Al amanecer no estaba el gobierno

 

Cuando el sol iluminó, el gobierno no conocía ni remotamente las consecuencias del sismo de la medianoche anterior. En la mañana del viernes 8 de septiembre de 2017, oficialmente todo parecía casi normal o al menos incierto. Las declaraciones eran ambiguas porque el sistema de protección civil es en México un renglón más en el presupuesto antes que una organización popular, como la observamos en muchos otros países. Poco a poco, los medios de información fueron relatando las consecuencias más visibles del temblor: “hay decenas de muertos y un tercio de las casas de Juchitán está inhabitable”.

Por su parte, el presidente de la República, ubicado en el cuartel de las catástrofes, ya había dicho, todavía de madrugada, que el sismo era el de mayor magnitud en cien años, pero sin tomar en cuenta los factores de duración y forma de movimiento del suelo, mucho menos sus consecuencias, pues aunque a Peña le gusta dar primicias, carecía al respecto de conocimiento. No obstante que no se sabía ni por aproximación lo que había ocurrido, era menester decir algo aunque fuera superficial, inexacto o exagerado. Así opera el gobierno.

La realidad, sin embargo, como siempre, estaba ahí, pero no frente a los gobernantes. Cuando el “jefe del Ejecutivo” acudió por vez primera a Juchitán a tomarse la foto de espalda a unas ruinas, junto al gobernador y la alcaldesa, no se sabía el tamaño de la catástrofe pero las promesas eran fabulosas: “llegará toda la ayuda necesaria”, cosa que no ha ocurrido una semana después.

Luego, cuando Osorio Chong estaba diciendo en Chiapas que no era justo lucrar con la desgracia, el presidente priista del Congreso oaxaqueño repartía personalmente despensas etiquetadas con su nombre y, en la capital del país, la esposa del “jefe del Ejecutivo” ya había despachado en ceremonia ante las cámaras algunas toneladas de víveres desde el Campo Marte. Por su parte, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, fue a Juchitán a ofrecer la reparación de escuelas y “toda otra ayuda necesaria”, pero entonces el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, advirtió que va a ser todo “un reto” conseguir dinero para la construcción de viviendas porque, al parecer, son muchas las dañadas. Se nos informa, no obstante, que “somos el único país del mundo en el que, todavía en situación de emergencia, ya estamos haciendo el censo para iniciar la reconstrucción”, en palabras dichas por el jefe de la “protección civil”, que es Osorio Chong, cuya secretaría, la de Gobernación, debió hacer, mucho antes, el censo de edificios en malas condiciones y de vivienda precaria, como instrumento para emprender las reparaciones antes de que se derrumbaran, pero ni siquiera tiene completos los llamados atlas de riesgo. Mientras, el “jefe del Ejecutivo”, en persona, era el encargado de informar el número de muertos conforme iban ocurriendo los decesos o encontrándose los cuerpos.

Cinco días después del sismo, se emitió una declaratoria para activar el Fondo de Desastres, quizá porque durante los anteriores cuatro días todavía había dudas sobre lo ocurrido. No se sabe, sin embargo, cuanto dinero se va a girar desde la Tesorería de la Federación, ni para qué objetos. Mas, para moderar el gasto, se avisa al pueblo la cancelación de la cena prevista en Palacio el 15 de septiembre, aunque hace cinco años que no se realiza aun sin temblor de tierra.

El Estado mexicano sigue sin contar con la organización adecuada a un país de grandes desastres naturales. Esto se debe a que después de las calamidades sobrevienen cosas más importantes, como repartir despensas en tiempos electorales y, luego, recompensar el voto emitido, por ejemplo. La protección civil tendría que sustentarse en un servicio que involucrara a toda la población, en lugar del militar que actualmente no sirve para nada, con el propósito de capacitar y organizar a la gente para prevenir daños y encarar las catástrofes. Este proyecto ha estado congelado en el Congreso desde 1998.

Pero se requiere algo más: evaluar las condiciones en que se encuentra la vivienda popular, especialmente en las zonas de sismos, huracanes, inundaciones y deslaves que, en conjunto, conforman la mayor parte del país. El mejoramiento de la vivienda debería ser un programa prioritario de los presupuestos.

En México, los damnificados de temblores, vientos huracanados, desbordamientos de ríos, mares profundos, enterramientos, socavones y anegaciones duran años en esa condición, como lo hemos visto tantas veces, pero se va haciendo menor la publicación de videos, fotos y testimonios. Poco a poco se va “olvidando” la desgracia para volver al infortunio de siempre. Esto ocurre en muchos países, es cierto, pero no es consuelo.

Mas en lo que México resulta inigualable es en la actitud de su gobierno, su clientelismo de la desgracia, su demagogia de la reconstrucción, su vanagloria de no hacer gran cosa, su discurso vacío y su patética actitud piadosa que termina en decepciones o ridiculeces, tal como se lo dijeron en su cara a Aurelio Nuño en Juchitán.

Lo más afrentoso, sin embargo, es el gasto en publicidad de los gobernantes, empezando por el presidente de la República. Mas no es sólo por el monto de lo erogado que podría ser útil para otro efecto, sino por la utilización de la catástrofe para aparecer en actos políticos montados por el ogro filantrópico, como llamaba Octavio Paz al Estado mexicano. La desgracia es usada para fabricar una imagen de gobernante bueno y misericordioso sólo por lo que dice que hará, aunque siga negándose a responder por lo que antes no hizo.

No es pequeño el cambio político que requiere México pero tampoco es tan difícil lograrlo. Quizá pronto.

Falso frente ciudadano

 

El nuevo Frente Ciudadano por México integrado por el PAN, el PRD y el MC es falso porque no es una formación ciudadana si por esta acepción se entiende una participación más o menos espontánea y abierta, en forma de movimiento sin estructura jerarquizada. En este nuevo frente sólo participan partidos políticos, es decir, todo lo contario a lo que se entiende por algo de carácter ciudadano.

Los políticos profesionales, como los que han creado el nuevo Frente, son ciudadanos y ciudadanas, naturalmente, pero su forma de ser y actuar no corresponde a la manera como se comportan las corrientes ciudadanas.

Mas la falsedad del acuerdo de colaboración y acción conjunta entre esos tres partidos va más lejos. Se habla de un nuevo “sistema político (que) debe construirse, no en función de partidos o candidatos, sino a partir de un proyecto de país…” y bajo una “gobernanza ciudadana.” Sin embargo, se promete formar un “gobierno de coalición del Ejecutivo Federal (sic) al amparo del artículo 89 Constitucional”, pero este precepto señala que, de haberlo, el gobierno de coalición se integraría “con uno (sic) o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión”. ¿Dónde quedaron los “ciudadanos”?

Para seguir en el engaño, al flamante Frente no le importa caer en contradicciones. Se propone “establecer la democracia interna y garantizar la representatividad ciudadana en los partidos políticos para que actúen con responsabilidad y asuman el rol de facilitadores, de instrumentos para que los ciudadanos construyan, promuevan y guíen el cambio de régimen que necesita el país”. O sea, la “nueva” democracia de los partidos ha de servir para que los ciudadanos ingresen a ellos y se conviertan en militantes que, desde su nuevo partido, construyan otro régimen político que no sea de partidos. Si la base del cambio van a ser los “ciudadanos”, pero como integrantes de los partidos, volvemos a lo mismo. Al final, no se está planteando nada.

En esa misma línea de contradicciones, el frente panista-perredista dice buscar “la conformación y consolidación de un nuevo régimen, cuya base sea el empoderamiento ciudadano.” Sin embargo, no se plantean nuevos derechos ciudadanos, tales como crear un recurso popular para objetar leyes y actos de autoridad directamente ante un tribunal constitucional; hacer efectivo el derecho a la consulta popular (recién violado y desconocido) extendiéndolo a todos los niveles políticos del país, la obligatoriedad del plebiscito para tomar ciertas decisiones importantes, entre otros. En el centro de una democracia nueva tendría que estar la construcción de ciudadanía, pero ésa sólo será posible con nuevos derechos políticos. Sin embargo, el Frente se enreda en su propia retórica, la cual no oculta sino realza su pobreza programática.

Como no se planean nuevos derechos, los frentistas entienden “la participación ciudadana” como el ejercicio de las actuales libertades, con el fin de que los ciudadanos “incidan en todos los niveles, procesos y decisiones de gobierno”. Este es el sobado planteamiento abstracto de que los ciudadanos lleguen a “incidir” en el gobierno a través de la libre manifestación de las ideas y el voto, pero ya no estamos en el siglo XIX. De lo que ahora se trata es que, además, los ciudadanos empiecen a tomar directamente decisiones que hasta hoy han sido reservadas a los gobernantes.

Para culminar su plataforma programática, el falsificado Frente Ciudadano nos plantea la manera en que piensa repartirse el Ejecutivo. Veamos aquí en concreto la proclamada participación ciudadana: “el titular de la Secretaría de Gobernación, asumirá, además, la función de líder de gabinete y será propuesto por fuerzas políticas distintas a la del presidente de la República, garantizando la pluralidad indispensable para la puesta en marcha del nuevo régimen”. Con esto se entiende que el “nuevo régimen” son ellos, los líderes frentistas. Al PAN le correspondería la presidencia y el PRD nombraría al secretario de Gobernación (jefe de la policía) como “líder de gabinete”. Pero, a propósito, ¿cuál gabinete? Ése no existe en la Constitución.

Es tan lo mismo el planteamiento del Frente Ciudadano que ni siquiera incluye la creación de un Consejo de Gobierno con facultades constitucionales definidas, a partir de actuales funciones del presidente de la República, es decir, la conversión del Ejecutivo en algo mucho menos personal y con un órgano colegiado, lo que podría hacer real la existencia de un gobierno de coalición, pues ahora éste no es más que una frase suelta en el texto de la Carta Magna de la que se quiere colgar el nuevo Frente ante la falta de propuestas propias.

El documento firmado es un programa electoral aunque carece legalmente de ese significado. Es el anticipo de lo que podría ser una coalición de tres partidos. Acción Nacional ya se ubica desde ahora al frente de la operación.

Dicen los firmantes en referencia a la situación previa al arribo del actual gobierno: “ayer tuvimos la democracia frente a nosotros y la dejamos ir.” Y agregan: “proponemos reanudar juntos la transformación democrática”. Nadie hubiera creído hace unos años que los administradores del PRD llegaran a suscribir la tesis de que, con los sucesivos gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, habíamos entrado en la transformación democrática que luego “dejamos ir”, la cual, ahora, hay que “reanudar juntos”. ¿Para llegar a lo mismo? ¿No fueron suficientes aquellos fracasos? ¿Quieren más? Así es, por lo visto.

Por más que el nuevo Frente presenta su discurso como algo nuevo, lo que logra es morderse la cola, perseguirse a sí mismo, en simetría con lo que finalmente es: un conjunto de políticos conservadores.

Respuesta de Pablo Gómez a Alejandra Barrales

 

Lunes 4 de septiembre de 2017.

Alejandra Barrales,

Ciudad.

He leído sin la menor sorpresa que afirmaste ayer en el Consejo Nacional del PRD que “Los que se quieran ir, que se vayan…, que lo hagan de prisa…”. Es evidente que, entre otros, sin duda muchos miles de miembros del partido, te refieres a mí. Por ello, respondo a tus afirmaciones.

Eres la única persona que, al frente de un partido, tiene prisa de que se vayan sus militantes. Te importa menos que un bledo, por lo visto, las causas y contenido de las disidencias, ni se te observa interés alguno en discutir algún tema de relevancia. Perteneces auténticamente al sistema grupal faccioso que domina al partido y se caracteriza por su acrecentada intolerancia, ya que no son las ideas las que le importan sino sólo sus propios y exiguos intereses.

Apresurar a los disidentes a abandonar las filas de una organización política de afiliación voluntaria no puede ser más que síntoma de una crisis. Pero, que lo haga quien ostenta el cargo de presidenta nacional es un síntoma de descomposición. Sin embargo, el punto relevante es saber cómo y porqué ha llegado el PRD a la patética situación en la que se encuentra.

Las respuestas no vendrán de los actuales administradores del partido a quienes tú encabezas de manera incidental y por imposición externa. Vendrán de millones de ciudadanos y ciudadanas que hasta hace poco votaban por el PRD con el interés de promover un cambio democrático y social en el país, entre ellos quienes tú has llamado “lastres”.

La profundidad de la crisis de descomposición que sufre el PRD se debe a que éste ha dejado de ser una opción nacional, democrática y social, con cuya seña de identidad nació alguna vez hace poco más de 28 años.

El PRD no se encuentra ahora en la lucha política en la cual participó durante más de dos décadas. Se encuentra dentro del mercadeo político con el que se intercambian concesiones sin propósitos nacionales y populares.

El Consejo Nacional del PRD ha acordado buscar una alianza con el Partido Acción Nacional para ir en coalición durante las próximas elecciones de 2018. El último Congreso Nacional del partido, su máxima autoridad estatutaria, aprobó otra línea, la de la alianza con las izquierdas. Ustedes, por su propia cuenta, han decidido llevar al PRD por un camino del todo diferente.

Se nos acusa de apoyar a otro candidato. Pero el PRD no tiene ninguno, ¿por qué se habla de otro? Yo he propuesto la unidad de toda la izquierda y, además, que el partido apoye a una determinada persona porque sostengo que se trata del virtual candidato de las izquierdas, entendidas éstas como gran agregado popular y no sólo como grupos dirigentes. Tal es mi derecho como miembro del partido. Pero, por lo visto, carecer de candidato, precandidato o simple aspirante serio, les conduce a ustedes estar en la graciosa circunstancia de tener un no candidato. ¿Cuándo se ha votado en las filas perredistas que López Obrador no puede ser postulado por el partido? Lo que se votó en el más reciente Congreso fue no hacer una alianza electoral nacional con el PAN.

Ustedes sí que carecen de derecho para negociar una alianza con el PAN y para apoyar a un panista como candidato a presidente de la República, pues eso no está autorizado por el partido, sino que se encuentra precisamente descartado. Son ustedes quienes actúan al margen del Estatuto del PRD.

Al mismo tiempo, como parte de la descomposición del partido a la que ustedes han conducido, se encuentran hundidos, ahora más que nunca, en la ilegalidad. Debieron haber convocado a elecciones internas para realizarse a más tardar en el presente mes de septiembre. El Tribunal Electoral se los ha ordenado. Sin embargo, ayer convocaron para realizar los comicios internos dentro de más de un año, cuando los cargos que ostentan tendrán doce meses de haber caducado. Como se sabe, los puestos electivos en el PRD tienen una duración de tres años, los cuales se cumplirán el próximo 6 de octubre. Dentro de un mes, ustedes no sólo integrarán una dirección ilegítima, como ya lo son por estar contra el programa y la línea del partido, sino también serán una dirección legalmente inexistente, de facto; ingresarán en la galería de los autócratas.

La firma que llegaran a estampar en un acuerdo de alianza o coalición con el PAN sería nula de pleno derecho pues ustedes, los firmantes, carecerían de representación válida conforme a la legalidad.

Frente a tu dicho de que quienes quieran irse que se vayan, te respondo: yo no quiero irme ni me voy. Quienes deberían abandonar la dirección formal del partido son todos ustedes, los y las que transgreden el programa y la línea política, las y los tránsfugas de la izquierda que han votado en favor de una alianza electoral nacional con el PAN y buscan afanosamente respaldar a un candidato panista para que se convierta en otro Fox, en otro Calderón, un o una derechista neoliberal que sólo podría prometer al país más pobreza, estancamiento, atraso e injusticia. Yo no me voy del PRD porque advierto contradictorio que quienes defienden el programa y la línea política del partido tengan que abandonar sus filas en lugar de que sean desplazados las y los actuales administradores, responsables de la profunda crisis de descomposición que lastimosamente sufre el Partido de la Revolución Democrática.

La crisis del PRD es en realidad la bancarrota política de sus representantes formales, de quienes administran pero no dirigen, de quienes mercan pero no luchan.

Tú no eres nadie para orillar a que me vaya ni para echarme del PRD. Ustedes son los tránsfugas.

Sinceramente,

                       Pablo Gómez, afiliado al Partido de la Revolución Democrática (rúbrica)

No se necesitan otras leyes; es otra política, necios

 

El llamado de Peña Nieto para que el Congreso expida una ley de seguridad interior, exigida por los generales y almirantes del alto mando de las fuerzas armadas, se ha presentado como una necesaria revisión de los instrumentos jurídicos con los cuales el Estado combate a la delincuencia. Pero, si hacemos memoria, es exactamente la misma canción que la de Felipe Calderón cuando atropelló varios derechos humanos mediante sus intromisiones en el texto constitucional.

El esquema planteado es el mismo: crear un Estado de policía como respuesta supuestamente eficaz a una delincuencia organizada impetuosa e incontrolable.

Para combatir al narco no se necesitan nuevas leyes. Eso es magia. No es serio. Producción y tráfico de drogas, homicidio, desaparición, robo, secuestro y extorsión, que ahora realizan las mafias del narcotráfico y asociados, siempre han sido delitos. Por más que hayan aumentado las penas, manipulado los tipos penales, agravado ciertas conductas, atropellado derechos fundamentales y proclamado inclemencia para algunos delincuentes, los actos dañosos que realiza esa clase de criminales son perseguibles y punibles como lo eran antes. En cuanto a las investigaciones, la policía ya las puede hacer desde hace años.

Lo que se busca es dar facultades inconstitucionales a las fuerzas armadas. Ese proyecto de ley, que según Osorio Chong ni siquiera debería estar a discusión (!), se deriva del fracaso de las estructuras de seguridad pública y procuración de justicia del país, las cuales están dirigidas por los gobernantes, pero, por lo visto, también de las militares, pues ya tenemos más de diez años en “guerra” y estamos peor.

Al margen del hecho de que las fuerzas armadas a veces ejecutan a presuntos, lo cual es un delito que no debería solaparse, con una nueva ley de “seguridad interna” se perpetuarían las funciones policiales del Ejército y la Armada, pero no se daría paso alguno en la dirección de controlar el delito, en especial los ilícitos que cometen los grupos de la delincuencia organizada y sus asociados. No se ha demostrado que la intervención de las fuerzas armadas en la persecución de los narcos haya tenido grandes resultados en algún momento de los últimos 60 años, que es el tiempo que aquéllas tienen persiguiendo al narcotráfico con el declarado fin de acabar con este negocio, el cual es más fuerte y diversificado ahora que hace apenas cinco años, cuando terminó el sexenio de Calderón, el ridículo declarante de la “guerra”.

No se quiere analizar la incorporación a la delincuencia de jóvenes procedentes del amplio espectro del resentimiento social, quienes carecen de expectativas de mejoramiento y superación. La mayoría de la juventud mexicana actual no vive ni espera vivir mejor que la generación inmediata anterior, es decir, sus padres. Peña Nieto, como sus antecesores, no ha aumentado el porcentaje de estudiantes de educación superior respecto del total de la población en edad de acceder a ella. Estamos prácticamente igual que hace 30 años. Esto es un desastre nacional.

Pero en lugar de analizar este y otros problemas que se encuentran en el fondo de la actual crisis de violencia, lo que Peña nos propone es ceder ante la exigencia de mayores atribuciones policiales a las fuerzas armadas. Por esa vía, los militares tendrían que gobernar algún día de estos porque los civiles son unos perfectos inútiles, aunque, en verdad, las fuerzas armadas tampoco han resuelto el drama de la violencia criminal, por lo que, para justificarse, se quejan de falta de facultades.

Pero lo que en realidad ha hecho falta para encarar la criminalidad es un Estado organizado sin la actual estructura de corrupción que le caracteriza, con política social y con política criminológica avanzada, con proyecto policial, con suficiente autoridad que pueda ser ejercida en todo el territorio y con objetivos concretos para que cada uno de sus pasos sean el antecedente directo del siguiente. Lo que quiere hacer Peña es lo mismo que Calderón: palos de ciego en un asunto que no se quiere entender y frente al cual los gobernantes han sido impotentes y se echan la culpa unos a otros.

Si en el Ejército y en la Armada privara el conocimiento de los fenómenos sociales y no sólo la postura institucional, tendríamos unos generales y unos almirantes aconsejando a Peña para que deje de dar tumbos en esta materia y se elabore una nueva política y un programa integral que hagan frente a la crisis de violencia, pero sin basarse en las fuerzas armadas porque éstas no han sido hechas para ese efecto. Lo que Peña Nieto busca es elevar a ley la deformación de la milicia en cuerpo policial para hacerla permanente, orgánica y estructural. Esta es la peor opción posible porque en lugar de resolver problemas va a crear más.

No son otras leyes las que se necesitan. Es otra política, necios.

El Estado no debe educar sino ser educado

 
Dice Enrique Peña Nieto que estar contra la reforma educativa de su gobierno es estar contra México. Le importa menos al presidente de la República qué clase de reforma es ésa porque lo que busca es poner a la oposición más crítica y rupturista en la tesitura de tener que estar contra México. Y como no se trata de ser declarado adversario de cualquier otra cosa, sino justamente del país al que se pertenece, entonces tenemos una excomunión no eclesial sino nacional.
 
La intolerancia de Peña es conocida, pero ese discurso para fustigar a quienes están contra su política ya fue desorbitado. Parece que para el gobierno ha llegado el momento de hacer exaltación de la propaganda del exclusivismo político y la prepotencia, es decir, de la forma priista de ser. Pero, entre más lo haga, aún menos respaldo tendrá, aunque él no lo quiera admitir por pura necedad.
 
El presidente afirma que su reforma educativa llevará a la escuela mexicana a altos niveles de calidad, de lo cual no se ha visto ni el inicio.
 
Ninguna evaluación personal es capaz de hacer mejor a un maestro o maestra. Lo que en verdad se requiere saber es cómo se encuentra el sistema educativo y eso es justamente lo que no se sabe bien, mientras lo que se sabe se oculta.
 
La escuela pública mexicana va de ser pobre a ser paupérrima. Es tanto más pobre cuanto más lo son las familias de los alumnos. El presupuesto educativo se distribuye con una franca discriminación de los más indigentes de México. Esto nunca ha sido reconocido por algún Secretario, ya fuera de Educación o de Hacienda, pero es una inconfundible consecuencia de concretas decisiones de gobierno. Y mientras no se hable con la verdad, aunque sea sólo con la más fehaciente, no podrá haber reforma educativa propiamente dicha.
 
La calidad de la educación (término inapropiado pero de uso común) se mejora a través de la definición de nuevos objetivos alcanzables, la priorización del gasto público, la corrección del sistema educacional y la organización de la comunidad escolar para lograr un desempeño solidario. Nada de esto se encuentra en la reforma educativa de Peña.
 
En cambio, se cometen tropelías como la de establecer una diferenciación de sueldos entre docentes de la misma categoría laboral y antigüedad en función del resultado de un examen, ahora llamado evaluación. Esa pauta de acción administrativa busca dividir al magisterio en la base, beneficiando sólo a una pequeña parte. A trabajo igual corresponde salario igual es un principio que se enseña en las escuelas. Sin embargo, eso no es algo respetable según Peña Nieto y los líderes de un sindicato de opereta, el SNTE. En realidad, se trata de pura manipulación política pero sin objetivos educacionales.
 
Todo cuerpo docente requiere una preparación incesante pero esa es justamente la que siguen sin tener los profesores y profesoras del sistema de educación básica.
 
La reforma de Peña no ha planteado un nuevo sistema nacional pedagógico para los maestros y maestras. Al respecto, todo está igual que antes, es decir, avanza por la ruta de la mediocridad cuando no del fracaso.
 
En el fondo del problema educativo se encuentra la misma situación siempre: la pretensión del Estado de educar a los niños y los jóvenes. En realidad, el Estado mexicano tiene que ser educado por lo cual no puede educar. Lo que debe hacer es financiar adecuadamente el sistema educativo con el fin de hacer universal el acceso a la enseñanza y dotar a éste de los instrumentos necesarios. La educación debe estar a cargo de los educadores. Para esto, no sólo se requieren sistemas propiamente educacionales sino también sistemas democráticos que promuevan la participación de los docentes, de los padres y madres de los alumnos y de estos mismos. Sin embargo, este idioma no lo pueden entender los actuales gobernantes pues nunca han estudiado el tema ni dan muestras de querer hacerlo, son políticos convencionales.
 
Mientras, habría que declararse “contra México” aunque sólo se esté contra una efímera reforma que no es más que un intento de control administrativo de la educación básica. En realidad, se trata de una recuperación política por parte del PRI, en su ropaje de gobierno, luego de que Elba Esther Gordillo se rebeló y puso changarro aparte. Convertir al secretario de Educación en el mandamás del sistema educativo básico, en lugar de una lideresa corrupta, ahora encarcelada, no resulta ser avance, menos cuando ese puesto lo ocupa Aurelio Nuño, convertido en educador de México aunque, como ya nos dimos cuenta, no puede distinguir entre astronomía y astrología.

Odebrecht, Calderón, Peña, Lozoya y demás

 
La empresa Odebrecht, de origen brasileño, ha sido señalada como creadora de un sistema de sobornos de alcance internacional. Numerosos gobiernos fueron “seducidos” mediante grandes sumas de dinero ofrecidas como recompensas a cambio de contratos para la realización de obras públicas a cargo de la trasnacional brasileña. El primer procurador que se lanzó contra esa empresa ha sido el estadunidense, luego de lo cual otros países siguieron ese mismo rumbo, precisamente contra altos funcionarios, incluso ex presidentes. En Brasil, el caso es de amplios vuelos.
 
En México, todo parecía apacible no obstante que nuestro flamante procurador había viajado a Brasil para recabar los datos necesarios para poner en claro los contratos de Pemex con Odebrecht. Sin embargo, la PGR ocultó todo lo que pudo saber al respecto y declaró que seguía investigando el asunto. Por su lado, Odebrecht se dio el lujo de responder a López Obrador, quien se había atrevido a señalar a esa empresa como repartidora de mordidas, mediante el argumento de que es imposible que en México esa compañía pudiera organizar un sistema de sobornos.
 
Ahora, después de los testimonios rendidos en Brasil, los mismos directivos de Odebrecht en el país declaran que están listos a colaborar. ¿Para esclarecer lo imposible?
 
Marcelo Odebrecht, socio mayor y presidente de la empresa que lleva su propio apellido, logró una entrevista con Enrique Peña Nieto en octubre de 2013, cuyo contenido, naturalmente, está en la más completa oscuridad, pero que hubo de tener algún propósito concreto. La trasnacional brasileña ha contratado en México por 1 400 millones de dólares. Los directivos de Odebrecht que han declarado ante la justicia en Brasil dicen que entregaron a Emilio Lozoya, en total, 10 millones de dólares, con lo cual se estarían refiriendo a un miserable 1% de soborno, cuando en México la tasa de referencia de las mordidas es de 10%, el llamado diezmo.
 
Esta situación abre un enorme campo a las hipótesis: podrían los 10 millones entregados presuntamente a Lozoya estar relacionados sólo con algunos contratos o sólo serían para el director de Pemex mientras otras cantidades mayores hubieran sido entregadas a diversos miembros del gobierno, antes y después de diciembre de 2012, es decir, algo le hubiera tocado a Felipe Calderón.
 
También podría ser que los declarantes brasileños no hubieran sabido de la suma total de sobornos en México, sino sólo de una parte menor, aquella que les consta directamente.
 
Marcelo Odebrecht fue sometido a juicio en Estados Unidos en 2015, luego de lo cual, todas las operaciones de su empresa en el Continente tuvieron que ser analizadas como posibles partes integrantes de una forma de actuar basada en el soborno. Eso ocurrió en muchos países, excepto, como siempre, en México.
 
Anteayer, en la llamada cumbre de fiscales de América Latina (11 países), Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República, dijo cualquier cantidad de frases enredadas o sin sentido para agradecer las informaciones provenientes del exterior, especialmente de Brasil, sobre el comportamiento de Odebricht, pero se pudo observar que carece de un caso conformado.
 
En ese momento, Emilio Lozoya estaba rindiendo su declaración ante el Ministerio Público, pero, como dijo su abogado, el muy conocido Javier Coello Trejo, él nomás iba a eludir todo lo relacionado con las cuestiones que pudieran inculparlo. Pues claro, Lozoya no va a confesar, como no lo hacen quienes reciben mordidas. El problema es que la PGR no tiene nada porque sencillamente no ha investigado nada.
 
Como los sobornos pudieron haber empezado, según los inculpados en Brasil, antes del 1º. de diciembre de 2012, el asunto pudiera tener alguna conexión con los gastos de la campaña priista, lo cual sería conveniente investigar con la ayuda del entonces, como ahora, operador de Peña Nieto, el actual secretario de Relaciones Exteriores, el señor Luis Videgaray, organizador, en ese mismo lado, de las ilegales tarjetas de pago en la campaña electoral de 2012. Si así fuera, las mordidas de Odebrecht hubieran tenido que ser lavadas y qué mejor que pagando con tarjetas.
 
Emilio Lozoya salió de la PGR tan campante como entró. Él ya lo sabía. En su calidad de inculpado, no tiene obligación de responder las preguntas del Ministerio Público. Así que, si quieren acusarlo, que le demuestren algo, pero como no se trata de eso, la PGR está en situación de completo extravío mental, como casi siempre en asuntos relacionados con la corrupción y algunos otros más.
 
En Estados Unidos, Brasil, Perú y otros países ya están abiertos los procesos penales sobre sobornos de Odebricht, excepto en México.
 
La solicitud de legisladores para que se den a conocer las auditorías en Pemex no está mal, pero las mordidas no se anotan en los libros de contabilidad. Es dinero que se cuela. La declaración del defensor de Lozoya (antes agresivo persecutor por consigna), en el sentido de que no hay depósitos bancarios sobre ese dinero, claro que debe tener sus bases porque las cosas se hacen con cuidado.
 
Los corruptos son eso, no son estúpidos. No hay dinero a la vista, lo cual no demuestra que no lo haya en absoluto. Para investigar existe el Ministerio Público, pero en México ése no fue creado para tal efecto. Triste realidad.

El candidato de la izquierda

 

Dentro de la camarilla que administra al Partido de la Revolución Democrática existen dos grupos de interés. Uno de ellos desea postular a la Presidencia de la República al candidato del Partido Acción Nacional a través, se dice, de un Frente Amplio. El otro desea postular a Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno de la CDMX. Ambos grupos estarían conformes si el candidato de la alianza con el PAN fuera el mismo Mancera u otro personaje “sin partido”, lo cual se ofrece imposible.

Es obvio que un candidato panista no sería de izquierda sino de derecha. Es claro que Mancera no es un político ni mucho menos uno de izquierda y que su gobierno casi no se ha visto porque desde el principio careció de programa.

Partir del esquema anterior no nos ayuda demasiado a confeccionar una prospectiva sobre las tendencias electorales en el país, pero ayuda a tal propósito y nos indica de cierto que en la izquierda mexicana, considerada ésta como el pueblo de izquierda, sólo hay un candidato y que, como todos lo sabemos, ése es Andrés Manuel López Obrador.

Desde el punto de vista del perredismo que durante casi 30 años ha buscado el poder para aplicar un programa democrático y social, sería una inmensa equivocación caer en la patética situación de postular a un panista o una panista, sin importar la generación y el grupo al que pertenezca, o en caer en el engaño de un candidato del tipo de Mancera que sólo funcionaría para restar votos a López Obrador, a cambio de alguna prebenda oculta pero efectiva de parte del gobierno peñista.

Lo que los administradores del PRD hicieron en el Estado de México fue una canallada. Su candidato no era opción de gobierno. El abanderado, Juan Zepeda, habló con López Obrador sobre el tema y las condiciones de un posible acuerdo que fuera digno para las dos partes. Los franquiciatarios del PRD se negaron a colaborar porque tenían un acuerdo con el gobierno federal, especialmente impulsado por Mancera, el mismo personaje que ahora quiere ser candidato a presidente para seguir luchando contra la izquierda del país. Aún hoy, después de la fraudulenta elección, el PRD se niega a admitir que Morena es el partido más votado en el Estado de México según las mismísimas cifras oficiales, pues la ventaja asignada a Del Mazo proviene de los partidos bonsái.

Los administradores del PRD niegan en público que desde el gobierno de la Ciudad de México se compraron votos en las dos últimas elecciones (la de diputados y la de constituyentes), no obstante lo cual ese partido perdió su condición de ser el más votado. El trato que le ha dado el PRD a Morena en la Asamblea de la CDMX nunca se había visto entre partidos porque cuenta con el apoyo del PRI y del PAN, unidos todos contra el “populismo”, aun sin que alguien defina el contenido de esa expresión, ahora usada como insulto. Los diputados del PRD en la Asamblea no son de izquierda, sino que piensan, votan, hablan, actúan, agandallan y disfrutan como siempre lo ha hecho la derecha: son manceristas, aunque el mancerismo no exista.

Esa misma dirección ilegítima no quiere admitir lo que todos sabemos: el PRD no es opción de gobierno en ninguna parte del país en este momento. A esa situación se le ha conducido al un partido que unió a todas las izquierdas y se convirtió en una posible alternancia democrática, popular y social de México.

¿Por qué ha caído tan bajo el PRD? Sus administradores entraron en el mercado de la política a obtener o recoger ventajas de circunstancia. Ellos olvidaron luchar por un cambio de rumbo para México, quizá porque todo lo vieron muy difícil, pero nadie había dicho que iba a ser fácil. Cuando Andrés Manuel rompió con el PRD, algunos esperábamos que se abriera un camino de cambios profundos y radicales en la conducción de ese partido. Aunque se dieron muchas luchas con ese propósito, hasta ahora todas ellas han fracasado.

El punto, por tanto, es que si no se ha podido remover a la dirección ilegítima que desconoce el programa, se niega a convocar a elecciones y se quiere perpetuar en la dirección, tal como lo hacen los autócratas, entonces es preciso organizar a los miembros del PRD para apoyar, juntos, al candidato de la izquierda, es decir, a nuestro candidato.

Las críticas que se expresan contra López Obrador desde la izquierda, aquellas que son sinceras y no provienen, por tanto, de las tribus de tránsfugas que administran el PRD, son parte de las discusiones en una corriente viva que siempre ha estado compuesta de varias izquierdas, tendencias de pensamiento y acción que deben discutir, confrontarse, no sólo a través de la exposición de sus respectivas ideas sino de la práctica política, sin renunciar a sus inmensas coincidencias.

Los actuales administradores del Partido de la Revolución Democrática deberían desalojar sus puestos. Mientras tanto, es preciso contribuir desde diferentes lugares y circunstancias a la unidad de la izquierda, como ha sido siempre la línea política escrita del PRD, apoyando todos al mismo candidato a la Presidencia de la República, al candidato de la izquierda mexicana.

Venezuela: los golpistas

 

Es irrelevante que el gobierno mexicano haya “desconocido” las recientes elecciones venezolanas luego de saludar el plebiscito convocado y realizado por las oposiciones. Esto es así para los venezolanos mas no para los mexicanos. Aquí se ha cometido una intervención política del gobierno mexicano en asuntos internos de otro país.

El gobierno de Peña podría romper relaciones con Caracas, si así lo decidiera. No requiere sanción parlamentaria, ni siquiera apoyo popular. Pero México no reconoce gobiernos y, por tanto, tampoco los desconoce: no puede ser golpista. Tiene o no relaciones diplomáticas con otros Estados. Punto. Así es la política exterior mexicana. O, mejor dicho, era, porque Peña Nieto y Luis Videgaray la han defenestrado. Lo peor es que lo han hecho alineándose con Washington, quien sí reconoce o no a otros gobiernos y, más aún, los puede sancionar y buscar su derrocamiento; así es la política exterior de Estados Unidos, pero ése es otro país y tiene otra historia.

Mas al margen de los desaguisados del gobierno de Peña Nieto, existe Venezuela, donde se ha llevado a cabo durante los años recientes una aguda lucha política, cuyo centro es el destino de los excedentes petroleros, los cuales, por décadas, habían sido capturados por una minoría privilegiada que terminó en una profunda corrupción. Aquella oligarquía fue arrollada por una revolución basada en las urnas: bajo el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela había votaciones a cada rato, fueran o no necesarias.

La oposición venezolana siempre ha sido golpista. Intentó varias veces derrocar a Chávez a través de varios métodos, incluido el golpe militar. Mas lo que no estaba previsto era que lo siguiera siendo después de ganar por primera vez los comicios legislativos. Tan luego como la coalición opositora logró la mayoría en la Asamblea Nacional, se propuso terminar con el mandato de Nicolás Maduro y en eso sigue.

Lo que tampoco estaba previsto era que Maduro se convirtiera en otro golpista a través de actos sucesivos: primero, anular elecciones distritales supuestamente fraudulentas para impedir que la oposición tuviera mayoría de dos tercios en la Asamblea; segundo, negar el derecho a la votación revocatoria del mandato presidencial; tercero, suspender las elecciones locales con lo cual se aplastó el derecho del pueblo a elegir, con el único propósito de evitar la derrota electoral del oficialismo; cuarto, incrementar la lista de presos políticos; quinto, mover al Tribunal Supremo para que éste se arrogara las facultades constitucionales de la Asamblea, lo cual tuvo que ser revertido; sexto, instalar una Asamblea Constituyente, convocada sin sanción legislativa ni consulta popular previa, para decretar luego la caducidad del mandato del poder legislativo.

Las fuerzas bolivarianas que lograron una redistribución profunda de la renta petrolera, han quedado en minoría por no haber aprovechado en su momento los altos precios del crudo para impulsar el crecimiento de la economía y el desarrollo del país. Anclado en su carácter de gran exportador de petróleo, Venezuela no resolvió siquiera el problema de la producción de energía eléctrica, mucho menos el de los alimentos. Una nueva industrialización se esperaba al principio de la presidencia de Hugo Chávez con el fin de lograr una economía en expansión y la ampliación del mercado interno, pero no fue así. La política social que jamás se había visto en Venezuela, la que abrió escuelas y hospitales, construyó vivienda y otras obras, forjó programas de subsidios populares, no fue suficiente para impulsar la economía en su conjunto a fin de hacerse sustentable. La guerra económica desatada por una rancia burguesía parasitaria no fue contrarrestada por el gobierno, mucho menos después de Chávez, con la llegada del gobierno de Maduro, el cual no resuelve problemas sino los crea.

Sin duda, los ricos en su totalidad se encuentran en las filas opositoras; ahí nadie se equivoca porque todos desean recuperar lo que se les ha quitado: el excedente petrolero. El problema del gobierno es que su fracaso no se debe a la siempre previsible resistencia de sus adversarios sino a sus propias equivocaciones, graves y consuetudinarias. La crisis económica venezolana es en verdad profunda.

La incompetencia política de Maduro está al nivel que la de sus opositores, con la diferencia de que el presidente tiene que pagar de contado, cada día, sus propias equivocaciones, mientras que sus adversarios se alimentan del desplome de popularidad de un gobierno inoperante. En realidad, el bloque opositor no ha hecho nada verdaderamente memorable después de su triunfo electoral, más que un plebiscito ciudadano golpista que, de cualquier forma, fue un fracaso porque no se alcanzó el objetivo de lograr más votos que los obtenidos por Maduro cuando éste fue candidato a presidente.

A los cuantos días, el partido de Maduro se llevó su propio fracaso porque la elección de la asamblea constituyente quedó lejos del objetivo de congregar a una mayoría de los electores en un país con tan alta incidencia electoral. Los venezolanos sí que saben votar pero ahora han concurrido a urnas diferentes, colocadas por ambos bandos en días distintos, lo cual no era para resolver algún problema sino para complicarlo todo.

No hay pronóstico. Sin embargo, si no se abre un camino de acuerdos, sólo otra fuerza, fuera de la contienda política directa, podría obligar a todos a deponer su beligerancia civil. Esa fuerza sería el ejército, el cual se niega a disparar, pero cuya intervención decisoria tornaría el panorama más difícil y los tiros podrían empezar de verdad.

México no puede sancionar a otro país

 

La posición del gobierno de México frente al de Venezuela no podría analizarse al margen de la política internacional de México, tomada ésta como un legado de generaciones anteriores. Sin embargo, valdría la pena centrar la discusión en los aspectos concretos de las sanciones impuestas por Donald Trump y secundadas por Enrique Peña Nieto y su improvisado canciller Luis Videragay.

México ha firmado acuerdos y tratados para perseguir delincuentes buscados en otros países, afectar sus bienes e, incluso, detenerlos con fines de extradición. Pero el gobierno mexicano no está autorizado para aplicar sanciones por motivos políticos. Incluso, la Constitución prohíbe la extradición de reos políticos (art. 15), con lo cual traza una raya infranqueable entre el Estado mexicano y la lucha política interna de otros países, en la que México no puede tomar parte porque no admite que extranjero alguno lo haga en los asuntos políticos del país.

En México no están autorizados los decomisos, secuestros o incautaciones de bienes, mucho menos las confiscaciones, sin orden judicial. Videgaray no es un juez. La PGR y un juzgado podrían actuar en este sentido, a petición oficial de parte extranjera, sólo para colaborar con el país donde actúan o pueden actuar los posibles responsables de muy definidos delitos, como son terrorismo y delincuencia organizada.

El gobierno de México ha ido mucho más lejos que asumir una decisión ilegal. Ha hecho lo que, por simple rubor, se abstienen de hacer los más sometidos aliados de Estados Unidos. Al admitir como buena una declaración del director de la CIA, Videgaray niega que la conducta de tal personaje haya sido una intromisión en la política exterior del gobierno mexicano y que éste, al mismo tiempo, se encuentre actuando en la crisis venezolana bajo instrucciones de Washington. El director de la CIA dijo: “…tenemos gran esperanza de que haya una transición en Venezuela y lo que está haciendo la CIA es entender mejor las dinámicas allá, de forma que podamos comunicar a nuestro Departamento de Estado y a otros […] recién estuve en Ciudad de México y en Bogotá, una semana antes de hablar acerca de este mismo asunto y tratando de hacerles entender las cosas que ellos podrían hacer para obtener un mejor resultado para su región y la nuestra”.

La CIA admite a las claras que busca una transición en Venezuela, la cual, en todo caso, implicaría un nuevo gobierno, pues de otra manera, ¿de qué transición se estaría hablando? Luego, el director de la inteligencia estadunidense afirma que estuvo en México y en Bogotá, “tratando de hacerles entender las cosas que ellos podrían hacer…”. Esos ellos son los que gobiernan México y Colombia, quienes, se dice, hablaron con alguien que estuvo tratando de “hacerles entender las cosas”, pero ese alguien no era un diplomático sino un espía mundial e interventor de países. En respuesta, las autoridades venezolanas han criticado duramente a los gobiernos de esos dos países, los cuales han formulado sendas réplicas negando que sus políticas sean formas de intervención y afirmando que lo dicho por el director de la CIA no implica injerencia alguna en asuntos internos venezolanos.

El gobierno de México podría hacer cuanta declaración considerara correcta para manifestar su opinión relacionada con la crisis venezolana y podría criticar a quien quisiera, gobernantes o no. Lo que no puede hacer es formar parte de un alineamiento internacional para promover el cambio de gobierno en Venezuela, o en cualquier otro país, como lo ha intentado en la OEA y, luego, lo ha hecho, en forma bilateral, con Estados Unidos, al secundar una sanción de este último contra Venezuela, como represalia política concreta contra otro Estado. Esta conducta es inconstitucional porque lesiona el principio normativo de no intervención y el de proscripción de la amenaza en las relaciones internacionales (art. 89. X).

En Estados Unidos existe una ley que faculta al presidente a llevar a cabo esa clase de actos de represalia y otros muchos más, pero en México no hay nada al respecto en la legislación. Lo que no tiene autorizado el presidente de la República, lo tiene prohibido. Así se simple. Pero, además, la conducta del gobierno mexicano es abiertamente contraria al derecho constitucional mexicano.

La simple sanción aplicada a funcionarios gubernamentales venezolanos como represalia, medio de presión y amenaza, secundando a un tercer gobierno para perjudicar a Venezuela, tendría que llevar a incoar juicios políticos contra los funcionarios que hubieran aplicado la orden relativa. La conducta de Videgaray y posiblemente las del procurador y del secretario de Hacienda, por instrucciones de Enrique Peña Nieto, son contrarias a la Constitución y las leyes de México.

Por ahora, el juicio político parece un sueño, pero para iniciarlo se tiene hasta un año después del momento en que dejen el cargo esos funcionarios y otro año más para sancionarles. Por la naturaleza del agravio, habría que instalar el hasta ahora inexistente juicio político en México.