Obsesión penal

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Hace unos meses, el Congreso aprobó una adición al artículo 19 constitucional, con la cual se aceptó una propuesta del presidente de la República, a fin de sujetar a prisión preventiva oficiosa a los imputados de uso de programas sociales para comprar votos, enriquecimiento ilícito y lo que se conoce como huachicoleo.

Los dos primeros  son delitos que se cometen por servidores públicos, mientras el tercero ha sido una gran industria, cuyos imputados ya carecían según la ley de derecho a fianza.

Para completar la mayoría calificada de dos tercios, en el Senado se tuvo que satisfacer desbocadamente los deseos punitivos de las oposiciones, las que ahora protestan por la decisión de la mayoría senatorial de agregar, sólo por vía de la ley, algunos delitos fiscales, en especial el relacionado con las facturas falsas.

Antes de aquella reforma del artículo 19 de la Constitución, había seis delitos en los que el juez debe ordenar la prisión preventiva aunque la Fiscalía no la solicite, es decir, debe hacerlo oficiosamente. Ahora tenemos 18 delitos luego del festín provocado por la obsesión penal que cunde casi por doquier en nuestro país.

De los delitos adicionados en abril del presente año dentro del concepto de prisión preventiva oficiosa destacan: robo a casa habitación, robo a transporte de carga y portación de arma de fuego. Se entiende que el primero es muy extendido, mas puede ser cometido casi por cualquier persona, incluida quien realice trabajo doméstico en la casa robada. En cuanto al segundo, se aprecia que la prisión preventiva sólo es para quien robe unidades de trasporte de carga, pues si el asalto es a un autobús de pasajeros, el trato penal es diferente; lo que más importa es la propiedad empresarial, antes que la cartera del viajero. En cuanto a la portación de arma, en México ese delito puede ser cometido por millones de personas que poseen alguna en su casa y, en un determinado momento, deciden llevarla; las armas de «uso exclusivo» de los militares son de calibre .38 para arriba, es decir, casi todas.

Destaca también la adición de un delito que se ha convertido en gran problema, el abuso sexual contra menores (distinto de la violación que ya tenía proceso penal sin fianza), el cual puede ser cometido tanto por una persona mayor como por otra que sea joven y cercano a la víctima; de cualquier forma, aquí todos son presuntos culpables en cárcel. Lo peor es que esto no va a detener a los abusadores.

Los delitos comentados aquí, los cuales ahora ameritan prisión preventiva, es decir, cárcel durante todo el proceso, son un escopetazo punitivo. Se tira sin saber cual es el blanco de los perdigones.

Ahora, el gobierno ha propuesto que la ley vincule algunos delitos fiscales a la seguridad nacional con el propósito de enlistarlos como aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Se trata, según se afirma, de combatir el uso de facturas falsas como medio de evasión de impuestos debidos. Pero aquellas oposiciones políticas que hicieron su festín punitivista de engorda del artículo 19 de la Constitución, están frenéticamente en contra de la nueva reforma y anuncian que acudirán a la Suprema Corte para echarla abajo.

La explicación es que aquellas incorporaciones de delitos al sistema de prisión preventiva oficiosa no afectaban a los capitalistas. Pero la nueva propuesta gubernamental, ya aprobada en el Senado y turnada a la Cámara de Diputados, quizá alarma a ciertos empresarios porque es una amenaza de cárcel segura para algunos. A esos senadores de oposición se les nota su espíritu de clase porque, aunque son punitivistas, dejan de serlo cuando se habla de delitos cometidos en los negocios y pasan a implorar derechos de los ricos.

En realidad, ensanchar el sistema de prisión preventiva oficiosa no es el camino para resolver el problema criminal. De entrada, la delincuencia organizada, según la Constitución, carece de derecho a fianza durante su proceso. Entonces, ¿cuál es el problema? Contar con policía, fiscalía y juzgado competentes y honrados. Es decir, acreditar bien la inculpación y llevar limpiamente los procesos.

La ilusión punitiva siempre es contraproducente porque engaña al Estado y a la sociedad. Se parte de conceptos erróneos, el primero de los cuales consiste en creer que el Código Penal previene el delito, cuando en realidad sólo lo prescribe.

Por ejemplo, los delitos electorales de servidores públicos nunca se han perseguido en México porque el gobierno es quien los comete. Si las cosas van ahora a cambiar o están ya cambiando, entonces de nada sirve ser más severos en penalidades y trato a inculpados.

No es entendible la extensión a la que ha llegado la facturación falsa y el consecuente fraude fiscal de miles de millones cada mes sin la existencia de grupos delincuenciales que operan dentro y fuera del gobierno. Bien que se persiga semejante atraco a la nación, pero lo importante es eso y no erosionar la presunción de no culpabilidad que debe tener toda persona durante su proceso penal.

Además, ya se puede introducir ese delito en la ley contra la delincuencia organizada que tiene otro tratamiento procesal, pues no parece ser posible que los falsificadores de facturas actúen de manera individual o lo hagan sin contar con un sistema y una continuidad. Están organizados para delinquir.

La obsesión punitiva es algo de lo más frustrante en materia de leyes. En la ola actual, que lleva más de diez años, no se ha logrado prácticamente nada con aumento de penas, extradiciones, incomunicaciones, arraigos, prisiones preventivas oficiosas y otras pretenciosas reformas legales. Lo mejor sería tratar con seriedad el tema de la crisis delincuencial del país.

La 4T frente a una oposición sin rumbo

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Al comentar el informe de Andrés Manuel López Obrador en la tribuna de San Lázaro, las oposiciones se mostraron sin rumbo, sumidas en la queja más puntual y el desconcierto sobre el tiempo que vive el país. No hubo propuesta.

La senadora Beatriz Paredes, del PRI, y el diputado Xavier Azuara, del PAN, han presentado un listado de preocupaciones y desacuerdos con aspectos concretos de la acción del gobierno. Mas no fueron capaces de ofrecer atisbos de un programa, ni siquiera de acciones legislativas para enfrentar grandes problemas nacionales.

Al acometer la crítica de algunos aspectos de la nueva política del gobierno, aunque sin analizar cada asunto,  Beatriz Paredes se preguntaba qué hacer, cómo resistir, cómo responder, pero nunca contestó a sus propias interrogantes.

Por su lado, el vocero de Acción Nacional aportó también una dosis de preguntas sobre sus propias conclusiones pero sin hacer análisis ni proponer algo. «¿Cómo explicarles a los mexicanos que sus libertades y esperanzas se están desvaneciendo poco a poco?», interrogó al Congreso de la Unión, pero como la pregunta era un simple recurso para hacer una aseveración sin argumento, dejó la respuesta quizá para otra ocasión.

El método de la pregunta sin respuesta opera en esa clase de discursos como medio para afirmar que algo está mal, pero sin tener que analizar la realidad que se pretende someter a crítica. Según el PAN, «hoy la patria sufre las mieles del poder absoluto». El diputado panista no sólo se ahorró la presentación de los motivos de su dicho, sino que tampoco ofreció la más simple definición del concepto de «poder absoluto».

La doble derrota política, la del partido gobernante (PRI) y la de aquel que estaba casi seguro de que volvería al poder (PAN), ha conducido infortunadamente a una desorientación de ambos. El mayor problema que tienen esos partidos es que aun juntos no podrían controlar el Poder Legislativo, como lo hicieron durante varios lustros. Su acción política se ha reducido, así, a la queja, el lamento y la diatriba.

Ninguno de los dos partidos puede plantear abiertamente que se aplique la política de los sexenios que van de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto, pasando por la interrupción política, pero no programática, de Vicente Fox y Felipe Calderón. En realidad, la derrota ha sido sufrida por los portadores políticos del programa neoliberal.

Proponer otra vez el neoliberalismo es difícil aunque no imposible. Para ello se recurre a exigir que todo se conserve porque es institucional y producto del devenir nacional. Se dice que está bien combatir la corrupción, pero se alerta que eso, como parte del discurso justificante del gobierno, puede «concluir en la demolición de las instituciones», según Paredes.

Es así como el PRI exige que no se toquen estructuras administrativas y empleos del gobierno anterior, no obstante lo lento que ha sido López Obrador en la tarea de renovar el aparato del Estado. El cambio político de hoy no es como fue aquella interrupción panista entre los años 2006 y 2012, sino que busca la ruptura del viejo régimen, luego del fracaso del neoliberalismo y la crisis del Estado corrupto.

Lo que discuten los opositores son cosas como la forma de entregar el subsidio a las estancias infantiles para hijos de trabajadoras no asalariadas, pero directamente, sin desviar fondos hacia negocios con frecuencia inescrupulosos. También recuerdan asuntos definitivamente resueltos como la cancelación de la obra de Texcoco, el fabuloso aeropuerto que iba a ser, o el proyecto de construir una refinería, como la que alguna vez fue ordenada por Felipe Calderón, pero no pasó de la inútil compra del terreno a costa del Estado de Hidalgo y el levantamiento de la barda perimetral.

No es posible hoy discutir con las oposiciones sobre el cambio de rumbo económico, social y político del país porque ellas no quieren tocar ese tema. La discusión entre partidos está ubicada, por desgracia, en el método de las pedradas, las quejas puntuales y las injurias. «Estamos defendiendo la agonizante libertad que nos queda», ha dicho, muy convencido, el portavoz panista

Las oposiciones tardarán, en el mejor de las situaciones posibles, en proponer un programa congruente con los intereses e ideas de ellos mismos. La nueva fuerza gobernante, por su parte, debe mejorar su forma de interlocución social si quiere que se discuta su proyecto y, en consecuencia, se robustezca y mejore.

El soliloquio actual se está agotando, por lo cual hay que promover una amplia comunicación en la que tome parte todo el gobierno y los legisladores. Si la oposición no puede discutir temas de fondo, entonces hay que hacerlo con las organizaciones sociales y la academia.

Es verdad que se requieren respuestas puntuales a los partidos de oposición, pero sería un error limitarse a ellas porque la sola discusión en ese terreno impide las explicaciones de los temas de gran calado y del sentido de los cambios que se están realizando y de los que se pretenden llevar a cabo.

Hay que abrir el debate. El país no va a poder resistir un prolongado vacío de discusiones políticas porque vive un proceso de cambio, cuyas realizaciones tienen que ser ubicadas en el terreno de la controversia como una necesaria vía para ser comprendidas por todos.

Tómese un acuerdo en principio: es imposible que el líder de la 4T, Andrés Manuel, se haga cargo de explicar, argumentar y replicar personalmente sobre todo.

Presidencia de San Lázaro, ley e interpretación legal

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La actual legislatura de la Cámara de Diputados se instaló y ha funcionado con la sencilla aplicación de la ley, con amplio criterio y sin normas de temporal, como antes se acostumbraba.

Sin embargo, ha surgido una discusión sobre la Mesa Directiva que habrá de elegirse para el segundo año.

El primer asunto es explicar porqué no se debía aplicar el año pasado el artículo 17.8 de la Ley Orgánica que señala que «en ningún caso la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo año legislativo, en un diputado que pertenezca al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política». Como se sabe, Morena ha ocupado hasta ahora las dos presidencias.

La respuesta es que si se hubiera aplicado dicho precepto sin tomar en cuenta otros de la misma ley, Morena no hubiera podido nunca acceder a la presidencia de la Mesa Directiva, a pesar de tener más integrantes que cualquier otro grupo.

Para que Morena asumiera ambas presidencias se tuvo que hacer una interpretación legal que, obviamente, requería un acuerdo entre los grupos parlamentarios, aunque éste fuera verbal porque se trataba sólo de aplicar la ley y no de escribir otra.

Al principio el asunto fue complicado, pero Morena insistió en que tenía el mismo derecho que otros grupos a designar al presidente de la Mesa para uno de los tres años, sin que se lo pudiera impedir su situación de mayoría y, por tanto, ocupante de la presidencia de la Junta de Coordinación Política durante toda la legislatura.

Para proteger el derecho de Morena a asumir la presidencia de la Mesa durante un año, el acuerdo consistió en que se seguiría aplicando la Ley Orgánica en su artículo 17.7 que señala que, en el segundo y el tercer años de la legislatura, la presidencia recae en los dos grupos parlamentarios que no la hubieran ejercido antes, en orden decreciente de sus integrantes.

Entonces, para interpretar correctamente el artículo 17.8 a la luz de la composición de la Cámara, a pesar de la prohibición que contiene, debía respetarse, antes, el derecho de Morena para proponer al presidente de la Mesa y, al mismo tiempo, el derecho de otros dos grupos para ocupar la misma, según lo prescribe el artículo 17.7, el cual instituye la rotación en la presidencia de la Mesa Directiva.

De lo contrario, bajo la ley vigente en el momento de la instalación de la Cámara, el derecho de desempeñar la presidencia se hubiera hecho exclusivo de un solo grupo, Morena, negándoseles a otros dos grupos. Nadie en Morena planteó entonces semejante cosa, pues, además de mal hecho, no se hubiera logrado la mayoría de dos tercios para tener la primera presidencia de la Legislatura, la cual fue ocupada por Porfirio Muñoz Ledo, designado por el grupo de Morena. Por 496 votos a favor y 3 en contra se aprobó la propuesta en el entendido de que habría rotación en los dos siguientes años de la legislatura.

En el momento actual, lo que procede es volver a aplicar la ley, pues si su primera aplicación favoreció el derecho de Morena, se mantuvo incólume el de otros partidos. Lo que ahora debe hacerse es mantener el compromiso con esa misma interpretación de inicio de la legislatura en lugar de intentar, como se ha propuesto, una apresurada reforma de la Ley para cambiarlo todo. Así, la presidencia de la Mesa Directiva sigue siendo rotatoria.

Ahora bien. En San Lázaro el principal órgano de gobierno es la Junta de Coordinación Política, la cual propone al Pleno la integración de las comisiones, decide sobre el orden del día de las sesiones, hace los nombramientos más importantes a través de una instancia llamada Conferencia, presenta el anteproyecto de presupuesto,  entre otras muchas facultades.

La Mesa Directiva, la cual opera también bajo la regla del voto ponderado (cada grupo posee tantos votos como número de integrantes) y su presidente carece de voto, tiene a su cargo la interpretación de normas relacionadas con sus propias actividades, incorpora dictámenes a discusión, determina formas para los debates, supervisa que los dictámenes cumplan con los requerimientos, impone sanciones, expide las convocatorias, entre algunas otras materias. Morena tiene mayoría por sí solo.

El presidente de la Mesa protege a las y los diputados y a los recintos, conduce las relaciones institucionales con otras instancias del Estado y el protocolo de la diplomacia parlamentaria. Preside la asamblea pero también lo hacen en algún momento vicepresidentes que son de dos partidos diferentes al suyo. Tiene la «representación legal de la Cámara» y delega ésta a la instancia de asuntos jurídicos.

El artículo 22.4 de la Ley Orgánica es claro: el presidente de la Mesa Directiva responde ante el Pleno de la Cámara.

En los parlamentos del resto del mundo no existe rotación presidencial. El o la presidenta es designada para toda la legislatura. La votación es a mayoría absoluta, mas no siempre preside alguien del partido más grande y ni siquiera del mayoritario. Pero México no es un país normal. Hemos tenido el avasallamiento del partido del Estado, es decir, del Estado mismo. La alternancia panista nunca se propuso remontar el pasado y construir algo nuevo. La vieja cultura política nos ronda, pero no como un fantasma sino como una arraigada costumbre del poder. Es ahora cuando podemos levantar otro sistema político y otros métodos que sean democráticos. Estamos a prueba.

La rotación en la presidencia de la Mesa fue producto de un acuerdo en 1997, en el cual participó, entre otros muchos, Muñoz Ledo.

La rotación fue una respuesta a la cultura y práctica del «agandalle». En realidad, hasta que las oposiciones hicieron conjuntamente mayoría en San Lázaro fue posible empezar penosamente a abrir las puertas de un funcionamiento plural, propio de la naturaleza de los parlamentos basados en el voto ciudadano.

Para cambiar el sistema de rotación de la presidencia de la Cámara, como para expedir toda una nueva ley orgánica, es preciso un consenso político, naturalmente inducido por una mayoría, como lo fue en 1997 y en la posterior reforma de la Ley Orgánica.

El punto, sin embargo, radica por el momento en que, luego de la formación de una mayoría parlamentaria que no existía propiamente como tal desde 1994 (en 2015 el PRI fue mayoritario con sus aliados), se acusa con actitud intrigante a la fuerza de relevo de buscar ser una nueva versión del priismo, es decir, del «agandalle» y el atropello o desconocimiento de los métodos pluralistas.

La 4T trae grabado el sello de la lucha contra el autoritarismo, la negación de derechos, la represión y la segregación política de críticos y opositores. Podría acelerarse la revisión ya acordada de la Ley Orgánica y el Reglamento, así como el restablecimiento del servicio parlamentario de carrera cancelado «gandallamente» por PAN y PRI, mas eso requiere el concurso de todos y el debate franco y abierto, pero no el simple dictado de la mayoría en un asunto que altera la convivencia entre adversarios en pugna permanente.

La Ley Orgánica del Congreso no es un ordenamiento cualquiera, pues norma la relación entre contrarios cuando no entre enemigos. Si se quiere la convivencia no violenta entre los diferentes que son, además, representantes del pueblo, no se pueden dictar normas como si se tratara del presupuesto de egresos o cualquier otra ley. Las de carácter interno requieren un tratamiento especialmente pluralista porque son reglas de la casa común.

Morena debe hacer un esfuerzo para no caer en métodos que sus dirigentes e integrantes combatieron siempre. La mayoría es la principal responsable del cumplimiento de los acuerdos porque éstos dependen de ella. Respetar lo acordado forma parte de la moral del poder.

Banco de México: mejor no tocarlo

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Durante años se ha repetido la propuesta de que el Banco de México cuente, dentro de sus finalidades, con la de impulsar el crecimiento de la economía. Ahora la ha expresado el Presidente de la República, por primera vez desde la reforma de esa institución en 1993.

¿Cómo podría el Banxico promover el crecimiento del PIB? Quizá otorgando financiamiento, aumentando el circulante o bajando tasas de referencia. En realidad nada de eso puede hacer el banco con verdadera discrecionalidad. Todo lo que sobre esos temas no se encuentra normado en ley, está limitado por parte del mercado financiero mundial y del sistema de intermediación que opera en el país.

La legislación otorga al Banco de México autonomía, aunque en realidad no tiene mucha. El punto más fuerte de su independencia consiste en que ninguna autoridad puede ordenar al Banxico otorgar financiamiento. En otras palabras, el gobierno no puede obtener créditos para sí o para otros a partir de recursos del banco central. En realidad, el gobierno acude al mercado abierto de dinero y el Banxico es su agente por fuerza de ley. Asimismo, sus viejos fideicomisos que siguieron funcionando después de la reforma ya no tienen importancia.

Se exagera sobre la autonomía constitucional. Una de las funciones principales del Banxico es regular los cambios, pero existe una comisión de la materia en la cual el gobierno tiene la batuta: de sus seis miembros, tres son de Hacienda, uno de los cuales es el secretario del ramo, quien la preside con derecho a voto de calidad en caso de empate. Nada puede hacer el autónomo banco central sin permiso del gobierno. Si esto fuera poco, es causal de remoción que el gobernador del Banxico incumpla los acuerdos de la Comisión de Cambios.

El Banxico debe seguir siendo banca central, banco emisor, banco de reserva, banco de bancos y banquero del gobierno. Pero debería dejar de ser «asesor del gobierno en materia económica» y limitarlo sólo a la «materia financiera», para lo cual habría que modificar el artículo 3 de la ley del banco, buscando así que el gobernador en turno ya no dedique alguna parte de su tiempo a hacer discursos y a meterse en toda clase de debates sobre el crecimiento económico, el cual rehúye como finalidad del banco, pero del que habla demasiado hasta el grado de hacer pronósticos, a veces impertinentes o disruptivos.

Tenemos un banco central que presume de su autonomía, pero más para hablar que para ejercer sus deberes. Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, y los subgobernadores, no asumen a plenitud el mandato de regular los servicios financieros. Nunca esa institución nos ha explicado cómo es que en México no tenemos banqueros sino sólo agiotistas. Las tasas reales de interés activas son aquí las más altas del mundo, mientras las que se les pagan a los pequeños ahorradores (las pasivas) son las más bajas o tienen el 0%, pero con las comisiones alcanzan tasa negativa nominal, es decir, se paga por ahorrar, con lo cual se absorbe completa la continua disminución inflacionaria del «poder adquisitivo de la moneda», cuya defensa es la primera obligación del Banxico.

El negocio bancario mexicano arroja las mayores tasas de  ganancia (porcentaje de la utilidad neta sobre la inversión), pero Banxico nunca ha explicado esta penosa situación que se produce en el marco de un inicuo oligopolio. Los senadores están discutiendo desde hace casi un año cómo se va a lograr que se reduzcan las comisiones bancarias, lo cual sería formidable, pero eso ya lo hubiera podido hacer directamente el banco con la ley actual («Art. 26. El Banco de México regulará las comisiones y tasas de interés, activas y pasivas, así como cualquier otro motivo de cobro…»). Este precepto legal lleva 9 años en vigor, pero nada.

No pocas empresas mexicanas están trabajando casi sólo para los bancos. Una reducción de tasas activas de interés (abaratamiento del crédito) promovería un mayor acceso a los préstamos. De esa forma el Banxico ayudaría en algo al incremento del producto interno.

De las facultades del Banxico, pocas son ejercidas. La ley le autoriza a imponer a las instituciones de crédito y otros intermediarios «inversiones obligatorias», «con o sin causa de interés». Eso ni pensarlo, dirían los miembros de la Junta de Gobierno, casi todos designados por los presidentes neoliberales. Aunque la ley lo autorice, la autoridad financiera no haría nunca lo que hoy le hacen los bancos privados a millones de cautivos ahorradores mexicanos.

¿Qué sentido tendría involucrar al Banxico en temas directamente relacionados con el crecimiento de la economía si no atiende los aspectos indirectamente vinculados? La reciente disminución de la tasa de referencia ha sido correcta, pero fue una replica de la decisión de la Fed estadunidense (banco central). La pesada prima de riesgo de México (diferencial de tasas de referencia con EU) se ha mantenido igual; menos mal.

Antes de hacer peticiones al Banxico hay que tomar en cuenta que la actual Junta de Gobierno se renovará poco a poco, dentro de los próximos cuatro años, con un nuevo subgobernador anual.

Dejemos ya de lado la costumbre de esperar del Banco de México cosas que no hará. Tenemos un banco del Estado parecido a cualquier otro de carácter privado,  por lo menos en la doctrina de quienes lo dirigen. Eso terminará por cambiar, sin duda, pero no es para estos días. Sin embargo, cuando ocurra, no tendría ya ningún caso intentar convertir al Banco de México en una especie de central financiera para el desarrollo porque habrán de existir mejores palancas. En cualquier caso, eso no es aconsejable ni sería posible.

Nueva policía

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Se requiere una nueva policía en la Ciudad de México. Esto se ha dicho durante muchos años. Tal discurso ya ha cansado de tanto repetirse, pero mucho más enfada la ausencia de reformas profundas en el cuerpo policial capitalino.

Cuando desde una corporación de policía preventiva o «ministerial» (antes judicial) se filtran a la prensa indebidamente informaciones sobre víctimas, sin que las autoridades condenen el hecho y mucho menos persigan a sus autores, es cuando mejor se aprecia la descomposición institucional. Tal cosa ha ocurrido hace unos días, como expresión de arraigadas costumbres.

El aumento en la incidencia de delitos de violencia sexual en la CDMX ha llevado a las autoridades a actuar de la misma manera de siempre, la más primitiva. Se sigue ignorando que quien tiene la obligación de dar seguridad es el Estado, no cada persona. La violencia, incluyendo en especial la de género, es un tema de la autoridad y no se resolverá caso por caso porque el fenómeno es inconmensurable, aunque en cada evento se debe organizar el aparato de seguridad y justicia para perseguir a los culpables directos, aspecto que ni siquiera se logra por lo regular.

Sin embargo, la autoridad no parece asumir su más alta responsabilidad, sino que busca y rebusca explicaciones absurdas y repite viejas actuaciones.

El aparato policial-judicial no está hecho para crear un ambiente de seguridad pública y aplicación de la ley, sino para hacer lo que se pueda. Con solo vigilar intermitentemente el diez por ciento de las cuadras de una inmensa zona metropolitana se puede lograr disuadir la comisión de ciertos delitos, pero nada más en los lugares «patrullados». Por eso, en la CDMX hay gente que quiere patrulla en cada cuadra, el perfecto Estado policial; esos son extraviados deseos provocados por el hartazgo. Existen muchas grandes ciudades donde hay poco patrullaje pero mucho diálogo entre policía y ciudadanía, además de suficientes, cercanos y funcionales puestos de agentes.

En todo el mundo los policías tienen tareas de «inteligencia» o mínimamente de reporte sistemático y puntual de situaciones. Pero, aquí, eso no se ha empezado a hacer.

La mordida sigue campeando por toda la ciudad sin que hasta ahora se haya sentido alguna disminución. Esa corrupción, como casi todas, es un sistema; no se debe al binomio mordelón-ciudadano con el que se «arregla» el asunto de «otra manera» pero claramente ilegal. La mordida es responsabilidad última de los jefes de policía. Pero, además, hay simple cuota que paga el comerciante para mejorar el sueldo neto total de los «patrulleros» (y sus jefes), cuyos rondines, se supone, ahuyentan a los ladrones.

Con motivo de varios hechos de violencia sexual se han producido airadas protestas de muchas mujeres. En ningún caso esos actos públicos ha sido una provocación contra la policía o el gobierno. Uno o dos de ellos se han analizado así, erróneamente, debido a que la autoridad no se siente responsable de los delitos violentos que se repudian, sino que sigue pensando como antes, al viejo estilo de funcionarios sin obligaciones políticas inherentes al cargo. Se sigue presentando al autor directo del delito como el único responsable; eso expresa la falta de probidad, tradicional en el servicio público, así como la separación entre autoridad y sociedad, la conversión de los puestos en buenas chambas, la inexistencia de verdadera carrera profesional.

La reforma profunda de la policía para crear algo de verdad nuevo no podría ser dirigida por los jefes actuales. Ellos no saben qué cosa podría ser una policía nueva, solo entienden de la actual y de posibles mejorías, aunque por lo pronto todo está un poco peor.

Es necesario elaborar un programa hacia una nueva policía, que abarque organización, obligaciones, objetivos, métodos, disciplina, control interno y vínculo social. Las pocas reformas muy parciales que se han hecho hasta ahora, cuando fueron buenas, se deshicieron rápido o se hundieron en la corrupción.

Aunque con versiones diferentes, la izquierda lleva más de 20 años en el gobierno de la ciudad, pero no se ha propuesto todavía conformar una nueva policía. En el ámbito federal, López Obrador ha planteado la creación de un cuerpo de seguridad pública llamado Guardia Nacional y el Congreso ha aprobado las reformas que desde ahora están a prueba. La cuestión no consiste en el nombre ni en los uniformes sino en todo lo demás.

No conviene seguir repitiendo los fracasos sino romper con el pasado. Esa es una tarea política en toda la extensión del concepto.

Estafa sin rúbrica

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Las estafas no suelen llevar rúbrica. Alguien signa un papel en algún momento pero por órdenes superiores, mientras quien da la orden no reconoce nunca el acto ya que no firma los papeles. Así ha funcionado un viejo sistema de atracos contra los fondos públicos del Estado mexicano.

Esto lo sabe la Fiscalía General de la República (FGR). Es por ello, quizá, que innovó su estrategia frente a la estafa maestra, la cual fue un sistema de financiamiento a favor del PRI mediante desvíos fraudulentos de fondos públicos. Rosario Robles acudió un día a San Lázaro, como secretaria de Estado que todavía lo era hacia el final del sexenio de Enrique Peña Nieto, y afirmó que ella no había firmado ningún papel relacionado con la estafa descrita por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF sabe que nada fue firmado por secretario alguno, mucho menos por el presidente de la República, pero que eso no exime del delito. Si no se dispuso ilícitamente del dinero para disfrute personal, se permitió que se entregara, lo cual también es delictivo. En realidad la acción y la omisión vienen a ser prácticamente lo mismo cuando se está en el desempeño de un cargo público de alta responsabilidad. Si la estafa maestra fue una estafa, lo cual ha sido acreditado por la ASF, entonces existen responsables, los cuales abarcan desde quienes no hicieron nada para impedirla, los que la ordenaron de palabra, los que sí firmaron las autorizaciones y, también, las personas que sirvieron de intermediarias y las que recibieron los dineros ilícitos.

Eso es lo que busca esclarecer la FGR, por vez primera. Antes, cuando un político caía, se le acusaba directamente de muchos delitos con causa o sin ella: delincuencia organizada, lavado, evasión, etc. Pero eran pocos los indiciados y siempre por motivaciones políticas coyunturales. Los demás corruptos nunca fueron sometidos a proceso penal y gozan de cabal libertad.

La manera en que la FGR ha empezado a encarar el asunto de la estafa maestra está acorde con los tiempos políticos y con el nuevo sistema penal. La combinación de ambos ha traído como resultado que se intente abrir causas penales mediante un accionar directamente judicial, sin que el Ministerio Público le haga de juez y sin que el juez le haga de tribunal de alzada. Así, la FGR solicitó al juzgado su intervención para abrir procesos penales contra personas sin que previamente se hubiera librado una orden de aprehensión. De lo que se trata no es de encarcelar a algunos de momento sino de abrir los procesos penales que conduzcan a que se conozca lo ocurrido, la estafa. Si luego los culpables deben ir a la cárcel, pues que vayan; ese sería un desenlace pero no un inicio.

El esclarecimiento de la estafa maestra va a llevar años. Se trata de una sucesión de desvíos de fondos públicos, un sistema organizado para disponer de miles de millones. Lo que ha acreditado la ASF es lo que contablemente fue posible, pero falta desvelar el entramado exacto y los nombres de sus operadores, tanto en sede judicial como en el Congreso de la Unión.

Por lo pronto, la Fiscalía ha iniciado un nuevo rumbo que podría permitir el esclarecimiento de esa red de peculados, fraudes y robos que se organizó durante el sexenio pasado para financiar la actividad política del partido oficial, el PRI.

A través de la imputación del delito de «ejercicio indebido del servicio público», en este caso se busca fincar responsabilidad por omisiones porque no es sencillo demostrar la apropiación de bienes públicos cuando no es difícil esconder lo robado. Aún así, hay que dejar claro que el desvío de fondos debe ser impedido por los altos servidores públicos, sin «lavados de manos» ni «obediencias institucionales». Así está operando ahora el Ministerio Público, con lo cual éste ofrece un magnifico compromiso en el plano de la lucha contra la corrupción.

Debe entenderse que quien permite el robo es tan ladrón como quien se apropia de lo robado.

Del Pemexgate a la Estafa Maestra

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El Pemexgate y la Estafa Maestra son operaciones hermanas: robar fondos públicos para invertir en la compra de votos. Recordemos unas historias.

En el año 2000 hubo elecciones generales. El candidato a presidente por el PRI era Francisco Labastida Ochoa, a quien se le observaba en peligro de ser derrotado luego de la crisis económica y el escándalo del Fobaproa, como al final ocurrió.

Por órdenes del mandatario saliente, Ernesto Zedillo, el director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, hizo un convenio con el Sindicato de Trabajadores Petroleros (Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, entre otros) para entregarle un total de 1 100 millones de pesos (unos 116 mdd), bajo la cobertura de subvenciones contractuales. Esta operación se realizó en varias entregas desde Pemex al sindicato y desde éste, en efectivo, a la Secretaría de Finanzas del PRI, sin que se haya podido saber si algunos de los intermediarios tomaron dinero para su propio peculio.

Durante los años de 2013 a 2015 y posiblemente después, se realizaron muchos convenios entre la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Rosario Robles, y universidades, centros educativos, organismos no gubernamentales (ONG) y otras entidades para proveerles recursos a efecto de que realizaran estudios, promociones y otras actividades «propias» de la política social del presidente Enrique Peña Nieto, pero sin que se llevaran a cabo en la práctica. El objetivo era desviar miles de millones de pesos de dinero público hacia campañas electorales del PRI, pasando a través de coberturas sociales cuyos operadores se llevaban una comisión adecuada, personas de toda confianza del grupo gobernante y del partido oficial.

Desde el año 2000 ya era más difícil financiar desde el gobierno las campañas electorales, aunque eso se hacía en diversas escalas, en especial en el ámbito local. Lo mismo podía decirse hacia los años 2013-2018.

Para el PRI, el tema consistía en aplicar cuantiosos recursos públicos sin declarar ingresos y mucho menos gastos electorales. El propósito era la compra directa del voto ciudadano. Ese mecanismo se tenía que hacer con dinero en efectivo para evitar escándalos como el de las tarjetas Monex y Bancomer (estas últimas no se investigaron en absoluto), utilizadas con ese fin desde la secretaría de finanzas priista, a cargo de Luis Videgaray, durante la campaña de Peña Nieto en el año de 2012. Fueron también varios miles de millones de origen público y privado.

Pemexgate y Estafa Maestra tienen unas similitudes evidentes. La primera defraudación consistió en una sola operación, aunque el desembolso duró varios meses. La remesa inicial fue utilizada por Francisco Labastida en la precampaña interna. La última, cobrada en efectivo en una sucursal bancaria y transportada en una camioneta blindada propiedad del candidato a presidente, llegó unas semanas antes de las elecciones. La segunda defraudación, la Estafa, duró varios años porque se ideó para financiar sucesivas campañas electorales locales.

No hubo «desafueros» ni juicios penales o políticos en ninguno de esos dos fraudes electorales, hasta ahora.

Por el Pemexgate, el IFE impuso una multa por mil millones al Partido Revolucionario Institucional, confirmada en el Tribunal Electoral con la mínima diferencia de votos, pero sólo por 500 millones, cuyo traslado en efectivo a las oficinas del PRI había sido acreditado por la PGR con testigos del banco y del partido, luego de cobrar los cheques firmados por el secretario de finanzas del sindicato, el candidato a senador Ricardo Aldana.

En el Pemexgate, el gobierno de Vicente Fox,  que había presentado la denuncia, se desistió al firmar un nuevo convenio con el sindicato mediante el cual éste regresaría durante 20 años el dinero desviado, mediante descuentos de algunas prestaciones que la empresa le entregaba a la organización, pero, al mismo tiempo, se elevaban otras subvenciones para compensar los pagos. Ese fue un segundo fraude a Pemex. De esa forma se declaró judicialmente que ya no había daño patrimonial. Fueron exonerados los líderes petroleros, los dirigentes priistas y el entonces director de la paraestatal. Así lo decidió quien era presidente de la República, con la completa satisfacción de la dirección del PAN.

Luego de la llegada a la Presidencia de Enrique Peña Nieto, el PRI se planteó en 2013 el objetivo de obtener el triunfo en las elecciones locales. Había comicios próximos en 14 entidades del país. Fue entonces que dio inicio la Estafa Maestra, hermana del Pemexgate, pero realizada con mayor sofisticación en los métodos, cuantía y dispersión de recursos.

En los años de 2013 y 2014,  las actividades de desvío de fondos públicos con propósitos electorales no se limitaron a la entonces Secretaría de Desarrollo Social, sino abarcaron también otras diez entidades públicas (Pemex, SCT, SEP, BANOBRAS, entre otras), por un monto de 7.67 mil millones, sin tomar en cuenta las operaciones realizadas con posterioridad, parte de las cuales también forman parte de la Estafa Maestra.

En este caso, las denuncias formales proceden principalmente, aunque no sólo, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y es hasta ahora cuando se han llevado a cabo algunas actuaciones en tribunales. La PGR era absolutamente incapaz de investigar algo que tuviera que ver con las ilegales operaciones electorales del presidente de la República y sus colaboradores.

Por su parte, las autoridades electorales no han actuado, a pesar de los informes de fiscalización y denuncias penales interpuestas por la ASF, con las cuales se podría configurar el desvío de miles de millones de pesos de origen público hacia el PRI.

Existe una lista de 128 empresas usadas por las entidades que recibían los fondos públicos para simular actividades, desempeños y gastos. En efecto, las ocho universidades implicadas y otros entes «contrataban» a esas empresas, las cuales entregaban el dinero al partido oficial o a los candidatos priistas. El entonces auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, definió alguna vez este mecanismo como un «fraude millonario».

Toda la historia de la Estafa Maestra debe ser contada en sede judicial, pero también corresponde al Congreso fincar las responsabilidades de carácter político, tal como se lo mandata la Constitución. Los procesos y juicios que se llegaran a abrir no tendrían que analizarse como venganzas. Hace años que en los juzgados y en las cámaras debieron incoarse los procedimientos legales. No se podía. La situación política es ahora otra. Sí se puede.

Disputa de la palabra

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No hay hecho político que más irrite a las derechas moderadas o extremas que las cotidianas conferencias de prensa del presidente de la República, las denominadas mañaneras.

Una de las características de la situación actual es que se está disputando la palabra. Durante décadas, el poder llenó el espacio político con su propia palabra, la pronunciada por sus voceros directamente autorizados o por aquellos que se dedicaban a reproducir, elogiar, explicar, justificar a los poderosos: todo un oficio muy bien pagado.

Andrés Manuel López Obrador carece de voceros oficiales y tampoco tiene a los pagados. Él es el vocero de sí mismo. Habla todos los días, a veces no sólo por la mañana sino a deshoras. Los reporteros le preguntan libremente, le encaran, le refutan, le contradicen. El presidente responde y añade, se sale del tema y luego tiene que regresar ante la presión del diálogo ingrato.

Este esquema es el medio de disputar la palabra tantos años capturada por los ahora desplazados del poder.

Antes, los grandes medios ofrecían lugares a los opositores, incluyendo a López Obrador, pero no cedían la palabra, la cual estaba bajo el control de los poderosos.

Hoy, como las oposiciones formales dicen y vuelven a decir, pero no alcanzan a rebatir al presidente de la República, esta función sólo la intentan los periodistas del foro presidencial y, a veces, algunos otros de aquí y de allá. Así, por infortunio, es la precariedad del discurso de los partidos opositores la que le otorga mayor fuerza a la prensa de todas las tendencias y querencias.

Quizá por eso mismo no descuellan las tesis contrarias a las de la nueva fuerza gobernante, sino las búsquedas incesantes de las contradicciones del discurso presidencial, los olvidos, las evasivas, las equivocaciones, las confusiones. No existe un debate político propiamente dicho porque algo que pudiera llevar ese nombre no se lograría en conferencia de prensa sino en tribuna, en acciones masivas, en conglomerados convocados para la protesta y la propuesta.

Durante las tres décadas del movimiento que recién triunfó, las proclamas opositoras eran hundidas en un mar de baterías propagandísticas, la mayoría de paga, y en hoyos de silencio. En los tiempos actuales, en cambio, quien fuera líder de aquella oposición, el presidente de la República, habla todos los días, con o sin tino, pero su palabra al fin se escucha, sin tener que pagar y se puede contradecir.

Cosa diferente, claro está, consiste en la práctica de desvirtuar o tergiversar lo dicho por Andrés Manuel o por cualquier otro funcionario o legislador de la 4T.  Existen montones de notas periodísticas que dicen lo contrario de lo expresado por la fuente y, a veces, los encabezados deforman lo escrito por el mismo reportero. Eso es algo de lo más común porque el más fácil es el periodismo sin responsabilidad social o el que soslaya su propia ignorancia.

Con o sin definiciones éticas, el caso es que nadie en los medios está obligado a hacer ditirambos al poder político de la República. Esto es parte del nuevo esquema de disputa de la palabra.

Un periódico o revista, emisora de radio o televisión, portal de noticias, etc., puede ser tan opositor como quiera y recurrir a su propia moral, por ejemplo, aquella que se deriva de sus ideas sobre el carácter de la fuente cuyos actos o pronunciamientos reseña, antes de la obligación de comunicar a su público lo que está pasando. Todo eso es parte de la nueva normalidad creada a partir de un nuevo sesgo que ha tomado la disputa de la palabra.

La prensa fifí siempre ha existido y se reconoce a sí misma de sobra. ¿Por qué tanto desconcierto? Porque expresar ideas y convicciones no es algo normal cuando se trata de un político poderoso, el cual debe «guardar las formas» aunque esas estén basadas en la hipocresía, denominada respeto. Se ha llegado a postular que los críticos no deben ser criticados por los sujetos de su propia crítica. Eso ya no es vigente. La libertad de difusión de ideas es para todos, todo el tiempo. Así lo señala la Constitución y lo confirma la práctica.

Ante la existencia de unas oposiciones bastante extraviadas y desmovilizadas, en la actual disputa de la palabra han ganado los medios, tanto los tradicionales como los emergentes, aunque muchos han perdido ingresos. Se han hundido el «chayote» y la gacetilla, aunque sobreviven, pero todos pueden ahora decir libremente lo que piensan y difamar a quien deseen, a la espera, eso sí, de una eventual respuesta que se escucharía.

Bien, la disputa de la palabra abierta por la 4T es también un invaluable instrumento de aquella prensa que le sirve a sus lectores o escuchas.

Lucha política en tiempos de olas migratorias

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El mayor tropiezo político que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido la emergencia de olas migratorias procedentes de América Central. El problema ya lo había encarado la anterior administración, pero sin que se llegara al borde de una ruptura económica de parte de la Casa Blanca.

De los temas principales planteados por Donald Trump, el gobierno de México aceptó recibir a solicitantes de asilo en trámite en Estados Unidos, lo que ya se había hecho desde poco antes, y la prohibición formal de que los migrantes fueran admitidos en México en condición de tránsito hacia el norte.

Al tiempo, las autoridades mexicanas han reforzado la aplicación de la ley que obliga a todo extranjero a solicitar alguna forma legal de internamiento.

Esta reciente tensión en las relaciones entre los dos países ha tenido dos nuevos elementos políticos muy relevantes: la presión de Washington mediante la amenaza de imponer ilegalmente aranceles hasta el 20% a «todas las importaciones» procedentes de México y la muy sonada movilización de la novísima Guardia Nacional hacia las dos fronteras.

La inseguridad prevaleciente en el territorio mexicano y las altas tarifas de las bandas delincuenciales propiciaron un esquema de caravanas. Pero no sólo eso, sino que otra causa ha sido la agudización de la violencia social y la pobreza en los tres países centroamericanos expulsores de emigrantes. El fenómeno migratorio centroamericano sólo es nuevo en su forma y cuantía. En consecuencia, también en su repercusión política.

La crisis motivada por las olas migratorias como expresión extrema de la migración, va a seguir presente con o sin ellas porque aquélla es un fenómeno social y, en tanto, seguirá siendo motivo de confrontación entre los gobiernos de EU y México.

Por su lado, a diferencia de Estados Unidos, México no puede asimilar con normalidad entre 500 mil y un millón de migrantes por año. Su infraestructura, economía y sociedad no están preparados para eso. Aunque sería imposible que tales números se mantuvieran mucho tiempo, en sólo cinco años se podría tener que acomodar a más de tres millones de personas.

Es acertado el planteamiento de López Obrador en el sentido de que es preciso encarar la migración centroamericana con empleo, mejor salario y crecimiento económico, mediante inversiones en cooperación internacional. Sin embargo, no puede haber respuesta económica de consecuencias inmediatas ante este fenómeno. Mientras se integra un plan de largo aliento, sólo puede haber política migratoria.

A pesar del acuerdo signado en Washington entre los gobiernos de México y Estados Unidos, siguen existiendo divergencias entre ambos. México elude declararse formalmente como «tercer país», por lo cual no quiere hacerse cargo de deportados desde el norte para regresarlos a sus respectivos países.

El otro punto significativo de la política mexicana tiene que ser la apertura hacia una emigración que no se aglomere en la frontera norte esperando una oportunidad de paso, sino que se arraigue, al menos de momento, en zonas donde sea posible obtener empleo y alojamiento.

En este contexto destaca el trato a los migrantes. De ninguna manera el gobierno de México debería admitir la erección de barreras policiales en el sur o en el norte. No se debe impedir que los migrantes ingresen al territorio nacional ni se debe bloquear que lo abandonen, como ha sido el sueño dorado de los gobiernos estadunidenses. Las deportaciones deben ser estrictamente las indispensables y legales.

En un marco de respeto a los derechos de las personas y a los principios constitucionales en materia de ingreso y salida del territorio, podrían darse pasos de carácter económico y social para afrontar la migración centroamericana, no sólo la que llega en olas sino aquella que va a continuar indefinidamente a pesar de que pudiera mejorar la situación en los países de origen.

Un problema adicional es la llegada de migrantes procedentes del Caribe y de África. Estos no podrían aceptar un arraigo en México porque para eso mejor se hubieran quedado en sus países. Es gente cuyo viaje fue costoso y, por tanto, muchos tenían condiciones personales diferentes a las que predominan entre los desempleados y subempleados centroamericanos.

En el fondo, la respuesta estadunidense a esta crisis migratoria expresa un agotamiento de la capacidad subjetiva de absorción de migrantes de parte de la sociedad norteamericana. El racismo siempre ha estado presente con fuerza en Estados Unidos, pero ahora tenemos una xenofobia de expulsión, la cual está entrando hasta en sectores de procedencia migrante. Algo semejante ocurre en Europa. Es tanto así que el tema se ha convertido en uno de los problemas más agudos de la lucha política.

Las proyecciones que se hacen podrían estar indicando que la composición étnica y religiosa de algunos países capitalistas desarrollados terminaría por cambiar dentro de algunas décadas. No existe la suficiente cultura de la igualdad humana, el liberalismo ha sido engañoso al respecto. Por ello, surgen partidos xenófobos cada vez más fuertes y se han producido relevos de gobierno como el que se dio en Estados Unidos, aunque con un presidente de minoría, el cual levanta otra vez la bandera de la xenofobia y la «grandeza de US» para buscar un nuevo mandato.

Las potencias económicas no cuentan con una política dirigida a fomentar el crecimiento, productividad y distribución del ingreso de los países desde donde provienen las olas migratorias. Se encuentran de momento en disputas entre ellas. Donald Trump ha llegado para complicar el panorama porque está peleado con casi todo mundo y pasando toda clase de facturas, pero se sigue metiendo en los conflictos propios y ajenos, creando además otros nuevos. Más que nada, parece que resurge una nueva versión del hegemonismo estadunidense como falaz medio de volver a la grandeza, otra vez.

Desde México se debe empezar a hacer política en Estados Unidos y no sólo con Estados Unidos. Las dos economías están integradas, la nación mexicana sólo se ha expandido hacia el norte, las cercanías culturales han ido a más, el flujo humano en ambos sentidos es cada vez mayor. En este marco, a quien más debería preocupar el predominio político de una derecha troglodita es a México como Estado, país y sociedad.

Hacer política en EU es una tarea que deben emprender cuanto antes el gobierno de México y los partidos mexicanos. Y, por cierto, esa no se realiza a través de los consulados, es directa y abarcadora del entramado social o no lo será.

Falsificación del federalismo (electoral)

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El PRI y el PAN presentan la existencia de los organismos públicos electorales (Oples) de los estados, así como la de los respectivos tribunales de la materia, como expresiones del federalismo mexicano, el cual, dicen, debe ser defendido como principio fundamental de la República.

Esos Oples ya no organizan las elecciones, ni siquiera seleccionan y capacitan a los funcionarios de casilla, como tampoco, por tanto, reciben el voto. No fiscalizan el gasto de los partidos ni reciben las quejas sobre propaganda. Se les ha limitado a registrar candidatos y realizar los cómputos de las elecciones locales (sumatoria de datos de casilla), junto con algunos otros quehaceres también menores.

Además, las pocas funciones que se les han dejado a esos organismos electorales pueden ser parcial o totalmente trasladados al INE, hasta el grado de que todo el proceso quede a cargo de éste en exclusiva; o sea, en la práctica, puede el INE clausurar libremente cualquier Ople, como recién lo hizo en Puebla.

Pero eso no es lo peor. Los órganos rectores de los Oples son designados y removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y están sujetos a un reglamento aprobado por éste.

Por el lado de los tribunales electorales locales, sus integrantes son designados por el Senado de la República, como si fueran magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, casi todos sus fallos son recurribles ante éste, donde todo vuelve a empezar.

¿Esta estructura tiene algo que ver con el federalismo?

PRI, PAN y PRD pactaron esa aberración y la llevaron a la Constitución federal. Lo que le dejaron a los estados sólo son las cargas presupuestales. Nada más. Nuevo federalismo, sin duda.

¿Qué interés legítimo puede haber en mantener esta estructura electoral onerosa para las entidades federativas? Varios gobernadores ya no quieren seguir dando dinero a su Ople porque no es «suya».

El PRI y el PAN se dicen temerosos de que Morena se «apodere» de todo el andamiaje electoral nacional, es decir, que haga lo que ellos hicieron. Pero los Oples ya no cuentan prácticamente en dicho andamiaje, son vasallos del INE, pues sus titulares son colocados ahí por los consejeros electorales federales a través de negociaciones políticas.

El desaguisado legislativo que hicieron priistas y panistas en la última reforma pactada (2014) ha creado ahora una disyuntiva: devolver los organismos electorales a las entidades federativas, con toda la redundancia operativa y el dispendio que ello pudiera implicar, o convertir al INE en un completo instituto nacional. Lo que no se puede sostener es ese federalismo que nos han lanzado a la cara como una cínica falsificación.

El asunto no es menor. En la medida en que se mantengan los Oples como están ahora, se hará más difícil reformar al INE, pues éste tiene a su cargo, entre otras cosas, regir a dichos organismos electorales locales y decidir todo lo relacionado con los mismos.

Hemos tenido en los últimos años un Consejo General del INE con facultades prácticamente legislativas. No sólo designa a funcionarios de órganos autónomos (que no lo son más que en el enunciado), sino que también expide normas que deberían estar en una ley.

La cuestión es que ese Consejo General está dominado por dos partidos: PRI y PAN, que han designado a la mayoría de los consejeros electorales.

Luego, el presidente del PAN le planteó a Morena un «desafío», de esos que provocan hilaridad: que los cuatro consejeros que próximamente van a terminar sus respectivos periodos en el Consejo General (abril de 2020) no sean sustituidos por la Cámara de Diputados y que tal órgano de gobierno del INE se quede sólo con los siete restantes. Es decir, que se mantengan los designados por los partidos con anterioridad. Eso sería contrario a la ley vigente, pero el problema no sólo es ese, sino que con ese «desafío» se busca que nada cambie. El INE se antoja ideal para tal propósito porque es el paraíso del PRIAN: de los cuatro que terminarán su periodo, hay dos priistas, un panista y una aliada de ambos. Todo se conoce porque se ha visto.

Morena no quiere representarse en el INE como lo hicieron siempre otros partidos. Eso iría en contra del carácter independiente que debe tener la autoridad electoral. Pero, entonces, queda abierta la discusión sobre cómo garantizar que el andamiaje construido para organizar elecciones en el país sea totalmente profesional, independiente, confiable, austero y eficaz en el desempeño de su función.

Si no es posible lograrlo por ahora, lo será pronto, pero lo que no es admisible es la falsificación del federalismo ni la simulación política. Empecemos por llamar las cosas por su nombre y ubicar a cada cual en su verdadero lugar. Ni los Oples son de los estados ni el INE es imparcial e independiente.