responsabilidad política del PRD como partido político nacional.

Así como en su momento no se reconoció que la escisión de López Obrador era un acontecimiento de gran trascendencia y que muchos dirigentes perredistas trataron de convencerse a ellos mismos de que se trataba de un asunto relativamente menor, de la misma manera se ha tratado de evadir el desprestigio del PRD dentro de numerosos sectores de izquierda, muchos de los cuales existen desde antes de la fundación del partido. Se trata de la intelectualidad, dentro de la cual están académicos, artistas, profesionistas, pero también de un amplio sector de la clase media educada en principios de izquierda. Desde hace años el PRD se fue divorciando de esos segmentos sociales de tal manera que ahora muchos de sus integrantes anularon su voto (más del 7% en la ciudad) o votaron por Morena. El PRD no incorporó a su dirección a intelectuales, abandonó el trabajo cultural, renegó de sus orígenes al despreciar a los académicos, no creó una plataforma de protección del ambiente, se ligó a los jóvenes sólo como parte de sus clientelas ya tradicionales pero sin especificidad juvenil alguna, jamás acertó a definir una clara política sobre las cuestiones de género, ignoró los centros de educación de la ciudad, sigue careciendo de una política laboral distintiva, entre otros muchos errores políticos que forman parte de su situación actual.

En la campaña reciente el PRD hizo hincapié en sus logros de gobierno pero olvidó algo elemental: la gente no vota por las conquistas del pasado sino por los objetivos a futuro a menos de que se encuentre en peligro de perder lo ya ganado. El PRD se refugió en sus anteriores reformas sociales y legislativas, así como en sus importantes obras públicas, porque no tenía mucho nuevo que ofrecer ya que ha perdido el impulso reformador y se ha refugiado en un esquema de conservación que no es la vía para ser la fuerza política mayoritaria en una ciudad progresista. La campaña del gobierno capitalino para elevar los salarios mínimos nunca tuvo el acompañamiento efectivo del PRD en el DF ni de su dirección nacional y, de tal suerte, entró en un impasse al grado de que no fue bandera electoral perredista.

En la ciudad no existe un plan cierto y conocido de crecimiento del Metro y mucho menos un calendario; la ciudadanía ignora si el gobierno tiene planes para garantizar la educación media-superior a todos los jóvenes y para ayudar a que ingresen a la educación superior aquellos que lo requieran; nadie puede saberse enterado de algún plan general para reordenar el actual comercio en las vías públicas y la apertura de nuevas perspectivas para esos comerciantes; no sabemos en qué consiste exactamente la política de uso del suelo más allá de las decisiones puntuales que se toman y que no obedecen a criterios generales sino a intereses particulares; no hay un plan de financiamiento a mediano y largo plazos como no existen tampoco elementos de planificación urbana y económica. El proyecto de conversión en alcaldías de las actuales delegaciones sigue siendo algo limitado, ya que no se admite la creación de cabildos plurales con iguales funciones que los ayuntamientos para terminar con el sistema de administración personal que ya se encuentra en crisis profunda. En síntesis, el futuro se sigue viendo como algo incierto y azaroso en una de las grandes ciudades del mundo.

Aún bajo las condiciones aquí brevemente descritas hubiera sido posible el mantenimiento del PRD como la fuerza mayoritaria sólo gracias a que había carecido de una oposición verdadera, a que el PRI y el PAN en la ciudad carecen de rumbos, programas y liderazgos, pero eso no es en sí mismo un mérito. Sin embargo, surgió una fuerza que, aunque también carece de programa para la ciudad, catalizó en su favor gran parte del descontento con el PRD.

Es evidente que la ciudad sigue siendo mayoritariamente de izquierda y con una presencia fuerte de las derechas políticas. Debido a la división en la izquierda se perdieron algunas delegaciones y distritos pero, más allá de esta circunstancia, las derechas pueden convertirse eventualmente en fuerza mayoritaria si las izquierdas siguen su proceso de división, enfrentamiento y falta de nuevas elaboraciones.

Así, las tareas más urgentes son: la elaboración programática y política con sentido social y democrático, la dotación de nuevos liderazgos moral, intelectual y políticamente elegibles y la unidad de las izquierdas alrededor de un proyecto común para la ciudad. Se advierte difícil pero no es imposible. El PRD tiene que responder al reto sin pretensiones exclusivistas o fenecer por falta de un buen intento.

Las sucesivas crisis del INE

Ha entrado de nuevo el Instituto Nacional Electoral en una crisis. Un consejero electoral, es decir, con voto, ha denunciado que desde hace más de un año existía un acuerdo formal entre los consejeros de que fuera renovada la comisión para procesar el nombramiento de los integrantes de los organismos electorales de los estados. Sin embargo, dicho convenio no fue respetado y se mantuvo sin cambio dicha comisión. Para ese consejero, José Roberto Ruiz Saldaña, en el INE existen funciones metalegales a cargo de un grupo encabezado por Marco Antonio Baños.

El asunto importa pues Baños fue el presidente de esa comisión cuando se nombraron los nuevos organismos de los estados y éstos resultaron a modo de la mayoría de los gobernadores, es decir, la reforma electoral quedó en nada en tan importante aspecto. Ahora, todo seguirá igual porque predominan los intereses oficialistas en el supremo órgano electoral administrativo del país. Y Ruiz Saldaña nos señala el mecanismo: Baños dirige a un grupo de cinco consejeros y consejeras que, con la actitud permisiva del sexto voto, el del consejero presidente Lorenzo Córdova, tienen una mayoría en el órgano de gobierno del INE.

Eso mismo había sido dicho en una de las crisis anteriores, cuando el 18 de febrero ocho partidos (todos menos los dos oficialistas) se levantaron de la “herradura de la democracia” para denunciar la actitud permisiva del Instituto frente a la violación cínica, reiterada y alevosa del Partido Verde (así llamado) de adelantar su campaña electoral desde septiembre de 2014 con una batería de televisión, anuncios de calle, cineminutos, regalos de bolsos escolares, boletos de cine, tarjetas de descuento, envolturas de tortillas y cuanta otra cosa se les ocurrió a los diseñadores de la campaña de ese partido de defraudadores, único aliado formal de Peña Nieto.

Antes, se había presentado una crisis cuando el nuevo sistema de reportes contables en línea de los gastos de los partidos no funcionó como lo manda la ley porque el INE decidió encargar el diseño a una compañía que resultó técnica y económicamente incapaz, luego de lo cual no hubo responsables administrativos de las decisiones catastróficas.

Otra crisis se presentó luego de que el Tribunal Electoral obligó al INE a cumplir con la ley en relación con esa descarada campaña electoral anticipada del Verde (así llamado). Primero, se ordenó la conclusión del procedimiento abierto por el PRD mediante una queja, con lo cual se censuró la negativa del consejero presidente, Córdova, de cumplir con los términos legales. Después, el 19 de diciembre de 2014, vino la revocación de la negativa de la comisión de quejas del INE de suspender cautelarmente los ilegales espots del Verde (así llamado) y, a continuación, todo lo tuvo que hacer el tribunal porque el INE seguía en la actitud permisiva frente al oficialismo hasta que se vio precisado a imponer una fuerte multa a ese mismo Verde (así llamado) por no obedecer una orden de suspensión de su propaganda ilegal, cuyo origen no había sido el Instituto, por cierto, sino el tribunal, aunque el INE tuvo que aplicarla.

La crisis inmediata anterior a la actual se produjo cuando el sistema de cómputos distritales arrojo más del 100 por ciento de casillas computadas, luego de lo cual tuvieron que interrumpirlo. La explicación de lo que había ocurrido fue muy simple pero la causa no ha sido revelada. Además, según cuentas, el INE eliminó del listado de electores a más de 60 mil ciudadanos o, dicho de otra manera, canceló las casillas donde ésos podrían votar con lo cual ni siquiera aparecieron en la suma total en los cómputos distritales. Al tiempo, muchas actas de cómputo dicen mentiras cuando registran como computadas la totalidad de las casillas sin tomar en cuenta las no instaladas, las robadas, las desaparecidas, etcétera. Y, para colmo, el consejero presidente no ubicó en el orden del día de la sesión subsecuente del Consejo General el tema del problema cibernético pero declaró que nadie quería minimizarlo. Quizá porque lo que se buscaba era olvidarlo. Lo tuvo que incorporar al debate el PRD, quien hacía más preguntas que daba respuestas mientras la reiteración de nimiedades estaba a cargo de los consejeros electorales en lugar de que el aparato ejecutivo diera las explicaciones en tanto responsable único de todo lo ocurrido.

Así funciona actualmente el INE.

Las crisis, en suma, empezaron con el nombramiento de los organismos locales electorales, cuando el PRI se llevó más del 80 por ciento del pastel. Siguieron con la campaña anticipada del Verde (así llamado) tolerada durante cinco meses por el INE. Continuaron con las órdenes provenientes del tribunal para detener al Verde debido a las ilegalidades cometidas por el INE en el manejo del asunto. Se prolongaron con el retiro del Consejo General de ocho partidos políticos con la demanda de imparcialidad y legalidad. Generaron mucha desconfianza cuando no funcionó el sistema electrónico para el cómputo distrital. Y remataron con la noticia de que el INE, ilegalmente, no ofreció posibilidad de votar a más de 60 mil ciudadanos. Por último, pero a reserva de otra crisis nueva, la mayoría de consejeros se negó a cumplir un acuerdo de renovar la comisión de OPLES (organismos electorales de los estados) poniendo de manifiesto una vez más que en el IFE opera una red que ejerce funciones “paralegales y pararreglamentarias”.

El tema pertinente lo enunció el consejero Ruiz Saldaña: “Una interrogante válida es si los partidos políticos desean ir a 2018 en esas condiciones”.

El ocaso de Peña y la dispersión de la izquierda

Las elecciones de diputados así como los comicios locales arrojan un resultado que bien podría considerarse como el inicio del ocaso de Peña Nieto y la cristalización de la dispersión de la izquierda. Hay otros dos datos: un gobernador sin partido y un diputado independiente aunque ambos son políticos de larga trayectoria. En realidad, no hay nada nuevo en el sistema político.

Peña fracasó por completo al intentar obtener un porcentaje de votos mayor que en 2012. Ahora obtuvo con las siglas PRI tan sólo el 28.6 por ciento, es decir, está algo lejos del tercio del electorado pero sigue siendo el presidente de la República con exiguo apoyo popular. Su socio e instrumento, el Partido Verde (así llamado), alcanzó 6.6 a pesar de que inició ilegalmente campaña en septiembre y se levantó él solo con el 45 por ciento en Chiapas donde hubo una elección de Estado. Total: un fracaso del oficialismo y, con ello, de la política que aplica. El mayor damnificado ha sido Peña pero no fue el único. También el PAN se quedó atorado en su quinta parte de los votos emitidos.

Lo más aparatoso sin embargo fue la cristalización de la ruptura en la izquierda. La votación de esa corriente se dividió en casi dos mitades entre PRD y Morena. Aquí hay un par de comentarios necesarios: era falsa la tesis con la cual se menospreció la escisión de López Obrador y era falso el postulado de que Morena dejaría en el margen al PRD. En cifras, los perredistas tuvieron dos puntos porcentuales por arriba de Morena (cerca de un millón de votos) y López Obrador tuvo que sufrir su derrota (eso es relativo) en Tabasco. En cambio, en la Ciudad de México, Morena se convirtió en el partido más votado llevando al PRD a un colapso no antes visto. Para un partido gobernante, aunque sea más formal que real, esa derrota es algo de lo más significativo de la reciente elección pues no es compensada con el triunfo en Michoacán y se agrava con la derrota en Guerrero.

Morena no es una formación nueva como algunos especialistas han querido interpretar. Es un partido relativamente viejo. Su dirigente es integrante de la clase política, fue gobernador de la Ciudad de México durante cinco años y candidato a presidente de la República en dos ocasiones. Morena no es Podemos de España, sino una escisión del PRD fundado en 1989. Además, Morena tiene un programa también algo viejo (redistribuir el ingreso mediante el Estado pero no hacer una nueva distribución) y evade algunas de las reivindicaciones civiles como el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo y los matrimonios entre personas del mismo sexo así como el debate sobre el tema de las drogas.

La izquierda (PRD, Morena, PT) antes unida y ahora desunida obtuvo en suma el 22 por ciento, arriba del PAN y, si se cuenta también a un ex compañero de viaje, el Movimiento Ciudadano con su triunfo en Jalisco, llegaría a más del 28 por ciento, igual que el PRI. El mayor problema al respecto es que la desunión trajo como consecuencia el triunfo del PRI o del PAN en algunos lugares.

Si bien es cierto que Peña y el PAN se estancaron, también es verdad que la izquierda se sectarizó y su influencia política será menor pero no por menos votos sino por dispersos. Ante la política de Morena y de no pocos líderes perredistas que vuelven al viejo lema de “pocos pero muy sectarios”, la tarea política más importante es la lucha por la unidad de la izquierda sin la cual no existen posibilidades reales de un cambio político.

En cuanto al PRD, podría decirse que es imperioso un rediseño tanto en materia de organización y relaciones internas como en lo que se refiere a la línea política. Lo que las urnas le están diciendo a ese partido es que al perder casi  la mitad de su electorado y la mayoría en la Ciudad de México no se ratifica la conducta que ha seguido sino que la pone bajo un poderoso cuestionamiento. El PRD –su dirección o sus bases– tiene que responder ante ese castigo o sucumbir en la falta de un buen intento.

Hay un elemento nuevo: ha surgido un partido de corte cristiano y posiblemente confesional, se llama Encuentro Social, que ha levantado más del tres por ciento. Con esta novedad se podría abrir un conflicto sobre el carácter laico del sistema electoral mexicano, pero eso lo veremos dentro de poco.

En cuanto a los nulos, podría decirse que el movimiento anulista tuvo expresión fuerte sólo en la capital del país, con un 7 por ciento, pero a nivel nacional, con el 4.8, se mantuvo en un rango ligeramente menor que el más alto conocido.

El amago del boicot electoral a cargo de la CNTE se aflojó en el último momento pero dejó al descubierto que no se trataba de un rechazo del sistema político y de los partidos en su conjunto sino de una forma de presionar al gobierno para obtener reivindicaciones gremiales. Así, la acción política no correspondía a los objetivos pero lesionaba el derecho ciudadano de elegir, el cual, además, es una conquista histórica de la izquierda. El programa de la CNTE es discutible en varios de sus puntos pero lo más cuestionable son sus métodos que por lo regular lesionan a quienes podrían apoyar la lucha a favor de la educación democrática y popular. Aquí también hay una crisis.

La “fiesta cívica”

Hace no muchos años en México no había elecciones sino refrendos obligados e inevitables del poder. Era cono una autarquía sólo que con alternancia de personas que representaban al mismo sistema político. Entonces, las elecciones no servían para resolver problema alguno y eran una “fiesta cívica”. Sin embargo, hoy se dice lo mismo, pero el asunto es que tales frases han provenido del Instituto Nacional Electoral, instancia que tiene a su cargo la organización de las elecciones pero no el análisis de su significado político.

Ya nos hemos referido a esa expresión de Lorenzo Córdoba de que los comicios no resuelven ningún problema (luego añadió que no resuelven nada per se, lo cual mantuvo igual el significado de la frase), a pesar de que sí resuelven el problema del poder el cual ya no es fijo sino que debe dirimirse en las urnas. Nos vemos ahora en la situación penosa de rebatir la expresión de ese mismo funcionario electoral, pronunciada en nombre de los demás consejeros, en el sentido de que se trata de una “fiesta cívica”. Así era cuando no había elecciones verdaderas, entonces había una “fiesta” porque no podía haber otra cosa, la gente iba a votar o la llevaban (muchas veces sí había fiesta en toda forma) y todo seguía su curso normal. Ahora también pueden llevar a votar a muchos pero ya no es una fiesta porque el poder pende del hilo de los votantes en su conjunto.

Eso de la “fiesta cívica” es algo de la vieja cultura autocrática del PRI. La ideología de esa dictadura perfecta como le llamó Vargas Llosa tenía en la ley su expresión también perfecta: el gobierno decidía quienes tenían derecho a asociarse para tomar legalmente parte de la lucha política y postular candidatos. Los demás no tenían ese derecho. Además, todo el proceso electoral estaba controlado por el gobierno mismo, quien recibía las papeletas y las contaba. No había más que una “fiesta”, la de los poderosos y sus más cercanos seguidores que lograban un relevo de personas como parte del mismo poder que se reproducía incesantemente.

Ahora, la vieja expresión de la “fiesta cívica” suena más a payasada que a algo relacionado con el sistema político de antes. A pesar de su origen, la repetición inercial de esa expresión se hace para llamar la atención, para ponerse por encima de la disputa por el poder en lugar de ubicarse a un lado, es decir, en el lado de la autoridad electoral imparcial y no deliberante en materia de análisis político. Pero como tenemos un INE cuyos titulares aman el protagonismo personal entonces se ven obligados por su propia inclinación a meterse en asuntos que no les competen como autoridades aunque, como personas aisladas, claro que deben tener sus propias opiniones y su propio análisis de conjunto (incluyendo categorías sociológicas), pero que a nadie importan por lo pronto porque lo que de ellos se espera en la presente temporada es su probidad en el desempeño de su encargo. Suponer que las elecciones son una fiesta es tratar, a fin de cuentas, de despojarlas de su significado como parte de la lucha política.

Eso de la “fiesta cívica” suena peor aún cuando en varios estados existen movimientos que tratan de boicotear las elecciones. Al respecto, claro que el INE no es autoridad de seguridad pública para ofrecer garantías a los ciudadanos, por lo cual se espera que el gobierno federal trate de disuadir actos de violencia que pudieran afectar a las personas. Ante el boicot anunciado es preciso recordar que la lucha por el ejercicio del derecho a ser votado, que es el de asociación política y participación en los procesos electorales, ha sido una bandera de la izquierda. Desde un punto de vista democrático, nadie debería tener capacidad para impedir que los demás ejerzan su derecho a votar cuando en las elecciones se ejerce el otro derecho de postularse y ser votado. El boicot electoral se ha hecho en sistemas que no son electorales sino rituales o bajo situaciones de conflictos bélicos civiles. En cambio, la anulación del voto es una forma de rechazar el sistema de partidos. La abstención es una manera de manifestar desinterés en la lucha política o hartazgo de los procedimientos de ésta. Pero las organizaciones que están en la línea del boicot se muestran agresivas y pretenden ser autoridades no elegidas que deciden sobre el ejercicio de los derechos de los demás. Las izquierdas no partidistas cometerían un error si justificaran esa arrogante facultad de impedir los comicios.