El clero político y los políticos

Cuando Benito Juárez expidió la ley del matrimonio civil el 23 de junio de 1859, refugiado en Veracruz mientras el amotinado Félix Zuloaga despachaba en Palacio Nacional, la nueva Constitución tenía ya casi dos años de haber entrado en vigor (16 de septiembre de 1857) pero era difícil alcanzar las libertades prometidas.

Una de esas libertades consistía en poder casarse sin someterse a los requisitos eclesiales ni a los costos inherentes. Al reconocer que “todos nacen libres” y que “los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales” (art. 1º.), el Estado estaba obligado a integrar el registro civil para hacer efectiva la libertad de casarse y para que los “actos de la autoridad civil surtan ya todos su efectos legales”. Para la ley, desde entonces, el matrimonio no es un acto religioso por más que tal sacramento se encuentre permitido como parte de las libertades que se proclaman.

A pesar de las dos guerras que desató contra la República, el clero dejó de ser autoridad sobre “los principales actos de la vida de los ciudadanos”. En consecuencia, el matrimonio legal no es un asunto suyo. No obstante, varios obispos convocan a manifestaciones el 10 y el 24 de septiembre próximos para oponerse al proyecto sobre el matrimonio de personas del mismo sexo y, consecuentemente, a las leyes locales ya en vigor sobre ese mismo tema.

Nadie exige que el clero católico o cualquier otro admita casar a parejas del mismo sexo. Ese es un asunto exclusivo de las corporaciones eclesiales. Pero si a partir de 1859 el matrimonio legal no es religioso (la separación, divorcio o anulación, en consecuencia, tampoco), sino exclusivamente civil, ¿cuál es el litigio?

Cuando Juárez emitió la ley del matrimonio, el alto clero reaccionario estaba pensando que iba a triunfar el motín militar que había alentado y que financiaba con recursos recaudados para “obras piadosas”. Para suerte del país, los obispos estaban equivocados. Pero, ¿qué ha pasado para suponer que más de un siglo y medio después los sucesores de aquellos jerarcas golpistas podrán imponer su designio sobre las leyes del país?

El problema principal no es el clero sino los políticos reaccionarios, los oportunistas, los electoreros, los pusilánimes. Los Zuloaga de hoy no son pocos ni menos poderosos, al parecer. A pesar de que Peña envió la iniciativa sobre matrimonio de personas del mismo sexo, su partido no está de acuerdo porque tiene miedo a una repercusión electoral y teme romper lanzas con el Episcopado.

Aunque la reforma al código civil federal no tendría incidencia en la realización de matrimonios pues casi todos deben efectuarse conforme a los códigos locales, el PRI sabe que su voto a favor lo ubicaría, al menos en ese punto, en el campo de las corrientes que promueven mayores libertades. Sería tildado de “defensor de homosexuales y lesbianas”.

No es que se busque negar la existencia de parejas del mismo sexo sino que se pretende que no se vean o que se vean mal, que se oculten, que carezcan de otros derechos, porque su presencia es considerada incómoda por parte de personas que sostienen principios éticos contrarios al pleno reconocimiento de las libertades. Así como se decía, o se dice, que por decisión divina hay razas por lo que juntarlas es contrario a la voluntad de Dios, se sigue diciendo que hay dos sexos, etc. Por su lado, los reaccionarios liberales afirman que el llamado matrimonio gay es “antinatural”. Ya no hay un dios sino Natura. Es lo mismo, sin embargo.

Sí tenemos un problema del Estado laico pero no de un imposible gobierno eclesiástico. Antes, el clero era autoridad, tenía facultades legales para decidir y resolver sobre asuntos relacionados con las personas desde el nacimiento de éstas hasta su muerte. Eso no va a regresar por más reaccionarios que sean los arzobispos mexicanos y sus voceros. Lo de hoy es la pretendida validez de principios tendientes a negar las nuevas libertades, una de ellas es el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El Estado laico sufre en la medida en que es arrastrado a una moral que tiene su base en principios religiosos. Cuando el país se atrevió a proclamar la separación del Estado y la Iglesia a partir de la Constitución de 1857 y la ley del 4 de diciembre de 1860 se produjeron sendos acontecimientos: en el primer caso, “ninguna corporación civil o eclesiástica tendrá capacidad para adquirir bienes raíces” que no sean “destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución” (art. 27), que fue base para la desamortización y posterior nacionalización de los bienes eclesiásticos, es decir, eliminar el poder económico de la Iglesia; y, en el segundo caso, la ley que tutelaba la libertad religiosa y proclamaba que la “independencia entre el Estado por una parte, y las creencias y prácticas religiosas por la otra, es y será perfecta e inviolable” (art. 1º.), la cual se basaba en las libertades constitucionales y, en consecuencia, afirmaba la renuncia del Estado a postular creencias religiosas.

No se ha dicho que el matrimonio sea un derecho individual, sino que todos somos libres para contraerlo. Sería ridículo que una sola persona exigiera ser casado. El derecho consiste en decidir sobre uno mismo y en convenir con otros y con otras. Si se proclama por ley que todos pueden asumir esa clase de decisiones en libertad, las parejas del mismo sexo tienen igual derecho que las de sexo distinto para convenir su unión formal y pública. Nadie puede ser discriminado con motivo de sus preferencias sexuales dice el articulo 1º. de la Constitución vigente.

No es el clero sino el PRI el que tiene en sus manos el punto… por ahora.

MEJOR DISCUTAMOS SOBRE EL DERECHO AL DEPORTE

En México hay algunos buenos deportistas olímpicos. El caso que hemos visto una vez más es que los de otros países son buenísimos. Si no hay política deportiva nunca habrá muchos jóvenes con excelentes desempeños. Por tanto, es un error discutir la política deportiva del gobierno mexicano porque ésa no existe. Lo que se hace desde la Conade es sólo administración de un coto político. Lo mismo ocurre en las 32 entidades del país.

Sabemos de sobra que para hacer deporte se requiere antes que nada saltar unos obstáculos más difíciles que los de una competencia de vallas en la pista. Nada está organizado. Tanto deportistas como promotores del deporte carecen de verdaderos apoyos. Los jóvenes tienen que pagar para poder realizar cualquier actividad deportiva pero no sólo en los establecimientos privados que para cobrar han sido creados sino en los públicos.

Nunca ha tenido México una política deportiva. No se puede tener nadadores y nadadoras si no hay albercas y maestros. Eso cualquiera lo podría entender, excepto el gobierno, claro está.

La escasez de deportistas con cualidades para participar en unos juegos olímpicos es sólo una evidencia del problema de falta de deporte en México, pero no es el problema en sí mismo. Es decir, no se trataría de buscar a unos cuantos jóvenes, prepararlos muy bien y tener un equipo olímpico con muchas especialidades. Eso no funciona porque se requieren millones de jóvenes haciendo deporte para que de ellos salga un centenar de buenísimos deportistas. El objetivo no puede ser tener a esos cien excepcionales sino que se logra un buen equipo olímpico en un país cuando el deporte es un derecho efectivo de los jóvenes.

Lo que se debería empezar a discutir en México, a propósito de los denuestos a deportistas, manejadores, entrenadores y burócratas, es lo que en verdad es importante: los derechos de la juventud, entre ellos el deporte. Si no hay financiamiento para que los estudiantes se mantengan en las escuelas, es decir, el pago de un salario por estudiar, está claro que la deserción y el bajo rendimiento será lo que ha sido. Lo mismo ocurre en el aspecto concreto del deporte, pues para acceder a éste se requiere tener satisfechas las necesidades básicas y además contar con instalaciones y profesores suficientes. Eso es lo que hace falta.

La política deportiva no puede ser definida por organismos que gastan dinero en sueldos y viáticos pero no están diseñados para hacer algo concreto, incluyendo como parte de éstos a las llamadas federaciones que nadie sabe exactamente qué cosa son. El deporte debe organizarse desde abajo, desde la escuela, el barrio, la colonia, el pueblo. Para ello se requiere infraestructura. ¿Dónde está el plan nacional en este aspecto? Existen proclamados objetivos muy generales y programas demasiado estrechos pero nada más.

Los comentaristas deportivos traen una discusión muy entretenida pero por completo infértil porque ningún problema está alojado en el lugar donde lo analizan. Los burócratas por su lado se  encuentran en el horrible tapete de justificaciones propias e inculpaciones de los demás. Sin embargo, por lo que se advierte, no habrá pronto cambios políticos pero tampoco existe, lastimosamente, un planteamiento surgido del deporte mismo, del que se hace de verdad, del que se sufre y se ama. Esto se debe a que la burocratización del deporte ha llegado a lo ridículo.

Nochixtlán fue otra matanza (impune)

Los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de este año, luego del rápido desbloqueo de una carretera por parte de la Policía Federal, conforman una matanza más. No tendría que haber decenas de muertos para nombrar de tal forma un acontecimiento sangriento, es suficiente la forma en que se comportó la autoridad, en especial la responsabilidad que recae sobre la misma.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha realizado uno de esos lances que le caracterizan: ordenar una investigación conociendo de sobra lo ocurrido, pues él es el jefe de la policía, quien presuntamente ordenó la operación de desalojo del bloqueo y tal vez también el ataque policial contra la posterior protesta popular.

No es creíble que el jefe de la policía se encuentre ignorante de los detalles de Nochixtlán. En realidad, hay que insistir, Osorio tenía el reporte de los acontecimientos de ese día en esa población, contaba con su cuarto de guerra y daba órdenes. Sin embargo, se busca aparentar que aun cuando el país entero pudo ver en  video a un agente de policía federal disparando hacia la multitud, el único que no lo ha visto es el mismísimo jefe de los gendarmes.

El problema es aún más brusco desde el ángulo político, es decir, el de las decisiones que llevaron a la matanza en Nochixtlán. El primer paso se emprendió cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió cancelar negociaciones con la CNTE, luego de lo cual la PGR procedió a intensificar su programa de encarcelamientos de dirigentes magisteriales disidentes, detalladamente elaborado en la Secretaría de Educación Pública a cargo de Aurelio Nuño, quien al parecer sólo conversa con sus amigos y con escolares de primaria a quienes visita con harta frecuencia. Ambas acciones gubernamentales trajeron como consecuencia un incremento en los movimientos de los maestros, en especial el bloqueo de carreteras e, incluso, vías férreas. La respuesta oficial, largamente anunciada, consistió en ordenar la acción policial, tal como por el otro lado lo esperaban tanto manifestantes como la población de varios puntos críticos en Oaxaca y Chiapas.

No hay exageración al calificar esta forma de operar como algo kafkiano en referencia al libro El Proceso en el cual los enjuiciados ignoran de qué se les acusa, el procedimiento y el momento en que se les va a decretar la sentencia; aquí los responsables políticos se investigan a sí mismos y jamás se dictará nada en su contra, ni siquiera pronunciarán ellos alguna leve autocrítica. El gobierno de México supera a Kafka. Así lo vimos cuando Luis Echeverría mandó a investigar la matanza del 10 de junio de 1971 ordenada por él mismo. Claro está que nunca se inició siquiera la tal averiguación sino hasta 40 años después, luego de lo cual el Poder Judicial mexicano nos agravió de nuevo al declarar la prescripción. Cualquiera diría que nada ha cambiado aunque haya cambiado todo.

El hecho de que el diálogo se hubiera restaurado inmediatamente después de la matanza de Nochixtlán sólo indica que el gobierno no puede ocultar su responsabilidad por más investigaciones que simule realizar. Sin embargo, las negociaciones abiertas después de Nochixtlán parecen tener los mimos obstáculos que antes. La tesis peñista de que las leyes no se negocian es de origen diazordacista. La legislación es por excelencia el terreno de la negociación política. Lo que hay que cancelar es justamente el estereotipo de la evaluación. Nunca la enseñanza ha dependido de exámenes aplicados a profesores y a estudiantes. Por más que se hagan pruebas, la educación seguirá siendo buena, mala o regularcita. La nuestra es mala porque la escuela es autoritaria y, por tanto, los docentes y educandos no participan a plenitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje o, bien, éste se encuentra escindido. Aurelio Nuño es el funcionario público que menos está dispuesto a tratar de entender esa realidad.

La unidad, ¿para qué?

El presente artículo lleva el mismo título del que publicó Roger Bartra en el diario Reforma el martes 26 de julio. Este sociólogo sostiene que la unidad de la izquierda es un mito y una obsesión. Concluye en que “más sano sería que se mantuviese dividida”.

Para Roger Bartra las tendencias de izquierda son dos: reformista y populista, cuya unidad, dice, “bloquearía la posibilidad” de que una y otra “alcanzasen un perfil propio acorde con sus bases sociales”.

Si se quiere analizar a la izquierda mexicana tendría que admitirse que hoy toda ella es reformista, tanto porque la izquierda en el mundo se encuentra lesionada en sus aspiraciones más transformadoras cuanto porque ese mismo mundo está ayuno de revoluciones. Asimismo, toda ella es también populista en alguna forma porque al menos en América Latina lo más urgente es redistribuir el ingreso. La diferencia entre supuestos “reformistas” y “populistas” tendría que buscarse en otro lado, especialmente en lo de siempre: el oportunismo.

Aceptar cualquier clase de momentánea ventaja política en cada oportunidad (muchas veces sólo de carácter personal) a cambio de renunciar al de por sí precario programa democrático y social es algo tan viejo como la izquierda misma a partir de 1789, es lo que más se ha registrado en la historia de esta tendencia. Pero ya se ha visto que si la circunstancia no es propicia para defender intereses socialmente propios, entonces no sirve para nada útil, es un mal momento. En este terreno se ha entablado otra vez en México una disputa silenciosa pero aderezada con algo más fuerte y no tan mudo: la pérdida de independencia del PRD. Al carecer de decisión propia un partido se degrada a la categoría de grupo de presión, deja de ser partido y, de tal forma, renuncia a cualquier plan de poder. El PRD sigue cursando con prisa ese lacerante proceso.

El debate se encuentra como casi siempre en un plano pragmático. La unidad de la izquierda no sería ahora lo que fue durante 25 años en México, es decir, una realidad orgánica, extraordinaria y asombrosa, la cual era cualquier cosa menos un mito o una obsesión. Hoy, la unidad de acción entre las izquierdas serviría para elaborar un plan de poder.

Veamos lo que ha ocurrido. La alianza electoral con el PAN no pudo ser en el año 2000. En aquella coyuntura Fox rehusó el pacto democrático pero logró la Presidencia con el solo apoyo de su partido. Luego, ese gobierno fracasó en su principal materia, la lucha contra la corrupción, pues se corrompió. Seis años después, la izquierda (unida aunque moleste) se ubicó oficialmente a 0.56% de la Presidencia, es decir, la mitad de este porcentaje más un voto, a pesar del apoyo de una parte del PRI al candidato panista: era mejor el PAN y Calderón que el PRD y López Obrador. Esta es historia pero es presente.

Desde hace ya algún tiempo se ha visto que los gobiernos aliancistas derecha-izquierda colocan con frecuencia al PRD fuera de la realidad política, es decir, este partido deja de ser oposición pero tampoco se ubica en el gobierno. Desde hace menos tiempo se ha visto que cuando al PRD le corresponde designar al candidato aliancista a gobernador, entonces se divide en dos candidaturas, que se convierten en tres por el concurso de Morena, y al final la alianza pierde frente al PRI. El común denominador de todo esto es que el PRD siempre se divide en alguna medida cuando acude a sus citas con Acción Nacional. De seguir por ese camino no quedará nadie para apagar la luz.

Está visto que las alianzas con el PAN suelen traducirse en fracasos del PRI, pero el papel de la izquierda no es escoger a su derecha sino sustituir a ambas en el gobierno aunque para ello, en ciertas circunstancias, se haga necesario acercarse a una de ellas, la que no sea PRI por razones históricas. Sin embargo, el debate se encuentra en la táctica para alcanzar aquel objetivo sin hacer el juego a ninguno de los dos partidos derechistas, los cuales están aliados casi en todo pero nunca en las elecciones.

La izquierda no iba mal hasta que el PRD se escindió. De uno se hicieron dos pero, además, sus respectivos dirigentes empezaron el infructuoso camino de los denuestos con el entusiasta aplauso de dirigentes panistas y priistas.

Lo que le falta a Morena es una actitud unitaria hacia la otra izquierda, un abandono de su pretensión exclusivista y, también, algo más de programa democrático y social así como la reivindicación de libertades. Lo que le falta al PRD es una nueva dirección que reconquiste su propia independencia, renuncie al oportunismo y levante la bandera de la lucha a favor del Estado democrático y social de derecho, base fundamental de la unidad de la izquierda bajo cualquier modalidad.

No se trata de “cultura progresista” ni de “ideas frescas”, como señala Bartra, quien no se toma el menor tiempo en definir sus muy propios e inesperados paradigmas, sino de algo pragmático: cómo llegar al gobierno con el programa de la izquierda, el cual no ha de verse viejo por no ser “fresco” sino que es actual por no haber sido superado. Dígase lo que se diga, eso es más difícil con una izquierda dispersa, con “frescura” o sin ella. Quienes renuncian a la unidad de acción de las izquierdas carecen de un plan de poder, no están en la lucha por gobernar sino en el mercado de la política. Esta diferencia no es una sutileza. Para dirimirla positivamente se requiere a corto plazo la alianza electoral de los partidos de izquierda.

Disculpe usted, lo volvería a hacer

 Habría que preguntar de qué es la disculpa. Podría ser que una mansión no debería ser comprada por la esposa de un presidente de la República por más dinero que ella tuviera porque en un país pobre eso es algo así como un insulto. Quizá a eso se refería Enrique Peña Nieto cuando inesperadamente ofreció unas disculpas, pero no es del todo seguro que tal fuera su propósito.

El caso es que Peña insiste en que la operación de compra de la llamada Casa Blanca de Las Lomas fue algo enteramente legal. Mas lo que no podría tener explicación satisfactoria es el origen del dinero, atribuido, según se ha dicho, a su esposa mediante un  bono de 80 millones entregado por Azcárraga, dueño de Televisa, por sus 25 años de servicios actorales (sólo el pago del ISR hubiera sido por más de 20 millones). Como esa versión era increíble, la Secretaría de la Función Pública realizó una investigación para que se creyera, la cual culminó en lo mismo pero sin detalles: todo fue legal, pero el comprobante del pago del impuesto jamás apareció.

Si el escándalo se redujera a algo de mal gusto o políticamente impropio entonces no se tendrían que ofrecer disculpas, es decir, descargar o justificar una culpa, porque culpa propiamente no habría. El asunto de mayor escándalo, después del frustrado contrato de enajenación de la gran casa, fue que un secretario de Estado, nombrado libremente por Peña, se hubiera hecho cargo de la investigación y, sin dar detalles, informara que todo estaba en regla. ¿Quién le creyó a Virgilio Andrade? Nadie.

Una forma de dar mordida es entregar algo a cambio de favores ilícitos mediante una operación subrepticia como, por ejemplo, los dineros que recibía Raúl Salinas en ocasión de las privatizaciones ordenadas por su hermano. Él era el cajero aunque parece que hurtó una parte del botín, pero ese es otro cuento. Aquí tenemos que un gran contratista del gobierno del Estado de México arregla la venta de una mansión justamente con la esposa de quien había sido el contratante y gobernador de esa entidad. Eso no podrá olvidarse por más disculpas presentadas. Pero menos aún por haber ordenado el esposo abrir una investigación, nombrar al investigador y esperar un resultado evidentemente espurio.

Hace años Vicente Fox rehusó que se nombrara un fiscal especial e independiente para averiguar la denuncia penal contra él y sus amigos, quienes habían organizado un sistema de aportaciones ilícitas. En el expediente había copia de un cheque por 17 millones firmado por Carlos Slim pero éste sólo era uno de los muchos adinerados donantes. Nada quiso investigar la Procuraduría (Fromow y Macedo) bajo las órdenes del mismo Fox sino que concluyó que no había delito que perseguir, punto final.

Nuestro país es al respecto único en el mundo: el presidente de la República encara una investigación en su contra e imparte las órdenes para que unos subordinados suyos declaren su propia inocencia. Ocurrió de nuevo con Peña, pero al respecto el actual presidente no ofreció disculpas, es decir, según parece lo volvería a hacer.

El PRD será dirigido desde fuera

Publicado en El Universal. 20.07.16

Durante décadas, el líder nominal del PRI era designado por el presidente de la República. A eso se nos acostumbró. No es raro que recién haya vuelto a suceder aunque no deje de ser anticuado y grosero. Lo sorprendente e inesperado ha sido que la presidenta del Partido de la Revolución Democrática fuera designada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Aquel presidencialismo, aunque achaparrado, se hace presente ahora en un partido que llegó a expresar alguna vez a la corriente política más crítica del priismo en general y de los métodos concretos del verticalismo político.

No se trata de una funcionaria de nivel relevante en un gobierno, el que fuera, que hubiera sido libremente designada presidenta de su partido sino de una decisión de gobierno. Mas, para singularizar el acto, quien ha hecho la nominación no es miembro de ese partido ni tiene la menor intensión de serlo, pero aspira a ser su candidato.

Durante los últimos años hemos visto que se actualiza un fenómeno que no por viejo deja de alertar la conciencia democrática del país: la pérdida de independencia de partidos de oposición. Desde hace un  tiempo las corrientes internas del PRD han venido llegando a acuerdos con poderes públicos de manera oscura. Varios gobernadores, priistas, panistas y perredistas, imparten órdenes a dirigentes locales de ese partido. Algunos grupos internos negocian con el gobierno federal sin la menor formalidad y mucho menos publicidad. Eso explica en parte que tal partido se muestre como un conglomerado de grupos de presión que carece de una dirección unificada. Eso se sabe dentro y fuera del partido,  no sólo es una crítica expuesta en los medios de comunicación sino una verdad aceptada en el Consejo Nacional perredista donde, sin embargo, el pasado sábado 16 de julio se designó a Alejandra Barrales por orden de Miguel Ángel Mancera.

Las buenas relaciones del jefe de gobierno de la capital con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, conducen ahora hacia un acercamiento entre el PRD y Enrique Peña Nieto. Por el momento, ya se ha dicho por parte de Alejandra Barrales que no habrá búsquedas sino esperas en el tema de la unidad de la izquierda, lo cual llevará a más perredistas a buscar por su cuenta y en los hechos la convergencia con Morena.

Para cualquier oposición, sea de derecha o de izquierda, su propia independencia es la llave para diseñar un plan de poder. Sin éste no hay partido porque las formaciones políticas se crean para luchar por gobernar e implantar su programa. La pérdida de independencia del PRD evoca a aquellas organizaciones que murieron por inanición, por falta de votos, después de que sin ellas se había integrado un partido verdaderamente independiente, justamente el PRD, en el año de 1989.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado dentro del Partido de la Revolución Democrática para encontrar un cauce que lo saque del mercado político, se siguen dando pasos en la peor dirección. Si el PRD se venía presentando disgregado en varios grupos, a partir de ahora tenderá poco a poco a centralizarse pero mediante decisiones externas al partido mismo. Se va a intentar resolver un problema creando otro.

Para saber qué va a hacer el PRI habrá que preguntarle a Peña Nieto y para saber qué va a hacer el PRD se tendrá que interrogar a Mancera. Esto podría muy bien llamarse involución política.

 

RENUNCIA DE PABLO GÓMEZ COMO REPRESENTANTE DEL PRD

18 de julio de 2016.

C. ALEJANDRA BARRALES, presidenta nacional interina del Partido de la Revolución Democrática.

CC. MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

C I U D A D.

Por medio de esta comunicación presento al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática mi renuncia espontánea al cargo de Representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral que desempeñé desde el 10 de noviembre de 2014 por designación de dicho Comité.

El motivo de esta renuncia es la incompatibilidad que aprecio entre el carácter independiente de la política aplicada hasta ahora por el Partido en el Instituto Nacional Electoral, apegada a los principios y el programa del PRD, por una parte,  y la situación en la que se encuentra Alejandra Barrales, quien encabeza al Comité Ejecutivo Nacional y al Partido pero sin la menor independencia política pues su circunstancia obedece a un poder ajeno al Partido e imbricado además con otros poderes no sólo también ajenos sino adversarios políticos del PRD. Como será inevitable que en el ejercicio cotidiano de la Presidencia del Partido se asuman decisiones que impacten en los muchos asuntos que se ventilan también cotidianamente en el Instituto Nacional Electoral y en los organismos locales electorales, así como en los tribunales, yo no podría representar a la presidenta nacional del Partido ni acompañarla en acciones decididas desde afuera, al margen o en contra del Partido de la Revolución Democrática.

Es indispensable aclarar que mi renuncia no es una respuesta al hecho de haber sido infructuosamente propuesto por algunos compañeros y compañeras para el cargo de presidente nacional, sino al insólito y funesto hecho de que políticos empoderados decidan quién debe ocupar la Presidencia del Partido y al vergonzoso acontecimiento de que una amplia mayoría del Consejo Nacional lo haya admitido sabiendo las consecuencias que traerá la operación de una dirección ajena al partido mismo. Como todos sabemos, Alejandra Barrales fue señalada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, como la persona que debía ocupar el cargo de presidenta, por lo cual no estamos frente a la libre elección de una persona hasta entonces alta funcionaria pública sino ante una imposición desde fuera del Partido, ante una decisión de carácter gubernamental, un método priista por excelencia. Si yo no hubiera sido propuesto para el cargo de presidente del Partido en el reciente pleno del Consejo Nacional, de todas formas no podría representar de facto al gobierno de la Ciudad de México ante el Instituto Nacional Electoral porque esa representación no corresponde a una instancia de gobierno sino a un partido de izquierda que debiera ser independiente de todos los gobiernos, aún de aquellos que se conformaron gracias al apoyo electoral del PRD.

Todos sabemos –yo lo he destacado muchas veces– que el PRD ha venido perdiendo independencia política debido a los oscuros acuerdos que sus grupos internos hacen por su cuenta con políticos poderosos.  Ese nefasto proceso ha conducido a un punto en el que la Presidencia del Partido está ya físicamente ubicada afuera del partido mismo. Espero que miembros del Comité Ejecutivo Nacional puedan hacer algo para eliminar ese fenómeno tan nocivo para el PRD, la izquierda y el país. No tengo muchas esperanzas al respecto pero cumplo con compartir legítimos y buenos deseos.

Agradezco por otro lado a quienes depositaron confianza en mí para representar al Partido de la Revolución Democrática en el Instituto Nacional Electoral. Sigo como siempre abierto a la crítica de mi gestión. De manera especial agradezco a Agustín Basave y a Beatriz Mojica, a  la sazón presidente y secretaria general, por el apoyo a la publicación del Libro Negro. La elección de 2015 y sus autoridades, el cual es un balance de gran parte de nuestra gestión y una documentada crítica militante y democrática de las instituciones electorales del país.

Atentamente,

Pablo Gómez

¿Presidencialismo ridículo o intento restaurador?

La afirmación del nuevo presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza,  en el sentido de que Peña Nieto es el “principal activo” de su partido podría ser expresión de un presidencialismo ridículo o de un intento restaurador del viejo sistema priista basado en el llamado presidencialismo despótico.

Durante los últimos dos años, el actual presidente ha buscando ejercer un gobierno a la antigüita. En algunos momento lo ha logrado parcialmente pero en general ha fracasado. Al parecer Peña Nieto cree que es posible la construcción de un sistema de partido casi absoluto capaz de poner orden en el país. Ya hemos visto cómo ha crecido el número de presos políticos y de actos de represión pero, por otro lado, el PRI ha perdido elecciones en muchos lugares y no superó por sí mismo el tercio de votos a nivel nacional el año de 2015.

Es aún más significativa la falta de control presidencial sobre los gobernadores. El fenómeno no consiste en la ausencia de castigos a funcionarios de los estados sino en que los ejecutivos locales se llenan los bolsillos de dinero sin que el gobierno federal logre organizar la corrupción. Cada quien crea su sistema de robo al erario de tal forma que la corrupción ya es galopante, descontrolada. El secretario de Gobernación, Osorio Chong,  no ha podido hacer nada para contener esta forma de ser y de hacer que ya afecta al poder central, aunque está claro que la tarea en realidad debería ser la de  desarticular el Estado corrupto, acabar con éste, pero esa no podría cumplirse por parte del priismo.

Sin embargo,  lo nuevo es que de alguna manera las cosas han cambiado al grado de que no pocas derrotas electorales del PRI en algunos estados se han debido en buena parte a la corrupción ostentosa, la cual ya es ofensiva. Varios candidatos de los partidos de oposición recientemente cifraron sus campañas en acusar al respectivo gobernador local y anunciar procesos penales en su contra. El escándalo en curso de blindar con leyes y nombramientos las posibles represalias en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua es una manera en que los gobernadores de esos estados admiten los delitos que se les han imputado en la arena de la denuncia política.

El presidencialismo despótico, tan añorado por el priismo juvenil de mentalidad arcaica, no es tan fácil de restaurar aunque existan algunos aspectos del mismo que nunca han dejado de existir, en especial, como vemos, el Estado corrupto, pero también ciertos grados de autoritarismo. Dice Peña que las leyes no se negocian –nada se negocia más que las leyes en la lucha política—con lo cual recuerda frases de Díaz Ordaz. El aumento del número de presos políticos es también una referencia a regímenes políticos anteriores. Las negativas a llevar a cabo algunas reformas de carácter político, tanto electorales como en el plano de la corrupción, están ligadas a actos tales como las acciones del gobierno federal en el Estado de México, donde los miembros del gabinete tienen casi instaladas sus residencias y regalan casi a diario diversas cosas incluyendo “estufas ecológicas de leña” a pesar de que la utilización cotidiana de este combustible es una clara manifestación de la pobreza que se dice combatir.

El uso de los recursos públicos y el robo al erario fueron efectivamente aspectos del viejo presidencialismo pero ahora funcionan como expresión del esfuerzo restaurador. No habrá sin embargo restauración sino sólo la grotesca y nefasta política restauradora. Mas el esfuerzo que se requiere para echarla abajo es el mismo que aquél con el cual se hizo caer el presidencialismo despótico. Así suele transcurrir la historia pero, como señalara el defenestrado Marx, lo que antes fue tragedia ahora asoma como comedia.

Los partidos no se gobiernan

Los partidos son entidades ciudadanas, por lo cual, salvo aquellos de afiliación obligatoria, no se gobiernan como ocurre con la sociedad sino se dirigen. Hay un error teórico en la pretensión de gobernar al Partido de la Revolución Democrática o de declararlo ”ingobernable”. El PRD vive una crisis de desorganización, congruencia, falta de certeza y ausencia de una dirección colegiada. Su propuesta política, expedida en el reciente Congreso Nacional, es acertada a grandes trazos, el problema es que no se difunde y mucho menos se aplica.

El PRD también requiere una estatura moral la cual resulta indispensable cuando se trata de un partido de izquierda. La seriedad y la convicción ante cada lance político se completan, de ser verdaderas, con una honradez tanto en los actos como de carácter intelectual. Esto es lo que podría dar base a desarrollar el carácter opositor del partido, el cual debe ser militante porque sin oposición no hay democracia formal que funcione ni propuesta alternativa a la política del gobierno. Todo mundo debería saber cuales son las pretensiones razonadas del PRD en cada coyuntura y por qué. Hay que volver a hacer propaganda sistemática fuera de los periodos electorales.

En especial, la dirección de ese partido debería ser colectiva y promotora de la discusión. Toda posición partidista tiene motivos, pero el problema es que éstos no siempre se conocen, explican y discuten. El otro problema es la disciplina pues una cosa es que los partidos ahora sean más o menos flexibles y otra que cada quien pueda hacer lo que guste sin la menor consecuencia. Tanto los órganos de dirección como los grupos parlamentarios deben apegarse al programa del partido y también a su línea política, a aquella que es mayoritaria, aunque ésta se pueda cambiar las veces que sea necesario. En este mismo sentido, es verdad que el partido debe apoyar a los gobernantes que han surgido de sus filas pero también es cierto que éstos deben aplicar el programa partidista, escuchar la crítica y respetar las decisiones mayoritarias.

El Partido de la Revolución Democrática debe formular un plan político para conquistar el gobierno del país. Nadie explica en qué vuelta de la vida dejó de tenerlo. Sin plan de poder no hay partido que sea auténtico. Es preciso evitar que el PRD se siga convirtiendo en grupo de presión o en una aglomeración indescifrable de segmentos.

El PRD sufrió una escisión que se concretó en un nuevo partido, Morena. Después de más de 20 años en los cuales tuvimos una izquierda unida casi en su totalidad en un solo partido, fenómeno muy raro en el mundo, ahora tenemos dos partidos de izquierda que están contendiendo entre sí. Es preciso volver a la lucha a favor de la unidad de las izquierdas, tal como lo definió el congreso del PRD realizado hace menos de un año. Por lo pronto, se requiere abrir la discusión pública sobre el tema, sustituir descalificaciones e insultos por la exposición de ideas y propuestas. Al menos así debería conducirse el PRD.

Las coyunturas electorales suelen impulsar o perjudicar los grandes proyectos de transformación política y social en un país pero no deben nunca definirlos, determinarlos, desecharlos. El Partido de la Revolución Democrática –dice su programa—lucha a favor de la construcción de un Estado democrático y social de derecho. Ese objetivo es superior por lo que debe ser guía de la lucha cotidiana, la cual por cierto no tendría que ser sólo electoral y parlamentaria, como es ahora, sino también de movilización, protesta, denuncia y exigencia. Ser un partido de izquierda, pues.

AMLO frente a Peña

Andrés Manuel López Obrador ha hecho un planteamiento tendiente a que en México se forme, ahora mismo, un gobierno de transición. Esto implicaría otro gabinete con una política supuestamente transicional entre la actual y la que implantaría la fuerza que tomara el mando a partir de diciembre de 2018.

El planteamiento es incorrecto porque Peña Nieto no quiere marchar hacia otro rumbo pero también porque él no lo necesita. Aunque sea contradictorio, la situación del país es de franco deterioro en todos los aspectos pero no existe una crisis del poder. La mega violencia delincuencial tiene más de diez años. El estancamiento económico empezó hace tres décadas. La pobreza crece desde hace más de 30 años. La corrupción como sistema es aún más vieja. La matricula universitaria como porcentaje del número de jóvenes está estancada desde hace 40 años. Sería difícil imaginar que a México le hubiera podido ir peor que como le fue durante el lapso del predominio neoliberal. Peña, sin embargo, dice que “los populismos” destruyen lo edificado durante décadas pero en México se ha echado a perder lo poco que se había construido por las generaciones anteriores, no obstante lo cual ese proceso se sigue presentando discursivamente como la única ruta del progreso, tanto por parte de los líderes priistas como de los panistas que comparten la responsabilidad en la catástrofe nacional.

Lo que López Obrador llama la “mafia del poder” y que la estira hacia todas partes, por lo cual le sirve para todo y, en esa misma dimensión, no le sirve para nada, no es otra cosa que la oligarquía que se ha formado en México durante esos años de concentración incesante del ingreso y empobrecimiento relativo y absoluto de la mayoría de la población. En Estados Unidos, el 1% acapara cerca de la mitad de la riqueza. En México ese acaparamiento lo hace el 0.01%.  En los últimos 5 años, el ingreso promedio de los hogares ha disminuido, según el INEGI, lo cual no ha ocurrido en el vecino del norte. Por el otro lado, en nuestro país, tan sólo 2 500 personas (0.002% de la población) tienen más del 20% de la riqueza individual total, unos 400 mil millones de dólares.

Si de seguro Peña no aceptaría formar un gobierno de transición para empezar a negarse a sí mismo, la izquierda no debería suponer que tal cosa es posible. Sin embargo, López Obrador piensa que hay que presentar a Peña la propuesta menos entendible para éste; habría que añadir que es también la menos entendible para la generalidad de las personas, en especial para la gente de izquierda.

El gobierno de Peña ha empeorado sensiblemente. De la inicial búsqueda de acuerdos con las principales fuerzas políticas ha pasado a negar el diálogo si el interlocutor no depone sus demandas. La tesis de que las leyes no se negocian es diazordacismo puro, el cual conduce a más represión. Si algo se negocia a las claras en la lucha política es la legislación, eso es lo negociable por naturaleza. Más aún, sin la negociación de las leyes no hay democracia funcional.

Al mismo tiempo, el gobierno de Peña es cada vez más irresponsable. Su política presupuestal consiste en recortar gasto social y de inversión sin restar un solo peso a las erogaciones para la operación política ni a los altísimos sueldos del gobierno. Peña tampoco consigue más dinero que lo obtenido mediante las reformas iniciales que se hicieron gracias a las propuestas de otros partidos, excepto el PAN. Ahora, como dice la derecha europea y estadunidense, la consigna vuelve a ser menos impuestos a los ricos y menos gasto social. Eso exige Donald Trump, entre otros. Ni siquiera se ha planteado imponer la tasa cero de interés a los bonos Fobaproa, ahora conocidos como IPAB, deuda fraudulenta con la que tiene que cargar el pueblo mexicano pero a la cual se le sigue pagando buenos réditos. Parece mentira que México haya negociado rebajas en tasas de adeudos internacionales pero no sea capaz de reducir los intereses de la deuda más ilegítima de la historia contemporánea del país.

La oligarquía que domina denuncia a los “populismos” irresponsables y “destructores”, al radicalismo político, pero lo hace por boca de los gobernantes. Éstos no estarán toda la vida en los cargos públicos pero piensan igual que los que sí estarán toda la vida al frente de sus empresas y negocios financieros, quienes han concentrado y centralizado el capital y la producción, quienes controlan los grandes flujos de importaciones y exportaciones, quienes mueven inmensos capitales de un lado para otro. ¿Podrían los gobernantes actuales y los oligarcas de siempre promover una transición hacia un Estado democrático y social de derecho?