Cuba, Fidel Castro, el mundo

Fidel Castro murió exactamente 60 años después de haber zarpado de Tuxpan rumbo a Cuba para intentar por segunda vez dirigir una revolución. Seremos libres o mártires, dijo varias veces.

La anhelada verdadera independencia nacional de Cuba era el objetivo principal de los rebeldes, la cual se logró pero en medio de un estado de guerra permanente. “Primero se hundirá esta isla en el mar antes de ser esclavos de nadie”, exclamó Fidel ante su pueblo y el mundo.

Con un solo decreto, Fidel Castro nacionalizó todas las empresas estadunidenses que operaban en la Isla como enérgica respuesta a los actos de sabotaje llevados a cabo por la CIA. Estados Unidos había empezado una guerra y Cuba no podía rendirse.

Después del fracaso del desembarco de Playa Girón, lo que se esperaba era una invasión norteamericana directa, la misma que había sido planeada para cuando los expedicionarios cubanos formaran un gobierno provisional en cualquier población remota de la Isla. Por ello se emplazaron en Cuba misiles nucleares soviéticos. Al final, para evitar un catastrófico conflicto mundial, las dos grandes potencias (Jrushchev y Kennedy) convinieron que no habría invasión estadunidense a cambio del retiro de los cohetes, pero no se cancelaron el bloqueo y el asedio. Así, hasta ahora.

En todos estos años en Cuba no ha habido libertad de asociación ni de prensa. Se trata de una muy sensible falta de derechos fundamentales. La posición de Fidel Castro y sus compañeros consistió en que Estados Unidos patrocinaría los medios de comunicación y los partidos políticos. ¿Era esto cierto? A juzgar por la forma en que el gobierno norteamericano agredía a Cuba, no tendría que haber duda de que unos cuantos millones de dólares de más hubieran valido la pena para comprar políticos y periodistas sacados de ser necesario hasta de abajo de las piedras. Como ridícula paradoja, la “libertad de prensa” ha llegado a Cuba mediante las frecuencias de Radio Martí que transmite desde Florida el mensaje de otro gobierno, el de Washington. El problema mayor fue sin embargo la falta de libertad de manifestación de ideas de quienes estaban con la revolución. La férrea disciplina revolucionaria eclipsó al pensamiento crítico. Esa es toda una historia.

Siempre que el gobierno de EU emprendía una agresión, Fidel respondía. Jamás se quedó sin actuar. “Señores imperialistas: no les tenemos absolutamente ningún miedo”, decía un gran letrero puesto enfrente de la oficina de intereses norteamericanos en el malecón de la Habana. Pero, ¿cuáles eran los “intereses” de Estados Unidos en Cuba si los ciudadanos de aquel país ya no tenían propiedades en esa isla? La clase política estadunidense, algunas empresas internacionales y una parte del exilio cubano siempre han buscado revancha. Y en eso siguen a pesar de las relaciones diplomáticas restablecidas por Obama.

La influencia política de Cuba llegó a ser tan grande que se conformó una corriente política latinoamericana, más allá del guerrillerismo, con el sello de Fidel y el Che. Varios países y movimientos que habían luchado y seguían luchando por su independencia y su posterior autodecisión acudían al llamado del gobierno cubano. Fidel convocó exitosamente a una conferencia tricontinental. La Habana era uno de los centros de resistencia al imperialismo, el injerencismo, el intervencionismo y la agresión que formaban y aún forman parte de la política del gobierno de Estados Unidos. La exitosa defensa militar de Angola ante al gobierno racista de Sudáfrica fue el lance de mayor relevancia internacional de Cuba pero no el único. Por otro lado, dos señaladas incongruencias de Fidel fueron su respaldo a la invasión de Checoslovaquia (1968) y su justificación de la ocupación de Afganistán (1979), ambas realizadas por la Unión Soviética: el interés de Estado impidió la defensa de principios originales. Así andaban las cosas entonces.

Fidel Castro era también un exponente del poder dictatorial. Los políticos norteamericanos y no pocos de sus aliados en el mundo entero, en primer lugar las criminales dictaduras en América Latina y los grandes medios de comunicación,  siempre presentaron al líder cubano como un conspirador contra el “Mundo Libre”, lo cual era imposible negar, pero también como un despiadado represor de su propio pueblo. Nadie podría sostener que en Cuba no ha habido represión política, pues sería casi el único país del mundo en carecer de dicho instrumento de gobernanza, pero tampoco fue documentada la existencia de ejecuciones por motivos políticos, torturas y encarcelamientos masivos, prácticas características de gobiernos castrenses y de algunos otros de carácter civil. En marzo de 1959, dos meses después del arribo de Castro Ruz al poder, el presidente de México, Adolfo López Mateos, encarceló en un solo día a cinco mil trabajadores ferrocarrileros que estaban en huelga, cuyos líderes fueron mantenidos en prisión durante más de dos lustros. Nueve años después, Díaz Ordaz masacró estudiantes en Tlatelolco ante el completo soslayo de Cuba y de casi todos los demás gobiernos en aquel mundo donde nadie admitía que en México había un sistema dictatorial o por lo menos represivo. Pero lo había, sí.

Los problemas económicos de Cuba no se han debido siempre al bloqueo estadunidense. Hace años publiqué en La Jornada un artículo intitulado “¿Senilidad de la revolución?” que contenía una crítica del sistema económico de Cuba, por el cual recibí algunas majaderías de parte de ciertos castristas dogmáticos con quienes era imposible discutir el asunto en el marco de una mínima honradez intelectual de su parte. Según ellos, había que sostener que el bloqueo era la causa de todo problema pues de lo contrario se le hacía el juego al imperialismo. El tema de la economía está ahora en boca de todos en Cuba mientras en el resto del mundo se esperan anuncios al respecto.

Hay muchos libros sobre Cuba y su líder. Cuando los archivos se abran por completo otros autores podrán redactar la historia de esa isla. Mas lo que no admite duda es que Cuba está adelante dentro del Tercer Mundo en educación, vivienda, salud e igualdad económica, y que siendo un país pequeño ocupó un relevante papel en el mundo, todo ello bajo la dirección de un rebelde de nombre Fidel Castro.

Absolución del aborto

El pontífice máximo de la Iglesia Católica ha concedido a todos los sacerdotes la facultad de absolver a quienes hubieran procurado un aborto. Se trata de una decisión permanente, una prórroga indefinida de lo que había sido establecido por el mismo Papa sólo para un año, el de la misericordia, recién concluido. Además, el perdón del aborto ha de ser “omnicomprensivo”, es decir, abarcará a todas las personas que hubieren intervenido en la interrupción del embarazo, esposos, familiares, enfermeras, enfermeros, médicos, etc.

Como se sabe, el aborto es un pecado grave en la Iglesia Romana. Bajo la política de misericordia promovida por el actual pontífice católico, Francisco, el interrumpir de manera voluntaria un aborto no dejará de ser el mismo pecado que antes pero en lo sucesivo podrá ser perdonado por cualquier sacerdote y no sólo por un obispo bajo condiciones extraordinarias. Cada aborto ya será, por tanto, una conducta posible de ser perdonada a juicio de cualquier ministro de culto católico.

El pontificado de Francisco se ubica de esta forma en el mismo nivel que los países donde se perdona el aborto, aún considerado como delito, tomando en cuenta las condiciones bajo las cuales se realiza. Ese fue el primer paso que se tuvo que dar en muchos lugares donde ahora el aborto ya es considerado como una decisión de cada cual.

Roma se incorpora de esta manera al inicio del proceso de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y, por tanto, del reconocimiento pleno del derecho de las mujeres sobre el libre uso de su propio cuerpo, lo que incluye la maternidad libre, es decir, no obligada por la condición de sexo como fue durante milenios. Las mujeres no están ya sometidas a una condición de reproductoras, de receptáculos de la semilla masculina para la perpetuación de la especie humana y de la estirpe de los dominantes.

Francisco ha tocado un punto que siempre fue en extremo delicado desde un punto de vista teológico. Él lo aborda por el lado de la misericordia. Sin embargo, deja planteado dentro de la Iglesia Católica un asunto de mayor fondo: los derechos de las mujeres.

El actual pontífice máximo quizá no podrá concluir su obra consistente en reconocer que la iglesia romana “no es nadie para juzgar” las preferencias e inclinaciones del prójimo, lo cual habrá de ser finalmente la gran reforma eclesial que coloque al sacerdocio en pié de igualdad con los demás individuos que son entre sí iguales según el Estado moderno laico. Empezar a despojar al clero de su condición de representante de la divinidad será sin duda una reforma que, sin negar la teología, admita ubicar a las personas en el plano en que las ha puesto la doctrina de la igualdad humana. Esto tendría que abarcar también la igualdad entre hombres y mujeres, lo cual es harto complicado en el seno de una clerecía masculina.

Hasta hace poco, especialmente con motivo de enérgicos pronunciamientos episcopales sobre aborto y matrimonios igualitarios, no se había visto una vereda hacia la humanización del clero, su despojo de las prendas divinas con las que se arropa para enjuiciar en forma inapelable la totalidad de las acciones de los seres humanos y para condenar bajo sus propias y exclusivas leyes.

Francisco, quien conoce muy bien la arrogancia sacerdotal de una representación divina depositada en individuos hombres profesionalmente capacitados para profesar el Evangelio, implora la misericordia, la reconciliación y el perdón, principios católicos, para avanzar en la desestructuración de aquella divinización del sacerdocio masculino en aras de volver a integrar a los curas, los cuidadores, a la sociedad de la cual se han desprendido inmisericordemente.

Más interesante aún es que Francisco se esté ubicando en mejor posición que los reaccionarios panistas y priistas, usufructuarios del Estrado laico, quienes votan en las cámaras a favor de la persecución penal del aborto.

Empoderar

La palabra empoderar se ha vuelto a usar pero ahora con el único significado de dar o lograr poder. Como parte de una plataforma política de la derecha, el empoderamiento es presentado como algo que conduciría a dejar atrás la discriminación de las mujeres.

En consecuencia, el oficialismo ha presentado su discurso sobre el empoderamiento y además ha metido de contrabando el término en una convocatoria. Miguel Ángel Osorio inauguró un seminario sobre el “empoderamiento económico”, es decir, el enriquecimiento, en el marco de lo que llamó “cultura igualitaria” que “deje atrás el machismo y los estereotipos que limitan las posibilidades de desarrollo de las mujeres”. A su vez, el Senado convoca a la inscripción de candidatas a recibir el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, cuyos méritos deben abarcar logros y aportes cuya “finalidad” hubiera sido “el empoderamiento de las mujeres y el logro de la Igualdad de Género”.

El empoderamiento como enriquecimiento o como acceso personal al poder político no podría verse como un propósito general de las mujeres porque el poder, en cualquier modalidad, se ejerce por parte de pocos individuos o por élites. Ninguna política que vaya en contra de la opresión de las mujeres en general y de las condiciones de discriminación que éstas han padecido podría privilegiar el acceso personal al poder porque éste no puede brindarse más que a unas cuantas.

Otra tesis que va de la mano del empoderamiento personal consiste en postular que el acceso de más mujeres al mando de empresas y gobiernos es, por sí mismo, un avance en la lucha por la igualdad de género. Es claro que en la medida en que las mujeres son apartadas de la toma de decisiones se hace prácticamente imposible que se abran paso aquellos enfoques surgidos de la propia condición de género, es decir, el lugar y la manera desde donde se observa y analiza la realidad. Pero también es evidente que no todas las mujeres que acceden a puestos elevados tienen compresión de la lucha histórica tendiente a eliminar la discriminación y toda opresión contra las mujeres.

Las pocas acciones afirmativas, entre ellas la paridad de género en las candidaturas de los partidos, son apenas un avance inicial de lo que debería hacerse también en muchos otros ámbitos, la mayoría de los cuales no se encuentran tan directamente vinculados al poder. Pero en otras esferas hay aún mayores resistencias a la participación de las mujeres en condiciones menos desiguales.

El empoderamiento no es una vía de solución del gran conflicto histórico de género por más que sea necesario que muchas mujeres tengan acceso a los selectivos y reducidos ámbitos del poder. Pero, en este plano, es más necesario aún que ellas sean feministas y sepan dar la lucha, de lo contrario tendremos mujeres empoderadas tradicionalistas o francamente reaccionarias, lo cual no ofrecerá nada nuevo y positivo. Ya se ha visto. En verdad, la mayor tarea política que podría incluir la participación de las mujeres en las funciones públicas es justamente la radical reforma democrática del poder.

Se requiere vencer las resistencias a la reivindicación y práctica de los derechos de las mujeres, lograr que los gobernantes (hombres y mujeres) abandonen el discurso que consiste en referirse al conjunto de tales derechos pero sin decir cuáles son y cómo han de conquistarse. Osorio, por ejemplo, no podría reivindicar el derecho de las mujeres al libre uso del cuerpo de cada cual, a la decisión sobre la maternidad propia, porque no está de acuerdo o, si lo estuviera, el gobierno federal no lo admitiría.

Dentro de este mismo análisis hay que decir que la violencia de género es parte de la vida social y de la organización del Estado, no se conforma de hechos aislados. Se requiere la aplicación cotidiana y sin trabas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en vigor desde 2007, la cual obliga a las autoridades a ser activas, intervenir en la defensa de las víctimas, impedir actos violentos, atender a las mujeres amenazadas, declarar alertas de violencia de género, denunciar y perseguir a los agentes activos de los delitos, todo ello con una perspectiva en la que todo se deba analizar a partir de la condición en la que viven las mujeres. Pero esto es lo que no hacen gobierno federal, Ministerio Público, jueces, gobiernos locales y ayuntamientos. El atraso en estas materias sigue siendo muy grande en México. Esa y otras leyes son ignoradas por las autoridades mientras que es una pesada carga tratar de hacerlas valer, por lo regular con escaso éxito.

El discurso del empoderamiento personal privilegia un camino sólo para algunas pero las mujeres, como sus derechos y reclamos, deberían estar decisivamente presentes en todos los poderes políticos y económicos.

No ganó Trump; perdieron Hillary… y Obama

Con menos votos que su rival pero con más integrantes del Colegio Electoral, Donald Trump será presidente de Estados Unidos. Su victoria expresa el grado de obsolescencia de un sistema político cuyos líderes se niegan siquiera a retocar. Las críticas del millonario emergente en contra de las cúpulas de ambos partidos y de los grandes medios de comunicación ha sido uno de los elementos para conjuntar en muchos estados mayorías de votantes, blancos por lo general, más o menos conservadores.

Otro punto fue la candidatura de la señora Clinton, la cual se desveló pronto como un decisivo error de la dirigencia demócrata pero en especial de Barak Obama, líder de Estados Unidos durante ocho años en los cuales no construyó una corriente política que dejara huella profunda en la vida estadunidense. La derecha lo ha hecho pedazos pero eso ya había empezado desde que Hillary obtuvo la nominación demócrata, la cual fue apoyada por la Casa Blanca ante la falta de un precandidato propio y con el desarticulado propósito de detener a Bernie Sanders. Hillary fue incapaz de conservar la mayoría electoral demócrata en estados como Pensilvania, Michigan, Wisconsin, donde sus compañeros de partido han ganado desde hace 30 años.

Trump expresa a una derecha nacionalista harta de una globalización y de unos gastos de defensa mundial que antes apoyó pero que ahora no sólo afectan a los obreros sino también a los empresarios medios y pequeños. Esa parte del pueblo estadunidense está de regreso a través de Trump pero éste carece de liderazgo dentro del Partido Republicano a quien le arrebató la candidatura debido al titubeo y la división de su propia cúpula. El nuevo presidente de Estados Unidos será muy débil porque no pisa seguro en ningún campo dentro del Capitolio, no es amigo de grandes medios de comunicación ni de Wall Street y tendrá una oposición muy dura por parte de los demócratas.

El programa republicano en materias de seguridad social, impuestos y presupuesto empezará a predominar en los centros de decisión, ya que ese partido tiene mayoría en el Capitolio y no habrá vetos de la Casa Blanca, aunque todo se seguirá negociando como siempre. Otros temas serán más complicados, como los gastos militares y la política frente a Rusia, sin embargo, hay poco terreno para la zozobra cuando ya se sabe lo que quieren los republicanos.

En México seguirá la inestabilidad cambiaria porque obedece a factores principalmente económicos y mucho menos psicológicos. La economía se encuentra estancada, la deuda ha crecido mucho y, ante el aumento del rédito, la inflación será mayor. Esto está claro. De nada serviría echar la culpa a Trump ni suponer que continuar con el muro fronterizo, cuya construcción la iniciaron otros presidentes, vaya a ahogar a México. Obama elevó las deportaciones de mexicanos sin visa y, aunque Trump haga lo mismo, el tema laboral entre ambos vecinos seguirá como algo pendiente porque en 15 años no se ha producido un acuerdo en el Capitolio.

El TLC (NAFTA) no podría ser denunciado sin la anuencia del Congreso estadunidense, la cual quizá se lograra entre los demócratas que votaron en contra originalmente, pero sería más difícil entre los republicanos, que son mayoría en ambas cámaras, debido a que el problema no es ese tratado sino las importaciones de Oriente. El acuerdo que va a ser rechazado es el transpacífico.

No existe una derecha de Trump sino que este personaje se unió a una ya existente y muy dura. Piénsese en Reagan o en los Bush. El nuevo presidente estadunidense no busca fundar algo nuevo sino que se ha colgado de algo viejo y ha sabido aprovechar la coyuntura para ganar apoyo popular con su irreverencia frente a los políticos y su denuncia de la inoperatividad de un sistema desprestigiado. La estridencia de Trump probablemente conmovió a los políticos del mundo entero pero a él le brindó en varios estados los votos necesarios para completar la cantidad de electores que requería ante el fracaso de la señora Clinton en esos mismos lugares.

Pareciera que Hillary y Obama se hubieran puesto de acuerdo para llevar a Trump a la presidencia de Estados Unidos.

PRI y PAN, una alianza histórica

En ocasión de la ceremonia en la que Enrique Peña Nieto entregó entre otros a Felipe Calderón un diploma que otorga el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el presidente designó a esa institución que ha cumplido ya los 70 años como “gran ejemplo del modelo educativo que estamos impulsando”, dijo.

La imagen publicada de Peña y Calderón en el ITAM nos muestra gráficamente uno de los problemas contemporáneos del México actual: la insistente búsqueda de un sistema bipartidista basado en el programa neoliberal, la cual es encabezada por encumbrados políticos y grandes empresarios. Así como ese instituto, fundado como una de las alternativas de banqueros e industriales frente al entonces joven Instituto Politécnico Nacional, se convirtió al neoliberalismo tan luego como éste se difundió en el mundo, tanto el PRI como el PAN también abrazaron el mismo canon para desmantelar el estatismo mexicano y reivindicar además el paradigma liberal de los tiempos corrientes, es decir, el uso oligárquico del Estado en aras de la privatización de funciones eminentemente sociales de administración solidaria.

La alianza entre el PRI y el PAN se ha llevado a cabo en medio de un conflicto por el ejercicio del poder público, pero eso no quiere decir que aquélla sea inexistente. La pelea por los cargos entre panistas y priistas es continua pero su convergencia en el contenido de la acción de gobierno ha de mantenerse como lo hemos visto desde la segunda mitad de los años ochenta, en especial desde la reestructuración de la izquierda con motivo del liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas y la presidencia fraudulenta de Carlos Salinas. Fue justamente en el sexenio 88-94 cuando se perfiló con mayor claridad la contradicción entre neoliberalismo y Estado social, mucho más allá de las contradicciones del anterior estatismo a la mexicana. Se legalizó entonces la privatización de ejidos y bienes comunales, es decir, un nuevo despojo liberal institucionalizado de la tierra por parte de la burguesía. Hace menos tiempo, ambos partidos votaron por el carácter individual de los fondos de pensión y su manejo como negocio privado fabuloso y extraordinario. Desde entonces las cosas han continuado como se pudo apreciar aún con más nitidez cuando el PRI y el PAN signaron el acuerdo para llevar a cabo la llamada reforma energética que legalizó las privatizaciones de los hidrocarburos y del servicio público de electricidad, objetivos ambos que habían sido grandes obsesiones tanto de políticos como de empresarios de tendencia neoliberal, incluyendo naturalmente a las trasnacionales del ramo y a los ideólogos de la OCDE.

El hecho de que en el transcurso de la aplicación del programa neoliberal se hayan presentado tropiezos no significa que éstos hubieran sido producto de contrariedades entre el PRI y el PAN. Por el contrario, siempre estuvieron juntos. Las mayores dificultades de los neoliberales se han presentado en el terreno de la sociedad, no en la esfera interna del Estado. Como ejemplo, el fracaso de la implantación del sistema de altas cuotas en la educación superior se debió al movimiento de los estudiantes de la UNAM, los cuales en dos ocasiones derrotaron el proyecto privatizador luego de luchas que conmovieron la conciencia nacional popular mexicana en contra del intento de arrancar el carácter social de la enseñanza y la investigación científica. Esa derrota del neoliberalismo estuvo a cargo de la izquierda vista en términos ampliamente sociales. Sin embargo, no cerró el ciclo neoliberal de la política dominante, como ya lo hemos podido apreciar.

Mas el otro problema es que frente a esas relaciones tan cercanas y solidarias entre los dos grandes partidos neoliberales del país, las izquierdas parecen conmoverse mucho menos. La división del PRD, largamente promovida, así como la gravedad de la inclemente crisis en ese mismo partido, por un lado, y el liderazgo excluyente de López Obrador, por el otro, se han convertido en factores que favorecen el proyecto bipartidista neoliberal. Las izquierdas políticas y sociales, mientras tanto, parece que no están pensando en reaccionar. Lo que se requiere es una reformulación de la izquierda como corriente nacional.

Sí, las principales instituciones deben ser enviadas al diablo con el propósito de crear unas nuevas basadas en la democracia, el Estado social y el respeto a la legalidad. Sí, existe una oligarquía que domina la esfera política cuya derrota debería ser prioritaria. Sí, las alianzas del PRD con el PAN favorecen el bipartidismo, derrótese o no al PRI en cada lance, porque tienden a borrar a la alternativa verdadera que es la izquierda. Sí, todo giro oportunista de las izquierdas políticas y sociales es un elemento a favor de la alianza entre el PRI y el PAN porque significa ceder o acercarse a los puntos programáticos neoliberales. Sí, el sustento social de esa alianza histórica es la gran burguesía mexicana y los dos grandes partidos de Estados Unidos, hacia donde la izquierda no debería recurrir en busca de convergencias políticas por coyunturales que pudieran ser presentadas. Sí. Pero hace falta también pavimentar el camino de la unidad de la izquierda para convertir los discursos en realidad al tiempo que se hacen discursos nuevos.

Del PRI a la PGR

Raúl Cervantes Andrade, ahora procurador, ha sido delegado a las asambleas nacionales XVIII (2001) y XIX (2005), consejero político nacional, coordinador de asuntos jurídicos y secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional, además de tres veces legislador federal plurinominal. Todas estas funciones y cargos las desempeñó dentro del Partido Revolucionario Institucional. Es sin duda un militante sólido.

Enrique Peña Nieto lo había perfilado como ministro de la Suprema Corte aun cuando no reunía las exigencias de la ley porque era senador, cargo irrenunciable. Ahora lo ha impuesto como procurador y pretende dejarlo como Fiscal General cuando él ya no sea presidente de la República. Esto se llama designación transexenal que, para colmo, se encuentra prevista en un transitorio del decreto publicado el 10 de febrero de 2014 con el cual se reformó el artículo 102 constitucional.

Peña desea imponer un funcionario por once años en total aunque su partido, el PRI, sea desalojado del Poder Ejecutivo y aunque la Fiscalía, se supone, deba ser independiente del Ejecutivo y de cualquier partido político. Lo que no se explica es que casi toda la oposición haya ratificado el nombramiento de Raúl Cervantes, destacado dirigente priista, sin que éste cubra requisitos de idoneidad para el cargo de procurador. No ha tenido nada que ver con la investigación criminal, no ha estudiado criminología, no ha tenido contacto con la procuración de justicia, carece de conocimientos sobre la organización de la PGR. Al respecto, el nuevo procurador está en blanco y así se puede pasar años. Un verdadero fiscal no se improvisa.

En otros países se busca un procurador profesional. En México con la mayor frecuencia se nombra a un experimentado político oficialista experto en maniobras propias de su ramo. Así ha sido durante muchas décadas. Baste recodar algunos personajes como Portes Gil, López Arias, Sánchez Vargas, Ojeda Paullada, Oscar Flores, Morales Lechuga, (Lozano Gracia, PAN), Macedo, Murillo Karam, entre otros. La Procuraduría ha sido una posición política, no una institución de Estado. Ha sido instrumento para perseguir y para perdonar, para amenazar y para negociar. Nunca nadie ha tenido la confianza plena en el Ministerio Público convertido en instrumento del poder político. Carranza quería una especie de ombudsman, al margen de los jueces porfirianos de consigna y de la Secretaría de Justicia, entonces abolida, pero se equivocó de lado a lado cuando implantó la norma de que el procurador debía ser nombrado y podía ser removido libremente por el presidente de la República en turno: hasta aquí llegaron las ansias reformadoras de la justicia en 1917.

Bajo un sistema de partido dominante de Estado y, además, corrupto, la justicia no puede ser independiente aunque lo proclame la ley. De lo que se trata es que ya lo sea después de cien años. Ese requisito es uno de los elementos básicos para desarrollar la democracia política y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, sociales y políticos. Pero Raúl Cervantes, prominente militante priista e integrante del entorno cercano de Peña Nieto, no es la persona capaz de abrir el paso a una Fiscalía General independiente basada en la legalidad y la probidad.

¿Para qué se quiere a Cervantes? Para tener ahora y después de Peña el control de la procuración de justicia, de las investigaciones penales, de la cantada lucha dosificada y con dedicatoria contra la corrupción y del uso instrumental del Ministerio Público. El procurador Raúl Cervantes nos quiere decir que el sistema no cambiará aunque las leyes hayan sido modificadas.

Sólo hay dos gruesos detalle: 1) no habrá fiscal hasta que haya ley de la Fiscalía, lo cual depende del Senado y 2) el próximo presidente de la República podría remover a Cervantes del puesto de Fiscal General si el Senado se abstuviera de objetar dicha remoción en un plazo de diez días. Así que es algo pronto para que Peña y su grupo, así como otras bandas priistas, canten victoria con la llegada de Raúl Cervantes a la PGR y luego a la Fiscalía General. Los ex gobernadores en capilla, por su lado, ya no tienen salvación porque son el estandarte de la anunciada derrota de la corrupción del Estado mexicano. Ya hemos visto lo que eso significa cuando son los mismos (o parecidos) quienes gobiernan.

Tribunal Electoral: agandalle oficialista

La Sala Superior del Tribunal Electoral siempre ha sido de consigna aunque no siempre haya funcionado como tal. Ernesto Zedillo nombró a cuatro priistas de los siete magistrados que lo componen, pero uno de ellos (Orozco) se juntó con otros tres y jugó el papel de díscolo en algunos lances importantes como el del Pemexgate, cuando se obligó al PRI a pagar mil millones de pesos por haberse robado de la paraestatal petrolera una cantidad igual. El dato duro en la coyuntura era que el PRI ya había perdido la Presidencia.

Con o sin mayoría automática priista, el tribunal ha jugado un papel de legislador. Cuando no le conviene acatar la letra de la ley, se inventa otra norma y aplica su criterio. Ese es uno de los más graves defectos del más alto tribunal electoral del país.

El Senado ha escogido a siete magistrados y magistradas de otras tantas ternas enviadas por la Suprema Corte, de las cuales sólo dos de ellas estuvieron integradas sólo por mujeres y cinco exclusivamente por hombres. La paridad era imposible por el número impar de los integrantes del tribunal, pero ¿por qué sólo dos mujeres? La Corte, como siempre, no se esfuerza en dar explicaciones, pero la cuasi paridad entre hombres y mujeres que estaba al alcance fue descartada en sucesivas votaciones arregladas de antemano mediante criterios preestablecidos. Así se las gastan los togados en los días corrientes.

De los siete integrantes de la Sala Superior tenemos otra vez cuatro oficialistas. Esta es la composición ideada originalmente por Zedillo desde cuando ese tribunal se integró como órgano del Poder Judicial. El TEPJF se permite inventar normas legislativas que son de inmediato aplicadas por él mismo. Luego, lo peor, es que el Instituto Nacional Electoral acata los mismos dictados judiciales aunque no conformen jurisprudencia, como si fueran parte integrante de la legislación del Congreso de la Unión.

Ese Tribunal puede anular cualquier elección actuando como instancia única y de alzada, es decir, sin revisar ningún fallo anterior y resolviendo lo que nadie le pidió. Así ha funcionado dicho órgano del Poder Judicial, con escándalos concretos, pero sin que en el Congreso imponga un criterio de moderación al poder asignado a siete personas.

¿Por qué el PAN y el PRD han admitido el exceso de facultades del Tribunal y su nefasta composición? Esa es una buena pregunta pero no tenemos a la mano forma de responderla satisfactoriamente. Por su parte, al PRI le importa muy poco que digan que unos magistrados, como unos consejeros ciudadanos, son oficialistas disciplinados. El cinismo de la clase política tradicional mexicana carece de límites.

Una vez, el PRD tuvo que hacer una proposición completa para integrar el IFE porque se le había marginado de las negociaciones debido a su exigencia de que cada uno de los tres partidos pudiera objetar las propuestas de los demás. El PAN había dado su consentimiento (Germán Martínez y Molinar) para resistir la decisión de Madrazo y Gordillo de imponer un IFE nefasto encabezado por Ugalde, pero negociaron en lo más oscuro de San Lázaro a cambio de un consejero más para el PAN. Como coordinador de la bancada del PRD (2003-2006) me sostuve hasta el final en la exigencia, aunque poco después fui criticado por integrantes de la dirección del partido por romper con la tradición de tomar lo menos y ceder lo más. Pero, ¿para qué queríamos dos consejeros electorales en el IFE si el PRI estaba tomando la mayoría? Ese partido ni siquiera tenía al Ejecutivo Federal, pero el PAN buscaba acuerdos contra una izquierda en ascenso los cuales terminaron favoreciendo al candidato Calderón. En verdad, ningún partido debería tener a un solo consejero de su lado.

Cuando fui senador (2006-2012) se llegaron a “innovaciones”, por ejemplo, para meter al Tribunal a Penagos que ya había sido rechazado en su terna original pero devuelto por la Corte en otro trío con el fin de lograr su inclusión. Beltrones arregló esa maniobra con la aquiescencia del PAN, el PRD y la petición de Convergencia. Penagos era el cuarto elemento de entre siete magistrados.

La idea priista siempre fue que si no se tenía una mayoría automática en el órgano administrativo se podía arreglar cualquier cosa en sede jurisdiccional. Esa sapiencia es elemental pero el problema sigue siendo ¿por qué las oposiciones la han admitido?

Hoy tendremos cuatro magistrados oficialistas (Mata, Soto, Fuentes y Vargas), dos panistas (Otálora y Rodríguez) y uno propuesto por el PRD (Infante). Eso es agandalle disfrazado de “pluraridad”. Pero no es pluralidad lo que se requiere sino imparcialidad, que es cosa diferente. El nuevo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación traerá problemas al país porque su método de integración es el peor posible y porque predomina el gobierno, cuyos intereses normalmente se decantan a favor de la parcialidad del aparato electoral, la coacción del voto y la simulación. Lo precario de nuestra democracia se expresa también en la inconsistencia de las instituciones. En particular, los tribunales siguen siendo de consigna en los asuntos más relevantes y políticamente decisivos para el poder establecido.

Debate contra Trump

El entorno mediático del segundo debate entre dos de los candidatos estadunidenses dio la impresión de ser una segunda edición, empeorada,  del primero: casi todos están en contra de Donald Trump y nadie se ubica a su favor. En consecuencia, todo beneficia a la candidata Clinton.

Aunque entre las personas que consideramos que Trump es un chovinista, un racista y un patán, entre otras muchas cosas más, podría verse bien que las reglas sean inequitativas para tratar de evitar que el multimillonario obtenga el triunfo, eso sería tanto como estar a favor de sistemas electorales amañados. ¿Por qué demócratas y republicanos se abstuvieron de llegar a acuerdos para bloquear a ese último Bush que se convirtió en un enemigo público de la Humanidad? Casi todos estaban entonces alegres apoyando ir a hacer la guerra a Irak, incluso Hillary Clinton, con excepción de Obama y unos cuantos.

Trump no tiene más que una letanía fuera de la cual no dirá nada interesante. Por eso está ahí, en la competencia, para arrollar a la clase política que ya es odiada por una parte de los multimillonarios y por muchos millones de estadunidenses, sin duda la mayoría. Para enfrentarlo se hubiera requerido a un o una aspirante democrática, crítica, reformadora, propositiva. Pero la candidata Clinton no es nada de eso y se mantiene en sus mismos discursos después de ser dos veces senadora y secretaria de Estado, además de haber habitado en la Casa Blanca que también es un cargo público en EU. No dijo nada nuevo, lo cual no está mal de por sí, sino que tampoco explicó lo que ha venido diciendo hasta ahora no obstante haber perdido los debates con el precandidato Bernie Sanders. Hillary no está expresando el contenido básico de la plataforma electoral oficial de su partido porque no lo comparte.

La candidata afirmó que no enviaría militares a operaciones terrestres a Siria pero que lanzaría a EU contra el gobierno de Assad en operaciones aéreas. Parece que Clinton desconoce que en ese país hay una guerra civil y hay al mismo tiempo una guerra de un protoestado, el Califato (ISIS), que el gobierno sirio tiene alianzas militares firmadas con otros países y que una grave agresión contra uno de los pactantes, según la cláusula de oro de los tratados militares, se considera hecha también contra el otro o los otros socios. Recordemos las Malvinas cuando Estados Unidos hizo a un lado su Tratado Interamericano y se abrazó a la OTAN como alianza estratégica. ¿Qué sucedería si en su guerra contra el gobierno Sirio se involucrara la aviación rusa? ¿La para entonces presidenta Clinton pediría disculpas a Putin o le haría un reclamo formal y asunto arreglado? ¿Puede EU obtener a corto plazo la derrota de al-Assad “desde el aire”? ¿La OTAN declararía también la guerra al gobierno Sirio? Las expresiones de Hillary parecen bromas dichas a la ligera, pero el hecho duro es que donde hay fuego de sobra, la candidata quiere meter más: es la clásica política estadunidense.

Trump sencillamente dijo que Rusia combate al Califato y que aunque al-Assad no le cae bien, éste también combate al mismo Califato.

Al respecto de lo dicho por la señora Clinton sobre la ciudad de Alepo se requiere repudiar esa sensiblería ensayada: es inaceptable separar a los niños masacrados y huérfanos a causa de los bombardeos rusos de aquellos que han sido víctimas de los estadunidenses. Es inválido condolerse de unos y olvidar a los otros. En ese mismo sentido, cualquiera hubiera esperado que Clinton hiciera un reproche a Putin por no haber aceptado los términos estadunidenses de una tregua recientemente fracasada y, al tiempo, explicar la necesidad de un acuerdo. Pero no, Hillary quiso aplastar en el debate a un Trump al que le llovían golpes de todas partes del town hall y se lanzó contra él acusándole de que simpatiza y tiene intereses en Rusia. Clinton está mal. Cuando se es presidente de Estados Unidos, frente al resto del mundo sólo se es eso y basta. Además, como Hillary no explica la desaparición de sus correos electrónicos, ataca con acusaciones de que Rusia jaquea a EU, las cuales pueden ser ciertas tanto como lo es el escandaloso espionaje mundial de la NSA, pero la candidata olvida que las mayores filtraciones de información secreta fueron realizadas por un oficial y un empleado del gobierno de Estados Unidos.

La furia de Trump contra el programa de seguridad social llamado Obamacare, le llevó de nuevo a descalificarlo por ser más costoso, dijo, que lo que pudiera ser otro, pero Clinton no explicó la falsedad de esa afirmación a pesar de que el multimillonario se hizo bolas cuando le preguntaron qué nuevo programa sustituiría al actual. Lo cierto es que no tiene ninguno sino sólo las ganas de echarlo abajo con el entusiasta apoyo de todo el Partido Republicano que no obstante le niega respaldo. Sin embargo, Trump tocó un cable sensible cuando dijo que formaría una fiscalía para investigar y llevar a la candidata Clinton a la cárcel por el asunto de los correos electrónicos borrados, tema sobre el cual Hillary continúa con evasivas si no es que con mentiras. Lo que fuera, el lío de los correos en el que se metió sola Hillary la perseguirá como una servidora pública por lo menos notoriamente deficiente e irresponsable, aun después de triunfar en las elecciones.

Es lamentable que la corriente política que ha encabezado el senador Sanders no hubiera tenido el menor sitio, a favor y en contra, en la disputa de los dos candidatos empeñados rabiosamente en atacarse con todo lo que tienen a la mano pero ignorando un programa, el de Sanders, que tiene el apoyo de millones que debieron haber sido referidos aún dentro de la anticuada democracia estadunidense.

Hillary no tiene programa pero llegará a la Presidencia de Estados Unidos (el mal menor se dice), mas desde ahí se comportará como siempre lo ha hecho: hablar mucho, no hacer nada nuevo y generar agresividad contra adversarios y socios díscolos. Ese país no va a progresar así y el mundo no será mejor, pero ellos deciden. Trump es una amenaza mundial pero no está claro que Hillary no lo sea.

La mayor culpa la tiene Obama por haber nombrado a Clinton como secretaria de Estado y, hace poco, poner a trabajar a su gobierno para derrotar a Sanders. Ya habrá motivos, ocasiones, lugares y personas para reclamárselo.

A las puertas de otra crisis

Enrique Peña Nieto decidió que la economía iba a crecer y, por tanto, ejerció un mayor endeudamiento con el apoyo del Congreso. Sin que se produjera el esperado aumento del PIB ni, por tanto, de la masa de contribuciones, el resultado ha sido un río de dólares que se marchan. Es por ello que el peso se ha venido devaluando durante el sexenio.

Para hacer frente al pago de requerimientos financieros, el gobierno quiere un superávit primario pero éste es insuficiente y dañino. Los agresivos recortes sólo conducen a reducir un poco el ritmo de endeudamiento pero son recesivos, es decir, llevan a un menor crecimiento económico. Tener un sobrante de ingresos antes del pago del servicio de la deuda no garantiza poder estabilizar las finanzas públicas ya que con anterioridad se había elevado demasiado la cuantía relativa del débito. En pocas palabras, el país tiene un  grave desequilibrio.

El Banco de México supone que con mayores tasas de interés se puede frenar la compra de dólares. Esa medida eleva la prima de riesgo que paga el país a los poseedores de bonos pero sin aminorar la salida de capitales líquidos. Por otro lado, aumenta el rédito y obstaculiza la inversión privada. Un desastre.

En casi todos los países pobres las deudas se han convertido en una limitante para el ejercicio de la soberanía nacional. El capital dinero concurre a las economías en pos de obtener seguridad y renta. Su cuantía ha servido para estabilizar las cuentas nacionales pero cuando los ingresos por exportaciones bajan o los gobiernos hacen pésimos cálculos, los dueños del dinero emprenden la emigración, la cual opera como una presión para reducir el gasto público con el propósito de servir la deuda acumulada. Así opera el capital-dinero especulativo en manos de extranjeros y de nacionales.

El modelo de adelantar inversiones, es decir, financiarse con débito, es impecable teóricamente pero el capital especulativo ha demostrado que puede llegar a ser un elemento de las crisis. El problema es mucho mayor cuando los países cubren con deuda parte de su gasto corriente y cuando las inversiones en infraestructura no dan los resultados macroeconómicos esperados, tal como ha ocurrido en México, donde ya empezó el galope de aumento de la tasa de interés con lo cual se ofrecen altos réditos ante la falta de “confianza”, aumentando con ello la sangría económica.

El mundo tiene que cambiar. Se hace indispensable que los países pobres modifiquen el modelo de financiamiento del desarrollo, repudien la contratación de deuda en mercados abiertos y rescaten ingresos de sus grandes empresas y capitalistas para promover la inversión. Esto quiere decir que sí es indispensable aumentar impuestos y crear nuevos. La bandera de no afectar a los grandes ricos (en México son muy pocos pero demasiado ricos) mantiene a los países pobres en su desdichada condición. Lo estamos viendo ahora, el gobierno está pagando más intereses a sus acreedores con tal de que no saquen su dinero pero lo van a seguir sacando. De esa forma trabajamos para el capital especulativo y no realizamos las inversiones que se requieren para expandir la economía: es el peor de los escenarios. Estamos a las puertas de otra crisis.

Enrique Ochoa Reza (PRI) y de la CFE violaron la Constitución

El artículo 126 de la Constitución dice que “no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior”, pero como era una costumbre violar ese antiguo precepto, hubo necesidad de reformar el siguiente artículo, el 127, el cual, entre otras muchas cosas, prescribe: “No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.

Enrique Ochoa Reza, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional, cobró un millón 206 mil pesos netos por haberse separado voluntariamente como director general de la Comisión Federal de Electricidad para aceptar un nuevo encargo presidencial, al margen de la función pública, luego de 2 años y 155 días de dirigir la paraestatal. El instrumento invocado por el “líder” priista para demandar y obtener su “liquidación” fue el Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando de la CFE que no es ley, no es presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, no es contrato colectivo, no es condiciones generales de trabajo, en virtud de lo cual sus reglas particulares sobre pagos de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y liquidaciones por servicios prestados son nulas de toda nulidad según la Carta Magna.

Mas el problema no termina ahí sino que está bastante más complicado. El “Manual” no permite otorgar “liquidación” a los jefes de la CFE que se separen de manera voluntaria, como fue el caso del líder priista, el señor Ochoa Reza, antes de tres años. El artículo 33 de ese “Manual” tiene dos apartados en cuanto al pago por servicios prestados: retiro “por voluntad propia”, que es el caso, y por “liquidación” que de ninguna manera es el caso. De haberse aplicado el primero y no el segundo el señor Ochoa Reza no hubiera alcanzado ningún pago porque sólo aplica para después de tres años de servicio.

Está claro que el “Manual” es groseramente contrario a la Constitución pero, en el colmo, también fue violado para poder entregar de todas maneras un dinero a Ochoa Reza por cuenta de la nación.

La redacción actual del artículo 127 de la Constitución fue discutida en el Senado durante dos años. Yo fui quien redactó y presentó la iniciativa. Después, estuvo congelada en la Cámara donde tuvo que ser sacada de los cajones cuando los consejeros del IFE pretendieron aumentarse el sueldo con lo cual se provocó un escándalo. Finalmente, el decreto de reforma constitucional se aprobó en los estados y se publicó el 24 de agosto de 2009, junto con un plazo para que el Congreso emitiera la ley reglamentaria. A pesar de que el Senado aprobó un proyecto de ley en 2011, desde entonces el PRI y el PAN han olvidado ilegalmente la minuta: ahí sigue sin que haya explicación alguna, al estilo mexicano. No obstante, el texto constitucional está vigente y debería ser respetado pues contiene normas que no requieren interpretación alguna.

Así como Ochoa Reza ha cobrado una liquidación inconstitucional y, en el colmo del abuso, contraria a las mismas reglas inconstitucionales de la CFE, hay muchos que lo hicieron antes y muchos más que, habiéndolo hecho, reciben además una pensión vitalicia. No sólo son los ex presidentes de la República sino los ex directores de organismos descentralizados. José Ángel Gurría, por ejemplo, fue empleado de Hacienda desde muy joven y cuando después de pocos años en el cargo abandonó la dirección de Nacional Financiera le contaron su antigüedad en la Secretaría para juntar años y aplicar un reglamento interno que otorga buenas pensiones por haber estado en “el sector financiero”. Al pensar en personas como ésa, genuinos exponentes de la corrupción mexicana, el Congreso estableció la regla de que, a pesar de haberse otorgado en el pasado al margen de la ley, “no se concederán ni cubrirán (hoy, mañana y siempre) jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados”.

Al respecto de la corrupción, Enrique Peña Nieto ha dicho que “No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra…”. Es decir, que la corrupción está en todos y beneficia a todos. Esta es la idea que se ha querido implantar sobre ese lacerante fenómeno desde los años cincuenta del siglo XX, es un criterio netamente priista. Los gobernantes roban y arrojan escurriduras sobre algunos otros, funcionarios y particulares, para que formen “parte de un modelo”, como lo ha catalogado el mismo presidente de la República. Estamos seguros que Peña conoce ese “modelo”, el cual contiene, según los conceptos de él mismo, una fórmula tendiente a culpar a “todos” de lo que ha sido una penetrante obra del poder.

Quienes firmaron la autorización para pagar a Enrique Ochoa Reza su millón y pico de pesos son Jaime Tadeo Castelán y Karine Slim, el primero es subgerente de Relaciones Laborales, el segundo es jefe del Departamento de Dictámenes, pero ambos tienen jefes que ordenan. El convenio fue registrado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje aunque no corresponda a la naturaleza de esa fraudulenta “liquidación”. Junto a Ochoa Reza, esas dos personas, por lo menos, deben ser sometidas a un procedimiento en el órgano interno de control de la CFE. El asunto tendría que llegar a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y al Ministerio Público. Así suelen tratarse esa clase de conductas en muchos países, pero como México no hay dos.