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Derechas e izquierdas frente a la fiscalidad

Quienes siempre han gritado en favor de gravar con el IVA los jitomates, las cebollas, los chiles y las tortillas, consumidos por casi todos, protestan por la iniciativa de aplicar ese mismo impuesto al servicio educativo privado. Sólo les importa en realidad no tener que desembolsar más en colegiaturas. Ocultan, además, que éstas son deducibles del impuesto sobre la renta, según un decreto inconstitucional expedido por Calderón con un costo de 14 mil millones anuales y que sólo beneficia a quienes ganan más de 400 mil al año.

El IVA es un queso gruyere con muchos agujeros, pero lo único que deseaba la derecha era hincarle el diente a la gente que destina más de la mitad de sus escasos ingresos a la alimentación. Como eso no fue posible, se oyen las protestas contra el IVA en colegiaturas, importaciones de maquiladoras, la igualdad de la tasa general en todo el país y otros gravámenes que siempre debieron existir.

El IVA en alimentos y medicinas que es regresivo tiene dos inconvenientes adicionales: el político y el económico. El primero es el rechazo de la mayoría a pagar más por su escasa comida y por medicinas muy caras. El segundo es que, cuando hay una tendencia recesiva, lo peor es golpear más el consumo.

El impuesto sobre la renta es otro gruyere, pero con hoyos mayores. Calderón llevó la tasa máxima de 28 a 30 por ciento ante la recesión pero no tapó agujeros. El actual proyecto del gobierno tampoco está del todo bien, porque debería elevar a 32 por ciento el impuesto a los ingresos, pero a partir de los 50 mil al mes y agregar un punto porcentual por cada 50 mil adicionales hasta un límite de tasa máxima que podría ubicarse en 38 por ciento. Además, habría que aligerar las tasas a los ingresos más bajos, ya que resultan elevadas.

Hay muchos más puntos a debate pero, por lo pronto, una parte de la izquierda no acierta a retomar el discurso que por décadas pronunció en todos los tonos. El plan siempre ha sido hacer más progresivo el impuesto sobre la renta y eliminar regímenes especiales y concesiones fiscales graciosamente otorgadas por los presidentes a los grandes capitalistas. El otro punto es cambiar la forma de la redistribución del ingreso.

La derecha priista ha quedado un tanto desconcertada con la propuesta del gobierno al grado de unirse a la otra, la panista, para echar abajo algunos puntos de la iniciativa. Esperemos que la izquierda no haga lo mismo con banderas que no son suyas. Es preciso tomar en cuenta que el gobierno busca ante todo aumentar la recaudación sin meterse en el enredo del IVA en alimentos y medicinas, por lo que no todo lo planteado en la iniciativa es correcto. Sin embargo, habría que tratar de ir más lejos, pero con visión y programa propio. No podría ser congruente impedir el impuesto a las ganancias bursátiles o el nuevo derecho a la extracción de minerales preciosos, entre algunas otras viejas propuestas presentadas antes por la izquierda y rechazadas o ignoradas por la derecha.

La iniciativa del gobierno es pequeña para las necesidades redistributivas del país y aún así se escuchan por todos lados los rechazos. Si el gobierno no abrazó la propuesta fiscal de la OCDE y de la derecha —incluso la priista—, no tenía más que echarse al otro lado aunque en forma limitada. Así está la cosa.

Todos en contra

Felipe Calderón ha conseguido lo hasta ahora considerado imposible: ha puesto a todos en su contra. Los motivos de las diferentes clases o sectores de éstas son, sin embargo, diferentes. Quienes pagan impuestos no están de acuerdo con pagar más; quienes no pagan rehúsan ahora pagar un poco por cuenta de lo que han dejado de aportar.

Es evidente que la gran burguesía monopolista, la cual no paga como lo afirma con razón el mismo Calderón (quien asumió por un instante el discurso de López Obrador, aunque sin la misma consecuencia), combate el aumento de la tarifa máxima del impuesto sobre la renta de 28 a 30 por ciento, aunque tampoco lo va a pagar, pero se opone sobre todo al pellizco de los impuestos retenidos (aparte de los no pagados) entre 1999 y 2004 –más de 80 mil millones en el cálculo más conservador—que Calderón les pidió entregar en cinco cómodas anualidades.

Quienes pagan los impuestos no están de acuerdo con un aumento de dos puntos porcentuales sobre sus ingresos, lo cual significaría poco más de siete por ciento de incremento a todos y, para los más bajos salarios que hoy contribuyen, representa casi 20 por ciento de aumento respecto de lo que están pagando ahora, lo cual es un atraco. (Nuestra insigne prensa libre mexicana no ha dicho la verdad sobre el proyecto gubernamental de impuesto sobre la renta ni ha intentado explicar a su sufrido público lo que significa el régimen de consolidación fiscal de los súper ricos mexicanos; lo que al respecto se ha planteado por el PRD desde el Congreso no ha sido publicado, sencillamente).

En cuanto a los impuestos al gasto no se trata sólo de dos por ciento adicional, reducido por la Cámara a uno por ciento en el IVA, sino también el tres por ciento a los usuarios de telecomunicaciones, dos pesos por cajetilla sin importar el precio de la misma y un incremento a las bebidas alcohólicas y a la cerveza, todo lo cual le pega a casi todo mundo.

Los ciudadanos diputados de la mayoría de PRI y PAN (encabezados por sus respectivos presidentes nacionales) se aventaron la puntada de aprobar la condonación de derechos a los concesionarios de las nuevas frecuencias de telecomunicaciones, por la friolera de casi 5 mil millones de pesos, con el propósito –dijeron—de “incentivar” que le hagan el favor a México de invertir en la banda más lucrativa del espectro radioeléctrico (la más rápida) y la de mayor tasa económica de retorno, como si fuera petróleo crudo. No se sabe qué favores, también de retorno, están aquí comprometidos.

En síntesis, Calderón plantea que quienes ya están pagando impuestos (trabajadores y empresarios pequeños y medianos) ahora paguen más y quienes no pagan casi nada sigan así, aunque les quiere cobrar a éstos en 2010 unos 27 mil millones por cuenta de lo que no han pagado en los últimos diez años. Esto fue lo que amarró la pinza de la unidad nacional: todos en contra. Mayor torpeza es difícil.

Los privilegios fiscales, sin embargo, no se tocan, pues el régimen de consolidación fiscal de las holdings no se quiere suprimir, ni se quiere cobrar el impuesto sobre la renta a las ganancias de bolsa, ni se pretende tocar a las empresas mineras que prácticamente no pagan nada por derechos de extracción, ni tampoco se desea eliminar los regímenes de privilegio del llamado sector primario y los transportes. En fin, Calderón respeta a los ricos y sólo les pide a los más ricos una pequeña contribución de 27 mil millones, por la cual éstos chillan como marranos atorados (tienen ingresos brutos anuales por más de cinco millones de millones de pesos).

El secretario de Hacienda, ante tal desastre y pésimo resultado político, debería renunciar como responsable de la aplicación de las órdenes recibidas de su jefe, Calderón. El paquete fiscal presentado por el gobierno no puede más que llevar al nombramiento de un nuevo secretario, aunque quien debería irse, en verdad, es el mismo Calderón por haber unificado a todos en su contra. Digo, es una idea.

¿Paquetazo o paquetito?

Al proyecto fiscal aprobado en la Cámara no lo ama nadie pero lo quiere la mayoría de San Lázaro. El PAN prefiere su absurda e inconstitucional “contribución contra la pobreza”, con una tasa de dos por ciento generalizado bajo las reglas del IVA. El PRI –quien negoció con Calderón—impulsa a regañadientes el uno por ciento al valor agregado, obra suya, sin duda. En cuanto al impuesto sobre la renta, han coincidido el gobierno y el PRI en la propuesta original de Calderón para elevar todas las tasas reales de quienes ya pagan, incluyendo en primer lugar a los trabajadores. Lo demás es más monstruoso pero es el proyecto panista original, que se lo ha tragado el PRI con fuertes disensos en sus filas.

Es un paquetazo en tanto que se busca hacer pagar más a quienes ya están contribuyendo pero se mantienen los privilegios fiscales para los más ricos. El régimen de consolidación de las holdings, apenas modificado, seguirá vigente. La Cámara se ha negado a imponer el pago de derechos a las compañías mineras que se roban los recursos naturales del país. Tampoco discutió siquiera el proyecto que envié desde el Senado para gravar las ganancias de bolsa. La progresividad del impuesto sobre la renta en realidad no ha sido modificada.

En cambio, se aprobó un nuevo impuesto al internet, el cual ya paga el IVA. Todos los países promueven este medio de comunicación y educación, menos Calderón, autor de esta iniciativa, y el PRI que la apoya sin explicación alguna. El aumento en la tasa y base del absurdo e inconstitucional impuesto al circulante tampoco ha sido explicado por sus autores ni por sus apoyadores priistas.

Sin embargo, la nueva recaudación contenida en el proyecto aprobado por PAN, PRI, Verde y Nueva Alianza, con los votos en contra del PRD, PT y Convergencia, es un paquetito. La cantidad implícita no alcanza más que para amortiguar una parte de la baja de los ingresos fiscales generada por la recesión. Pero no hay ningún plan contra la crisis, sino una respuesta timorata, protectora de privilegios.

El otro proyecto fue el que presentó el PRD. Plataforma tendiente a hacer pagar a quienes eluden su responsabilidad fiscal y a promover un fuerte programa de inversiones públicas productivas: tomar de la esfera de la especulación, de las súper ganancias de los monopolios y de los actuales gastos innecesarios el excedente para impulsar la economía. Esa es la respuesta correcta a la crisis que vivimos.

La alianza entre el gobierno y el PRI nos muestra una anomalía política. En las recientes elecciones, el PRI fue votado más que ningún otro partido pero no para realizar una alianza antipopular con el PAN sino para promover cambios. Los electores del PRI han sido defraudados.

La patronal, por su lado, no quiere el mínimo aumento de la tasa máxima al ingreso en dos puntos porcentuales, el cual difícilmente va a pagar, y tampoco está de acuerdo con la pequeña mordida al 40 por ciento durante 2010 a los impuestos retenidos por las holdings durante muchos años. Rechaza también el incremento del IEPS, en lo que tiene razón pero no por los argumentos apocalípticos que expone.

Al final, el paquetazo fiscal (paquetito en cuanto a su capacidad recaudatoria) va en el sentido de cobrar más a quienes ya pagan y mantener los privilegios de quienes no pagan. Este contenido marca toda una política gubernamental, asumida por el PRI en contra de sus propias promesas de campaña. En realidad, los nichos fiscales de privilegio los construyó el PRI cuando gobernaba.

La izquierda tiene la razón: hay que luchar contra la recesión y a favor de abolir los privilegios fiscales de un país con una fiscalidad endeble y atrasada.