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Camino de la Cuarta T

La Cuarta Transformación culmina la mitad del sexenio presidencial de Andrés Manuel López Obrador. No tendría sentido discutir si se ha notado el cambio respecto de los gobiernos anteriores, pues los opositores, representativos de lo viejo, son quienes más lo sienten y lo resienten, con añadidas muestras de añoranza de lo de antes.

El programa de la 4T se ha puesto en práctica en el momento en que la política neoliberal, con sus prácticas políticas y sus rasgos culturales francamente de derechas, se encuentra en repliegue mundial. En México, luego de más de tres décadas de padecimientos sin fin, había que empezar tratando de borrar las improntas neoliberales e iniciar la edificación del Estado social.

Redistribuir una parte grande y creciente del ingreso captado por el fisco hacia el gasto social más urgente: pensión básica universal, aumento progresivo (anual) del salario mínimo general, educación (becas incluidas), atención médica universal y gratuita a los no asegurados, subsidio directo al empleo de jóvenes, trabajo asalariado a campesinos en la reforestación de un millón de hectáreas, mejoramiento de vivienda precaria, precios de garantía de granos, restablecimiento de estímulos fiscales y duplicación del salario mínimo en las fronteras, cobertura vitalicia de una renta a menores discapacitados permanentes, créditos a la palabra para microempresas.

Mas desmontar la política neoliberal abarca también la cancelación de la entrega de bienes públicos a la clase minoritaria: detener la privatización de recursos naturales, acabar con las asociaciones público-privadas, prohibir las condonaciones fiscales, restringir los subsidios virtuales, cobrar debidamente los impuestos, impedir sistemas de precarización de la fuerza de trabajo formal, como el outsourcing, y combatir el oprobioso sometimiento de los obreros agrícolas.

El programa democrático de la 4T ha tenido que cubrir un requisito explícito: apartar del gobierno a la gran burguesía y, en especial, a su capa oligárquica. Los grandes capitalistas ya no mandan en Palacio (antes Los Pinos). Sin esto no hubiera sido posible encarar las contradicciones entre la política económica y la política social. Pocos gobiernos en América Latina han demostrado que es posible la estabilidad macroeconómica y la redistribución del ingreso. Las concesiones a los ricos han venido disminuyendo al ritmo del impulso de la política social y de nuevas inversiones directas del Estado, así como del fortalecimiento del sector productivo paraestatal.

Esta limitación del poder de la gran burguesía se expresa en aspectos relevantes como la libertad sindical, con el derecho de los trabajadores a votar su propio contrato colectivo y su sindicato. La insistencia en la consulta popular y la revocación de mandato forma parte de la creación de una nueva institucionalidad democrática, mucho antes que de asuntos de coyuntura.

Un elemento esencial del programa democrático ha sido dejar de lado la represión. Ya no existe la prisión política como instrumento de gobierno, ni se persiguen las luchas sociales, como tampoco se busca castigar a los críticos y opositores. Esos periodistas que dicen estar acosados se refieren a que el gobierno ya no les paga por sus servicios, silencios o maquillajes. Confunden la respuesta verbal con la represalia física.

El punto de la democracia es algo muy complicado para la 4T porque el país no cuenta con un vigoroso sistema de organizaciones sociales de lucha, ni las instituciones están basadas en la participación social. Se encuentran vigentes derechos formales, largamente demandados, pero no existen sistemas participativos. La escuela mexicana sigue sin ser democrática; el magisterio ha sido gremializado y carece de proyecto educativo propio. El sindicalismo aún está dominado por las anteriores estructuras, mientras que muchas dirigencias de izquierda se comportan casi igual que el viejo charrismo. En el campo, los viejos liderazgos exigen al gobierno el retorno a las intermediaciones de subsidios y al reparto jerárquico de bonificaciones.

Morena llegó al gobierno sin el apoyo directo de las organizaciones sociales de obreros, empleados y campesinos, las cuales no estuvieron nunca en la lucha por el poder, ya fueran priistas o de izquierda. Las universidades que hace ya muchos años lograron conquistar sistemas democráticos, aterrizaron al final en la creación de mafias endurecidas que impiden la participación de estudiantes y profesores.

La democracia no debe seguir alojándose sólo en la consulta electoral. Esto lo sabe de sobra el actual presidente de la República, pero la 4T no puede decretar por magia la democracia en todas partes porque ésta tiene que surgir de las bases, para no regresar nunca a las estáticas estructuras jerárquicas de las organizaciones sociales, incluyendo, por cierto, las patronales.

Por lo pronto, el marco de libertades se ha ensanchado como nunca. Así también, en las recientes elecciones no fluyó dinero procedente del gobierno federal: primera vez en la historia.

En este marco, la 4T lleva a cabo una acción en contra de otro de los grandes anclajes del viejo régimen: la corrupción. Nada de la vida pública y de las relaciones mercantiles estuvo al margen este fenómeno. En casi todas partes aún existe corrupción, pero ese no es el peculiar problema de México, sino que durante 60 años se construyó un Estado corrupto, lo cual es otra cosa. Hoy, el gobierno se siente satisfecho de que no se observe la corrupción dentro del gabinete y su entorno inmediato, pero se sabe que existe como gran lastre que debe ser combatido en todo tiempo, lugar y circunstancia.

El Estado corrupto abarca la función pública en conjunto. Se trata, en efecto, de una organización para el reparto de recompensas y otros ingresos dentro de las estructuras del aparato estatal, especialmente basado en el peculado y la mordida. El Estado corrupto es parte del sistema de gobierno. Por ello, la corrupción se enraizó en casi todas partes. Su extinción como estructura tendrá que ser producto de reformas de enorme profundidad, no sólo de carácter institucional o de control práctico, sino de funcionamiento de las entidades públicas y de las relaciones de éstas con la clase dominante que goza del poder del dinero. La 4T es un buen comienzo, pero aún no estamos en el periodo de culminación de tan grande propósito.

El otro capítulo es la violencia. No es México el país con mayor delincuencia, pero sí lo es con mayor violencia delincuencial. Es una crisis que ha durado 15 años, conjunción de varios factores: 1) productor y abastecedor del mayor mercado de drogas prohibidas; 2) sucesivas crisis económicas, precarización del trabajo y empobrecimiento; 3) deficiente sistema educativo público en extensión y contenidos; 4) resentimiento social de gran parte de la sociedad, en especial de la juventud, la cual carece de expectativas de mejor futuro; 5) gobiernos corruptos; 6) estructura policial inexistente; 7) sistema judicial (jueces y Ministerio Público) sometido a la corrupción; 8) exaltación de la narco delincuencia en los grandes y pequeños medios de comunicación y amarillismo de la prensa. No son estos unos factores inconexos, sino que se amarraron durante la larga decadencia moral del poder, la cual se conoce ahora como prian.

La Guardia Nacional no va a disolver a la delincuencia más violenta, sino que se trata de una nueva institución para dotar al país de un verdadero cuerpo de policía que antes no existió. El trabajo policial es necesario, pero no resuelve ninguna crisis social y moral. Así que las bases que se han sentado por la 4T tienen que ver principalmente con las reformas sociales: ingreso, trabajo, pensiones, educación, salud y vivienda.

La política económica del gobierno ha sido la menos entendida por economistas académicos y analistas calificadores de riesgos; los primeros sufren desorientación teórica y política; los segundos pierden su tiempo tratando de chantajear al gobierno con el cuento de la vulnerabilidad de la deuda de Pemex.

No se puede negar que en casi tres años ha existido algo así como una huelga calculada y silenciosa de inversiones de parte de la llamada iniciativa privada, desde los medianos hasta los muy grandes empresarios. Esto se complicó con la pandemia, pero antes ya había empezado. Quienes no le vieron sentido a esa huelga fueron los inversionistas extranjeros que aplican parte de sus ganancias en nuevas inversiones dentro del país.

El gobierno no quiere tres cosas en el plano macroeconómico: seguir aumentando la deuda pública, elevar las tasas impositivas y encarecer los energéticos. Eso fue lo que hizo el binomio Peña Nieto-Videgaray, pero resulto muy mal.

Hoy, desde el presupuesto se financia la mayor parte de la inversión pública federal, aunque el problema es que ésta sigue siendo reducida. En la segunda parte del sexenio se deberán encontrar mecanismos que permitan aumentar las inversiones públicas productivas (con retorno), con o sin socios privados. Se tiene que emprender la reforma de la banca de desarrollo, aunado a nuevos sistemas de presupuestación de largo plazo de la Federación y las entidades.

México tiene una conformación industrial con alto componente de maquila para el mercado internacional. Eso puede ser mejor aprovechado si, al mismo tiempo, se desarrolla una tecnología propia y se compite con los “socios” de las metrópolis. La burguesía mexicana no lo va a hacer porque no sabe cómo y le interesa muy poco el tema cuando tiene sus propios oligopolios internos. Sólo el Estado lo lograría. La cuestión depende de que la 4T inicie pronto el camino de una nueva industrialización tecnológica, con un nuevo sistema de financiamiento y un enorme plan de infraestructuras, para aprovechar los pactos comerciales que ya se tienen con medio mundo.

Con suficiencia energética y alimentaria, que hoy se busca afanosamente, México podría sentar las bases de una industrialización de nuevo tipo, sin someterse a los tonos marcados por las grandes trasnacionales, sino en un plano de intercambio y competencia, como suele ocurrir entre naciones. La apertura comercial puede lesionar el mercado interno (ya lo vimos en México), pero la competencia con el mundo obliga a expandirlo, como ya se ha comprobado en varios países. Sólo el Estado democrático puede ordenar el proceso de acumulación con el fin de atender prioridades sociales nacionales. Así ha sido a través de la historia del capitalismo.

No podría ser sencillo construir el basamento de una transformación iniciada mediante un cambio pacífico y electoral como el que se produjo en 2018, pero nada indica que la cosa no vaya a funcionar. Es cuestión, como siempre en la vida, de seguir luchando sin dejarse desviar por cantos engañosos y sin sentir miedos inducidos por las tendencias conservadoras, con sus viejos y nuevos intelectuales.

Pacto legislativo opositor

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La coalición opositora, conocida como PRIAN y denominada “Va por México”, ha lanzado un decálogo para conducir su próxima política unificada en la Cámara de Diputados. Veamos.

1.Ejercer funciones de control sobre el Ejecutivo. Las oposiciones actuales no han creado en el Congreso una sola comisión investigadora durante casi tres años, pudiéndolo hacer por disposición de ley. Es la primera vez desde 1978, cuando se creó la figura, que ocurre esa inexplicada anomalía. Han rechazado también la iniciativa de Morena para que dichas comisiones cuenten con mayores atribuciones y puedan abarcar todos los temas de interés público.

2. Equilibrio de poderes. La Constitución establece la existencia de ramas del poder con facultades diferenciadas (Art. 49), pero no se menciona un “equilibrio”. Los poderes no sólo son, por lo demás, el Ejecutivo y el Legislativo, sino también el Judicial. Ninguno de tales poderes ha invadido la esfera de otro en los últimos años, sigue habiendo “división”, lo que no impide que exista discusión pública entre ellos, la cual continuará en tiempos de “inviolable libertad de difundir opiniones, información e ideas” (Art. 7). La Constitución tampoco indica que debe haber obligatoriamente enfrentamiento político entre el Legislativo y el Ejecutivo. Los jueces, por su lado, seguirán dictando sus resoluciones con libertad, aunque también son responsables de sus actos según la Carta Magna.

3. Presupuesto incluyente. No al clientelismo. Volver a la política de atomización del gasto público y de los “moches”, la cual era precisamente “incluyente” para muchos políticos en el reparto de fondos y en la corrupción inherente, sería una de las mayores concesiones que se pudiera hacer hoy al Estado corrupto, el cual está siendo combatido por el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo. En cuanto al clientelismo, este funciona cuando la política social y los subsidios benefician a sectores o empresas seleccionadas. La actual política social se basa en programas universales o que abarcan a grandes segmentos. El clientelismo fue lo que predominó durante los gobiernos priistas y panistas.

4. Respeto a organismos autónomos. Hasta ahora, el Legislativo no ha impedido las funciones constituciones de esas instancias; tampoco está obligado a autorizar exactamente el presupuesto solicitado por las mismas, aunque resulte excesivo. Esos organismos no han visto reducido su gasto en los presupuestos de egresos de 2019, 2020 y 2021. El señalamiento del INE al respecto fue una completa mentira, mientras que los consejeros electorales violan la Constitución en su artículo 127 al cobrar mayor sueldo que el presidente de la República. Por lo demás, tales organismos son sujetos de control parlamentario y sus titulares también pueden ser criticados.

5. Respeto a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Durante los años recientes no se ha producido represión alguna contra la crítica y la libre difusión de ideas a través de cualquier medio. México vive la mayor libertad de prensa de su historia. Los periodistas no están sujetos a sueldos encubiertos del gobierno federal ni del Congreso, de tal manera que son mucho más libres al no existir condicionamientos a sus informaciones y opiniones. El debate, sin embargo, ya tiene tiempo en el país y va a continuar en tanto la libertad es mayor para todos.

6. Dignificar a las fuerzas armadas. No se postula claramente, por parte de las oposiciones, que existan relaciones “indignas” entre funcionarios elegidos de los dos poderes que tienen origen popular y jefes militares, por lo que el verbo “dignificar” no parece tener justificación. La participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública está definida en el decreto de reformas constituciones por el que se creó la Guardia Nacional (26.03.2019), la cual no podrá perdurar más allá de los cinco años a partir de la formación de ésta.

7. Respeto a la legislación electoral y no al totalitarismo. Ningún gobierno anterior respetaba la ley electoral pues todos usaban recursos públicos en favor de sus candidatos. Tenemos hoy el primer gobierno que se ha abstenido de tal conducta fraudulenta. El Congreso, por su parte, ha hecho reformas respecto a los delitos electorales que ahora son graves.

8. Atracción de inversiones, reactivación económica, más empleo, salario digno y respeto a las micro y pequeñas empresas. No se puede discrepar de estos conceptos, pero las oposiciones eluden concretarlos. Bajo la 4T, el salario mínimo se ha elevado 50% real, en contraste con la pérdida de su capacidad adquisitiva acumulada durante los 35 años de neoliberalismo. Estos sucesivos aumentos han tenido repercusiones en las revisiones salariales contractuales y continuarán sin la menor duda. Mientras subsiste retracción de inversiones domésticas, las foráneas (IED), en el primer trimestre del año, han reportado casi 12 mil millones de dólares, lo que no se había visto, para el mismo periodo, desde que el gobierno lleva el registro (1999).

9. Cuidado del medio ambiente y promoción de las energías limpias, en el marco de los compromisos internacionales de México. El carbón y el combustóleo ya deben dejar de usarse en la producción de electricidad, tal como se ha planteado recientemente dentro de un marco de modernización de la industria. El programa más ambicioso de protección del medio ambiente ha sido hasta ahora “Sembrando Vida”, el cual tendrá que ampliarse como gran recuperador y generador de empleo, ingreso y medio sustentable de vida. El país tiene que insistir en el abandono del uso de venenos dañinos a las personas en la agricultura, así como en la contención de las semillas transgénicas, como lo ha definido el gobierno. Las políticas tendientes a la defensa del planeta seguirán sin duda en proceso como ineludibles obligaciones del Estado mexicano. Sin embargo, nada inhibe continuar en la lucha emprendida por el Congreso para doblegar el sistema de subsidios implícitos y explícitos en favor de productores privados de energía, los cuales han sido defendidos con ahínco por parte de las oposiciones.

10. Agenda de género. Las numerosas reformas legislativas sobre este amplio tema han sido promulgadas por el Poder Ejecutivo en los últimos dos años y medio, es decir, ningún decreto fue devuelto al Congreso por parte del presidente de la República. A su vez, el gobierno impulsa la inclusión como elemento de la política pública. Más de 4 millones de mujeres están hoy pensionadas dentro del programa de adultos mayores. El tema de género no se agota en la igualdad formal ante la ley sino abarca principalmente la igualdad sustantiva. Las oposiciones actuales, al votar en contra de la política social, han expresado, al mismo tiempo, su alejamiento de respuestas parciales a la discriminación y opresión que viven las mujeres.

El decálogo PRI y PAN no contiene una plataforma de reformas legislativas. Sus planteamientos son inofensivos cuando no realmente inocuos, en el sentido de que carecen de interés. ¿Por qué?

En realidad, a esos partidos les une la lucha común contra el programa de la 4T. Esto se debe a que ambos están vinculados a través de los dos elementos que Morena combate de cuajo: el neoliberalismo y el Estado corrupto.

La pobreza discursiva se nota, como es natural, en los ataques persistentes, pero también en la mentira sistemática. A la hora de redactar el decálogo del PRIAN, no hubo espacio para la propuesta, mucho menos para escribir una proclama a la nación. Son los tiempos que corren.

Ley de educación superior: el cadáver político de Zedillo

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El proyecto de ley de educación superior es un intento de resurrección del cadáver político de Ernesto Zedillo. Bajo un neoliberalismo muy poco disimulado, se nos anuncia que se quiere que todo siga más o menos igual que antes y se detengan los cambios.

El derecho a la educación superior es universal. Se requiere, claro está, cubrir los ciclos educativos anteriores, los cuales también son derechos sociales. Sin embargo, el proyecto de ley enviado por el Senado a la Cámara de Diputados agrega otra cosa como condición de acceso: “que (se) cumpla con los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior” (Art. 4). Aquí se cae todo.

Ernesto Zedillo mandó reformar la Carta Magna para que el Estado no tuviera que “impartir” educación superior, sino sólo “promoverla y atenderla”, con lo cual este tipo educativo ya no era un derecho que debiera garantizarse. Esto fue derogado por la reforma constitucional del 15 de mayo de 2019 que señala que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual debe brindar los medios de acceso a quienes reúnan los requisitos que, a todo análisis, consisten en contar con los certificados de estudios del ciclo anterior.

Según el proyecto de ley, el nuevo derecho ya no será un derecho propiamente dicho sino algo condicionado a unos requisitos impuestos por las “instituciones”, pero ni siquiera las autónomas solamente sino todas ellas. Es de seguro el examen de admisión y, quizá también, la procedencia, residencia o aspirantura de carrera, como ya lo hemos vivido. Según el proyecto de marras, tales “instituciones” determinarán por sí y ante sí el alcance de un derecho que, pensábamos, ya había sido proclamado como universal en cumplimiento de un compromiso de la 4T.

Se sabe de sobra que los exámenes de admisión siempre fueron filtros para dejar fuera a miles de estudiantes. No son parte de un sistema para conocer y mejorar la educación. Si todos los aspirantes aprobaran el examen con calificación de 10, el número de rechazados sería el mismo. Ahora, se quiere hacer de ese examen la condición legal para el ejercicio del nuevo derecho constitucional, el cual dejaría de serlo por mandato de una legislación secundaria. Es como un robo: tengo algo en la Constitución y me lo quitas en ley derivada. Eso no es algo nuevo en la historia mexicana, pero lo que se busca en concreto es mantener todo igual para impedir que lo nuevo pueda culminar.

La selección de estudiantes para la educación superior ha sido un fuerte mecanismo de clase porque en México vivimos una sociedad profundamente estratificada, lo que, precisamente, hay que reformar. Tal es el sentido, entre otros, del derecho a la educación superior.

Toda educación pública ha de ser gratuita. Por esto, Ernesto Zedillo descontó el nivel superior de aquella “impartida” por el Estado. Las colegiaturas que, sin embargo, ya existían, se buscaba elevarlas y hacerlas parte relevante y creciente del financiamiento de la educación.

En 1986-87 un poderoso movimiento estudiantil aplastó la pretensión de De la Madrid-Carpizo de aumentar las cuotas. Varios años más tarde, otra huelga universitaria que duró un año (1999-2000) hizo posible el repliegue de los neoliberales (Zedillo y compañía), pero se siguieron cobrando colegiaturas en las universidades públicas. Hoy, la Constitución tiene prohibidas las colegiaturas y es preciso resolver el problema definitivamente.

El proyecto de ley de educación superior no brinda un curso cierto para el logro de ese compromiso. Las instituciones públicas de los estados, en especial las autónomas, pretenden que todo se recargue en nuevas autorizaciones presupuestales federales, que son necesarias, pero sin rebajar sus actuales gastos prescindibles y onerosos. Más de la mitad del dinero procedente de cobros por inscripción y colegiatura es recaudada por las universidades estatales, a la vez que la Federación les aporta en promedio el 70% de su subsidio, pero no quieren hacer el menor esfuerzo en favor de la gratuidad. Así han redactado el proyecto de ley.

El llamado fondo de gratuidad de la Cámara de Diputados no puede ser sólo un aumento de subsidio sin propósito muy concreto, como lo pretende el proyecto. Eliminar las cuotas estudiantiles debe incluir un serio esfuerzo de austeridad burocrática por parte de quienes las cobran.

Casi todo el proyecto de ley de educación superior ha sido redactado dentro de la ANUIES y refleja, por tanto, la visión que tienen las dominantes burocracias institucionales.

En el texto del proyecto no se encuentra la palabra democracia, los estudiantes son inexistentes, los profesores son una vaga referencia. La educación superior y las escuelas no son aquello de lo que se habla en el proyecto de ley. Se trata de un texto redactado por las autoridades para ellas mismas.

En el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior que se quiere crear hay 107 autoridades, pero sólo nueve estudiantes y nueve profesores, supuestamente representantes de la totalidad de instituciones educativas públicas y privadas, que serían designados por el mismo consejo. Además, éste podría funcionar legalmente –se dice claro– sin la presencia de un solo estudiante, de un solo profesor. Es la plutocracia de las autoridades y la ausencia de todo concepto de representación.

En el proyecto de ley no se trata sólo de suprimir la palabra sino de eliminar el concepto de democracia. Se pretende, así, que en la nueva legislación no existan elementos republicanos, como si viviéramos bajo una dictadura de jure.

Además, el nuevo consejo nacional, que se pretende instalar aun sin estudiantes ni profesores, no es en realidad un órgano colegiado porque carece de toda capacidad para emitir resoluciones vinculantes. ¿Para qué construir una instancia más como lugar sólo para hablar y escuchar, si acaso?

Quizá por esto mismo ha resurgido en el proyecto la “evaluación”, reducida en el nuevo texto constitucional a ser instrumento diagnóstico de un sistema de mejoramiento educativo. Hoy, se plantea el fomento de “la cultura de la evaluación y acreditación” (Art. 48), que buscaban por varios métodos los neoliberales en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. El liberalismo ha impulsado siempre la competencia entre estudiantes, profesores e instituciones de educación, pero en México no habíamos oído hablar tan claramente de toda una “cultura de la evaluación educativa”.

Como es característica de todo planteamiento de derecha, el proyecto de ley de educación superior no confiere derechos de participación de estudiantes y profesores para intervenir en la determinación de las condiciones de su propia labor. Nunca se dice qué abarca el ser estudiante y el ser profesor, qué funciones desempeñan unos y otros, qué deberes, qué derechos. Nada. En el proyecto de ley, alumnos y maestros no existen más que a través de muy escasas referencias desafortunadas o confusas. En especial, los alumnos son elementos absolutamente pasivos y los maestros son simples subordinados. Se pretende expedir una ley de educación superior, pero sin proceso educativo, sin personas que se relacionan y actúan juntas, sino sólo para regular relaciones formalistas entre las burocracias dominantes.

Ya en el ámbito de lo absurdo, el proyecto busca impedir que los órganos legislativos admitan iniciativas o expidan reformas a la ley de cualquier universidad sin contar con una previa “respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno”. Pero el Congreso de la Unión carece, por una parte, de facultades para regir los procedimientos internos de los poderes legislativos de las entidades federativas y, por la otra, para negar el derecho constitucional de los legisladores y del Ejecutivo a presentar iniciativas de ley. Esta inaudita pretensión tiene el propósito de mantener viejas y caducas estructuras de las universidades, bajo la bandera de la defensa de la autonomía. Por desgracia, esa misma autonomía se confunde hoy día con algo por completo separado o de plano contrario a la democracia universitaria, sin la cual no puede cristalizarse aquella “capacidad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas”, de la que habla la fracción VII del artículo 3º de la Constitución en referencia a las universidades autónomas.

El proyecto de ley de educación superior se ha presentado como una obra de amplio consenso y trabajo participativo. Pero a su redacción no fueron convidados los críticos de la actual educación superior, cuya organicidad es obsoleta. Nomás estuvo presente la derecha. Es entendible que se produjera un gran acuerdo.

Los movimientos estudiantiles anteriores y posteriores a la gran lucha de 1968 por la democracia política en todo el país buscaban una educación democrática, popular y científica. Hubo mucha represión, es cierto, pero también se lograron resonantes victorias. Universidades y escuelas democratizadas en las que alumbró una nueva educación con base en la ciencia y el examen crítico de la realidad. Fueron periodos en los que en muchos lugares estudiantes y profesores decidían objeto, contenido y métodos de los procesos educativos, con libertad y en pie de igualdad. Hoy vivimos la burocratización, el elitismo, los privilegios de autoridades y un profundo repliegue de la participación democrática de estudiantes y profesores.

Una nueva legislación no sería suficiente para superar este deplorable estado, pero no es aceptable expedir una norma, dejando todo igual o peor, sólo para cubrir un requerimiento. Pronto podríamos volver sobre el tema. Lo más importante en estos días es que no se apruebe una ley neoliberal en plena 4T porque sería una concesión innecesaria e inicua.

Que no se escarbe en tierra infértil para sacar el cadáver político de Ernesto Zedillo, de sus ideólogos y corifeos neoliberales.

Afores: negocios parasitarios

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Uno de los grandes problemas del sistema mexicano para el retiro basado en cuentas individuales es la existencia de empresas parásitas, las llamadas afores.

Nada justifica las enormes tasas de ganancia de esos establecimientos creados exclusivamente por ley. Son unas cuantas empresas que conforman un oligopolio. Cobran cuotas como en ninguna otra parte del mundo, hasta del 1% (casi el mismo porcentaje que la aportación del trabajador), pero no hacen nada peculiar. Este sistema de afores es una maravilla: cobrar por recibir depósitos de dinero sin asumir el más mínimo riesgo ni tener la menor obligación. En términos sociales: mermar el ingreso laboral como medio de obtención de ganancia. Eso siempre ha sido un robo.

La reforma que anunció López Obrador consiste principalmente en ampliar al doble el número de trabajadores que puedan tener derecho a una pensión garantizada, tomando en cuenta el ya existente sistema de Pensión para el Bienestar, así como en aumentar la tasa de retorno de los ahorros mediante mayores aportaciones patronales.

Esto es lo más urgente, lo que debió haberse hecho hace años pues ya se conocía a detalle la dimensión de la crisis del mecanismo SAR, la cual estaba conduciendo a que millones no pudieran tener pensión (44%) y la inmensa mayoría de los pensionados sólo alcanzaran bajos porcentajes respecto al salario recibido en el momento de su retiro. Como ya se ha dicho desde hace más de 20 años, el sistema previsional mexicano es un mecanismo de empobrecimiento directo de la mayoría de los trabajadores: no te retiras para vivir mejor sino para ser más pobre.

La reforma que ha propuesto el gobierno es un primer paso en dirección de contener la crisis anunciada. No se puede hacer menos que esto a pesar de que el mayor problema está previsto para dentro de algunos años. ¿Para qué esperar?

Al plantearse la incorporación de la actual pensión de adultos mayores al sistema previsional se está haciendo que los recursos públicos destinados a ese programa queden comprometidos, lo cual protege también a quienes no cotizaron, pues el retiro de éstos seguirá siendo cubierto por la Pensión para el Bienestar.

La reforma propuesta expresa la característica de las pensiones, es decir, que son muy bajas en su gran mayoría y, al mismo tiempo, proyecta la nueva orientación del poder político. Es por ello que las aportaciones del Estado se concentrarán en favor de quienes reciben menores ingresos.

Como esquema, tenemos que las cuotas patronales irán de 5.151 hasta 13.875 del salario del trabajador, en una escala en la que sean porcentualmente mayores para los salarios más altos. En cambio, la aportación del gobierno, Cuota Social, será sólo para quienes reciban menos ingreso, hasta 4 UMA (Unidad de Medida y Actualización).

No se ha dado a conocer el impacto que pudiera tener el aumento de cuotas patronales en la recaudación, pero habrá un gasto fiscal por ese concepto.

La tasa de reemplazo (porcentaje del salario que al final puede ser jubilación o pensión), se va a equilibrar entre los diversos niveles de ingresos bajos, con lo cual mejoran principalmente quienes ganan entre 2 y 5 UMA, más los primeros dos niveles que los segundos.

La pensión garantizada, que ahora es de 3,289 pesos mensuales, dependerá de edad, salario y semanas cotizadas, pero, en promedio, se ubicará en 4,345 pesos mensuales, lo cual es un aumento significativo.

La reducción de número de semanas de cotización para tener derecho a pensión garantizada es consecuencia del tamaño de la llamada economía informal, donde no opera el sistema de seguridad social, lo cual determina que existan millones de trabajadores que entran y salen durante toda la vida. Al final del trabajo, cuando llegan a la edad de 60 años o más, no tienen las 1,250 semanas que ahora es el requisito. Con la reforma, lo harán desde 750 y, a través de 10 años, gradualmente, se establecerá en 1,000 semanas de cotización.

Las cuotas de los trabajadores no van a aumentar a pesar de que son bajas (1.125%). Esto se debe a que los salarios mexicanos son demasiado reducidos y a que la inmensa mayoría de los trabajadores reciben menos de 5 mínimos. No podría explicarse ahora un incremento de cuotas.

Ningún sistema previsional es muy bueno o carece de problemas. Cuando no se trata de asuntos demográficos, se enfrentan a cuestiones relacionadas con los niveles salariales, las aportaciones o las crisis financieras que afectan la reserva. El sistema de cuentas individuales es de los peores sistemas, aunque es bueno para los altos salarios.

Las reformas que se van a llevar a cabo son indispensables para resolver la urgencia. Luego, se tendrá que seguir discutiendo la conformación de otro sistema, el que resulte adecuado a una prospectiva nacional y responda a las necesidades de los trabajadores formales e informales.

Por lo pronto, la pensión será la garantía del derecho al retiro, mientras la pobreza y la desigualdad se habrán reducido un poco.

¿Quiénes deben combatir la discriminación?

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Quienes tienen el encargo de garantizar la igualdad de todos y todas y de que nadie sea discriminado son las autoridades del país. Todas. Eso dice la Constitución en su artículo primero.

Por exigencia de personas defensoras de derechos humanos, pero también como forma de descargar la responsabilidad de las autoridades en materia de igualdad, se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). La generalidad de los entes de gobierno se desentienden del punto porque dicen que ya existe una pequeña dependencia descentralizada que se encarga de todo. ¿Qué es todo?

La discriminación en México se expresa a cada paso y en todas partes. Es imposible que una sola oficina se encargue de prevenir y mucho menos de combatir ese fenómeno ancestral de la vida de México.

Cuando Gilberto Rincón Gallardo, fundador del Conapred, asumió el cargo, fue a la Cámara de Diputados a quejarse de que Vicente Fox y Santiago Creel no gestionaban el presupuesto que él consideraba mínimo. Los diputados no le dieron más que lo solicitado por el Ejecutivo. En realidad, el gasto para prevenir la discriminación pudiera ser tan grande como los presupuestos de las entidades públicas que ejercen funciones de autoridad, porque todas ellas son competentes de alguna manera en el tema.

Esto es algo muy diferente a las funciones de investigar y perseguir delitos que solo tiene a su cargo el Ministerio Público, aunque éste también debe garantizar la igualdad. Además, no se requiere tener facultades de imponer directamente sanciones administrativas como condición para prevenir la discriminación. Cualquier autoridad tiene la obligación de denunciar los actos que vayan en contra de la observancia de la ley, no sólo los delitos.

Ahora bien. Hay varias leyes en México contra la discriminación. En cada Estado, en los bandos y ordenanzas municipales, en la legislación federal. Hay también autoridades que pueden imponer sanciones, multar, clausurar, etcétera. El problema es que los gobiernos de todos los niveles no promueven el respeto a la igualdad y no combaten la discriminación.

Carece de sentido que haya un consejo central para combatir la discriminación porque siempre será inoperante en el mar de tratos desiguales, ofensas racistas, clasistas, sexistas, por edad, género, preferencias, aspecto, gustos, cultura, etcétera, etcétera. En realidad, ningún país con alta discriminación, como existen tantos en el mundo, puede resolver algo mediante el funcionamiento de una inocua oficina.

El problema no es el presupuesto asignado al Conapred. Decir eso es una exageración y carece de sentido práctico. En cambio, es correcto considerar que, dentro del gobierno federal, le corresponde a la Secretaría de Gobernación, directamente y no a través de una extraña figura desconcentrada, hacerse cargo de las responsabilidades de organizar la atención oficial de ese tan relevante asunto.

Lo que hoy tenemos es que la gente se queja ante el Conapred y el gobierno chifla en la loma y se hace el que la virgen le habla. En los hechos ha ocurrido lo que el gobierno de Fox creyó que sería mejor: una oficina donde llegaran las quejas mientras que el aparato público siguiera viviendo en el disimulo. El Conapred ha sido usado por los gobernantes para quitarse un problema de encima. Pero, además, ningún nivel de gobierno le hace caso al Conapred porque ninguno está en la lucha contra la discriminación, considerada como un terreno espinoso.

La discriminación es un tema de la sociedad pero especialmente del Estado porque éste tiene deberes constitucionales, en especial el de hacer valer los derechos humanos.

La atomización del Estado es una manera de crear compartimentos inoperantes, es la distribución de cargos sin perspectiva alguna. No debe haber un pequeño y arrumbado organismo especializado en asuntos de igualdad y no discriminación cuando estos abarcan tanto. Especialistas en el tema deben estar en todas las dependencias públicas. Lo que sí se requiere es una secretaría de Estado, así como las de carácter local y municipal, que sea autoridad en la materia y tenga el mandato expreso y directo de organizar a las demás entidades públicas para aplicar los programas conducentes a la lucha contra la discriminación.

Toda política pública debe tener un contenido de igualdad, tanto en su confección como en su aplicación. Todas las entidades deben contar con el correspondiente protocolo de comportamiento en esta materia. Ningún servidor público puede tener licencia para discriminar. Toda queja debe ser gestionada y asesorada debidamente.

Conapred no cuesta al Estado dinero. Lo que le cuesta mucho al país es la inoperancia del aparato estatal mexicano para contrarrestar y combatir la discriminación. Por ello, son inmensas las tareas legislativas y administrativas que al respecto deben emprenderse.

Hay que ubicar este debate en sus verdaderos términos. Por ahí se tiene que empezar.

Desde el PIB hasta el bienestar

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Más de medio mundo sufre un parón sanitario de la producción, el comercio y los servicios, como consecuencia del cual se está reduciendo el tamaño de la economía expresado a través del Producto Interno Bruto (PIB). Se dice que es la mayor recesión desde 1929-32. Sí, tal vez, bajo el punto de vista del valor monetario de los bienes y servicios finales (PIB) producidos durante el tiempo que ha durado el actual parón, pero difícilmente éste se prolongará tres años.

El PIB fue formulado como gran indicador luego precisamente de la crisis 1929-32 por Simon Kuznets (USA), quien años después afirmaba que esa medición del crecimiento económico no era suficiente para apreciar el bienestar de una sociedad. El PIB per cápita, que es el cociente de la división entre éste y el número de habitantes, tampoco indica la manera en que se encuentra distribuido el ingreso monetario y mucho menos el acceso social efectivo a los elementos básicos del bienestar.

Para conocer la economía de un país se requiere tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento, así como su dirección en términos sociales. En otras palabras, el objetivo hoy dominante en el mundo de tener siempre más crecimiento debería a cada paso señalar de qué y para qué.

Algunos periodistas radiofónicos de Ciudad Juárez me increparon hace unos días, entre muchos otros temas, sobre el desdén que pronunció López Obrador hacia el PIB como estandarte del progreso. Es claro que el gobierno actual y cualquier otro seguirán midiendo el Producto Interno Bruto como en todo el mundo, o casi, pero otra cosa es creer que el PIB sea parámetro de la justicia social y el PIB per cápita sea la medida del bienestar de la gente.

Además, el PIB no es el ojo de Dios. No mide la «economía sumergida» no legal, como tampoco se refiere al trabajo en el hogar que no está monetizado. En países como México esas no son porciones despreciables.

Los datos de concentración del ingreso y acumulación de riqueza privada se consideran derivados del gran cálculo del PIB, sin embargo, para ambas mediciones se requieren métodos propios pues son otra cosa. Además, no sólo las recesiones son las que han incrementado el número de pobres. Crecimiento del PIB se ha dado a la par de agravamiento de la estratificación social, incluso de mayor pobreza por ingreso.

La esperanza de vida, la educación y la vivienda en términos de cantidad y calidad no son elementos del PIB y, lo peor, no necesariamente existe una correlación lineal entre éste y aquéllas.

Han surgido otras formas de estudiar la realidad social y habrá otras. En este tema tiene lugar una animada discusión. Ya existen varios índices alternativos. Las encuestas de ingreso-gasto de las familias se siguen haciendo. Los debates sobre cómo medir la pobreza y evaluar la política social son interesantes y útiles. En todo esto, el PIB ayuda poco.

Un concepto de desarrollo ligado al bienestar de la gente se abre paso por todas partes luego de que el criterio sustentado en el ritmo de crecimiento, el cual se expresa fríamente en el PIB, es cada vez de menor interés político, aunque sigue dominando como método de comparación entre años sucesivos de cada país y con los demás países.

Por lo pronto, se sabe de sobra que el PIB mexicano va a disminuir este año, como el de casi todo el mundo. ¿Para qué toda esa discusión? ¿De qué serviría saber en este momento, si se pudiera, la disminución exactísima del PIB en 2020? El FMI y la OCDE, así como toda clase de organismos, bancos y calificadoras, hacen pronósticos de crecimiento económico por país y del mundo entero, pero cada cual realiza sus cálculos con sus propias herramientas y sus particulares supuestos. Siempre son muy disímiles. Además, los pronósticos van cambiando durante el año y ven más lejos, pues pronostican el año siguiente. Luego, se advierten los desaciertos, los cuales jamás son reconocidos ni explicados por sus autores. Entre pronosticadores del PIB existe una extraña competencia, la cual es alimento de los mercados globalizados; si no fuera por esto sería un simple juego, pero suele ser inicua. Si el crimen es todo lo socialmente dañoso, sea o no ilegal, los mercados financieros globalizados son entidades del crimen organizado: ya lo han demostrado ad náuseam.

Lo que se debe discutir es la manera en que se está encarando esta peculiar crisis económica, así como las demás opciones. Si un gobierno con muy baja recaudación respecto de su PIB descompletara el volumen total de su gasto presupuestado y, por tanto, se sobre endeudara para cubrir el déficit adicional, entonces mañana habría que incrementar el servicio de su débito, ya de por sí desproporcionado respecto de su recaudación, y bajar su caudal de recursos propios para el gasto social y la inversión pública. Si brindara toda clase de coberturas crediticias a particulares –deuda pública contingente–, tendría mañana que cubrir también toda clase de impagos y quebrantos, algunos de los cuales quizá fueran consecuencia de factores anteriores a la crisis.

La política económica del actual gobierno debe seguir poniendo énfasis en cuatro puntos: 1. Gasto en salud; 2. Programas sociales en curso y nuevos; 3. Créditos directos a pequeños productores y comerciantes; 4. Mantener y acrecentar la inversión pública. Lo que se requiere es enfrentar la enfermedad pandémica y, al mismo tiempo, ayudar a defender la demanda social y popular de bienes y servicios, así como la inversión. La recuperación del empleo que se está perdiendo tendrá que apoyarse en el planteamiento gubernamental pero, evidentemente, éste no sería suficiente. Los agentes económicos –empresarios de todo tipo– deben hacer su parte porque, para ellos, proteger el empleo es defender sus propias ventas. Dicho en términos de la economía política: no hay ganancia capitalista sin explotación de la fuerza de trabajo. Esto, si acaso los patrones piensan como clase social y no sólo como facción.

La deuda del sector público va a seguir subiendo debido al recorte del superávit primario y al déficit presupuestal, pero no es aconsejable una pronunciada curva ascendente de endeudamiento en términos reales, aún a pesar de la caída del precio del crudo y de que es de esperarse una baja en la recaudación en los próximos meses del año. Además, la Constitución no permite contratar empréstitos para financiar gasto corriente, aunque eso se haya hecho durante todos los sexenios anteriores.

Por tanto, es preciso hacer una reorientación del gasto hacia esos cuatro puntos básicos. La ley actual se lo permite al Ejecutivo sin restricciones, pero lo mejor sería aprobar la propuesta de Morena de reformarla para hacer pasar los ajustes presupuestales por la Cámara de Diputados.

Las oposiciones neoliberales buscan subsidios y subvenciones fiscales, así como garantías sobre créditos de particulares, todo lo cual llevaría a una política de endeudamiento. No sería conveniente aceptar ese esquema porque, como ya se ha visto en otras crisis, traería malas consecuencias, además de que contiene medidas intrínsecamente injustas.

Cuando se mitigue la pandemia, todo mundo podrá darse cuenta, por comparación con otros tiempos y con otros países, de la verdad que encierra poner por delante el bienestar social.

PAN: oposición prescindible

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Una diputada panista imploraba en tribuna que se acabaran las conferencias mañaneras en Palacio Nacional y que Andrés López Obrador se dedicara a gobernar bien, es decir, a hacer lo que su partido quisiera. El tema a discusión eran unas reformas para permitir que bienes decomisados o inservibles para las funciones públicas no sólo fueran vendidos en subasta sino también pudieran ser sorteados. La legisladora odia al presidente y, por tanto, le exige que hable menos en público.

La oposición política más fuerte del país, el PAN, ha dicho también que el actual será un gobierno fallido porque ya lo es aunque le falten más de cuatro años. El líder parlamentario panista ya no opera como político sino como pitonisa, clarividente, adivinador.

Desde la irrupción de la oposición de izquierda en la Cámara de Diputados, en 1979, no se había producido el fenómeno consistente en que los opositores fueran prescindibles, como lo eran antes de aquella reforma política elaborada como respuesta al ´68 mexicano.

Tan luego como la izquierda llegó al Congreso se podía escuchar otra manera de ser, pensar, investigar, analizar, criticar y proponer. Por tanto, era más necesario para el gobierno llegar a acuerdos con el PAN o con la izquierda emergente. Se suponía que así debía funcionar el nuevo esquema político.

Durante los siguientes 20 años, la oposición no fue prescindible sino la crítica interlocutora de un priismo que trataba de legitimarse con la existencia de un cierto pluralismo político, aunque seguía alterando las votaciones como lo hizo señaladamente en 1988, luego de lo cual el PAN casi se convirtió en socio del gobierno.

A partir del año 2000, momento de la “transición”, el PAN también estuvo justificando a sus gobiernos al operar en un marco pluralista, en el cual las oposiciones jugaban un papel relevante, con tanta más claridad porque el gobierno carecía de una mayoría en el Congreso. En el año 2006 la oposición priista fue la salvación del panismo al ponerse claramente en contra de López Obrador, primero a favor del desafuero y, después, del fraude electoral de Felipe Calderón.

El retorno del PRI a la Presidencia fue un momento en que las oposiciones eran más necesarias en todos sentidos, pero ocurrió algo no previsto y la aproximación del gobierno a sus oposiciones ensanchó el espacio político del surgimiento de la otra oposición que terminaría por convertirse en la nueva fuerza gobernante.

En toda esta historia, las oposiciones, unas más que otras, han sido necesarias para el funcionamiento normal del aparato del Estado.

Pero, a partir de 2019, algo inusitado ha surgido en forma por el momento inexplicable. La oposición de derecha tradicional es prescindible porque no está inmersa en una lucha propiamente política, sino que ya se inventó un entorno que no es real: el “gobierno fallido” de la 4T con sus nefastas conferencias mañaneras.

Como es natural, el PAN va en pos de la próxima cita electoral de 2021, pero no lo hace con un programa propio, el suyo de siempre, sino sólo con la firme esperanza de que los fallos y problemas sin resolver, amén de la pandemia, hundan a Morena y los demás partidos de la 4T, de donde resurgirá la opción conservadora más persistente desde los años 40 del siglo XX, cuando el panismo tomó forma orgánica para combatir la política socializante de Lázaro Cárdenas.

El PAN es prescindible como oposición porque en realidad no actúa como tal. Una formación política que se opone exige cambios, además de denunciar. Pero Acción Nacional no está exigiendo nada concreto y sus denuncias suelen ser mentiras, como esa de que el actual presupuesto de egresos recortó el gasto en salud cuando en realidad se aprobó un fuerte incremento, especialmente en el IMSS.

La política social de la 4T es repudiada por el PAN, pero este partido no lo puede frasear así y se limita a decir que becas estudiantiles, pensiones no contributivas, salarios a los jóvenes aprendices, ayudas a las personas con discapacidad y a madres solteras, entre otros programas son “clientelares”, aunque se lleven a cabo como reconocimiento de derechos y con esquemas universales.

En realidad, es indiferente que el PAN vote en contra de todo eso en el Congreso. La conducta panista carece de relevancia porque ese partido no busca una interlocución política con la mayoría ni con nadie más. Acción Nacional odia al “populismo” pero no es capaz de criticarlo con todas sus letras porque teme presentarse ante el pueblo como un partido que repudia en concreto el “reparto de dinero” que, según piensa, es lo que hace el gobierno actual con las pensiones de adultos mayores, las becas estudiantiles y otras muchas subvenciones, inaceptables para una derecha que se columpia entre ser reaccionaria o simplemente conservadora.

Para que el gobierno de la 4T sea efectivamente fallido, el sueño del PAN es que México entre en franca recesión, haya una corrida financiera con fuerte devaluación y subida de tasas de interés, la inflación vuelva a erosionar el ingreso y se dispare el déficit público: algo semejante a lo ocurrido en México durante gobiernos del PRI y, luego, del PAN, a los que, sucesivamente, les costó la Presidencia. Por eso les ha surgido una oscura esperanza en la pandemia que está llegando a México.

Por lo pronto, Acción Nacional se ha convertido lastimosamente en una oposición prescindible.

Pensiones, salarios y colapso del retiro

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A la memoria de Ricardo García Sáenz, quien advirtió desde un principio el inevitable colapso del inicuo sistema de las Afores

Las pensiones y jubilaciones del viejo sistema de seguridad social estuvieron durante años castigadas porque se ligaban al salario mínimo general (SMG). En tanto éste disminuía en términos reales, aquellas bajaban en la misma proporción. Sólo en 1999, para el presupuesto de 2000, se logró un aumento por la vía directa, luego de lo cual se regularizó en ley dicho incremento en la pensión mínima.

Cuando se eliminó el SMG como instrumento de cálculo de casi todo, se creó la UMA (Unidad de Medida y Actualización) para indexar muchas cosas a la tasa inflacionaria anual. De esa forma, las pensiones y jubilaciones pierden día tras día algo de su capacidad adquisitiva según el ritmo inflacionario, pero, al término del año, recuperan de un solo golpe lo que se deteriora durante 365 días para volver a empezar el ciclo. El pensionado o jubilado pierde algo aunque se lo abonen al final del año. En otras palabras, le resarcen lo erosionado en su ingreso con un año de retraso.

Lo que se ha logrado con el UMA es que el salario mínimo general pueda aumentar sin hacer repercutir su elevación hacia otros ámbitos. Sin embargo, mientras que el salario sube, la pensión y jubilación se actualiza en forma anual conforme a la UMA, es decir, además de perder algo con el simple transcurrir inflacionario de los meses, se rezaga cada año respeto al SMG.

Esto ha llevado a muchos pensionados y jubilados a exigir el mismo trato que antes les perjudicaba, es decir, que sus incrementos se lleven a cabo según la subida anual del salario mínimo general.

Para 2020, habrá un aumento del SMG de 20%, así como de 8% para el llamado salario fronterizo, el cual es bastante mayor que el general.

Si todas las pensiones y jubilaciones del viejo sistema solidario que estuvieran por debajo del SMG de 2020 se pagaran con un 20% de aumento no habría manera de cubrir tan fuerte incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que es de donde salen esas erogaciones.

Hay que recordar que con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) la Federación asumió el pago de pensiones y jubilaciones ya concedidas o en dirección de otorgase a trabajadoras y trabajadores en activo al momento de la reforma. Desde entonces, el PEF sufre una sangría anual, es decir, como no hay fondo social, la recaudación fiscal se usa para cubrir el retiro.

Aunque el gobierno federal no podría ahora mismo aumentar en 20% las pensiones y jubilaciones más bajas, la Federación está obligada a elaborar un plan para mejorarlas. No es admisible que mientras trabajadoras y trabajadores en activo se ven beneficiadas por una nueva política salarial que, aunque se exprese en la fijación del mínimo general, las personas que tienen jubilación o pensión sólo sean apoyadas con el ajuste inflacionario (UMA). Claro, es mejor ahora que antes, cuando sufrían un fuerte deterioro, pero no es suficiente.

Este asunto debe ser atendido directamente por la Secretaría de Hacienda en las primeras semanas del nuevo año. Mas lo que tendrá que verse con mucho mayor detalle es la reforma del sistema mexicano de retiro.

El SAR y sus administradoras privadas constituyen un inicuo sistema creado bajo el programa neoliberal para privatizar las pensiones, hacer depender éstas del ahorro personal de cada cual durante toda su vida laboral y construir un formidable negocio, uno de los más rentables del mundo porque tiene bajísimos costos, ningún riesgo y elevadísimas tasas de ganancia. Todos los ingresos propios de las Afores como empresas privadas provienen del dinero que cobran a las personas aportantes, es decir, las que ahorran. No hay comercio sino sólo esquilmo.

En México, ese sistema de retiro conlleva a que el ingreso del 75% de los que se jubilen o pensionen no puedan obtener más de dos tercios del salario mínimo general. Si éste sigue subiendo, como se anuncia, aquel porcentaje de trabajadores en retiro sería aún mayor.

El primer punto que es preciso dejar en claro es que el Sistema de Ahorro para el Retiro no tiene remedio. Es y seguiría siendo un negocio redondo de unos cuantos y la ruina de millones. Hay que crear un nuevo sistema antes de que empiecen a jubilarse quienes están sujetos al SAR.

El segundo punto es que, sin menoscabo de admitir que los empleados muy bien pagados sigan con el sistema SAR, todos los demás –damnificados del neoliberalismo– puedan optar por un sistema solidario de pensiones y jubilaciones que el Congreso expida mediante una nueva ley.

El tercer punto es que los recursos acumulados de quienes que así lo decidan, pasen a formar parte de la bolsa general de retiro, como la que existe en muchos países desarrollados donde jamás se toleró el control privado de las aportaciones de las trabajadoras y trabajadores.

El sistema de Afores, como se le conoce en México, fue una copia directa del chileno, hijo de la dictadura pinochetista, el cual ahora está completamente colapsado y es una de las causas directas de las grandes protestas sociales y políticas que se han realizado en ese país y probablemente conduzcan a la redacción de una nueva Carta Magna, la cual podría resolver, entre otros muchos, el inmenso problema del retiro.

Los neoliberales en Argentina también impusieron el mismo sistema de privatización del manejo de fondos individuales de retiro, pero hace algunos años se revirtió para construir un método solidario de pensiones.

En la Francia convulsa de estos días que tiene en su centro el tema de las pensiones, lo que se discute se ubica en las modalidades de los sistemas solidarios y el tema de la edad. Nadie propone privatizar su administración.

México seguirá siendo un país con bajos salarios durante los próximos 15 años, aún si no se bloquea la nueva política de redistribución directa del ingreso de la 4T y aún si se profundiza como muchos buscamos. Si continuara el mismo sistema pensionario, por más que se elevaran las cuotas, no se garantizarían para la mayoría jubilaciones por arriba de la mitad del último salario. ¿Qué clase de país puede ser ese que no se propone jubilar para liberar sino para castigar?

No tendría ningún sentido para el Estado mexicano empezar a destinar de nueva cuenta crecientes fondos presupuestales para completar la pensión mínima garantizada a centenares de miles y, luego, a millones de personas en retiro, con tal de mantener un sistema inservible y oneroso de administración del ahorro para el retiro.

Mejor cambiar. Para millones de personas, para el Estado y para todo el país es indispensable abrir un nuevo camino antes del inminente colapso.

Corrupción y desigualdad en «países populistas»

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Alguien ha intitulado a algunos de los aún vigentes Estados de bienestar, los nórdicos, de «países populistas». Lo hizo Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del 24 de mayo pasado. Dijo que el propósito de su administración es alcanzar ese Estado de bienestar que existe en lugares, agregó, «donde son bien populistas». Parece que no pocos periodistas se lo tomaron a broma, o algo así.

En su alocución, AMLO señaló que en México hay mucha más desigualdad social que en los países nórdicos, con lo cual subrayó la diferencia estructural entre el capitalismo de aquellas naciones y el que existe en México. La concentración del ingreso es una expresión, entre otras, de esa diferencia.

En ese plano, lo que nos aleja de los países nórdicos es el Estado, como lo ha dicho Andrés Manuel, pues mientras aquéllos son redistributivos (captan el 50% del PIB), el nuestro es de ingresos ínfimos (capta menos del 15%). Sin alta recaudación relativa es imposible el Estado social, aunque ésa no basta.

Es preciso una contención de la dinámica del capitalismo basado en altas tasas de ganancia, complicada con esquemas monopólicos como los imperantes en México.

Aquí no sólo hemos sufrido el neoliberalismo como política concentradora del ingreso, promotora de la desigualdad y disolvente de las regulaciones estatales y de la economía pública, sino que casi siempre hemos tenido un Estado que se preocupa, ante todo, de garantizar altas tasas de ganancia al gran capital. El punto es que nos han llevado a un callejón en el cual, sin esos altos porcentajes de beneficio, se obstruyen las corrientes de inversión extrajera y se deprime la nacional.

Entonces, la cuestión consiste en romper con el esquema que ha llevado a que, gracias a sus bajas contribuciones y otras muchas inicuas concesiones, el gran capital invertido en México tenga iguales tasas de ganancia que las obtenidas en empresas que están ubicadas en la punta de la innovación global o en la renta del subsuelo, los hidrocarburos. Tenemos estructuras monopólicas empresariales con tasas de ganancia propias de las grandes tecnológicas mundiales, pero sin haber realizado un solo invento. La conclusión de todo eso es la precariedad del salario y la insuficiencia del gasto público.

Para encarar tal situación se necesitan varias reformas, además de las indispensables regulaciones antimonopólicas. Entre ésas se encuentran: modificar el esquema de financiamiento externo para no depender tanto de los capitales «golondrinos» y anclar la deuda externa en esquemas fijos; controlar mediante el sistema fiscal las exportaciones de capitales nacionales; promover el arraigo del capital-dinero mediante una suficiente certidumbre contributiva; controlar las remesas al exterior de las ganancias de los bancos extranjeros; desarrollar un sistema de financiamiento interno con menores tasas de interés mediante el establecimiento de un amplio sistema de garantías a cargo del Estado; disminuir las importaciones de bienes destinados al sector público y promover contratos internos de largo plazo; impulsar la innovación y la puesta en práctica de sus resultados en la industria mexicana; revolucionar la producción interna de alimentos y energéticos.

Al mismo tiempo, es indispensable aumentar la inversión pública, tanto en infraestructura como la directamente productiva, pero más allá de unos cuantos grandes proyectos.

Como algo prioritario se requiere una nueva política salarial con objetivos ciertos, precisos y claros.

Todo lo anterior se debe amarrar con un objetivo insustituible: el incremento de la tasa de crecimiento del producto.

Algunos puntos han empezado a dibujarse en los pocos meses del actual gobierno, sin embargo, Andrés Manuel subrayó que el propósito de un Estado de bienestar se puede lograr «si erradicamos la corrupción». Se sabe que, en este momento, bajo el Estado corrupto es imposible el Estado social, pero el programa anticorrupción, aunque tenga finalidades políticas propias, es un requisito de una reforma mucho mayor.

Como están las cosas en el mundo, el capitalismo como sistema va a seguir predominando ampliamente, pero un Estado de bienestar, o Estado democrático y social, no puede prescindir de reformas económicas. Es mentira que para redistribuir el ingreso primero es necesario aumentar éste. Lo que sí es cierto es que, para redistribuir mejor, será siempre necesario alcanzar altas tasas de crecimiento. Esto es algo por completo lógico. Mas una política redistributiva se dirime en el terreno de la lucha política porque los grandes acaparadores del ingreso van a defender la inmensa parte porcentual de la que ahora se apropian.

Aún más, la lucha contra la corrupción se puede quedar atorada si no sobrevienen las reformas sociales a las que se refiere el Plan Nacional de Desarrollo.

Ahora bien, dentro de este complejo panorama surge la singular pregunta de si será suficiente la eficiencia recaudatoria o va a ser preciso ajustar deducciones para ampliar la base gravable de las grandes empresas e, incluso, alzar la tasa máxima de la tabla del impuesto sobre la renta.

Los mecanismos más directos de redistribución del ingreso no son prescindibles para una reforma social que conduzca al financiamiento de salud, educación, pensiones y vivienda, así como a la cobertura de planes de infraestructura que promuevan el crecimiento económico.

El populismo nórdico, el Estado democrático y social, no es alcanzable sólo con el colapso del Estado corrupto. Nada puede suplir, por ahora, las reformas sociales. Dicho de otra forma, la lucha contra la corrupción debe inscribirse dentro de esas reformas. Esta idea es el quid del programa de la transformación de la vida política del país. El otro gran punto es el de la democracia.