Extraviado protagonismo de la autoridad electoral

Los promotores de la abstención, el voto nulo o el boicot de las elecciones tienen ahora a un nuevo ideólogo: Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, por añadidura

“Las elecciones no van a resolver los problemas que aquejan a México”, se atrevió a decir el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿qué resolverá aquello que aqueja a la nación? Eso no lo ha dicho Lorenzo Córdova, pero afirmar que las elecciones “no van a resolver los problemas” es soslayar el papel del voto como la forma menos violenta justamente de resolver problemas, es decir, mediante la expresión de la decisión política de la mayoría. Negar esto es negar todo el discurso democrático. Pero que lo haga el consejero presidente del órgano electoral requeriría de un serio examen sobre la integración de esa institución de la República.

Las elecciones, agregó Córdova, “son la vía privilegiada en las democracias, para debatir públicamente, de cara a la ciudadanía, las distintas propuestas y las distintas soluciones que son planteadas por los partidos políticos”. Ahora se nos informa desde el INE que las votaciones ciudadanas sirven “privilegiadamente” para que los políticos debatan entre sí (mientras les escuchan los ciudadanos) las distintas soluciones ofrecidas por los partidos, mucho antes que el momento en que los ciudadanos toman las decisiones políticas fundamentales dentro la tal democracia. Si una de las críticas de la democracia representativa es que la ciudadanía decide en el plano político sólo en las elecciones periódicas pero casi nunca en la toma posterior de otras decisiones trascendentales, el consejero presidente del INE nos desvela que la elección en realidad sólo sirve para el debate pero no para decidir, es decir, para resolver siquiera alguno de los problemas que nos aquejan. Se desconoce también, para decirlo rápido, los cambios que en años recientes han ocurrido en América Latina mediante elecciones.

Lorenzo Córdoba sigue de frente: “necesitamos –dice– un debate electoral tan franco como sea posible y tan ríspido como sea necesario para que la ciudadanía clarifique la oferta política de cada contendiente y emita su voto de manera informada con el único límite de los cauces que establece la propia ley”. ¡Wow!, el supuesto árbitro electoral les dice a los políticos lo que tienen que hacer. Este discurso no tiene desperdicio, pero hemos de dejarlo para entrar en algo quizás más importante: el protagonismo de la autoridad electoral.

Según la Constitución, el INE debe organizar las elecciones y ser en ellas la autoridad administrativa. Se trata de dirigir el sistema para recibir los votos y contarlos bien. Pero, además, el INE tiene la encomienda de garantizar la equidad en las contiendas, la cual, por cierto, ha estado verdaderamente escasa bajo la presidencia de Lorenzo Córdoba, quien no ha querido oír, ver ni hablar de las sistemáticas violaciones a la ley de parte del Partido Verde, así llamado, y del uso de los programas gubernamentales.

En conclusión, los organizadores y árbitros administrativos no opinan, no dan cátedras, no les dicen a los políticos lo que deben hacer, no actúan a título personal, no representan a la República, no han sido elegidos por el pueblo. Sólo cumplen con la ley en el marco de sus atribuciones constitucionales. Si quieren dar cátedras, ahí está la academia; si quieren dar consejos, ahí están las asesorías en gobiernos y partidos; si quieren irrumpir en la política, ahí están las organizaciones; si quieren teorizar sobre la democracia y el papel del sufragio, que se la jueguen con la publicación de sus personalísimas opiniones, pero que no traten de usar sus cargos públicos para tan aventureros propósitos.

El protagonismo de los consejeros electorales, en especial del consejero presidente, no viene de Córdova sino, más bien, éste es una réplica de los anteriores. Todos lo han hecho. Y, así, todos se han tenido que tropezar con la misma piedra de falta de rectitud en su precisa función constitucional. Mas Córdova ha ido más lejos que otros en este aspecto: ha mandado por un tubo el significado y valor del sufragio, lo ha reducido al momento en que los políticos han de hablarle a los electores pero negando la tarea decisoria de la ciudadanía a través del voto.

Así, los promotores de la abstención, el voto nulo o el boicot de las elecciones tienen ahora a un nuevo ideólogo: Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, por añadidura.

 

 

 

Ya todo lo sabíamos menos lo que hay que hacer

La baja del precio del crudo, los recortes presupuestales, la creciente salida de dólares y la consecuente devaluación persistente del peso mexicano frente al dólar, la baja de la inversión pública y privada, la reducción efectiva de la capacidad adquisitiva del salario medio y la consecuente reducción de los pronósticos de crecimiento de la economía, la elevación de precios de productos básicos e industriales como consecuencia de todo lo anterior, ya lo sabíamos desde el año pasado, es decir, aquel 2014, tan lejos y tan cerca de nuestras vivencias actuales.

Todo lo anterior nos lo comunica el gobierno de Peña Nieto con gran resignación pero también con cierto cinismo por el hecho de que ya todo eso lo sabíamos. Nada hay nuevo en cuanto a las perspectivas económicas. Pero no se ha dicho todo. El primer recorte presupuestal del año es eso, es decir, el primero, pues habrá otros en lo que resta de la temporada. El método de presupuesto base cero que anuncia Videgaray tiene como propósito hacer un ajuste al gasto público para el año de 2016 mediante disecciones quirúrgicas, es decir, sin tener que recurrir a las amputaciones, de tal manera que todo gasto social que no sea estratégico dejará de existir irremediablemente, mientras las inversiones sólo serán  aquellas absolutamente indispensables: los sueldos de la alta burocracia no bajarán, claro está.

Como una extraña paradoja anti neoliberal, la reforma energética (la cual no fue producto del mal llamado Pacto por México sino la causa y el momento de la ruptura de éste) se produjo en el peor momento de cualquier acometida privatizadora: el precio de lo privatizado ha bajado a la mitad y así seguirá durante varios años, con lo cual  se han enfriado por lo pronto los inversionistas, extranjeros en su mayoría, quienes como buitres rondan los yacimientos del Golfo de México. No obstante, el gobierno mexicano está rematando yacimientos maduros, es decir, que ya antes produjeron, los cuales deberían ser considerados propiedad de la “nueva empresa productiva del Estado” llamada Pemex y no, como lo ha decidido el gobierno de Peña, unos activos de la nación para ser vendidos y explotados por cualquiera, siempre que ése sea capitalista privado que utilice en el futuro las ganancias en lo que le dé la gana a costa de una riqueza originalmente asignada a la nación. Ya lo sabíamos, también.

Dentro de este panorama se incluyen inevitables aseveraciones chistosas, como esa de Videragaray en el sentido de que si bien es cierto –por si alguien lo dudara—que el peso mexicano se ha devaluado frente al dólar estadunidense, también se ha revaluado frente al euro, el real, el yen y otras muchas monedas que también se han devaluado frente al dólar, en las que México, claro está que no lo dijo, casi no realiza operaciones. El tipo de cambio del peso mexicano no se establece respecto de todas las monedas del mundo sino sólo respecto al dólar, a través del cual se fijan las paridades con todas las demás, pero el secretario mexicano de Hacienda parece que lo ignora al tiempo que provoca humor involuntario: cuando se lo propone es buen cómico pero él no lo sabe.

Es inevitable que el peso siga desvalorizándose aunque no sea tan bruscamente. Esto se debe a que gran parte de la deuda pública está contratada a través de bonos gubernamentales cuyos propietarios son extranjeros o grandes capitalistas mexicanos que tienden a llevarse los fondos a Estados Unidos ante la perspectiva de un ligero y pausado aumento de las tasas de interés en el marco de una inflación mínima y un crecimiento económico consistente en aquel país. México es un buen mercado (para los inversionistas) en tanto las tasas de interés sean altas, es decir, le cuestan al pueblo un dineral, y mientras en Estados Unidos sean muy bajas, pero la política económica del norte no se sostendrá igual sino que mudará a remuneraciones más altas en aras de una recuperación de capitales.

Lo que México tendría que hacer es fomentar la producción y el empleo mediante una nueva política de distribución del ingreso, ya que no hay otra forma, con el fin de impulsar su mercado interno, bajar algunas importaciones y remunerar el capital con base en la productividad del trabajo y no en la competencia mundial. Pero para ello habría que cambiar de gobierno. Ahí está el detalle, pero se supone que para eso sirven las elecciones.

Dos sucesos dos

Han ocurrido dos sucesos que se vinculan irremediablemente. El PRD luchó denodadamente contra el nombramiento de Medina Mora como ministro de la Corte mientras, dos días después, hallamos a ese mismo partido nombrando a Jesús Rodríguez Almeida como candidato a diputado federal. Se trata, en el primer caso, de un sabueso sin méritos para ser juez y, en el segundo, de un policía que fue sancionado al ser despedido como secretario de seguridad pública de la Ciudad de México y, además, sin militancia alguna ni virtud para ser parlamentario.

Esto es algo en verdad contradictorio por lo cual es preciso analizarlo sin miedo a personas o intereses en disputa. Medina Mora es todo lo contrario a una persona progresista y de principios, se caracterizó por ser impulsor del Estado de policía, por apoyar todas las iniciativas tendientes al establecimiento de un régimen regido por la doctrina de la persecución sin límites y con derechos nulos frente a los requerimientos policiacos. Estuvo en lances de arbitrariedad e ilegalidad, entre otros en el michoacanazo que llevó a varios servidores públicos a la cárcel por muchos meses, luego de los cuales obtuvieron su libertad con el consabido “usted perdone”. Rodríguez Almeida envió a prisión a unos detenidos al azar, luego de lo cual fueron liberados con el consabido “usted perdone”. Entre uno y otro de estos personajes hay diferencias de grado que no son irrelevantes, pero hay algo en común: les vale madre los derechos humanos.

Cualquiera observaría una contradicción entre el voto en contra del nombramiento de Medina Mora y la postulación de Rodríguez Almeida. Pero todo tiene sus explicaciones. Mientras la acción en el Senado tuvo lugar con base en principios, la nominación fue producto de una negociación de lo más oscura, por decir lo menos. No debe negarse que hubo titubeo en algunos senadores y que dos de ellos –Ríos Píter (el Jaguar) y Beristain– se ausentaron de la sesión para favorecer a Medina Mora, pero la posición del PRD como tal no tuvo mancha en ese lance (hubo, por cierto, otros dos de Morena: Mario Delgado y Salazar Solorio, quienes se ausentaron mientras Layda Sansores, también de Morena, rompió el voto y éste no contó para efectos de los dos tercios necesarios. Mas en lo que toca al ex secretario de seguridad pública de la Ciudad de México, sólo uno de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional levantó su voz, la cual no fue escuchada por nadie.

Es cierto que en el Senado, con el voto en contra de los cuatro ausentes y el de quien rompió la papeleta, Medina Mora no hubiera llegado a la Corte (lo cual inculpa a los cinco correlones y les hace responsables de un hecho de dimensión histórica y de grave precedente nacional), pero la nominación de Rodríguez Almeida, menos grave evidentemente, no tiene la más mínima explicación válida por haber sido aprobada por todo un cuerpo colegiado: la dirección permanente de un partido político.

Es imposible igualar a uno y otro personaje pero lo que tiene dimensión contradictoria es que un partido asuma una conducta en un caso y la contraria en el otro. Tener dos caras, dos respuestas, dos conceptos sobre lo mismo o lo similar, dos éticas, no es propio de un partido que proclama la transformación de su país. ¿Cómo llegó Abarca a la presidencia municipal de Iguala? Pues con esa actitud de aceptar lo que algunos poderosos proponen sin analizar qué es lo que se admite.

Medina Mora frente a sí mismo

Hay momentos en que ciertas personas tienen que comparecer frente a sí mismas. Esto le ha ocurrido a Eduardo Medina Mora al tratar de obtener las dos terceras partes de los votos en el Senado para convertirse en integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para desmentir que es un soldado del presidente Peña Nieto y de cualquier otro que venga, ha dicho que es panista de corazón aunque no sea miembro del PAN.

Medina Mora es lo que se llama un sabueso aunque se le quiera presentar como un jurista. Ha tenido varios cargos en los cuales se ha encargado de perseguir delincuentes y espiar a políticos de todos colores. Su desempeño en esta función de sabueso ha sido francamente mala. El ahora candidato a ministro de la Corte fue bastante torpe como policía político y como policía a secas.

Pero la principal objeción es otra: su desempeño como lacayo del presidente de turno. Uno de los lances más lacayunos de este personaje fue la acción de inconstitucionalidad que presentó ante la Suprema Corte de Justicia para combatir la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México. Fue Felipe Calderón, a la sazón presidente de la República, quien le ordenó que elaborara el recurso (muy mal hecho, por cierto). Al margen de la convicción personal que hubiera tenido al respecto Medina Mora (muy respetable por lo demás), lo que hizo fue obedecer una orden de quien buscaba que la Corte echara abajo un precepto penal que impide el encarcelamiento de mujeres que abortan. Ese fue el intento de Calderón, quien es un dogmático fundamentalista en esa materia como en otras. Medina Mora pudo haberse negado, pues el presidente de la República no es el jefe del procurador ni la Procuraduría General es parte de la administración pública de la Federación, según lo implica el artículo 90 de la Constitución. Pero no, Medina Mora obedeció y fue llevado al fracaso por su jefe, Calderón, como ocurrió también en otros aspectos de su gestión.

La lambisconería no debería ser un camino para lograr promociones en el servicio público pues siempre es un obstáculo para el desempeño de cargos o empleos con honradez y probidad. Es peor cuando se trata de funciones judiciales y en especial del puesto de ministro de la Corte que tiene un periodo de 15 años, en los cuales de seguro que Medina Mora tendría que asumir el triste papel de vocero del presidente en turno como siempre lo ha sido. El país requiere otro manejo en esta clase de designaciones, algo con dignidad y responsabilidad. Estamos hartos de servidores públicos que, en funciones independientes del Ejecutivo, actúan bajo consigna del gobierno.

A este respecto habría que lamentar la designación de Arely Gómez como procuradora, pues no sabe nada de policía de investigaciones ni de políticas criminales pero es amiga de Peña Nieto y estará siempre bajo las órdenes del mismo. El país requiere fiscales independientes y ministros preparados que no reciban consignas de nadie. ¿Es eso mucho pedir?

La libertad de expresión es un principio

La libre manifestación de las ideas, conocida como libertad de expresión, nació como algo elitista, no democrático, sino enteramente burgués. La inmensa mayoría de la sociedad que no goza de algún medio de comunicación ha carecido de esa libertad. Sin embargo, la manifestación libre de ideas se convirtió en uno de los bienes políticos más preciados en tanto que sin ella no existe la crítica. Aunque de manera limitada, las clases y sectores sociales sometidos encontraron las formas de expresar ideas y pasaron a defender la libertad de expresión como algo legítimamente suyo aunque sólo fuera en los márgenes de la sociedad.

Con el tiempo, la libre manifestación de las ideas se convirtió en un principio: sin ella no hay libertad a secas. Y, luego, se convirtió en un derecho humano: decir lo que se piensa es algo irrenunciable.

Sabemos, sin embargo, que la propiedad está por encima de cualquier derecho o principio, lo que la convierte en un freno del progreso de la humanidad. En forma específica, el carácter privado de los medios de comunicación es de por sí un elemento limitante y monopolizador de la libertad de expresión.

He colaborado en Milenio desde el primer número: 15 años sin faltar una sola semana. Este fue el trato que hice con Carlos Marín en la víspera de la aparición del diario. Lo he cumplido durante esos tres lustros. Por su parte, Carlos Marín se comprometió a no censurar mis escritos. Era un trato simple pero justo porque yo no puedo admitir escribir lo que no creo ni dejar de decir lo que pienso. Hoy entrego mi última colaboración a Milenio porque Carlos Marín rompió el trato y procedió a censurar mi artículo de la semana pasada titulado ¡Intocable!, en el que se contiene una crítica a la sentencia del Tribual Electoral con la cual se mantiene la censura del spot del PRD donde aparecía la imagen de Joaquín López Dóriga vinculado a la frase de hay cosas que siguen siendo lo mismo en referencia al monopolio informativo que ejerce Televisa en la televisión. Carlos Marín confirma una de las tesis del artículo censurado: al menos también en Milenio, López Dóriga es intocable en tanto representante de Televisa.

El punto no estriba sin embargo en el carácter de intocable de López Dóriga sino en la censura. Para llegar a este punto debió haber motivos demasiado poderosos que yo no puedo ahora comentar, pero que sí puedo repudiar como promotores de ataques a la siempre defendible libertad de expresión, la cual debería ser considerada como uno de los principales estandartes de todo medio informativo dentro del Estado democrático.

Convertida la libre manifestación de las ideas en una libertad democrática que se consagra como tal a partir de las nuevas técnicas de comunicación social, elevada a la categoría de principio y consagrada como derecho humano, no puedo renunciar a ella y, por tanto, la censura que ejerció Carlos Marín es inadmisible al grado que implica mi despido como articulista de Milenio. Se lo he dicho por vía telefónica al mismo Marín: me has echado a patadas. El trato original fue roto por el director de Milenio 15 años después.

¡Intocable! (artículo censurado)

EL SIGUIENTE TEXTO HA SIDO CENSURADO POR EL DIRECTOR DE MILENIO DIARIO, CARLOS MARÍN. DEBIÓ HABERSE PUBLICADO EL VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2015 COMO COLABORACIÓN SEMANAL DEL AUTOR

Se ha producido una sentencia del Tribunal Electoral que entra en los conceptos nada contradictorios de lo cómico y lo patético. El spot del PRD, cuestionado por López Dóriga, no constituye –según mandato judicial– ninguna trasgresión a la ley, no obstante el autor (el mismo PRD) debe ser sancionado con la interrupción de la transmisión del spot que antes había sido censurado por el INE y vuelto a censurar por la llamada sala especializada. Hemos visto en la historia de las ignominias judiciales la condena de inocentes por hechos reales o inventados pero no habíamos visto la condena por hechos declarados inexistentes por el mismo juez. El PRD ha sido sancionado con la “interrupción de la transmisión” de su spot (art. 456 de la ley) pero la sentencia también sostiene que ese mismo PRD jamás cometió transgresión alguna. ¿Alguien puede explicar este disparate? Piénsese que no hubo homicidio pero el asesino ha sido sentenciado. En esta situación se encuentra el PRD sólo por haber incluido la imagen de López Dóriga en un spot.

Pero no, ya sabemos que no se trata de López Dóriga (asunto menor) sino de Televisa (a la cual se le rechazó la misma pretensión censuradora por exceso de idiotez jurídica y porque no era necesaria ante la existencia de la queja de López Dóriga, por lo demás patrocinada y redactada en la misma Televisa), empresa que no tolera que sus frecuencias sean utilizadas para criticarla.

Ahora bien, estamos ante una confabulación de intereses casi siempre coincidentes entre el gobierno y Televisa. El spot del PRD criticaba a Peña, Videgaray y Osorio (así como a la herencia priista en general) y de paso mencionaba que hay cosas que no han cambiado: el monopolio informativo de la televisión cuyo incono es López Dóriga, conductor en pantalla (por el momento) del noticiero estrella del canal de las estrellas.

En el Tribunal Electoral (siete integrantes) se produjeron tres votos a favor de que en este caso había un ataque a la honra de López Dóriga (sin decir, claro, cual es ésta), con lo cual la sentencia tiene un sustento minoritario. Otros tres dividieron sus opiniones sobre el asunto pero sin coincidir con el argumento del proyecto aprobado. Otro más manifestó su disenso completo. Se trata de una sentencia sin mayoría real pero sostenida por el Tribunal, como tal, con el propósito de acatar la consigna oficial: López Dóriga es intocable. Bueno, algún día escucharemos a Azcárraga decir lo contrario, el día en que despida al conductor estrella del canal ibidem. En realidad no hay reinado del duque de Velandia (segundo apellido de López Dóriga) sino del verdadero rey, el dueño del consorcio monopolista, Azcárraga. (Me cuesta seguir con esto porque siento que alguien me puede censurar pero me arriesgo).

Lo que ha resultado atropellado no es sólo el derecho del PRD, el cual se atrevió a criticar a Televisa junto a Peña et. al., sino la libertad de difusión, recién incorporada en el artículo 7 de la Constitución y ahí declarada inviolable pero que ya se violó. Dice el tribunal que su sentencia es resarcitoria de un derecho de López Dóriga pero, si no hubo calumnia en el spot perredista, entonces ¿qué hubo? Nada, sino algo que molestó al consorcio televisivo en absoluta convergencia con el gobierno. Por lo pronto, el insigne Poder Judicial dice que López Dóriga es intocable. Pero, ¿por cuánto tiempo? La gravedad es la más fuerte de las leyes.

No hay crisis de credibilidad

No hay una crisis de credibilidad como algunos analistas se han permitido diagnosticar. Habría una crisis si se advirtiera un derrumbe en la credibilidad ciudadana sobre los actos, versiones, interpretaciones, historias, verdades oficiales, etcétera. Pero en México no existe derrumbe alguno, sencillamente la gente nunca ha creído en lo que dicen las instituciones y sus medios de comunicación ni les ha tenido confianza.

Este es un fenómeno que abarca casi todo el tiempo de vida de las generaciones vivas: durante todo ese lapso, sin interrupciones, así ha sido. Son 75 años. Mas no se trata solamente de una serie ininterrumpida de mentiras oficiales (medias verdades son lo mismo), sino también de su calca a través de los principales medios, en especial el monopolio de la televisión. Tampoco sólo es lo que se dice sino también lo que se calla. Ningún escándalo de corrupción o de responsabilidad política ha terminado en cuentas claras durante ya muchas décadas y todo mundo tiene la convicción de que es más lo que no se ha conocido.

El Estado corrupto ha sido históricamente incorporado a la forma de gobernar, un método con el cual se reparten bienes públicos y se pueden generar ingresos a partir de mordidas y toda clase de tráfico de influencias. El síndrome va incluso mucho más lejos, hasta la convicción popular de que el respeto a la ley no es atributo de personas inteligentes sino de estúpidos por deficiencia propia o circunstancia adversa. Sabemos que esto no es exactamente así en la realidad pero forma parte de la conciencia dominante que se puede advertir dentro de todas las clases sociales.

Ya vemos a la alta burguesía implorando un programa contra la corrupción de la cual se ha beneficiado ampliamente, pidiendo a gritos que se haga algo para frenar lo que llama crisis y que en realidad es una racha de revelaciones sobre hechos que con toda seguridad son ilícitos. También existe la clara definición de muchas emisoras y periódicos que consideran que, como en todos los medios –excepto en sus propios medios– y en todos los partidos hay personas ligadas con actividades ilícitas, no existe fuerza capaz de encabezar una lucha a fondo contra el Estado corrupto. Es tan falso el programa anticorrupción oficial como el criterio de que no hay remedio.

Es tanto el cinismo con el que se actúa que las leyes pendientes de reglamentar nuevos derechos constitucionales siguen congeladas –réplica incluida–, la cancelación del llamado fuero está detenida, la publicidad gubernamental sigue sin reglas, el control salarial de servidores públicos se encuentra en el limbo y todo esto por orden de Peña Nieto. Pocos se lo reclaman y casi ningún conductor de noticias, claro.

A la vista se encuentra una gran perspectiva: el Estado corrupto mexicano será superado –de seguro esto va a ocurrir— sólo mediante una ruptura política, una refundación de las instituciones del Estado, el esclarecimiento de un pasado lleno de corrupción y la instauración de una nueva moral pública, es decir, un nuevo manejo de los bienes que son de todos bajo el escrutinio popular. Esto no está en la visión de partidos, grupos y conglomerados oligárquicos, pero ocurrirá quizá antes de lo esperado, como para que lo veamos quienes nacimos a mediados del siglo XX.

Anticorrupción, olé

Peña Nieto ha revivido la Secretaría de la Función Pública para ordenarle que investigue a él mismo, a su esposa y a su secretario de Hacienda, (esa secretaría no podría hacer nada porque carece de facultades para investigar asuntos del Estado de México donde se hicieron los contactos). “Reunir a un panel de expertos (nombrados por el nuevo secretario), con reconocido prestigio en materia de transparencia (?), para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación” (los expertos amigos no investigarán nada, sólo darán valor).

Otra afirmación propia de la época de Zedillo: “El presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios” (sabemos que sólo ordena hacer todo eso y más). Peña sigue: “en México no tenemos los instrumentos normativos para determinar con claridad cómo declarar posibles (?) conflictos de interés” (sí los tenemos, pero de lo que se trata es de investigar pagos de mordidas a cambio de contratos).

Hay más: “el secretario Andrade cuenta con una amplia, prestigiada e idónea trayectoria en el servicio público” (como se demostró de sobra en el IFE en 2006). “Será obligación de los servidores públicos federales presentar una declaración de posibles conflictos de interés (si hay “posible conflicto” quiere decir que el funcionario no debería serlo). Esto “permitirá determinar si existe una posible influencia indebida en las decisiones de los servidores públicos” (se tendría con esto que despedir a la mayoría del gobierno). La declaración que deberán hacer los servidores públicos “contendrá las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios, de su cónyuge o dependientes económicos” (eso ya tiene muchos años de exigirse y nunca ha ocurrido nada al grado que Peña afirmó que no estaba obligado a manifestar los bienes de su esposa aunque lo exige la ley). El diseño de esta “nueva” declaración “cuenta con el aval de los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico” (encabezados por Gurría, quien ha cobrado pensión vitalicia en Nacional Financiera, a pesar de que está prohibido en el artículo 127, fracción IV, de la Constitución).

Siguen los chistes: se va a crear la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (el primer problema será definir qué es la ética en lo que no habrá ningún acuerdo). Se emitirán “reglas de integridad” que sean “acordes con los nuevos (?) retos” del “combate a la corrupción” (no se sabe si “integridad” es honradez pero suponemos que los “nuevos retos” son los mismos viejos, los del Estado corrupto).

“Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios” (todo, menos un aparato de investigadores independientes). Se “deberá integrar un registro de dichos funcionarios” (¿el gobierno no sabe quienes son sus empleados?) y “someterlos a una certificación” (¿con polígrafo?, ¿otra vez lo mismo?). Y, por fin, se “reducirán los espacios posibles o potenciales de corrupción al eliminar la interacción entre funcionarios Federales y los particulares” (menos mal que la corrupción funciona con tratos secretos).

Todo lo anterior formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción normado por un consejo integrado por los gobernadores y encabezado por el presidente de la República. (Sonoras carcajadas del respetable).

 

Nada personal

Las deserciones del PRD no deben verse como algo personal aunque también tengan cargas personalísimas pero inescrutables. La división en la izquierda PRD-Morena era ya un fenómeno que como tal obligaba a definir posición, lo cual se vino haciendo lentamente como si la escisión fuera poco importante. Se ha olvidado que la izquierda mexicana llegó a ser opción nacional de poder gracias a la unidad de sí misma, lo cual ahora quiere ser negado justamente a través de posiciones divisionistas que no hacen sino beneficiar a las derechas.

La otra cuestión consiste en el efecto Iguala-Cocula, el cual es de carácter político-moral: acreditar que no se ha sido parte de eso y que se repudia. En este contexto se han dado las separaciones de Cárdenas y de Encinas, entre otras. En efecto, es preciso mostrar indignación frente al gran levantón histórico de Iguala-Cocula, para lo cual se propone dejar claro el deslinde orgánico con el partido que tiene una ineludible responsabilidad política. Pero en  tal propósito se dejará de tener que asumir responsabilidad política a secas, se dejará de tener compromiso militante y, por tanto, obligación de dar la cara.

Otra cosa es la de cambiar de partido, la de irse a Morena como esperanza de México o lo que se quiera, aunque también hay esperanzas personales nada menospreciables. No obstante que el repudio al PRD por su responsabilidad política en los hechos de Iguala-Cocula es del todo entendible y está justificado, quizá sea algo mejor, aunque mucho más difícil, dar la cara en lugar de tratar de lavarla. El PRD de la noche igualense, como partido nacional, era el mismo que el del día anterior aunque el sometimiento del presidente municipal no se había descubierto de la manera como se advirtió tras el levantón de estudiantes de Ayotzinapa. Mas el fenómeno de supeditación a las mafias de narcotraficantes-secuestradores-extorsionadores atraviesa a todos los partidos y hubiera sido pueril creer que la izquierda iba a estar al margen. Por lo demás, el asunto no está claro todavía por más que el gobierno así lo quiera presentar.

Nada justifica al PRD sino que sencillamente se le tiene que ubicar dentro de una realidad frente a la cual éste ha sido hasta ahora incapaz de presentar otro camino en materia de gestión política municipal y de honradez de sus cuadros. La manera, condiciones y características de la postulación de Abarca como candidato deben ser esclarecidas pero eso no podrá tampoco tapar el fenómeno criminal-político de la sujeción del poder local a las empresas delincuenciales. Por tanto, la separación de connotados y apreciados dirigentes perredistas, con tal de dejar zanjados los crímenes de Iguala-Cocula por lo que a ellos corresponde, no da la menor respuesta al fenómeno que vivimos ni tampoco señala rumbo alguno para superar todo lo que se ha hecho mal o no se ha hecho.

Quien lucha afuera de los partidos o grupos tiene una opción personal del todo válida. Quien asume el compromiso militante (colectivo) quiere cambiar a su país en forma organizada, potenciar su esfuerzo. Así de simple, para no estar dando vueltas. Al mismo tiempo, si no quieres poner tu nombre en el terreno de lo cuestionable, no hagas nada que no sea personalísimo. Si quieres luchar junto a otros, tienes que arriesgar pero nunca callar.

Censura vs. libertad de difusión

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE se apuntó otra tropelía: volvió a censurar el espot ya antes censurado del PRD. Ahora lo hizo por solicitud de Telmex, empresa monopólica que se sintió ofendida porque el promocional decía que muchas cosas no han cambiado en México y ponía como ejemplos, dentro de un mismo cuadro, a Telmex y Televisa.

Ya no sólo es López-Dóriga sino ahora también Telmex, es decir, Carlos Slim, quien no puede ser tocado con una referencia política adversa. Ya vimos que en el caso de López-Dóriga el planteamiento consiste en que se trata de un periodista (perteneciente al monopolio de la televisión), pero, ahora, ¿cuál es el motivo? Telmex (el monopolio de la telefonía y del internet) dice que se le calumnia al ponerlo junto a escenas feas y textos horribles. Además, afirma que el PRD no tiene permiso para usar su logotipo. Con estos dichos la autoridad electoral decreta censura. Lo que se lee en la Constitución no tiene sentido y mucho menos vigencia para el fabuloso INE: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”.

En realidad, tanto López-Dóriga como Telmex y Televisa aparecían en el espot del PRD como elementos de ilustración de un texto. Pero ésa no es artificial sino que tiene un sustento en la declaración de preponderancia que ha hecho el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ambas empresas son monopolios y eso no ha cambiado en México, lo cual es recogido como punto de vista de un partido político que tiene el derecho –como toda la ciudadanía—de difundir sus ideas.

Ahora bien, es preciso advertir que en las dos censuras del espot del PRD lo que se quiere más que nada es desaparecer las imágenes de Peña, Osorio y Videgaray que aparecen ligadas a la herencia priista y a la situación actual que se denuncian en el promocional perredista.

El INE está llevando la temporada electoral a un claustro rigurosamente vigilado. Ya no se puede difundir con libertad porque de inmediato el INE se levanta con el arma de la censura para poner orden donde sólo se intenta la libertad. No tiene caso que los partidos tengan derecho de acceso a radio y televisión si la autoridad va a censurarlos. Esa conquista democrática se está convirtiendo en una cárcel de las ideas debido al predominio oficialista dentro del Instituto Federal Electoral. Se ha censurado también un espot del PAN.

Ya se tardó el Tribunal en resolver la primera censura pues la suspensión de un espot requiere respuesta rápida. Habría que estar esperanzados, aunque sin ilusiones, de que dicha instancia jurisdiccional admita la libertad de difusión y rompa con la censura política. Pero si así no lo hiciera, entraría en crisis el texto del artículo 7º. de la Constitución que antes se refería a la libertad de prensa y ahora trata de la libertad de difusión por cualquier medio, conquista ésta de carácter democrático de muy reciente realización. Con esa crisis se abriría un nuevo conflicto político: nada podría ser normal mientras no se respetara esa libertad. Tiene que admitirse la capacidad de criticar al gobierno y a los gobernantes en la televisión. Parece que estamos empezando, una vez más.