Nada personal

Las deserciones del PRD no deben verse como algo personal aunque también tengan cargas personalísimas pero inescrutables. La división en la izquierda PRD-Morena era ya un fenómeno que como tal obligaba a definir posición, lo cual se vino haciendo lentamente como si la escisión fuera poco importante. Se ha olvidado que la izquierda mexicana llegó a ser opción nacional de poder gracias a la unidad de sí misma, lo cual ahora quiere ser negado justamente a través de posiciones divisionistas que no hacen sino beneficiar a las derechas.

La otra cuestión consiste en el efecto Iguala-Cocula, el cual es de carácter político-moral: acreditar que no se ha sido parte de eso y que se repudia. En este contexto se han dado las separaciones de Cárdenas y de Encinas, entre otras. En efecto, es preciso mostrar indignación frente al gran levantón histórico de Iguala-Cocula, para lo cual se propone dejar claro el deslinde orgánico con el partido que tiene una ineludible responsabilidad política. Pero en  tal propósito se dejará de tener que asumir responsabilidad política a secas, se dejará de tener compromiso militante y, por tanto, obligación de dar la cara.

Otra cosa es la de cambiar de partido, la de irse a Morena como esperanza de México o lo que se quiera, aunque también hay esperanzas personales nada menospreciables. No obstante que el repudio al PRD por su responsabilidad política en los hechos de Iguala-Cocula es del todo entendible y está justificado, quizá sea algo mejor, aunque mucho más difícil, dar la cara en lugar de tratar de lavarla. El PRD de la noche igualense, como partido nacional, era el mismo que el del día anterior aunque el sometimiento del presidente municipal no se había descubierto de la manera como se advirtió tras el levantón de estudiantes de Ayotzinapa. Mas el fenómeno de supeditación a las mafias de narcotraficantes-secuestradores-extorsionadores atraviesa a todos los partidos y hubiera sido pueril creer que la izquierda iba a estar al margen. Por lo demás, el asunto no está claro todavía por más que el gobierno así lo quiera presentar.

Nada justifica al PRD sino que sencillamente se le tiene que ubicar dentro de una realidad frente a la cual éste ha sido hasta ahora incapaz de presentar otro camino en materia de gestión política municipal y de honradez de sus cuadros. La manera, condiciones y características de la postulación de Abarca como candidato deben ser esclarecidas pero eso no podrá tampoco tapar el fenómeno criminal-político de la sujeción del poder local a las empresas delincuenciales. Por tanto, la separación de connotados y apreciados dirigentes perredistas, con tal de dejar zanjados los crímenes de Iguala-Cocula por lo que a ellos corresponde, no da la menor respuesta al fenómeno que vivimos ni tampoco señala rumbo alguno para superar todo lo que se ha hecho mal o no se ha hecho.

Quien lucha afuera de los partidos o grupos tiene una opción personal del todo válida. Quien asume el compromiso militante (colectivo) quiere cambiar a su país en forma organizada, potenciar su esfuerzo. Así de simple, para no estar dando vueltas. Al mismo tiempo, si no quieres poner tu nombre en el terreno de lo cuestionable, no hagas nada que no sea personalísimo. Si quieres luchar junto a otros, tienes que arriesgar pero nunca callar.

Censura vs. libertad de difusión

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE se apuntó otra tropelía: volvió a censurar el espot ya antes censurado del PRD. Ahora lo hizo por solicitud de Telmex, empresa monopólica que se sintió ofendida porque el promocional decía que muchas cosas no han cambiado en México y ponía como ejemplos, dentro de un mismo cuadro, a Telmex y Televisa.

Ya no sólo es López-Dóriga sino ahora también Telmex, es decir, Carlos Slim, quien no puede ser tocado con una referencia política adversa. Ya vimos que en el caso de López-Dóriga el planteamiento consiste en que se trata de un periodista (perteneciente al monopolio de la televisión), pero, ahora, ¿cuál es el motivo? Telmex (el monopolio de la telefonía y del internet) dice que se le calumnia al ponerlo junto a escenas feas y textos horribles. Además, afirma que el PRD no tiene permiso para usar su logotipo. Con estos dichos la autoridad electoral decreta censura. Lo que se lee en la Constitución no tiene sentido y mucho menos vigencia para el fabuloso INE: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”.

En realidad, tanto López-Dóriga como Telmex y Televisa aparecían en el espot del PRD como elementos de ilustración de un texto. Pero ésa no es artificial sino que tiene un sustento en la declaración de preponderancia que ha hecho el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ambas empresas son monopolios y eso no ha cambiado en México, lo cual es recogido como punto de vista de un partido político que tiene el derecho –como toda la ciudadanía—de difundir sus ideas.

Ahora bien, es preciso advertir que en las dos censuras del espot del PRD lo que se quiere más que nada es desaparecer las imágenes de Peña, Osorio y Videgaray que aparecen ligadas a la herencia priista y a la situación actual que se denuncian en el promocional perredista.

El INE está llevando la temporada electoral a un claustro rigurosamente vigilado. Ya no se puede difundir con libertad porque de inmediato el INE se levanta con el arma de la censura para poner orden donde sólo se intenta la libertad. No tiene caso que los partidos tengan derecho de acceso a radio y televisión si la autoridad va a censurarlos. Esa conquista democrática se está convirtiendo en una cárcel de las ideas debido al predominio oficialista dentro del Instituto Federal Electoral. Se ha censurado también un espot del PAN.

Ya se tardó el Tribunal en resolver la primera censura pues la suspensión de un espot requiere respuesta rápida. Habría que estar esperanzados, aunque sin ilusiones, de que dicha instancia jurisdiccional admita la libertad de difusión y rompa con la censura política. Pero si así no lo hiciera, entraría en crisis el texto del artículo 7º. de la Constitución que antes se refería a la libertad de prensa y ahora trata de la libertad de difusión por cualquier medio, conquista ésta de carácter democrático de muy reciente realización. Con esa crisis se abriría un nuevo conflicto político: nada podría ser normal mientras no se respetara esa libertad. Tiene que admitirse la capacidad de criticar al gobierno y a los gobernantes en la televisión. Parece que estamos empezando, una vez más.

¿Intocable?

La Comisión de Quejas y Denuncias del flamante Instituto Nacional Electoral se ha permitido realizar un acto de censura con el argumento de que las fuertes críticas tendientes a “perturbar (sic) la fama” de los servidores públicos y los partidos se encuentran “proscritas para el particular dedicado a la actividad periodística, es decir, para Joaquín López-Dóriga Velandia”. La letra en negritas es de la Comisión, la cual añade que esto es así “no obstante ser figura pública por su calidad de comunicador”.

Más allá del atropello a la libertad de difusión establecido en el artículo 7º. de la Carta Magna y del derecho de los partidos a tener acceso a la radio y la televisión consignado en el artículo 41, esa comisión del órgano garante del ejercicio de muchos de los derechos políticos y de no pocos derechos humanos (fundamentales), es decir, el INE, nos ha recetado la tesis de que los periodistas son intocables a partir de que lo es el señor López-Dóriga Velandia, quien aparecía en un espot del PRD a propósito de la afirmación de ese partido de que hay muchas cosas que no han cambiado en México, una de ellas es precisamente el monopolio de la información a través de la TV, pero otra, por lo que se observa, es el temor que infunde el conductor del noticiero de Televisa.

La empresa de Azcárraga también fue en queja contra el mismo espot pero ahí se equivocó de ventanilla porque el INE no dirime cuestiones de propiedad intelectual (ni de personas) y la Dirección de lo Contencioso tuvo que rechazar el recurso, cuestión que ahora será resuelta por la Sala Superior del Tribunal Electoral al igual que el presentado por el PRD contra el acto de censura.

Se está dando un espectáculo que corresponde a otras épocas. El PRD tiene razón cuando afirma que se cometen los mismos errores y que muchas cosas no han cambiado, lo cual es la línea argumentativa del espot censurado. En otras palabras, la reacción contra el espot confirma lo que éste afirma.

Pero, además, existe otro punto: López-Dóriga, sedicente defensor de la libertad de difusión, ha recurrido al INE con la petición de que éste realice un acto de censura contra un mensaje de televisión por el hecho de que se usa su figura como un icono del monopolio televisivo, lo que él ha sido durante muchos años como antes lo fue otro periodista empleado de Azcárraga, Jacobo Zabludovsky: los hechos históricos se pueden ocultar pero al final no se pueden negar. La monopolización de la palabra difundida es del todo conocida en el país y sigue siendo uno de los mayores problemas culturales y políticos. Pero lo grave del caso es que el INE ha brindado de inmediato la censura solicitada.

El anticristo de la metáfora usada por Jesús Zambrano contra López-Dóriga se ha mostrado como un verdadero diablo en lucha contra la libertad de difusión mientras que la consigna política arribó descaradamente a la Comisión de Quejas del INE para consumar la censura. La cuestión ahora será dirimida en el terreno de si en verdad López-Dóriga es intocable o se encuentra inmerso en el debate político cotidiano del país aunque lo haga, como todos reconocemos, con la alevosía de ser vocero del mayor monopolio de la televisión existente en cualquiera de los países que se proclaman democráticos en el endiablado mundo en el que vivimos.

Libertad de prensa de ida y vuelta

Julio Scherer anduvo en peleas con varios presidentes de la República pero en realidad su lucha era por la libertad de prensa de ida y vuelta, es decir, tanto para el periodista como para el lector (léase también radio escucha y video espectador). Scherer fue impactado por el movimiento de 1968, en especial cuando miles desfilaban frente a Excélsior al grito unánime de prensa vendida. En realidad, en México teníamos unos periódicos pésimos desde todo punto de vista. El sedicente diario de izquierda, El Día, lo era sólo en la información internacional mientras que, en asuntos nacionales, era igual de gobiernista que todos los demás pero más directamente priista.

Las cosas en la prensa mexicana no cambiaron bajo la influencia directa del movimiento de 1968 sino a partir del 10 de junio de 1971, cuando Luis Echeverría lanzó a Los Halcones contra los estudiantes y se produjo una nueva matanza. Muchos reporteros se indignaron, tanto porque habían sido agredidos como porque ante sus ojos reaparecía el rostro de la represión sangrienta de jóvenes inermes. Muchas redacciones apoyaron a sus reporteros y empezaron a decir lo que en realidad había ocurrido, de dónde habían salido Los Halcones, de qué manera la policía se replegó para que los sicarios dispararan y golpearan libremente a los estudiantes. La versión oficial de que se había producido un enfrentamiento entre jóvenes rivales era completamente falsa, así lo consignaron muchos reporteros. Ese fue el gran campanazo con el que se inició un nuevo trayecto de la prensa.

Scherer acompañó el acontecimiento y pronto se volvió víctima de Echeverría, quien organizó un golpe para expulsar de Excélsior al director y su grupo cercano. Muchos periodistas se fueron, orgullosos, a fundar Proceso, el semanario más fuerte del país con aquel estilo que tenía Scherer de hacer periodismo, el cual abarcaba el honrado esfuerzo de hacer prensa libre y de otorgar libertad a sus lectores, es decir, no presentar publicidad como noticia. Las dos libertades, la de ida y la de vuelta, tienen que ir juntas porque, si sólo se reivindica la primera, pronto se regresa al sometimiento y, por tanto, a la venalidad.

La gacetilla y el chayote son propios de un periodismo venal que no respeta al lector, radio escucha y video espectador. Esto lo supo Scherer toda su vida y cuando de tal tema hablaba recordaba haber escuchado los gritos multitudinarios del ´68 cuando era director de Excélsior en su oficina de Paseo de la Reforma. Pero esos métodos de engaño del usuario del servicio informativo están tan vivos como antes. La flamante sala especializada del Tribunal Electoral acaba de recetarnos una increíble defensa de la gacetilla al proclamarla expresión legítima de la libertad de prensa ni más ni menos que en una sentencia judicial. Ningún periódico, estación o canal admite vender gacetilla, se jura que toda ella es noticia legítima y verdadera, pero todos sabemos que es pagada y nadie cree lo contrario, ni siquiera los magistrados electorales que fingen demencia.

No ha concluido la lucha de Scherer y de otros muchos, los que se fueron a hacer Unomasuno de la nada y, más tarde construyeron La Jornada, los reporteros dirigidos por Gutiérrez Vivó, quien fundó la radio noticiosa ininterrumpida, y de muchos que han hecho periodismo de riesgo. Mas no se crea que sólo se miente al lector con publicidad presentada como noticia, ahora prohibida mediante ley inaplicable, sino también callando, como ocurrió con el caso Tlatlaya, a donde nadie fue a averiguar sino hasta que se presentó un reportero de una agencia internacional y hasta que se hizo la denuncia fuera del país: ¡qué vergüenza! La radio y la Tv, así como la inmensa mayoría de los diarios, callaron ante un hecho de por sí perturbador y nadie se ha autocriticado. Así están las cosas en el país de Scherer, quien sabía de todo eso y de otras muchas de la comunicación social en un país organizado dentro de la corrupción como sistema.

Recuentos sombríos

La costumbre de celebrar el inicio de un nuevo año tiene que ver con ciclos de vida relacionados con vueltas de la Tierra al Sol, pero también es inevitable hacer el recuento del periodo inmediato anterior. Es tan malo el resumen de 2014 que mejor sería no tomarlo en cuenta para pedir los deseos de año nuevo pero eso no se puede. Anda rondando la idea de que no es imposible que 2015 sea peor.

La crisis de derechos humanos desatada con Tlatlaya y con Iguala-Cocula ha tenido una resonancia brutal en las conciencias dentro y fuera del país. Pero el problema de México no se limita a esa crisis. En 2014 se produjo un viraje político de consecuencias impredecibles en el mediano plazo. El malogrado Pacto por México dejó su lugar a la reforma energética llevada a cabo en contra de la opinión nacional mayoritaria en todas las encuestas. Un nuevo pacto, exclusivamente de derechas, tomó el lugar de un mecanismo de negociaciones tripartitas –en el sentido de la votación popular del año 2012—que pudo haber llevado al país a cambios democráticos y a iniciar un rumbo de liquidación del Estado corrupto. Se pasó de una idea política realista a una imposición clásica de corte derechista.

El asunto no quedó ahí. La Suprema Corte de Justicia asumió un papel aún más negativo cuando rechazó la solicitud de consulta popular sobre el tema de la energía, con lo cual no sólo se plegó al gobierno de una forma ignominiosa sino que canceló un derecho constitucional del pueblo: el derecho a ser consultado por solicitud ciudadana. Por una parte, México recibió un golpe a su patrimonio. Por la otra, la República fue despojada de un derecho democrático que, aunque de reciente incorporación a la Carta Magna, es tan bueno y válido como los otros. El país requiere de un mecanismo constitucional asequible y eficaz para dirimir grandes controversias, pero la Suprema Corte analiza el asunto de otra forma y, sin dar el menor argumento medianamente válido, le ha impuesto al país el callejón sin salida de los contratos petroleros inconsultos.

Cuando ya habían ocurrido los hechos de Tlatlaya e Iguala-Cocula se presentó un escándalo de gran dimensión: la fortuna oculta de la esposa del Presidente. Como es natural, fue peor la explicación dada que la violación de la ley por parte de Peña al no declarar los bienes de su cónyuge. Hay una monumental burla popular sobre la fortuna que se había ocultado y sobre las sedicentes compras a los contratistas del gobierno mexiquense de Peña, incluyendo la supuesta adquisición de otra casa al mismo empresario pero por parte del actual secretario de Hacienda y ex responsable de finanzas del Estado de México.

Y cuando estaban en su apogeo las carcajadas burlonas provocadas por las explicaciones increíbles y ridículas, un secretario de acuerdos de un tribunal unitario nos recetó una sentencia con la que fue absuelto Raúl Salinas por haberse robado dinero que le entregó para ese propósito su hermano Carlos hace ya muchos años: la justicia lenta, lentísima, casi siempre termina en injusticia. Eso ya no generó tantas bromas pero sí el mismo enojo que el latrocinio nacional consuetudinario.

Que todo lo anterior se lo merece el país por tener opciones malas es quizá una respuesta pero poco convincente. Nadie se merece eso. Y, cuando en tales andanzas estábamos, se consolidó el fenómeno internacional de la caída del precio del crudo con lo cual el país está perdiendo la mitad de sus ingresos por tal concepto. Mientras, la gasolina ha seguido subiendo y el secretario del ramo afirma con un cinismo que no se puede ver en ninguna otra parte del mundo que el precio del combustible no lo determina –como antes se dijo hasta el aburrimiento—su referencia internacional sino las exigencias fiscales, es decir, la pura necesidad recaudatoria.

Y, lo de siempre, los salarios mínimos no tienen aumento en términos reales para el año que comienza.

Cuando el crimen nos alcanzó

No tenemos certeza del momento en que nos alcanzó el crimen organizado en su vertiente del narco, porque ya el otro, el del poder, el de la corrupción pública, tenía muchas décadas de haberse entronizado en la República y lograba ocultar sus propias fechorías históricas. Por estudios y anécdotas, sabemos que el narcotráfico se ligó al Estado desde el momento en que la producción de la goma mexicana se hizo indispensable para el ejército de Estados Unidos, durante la guerra, con el fin de producir morfina. El gobierno de México no se imaginó que esa industria y esa apertura iban a conducir al gran emporio del narcotráfico que hoy conocemos y, finalmente, a la sujeción del Estado al poder del dinero y de las armas de los narcotraficantes.

Sabemos que el fenómeno Iguala –el sometimiento de la policía municipal al yugo de los narcos— abarca al vecino Cocula pero también a otros muchos ayuntamientos en varios estados del país. Es la quiebra del sistema nacional de seguridad pública, es cierto, pero dentro de la crisis del Estado corrupto que ya no puede funcionar como antes. México pasó de una situación en la que el Estado regulaba el narcotráfico y los gobernantes gozaban de una parte de las regalías de éste, a otra en donde los narcos someten a los gobernantes con la fuerza de las armas porque la policía no es capaz de enfrentar a esa delincuencia, le teme, le huye y, finalmente, se le somete. Ahora sabemos que en San Fernando, Tamaulipas, donde asesinaron a más de 70 personas, la policía colaboraba con los delincuentes, como en todos los demás lugares donde funciona el sistema actual.

El Estado corrupto se enredó consigo mismo al grado de quedar bajo el acoso de uno de sus instrumentos: el narcotráfico con sus derivaciones opcionales recientes de extorsión y secuestro. Lo que no se quiere todavía admitir es que el narcotráfico de ahora es producto genuino del Estado corrupto, que gracias a éste se conformó como lo padecemos y que no podrá ser derrotado sin una acometida definitiva contra ese mismo Estado que lo prohijó. Este es el punto que no quiere reconocer Peña Nieto porque él es parte de la tradición corrupta de la que heredó el poder, ya que el PAN en la Presidencia ni siquiera se propuso alguna vez combatir el Estado corrupto sino que se hizo su cómplice y, finalmente, su instrumento.

Este fenómeno, en el que la delincuencia organizada protegida por el aparato del Estado crea una nueva estructura que pasa de ser utilizada a utilizar al poder político, no es nuevo, por lo cual llama la atención la ceguera de los gobernantes que no alcanzaron a ver que su propia corrupción les iba a llevar al colapso del Estado corrupto, del suyo. Lo peor de todo es que ahora tampoco se dan cuenta de que el hoyo en el que se encuentra el país fue cavado por su propio sistema, en el cual viven y con el que se han empoderado en lo personal.

El asunto es muy complicado porque la percepción que existe en el gobierno de Peña y en los principales medios de comunicación no concuerda con la realidad, mientras las oposiciones no alcanzan a articular una alternativa completa al Estado corrupto, principalmente porque éste ya las ha tocado, como era hasta cierto punto inevitable.

Así es como se presenta un dilema: se produce una revolución política para refundar las instituciones o se llega a un acuerdo entre los partidos, ante la ausencia de una necesaria revolución, para cambiar muchas cosas. Lo que sería demasiado doloroso es el camino de la simulación o de cambios cosméticos en las instituciones como el que se intenta con la nueva Fiscalía, al final subordinada al Ejecutivo, y con las reformas anticorrupción, las cuales, con toda seguridad, no servirán para los fines proclamados sino para seguir en lo mismo.

Impunidad grosera

Entre 1989 y 1994 –sexenio de Carlos Salinas—la partida secreta ascendió a una suma total de 854 millones 670 mil dólares que ahora equivalen a 12.5 mil millones de pesos. Se le ha atribuido a Luis Téllez la afirmación de que Salinas se robó la mitad de la partida secreta, la cual sería una cantidad de más 6 mil millones de pesos actuales. En realidad los Salinas se robaron toda la partida secreta porque el uso político discrecional de esos fondos también era un robo aunque parte del dinero no hubiera ido a parar a las cuentas bancarias de la familia. En realidad, no sabemos cuánto dinero se robaron pero no comprobaron un solo peso en desacato al mandato de que todos los gastos públicos deben justificarse, sin excluir a las partidas secretas, según reza la Constitución.

La absolución judicial de Raúl Salinas es un acto de impunidad grosera. Había sido acusado de enriquecerse ilícitamente con 224 millones de pesos, una cantidad pequeña frente al torrente millonario de la partida secreta, pero es que sólo esa suma fue incluida en la denuncia. Lo que no ha sido documentado es mucho más importante. Este personaje no ha sido el hermano incómodo de Carlos Salinas sino uno de sus cobradores y tesoreros.

Ya Miguel de la Madrid tuvo oportunidad de señalar a Carlos Salinas como un ladrón en una entrevista que él mismo desautorizó después de recibir en su casa visitas de conocidos políticos como Emilio Gamboa. En efecto, De la Madrid había aumentado la partida secreta en 1988 para financiar la campaña de Carlos Salinas: 1987: 56.8 millones de dólares; 1988: 90.93 millones de dólares, es decir, el doble que había tenido en 1983, pero Carlos Salinas la llevó hasta 190 millones de dólares en los dos últimos años de su gestión (600 millones de pesos). En los presupuestos de 1995 y 1996, con Ernesto Zedillo, la cantidad en pesos fue de 650 millones aunque en términos de dólares los montos resultaron menores por efecto de la devaluación de la moneda. De cualquier forma, decidieron robar a Pemex mil millones de pesos para las elecciones del año 2000.

Con todo lo escandaloso que fue la partida secreta, ésta era un fragmento menor de la corrupción pública. Si tomamos las erogaciones adicionales (Ramo 23) del presupuesto entre 1980 y 1994, en los años de elecciones y en el siguiente las cantidades dan brincos. En 1988, para el encumbramiento de Salinas, tales gastos llegaron a casi 500 millones de dólares, pero ya en la Presidencia, en 1989, el personaje se gastó en adicionales poco más de mil millones de dólares y en 1992 tales erogaciones llegaron a dos mil 100 millones de dólares, casi igual cantidad (2.4 mil millones de dólares) que fue gastado adicionalmente en 1994 cuando a Zedillo se le llevó al poder. El gasto discrecional de los presidentes ha sido el más alto de los países con controles parlamentarios, es decir, que aquí la Cámara de Diputados no controla el gasto público. Si a México llegara súbitamente la justicia para desplazar a la impunidad, veríamos a miles de políticos tras las rejas, encabezados por Carlos Salinas.

La absolución de Raúl Salinas o Juan Manuel Gómez Gutiérrez o varios otros alias, con sus respectivos pasaportes expedidos por el gobierno, es la impunidad vigente. En este país puede ocurrir que se haga increíble la fortuna de la esposa del presidente de la República sin que tal cosa trascienda al campo de una investigación seria e imparcial, o que muchos crean que ahora los sobornos se pagan con residencias adquiridas a plazos, como la del mismísimo secretario de Hacienda, pero sin que pueda la ciudadanía tener certeza de algo, ya fuera saber que hay empresarios dadivosos con sus estrellas o con amigos que les otorgan contratos, o que el patrimonio de los servidores públicos y sus familiares puede incrementarse de alguna otra oculta manera.

                         (Las cifras son de: Pablo Gómez, Los gastos secretos del presidente, Ed. Grijalbo, 1996).

 

 

Estado de policía con el Ejército

La militarización de una amplia zona de Tierra Caliente le otorga al Ejército, por vía de hechos y sin ley alguna, el control territorial y por ende de carácter político. Las demás autoridades estarán subordinadas al mando militar. El propósito no es una toma del poder público nacional por parte del Ejército sino una negación del Estado de libertades para imponer un Estado de policía bajo el mando de los militares. Este fenómeno se ha presentado en muchos países justo en el momento en que el gobierno no alcanza a controlar un gran desorden. De hecho, este planteamiento fue asumido por Felipe Calderón durante todo su mandato pero no pudo avanzar demasiado en su consecución.

Peña Nieto asume ahora el mismo proyecto porque ha fracasado la idea de la reducción gradual de los delitos de sangre y de extorsión sin tener que hacer nada nuevo. En este marco, se están planteando varias reformas legislativas: someter a todos los ayuntamientos del país al despotismo del centro; dejar a los municipios sin guardia ni vigilancia propia sino a merced de los gobernadores; devolver a la PGR el monopolio del control del narcomenudeo y eliminar la norma de no perseguir a los consumidores; regular para restringir el derecho de manifestación; clave única de identidad. Tal vez el experimento más importante a corto plazo va a ser el de Tierra Caliente de Guerrero en donde, además de las bandas de delincuentes, ahora van a surgir movimientos de resistencia popular contra el control militar y, por tanto, todo se va a complicar aún más.

El cambio de normas para poner orden es una forma de evitar hacer reformas sociales, ampliar los derechos de la gente, confiar en la organización social, repartir mejor el ingreso, promover el empleo y, sobre estas bases, impulsar el crecimiento de la economía. Como todo esto no lo sabe hacer Peña Nieto, quien sólo confía en la inercia neoliberal, es entendible que recurra al proyecto de Calderón. Dentro de poco se van a pedir facultades a la policía y en especial al Ejército y la Armada para meterse en la casa de quien sea, como alguna vez lo planteó al Congreso el último presidente panista.

Ya no son cosas diferentes la lucha contra la delincuencia organizada (excepto la de cuello blanco, claro está) y el control del vandalismo callejero, sino que forman parte del mismo discurso y, por consiguiente, del mismo griterío reproducido de inmediato por los grandes medios. Hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha permitido condenar actos vandálicos, lo cual no es su tarea porque no es gendarme sino abogado de los derechos del pueblo. Esta macabra maniobra de unir toda la violencia que no proceda del gobierno puede llevar a México al Estado de policía pero, como la policía no existe en tanto corporación permanente y disciplinada, sólo las fuerzas armadas podrían acometer tal despropósito. Así se piensa y así se actúa.

Las mentiras, claro, saltan a la vista. Los miembros de los ayuntamientos que cooperen con la delincuencia externa pueden ir a la cárcel porque no tienen fuero federal, por lo cual no es preciso destituir ayuntamientos sino sólo lograr que el Ministerio Público haga su trabajo. El mando policial único estatal con fuertes nexos con el federal ha existido siempre en el país: las llamadas policías judiciales o ministeriales no dependen de los ayuntamientos sino de los gobernadores y del presidente de la República. Esa es la policía que investiga y consigue las pruebas, así que es la que debe también perseguir al crimen organizado, pero hacer depender a los municipios de los gobernadores para dar la mínima seguridad a las instalaciones propias y ordenar la circulación de vehículos es otra cosa muy distinta que sólo provocará descontento.

El poder puede imponer el Estado de policía pero la sociedad mexicana no lo va a admitir. Habrá entonces más violencia.

Desestabilización

Los militares conforman corporaciones no-deliberantes y no partidistas, por lo cual los jefes, generales y almirantes no deberían hacer discursos políticos ni apoyar las plataformas gubernamentales que son expresión de los partidos hechos gobiernos. Sin embargo, Peña Nieto ha llevado a los secretarios de Defensa y de Marina a volver a las andadas de hacer discursos para defender la política del gobierno. Asimismo, el mismo Peña se encarga de pronunciar panegíricos de los militares, lo cual no debe hacer un gobierno civil si en verdad quiere seguir siéndolo. Tlatlaya no es un caso único aunque lo sea por su magnitud y forma de llevar a cabo la matanza, las cuales deberían ser reconocidas por la autoridad política para empezar a contrarrestar el fenómeno del abuso en el uso de las armas.

En este lamentable marco, el gobierno de Peña ha desempolvado viejos discursos sobre la desestabilización política, la cual –dice—se busca mediante algunos hechos de violencia realizados con motivo de las protestas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La desestabilización vista como objetivo de personas que realizan actos violentos es una pamplina que tiene como propósito justificar el uso de la fuerza en cualquier momento por parte del gobierno. La propuesta de Peña de crear una “ley de infiltración del crimen organizado” sería una regresión del federalismo en tanto que el poder central podría disolver ayuntamientos, los cuales no forman parte de la Federación sino de los estados. Sólo las entidades pueden disolver sus propios ayuntamientos para convocar a nuevas elecciones. Junto a esta amenaza de resucitar al presidencialismo más duro, Peña dijo varias veces “todos somos Ayotzinapa”, lo que hubiera sido mejor decirlo aquella noche infausta del enorme levantón que él ignoró entonces y durante varios días diciendo que ese era un asunto local. Ahora sí, todos somos Ayotzinapa y nos receta una ley centralista de “infiltración del crimen”, el cual, por lo demás, tiene infiltrado a todo el Estado nacional mexicano. Varios meses después, Peña sigue sin reconocer el otro acontecimiento siniestro de la temporada que estuvo a cargo del Estado: Tlatlaya, el cual no fue siquiera mencionado en el gran discurso sobre la justicia. ¿Nadie es Tlatlaya sino sólo Ayotzinapa? Los voceros oficiales afirman que hay que rechazar toda violencia sin importar de dónde proceda, pues bien, hay que combatir la que tiene su origen en la acción ilegal de los aparatos públicos.

El gobierno sigue en la necedad de no admitir que padecemos un Estado corrupto que es la base de la crisis delincuencial y de violencia en el país, acompañada ahora de otra peor: la de derechos humanos. Tiene razón al respecto el presidente de Uruguay cuando ha ligado los recientes hechos de Iguala a la corrupción. Durante muchos años hemos dicho en todos los tonos que nada se arreglará bajo el Estado corrupto porque éste no es capaz, sencillamente. En la medida en que el Estado profundizó su corrupción, en esa misma medida empezó a estar sometido a los grupos armados de la delincuencia organizada que supieron domesticar a la otra delincuencia organizada, la del aparato público, mediante su propia capacidad de fuego en un entorno de impunidades que es característico de todo esquema de corrupción.

Peña anuncia nuevas leyes, pero hay que preguntarle: ¿dónde está el proyecto de ley reglamentaria de la reforma constitucional sobre los sueldos de los servidores públicos? Congelado por instrucciones suyas. ¿Dónde está el proyecto para desaparecer el fuero constitucional? Congelado por instrucciones suyas. ¿Dónde está el proyecto para reglamentar la publicidad gubernamental? Congelado por instrucciones suyas. ¿Dónde está el proyecto sobre la réplica? Congelado por instrucciones suyas. Todo esto, aprovechando su mayoría en la Cámara de Diputados. Sobre estas bases no se puede discutir seriamente.

Crisis moral

De un problema de línea política, alianzas, gestión de gobierno, vinculación social, clientelismo exacerbado, sectarismo orgánico y otras dolencias, el PRD entró a una crisis moral que no puede ser superada sencillamente con acuerdos entre partes.

Es verdad que dicha crisis moral se produce en un país en violencia y corrupción galopantes pero el gran levantón de Iguala se hizo por parte de un cuerpo policíaco en funciones y bajo las órdenes de un presidente municipal del PRD, Abarca, donde otro perredista, Aguirre, estaba gobernando y era jefe de los servicios de seguridad y justicia de Guerrero. El punto más crítico de la violencia delincuencial y la corrupción del Estado se definió justamente en territorio perredista, por decirlo de manera figurada, a pesar de que el PRD tiene fuertes banderas programáticas contra la corrupción y la impunidad. De ahí arranca la crisis moral.

Los gobernantes priistas que han cedido ante las mafias delincuenciales y forman parte de esa otra delincuencia organizada que está en la función pública son muchos más pero no estaban gobernando Iguala y Guerrero en el momento de la gran tragedia. La crítica perredista a la política del gobierno en materias de seguridad, justicia y corrupción son correctas pero Iguala es una sombra gigantesca. Aún más, es cierto que el gobierno federal es en parte responsable de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa al no haber hecho absolutamente nada, pero justo por eso mismo el peso mayor de la tragedia ha caído sobre los hombros del PRD.

Se sigue tardando ese partido en presentar un informe detallado de cómo llegó Abarca a ser candidato en Iguala, cómo se llevó a cabo la campaña electoral y cómo se gobernó. La crisis moral no se puede encarar sin el examen público de los antecedentes inmediatos. Al mismo tiempo, es preciso ya anunciar las normas para evitar que se vendan las candidaturas a ricos y riquillos que prometen campañas fuertes pero con recursos ilegales. En tal sentido, se requiere también que las candidaturas a cargos ejecutivos satisfagan un requisito de antigüedad en el partido. Las plataformas tienen que ser concretas y todas ellas deben contener reformas sociales, aunque sean en el ámbito municipal, sin mecanismos ni programas clientelares corporativos. Los gobernantes del PRD deben entregar cuentas al partido en actos de pública, libre y larga discusión. Así también es indispensable anunciar que los grupos internos del partido dejarán de tener finanzas propias, entre otras cosas porque eso es un fraude a la ley. La representación proporcional de los grupos en el reparto de candidaturas legislativas debe vincularse a la aprobación de un examen de conocimientos políticos elementales y del programa del partido. Hay más cambios pero éstos podrían ser urgentes.

Aunque el extravío de la línea política es sólo un percutor de la crisis moral, sí se requiere que aquélla se vuelva cierta, es decir, no admita bruscos e inexplicados cambios según la circunstancia del momento o algún toma y daca. La posición opositora del PRD se debe definir mediante la crítica que contenga propuestas generales y concretas, exigencias y denuncias. Ahora bien, el debate con Morena no se puede ignorar pero hay que tratar que se lleve como un verdadero debate aunque sólo sea de parte del PRD. Examinar ideas y propuestas siempre será ventajoso para la izquierda en lugar de practicar el deporte de las pedradas. Las bases de Morena y el PRD son las mismas.

También es preciso pedir auxilio, pero no a la derecha, los empresarios o la delincuencia organizada del Estado, sino a los intelectuales de izquierda. Para esto se requiere ir al encuentro con ellos, comparecer, entregar cuentas y aceptar la crítica.

Por lo pronto habrá algo nuevo: un debate público entre Cuautémoc Cárdenas y Carlos Navarrete y, quizás, algunos otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Cuánta falta hacen acontecimientos como éste, pero muchos.