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De la Estafa Maestra al juicio político

Hace 94 años que no se abría en México un juicio político. Muchos podrían pensar que durante ese lapso gozamos de los mejores gobernantes jamás vistos en el mundo: ninguno de ellos fue juzgado en el Congreso. Todos se presentaban como impolutos, los más honrados.

Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó acusar ante el Senado a una ex secretaria de Estado, Rosario Robles,  por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, concepto éste contenido en la Constitución y que quiere decir acusar a alguien por ejercer un mal gobierno en contravención de las leyes.

El presidente de la República no es sujeto de juicio político pero sí lo son las y los secretarios. A su vez, las órdenes presidenciales no deben ser obedecidas si no van firmadas por el secretario o secretaria del ramo; esto se llama refrendo. Tal sistema permite que el Congreso pueda ejercer control sobre la política gubernamental y sancionar a los gobernantes con la destitución y la inhabilitación.

Este juicio no es de carácter penal y ni siquiera del ámbito administrativo, sino que tiene un espacio propio que consiste en juzgar la función gubernamental.

La acción parlamentaria de reclamar responsabilidad política fue eliminada en los hechos, mas no en las leyes, desde el maximato de Plutarco Elías Calles, a partir del cual los presidentes se volvieron la única instancia para impartir justicia a los demás gobernantes. Por esto casi nadie entiende en qué consiste el hasta ahora arrumbado juicio político y porqué la Cámara de Diputados acusa ante el Senado, el cual sentencia.

No hay tampoco que confundir el juicio político con el procedimiento de censura a los ministros o a todo el gobierno, el cual existe en los países con sistema parlamentario. En México es otra cosa: un enjuiciamiento por actos y omisiones políticos, así como su correspondiente sanción. Esto implica que el Congreso mexicano se convierte en una instancia jurisdiccional cuyas declaraciones y resoluciones son inatacables, según deja muy en claro el artículo 110 de la Constitución.

La reciente acusación de la Cámara contra una ex secretaria del Despacho es vigente no obstante que ella ya no se encuentra en ejercicio, pues el procedimiento se inició antes de cumplido un año de que aquella hubiera dejado el cargo, como lo prescribe la ley. Asimismo, el juicio procede aunque dicha ex secretaria se encuentra bajo proceso penal y en sede administrativa se le ha impuesto una sanción por omitir datos en su declaración patrimonial. La responsabilidad política corre por cuerda propia, lo cual es lógico, porque si no fuera así cualquier multa interrumpiría la función del Congreso de la Unión de vigilar al gobierno. Pero, además, todas esas son conductas diferentes.

El juicio político se realiza contra una persona pero no contiene sólo lo que ésta hizo o dejó de hacer, sino abarca la política que el gobierno practicó. La Estafa Maestra no fue obra de una secretaria de la Sedesol y luego de la Sedatu. Ese mecanismo de desvío de recursos públicos se ha observado en otras dependencias. El hecho que sólo a esa funcionaria se le hubiera abierto el juicio se debe a que muchos denunciados no son sujetos del mismo, a la ausencia de denuncias contra otros servidores públicos o a que varios dejaron sus cargos más de un año antes de la llegada de la nueva mayoría parlamentaria.

El principal argumento de defensa de la ahora acusada consiste en que la existencia del juicio político viola los derechos humanos, lo cual no podría ser resuelto dentro del mismo procedimiento porque las cámaras del Congreso no se pueden negar a obedecer la Constitución. Ya no es como antes. Otros argumentos, como la existencia simultánea de un proceso penal y de una sanción administrativa carecen de bases legales para impedir el juicio político, por los motivos antes expuestos. En fin, durante la instrucción y en sus alegatos, la ahora acusada objetó varias cosas pero nunca negó los hechos ni las conductas y omisiones que se le atribuyen.

Sin embargo, personas ignorantes de este procedimiento constitucional histórico, suspendido durante casi 100 años, se han permitido atacar a la mayoría parlamentaria de la Cámara de Diputados. Si esas personas han condenado alguna vez la impunidad; si han reclamado la sustitución del ejercicio de facultades del Congreso por mandatos presidenciales; si han criticado a los legisladores por no ejercer sus funciones a cabalidad y con independencia de criterio; si se han sumado al repudio de la corrupción y se han lamentado de que las leyes no se aplican; entonces aquello que han dicho se les ha venido abajo por condenar ahora la conducta de la Cámara de Diputados que consiste en cumplir con su deber.

La Estafa Maestra se conoció por investigaciones de medios de comunicación pero se documentó por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano de la Cámara de Diputados. Si no se hubiera abierto el procedimiento de juicio político, la propia Cámara se encontraría en grave situación de incongruencia, simulación, encubrimiento; como antes era.

Las conclusiones de la Sección Instructora han puesto de relieve la creación de redes de desvío de recursos como forma de gobernar, no sólo para beneficiar a unos cuantos funcionarios. También se ha desvelado el método de incorporar a entidades públicas que no son de gobierno y a empresas privadas, reales o fantasmas, que operaban como dispersores de dinero dentro y fuera del país, tal como ha quedado demostrado. Asimismo, se ha reportado lo sencillo que fue la falta de comprobación contable, consuetudinaria e impune, de erogaciones de recursos presupuestales: durante años, la Auditoría le exigió a la Sedesol y luego a la Sedatu que solventara las observaciones pero no obtuvo la menor respuesta.

No hubo venganza en las conclusiones de la Sección Instructora porque no habría motivo alguno para aquélla. Mucho menos hubo inexplicables miedo y odio. Quienes votaron a favor de presentar la acusación al Senado cumplieron sencillamente con un deber y rescataron una facultad constitucional histórica del Congreso que le fue arrebatada por el presidencialismo despótico mexicano durante casi 100 años.

No hay el menor aspecto personal en la acusación. Si ha de continuar la nueva transformación de la vida pública de México, no puede haber concesiones políticas a la vieja forma de gobernar. El pasado no está pisado. Los grandes cambios requieren el concurso de todos los que en verdad pueden contribuir a tan elevados propósitos. El Congreso es una pieza vital en ese proceso, tal como poco a poco se ha venido acreditando ante la conciencia política de la nación.

Conclusiones de la Sección Instructora en

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200318-A.pdf

La fantasmagórica oposición faltista del Congreso

El pasado jueves 12 de marzo, al terminar las sesiones de ambas cámaras del Congreso, nadie dijo algo sobre la impertinencia de celebrar las que habrían de llevarse a cabo el día 18.

Pero un día antes, el 17, luego del puente, se anunció que las y los legisladores del PAN, el PRI y, por añadidura, el PRD, habían decidido, por sí y ante sí, dejar de presentarse a desempeñar sus funciones representativas. Así de rápido y simple.

Sin embargo, un legislador o legisladora carece de capacidad legal para dejar de concurrir a las sesiones de su respectiva cámara. La pena por faltar es el no pago de la dieta correspondiente y, a las diez faltas, se llama al suplente, es decir, hay sanciones. Como la falta se castiga, ahora tenemos a tres grupos parlamentarios sancionados por ausentes.

Las oposiciones parlamentarias fingen desconocimiento de la Constitución. Ninguna cámara del Congreso puede suspender sesiones por más de tres días sin permiso de la colegisladora. Este precepto encierra varias cosas: que ninguna cámara puede entrar en suspensión de sesiones; que, excepcionalmente, cuando se requiera debe haber una autorización previa de la otra porque el Congreso es un solo órgano, un poder del Estado; que tales decisiones las toman las cámaras, no sus integrantes por separado ni sus órganos de gobierno, para lo cual se requiere sesionar en pleno.

El Congreso puede, además, dar por terminado el periodo ordinario de sesiones en el momento que lo decidan las dos cámaras. Pero el acuerdo se tiene que tomar en las respectivas  plenarias.

Los legisladores no pueden dar un cortinazo como si el Congreso fuera una tlapalería. Como poder elegido requiere fundar y motivar la decisión de suspender sesiones.

Las oposiciones (PAN y PRI) decidieron, juntas o cada una por su cuenta, dejar de asistir a sesiones. Tienen falta, pero nada más. Han conseguido mostrar que están reducidas por voluntad propia a ser fantasmagóricas.

El incidente de la ausencia, fundada en la inminente nueva fase de epidemia en la que entrará el país dentro de poco, denotó una falta de respeto hacia el Congreso, pero además carecía de base “científica”. Las autoridades no habían recomendado la cancelación de reuniones de menos de mil personas. Las fábricas siguen abiertas aunque congregan centenares sin que las minorías parlamentarias hubieran manifestado alguna preocupación por la salud de los obreros.

La pandemia de coronavirus debería poner a todos de un mismo lado, pero hay oposiciones tan elementales que tratan de usarla para dejarse sentir como opositores, para ver qué tantos se les unen. Y, peor aún, tratar de que la pandemia mundial sea presentada como una responsabilidad del gobierno. Esto ya está en el campo de la demencia.

Hace una semana yo escribía en este espacio que el PAN se ha convertido por decisión propia en una “oposición prescindible”. En las sesiones del 18 y 19 de marzo se demostró por desgracia mi aseveración. Ese partido no está haciendo falta, es como un fantasma que ni siquiera aúlla: puede estar o no estar, pero siempre lo hace en desacato del mandato de sus electores.

El jueves 19 de marzo se aprobó en la Cámara de Diputados una acusación contra una ex secretaria de Estado y, por esa vía, contra el anterior gobierno federal, por responsabilidad política, es decir, debido a su forma y métodos de gobernar, la desviación de recursos públicos y la violación de la Constitución y varias leyes. Fue la Estafa Maestra. Tal acusación ha sido enviada al Senado para sentencia. Este hecho histórico se produjo con la ausencia voluntaria del PAN (la del PRI se entiende porque era el partido gobernante, la del PVEM porque estuvo en aquel gobierno y la del PRD por lo que ya se sabe), con lo que se demuestra que el panismo no está interesado en remontar el viejo sistema político en el que se suprimió al Congreso como órgano de control político y autoridad jurisdiccional en la materia. Si no dio esa lucha durante sus 12 años en el gobierno, podría decirse que ahora tampoco tiene motivaciones.

Hace casi un siglo que nadie era acusado por la Cámara ante el Senado. Los altos funcionarios aparecían como impolutos, pues México era un país en el que ningún gobernante había sido juzgado en sede legislativa. Pero no eran buenos los miembros del gobierno, sino que el Congreso estaba sometido a ellos.

La fecha de la sesión de la Cámara de Diputados como órgano de acusación se conocía desde dos semanas antes porque es una disposición de ley. Así que decir que se ha aprovechado la pandemia para recuperar una función constitucional es una mala broma. Eso lo sabe Acción  Nacional, pero no concurrió a la cita sin  que el tema le importara en lo mínimo.

El PAN se fue porque quiso poner a las cámaras en inoperancia orgánica y funcional, lo cual le pareció al PRI una magnífica idea. Pero fracasó. El Congreso ya no está sometido a políticos de contentillo. No fue suficiente la alianza de los panistas con el PRI llevando al PRD de último vagón. El Congreso funcionó en sus dos cámaras. La de Diputados tomó entonces, razonablemente, la decisión de suspender sus sesiones plenarias la siguiente semana a la espera de que pase el punto alto de la curva de la epidemia nacional, le pidió permiso al Senado, éste lo concedió y, a su vez, solicitó autorización de los diputados para interrumpir sesiones en el momento oportuno. Mientras, el Congreso seguirá abierto y trabajando de otras formas. Por fortuna, al menos por ahora, nadie pudo dar un cortinazo a la representación nacional. Ya no son tiempos. Allá los fantasmas que se asusten de sus propios espectro

Marihuana

Es inminente una reforma del régimen al que está sometida la marihuana. La Suprema Corte ha declarado inconstitucional algunas restricciones normativas sobre su producción, lo cual obliga al Congreso a legislar.

El país ha tenido demasiado titubeo respecto a la cannabis. La mayoría de las personas que cuentan con una información básica al respecto coinciden en que la prohibición sólo ha generado delincuencia y también castigo a simples consumidores, lo cual ha resultado en una inmensa injusticia.

En un país que adolece de un Estado corrupto, penalizar la producción y comercio de marihuana conduce a la participación del gobierno y la judicatura en un negocio ilícito. Así ha ocurrido en México. En la industria y el comercio de esa yerba toman parte agricultores, distribuidores, asociaciones delincuenciales, pero también gobernantes, policías, fiscales, jueces. Además, intervienen los lavadores de dinero, incluyendo bancos.

El número de críticos de la prohibición ha ido en aumento. Personas de izquierdas y derechas piden un cambio de régimen jurídico, incluyendo exgobernantes que en sus tiempos hicieron llamados a favor de fortalecer la persecución.

Nadie en particular promueve el consumo de la marihuana. Al contrario, quienes buscan la despenalización aconsejan que el Estado y la sociedad hagan cosas para desalentar su consumo. Los únicos que se encuentran contentos con el actual delito son los narcotraficantes, es parte de su negocio.

Así, la sociedad no está dividida entre quienes quieren marihuana legal y quienes no la desean, sino entre los que advierten la necesidad de la legalización y aquellos que todavía confían en la vía punitiva para evitar su consumo, a pesar de que con la ley vigente nunca se ha logrado la reducción de la cantidad de yerba producida.

En la actual coyuntura, es impertinente tratar de discutir sobre la marihuana en sí misma porque el tema es otro.

En general, la vía punitiva en materia de drogas no puede tener más consecuencia que el promover delincuencia, violencia y corrupción. Esta es la lección de muchas décadas, como lo fue en su tiempo con la ley seca impuesta en Estados Unidos.

El Senado ha logrado la ampliación del plazo para obedecer la resolución de la Suprema Corte. Sin embargo, parecen continuar los mismos titubeos respecto de qué hacer.

Por más vueltas que se le dé al problema, existe una pregunta central: debe ser o no un delito producir y comerciar marihuana. Luego, si la respuesta es que no, hay que crear un sistema de control estatal sobre producción, circulación, venta y consumo de la cannabis.

No sería la primera vez que el Estado asumiera su papel de control de la producción y el comercio, como ha sido, por ejemplo, sobre el tabaco, las bebidas alcohólicas y los medicamentos, antibióticos incluidos.

Lo que al parecer imbuye temor es que una ley para crear un control oficial pudiera llevar a la corrupción y al mercado negro. Pero, ¿qué es lo que hoy tenemos? No debería preocupar demasiado que al principio un nuevo sistema tuviera problemas en su aplicación y la prensa más las oposiciones los aprovecharan para concentrar la atención.

Cuando en un par de estados norteamericanos fronterizos con México la marihuana es legal, es menos recomendable pensar acá en términos de una gradualidad que lleve lentamente a eso mismo. La cannabis es un producto de exportación y amplio consumo nacional y ese fenómeno no lo va a parar una reforma paulatina.

El problema del uso de drogas entre la juventud adquiere otro carácter que tiene que ver con el lugar y el papel que los y las jóvenes están jugando en la sociedad actual. Mas cuando existe persecución y extorsión con motivo de la siembra, el comercio y hasta el simple uso de la marihuana, la juventud es la que más sufre, como lo estamos viendo.

Limitarnos a la resolución de la Suprema Corte para que se pudiera producir legalmente cannabis con fines lúdicos personales pero no comerciales no sería suficiente para estar a la altura del tiempo que vivimos, del sufrimiento de mucha gente que no forma parte del crimen y de la espantosa crisis de violencia delincuencial que hemos padecido durante ya muchos años.

Propuestas panistas al pasado

El grupo panista de la Cámara de Diputados ha hecho un llamado al gobierno y a la mayoría parlamentaria para dialogar. Juan Carlos Romero Hicks ha sorprendido pero no ha dicho qué propone. Durante más de un año no ha tratado de construir absolutamente nada sino sólo bloquear al adversario, aunque sin éxito.

La posición del PAN en San Lázaro es idéntica a la de su presidente nacional, el cual no tiene idea de qué proponer a los otros partidos y mucho menos al mayoritario. Como no hay planteamientos, se insiste en dejar todo igual, es decir hacer propuestas al pasado. Ese conservadurismo es monumental.

¿Qué temas le interesan más al PAN? ¿Qué propuestas pudieran llevar a Morena o al gobierno a discutirlas para buscar alguna convergencia con el viejo partido de la derecha? No lo sabemos.

Lo que Acción Nacional sabe de sobra es que la mayoría no requiere de su aceptación para impulsar su programa. En cuanto a las reformas constitucionales, las cuales demandan los dos tercios de ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales, el PAN tampoco es decisivo si no conforma bloque de presión con todas las demás oposiciones.

El líder de los diputados del blanquiazul no ha dicho sobre qué tendría que hablarse ahora. Por lo pronto, en el Congreso no hay acuerdo sobre temas constitucionales como la eliminación del llamado fuero de los altos funcionarios ni tampoco las oposiciones aceptan elevar las facultades de las comisiones parlamentarias de investigación.

En materia de gasto público el PAN ha rechazado todo sin detenerse en un solo punto. Para la derecha panista, la política social de AMLO es detestable porque piensa que es un listado de regalos de dinero a los pobres y no está dispuesta a admitir en lo más mínimo que se trata de un reconocimiento de derechos. La excepción es el programa de estancias infantiles hacia madres trabajadoras en la economía informal porque ese fue de origen blanquiazul, pero el actual partido no admite que el apoyo debe darse directamente sin la intermediación de los establecimientos privados y sin la corrupción que ahí imperaba.

Aumentar los salarios mínimos no ha sido nunca un planteamiento de Acción Nacional, aunque sí de algunos panistas, como los líderes de la Coparmex. Por tanto, esa política pasa desapercibida por dicho partido, el cual no abre la boca para no tener que explicar la disminución salarial, en términos reales, que se impuso durante los 12 años de administraciones del PAN.

Combatir la corrupción significa algo peligroso porque puede tocar a personas cercanas al PAN y, hacerlo ahora, significa de alguna manera el reconocimiento de que eso fue lo menos que se hizo durante los años de las presidencias panistas.

El PAN en San Lázaro casi se dedica a hacer performance, escenificaciones en tribuna para gritar contra el gobierno, al cual acusan de ser dictatorial aunque sin que se hayan producido actos de represión política. A las bancadas de Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), el insulto más grande proferido por Acción Nacional es que éstas manifiestan acuerdo con la administración, lo que aplauden los legisladores de la mayoría, antes, claro, de responder a los insultos personales que los oradores panistas disfrutan lanzar en su contra.

No hay nada en el escenario de la lucha política entre Acción Nacional y la nueva fuerza gobernante. Es un vacío difícil de explicar pero enteramente real. No podríamos imaginar una reunión abierta, sin agenda previa, entre el líder del PAN, acompañado de sus coordinadores parlamentarios, y el presidente de la República. Sería como un saludo entre conocidos distantes. En sedes legislativas, el diálogo se produce cada semana pero es tan infructuoso como los recientes llamados de Romero Hicks a seguir patinando en el pasado.

¿Podría el país conocer un listado de nuevas propuestas del PAN para ser convertidas en leyes o políticas públicas? Esa sería una forma de desmentir lo que está escrito en el presente artículo. Ojalá.

Abolir privilegios, no crear nuevos

Andrés Manuel López Obrador envió al Legislativo una iniciativa para precisar y extender los delitos por los cuales el presidente de la República puede ser enjuiciado por el Congreso de la Unión. El Senado añadió que en esa misma condición estarían los miembros de las cámaras. Sin embargo, los senadores, como los diputados, durante su periodo legislativo, pueden ser acusados de cualquier delito y no sólo de aquellos considerados graves.

Como los diputados de todos los partidos no estuvieron de acuerdo con arrogarse ese nuevo privilegio, reprobaron los cambios y regresaron la minuta respetando el contenido de la iniciativa presidencial.

El Senado, por su parte, insiste ahora en su propia redacción y reenvía el proyecto a la Cámara de Diputados.

Ese ir y venir de una iniciativa del presidente carece de un razonamiento de parte de los senadores, quienes, por lo demás, no tienen derecho, en términos políticos, a colgarse de un proyecto que no es suyo, pero con el cual buscan ser inimputables de la mayoría de los delitos durante el tiempo de su encargo.

Quien sufre las consecuencias del desaguisado senatorial es el iniciador del proyecto, Andrés Manuel López Obrador, pues esto más bien parece un asalto para sacar raja de impunidad, presionando al mismo presidente para interceder a favor de un texto constitucional que ya no es enteramente el suyo, sino que se ha modificado y deformado como condición para ser expedido por parte de unos senadores que buscan su propio provecho.

Con la iniciativa de López Obrador, el párrafo que se pretendía reformar se refiere exclusivamente al presidente de la República (art. 108, segundo párrafo). Es el impeachment, la acusación contra el jefe del Ejecutivo y su juicio en el Congreso de la Unión. Nada tiene que hacer ahí la mención de otros altos funcionarios de la Federación como son los legisladores. Es por ello que los diputados tuvieron que regresar al Senado la minuta volviendo al texto presidencial. Si algunos senadores, los de las minorías, quieren privilegios, pues que presenten sus propias iniciativas. En síntesis, esa presión no es en forma alguna legítima.

El tiempo que vivimos en México es para que se elimine totalmente el llamado fuero, es decir, la inmunidad procesal penal de los altos funcionarios, con el propósito de que todos ellos puedan ser sometidos inmediatamente a proceso sin pedir permiso a la Cámara de Diputados para que ésta proceda al desafuero previo a la imputación. Sin embargo, hasta ahora, las oposiciones han impedido la aprobación de este proyecto que fue el primero que presentó Morena en San Lázaro hace más de un año.

La mayoría parlamentaria de ambas cámaras no debería aceptar el chantaje de unas oposiciones que no proponen nada nuevo, pero son duchas en condicionar sus votos para completar los dos tercios necesarios en las reformas constitucionales, con el puro objeto de lograr la introducción de elementos que no corresponden con la nueva situación del país.

La lucha contra los privilegios políticos no podría en situación alguna admitir la ampliación de los mismos. Eso debería ser obvio.

Es posible hoy acusar a un senador o senadora por cualquier delito. Pero con ese párrafo, cuya aprobación exige el Senado, sólo podría ser por delitos graves. Recordemos que la Cámara de Diputados es la que autoriza el enjuiciamiento penal de los miembros del Congreso. Con el insistente texto del Senado eso únicamente podría realizarse por los delitos comprendidos en el artículo 19 constitucional, es decir, los que se consideran graves. ¿Un senador o senadora podría robar durante el tiempo de su encargo sin que se le pudiera abrir un proceso?  Eso es lo que se busca aunque sin confesarlo. Algo más para historia de la hipocresía.

La nueva mayoría parlamentaria no llegó tan lejos para promover nuevos privilegios sino para abolirlos todos. Esa es la promesa.

La 4T frente a una oposición sin rumbo

Al comentar el informe de Andrés Manuel López Obrador en la tribuna de San Lázaro, las oposiciones se mostraron sin rumbo, sumidas en la queja más puntual y el desconcierto sobre el tiempo que vive el país. No hubo propuesta.

La senadora Beatriz Paredes, del PRI, y el diputado Xavier Azuara, del PAN, han presentado un listado de preocupaciones y desacuerdos con aspectos concretos de la acción del gobierno. Mas no fueron capaces de ofrecer atisbos de un programa, ni siquiera de acciones legislativas para enfrentar grandes problemas nacionales.

Al acometer la crítica de algunos aspectos de la nueva política del gobierno, aunque sin analizar cada asunto,  Beatriz Paredes se preguntaba qué hacer, cómo resistir, cómo responder, pero nunca contestó a sus propias interrogantes.

Por su lado, el vocero de Acción Nacional aportó también una dosis de preguntas sobre sus propias conclusiones pero sin hacer análisis ni proponer algo. «¿Cómo explicarles a los mexicanos que sus libertades y esperanzas se están desvaneciendo poco a poco?», interrogó al Congreso de la Unión, pero como la pregunta era un simple recurso para hacer una aseveración sin argumento, dejó la respuesta quizá para otra ocasión.

El método de la pregunta sin respuesta opera en esa clase de discursos como medio para afirmar que algo está mal, pero sin tener que analizar la realidad que se pretende someter a crítica. Según el PAN, «hoy la patria sufre las mieles del poder absoluto». El diputado panista no sólo se ahorró la presentación de los motivos de su dicho, sino que tampoco ofreció la más simple definición del concepto de «poder absoluto».

La doble derrota política, la del partido gobernante (PRI) y la de aquel que estaba casi seguro de que volvería al poder (PAN), ha conducido infortunadamente a una desorientación de ambos. El mayor problema que tienen esos partidos es que aun juntos no podrían controlar el Poder Legislativo, como lo hicieron durante varios lustros. Su acción política se ha reducido, así, a la queja, el lamento y la diatriba.

Ninguno de los dos partidos puede plantear abiertamente que se aplique la política de los sexenios que van de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto, pasando por la interrupción política, pero no programática, de Vicente Fox y Felipe Calderón. En realidad, la derrota ha sido sufrida por los portadores políticos del programa neoliberal.

Proponer otra vez el neoliberalismo es difícil aunque no imposible. Para ello se recurre a exigir que todo se conserve porque es institucional y producto del devenir nacional. Se dice que está bien combatir la corrupción, pero se alerta que eso, como parte del discurso justificante del gobierno, puede «concluir en la demolición de las instituciones», según Paredes.

Es así como el PRI exige que no se toquen estructuras administrativas y empleos del gobierno anterior, no obstante lo lento que ha sido López Obrador en la tarea de renovar el aparato del Estado. El cambio político de hoy no es como fue aquella interrupción panista entre los años 2006 y 2012, sino que busca la ruptura del viejo régimen, luego del fracaso del neoliberalismo y la crisis del Estado corrupto.

Lo que discuten los opositores son cosas como la forma de entregar el subsidio a las estancias infantiles para hijos de trabajadoras no asalariadas, pero directamente, sin desviar fondos hacia negocios con frecuencia inescrupulosos. También recuerdan asuntos definitivamente resueltos como la cancelación de la obra de Texcoco, el fabuloso aeropuerto que iba a ser, o el proyecto de construir una refinería, como la que alguna vez fue ordenada por Felipe Calderón, pero no pasó de la inútil compra del terreno a costa del Estado de Hidalgo y el levantamiento de la barda perimetral.

No es posible hoy discutir con las oposiciones sobre el cambio de rumbo económico, social y político del país porque ellas no quieren tocar ese tema. La discusión entre partidos está ubicada, por desgracia, en el método de las pedradas, las quejas puntuales y las injurias. «Estamos defendiendo la agonizante libertad que nos queda», ha dicho, muy convencido, el portavoz panista

Las oposiciones tardarán, en el mejor de las situaciones posibles, en proponer un programa congruente con los intereses e ideas de ellos mismos. La nueva fuerza gobernante, por su parte, debe mejorar su forma de interlocución social si quiere que se discuta su proyecto y, en consecuencia, se robustezca y mejore.

El soliloquio actual se está agotando, por lo cual hay que promover una amplia comunicación en la que tome parte todo el gobierno y los legisladores. Si la oposición no puede discutir temas de fondo, entonces hay que hacerlo con las organizaciones sociales y la academia.

Es verdad que se requieren respuestas puntuales a los partidos de oposición, pero sería un error limitarse a ellas porque la sola discusión en ese terreno impide las explicaciones de los temas de gran calado y del sentido de los cambios que se están realizando y de los que se pretenden llevar a cabo.

Hay que abrir el debate. El país no va a poder resistir un prolongado vacío de discusiones políticas porque vive un proceso de cambio, cuyas realizaciones tienen que ser ubicadas en el terreno de la controversia como una necesaria vía para ser comprendidas por todos.

Tómese un acuerdo en principio: es imposible que el líder de la 4T, Andrés Manuel, se haga cargo de explicar, argumentar y replicar personalmente sobre todo.

Presidencia de San Lázaro, ley e interpretación legal

La actual legislatura de la Cámara de Diputados se instaló y ha funcionado con la sencilla aplicación de la ley, con amplio criterio y sin normas de temporal, como antes se acostumbraba.

Sin embargo, ha surgido una discusión sobre la Mesa Directiva que habrá de elegirse para el segundo año.

El primer asunto es explicar porqué no se debía aplicar el año pasado el artículo 17.8 de la Ley Orgánica que señala que «en ningún caso la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo año legislativo, en un diputado que pertenezca al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política». Como se sabe, Morena ha ocupado hasta ahora las dos presidencias.

La respuesta es que si se hubiera aplicado dicho precepto sin tomar en cuenta otros de la misma ley, Morena no hubiera podido nunca acceder a la presidencia de la Mesa Directiva, a pesar de tener más integrantes que cualquier otro grupo.

Para que Morena asumiera ambas presidencias se tuvo que hacer una interpretación legal que, obviamente, requería un acuerdo entre los grupos parlamentarios, aunque éste fuera verbal porque se trataba sólo de aplicar la ley y no de escribir otra.

Al principio el asunto fue complicado, pero Morena insistió en que tenía el mismo derecho que otros grupos a designar al presidente de la Mesa para uno de los tres años, sin que se lo pudiera impedir su situación de mayoría y, por tanto, ocupante de la presidencia de la Junta de Coordinación Política durante toda la legislatura.

Para proteger el derecho de Morena a asumir la presidencia de la Mesa durante un año, el acuerdo consistió en que se seguiría aplicando la Ley Orgánica en su artículo 17.7 que señala que, en el segundo y el tercer años de la legislatura, la presidencia recae en los dos grupos parlamentarios que no la hubieran ejercido antes, en orden decreciente de sus integrantes.

Entonces, para interpretar correctamente el artículo 17.8 a la luz de la composición de la Cámara, a pesar de la prohibición que contiene, debía respetarse, antes, el derecho de Morena para proponer al presidente de la Mesa y, al mismo tiempo, el derecho de otros dos grupos para ocupar la misma, según lo prescribe el artículo 17.7, el cual instituye la rotación en la presidencia de la Mesa Directiva.

De lo contrario, bajo la ley vigente en el momento de la instalación de la Cámara, el derecho de desempeñar la presidencia se hubiera hecho exclusivo de un solo grupo, Morena, negándoseles a otros dos grupos. Nadie en Morena planteó entonces semejante cosa, pues, además de mal hecho, no se hubiera logrado la mayoría de dos tercios para tener la primera presidencia de la Legislatura, la cual fue ocupada por Porfirio Muñoz Ledo, designado por el grupo de Morena. Por 496 votos a favor y 3 en contra se aprobó la propuesta en el entendido de que habría rotación en los dos siguientes años de la legislatura.

En el momento actual, lo que procede es volver a aplicar la ley, pues si su primera aplicación favoreció el derecho de Morena, se mantuvo incólume el de otros partidos. Lo que ahora debe hacerse es mantener el compromiso con esa misma interpretación de inicio de la legislatura en lugar de intentar, como se ha propuesto, una apresurada reforma de la Ley para cambiarlo todo. Así, la presidencia de la Mesa Directiva sigue siendo rotatoria.

Ahora bien. En San Lázaro el principal órgano de gobierno es la Junta de Coordinación Política, la cual propone al Pleno la integración de las comisiones, decide sobre el orden del día de las sesiones, hace los nombramientos más importantes a través de una instancia llamada Conferencia, presenta el anteproyecto de presupuesto,  entre otras muchas facultades.

La Mesa Directiva, la cual opera también bajo la regla del voto ponderado (cada grupo posee tantos votos como número de integrantes) y su presidente carece de voto, tiene a su cargo la interpretación de normas relacionadas con sus propias actividades, incorpora dictámenes a discusión, determina formas para los debates, supervisa que los dictámenes cumplan con los requerimientos, impone sanciones, expide las convocatorias, entre algunas otras materias. Morena tiene mayoría por sí solo.

El presidente de la Mesa protege a las y los diputados y a los recintos, conduce las relaciones institucionales con otras instancias del Estado y el protocolo de la diplomacia parlamentaria. Preside la asamblea pero también lo hacen en algún momento vicepresidentes que son de dos partidos diferentes al suyo. Tiene la «representación legal de la Cámara» y delega ésta a la instancia de asuntos jurídicos.

El artículo 22.4 de la Ley Orgánica es claro: el presidente de la Mesa Directiva responde ante el Pleno de la Cámara.

En los parlamentos del resto del mundo no existe rotación presidencial. El o la presidenta es designada para toda la legislatura. La votación es a mayoría absoluta, mas no siempre preside alguien del partido más grande y ni siquiera del mayoritario. Pero México no es un país normal. Hemos tenido el avasallamiento del partido del Estado, es decir, del Estado mismo. La alternancia panista nunca se propuso remontar el pasado y construir algo nuevo. La vieja cultura política nos ronda, pero no como un fantasma sino como una arraigada costumbre del poder. Es ahora cuando podemos levantar otro sistema político y otros métodos que sean democráticos. Estamos a prueba.

La rotación en la presidencia de la Mesa fue producto de un acuerdo en 1997, en el cual participó, entre otros muchos, Muñoz Ledo.

La rotación fue una respuesta a la cultura y práctica del «agandalle». En realidad, hasta que las oposiciones hicieron conjuntamente mayoría en San Lázaro fue posible empezar penosamente a abrir las puertas de un funcionamiento plural, propio de la naturaleza de los parlamentos basados en el voto ciudadano.

Para cambiar el sistema de rotación de la presidencia de la Cámara, como para expedir toda una nueva ley orgánica, es preciso un consenso político, naturalmente inducido por una mayoría, como lo fue en 1997 y en la posterior reforma de la Ley Orgánica.

El punto, sin embargo, radica por el momento en que, luego de la formación de una mayoría parlamentaria que no existía propiamente como tal desde 1994 (en 2015 el PRI fue mayoritario con sus aliados), se acusa con actitud intrigante a la fuerza de relevo de buscar ser una nueva versión del priismo, es decir, del «agandalle» y el atropello o desconocimiento de los métodos pluralistas.

La 4T trae grabado el sello de la lucha contra el autoritarismo, la negación de derechos, la represión y la segregación política de críticos y opositores. Podría acelerarse la revisión ya acordada de la Ley Orgánica y el Reglamento, así como el restablecimiento del servicio parlamentario de carrera cancelado «gandallamente» por PAN y PRI, mas eso requiere el concurso de todos y el debate franco y abierto, pero no el simple dictado de la mayoría en un asunto que altera la convivencia entre adversarios en pugna permanente.

La Ley Orgánica del Congreso no es un ordenamiento cualquiera, pues norma la relación entre contrarios cuando no entre enemigos. Si se quiere la convivencia no violenta entre los diferentes que son, además, representantes del pueblo, no se pueden dictar normas como si se tratara del presupuesto de egresos o cualquier otra ley. Las de carácter interno requieren un tratamiento especialmente pluralista porque son reglas de la casa común.

Morena debe hacer un esfuerzo para no caer en métodos que sus dirigentes e integrantes combatieron siempre. La mayoría es la principal responsable del cumplimiento de los acuerdos porque éstos dependen de ella. Respetar lo acordado forma parte de la moral del poder.