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Francia: anacronismo político

 

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha pasado de tener una mayoría relativa de 32 por ciento de los votantes, el 23 de abril de este año, a contar con el 63% de los escaños de la Asamblea Nacional, el 18 de junio, es decir, en menos de dos meses duplicó artificialmente su representación. La candidata contra quien compitió Macron en segunda vuelta, Marine Le Pen (Frente Nacional), cuenta con 8 escaños, el 1.39 por ciento de la representación nacional, sin derecho a tener grupo parlamentario.

Esta operación política se ha llevado a cabo dentro de un sistema de elección a dos vueltas de todos los cargos y la ausencia de mecanismos de representación proporcional en el parlamento.

Toda la derecha, excluyendo la “extrema” de Le Pen, cuenta con el 87%, pero no de los votos, sino de los escaños. ¿Dónde quedó la oposición? En una izquierda reducida a 69 lugares, 42 del Partido Socialista y 27 de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélechon, el 12% de bancas entre ambos, lo que se aleja mucho de la suma de sus respectivos porcentajes verdaderos de más del 25. Por otro lado, el viejo partido de De Gaulle, Los Republicanos, que había obtenido casi el mismo número de votos que Mélechon en la primera vuelta presidencial, ha logrado sobreponerse como por milagro en la elección legislativa de segunda vuelta, con 135 diputados, el 24% de la Asamblea. Esto le ha permitido darse el lujo de dividirse en dos grupos parlamentarios con diferencias de grado sobre el apoyo al gobierno de Macron.

El abismo entre el voto popular y la fuerza política institucional es el resultado de un sistema apartado de principios democráticos básicos; el primero de ellos, cada ciudadano y ciudadana es un voto; el segundo, todas y todos los votantes deben estar representados.

Al alejarse de la democracia política, el sistema francés bosqueja una aversión a lo podría denominarse “democracia social”, o democracia a secas, en la que los intereses de quienes viven de su propio trabajo –la inmensa mayoría de la sociedad– tuvieran preeminencia en la acción del Estado, pues ellos lo sostienen todo.

Se postula, sin embargo, que el sistema francés es magnífico porque promueve la “gobernabilidad”, pero ésta es ahora gestionada por la minoría porque un partido del 32% tiene todo el control institucional, mientras millones se han quedado sin representación política. Al final, los votos de Macron valieron el doble que los demás votos.

Por más que el nuevo partido presidencial, La República en Marcha y su aliado MoDem, tengan un inmenso respaldo parlamentario (falta la elección del Senado), las contestaciones al programa de derecha van a expresarse desde la calle. Como los diputados y diputadas opositores son muy escasos, habrá de ser la gente con la que el nuevo presidente deberá encararse.

La abstención en la segunda vuelta legislativa ha subido hasta el 57%, la más alta en la historia de la V República, pero ya los analistas a modo han dicho que se debe a una “fatiga electoral” de cuatro comicios al hilo. En realidad, el fenómeno tiene otra causa. La mayoría de los partidos franceses ya había sido eliminada de la segunda vuelta en muchos distritos, donde sus seguidores no tenían opción. ¿Para qué votar? ¿Qué diferencia habría entre el nuevo partido de Emmanuel Macron y los viejos republicanos de Nicolas Sarkozy y Françoise Fillon, entre los que estaba la disputa en segunda vuelta en la mayoría de los distritos? Era la misma sopa aunque con diferente aspecto.

La derecha (sin Le Pen) se ha vuelto una especie de majestad en Francia: tiene cuatro quintas partes de la Asamblea Nacional. Habrá que ver lo que opinan los que no se encuentran representados sólo por obra del anacrónico sistema político de la “democracia avanzada” francesa.

Ese mismo sistema lo quieren para México.

La deuda interna de Peña Nieto

 

Cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República, los bonos gubernamentales en circulación ascendían a 4.39 billones de pesos (un billón, en español, es un millón de millones; billion, en inglés, son mil millones). Hoy, la deuda interna en bonos asciende a 6.33 billones de pesos, es decir, 45% de aumento. La diferencia nominal es casi de 2 billones. ¿Esta cantidad es igual o menor que la inversión pública fija desembolsada del gobierno federal durante los años del actual sexenio? Pues no. Esto quiere decir que la deuda de los bonos es inconstitucional, al menos en parte, porque la Carta Magna obliga a invertir ese dinero en obras que produzcan incrementos en los ingresos públicos, para asegurar su pago (art. 73, fracc. VIII).

Debe decirse que la deuda externa es un capítulo que se cuece aparte, del cual podremos hablar algún otro día.

Los comunicadores, políticos y empresarios que se dicen preocupados por el “populismo”, no lo están, sin embargo, con el loco incremento de la deuda interna. Éste era el “populismo” de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado. Ahora ya no lo es, debido a que, en nuestros días, por “populismo” se entiende tener programa social y procurar medios propios para su financiamiento.

Lo que Peña ha hecho es aumentar otra vez los gastos de operación del gobierno, disecar a Pemex, apoyar a los gobiernos locales priistas y a otros amigos comprometidos, derrochar muchos millones en gastos de propaganda e impulsar proyectos especiales de inspiración presidencial. Estamos en realidad en el viejo populismo, lo que se confirma con el hecho de que no hay plan porque no hay objetivos nacionales. Como país, no sabemos a dónde se quiere ir.

Del total de bonos colocados en el mercado interno (6.33 billones), 2 billones se encuentran en manos de extranjeros. Esta última cantidad corresponde en su mayor parte al presente sexenio, ya que hasta el año de 2012 sólo estaban en manos foráneas menos de 500 mil millones de pesos.

Se diría que el riesgo es el mismo porque, como sabemos, los inversionistas mexicanos (tienen 70 mil millones de dólares en el exterior) pueden sacar su dinero del país cuando lo desean (muchos de ellos ni siquiera suelen pagar impuesto sobre la renta), al igual que los extranjeros, vendiendo sus bonos y cambiando sus pesos por dólares, pero es mucho más sencillo para los fondos internacionales tomar decisiones rápidas y sorpresivas, con las cuales podrían crear un problema mayor a la economía mexicana. De los 2 billones de incremento total de los bonos desde el año de 2012, los inversionistas extranjeros han tomado 1.66 billones, cantidad no tan lejana al monto de la reserva internacional disponible del Banco de México. Mejor no recordar los Tesobonos de Salinas.

La subvaluación del peso, efecto del proceso de desvalorizaciones durante del actual sexenio, se debió a una extraordinaria demanda de divisas que no provenía de necesidades de pago, sino justamente de la venta de bonos gubernamentales y de retiros de inversiones de bolsa.

Recién han vuelto algunos, excitados por el aumento de los intereses. La tasa de riesgo mexicana (diferencial neto de interés entre México y EU) se encuentra ya en un nivel inusitado en muchos años. Lo peor de todo es que el crecimiento del rédito dificulta las inversiones productivas cuando la economía sigue atorada. El Banco de México tendrá que aumentar otra vez su tasa de referencia a partir del incremento decidido por la FED (Banco Central de Estados Unidos) de 0.25%, con el fin de “proteger” la desdichada tasa de riesgo que pagamos los mexicanos para que no nos presione el capital rentista, sólo por ser “pobres e inseguros”. Pero Agustín Carstens podría decidir un mayor aumento para seguir cubriendo una inflación que contrasta ya demasiado con la estadunidense, la cual se está volviendo a ubicar en el 2%, frente al 6% en México.

Debido a la deuda errónea e ilegítima de Peña, se decretó un “superávit primario” para el presente año. Pero, como van las cosas, es difícil que se logre el monto previsto porque la tasa de interés sigue subiendo y, con ésta, el costo financiero de la deuda. Los errores de estos años no se resuelven con un “superávit”, sino se empeoran, porque éste no es otra cosa que hacer crecer la parte del ingreso que el Estado no le regresa a la sociedad.

Entre los países grandes, el Estado mexicano es uno de los fiscalmente más pobres, es decir, con un bajo porcentaje de su Producto Interno Bruto para ser destinado a gastos comunes. Si este asunto no se resuelve, los demás temas siempre serán demasiado complicados. Por ejemplo, México tendría que duplicar el número de estudiantes universitarios tan sólo para alcanzar un nivel internacional mediocre en esta materia.

El problema está en la política económica estructuralmente equivocada que padece el país. Los gobernantes sólo se preocupan de que las cosas no vayan peor, mas con frecuencia también fracasan en ese empeño.

La solución empezará cuando el Estado promueva la inversión, el crecimiento de la economía, el aumento salarial, la redistribución del ingreso y el desarrollo social. Aunque a esto se le llama “populismo”, al menos no llevaría, como lo ha hecho Peña, a ahogar al país en una deuda ilegítima con un entorno de estancamiento y pobreza.

¿Qué se ganó y qué se perdió en el Edomex?

 
Pocos días antes de la elección del Estado de México aparecían dos posibles componentes muy relevantes: por un lado, la diferencia entre los punteros (Morena y PRI) iba a ser corta y, por el otro, podría ser decisorio el mantenimiento de la candidatura del PRD, la cual era políticamente innecesaria y, por tanto, sospechosa.
 
Tanto el PAN como el PRD mantuvieron su caudal numérico de votos, como si nada hubiera pasado desde la última elección de gobernador en el año 2011, pero bajaron ligeramente sus respectivos porcentajes. Josefina Vázquez Mota obtuvo mayoría en un solo distrito, de los 45 en que se encuentra dividida la entidad, lo cual, es aprovechado por Margarita Zavala para culpar del desastre a su oponente interno y exigir que se adelante la nominación panista con base en encuestas. Juan Zepeda no captó más votos que los trasladados a Morena y sólo alcanzó el triunfo en tres distritos de Nezahualcóyotl; no obstante, en su partido se afirma que tuvo muy buen desempeño, aunque no era candidato a presidente municipal sino a gobernador.
 
El PAN y el PRD habían intentado pactar una alianza, lo que les fue imposible porque no tenían candidato común ni consensos internos. La parte decisoria de la dirección perredista, orientada por Miguel Ángel Mancera, estaba ya comprometida desde un principio con el gobierno federal. El acuerdo consistía en no hacer alianza con nadie (PAN o Morena), mientras el PRI repartía dividendos entre tres partidos bonsái para que apoyaran a su candidato. PRD y PAN no hubieran logrado el triunfo ni yendo en coalición. Otra cosa podría decirse de una alianza entre Morena y el PRD, la cual hubiera logrado más del 50 por ciento de los votos válidos. Esto ya se sabía desde mucho antes del ultimátum de López Obrador, frente al cual, en el colmo de la falsedad dolosa, el candidato del PRD se proclamó posible ganador y le pidió declinar a la candidata de Morena.
 
Es interesante observar que el PRI, sin alianzas, según las cifras oficiales, está en segundo lugar con el 29.82% contra el 30.82% de Morena, lo cual, estrictamente hablando, ubica a este último como el partido de mayor votación en el estado. Ahora, el PRD no quiere secundar la protesta por la compra priista del voto, para seguir fiel a su compromiso original con el gobierno.
 
Hay un fenómeno político que habrá que estudiar con más calma: las pérdidas del PRI van a parar en su mayor cantidad a Morena. Si en el 2015 la votación de la izquierda obtenida 3 años antes (elección presidencial), se había seccionado entre los partidos entonces aliados y el nuevo, Morena, en la reciente elección de gobernador, 5 años después, éste último logró casi el porcentaje de la votación obtenida por López Obrador. Esto querría decir que la izquierda, aun dividida, está atrayendo votantes y captando jóvenes, aunque principalmente hacia una de sus vertientes, Morena.
 
La otra conclusión sería que la mala situación del oficialismo no está creando un corrimiento hacia opciones de derecha sino hacia la izquierda que se encuentra enfrentada al gobierno de Peña Nieto. De tal modo, el campo de la moderación se estaría restringiendo, pues las derechas en sus diversas expresiones, en tanto moderadas y fracasadas, tendrían menor capacidad de absorción del sufragio ciudadano de las grandes masas urbanas depauperadas y desesperadas. Sin embargo, la escisión que se produjo hace varios años en el PRD sigue siendo un problema y un punto a favor del oficialismo porque hasta hoy no se ha logrado una sola alianza, ni siquiera alguna declinación, la cual sería otra forma de aliarse.
 
Existe un fuerte contraste entre los resultados de los dos principales partidos del Edomex: el PRI ha predominado en regiones rurales y en sectores muy ligados a los programas sociales, mientras que Morena ha tenido mayoría en muchas zonas urbanas, principalmente en el conjunto de la zona metropolitana de la Cuenca de México.
 
Se debe registrar también la fuerte acometida de parte de los demás contendientes contra la candidata Delfina Gómez. Ella fue despreciada y criticada por su origen social y su profesión, con lo cual, un condenable acto de discriminación se convirtió en denuncia con rozagantes réplicas en grandes medios de comunicación; después, surgieron reclamaciones que jamás habían sido presentadas en Texcoco, donde fue alcaldesa; luego, se agregaron hechos ocurridos en Veracruz; finalmente, vino la propaganda del miedo contra la amenaza que supone un “populismo” que no termina de ser definido, pero ya se presenta como mala palabra.
 
 
El gobierno (Cisen y otras agencias), así como gobiernos locales, se encuentran de cacería, buscando hechos comprometedores o ideando simples falsedades para ser presentadas como acusaciones. El PRI y el PAN no combaten la corrupción en sus propias filas sino que quieren que también Morena ingrese a la lista en la que ellos se encuentran, con lo cual, todos serían igual de corruptos y la corrupción se convertiría en un mal irremediable (el departamento de Miami, propiedad de la presidenta del PRD, fue una filtración del gobierno, aunque éste lo niegue y tal hecho carezca de justificación). Esa forma escatológica de hacer política busca también cambiar de tema con el fin de evitar dar explicaciones sobre las conductas de esos partidos al frente de gobiernos fracasados.
 
Otro factor muy significativo fue la compra y coacción del voto por parte de Alfredo del Mazo. El Tribunal Electoral ha dicho que la entrega condicionada de cosas diversas, realizada por toda clase de agencias gubernamentales, no es un medio de presión sobre los electores. Las grandes compras en efectivo tampoco son compras. Las tarjetas que ofrecen entregar cosas o dinero no son coacciones ni nada que se le parezca. Así, el aparato electoral institucional, creado como consecuencia de largas luchas, sigue sometido a la consigna oficial, lo cual ha sido documentado mediante muchos estudios, durante tantos años de análisis continuo de uno de los grandes fracasos políticos de México.
 
El desenlace concreto de esta elección se verá en pocas semanas, pero ya tenemos, por lo menos, estas lecciones. No obstante lo lamentable y condenable, es un hecho que vivimos un buen momento para la izquierda.

Lo que indican las encuestas en el Edomex

 

De los sondeos de opinión sobre preferencias electorales en el Estado de México, publicados el pasado miércoles, unos otorgan la mayoría a la candidata de Morena, Delfina Gómez, mientras otros a Alfredo del Mazo, del PRI. Sin embargo, coinciden en quien tiene muchas más opiniones negativas es el abanderado del continuismo político, el priista. Este resultado empata con el consenso demoscópico de que sólo aprueba la gestión de Enrique Peña Nieto entre el 20 y el 25 por ciento de los encuestados.

La situación política del Estado de México es muy similar a la del promedio nacional. El fenómeno consiste en que el gobierno actual es el más reprobado que ha tenido México desde que se hacen encuestas de opinión con esa pregunta.

Mas existe otro dato interesante. La izquierda cuenta con la mayoría absoluta de los encuestados que piensan efectivamente votar el próximo domingo 4 de junio. Es la primera vez en el Estado de México que se arroja ese resultado. Sin embargo, a diferencia de anteriores elecciones, esa corriente nacional tiene dos candidatos al gobierno local (tendrá tres en las boletas, pues aparecerá el candidato declinante del PT).

El mayor problema, podría decirse, es del PRI, que tiene poco apoyo popular, pero eso no sería del todo exacto. La situación más comprometida corresponde a Morena y al PRD, pero no a sus candidatos ni a sus direcciones, sino a sus votantes, a la ciudadanía inclinada a favor de la izquierda. El partido del sol azteca aparece en todas las encuestas en el tercer lugar, con la mitad de las preferencias que registra Delfina Gómez (sólo Excélsior los ubica cerca).

Por eso, los electores de izquierda van a sentir una atracción hacia el voto útil que, en el Estado de México, no es poca cosa, después de más de 85 años de predominio del mismo grupo político en el poder local. En realidad, la cuestión depende, a la luz de los sondeos publicados el miércoles, de esa izquierda que ha pensado votar por el PRD y que al final pudiera votar a favor de Delfina Gómez. En el tamaño del voto útil dentro de la izquierda podría ubicarse la diferencia, es decir, la decisión sobre quien llegará al gobierno de la entidad.

Otro dato interesante es que el PAN no recuperó mucho espacio político con Josefina Vázquez Mota, aunque ella haya sido candidata a presidenta y tenga todo el apoyo de las diferentes corrientes que ahora se disputan la nominación dentro de ese partido. En realidad, no es un gran problema para Acción Nacional ocupar el cuarto lugar, sino que no le resulta una política sin alianzas y éstas sólo las puede hacer con el PRD, quien se encuentra en peor situación, pues éste ya no puede ganar un solo estado más que en alianza con el PAN, lo cual no es un dato en su favor sino un deterioro profundo: una izquierda que no avanza sino que se limita a dar fuerza a una de las derechas a cambio de poca cosa, algunos puestos secundarios, quizá. El resultado es una especie de simbiosis entre derecha e izquierda; menos mal que sólo se trata de una facción de cada corriente, pero hay otras en ambos bandos.

La situación política no se caracteriza, sin embargo, por la ubicación de los partidos de oposición anteriores al surgimiento de Morena, sino por el desprestigio del gobierno de Peña Nieto y, consecuentemente, de su partido, el PRI.

Ahora bien, la cuestión relevante es que esa mala fama del oficialismo es capitalizada por Morena y su presidente, el líder más crítico de Peña, quien promete luchar contra la corrupción como sistema imperante en todo el Estado nacional. Eso se observa claramente en el Estado de México, donde Morena es la fuerza a vencer por parte de todo el aparato del gobierno federal.

Este último punto ya lo han hecho ver algunos periodistas analíticos, pero las encuestas del Estado de México lo reflejan con claridad. Hay un hartazgo popular y, naturalmente, tiene sus consecuencias. Esta situación ha llevado a que el gobierno y el PAN no busquen quitarse el lastre de la corrupción sino presentar a López Obrador y su partido como algo igual. Una imagen en la que todos son corruptos, se piensa, lava toda corrupción, es como si, al hacerlo normal, se acabara con ese fenómeno como tal. Así van a seguir las cosas con independencia del resultado de las elecciones locales del próximo domingo.

La encuesta de El Universal consigna el dato de que el 16.9 por ciento de los encuestados admite que ha sido objeto de ofrecimientos a cambio del voto. Eso sería un escándalo en muchos países, el cual provocaría una seria investigación, pero en México es normal para las autoridades electorales, algunas de las cuales ya han dicho que la compra de votos es consecuencia de la pobreza, ante la cual nada pueden hacer. Así, otra característica de la próxima elección del Estado de México es que, como nunca antes, el oficialismo ha gastado recursos de origen público en la ilegal adquisición de votos: dos delitos, robar y comprar.

Estamos entrando a una situación en la que no es tan importante la inteligencia de los dirigentes políticos sino de los votantes. Veremos el próximo domingo en el Estado de México si esa inteligencia decide un cambio, el que quiere una inmensa mayoría ciudadana.

Votar por la izquierda en el EdoMex.docx142 KB

Votar por la izquierda en el EdoMex

 

No hay duda que la izquierda es la mayoría electoral en el Estado de México. Tiene, no obstante, tres candidatos (Morena, PRD, PT) y un solo adversario: el viejo sistema político, anterior incluso a la formación del PRI, el llamado Grupo Atlacomulco. No habrá, sin embargo, unidad formal, según se desprende de las declaraciones del candidato del PRD, Juan Zepeda, quien respondió claramente que no al presidente de Morena, quien había puesto un ultimátum para que aquél definiera su postura con la suficiente anticipación al día de la jornada electoral.

Los candidatos, todos, han hecho sus campañas. El resultado preliminar consiste en que la pelea por la gubernatura está entre dos de ellos: Delfina Gómez y Alfredo Del Mazo. La situación es la misma que al principio del periodo electoral, es decir, la izquierda es amplia mayoría, pero las decisiones de sus núcleos de dirección podrían mediatizarla, lo cual llevaría al circunstancial triunfo de una minoría que sostiene al sistema PRI, con sus características de conservadurismo, corrupción, fraude, compra del voto, compadrazgo, influyentismo, venalidad e ilegitimidad política. Hay una inmensa mayoría en ese estado que está harta del PRI, el cual está empeñado en hacer otra vez una elección de Estado con la coacción y la compra masiva de votos.

Por ello, la solución a este problema ya no se encuentra en los núcleos de dirección de los tres partidos sino en el pueblo de izquierda, en los críticos del priismo que no son derechistas, en la gente que quiere un cambio sin demora. La dimensión popular es la que debe encarar y superar la división.

La candidatura que se ha perfilado claramente es la de Delfina Gómez, a pesar de la unidad del PRI y PAN para combatirla, primero, con los más deleznables argumentos referidos a su origen social y a su profesión; después, con denuncias de pretendidos hechos que nunca fueron motivo de queja en Texcoco durante la presidencia municipal de la misma Delfina Gómez.

Lo que está en juego en el Estado de México no es sólo definir la persona que va a asumir la gubernatura de la entidad sino el partido que se va a hacer cargo de la administración pública. Más allá de las promesas nunca antes oídas que hace el candidato del PRI en materia social, todo mundo sabe que de llegar Del Mazo a la gubernatura seguiría el más consistente y persistente sistema de corrupción política que ha conocido el país en toda su historia. Frente a esto, la candidatura de Delfina Gómez supone un cambio de método de administración con un marcado sello de ruptura con la familia de Atlacomulco.

El sentido de la política social de la que habla la candidata de Morena otorga un alcance universal a los programas más importantes, como el de pensiones mínimas y el de salario estudiantil, los cuales, al no ser focalizados ni, por tanto, condicionados, difuminan el clientelismo, se inscriben en el ámbito de la lucha política y dejan atrás el mecanismo de voto cautivo.

Se trata también de acabar con diezmos y moches que son la característica de toda obra pública y toda compra gubernamental. No sólo se ahorrarían las empresas un dinero, las cuales muchas veces lo recargan en los precios y tarifas, sino principalmente se eliminaría el carácter patrimonial del gasto público en manos de políticos inescrupulosos y francamente ladrones. El aparato estatal mexiquense en su conjunto está corrompido, por lo cual, la deshonestidad es también una cuestión de finanzas públicas. El cambio planteado no es menor.

El hartazgo de la corrupción y la simulación en el Estado de México ha llegado a su máximo histórico. Sería algo indigno que la izquierda, que compone la mayoría electoral, no le fuera fiel a su propia entidad, a su propio pueblo. Si las dirigencias no quieren o no pueden admitir esta situación, por los motivos que sean, los cuales ya a estas alturas importan muy poco, el pueblo de izquierda, los grupos progresistas, los hartados, deben votar por Delfina Gómez, dar a su voto un sentido de cambio político efectivo.

El aspirante del PRD es bueno, malo o regular, según las diversas opiniones, pero hoy no se necesita un candidato para defender la votación de un partido sino un gobernador, en este caso, una gobernadora, con el fin de desechar la dinastía priista e impedir la continuidad de un régimen de corrupción pública, conservadurismo social y atraso cultural. Quien puede ser esa gobernadora es Delfina Gómez, con el voto de la izquierda y de otras tendencias ciudadanas progresistas de la entidad. No es hora de regateos, pruritos y perjuicios, sino de la sencilla pero definitiva acción de votar con dignidad y responsabilidad democrática.

Derecho a ser informados

Los asesinatos contra periodistas y líderes de derechos humanos, hombres y mujeres, que se han cometido con tanta frecuencia en los últimos años, siguen por lo regular en la impunidad, quizá por encima del 90 por ciento. Mas las autoridades tampoco explican el posible móvil concreto de cada acción homicida ni a quienes en específico están buscando.

La sociedad tiene derecho a la justicia pero también al conocimiento de los motivos de tan resonantes crímenes. Sin embargo, el gobierno no se preocupa por la ausencia de información ya que, de por sí, adolece de un grave problema de incomunicación con la ciudadanía.

Habría que tomar en cuenta que, por lo regular, los homicidas no entregan boletines de prensa, pero las autoridades policiales y el Ministerio Público cuentan con aparatos de inteligencia y conocen a las bandas del crimen organizado, lo que les debería también permitir hacer seguimientos precisos de lo que se publica o se declara acerca de aquellas mafias, lo cual es parte de los motivos criminales.

El gobierno nunca se ha preocupado por aportar datos informativos que sirvan para entender las causas precisas de esos asesinatos, tanto porque no se le exige que los brinde como porque tiene ciertas excusas legales de las cuales colgarse para mantener su silencio. O, quizá, porque, dentro de sus deficiencias, los oficiales policiales y los agentes ministeriales están tan perplejos ante el crimen organizado como el resto de la sociedad. El nuevo procurador general ha dicho que van a revisar expedientes, es decir, reconoce que está perdido. ¿Acaso esto se escucha en cualquier otro país?

La cuestión es aún más grave en tanto que los gobernantes tampoco se sienten obligados a explicar a la sociedad el porqué de tanta impunidad. Los recientes discursos en reunión de Peña Nieto, su gabinete y los gobernadores no han brindado al respecto nada nuevo. Se han juntado para que la ciudadanía observe a los políticos más poderosos del país preocupados de los más recientes asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, pero sólo ha sido publicidad. Se ha anunciado que ahora sí se hará lo que hace años se prometió. Se dice que la Federación apoyará a las procuradurías locales para que averigüen asesinatos cometidos por bandas que se dedican a cometer delitos federales. Se promete que ya se van a coordinar los “tres órdenes de gobierno”, lo que no podrá ser posible mientras se encuentren infiltrados por los delincuentes. Nada hubo de autocrítica concreta, específica, capaz de cambiar en algo la terrible situación. En tanto los gobernantes no se vean obligados a explicar la impunidad, no habrá cambios positivos en este tema. No lo hacen porque ello les llevaría a hablar de sí mismos pero en términos críticos y no con lamentos, mentiras o vanas promesas. Los reporteros han gritado contra los discursos porque quieren acciones efectivas.

La crisis de violencia ha golpeado desde un principio a defensores de derechos humanos y comunicadores profesionales. Pero las autoridades no nos han explicado si se trata de venganzas de actos concretos. También a este respecto, la falta de certezas de policías y fiscales se ha traducido en desinformación social. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirma que los asesinos de Miroslava Breach están identificados; si eso es verdad, entonces que lo publique para que la policía, si acaso, pueda ayudar a aprehenderlos. Algo parecido ocurre con el homicidio de Javier Valdez, que, en principio, está siendo investigado como un asalto a mano armada, mientras el gobernador, Quirino Ordaz, dice que él no sabe nada acerca de la delincuencia organizada y sólo “escucha leyendas que se han creado”. Con esos métodos, los cuales nunca se discuten, la impunidad seguirá como una constante de la crisis que azota al país.

Mucha gente ya ha pasado de la preocupación a la indignación y el enojo. No parece haber gobierno mientras las autoridades de distintos niveles callan sobre los hechos concretos, hacen discursos vagos y se culpan entre ellas. Va siendo tiempo de exigir que se nos informe sobre los posibles móviles e identidades de los presuntos asesinos, así como de los elementos que pudieran haber motivado una venganza en contra de los periodistas y los defensores de derechos (hombres y mujeres) que han sido asesinados en estos largos años de desgarradora violencia sobre México.

El gran fracaso frente a la violencia

 

El fracaso de la estrategia de guerra contra la delincuencia organizada, proclamada y conducida de manera personal por el entonces presidente Felipe Calderón, se convirtió en un gran fracaso bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto en los más de cuatro años en los que se ha refrendado, extendido y complicado dicha estrategia fallida.

Después de una década de “guerra”, la delincuencia organizada ha crecido en cantidad de personas directamente involucradas, en volúmenes comerciales, en delitos cometidos  contra la gente y en número de víctimas de la violencia, tanto la ejecutada por los grupos de la delincuencia organizada como de aquella consumada por las fuerzas encargadas de perseguirlos. Es inútil buscar esperanza en las variaciones mensuales del número de muertos o tratar de consolar a la opinión pública con el lugar de México en las estadísticas sobre la cantidad de asesinatos por cada 100 mil habitantes. La crisis de violencia mexicana se ha prolongado y se ha agudizado.

La pieza clave de la política oficial ha sido la intervención de las fueras armadas, con el fin de llevar a cabo un enfrentamiento armado con las mafias y contrarrestar el papel instrumental de numerosas autoridades civiles al lado de las bandas delincuenciales. Ahora mismo, se están poniendo las esperanzas en una nueva ley de seguridad interior para dotar a los militares de recursos jurídicos que les “otorguen garantías”. La autoridad, incluyendo a las fuerzas armadas, no está para exigir garantías en su exclusivo favor sino para promover, respetar y proteger los derechos de la gente. Lo que varios generales quieren es impunidad a perpetuidad para los oficiales y jefes que se encuentran en “el frente”. Pero eso no se permite ni en las guerras; ellos lo saben mejor que nadie.

Mas el sabor a derrota que deja la infortunada intervención masiva de los militares en la crisis de violencia delincuencial está ligada con esa amargura que provocan los centenares de víctimas civiles debido al uso incontrolado o desproporcionado de la fuerza. No han sido para menos, entre otros, los fusilamientos de Tlatlaya y el estremecedor video de Palmarito. La opinión pública nunca ha conocido los partes militares de los hechos sangrientos, pues se consideran documentos reservados por motivos de seguridad. Si hubiera que esclarecer lo que ocurrió en la reciente confrontación con huachicoleros poblanos, se tendría que partir de los partes que rinden oficiales y jefes a sus superiores.

Cuando el mando militar declara que todo debe ser esclarecido por el Ministerio Público Federal, está fingiendo ser ajeno a actos efectuados bajo su responsabilidad. El Ejército debería dar la cara directamente, o a través de un vocero de la Presidencia de la República, para explicar lo que ocurrió e informar al país.

Las autoridades en México están acostumbradas a anunciar lo obvio: que se investigará. En eso se pasan los meses y los años. Así ha sido siempre. Todavía estamos esperando el resultado de la investigación mandada a hacer con voz enérgica por Echeverría sobre la matanza del 10 de junio de 1971, ordenada por él mismo. Dicho esto para no tener que mencionar 1968, con su simulados procesos penales, y de otras muchas tropelías de gobernantes todopoderosos. El caso de Iguala –integrante de la actual crisis de violencia de México– podría durar abierto el tiempo en que se mantengan los mismos en el poder, a pesar de que todos, menos ciertos periodistas maiciados, están de acuerdo con que en el basurero de Cocula no pudieron desaparecer absolutamente los restos de 43 personas tatemadas durante unas cuantas horas; ni que hubiera sido Auswitch.

El gran fracaso no sólo consiste en que la violencia crece sino también que la corrupción aumenta. Pero si eso no fuera suficiente, también es cierto que el gobierno carece de una mínima autocrítica, no convoca a hacer nada, no se sabe cuál es el plan. Después de más de 4 años de sufrir el robo de combustibles, cuestión que se ha convertido en un problema de finanzas públicas, y luego de los enfrentamientos en Puebla, Peña ha dado órdenes para que en todo el gobierno, también generales y almirantes, se trabaje en la elaboración de un plan, sencillamente porque no había ninguno.

Los actuales gobernantes están imposibilitados para admitir que la delincuencia organizada se combate con Estado social y erradicación de la corrupción sistémica. No lo pueden hacer porque son neoliberales y su política de predominio del mercado no sirve para combatir a una de las actividades más lucrativas de ese mercado que es justamente el de las drogas prohibidas. Tampoco pueden porque forman parte del gran entramado global de la corrupción.

Mas los políticos del poder en México son también exponentes de esa moral que pretende prohibir todo lo que no se quiere ver. En México se prohibió la marihuana en los años treintas por presión de Estados Unidos, el mayor productor mundial de cannabis de todos los tiempos. La prohibición de drogas es, en sí misma, una enemiga de la sociedad porque promueve delincuencia, corrupción pública y violencia, pero no impide su producción y consumo. Esa es otra de las verdades que hay que decir al respecto del gran fracaso que corroe a la República.

AMLO: derecho a ser votado

 

La democracia mexicana en realidad se reduce a un sistema de competencia entre partidos y de una escasa concurrencia de candidatos independientes. No existen otras instituciones públicas democráticas como tampoco lo son las organizaciones de la sociedad, tales como los sindicatos, ejidos, etc. El clavo del que está cogido el país es el derecho al voto pasivo, es decir, recibir el sufragio ciudadano en elecciones periódicas aunque no del todo equitativas y libres. Calentar ese clavo hasta hacerlo inaprensible sería llevar a México a un desbarrancadero.

En la víspera de la elección del año 2006, Vicente Fox y su partido se pusieron de acuerdo con el PRI para armar un procedimiento de desafuero contra el virtual candidato de la izquierda, López Obrador. La Cámara de Diputados votó por poner al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México a disposición de la justicia por haber desobedecido una orden de juez para suspender la apertura de una calle. Pero el propósito no era que Andrés Manuel ingresara en la cárcel, sino que, mediante un auto de vinculación a proceso (como se diría ahora), le fueran suspendidos sus derechos políticos, entre ellos el de voto pasivo, el de poder ser elegido a un cargo de elección popular.

Como recordamos, Vicente Fox, su procurador Macedo de la Concha, Santiago Creel, secretario de Gobernación, Roberto Madrazo, líder del PRI, Emilio Chuayffet (líder del grupo priista en San Lázaro) y Manlio Fabio Beltrones (presidente de la Cámara), entre otros, lograron el desafuero pero se hicieron bolas cuando, para evitar la solicitud de una orden judicial de aprehensión, pagaron una fianza impuesta por el Ministerio Público, imaginando que el desaforado había sido presentado al mismo, lo que no podía ser porque no había sido aprehendido. De esa forma, se envió el pliego de consignación a un juzgado aunque sin detenido y ni siquiera simple indiciado: total, todo muy cómico. El juez tuvo que regresar a la PGR todo el tambache de papeles.

Lo anterior provocó una mayor indignación popular porque se veía más claro que era una burda maniobra política antidemocrática para evitar una candidatura. En ese momento las cosas se compusieron porque Fox se vio orillado a retirar los cargos inventados por él mismo. El procurador y el subprocurador, es decir, los acusadores directos, se fueron a sus casas a descansar, pero los instigadores se quedaron en los más altos cargos de la República. Sin embargo, luego se volvió a descomponer el cuadro político con los operativos fraudulentos del PAN y el PRI que beneficiaron a Felipe Calderón y lo llevaron a la Presidencia de la República.

Ya se empieza a planear ahora lo que sería un nuevo complot (palabra sujeta a burlas pero que describe mejor que cualquiera otra cierta manera de hacer política en México), en el cual volverían a involucrarse desde el jefe del Ejecutivo, la PGR y algunos jueces, hasta los precandidatos, líderes y gobernadores del PRI y el PAN, pero en esta ocasión también las instancias electorales: INE y Tribunal.

No se trataría sólo de lo que estamos viendo, es decir, una campaña de desprestigio y uno que otro garlito en el que siempre caerá algún político de malas costumbres o de bajo entendimiento. Sería algo mucho más fuerte para anular la candidatura de López Obrador si la demoscopia no se modifica en sus periódicos dictámenes, las encuestas.

El propósito del PRI y el PAN no consiste en evitar la competencia electoral en el nivel de la disputa por el poder, sino en restringirla exclusivamente a esos dos partidos.

Desde 1988 ese ha sido el problema de los políticos del viejo régimen, los representantes de un sistema que no se ha modificado por más alternancia que haya habido. Siempre han estado conspirando para que la competencia sea sólo entre ellos. Es obvio que la forma más segura de que nada cambie es dejando al candidato inaceptable fuera de la competencia, cuando ése puede obtener una mayoría de votos.

Es justamente la concurrencia electoral la que siempre ha estado en peligro. Si ahora el complot culminara en la suspensión de derechos de López Obrador o en cualquier otra forma de convertirlo en inelegible, lo que en realidad estaría ocurriendo es el funeral de esa democracia formalista, la cual, sin embargo, es la única que tenemos aun con toda su precariedad.

Si el derecho a ser elegido se cancelara para alguien que pudiera lograr una mayoría, ya no habría derecho para nadie. Si a la evidente parcialidad de los organismos electorales administrativos y jurisdiccionales se le sumara la supresión del voto pasivo, ya no habría nada de donde se pudiera coger un país.

Ese país es México. Ya sabemos, por tanto, en qué consiste la tarea democrática más importante del preciso momento actual.

Peña Nieto se vuelve a equivocar con Trump y el muro

 

La tesis enunciada por Luis Videgaray, en Madrid, sobre lo que él denominó “pleno derecho soberano de Estados Unidos para proteger sus fronteras” mediante la conclusión del muro fronterizo, es otro error del gobierno de Peña Nieto. La soberanía de los países tiene límites. Existen normas y principios de convivencia internacional, en especial cuando hay vecindad territorial. El muro es en sí mismo una agresión contra México.

Si el gobierno de Peña está pensando que es conveniente separar el tema del muro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pierde el tiempo y comete de nuevo un error. Una cosa y la otra forman parte del mismo problema: la imposición por parte de Donald Trump de nuevas bases de relación con México.

Si el gobierno de Peña está pensando en que hay que hacer mutis en el tema del muro porque éste no va a ser costeado por el Congreso estadunidense, se vuelve a equivocar porque hay fondos anuales autorizados para la frontera y el punto sería sólo el tiempo que demore la realización completa de la gran obra.

Si el gobierno de Peña está suponiendo que puede lograr bajar el nivel de xenofobia de la Casa Blanca contra los mexicanos y los centroamericanos sólo con poner buena cara, se está engañando a sí mismo. El rechazo a esos “hispanos” del sur tiene su base en la forma en que se analiza la economía por parte de ese hostil segmento de la derecha estadunidense.

Si el gobierno de Peña considera que puede unir a las fuerzas políticas de México bajo la tesis de presentar el muro como un acto soberano de Estados Unidos, en el marco de una dizque no intervención en asuntos internos de otros países, está en un error porque no se trata tan sólo de un problema político de los estadunidenses sino del intento de escindir una vecindad geográfica compartida que se ha convertido en algo social y nacional a través de poco más de siglo y medio, desde que los territorios del extremo norte le fueron amputados al Estado mexicano.

Si Peña está suponiendo que todos sus subordinados van a estar de acuerdo con el mutismo político que anuncia el secretario de Relaciones Exteriores sobre el tema del muro, se equivoca de nuevo porque éste tomará más fuerza y generará mayor rechazo en tanto que, al paso del tiempo, Trump, u otro, insista en sus planes.

Peña se equivoca al suponer con ingenuidad o falta de información que en Estados Unidos solo Trump quiere el muro. Hay millones que lo quieren, esa es la verdad que no se reconoce a las claras. El principal inconveniente es su financiamiento frente a su posible utilidad, por eso Trump inventó aquello de que México tendría que pagar y de esa forma logró una gran adhesión. El tema del muro ha estado presente por décadas en la política estadunidense y seguirá con Trump y sin éste. Pero, al mismo tiempo, permanecerá vigente como problema dentro de México: es un asunto de la relación entre ambos países, por tanto, obviamente, es un tema mexicano, aunque lo intente negar Videgaray.

El Congreso, en especial el Senado, que tiene facultades directas y expresas, debe deshacer la tesis de Enrique Peña Nieto sobre el muro “soberano” de Estados Unidos. He aquí una tarea nacional.

El espanto del populismo

PUBLICADO EN EL UNIVERSAL. 15.04.2017

 

Europa está conmovida por el avance de un llamado populismo que ya no es euroexcéptico sino claramente contrario a la Unión Europea, más aun después del referéndum que llevó al Brexit. Es un nacionalismo de derecha que recuerda no pocos aspectos del nazismo, el facismo y el franquismo aunque, al menos por lo pronto, no se encuentre sobre las armas.

La presidencia de Trump, un Ejecutivo de minoría nacional pero con mayoría partidista en el Poder Legislativo al que se le denomina populista por ser autárquico y xenófobo, ha conmovido al mundo aunque nada de lo que decía como candidato ha podido hacer hasta ahora.

Las presidencias denominadas populistas en América Latina son todavía varias, aunque se observan desde la derecha como fenómenos en decadencia, en especial por la destitución de la presidenta de Brasil y la derrota del partido de Cristina Fernández en Agentina. La aguda crisis política en Venezuela confirma al parecer los augurios, no obstante el triunfo de la izquierda en Ecuador, aunque haya sido por un pelo.

Tenemos, como se observa, varios populismos pero tan diferentes que no se sabe que significa el término. Sin tener que crear categorías ni hacer estudios politológicos, ciertos intelectuales conservadores y muchos periodistas han ligado a derechas e izquierdas bajo la descripción de que el populismo es el método político irreverente y demagógico de exaltar a los sectores populares y descontentos.

En México, el partido de Peña Nieto, es decir, el aparato oficialista y sus estructuras electorales, se ha lanzado a mil voces a combatir el populismo, idea que le ha encantado a los precandidatos del PAN, quienes se han sumado con entusiasmo a esa campaña. Las causas inmediatas de esas arremetidas mediáticas son los estudios demoscópicos que, aunque sus autores se encuentran en franco desprestigio, son las únicas referencias disponibles: López Obrador va arriba en todas las encuestas.

No se dice a las claras que tenemos en México el populismo europeo ni el estadunidense. A tan desfiguradas aseveraciones no podrían llegar los voceros presidenciales y los escritores de slogans en el Partido Acción Nacional. Por lo cual, no hay más remedio que volver a ligar al posible candidato de la izquierda con el gobierno venezolano, mucho más ahora que éste no está en auge político sino en declive y arrastra una brutal crisis económica. Que se vea México en el espejo de Venezuela es la mejor idea que se les ha ocurrido a las derechas.

El problema es que ningún dirigente de izquierda en México se le parece a Nicolás Maduro ni estaría dispuesto a cometer las desviaciones, arbitrariedades y francas estupideces con las que ha castigado a Venezuela.

El supuesto populismo, entendido como demagogia y exaltación vana del descontento popular, pero no como categoría de la ciencia política, carece de referente alguno en el momento actual del país. El debate se encuentra en otro lado. México tiene tres grandes problemas urgentes que deben ser resueltos cuanto antes: la corrupción que lo corroe, las disfunciones de un inoperante sistema político de democracia dosificada y el endémico estancamiento económico con su pésima distribución del ingreso.

El populismo en México es un espanto para meter miedo y no encarar el debate político ante la falta de propuestas concretas de parte de las derechas.