Ciudad regentada

Peña Nieto quiere regentar la Ciudad de México mediante un plan para hacerse de más de un tercio de la Asamblea Constituyente. Pero el presidente de la República no tiene proyecto alguno para la carta fundamental de la ciudad sino sólo aspira a detener cualquier intento de expedir algo que pudiera ser ejemplo social y democrático para el resto del país.

En lugar de la conversión de la capital en un estado de la Federación, la Ciudad de México seguirá siendo diferente en algunos aspectos, entre ellos que no podrá tener ayuntamientos propiamente dichos debido a que la Constitución federal se lo impide. Así que la carta que habrá de expedirse ya de por sí va a tener ciertos límites infranqueables. Sin embargo, la ciudad podría sellar varios derechos, algunos que ya tiene y otros que debe y puede tener, los cuales rebasarían a la carta fundamental de la República y a las constituciones de los estados. Como esto es lo que se quiere impedir, el Congreso expidió una “constitución de bolsillo” en los transitorios del decreto de reformas, de tal manera que 40 de un total de 100 diputados (más de un tercio) serán designados por poderes constituidos, lo cual está prohibido en la Carta Magna. La representación de los ciudadanos y ciudadanas es invariablemente de elección popular. Nadie puede representar al pueblo sin ser elegido por el mismo. Hay cargos nombrados por el Ejecutivo o el Legislativo ( y por ambos), puede haber presidente interino o provisional sin una elección popular, pero en México no hay diputados ni senadores designados. Los constituyentes de la Ciudad de México que serán nombrados por el presidente, el jefe de gobierno y las cámaras serán biónicos porque su existencia como tales se desprenderá de algo artificial y no de una elección.

Ahora bien, para dar apariencia de legalidad y legitimidad a los diputados biónicos se afirma que los artículos transitorios de un decreto de reformas o adiciones a la Constitución son parte de ésta. Tal pretensión carece de bases pues el hecho de que integren el mismo decreto y, por tanto, sean aprobados en los congresos de los estados, no les alcanza para tener el nivel de normas constitucionales. La Carta Magna puede ser adicionada o reformada, según el artículo 135 de ella misma, pero las disposiciones transitorias no son ni adiciones ni reformas del texto constitucional sino mecanismos para aplicar las normas adicionadas o reformadas. Los únicos artículos transitorios que forman parte de la carta fundamental son los votados por el Constituyente de Querétaro sólo debido a que se trata del texto original emitido justamente por un poder constituyente. Pero aquellas normas o reglas transitorias derivadas de las adiciones o reformas carecen de esa cualidad porque, además, el contenido de las mismas corresponde a una legislación ordinaria, reglamentaria, derivada de la Constitución que se adiciona o reforma. Lo que hizo el Congreso para llegar a un acuerdo político sobre la Ciudad de México fue inventarse con brutalidad una “constitución de bolsillo” justo para evadir la carta fundamental de la República.

La maniobra legislativa es un precedente altamente peligroso. Si el Congreso puede inventarse una “constitución de bolsillo” contraria a la Carta Magna mediante artículos transitorios en los decretos de reformas constitucionales, entonces lo podría seguir haciendo en el futuro sin que nadie lograra detenerlo. Con esto, el riesgo de sustituir la Constitución por “constituciones” al caso será cada vez mayor. Hasta ahora, los transitorios de los decretos de reformas de la Carta Magna se habían restringido a emitir adelantos de normas reglamentarias de las reformas mismas, pero ahora se han expedido normas contrarias a las contenidas en el texto constitucional y a sus principios políticos esenciales.

El Instituto Nacional Electoral ha convocado a la elección con el mismo impulso inconstitucional. Por encargo de la casa presidencial, cada ciudadano podrá apoyar con su firma hasta a cinco aspirantes a ser candidato independiente; todos los partidos tendrán el mismo financiamiento de campaña y el mismo tiempo en radio y televisión; mas la Constitución dice otra cosa en estos aspectos. Con esas decisiones del INE se nota que no fueron suficientes los transitorios del decreto de reformas sino que hacían falta algunas reglas enderezadas hacia el sometimiento de la ciudad a una nueva regencia: Peña quiere integrar una planilla de por lo menos cinco falsos candidatos independientes apoyados desde Bucareli para recoger votos de incautos que puedan caer en la trampa. Así se completaría el tercio más uno que requiere el gobierno federal para poder vetar cualquier artículo de la nueva Constitución.

Cuán difícil ha sido en la Ciudad de México la conquista de cada derecho, de cada nueva política, de cada nueva manera de expresar qué se quiere y cómo se quiere. La ciudad que le dio su propio nombre a México nación y país se convirtió en el “paria de la Federación”, según dijo Francisco Zarco. Tenía razón y aún la tiene. Han pasado 192 años desde la primera Constitución mexicana pero la Ciudad de México fundada en 1325 sigue estando desde 1521 bajo la vigilancia de los poderes políticos establecidos, la cual se hizo aún mayor en 1928. Ahora elegimos autoridades pero esto sigue siendo apenas un inicio emancipador. Pocas veces se ha visto en la historia una lucha tan larga para conquistar lo que toda entidad debe tener bajo los principios democráticos y las normas del federalismo. En eso estamos todavía y, por lo visto, seguiremos.

¿Quién atiende el binomio política-delincuencia?

El Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional han pedido a la comisión de seguridad nacional del Congreso que promueva ante la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República el examen del problema consistente en que políticos ligados a la delincuencia organizada obtienen candidaturas y desempeñan cargos de elección popular o gubernamentales. Este fenómeno es viejo pero hasta ahora no se han  producido propuestas institucionales para contrarrestarlo. Alguna vez Miguel Ángel Osorio presentó a los presidentes de esos dos partidos algunas observaciones del Cisen sobre sus respectivos aspirantes a cargos de elección. Pero no existe un sistema, todo es circunstancial.

La PGR ha declarado que no tiene permitido dar a conocer elementos de averiguaciones en curso ni tampoco investigar sin “querella”, es decir, denuncia. Pero entonces, ¿por qué lo hace con irritante frecuencia a la menor insinuación de Los Pinos o de Bucareli? La respuesta brindada al PRD y PAN es francamente desesperante pues denota que al Ministerio Público Federal le importa un comino que haya políticos ligados a los carteles. Sin embargo, lleva a cabo filtraciones a los medios, detenciones ilegales y arraigos cuestionables cada vez que lo decide, es decir, según conveniencias políticas. ¿No conviene prevenir institucionalmente a los partidos, incluyendo al PRI donde forma filas la procuradora? Por lo demás, quizá se equivocaron PRD y PAN al incluir a la PGR en su solicitud a la comisión del Congreso porque ésta con la mayor frecuencia no ata ni desata.

Por ejemplo, Humberto Moreira se gastaba más de 300 mil pesos al mes en España, al grado que la policía le investigó sus movimientos. La PGR lo ha exonerado de todo delito en México, pero nadie ha logrado explicar porqué el ex gobernador de Coahuila gasta tanto en su sustento personal. Y así sucesivamente. Este cuento de que el Ministerio Público tiene a su cargo perseguir al binomio crimen-política no se lo cree nadie en el país. Mas ese binomio es mucho mayor que la llamada infiltración del narco en la política pero cuando esta última surgió hace 70 años todo era tan paradisiaco para los políticos oficialistas que sus vínculos con el narco resultaron naturales. Así lo entendió entonces el Ministerio Público y sigue.

El gobierno federal sigue culpando a los partidos (excepto al PRI, el que más) de sufrir la “infiltración” de la delincuencia organizada. Se ignora con evidentes propósitos políticos que los partidos carecen de instrumentos legales, extralegales o ilegales para investigar a sus propios miembros, a sus aspirantes, a sus candidatos, a sus legisladores, ediles, gobernadores, etc. Pero apenas declara algo la PGR, los dirigentes partidistas se lanzan contra los indiciados (excepto cuando son del PRI), los linchan inmediatamente sin datos precisos de alguna posible relación ilícita, sólo para cubrirse. Aquí la presunción de inocencia es una frase, tal como ocurre en la PGR y con no pocos jueces penales. En  realidad ningún partido por sí mismo está en condiciones de hacer trabajos de “inteligencia criminal”. Sólo el gobierno puede.

Sin embargo, ante esta tragicómica realidad, el gobierno no responde a los llamados a crear un sistema de prevención de uno de los fenómenos asociados a la delincuencia organizada. Si esto ocurre cuando los personajes, es decir, los políticos, están al descubierto, imaginemos lo que sucede con individuos que trabajan de manera clandestina.

Han pasado nueve años desde que se declaró la “guerra” a la delincuencia organizada de fuera del Estado y de la empresa formal. Durante ese tiempo han muerto en esa “guerra” decenas de miles de personas y se encuentran desaparecidas otras tantas. En realidad aquello no tenía ningún plan sino que era el discurso para justificar la presencia de los militares en las calles y para seguir sin buscar tener una policía de verdad y sin corrupción. En el fondo se trata de la renuncia a luchar contra el Estado corrupto que es la base sobre la que descansa el sistema dentro del cual se encuentra el narcotráfico y el binomio política-delincuencia. Felipe Calderón no hizo absolutamente nada para combatir la corrupción dentro del aparato del Estado; al contrario, la fomentó, como ya lo había hecho Fox. Este es el mayor fracaso histórico del PAN, aún mayor que el de sus inconsecuencias respecto de la democracia.

La negativa del gobierno de Peña de colaborar con los partidos para prevenir candidaturas ligadas a los narcos refleja la manera como funciona el Estado corrupto mexicano. Mientras, las mayores tareas del momento son desaforar a Lucero Sánchez, meter a la cárcel a Kate Del Castillo y extraditar a Guzmán Loera.

Mariguana medicinal: falso debate

Para desviar la discusión sobre la legalización del cultivo y comercio de la mariguana, el gobierno, el clero y otras personas, como el rector de la UNAM, han declarado con énfasis que debe permitirse la producción de medicamentos que contengan cannabis. Pues sí, tal como están permitidos en muchas partes del mundo y tal como lo están también aquellos que contienen opio. Todo se vende con receta como ocurre con los antibióticos, por ejemplo.

Las medicinas tienen una cadena propia de investigación, pruebas, autorización, producción, distribución, prescripción médica, venta y consumo. Nada tiene esto que ver con el problema de la mariguana, es decir, con su prohibición. Las regulaciones sanitarias funcionan dentro de su propia dinámica, con reglas muy precisas y procedimientos bien establecidos. Además, los fármacos elaborados con mariguana se encuentran admitidos, en general, por las organizaciones internacionales de salud y otras, como la ONU, la cual tiene que ver con casi todo.

Carece de sentido hacer un debate sobre los usos medicinales de la mariguana porque las objeciones son eminentemente farmacológicas y clínicas tal como ocurre con otros medicamentos. Por tanto, debatir dentro de este tema es una desviación, pero ¿por qué se conduce el gobierno de tal forma? El asunto es sencillo: Peña quiere culminar la discusión que se ha abierto con la autorización formal del uso exclusivamente médico de la hierba prohibida y, de tal forma, cerrar por lo pronto el verdadero debate. Por ello, se puede decir que la mariguana como medicina no está a debate sino su producción y comercio.

Ha empezado también una lluvia de datos que tienden a presentar la realidad a través de apreciaciones pretendidamente científicas y, sobre todo, promover la creencia de que todas las personas que consumen drogas, aunque sea de vez en cuando o circunstancialmente, son adictas, punto de vista claramente insostenible.  Lo que por otra parte no se ha demostrado es que la mariguana produzca adicción, así que la droga más consumida, después del alcohol y el tabaco, es decir, la cannabis, no es precisamente la adictiva sino esas otras dos, las permitidas.

En cuanto al problema del encarcelamiento de consumidores que el legislador quiso evitar pero no lo logró, podría decirse que es una consecuencia de la prohibición, ya que fracasó en gran medida la regla que considera que poseer cinco gramos de mariguana es la prueba de que está destinada al consumo personal y no al comercio. Al contrario, poseer más de 5 gramos sería prueba de que la mota se quiere vender. Esta ley resultó mala porque todas las que se puedan hacer para atenuar algún efecto de la prohibición estarán condenadas al fracaso, al menos en gran parte. Las cárceles albergan muchos jóvenes consumidores procesados como narcotraficantes. Al respecto varios miembros del gobierno quieren subir el gramaje a 20, con lo cual quizá miles saldrían venturosamente de la cárcel pero no se habría resuelto el problema de fondo. Por lo pronto no estaría mal que se fijaran los 20 gramos por parte de quienes antes se opusieron a los cinco gramos exigiendo sólo dos.

¿Qué sentido tiene enviar a la cárcel a consumidores de drogas? Nadie lo ha podido explicar con argumentos aunque todos fueran falsos o medio falsos. En el fondo existe la convicción de que la droga debe mantenerse en el campo de lo prohibido para que se note lo menos posible, para que su consumo no sea aceptado como práctica normal en la sociedad, para que se tenga que hacer, por tanto, en secreto. Lo que no es secreto, en absoluto, es la consecuencia de la prohibición: violencia.

El debate, para ser útil, tiene que ser libre. No se debe admitir que todo ha de encerrarse en una pretendida controversia dentro de la ciencia. El tema no es científico sino social, especialmente político. Peña ha pedido luces a hombres y mujeres de ciencia porque le conviene desviar el tema y declarar que como no hay acuerdo entre los “especialistas” entonces no se puede cambiar la política prohibicionista.

El consumo de drogas es milenario y no se terminará con leyes que sólo provocan daños mayores a las sociedades conducidas por la hipocresía y una moral enteramente reaccionaria. Si se quiere disuadir el consumo de drogas, que se empleen medios razonables de persuasión, pero prohibir, como los estadunidenses lo hicieron con el alcohol con consecuencias desastrosas, es una forma de represión de la libertad de las personas en aras de dar la apariencia de que la sociedad está “limpia” porque “así debe ser”.

No, no es China ni el petróleo

A propósito de la crisis en China, habría que decir que, por ese sólo hecho, no habrá una crisis mundial. La cuestión es relativamente sencilla. Si China va a reducir su ritmo de crecimiento, es natural que caiga el valor de las acciones de sus bolsas, pero eso no significa que la expansión china vaya a ser menor que la ya calculada. En todos los análisis China queda como el que, de los grandes países, va a crecer más en el presente año.

Ahora bien, la reducción del precio del crudo se debe a que la demanda sigue bajando pero también a la subida y diversificación de la oferta. El cambio histórico que ha sido el abaratamiento de ese hidrocarburo se produjo en el momento en que creció la competencia con la OPEP. Aunque los actuales siguen siendo precios de monopolio, ya no es lo mismo que antes. Tenemos una catástrofe en los países petroleros, pero al resto del mundo le ha venido bien ese abaratamiento, después de tantos años de precios estratosféricos con ganancias extraordinarias que aumentaron la liquidez mundial, causante parcial de otras crisis.

Es claro que existe alguna relación entre el menor ritmo de expansión de China y la baja del precio del crudo, pero aquél no es la causa principal de éste, mucho menos la única como algunos dicen creer. El crudo no volverá a los niveles que antes tuvo. Lo que no se podría saber ahora es si China logrará recuperar el nivel de crecimiento de las décadas pasadas. En realidad, eso no es posible y tampoco económicamente del todo conveniente. Llevar un ritmo de expansión de más del 8 por ciento anual en forma indefinida quiere decir que cada 12 años se duplica el valor de toda la producción, lo cual ha ocurrido en China. Sin embargo, si el mundo no llegó a crecer en conjunto ni la cuarta parte de lo que logró China en varias décadas, es natural que los chinos no puedan sostener un ritmo de crecimiento tan alto exclusivamente con su mercado interno. ¿De qué tamaño tendría que ser el aumento en la productividad del trabajo social del país para lograr tal proeza durante más décadas sin parar, digamos un siglo? Eso nunca lo logró el capitalismo europeo y estadunidense durante los siglos XIX y XX pero tampoco se logrará en China. Es probable que en el gigante asiático se vaya a reducir algo más la tasa de incremento del producto en el año 2017 y los sucesivos.

En cuanto a México, tenemos una situación que sería cómica si  no fuera porque la tragedia ya nos ha castigado demasiado. El crecimiento del dos por ciento del PIB amenaza con repetirse durante el presente año de 2016. Sin embargo, será uno de los países con mayor crecimiento en América Latina donde las cosas se han puesto demasiado mal a partir de la depreciación de los granos y materias primas mientras se reduce, por tanto, el flujo de divisas y la producción doméstica basada en importaciones de bienes intermedios y maquinaria. Las monedas latinoamericanas se han devaluado a un ritmo demasiado preocupante ya que la ventaja cambiaria no es automática, hace falta quien compre en el mercado internacional. Por ejemplo, el petróleo mexicano, venezolano, ecuatoriano, con una reducción del 80 por ciento en su precio, no se supera con la devaluación de la moneda propia (Ecuador no la tiene) si con la cantidad disminuida de dólares hay que comprar la misma cantidad de bienes en el exterior y servir la deuda externa: imposible sin tomar más empréstitos impagables. Si se compara con los precios en Estados Unidos, el peso mexicano debería tener un cambio de unos 16.50 por cada dólar en lugar de 18.75 al mayoreo (y va para más). Esto quiere decir que tenemos una moneda muy castigada y que el diferencial cambiario real ya no es precisamente una ventaja si vemos la economía en su conjunto aunque sí pueda serlo sólo para algunos. La gigantesca deuda privada externa se ha revaluado como espuma en términos de pesos y eso va a limitar la inversión de las empresas y a succionar un mayor porcentaje de las ganancias para el servicio del débito, lo cual impactará en el crecimiento de la economía, sin  duda.

Está completamente claro que el ritmo de la inversión privada (la foránea incluso) depende de unas variables demasiado rígidas, en especial la insostenible tasa de ganancia que es lo que se quiere aumentar siempre. La expansión del mercado internacional (Estados Unidos principalmente) ya tiene acotamientos demasiado estrechos. Durante los años de la bonanza de las exportaciones (que no benefició más que a una parte reducida del país), se descuidó el mercado interno y ahora las cosas se aprecian más complicadas: ya tenemos serios daños estructurales. En cambio, si se volteara la mirada al mercado doméstico por fin se pondría énfasis en la producción para el consumo doméstico: la economía (empleo inclusive) podría crecer. Al respecto, el mayor problema sería la inversión pública que ahora no avanza. Mientras el Estado –Federación y entidades—no incremente fuertemente sus programas de obras no podrá haber ni la sombra de una expansión de la economía.

Que no se culpe a China de las desgracias económicas. Ni siquiera a la emancipación cuasi mundial que significa el derrumbe de los precios del crudo. En México debe admitirse que nos ha ido mal por hacerle caso (el gobierno) a esa ultraminoría de ultramillonarios del mundo que casi todo lo succionan: son el 1 por ciento.

El Chapo en una campaña del poder

A la memoria de Gerardo Unzueta

 Ha dicho Joaquín Guzmán Loera en la entrevista publicada en la revista Rolling Stone que “el narcotráfico no depende de una persona; depende de muchísimas personas”. Esta verdad incontrovertible no parece afectar el ánimo de los gobernantes mexicanos que han organizado una campaña de medios para presentar la captura del jefe narcotraficante como una proeza histórica y un fuerte golpe a la industria del narcotráfico. “Misión cumplida”, escribió el presidente de este país en su twitter.

Que el gobierno entregue videos tomados dentro de la residencia de Guzmán Loera para ser difundidos por la televisión abierta es un hecho absolutamente condenable. Los gobernantes no están autorizados a difundir la violencia militar o policial ni la violencia a secas. Esa propaganda no corresponde a un Estado afecto a los derechos humanos. El país está ahora peor que bajo el gobierno de Felipe Calderón quien empezó el espectáculo. Ahora Peña Nieto da a conocer acciones militares, disparos a discreción, explosiones de granadas como si se tratara de un filme de ficción. Esa campaña envilece al gobierno, lo convierte en un promotor de la violencia. Al tiempo, presenta a El Chapo como un personaje épico con lo que converge con la industria del entretenimiento basado en el amarillismo, el uso de armas y la apología del crimen.

Tiene razón Aurelio Nuño cuando afirma que no se debe presentar la historia de los delincuentes como algo exitoso, pero el secretario de Educación no se atrevió a deslindarse de la campaña gubernamental que presenta la violencia real como único instrumento contra los narcotraficantes. ¿Eso es lo que debe enseñarse en las escuelas? La detención se produjo sin violencia lejos de la casa de El Chapo, pero lo filmado y difundido se presenta como el acto mismo de la aprehensión. Se sabe que Guzmán Loera escapó de la residencia allanada, que los militares no se dieron cuenta de ese hecho hasta después de una hora o más y que su detención en la carretera fue incruenta. No hay nada heroico en tales acciones como lo pretende el gobierno a través de su campaña. Sin  embargo, se organizó un tour de periodistas para que éstos reportaran los vestigios de la violencia, la sangre resecada, las huellas de la muerte, los impactos de las balas y los destrozos de las granadas.

La falta de buenos resultados de la gestión gubernamental es cubierta con una acción de pura violencia. Los padres y madres tienen ahora que tratar de explicar a sus hijos e hijas qué es lo que ésta significa, cuál es su causa, y cada quien debe intentar una versión a su modo pues el gobierno no ofrece ninguna sino que nos lanza orgulloso un video a la cara sin brindar la menor explicación del fenómeno que está en el fondo. ¿Qué es el narcotráfico? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué debe hacerse? Un Estado que no dice, miente.

¿Es necesario que el poder haga escandaloso alarde de fuerza? No, ni en la guerra, mucho menos cuando ese mismo poder ha sido sobajado durante décadas por la delincuencia organizada que es un producto genuinamente suyo aunque sea monstruoso, que lo sustituye, que cobra impuestos informales, que controla territorios y órganos del Estado para proteger hechos delictivos, entre ellos muchos de violencia extrema. El video del asalto a la casa de Guzmán Loera no puede ser admitido como un medio de hacer sentir el poder sobre la delincuencia organizada sencillamente porque todo mundo sabe que no se producirán afectaciones en la industria del narcotráfico. Ningún jefe narco tiene ahora más miedo que antes. La tesis de Felipe Calderón era falsa y, en la chocante versión de Peña Nieto, sigue siendo igual de falsa.

Avergüenza tener un gobierno así, sin cultura, sin  decencia, sin verdad, sin discurso político, sin propuesta. Todas las instituciones han sido llevadas al festín de la captura del “hombre más buscado del mundo”, según se dijo. Para empeorar las cosas, la PRG se ha puesto a decir disparates sobre las supuestas decisiones de no capturar a El Chapo en recientes ocasiones como si esa dependencia hubiera tenido que ver algo en la persecución y, además, para mayor escándalo se ha referido a la entrevista periodística realizada por Sean Penn y al contacto con Kate Del Castillo mediante comentarios telenovelescos impropios de lo que se supone que sería la alta responsabilidad del Ministerio Público. La PGR no ha tenido sencillamente ni la menor injerencia en estos asuntos. La procuradora debería al menos guardar la compostura. Roberto Campa, supuesto encargado gubernamental de la defensa de los derechos humanos pero convertido sin recato en policía, brinda su aporte a la telecomedia oficial al afirmar que “una pareja que quería servir al mal terminó sirviendo al bien” (a propósito, ¿dónde están los 17 levantados de Arcelia, señor Campa?). El gobierno da a conocer la transcripción de varios chats sin la autorización de ninguna autoridad competente, como vulgar filtración, sólo para llenar de morbo todo el asunto de El Chapo y dar color a su campaña de medios. Y, en fin, como si todo eso fuera poco, el gobierno analiza la manera de extraditar al jefe narcotraficante a Estados Unidos con lo cual sólo demostraría que no está seguro de que se puedan concluir los juicios en México. No hay el menor recato ni la menor decisión de cumplir con el deber sino sólo de hacer propaganda cruda, barata y dañina del poder establecido.

Poda económica

El capitalismo es un sistema que no sólo admite interrupciones de sus ciclos sino que las necesita. El fluido del capital no es lineal como se supondría desde un estudio superficial sino que, aunque la acumulación tiene una ley general propia, su proceso carece de un tracto sucesivo. Los cambios en el proceso económico-técnico son los elementos que le brindan al capitalismo su vitalidad, sin ellos caería por sí mismo, lo cual podría ocurrir sólo en un  extremo histórico. El hecho concreto es que hoy en día el capitalismo está dando a luz a algo nuevo en su propio proceso de acumulación. Esto lleva a la crisis.

El alto crecimiento del producto en algunos países llamados emergentes se debió a su doble capacidad de captación de inversión extranjera para la producción industrial manufacturera y a su gran capacidad de producción y consumo de bienes primarios y de energéticos. Por ello, en la lista ha estado primero China pero también Brasil junto con otros pocos países de crecimiento extraordinario. Mientras, el estancamiento de las economías europeas se ha debido a una composición orgánica de capital demasiado alta en el cual el capital constante (así llamado en economía política) tiene un peso muy grande pues los insumos industriales se apreciaron en las últimas décadas empezando por los energéticos. Ahora, como respuesta, las materias primas (incluyendo alimentos) van a la baja por lo que los productores van a la ruina relativa y los países consumidores van a financiar de tal forma su capital variable (salarios) y a sufragar una parte de su capital constante. En consecuencia, Europa se está recuperando al igual que Estados Unidos pero China y Brasil, junto con otros, reducen su ritmo de expansión.

¿Cómo queda aquí México? Pues tiene todo lo malo del fenómeno y nada de lo bueno del mismo. El petróleo se ha depreciado brutalmente mientras que los alimentos relativamente baratos presionan hacia un estancamiento de los salarios pero los campesinos que aún son un millón de productores no alcanzan a cubrir ni los gastos. Mientras, la baja en los precios de productos primarios está mejorando la composición orgánica del capital de los países de economías más industrializadas con lo cual se ha podido elevar en términos relativos los salarios y, con ello, impulsar los mercados internos que de éstos dependen, al igual que el empleo. Estados Unidos y Europa no van mal. México seguirá sin embargo en la misma lamentable situación de estancamiento crónico.

La reducción del precio del crudo ha pasado de una recaudación petrolera equivalente al 30 por ciento a menos del l5 pero lo importante no es el porcentaje sino los dólares que se han dejado de recibir por parte del Estado. Gracias a la reforma de hace dos años el fisco mexicano se ha defendido hasta cierto punto. Sin embargo, la inversión pública de México es de las más bajas en los países de su clase y el empleo no se expande porque el mercado interno se encuentra estancado (la mayoría de las nuevas altas al Seguro Social son de empleos informales que ya existían antes de la reforma mencionada). La enorme plataforma manufacturera de exportación ha creado un sector de obreros bien pagados que no alcanza a ser suficiente para promover una expansión del mercado interno porque, además, esos obreros consumen principalmente bienes manufacturados de importación; si no fuera por los alimentos del diario, sería casi como si vivieran en Estados Unidos. Sobre esta base es muy difícil sacar provecho a ese tipo de industrialización con tecnología globalizada que es la predominante en México.

En China baja la bolsa y, en consecuencia, lo mismo ocurre en otros países pero en México, cuando tal fenómeno se presenta, las acciones vendidas en los remates bursátiles se convierten al instante en dólares para ser depositados en cuentas denominadas en esa moneda dentro o fuera del país. Si hay mucha venta accionaria habrá mucha compra de dólares. A esto hay que agregar las operaciones con bonos de deuda pública y las de deuda privada. Los repliegues en estos renglones han significado la compra en el mercado cambiario mexicano de decenas de millones de dólares: el peso llegará a 18 pesos por dólar y contando. Que no se siga pensando como lo hace Carstens, de la manera más ilógica, que eso no afectará los precios internos: ya ha empezado a hacerlo. Que no se siga diciendo tampoco que es imposible una gran corrida financiera frente a la cual la reserva se haría nada.

El mundo está entrando en una nueva poda del capitalismo. Para México, el problema es que ésta como las anteriores no le favorece sino que, como antes, también le perjudica. El país se encuentra en una situación en la que su política económica, es decir, la de sus sucesivos gobiernos, no se ha hecho para aprovechar ningún cambio en la situación mundial y mucho menos para sacar ventaja de nuevas crisis que pudieran proveer las mejoras que el destino le ha negado a México. Los brasileños podrían decir que le sacaron suficiente raja a los tiempos de buenos precios y expansión comercial, al menos en unos cuantos años sustrajeron de la pobreza a 30 millones, pero los mexicanos no pueden decir nada agradable y mucho menos esperanzador cuando tienen un gobierno anacrónico. Tenemos ya más de 20 años de estancamiento: del PRI al PAN y de nuevo al PRI; increíble.

“Potencialidad” de México

En su primer mensaje de blog en el nuevo año, Enrique Peña Nieto ha dicho que en 2015 “México rompió inercias y eliminó las barreras que le impedían desplegar todo su potencial”. Ese “potencial” del país no ha sido definido por la actual administración  aunque forma parte del discurso oficial. Se trata de una promesa difusa. Sin  embargo, existen algunas señales que podrían introducirnos a la manera de pensar del gobierno actual: las “reformas estructurales”, señaladamente la petrolera.

Existe la idea de que México recibirá una inversión extranjera inusitada en la medida en que se vaya haciendo la asignación de campos para la explotación de crudo y gas. Ese capital será en sí mismo la base para un aumento en la inversión doméstica en la medida en que las empresas extranjeras ganadoras de los concursos logren alianzas con otras mexicanas al tiempo de que empiecen a consumir insumos de la industria nacional. Bien, el problema es que eso no funciona y que, por tanto, la principal oferta de Peña Nieto se ha ido haciendo humo en términos económicos.

La reforma petrolera tiene varias aristas. Una de ellas es el debilitamiento de Pemex. Como es sencillo entender, en la medida en que la paraestatal disminuye su inversión en esa misma medida debilita la inversión en general. Pero, más al detalle, en la medida en que Pemex es reemplazada para desarrollar campos maduros que produjeron hidrocarburos durante décadas, en esa misma medida se reducen sus posibilidades de inversiones rápidas y técnicamente sencillas. Los “grandes” contratos firmados con empresas petroleras privadas han golpeado el potencial de Pemex. Dar dicho potencial a otros al quitárselo a la industria nacional es realizar un acto de malinchismo económico.

El punto central de Peña y del PAN es revertir la expropiación de la industria petrolera por haber, se dice, propiciado la corrupción y la ineficiencia. El resultado es la renuncia a luchar contra estas dos lacras del Estado mexicano, pero no por ello se ha resuelto algún otro problema ni se ha desplegado el “potencial” de México.

Se dice que el gasto público se ha “despetrolizado” durante la presente administración pero esto se debe a una caída espectacular del precio del crudo el cual es ahora casi la quinta parte de lo que llegó a ser. Peña no quiere reconocer que se evitó el colapso fiscal sólo mediante la reforma pactada hace dos años entre el gobierno y el PRD con la cual se aumentaron los ingresos públicos mediante la subida de impuestos, especialmente a la renta de sectores que pagaban casi nada, pero esa modificación fue denunciada y votada en contra por el PAN, el aliado de Peña en la privatización del petróleo.

Dentro de no pocos años, el petróleo va a valer aún menos y la “despetrolización” se va a consumar con la toma de fuerza de otros sectores de la energía. No es que México esté acabado como país petrolero sino que lo están todos los países petroleros. Es cuestión de algunos años más pero ya lo estamos viendo. Sin embargo, el gobierno mexicano no impulsa el “potencial” de otros sectores sino que se la pasa hablando dentro y fuera del país de su proyecto petrolero en el peor momento de esa rama industrial. Y está bien que el mundo se deshaga de la calamidad de altos precios del principal energético, pues esos se dieron como parte de una monopolización de origen natural en la cual muchos pueblos sufrieron una especie de impuesto por no tener petróleo mientras que quienes sí lo poseían también tuvieron que pagar precios generadores de súper ganancias de unas cuantas compañías. Y está bien además que se dejen de quemar combustibles fósiles con lo que se daña la atmósfera y se modifica el clima mundial.

El gobierno de Peña Nieto es tan anacrónico que sueña con recibir muchos miles de millones de dólares en inversiones petroleras en los próximos dos años, los que le quedan, para compensar la reciente disminución de los flujos de inversión foránea. Peña no tiene los ojos puestos en el país sino en decisiones que tendrían que tomarse fuera. De tales decisiones depende el “potencial” oficialista de México. ¿Qué irá Peña a “potenciar” en el próximo Foro Mundial después de pasar la visita de países petroleros, hoy inviables?

Mutismo político

El acontecimiento político mexicano más importante y trascendente del año de 2015 no fue la elección de diputados sino el fraude electoral que se realizó en esos comicios. No fue nuevo en absoluto que el PRI se quedara en  menos de un tercio de la votación nacional, ni siquiera fue una sorpresa que el llamado Partido Verde, aliado de Peña Nieto, hiciera fraude con una campaña electoral anticipada para beneficiar la alianza que mantiene con el PRI. Tampoco fue tan trascendente que le hubieran arrebatado al PT siete diputados a los que tenía derecho en el momento del reparto. Lo que modificó la composición de la Cámara de Diputados fue el fraude priista directo.

Cuando el equipo de Peña Nieto diseñó la estrategia electoral para 2015 se vio precisado a abarcar varios aspectos que confluyeran en el objetivo central de obtener una mayoría de curules. Fue así que se ideó un fraude mediante la utilización de la alianza con el llamado Verde para evadir la cláusula de la Constitución que prohíbe una sobrerrepresentación mayor a ocho puntos sobre el porcentaje efectivamente alcanzado en las urnas. Esto quiere decir que si un partido tiene, por ejemplo, el 30 por ciento de la votación, no podrá tener más del 38 por ciento del total de la Cámara (500), es decir, 190 curules. Esos 8 puntos de sobrerrepresentación son una treta política para beneficiar al partido más votado, pero la treta está acotada. Así, para poner otro ejemplo, si un partido con el 30 por ciento de votos con un tope de 38 por ciento de la Cámara obtiene 190 distritos o más de mayoría relativa, entonces no participa en el reparto de curules plurinominales porque ya tiene un porcentaje artificial, es decir, el 38 en lugar del 30 por ciento que en realidad obtuvo. La única forma de ir arriba de ese 38 sería exclusivamente con diputados de mayoría relativa, es decir, elegidos cada cual en un distrito.

El PRI no podía obtener mayoría de la Cámara ni con su firme aliado. Desde mucho antes del inicio de la campaña electoral ya se advertía el resultado posible. Con tal cálculo correcto, el PRI registró más de 20 candidatos uninominales priistas como si fueran del llamado Partido Verde para que al momento de determinar la cantidad de diputados de mayoría relativa que había obtenido el mismo PRI, se contaran menos, por lo cual a ese partido se le darían más diputados plurinominales hasta llegar a su tope máximo. Así fue, pero como los cachirules priistas sólo obtuvieron el triunfo en 10 distritos, entonces al PRI se le pudieron regalar diez curules de representación proporcional y no 20 como lo buscaba desde un principio.

Así fue como Peña se tomó la mayoría en la Cámara de Diputados sin tener que depender de otro de sus aliados, pero menos seguro, que es el partido que en su momento fundó Elba Esther Gordillo, pero que ahora lo regentean unos líderes sindicales venales y empanicados  a través de unos políticos desconocidos. ¡Qué país!

Hay mutismo político. La prensa calla. Nadie habla del fraude electoral del 2015, el cual fue tan evidente que podría ser la comidilla cada vez que se aprueba algo en la Cámara de Diputados. De lo que se habla es sólo del otro fraude, el del llamado Partido Verde, con su campaña anticipada y un torrente de millones en apoyo de Peña Nieto.

Ahora bien. ¿Dónde se fraguó el fraude electoral, tanto el del PRI como el del PVEM? En primera instancia se llevó a cabo dentro del Instituto Nacional Electoral. En segundo nivel se confirmó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México no ha logrado la creación de instituciones electorales imparciales. Han transcurrido 25 años desde que se dieron los primeros pasos hacia un objetivo que no se ha podido alcanzar.

Secretaría de Cultura

No se trata de rechazar cualquier planteamiento sólo por su autor o autores. La creación de la Secretaría de Cultura no ha sido idea de Peña, de Chuayfet o de Nuño sino de muchos artistas que durante años plantearon la necesidad de un ministerio especialmente dedicado a las artes. No podría decirse que se trata de algo vinculado en especial al gobierno actual, el que, por cierto, no tuvo en su plataforma electoral este objetivo.

La experiencia indica que las secretarías de educación, tanto la federal como la de las entidades federativas, nunca han dado importancia a la promoción y difusión de las artes en general porque viven agobiados por una tarea siempre mal hecha que es la educación básica. Si las universidades públicas dependieran de las secretarías de educación serían pésimas porque éstas no pueden ver más lejos que la enseñanza primaria y secundaria, con muchos trabajos y torpezas.

No se trata ahora de ponernos a discutir el concepto cultura porque ese es un tema en el cual no tiene porqué haber acuerdo pleno. Sin embargo, hay muchas actividades y espacios que entran dentro del concepto cultura cualquiera que sea la definición que se quiera usar. Esos terrenos y esas tareas son justamente las que debe realizar una secretaría de cultura. El problema no es, por tanto, la existencia de dicho ministerio sino la política que se va a aplicar.

En realidad, lo que debería discutirse es la orientación que tiene Conaculta, ahora, y debe tener la próxima Secretaría de Cultura. En lugar de centrarse en la crítica de lo que ahora existe y de la gestión que ahora se hace, muchos han preferido especular sobre los motivos supuestamente ocultos del decreto de creación de la Secretaría. Se ha dicho, incluso, que la idea es privatizar espacios públicos, lo cual es absurdo porque para hacer eso no se necesita crear una nueva secretaría de Estado.

Si la Secretaría de Cultura ha de tener un sentido ése será el que logren darle los artistas. Mas no estamos hablando sólo de las grandes figuras sino de todos ellos, en especial de las manifestaciones artísticas llamadas populares y señaladas como tradicionales. La relación entre el Estado y las más variadas expresiones artísticas es por demás accidentada, carente de programas y sujeta a influencias clientelares políticas de diversos tipos. Abrir debates críticos sobre los temas relacionados es la tarea más inmediata cuyos resultados deberían ser la de incorporar a miles y miles de artistas, así como a comunidades y poblaciones que demandan atención a sus necesidades en estos terrenos, para construir en un plano popular y democrático las alternativas culturales.

Así no tiene caso el debate sobre la mariguana

Enrique Peña Nieto ordenó la apertura de un debate sobre la mariguana organizado por su propio gobierno. Ese mismo día reiteró: “mi posición categórica de estar en contra de la legalización de la mariguana”. “No se confundan, se abre un debate”, le ha dicho a sus hijos quienes le preguntaron si podrán pronto fumarse un churro en Los Pinos. El padre protector ya lo ha dicho: nada de churros. ¿Para qué convoca al debate? ¿Para concluir irremediablemente con su “posición categórica”? La cuestión es relevante porque el presidente de la República, en México, puede vetar las leyes del Congreso y se necesitaría el voto de dos tercios de los legisladores presentes en ambas cámaras para vencer la resistencia presidencial: imposible en este caso.

Las consultas convocadas en las cámaras, tal como la que organizará Osorio Chong, serán ejercicios con un solo resultado posible: dejar las cosas más o menos como están. Sin embargo, el uso de la mariguana es un problema cada vez mayor en México, pero no por cierto por sus consecuencias de salud sino por el rápido crecimiento del comercio ilegal monopolizado por bandas delincuenciales muy violentas y armadas hasta los dientes.

La cuestión no es médica porque la mariguana hace mucho menos daño que las drogas permitidas y porque los médicos especialistas están divididos en sus opiniones de tal manera que cuentan más las consideraciones morales que cualesquiera otras. Es evidente que no todo lo que hace daño o puede hacer daño a la salud está prohibido. Así que esa discusión carece de sentido.

Pero el endeble argumento de la salud se mezcla con otros temas en forma equivocada por parte de algunos responsables padres de familia. Veamos lo que dice quien va a vetar toda ley que al respecto no le guste: “¿para combatir el crimen organizado pongamos en riesgo la salud de la niñez y la juventud mexicanas? Mi respuesta es no”, ha dicho Peña Nieto. La pregunta está desfasada. Si la mariguana hiciera daño a la salud de niños y jóvenes, eso ya está sucediendo en forma creciente e imparable, tal como en efecto ocurre con las drogas legales, el alcohol, el tabaco. Fallecen muchos miles de adultos al año por alcoholismo y tabaquismo, pero no se tiene registro de decesos por consumir mariguana. Sin embargo, mueren muchos miles al año, jóvenes en su mayoría, en una guerra imposible de ganar e imposible de perder contra la delincuencia organizada que trafica con mariguana.

Las preguntas que hay que hacer son muy importantes porque de las equivocadas, como la hecha por Peña, se obtienen respuestas erróneas. Que cualquiera las haga, tiene poca importancia, pero tratándose de quien puede vetar leyes, es cosa grave.

Un debate verdadero podría requerir a los criminólogos. La división entre ellos generaría al menos la exposición de diversas teorías sobre el crimen, la cual, a su vez, ilustraría a la opinión pública sobre un tema que México vive trágicamente pero que no se discute.

Sin embargo, la discusión es principalmente política. La cuestión radica en cómo combatir a la delincuencia organizada ligada al tráfico de drogas. Como eso ya se ha intentado hasta el desangramiento,  el camino que hoy se abre en el mundo es el de revisar la prohibición. Prohibir siempre ha sido lo más fácil. Perseguir a los transgresores ha sido más complicado. Detener con la pura prohibición un comercio con gran demanda ha sido enteramente imposible, al menos bajo el Estado secular. Pero aún es más trascendente discutir este tema desde el lado de las libertades, cuestión que se trata de dejar de lado en los foros o debates convocados sólo para especialistas en diversos temas pero con la ausencia de intelectuales capaces de introducir el elemento central que es la capacidad de autodecisión de las personas.

No tiene caso llevar a cabo debates y foros sabiendo el resultado de antemano. En este contexto, son un fraude, uno más. Carece de ética convocar a una discusión sobre la base de tener tomada la decisión de impedir cualquier opción contraria a la propia, como ha dejado dicho Peña Nieto con entera claridad.

Así que sería mejor realizar el debate por fuera pero en contra de las posiciones presidenciales categóricas.