Crisis moral

De un problema de línea política, alianzas, gestión de gobierno, vinculación social, clientelismo exacerbado, sectarismo orgánico y otras dolencias, el PRD entró a una crisis moral que no puede ser superada sencillamente con acuerdos entre partes.

Es verdad que dicha crisis moral se produce en un país en violencia y corrupción galopantes pero el gran levantón de Iguala se hizo por parte de un cuerpo policíaco en funciones y bajo las órdenes de un presidente municipal del PRD, Abarca, donde otro perredista, Aguirre, estaba gobernando y era jefe de los servicios de seguridad y justicia de Guerrero. El punto más crítico de la violencia delincuencial y la corrupción del Estado se definió justamente en territorio perredista, por decirlo de manera figurada, a pesar de que el PRD tiene fuertes banderas programáticas contra la corrupción y la impunidad. De ahí arranca la crisis moral.

Los gobernantes priistas que han cedido ante las mafias delincuenciales y forman parte de esa otra delincuencia organizada que está en la función pública son muchos más pero no estaban gobernando Iguala y Guerrero en el momento de la gran tragedia. La crítica perredista a la política del gobierno en materias de seguridad, justicia y corrupción son correctas pero Iguala es una sombra gigantesca. Aún más, es cierto que el gobierno federal es en parte responsable de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa al no haber hecho absolutamente nada, pero justo por eso mismo el peso mayor de la tragedia ha caído sobre los hombros del PRD.

Se sigue tardando ese partido en presentar un informe detallado de cómo llegó Abarca a ser candidato en Iguala, cómo se llevó a cabo la campaña electoral y cómo se gobernó. La crisis moral no se puede encarar sin el examen público de los antecedentes inmediatos. Al mismo tiempo, es preciso ya anunciar las normas para evitar que se vendan las candidaturas a ricos y riquillos que prometen campañas fuertes pero con recursos ilegales. En tal sentido, se requiere también que las candidaturas a cargos ejecutivos satisfagan un requisito de antigüedad en el partido. Las plataformas tienen que ser concretas y todas ellas deben contener reformas sociales, aunque sean en el ámbito municipal, sin mecanismos ni programas clientelares corporativos. Los gobernantes del PRD deben entregar cuentas al partido en actos de pública, libre y larga discusión. Así también es indispensable anunciar que los grupos internos del partido dejarán de tener finanzas propias, entre otras cosas porque eso es un fraude a la ley. La representación proporcional de los grupos en el reparto de candidaturas legislativas debe vincularse a la aprobación de un examen de conocimientos políticos elementales y del programa del partido. Hay más cambios pero éstos podrían ser urgentes.

Aunque el extravío de la línea política es sólo un percutor de la crisis moral, sí se requiere que aquélla se vuelva cierta, es decir, no admita bruscos e inexplicados cambios según la circunstancia del momento o algún toma y daca. La posición opositora del PRD se debe definir mediante la crítica que contenga propuestas generales y concretas, exigencias y denuncias. Ahora bien, el debate con Morena no se puede ignorar pero hay que tratar que se lleve como un verdadero debate aunque sólo sea de parte del PRD. Examinar ideas y propuestas siempre será ventajoso para la izquierda en lugar de practicar el deporte de las pedradas. Las bases de Morena y el PRD son las mismas.

También es preciso pedir auxilio, pero no a la derecha, los empresarios o la delincuencia organizada del Estado, sino a los intelectuales de izquierda. Para esto se requiere ir al encuentro con ellos, comparecer, entregar cuentas y aceptar la crítica.

Por lo pronto habrá algo nuevo: un debate público entre Cuautémoc Cárdenas y Carlos Navarrete y, quizás, algunos otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Cuánta falta hacen acontecimientos como éste, pero muchos.

Tribulaciones

Cualquiera diría que a la casa presidencial no le correspondía informar sobre adquisiciones personales de la esposa del jefe del poder Ejecutivo. Pero lo hizo seguramente por motivos políticos aun cuando fue requerida por el IFAI. También diría cualquiera que las explicaciones dadas carecen de sentido porque ya se sabía de la existencia y posesión del inmueble. Al mismo tiempo, cualquiera está interesado en conocer la declaración de bienes completa de Peña Nieto, en la cual debe figurar el patrimonio y los ingresos de su esposa pues la ley así lo señala para todos los servidores públicos, ya que cuando tal declaración se dio a conocer estaba cercenada y, además, no figuraban los datos de la cónyuge, por lo cual no puede ser considerada como ya entregada a la opinión pública.

No sabe el país cómo superar las tribulaciones causadas por tantos crímenes, entre ellos los más recientes, los de Tlatlaya con sus 22 muertos, los de Iguala con sus 43 desaparecidos y sus cinco asesinados, cuando nos dan la noticia de que la esposa del presidente adquiere una residencia por 7 millones de dólares como si fuera un hecho insignificante. La cosa se complica porque la operación, el origen de los dineros y su destino concreto están en tinieblas y, a juzgar por el comunicado de la casa presidencial, se considera que no es necesario entrar en detalles.

La cuestión es muy seria porque eso de obviar detalles es la peor forma de enfrentar las crisis en tanto que las omisiones son una manera de mentir. Por ejemplo, la opinión pública desconoce porqué el mando inmediato de los soldados de Tlatlaya es considerado cómplice y no autor; el encubridor sería más bien el coronel que nos dio la falsa noticia del enfrentamiento sangriento. Por ejemplo, el PRD ya se tardó en presentar un informe de las condiciones concretas en que Abarca se hizo de la candidatura en Iguala, lo cual fue un hecho interno que debe ser conocido; tampoco sabemos cómo gobernó, lo cual debe constar en un reporte lo más particularizado posible. Por ejemplo, la PGR debe dar a conocer las declaraciones íntegras de Abarca, de María de los Ángeles Pineda y del tal Sidronio Casarrubias, en lugar de estar filtrando versiones parciales de los dichos de estos personajes en los cuales se involucran a terceros. Todos estos asuntos no son de policía sino de carácter político, le importan mucho a la nación entera la cual no se encuentra bien informada. Ahora no se trata de la falta de información de los medios sino de políticos que se niegan a informar o lo hacen de manera administrada de tal suerte que, al final, no sabemos bien qué fue lo que sucedió y por qué.

Por lo pronto, la prensa extranjera hace algo de amarillismo con el asunto de la casa de la esposa de Peña sencillamente porque ya se conoce el carácter corrupto del Estrado mexicano y porque un hecho como éste difícilmente sucede en alguna otra parte del mundo.

Las tribulaciones de la temporada no son poca cosa, nos van a perseguir por años y, sin duda, van a complicarse con nuevos hechos perturbadores. El país no se va a ir por el caño pero la clase política tendría que hacerlo. Sin embargo, eso no va a suceder de inmediato. Mientras que se produce un terremoto político, es preciso actuar con la exigencia de la verdad en cada caso, en demanda del detalle de cada información. Los hechos relevantes y los escándalos no se olvidan sino que, a lo sumo, quedan olvidados sólo en apariencia ante el mutismo de los medios. Por ello, son acumulables. Y, un día, estallan juntos en la cara de todos. Varios países han pasado por eso durante las últimas décadas. México no va a ser una excepción. Al menos, eso es lo que deberíamos activar.

Inicua restauración

Esta semana, en el país con uno de los peores sistemas electorales del mundo, Estados Unidos, se llevaron a cabo más de 140 consultas populares sobre empréstitos, aborto, mariguana, portación de armas, salario mínimo, gastos presupuestales, controles de precios de medicinas, excarcelación de reos, entre otros temas. En México, de las cinco consultas solicitadas, cuatro fueron desechadas por la Suprema Corte y una más por el Congreso. El Estado mexicano considera que aquí no hay nada que votar.

El nuestro es un país donde no se consulta a la gente y lo peor es que no se quiere. La Suprema Corte, en la que se depositó la función de calificar la constitucionalidad de las consultas ha salido con una increíble versión de lo que dice la Carta Magna. Pero esa oligofrenia fingida no demuestra otra cosa que la existencia de una consigna exitosa del poder Ejecutivo sobre los integrantes de ese tribunal, con excepción de Cossío.

Es absolutamente insostenible en cualquier lugar en donde se discuta de verdad que cuando una ley dice que no se pueden poner a consulta los ingresos y los gastos del Estado se lea otra cosa: que no se deben consultar temas que eventualmente puedan tener un impacto en ingresos o en egresos públicos, es decir, todos los temas. Así están las cosas en México. El agregado más hilarante lo dio la misma ponencia ganadora del gran premio a la oligofrenia fingida, la presentada por la ministra Luna Ramos: se lesionaría el derecho humano al medio ambiente sano si se derogaran las recientes reformas energéticas. O sea, que si se produce más petróleo se disminuye la contaminación. Eso hay que llevarlo a la ONU… con su autora.

Las recientes decisiones de la Corte que han dejado al país sin consultas populares son una sustitución política. Los ministros en su mayoría tomaron partido en la confrontación de ideas e intereses en el tema de energía y se inclinaron a favor de la reforma aprobada por el PRI y el PAN, tal como lo expresó sin dobleces ni miedo a la recusación la ponente, la ministra Luna Ramos, en un evento empresarial, tres días antes de la decisión en el tribunal. La proclama de la reforma energética en el sentido de que se busca aumentar los ingresos públicos es parte del debate, pero la Corte no sólo la dio por válida sino que consideró que toda la reforma tiene un solo propósito fundamental: el incremento de los ingresos públicos. Sin embargo, esa falacia es justamente la que llevó a millones a firmar para pedir que el pueblo vote en urnas la validez política de la reforma cuestionada. Véase entonces cómo se ha sustituido a la ciudadanía con los ministros de la Corte. Es éste un golpe a la República.

Podría decirse que muy pocas veces en la historia una reforma constitucional ha tenido el bautizo que ha padecido el derecho a la consulta popular. El primer intento de votar algo de la mayor trascendencia nacional fue transformado en la anulación del derecho en sí. A su vez, el derecho mismo ha podido ser nulificado mediante un texto insostenible en cualquier otro tribunal en el mundo. Ya se conoce la forma de hacer interpretaciones a la mexicana pero ahora los ministros han llegado al extremo de la ridiculez. Y digo que fue el primer intento de consulta, así, en singular, porque las peticiones patrocinadas por el PRI y el PAN no fueron sino maniobras políticas para que el rechazo a la consulta sobre energía no quedara sola. El PRI llegó al extremo de proponer una consulta sobre un tema electoral a pesar del texto de la Constitución al respecto. El PAN reivindicó una consulta sobre el salario mínimo, el cual jamás ha sido preocupación de ese partido y, además, se redujo durante los doce años de presidencias panistas.

El avance democrático que suponía el nuevo derecho a la consulta ha quedado hecho trizas justo cuando el país pasa muy malos momentos. Esto es como volver a los años cincuentas y sesentas. Es una inicua restauración.

Aplastamiento de un derecho

La Suprema Corte ha negado el ejercicio del derecho constitucional a la consulta popular incluido en el artículo 35. Los conceptos y frases inventados en la Corte que no tienen nada que ver con la fracción VIII del referido precepto de la Carta Magna. Cuando se hizo la reforma, el Congreso no admitió lo que los togados están inventando: que de las consultas populares no pueda resultar algún gasto o ingreso. Si así fuera no habría nunca consultas porque todos los temas podrían costar o dar dinero.

Dice la norma vigente: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.” ¡Basta! No hay más.

Lo que dice la Constitución es que no puede haber votación popular sobre las normas que rigen las contribuciones y los presupuestos públicos así como el financiamiento y el pago de la deuda. Eso fue lo que el Congreso quiso dejar fuera de las consultas como ocurre en casi todo el mundo. Más aún cuando la litis de la consulta pedida por el PRD, así como la solicitada por Morena, abarca precisamente que con la reforma energética no habrá ingresos unitarios adicionales al fisco. Pero la decisión de la Corte (excepto Cosío) no ha sido sobre la validez de la consulta solicitada sino un apoyo al contenido de la reforma energética cuestionada. Se trata de ganar pero por la vía de la negación del derecho a la consulta popular.

La Corte ha llegado al extremo de declarar inconstitucional la petición de consulta sobre la legislación de energía por “tener como parte de su objeto restricciones a los derechos humanos”. ¿Cuáles? Los togados responden: el derecho a un medio ambiente sano. Y, tendidos en la mentira, afirman que en los preceptos de la reforma de las industrias de la energía se recomienda cuidar el medio ambiente. En este marco no es posible siquiera discutir. Por último, se afirma que la pregunta propuesta por el PRD no es sencilla ni comprensible y, para no dejar duda de la ficticia oligofrenia de la ponencia aprobada en la Corte, se recomienda como criterio rector de los “casos futuros” que la pregunta se circunscriba a una sola decisión legislativa o administrativa. Pero justamente la pregunta del PRD era sobre un solo acto legislativo: la reforma constitucional de energía. En síntesis, se dice que no procede la consulta porque la pregunta es de difícil respuesta para la generalidad de las personas. ¡Esta es la Suprema Corte de Justicia de la Nación!

Ahora bien, ¿para qué se estableció el derecho popular a la consulta? Para poder resolver mediante el voto las grandes discrepancias y contradicciones, para que todo mundo sepa que siempre habrá una manera de zanjar la más grande diferencia acudiendo a la votación popular, es decir, a la intervención del soberano por encima de las confrontaciones entre los bandos políticos.

En la Corte la democracia causa pánico, no se entiende lo más elemental y se camina por recovecos dizque técnicos que no son de este mundo. Que no se diga en la Corte que el gobierno no presiona para evitar cualquier consulta popular. Al margen de pamplinas, la cuestión es de carácter político: la democracia puede ser vista como perniciosa cuando resulta contraria a los intereses económicos de una oligarquía que domina el país.

Lo peor de todo es que la negación de las consultas planteadas va a llevar a nulificar por algún tiempo el derecho a la consulta popular. ¿Para qué juntar millones de firmas si hay once personas (diez en realidad) que se han ubicado por encima de la Constitución y niegan al pueblo el derecho a la consulta? Después, se hará necesario cambiar la Corte para recobrar ese derecho.

Responsables y culpables

Responsable y culpable puede ser lo mismo en el derecho penal pero no es así en el terreno de la política. “Actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho” es la materia de la llamada responsabilidad política que se castiga con la destitución y la inhabilitación. Comisión de delitos por parte de servidores públicos se penaliza en el mismo plano que si se tratara de otra persona. Y, finalmente, la sanción administrativa se refiere a los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones públicas.

Nadie ha señalado a Ángel Aguirre como posible culpable de los asesinatos, lesiones y desapariciones forzadas de Iguala. Se le ha imputado responsabilidad política por no haber impedido la acción policíaca, aun cuando los agentes eran de Iguala y de Cocula, mediante la intervención de la policía del Estado. El tener responsabilidad política implica la separación del cargo. Eso es lo que ha sucedido con Aguirre y lo que debería suceder con Osorio Chong, quien también ignoró lo que estaba por ocurrir, lo que estaba sucediendo y lo que había pasado en Iguala, al grado de no hacer absolutamente nada y, al rato, señalar que Guerrero debía encarar solo el problema. También lo hizo Peña, pero tenemos una Constitución que exime al presidente de la República de responsabilidad política y le asigna al Congreso la remoción de los secretarios de Estado mediante juicio político.

La dirección del PRD se negó a pedir que Aguirre se retirara de la gubernatura, pero el Comité Ejecutivo Nacional, cinco días después, ha tenido que admitir que en Guerrero debe nombrarse un nuevo gobernador. Esta es una función política del partido gobernante: lograr el relevo de uno y nombrar al sustituto. Así es en todo el mundo. Pero en México seguimos con la vieja idea de que la responsabilidad política sólo la puede exigir el presidente de la República, como era antes.

La separación de Ángel Aguirre no resuelve el problema de los heridos y desparecidos, mucho menos de los asesinados, pero implica que el PRD ha tenido que asumir finalmente su propia e innegable responsabilidad. El argumento de que el gobierno federal es también responsable no le autoriza al PRD a tratar de eximirse.

En Los Pinos se sigue buscando que la responsabilidad recaiga exclusivamente en el PRD. Más aún, Murillo Karam nos quiere hacer creer que José Luis Abarca y su esposa eran los jefes del grupo delincuencial, pero las relaciones hampa-políticos no funcionan así. La delincuencia del aparato público es mayor que la de los narcos pero su especialidad es robar bienes públicos y morder cuanto se pueda. En cambio, el control de gobernantes por parte de la delincuencia común se lleva a cabo mediante una relación de fuerza. Ya habrá tiempo de que las cosas queden claras al respecto.

Por lo pronto, el gobierno de Peña seguirá recibiendo presiones procedentes del extranjero, las cuales son las que más le importan como se demostró en el caso de Tlatlaya que ya había sido cerrado. Aquí también Osorio (más el secretario de la Defensa y Eruviel Ávila) tiene responsabilidad política por haber dado por un hecho cierto la falsa versión del puro enfrentamiento entre presuntos delincuentes y soldados.

Todo esto nos impone la formulación de una nueva política de seguridad que deje atrás lo que ha sido inoperante y todo aquello que se quiere imponer como parte de un proyecto fracasado. Cuando los narcos dirigen a la policía (lo cual no es nuevo) se demuestra que el proyecto de Estado policíaco es doblemente inícuo. La base sobre la que descansa la actual crisis de violencia es el Estado corrupto mexicano. Esto es lo que el gobierno priista y el PAN no han querido reconocer.

La crisis política concreta

¿Cómo se va a encarar la crisis política concreta desatada con motivo de los hechos de Iguala? Esta pregunta debe ser respondida sin titubeo y con sentido de justicia. Quien está más obligado a hacerlo es el partido que gobierna Guerrero, el PRD.

Los asesinatos, lesiones y desapariciones de Iguala son hechos relacionados con la violencia y la inseguridad que afectan al país. Pero hay elementos peculiares. El gobierno municipal de Iguala (parece que también el de Cocula), a través de la policía, realizó acciones ordenadas por Guerreros Unidos, grupo delincuencial. El gobierno de la entidad no se enteró de lo que estaba pasando y si lo hizo no actuó de ninguna manera. El gobierno federal se despreocupó a tal grado que sus efectivos de policía y ejército se mantuvieron de espaldas al crimen que se cometía en calles cercanas.

Hemos visto al respecto hombros levantados, caras de sorpresa. Y algo más: se dice que lo importante es que aparezcan con vida los 43 estudiantes de Ayotzinapa antes de analizar lo que ocurrió en Iguala desde un punto de vista político. Se llega a decir que no hay que politizar el problema, es decir, la acción política de las autoridades locales ni las omisiones políticas de las autoridades de la entidad y del país. Sí, la mayor preocupación es por los estudiantes secuestrados, pero eso no debe impedir que se analicen las responsabilidades políticas que están a la vista.

El PRD no debe sumarse a los hombros levantados ni salir ahora con la inicua propuesta de que el gobierno federal investigue a los candidatos, lo cual significaría que el partido gobernante pudiera intervenir en las postulaciones de los demás partidos. Eso corresponde a un Estado de policía.

Es mejor tratar de incidir en la crisis concreta abierta por los hechos de Iguala. En Guerrero debe haber un nuevo gobernador. El gobierno de Aguirre ha perdido interlocución con grupos muy activos que realizan acciones violentas cuyas consecuencias podrían agravarse. Hay que reconocer que Ángel Aguirre ha perdido autoridad moral y, en esa vía, toda autoridad política, en Guerrero y en el país, por haber ignorado o no haber hecho caso de que en plena calle estaban ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos, lo cual lleva a la pregunta: ¿cómo se está gobernando en Guerrero? El secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, responde con claridad al decir que “como el presidente municipal (de Iguala) no contestó el teléfono sino hasta la una de la mañana, no pudo el gobierno del Estado intervenir”. Cierto que el gobierno federal tuvo la misma omisión pero ése no es del PRD sino del PRI que, siempre lo hemos dicho, son diferentes o debieran serlo.

Para el PRD las cosas son aún más complicadas porque los hechos de Iguala demuestran, una vez más, lo incorrecto de cuatro líneas de acción: 1) Postular candidatos que tienen alguna popularidad aunque no compartan el programa de izquierda ni una ética democrática. 2) Mantener dentro del partido casi a cualquiera aunque su conducta sea reiteradamente contraria al contenido programático y de línea política. 3) Dejar que los grupos internos decidan libremente a sus candidatos, según la cuota que les corresponda, sin que el resto del partido pueda opinar sobre la idoneidad de los mismos. 4) Hacer alianzas electorales pragmáticas y gobiernos de coalición con partidos y personas que aplican una política contraria a la del PRD y no comparten planteamientos de izquierda. Estas líneas incorrectas han llevado poco a poco a ese partido al descrédito, a un déficit de autoridad moral y a un deterioro como opción democrática y popular. Por ello, esas cuatro líneas deben ser eliminadas total y definitivamente, sin dobleces, sin engaños, sin entretelas, sin hipocresías.

Responsabilidades

Los estudiantes de Ayotzinapa viajaron desde Tixtla hasta Iguala sin que por lo visto ninguna autoridad estatal o federal hiciera un seguimiento de ese desusado movimiento. Cuando fueron reprimidos por la policía municipal y cuando ésta realizó el gigantesco levantón y se llevó fuera de la ciudad a los estudiantes, tampoco estaba un solo agente estatal o federal, ni siquiera un vigía que informara a las autoridades lo que estaba sucediendo. Si esto es cierto o no lo es, de cualquier forma el gobierno del Estado y el gobierno federal tienen responsabilidad en la represión y probable matanza.

Si no dieron seguimiento, están en falta; si lo dieron y no hicieron nada, también están en falta. Así debería entenderse el desempeño de las funciones publicas, en especial en materia de seguridad: la autoridad no puede desaparecerse ni tampoco desentenderse.

El alcalde, José Luis Abarca, que era miembro del PRD, aunque ocasional, había sido antes señalado como posible autor de los homicidios de Arturo Hernández Cardona y dos de sus compañeros, así como integrante de un grupo de delincuencia organizada junto con su cuñado y su esposa. Nada hizo el partido para obligar al gobierno de Aguirre a asumir sus deberes al respecto, lo cual entraña responsabilidad.

Por su parte, el gobierno federal, con su poderoso Cisen entretenido en dar a conocer los videos de la Tuta y en intervenir teléfonos de otros políticos, no pudo en todo este tiempo investigar a Abarca e informar con datos duros al gobierno de Guerrero. Dice Murillo Karam que no le entregaron pruebas, pero éstas deben ser obtenidas justamente por el procurador, según reza la Constitución. Ahora va a resultar que los ciudadanos son quienes deben hacer la probanza. De ser así, que desparezca el Ministerio Público y a ver a cómo nos toca.

Tan luego que se produjo la represión, el secretario de Gobernación declaró que no intervendría el gobierno federal en un asunto local, como antes había guardado silencio sobre la matanza de Tlatlaya. El mismísimo presidente de la República, con ganas de joder a la oposición perredista, se pronunció por la atención local de problemas locales. Para ambos, ya estaba bueno que todos quisieran la ayuda federal mientras en el ámbito local no hacían nada en materia de seguridad pública. Pero, ¿para qué tanto despliegue de fuerzas federales en el terreno? En Iguala, la PF y el Ejército, con suficiente dotación de efectivos, estaban desaparecidos cuando la policía municipal hacía fuego y levantaba muchachos. En el colmo, ninguna autoridad se dio cuenta por dónde se habían retirado las patrullas policíacas con los estudiantes secuestrados. Ahora, Peña declara que va ir, “tope donde tope”, para perseguir a quienes por negligencia permitieron la represión pero él mismo es uno de los negligentes comprobados.

Sí hay responsabilidad de parte del gobierno de Ángel Aguirre y del gobierno de Enrique Peña. Sostener lo contrario sería asumir que la autoridad es intocable por carecer de responsabilidad política. Eso no hay que admitirlo, nunca.

En eso estábamos cuando Ángel Aguirre anuncia, con el respaldo de su partido, una iniciativa de decreto para poner a consulta popular la revocación de su mandato. Es aire puro porque el gobierno asume que puede ser imputado por responsabilidad política, lo cual es clarísimo, y porque la decisión se le deja a los ciudadanos de Guerrero, para lo que se convoca, por vez primera, a un procedimiento de consulta popular revocatoria.

Esta es una forma política democrática de afrontar un problema concreto relacionado con una situación general. El problema concreto es la responsabilidad política en la represión de Iguala mientras la situación general es la forma en que el Estado mexicano hace frente al fenómeno de la delincuencia organizada. Que por vez primera el pueblo se manifieste, sería un invaluable precedente.

A medio camino

A la memoria de Raúl Álvarez Garín

El movimiento estudiantil de 1968 fue derrotado mediante la violencia y el terror. Sin embargo, dejó una impronta muy profunda en la conciencia nacional. La mayor parte de los avances relacionados con los derechos fundamentales, así como de otras libertades de carácter político, se deben a aquella lucha democrática de la juventud intelectual.

Pero en nuestro país siguen produciéndose masacres y desapariciones. Hay también muchos centenares de presos políticos. Además, la televisión nunca se abrió a la crítica y al debate. La inmensa mayoría de los sindicatos se encuentran administrados por mafias cuyos integrantes no trabajan sino que son unos desclasados. Las instituciones de educación superior siguen sufriendo sistemas antidemocráticos. La educación básica es autoritaria. Los ayuntamientos están sometidos por lo regular a los alcaldes. El derecho a decidir mediante consultas populares está ahora mismo al criterio de la Corte cuando ya se había decidido en el nivel constitucional. El presidente de la República modifica a su antojo el presupuesto mientras reparte miserables prebendas entre diputados y diputadas. Los órganos de auditoría no funcionan bien y carecen de suficientes facultades. La procuración de justicia está controlada por el poder Ejecutivo. El Estado mexicano sigue siendo un Estado corrupto. Y hay más.

Por el otro lado, lo que se ha logrado no es poca cosa pero no es el programa completo del movimiento de 1968: libertades democráticas. No es verdad, como algunos afirman, que el movimiento tenía tan sólo seis puntos petitorios. Mala forma de leer la historia o de imaginarla. Esos seis puntos eran la expresión concreta del gran planteamiento de libertades y de democracia. En este sentido, el movimiento estudiantil no era enteramente socialista pero tampoco dejaba de serlo. No lo era porque no abordó el tema de la riqueza y el ingreso, de las relaciones sociales en general, pero lo era en tanto que buscaba la ampliación del espacio de la lucha social mediante la democracia.

Las ideas anteriores no podrían ser compartidas (ni siquiera analizadas) por los comentaristas incidentales del movimiento democrático más importante de la segunda mitad del siglo XX, pero tienen un significado profundo a la luz de lo que hoy tenemos en el país. El campo de la lucha social está limitado, es demasiado estrecho para tan profunda crisis, mientras que la violación de derechos no es incidental. Tlatlaya no es un hecho aislado. Iguala tampoco lo es.

Lo que ha faltado en México es la lucha de los trabajadores. Me refiero a aquella que es sistemática, independiente, democrática, incluyente. Los estudiantes fueron masacrados y aterrorizados en cierta medida por la ausencia de un movimiento de trabajadores que le fuera paralelo pero con tendencias coincidentes. Muchos empleados y obreros simpatizaban con los estudiantes pero no podían hacer nada pues carecían de instrumentos propios de organización. Todo era entonces charrismo y, ahora, casi todo lo sigue siendo.

La demanda de diálogo público no era un fetiche sino una necesidad política. En tanto hubiera discusión abierta entre los estudiantes que demandaban democracia y el gobierno encargado de la represión y el orden priista, el país podría dar un paso adelante, al menos en el terreno de la tolerancia y la apertura política, lo cual no hubiera sido la gran cosa pero sí algo mejor que lo vivido hasta entonces.

Un ejemplo de que estamos a medio camino: el Instituto Politécnico Nacional tiene una estructura autoritaria como la que tenía en 1968 cuando sus estudiantes y muchos de sus maestros reclamaron democracia para el país. Si el nuevo reglamento es echado abajo, como de seguro sucederá gracias a los estudiantes, sería una lástima que el mismo viejo autoritarismo siguiera prevaleciendo. El IPN debe ser autónomo y democrático. ¿Podrá serlo ahora?

Para mayores datos: Pablo Gómez, 1968: la historia también está hecha de derrotas. Ed. Miguel Ángel Porrúa. México, 2008.

RAÚL ÁLVAREZ GARÍN

A LA MEMORIA DE MI AMIGO Y COMPAÑERO RAÚL ÁLVAREZ GARÍN, DEMÓCRATA Y SOCIALISTA, LUCHADOR POR LOS DERECHOS POLÍTICOS Y SOCIALES. MÉXICO PIERDE A UN GRAN MEXICANO Y HOMBRE DEL MUNDO. LA GENERACIÓN DEL ´68 DEBE RENDIRLE HOMENAJE A QUIEN FUERA UNO DE SUS PRINCIPALES DIRIGENTES, ENCARCELADO CASI TRES AÑOS EN LECUMBERRI POR ÓRDENES DEL GOBIERNO DE DIAZ ORDAZ Y ECHEVERRÍA. RAÚL FUE UN MILITANTE DE LA IZQUIERDA TODA SU VIDA, FUNDÓ Y DIRIGIÓ Corre la Voz Y FUE UNO DE LOS FUNDADORES DEL PRD. RAÚL DEFENDIÓ NUESTRA MEMORIA Y LUCHÓ POR LA APERTURA DE LOS PROCESOS PENALES POR LAS MATANZAS DE 1968 Y 1971, ASÍ COMO DE LA GUERRA SUCIA QUE INICIARON ECHEVERRÍA Y GUTIÉRREZ BARRIOS.  27.09.2014. 

Los inmolados de Tlatlaya

Desde que se dio a conocer la noticia de los hechos ocurridos el 30 de junio de este año en la localidad de San Pedro Limón, perteneciente a Tlatlaya, en el Estado de México, nadie ha podido creer la versión de que en el enfrentamiento armado uno de los bandos resultó por completo exterminado mientras en el otro hubo un solo herido. Según los dichos oficiales, ninguno se rindió, los 22 presuntos agresores decidieron inmolarse.

Esa inmolación es en verdad perturbadora. Pero más perturbador es que los mandos del Ejército la hayan dado por cierta y que lo mismo haya hecho de inmediato el gobierno del Estado de México. No existen informaciones oficiales relevantes como si al asunto no se le hubiera dado trámite alguno a pesar de la muerte violenta de 22 personas. Lo que ha vuelto a poner en los medios el sangriento acontecimiento es la sobrecogedora declaración de prensa de alguien que se dice sobreviviente y madre de una muchacha que resultó muerta. Por su lado, la PGR ha dicho que lleva dos meses y medio investigando algo aunque no dice exactamente qué cosa, mientras que la Secretaría de Gobernación, a cargo de la seguridad, aduce desconocimiento.

En Tlatlaya hubo una matanza, la cual se comprueba con los cadáveres. Lo que tendría que ser acreditado es la legalidad de la acción militar. La autoridad siempre está obligada a dar cuenta de sus actos, a diferencia de los particulares que sólo son intimados bajo especiales circunstancias. En México, sin embargo, la autoridad se ha acostumbrado a no dar cuenta, a eludir su deber. Recordemos la matanza de Aguas Blancas en Guerrero que sólo había generado desoídas protestas hasta que Ricardo Rocha publicó en la televisión un video, en el cual se podía advertir que los hechos habían sido por completo diferentes a los consignados en el parte oficial: los agentes de policía dispararon contra los campesinos sin ninguna provocación.

Ahora tenemos otro parte oficial. Un grupo de soldados iba de patrulla cuando fue agredido con armas de fuego, luego de lo cual se produjo un intercambio de disparos. El resultado fue que los 22 agresores resultaron muertos y se rescataron tres mujeres que estaban en situación de secuestradas. Punto. A partir de aquí sólo habría que esperar la aceptación de la escueta versión oficial con lo que el asunto se convertiría en algo definitivamente cerrado. Ningún medio de comunicación nacional acudió a investigar al lugar de los hechos; sólo lo hizo una agencia internacional de noticias. Nadie en el gabinete de Peña se preocupó. Dice el gobierno de Eruviel Ávila que sólo tiene reporte de un enfrentamiento en Tlatlaya, es decir, que no tuvo que investigar nada sino recibir un comunicado y guardarlo. ¡Así se gobierna en México! Sin embargo, nadie creyó el parte oficial. En realidad, tampoco lo creyeron los generales ni los gobernantes aunque lo dieron por bueno.

No es un asunto en exclusiva de la PGR, como afirma el presidente de la República. Es evidente que el gobierno de Peña Nieto está comprometido en los hechos violentos de Tlatlaya y se encuentra obligado a dar una amplia explicación veraz, tanto porque la autoridad debe dar cuenta de sus actos, lo que ya apuntábamos, como por la gravedad del suceso. Debido a que la versión oficial no es verosímil, las explicaciones tienen que ser exactas y exhaustivas de tal manera que no exista el menor elemento de duda. Pero Peña ya se ha tardado en informar. Su gobierno es responsable de las acciones de las tropas y es también el primer obligado a conocer con exactitud la verdad sobre las mismas. Que el gobierno careciera de una versión comprobada y comprobable sería de suyo una omisión y, por tanto, una falta. Si, por el contrario, el gobierno ya cuenta con dicha versión, es del todo injustificado que no la haya comunicado a la opinión pública.