La danza de los sueldos

El artículo 127 de la Constitución, reformado totalmente en julio de 2009, comprende las remuneraciones, bajo cualquier denominación, “en efectivo o en especie”, con las únicas excepciones de “los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”. El precepto abarca a la totalidad de los servidores públicos del Estado mexicano.

Las reglas concretas al respecto son directas: 1. Nadie puede ganar más que el Presidente de la República; 2. No se puede percibir más que el superior jerárquico; 3. No se conceden ni se cubren jubilaciones, pensiones o haberes de retiro fuera de lo señalado en ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo; 4. Las percepciones son públicas y se establecen exclusivamente en el presupuesto; 5. El Congreso y las legislaturas locales deben expedir leyes ordinarias sobre este tema y prescribir sanciones al “incumplimiento o elusión por simulación de lo establecido en este artículo”.

El contenido de este precepto es algo muy sensato y lógico, lo escandaloso es que no se cumple ni se han emitido leyes reglamentarias, ¡luego de 9 años de vigencia!

López Obrador ha hecho un llamado al próximo Congreso para que expida la legislación derivada, la cual fue aprobada en el Senado desde el 8 de noviembre de 2011. Sí, ¡hace casi 7 años!, pero se encuentra congelada desde entonces en la Cámara de Diputados.

El tema de los sueldos de servidores públicos es uno de los más soterrados dentro del sistema político mexicano. Está relacionado con la corrupción porque las remuneraciones arbitrarias, dentro o fuera de presupuesto, al margen de la Constitución, son un mecanismo para gratificar lealtades políticas, complicidades, encubrimientos y demás mecanismos del Estado corrupto vigente hasta ahora en el país.

Esta situación se repite en los gobiernos locales, dentro del Congreso y en las legislaturas de los Estados, muchos ayuntamientos y especialmente en el sector paraestatal.

Como no se aplica la condensación de todos los ingresos, en efectivo o en especie, tal como lo señala la Carta Magna, entonces se reciben conceptos fraudulentamente disímbolos, cuya suma rebasa el sueldo nominal del Presidente de la República, quien también se lleva dinero por fuera.

Hay personas pensionadas por los bancos del Estado sólo por haber pasado por ahí durante poco tiempo, en aplicación de reglas internas de por sí ilegales que han sido inconstitucionales durante los últimos 9 años, pero los pagos han continuado. Lo mismo se puede decir de tantas liquidaciones y pensiones pagadas en otras empresas públicas a favor de altos funcionarios, incluyendo directores generales.

La corrupción es una hidra de muchas cabezas, pero no se trata de ir cortando una por una sino de elaborar una política que acorrale y elimine a ese monstruoso mecanismo de gobierno.

En lo que toca a los sueldos, no se trata sólo de detener gastos ilegítimos e ilegales sino principalmente de dignificar la función pública, de sustraer a los funcionarios de aquello que les obliga a soslayar sus deberes en aras de conseguir prebendas porque los altos jefes reparten todo el tiempo dineros públicos como si fueran de su propiedad.

Fijar con claridad los límites de las remuneraciones conforme a la Constitución es una cuestión política, es decir, un modelo de administración que debe estar basado en la transparencia, el profesionalismo, la probidad y la dignidad de los servidores públicos.

Cuando López Obrador plantea que el Presidente de la República debe ganar la mitad de lo que se le entrega ahora, lo que está diciendo es que a los gobernadores también les han de reducir sus sueldos y cancelar los sobresueldos y gastos que no comprueban, lo mismo que a legisladores y alcaldes de las grandes ciudades que a veces ganan lo indecible.

En México, los altos funcionarios no pueden ganar como en los países ricos, ya sea porque en éstos el costo de la vida es mucho mayor, como porque acá los sueldos de los empleados de base y supernumerarios es demasiado bajo en términos reales.

Alguna vez se consideró que la corrupción tendría que combatirse mediante el aumento de las percepciones de los altos funcionarios. Eso ha sido un fracaso porque ya se ha visto que el robo al erario, la mordida y el tráfico de influencias aumentan a pesar de los altísimos sueldos.

Luego de 9 años de incumplir el mandato de legislar, los estados también tendrán que hacerlo debido a la nueva composición de muchos congresos locales.

Después vendrán algunas otras leyes y decretos que ayuden al gobierno a cerrar los agujeros de la corrupción que tiene ese queso gruyer que se llama Estado mexicano y, ante todo, los presupuestos de egresos de la Federación y de las entidades que han renovado sus legislaturas. En especial, hay que cortar las uñas de los gastos discrecionales con los cuales se financian familias y grupos políticos, además de comprar votos.

No se tienen que dar palos de ciego. Estamos sencillamente en un proceso bajo una nueva fuerza gobernante. Ya se sabe que el tema de la corrupción no es el único, pero casi todos los demás se encuentran de alguna forma enredados en éste.

Nueva fuerza gobernante

México tendrá una nueva fuerza gobernante. Este es el gran cambio de partida. Luego vendrán otros. Habrá que forjarlos.

El candidato triunfante, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo la mayoría de votos en 31 de las 32 entidades federativas. La coalición que lo postuló triunfó en 24 de éstas en la elección de senadores y en 219 de los 300 distritos electorales de la Cámara de Diputados. En total, la coalición que postuló a AMLO tendrá algo más de 300 de 500 asientos en San Lázaro y unos 70 de 128 en el Senado. Más de la mitad de esa mayoría estará compuesta de mujeres, lo que es otro acontecimiento.

México tendrá un presidente elegido con mayoría absoluta, la cual eleva la carga política de éste y, al mismo tiempo, le otorga una enorme fuerza moral para aplicar su programa, aquel que la mayor parte de los votantes ha respaldado en las urnas.

Se confirmó la tendencia señalada por el promedio de las encuestas. Esto muestra la forma en que se perfiló el inevitable desenlace. En esencia, la justa terminó como había empezado, sólo con el añadido de que la diferencia numérica fue creciendo sin tregua.

Es frecuente que un partido pase a la oposición, pero no lo es tanto que lo haga reduciendo casi a la mitad su porcentaje anterior y sea derrotado en todos sus baluartes. De controlar la mayoría absoluta en una cámara de 500, el PRI pasará a tener un grupo parlamentario de unos 47 diputados (9%). En el Senado podrá llegar a 13 legisladores (10%).

Acción Nacional ha quedado en segundo sitio en la contienda por la Presidencia, pero con un porcentaje menor que hace seis años. Con 83 diputados (17%), el PAN tendrá su fuerza parlamentaria más reducida de los últimos 30 años. Con 24 senadores (19%), perderá su lugar de balanceador.

Ninguno de los dos viejos partidos poseerá por sí mismo el tercio más uno necesario para bloquear reformas constitucionales y designaciones. A este respecto, tendrán que negociar entre ambos, como hermanos programáticos, en un renovado PRIAN, pero ya no con mayoría conjunta sino sólo como minoría de bloqueo. Esto se llama cambio súbito de la situación.

Las coaliciones construidas por los dos partidos tradicionales del país fueron inoperantes e, incluso, perjudiciales para sus miembros. El PRI no agregó más que el fardo de un Partido Verde (1.8%) que es lesivo a toda causa política, y un PANAL (1%) estancado en el SNTE, sindicato dirigido por líderes venales. Por su lado, el PAN optó por moverse entre las arenas movedizas del Movimiento Ciudadano (1.7%), el cual sólo cuenta con fuerza en Jalisco, pero de parte de un personaje que le es esencialmente ajeno y que ahora, sin apoyo panista, será gobernador del Estado. Su frente, pretendidamente “ciudadano”, se incubó a partir del respaldo de la decadente dirección del Partido de la Revolución Democrática (2.8%).

De las nueve gubernaturas en disputa, el PRI no logró ninguna, mientras el PAN se ha replegado a Guanajuato, reclama Puebla en medio de acusaciones de fraude y le ha arrebatado Yucatán al PRI, aprovechando coyunturalmente el surgimiento de una tercera fuerza electoral en ese estado, Morena.

Si todos los 32 gobernadores se hubieran elegido en esta oportunidad, Morena tendría la victoria al menos en 24 estados, según los registros de votos de las elecciones de senadores.

Sin embargo, se han producido bruscas modificaciones en la composición de las legislaturas locales. En 13 de las 15 entidades donde no hubo elección de gobernador pero sí de congreso local, Morena y aliados alcanzaron la mayoría de curules, tal como ocurrió donde este partido obtuvo el gobierno. Con 18 legislaturas, la nueva fuerza gobernante tiene la llave para el refrendo de las reformas constitucionales que apruebe el Congreso. Además, en muchos ayuntamientos se ha realizado también una remoción política.

Hay un nuevo contexto y, en consecuencia, nuevas tareas políticas. Morena debe implantarse en todo el territorio nacional; organizar a sus afiliados de nuevo modo, sin agrupamientos sectarios internos y reparto de posiciones, inagotable fuente de mercadeo y clientelismos; discutir y resolver en sus filas las orientaciones de gobierno, tanto en el plano local como nacional; respaldar a los trabajadores del campo y la ciudad en sus luchas reivindicativas, sin repliegues, evasivas ni maniobras; exigir a los gobernantes y legisladores la realización de la plataforma que conquistó 30 millones de voluntades.

Tener la Presidencia de la República, la mayoría en el Congreso y más de la mitad de las legislaturas locales es una mayúscula responsabilidad porque no habría pretextos para dejar de aplicar la plataforma presentada y las promesas hechas.

Mientras la izquierda por fin llegó al poder político y lo hizo en óptimas condiciones, el partido que le antecedió en la izquierda y del que fue presidente y dos veces candidato López Obrador, el PRD, perdió el 90% de su caudal registrado en 2012. Las causas de este fenómeno fueron el oportunismo y la conversión paulatina pero muy efectiva de ese partido en una central de negocios, que le llevó hasta la fatídica alianza con la derecha tradicional. Así, en esta elección de 2018 se aprecia también ese excelso triunfo ciudadano, ya antes visto, que consiste en repudiar efectivamente a partidos inconsecuentes, inservibles y corruptos.

La derecha ultraconservadora que odia la representación proporcional debería hablar ahora, pero calla sonrojada. Si se le hubiera hecho caso para eliminar los asientos de minoría en las cámaras, habría la siguiente composición: la coalición de Morena tendría 219 de 300 curules (73%) y 50 de 64 escaños (78%). Con estos números, bajo el sistema mayoritario estilo Estados Unidos y Gran Bretaña, aquel que tanto exigen los falsos demócratas del ala reaccionaria acomodada en el PRI y el PAN, así como en círculos patronales y algunos medios de comunicación, el partido emergente tendría sobradamente capacidad para reformar por sí mismo la Constitución, así como designar a quienes quisiera en la Suprema Corte de Justicia y en los organismos autónomos. Eso es lo que habían querido, pero sólo como instrumento dictatorial de las derechas. Ahora, no podrían proponerlo porque esa regresión ya no les conviene.

En contraste, la izquierda gobernará bajo un sistema proporcional, consciente de que ése sigue siendo el mejor desde el punto de vista de la democracia política.

La contienda terminó como había iniciado

El espectáculo escatológico que acaba de culminar, llamado a veces “guerra sucia”, no es del todo diferente a lo que habíamos visto en contiendas electorales anteriores, en especial en la de 2006. Sin embargo, el país ya tenía una situación política distinta.

El fracaso de la función de gobierno no corresponde sólo a un partido sino a dos. En el lapso de 12 años, entre el año 2000 y el 2012, hubo dos cambios políticos de gobierno, pero ninguno hizo la crítica pertinente ni planteó una modificación de rumbo. En un periodo de 18 años, los partidos de la alternancia fracasaron luego de aplicar la misma política.

Mientras la confrontación entre los abanderados de PRI y PAN era muchas veces algo personal, ya que las acusaciones entre ellos nunca tocaron la gestión de gobierno, ambos presentaban los mismos denuestos hacia el candidato de Morena debido a las profundas divergencias con su programa. La convergencia programática entre los viejos partidos era evidente en los discursos y las polémicas.

El peligro a lo desconocido, denominado “populismo”, “irresponsabilidad”, “ocurrencias”, “locuras”, etc., no era más que el repudio a un cambio de orientación política del gobierno y del Congreso.

Los candidatos de la línea política bipartidista hablaron mucho del peligro inminente de una vuelta al pasado, a las crisis económicas recurrentes, el estancamiento económico y la regresión social, pero sin admitir que en los últimos 18 años no se ha visto crecimiento y ha empeorado el patrón de distribución del ingreso.

Ambos candidatos del neoliberalismo lanzaron una inusitada plataforma de promesas de política social que no corresponde con sus verdaderas inclinaciones, pero sólo era para contrarrestar al otro aspirante. Pocos les creyeron, lógicamente.

Algunos intelectuales de centro-derecha han reconocido cierto fracaso del neoliberalismo en México, pero difunden la idea de que desviar el curso con un golpe de timón sería una vuelta atrás. En el colmo, Aguilar Camín (Milenio, 27.06.18) ha enunciado la tesis de que ese neoliberalismo fue el que condujo a la competencia política, como si el viejo sistema priista y su oposición de derecha hubieran prohijado las libertades políticas que hoy se tienen, es decir, se quiere borrar a la izquierda mexicana como si ésta nunca hubiera existido, para lo cual se desconoce el largo y penoso proceso de lucha popular por las reformas políticas, incluida la primera sacudida de 1988.

El desastre del desbordamiento delincuencial y la violencia que afecta al país no es cualquier añadido de una crisis nacional en curso. En este tema todo parece indicar que las cosas están empeorando rápidamente. La alternancia de los viejos partidos no sólo fracasó sino que es parte del mismo problema que se ha incubado en la falta de un programa social, en la corrupción generalizada y en el deterioro del aparato público.

La crítica del Estado corrupto mexicano no podría venir de los mismos que han construido ese sistema de gobernar. Cuando los candidatos de los partidos más comprometidos con la corrupción se lanzaban con cierta desesperación a condenarla, se estaban refiriendo en general al fenómeno, sin entrar en espinosos detalles. Esto ayudó a confirmar lo que ya se sabía: las condenas a la corrupción procedentes de los abanderados del PRI y del PAN no se las cree casi nadie, muchos menos ellos mismos.

En medio de ataques, afirmaciones falsas e insultos se realizó una contienda política que, sin embargo, terminó como había empezado. Las preferencias se mantuvieron casi igual que al principio de esos meses en los que se intentaba desacreditar un programa democrático y social. Una gran parte de la sociedad mexicana ya había cambiado para entonces y también se había conformado la fuerza política capaz de encabezarla. El poder lo sabía, pero tuvo que defenderse todo lo que pudo, era su obligación consigo mismo.

Krauze, el absolutismo político y la mayoría

México tuvo una especie de absolutismo político en tanto que el Estado era un partido y todo el sistema electoral estaba en manos del Ejecutivo. Ninguna libertad podía ejercerse a cabalidad. Así también, el poder judicial carecía casi por completo de certeza y legalidad. El presidencialismo era despótico al grado de usar la violencia como método de gobierno. Y, por si todo eso fuera poco, la prensa estaba amenazada y comprada.

¿México puede volver a tal situación? Si se trata de tomar parte en la contienda electoral, se puede decir que sí, siempre que le convenga a un candidato. Pero si se quisiera analizar con honradez intelectual la realidad de México, sería imposible sustentar la tesis del inminente peligro de volver a ese absolutismo político.

Enrique Krauze se ha lanzado a la lucha electoral con la novedosa tesis de que con una mayoría legislativa de Morena o de la coalición electoral que encabeza Andrés Manuel López Obrador se podría regresar a México a aquel absolutismo. Por tanto, el conocido biógrafo de personajes históricos convoca a los probables votantes de AMLO a sufragar a favor de otro partido en las boletas de diputados y senadores. Equilibrio, implora.

Esa preocupación es nueva para Krauze, quien ni siquiera criticó el burdo fraude del año 2015, consumado en la mesa del Consejo General del INE y confirmado en el TEPJF, para dotar a Peña Nieto de la actual mayoría de la que ha gozado en la Cámara de Diputados.

Enrique Krauze publicó en 1984 su ensayo sobre la democracia (Vuelta, num. 86), en el cual recomendaba un sistema bipartidista, como el establecido en Inglaterra a partir de las reformas políticas de fines del siglo XVIII y las de 1832, cuando no había sufragio universal. Aquellos eran dos partidos que representaban a las clases propietarias, pues los trabajadores aún carecían del derecho a votar. Esa era la democracia en la que se inspiraba Krauze para sugerir el bipartidismo en México, con el fin de superar la corrupción, como se intentó en Inglaterra, mediante un sistema de vigilancia entre dos partidos competitivos pero que en el fondo eran lo mismo.

A Krauze no le importaba en absoluto que un partido tuviera el Ejecutivo y el Legislativo al mismo tiempo porque su plan para México, el bipartidismo, funciona con la mayor frecuencia dentro de un control de ambos poderes por la misma formación política.

El esquema bipartidista no tuvo éxito en el país porque se presentó la crisis de 1988 que llevó a la izquierda, con Cuahutémoc Cárdenas, al surgimiento de un amplio partido que planteaba remover al Estado unipartidista. El absolutismo político mexicano fue declinando paulatinamente a pesar de la presidencia de Carlos Salinas, quien intensificó la represión y la corrupción respecto del sexenio anterior. Los fraudes ya no se hacían contra el PAN sino sólo contra el entonces nuevo partido, el PRD.

Sobre el tema de la corrupción, que en 1984 le preocupaba a Krauze, no se produjeron cambios cuando el PAN se hizo cargo del gobierno federal y de varios otros de carácter local a partir del año 2000 y hasta el 2012.

El sistema bipartidista no ha sido admitido por la ciudadanía mexicana ni era solución al Estado corrupto. El problema consiste en que en México la corrupción es parte de la forma de gobernar. El aparato público opera bajo normas no escritas (a veces también escritas) de la corrupción, la cual no es sólo la disposición de fondos públicos de parte de funcionarios sino principalmente el uso de las instituciones para llevar a cabo toda clase de actos ilícitos e, incluso, lícitos, que benefician a los operadores de las funciones estatales y a integrantes o amigos de la oligarquía que López Obrador denomina “la mafia del poder”.

Es imposible combatir la corrupción cuando el presidente de la República gobierna bajo los usos de un Estado corrupto. Vicente Fox, por ejemplo, llegó a la Presidencia siendo denunciado por ilícitos electorales, los cuales fueron sancionados con multa administrativa por el IFE, pero la PGR declaró que no hubo delito alguno, luego, claro, de rehusar que se nombrara un fiscal independiente, como suele ocurrir en muchos países cuando el presidente puede ser inculpado.

Si Morena no llegara a tener una mayoría legislativa sería difícil y complicado tomar las decisiones que condujeran al establecimiento en México del Estado de derecho. Los partidos que han demostrado ser funcionales al Estado corrupto pondrían toda clase de obstáculos a los decretos que se trataran de expedir.

Quisiera poner un solo ejemplo. El “departamento de regalos” (como yo le llamo) es un mecanismo que consiste en crear cada año una bolsa de dinero no contemplado en el proyecto del Ejecutivo, con el fin de hacer asignaciones en la Cámara. Sin programas ni políticas públicas, se reparten fondos por parte de los diputados, a pedido de otros políticos e, incluso, asociaciones civiles. Así se obtienen los “moches”, cuando el creador de la partida pasa a cobrarle al beneficiario un diezmo sobre lo otorgado. Suelen repartirse así muchos miles de millones.

La corrupción es parte del sistema de gobierno, de los métodos de gobernar, de la forma de ser del aparato público, de la creación de fortunas personales, de la manera en que cualquier persona supera un obstáculo en la órbita del Estado. La mayoría legislativa es necesaria para acometer contra la corrupción, ciertamente existente en todos los Estados del mundo, pero que México es diferente: aquí, el Estado es corrupto.

Se entiende que Enrique Krauze conozca el tráfico de influencias y el dispendio presupuestal, pero no parece que le preocupe demasiado, como en 1984, el tema de la corrupción. El PRIAN, del cual él mismo es uno de sus ideólogos más conspicuos, es un genuino producto de esa corrupción estatal.

La existencia de una mayoría legislativa no podría conformar, por sí misma, un absolutismo político. El sistema parlamentario funciona generalmente con mayoría, ya sea con uno o varios partidos, pero nadie habla de un regreso al absolutismo, término, por cierto, que viene del Estado monárquico en el que no había libertades ni elecciones.

Si ante la falta de una mayoría en el Congreso, el PRIAN, aderezado como ya está con los tránsfugas de la izquierda, se propusiera bloquear sistemáticamente las iniciativas del partido emergente, el Congreso se paralizaría en un alto grado. En un esquema así, se podría orillar al uso recurrente de las facultades presidenciales que confieren las leyes, en lugar de ubicar las reformas en el plano de la discusión pública y el debate parlamentario. ¿Es eso lo que se busca como contexto para atacar por sistema al nuevo presidente de la República?

Toda la campaña sucia contra Andrés Manuel se ha basado en infundios tendientes a generar desconfianza y miedo. Ante la expectativa de una gran votación en su favor, se recurre ahora a tratar de meter otro miedo, el cual ya no es sólo el del nuevo presidente, sino el de que éste cuente con mayoría en el Congreso. Lo lógico, en todas partes, es que cuando existe una mayoría ciudadana, ésta asume el poder Ejecutivo y el Legislativo, que son justamente los de elección popular. No hay motivo válido alguno para pedir la disgregación de la mayoría política que se ha venido conformando en el país. Pero, ¿quiénes buscan hoy que esa mayoría se divida por miedo de sí misma? Son los integrantes del PRIAN que se resisten al desmoronamiento de su sistema político. Enrique Krauze no es sólo un ideólogo de esa amalgama de poder sino es también uno de sus matraqueros.

El fracaso del frente panista

Entre el 17 de octubre y el 17 de noviembre de 2017, el frente integrado por el PAN con otros dos partidos pasó de 35 al 25% en el promedio de mediciones demoscópicas. Ese fue el efecto Ricardo Anaya, pues corresponde al momento de la formalización política de su candidatura, luego de la renuncia al partido de Margarita Zavala. No es verdad que los posteriores señalamientos penales en contra de Anaya le hayan restado porcentaje. La baja de diez puntos es atribuible al candidato. El PAN debió cambiarlo a fines de noviembre para tratar de recuperar algunos votos. Había tiempo, pues la convocatoria iba a ser expedida hasta el 21 de diciembre.

El hundimiento del proyecto de hacer un “frente ciudadano”, aunque que en realidad era sólo de tres partidos, no fue causado por el simple hecho de hacer una alianza sino por sus insostenibles bases constitutivas. El encuentro histórico de la derecha con la izquierda no se pudo acreditar porque no lo era, ya que, desde antes, el PRD había dado la espalda a la corriente política nacional y popular de la cual surgió. La alianza de la dirección perredista con el PAN era un medio de confirmar la traición, no tanto por hacer un frente, sino porque el candidato era justamente el presidente del viejo partido de la derecha.

El frente construido por el PAN se ubicó en algo así como un vacío político, el cual quiso ser llenado con la propuesta izquierdista de renta ciudadana universal, presentada por Ricardo Anaya en el momento de lanzarse como (pre) candidato. Acción Nacional no podía respaldar esa idea ni tampoco era realizable, al menos en el corto plazo, porque costaría casi la mitad del presupuesto federal.

Anaya se mostró como un neoliberal sin escrúpulos, capaz de presentar la idea más atractiva para combatir la pobreza, pero sin la menor congruencia con la política de su partido ni con sus propias convicciones. La renta universal era, entonces, tan solo un operativo para ganar una elección y, luego, incumplir la promesa por inviable.

El candidato del PAN hacía de tal forma un juego de audacia que en realidad era escandaloso en un doble sentido. En su propio bando, la promesa de renta ciudadana generó rechazo por “populista” y, en todos los otros, hubo mutismo por ser simplemente demagógica. Él mismo la dejó caer. Nadie la recogió en el debate político nacional. El tema, sin embargo, es de gran importancia pero Anaya lo ha pervertido al utilizarlo en forma inescrupulosa y soez. Eso suele ocurrir con los proyectos de izquierda apropiados por la derecha: todo se torna en lacerante mentira.

El gobierno de coalición fue otro instrumento de la audacia del frente creado por el PAN. Ante un presidencialismo despótico en declive pero subsistente bajo su forma corrupta, Acción Nacional adoptó la idea de pactar una futura coalición de gobierno. El PAN y el PRD han ganado juntos varias gubernaturas pero en ninguna de ellas existe algo así, sino que el gobernador quita, pone y repone a su gusto y es el jefe único.

Un gobierno de coalición de carácter legal, como el que se plantea, requiere, antes que nada, la conformación de un colegiado con facultades constitucionales, pero eso es justamente lo que no propone el frente creado por el PAN. Se quiere engañar a partir de una figura introducida recientemente en la Constitución, llamada “gobierno de coalición”, pero que depende por completo de la decisión personal del presidente. O sea, no es lo que dice ser.

El frente panista abrazó la tesis de que los liderazgos políticos se pueden improvisar. En esto existe un paralelismo con la postulación de José Antonio Meade, presentado como candidato “ciudadano” postulado, contradictoriamente, por el presidente de la República. En el PAN fabricaron la invendible mercancía de que el frente sería “ciudadano” y, el líder, un personaje sin pasado, aunque, en verdad, con trayectoria tormentosa. La postulación de Anaya fue también ocasión para consumar un rompimiento, largamente incubado en el PAN, para dejar fuera a Felipe Calderón, mediante el uso de una aplanadora mayoría en los órganos de dirección panista. Pero el monto de lo que se rompe arriba suele ser menor que lo quebrado abajo. Esa es la historia de la candidatura malograda de Margarita Zavala y de todo lo que fue dejando el panismo en el camino.

El PAN tiene un competidor que se llama José Antonio Meade. El espacio de la derecha lo ocupan en empate dos partidos, Acción Nacional y el PRI. Por reveladora coincidencia, los candidatos de ambos partidos están haciendo promesas en materia de redistribución del ingreso, principalmente por cuenta de los fondos públicos. El “populismo” defenestrado por la derecha política es retomado sin explicación alguna por los candidatos Anaya y Meade. Eso les hace aun menos creíbles. ¿Por qué nada de eso propusieron antes?

La idea de convocar al “voto útil” para derrotar a López Obrador hubiera tenido que partir de un rechazo mayoritario hacia el líder de Morena, pero las encuestas registran más repudios contra los candidatos del PRI y del PAN. El “voto útil” se hizo inoperante por falta de utilidad.

Según los demoscópicos, más de la tercera parte de quienes se consideran a sí mismos perredistas manifiestan su intensión de votar por AMLO mientras que otro tercio se encuentra entre quienes no manifiestan preferencia alguna. El frente es un fracaso también desde el punto de vista cuantitativo, es decir, en su elemental propósito de sumar votos. El asunto se agrava cuando Meade se nutre de la décima parte del voto duro tradicional panista y pretende sacar más mediante la campaña contra Anaya por los negocios oscuros que se le atribuyen. “Aquí eres el único indiciado, Ricardo”, le ha dicho el priista en el reciente debate, aunque ya antes lo había tildado de traidor, sin precisar causa ni gobierno traicionado.

Es verdad que el PAN, con otro candidato y sin incómodas alianzas, no hubiera sido tampoco una fuerza con perspectiva de triunfo en la elección presidencial, debido a que no es opción alternativa frente al sistema actual de gobierno, pero, al menos, no estaría en la complicada situación de integrar una coalición anómala, inconsistente e inexplicada, la cual le divide, desdibuja y desarregla en el espectro político nacional.

La idea de Anaya de presentarse como el mejor y más seguro relevo del gobierno actual siempre fue una vana ilusión porque el PAN operó casi siempre como segmento del PRIAN durante el mandato de Peña Nieto. Se podría decir que las políticas de Vicente Fox y de Felipe Calderón fueron aproximadas reproducciones de la tradición priista y del Estado corrupto mexicano. Nada mejoró en el país y algunas cosas empeoraron. El contraste nunca existió o jamás fue percibido, lo que equivale a seguir en lo mismo. El PAN desperdició miserablemente sus dos oportunidades.

Ante su propio fracaso, el último recurso del frente panista ha sido el de denunciar un pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador. Pero tal sensacional revelación se hace luego de buscar con desesperación e infructuosamente la declinación de Meade en favor de Anaya. Este giro tiene dos componentes: por un lado, es la tesis del PRD de que AMLO quiere restaurar el priismo, con la cual busca justificar su inocultable traición a la izquierda popular mexicana; por el otro lado, es una prematura explicación de la derrota electoral de Acción Nacional.

De ese frente creado con grandes ilusiones por el PAN no quedará más que amargura. Ese partido tendrá que ajustar filas internas, pero volverá a su estado de partido de derecha tradicional, neoliberal, sin duda, lo cual le moderniza pero no tanto. Podrán los panistas digerir la audaz aventura de haberse presentado como lo que no son, pero su líder actual y candidato tendrá que morder el polvo de la derrota.

Lo que mueve es la búsqueda del cambio

Llama la atención lo encerrado que suelen ser los actos políticos de los candidatos del PRI y del PAN. A ambos les falta una amplia convocatoria y, sobre todo, una respuesta ciudadana.

Esto contrasta con lo anchuroso y popular de los actos de Andrés Manuel López Obrador. Mas este fenómeno no se debe sólo al carisma personal del candidato de Morena sino principalmente al predominio de la idea del cambio y el entusiasmo que provoca.

Uno de los principales factores de la coyuntura consiste en el fracaso del gobierno de Peña Nieto en los aspectos más relevantes de la función pública: combate a la corrupción, seguridad pública, crecimiento económico, redistribución del ingreso, educación superior, entre otros. Las encuestas arrojan un porcentaje máximo de simpatía por el actual gobierno cifrado en el 20%.

En cuanto al viejo PAN, sus fracasos en los dos sexenios de su Presidencia han llevado a muchos electores a una suspicacia basada en la decepción. La corrupción no fue combatida por los gobiernos panistas, sino que ese partido se hizo funcional al Estado corrupto. Además, bajo el PAN se mantuvo el estancamiento económico y aumentó la pobreza. La crisis de violencia en el país se inició justamente en la presidencia de Felipe Calderón.

Los resultados concretos de los dos viejos partidos de México, PRI y PAN, han sido lamentables. Las inmensas tareas nacionales nunca fueron encaminadas porque ni siquiera han sido definidas como tales. En realidad, hace muchas décadas que no se sabe en México hacia dónde se supone que es deseable avanzar. El neoliberalismo en México carece de propósitos generales pues sólo tiene objetivos muy concretos: es mediocre y rudimentariamente utilitario.

López Obrador tiene una base popular que le ha servido de plataforma para convertirse, en el lapso de 12 meses, en la opción del cambio. Los otros dos candidatos carecen de una elemental credibilidad porque están vinculados al Estado corrupto.

Lo que AMLO ofrece es desarticular la forma de gobierno basada en la corrupción, la cual es característica de México. El Estado social que se promueve desde la izquierda mexicana sería un fracaso si no fuera posible superar ese sistema de gobierno. En otras palabras, es evidente que la ausencia del Estado de derecho impide cualquier programa de reformas. La peculiaridad aquí radica en que el neoliberalismo llegó a México aprovechando la corrupción preexistente y la proyectó a mayores niveles. Sin embargo, no pocos neoliberales critican la situación mexicana al respecto, incluyendo empresas extranjeras que operan en el país.

La reorientación del gasto público y el desarrollo de nuevas políticas sociales de amplio espectro tendrían agarradera en una nueva forma de control del presupuesto, no sólo para evitar el robo del erario sino también el derroche que se realiza como parte de la actividad política permanente de los gobernantes.

Morena requiere de una mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar un presupuesto con objetivos sociales bien definidos y sin gastos innecesarios. No se trata sólo de reducir los sueldos de los altos mandos sino también de bajar los gastos de operación de todo el sector público.

Además, se requiere clausurar el departamento de regalos que existe en San Lázaro. Cada año, algunos diputados o líderes incluyen erogaciones que carecen de base en políticas públicas y, por tanto, son peticiones o promociones aisladas de carácter local. Quienes logran la aprobación directa y especial de ese tipo de gastos recogen luego el “moche”, es decir, la recompensa por haber logrado “bajar el recurso”. Ese departamento de regalos, el cual suele contener decenas de millones, es uno de los elementos del sistema de corrupción, por lo que es indispensable clausurarlo con sellos de acero.

El tema de la delincuencia organizada está sin duda vinculado con el de la corrupción. Si los cuerpos de seguridad, el Ministerio Público y la judicatura siguieran vinculados a prácticas corruptas, sería imposible contar con una política articulada. El llamado “sistema” en esa materia es algo enteramente formalista, tal como ocurre con el otro “sistema” llamado anticorrupción.

Se ha criticado con ahínco el planteamiento de AMLO de que si el presidente de la República combate la corrupción, lo tendrían que hacer también los gobernadores y los ediles. Se dice, como réplica, que no pueden existir “soluciones mágicas”. Pues bien, magia o no, lo que es completamente seguro es que si el presidente forma parte del sistema institucional de corrupción, es imposible combatirla. En tal escenario hemos vivido en México. El cambio tiene por fuerza que partir del Poder Ejecutivo, es decir, de una presidencia de la República que tenga liderazgo político y popular capaz de abrir la lucha por un cambio en la forma de gobernar el país. Para ello se requiere estar afuera y en contra del Estado corrupto.

El otro gran punto sobre la gobernanza es el de los nuevos derechos políticos de los ciudadanos: proponer, impugnar, decidir, revocar deben ser incorporados a la cotidianeidad. Hoy, la ciudadanía es convocada cada tres años a elegir y, después, los gobernantes no le vuelven a dar ni los buenos días.

Por ello, el cambio consiste también en construir una nueva ciudadanía. Como ha dicho AMLO: “el pueblo pone y el pueblo quita.”

A los falsos demócratas todo esto les da escozor. Es evidente que ellos no están en absoluto en favor del cambio que ya se anuncia, por lo que no pueden ser opción vencedora.

Meade se hundió en su propia canallada

La directa acusación de José Antonio Meade contra Nestora Salgado en el debate de Tijuana propagó una opinión que lesiona derechos de esta persona. Ella no está sometida a juicio, ni mucho menos ha sido declarada culpable. La libertad de difusión de opiniones establecida en el artículo 7º de la Constitución no otorga cobertura al atrevimiento del candidato priista.

El propósito indirecto de Meade ha sido señalar a López Obrador como responsable de la candidatura de Nestora Salgado, la cual ya fue “penalmente condenada” por el aspirante priista. Esta atrocidad, aun al calor del debate político, no merece respuesta porque el problema no está en la libertad de los partidos, sino en que un adversario pretenda prohibir la postulación de candidatos o candidatas de otras organizaciones que, en su opinión personal, forman parte de la delincuencia.

La explicación posterior de Meade es que él defiende a las víctimas, pero no ha dicho con base en qué se ha atrevido a llevarle la contraria públicamente a dos jueces penales. En realidad, el papel que Meade leyó en el debate es la transcripción de un párrafo de la declaración de una denunciante y testigo, la cual fue desestimada en el juicio, pero que Meade da por verdad.

Como es natural, el punto no puede versar sobre los concluidos procesos penales contra Nestora Salgado, por más que el fiscal haya apelado las sentencias, sino acerca de la utilización de una amplia plataforma de comunicación social para dar por culpable de un delito grave a una candidata.

La calumnia contra las personas está prohibida en la propaganda que difundan los partidos y los candidatos, según reza el apartado C del artículo 42 de la Constitución. Aunque la calumnia se emitió en un debate, éste no deja de ser propaganda electoral. En consecuencia y dado que el encuentro fue organizado y difundido por el Instituto Nacional Electoral, aun sin queja, esta autoridad debió abrir un expediente para calificar la conducta de Meade y proceder de acuerdo con la ley. Sin embargo, lo que tenemos es mutismo institucional. Por fortuna, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dicho con energía que sólo los jueces sentencian.

No hay duda que atacar a Nestora Salgado ha tenido el propósito de comprometer al candidato Andrés Manuel López Obrador, presentarlo como alguien que arropa delincuentes. Mas la arrogancia de José Antonio Meade consiste en ubicarse a sí mismo como fiscal y juez. Hasta hace poco se le había tenido sólo como un tecnoburócrata de carrera, nunca ha sido elegido para ningún cargo, pero su candidatura le ha transformado. Tenemos a un Meade que pronuncia sentencia condenatoria sobre un asunto que, además, con seguridad conoce superficialmente.

No hace falta imputar y condenar a alguien para discrepar de las propuestas de López Obrador sobre el tema de la delincuencia. En el primer debate, el mismo Meade acusó a AMLO de pasarse al “lado de los malos”. La discusión es fuerte e, incluso, los insultos han menudeado. Mas la calumnia contra una persona ausente, que no puede responder en un esquema de comunicación donde los emisores no son responsables y, por tanto, no hay derecho de réplica, es una canallada, en la que su autor, José Antonio Meade, se ha hundido por sí mismo.

Se cayeron afanosos esfuerzos del priista por presentarse como una persona decente.

El mismo debate

El debate de Tijuana parece una segunda versión del primero, significado por ataques programados. El ambiente político mexicano se caracteriza ahora por un candidato que se perfila hacia la Presidencia como puntero en todas las encuestas y dos candidatos (PAN y PRI) que no han encontrado la forma de generar una base de confianza que les permita entrar con fuerza en la competencia.

La democracia mexicana es limitadamente competencial. La gente vota cada tres años y no vuelve a intervenir en las decisiones. A través de esa única ventana que tiene la ciudadanía se proyectan los rechazos, hartazgos, temores y perjuicios que se van acumulando.

Lo que tenemos es un gobierno fracasado. La economía no despuntó y el producto por habitante sigue estancado. No se atendió el rezago educativo mientras la atención médica sigue siendo extremadamente desigual. México es un país de inmensas desigualdades sociales en el que, al fin de cuentas, prevalece la pobreza, pero vive dos crisis paralelas: corrupción y violencia.

Se pensó presentar al candidato José Antonio Meade como un ciudadano con el apoyo del PRI, pero esa maniobra se cayó desde el primer acto de precampaña: “háganme suyo”, les dijo a los priistas. Es por ello que el tecnoburócrata no conmueve a nadie y sigue en actos políticos intramuros. En el debate, sus propuestas se caen solas porque no se entiende cuál es el plan general.

José Antonio Meade fue orillado a defender la invitación a Donald Trump, que hicieron Videragaray y Peña Nieto cuando aquel era candidato. Su respuesta fue que se creía que el republicano no alcanzaría la Presidencia de EU. Pero ahí rodó él mismo y sus amigos. Si el multimillonario no iba a llegar, razón de más para abstenerse de invitarle a un diálogo directo y protocolar con el presidente mexicano. Meade exageró su afiliación gubernamental, peñista, y se hundió aún más.

Desde la oposición derechista tradicional no hay tampoco un programa social ni democrático. En esta oportunidad, Ricardo Anaya quiso presentarse como muy patriota y elaboró una artificial posición radical frente al gobierno de Trump. La réplica fue inmediata pero estuvo a cargo de uno de los conductores, León Krauze, quien lo puso contra las cuerdas cuando le dijo que sus propuestas llevarían a romper líneas de colaboración binacional, lo cual generaría nuevos y graves enfrentamientos con Estados Unidos. Anaya ya no lo podía echarse atrás pero tampoco supo explicar el alcance de su balandronada.

Ricardo Anaya tuvo otro traspié con su propuesta de exentar de impuesto sobre la renta a los ingresos mayores de 10 mil pesos al mes. Eso implicaría hacer un descuento de esa misma cantidad a la base grabable de todos los demás contribuyentes, incluso los más ricos. La solución al problema fiscal de los ingresos medios consiste, como lo ha planteado Morena, en reducir las tasas impositivas, lo cual no generaría subsidio alguno a los altos ingresos. Nadie rebatió al panista, quizá a la espera de que su propuesta corra la misma suerte de aquella “renta ciudadana universal” que murió de inanición.

El fuerte de López Obrador no es el debate porque no maneja un ritmo oratorio para explicar detalles en breve lapso, tal como se suele requerir en una discusión con tiempo medido. Por ello, el opositor se limitó a insistir en propuestas de un gran cambio.

Sin embargo, AMLO hizo un planteamiento nuevo sobre la crisis migratoria centroamericana, la cual afecta a México y Estados Unidos. Descartó que México deba ser policía de Washington, pero Propuso un plan social conjunto y, para ello, rememoró La Alianza para el Progreso de los años sesenta del siglo pasado. El planteamiento es nuevo aunque la referencia es pésima porque aquel plan de John F. Kennedy se hizo en el marco de la guerra fría, la cual, además, ya no existe.

No obstante, hay que reconocer que si pudiera haber una solución pronta a esa crisis migratoria tendría que pasar por un plan de política económica y social entre México y Estados Unidos hacia los tres países centroamericanos que viven esa situación. Al menos, eso sería un intento de abandonar la política de persecución y mal trato de migrantes que hoy observamos.

El debate de Tijuana fue para PRI y PAN una extensión de la guerra sucia que llevan a cabo contra López Obrador. Esta situación obra a favor de intercambios poco claros y estériles. Es evidente, como se ha señalado, que el nivel no es alto porque tampoco lo son las campañas. Los insultos, nada novedosos en México, no son tampoco para escandalizarse, aunque no son del nivel político que muchos desearían.

Quizá lo más feo es que los candidatos del PRI y el PAN se siguen disputando el privilegio de ser quien ocupe el segundo lugar y se presente como alternativa única frente a López Obrador. Eso les lleva a atacarse mutuamente pero, sobre todo, a competir en el campo de la guerra sucia, para ver quién de los dos ataca con mayor tino al líder de Morena.

El tercer debate será, probablemente, una repetición del anterior y del anterior. Sin embargo, la situación política de México es de lo más interesante: hay un torrente popular que quiere el cambio inmediato, dejar atrás décadas de gobiernos fracasados y dañosos. Ese torrente se ha convertido en una fuerza mayoritaria. En hora buena, sí, sonríe.

2opciones2

Desde antes del inicio de las campañas electorales, el país percibía la existencia de dos opciones políticas básicas: el neoliberalismo y el programa social. Ya iniciada formalmente la lucha electoral, eso es lo que se ha confirmado.

Por más que la alianza del PAN con el PRD se haya querido presentar como un neoliberalismo blando con algunas concesiones a la izquierda, lo cierto es que Ricardo Anaya ha fracasado en su intento de articular un programa social. Su propuesta de renta ciudadana universal, ideada para “rebasar” a AMLO, se ha desbarrancado ante su inconsistencia fiscal y las críticas del panismo. Sobre el mentado “gobierno de coalición”, Anaya ya ha admitido que él lo nombrará pero no en este momento. ¿Dónde quedaría la coalición?

Por su lado, José Antonio Meade reelabora puntos de López Obrador y formula propuestas que resultan deslavadas y extemporáneas. Por más que pretende hacer concesiones al programa social, el candidato priista genera hilaridad. Si AMLO plantea becas a todos los estudiantes del bachillerato (becarios sí, sicarios no), Meade las limita en cuantía y cobertura sólo a los jóvenes de familias de Progresa, una minoría en el país. Mucho menos ha dicho que debe haber un sistema universal de becas en la enseñanza universitaria. El candidato priista promete lograr el 60% de matricula en educación media superior, pero la Constitución marca a ésta como obligatoria, es decir, ya está prescrito en ley suprema llegar al 100%. La pensión de adultos mayores es ofrecida por el priista sólo dentro del programa de Sedesol, que comprende una minoría y es una copia mal hecha de la pensión universal de la CDMX, creada por AMLO. En todo tema social, Meade sigue extraviado. De las libertades y derechos, nada. ¡Qué desastre!

El neoliberalismo no es una ideología. Es un programa político tendiente a enterrar al Estado democrático y social, el cual se considera perjudicial para la libre empresa privada, la ganancia desregulada y el proceso de concentración y centralización de ingreso y riqueza. No sólo cuestiona el objeto y cuantía del gasto social sino también repudia la regulación estatal sobre las estructuras empresariales y los llamados mercados. Es la dictadura del dinero, cuyo estado mayor tiene sus sedes en las grandes bolsas de valores e instituciones circundantes.

Como en todo proceso político, el neoliberalismo no ha conquistado una victoria aplastante, así como el Estado social tampoco ha desaparecido por completo. La lucha entre esas dos tendencias sigue su curso ante la ausencia, por lo pronto, de una tercera opción.

En algunos países, como México, las recetas neoliberales se han suministrado con cierta lentitud pero cada seis años aumenta la dosis. Se ha llegado a privatizar yacimientos petroleros, lo cual no sólo es un insulto a la conciencia histórica nacional, sino un pésimo negocio para el Estado.

En América Latina hemos visto recientemente algunas sonadas derrotas políticas del Estado social, en especial en Argentina y Brasil. La primera, mediante la competencia electoral y, la segunda, a través de un canallesco golpe de Estado fraguado en el Congreso y la judicatura.

En México, como en ninguna otra parte, no se va a hundir del todo el neoliberalismo, pero puede recibir un fuerte golpe con la derrota de sus representaciones políticas. De los cuatro candidatos que aún siguen en la contienda, tres son claramente neoliberales. Como se nota con la renuncia de Margarita Zavala, existe una presión para que sólo quede uno. Se puede seguir negando la existencia de la mafia del poder, sin embargo, se mueve.

Pero los estrategas neoliberales no toman en cuenta que Ricardo Anaya se presenta como un opositor, mientras José Antonio Meade encarna el continuismo priista aunque lo niegue cada día. En consecuencia, si el oficialista Meade declinara en favor del opositor Anaya, a ojos de cualquiera ninguno de ellos sería lo que ha dicho ser.

Con cuatro, tres o dos candidatos, el esquema de dos opciones seguiría siendo vigente. Pero, con nuevos descartes (Bronco y Meade), el punto sería aún más claro para todos: seguir en lo mismo o abrir un nuevo camino.

Así, sí: separar al poder económico del poder político

En el ríspido debate entre el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y Andrés Manuel López Obrador se ha hecho, por parte de este último, un viejo planteamiento, pero que en México es de lo más actual y pertinente: separar al poder económico del poder político.

Una cuota de la gran corrupción, entendida ésta como parte del sistema de gobierno, tiene su origen en la rapacidad de grupos de empresarios dispuestos a comprar a quien sea con tal de hacer negocios, los cuales, por lo regular, son sucios o están ensuciados.

De sobra se conoce la tesis de que es desde la esfera gubernamental donde se consuma la corrupción. Eso ya lo sabemos. Pero también tenemos noticias de la avidez de empresarios por entrar en ese sistema de las mordidas, del cual se derivan, por cierto, ilegales apoyos económicos a políticos. En México se realizan negocios fabulosos al amparo del gobierno. Baste recordar los rescates bancario y carretero que le trasladaron al Estado inmensas deudas privadas, las cuales se siguen pagando a través del presupuesto federal: 40 mil millones de pesos anuales de intereses, equivalentes al subsidio a la UNAM, la mayor universidad del país.

Mas la corrupción empresarial, como parte del mismo método de gobernar, siempre es negada por las organizaciones empresariales, las cuales, por tanto, no se proponen hacer algo para combatirla.

Cuando López Obrador se refería a integrantes del CMN como “una minoría rapaz”, estaba obligándose a proponer una salida. Esa es la de eliminar el sistema de mordidas y tráfico de influencias a través del cual se han generado inmensas fortunas, se ha agudizado la concentración de riqueza e ingreso y se ha promovido la centralización del capital, con sus consecuentes estructuras monopólicas. Por el otro lado, México vive, en contraste, dentro de un creciente mar de pobreza y atraso social.

Esa ruptura no puede proceder más que del gobierno, es decir, de otro gobierno. Pero no se trataría de abrir una contienda civil sino de vincular la acción pública con la observancia de la ley en las relaciones entre empresas y gobernantes.

Se sabe de sobra que mientras exista el poder del dinero, éste tendrá influencia en el Estado, directa e indirectamente. Esa es la parte estructural del problema. Pero también existe el escenario de la corrupción. No es posible, bajo el sistema actual, acabar por completo con la presión que se genera desde los cenáculos del gran capital, pero lo que no se debe admitir es la dependencia y subordinación del gobierno a decisiones de directivos y ejecutivos de grandes corporaciones empresariales. Esto debe terminar.

El CMN es el club más selecto del país. Hasta hace poco se denominaba consejo de hombres de negocios, pero se ha cambiado el nombre porque ya agrupa a unas cinco mujeres. Es miembro del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE) con derecho de voto, a la par de las grandes confederaciones y el sindicato empresarial, la Coparmex. Ahí, unos cuantos pesan más que miles de empresarios, debido a que gozan de especial influencia entre los líderes cupulares. Algunos de los integrantes del CMN son líderes de líderes de líderes.

Así es que casi todo el entramado organizativo del empresariado se ha solidarizado con el CMN, en una suerte de cohesión de clase, en una fiesta de membretes empresariales firmantes. Pero, ¿cuál es la causa? López Obrador se refirió a ese club de famosos y súper ricos (ni siquiera todos sus integrantes), pero no se metió con el CCE ni con la Coparmex. Sin embargo, muchas cámaras han publicado un desplegado de varias planas exigiendo “respeto”. “Así, no”, han dicho muy orondas. En una inexplicada defensa de un club semiclandestino, ajeno por lo demás a la generalidad del empresariado, se condena la ríspida crítica y la acometida política, debido a que los más poderosos personajes se sienten ofendidos y, algo más, reprimidos en el ejercicio de sus “libertades”. Ninguno de los integrantes del CMN respondió en forma personal, lo cual habla de su falta de dignidad. Logran que otros los defiendan porque es más cómodo y menos arriesgado.

Lo que ellos se han embolsado (Fobaproa y largos etcéteras) no se considera como acto criticable, atacable, combatible, despreciable. La magia de las privatizaciones tampoco fue un truco sucio. De seguro los beneficiarios siempre se han sacrificado por la Patria o, al menos, son beneméritos, de tal suerte que figuran, algunos, en el listado de Forbes.

Los socios y admiradores de ese club, juntos o por separado, no deben seguir tomando las decisiones trascendentales del país, porque impiden de esa manera la democracia más formal posible, que es la que existe. Ese es el planteamiento. Si quieren el poder político, que se postulen y busquen el voto, conforme a la regla general, pero no podrían utilizar más dinero en sus campañas que los demás candidatos y candidatas. Así, sí.