Contradicciones del “frente opositor”

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El proyecto de “frente opositor” o “frente democrático”, promovido por las direcciones ejecutivas del PAN y el PRD, tiene varias contradicciones dignas de ser analizadas.

1. La alianza pretende ser la expresión de una “gran corriente ciudadana”, además de partidos y otras organizaciones. Esta característica no se podría conseguir porque no existe ningún proceso espontáneo entre la ciudadanía a favor de un frente regenteado por ambos partidos, ni por otros.

2. Se ha dicho que ese “frente” estará abierto a cualesquiera partidos que deseen adherirse, excepto el PRI, naturalmente. Este planteamiento es falso por cuatro elementos:

a)El llamamiento no ha estado dirigido en realidad a Morena porque se sabe de sobra que ese partido de ninguna manera podría participar en un frente con el PAN;

b) La alianza PRD-PAN no podría admitir al PVEM porque éste ya estuvo en coalición con Acción Nacional (Fox), traicionaría una nueva alianza, es peón de brega del PRI y una de las formaciones políticas bonsái más corruptas y cínicas que han existido, por todo lo cual sería contraproducente;

c) El PT marchará al lado de Morena, mientras que varios otros partidos lo harán con el PRI. El MC no ha definido su política, excepto de no aliarse al PAN. El único partido que podría ir con Acción Nacional es el PRD, aunque sólo por decisión de la dirigencia de éste.

d) Las organizaciones sociales de izquierda no podrían participar en una alianza donde aparezca el PAN porque sus bases no lo permitirían.

3. La dirección del PRD, en coincidencia con algunas frases del líder del PAN, ha dicho que para construir un frente entre ambos partidos sólo hace falta un planteamiento sobre la violencia que corroe al país, una definición en contra de la corrupción y un pacto a favor del crecimiento económico. Sin embargo, nadie ha planteado contenido alguno, sino sólo temas, ciertamente muy importantes, pero sin definiciones. El PAN comisionó a Gustavo Madero para redactar dos proyectos, uno para el partido y otro para el frente, mientras que el PRD no tiene a nadie en esa tarea, por lo cual es de esperarse que el ex líder panista sea ponente de ambas direcciones. Ya se puede anticipar el texto redactado por uno de los más entusiastas autores de la privatización petrolera.

4. La inclinación de la dirigencia del PRD hacia una alianza programática y electoral con el PAN carece de memoria activa. Acción Nacional es el partido más neoliberal y uno de los dos menos laicos del país; ha apoyado todas las privatizaciones, tanto de empresas y bienes públicos como de recursos naturales; secundó el gran fraude del Fobaproa (100 mil millones de dólares); protegió a los ladrones de las administraciones anteriores; recicló el sistema de corrupción y sigue en eso (hay varios destacados panistas en la cárcel pero aún no caen los principales); “declaró” la “guerra” contra el “narco” con su secuela de violencia y contravención de derechos humanos; ha apoyado en casi todo al gobierno de Peña; sus gobernadores jamás cumplieron sus propias “promesas” y ni siquiera conformaron coaliciones de gobierno con sus aliados, como lo habían pactado; ha repudiado siempre las principales propuestas de la izquierda, pues las considera “populistas”, aunque no se conozca el significado preciso de esta palabra. Nadie ha explicado qué elementos podrían unir a un partido con el otro.

5. La dirección del PAN va a definir pronto el procedimiento para la designación de su propio candidato o candidata, sobre el cual tiene tres opciones: votación, asamblea o encuestas. Todo conduce, sin embargo, a tener aspirante propio y buscar el apoyo del PRD a través de un llamado “frente opositor”.

6.Una parte de la dirección del PRD (Mancera-ADN) sostiene que el “frente” tendría que postular un candidato sin militancia de partido. Miguel Ángel Mancera se considera a sí mismo un candidato ciudadano, lo cual es falso, pues no existe un movimiento en tal dirección en el país ni en la Ciudad de México y, por ahora, él es el personaje más influyente en la dirección del PRD, la cual le podría postular a la Presidencia de la República, sin alianza, en un virtual acuerdo con el PRI para combatir separadamente la candidatura de López Obrador. Otra parte de la dirección del partido (NI), la más proclive al PAN, está dispuesta a apoyar al candidato presidencial panista, al que sea, aunque tiene su preferencia. En este marco, el PRD es cada día menos un partido político propiamente dicho.

7.Entre las tareas hacia la conformación del “frente” no se encuentran las relacionadas con el método para decidir las candidaturas en alianza y ni siquiera se sabe cuáles podrían ser éstas.

8.Sería imposible que, en escasos tres meses, una coalición entre el PAN y el PRD pudiera construir una candidatura común ubicada al margen de los dos partidos. No se puede improvisar un aspirante con liderazgo popular sin afiliación de partido. El último que tuvimos en México fue Cuauhtémoc Cárdenas, hace ya 30 años.

9.El PRD está cerca de que caduquen su Consejo Nacional y todas sus direcciones locales (7 de septiembre de 2017). Se les está terminando el tiempo para el que fueron elegidos pero no quieren convocar a nuevos comicios, a pesar de resoluciones del Tribunal Electoral, a las cuales no les hacen caso. Para adoptar la decisión legal de ir a una alianza general con el PAN, se requiere un Congreso Nacional debido a que se encuentra vedada por el anterior cónclave, sin embargo, los actuales delegados también caducarán el mismo 7 de septiembre. Dentro de poco, serán ilegales todas las resoluciones que se lleguen a adoptar en el PRD. Si no hay convocatoria a elecciones estatutarias, el Tribunal Electoral tendría que resolver la realización de las mismas, mediante un fallo adoptado en plena jurisdicción, a menos que los magistrados y magistradas se hagan cómplices de una fraude a la ley. La crisis del PRD es tan profunda que ni siquiera hay ahora elecciones internas y su destino está en manos de los tribunales.

10.En el PAN, el actual presidente tendrá que retirarse para intentar ser postulado como candidato, pero, entonces, su compromiso con el proyecto de “frente opositor” podría quedar en la cuerda floja porque la autoridad política competente de ese partido no ha tomado al respecto resolución alguna.

Renegados de la izquierda

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Entre los directivos del Partido de la Revolución Democrática que se encuentran más comprometidos con el proyecto de hacer una alianza con el Partido Acción Nacional, destacan aquellos que sostienen la tesis de que los propósitos de tal coalición electoral serían, dicen, impedir que el PRI repita en el gobierno y evitar que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de la República.

El planteamiento, así de sencillo y directo, es algo inusitado en México. Un partido de izquierda postula que es preciso detener a la izquierda y sostiene la idea de que para ello sería preciso llevar a la derecha panista al gobierno nacional. Esta es la línea que se ejecutó recientemente en el Estado de México, aunque entonces fue para beneficiar al PRI. Por ello hemos dicho que el PRD actúa ahora como parte del mercado político.

La fundamentación analítica de tal línea política no existe en realidad. Lo que se dice al respecto es que Morena es “populista conservador”, pretendida categoría que no se explica, pero que de cualquier forma no podría ser suficiente para preferir a los reaccionarios de Acción Nacional.

Es evidente que en una alianza entre el PRD y el PAN se le entregaría la candidatura a quien los panistas decidieran postular a través de sus mecanismos internos. De otra forma, sencillamente no habría coalición y, entonces, ¿para qué tanta estridencia?

Durante casi 25 años, varios actuales voceros perredistas que hoy proclaman la lucha contra López Obrador apoyaron a éste muchas veces, le acompañaron en el desempeño de la presidencia del PRD, en la gestión de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en las campañas electorales nacionales. ¿Qué ha ocurrido en el mundo, en México, en la ciudad, para que aquella fuerte coincidencia política y programática se haya traducido en su contrario?

Para cualquiera es claro que entre más desunidas vayan las izquierdas en las elecciones, menor será la probabilidad de que éstas obtengan la mayoría. Lo vemos por casi todo el mundo. También está claro que los partidos más competitivos, en general, no pueden ir solos debido a la atomización política existente en el electorado del país. Es dentro de este esquema que el grupo dirigente perredista hace militancia con la pretensión de llevar a la Presidencia de la República a un nuevo Fox, a un nuevo Calderón, porque repudia la idea de llevar a López Obrador, a pesar de haberlo intentado en dos ocasiones.

La excusa de algunos es que el problema radica en que Andrés Manuel ha rehusado un acuerdo electoral con el PRD, pero no recuerdan el denominado ultimátum en el Estado de México, el cual fue contestado con un rotundo no por parte del entonces candidato perredista, con el entusiasta aplauso de su propia dirigencia nacional. Se replica, al respecto, que con ultimátum no se puede construir nada, como si en la lucha política no lo encontráramos con frecuencia como método de advertencia y presión que, en aquel caso, era una forma de seguir insistiendo en el apoyo del PRD a Morena para llegar al gobierno mexiquense, lo cual estaba verdaderamente al alcance de la mano: Morena obtuvo más votos que el PRI según los cómputos oficiales, es el partido más votado en el Estado de México; los partidos bonsái hicieron la diferencia. Todo esto, sin descontar la descomunal compra de votos y el exceso de gastos, es decir, el fraude electoral que pudo haberse neutralizado.

Si en verdad se tratara de derrotar al PRI, mejor sería buscar la convergencia del conjunto de la izquierda, la cual haría más probable la victoria que si se marchara al lado de la derecha panista que no ofrece cambio alguno para el país. Por ello, no cuesta trabajo advertir que la tesis de apoyar al PAN para contener a la otra izquierda, Morena, es en realidad una retractación ideológica y un entreguismo político. El grupo que impulsa en el PRD la coalición con Acción Nacional se integra por renegados de la izquierda que buscan con desesperación un gobierno panista para “resolver los problemas del país”, según han apostillado en sus infundados discursos.

Lo peor, sin embargo, es que, al admitir de facto que la disputa electoral principal pudiera estar entre Morena y el PRI, el grupo que usufructúa la franquicia electoral del PRD intenta dividir a la izquierda, vista ésta como parte del pueblo mexicano, lo cual terminaría favoreciendo al actual partido oficial.

En cualquier escenario, el mejor servicio que se puede hacer a las fuerzas conservadoras y reaccionarias es luchar desde la izquierda contra la izquierda. Bajo la línea de claudicación y entreguismo, el problema entonces no es el PRD, el cual de todas maneras perdería, ya fuera yendo en coalición con Acción Nacional o lanzando un candidato propio sin alianzas. La lamentable cuestión de fondo es el sitio en el que la ilegítima dirección perredista pretende colocar a la corriente histórica de la que surgió ese mismo partido y de la que hoy evidentemente reniega.

La respuesta que hay que propinar a esa traición al partido y a su programa escrito es unir nuevamente a la gente de izquierda dentro de una sola opción electoral nacional, tal como se comportó esa gran corriente mexicana a partir de 1988.

Las mentirosas golondrinas en el alambre

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El gobierno mexicano siempre ha escuchado comunicaciones telefónicas privadas. Lo nuevo consiste en cómo lo hace y en para qué usa el producto de sus ilegales intromisiones. También es novedad que ahora no sólo oye sino también lee las comunicaciones, como en los muy viejos tiempos en que la correspondencia aún no era libre e inviolable.

El gran problema que tiene hoy México es que no hay, ni se quiere que haya, el menor control sobre esa actividad. El gobierno ha dicho que no sabe nada de nada, pero no se le ha solicitado un informe oficial sobre las interferencias “legales”, quiénes las hacen y con qué propósitos generales. Dicen que todo es secreto de “seguridad nacional”, lo cual es una mentira, pero muchos medios y casi todos los partidos se la han creído.

Si en México existiera un verdadero Congreso, el gobierno tendría que informar lo que hace y cómo lo hace, en esta materia y en muchas otras. Lo que es secreto es lo que se oye o lo que se lee, excepto cuando el secretario de Gobernación decide filtrarlo a la prensa: lo secreto se convierte en público, pero el gobierno vuelve a negar su autoría.

En realidad, un gobierno que actúa de esa manera es de carácter delincuencial, pero eso no es visto así, sino que, por lo regular, se acepta que cualquier gobierno necesita conocer las comunicaciones de los adversarios, por un lado, y de los delincuentes organizados, por el otro. Pero se revuelven ambos planos de tal manera que el espía se puede meter con cualquiera.

Aun a los “malos” hay que espiarlos mediante órdenes judiciales, pero tampoco se conoce la estadística al respecto, la cual no tendría que ser secreta.

Las golondrinas en el alambre oyen o leen también a Enrique Peña Nieto, según él mismo ha dicho, aunque no aclaró que se trata de la NSA estadunidense. Sin embargo, tal afirmación del presidente fue para dar a entender que las intervenciones de teléfonos celulares y correos electrónicos son realizadas por personas enteramente desconocidas y, más aún, por cualquiera que se proponga hacerlo para el propósito que fuera. Esta es otra gran mentira de las golondrinas en el alambre, pero admitida por algún columnista que tilda de ingenuos a quienes niegan que pueda haber consorcio de espionaje ilegal fuera del gobierno. Ése, sin embargo, no ha sido ingenuo al tragarse la especie oficial, ni le hizo daño, sino todo lo contrario.

Los sistemas de interferencia de comunicaciones privadas tienen un costo. El poder de fiscalización lo posee el Congreso pero tampoco sabemos qué se ha comprado y cuánto se ha gastado porque se encuentra bajo secreto –”reservado”, se dice–, lo que evidentemente es una mentira más de las aludidas golondrinas. Ninguna partida secreta ha sido aprobada por la Cámara desde hace varios años y, aunque la hubiera, el secreto no exime de dar cuenta del gasto.

La ex procuradora Arely Gómez dijo que la PGR compró equipo de interferencia, caro por bueno. La Secretaría de la Defensa ha dicho que también compró pero no le gustó el servicio del contratista. El CISEN no ha dicho nada, pero se filtra que sí, que lo tiene. Se añade que todo, sin embargo, ha sido enteramente legal. Las mentiras de las golondrinas llegan a su culminación.

Hay uno que otro periodista y director por añadidura, de esos que siempre están con el gobierno y la chota porque les pasan filtraciones de origen ilegal, que ha dicho que no hay motivo para no creerle a los funcionarios, de tal manera que las personas que quieren saber lo “secreto” del tinglado nomás están mal: prohibido inquirir, prohibido saber. Siempre ha habido periódicos así. Espero que en un lejano futuro no haya golondrinas ni redactores que les acompañen.

El PRD en su encrucijada existencial

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Para el Partido de la Revolución Democrática, la coalición con el Partido Acción Nacional sería un rompimiento con la izquierda en su acepción más amplia y popular, que podría ya no tener retorno. El país no vive en la cerrada resistencia a la superación del sistema de partido-Estado, la cual alguna vez actualizó la idea de una alianza entre las izquierdas y la derecha panista. Después de sufrir 12 años de gobiernos del PAN y un regreso priista que no logró la intentada restauración, México vive un régimen de competencia electoral aunque se siguen produciendo actos ilícitos y persiste la impunidad.

El desprestigio del gobierno de Peña es profundo. El país tiene un presidente con el 15% de apoyo, según casi todas las encuestas. La indignación ciudadana frente al estado de cosas no se traduce en la búsqueda popular de una opción moderada, como lo demostró la reciente elección del Estado de México. La derecha panista no es respuesta a la derecha priista porque ambas están comprometidas con la corrupción, el estancamiento económico y la crisis de violencia que azota al país.

Una alianza con el PAN sólo llevaría al PRD al naufragio, tanto si esa coalición alcanzara la presidencia de la República como si se quedara en segundo o tercer puesto de la competencia. En cualquier escenario, el PRD no gobernaría pero habría defenestrado su propia historia.

El PRD no tiene siquiera una dirección política legítima, la cual ha traicionado a la izquierda como programa y como pueblo. A pesar de la pobreza del comunicado perredista donde se dio a conocer la decisión de buscar la coalición con Acción Nacional, este posible aliado no podría estar de acuerdo con la mayoría de las frases ahí escritas. Imaginemos al PAN, por ejemplo, firmando a favor de la “recuperación de la soberanía energética”, no obstante las diversas interpretaciones contemporáneas del concepto “soberanía”, pues lo que no podría ser admitido por los panistas es el término “recuperación”. En realidad, no existen bases programáticas comunes, excepto que éstas sean puras declaraciones vagas para dar cobertura al oportunismo de ambas partes.

El propósito expuesto por los líderes perredistas es construir un frente amplio “donde –afirman– quepan todos los ciudadanos que se identifiquen con la lucha por las causas ciudadanas” (sic). En realidad no existe convocatoria a “los ciudadanos” identificados con sus propias “causas”, según reza el texto redactado en círculos, sino un coqueteo con el PAN, aunque enviaron cartas a todos los demás partidos, excepto al PRI, para justificar la inconsulta e ilegal resolución del Comité Ejecutivo. La amplitud de ese “frente” no podría ir más lejos que sus convocantes, pero no por ser partidos políticos, sino porque carecen de líderes populares.

La ruta de los directivos perredistas para llegar a ese nuevo “frente” político es que “todos”(?) alcancen un “consenso”. Los planteamientos circulares no llevan a nada que no sea lo ya conocido: “convocar a una mesa de diálogo” para redactar una plataforma y “determinar” los candidatos. En otras palabras, los jefes del PRD y el PAN lo decidirían todo, pero hasta que lograran tener un presidente de la República, en cuyo caso ése diría siempre la última palabra como ya se ha visto con los gobiernos locales conocidos como “aliancistas”, por no denominarlos “panistas con ayuda”.

Las consecuencias de la llegada de Acción Nacional al gobierno ya están a la vista, pues tuvimos 12 años de estancamiento económico y político a cargo de presidentes panistas que dejaron la corrupción igual o peor que cómo la habían recibido, además de miles de muertos en una “guerra” que no se puede ganar ni se puede perder, la cual ha sido continuada por parte de Peña Nieto. En todos esos años de alternancia formal, el salario se ha mantenido a la baja con el conocido efecto del estancamiento económico. No hay, por lo demás, ningún ex presidente y ni un solo ex gobernador panista que sea gratamente recordado por la ciudadanía, en su generalidad.

En algún momento se tendría que llegar a un nombre. ¿A quién le correspondería decirlo? A juzgar por la cantidad de gobernadores y el número de votos a nivel nacional, el PAN sería el dicente: Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle, Juan Carlos Romero Hicks o cualquiera otro, como Miguel Ángel Yunes, quien ya encabeza una falsa coalición de gobierno en Veracruz. Por parte del PRD, si fuera el dicente, sería Miguel Ángel Mancera el designado pero a ése no lo va a admitir el PAN aunque se trate del más mediocre y, justamente, también con ese argumento. La presunta solución de los directivos perredistas sería un candidato sin vínculo con partido alguno. Pues bien, que lo intenten, ya veremos que les responden.

De otro lado, López Obrador ha anunciado el abandono de todo esfuerzo a favor de una alianza formal con el PRD, tal como éste lo ha hecho respecto de Morena, acusada por los “líderes” perredistas de “populista conservadora”, cualquier cosa que eso signifique. El planteamiento de AMLO se debe a la idea de que buscar una aproximación con la directiva perredista sería alentar la esperanza de que ésta pudiera rectificar su rumbo, lo cual no tendría justificación a la luz de la reciente experiencia vivida en el Estado de México, donde el esquema político estaba absolutamente claro.

Morena, sin embargo, debería aclarar bien su posición contraria a la política de los directivos del PRD, pero en favor de la más amplia alianza formal de las izquierdas, siempre sin invitación a cualquier derecha. Así de simple, pues no se debería facilitar la vergonzosa tarea a los “líderes” perredistas que denuestan a sus viejos compañeros de partido en aras de purificar a la derecha panista, presentada como salvación política. Todavía es tiempo de frasear tal contenido, de suerte que esté más claro el panorama y otros actores políticos puedan intervenir en la coyuntura, aunque hayan estado recientemente en “células dormidas”.

Francia: anacronismo político

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El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha pasado de tener una mayoría relativa de 32 por ciento de los votantes, el 23 de abril de este año, a contar con el 63% de los escaños de la Asamblea Nacional, el 18 de junio, es decir, en menos de dos meses duplicó artificialmente su representación. La candidata contra quien compitió Macron en segunda vuelta, Marine Le Pen (Frente Nacional), cuenta con 8 escaños, el 1.39 por ciento de la representación nacional, sin derecho a tener grupo parlamentario.

Esta operación política se ha llevado a cabo dentro de un sistema de elección a dos vueltas de todos los cargos y la ausencia de mecanismos de representación proporcional en el parlamento.

Toda la derecha, excluyendo la “extrema” de Le Pen, cuenta con el 87%, pero no de los votos, sino de los escaños. ¿Dónde quedó la oposición? En una izquierda reducida a 69 lugares, 42 del Partido Socialista y 27 de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélechon, el 12% de bancas entre ambos, lo que se aleja mucho de la suma de sus respectivos porcentajes verdaderos de más del 25. Por otro lado, el viejo partido de De Gaulle, Los Republicanos, que había obtenido casi el mismo número de votos que Mélechon en la primera vuelta presidencial, ha logrado sobreponerse como por milagro en la elección legislativa de segunda vuelta, con 135 diputados, el 24% de la Asamblea. Esto le ha permitido darse el lujo de dividirse en dos grupos parlamentarios con diferencias de grado sobre el apoyo al gobierno de Macron.

El abismo entre el voto popular y la fuerza política institucional es el resultado de un sistema apartado de principios democráticos básicos; el primero de ellos, cada ciudadano y ciudadana es un voto; el segundo, todas y todos los votantes deben estar representados.

Al alejarse de la democracia política, el sistema francés bosqueja una aversión a lo podría denominarse “democracia social”, o democracia a secas, en la que los intereses de quienes viven de su propio trabajo –la inmensa mayoría de la sociedad– tuvieran preeminencia en la acción del Estado, pues ellos lo sostienen todo.

Se postula, sin embargo, que el sistema francés es magnífico porque promueve la “gobernabilidad”, pero ésta es ahora gestionada por la minoría porque un partido del 32% tiene todo el control institucional, mientras millones se han quedado sin representación política. Al final, los votos de Macron valieron el doble que los demás votos.

Por más que el nuevo partido presidencial, La República en Marcha y su aliado MoDem, tengan un inmenso respaldo parlamentario (falta la elección del Senado), las contestaciones al programa de derecha van a expresarse desde la calle. Como los diputados y diputadas opositores son muy escasos, habrá de ser la gente con la que el nuevo presidente deberá encararse.

La abstención en la segunda vuelta legislativa ha subido hasta el 57%, la más alta en la historia de la V República, pero ya los analistas a modo han dicho que se debe a una “fatiga electoral” de cuatro comicios al hilo. En realidad, el fenómeno tiene otra causa. La mayoría de los partidos franceses ya había sido eliminada de la segunda vuelta en muchos distritos, donde sus seguidores no tenían opción. ¿Para qué votar? ¿Qué diferencia habría entre el nuevo partido de Emmanuel Macron y los viejos republicanos de Nicolas Sarkozy y Françoise Fillon, entre los que estaba la disputa en segunda vuelta en la mayoría de los distritos? Era la misma sopa aunque con diferente aspecto.

La derecha (sin Le Pen) se ha vuelto una especie de majestad en Francia: tiene cuatro quintas partes de la Asamblea Nacional. Habrá que ver lo que opinan los que no se encuentran representados sólo por obra del anacrónico sistema político de la “democracia avanzada” francesa.

Ese mismo sistema lo quieren para México.

La deuda interna de Peña Nieto

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Cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República, los bonos gubernamentales en circulación ascendían a 4.39 billones de pesos (un billón, en español, es un millón de millones; billion, en inglés, son mil millones). Hoy, la deuda interna en bonos asciende a 6.33 billones de pesos, es decir, 45% de aumento. La diferencia nominal es casi de 2 billones. ¿Esta cantidad es igual o menor que la inversión pública fija desembolsada del gobierno federal durante los años del actual sexenio? Pues no. Esto quiere decir que la deuda de los bonos es inconstitucional, al menos en parte, porque la Carta Magna obliga a invertir ese dinero en obras que produzcan incrementos en los ingresos públicos, para asegurar su pago (art. 73, fracc. VIII).

Debe decirse que la deuda externa es un capítulo que se cuece aparte, del cual podremos hablar algún otro día.

Los comunicadores, políticos y empresarios que se dicen preocupados por el “populismo”, no lo están, sin embargo, con el loco incremento de la deuda interna. Éste era el “populismo” de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado. Ahora ya no lo es, debido a que, en nuestros días, por “populismo” se entiende tener programa social y procurar medios propios para su financiamiento.

Lo que Peña ha hecho es aumentar otra vez los gastos de operación del gobierno, disecar a Pemex, apoyar a los gobiernos locales priistas y a otros amigos comprometidos, derrochar muchos millones en gastos de propaganda e impulsar proyectos especiales de inspiración presidencial. Estamos en realidad en el viejo populismo, lo que se confirma con el hecho de que no hay plan porque no hay objetivos nacionales. Como país, no sabemos a dónde se quiere ir.

Del total de bonos colocados en el mercado interno (6.33 billones), 2 billones se encuentran en manos de extranjeros. Esta última cantidad corresponde en su mayor parte al presente sexenio, ya que hasta el año de 2012 sólo estaban en manos foráneas menos de 500 mil millones de pesos.

Se diría que el riesgo es el mismo porque, como sabemos, los inversionistas mexicanos (tienen 70 mil millones de dólares en el exterior) pueden sacar su dinero del país cuando lo desean (muchos de ellos ni siquiera suelen pagar impuesto sobre la renta), al igual que los extranjeros, vendiendo sus bonos y cambiando sus pesos por dólares, pero es mucho más sencillo para los fondos internacionales tomar decisiones rápidas y sorpresivas, con las cuales podrían crear un problema mayor a la economía mexicana. De los 2 billones de incremento total de los bonos desde el año de 2012, los inversionistas extranjeros han tomado 1.66 billones, cantidad no tan lejana al monto de la reserva internacional disponible del Banco de México. Mejor no recordar los Tesobonos de Salinas.

La subvaluación del peso, efecto del proceso de desvalorizaciones durante del actual sexenio, se debió a una extraordinaria demanda de divisas que no provenía de necesidades de pago, sino justamente de la venta de bonos gubernamentales y de retiros de inversiones de bolsa.

Recién han vuelto algunos, excitados por el aumento de los intereses. La tasa de riesgo mexicana (diferencial neto de interés entre México y EU) se encuentra ya en un nivel inusitado en muchos años. Lo peor de todo es que el crecimiento del rédito dificulta las inversiones productivas cuando la economía sigue atorada. El Banco de México tendrá que aumentar otra vez su tasa de referencia a partir del incremento decidido por la FED (Banco Central de Estados Unidos) de 0.25%, con el fin de “proteger” la desdichada tasa de riesgo que pagamos los mexicanos para que no nos presione el capital rentista, sólo por ser “pobres e inseguros”. Pero Agustín Carstens podría decidir un mayor aumento para seguir cubriendo una inflación que contrasta ya demasiado con la estadunidense, la cual se está volviendo a ubicar en el 2%, frente al 6% en México.

Debido a la deuda errónea e ilegítima de Peña, se decretó un “superávit primario” para el presente año. Pero, como van las cosas, es difícil que se logre el monto previsto porque la tasa de interés sigue subiendo y, con ésta, el costo financiero de la deuda. Los errores de estos años no se resuelven con un “superávit”, sino se empeoran, porque éste no es otra cosa que hacer crecer la parte del ingreso que el Estado no le regresa a la sociedad.

Entre los países grandes, el Estado mexicano es uno de los fiscalmente más pobres, es decir, con un bajo porcentaje de su Producto Interno Bruto para ser destinado a gastos comunes. Si este asunto no se resuelve, los demás temas siempre serán demasiado complicados. Por ejemplo, México tendría que duplicar el número de estudiantes universitarios tan sólo para alcanzar un nivel internacional mediocre en esta materia.

El problema está en la política económica estructuralmente equivocada que padece el país. Los gobernantes sólo se preocupan de que las cosas no vayan peor, mas con frecuencia también fracasan en ese empeño.

La solución empezará cuando el Estado promueva la inversión, el crecimiento de la economía, el aumento salarial, la redistribución del ingreso y el desarrollo social. Aunque a esto se le llama “populismo”, al menos no llevaría, como lo ha hecho Peña, a ahogar al país en una deuda ilegítima con un entorno de estancamiento y pobreza.

¿Qué se ganó y qué se perdió en el Edomex?

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Pocos días antes de la elección del Estado de México aparecían dos posibles componentes muy relevantes: por un lado, la diferencia entre los punteros (Morena y PRI) iba a ser corta y, por el otro, podría ser decisorio el mantenimiento de la candidatura del PRD, la cual era políticamente innecesaria y, por tanto, sospechosa.

Tanto el PAN como el PRD mantuvieron su caudal numérico de votos, como si nada hubiera pasado desde la última elección de gobernador en el año 2011, pero bajaron ligeramente sus respectivos porcentajes. Josefina Vázquez Mota obtuvo mayoría en un solo distrito, de los 45 en que se encuentra dividida la entidad, lo cual, es aprovechado por Margarita Zavala para culpar del desastre a su oponente interno y exigir que se adelante la nominación panista con base en encuestas. Juan Zepeda no captó más votos que los trasladados a Morena y sólo alcanzó el triunfo en tres distritos de Nezahualcóyotl; no obstante, en su partido se afirma que tuvo muy buen desempeño, aunque no era candidato a presidente municipal sino a gobernador.

El PAN y el PRD habían intentado pactar una alianza, lo que les fue imposible porque no tenían candidato común ni consensos internos. La parte decisoria de la dirección perredista, orientada por Miguel Ángel Mancera, estaba ya comprometida desde un principio con el gobierno federal. El acuerdo consistía en no hacer alianza con nadie (PAN o Morena), mientras el PRI repartía dividendos entre tres partidos bonsái para que apoyaran a su candidato. PRD y PAN no hubieran logrado el triunfo ni yendo en coalición. Otra cosa podría decirse de una alianza entre Morena y el PRD, la cual hubiera logrado más del 50 por ciento de los votos válidos. Esto ya se sabía desde mucho antes del ultimátum de López Obrador, frente al cual, en el colmo de la falsedad dolosa, el candidato del PRD se proclamó posible ganador y le pidió declinar a la candidata de Morena.

Es interesante observar que el PRI, sin alianzas, según las cifras oficiales, está en segundo lugar con el 29.82% contra el 30.82% de Morena, lo cual, estrictamente hablando, ubica a este último como el partido de mayor votación en el estado. Ahora, el PRD no quiere secundar la protesta por la compra priista del voto, para seguir fiel a su compromiso original con el gobierno.

Hay un fenómeno político que habrá que estudiar con más calma: las pérdidas del PRI van a parar en su mayor cantidad a Morena. Si en el 2015 la votación de la izquierda obtenida 3 años antes (elección presidencial), se había seccionado entre los partidos entonces aliados y el nuevo, Morena, en la reciente elección de gobernador, 5 años después, éste último logró casi el porcentaje de la votación obtenida por López Obrador. Esto querría decir que la izquierda, aun dividida, está atrayendo votantes y captando jóvenes, aunque principalmente hacia una de sus vertientes, Morena.

La otra conclusión sería que la mala situación del oficialismo no está creando un corrimiento hacia opciones de derecha sino hacia la izquierda que se encuentra enfrentada al gobierno de Peña Nieto. De tal modo, el campo de la moderación se estaría restringiendo, pues las derechas en sus diversas expresiones, en tanto moderadas y fracasadas, tendrían menor capacidad de absorción del sufragio ciudadano de las grandes masas urbanas depauperadas y desesperadas. Sin embargo, la escisión que se produjo hace varios años en el PRD sigue siendo un problema y un punto a favor del oficialismo porque hasta hoy no se ha logrado una sola alianza, ni siquiera alguna declinación, la cual sería otra forma de aliarse.

Existe un fuerte contraste entre los resultados de los dos principales partidos del Edomex: el PRI ha predominado en regiones rurales y en sectores muy ligados a los programas sociales, mientras que Morena ha tenido mayoría en muchas zonas urbanas, principalmente en el conjunto de la zona metropolitana de la Cuenca de México.

Se debe registrar también la fuerte acometida de parte de los demás contendientes contra la candidata Delfina Gómez. Ella fue despreciada y criticada por su origen social y su profesión, con lo cual, un condenable acto de discriminación se convirtió en denuncia con rozagantes réplicas en grandes medios de comunicación; después, surgieron reclamaciones que jamás habían sido presentadas en Texcoco, donde fue alcaldesa; luego, se agregaron hechos ocurridos en Veracruz; finalmente, vino la propaganda del miedo contra la amenaza que supone un “populismo” que no termina de ser definido, pero ya se presenta como mala palabra.

El gobierno (Cisen y otras agencias), así como gobiernos locales, se encuentran de cacería, buscando hechos comprometedores o ideando simples falsedades para ser presentadas como acusaciones. El PRI y el PAN no combaten la corrupción en sus propias filas sino que quieren que también Morena ingrese a la lista en la que ellos se encuentran, con lo cual, todos serían igual de corruptos y la corrupción se convertiría en un mal irremediable (el departamento de Miami, propiedad de la presidenta del PRD, fue una filtración del gobierno, aunque éste lo niegue y tal hecho carezca de justificación). Esa forma escatológica de hacer política busca también cambiar de tema con el fin de evitar dar explicaciones sobre las conductas de esos partidos al frente de gobiernos fracasados.

Otro factor muy significativo fue la compra y coacción del voto por parte de Alfredo del Mazo. El Tribunal Electoral ha dicho que la entrega condicionada de cosas diversas, realizada por toda clase de agencias gubernamentales, no es un medio de presión sobre los electores. Las grandes compras en efectivo tampoco son compras. Las tarjetas que ofrecen entregar cosas o dinero no son coacciones ni nada que se le parezca. Así, el aparato electoral institucional, creado como consecuencia de largas luchas, sigue sometido a la consigna oficial, lo cual ha sido documentado mediante muchos estudios, durante tantos años de análisis continuo de uno de los grandes fracasos políticos de México.

El desenlace concreto de esta elección se verá en pocas semanas, pero ya tenemos, por lo menos, estas lecciones. No obstante lo lamentable y condenable, es un hecho que vivimos un buen momento para la izquierda.

Lo que indican las encuestas en el Edomex

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De los sondeos de opinión sobre preferencias electorales en el Estado de México, publicados el pasado miércoles, unos otorgan la mayoría a la candidata de Morena, Delfina Gómez, mientras otros a Alfredo del Mazo, del PRI. Sin embargo, coinciden en quien tiene muchas más opiniones negativas es el abanderado del continuismo político, el priista. Este resultado empata con el consenso demoscópico de que sólo aprueba la gestión de Enrique Peña Nieto entre el 20 y el 25 por ciento de los encuestados.

La situación política del Estado de México es muy similar a la del promedio nacional. El fenómeno consiste en que el gobierno actual es el más reprobado que ha tenido México desde que se hacen encuestas de opinión con esa pregunta.

Mas existe otro dato interesante. La izquierda cuenta con la mayoría absoluta de los encuestados que piensan efectivamente votar el próximo domingo 4 de junio. Es la primera vez en el Estado de México que se arroja ese resultado. Sin embargo, a diferencia de anteriores elecciones, esa corriente nacional tiene dos candidatos al gobierno local (tendrá tres en las boletas, pues aparecerá el candidato declinante del PT).

El mayor problema, podría decirse, es del PRI, que tiene poco apoyo popular, pero eso no sería del todo exacto. La situación más comprometida corresponde a Morena y al PRD, pero no a sus candidatos ni a sus direcciones, sino a sus votantes, a la ciudadanía inclinada a favor de la izquierda. El partido del sol azteca aparece en todas las encuestas en el tercer lugar, con la mitad de las preferencias que registra Delfina Gómez (sólo Excélsior los ubica cerca).

Por eso, los electores de izquierda van a sentir una atracción hacia el voto útil que, en el Estado de México, no es poca cosa, después de más de 85 años de predominio del mismo grupo político en el poder local. En realidad, la cuestión depende, a la luz de los sondeos publicados el miércoles, de esa izquierda que ha pensado votar por el PRD y que al final pudiera votar a favor de Delfina Gómez. En el tamaño del voto útil dentro de la izquierda podría ubicarse la diferencia, es decir, la decisión sobre quien llegará al gobierno de la entidad.

Otro dato interesante es que el PAN no recuperó mucho espacio político con Josefina Vázquez Mota, aunque ella haya sido candidata a presidenta y tenga todo el apoyo de las diferentes corrientes que ahora se disputan la nominación dentro de ese partido. En realidad, no es un gran problema para Acción Nacional ocupar el cuarto lugar, sino que no le resulta una política sin alianzas y éstas sólo las puede hacer con el PRD, quien se encuentra en peor situación, pues éste ya no puede ganar un solo estado más que en alianza con el PAN, lo cual no es un dato en su favor sino un deterioro profundo: una izquierda que no avanza sino que se limita a dar fuerza a una de las derechas a cambio de poca cosa, algunos puestos secundarios, quizá. El resultado es una especie de simbiosis entre derecha e izquierda; menos mal que sólo se trata de una facción de cada corriente, pero hay otras en ambos bandos.

La situación política no se caracteriza, sin embargo, por la ubicación de los partidos de oposición anteriores al surgimiento de Morena, sino por el desprestigio del gobierno de Peña Nieto y, consecuentemente, de su partido, el PRI.

Ahora bien, la cuestión relevante es que esa mala fama del oficialismo es capitalizada por Morena y su presidente, el líder más crítico de Peña, quien promete luchar contra la corrupción como sistema imperante en todo el Estado nacional. Eso se observa claramente en el Estado de México, donde Morena es la fuerza a vencer por parte de todo el aparato del gobierno federal.

Este último punto ya lo han hecho ver algunos periodistas analíticos, pero las encuestas del Estado de México lo reflejan con claridad. Hay un hartazgo popular y, naturalmente, tiene sus consecuencias. Esta situación ha llevado a que el gobierno y el PAN no busquen quitarse el lastre de la corrupción sino presentar a López Obrador y su partido como algo igual. Una imagen en la que todos son corruptos, se piensa, lava toda corrupción, es como si, al hacerlo normal, se acabara con ese fenómeno como tal. Así van a seguir las cosas con independencia del resultado de las elecciones locales del próximo domingo.

La encuesta de El Universal consigna el dato de que el 16.9 por ciento de los encuestados admite que ha sido objeto de ofrecimientos a cambio del voto. Eso sería un escándalo en muchos países, el cual provocaría una seria investigación, pero en México es normal para las autoridades electorales, algunas de las cuales ya han dicho que la compra de votos es consecuencia de la pobreza, ante la cual nada pueden hacer. Así, otra característica de la próxima elección del Estado de México es que, como nunca antes, el oficialismo ha gastado recursos de origen público en la ilegal adquisición de votos: dos delitos, robar y comprar.

Estamos entrando a una situación en la que no es tan importante la inteligencia de los dirigentes políticos sino de los votantes. Veremos el próximo domingo en el Estado de México si esa inteligencia decide un cambio, el que quiere una inmensa mayoría ciudadana.

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Votar por la izquierda en el EdoMex

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No hay duda que la izquierda es la mayoría electoral en el Estado de México. Tiene, no obstante, tres candidatos (Morena, PRD, PT) y un solo adversario: el viejo sistema político, anterior incluso a la formación del PRI, el llamado Grupo Atlacomulco. No habrá, sin embargo, unidad formal, según se desprende de las declaraciones del candidato del PRD, Juan Zepeda, quien respondió claramente que no al presidente de Morena, quien había puesto un ultimátum para que aquél definiera su postura con la suficiente anticipación al día de la jornada electoral.

Los candidatos, todos, han hecho sus campañas. El resultado preliminar consiste en que la pelea por la gubernatura está entre dos de ellos: Delfina Gómez y Alfredo Del Mazo. La situación es la misma que al principio del periodo electoral, es decir, la izquierda es amplia mayoría, pero las decisiones de sus núcleos de dirección podrían mediatizarla, lo cual llevaría al circunstancial triunfo de una minoría que sostiene al sistema PRI, con sus características de conservadurismo, corrupción, fraude, compra del voto, compadrazgo, influyentismo, venalidad e ilegitimidad política. Hay una inmensa mayoría en ese estado que está harta del PRI, el cual está empeñado en hacer otra vez una elección de Estado con la coacción y la compra masiva de votos.

Por ello, la solución a este problema ya no se encuentra en los núcleos de dirección de los tres partidos sino en el pueblo de izquierda, en los críticos del priismo que no son derechistas, en la gente que quiere un cambio sin demora. La dimensión popular es la que debe encarar y superar la división.

La candidatura que se ha perfilado claramente es la de Delfina Gómez, a pesar de la unidad del PRI y PAN para combatirla, primero, con los más deleznables argumentos referidos a su origen social y a su profesión; después, con denuncias de pretendidos hechos que nunca fueron motivo de queja en Texcoco durante la presidencia municipal de la misma Delfina Gómez.

Lo que está en juego en el Estado de México no es sólo definir la persona que va a asumir la gubernatura de la entidad sino el partido que se va a hacer cargo de la administración pública. Más allá de las promesas nunca antes oídas que hace el candidato del PRI en materia social, todo mundo sabe que de llegar Del Mazo a la gubernatura seguiría el más consistente y persistente sistema de corrupción política que ha conocido el país en toda su historia. Frente a esto, la candidatura de Delfina Gómez supone un cambio de método de administración con un marcado sello de ruptura con la familia de Atlacomulco.

El sentido de la política social de la que habla la candidata de Morena otorga un alcance universal a los programas más importantes, como el de pensiones mínimas y el de salario estudiantil, los cuales, al no ser focalizados ni, por tanto, condicionados, difuminan el clientelismo, se inscriben en el ámbito de la lucha política y dejan atrás el mecanismo de voto cautivo.

Se trata también de acabar con diezmos y moches que son la característica de toda obra pública y toda compra gubernamental. No sólo se ahorrarían las empresas un dinero, las cuales muchas veces lo recargan en los precios y tarifas, sino principalmente se eliminaría el carácter patrimonial del gasto público en manos de políticos inescrupulosos y francamente ladrones. El aparato estatal mexiquense en su conjunto está corrompido, por lo cual, la deshonestidad es también una cuestión de finanzas públicas. El cambio planteado no es menor.

El hartazgo de la corrupción y la simulación en el Estado de México ha llegado a su máximo histórico. Sería algo indigno que la izquierda, que compone la mayoría electoral, no le fuera fiel a su propia entidad, a su propio pueblo. Si las dirigencias no quieren o no pueden admitir esta situación, por los motivos que sean, los cuales ya a estas alturas importan muy poco, el pueblo de izquierda, los grupos progresistas, los hartados, deben votar por Delfina Gómez, dar a su voto un sentido de cambio político efectivo.

El aspirante del PRD es bueno, malo o regular, según las diversas opiniones, pero hoy no se necesita un candidato para defender la votación de un partido sino un gobernador, en este caso, una gobernadora, con el fin de desechar la dinastía priista e impedir la continuidad de un régimen de corrupción pública, conservadurismo social y atraso cultural. Quien puede ser esa gobernadora es Delfina Gómez, con el voto de la izquierda y de otras tendencias ciudadanas progresistas de la entidad. No es hora de regateos, pruritos y perjuicios, sino de la sencilla pero definitiva acción de votar con dignidad y responsabilidad democrática.

Derecho a ser informados

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Los asesinatos contra periodistas y líderes de derechos humanos, hombres y mujeres, que se han cometido con tanta frecuencia en los últimos años, siguen por lo regular en la impunidad, quizá por encima del 90 por ciento. Mas las autoridades tampoco explican el posible móvil concreto de cada acción homicida ni a quienes en específico están buscando.

La sociedad tiene derecho a la justicia pero también al conocimiento de los motivos de tan resonantes crímenes. Sin embargo, el gobierno no se preocupa por la ausencia de información ya que, de por sí, adolece de un grave problema de incomunicación con la ciudadanía.

Habría que tomar en cuenta que, por lo regular, los homicidas no entregan boletines de prensa, pero las autoridades policiales y el Ministerio Público cuentan con aparatos de inteligencia y conocen a las bandas del crimen organizado, lo que les debería también permitir hacer seguimientos precisos de lo que se publica o se declara acerca de aquellas mafias, lo cual es parte de los motivos criminales.

El gobierno nunca se ha preocupado por aportar datos informativos que sirvan para entender las causas precisas de esos asesinatos, tanto porque no se le exige que los brinde como porque tiene ciertas excusas legales de las cuales colgarse para mantener su silencio. O, quizá, porque, dentro de sus deficiencias, los oficiales policiales y los agentes ministeriales están tan perplejos ante el crimen organizado como el resto de la sociedad. El nuevo procurador general ha dicho que van a revisar expedientes, es decir, reconoce que está perdido. ¿Acaso esto se escucha en cualquier otro país?

La cuestión es aún más grave en tanto que los gobernantes tampoco se sienten obligados a explicar a la sociedad el porqué de tanta impunidad. Los recientes discursos en reunión de Peña Nieto, su gabinete y los gobernadores no han brindado al respecto nada nuevo. Se han juntado para que la ciudadanía observe a los políticos más poderosos del país preocupados de los más recientes asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, pero sólo ha sido publicidad. Se ha anunciado que ahora sí se hará lo que hace años se prometió. Se dice que la Federación apoyará a las procuradurías locales para que averigüen asesinatos cometidos por bandas que se dedican a cometer delitos federales. Se promete que ya se van a coordinar los “tres órdenes de gobierno”, lo que no podrá ser posible mientras se encuentren infiltrados por los delincuentes. Nada hubo de autocrítica concreta, específica, capaz de cambiar en algo la terrible situación. En tanto los gobernantes no se vean obligados a explicar la impunidad, no habrá cambios positivos en este tema. No lo hacen porque ello les llevaría a hablar de sí mismos pero en términos críticos y no con lamentos, mentiras o vanas promesas. Los reporteros han gritado contra los discursos porque quieren acciones efectivas.

La crisis de violencia ha golpeado desde un principio a defensores de derechos humanos y comunicadores profesionales. Pero las autoridades no nos han explicado si se trata de venganzas de actos concretos. También a este respecto, la falta de certezas de policías y fiscales se ha traducido en desinformación social. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirma que los asesinos de Miroslava Breach están identificados; si eso es verdad, entonces que lo publique para que la policía, si acaso, pueda ayudar a aprehenderlos. Algo parecido ocurre con el homicidio de Javier Valdez, que, en principio, está siendo investigado como un asalto a mano armada, mientras el gobernador, Quirino Ordaz, dice que él no sabe nada acerca de la delincuencia organizada y sólo “escucha leyendas que se han creado”. Con esos métodos, los cuales nunca se discuten, la impunidad seguirá como una constante de la crisis que azota al país.

Mucha gente ya ha pasado de la preocupación a la indignación y el enojo. No parece haber gobierno mientras las autoridades de distintos niveles callan sobre los hechos concretos, hacen discursos vagos y se culpan entre ellas. Va siendo tiempo de exigir que se nos informe sobre los posibles móviles e identidades de los presuntos asesinos, así como de los elementos que pudieran haber motivado una venganza en contra de los periodistas y los defensores de derechos (hombres y mujeres) que han sido asesinados en estos largos años de desgarradora violencia sobre México.