¿Goodbye Pemex

Ningún país pobre pudo crear una sociedad relativamente rica con sólo producir petróleo. México no ha sido la excepción pues hasta ahora se encuentra por encima del índice de pobreza mundial, para vergüenza de muchos mexicanos. Pero un país que tiene petróleo al menos puede tener soberanía en la materia y decidir sobre el uso de los excedentes económicos que en tiempos recientes genera la producción y venta del energético. México dejará de asumir esa responsabilidad durante el tiempo en que dure en vigencia la reforma de Peña Nieto.

Lo que se quiere imponer no es nada sencillo pero tampoco será perdurable. La riqueza mexicana de energéticos es tan potencialmente grande que habrá tiempo para que la reforma privatizadora pueda ser revertida con el simple argumento que brinde el hacer bien las cuentas. Jamás podrá un contrato o concesión dar más dinero a un Estado que la explotación directa del recurso natural. Eso lo sabe cualquier idiota en el mundo entero. Entonces, estamos frente a una cuestión de capacidad como país y de tiempo de un gobierno. Según Peña Nieto, en unos cuantos años tan sólo el Golfo podría brindar un millón de barriles diarios adicionales, sobre los cuales el gobierno podría cobrar derechos en cantidad ahora no determinada pero supuestamente mayor a la que Pemex podría brindar si tuviera que organizarlo todo. Así, el problema es Pemex, organismo que habría que convertir en concurrente menor de la industria petrolera abriendo el camino a las trasnacionales expropiadas en 1938. Por eso se consolidará también el pasivo laboral de Pemex para imponer el sistema de retiros individuales y de administración privada.

De acuerdo con el proyecto de Peña, el gobierno podrá administrar directamente la asignación de campos, es decir, de yacimientos, a favor de cualquier empresa. Ya se sabe que las trasnacionales ofrecerán siempre mayor rapidez en la ejecución de las obras, lo cual es lo que más importa para el gobierno actual, persuadido –según dice—de que el petróleo crudo va a dejar de ser tan caro como ahora en el mercado mundial. Pero también se quiere entrar al callejón del llamado hidrocarburo no convencional cuya tecnología de producción no conoce Pemex: se trata de una industria prohibida en un número creciente de países pero que a Peña le urge inaugurar en el norte de México donde menos agua tenemos.

En lugar de reformar Pemex para combatir su corrupción que tanto daño ha hecho, para incrementar su capacidad industrial y para generar la ingeniería que México requiere, el gobierno ha decidido empezar su eliminación con el imprescindible y entusiasta apoyo de Acción Nacional que nació a raíz de la expropiación de 1938. Esta ya no es una victoria moral de la derecha sino una a secas aunque 75 años más tarde.

La respuesta de la izquierda es la correcta: buscar que el pueblo vote y decida. El planteamiento es incuestionable en todos sus aspectos por más que los trapecistas del derecho han de tomar la palabra para tratar de hacer bolas a quien se deje. Estas son cosas que deben ser decididas por la ciudadanía tanto como la elección de gobernantes y legisladores. No se trata solamente de una reversa histórica sino del peor negocio que puede hacer un país con sus recursos nacionalizados, la peor entrega de algo que ya se tiene. La cuestión no se reduce a Pemex sino que se renuncia a ejercer soberanía energética, se proclama a los cuatro vientos la incapacidad para resolver grandes problemas y se quiere convencer a los mexicanos de que son un pueblo inepto.

Nuevo partido; viejos motivos

Al principio, la creación del Movimiento de Regeneración Nacional no fue un rompimiento con el Partido de la Revolución Democrática sino una forma que adoptó López Obrador para actuar en paralelo al que era entonces su partido. Los promotores del cambio verdadero se organizaron alrededor de un liderazgo que actuaba aún dentro del PRD. Lo que ahora se dice no es congruente con la historia de Morena pues el PRD parecía entonces un partido con el que se podía navegar en tanto López Obrador fuera su candidato pero, ahora, es el motivo por el cual Morena parece adquirir existencia.

Ese planteamiento del nuevo partido es peligroso para sí mismo. ¿Si no fuera por el PRD no se justificaría Morena? La pregunta es hasta cierto punto irrisoria pero se deriva de un discurso que también podría serlo. Es evidente sin embargo que Morena es una escisión del PRD pero que ésa no fue producto de una lucha política interna sino de un liderazgo que no encontró el lugar que este mismo exigió. Para tratar de explicar las cosas, López Obrador ha dicho que Morena surgió ante la traición del PRD al firmar el Pacto por México, lo cual es también irrisorio pues el nuevo partido fue anunciado mucho antes del malogrado Pacto.

El Pacto fue la plataforma de búsqueda de acuerdos más amplia que jamás haya firmado un gobierno con las principales oposiciones. Colgarse de la decisión perredista de proponerlo y, luego, firmarlo carecería de objeto si no fuera porque el llamado Pacto ha sido desacreditado por la decisión de Peña de volver a la política de hacer un gobierno sin compromisos con el propósito principal de imponer lo que justamente no estaba en el Pacto, entre otras la reforma de energía. Así, Morena toma como buena la acción del gobierno de desistirse del diálogo político y proclama que no está abierto a tener acuerdos absolutamente con nadie. Pero si esto es así hoy, se asumiría la misma conducta en la eventualidad de que Andrés Manuel lograra la Presidencia de la República. El desistimiento de Peña del compromiso de llegar a acuerdos formales y programados con los partidos de oposición es un arrogante acto de supremacía de un partido que obtuvo sólo un tercio de los votos, lo cual somete al país al dictado de una minoría. Ese criterio antidemocrático, proviniendo del PRI, no es nada extraño, pero ¿también es de la izquierda?

La escisión de López Obrador se quiere justificar con una crítica fuera de foco. La verdad es que el PRD se ha convertido en un partido clientelista, sin debate interno y dirigido con métodos cupulares al punto de impedir la presencia de la ciudadanía politizada. Al aplicar una política confusa se pueden dar los más insospechados bandazos según las circunstancias de cada momento, tales como ciertas alianzas electorales y ciertas relaciones oportunistas con no pocos gobernadores. Carecer de un discurso propositivo, claro e inequívoco abre la posibilidad de hacer cualquier cosa.

Por desgracia, la lamentable situación del PRD no ha sido un acicate para que Morena supere los atrasos políticos. Cualquier tema que no le agrade a López Obrador, tal como el de cobrar más impuestos a los ricos o el de otorgar a las mujeres la libertad de decidir sobre su propio cuerpo (la interrupción voluntaria del embarazo), es declarado innecesario o distractor cuando que en realidad el líder de Morena no está de acuerdo con algunos puntos que han figurado durante muchos años en las plataformas de la izquierda, pero no lo dice abiertamente. Si el PRD ha perdido confiabilidad por carecer de una línea debatida, segura y clara, Morena replica ese aspecto con el añadido de que todos los candidatos son nombrados por López Obrador, cuestión que de seguro llevará a inconformidades en el nuevo partido.

 

Reforma política del Congreso

Nota presentada en el Coloquio Modernización del Congreso. Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de julio de 20014

El Congreso mexicano está abierto sólo seis meses y medio al año, carece de un sistema efectivo de investigación, es incapaz de citar a cualquier persona bajo protesta de decir verdad, sus funciones jurisdiccionales se encuentran prácticamente anuladas, no discute con los secretarios de Estado y los directores del sector paraestatal los informes de éstos, no cuenta con sesiones de control sobre el gobierno, no analiza el desempeño del gasto público, no aprueba una política de gasto (Cámara de Diputados) sino sólo asignaciones clientelares, no toma parte en absoluto en la definición de la política arancelaria, no incide en la política exterior (Senado) sino sólo la comenta, entre otras limitaciones estructurales que corresponden a un parlamento relativamente débil.

En México, el sistema presidencialista tradicional fue mucho más fuerte que el actual pero eso no quiere decir que el Congreso haya evolucionado al ritmo de los mandatos de las urnas. Ya no existe un partido con mayoría absoluta pero el gobierno empieza a comportarse muy recientemente como si lo fuera. El motivo de la presente nota es describir la debilidad estructural del Congreso, pues la cuestión política cambia según la composición del mismo.

Así, debemos empezar por las largas vacaciones parlamentarias de cinco meses y medio al año, lo cual es ya raro en el mundo. No es verdad –como se afirma– que los periodos de receso se utilicen para que las comisiones preparen dictámenes, pues siempre que se inician las sesiones ordinarias no hay proyectos listos para su discusión. La Constitución de Querétaro limitaba las sesiones ordinarias a cuatro meses al año bajo el argumento de que en las cámaras se anidaban las más bajas pasiones; después de más de 90 años, ese periodo ha aumentado tan sólo en 45 días, a pesar de los muchos intentos frustrados para lograr que el Congreso permanezca abierto al menos 10 meses. Hace unos 40 años las cámaras sesionaban todos los días excepto los domingos, ahora solamente dos días a la semana. Si hacemos las cuentas en lo que se refiere a plenarias, actualmente las cámaras del Congreso sesionan menos que entonces, quizá no en horas pero, de seguro, en días. La más reciente reforma constitucional en esta materia aportó un mes más de sesiones –el mes de agosto— pero sólo cuando el presidente de la República asuma el cargo el 1º. de octubre, lo cual ocurrirá hasta 2024 y, después, en 2030 y así sucesivamente, lo cual es por lo menos ridículo.

En 1978 fue reformada la Constitución para realizar una reforma política con una apertura a más partidos a los cuales se les otorgó lapsos efectivos para sus mensajes de radio y televisión de 15 minutos mensuales en todos los canales y estaciones en horarios estelares, sobre lo cual se ha producido una involución lamentable. Dentro de esta reforma se le otorgó a la minoría del 25 por ciento de los diputados la capacidad de lograr la integración de comisiones investigadoras de los organismos descentralizados y empresas paraestatales, cuyas conclusiones deberían solamente hacerse del conocimiento del presidente de la República. En cuanto al Senado, esta prerrogativa tiene como requisito la firma de la mitad de los senadores. Sin embargo, no existe en la ley ninguna facultad de investigación de estas comisiones como no sea solicitar informaciones, lo cual se puede hacer sin integrar precisamente una comisión investigadora. Las propuestas al respecto han sido que tales comisiones se puedan formar para cualquier tema de carácter político, es decir, de interés público, tengan las capacidades conferidas al Ministerio Público para llevar a cabo investigaciones y, además, dispongan de un mecanismo de sigilo para aquellas cuestiones que deban mantenerse reservadas de acuerdo con la ley.

Las cámaras del Congreso mexicano ya exigen por mandato constitucional que los servidores públicos que comparezcan en pleno o comisiones lo hagan bajo protesta de decir verdad, lo cual no ha tenido la más mínima consecuencia a pesar de las mentiras vertidas, pero es un principio de veracidad de testimonios. Sin embargo, el Congreso carece de capacidad de hacer comparecer a cualquier persona también bajo protesta de decir verdad y ni siquiera lo pueden llevar a cabo sus comisiones investigadoras, todo lo cual es, en general, un síntoma de atraso político de México y, en concreto, de la capacidad de control político del poder Legislativo mexicano.

La responsabilidad política de los altos funcionarios del Estado –excepto el presidente de la República quien es inimputable en esta materia– se debe procesar, según la Constitución, mediante el juicio político, pero no se ha abierto ninguno. La Cámara de Diputados ha funcionado algunas pocas veces como jurado de procedencia para casos de acusaciones penales de personas aforadas, pero nunca ha iniciado un juicio de responsabilidad política a pesar de que ésta se conserva hasta un año después de haber dejado el cargo. Esta capacidad jurisdiccional del Congreso ha quedado como letra muerta, en parte porque las reglas para incoar el procedimiento son de muy difícil aplicación. Esto ha sido premeditado pues las leyes proceden de la época del PRI como partido mayoritario en ambas cámaras. Además, el proyecto aprobado por el Senado sobre inmunidad constitucional en materia de responsabilidad penal ha sido devuelto por parte de la Cámara de Diputados con el propósito de excluir del alcance de la reforma al presidente de la República y modificar algunos otros aspectos, con lo cual el viejo aforamiento de altos servidores públicos (legisladores incluidos) se mantiene en los términos del siglo XIX en pleno siglo XXI. Desde siempre, los secretarios de Estado han estado obligados a informar cada año al Congreso. Esta obligación implica una facultad de las cámaras para discutir con los secretarios los asuntos de su respectivo ramo. Sin embargo, lo que llega a discutirse ritualmente es el llamado informe presidencial. Así, los informes de los secretarios, como instrumento de control político, sencillamente no existen. Además, las relativamente recientes reformas tendientes a mejorar el control político se han mediatizado. Como ejemplo podemos ver que la facultad de las cámaras para requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, se ha circunscrito a los informes presidenciales a pesar de que no fue instituida sólo para eso. Además de lo anterior, se ha negado sistemáticamente la reforma tendiente a realizar un debate congresual entre la oposición y el presidente de la República a partir de la presentación del informe de este último.

La Cámara de Diputados tiene entre sus funciones la de evaluar el desempeño del gasto público. No se trata de la fiscalización contable y funcional sino del aspecto propiamente político. Por ello, la Ley Orgánica prescribe que las comisiones de la Cámara de Diputados deben analizar la cuenta pública en el ramo respectivo y hacer llegar a la comisión de presupuesto las conclusiones sobre dicha evaluación. Se entiende que esta última debe aplicar el conocimiento sobre cada ramo administrativo a fin de modificar los proyectos del Ejecutivo y ponerlos en consonancia con la realidad percibida por los diputados en las comisiones. A esto se le podría llamar control político trascendente del gasto público, lo cual está en ley pero no en la realidad. Esta es una parte del atraso mexicano en el análisis de la cuenta y del procesamiento del proyecto de presupuesto anual. En este mismo sentido, podría decirse que el método de ajuste presupuestal anual en la Cámara se ha agotado. Éste consiste en elaborar pliegos de modificaciones sectoriales, regionales y hasta gremiales para añadir gastos en ciertos programas –muy pocas veces para crear nuevos—con el propósito de atender exigencias clientelares. Los recursos asignados provienen de los ajustes introducidos en la ley de ingresos respecto de la iniciativa del Ejecutivo. No hay, por tanto, discusión sobre la política de gasto público, no hay prioridades, no hay, en síntesis, política en general sino sólo requerimientos concretos. Asimismo, el único intento de revertir en la Ley de Ingresos la autorización anual al Ejecutivo para modificar discrecionalmente los aranceles, emprendido por el Senado, fue rechazado por la Cámara y, en conclusión, quedó igual que siempre.

La facultad del Senado de discutir la política exterior se toma al pie de la letra, es decir, sólo debatir aspectos, pero jamás incidir en las orientaciones. No se trata de una imprecisión del texto constitucional pues cuando se dice que es facultad de un órgano legislativo discutir algo es porque le corresponde tomar alguna decisión aunque no sea vinculante. Así se habla en la Constitución de la discusión de los proyectos, es decir, del acto previo e indispensable de la toma de una resolución a través del voto emitido por los integrantes. La política exterior de un país no se define sólo a través de la aprobación de los tratados y la ratificación de los embajadores, lo que realiza el Senado, sino de las orientaciones generales de conformidad con los principios normativos señalados directamente por la Constitución, lo cual no hacen en absoluto los senadores.

A manera de conclusión podría decirse que el Congreso mexicano requiere una reforma política para dotarlo de los mecanismos estructurales que le permitan realizar las funciones de control político inherentes a todo órgano legislativo.

PGA/14/07/2014.

Líos de preponderancia

Como se había advertido desde la presentación de la iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, América Móvil hará desinversiones para quedar fuera de la regla de preponderancia. Como es sabido, el carácter de preponderante obliga a Telmex-Telcel a compartir su infraestructura física con sus competidores y a otras medidas asimétricas tal como la añadida gratuidad unilateral y no compensada en la interconexión, tributo pagado a Nextel (Telefónica de España) y Iusacel (Azteca-Televisa). Asimismo, el preponderante requiere permisos especiales para cualquier cosa, incluyendo el acceso a la concesión única que podría llevar a Telmex a brindar el servicio de televisión restringida de paga, lo que ha sido impedido por Televisa que también en esto es un reforzado monopolio.

Las desinversiones de América Móvil no sólo tendrían que llevarla a un punto en el cual tuviera menos del 50 por ciento de suscriptores en el sector de telecomunicaciones, cuestión nada complicada, sino también a reunir ese requisito en cada servicio que presta: telefonía móvil, telefonía fija e internet, mas no sólo de suscriptores sino también de tráfico en sus redes y capacidad utilizada de las mismas, lo cual ya no es tan sencillo. De poco serviría a Slim dejar de ser preponderante para pasar a ser agente económico con poder sustancial en el mercado de uno o varios servicios. Es por ello que la desinversión tendrá que ser muy fuerte. Esto es parte del traje a la medida de la reforma constitucional. Es, sencillamente, una fórmula antimonopólica.

Ahora bien, ¿quién comprará? No se ve sencillo que sea un grupo mexicano sino más bien alguna telefónica extranjera, pues ya se permite la inversión foránea hasta el cien por ciento en telecomunicaciones. Eso dependerá de lo que se oferte y del precio que se fije. El retiro en América Móvil de ATT (ahora asociada a Televisa) se repondrá con creces mediante la venta de activos fijos pero no sabemos en qué y en dónde se harán las inversiones del producto de esa misma venta. Lo más probable es que se apliquen en el extranjero a menos que Slim se embarque en una nueva televisora abierta, aunque de todas formas le sobraría dinero.

El gobierno federal ya sabía desde hace muchos meses que Slim podía desinvertir para tratar de zafarse de su condición de predominante. También lo sabía Azcárraga. Es irónico que el gobierno le haya ayudado a América Móvil a tomar la decisión mediante la inclusión en ley de la gratuidad en la interconexión sólo para el preponderante, a diferencia de la retrasmisión de señales radiodifundidas que es gratis para todos en los dos sentidos.

Del otro lado, en la izquierda hay quienes dicen que la reciente manipulación legislativa de normas secundarias se debe al Pacto. Ya no se sabe hasta dónde puede llegar la confusión: justo como no hay Pacto y como el PAN se ablandó en el Congreso, el gobierno negoció con quien quiso y como quiso e impuso unas inconstitucionalidades bajo presión de Televisa y, otras, por conveniencia propia.

En cuanto al voto del PRD: felicidades. Ya era hora que se comportara como partido político y definiera una posición única para la cual se forman partidos, entre otras cosas, a diferencia de la desorganización de los ciudadanos que suele ser un objetivo de los enemigos de la democracia.

El voto del PRD en contra fue para rechazar con fuerza las concesiones inconstitucionales que se le hicieron al monopolio Televisa para seguir acaparando el servicio de televisión restringida de paga y también para rechazar el incumplimiento gubernamental de acuerdos sobre los derechos de las radiodifusoras sociales. No fue para oponerse a la larga distancia gratuita como dicen algunos voceros de Televisa que, por cierto, no suelen ser gratuitos.

Preponderancia

No sabemos cuantas veces más ha de ser necesario decir que la figura de preponderancia fue ideada como traje a la medida de América Móvil (Slim) y de Televisa (Azcárraga), dos grandes monopolios que deben ser tratados como tales. Esa figura obliga y limita a esos dos conglomerados. A quien le ha costado más es al consorcio de Slim porque es más rico. Quien ha tenido que ceder más es Azcárraga porque tiene más poder político. El problema es que ahora se quiere eximir a Televisa mediante una falsificación introducida en la ley secundaria. Eso busca Peña Nieto afanosamente.

Gabriel Contreras, comisionado presidente del Ifetel, dice que no tiene sentido sumar las audiencias de radio y televisión abierta porque son cosas diferentes. Pues sí, justo por eso el preponderante no debería serlo en todo el sector de radiodifusión (radio y TV) sino en el servicio de televisión abierta, altamente monopolizado. Pero además, el Ifetel hizo algo curioso y sospechoso: en radiodifusión declaró preponderante a Televisa en todo el sector y no sólo en el servicio de TV abierta, pero en telecomunicaciones declaró preponderante a América Móvil en los servicios de telefonía fija y móvil así como en el de internet, dejando en el vacío a la TV de paga.

Dice Frank La Rue, relator de la ONU sobre libertad de expresión, que la preponderancia debe ser declarada por servicios. Claro, pues en ninguna parte una figura semejante a ésta se ubica en los grandes sectores sino en cada uno de los servicios y, de ahí, hacia la propiedad cruzada de medios. De otra forma sería mucho más difícil combatir a los monopolios.

En esta coyuntura, López Dóriga se ha lanzado contra el PRD, o contra una parte de ese partido, acusándolo de apoyar a Slim. Ya sabemos qué es lo que nubla la inteligencia. Pero no aporta la menor evidencia: la reforma constitucional fue negociada en sus fundamentos entre el PRD y el PAN, y desde su diseño original abarcaba la contención del monopolio telefónico, el cual había sido producto de una entrega prácticamente gratuita (mordidas no vemos) por parte de Carlos Salinas. Así, una empresa paraestatal se convirtió en el principal pilar del mayor consorcio empresarial privado que ya es trasnacional. Telmex-Telcel ha sido más afectado pues ya tiene que compartir su infraestructura y modificar tarifas, entre otras nuevas obligaciones. Por su lado, Televisa quiere dejar de ser considerada preponderante, pero lo que más quiere es no ser declarada preponderante en TV de paga, donde es un monopolio en expansión. Pero quizá Azcárraga no ha informado al conductor noticioso que el asunto se va a dirimir en los tribunales donde otros pueden tratar de hacer valer la Constitución tal como la diseñamos para que no se pudieran escapar Carso y Televisa. Así que ya podrá la televisora someter a muchos legisladores con su conocido método de chantaje video-político, pero el asunto no estará definido hasta que se pronuncien las resoluciones judiciales en firme.

Una vez más hay que leer el decreto de reformas constitucionales con especial dedicatoria a todos los enceguecidos protectores de Televisa que defienden algo o quieren algo: “Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas.” Así, en negritas.

El premio de lotería ¿para quién?

En la iniciativa del gobierno sobre telecomunicaciones destaca la propuesta de crear la figura legal de autorizados, los cuales no serían concesionarios sino empresas de un mercado secundario. A esos autorizados puede referirse la conversación de la diputada Carpinteyro, los cuales existen en otros países.

Los autorizados serían revendedores con licencia del Ifetel. Su problema consistiría en comprar servicios a una empresa concesionaria y crear una clientela propia. Ahora bien, la cláusula de preponderancia obliga a Telcel a abrir su red a otros concesionarios pero no está tan claro, en la iniciativa del gobierno, que esa misma obligación vaya a existir a favor de los autorizados, a menos que el Ifetel así lo acuerde.

La otra vía para que una empresa minorista no concesionaria entre en los servicios de telecomunicaciones es el uso de la red pública compartida, ya aprobada por el Congreso, cuya construcción deberá iniciarse antes de que termine 2014 y entrar en operación antes de que concluya el año 2018.

A pesar de que tanto en la propuesta como en lo ya aprobado no existen objeciones, el gobierno –por lo que se observa—filtró la conversación de Carpinteyro dando a entender que ésta quería meter mano al proyecto para beneficiarse de algo que, sin embargo, podría estar al alcance de muchos otros. Tal vez el divulgador de la grabación ilegal tenga el propósito de incidir de mala forma en las negociaciones, en las cuales sí existen fuertes divergencias en otros renglones, como el premio de lotería que le quieren dar a Televisa. ¿Cuál es ése?

El transitorio octavo, fracción III, del decreto de reformas constitucionales señala: “Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas.” Esta es una parte del traje a la medida que confeccionamos en la iniciativa de reformas para declarar preponderantes a Slim y a Azcárraga, como lo son en realidad. El Ifetel, ha procedido a hacerlo, pero se abstuvo de declarar a Azcárraga como preponderante en el servicio de televisión restringida y sólo lo hizo en todo el sector de radiodifusión donde no lo es si tomamos dentro de éste a la radio en igualdad de condiciones que la TV.

En efecto, si en el texto de la ley se definiera, como lo propone el gobierno, que el preponderante lo es en uno u otro de los sectores (telecomunicaciones o radiodifusión) se estaría permitiendo a Televisa ya no ser preponderante en televisión abierta y no serlo tampoco en la restringida (cable y satélite), lo cual es una gigantesca mentira pues la empresa de Azcárraga es monopolista en esos servicios. En el otro camino, si se admite lo que señala el decreto de reformas constitucionales en el sentido de que el preponderante lo es en tanto controle más del 50 por ciento de la prestación de servicios, Slim seguirá siendo preponderante en telefonía fija, en telefonía móvil y en internet, mientras Azcárraga seguiría siendo preponderante en televisión abierta y lo sería también en televisión restringida, todo lo cual corresponde a la realidad.

¿Quién quiere sacarse el premio de lotería y dejar de ser agente económico preponderante? Un monopolista políticamente necesario para el gobierno de Peña: Azcárraga. Este es uno de los puntos que verdaderamente están a debate en la confección de la ley.

¿Nos va a ir mejor?

El gobernador del Banco de México, quien aseguró cuando era secretario de Hacienda que la gran crisis sería para México un “catarrito” (estigma que lleva desde entonces pero que no le ha perjudicado en absoluto); quien discutía por ese entonces en sesiones legislativas cuánto iba el PIB a incrementarse durante aquél año mientras todos los demás debatíamos cuánto iba a decrecer; quien disfruta de ajustar a la baja sus pronósticos de crecimiento porque siempre anda soñando en algo; bien, pues ese mismo Carstens dice que las reformas de telecomunicaciones, laboral, energética, educativa, y no sabemos cuántas más que están en la lista de reformas estructurales, llevarán a México a un crecimiento mayor que la media mundial o algo por el estilo, por lo menos –eso lo dijo—a crecer más que la lenta “locomotora” de Estados Unidos.

Siempre he creído que ningún otro país en el mundo se atrevería a contratar a Carstens porque se equivoca demasiado. Esas equivocaciones recurrentes se deben a la subordinación intelectual y política a la que él mismo se ha sometido como funcionario: ha servido a dos partidos y lo ha hecho de la misma manera, siguiéndoles el paso. Si estuviera en el FMI haría lo mismo pero respecto de otros dueños.

La reforma de telecomunicaciones no será un campanazo de crecimiento de la economía nacional ni está pensada de esa forma. De lo que se trata de es abrir a la competencia un sector altamente monopolizado pero que no va a tomar un liderazgo porque el país no está en condiciones de responderle con suficiente demanda debido al patrón de distribución del ingreso. Los sectores con fuerte capacidad de exportación son los que pueden crecer más en un país donde el mercado interno sigue deprimido. Telecomunicaciones tiene al respecto sus grandes limitaciones.

La reforma laboral ha sido un fiasco en términos de sus mismos impulsores, entre ellos, naturalmente, Carstens, por lo cual no vale la pena siquiera explicar porqué no sirve para aumentar producción y productividad y ni siquiera trabajo formal precario.

En cuanto a la reforma petrolera, esa sí que está pensada para vender crudo al exterior y traer los dólares que dejaron de llegar con la declinación de Cantarel. Pero como se trata de aumentar la producción petrolera con el apoyo principalísimo de las trasnacionales, la parte del león se la van a llevar tales empresas. Y hay más: la dependencia mexicana de la inversión extranjera ya no se ubicará sólo en la especulación financiera y la industria manufacturera sino en la producción de crudo, petroquímica y gasolinas. Poner a otros a sacar el petróleo y transformarlo, en lugar de hacerlo uno mismo, pudiéndolo hacer, le parece al gobierno y a su seguro servidor, Agustín Carstens, como óptimo, por eso la energética es la reina de las llamadas reformas estructurales.

En cuanto a la educación que, al parecer, le importa mucho a Carstens, hay que decir simplemente que la reforma está por hacerse, que hasta ahora tenemos una reforma administrativa del sistema de educación básica. En cuanto al nivel superior, el estancamiento cuantitativo sigue siendo una limitación, esa sí, estructural, ya que México, con 27 por ciento de acceso de los jóvenes a las universidades, se encuentra en el hoyo mundial.

¿Hasta cuando vamos a ver como algo normal que los pronósticos económicos se hagan con diferenciales inmensos y, al cabo de unos meses, se ajusten aún por debajo de la cifra mínima del estimado inicial? Lo que ocurre en México es que los pronósticos se hacen por consigna: el Banco de México y el INEGI no son instituciones del Estado sino oficinas de gobierno.

La disputa por el cuerpo de las mujeres

La respuesta de las derechas a la reforma en la Ciudad de México en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo ha sido fuerte y bien organizada. Se han adicionado las constituciones de 17 estados para sustentar que “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido”. Este texto ha sido objetado por una mayoría de siete ministros de la Corte pero no fue declarado inconstitucional pues para ello se requieren ocho votos. No obstante, se insiste ahora en Nuevo León. El factor determinante en esta contraofensiva es el oportunismo del PRI, pues al PAN se le conocen sus viejas y anacrónicas concepciones morales y su falta de respeto al Estado laico.

En Guerrero, en cambio, se busca replicar la reforma del DF y así abandonar la estigmatización de las mujeres que abortan. La penalización de la interrupción voluntaria del embarazo no sólo amenaza con llevar a la cárcel a quienes tomen esa decisión sino que también es un soez acto de repudio contra las mujeres y una execrable declaratoria de que ellas no son dueñas legítimas de su propio cuerpo, el cual –bajo esa idea—debe estar resguardado y vigilado por legisladores, policías, fiscales y jueces.

La penalización del aborto está relacionada con la sexualidad de las mujeres. Si se tiene un embarazo no deseado, la mujer se encuentra obligada por ley a ser madre. Es así como se reitera el muy antiguo concepto de que las mujeres tienen el deber de ser madres y que tal función es suprema, es decir, se encuentra por encima de cualquier otra noción, en especial, de su propia libertad. Con esto, el artículo cuarto de la Constitución carece de vigencia. El tipo penal del aborto es, por tanto, discriminador pues ubica a las mujeres en el papel que les ha sido asignado dentro las denominadas relaciones desiguales de género que, se supone, deben ser combatidas en los parlamentos, para lo cual se han formado comisiones especializadas, pero desde donde –hace tres días en Guerrero–, contradictoriamente, se fomenta la discriminación y se apoya la regulación estatal del inicuo sitio social que se les impone a las mujeres en general.

Todo lo anterior se agrava cuando la penalización del aborto voluntario orilla a mujeres embarazadas a la clandestinidad. De esta forma hay dos puniciones: la cárcel y el daño a la salud o la muerte, en especial si se es pobre, con lo cual se implanta una adicional discriminación de clase.

Bajo la ideología imperante en el poder, el castigo prescrito en la ley es una forma de defender una moral cuestionada por la realidad social pero también es un medio de esconder la conducta prohibida, la desobediencia, es decir, de mantener ocultos los abortos con el propósito de que no se conozcan. Esa hipocresía es algo propio de la derecha a quien no le importan las perversas consecuencias.

La izquierda de cualquier tendencia o grupo no debe hacerse cómplice de esa discriminación, opresión y negación de libertad. El programa del PRD reivindica el derecho de las mujeres a disponer libremente del cuerpo propio y, por tanto, se pronuncia a favor de la despenalización del aborto voluntario antes de las 12 semanas de embarazo. Es indefendible que militantes de izquierda traten de impedir reformas legales cuyo objetivo es contrarrestar esa fijación punitiva que consiste en que la mujer que aborta debe ser castigada mediante su encarcelamiento. Al respecto, no hemos escuchado de algunas y algunos más que simples pretextos para objetar la libertad de las mujeres en aras de una moral fuera de tiempo.

Sí, hay una disputa por el cuerpo de las mujeres. Es preciso erradicar de las leyes todo aquello que lo embarga a favor del Estado y reivindicar que sólo pertenece a cada cual.

Las cuatro crisis españolas

España vive cuatro crisis: la económica, la del bipartidismo, la de su propia unidad y la de la monarquía; todas al mismo tiempo. El financiamiento del Estado social ha hecho crisis debido al predominio de un modelo que no le corresponde: al incubarse la crisis económica del neoliberalismo emergió también la disonancia entre aquél y éste. El sistema de la alternancia entre dos centros –centro-izquierda y centro-derecha–, a pesar de la rispidez verbal que le caracteriza, ha hecho crisis porque ahora ninguno de esos centros en realidad propone algo distinto. La unidad de España ha sido –unas veces menos y otras más—producto de relaciones de fuerza entre el españolismo y las otras naciones; la defensa de la unidad se produce desde la parte dominante mientras Cataluña y el País Vasco desean su independencia: la historia ha alcanzado a la vieja España. La monarquía, preparada por Franco y admitida por los demócratas como instrumento de negociación con el viejo régimen golpista, asesino y fascistoide, fue presentada como la “salvadora” de la transición pero esta última se ha agotado y, por consiguiente, no se requiere ninguna nueva “salvación”.

Hay cuatro campanadas en este manojo de crisis: el quebranto estructural de las finanzas públicas, la recesión y el desempleo lacerante; el desprestigio creciente del rey y algunos de sus familiares por actos realizados por deseo frívolo o corrupción; la decisión del parlamento catalán de convocar a una consulta sobre la independencia; y el hecho de que los dos grandes partidos –los centros—no hayan alcanzado juntos la mayoría de los votos en la reciente elección de diputados europeos.

España entró en el camino de los nunca antes: nunca se había padecido un desempleo tan alto; nunca se habían producido escándalos conmovedores en la casa de Juan Carlos de Borbón; nunca se ha realizado –cosa que puede ocurrir—una consulta en urnas sobre la secesión; nunca había perdido la mayoría absoluta el sistema bipartidista. Al lado de estos cuatro existen otros muchos nunca antes que tienen carácter social o político, pero ambos terrenos se unen como siempre ocurre en las crisis.

Un elemento relevante de las cuatro crisis es la corrupción en el sistema político. En todas partes del mundo existe este fenómeno pero España tiene algo peculiar al respecto: figuras destacadas de los dos grandes partidos han estado metidas en la corrupción y, por si fuera poco, también la postiza familia real. Esto es diferente a la Italia de la crisis que llevó al desastre a la DC y sus aliados, pues allá estaban en las redes corruptas sólo quienes gobernaban y varios de ellos cayeron. En España, Aznar y Rajoy se dicen ignorantes de la caja de su propio partido y se les cree a pesar de que en el Partido Popular los jefes deciden todo y de que ellos recibían parte del dinero sucio.

La solución de las cuatro crisis no se producirá sin un acto soberano, como el expresado en la reciente elección del Parlamento Europeo, pero llevado a la forma de constituir el poder político español. El sistema electoral –parte del manojo de crisis—es del todo conveniente para el bipartidismo y por ello se le defiende aunque ya no sirve para la mejor expresión de la voluntad popular en el parlamento.

La parte más débil de lo que pudiera ser un programa de grandes reformas políticas y económicas es el penoso asunto de la monarquía –evidentemente inservible para cualquier reforma–, por lo cual la exigencia de un referéndum –no lo podría ser sino para refrendar una decisión ya tomada—tiene relevancia en tanto que es un grito dirigido contra un sistema en crisis, pero otra abolición de la monarquía no serviría por sí misma de nada. Además, los borbones han sido despedidos de España cinco veces y siempre han regresado.

El terreno de la disputa está ubicado en el lado del Estado social y la democracia: otra vez.

Falta campo de inversiones

Es un tanto cuanto chistoso que se discuta si el país está creciendo o no cuando en realidad el estancamiento es evidente. Más que eso, lo que se requiere debatir es porqué la economía no se expande. Los empresarios, claro, consideran dos factores: el incierto gasto del gobierno y la reciente reforma al impuesto a la renta. El gobierno, claro, dice que las cosas se están preparando para la segunda mitad del año, pero ¿cuáles serán esas cosas? Eso mismo dijo el año pasado respecto al actual.

Parece que no se quiere entrar al análisis del campo de las inversiones, es decir, de la estrechez de éste. Cualquiera entiende que para invertir productivamente se requieren empresas viejas o nuevas pero es indispensable que exista un campo para hacerlo, una ampliación de mercado potencial, unas condiciones mediante las cuales sea posible realizar el valor de las mercancías y los servicios. El mayor problema económico de México es que ese campo se ha venido estrechando debido a dos factores: la baja capacidad adquisitiva real de los salarios y de las percepciones de trabajadores sin patrón, por un lado, y el escaso gasto gubernamental, por el otro.

La política salarial no podría ser peor que la actual. Frente a pérdidas históricas de los salarios reales, el gobierno tiene un acuerdo de acero con la patronal para mantener la tendencia hacia la reducción. La tesis básica es que la economía requiere fuerza de trabajo barata para competir con el mundo y para sostener la tasa media de ganancia. Sin embargo, en el pecado han llevado la penitencia: el mercado interno se sigue deteriorando mientras que las exportaciones han tenido vaivenes al ritmo de la economía estadunidense de la cual dependen.

El Congreso ha brindado dos reformas para aumentar el gasto público: una mayor progresividad en el impuesto a la renta y una autorización para contratar más deuda pública. Sin embargo, el gobierno no emprende un programa de inversiones productivas, todo va a paso de tortuga, existe titubeo porque no hay claridad en objetivos ni seguridad en los proyectos.

La vieja política económica se mantiene en su grandes trazos, pero ésta no sólo corresponde al gobierno, como se supone, sino a la actitud de los grandes empresarios, los cuales defienden sus inmensos privilegios monopolistas sin importarles mayormente la expansión del mercado y del campo de las inversiones. Acostumbrados a tasas muy altas de ganancia, prefieren los reductos y sólo realizan las inversiones que se encuentran a la altura de los beneficios que ya obtienen. Hasta aquí, el gobierno no hace nada.

Como no se quiere modificar de fondo la política económica, entonces se viene hablando de las reformas estructurales que nos llevarán, se dice, al crecimiento rápido y cómodo para todos. Eso ya es una cantaleta sin sentido. La más importante reforma al respecto sería la de energía, la cual no cambiaría la estructura en la que se basa el estancamiento de la economía ni sería una forma de ensanchar el campo de las inversiones: el petróleo ya tiene mercado, es cuestión de alumbrarlo y venderlo, lo cual se puede hacer con la empresa estatal como se ha hecho hasta ahora. Así que no se está hablando de una reforma económica que promueva el crecimiento y mucho menos una redistribución del ingreso.

Mientras tanto, las salidas de capital-dinero hacia el exterior siguen en su apogeo. Si no hay dónde invertir en el país, el dinero se coloca en el extranjero pues aunque el rédito esté bajo siempre es más seguro. No hay un problema de falta de capital acumulado sino de la manera de colocarlo.

En lugar de discutir si hay recesión o estancamiento, es preciso emprender un debate sobre las reformas económicas para promover el crecimiento y defender la capacidad adquisitiva de los ingresos de la mayoría.