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Narcomicidio

 

Matar a personas armadas, en el acto o en momento posterior inmediato, se está convirtiendo en una práctica. No se requiere demostrar que tales conductas son ilegales y violatorias de derechos humanos, sin embargo, el problema consiste en que se repiten sin que se exprese protesta pública y sin que el gobierno emprenda pesquisas.

De Tlatlaya a Tláhuac se manifiesta una clara tendencia hacia la impunidad de homicidios vinculados a actos de autoritarismo en la lucha en contra del llamado Narco. Esto es parte de la “guerra” declarada por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto, pero tiene su singularidad, pues acoge una doctrina criminológica extrema, brutal y falsa: el derecho penal del enemigo.

Según esa doctrina, el enemigo, el delincuente, ha transgredido el pacto fundamental y es, por tanto, un elemento a quien no se le puede aplicar la legislación como a cualquiera otra persona, sino como alguien cuyos derechos están disminuidos por la propia situación en la que se encuentra y por las decisiones que él mismo ha venido tomando en contra de la sociedad. Si ese delincuente es particularmente violento, entonces la misma doctrina lo abarca, como es lógico, dentro de la respuesta especialmente violenta de la autoridad.

La teoría de la pena se basa en ver a ésta como un mecanismo de sanción ejemplar, una especie de sistema disuasivo de actos prohibidos por las leyes penales. Pero dicha teoría ha sido analizada bajo una lupa crítica y, al menos, se ha puesto en duda que funcione de esa manera. Mas la pena de muerte está prohibida en México desde 1857, cuando se expidió la Constitución de ese año, quedando entonces con esa sanción sólo unos pocos delitos que tampoco iban a ameritar la pena capital cuando se construyera el sistema penitenciario, al cabo de lo cual, la Carta Magna fue olvidada y se fusilaba a cierta clase de personas.

Tenemos ahora que una parte de la sociedad manifiesta aprobación por combates en los que mueren todos los malos, lo cual no ocurre en las guerras formales. Tenemos también una autoridad que cree que matar es una mejor manera de desalentar el narcotráfico, el asesinato, el secuestro y la extorsión: el derecho penal del enemigo llevado a la supresión del primer derecho humano, el de la vida.

Así, un segmento social agraviado o sólo disgustado por la violencia se pone del lado de la misma y facilita, de tal forma, que la fuerza armada, a la que se ha dado extraordinariamente el encargo de llevar ante la justicia a los más violentos criminales, viole la misma ley que defiende.

Peña Nieto ha dicho que nadie debe obedecer órdenes ilegales. Pero como eludió señalar a qué se refería en concreto y habló unos pocos días después de la matanza de Tláhuac, más bien se entiende que estaba tratando de negar que tales órdenes pudieran impartirse desde su gobierno. No se trata de órdenes verticales sino de informales órdenes consentidas: otro mecanismo, pero también contrario a la ley y los derechos humanos.

Muchos saben que la solución de fondo sería superar la prohibición penal de las drogas y crear un sistema de control estatal y social de las mismas pero, mientras tanto, tenemos un problema: alguna parte de la sociedad y una gran parte del Estado simpatizan con la venganza homicida.

Justo cuando los infantes de marina salían de Tláhuac, ocurrían dos hechos aparentemente contradictorios: por un lado, unos, incluso comunicadores, comentaban que así es como hay que actuar, con arrojo y valentía, para detener a los vendedores de drogas; por el otro lado, otros hacían vallas al cadáver de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, y despedían su ataúd con aplausos y vítores. Se podría suponer que esos eran dos bandos en lucha, pero tal idea habría que ponerla bajo aquella misma lupa crítica con el fin de buscar las relaciones entre la teoría del delito, el derecho penal del enemigo y la supremacía de la violencia mortal. Quizá no tengamos dos bandos aquí, sino sólo uno, el de la muerte.

México no debería seguir por la ruta de afrontar este problema mediante la técnica de la eliminación física de los malos, quienes, se sabe, han matado a muchos, algunos buenos y otros malos. El narcomicidio llevará a una mayor violencia y, también, al deterioro moral de la fuerza armada. Hay que replantear el problema, reconducir a las instituciones en las cuales ahora ya no importa matar, por el camino de abrir escuelas para todos los jóvenes y garantizar a ellos mismos el empleo digno.

El gran fracaso frente a la violencia

 

El fracaso de la estrategia de guerra contra la delincuencia organizada, proclamada y conducida de manera personal por el entonces presidente Felipe Calderón, se convirtió en un gran fracaso bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto en los más de cuatro años en los que se ha refrendado, extendido y complicado dicha estrategia fallida.

Después de una década de “guerra”, la delincuencia organizada ha crecido en cantidad de personas directamente involucradas, en volúmenes comerciales, en delitos cometidos  contra la gente y en número de víctimas de la violencia, tanto la ejecutada por los grupos de la delincuencia organizada como de aquella consumada por las fuerzas encargadas de perseguirlos. Es inútil buscar esperanza en las variaciones mensuales del número de muertos o tratar de consolar a la opinión pública con el lugar de México en las estadísticas sobre la cantidad de asesinatos por cada 100 mil habitantes. La crisis de violencia mexicana se ha prolongado y se ha agudizado.

La pieza clave de la política oficial ha sido la intervención de las fueras armadas, con el fin de llevar a cabo un enfrentamiento armado con las mafias y contrarrestar el papel instrumental de numerosas autoridades civiles al lado de las bandas delincuenciales. Ahora mismo, se están poniendo las esperanzas en una nueva ley de seguridad interior para dotar a los militares de recursos jurídicos que les “otorguen garantías”. La autoridad, incluyendo a las fuerzas armadas, no está para exigir garantías en su exclusivo favor sino para promover, respetar y proteger los derechos de la gente. Lo que varios generales quieren es impunidad a perpetuidad para los oficiales y jefes que se encuentran en “el frente”. Pero eso no se permite ni en las guerras; ellos lo saben mejor que nadie.

Mas el sabor a derrota que deja la infortunada intervención masiva de los militares en la crisis de violencia delincuencial está ligada con esa amargura que provocan los centenares de víctimas civiles debido al uso incontrolado o desproporcionado de la fuerza. No han sido para menos, entre otros, los fusilamientos de Tlatlaya y el estremecedor video de Palmarito. La opinión pública nunca ha conocido los partes militares de los hechos sangrientos, pues se consideran documentos reservados por motivos de seguridad. Si hubiera que esclarecer lo que ocurrió en la reciente confrontación con huachicoleros poblanos, se tendría que partir de los partes que rinden oficiales y jefes a sus superiores.

Cuando el mando militar declara que todo debe ser esclarecido por el Ministerio Público Federal, está fingiendo ser ajeno a actos efectuados bajo su responsabilidad. El Ejército debería dar la cara directamente, o a través de un vocero de la Presidencia de la República, para explicar lo que ocurrió e informar al país.

Las autoridades en México están acostumbradas a anunciar lo obvio: que se investigará. En eso se pasan los meses y los años. Así ha sido siempre. Todavía estamos esperando el resultado de la investigación mandada a hacer con voz enérgica por Echeverría sobre la matanza del 10 de junio de 1971, ordenada por él mismo. Dicho esto para no tener que mencionar 1968, con su simulados procesos penales, y de otras muchas tropelías de gobernantes todopoderosos. El caso de Iguala –integrante de la actual crisis de violencia de México– podría durar abierto el tiempo en que se mantengan los mismos en el poder, a pesar de que todos, menos ciertos periodistas maiciados, están de acuerdo con que en el basurero de Cocula no pudieron desaparecer absolutamente los restos de 43 personas tatemadas durante unas cuantas horas; ni que hubiera sido Auswitch.

El gran fracaso no sólo consiste en que la violencia crece sino también que la corrupción aumenta. Pero si eso no fuera suficiente, también es cierto que el gobierno carece de una mínima autocrítica, no convoca a hacer nada, no se sabe cuál es el plan. Después de más de 4 años de sufrir el robo de combustibles, cuestión que se ha convertido en un problema de finanzas públicas, y luego de los enfrentamientos en Puebla, Peña ha dado órdenes para que en todo el gobierno, también generales y almirantes, se trabaje en la elaboración de un plan, sencillamente porque no había ninguno.

Los actuales gobernantes están imposibilitados para admitir que la delincuencia organizada se combate con Estado social y erradicación de la corrupción sistémica. No lo pueden hacer porque son neoliberales y su política de predominio del mercado no sirve para combatir a una de las actividades más lucrativas de ese mercado que es justamente el de las drogas prohibidas. Tampoco pueden porque forman parte del gran entramado global de la corrupción.

Mas los políticos del poder en México son también exponentes de esa moral que pretende prohibir todo lo que no se quiere ver. En México se prohibió la marihuana en los años treintas por presión de Estados Unidos, el mayor productor mundial de cannabis de todos los tiempos. La prohibición de drogas es, en sí misma, una enemiga de la sociedad porque promueve delincuencia, corrupción pública y violencia, pero no impide su producción y consumo. Esa es otra de las verdades que hay que decir al respecto del gran fracaso que corroe a la República.

En México no hay rebelión

Desde la fundación del México republicano se ha asignado al Presidente la obligación de disponer de las fuerzas armadas para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Ya desde Apatzingán (1814: art. 160) se hacía este planteamiento. El Acta Constitutiva de la Federación de 1824 (art. 16) fijó la redacción actual. El único cambio ha sido (2004) agregar la obligación presidencial de preservar la “seguridad nacional” según ley expedida por el Congreso, con el fin de dar cobertura jurídica al CISEN y a la “inteligencia” gubernamental, pero se dejó igual el resto de la fracción VI del artículo 89 de la Carta Magna.

Si durante casi 200 años no ha sido necesario hacer una interpretación del término “seguridad interior”, ¿qué lo requiere ahora? El gobierno y los militares están viendo esa fracción VI como si ahí estuviera una facultad conferida a las fuerzas armadas, pero eso no es verdadero. Lo que tal precepto establece es una obligación del Presidente de la República de usar la fuerza armada para la seguridad interior de la Federación es decir, del poder constituido en el país, frente a rebeliones armadas. Aquí se encuentra una de las dos funciones del Ejército y la Armada: defender al poder, impedir su derrocamiento violento. La otra es rechazar una agresión extranjera, tal como el mismo precepto constitucional lo refiere bajo el término de “defensa exterior”.

¿Para qué hacer una ley que convierta al Ejército y la Armada en cuerpos policiales? Pues para otorgarles facultades que no tiene la policía y que serían contrarias a los derechos fundamentales y sus garantías, establecidas en la Carta Magna. Eso es lo que se busca.

El fracaso del gobierno se ha convertido en ocasión para otorgar a las fuerzas armadas las prerrogativas que éstas han estado exigiendo, tales como retención de detenidos, intervención de comunicaciones, acceso a datos protegidos, detenciones sin orden judicial, etcétera. Es la “guerra” que fuera declarada por Calderón. Sin embargo, la crisis de violencia que padecemos es otro fenómeno.

Bajo un Estado de derecho el gobierno no puede declarar la guerra a sus propios ciudadanos que no están levantados en armas, sino que frente a la violencia debe otorgar garantías a todos para que la ley se cumpla y se logre defender a la sociedad, en especial la vida de las personas. La idea de esa falsa guerra es tan odiosa porque atenta contra los derechos humanos.

Calderón pidió al Congreso allanamientos y detenciones sin orden de juez. “La chota en tu casa”, le llamé entonces. La Cámara de Diputados ya las había aprobado cuando en el Senado ocurrió un milagro el día de su discusión y el precepto regresó a San Lázaro donde finalmente se declaró rechazado. Ahora lo está planteando el PRI, con el recíproco apoyo del PAN, bajo el pretexto de que los militares ya que no están de acuerdo en seguir siendo policías si no se les garantiza impunidad.

Lo ha dicho a su modo el general secretario, Salvador Cienfuegos. Él afirmó que los militares podrían preferir ser acusados de desobediencia a tener que enfrentar procesos por delitos relacionados con violación de derechos humanos. Dijo que les podía salir más barato. Es decir, que por cumplir órdenes se atropellan derechos. Pero entonces la solución debería consistir en que no se emitieran órdenes contrarias a la ley y se respetara a los seres humanos. Nada más elemental bajo un Estado de derecho.

El proyecto del PRI para otorgar preeminencia inconstitucional a los militares debería transmutarse en una reforma para instaurar en las leyes el protocolo de relación entre militares y población civil como ya lo había intentado la Armada de México. Tlatlaya es el paradigma de ejecuciones de “rebeldes” que aun en la guerra están absolutamente prohibidas.

Al mismo tiempo, el artículo 129 constitucional señala que en tiempo de paz la autoridad militar no puede ejercer más funciones que las militares. En México no hay guerra interior ni con el exterior. El mismo jefe del Ejército admite que no están actuando como soldados y, por tanto, se encuentran al margen de la Constitución, pero pide una ley que resuelva el problema. Pues no, no se puede. Se tendría que hacer una subversión de la Carta Magna para inventar una institución que fuera, al mismo tiempo, policía y ejército, pero además al margen del respeto de los derechos de la gente. En esto último estriba en realidad el mayor problema.

Habría sin embargo una solución aunque diferente a la que se pide ahora. Debería revisarse la última minuta sobre el tema, enviada por el Senado a la Cámara e ilegalmente congelada por ésta, pues nunca se votó en San Lázaro debido a la inconformidad de los militares y de Calderón.

Ayotzinapa: responsabilidades

En la entrevista concedida por Enrique Peña Nieto a Rosa Elvira Vargas del diario La Jornada (23.05.16) se plantea una duda de imposible comprensión. Dice el presidente: “No he logrado entender cuándo pasó el gobierno a ser culpable” por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal y, habría que agregar, por el homicidio de seis personas aquella trágica noche en Iguala.

Lo que no se puede entender es la duda sencillamente porque no tendría que existir, crece de motivo. El gobierno federal es autoridad en todo el país, es deber suyo dar garantías a las personas para que éstas ejerzan sus derechos y, por tanto, evitar que otras autoridades o individuos las lesionen o les impidan algo en forma indebida. En Iguala existe una estación de la Policía Federal y todo un batallón del Ejército Mexicano. ¿Qué más fuerza se necesitaría para evitar un tiroteo de más de una hora y un levantón de las dimensiones de las de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2015?

Nadie ha dicho que el gobierno federal es el único responsable. También lo fueron los gobiernos de Guerrero, de Iguala y de Cocula, por lo menos. Pero esos tres han encarado de alguna manera su responsabilidad. El gobernador renunció a su cargo por presión política. Los presidentes municipales de Iguala (PRD) y de Cocula (PRI) (este último cuando ya había terminado su gestión) fueron acusados de varios delitos y encarcelados. Un debate se produjo dentro del PRD y no sólo en los medios de comunicación cuando se señaló que Ángel Aguirre tenía responsabilidad política en la tragedia por el sólo hecho de que ésta no había sido un acontecimiento precisamente espontáneo sino que se inició con la salida de los estudiantes de Tixtla, su llegada a Iguala y el intento de abandono de esa ciudad, todo lo cual fue monitoreado por la autoridad de Guerrero o, si no lo fue, es peor, debió haberlo sido. No hay duda respecto de que Aguirre merece ser sometido a juicio político en su Estado.

Fuerzas federales monitorearon el viaje de los normalistas y estaban al tanto de lo que ocurría. Cuando empezaron los disparos por parte de la policía municipal contra los estudiantes de Ayotzinapa y se inició la hasta ahora inexplicada persecución de los autobuses en los que viajaban, las autoridades federales, tanto como las estatales y municipales, se encontraban al corriente de lo que estaba sucediendo. Hay una zona gris justamente en aquellos momentos en que unos estudiantes fueron aprehendidos mientras otros lograron escapar.  Sobre esto nada se nos dice en forma precisa ni en la verdad histórica ni en la verdad declarada. La primera es la de Murillo Káram como procurador, la segunda es la creada con los testimonios de los policías de Iguala. Existe la increíble versión, implícita por lo demás, de que el omnipresente poder federal no asomaba en ese momento por ninguna parte.

Si los estudiantes que pudieron escapar de la cacería de la policía municipal fueron localizados por efectivos del Ejército antes de la medianoche –“¿ustedes son ayotzinapos?” les inquirieron los soldados–, ¿cómo es posible que éstos no supieran nada sobre el paradero de los estudiantes detenidos por la policía municipal? Los jóvenes que se dieron a la fuga han declarado que los militares recibieron reporte radial de un incidente en la carretera: era la agresión contra el equipo de futbol de los Avispones de Chilpancingo. Lo que se puede ver es que a los militares se les transmitía por radio lo que estaba ocurriendo en Iguala aquella noche. Pero, ¿dónde estaban en ese momento los estudiantes de Ayotzinapa detenidos? Al parecer desaparecieron de las comunicaciones policiales y del Ejército.

Pero hay algo más. Una parte de los presuntos victimarios son también presuntos delincuentes organizados, es decir, “perseguidos” por las autoridades federales desde tiempo atrás. Si la policía municipal estaba bajo el control de los narcos como todo indica, por otro lado en Iguala existe un fuerte destacamento militar que, por lo visto, nunca ha intentado poner orden. Esto tiene que ser explicado, como también la ocultada resolución de la PGR de fecha 31 de diciembre de 2010 de no ejercicio de la acción penal en favor de José Luis Abarca luego de una averiguación por denuncia anónima que duró seis meses.

La búsqueda de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa quedó a cargo de las autoridades federales luego de que la PGR atrajo a regañadientes el caso Iguala. Habría que recordar que el jefe de la seguridad pública federal, Osorio Chong, secretario de gobernación, había declarado que era en Guerrero donde debía arreglarse todo ese lío. Pues bien, las cosas resultaron tan duras y afrentosas que Peña Nieto tuvo que aceptar lo que era lógico, legal y necesario: hacerse cargo de la búsqueda de los estudiantes a quienes oficialmente había dejado de vigilar durante la noche del 26 de septiembre a pesar de que transitaban por carreteras federales.

Pues bien, el gobierno de Peña es, ha sido y seguirá siendo, mientras no se aclare todo, el responsable de decirnos qué ocurrió exactamente y por qué. Pero entonces nos tendrá que aclarar también su propio grado de responsabilidad en la tragedia de Iguala. Eso es lo que se busca eludir por supremos motivos políticos y acaso de defensa personal.

 

¿Quién atiende el binomio política-delincuencia?

El Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional han pedido a la comisión de seguridad nacional del Congreso que promueva ante la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República el examen del problema consistente en que políticos ligados a la delincuencia organizada obtienen candidaturas y desempeñan cargos de elección popular o gubernamentales. Este fenómeno es viejo pero hasta ahora no se han  producido propuestas institucionales para contrarrestarlo. Alguna vez Miguel Ángel Osorio presentó a los presidentes de esos dos partidos algunas observaciones del Cisen sobre sus respectivos aspirantes a cargos de elección. Pero no existe un sistema, todo es circunstancial.

La PGR ha declarado que no tiene permitido dar a conocer elementos de averiguaciones en curso ni tampoco investigar sin “querella”, es decir, denuncia. Pero entonces, ¿por qué lo hace con irritante frecuencia a la menor insinuación de Los Pinos o de Bucareli? La respuesta brindada al PRD y PAN es francamente desesperante pues denota que al Ministerio Público Federal le importa un comino que haya políticos ligados a los carteles. Sin embargo, lleva a cabo filtraciones a los medios, detenciones ilegales y arraigos cuestionables cada vez que lo decide, es decir, según conveniencias políticas. ¿No conviene prevenir institucionalmente a los partidos, incluyendo al PRI donde forma filas la procuradora? Por lo demás, quizá se equivocaron PRD y PAN al incluir a la PGR en su solicitud a la comisión del Congreso porque ésta con la mayor frecuencia no ata ni desata.

Por ejemplo, Humberto Moreira se gastaba más de 300 mil pesos al mes en España, al grado que la policía le investigó sus movimientos. La PGR lo ha exonerado de todo delito en México, pero nadie ha logrado explicar porqué el ex gobernador de Coahuila gasta tanto en su sustento personal. Y así sucesivamente. Este cuento de que el Ministerio Público tiene a su cargo perseguir al binomio crimen-política no se lo cree nadie en el país. Mas ese binomio es mucho mayor que la llamada infiltración del narco en la política pero cuando esta última surgió hace 70 años todo era tan paradisiaco para los políticos oficialistas que sus vínculos con el narco resultaron naturales. Así lo entendió entonces el Ministerio Público y sigue.

El gobierno federal sigue culpando a los partidos (excepto al PRI, el que más) de sufrir la “infiltración” de la delincuencia organizada. Se ignora con evidentes propósitos políticos que los partidos carecen de instrumentos legales, extralegales o ilegales para investigar a sus propios miembros, a sus aspirantes, a sus candidatos, a sus legisladores, ediles, gobernadores, etc. Pero apenas declara algo la PGR, los dirigentes partidistas se lanzan contra los indiciados (excepto cuando son del PRI), los linchan inmediatamente sin datos precisos de alguna posible relación ilícita, sólo para cubrirse. Aquí la presunción de inocencia es una frase, tal como ocurre en la PGR y con no pocos jueces penales. En  realidad ningún partido por sí mismo está en condiciones de hacer trabajos de “inteligencia criminal”. Sólo el gobierno puede.

Sin embargo, ante esta tragicómica realidad, el gobierno no responde a los llamados a crear un sistema de prevención de uno de los fenómenos asociados a la delincuencia organizada. Si esto ocurre cuando los personajes, es decir, los políticos, están al descubierto, imaginemos lo que sucede con individuos que trabajan de manera clandestina.

Han pasado nueve años desde que se declaró la “guerra” a la delincuencia organizada de fuera del Estado y de la empresa formal. Durante ese tiempo han muerto en esa “guerra” decenas de miles de personas y se encuentran desaparecidas otras tantas. En realidad aquello no tenía ningún plan sino que era el discurso para justificar la presencia de los militares en las calles y para seguir sin buscar tener una policía de verdad y sin corrupción. En el fondo se trata de la renuncia a luchar contra el Estado corrupto que es la base sobre la que descansa el sistema dentro del cual se encuentra el narcotráfico y el binomio política-delincuencia. Felipe Calderón no hizo absolutamente nada para combatir la corrupción dentro del aparato del Estado; al contrario, la fomentó, como ya lo había hecho Fox. Este es el mayor fracaso histórico del PAN, aún mayor que el de sus inconsecuencias respecto de la democracia.

La negativa del gobierno de Peña de colaborar con los partidos para prevenir candidaturas ligadas a los narcos refleja la manera como funciona el Estado corrupto mexicano. Mientras, las mayores tareas del momento son desaforar a Lucero Sánchez, meter a la cárcel a Kate Del Castillo y extraditar a Guzmán Loera.

Así no tiene caso el debate sobre la mariguana

Enrique Peña Nieto ordenó la apertura de un debate sobre la mariguana organizado por su propio gobierno. Ese mismo día reiteró: “mi posición categórica de estar en contra de la legalización de la mariguana”. “No se confundan, se abre un debate”, le ha dicho a sus hijos quienes le preguntaron si podrán pronto fumarse un churro en Los Pinos. El padre protector ya lo ha dicho: nada de churros. ¿Para qué convoca al debate? ¿Para concluir irremediablemente con su “posición categórica”? La cuestión es relevante porque el presidente de la República, en México, puede vetar las leyes del Congreso y se necesitaría el voto de dos tercios de los legisladores presentes en ambas cámaras para vencer la resistencia presidencial: imposible en este caso.

Las consultas convocadas en las cámaras, tal como la que organizará Osorio Chong, serán ejercicios con un solo resultado posible: dejar las cosas más o menos como están. Sin embargo, el uso de la mariguana es un problema cada vez mayor en México, pero no por cierto por sus consecuencias de salud sino por el rápido crecimiento del comercio ilegal monopolizado por bandas delincuenciales muy violentas y armadas hasta los dientes.

La cuestión no es médica porque la mariguana hace mucho menos daño que las drogas permitidas y porque los médicos especialistas están divididos en sus opiniones de tal manera que cuentan más las consideraciones morales que cualesquiera otras. Es evidente que no todo lo que hace daño o puede hacer daño a la salud está prohibido. Así que esa discusión carece de sentido.

Pero el endeble argumento de la salud se mezcla con otros temas en forma equivocada por parte de algunos responsables padres de familia. Veamos lo que dice quien va a vetar toda ley que al respecto no le guste: “¿para combatir el crimen organizado pongamos en riesgo la salud de la niñez y la juventud mexicanas? Mi respuesta es no”, ha dicho Peña Nieto. La pregunta está desfasada. Si la mariguana hiciera daño a la salud de niños y jóvenes, eso ya está sucediendo en forma creciente e imparable, tal como en efecto ocurre con las drogas legales, el alcohol, el tabaco. Fallecen muchos miles de adultos al año por alcoholismo y tabaquismo, pero no se tiene registro de decesos por consumir mariguana. Sin embargo, mueren muchos miles al año, jóvenes en su mayoría, en una guerra imposible de ganar e imposible de perder contra la delincuencia organizada que trafica con mariguana.

Las preguntas que hay que hacer son muy importantes porque de las equivocadas, como la hecha por Peña, se obtienen respuestas erróneas. Que cualquiera las haga, tiene poca importancia, pero tratándose de quien puede vetar leyes, es cosa grave.

Un debate verdadero podría requerir a los criminólogos. La división entre ellos generaría al menos la exposición de diversas teorías sobre el crimen, la cual, a su vez, ilustraría a la opinión pública sobre un tema que México vive trágicamente pero que no se discute.

Sin embargo, la discusión es principalmente política. La cuestión radica en cómo combatir a la delincuencia organizada ligada al tráfico de drogas. Como eso ya se ha intentado hasta el desangramiento,  el camino que hoy se abre en el mundo es el de revisar la prohibición. Prohibir siempre ha sido lo más fácil. Perseguir a los transgresores ha sido más complicado. Detener con la pura prohibición un comercio con gran demanda ha sido enteramente imposible, al menos bajo el Estado secular. Pero aún es más trascendente discutir este tema desde el lado de las libertades, cuestión que se trata de dejar de lado en los foros o debates convocados sólo para especialistas en diversos temas pero con la ausencia de intelectuales capaces de introducir el elemento central que es la capacidad de autodecisión de las personas.

No tiene caso llevar a cabo debates y foros sabiendo el resultado de antemano. En este contexto, son un fraude, uno más. Carece de ética convocar a una discusión sobre la base de tener tomada la decisión de impedir cualquier opción contraria a la propia, como ha dejado dicho Peña Nieto con entera claridad.

Así que sería mejor realizar el debate por fuera pero en contra de las posiciones presidenciales categóricas.

Mariguana: un debate para alcanzar soluciones

El debate sobre las drogas no se ha abierto con la resolución de la Suprema Corte sobre el derecho a cultivar y transportar mariguana para consumo propio. El punto ha sido tratado durante muchos años. A partir de la crisis de violencia en México, el asunto se convirtió en algo verdaderamente urgente. Por ello, la culminación de este debate debe hacerse pronto y arrojar soluciones efectivas.

Sería perder el tiempo seguir con la discusión sobre los posibles daños de la mariguana a la salud de los consumidores. Nadie muere por sobredosis de cannabis ni se ha demostrado que fumar esa hierba produzca adicción. Si la mariguana no puede ser tratada de igual forma que el alcohol y el tabaco –extendidos problemas de salud– mucho menos debe mantenerse prohibida.

El problema que hay que plantear es el control del Estado sobre la producción, transporte, distribución y comercio de la mariguana. Lo que se debe buscar es que se termine con la actividad ilegal pero no para desregularla. La Corte considera que la gente puede cultivar su propia cannabis, lo cual implica que también se puede asociar para tal fin. Aunque la mariguana puede cultivarse hasta en macetas, sería difícil tratar de resolver el problema con la pura resolución judicial pues el comercio ilegal se mantendría casi en el mismo nivel que hasta ahora.

De lo que se trata es de sustraer la mariguana del nefasto comercio de drogas que tanto daño ha hecho al mundo, no por las drogas en sí sino por la delincuencia violenta que ha prohijado la prohibición y por el carácter corrupto del Estado que forma parte de este esquema. Cierto es que en el futuro cercano deberá acabarse con la prohibición en general, mas por lo pronto la mariguana es un buen comienzo porque es la más consumida entre las drogas actualmente prohibidas.

La experiencia holandesa debe ser analizada y seguir con atención lo que ocurre en Uruguay y en varios estados de la Unión Americana. Pero lo más urgente es que el tema entre en la esfera de la política, que los partidos definan posiciones y el Congreso aborde el problema sin maniobras distraccionistas o dilatorias que no conducirían más que a dejar las cosas como están. El tema no será resuelto en los tribunales sino en el Poder Legislativo como se desprende del sistema político de la Constitución.

Ahora bien, los obstáculos a un cambio efectivo en este tema se derivan del miedo a que se relajen las buenas costumbres y a que el Estado termine promoviendo el consumo de drogas. Este miedo no se va a eliminar con una discusión sensata porque sencillamente no proviene de la sensatez. Los bandos de opinión a este respecto no coinciden exactamente con la derecha y la izquierda ya que hay gente muy conservadora en materia política y social que combate la prohibición mientras que personas de izquierda tienen miedo y se muestran defensoras de una ley que ha demostrado su naturaleza inicua en el plano social, económico y jurídico. Aunque existe una mayoría de derechistas que defienden el pernicioso sistema actual, no todos lo hacen ni son los únicos en hacerlo.

Otro problema sobre este tema es que bajo el Estado corrupto la desregulación no supera necesariamente la mordida. Como se trata de despenalizar para controlar con certeza y probidad, puede ser una nueva amenaza la generalizada falta de honradez de la autoridad y, por tanto, la violación organizada de las leyes. Hay que admitir que la lucha contra la prohibición es parte de la lucha contra el Estado corrupto pero sólo en un sentido general. Como la persecución legal del negocio de las drogas es parte integrante del sistema de corrupción que impera en México, con la sola regulación de la producción y distribución de la mariguana no se va a reformar el gobierno. Esto quiere decir que se requeriría la más amplia y solidaria participación vigilante de los consumidores para evitar que las autoridades abran un nuevo mercado paralelo ilegal.

Ninguna reforma se realiza sin generar problemas nuevos pero éstos se pueden resolver con el mismo ímpetu con el cual fue posible realizar tal reforma. Con ese espíritu habría que acometer esta tarea. Pero hay algo indispensable: que no se cuelgue nadie de las malintencionadas tesis de que este tema no es importante o que primero debe votarse en plebiscito. Por un lado, no sólo los más grandes problemas deben resolverse. Por el otro, las libertades y derechos humanos no son materia de consultas populares o, al menos, no deberían de serlo.

La desnudez del Estado corrupto

Enrique Peña Nieto ha reaccionado frente a la fuga del Chapo Guzmán con expresiones que tienden a repartir la culpa. Se trata sin embargo de un descrédito del gobierno, de su gobierno, pues ése era el encargado de la custodia y nadie más. La evasión se hizo en la cárcel de más alta seguridad en el país, de donde nadie antes había podido fugarse. Tendría que haber responsabilidad política, pero no, Peña ofrece sólo la cabeza de empleados de menor relevancia como si éstos no hubieran tenido jefes.

Pero esta fuga denota algo mucho más complejo. El Estado corrupto mexicano –el fenómeno más duro del México contemporáneo—ha quedado una vez más desnudo. Todos hemos visto una fotografía instantánea de lo que es este Estado y la profundidad de su corrupción estructural. La fuga del Chapo se ha prestado a toda clase de bromas, chistes, diretes y burlas pero se trata de una expresión muy concreta de nuestra realidad política.

Sólo en un Estado como el mexicano es posible que exista una organización capaz de lograr una evasión de Almoloya como la que se ha visto. Casi durante un año, con absoluto sigilo y una disciplina a toda prueba, con toda la información de localización exacta y un trazo geométrico preciso, con la excelente colaboración interna que tal operación requería y también el bien guardado secreto de los cómplices, la mayor organización de narcotraficantes hizo posible en minutos poner en libertad a su jefe.

Aquí encontramos otro rasgo relevante de la  fuga del Chapo Guzmán: la unidad del cartel de Sinaloa, su elevada organización y disciplina, su capacidad para emprender acciones sin disidencias o competencias internas. No es así el gobierno y, en general, la administración pública que colaboró con la fuga, por un lado, u omitió prevenir tal acontecimiento, por otro.

Si el Chapo había logrado su fuga de Puente Grande disfrazado de ropa sucia, se tenía que sospechar que lo intentaría de nuevo pero por otra vía. La excavación de túneles para la evasión de prisiones es una técnica muy antigua. Entre más profundo es el cimiento de la cárcel, mayor la profundidad del túnel. Eso es sencillo. No se debería nadie admirar de la obra de construcción tan elemental; lo admirable es el secreto bien guardado de la obra y la localización exacta del lugar donde iba estar el Chapo en un minuto determinado para entrar en el túnel sin que “nadie” se diera cuenta. Todos esos elementos sí que son dignos de ser analizados a profundidad. Este es el Estado corrupto: los vínculos tan funcionales entre la función pública venal y la organización de la delincuencia extraestatal, la ejecución de planes tan precisos y su realización tan exacta. No es ironía: el Estado, en especial el gobierno, funciona mejor cuando actúa en beneficio personal de los funcionarios, es decir, en tanto Estado corrupto. Todo se ha perdido pero en especial la probidad y, en consecuencia, la función pública del Estado. El fenómeno Chapo con su organización casi perfecta y su disciplina es una evidencia mayor de esa terrible enfermedad que padece México: el Estado corrupto.

Cuando el crimen nos alcanzó

No tenemos certeza del momento en que nos alcanzó el crimen organizado en su vertiente del narco, porque ya el otro, el del poder, el de la corrupción pública, tenía muchas décadas de haberse entronizado en la República y lograba ocultar sus propias fechorías históricas. Por estudios y anécdotas, sabemos que el narcotráfico se ligó al Estado desde el momento en que la producción de la goma mexicana se hizo indispensable para el ejército de Estados Unidos, durante la guerra, con el fin de producir morfina. El gobierno de México no se imaginó que esa industria y esa apertura iban a conducir al gran emporio del narcotráfico que hoy conocemos y, finalmente, a la sujeción del Estado al poder del dinero y de las armas de los narcotraficantes.

Sabemos que el fenómeno Iguala –el sometimiento de la policía municipal al yugo de los narcos— abarca al vecino Cocula pero también a otros muchos ayuntamientos en varios estados del país. Es la quiebra del sistema nacional de seguridad pública, es cierto, pero dentro de la crisis del Estado corrupto que ya no puede funcionar como antes. México pasó de una situación en la que el Estado regulaba el narcotráfico y los gobernantes gozaban de una parte de las regalías de éste, a otra en donde los narcos someten a los gobernantes con la fuerza de las armas porque la policía no es capaz de enfrentar a esa delincuencia, le teme, le huye y, finalmente, se le somete. Ahora sabemos que en San Fernando, Tamaulipas, donde asesinaron a más de 70 personas, la policía colaboraba con los delincuentes, como en todos los demás lugares donde funciona el sistema actual.

El Estado corrupto se enredó consigo mismo al grado de quedar bajo el acoso de uno de sus instrumentos: el narcotráfico con sus derivaciones opcionales recientes de extorsión y secuestro. Lo que no se quiere todavía admitir es que el narcotráfico de ahora es producto genuino del Estado corrupto, que gracias a éste se conformó como lo padecemos y que no podrá ser derrotado sin una acometida definitiva contra ese mismo Estado que lo prohijó. Este es el punto que no quiere reconocer Peña Nieto porque él es parte de la tradición corrupta de la que heredó el poder, ya que el PAN en la Presidencia ni siquiera se propuso alguna vez combatir el Estado corrupto sino que se hizo su cómplice y, finalmente, su instrumento.

Este fenómeno, en el que la delincuencia organizada protegida por el aparato del Estado crea una nueva estructura que pasa de ser utilizada a utilizar al poder político, no es nuevo, por lo cual llama la atención la ceguera de los gobernantes que no alcanzaron a ver que su propia corrupción les iba a llevar al colapso del Estado corrupto, del suyo. Lo peor de todo es que ahora tampoco se dan cuenta de que el hoyo en el que se encuentra el país fue cavado por su propio sistema, en el cual viven y con el que se han empoderado en lo personal.

El asunto es muy complicado porque la percepción que existe en el gobierno de Peña y en los principales medios de comunicación no concuerda con la realidad, mientras las oposiciones no alcanzan a articular una alternativa completa al Estado corrupto, principalmente porque éste ya las ha tocado, como era hasta cierto punto inevitable.

Así es como se presenta un dilema: se produce una revolución política para refundar las instituciones o se llega a un acuerdo entre los partidos, ante la ausencia de una necesaria revolución, para cambiar muchas cosas. Lo que sería demasiado doloroso es el camino de la simulación o de cambios cosméticos en las instituciones como el que se intenta con la nueva Fiscalía, al final subordinada al Ejecutivo, y con las reformas anticorrupción, las cuales, con toda seguridad, no servirán para los fines proclamados sino para seguir en lo mismo.

Desestabilización

Los militares conforman corporaciones no-deliberantes y no partidistas, por lo cual los jefes, generales y almirantes no deberían hacer discursos políticos ni apoyar las plataformas gubernamentales que son expresión de los partidos hechos gobiernos. Sin embargo, Peña Nieto ha llevado a los secretarios de Defensa y de Marina a volver a las andadas de hacer discursos para defender la política del gobierno. Asimismo, el mismo Peña se encarga de pronunciar panegíricos de los militares, lo cual no debe hacer un gobierno civil si en verdad quiere seguir siéndolo. Tlatlaya no es un caso único aunque lo sea por su magnitud y forma de llevar a cabo la matanza, las cuales deberían ser reconocidas por la autoridad política para empezar a contrarrestar el fenómeno del abuso en el uso de las armas.

En este lamentable marco, el gobierno de Peña ha desempolvado viejos discursos sobre la desestabilización política, la cual –dice—se busca mediante algunos hechos de violencia realizados con motivo de las protestas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La desestabilización vista como objetivo de personas que realizan actos violentos es una pamplina que tiene como propósito justificar el uso de la fuerza en cualquier momento por parte del gobierno. La propuesta de Peña de crear una “ley de infiltración del crimen organizado” sería una regresión del federalismo en tanto que el poder central podría disolver ayuntamientos, los cuales no forman parte de la Federación sino de los estados. Sólo las entidades pueden disolver sus propios ayuntamientos para convocar a nuevas elecciones. Junto a esta amenaza de resucitar al presidencialismo más duro, Peña dijo varias veces “todos somos Ayotzinapa”, lo que hubiera sido mejor decirlo aquella noche infausta del enorme levantón que él ignoró entonces y durante varios días diciendo que ese era un asunto local. Ahora sí, todos somos Ayotzinapa y nos receta una ley centralista de “infiltración del crimen”, el cual, por lo demás, tiene infiltrado a todo el Estado nacional mexicano. Varios meses después, Peña sigue sin reconocer el otro acontecimiento siniestro de la temporada que estuvo a cargo del Estado: Tlatlaya, el cual no fue siquiera mencionado en el gran discurso sobre la justicia. ¿Nadie es Tlatlaya sino sólo Ayotzinapa? Los voceros oficiales afirman que hay que rechazar toda violencia sin importar de dónde proceda, pues bien, hay que combatir la que tiene su origen en la acción ilegal de los aparatos públicos.

El gobierno sigue en la necedad de no admitir que padecemos un Estado corrupto que es la base de la crisis delincuencial y de violencia en el país, acompañada ahora de otra peor: la de derechos humanos. Tiene razón al respecto el presidente de Uruguay cuando ha ligado los recientes hechos de Iguala a la corrupción. Durante muchos años hemos dicho en todos los tonos que nada se arreglará bajo el Estado corrupto porque éste no es capaz, sencillamente. En la medida en que el Estado profundizó su corrupción, en esa misma medida empezó a estar sometido a los grupos armados de la delincuencia organizada que supieron domesticar a la otra delincuencia organizada, la del aparato público, mediante su propia capacidad de fuego en un entorno de impunidades que es característico de todo esquema de corrupción.

Peña anuncia nuevas leyes, pero hay que preguntarle: ¿dónde está el proyecto de ley reglamentaria de la reforma constitucional sobre los sueldos de los servidores públicos? Congelado por instrucciones suyas. ¿Dónde está el proyecto para desaparecer el fuero constitucional? Congelado por instrucciones suyas. ¿Dónde está el proyecto para reglamentar la publicidad gubernamental? Congelado por instrucciones suyas. ¿Dónde está el proyecto sobre la réplica? Congelado por instrucciones suyas. Todo esto, aprovechando su mayoría en la Cámara de Diputados. Sobre estas bases no se puede discutir seriamente.