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Descomposición moral de élites

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha suspendido la aplicación de algunos preceptos de la Ley de Remuneraciones para permitir que durante un año más los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los altos jefes del mismo ganen lo que ellos decidan, sin importar el límite constitucional.

La ley ordena que las normas generales no pueden ser suspendidas en su aplicación a través de medidas cautelares. Pero, en una votación de tres contra dos, la ley de remuneraciones no va a tener vigencia en el INE. Otra manera de decirlo es que el órgano máximo garante de la constitucionalidad ha violado la Constitución dos veces en un sólo acto: excluir por el momento al Instituto Nacional Electoral de la observancia de los artículos 75 y 127 de la Carta Magna y suspender, en el marco de una controversia, la vigencia plena de normas generales de observancia obligatoria, antes de resolver el fondo del asunto.

¿Por qué se ha rebajado tanto la Primera Sala de la Suprema Corte? No es la primera vez que lo hace. Lleva dos años autorizando remuneraciones discrecionales inconstitucionales de integrantes de órganos autónomos. La respuesta podría ser que una mayoría de la Corte no está de acuerdo con la nueva política de remuneraciones de los altos jefes de los entes públicos, pero como posiblemente no llegue a tener ocho votos, no puede resolver ningún asunto de estos en el Tribunal Pleno y, por ello, otorga suspensiones anuales en alguna de sus salas por mayoría simple de tres votos.

Sin embargo, el peor problema no lo tiene la Suprema Corte, sino una mayoría de consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral. Cualquiera quisiera ganar más, pero un servidor público no puede darse la licencia de violar la Constitución y la ley para elevar sus percepciones. Mucho menos un funcionario que se encarga de organizar la recepción del voto popular a través del cual los electores manifiestan su voluntad política.

Es evidente que en la elección de 2018 hubo una amplia mayoría que indicó su acuerdo con una nueva política de sueldos de los jefes de los entes públicos, pues el candidato ganador planteó con absoluta claridad esa propuesta. Lorenzo Córdova no puede decir que ignora que una mayoría electoral no está de acuerdo con que él gane más que el presidente de la República aunque la Carta Magna lo prohíba y se haya votado en favor de una nueva política de sueldos. Ese mismo dictado lo hemos constatado en la elección legislativa del presente año. ¿De qué democracia hablan en el INE, de qué legalidad presume la mayoría de consejeros y consejeras?

Sería difícil suponer que tres de los cinco integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte se hubieran puesto formalmente de acuerdo con seis de los 11 consejeros y consejeras para aplastar las normas constitucionales y legales sobre remuneraciones de servidores públicos. Sería más bien una coincidencia de propósitos, pero eso no supera la ausencia de ética de unos y otros en este escandaloso lance de los sueldos.

El asunto es más grave cuando esos seis consejeros y consejeras electorales han estado militando en contra de la nueva fuerza gobernante del país que implantó una nueva política de remuneraciones, estableció una austeridad republicana en el servicio público e impulsa un programa social contrario al neoliberalismo de los tiempos en los cuales ellos llegaron a los cargos que actualmente desempeñan.

No existe la menor duda de que, entre muchas otras tropelías del INE, la cancelación de registros de candidaturas de ciudadanos que cumplían con los requisitos de la ley fue una manera de tomar parte en la contienda electoral, frente a la cual se debe ser imparcial.

En el asunto de los sueldos en el INE, tampoco cabe la menor duda de que la Junta General Ejecutiva del Instituto ha estado tomando decisiones para beneficiar económicamente a sus propios integrantes al desobedecer la asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación y, con ello, los artículos 75 y 127 de la Constitución que ellos mismos protestaron cumplir y hacer cumplir.

El problema es de alto relieve ético y muestra con elementos adicionales la descomposición moral y política a la que se ha llegado dentro del INE. Bajo el Estado corrupto que imperó en el país y del cual todavía no salimos del todo, sino que estamos a medio camino, casi ningún ente público pudo asumir pautas diferentes. Pero pocas entidades han hecho lo que el INE: alegar la inaplicación de la Constitución respecto de sus altos mandos (unos 300), que tienen sueldos mayores que el presidente de la República, cuya percepción es la remuneración máxima constitucional. Esa es una distorsión monstruosa de la función pública donde el funcionario se ubica muy por encima del deber e, incluso, adopta una relación patrimonialista con los recursos puestos a su custodia, para lo cual ignora la ley suprema y, con ello, todo el sistema de leyes.

Es tan grotesco este asunto que en el INE no todos los consejeros y consejeras ganan lo mismo porque una minoría no admite el acuerdo de fijar remuneraciones inconstitucionales e ilegales, se niega a cobrarlas. Así que la percepción ya no es legal, igual e irrenunciable, como señala la norma máxima del país, sino que cada cual termina escogiendo su sueldo.

Aún así, con total falta de vergüenza y con absoluto descaro, algunos consejeros se toman de vez en vez su tiempo para fingir dar clases de política democrática y de legalidad a un país que, evidentemente, en su mayoría los desprecia.

Ocaso del Estado corrupto

3 respuestas

Contar con un nuevo gobierno que no es corrupto, por vez primera en 70 años, no quiere decir que el Estado también ha dejado totalmente de serlo. Vivimos ahora un indispensable inicio que lleva a una lucha diaria, la cual habrá de prolongarse probablemente durante algunos años. El problema tiene dos lados: evitar la corrupción en tiempo real y ajustar cuentas con la corrupción sistémica de antes, sus mecanismos, sus leyes, sus mafias, sus vínculos de protección, complicidad y miedo.

El Estado corrupto es parte de todo el sistema de poder, por lo que no es una sobreposición a la gobernanza, un defecto. En todos los países existe corrupción, pero no todos tienen Estado corrupto. Este es una forma de hacer participar en la corrupción a las unidades económicas y organizaciones de la sociedad y, por tanto, impacta las relaciones sociales, las de carácter mercantil, es decir, al capitalismo. No se trata, claro está, de la dominación social ni de la forma de opresión, no es el centro de las relaciones de producción e intercambio, del capitalismo como tal, pero de este emerge y atenaza todo. Bajo el Estado corrupto han vivido las presentes generaciones mexicanas. Es un fenómeno histórico en el pleno sentido del término.

El primer acto contra la corrupción de la 4T se realizó antes de la protesta del nuevo gobierno. La nueva mayoría anunció en San Lázaro la abolición del método de los “moches”. No se aceptarían partidas específicas transadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aquellas que se aprobaban a cambio de posteriores recompensas, llamadas “moches”, a los diputados promoventes. Las oposiciones no han podido digerir hasta ahora este cambio.

El segundo acto fue aprobar un proyecto de ley largamente congelado de remuneraciones, para hacer valer el artículo 127 de la Constitución, a efecto de limitar los sueldos de los jefes al tope de aquel que se le asignare al presidente de la República, luego de lo cual se anunció una disminución de más del 50 por ciento a la remuneración del titular del Ejecutivo. Este lío tiene todavía asuntos pendientes con los organismos autónomos que han encontrado cobijo en el Poder Judicial y siguen decidiendo sus propios sueldos a despecho del artículo 75 constitucional.

Empezaron a aprobarse otras reformas: la prohibición de las condonaciones fiscales que habían sumado muchos miles de millones de pesos; el cobro de deudas fiscales de grandes contribuyentes; la entrega directa y personal de las subvenciones incluidas en los programas sociales; la ley de austeridad para evitar los gastos innecesarios, los cuales solían llevar el incentivo de cobrar el “moche” a los proveedores; la persecución de las facturas falsas para efectos fiscales y para justificar ilícitos pagos gubernamentales; la eliminación de las compras atadas a estructuras oligopólicas y de simulación de licitaciones, como las que se llevaban a cabo con las compras consolidadas de medicamentos; el descarte del método de asociación pública-privada; la congelación de rondas de asignación de concesiones para la explotación de hidrocarburos; las renegociaciones de leoninos contratos de gasoductos, prisiones y hospitales, entre otros; la vigilancia fiscal del comercio exterior y de la importación de energéticos; la lucha frontal contra el huachicoleo dentro y fuera de Pemex; la persecución de los defraudadores de casos como el de Agro Nitrogenados y otros; las denuncias presentadas por simulaciones defraudatorias, mordidas recibidas para el otorgamiento de contratos y robos directos al erario; la eliminación del outsourcing; la rendición de cuentas y el voto directo en los sindicatos; el primer juicio político en 90 años contra la “estafa maestra” del gobierno de Enrique Peña; la revelación de la compra de votos en el Congreso y de otras muchas manifestaciones de la corrupción, incluido el apoyo para desvelar en México el escándalo continental de Odebrecht, así como el primer desafuero de un gobernador. Aunque es un inicio, es también algo épico, frente a la profundidad del Estado corrupto y ante las resistencias políticas manifiestas.

Entre las reformas legales expedidas y las acciones políticas llevadas a cabo destaca la cancelación de centenares de fideicomisos que eran una manera de esterilizar recursos presupuestales en beneficio de administraciones conformadas como concesiones facciosas. Dentro de este esquema, aunque como agrupación privada, encontramos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A.C. ¿Para qué querría el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología una asociación privada que promoviera apoyos, es decir, canalizara recursos públicos en favor de proyectos de entidades de muy diverso tipo? Quizá para una cosa: que un grupo de personas afectas al poder asumiera funciones propias del Estado, bajo la dirección de facto de funcionarios, con el fin de repartir recursos públicos a conveniencia y con suficientes beneficios, pues casi nadie trabaja por amor al arte.

Los hechos fueron denunciados por el Conacyt sencillamente porque hacerlo es obligación de todo funcionario. El asunto está ubicado en la Fiscalía General de la República y en los tribunales de la Federación. El gobierno y el Congreso no son litigantes, al menos en este caso. Ningún derecho ha sido violado y esperemos que no lo sea en lo sucesivo.

Sin embargo, los directores de la UNAM y varios otros funcionarios académicos han elevado su protesta por lo que consideran una “inconcebible” acusación, “desproporcionada”, se afirma, contra 31 científicos, por delitos graves que resultan “improcedentes”, la cual resulta, se enfatiza, en una “condena a priori”, sin garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso.

Los conceptos expuestos carecen de importancia ya que son los mismo que mencionan con frecuencia ciertos despachos de defensores con respeto a cualquier cliente suyo acusado en el orden penal. Decir no cuesta, lo difícil es sostener, fundamentar y sustanciar lo dicho, sobre todo cuando, como en este penoso asunto, las imputaciones no han sido admitidas en ningún juzgado.

Lo más preocupante es que directores universitarios consideren que las imputaciones de la Fiscalía crean un “clima de desconfianza y linchamiento” contra los científicos mexicanos. Frente a esto, los mismos funcionarios universitarios llaman a una “adecuada interacción entre la academia y el gobierno” como elemento para poder “aspirar a una ciencia más humana y al servicio de la sociedad”.

Sin embargo, no existe en México la menor desconfianza y mucho menos “intentos de linchamiento” contra los profesionales de la ciencia y la tecnología. Un asunto penal relacionado con algunas personas en su calidad de servidores públicos o de promotores privados no tiene relación con el contenido del quehacer científico y tecnológico.

Por último, causa extrañeza advertir que personal académico afirme que la “calidad humana de la ciencia” pudiera depender en alguna medida de las relaciones entre la academia y el gobierno. De por sí eso no podría ser puesto que el gobierno afortunadamente no hace ciencia, pero, además, en México el contenido de la investigación, considerada ésta como una libertad, tiene estatus constitucional autonómico (Art. 3º-VII).

El Estado corrupto no es un fenómeno que sólo abarque a los políticos y a las relaciones de éstos con los empresarios. El asunto no es tan sencillo. Tampoco es una “cultura” como suele afirmarse con propósitos justificatorios. Se trata de un elemento propio de una forma de gobernar basada en un reparto de patrimonio público entre individuos y grupos que, en su conjunto, conforman un sistema de reproducción de vínculos específicos entre el Estado y la sociedad. Es un método para crear intereses comunes con el objeto de reproducir incesantemente una manera específica de gobernar basada en actividades ilícitas e inmorales.

El Estado corrupto está en su ocaso porque fue llevado a extremos de sí mismo justo en el momento de la crisis mundial del neoliberalismo. Contra uno y otro rasgo del capitalismo de nuestros días fue que se rebeló una parte decisiva del electorado, luego de muchas décadas de persistente lucha, que abarcó tres generaciones, en pos de la democracia. El cambio político de 2018 tiene como uno de sus principales motivos la superación de la corrupción como parte del sistema de gobierno. Sería por lo menos pueril suponer que ese sistema nunca tocó a las instituciones de investigación.

Como no existe persecución alguna contra científicos u otros académicos, lo pertinente es esperar a que el aparato de justicia resuelva el problema penal que tiene frente a sí. “Jus semper loquitor”, reza o rezaba el nombre de un auditorio en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Pacto legislativo opositor

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La coalición opositora, conocida como PRIAN y denominada “Va por México”, ha lanzado un decálogo para conducir su próxima política unificada en la Cámara de Diputados. Veamos.

1.Ejercer funciones de control sobre el Ejecutivo. Las oposiciones actuales no han creado en el Congreso una sola comisión investigadora durante casi tres años, pudiéndolo hacer por disposición de ley. Es la primera vez desde 1978, cuando se creó la figura, que ocurre esa inexplicada anomalía. Han rechazado también la iniciativa de Morena para que dichas comisiones cuenten con mayores atribuciones y puedan abarcar todos los temas de interés público.

2. Equilibrio de poderes. La Constitución establece la existencia de ramas del poder con facultades diferenciadas (Art. 49), pero no se menciona un “equilibrio”. Los poderes no sólo son, por lo demás, el Ejecutivo y el Legislativo, sino también el Judicial. Ninguno de tales poderes ha invadido la esfera de otro en los últimos años, sigue habiendo “división”, lo que no impide que exista discusión pública entre ellos, la cual continuará en tiempos de “inviolable libertad de difundir opiniones, información e ideas” (Art. 7). La Constitución tampoco indica que debe haber obligatoriamente enfrentamiento político entre el Legislativo y el Ejecutivo. Los jueces, por su lado, seguirán dictando sus resoluciones con libertad, aunque también son responsables de sus actos según la Carta Magna.

3. Presupuesto incluyente. No al clientelismo. Volver a la política de atomización del gasto público y de los “moches”, la cual era precisamente “incluyente” para muchos políticos en el reparto de fondos y en la corrupción inherente, sería una de las mayores concesiones que se pudiera hacer hoy al Estado corrupto, el cual está siendo combatido por el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo. En cuanto al clientelismo, este funciona cuando la política social y los subsidios benefician a sectores o empresas seleccionadas. La actual política social se basa en programas universales o que abarcan a grandes segmentos. El clientelismo fue lo que predominó durante los gobiernos priistas y panistas.

4. Respeto a organismos autónomos. Hasta ahora, el Legislativo no ha impedido las funciones constituciones de esas instancias; tampoco está obligado a autorizar exactamente el presupuesto solicitado por las mismas, aunque resulte excesivo. Esos organismos no han visto reducido su gasto en los presupuestos de egresos de 2019, 2020 y 2021. El señalamiento del INE al respecto fue una completa mentira, mientras que los consejeros electorales violan la Constitución en su artículo 127 al cobrar mayor sueldo que el presidente de la República. Por lo demás, tales organismos son sujetos de control parlamentario y sus titulares también pueden ser criticados.

5. Respeto a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Durante los años recientes no se ha producido represión alguna contra la crítica y la libre difusión de ideas a través de cualquier medio. México vive la mayor libertad de prensa de su historia. Los periodistas no están sujetos a sueldos encubiertos del gobierno federal ni del Congreso, de tal manera que son mucho más libres al no existir condicionamientos a sus informaciones y opiniones. El debate, sin embargo, ya tiene tiempo en el país y va a continuar en tanto la libertad es mayor para todos.

6. Dignificar a las fuerzas armadas. No se postula claramente, por parte de las oposiciones, que existan relaciones “indignas” entre funcionarios elegidos de los dos poderes que tienen origen popular y jefes militares, por lo que el verbo “dignificar” no parece tener justificación. La participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública está definida en el decreto de reformas constituciones por el que se creó la Guardia Nacional (26.03.2019), la cual no podrá perdurar más allá de los cinco años a partir de la formación de ésta.

7. Respeto a la legislación electoral y no al totalitarismo. Ningún gobierno anterior respetaba la ley electoral pues todos usaban recursos públicos en favor de sus candidatos. Tenemos hoy el primer gobierno que se ha abstenido de tal conducta fraudulenta. El Congreso, por su parte, ha hecho reformas respecto a los delitos electorales que ahora son graves.

8. Atracción de inversiones, reactivación económica, más empleo, salario digno y respeto a las micro y pequeñas empresas. No se puede discrepar de estos conceptos, pero las oposiciones eluden concretarlos. Bajo la 4T, el salario mínimo se ha elevado 50% real, en contraste con la pérdida de su capacidad adquisitiva acumulada durante los 35 años de neoliberalismo. Estos sucesivos aumentos han tenido repercusiones en las revisiones salariales contractuales y continuarán sin la menor duda. Mientras subsiste retracción de inversiones domésticas, las foráneas (IED), en el primer trimestre del año, han reportado casi 12 mil millones de dólares, lo que no se había visto, para el mismo periodo, desde que el gobierno lleva el registro (1999).

9. Cuidado del medio ambiente y promoción de las energías limpias, en el marco de los compromisos internacionales de México. El carbón y el combustóleo ya deben dejar de usarse en la producción de electricidad, tal como se ha planteado recientemente dentro de un marco de modernización de la industria. El programa más ambicioso de protección del medio ambiente ha sido hasta ahora “Sembrando Vida”, el cual tendrá que ampliarse como gran recuperador y generador de empleo, ingreso y medio sustentable de vida. El país tiene que insistir en el abandono del uso de venenos dañinos a las personas en la agricultura, así como en la contención de las semillas transgénicas, como lo ha definido el gobierno. Las políticas tendientes a la defensa del planeta seguirán sin duda en proceso como ineludibles obligaciones del Estado mexicano. Sin embargo, nada inhibe continuar en la lucha emprendida por el Congreso para doblegar el sistema de subsidios implícitos y explícitos en favor de productores privados de energía, los cuales han sido defendidos con ahínco por parte de las oposiciones.

10. Agenda de género. Las numerosas reformas legislativas sobre este amplio tema han sido promulgadas por el Poder Ejecutivo en los últimos dos años y medio, es decir, ningún decreto fue devuelto al Congreso por parte del presidente de la República. A su vez, el gobierno impulsa la inclusión como elemento de la política pública. Más de 4 millones de mujeres están hoy pensionadas dentro del programa de adultos mayores. El tema de género no se agota en la igualdad formal ante la ley sino abarca principalmente la igualdad sustantiva. Las oposiciones actuales, al votar en contra de la política social, han expresado, al mismo tiempo, su alejamiento de respuestas parciales a la discriminación y opresión que viven las mujeres.

El decálogo PRI y PAN no contiene una plataforma de reformas legislativas. Sus planteamientos son inofensivos cuando no realmente inocuos, en el sentido de que carecen de interés. ¿Por qué?

En realidad, a esos partidos les une la lucha común contra el programa de la 4T. Esto se debe a que ambos están vinculados a través de los dos elementos que Morena combate de cuajo: el neoliberalismo y el Estado corrupto.

La pobreza discursiva se nota, como es natural, en los ataques persistentes, pero también en la mentira sistemática. A la hora de redactar el decálogo del PRIAN, no hubo espacio para la propuesta, mucho menos para escribir una proclama a la nación. Son los tiempos que corren.

Dictadura en la Suprema Corte

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En la Suprema Corte se ha vuelto a autorizar el pago de remuneraciones mayores a las que recibe el presidente de la República. Cualquier persona podría preguntar ¿cómo es que el máximo tribunal decide sueldos de altos servidores públicos, lo cual, dice el artículo 75 de la Constitución, le corresponde a la Cámara de Diputados?

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, ministros integrantes de la comisión de receso de la Suprema Corte, admitieron a trámite unas controversias y, acto seguido, han suspendido la aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para que los miembros de los órganos de gobierno del Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Banco de México (Banxico), más los que se acumulen esta semana, sigan cobrando lo mismo que hasta ahora, en forma enteramente inconstitucional.

Ya llevan dos años en lo mismo y quieren un tercero. Esos servidores públicos, ejecutores de altas funciones y garantes de derechos, exigen un trato privilegiado, con la simpatía de algunos ministros, unos seis, los cuales les conceden suspensiones anuales de controversias que nunca se resuelven por parte del Tribunal Pleno.

La maniobra consiste en dejar todo congelado, aprovechando que, en las salas, integradas cada una por cinco, no se requiere mayoría calificada para negar o confirmar la suspensión de una norma o acto. Se elude de esa forma la resolución del fondo, la cual sólo podría adoptarse con ocho votos del total de 11 ministros. Al siguiente año, se sobresee la controversia anterior porque el Presupuesto de Egresos impugnado ya dejó de tener vigencia y se vuelve a maniobrar de la misma manera. Así nos podríamos llevar toda la vida sin que la Suprema Corte resolviera algún día el asunto, como es su deber constitucional.

Ya no tenemos, en el caso, un tribunal que imparta justicia sino otro que sólo suspende la aplicación de normas, pero nunca dice el derecho.

Aquí estamos ante un fenómeno insólito en que una mayoría constitucionalmente insuficiente le impone a la Suprema Corte y al país entero su propia e ilegítima voluntad, frente a la cual no existe recurso alguno. Esta es una dictadura ejercida con base en chicanadas absolutamente impropias de tan altos dignatarios judiciales de un país cualquiera.

No se trata sólo de que la remuneración más alta en el Estado nacional mexicano sea la fijada para el presidente de la República, según lo marca el artículo 127 de la Constitución, sino que la misma Carta Magna señala en su artículo 75 que la “Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley”.

Los integrantes de los órganos de gobierno del INE y la Cofece existen por disposición legal y son “servidores públicos de la Federación”. La “autonomía” regulada que se les ha conferido no tiene nada que ver con esta condición.

En cuanto al Banco de México, cuyo presupuesto lo aprueba su propia Junta de Gobierno, el asunto consiste en que las remuneraciones de los integrantes de ésta son fijadas por una comisión ad hoc, creada por la ley y dominada por el gobierno, la cual no puede otorgarles un sueldo mayor que el del presidente de la República porque, de lo contrario, sería un acto violatorio de la Constitución. Así que volvemos al mismo punto. Hay más: los miembros de la Junta del banco no son servidores públicos del mismo, sino, difusamente, del Estado nacional mexicano, por lo cual carecen de derechos laborales. Al respecto, ellos son como el presidente de la República, los miembros del gobierno, los legisladores, entre otros: sus eventuales prestaciones sólo se pueden conferir mediante ley o decreto legislativo.

Los jefes de estos tres (se esperan más) organismos públicos se sienten parte de una élite, de una burocracia dorada intocable, que labora al margen del Estado de derecho. Lo peor de todo es que hay seis ministros de la Suprema Corte que están de acuerdo. Quizá porque ellos mismos, en el pasado, se ponían el sueldo que querían sin que nadie les dijera nada porque la Cámara les autorizaba todo, sin ver.

A propósito, la Constitución señala que los únicos altos servidores públicos que tienen un sueldo irreductible durante su periodo son justamente los ministros, consejeros, magistrados y jueces (art.94), pero no dice que deba aumentar cada vez en términos reales, como así fue durante mucho tiempo, mientras el salario bajaba realmente cada año.

La lucha actual para establecer remuneraciones congruentes con la situación del país, la austeridad republicana y las finanzas públicas lleva apenas unos 10 años, pero, en realidad, en términos fácticos, tiene apenas dos años, los de la 4T. Bajar el sueldo del presidente de la República fue la clave porque ya la Constitución fijaba la remuneración de éste como la más alta, lo cual no era preocupante para la burocracia dorada, ya que era bastante alta.

Cuando, en 2019, bajó el sueldo presidencial a menos de la mitad, crujieron ciertos privilegiados. Tenemos desde entonces un conflicto abierto. Lo más feo de esta comedia es que la Suprema Corte de Justicia, designada como garante de la constitucionalidad, milita dictatorialmente en favor de privilegios e ilegalidades groseras de esa burocracia dorada, de esa élite que opera por encima del Estado de leyes.

Sueldos: la rebelión de los arrogantes

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Titulares de organismos autónomos de la Federación se han rebelado contra el precepto constitucional que les impide ganar más que el presidente de la República.

Es la segunda vez que lo hacen y, por ahora, sólo la Suprema Corte de Justicia los puede frenar y obligarles a acatar los textos de los artículos 75, 126 y 127 de la Constitución, antes de que tuvieran que intervenir otras autoridades.

El Banco de México (Banxico) considera que es falso el sueldo del presidente de la República fijado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El argumento consiste en que no incluye elementos pagados en especie. Sin embargo, los gobernadores de esa institución omiten que no forman parte de la remuneración «los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo», como tampoco los «gastos de viaje en actividades oficiales» (Art. 127.I).

En las casas de los embajadores de cualquier país, incluso de México, se ejerce un presupuesto que no se contabiliza como sueldo del representante diplomático. Lo mismo ocurre en otras residencias oficiales, en especial de jefes de Estado y de Gobierno. La alimentación de las tropas no es parte de los haberes, como tampoco, por cierto, el café que beben en sus reuniones los gobernadores del mismo Banco de México. Hay muchas más erogaciones de esta clase, las cuales forman parte de los gastos de operación, cuyos montos se encuentran señalados en el presupuesto federal, con la única excepción de los del Banxico que no está sujeto al control presupuestal directo.

El argumento de que el sueldo presidencial es falso porque debería contener una parte en especie es mendaz a la luz de la norma, ya que en ésta no se dice que siempre debe incluir un componente no monetario.

Mas todo eso tiene poca importancia. El verdadero planteamiento del Banxico no es jurídico sino que tiende a combatir la política de salarios que ha sostenido la nueva fuerza gobernante. La acusación consiste en que López Obrador se ha rebajado el sueldo para poder reducir los de todos los jefes, pero no incluye –así lo insinúan– lo que él come en Palacio Nacional y, quizá, el costo del albergue, cuyos montos, por lo visto, deberían ser adicionados para lograr una fijación más alta del sueldo de cada miembro de la Junta de Gobernadores del Banco de México.

Por lo demás, la controversia planteada por el Banxico es inoperante porque los salarios de los integrantes de la Junta son fijados por un comité especial ajeno al banco. Luego, si ellos lograran la invalidez del sueldo presidencial como «referente normativo», ésta no podría tener efectos generales y, por tanto, no sería obligatoria para dicho comité especial ya que éste no es parte del litigio ni recibe órdenes del Poder Ejecutivo. Entonces, las remuneraciones de los gobernadores del Banxico para 2020, que ya están legalmente fijados, serían el tope para todos los demás funcionarios de dicha institución. Todo quedaría igual.

En síntesis, lo que el Banco de México quiere es echar abajo el monto del sueldo del Presidente de la República por la vía de la controversia constitucional, aunque eso a fin de cuentas no sirva para nada porque la resolución de la Suprema Corte solo tendría efectos respecto de las partes de dicha controversia (Art. 105, tercer párrafo) y, además, el banco no figura en el presupuesto federal.

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones han presentado también sus propias controversias a la Suprema Corte para reclamar remuneraciones mayores al del Presidente de la República con variados argumentos pero sin tomar en cuenta la Carta Magna.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha logrado que el ministro instructor le conceda una prórroga de la suspensión que le otorgó el año pasado para evitar la aplicación del presupuesto de 2019. Ahora, por lo visto, se otorgan prórrogas suspensivas contra la vigencia de un ordenamiento nuevo que no existía cuando se otorgó la suspensión de otro decreto muy diverso, anterior, que ya no tiene vigencia sino que es la representación fantasmagórica del pasado.

De cualquier manera, por un lado, la ley reglamentaria no permite conceder suspensiones cuando se trata de «normas generales» (Art. 14, segundo párrafo); por el otro, el Presupuesto de Egresos ha sido varias veces considerado por la Suprema Corte como una norma general.

Al mismo tiempo, pudiera afectar al interés público conceder suspensiones judiciales sobre los sueldos presupuestales fijados para 2020, con el propósito de mantener remuneraciones anteriores que eran más altas que las ahora señaladas. Si tales controversias fueran declaradas infundadas al término del procedimiento, el Estado mexicano habría pagado durante meses salarios indebidos que ya no podría recuperar. Tendríamos entonces una pérdida de patrimonio público, pero sin responsabilidad para nadie. Si, por el contrario, estas controversias se siguen sin suspensiones, conforme lo marca claramente la ley, en el caso de que la Corte declarara fundada la controversia, ella misma tendría que ordenar que se completaran los sueldos hasta llegar al nivel señalado en su propia resolución, con los naturales efectos retroactivos.

El Instituto Nacional Electoral no ha recurrido ahora a la Suprema Corte, sino que ha decidido, a través de su Junta General Ejecutiva, que los altos funcionarios ganen mucho más que el Presidente de la República porque –dice– su trabajo es «especializado».

Ese acuerdo es enteramente inconstitucional, ilegal e inmoral. La Carta Magna señala que las personas que realicen trabajos técnicos especializados pueden tener un sueldo mayor al de su superior jerárquico, pero siempre que sea parte de un «contrato colectivo o condiciones generales de trabajo», pero no «podrá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República» (Art. 127.III).

En el extremo de la rebelión burocrática del INE, se desconoce en el acuerdo de su Junta General Ejecutiva que los sueldos de sus integrantes los fija la Cámara de Diputados (Art. 75), como ya lo hizo, y que «no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior» (Art. 126).

Este litigio no se terminará, como en el beisbol, hasta que se termine. Esto quiere decir que en cada entrada puede seguir el empate en el marcador. Así lo ven los titulares de varios organismos autónomos. Mas la cuestión de fondo es que tales entidades públicas se han convertido en trincheras de los enemigos de la moderación de las percepciones en la alta burocracia.

La política de remuneraciones de la 4T no es un capricho sino una respuesta a las largas décadas en las que el Estado corrupto se expresó en casi todo, incluyendo la práctica con la que los sueldos podían ser tan altos como lo decidieran los gobernantes, mientras el salario medio nacional disminuía. Así, las remuneraciones de la burocracia dorada eran una forma integrada al sistema de gobierno: reparto de prebendas y privilegios.

Si el país ha repudiado por la vía de los votos esa práctica, resulta inmoral querer mantenerla desde instituciones públicas, en desobediencia del mandato popular. Esa inmoralidad empeora si se considera que lo pretendido consiste en conservar el magnífico y desproporcionado sueldo propio.

Frente a la arrogancia de unos cuantos funcionarios investidos de poder, es obligatorio defender la democracia, la austeridad republicana y la Constitución.

Un año: balance de la nueva fuerza gobernante

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Es inevitable un balance, el de un año, del nuevo gobierno, el cual llegó con grandes expectativas y demasiados problemas estructurales y de coyuntura. Tenemos un país donde la injusticia se ha ido acumulando durante cuatro décadas.

La reversión de la pérdida del salario es un campanazo que impacta la economía en su sentido más amplio y verdadero. Este proceso se ha iniciado, lentamente, es cierto, pero ya está entre nosotros.

El inicio de la fusión entre política social y política económica es un proceso en curso, por vez primera en 50 años o más. Los programas sociales dejaron de ser una forma de clientelismo directo y se han convertido en un método de reconocimiento de derechos. El incremento de la capacidad de consumo de sectores depauperados incide en el mercado de bienes de producción nacional, es decir, promueve el mercado interno.

La educación superior como ineludible tarea social del Estado es un vuelco en tanto que rompe con la idea de que las familias deben sufragar crecientemente ese gasto, al tiempo que enfatiza su carácter social y derecho de todos. El elitismo de la enseñanza superior ha sido un factor de freno del desarrollo social y del progreso nacional.

La reivindicación de la atención médica universal como deber del Estado ha empezado a traducirse en reformas, aún tímidas, pero con perspectiva de dar un vuelco en materia de salud para todos.

La cancelación de subsidios corporativos a favor de organizaciones gestionadas por burocracias parasitarias y la ampliación de apoyos directos en la producción agropecuaria es la inauguración de una nueva forma de apoyar al campo en sus segmentos debilitados. Así se ha de fomentar la agricultura y ganadería para el mercado interno y la autosuficiencia nacional de granos básicos.

La nueva política de las industrias de energía es un rompimiento con su privatización y entrega de recursos naturales para favorecer la autosuficiencia nacional. Ningún país puede afrontar los retos del mundo actual bajo dependencia energética estructural. Siempre se había sabido, excepto por el neoliberalismo de la pobreza y el atraso que atascó al país de objetivos contrarios a los intereses populares y nacionales.

El inicio de la lucha contra el Estado corrupto es una respuesta histórica a un fenómeno devastador. En todas partes del mundo hay corrupción pero sólo en algunos es parte fundamental de la forma de gobierno. El primer paso es tener un gobierno que no sea corrupto, a partir de lo cual tendrá que mantenerse la lucha a favor de la desarticulación del viejo Estado.

Reivindicar la austeridad es un golpe contra la alta burocracia parasitaria, exageradamente bien pagada y derrochadora, que azotó al país. Hay mucho más que hacer en este sentido, pero ya se inició el proceso de construcción de un funcionariado diferente que vaya cerrando la inmensa brecha que le ha separado de la sociedad.

Las grandes empresas han dejado de regir al gobierno y al Congreso. El diálogo, el debate, la convergencia y la diferencia entre los poderes políticos y los capitalistas son elementos distintivos de las nuevas relaciones en el país. No hay una política expropiadora pero tampoco otra promocional y corruptora como había sido hasta hace un año.

La crítica va y viene desde los medios, redes, partidos, organizaciones sociales y no gubernamentales, sin emolumentos de origen oficial, pero también fluye desde el gobierno, el Congreso y sus partidos. Si todos son libres, lo es también la fuerza gobernante. Así se construye una democracia sin hipocresía.

No se ha producido una reforma fiscal que fortalezca el proceso de redistribución del ingreso y aumente las inversiones públicas. Los lacerantes privilegios fiscales siguen vigentes en su mayoría. Tampoco se ha planteado un nuevo pacto fiscal entre entidades federativas y Federación. La ineludible nueva reforma del sistema electoral sigue estando pendiente. La seguridad pública es aún el pantano que el gobierno heredó de los anteriores con su cauda de horror y sangre.

Hay más temas para un balance.

Los sueldos de los jefes

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Las remuneraciones de los altos jefes del Estado mexicano siempre iban en aumento. Cuando el Producto Interno Bruto per cápita se reducía, el presidente de la República y toda su corte se aumentaban los sueldos. El número de salarios mínimos contenido en la percepción total del jefe del Ejecutivo iba siempre en incremento: llegó a estar entre los más elevados del mundo. Además, esa misma política se aplicaba en los estados.

En el primer presupuesto de egresos bajo el nuevo gobierno, correspondiente a 2019, se disminuyeron los sueldos de la llamada burocracia dorada. Pero la mayoría de las entidades federativas sigue ignorando la disposición constitucional de que nadie en el Estado mexicano puede ganar más que el presidente.

Por eso, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado una nueva reforma de la Carta Magna, cuyo principal objetivo es hacer valer el texto vigente. Sí, aunque parezca mentira, México es un país en el que para hacer valer la Constitución suele ser necesario adicionarla. Y, a veces, ni así.

El pleito de quienes ya eran jefes por su sueldo es encarnizado. Recursos de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y más de dos mil amparos se han interpuesto para tratar de impedir la sencilla aplicación del artículo 127 de la Constitución del país.

La Suprema Corte ha condenado al Congreso a escribir en la ley los «parámetros» con los cuales se deba determinar el sueldo del presidente de la República y demás jefes. El Poder Legislativo cumplirá con ese requerimiento, pero el pleito no va a resolverse. Seguirá porque los «parámetros» no les van a gustar a algunos funcionarios que han gozado de elevadísimos salarios.

La idea de que los jefes deben ganar como si fueran gerentes de una trasnacional en expansión está anclada al patrimonialismo sobre el erario. En México, el Estado corrupto enseñó a los jefes que la recompensa tiene que abarcar el uso holgado y beneficioso del presupuesto.

La corrupción no consiste sólo en robar, defraudar, desviar, concesionar, regalar, malversar, dilapidar, etc., sino también en la asignación de sueldos y gastos excesivos, siempre de manera arbitraria o caprichosa.

Se ha estado exigiendo a la Cámara de Diputados que diga los criterios que tuvo para fijar el sueldo del actual presidente de la República con menos de la mitad de lo que ganaba su antecesor. El asunto es de respuesta sencilla con sólo trazar la ascendente curva de los aumentos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para no ir más atrás. México no puede pagar al presidente y miembros del gobierno como si estuviéramos en Alemania porque los salarios mexicanos son de los más bajos del mundo.

El sueldo de Andrés Manuel López Obrador no aumentará por más brincos que se observen en poderes, organismos autónomos y gobiernos locales. La Cámara de Diputados es la única instancia que puede fijar las remuneraciones en la Federación. Así ha sido desde 1857 y no tiene por que cambiar.

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) proponen ganar al año un millón de pesos más que el presidente de la República. Como es lógico, la Cámara de Diputados no les concederá ese sueldo, sino que fijará sus remuneraciones en términos consistentes con el marco constitucional y legal del país.

En la nueva temporada presupuestal quedará claro por segunda vez que eso de respetar la Constitución va en serio. Se va a acatar el artículo 127 sobre remuneraciones y también el 75. Este último señala a la representación nacional elegida por el pueblo como la autoridad que fija los sueldos de servidores públicos cuyos empleos están establecidos en las leyes. Las remuneraciones de esos funcionarios es, antes que otra cosa, una cuestión política (incumbe y afecta a todos), por lo que debe dirimirse en el terreno de la democracia.

El INE es ya viejo y tiene artritis

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Algunos portavoces de las oposiciones dicen que Morena quiere eliminar a los organismos electorales de las entidades federativas y empezar a nombrar nuevos consejeros del INE con el fin de apoderarse de todo el andamiaje. Es fácil entender que piensan como antes y creen que los demás son como ellos eran.

Vale, entonces, empezar a poner los puntos sobre las íes. El INE cuenta con un órgano de gobierno que es el Consejo General, integrado por once personas designadas por la Cámara de Diputados. Casi todos los partidos han tenido y/o tienen uno o varios consejeros con voto porque negociaron los nombramientos. No es el caso de Morena, quien no tiene absolutamente a nadie, su registro es el más reciente entre los partidos que hoy están presentes en el INE. Mal haría, por tanto, como nuevo partido gobernante, en buscar la reproducción de los vicios del viejo sistema.

La existencia de un Consejo General con representantes virtuales de los partidos fue considerado necesario como instrumento de equilibrio y escenario de negociaciones entre los contendientes en sede administrativa electoral. Si acaso ese órgano fue alguna vez útil, ahora ya es innecesario: ningún partido debe tener agentes con voto en el INE.

Parte de la solución consiste en desaparecer el Consejo General y conformar la Junta General Ejecutiva como instancia exclusivamente técnica y profesional. Las autoridades electorales no deben ser políticos disfrazados sino especialistas imparciales.

La Junta tendría que seleccionarse, mediante concursos, entre los técnicos más capacitados y probos. Se acabaría así el reparto de lugares entre algunos partidos con los consiguientes compromisos que afectan la imparcialidad.

Además, es preciso señalar que la mayoría de los acuerdos del Consejo General sobre temas relevantes son resueltos finalmente en el Tribunal Electoral. Cualquier resolución o acción de los integrantes de la Junta o de toda ella como cuerpo colegiado seguiría siendo ventilada en sede jurisdiccional. Esto quiere decir que ya no es necesaria una instancia política para el supuesto diálogo entre los contendientes.

En este marco, resulta también innecesario que las entidades federativas cuenten con organismos electorales cuyos integrantes son ahora designados por los consejeros electorales del INE, los cuales a su vez negocian entre sí y en función de sus querencias partidistas. Los nombramientos de los miembros de los llamados Oples han sido eminentemente políticos y, por tanto, estrictamente negociados.

En el mismo sentido carece de trascendencia práctica la existencia de los tribunales locales electorales, cuyos magistrados son designados con el mismo sistema que opera para los magistrados federales y cuyas resoluciones siempre son recurridas ante el Tribunal Electoral.

El INE (antes IFE) es una institución que ha envejecido porque no ha logrado superar sus traumas de origen y sus artritis adquiridas. Una de estas es que los resultados completos se conocen hasta cuarto días después de la elección. México es uno de los países más lentos en esta materia. El INE da resultados calculados sobre una muestra de casillas a las 11 ó 12 de la noche pero sólo con porcentajes y con rangos de mínimo y máximo de más de tres puntos de diferencia, es decir, tira escopetazo pero no brinda información verificada.

Con frecuencia, el INE agrega detalles normativos en la víspera de la elección, rompiendo con ese principio constitucional de que las reglas sólo pueden cambiarse un año antes.

La majestad política con la que han sido investidos los consejeros y consejeras electorales les ha llevado con mucha frecuencia a legislar en la práctica, sentar criterios, dar cátedras, controvertirse con los partidos adversarios al suyo y favorecer al propio, rechazar toda clase de críticas, derrochar fondos en asuntos irrelevantes o personales. Recién han llegado al extremo de combatir en sedes judiciales la aplicación del artículo 127 de la Constitución que les impide ganar más que el presidente de la República, a pesar de haber protestado cumplir y hacer cumplir la Carta Magna.

Esas artritis no sólo son producto de las personas que tienen voto en la «Herradura de la Democracia», sino del carácter eminentemente político del órgano de dirección del INE.

En muchos otros países las autoridades electorales son exclusivamente técnicas, son discretas, no hacen o admiten debates y se encuentran sujetas a confiables controles jurisdiccionales. Los partidos pueden negociar lo que quieran y llegar a acuerdos, pero la autoridad es quien aplica las normas y da cuenta de sus actos, sin discursos ni mentiras.

Al tiempo de la desaparición del Consejo General, también habría que eliminar las 300 juntas distritales que casi no trabajan cuando no hay procesos electorales. En casi todo el mundo, los cuerpos ejecutivos distritales se integran cuando se acercan los comicios. A juzgar por el inmenso aparato electoral con el que cuenta México, aquí habría procesos electorales abiertos durante todos los días de todos los años.

Es preciso en paralelo avanzar hacia un registro que no sea electoral sino de las personas, ciudadanos y menores de edad. La CURP ya está integrada en el padrón, el cual seguiría existiendo y siendo supervisado por las autoridades electorales que lo usan para varios propósitos. Un organismo profesional independiente en sus decisiones tendría que hacerse cargo del registro y de emitir la credencial de identificación plena para todo uso. La existencia de un padrón exclusivamente electoral fue algo necesario durante un tiempo pero ya no lo es.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, fue a la Cámara de Diputados, no propuso nada, pero habló de proposiciones «malintencionadas». No añadió más al respecto. Tal vez las anteriores sean vistas de esa forma. Como sea, entre los consejeros electorales predomina la idea de que todo va muy bien, por lo cual no surgirá de ahí ninguna plataforma de reformas para curar las artritis que padece el INE. Pero al menos esos consejeros no son quienes votan en el Congreso, sino que son de aquellos poderosos que no tuvieron que pasar por el tamiz del voto popular, pero tienen fuertes agarraderas en los partidos que los ungieron en el cargo. Eso sigue siendo preocupante por ser ancla del conservadurismo.

Habría que buscar, en cambio, un consenso político que permita un rejuvenecimiento, una actualización, una modernización del aparato electoral del país. El objetivo no debe ser el de disminuir gastos, los cuales ahora son inmensos e injustificados, sino contar con una autoridad que no juegue en el terreno de la lucha política y aprenda a hacer, ante todo, las cosas muy bien con probidad y austeridad.

La Suprema Corte frente a las remuneraciones escandalosas

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Para resolver sobre la Ley de remuneraciones de servidores públicos, la Suprema Corte tiene frente a sí un proyecto para declarar inconstitucional ese ordenamiento. Los y las ministras se encuentran de cara a la Constitución.

Para el ponente, el ministro Alberto Pérez Dayán, la ley objetada no contiene lineamientos para modular la determinación del sueldo del presidente de la República. Según él, tiene que haber una «elaboración objetiva» de la remuneración presidencial.

La Ley de remuneraciones ha sido una de las más combatidas por ser chocante a los altos funcionarios, incluyendo a los del Poder Judicial. Durante muchos años, esos servidores públicos se asignaron su propio sueldo. Llegaron a los más altos montos jamás vistos. Hoy, no combaten en realidad la ley de remuneraciones, sino el texto de la Constitución (Art. 127) que les impide ganar más que el presidente de la República porque el sueldo de éste se redujo.

El parlamento moderno empezó asumiendo el «poder de bolsa». Contener al monarca mediante la fijación de los impuestos y la autorización de los gastos. Parece, sin embargo, que ahora se quiere que los gastos corrientes tengan «parámetros» predeterminados, racionalidades técnicas preestablecidas, «métodos de cálculo» definidos. Esto quiere el ministro instructor Pérez Dayán.

Sin embargo, el sistema democrático liberal que se mantiene en el texto constitucional expone otra cosa. A la espera de una democracia directa y participativa, la vigente, enteramente formalista, indica que la política de sueldos la marca la representación popular. El poder de bolsa es exclusivo del Congreso y tiene dos partes: ingresos y egresos. Estos últimos los determina de manera exclusiva la Cámara de Diputados en el Presupuesto, el cual es anual.

Se postula que la política de sueldos la determina el electorado, al elegir a quien mejor propuesta tiene al respecto. ¡Ah!, pero Pérez Dayán quiere que las remuneraciones de los altos funcionarios sean determinadas por «parámetros» y mediante métodos «objetivos». ¿Cuáles pueden ser éstos? Si tuviéramos una difícil situación de bajos ingresos y altas deudas tendríamos que bajar los sueldos de los jefes sin pensar en «parámetros». De la misma manera, cuando el pueblo ha votado y nos ha dicho que basta de privilegios, tenemos que bajar los sueldos de esos mismos jefes por el simple dictado del electorado. Cuando es preciso aumentar el gasto social y rebajar las erogaciones operativas, meramente burocráticas, hay que reducir los sueldos de los funcionarios de alto rango para dar al presupuesto otros objetivos. Todo esto es lo que está ocurriendo.

Así funciona el sistema representativo liberal formalista. ¡Ah!, pero Pérez Dayán quiere inventar un nuevo sistema tecnocrático y obligar al Congreso a expedir una ley que diga lo contrario, es decir, que los sueldos de los jefes del aparato público se deciden mediante criterios «objetivos» y «técnicos», pero de ninguna manera políticos en el sentido más amplio y exacto del término.

Si así lo dijera al final la Suprema Corte, no podría ser de esa forma porque el país no está para admitir que el sueldo del presidente se defina mediante imposibles «razones» técnicas, lógicamente, por parte de unos tecnócratas. Es decir, aunque se declarara en la Suprema Corte la inconstitucionalidad de la ley de remuneraciones, mientras no se deroguen los artículos 75 y 127 de la Constitución, el sueldo del presidente de la República, el más alto en el Estado mexicano, seguirá siendo determinado por votación en la Cámara de Diputados, cada año, como está establecido desde que se fundó la República.

El ministro Pérez Dayán va más lejos en su intento de echar abajo la ley de remuneraciones. Como dicho ordenamiento fue expedido por la Cámara de Diputados siete años después de que se lo enviara el Senado, entonces es nulo. ¿Qué? Pues sí. Ese ministro ponente pretende hacer que la Corte declare que una ley es inconstitucional porque el Congreso se tardó demasiado en expedirla. ¡Wau! Eso nunca se había visto.

No existe precepto alguno en Constitución, ley o reglamento que prescriba la caducidad de un proyecto enviado desde una cámara a la otra. Jamás. Las normas señalan la «preclusión» de la facultad de las comisiones para dictaminar una minuta procedente de la colegisladora cuando se hubiera agotado el plazo con el propósito de poder discutirla y votarla directamente en el pleno, como se hizo en este caso, pero no existe la posibilidad de declarar desechado un proyecto enviado desde la otra cámara sin la votación de la asamblea, pero, además, para devolverlo a la de su origen. Nadie por su propia decisión puede archivar una minuta o declararla extemporánea, excepto, por lo visto, Pérez Dayán, quien de seguro debió haber leído el artículo 72 de la Constitución cuando era estudiante, pero se nota que no entendió nada.

El ministro instructor dice que la ley de remuneraciones debió haber señalado lo que ya dice la Constitución en un artículo diferente al 127, justamente el 95, en el que se prescribe que las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial no puede ser disminuidas durante su encargo. Pero ese precepto vigente no requiere reglamentación especial porque es de aplicación directa. Es más, se ha respetado.

Dice el ponente que la ley de remuneraciones ataca la «autonomía presupuestal» del Poder Judicial y de los órganos «autónomos». Esta afirmación es por completo contraria a la Constitución. La Carta Magna dice que los «autónomos» y poderes deben enviar, a través del Ejecutivo, su proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados, pero no dice que ésta debe aprobarlo como llegue. El poder de bolsa, en su vertiente de egresos, corresponde por entero sólo a los diputados y diputadas. Punto.

Lo que además hace la Cámara es determinar toda «retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley», como le ordena la Constitución. Esto incluye a los integrantes de los órganos «autónomos», preocupados, todos ellos, por mantener sus altísimos e injustificados sueldos.

La llamada «autonomía presupuestal» indica que la administración del presupuesto que le asigna la Cámara a cada ente autónomo y a los poderes Judicial y Legislativo no corresponde al Ejecutivo sino a ellos mismos, sin poder eludir la revisión de sus gastos por parte de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Pero sólo la Cámara puede autorizar sus respectivos montos presupuestales y los sueldos de los empleos señalados en ley. Hagan lo que hagan, así seguirá siendo.

En el fondo de este largo, escabroso y lamentable litigio sobre la ley de remuneraciones se encuentra la aplicación del artículo 127 de la Constitución. Antes, cuando el presidente ganaba lo que quería, sin contar lo que robaba, no había problema alguno. Hoy, el sueldo presidencial es moderado y adecuado a un Estado empobrecido y saqueado. Sí, es políticamente adecuado.

Hay intereses evidentes en este asunto aunque también, podría pensarse, miseria moral de los altos jefes que reclaman inmensos sueldos cuando el país en el que se encumbraron quiere cambiar.

Existen también en la ponencia de Pérez Dayán otras pretensiones de inconstitucionalidad y algunas propuestas que son discutibles, pero el enfoque en su conjunto es inicuo porque propone la subversión de una parte del sistema político de la Constitución pero desde un mal uso del control constitucional que forma parte de ese mismo sistema.

La Suprema Corte de Justicia no puede dictar una sentencia de carácter aditivo, con la cual se agregue algo a una ley. Puede declarar omisiones legislativas pero no legislar directa o indirectamente.

En la situación actual, si la Corte declarara sin razón la inconstitucionalidad de la ley por «omisión legislativa» para tratar de obligar al Congreso a legislar por pedido y lograr así la elevación del sueldo del presidente de la República, la mayoría legislativa le respondería expidiendo el mismo texto vigente porque los elementos que Pérez Dayán quiere que entren en la legislación atentarían contra la facultad constitucional de la Cámara de Diputados para expedir el presupuesto de egresos e incluir ahí la política de sueldos. Eso no lo podría admitir un parlamento que está tratando de recobrar altura republicana y democrática.

La transformación que se está intentando en el país a partir de la victoria electoral del 1 de julio de 2018 no va a rodar sobre una mesa de billar. Es natural que los conservadores hagan lo que se pueda para, desde sus trincheras, combatir los elementos centrales del dictado de las urnas. La respuesta ha de ser tratar de impedírselos.

Autonomías y repartos políticos

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Los únicos organismos públicos que gozan de autonomía son las universidades precisamente autónomas. Los demás que se denominan autónomos carecen de la facultad de emitir sus propias legislaciones y, más en general, “gobernarse a sí mismos”, como la Constitución les concede tajantemente a las instituciones de educación superior.

Hay en México organismos autónomos diseñados casi a imagen y semejanza del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos titulares no sólo son técnicos, sino también integrantes de la llamada clase política aun cuando no estén formalmente afiliados a partido alguno.

El ente no gubernamental que organiza las elecciones fue una exigencia de las oposiciones durante muchos años. Luego de su creación, sin embargo, sus titulares buscaron incidir en la política del país, no sólo en cuanto a la manipulación electoral, sino también en criterios, paradigmas, formas de actuar y demás características del quehacer político: suponen con frecuencia que tienen funciones de maestros políticos.

Fue un error costoso que ese aparato electoral estuviera a cargo de personas que con frecuencia polemizan con los partidos “adversarios”, mientras que ellos mismos no realizan con rigor técnico algunas de sus atribuciones más importantes.

Por ejemplo, los resultados electorales se conocen en su totalidad tres días después de la elección. México tiene uno de los sistemas de resultados más lentos. Pero, por otro lado, sus integrantes pretenden ser intocables al sostener que cualquier medida administrativa legal es un atentado contra el ejercicio de su función. Así lo volvieron a decir cuando la Cámara redujo su abultado presupuesto. Sostienen que el INE puede doblegar por vías políticas o legales al poder constituido. Han recurrido al amparo para seguir gozando de sueldos demasiado elevados, los cuales ya están eliminados por vía constitucional y presupuestal.

Todos los organismos «autónomos» han presentado recursos en la Suprema Corte contra la aplicación de las normas constitucionales en materia de remuneraciones de servidores públicos. Y todos ellos han argumentado que su alto sueldo es garantía de probidad e imparcialidad. Esto incluye al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien ha ejercido su atribución de presentar acción de inconstitucionalidad en materia justamente de derechos humanos, pero en este caso con motivo de la reducción de su sueldo. Esto nos recuerda aquello del conflicto de intereses y de la ética del servicio público.

Los gobernadores del Banco de México han recurrido a la Suprema Corte en procura de protección, pero no para defender el ejercicio de sus funciones sino sus sueldos. Es evidente que objetan una disposición constitucional, lo cual debería ser intransitable, pero lo peor es que, para ello, utilizan un recurso asignado al Banco como institución. No obstante, el ministro instructor de la Corte les concedió una suspensión, la cual no procede según la ley. Influencias políticas, nada más.

Los actuales integrantes de los “órganos autónomos” tuvieron que recurrir a un partido o un alto funcionario de gobierno para llegar a donde están, aún los que pasaron por un mecanismo de examen previo de conocimientos.

En otros países los integrantes de los órganos reguladores no discuten asuntos políticos, no postulan mediante sus cargos opiniones sobre su país y el mundo, sino que realizan funciones para las cuales, estrictamente, fueron designados. En México, sin embargo, esos organismos son diferentes porque el sistema político los ha llevado por otros caminos.

La creación de órganos “técnicos” declarados “autónomos” ha llegado a su agotamiento.

No obstante, se propone ahora que, en lugar del malogrado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se forme otro, pero igualmente “autónomo”, cuyos integrantes serían designados por el Senado. De nuevo se quiere el mismo reparto político.

Es preciso dejar de caminar sobre huellas de reformas pasadas y abrir la posibilidad de que, dentro de la administración pública, puedan existir órganos colegiados, sin personalidad jurídica propia pero con independencia en sus decisiones. Definidas sus funciones, el punto relevante sería diseñar el método de su designación.

En ocasión de la reforma educativa que se discute ahora en la Cámara de Diputados, se abre la oportunidad de intentar algo nuevo, sin repartos partidistas o burocráticos, en el diseño de organismos regulatorios y técnicos.