El mismo debate

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El debate de Tijuana parece una segunda versión del primero, significado por ataques programados. El ambiente político mexicano se caracteriza ahora por un candidato que se perfila hacia la Presidencia como puntero en todas las encuestas y dos candidatos (PAN y PRI) que no han encontrado la forma de generar una base de confianza que les permita entrar con fuerza en la competencia.

La democracia mexicana es limitadamente competencial. La gente vota cada tres años y no vuelve a intervenir en las decisiones. A través de esa única ventana que tiene la ciudadanía se proyectan los rechazos, hartazgos, temores y perjuicios que se van acumulando.

Lo que tenemos es un gobierno fracasado. La economía no despuntó y el producto por habitante sigue estancado. No se atendió el rezago educativo mientras la atención médica sigue siendo extremadamente desigual. México es un país de inmensas desigualdades sociales en el que, al fin de cuentas, prevalece la pobreza, pero vive dos crisis paralelas: corrupción y violencia.

Se pensó presentar al candidato José Antonio Meade como un ciudadano con el apoyo del PRI, pero esa maniobra se cayó desde el primer acto de precampaña: “háganme suyo”, les dijo a los priistas. Es por ello que el tecnoburócrata no conmueve a nadie y sigue en actos políticos intramuros. En el debate, sus propuestas se caen solas porque no se entiende cuál es el plan general.

José Antonio Meade fue orillado a defender la invitación a Donald Trump, que hicieron Videragaray y Peña Nieto cuando aquel era candidato. Su respuesta fue que se creía que el republicano no alcanzaría la Presidencia de EU. Pero ahí rodó él mismo y sus amigos. Si el multimillonario no iba a llegar, razón de más para abstenerse de invitarle a un diálogo directo y protocolar con el presidente mexicano. Meade exageró su afiliación gubernamental, peñista, y se hundió aún más.

Desde la oposición derechista tradicional no hay tampoco un programa social ni democrático. En esta oportunidad, Ricardo Anaya quiso presentarse como muy patriota y elaboró una artificial posición radical frente al gobierno de Trump. La réplica fue inmediata pero estuvo a cargo de uno de los conductores, León Krauze, quien lo puso contra las cuerdas cuando le dijo que sus propuestas llevarían a romper líneas de colaboración binacional, lo cual generaría nuevos y graves enfrentamientos con Estados Unidos. Anaya ya no lo podía echarse atrás pero tampoco supo explicar el alcance de su balandronada.

Ricardo Anaya tuvo otro traspié con su propuesta de exentar de impuesto sobre la renta a los ingresos mayores de 10 mil pesos al mes. Eso implicaría hacer un descuento de esa misma cantidad a la base grabable de todos los demás contribuyentes, incluso los más ricos. La solución al problema fiscal de los ingresos medios consiste, como lo ha planteado Morena, en reducir las tasas impositivas, lo cual no generaría subsidio alguno a los altos ingresos. Nadie rebatió al panista, quizá a la espera de que su propuesta corra la misma suerte de aquella “renta ciudadana universal” que murió de inanición.

El fuerte de López Obrador no es el debate porque no maneja un ritmo oratorio para explicar detalles en breve lapso, tal como se suele requerir en una discusión con tiempo medido. Por ello, el opositor se limitó a insistir en propuestas de un gran cambio.

Sin embargo, AMLO hizo un planteamiento nuevo sobre la crisis migratoria centroamericana, la cual afecta a México y Estados Unidos. Descartó que México deba ser policía de Washington, pero Propuso un plan social conjunto y, para ello, rememoró La Alianza para el Progreso de los años sesenta del siglo pasado. El planteamiento es nuevo aunque la referencia es pésima porque aquel plan de John F. Kennedy se hizo en el marco de la guerra fría, la cual, además, ya no existe.

No obstante, hay que reconocer que si pudiera haber una solución pronta a esa crisis migratoria tendría que pasar por un plan de política económica y social entre México y Estados Unidos hacia los tres países centroamericanos que viven esa situación. Al menos, eso sería un intento de abandonar la política de persecución y mal trato de migrantes que hoy observamos.

El debate de Tijuana fue para PRI y PAN una extensión de la guerra sucia que llevan a cabo contra López Obrador. Esta situación obra a favor de intercambios poco claros y estériles. Es evidente, como se ha señalado, que el nivel no es alto porque tampoco lo son las campañas. Los insultos, nada novedosos en México, no son tampoco para escandalizarse, aunque no son del nivel político que muchos desearían.

Quizá lo más feo es que los candidatos del PRI y el PAN se siguen disputando el privilegio de ser quien ocupe el segundo lugar y se presente como alternativa única frente a López Obrador. Eso les lleva a atacarse mutuamente pero, sobre todo, a competir en el campo de la guerra sucia, para ver quién de los dos ataca con mayor tino al líder de Morena.

El tercer debate será, probablemente, una repetición del anterior y del anterior. Sin embargo, la situación política de México es de lo más interesante: hay un torrente popular que quiere el cambio inmediato, dejar atrás décadas de gobiernos fracasados y dañosos. Ese torrente se ha convertido en una fuerza mayoritaria. En hora buena, sí, sonríe.

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Desde antes del inicio de las campañas electorales, el país percibía la existencia de dos opciones políticas básicas: el neoliberalismo y el programa social. Ya iniciada formalmente la lucha electoral, eso es lo que se ha confirmado.

Por más que la alianza del PAN con el PRD se haya querido presentar como un neoliberalismo blando con algunas concesiones a la izquierda, lo cierto es que Ricardo Anaya ha fracasado en su intento de articular un programa social. Su propuesta de renta ciudadana universal, ideada para “rebasar” a AMLO, se ha desbarrancado ante su inconsistencia fiscal y las críticas del panismo. Sobre el mentado “gobierno de coalición”, Anaya ya ha admitido que él lo nombrará pero no en este momento. ¿Dónde quedaría la coalición?

Por su lado, José Antonio Meade reelabora puntos de López Obrador y formula propuestas que resultan deslavadas y extemporáneas. Por más que pretende hacer concesiones al programa social, el candidato priista genera hilaridad. Si AMLO plantea becas a todos los estudiantes del bachillerato (becarios sí, sicarios no), Meade las limita en cuantía y cobertura sólo a los jóvenes de familias de Progresa, una minoría en el país. Mucho menos ha dicho que debe haber un sistema universal de becas en la enseñanza universitaria. El candidato priista promete lograr el 60% de matricula en educación media superior, pero la Constitución marca a ésta como obligatoria, es decir, ya está prescrito en ley suprema llegar al 100%. La pensión de adultos mayores es ofrecida por el priista sólo dentro del programa de Sedesol, que comprende una minoría y es una copia mal hecha de la pensión universal de la CDMX, creada por AMLO. En todo tema social, Meade sigue extraviado. De las libertades y derechos, nada. ¡Qué desastre!

El neoliberalismo no es una ideología. Es un programa político tendiente a enterrar al Estado democrático y social, el cual se considera perjudicial para la libre empresa privada, la ganancia desregulada y el proceso de concentración y centralización de ingreso y riqueza. No sólo cuestiona el objeto y cuantía del gasto social sino también repudia la regulación estatal sobre las estructuras empresariales y los llamados mercados. Es la dictadura del dinero, cuyo estado mayor tiene sus sedes en las grandes bolsas de valores e instituciones circundantes.

Como en todo proceso político, el neoliberalismo no ha conquistado una victoria aplastante, así como el Estado social tampoco ha desaparecido por completo. La lucha entre esas dos tendencias sigue su curso ante la ausencia, por lo pronto, de una tercera opción.

En algunos países, como México, las recetas neoliberales se han suministrado con cierta lentitud pero cada seis años aumenta la dosis. Se ha llegado a privatizar yacimientos petroleros, lo cual no sólo es un insulto a la conciencia histórica nacional, sino un pésimo negocio para el Estado.

En América Latina hemos visto recientemente algunas sonadas derrotas políticas del Estado social, en especial en Argentina y Brasil. La primera, mediante la competencia electoral y, la segunda, a través de un canallesco golpe de Estado fraguado en el Congreso y la judicatura.

En México, como en ninguna otra parte, no se va a hundir del todo el neoliberalismo, pero puede recibir un fuerte golpe con la derrota de sus representaciones políticas. De los cuatro candidatos que aún siguen en la contienda, tres son claramente neoliberales. Como se nota con la renuncia de Margarita Zavala, existe una presión para que sólo quede uno. Se puede seguir negando la existencia de la mafia del poder, sin embargo, se mueve.

Pero los estrategas neoliberales no toman en cuenta que Ricardo Anaya se presenta como un opositor, mientras José Antonio Meade encarna el continuismo priista aunque lo niegue cada día. En consecuencia, si el oficialista Meade declinara en favor del opositor Anaya, a ojos de cualquiera ninguno de ellos sería lo que ha dicho ser.

Con cuatro, tres o dos candidatos, el esquema de dos opciones seguiría siendo vigente. Pero, con nuevos descartes (Bronco y Meade), el punto sería aún más claro para todos: seguir en lo mismo o abrir un nuevo camino.

Así, sí: separar al poder económico del poder político

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En el ríspido debate entre el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y Andrés Manuel López Obrador se ha hecho, por parte de este último, un viejo planteamiento, pero que en México es de lo más actual y pertinente: separar al poder económico del poder político.

Una cuota de la gran corrupción, entendida ésta como parte del sistema de gobierno, tiene su origen en la rapacidad de grupos de empresarios dispuestos a comprar a quien sea con tal de hacer negocios, los cuales, por lo regular, son sucios o están ensuciados.

De sobra se conoce la tesis de que es desde la esfera gubernamental donde se consuma la corrupción. Eso ya lo sabemos. Pero también tenemos noticias de la avidez de empresarios por entrar en ese sistema de las mordidas, del cual se derivan, por cierto, ilegales apoyos económicos a políticos. En México se realizan negocios fabulosos al amparo del gobierno. Baste recordar los rescates bancario y carretero que le trasladaron al Estado inmensas deudas privadas, las cuales se siguen pagando a través del presupuesto federal: 40 mil millones de pesos anuales de intereses, equivalentes al subsidio a la UNAM, la mayor universidad del país.

Mas la corrupción empresarial, como parte del mismo método de gobernar, siempre es negada por las organizaciones empresariales, las cuales, por tanto, no se proponen hacer algo para combatirla.

Cuando López Obrador se refería a integrantes del CMN como “una minoría rapaz”, estaba obligándose a proponer una salida. Esa es la de eliminar el sistema de mordidas y tráfico de influencias a través del cual se han generado inmensas fortunas, se ha agudizado la concentración de riqueza e ingreso y se ha promovido la centralización del capital, con sus consecuentes estructuras monopólicas. Por el otro lado, México vive, en contraste, dentro de un creciente mar de pobreza y atraso social.

Esa ruptura no puede proceder más que del gobierno, es decir, de otro gobierno. Pero no se trataría de abrir una contienda civil sino de vincular la acción pública con la observancia de la ley en las relaciones entre empresas y gobernantes.

Se sabe de sobra que mientras exista el poder del dinero, éste tendrá influencia en el Estado, directa e indirectamente. Esa es la parte estructural del problema. Pero también existe el escenario de la corrupción. No es posible, bajo el sistema actual, acabar por completo con la presión que se genera desde los cenáculos del gran capital, pero lo que no se debe admitir es la dependencia y subordinación del gobierno a decisiones de directivos y ejecutivos de grandes corporaciones empresariales. Esto debe terminar.

El CMN es el club más selecto del país. Hasta hace poco se denominaba consejo de hombres de negocios, pero se ha cambiado el nombre porque ya agrupa a unas cinco mujeres. Es miembro del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE) con derecho de voto, a la par de las grandes confederaciones y el sindicato empresarial, la Coparmex. Ahí, unos cuantos pesan más que miles de empresarios, debido a que gozan de especial influencia entre los líderes cupulares. Algunos de los integrantes del CMN son líderes de líderes de líderes.

Así es que casi todo el entramado organizativo del empresariado se ha solidarizado con el CMN, en una suerte de cohesión de clase, en una fiesta de membretes empresariales firmantes. Pero, ¿cuál es la causa? López Obrador se refirió a ese club de famosos y súper ricos (ni siquiera todos sus integrantes), pero no se metió con el CCE ni con la Coparmex. Sin embargo, muchas cámaras han publicado un desplegado de varias planas exigiendo “respeto”. “Así, no”, han dicho muy orondas. En una inexplicada defensa de un club semiclandestino, ajeno por lo demás a la generalidad del empresariado, se condena la ríspida crítica y la acometida política, debido a que los más poderosos personajes se sienten ofendidos y, algo más, reprimidos en el ejercicio de sus “libertades”. Ninguno de los integrantes del CMN respondió en forma personal, lo cual habla de su falta de dignidad. Logran que otros los defiendan porque es más cómodo y menos arriesgado.

Lo que ellos se han embolsado (Fobaproa y largos etcéteras) no se considera como acto criticable, atacable, combatible, despreciable. La magia de las privatizaciones tampoco fue un truco sucio. De seguro los beneficiarios siempre se han sacrificado por la Patria o, al menos, son beneméritos, de tal suerte que figuran, algunos, en el listado de Forbes.

Los socios y admiradores de ese club, juntos o por separado, no deben seguir tomando las decisiones trascendentales del país, porque impiden de esa manera la democracia más formal posible, que es la que existe. Ese es el planteamiento. Si quieren el poder político, que se postulen y busquen el voto, conforme a la regla general, pero no podrían utilizar más dinero en sus campañas que los demás candidatos y candidatas. Así, sí.

Si no hubiera encuestas…

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Supongamos por un momento, sólo para efectos del análisis político tradicional, que la publicación de encuestas estuviera prohibida, como ocurre en la víspera de la jornada electoral.

Ahora bien. ¿De qué forma apreciaríamos el pulso electoral? Leeríamos los diarios, escucharíamos la radio, veríamos la TV, escudriñaríamos en las redes sociales, asistiríamos a los mítines, etc.

Los candidatos del PRI y del PAN dicen varias veces al día que van a ganar. AMLO, por su parte, ha dicho que “este arroz ya se coció”. Nada de eso le aporta un solo voto a alguno de ellos, pero tampoco se lo quita, por lo cual pueden seguir con el mismo canto durante los próximos 55 días.

Sin embargo, hay hechos políticos relevantes.

Los actos de José Antonio Meade son intramuros, es decir, en el seno de las organizaciones priistas. Fuera del partido oficial, nadie le apoya, ni siquiera en los lugares donde predomina su propio programa, el neoliberalismo económico. Meade no promete más que sus aspiraciones u ocurrencias. Por ejemplo, ha llegado al extremo de afirmar que las universidades deben convertirse en “centros de negocios”, pero tampoco generó respuesta, nadie le cree.

No hay que olvidar que Meade no era el aspirante con apoyo dentro del PRI, mas no por su falta de afiliación formal –todos conocían su priismo aún cuando había formado parte del gobierno de Calderón–, sino porque carece de experiencia política, por decirlo de una manera menos brusca.

En consecuencia, José Antonio Meade tiene los inconvenientes de ser representante del actual gobierno y carece de las posibles ventajas. Es tan genuino portavoz del dúo Peña-Videgaray que su “jefe de campaña” y eventual sustituto es Aurelio Nuño, hombre de la mayor confianza del presidente de la República. Desde esa plataforma es imposible hoy ser competitivo en el terreno electoral.

Cuando Meade se lanza contra el candidato del PAN (ya redujo ese ataque) y contra AMLO (ya lo aumentó), no obtiene votos en su favor. El aspirante priista parece no darse cuenta de que su votación no podría ser mayor que las ya pocas simpatías que conserva Peña Nieto, de tal suerte que no aumentará su popularidad por más que combata a los otros dos.

Peña y Videgaray se equivocaron, como era de esperarse. Debieron ubicar en la presidencia del PRI a una persona con alguna capacidad crítica que tomara distancia del gobierno, empezara a criticar, exigir, convocar. El reciente cambio es tardío pero tampoco resuelve algo poner a otro disciplinado conservador. El candidato, sin duda, no debió ser del gabinete. Sacarlo de ahí era algo así como un suicidio.

Ricardo Anaya presentó al principio un programa social de “renta universal”, consistente en entregar a cada persona mayor de edad en el país, con o sin trabajo, una ministración mensual desde fondos presupuestales. A salario mínimo, serían unos 31 800 pesos al año por cabeza; casi 3 billones anuales en total; poco más de la mitad del presupuesto federal. Así empezó, pero así no terminará. Por lo pronto, Anaya ha cambiado radicalmente hacia otro ofrecimiento, el de otorgar 2 500 pesos mensuales sólo a “un millón de madres de familia”, o sea, 30 mil millones de pesos al año: una promesa cien veces menor que la original… y apenas es candidato.

El principal ofrecimiento de arranque de Ricardo Anaya se hizo para competir con López Obrador, pero casi nadie le respondió porque era una volada electorera. Luego de dos meses, su programa social prácticamente había desaparecido.

El candidato del PAN es un neoliberal que toca por nota pero es maniobrero, se cree muy listo. Dice cosas contrarias al neoliberalismo, aunque cada día menos, con el fin de presentarse ante un electorado harto de la política económica aplicada durante más de 30 años. Pero, desde tiempo atrás, la mayoría de esos posibles votantes ya tiene candidato. En cuanto a la lucha contra la corrupción, lo que dice Anaya son palabras que se le caen de la boca.

La alianza de Ricardo Anaya con el PRD no es algo que le favorezca sino que, en cierta forma, le estorba. Se ha producido un fenómeno que consiste en que los panistas ortodoxos no quieren votar por candidatos perredistas, mientras una parte de los aún perredistas no está dispuesta a votar por candidatos panistas. El punto más relevante es que el candidato del denominado Frente, Ricardo Anaya, recibe críticas y rechazos también desde la derecha panista. Peor escenario sería difícil.

Oportunistas, sus socios; oportunista, él mismo, la candidatura de Anaya es producto de una revoltura indescifrable. En esa coalición artificiosa resalta también que no haya un líder popular. Es, precisamente, la política convertida en negocio. Algo que la gente rechaza por hartazgo.

¿Cómo competir entonces contra Andrés Manuel? La estrategia consiste en buscar reales o supuestas contradicciones en los dichos del candidato de Morena. Anaya es parte de la coalición TODOS CONTRA AMLO. No llama a que voten por él sino a que no lo hagan por otro, lo cual es una confesión de precariedad política y falta de convocatoria. Así no podría ser presidente. Tendría que pensar en otra estrategia, pues la guerra sucia ahora ensucia a quien la hace.

López Obrador encarna la crítica de los muchos años de estancamiento económico, pobreza, corrupción, simulación política, crisis de violencia y resentimiento social. Su campaña es a ras de tierra, a diferencia de las de sus adversarios. Aunque repite mucho, eso se considera necesario porque el auditorio es amplio, no sólo de sus partidarios. La gente acude a escuchar el compromiso de que las cosas no serán iguales, de que se va a acabar el régimen actual.

Un problema, sin embargo, que no suele ser menor, es el triunfalismo. Éste desmoviliza, pues, al dar demasiada confianza, limita la combatividad de la gente al acto público, al mitin, pero descuida el trabajo de persuasión hacia el resto del electorado.

Los principales candidatos del neoliberalismo –Meade y Anaya– están, al igual que Peña y Calderón, esperanzados con el segundo debate. Ya lo han dicho. Sin embargo, parecen olvidar que ya han lanzado sus dardos envenenados. Si los repiten, aburrirán. Lo que ellos no conocen aún es la reserva de respuestas y contraataques del abanderado de Morena, tanto para el segundo como para el tercer debate.

La unidad con Meade, convocada de repente por Anaya, no tiene viabilidad porque podría fortalecer a AMLO, al poner las cosas más en claro. La propuesta del panista ya recibió respuesta negativa del priista, aunque débil y enredada. José Antonio Meade, de todas formas, tiene asesores en la Presidencia, los cuales perciben lo que podría ocurrir si apoya a Anaya.

La ruta del candidato panista, el “voto útil”, funciona cuando el aspirante más fuerte es el oficialista, a partir de que las oposiciones se encuentran divididas. Si éstas se unieran, desde arriba o desde abajo, podría el gobierno ser derrotado. Algo de eso ocurrió entre el electorado en el año 2000 en México. Eso es, ahora mismo, uno de los efectos expansivos de la candidatura de López Obrador. En la presente coyuntura electoral, hace un buen rato que se tiene conciencia de la probable derrota del grupo gobernante. AMLO es el opositor. Ricardo Anaya no entiende que no entiende.

Como en este análisis somero no se han tomado en cuenta las encuestas publicadas, no queda más que convocar a la ciudadanía a olvidarse de ellas, con el fin de seguir analizando el contexto político en el que puede llevarse a cabo un cambio de gran calado en este país llamado México.

Anticampañas: otra vez la guerra sucia

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Tres candidatos y una candidata están empeñados en atacar a Andrés Manuel López Obrador, por lo cual no buscan presentar un programa diferente y pretendidamente superior al que fija el aspirante de Morena. Tampoco buscan la réplica sino sólo el ataque. Hacen anticampañas.

Mas el problema no termina en esa peculiar situación sino que se proyecta en la falta de una competencia real. AMLO sigue poniendo los temas: corrupción, seguridad pública y crisis de violencia, crecimiento económico, salarios, política presupuestal, política social, educación. Los otros candidatos y la candidata siempre están rechazando y atacando a López Obrador.

En el debate ocurrió algo inédito. Dentro del apartado de sistema político y democracia sólo hubo una propuesta concreta: la revocación de mandato como sistema constitucional, enunciada desde hace años por Andrés Manuel. Las réplicas se fueron hacia otra parte, pero lo más grotesco fue que el candidato del PAN, Ricardo Anaya, rechazó burlonamente la idea de AMLO, confundiéndolo con una votación a mano alzada. Como se sabe, ese sistema de votación en asamblea existe en México bajo métodos de usos y costumbres, pero no tendría porqué ser motivo de desprecio por ser practicado en municipios indígenas.

Asignar a López Obrador la idea de perdonar a los delincuentes organizados es una manera de eludir la discusión de un tema de inmensa importancia nacional. AMLO nunca ha propuesto perdón alguno. Mas, debido a que ha fracasado la política actual, la crisis de violencia reclama otro análisis y una política integral con varias vertientes, una de las cuales podría ser el sometimiento voluntario a la justicia, a cambio de una mejor condición penitenciaria, pero Ricardo Anaya inventó que eso no ha dado resultado en ninguna parte, lo cual es falso. No es ignorancia del panista sino deseo de engañar.

El candidato de uno de los partidos (PAN) que aprobaron el Fobaproa acepta, sin la menor sinceridad, que ese mecanismo fue y sigue siendo un gran fraude a la nación, según dijo, repitiendo palabras de AMLO. Luego, como Morena ha postulado a una sola persona que en aquel entonces votó a favor de la legalización del Fobaproa, López Obrador –dijo Anaya– ha dejado de ser honorable. ¿Qué pasa con todos los panistas que apoyaron y siguen apoyando el robo del Fobaproa-IPAB, incluyendo al actual candidato?

En un marco como este es imposible discutir propuestas. La costumbre de recurrir al ataque personal ha pervertido el debate, pero también esconde los temas verdaderamente trascendentes. ¿Para qué decidió Meade sacar lo del departamento familiar de AMLO, que ha sido aclarado hasta el cansancio, incluso, con la retractación que al respecto se vio obligado a hacer un diario estadunidense?

En el colmo, Anaya afirma con cartelito en mano que durante la gubernatura de López Obrador en la Ciudad de México aumentaron los índices delictivos, cosa que inmediatamente fue desmentida con las cifras de entonces. Y, otra vez, no se trata de desinformación personal del panista sino del uso de la mentira como arma de ataque.

En la carrera entre Anaya y Meade para lograr la mayor y mejor arremetida contra al candidato de Morena, el priista tenía preparado un espot donde aparece López Obrador, se reproducen escenas violentas sin ser identificadas y, al final, se lanza el reto: “ELIGE: MIEDO… O MEADE”. El mensaje está tan mal hecho que no podría promover la candidatura del priista. En realidad, lo relevante es la actitud mendaz, el ataque sucio contra el adversario.

Todos contra AMLO no puede ser un debate, sino expresión de ansiedades de obtener votos a partir de desacreditar al candidato más favorecido en las encuestas. El resultado es que otra vez tenemos la guerra sucia, pero ahora como caricatura de la que hizo Calderón en 2006, aunque su contenido sea muy parecido.

México vive una situación en la que un candidato recoge la crítica, el hartazgo y el enojo de millones de personas que cada seis años anidan esperanzas pero no perciben ningún cambio favorable. Es un hecho que Fox-Calderón-Peña, para hablar sólo de los últimos tres, no trajeron nada positivo. El Producto Interno Bruto por persona es prácticamente el mismo. México es uno de los países más estancados del mundo desde el punto de vista de su población y más próspero desde el punto de vista de sus magnates. No sólo es la pobreza sino también la falta de progreso y el aumento de la desigualdad. Existe un inmenso resentimiento social.

Por el otro lado, los candidatos de los partidos responsables de esa catástrofe están tratando de enlodar a López Obrador con mentiras evidentes.

Si conjugamos estos dos factores presentes en la coyuntura, las anticampañas de Meade, Anaya, Margarita y “El Bronco” confirman la crítica al actual régimen político y, por tanto, van a favorecer el cambio que ofrece Andrés Manuel. Pero, por lo pronto, llenan espacios de suciedad.

Aeropuerto espectacular

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Ha dicho Carlos Slim que a los países les conviene construir aeropuertos espectaculares para que los viajeros se sientan de maravilla al arribar, lleguen más, traigan su dinero y se vayan contentos. En otras palabras, se nos está diciendo que en un país pobre como México lo indicado, como dice un refrán, es gastar el dinero que no se tiene para apantallar a gente que ni se conoce.

El proyecto del espectacular nuevo aeropuerto en Texcoco tiene asignados cuantiosos recursos presupuestales que ya se están ejerciendo. Miles de millones de pesos se destinan a hacer viable la construcción y funcionamiento de la gran obra de la que depende, según Slim, el futuro económico del país entero.

El resto de la operación sería de pago diferido. El problema consiste en que la tarifa de aeropuerto (TUA), más el arrendamiento de espacios comerciales y el derecho de uso de lugares de estacionamiento de los aviones (slots), no alcanzaría para pagar el mantenimiento y la expansión natural del nuevo puerto aéreo, sin poder cubrir, por tanto, el pago de los intereses de la deuda que se quiere contraer, el cual estaría otra vez a cargo de los sufridos contribuyentes. Esa obra no quedaría en menos de 350 mil millones porque cada mes aumenta su presupuesto, lo cual es una muy conocida técnica del contratismo, como ya lo vimos en la sencilla barda perimetral.

En palabras más simples, desde el punto de vista de su rentabilidad, para el Estado mexicano la obra sería un gran fracaso, pero los inversionistas y constructores harían un buen negocio. El bono tiene una tasa mínima de interés del 10% garantizada, mientras que la utilidad de los contratistas no sería menor del 20% del costo.

El error de construir un nuevo aeropuerto muy cerca del viejo nunca se ha cometido. Lo que se acostumbra es hacer nuevas terminales y más pistas. JFK de NY tiene 8 terminales; Heathrow en Londres tiene 5. Con frecuencia se construye un nuevo puerto aéreo en otro lugar para que funcione simultáneamente, como lo hemos visto en Nueva York, Londres, París, Sâo Paulo, Tokio, Moscú y en casi todas las demás grandes ciudades. El viejo aeropuerto neoyorquino de LaGuardia sigue abierto con sus dos pistas y sus tres terminales. Lo mismo podemos decir del ya antiguo Le Bourget de París, ciudad donde existen cuatro aeropuertos.

El argumento de Slim sobre la lejanía de Santa Lucía es incorrecto. Las distancias con el centro de la ciudad no parecen ser diferentes a la que habría en la Ciudad de México con dos aeropuertos: París-Ch. De Gaulle: 23 km; NY-JFK: 25 km; Londres-Hearthrow, 27 km; Moscú-Sheremetyevo, 30 km; CdMx-Santa Lucía: 29 km. Hay aeropuertos más lejanos como Narita en Tokio, con 60 km o Beauvais en París, con 80 km, pero con recorridos de una hora, casi lo mismo que se hace a veces en coche entre Las Lomas y el aeropuerto Benito Juárez.

Si se construyera un nuevo puerto aéreo en Santa Lucía, la distancia entre el nuevo y el viejo (32.7 km) sería mucho menor que la existente entre Newark y JFK en NY que es de 50 km, normalmente pesados, o entre Haneda y Narita en Tokio, de 80 km. Los cinco aeropuertos de Londres están a una distancia de entre 30 y 60 kilómetros del mayor de ellos, Herthrow, el cual recibe al año 75 millones de pasajeros aunque cuenta sólo con dos pistas.

Carlos Slim nos propone que se haga una especie de Paseo de la Reforma sobre ambas pistas del para entonces ex Aeropuerto Benito Juárez. Dice que ahí podrían construirse grandes edificios. De seguro que sería el boulevard más ancho del mundo, pero ¿a dónde llevaría?

El argumento del magnate contrasta con la promesa informal e inexplicada de hacer una zona de conservación ecológica o un parque recreativo. En realidad, el gobierno no se ha tomado la molestia de esbozar siquiera un proyecto, mucho menos su financiamiento. Si se le preguntara a Peña sobre el asunto, probablemente daría evasivas. Creo que ni le importa, a pesar de la reciente y costosa reconstrucción del “hangar presidencial”, el cual ya no serviría ni como salón de baile.

El actual no puede tener otro uso razonable y económico que el de aeropuerto. Los terrenos baldíos se podrían invadir, claro está, para ampliar las zonas de vivienda ya existentes, pero los edificios y las pistas no servirían para otro uso sin realizar inversiones quizá mayores que su valor actual. Muchos países quisieran un aeropuerto como el que hoy funciona en la Ciudad de México y ninguno lo cerraría. El del centro de Berlín fue, como se sabe, una excepción en una ciudad donde había 3 aeropuertos y suficiente dinero para reutilizar uno de ellos, el más viejo y estorboso, lo cual se hizo con éxito.

Como consecuencia de su proyecto, el gobierno también quiere cerrar la base aérea militar de Santa Lucía, que tiene la pista más larga y ancha del país, ya que, por su cercanía, no podría funcionar al mismo tiempo que el aeropuerto de Texcoco.

Lo que se quiere hacer tiene los dos lados de todo dispendio: gastar mucho más de lo necesario y desperdiciar lo que ya se tiene.

Carlos Slim afirma que la zona del nuevo aeropuerto se convertiría en un “polo de desarrollo”. Pero eso es justamente lo que ya no se quiere dentro de la gran ciudad, la cual no debe seguir expandiéndose.

Además, no habría tantos nuevos empleos como se afirma, porque el día en que el aeropuerto cambiara de domicilio dos cuadras adelante, sus actuales trabajadores abandonarían el viejo y se irían todos al nuevo.

El fondo del asunto es que se ha proyectado un aeropuerto espectacular que, para serlo, requiere concentrar todo el creciente tráfico aéreo de la capital del país. De esta forma, una idea de negocios se convierte en una política pública sin sentido práctico y con un alto costo presupuestal irrecuperable.

El planteamiento de que el aeropuerto en Texcoco promovería el bienestar de 5 millones de personas de esa zona es un volado de Slim, pero afirmar que la suspensión del proyecto detendría el desarrollo del país es de plano una inesperada fanfarronada del magnate. A él le ha sucedido lo que a José Antonio Meade, quien, en lugar de infundir miedo con su propaganda, suscita hilaridad.

Carlos Slim parece que pierde memoria. Él ha dicho que no es correcto oponerse cuando ya está todo listo para levantar el espectacular aeropuerto, que es, dijo, un proyecto que lleva seis años. Tiene más, pero desde entonces hemos venido criticando el derroche que se pretende sólo para hacer un negocio prescindible.

Cualquiera puede recordar que López Obrador, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, se opuso al proyecto de Vicente Fox de construir el aeropuerto en Atenco. Ahora, Peña Nieto lo quiere unos metros más cerca, pero es lo mismo. Lo que es diferente es el gran diseño arquitectónico, la fastuosidad del edificio terminal y su potencial de crecimiento: ya se habla, como algo próximo, de 100 millones de pasajeros al año. Eso se llama, en buenos términos, megalomanía.

Carlos Slim ha gozado al país como nadie desde que prácticamente le regalaron TELMEX (nunca se supo a cambio de qué) y a partir de ahí construyó la trasnacional América Móvil. Si él quisiera entrar de lleno en la competencia política tendría que postularse. Pero, como otros, no quiere perder su tiempo en la lucha por el poder sino seguir ejerciéndolo de manera fáctica sin presentar programa ni solicitar el voto. Eso es algo que también debe terminar en este sufrido México.

Democracia directa, ¿”ruta de colisión”?

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La afirmación de López Obrador de que es mejor consultar al pueblo (la ciudadanía) para tomar las grandes decisiones, ha sido respondida por Héctor Aguilar Camín, en el diario Milenio (11.04.18), con la tesis de que la democracia directa, defendida por el candidato de Morena, es una “ruta de colisión”.

¿Qué mecanismos o sistemas colisionarían? El escritor nos explica: “la lógica binaria de la voluntad en blanco y negro de la ciudadanía y la voluntad negociada de la lógica representativa, por definición matizada, llena de grises.”

Aguilar Camín parece ignorar que para llegar a una consulta popular es preciso hacer antes un proyecto. Algunas veces se vota en el parlamento y el decreto se refrenda o rechaza en las urnas; otras, se realizan negociaciones políticas promovidas por el Ejecutivo y luego se convoca a plebiscito. En ambos mecanismos hay oportunidad de abrir un debate e incorporar matices buscando la mayoría ciudadana.

En cambio, el sistema meramente representativo nunca ha garantizado la “moderación” de los proyectos del Ejecutivo, quien suele enviar sus iniciativas a un Congreso más o menos presionado por el gobierno. Luego, se tiene el problema de los “grises” mismos, es decir, maniobras, cabildeos, compra de votos, tráfico de influencias, intercambio de favores, todo ello entre legisladores y entre éstos y el secretario del ramo, con frecuencia pertrechados desde el poder del dinero.

En México no se usa el referéndum ni el plebiscito. Cuando se intentó que se pusiera a votación ciudadana la reforma energética del PRIAN, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inventó que no era permisible la consulta popular porque la privatización del petróleo podría conducir a mayores ingresos del Estado y la Carta Magna no permite que ese tema se vote en forma directa. Esta monumental mentira consagró al máximo tribunal del país como un grupo de jueces de consigna, con la excepción del ministro José Ramón Cossío. Como nadie dudaba entonces que una consulta popular sobre el tema de la energía llevaría a la derogación de las reformas, el gobierno usó burdamente a la Corte para negar a la nación el derecho de decidir sobre su legítimo patrimonio. Volvimos a un pasado de ignominia.

Antes de la infame maniobra judicial, ¿dónde habían estado los “grises”, que tanto preocupan a Aguilar Camín, en aquellas negociaciones sobre energía que llevaron a reformar la Constitución? El PRI y el PAN no cedieron nada, entregaron a grandes empresas privadas casi todas las reservas probables, posibles y prospectivas, dejando a Pemex unas migajas, como ya se ha estado viendo.

Dos partidos, funcionando como uno solo, es igual a un sistema de partido único, lo cual no quiere decir que no haya discusión sino que sólo se toman en cuenta las propuestas y los argumentos que coinciden con aquella idea fundamental que se va a convertir en ley. Sí hay “grises”, quizá, como los pide Aguilar Camín, pero no hay colores.

La “política binaria” es lo que tenemos en la democracia representativa. Se tiene la mayoría o no se tiene en un consistorio para imponer una legislación sin consultar a nadie más, sin pensar en lo que la ciudadanía pudiera estar queriendo, buscando, sufriendo.

Aunque la democracia representativa no sea por ahora sustituible del todo, nunca ha sido suficiente. Aún más, los representantes políticos de la ciudadanía suelen ser falsos en cierta medida porque no pueden representar por igual a la totalidad de los electores que les eligieron, mucho menos a quienes componen un distrito o un estado. Por eso existe la representación proporcional, pero ésa no resuelve del todo el problema.

Una idea que se aprecia en el fondo de la “colisión” de Aguilar Camín es que el pueblo no puede legislar porque no sabe. Nadie ha demostrado que los únicos que sí saben sean los legisladores. Aquí el asunto más desagradable radica en que se defiende un monopolio de sabiduría en asuntos del Estado y de la sociedad vista en su conjunto. La ciudadanía en México no vota siquiera sobre la apertura de una calle.

En muchos lugares, la democracia directa se ha venido abriendo paso. Hay países, como Suiza, en los que casi todo es votado por los electores. En Estados Unidos, donde se inventó el sistema representativo y federal que existe en México, la gente decide sobre muchos puntos sin que se informe en la prensa al público mexicano. El sistema de consultas suele ser amplio en la mayoría de los estados del vecino del norte, pero no hemos visto “colisiones”.

Existe un problema de mayor fondo: los derechos son conquistas. No hay prerrogativas otorgadas por divinidades ni tampoco existen derechos naturales. Tomar decisiones sobre asuntos colectivos debería ser un derecho tal como lo es el hacerlo en aspectos individuales. Así como los electores eligen a sus representantes –decisión acotada en un determinado marco jurídico político–, la misma ciudadanía podría legislar por mayoría.

Hay más. Los derechos –postulamos—no deben involucionar. A cada momento de la historia se han de producir cambios progresivos. Hoy tenemos más derechos que antes. Aunque ya existía en la antigüedad en algunos pueblos, es reciente el derecho a tomar parte directa en la legislatura, digamos, a partir de la segunda postguerra. Estaríamos en desacuerdo con un sistema que nos pudiera llevar hacia atrás en materia de derechos, ni siquiera con uno que nos paralizara como estatuas, tal como lo pide Aguilar Camín, aunque fuera sólo por miedo a las “colisiones”.

No siempre y no todos los derechos políticos son considerados como derechos humanos. Mas ahora se postula que la generalidad de los derechos deben convertirse en fundamentales. De lo que se trata es de que, más allá de la asociación, petición, manifestación de ideas, libre comunicación, tránsito, voto, no discriminación, educación, salud y otros que andan por ahí tocando la puerta de los derechos fundamentales, se avance mucho más en ese camino. La consulta popular tiende a convertirse en fundamental. Para su ejercicio, debe haber reglas que no la nieguen como libertad y como derecho, sino la afirmen y la garanticen. En eso estamos.

Por lo pronto, salvo decisión arbitraria y majadera de la Suprema Corte bajo órdenes del Ejecutivo, el artículo 45 de la Constitución que tenemos frente a nuestras narices dice que es derecho ciudadano votar en las consultas populares y que éstas deben realizarse a pedido del 2% de los electores enlistados.

Se diría, en la óptica de Aguilar Camín, que ya es un derecho el ser “binario” con voluntad en “blanco y negro”. Sí, en efecto, pero, como tal derecho, no podría ser disminuido sino sólo ampliado (progresividad), según el artículo 1º de la misma Constitución que, se supone, nos rige.

El tema de la lógica binaria no está en el debate, al menos por el momento. Lo que ocupa el mayor lugar en las discusiones se refiere a los evidentes límites de la democracia representativa y a la consecuente necesidad de la democracia directa. Eso es lo que les decía el candidato López Obrador a los amigos de Aguilar Camín en aquel memorable debate en Milenio TV.

Plan de trabajo legislativo de Pablo Gómez

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COALICIÓN

JUNTOS HAREMOS HISTORIA

(MORENA, PT, PES)

PABLO GÓMEZ

CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL

DISTRITO 23, COYOACÁN

El objetivo central de la lucha electoral de 2018 es alcanzar un cambio que permita construir un nuevo régimen político en el que se erradique la corrupción como sistema estatal, se contrarresten la violencia y la delincuencia, se promueva una nueva distribución del ingreso a favor de los trabajadores de la ciudad y el campo, se abata la pobreza, se construya un sistema que garantice jubilaciones y pensiones dignas y justas, se desarrolle la democracia, se amplíen los derechos ciudadanos, se trabaje a favor de la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres, se respeten las libertades y las identidades, se hagan realidad los derechos de los pueblos indígenas, se apoye a los y las jóvenes y se proteja a los niños y las niñas. En resumen, se construya un Estado democrático y social de derecho.

Es necesario lograr una nueva Presidencia de la República y un nuevo Congreso de la Unión. La candidatura de Andrés Manuel López Obrador es la oportunidad para llevarlo al Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, se va a requerir una mayoría legislativa que abrace el programa de cambios y lo convierta en leyes y decretos.

El presente Plan de Trabajo Legislativo de Pablo Gómez, como candidato a diputado federal por el distrito 23 de Coyoacán, es una síntesis de los cambios que se requiere impulsar desde el Poder Legislativo de la Unión.

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

El salario debe ser suficiente para el sostenimiento del trabajador y su familia. Por ley, su incremento nunca podrá estar por debajo de la inflación. Además, los salarios mínimos (general y profesionales) deberán recuperar gradualmente su nivel histórico en términos reales.
Ya no habrá topes salariales. Los trabajadores tendrán libertad de luchar por aumentos de salarios. Se respetarán los derechos de libre asociación sindical, contratación colectiva y huelga.
El sistema de retiro volverá a ser solidario de tal manera que los trabajadores, al jubilarse, alcanzarán un ingreso suficiente y digno. El actual sistema de Afores será voluntario. El ingreso de los jubilados y pensionados del nuevo sistema solidario siempre será mayor que la mitad de su último sueldo o salario.
El sistema de pensión alimentaria de adultos mayores será universal y de carácter nacional.
Los estudiantes de bachillerato y de educación superior de las instituciones públicas contarán con salario estudiantil (beca) en todo el país.
Los campesinos gozarán de coberturas de precios mínimos de sus productos, garantizados por el gobierno federal.
Se perseguirá toda especulación, acaparamiento y fijación de precios de monopolio de bienes y servicios de consumo popular.
No se autorizarán en la Ley de Ingresos y en las leyes fiscales “gasolinazos” ni súbitos incrementos al gas doméstico.

Derechos

Los ciudadanos tendrán el derecho de votar las leyes más trascendentes e impugnar las decisiones de los gobernantes, a través de consultas populares: referéndum y plebiscito.
La ciudadanía tendrá derecho de revocar el mandato de sus gobernantes.
Los ciudadanos podrán objetar directamente ante tribunales, mediante suscripción popular, la inconstitucionalidad de leyes, decretos y órdenes, así como omisiones de los gobernantes.
Se eliminará el llamado fuero, de tal manera que todo servidor público que hubiera sido elegido, fuera integrante de un gobierno o tuviera función judicial, también podrá ser procesado penalmente, sin que lo impida su condición, incluso el Presidente de la República.
La libertad y la democracia sindicales serán una realidad. Los contratos de protección y los falsos sindicatos que los detentan serán proscritos, y sus titulares serán sancionados. La autoridad tendrá obligación de combatir la corrupción sindical y toda injerencia patronal o de los gobernantes en los asuntos internos de las organizaciones de los trabajadores. Los miembros de los sindicatos tendrán derecho de elegir a sus dirigentes de manera directa y aprobar los contratos colectivos que se hubieren de firmar con los patronos. La reforma constitucional en materia de autoridades laborales será aplicada y se reformará la Ley Federal del Trabajo para garantizar los derechos de los trabajadores.
Será efectivamente perseguida cualquier forma de discriminación por motivos de clase, edad, discapacidad, profesión u oficio, origen étnico o nacional, aspecto personal, religión, sexo, preferencia sexual, orientación o identidad de género, estado civil u opiniones.
Será obligación de toda autoridad administrativa priorizar el combate a la violencia contra las mujeres.
Se definirá con total claridad en la legislación para todo el país el respeto a la decisión de cualquiera a contraer matrimonio con persona del mismo sexo. Se consolidará en las leyes los derechos sociales de los cónyuges o concubinos de parejas del mismo sexo.
La procuración e impartición de justicia se orientará con base en la perspectiva de género.
El Código Penal Federal dejará de considerar como un delito la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, en el marco del respeto al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

III

Ingresos, presupuesto federal y control del gasto

Se eliminarán los subsidios fiscales dirigidos a los sectores más favorecidos de la sociedad. Sólo el Congreso podrá aprobar los llamados estímulos fiscales que, en ningún caso, podrán ser exenciones de impuestos, los cuales están prohibidos por la Constitución.
No se concederán amnistías fiscales, abiertas o simuladas, a los causantes que poseen grandes fortunas dentro y fuera del país. Se eliminará la capacidad discrecional que tiene la autoridad para condonar contribuciones y recargos, para lo cual se creará un organismo de contraloría fiscal apegado a la ley y a la honradez.
Se elevará la recaudación fiscal mediante un efectivo control del funcionamiento del Sistema de Administración Tributaria.
Se reducirá la tasa impositiva sobre la renta de los causantes de ingresos medios para alejarla de la que deben pagar los más ricos.
En el primer año de la legislatura, se duplicará el gasto social dirigido al combate a la pobreza.
Las partidas de los ramos de educación, cultura e investigación y desarrollo se elevarán cada año en términos reales y nunca podrán recortarse durante el ejercicio.
Se reducirán los gastos de operación de la administración pública y de los organismos autónomos. Se bajarán los más altos sueldos, incluyendo el que percibe el Presidente de la República. La Federación dejará de cubrir los gastos personales de alimentación y transporte de los mandos medios y superiores. La Federación dejará de hacer donativos decididos discrecionalmente por los funcionarios.
Se expedirá la ley sobre sueldos de servidores públicos, reglamentaria del artículo 127 de la Constitución, para regular las percepciones de los servidores públicos, eliminar los bonos y demás prebendas en efectivo y en especie, así como cancelar las pensiones ilegales de ex altos funcionarios, incluyendo las de los ex presidentes de la República.
Se formulará un programa sexenal de elevación, en términos reales, de los sueldos bajos y medios de servidores públicos.
No habrá propaganda personalizada de servidores públicos, gacetillas pagadas, anuncios disfrazados de noticias, esquelas ni promociones personales de cualquier tipo. Los servidores públicos que cometan faltas y delitos serán efectivamente perseguidos y sancionados.
Los gastos en propaganda de las dependencias y organismos públicos serán recortados para dejarlos en lo mínimo indispensable.
Se incrementará la inversión pública federal, con énfasis en la infraestructura productiva y el sector energético.
Se expedirá una nueva legislación para recuperar las industrias petrolera y eléctrica bajo dominio de la nación. Se formarán comisiones de investigación en el Congreso para esclarecer la corrupción en Pemex y la CFE.
Se incrementarán los fondos federales para la infraestructura urbana y el transporte eléctrico.
Se asignará todo el presupuesto federal a través de las correspondientes partidas, eliminando así los gastos discrecionales del Presidente de la República, en especial, el ramo 23, resumidero actual de fondos de la corrupción pública. Los ingresos no previstos y los extraordinarios tendrán un destino referencial preciso y un mecanismo exacto de autorización.
Se expedirán reformas de la ley de deuda pública para implantar nuevas formas de financiamiento del gasto con menor dependencia de los mercados abiertos. Se elaborará, asimismo, un programa obligatorio de disminución relativa de la deuda pública.
Se elevarán las funciones de la Auditoría Superior de la Federación para vigilar el ejercicio del gasto público, los ingresos y la deuda.
La Secretaría de la Función Pública será una verdadera contraloría de la Federación sobre el gasto, los contratos y las compras, el pago de adeudos y la eficiencia recaudatoria, así como la organización y el debido desempeño de las entidades de la administración pública. Todo ello, bajo disposiciones más amplias de transparencia.

Reformas al Congreso de la Unión

El Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senado) estará abierto todo el año, con breves periodos vacacionales, dentro de los cuales también podrá ser convocado en caso de urgencia.
El Presidente de la República concurrirá cada año a un debate en el Congreso, luego del envío de su informe.
Los grupos parlamentarios podrán presentar preguntas al gobierno en todo momento, así como citar a servidores públicos para que éstos expliquen cualquier asunto. Se establecerá una sesión semanal de control sobre el gobierno en las cámaras del Congreso.
Existirá grupo mixto con los legisladores independientes o que no alcancen a conformar un grupo propio.
Ningún legislador o legisladora podrá cobrar dieta correspondiente a los días en que faltare injustificadamente a sus labores completas, incluyendo las reuniones de comisiones. No habrá sobresueldos o sobredietas en el Congreso.
Las comisiones ordinarias contarán con sus pertinentes subcomisiones, e informarán periódicamente a la ciudadanía sobre sus actividades legislativas y de control. Sus sesiones serán públicas con una regularidad fija.
Las comisiones de investigación de las cámaras del Congreso podrán formarse para cualquier tema de interés público, por solicitud de una quinta parte de sus respectivos integrantes, con plenas facultades de investigación, semejantes a las del Ministerio Público.
La ciudadanía podrá presentar proposiciones (no sólo iniciativas de ley) a través de asociaciones o a título personal, las cuales deberán ser turnadas a los legisladores según la comisión o comisiones a las que corresponda.
Las entidades paraestatales, organismos y fideicomisos públicos sólo podrán ser creados por decreto del Congreso.
Se restablecerá el juicio político por denuncia popular, como forma de control de la ciudadanía y del Congreso sobre los gobernantes, con el fin de destituirlos e inhabilitarlos por violar las leyes y atentar contra los intereses públicos.

Gobierno de coalición es una farsa

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Los partidos buscan el poder, por lo cual ninguno tiene como fin programático hacer un gobierno de coalición. Tampoco se considera que es mejor, de por sí, gobernar con otros. Las coaliciones son provocadas por la situación, dentro de perspectivas halagüeñas y justificadas, mas con frecuencia resultan de las políticas de alianzas de sus pactantes. Muchos electores, por su lado, tienden a preferir un partido o un frente de partidos con acuerdo congruente y duradero.

Entonces, ¿qué se pretende con la oferta de gobierno de coalición presentada por el PAN? Veamos cómo es que se trata de una farsa, ideada con el peregrino propósito de atraer apoyos de personas desinformadas o distraídas, pero, sobre todo, para dar cobertura argumental a una alianza electoral con el PRD.

Se postula la necesidad de un gobierno de coalición con el anhelo, se dice, de que no dirija un solo partido y, para ello, se crea un frente electoral para unir izquierda y derecha sin tener que dar explicaciones. Así, se presenta como finalidad de la unidad a la unidad misma.

Para dar forma al tal gobierno de coalición se ha ideado una figura inexistente en la Constitución, bajo el nombre de Jefe de Gabinete, el cual sería, se dice, una persona perteneciente a un partido diferente al del Presidente de la República. Para ese desempeño se ha designado a Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, éste no es miembro de “otro partido”, sino que carece de militancia, aunque sí es candidato de uno de ellos, el PAN, justamente al que pertenece Ricardo Anaya. No es cierto, por tanto, que el tal Jefe de Gabinete sería el contrapeso partidista del Presidente de la República. Cierto es que pocos se creen la idea de un próximo gobierno de varios partidos, mucho menos Mancera, quien ya es candidato a senador en lugar de serlo a jefe de gabinete para lo que Anaya le ha designado.

Lo peor del esquema es que, además de que no habría Jefe, tampoco Gabinete. En la reforma constitucional (art. 89-XVII) para introducir la figura de “gobierno de coalición”, el PRI y el PAN olvidaron crear el Consejo de los secretarios de Estado, es decir, el Gabinete, de tal manera que la única diferencia es que el Senado tendría que aprobar el convenio y el programa de la coalición, si a caso se lo solicitara el Presidente de la República. No hay más.

En realidad, las sucesivas reformas políticas desafortunadamente no han introducido modificaciones orgánicas al Poder Ejecutivo.

Si el PAN llegara a la Presidencia, habría, con suerte, una ridícula “coalición” bajo el mando personal de Ricardo Anaya. Se trata de un falso bipartidismo en el gobierno, como lo ha sido en todos los estados donde PAN y PRD se han aliado y han obtenido el triunfo dizque para gobernar juntos, según ofrecía el mismo Anaya cuando era presidente de Acción Nacional.

El PAN y el PRD están aliados por el momento, pero con propósitos diferentes. Acción Nacional, por su lado, busca la Presidencia de la República con todo el peso institucional del cargo, al igual que como ya ha logrado recientemente varias gubernaturas. En cambio, el PRD sólo busca algunos puestos convenidos con la derecha y, ante todo, impedir que la izquierda alcance el Poder Ejecutivo.

La historia conoce convergencias de izquierdas, por un lado, y de derechas, por otro. Como proyectos exitosos en América Latina, recordamos la Unidad Popular de Chile y el Frente Amplio de Uruguay, entre otros. Podríamos decir que esas eran alianzas serias. Hemos visto frentes neoliberales, como en Chile, Brasil y Argentina. Pero, luego, presenciamos en Brasil una catastrófica alianza entre izquierda y dizque centristas, en realidad neoliberales hipócritas pero muy “modernos” (PMDB), la cual desembocó en el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff.

Lo que no habíamos visto es un frente electoral entre la derecha tradicional, rancia y también neoliberal, y un partido de izquierda con programa anti neoliberal. Se entiende que el PAN lo ha pactado por el papel de liderazgo que desempeña, mientras el PRD lo ha admitido por su conversión en un organismo para el mercadeo político, en el cual ya no hay otros objetivos que los meramente comerciales. Lo que tenemos aquí es una compra-venta de servicios, sin fecha de caducidad pactada, por lo cual se puede romper en el momento en que el negocio vaya mal. De la izquierda perredista no está quedando nada, por no decir que ya se extinguió.

Se entiende así que es una farsa el planteamiento panista de gobierno de coalición.

El examen de admisión sí es una mentira

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De lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en el debate de Milenio TV se han derivado, por lo visto, varios temas. Uno de ellos es el de la educación superior. Guillermo Sheridan reacciona a lo dicho por el candidato de Morena con ironías y muchas oscuridades en su columna de El Universal del pasado martes.

Una verdad sabida es que el examen de admisión, como dijo AMLO, es una mentira, pues si todos los aspirantes obtuvieran calificación de diez, de cualquier forma no podrían ingresar porque no hay lugares suficientes. No se trata de un examen de conocimientos sino de un filtro, pues no existe calificación aprobatoria. Así ha sido desde que fue diseñado en tiempos de Ignacio Chávez, quien decía a los cuatro vientos que a la Universidad deberían ingresar sólo los mejores en el sentido de pocos y bien seleccionados.

Guillermo Sheridan rechaza la “utopía” de López Obrador en el sentido de que todos los aspirantes deben ingresar al ciclo superior. Sería como ha sido hasta ahora en Francia, desde tiempos de Napoleón: quien aprueba el examen de grado del Liceo puede ingresar en la universidad. Ahora, Emmanuel Macron, nuevo presidente neoliberal, quiere cambiar ese precepto bicentenario para que las universidades decidan a cuales aspirantes admiten y a quienes rechazan según otros parámetros, ya no igualitarios, entre ellos una pretendida reducción de la matrícula. De por sí, el filtro económico es contundente, pero siempre se busca poner otros.

Eso es lo que reivindica Sheridan. Pero en México en eso hemos vivido durante muchas décadas y, por ello, sufrimos desde entonces un desastre educativo.

Al final, Sheridan se queda en sus burlas y chistes de mala factura, pero no aporta absolutamente nada para entender uno de los más graves problemas nacionales.

Hace unos 30 años, Corea del Sur y México tenían en las aulas superiores al 25% de sus respectivas juventudes. Hoy, el país asiático tiene el 65% y el nuestro se ubica en el 28%. Esto es así a pesar de los rasgos francamente clasistas y autoritarios de la educación coreana, pero la pregunta es ¿por qué se estancó México? La respuesta es sencilla: la política educativa es nefasta.

Sheridan acusa a AMLO de querer dar órdenes a las universidades autónomas para que modifiquen sus métodos de ingreso. Pero, al respecto, las instituciones educativas carecen de política como no sea la de admitir a todos los que quepan en las aulas sin que haya calificación de ingreso sino sólo cupo. En Corea, a pesar de la brutal y enfermiza competencia existente, la calificación mínima aprobatoria es 250 sobre 400, es decir, 62.50 puntos en una escala de 100. Si en México ese fuera el mínimo de ingreso no habría bancas disponibles en las aulas. Para que un estudiante del bachillerato de la UNAM tenga pase automático dentro de su propia universidad requiere 7 de promedio en todo el ciclo.

Lo que está proponiendo AMLO es lo que se ha estado planteando durante más de 50 años, de lo cual, por lo visto, Sheridan no se ha enterado todavía. Aumentar el cupo en la educación superior para incorporar a todos los jóvenes aspirantes y elevar la proporción de ellos sobre el total de personas en edad de acceder a esos estudios. Estados Unidos y Europa están en el 75%, alto; América Latina se encuentra en el 44%, medio; México, casi en la cola mundial con su 28%.

Luego llegamos pronto a dos problemas. Uno de ellos es el presupuestal, que AMLO plantea primordialmente. El otro, que tendrán que resolver directamente las instituciones, autónomas y no, consiste en preparar a los profesores y organizar la docencia.

Esa es la utopía, según Sheridan. Pero, según el programa educativo histórico de todas las izquierdas mexicanas, sencillamente es poner fin al desastre educativo mexicano.

Hace más de 40 años, Pablo González Casanova y Manuel Pérez Rocha, uno, rector, el otro, fundador coordinador del CCH, decían una verdad de a kilo: no hay contradicción entre el tamaño y la calidad de la educación.

Una revolución educativa puede estar por empezar si se defiende con firmeza el planteamiento de que la educación es un derecho de todos los niños, niñas y jóvenes, que el Estado debe garantizar.

Los reaccionarios como Guillermo Sheridan deben pasar a la oposición y, desde ahí, seguir luchando contra la educación popular. Ese sería su derecho y su misión. Pero, mientras tanto, la realidad social de México estaría cambiando para mejorar.