La soberanía de México depende en gran medida de su capacidad para producir la energía que consume y para asegurar dicha producción en el futuro.

La soberanía nacional sigue siendo un gran tema de todos los países. Sin embargo, no en todas partes tiene las mismas implicaciones y complicaciones. La cuestión de la energía es para muchos uno de los elementos principales del ejercicio de la soberanía.

Para México, una correcta estrategia soberana es producir su propia energía y asegurar el suministro futuro sencillamente porque eso es posible: tiene los recursos naturales. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando los políticos neoliberales descubrieron que era más barato comprar gasolinas y petroquímicos en el extranjero mientras se vendía cuanto crudo fuera posible. Ahora, las cosas se han complicado aún más con la reciente reforma energética, que pretende compartir el crudo y el gas con las trasnacionales.

La soberanía de México depende en gran medida de su capacidad para producir la energía que consume y para asegurar dicha producción en el futuro, es decir, administrar sus reservas de hidrocarburos y promover la generación alternativa a través de medios diferentes a la materia fósil. Esto es lo que no se ha estado haciendo y lo que no se quiere hacer.

La energía no puede analizarse como si se tratara de una mercancía cualquiera ni debe verse sólo a través de criterios de comercio internacional. El crudo tiene un precio mundial establecido a través de mecanismos de manipulación de los niveles de producción para el mercado mundial. En consecuencia, las gasolinas de origen fósil llevan en la etiqueta el precio del petróleo. Con el gas ocurre un fenómeno similar, con la diferencia de que los precios de éste son de carácter regional.

El crudo y el gas son grandes negocios de trasnacionales y de países productores. El esquema de industrias nacionales es el único que puede asegurar las decisiones energéticas soberanas cuando las trasnacionales son eso, es decir, no corresponden al país. La reforma energética de Peña hará depender de las trasnacionales las decisiones estratégicas y, por tanto, reducirá la soberanía energética de México. Este traslado de capacidad de decisión se realiza para obtener ingresos mayores en el corto plazo, pero deja al país al garete, sometido a intereses y negocios por completo ajenos.

En un mundo cada vez más integrado, el ejercicio de la soberanía ha tenido modificaciones, pero la cuestión de la energía adquiere un significado de mayor alcance, pues toda la actividad económica se amarra ahí. Así lo ha entendido el gobierno de Estados Unidos, que se propone la autosuficiencia mientras que el gobierno de México lo entiende exactamente al revés no sólo por su afán de entregar el crudo a las trasnacionales, sino también al sostener la tesis de que es mejor comprar en el exterior las gasolinas que producirlas dentro del país. Sólo piénsese que México no tiene capacidad de abasto interno de más de 15 días: una interrupción de suministros haría que las gasolinas escasearan y se detuviera la mitad del transporte nacional, pues no contamos con un ejército que pudiera ir a Texas a traer el combustible. ¿No es éste un problema de soberanía?

Se repite con frecuencia que los conceptos de soberanía y defensa de los intereses nacionales son obsoletos y, más aún, falsos. Pero en los hechos, un país que en asuntos básicos depende de decisiones externas no sólo se vincula mal al resto del mundo, es decir, con debilidad y vulnerabilidad, sino malbarata lo suyo. Así como se desprecia la autosuficiencia alimentaria y se somete al país a los vaivenes de un mercado mundial manipulado, se quiere mantener a México como importante proveedor de crudo para otros y comprador de refinados y productos petroquímicos.