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El PRI ante la línea de “contención” impuesta por la extrema derecha

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se deslizó hasta convertirse en un partido de derecha, una más entre las varias que existen. No obstante, insistió durante años en ubicarse dentro de la socialdemocracia, ya cargada hacia el neoliberalismo, como integrante de la Internacional Socialista, de la cual sigue siendo miembro.

A pesar de haber sido un partido antidemocrático, represor y corrupto, el PRI sostuvo una política internacional de cierta independencia y una línea de separación respecto de las extremas derechas, en especial debido a su etapa antifascista y a la persistencia de la vieja rama reaccionaria y extremista del catolicismo dentro del país. Así, el PRI se distinguió por negarse a romper relaciones diplomáticas con Cuba (1962), cuando la OEA decretó la expulsión de la isla, pero sí lo hizo con el gobierno golpista, dictatorial y pro yanqui del general chileno Augusto Pinochet (1973). Antes de esto último, se había negado a formar parte de la cobertura política creada por EU, a través de la OEA, para justificar la invasión militar estadunidense en Santo Domingo (1965).

La tendencia más acusada del PRI hacia las derechas se produjo cuando se convirtió en parte del neoliberalismo, hace ya unos 40 años. Como esa corriente mundial tiene un carácter predominantemente socio-económico, podía compartir objetivos con regímenes como el de Pinochet, a pesar del insólito rompimiento con éste.

El neoliberalismo mexicano tenía que erosionar al viejo estatismo y, al mismo tiempo, como era lógico, al nacionalismo que en su origen ha sido atribuido a la Revolución Mexicana. Sin embargo, los sucesivos gobiernos priistas pasaron toda la Guerra Fría con un alineamiento discreto con Occidente, sin llegar a convertirse en portavoces del anticomunismo militante y manteniendo una abierta simpatía, aunque lejana, con los procesos emancipatorios anticolonialistas y antimperialistas.

Es recordable la posición del gobierno de México en los conflictos en Centroamérica, en los que jugó un relevante papel en contra del intervencionismo de Estados Unidos y en apoyo político a las izquierdas de Nicaragua y El Salvador.

El último gobierno priista no se condujo en función de los principios mexicanos de política exterior. El alineamiento del entonces presidente Enrique Peña Nieto en favor de la injerencia golpista de Estados Unidos en Venezuela fue un viraje demasiado contrastante y, por tanto, digno de ser analizado como parte de cambios dentro del priismo como corriente política. El PAN aplaudió con entusiasmo la capitulación mexicana.

Lo que al respecto se ha hecho recientemente tiene ya expresiones grotescas: la visita del presidente del PRI, Alejandro Moreno, por vez primera en la historia de ese partido y del país, a la oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos encargada de las relaciones con México, con el propósito de denunciar al gobierno mexicano por un supuesto financiamiento electoral procedente de organizaciones de narcotraficantes. Eso mismo lo había hecho el día anterior ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien se caracteriza por organizar alineamientos políticos intervencionistas y golpistas contra países de América Latina gobernados por fuerzas consideradas hostiles o indeseables por parte del gobierno de Estados Unidos. “Ministerio de colonias”, se le llamó a la OEA durante décadas, y lo sigue siendo.

El dirigente priista fue acompañado ciertamente por el presidente del Partido Acción Nacional y el de una de las sucursales de éste, pero eso no atenúa el significado de sus actuaciones, sino que le otorga una mayor gravedad, en tanto que se buscaba representar a la oposición mexicana en el papel de promotora de un franco injerencismo político, adverso a la independencia nacional y al principio de soberanía que contiene justamente la no injerencia de gobiernos extranjeros en la política interna de México. La ridiculez de dicha pretensión no elimina en absoluto su naturaleza ni la responsabilidad de sus autores.

La alianza del PRI con el PAN ha tenido sus costos al hacer depender las definiciones priistas de la opinión de la dirigencia panista, pero no sólo las de carácter meramente legislativo, sino también en el discurso priista, el cual se aleja cada vez más de planteamientos de carácter nacional y social.

El acercamiento de una parte del PAN al partido ultraderechista español Vox también puso en aprietos al aliado, es decir, al PRI, pues ha desvelado que esa unidad de acción abarca a un segmento claramente profascista. Nadie en la dirigencia priista se tomó la molestia de criticar la visita del líder de Vox al grupo senatorial de Acción Nacional y la firma en público de la llamada “Declaración de Madrid”.

El hecho de que las posiciones del PRI se definan dentro de una alianza con el PAN, el cual comprende a la extrema derecha, no sólo le resta independencia al priismo, sino que lo ubica dentro de esquemas relativamente nuevos, cargados más y más hacia la derecha, lo que incluye el racismo y el clasismo como manifestaciones culturales discriminatorias que denotan formas de opresión existentes.

Los dirigentes y legisladores priistas han perdido discurso propio para ir asumiendo como suyos ataques, calumnias e insultos contra el gobierno que profiere su aliado, el PAN, lo cual es también una forma de comportamiento muy ligado a esa manera de ser que tiene la extrema derecha.

La vieja política de proteger intereses económicos de grandes empresarios es una característica del PRI, pero otra cosa es arrimarse a posiciones francamente reaccionarias en lo social y en lo cultural. Se entiende que el PRI sea hostil a la política social de la 4T, pero no tanto por el esfuerzo de redistribuir una parte del ingreso, sino por la forma de hacerlo, por completo diferente al método político con el que se aplicaron los programas sociales priistas. Mas mucho peor resulta que el PRI defienda las fracasadas políticas del PAN, como el Seguro Popular y la privatización de partes del sistema de salud y de la seguridad social.

Ante el fracaso estrepitoso de la política de energía que implantó Peña Nieto de la mano del PAN, unos años después de que el PRI había rechazado parcialmente la propuesta de Felipe Calderón, lo menos que pudiera hacer la dirección priista sería admitir que ese no era un camino correcto para México en esa materia y formular, por tanto, un nuevo planteamiento. Sin embargo, todo es puro rechazo a las propuestas del gobierno actual, muy al estilo de la extrema derecha opositora.

La alianza del PRI con el PAN es, naturalmente, más benéfica para el segundo, pero no sólo porque ese tenga mayor fuerza electoral, sino porque cualquier arreglo de coalición fortalece las posiciones panistas, tal como se observó en la reciente elección de diputados y gobernadores. Lo peor ha sido tener que cargar con ciertas candidaturas que son hostiles al PRI, para, al final, perder de todas maneras.

Crear un frente de “contención”, como se le ha llamado a la alianza legislativa PAN-PRI, es por origen algo demasiado pobre para cualquier partido que pretenda seguir siendo una fuerza política. La oposición sin programa alternativo no es plenamente oposición, sino que ha surgido mutilada. Asumir por decisión propia el papel de tratar siempre de “contener” al gobierno no sólo enfatiza su función destructiva sino también conduce a una frustración tras otra.

Ahora, el frente de “contención” se va a centrar en las tres reformas constitucionales que ha anunciado el presidente de la República, apoyados en que hoy, como antes, la 4T carece de los dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Pero la unión opositora no es una propuesta en sí misma. ¿Carece el PRI de opción para la industria eléctrica, la seguridad pública y el sistema electoral? De todas formas, se haga lo que se haga, el PAN tratará de llevar al PRI al terreno de impedir que haya modificación alguna porque, para el actual panismo, todo cambio resulta inaceptable cuando es el gobierno quien lo propone.

Resalta mucho el recuerdo de que, cuando perdió el gobierno federal frente al PAN, el PRI no asumió la práctica de oposición colérica que ahora desempeña en ridícula imitación de la conducta de la extrema derecha frente a un gobierno de izquierda.

Llegado el momento de decidir la candidatura común a la Presidencia de la República, la mano correspondería al PAN por simple correlación de fuerzas, ya fuera la o el aspirante militante o francotirador. Eso lo sabe la dirigencia priista pero no se lo cuenta a nadie. La campaña electoral sería, en consecuencia, algo dominado por la derecha tradicional y, tal vez, por la extrema derecha, grotescamente contraria a todo lo que está haciendo la 4T, sin detenerse a analizar a cuantos millones estaría beneficiando la nueva política. La divisa de la acción electoral de los coligados sería la de ninguna concesión al Estado social, sin detenerse tampoco a calibrar la crisis mundial en la que se encuentra el neoliberalismo.

Una candidatura presidencial de “contención” sería desastrosa y esto lo ha de saber el PRI. ¿Tratar de quitar a la izquierda la Presidencia de la República para entregársela a la extrema derecha? Eso sería la puntilla para el priismo.

Aborto: derechos y libertades de las mujeres

La primera despenalización parcial del aborto se produjo en México dentro del Código Penal de 1871: “llámase aborto, en derecho penal, a la extracción del producto de la concepción, y a su expulsión provocada por cualquier medio, sea cual fuere la época de la preñez; siempre que esto se haga sin necesidad” (Art. 569).

Véase lo que dice ahora el Código Penal de la Ciudad de México: “Artículo 144. Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.

Lo común entre esos dos preceptos, con una diferencia de 150 años, es que el aborto no es siempre un delito. Para serlo, en el primer precepto, se debe realizar sin que sea necesario y, en el segundo, cuando el embarazo tenga más de 12 semanas. En el siglo XIX, la necesidad se determinaba cuando, de no efectuarse, la mujer embarazada corriera peligro de muerte, “a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora”. En el siglo XXI, no se piden condiciones personales ni otras circunstancias, sino que basta la libre voluntad de la mujer. Además, ahora, en la CdMx el aborto se permite en cualquier tiempo en casos de “violación, inseminación artificial ilegal, peligro grave para la salud de la mujer y malformaciones genéticas del producto”.

Esto quiere decir que el delito de aborto no es tanto una consecuencia de creencias religiosas y de sucesivas presiones clericales, pues el criterio de su relativa despenalización lleva en México un siglo y medio de debates entre laicos que exponen solamente argumentos humanistas. Han predominado consideraciones políticas y aquellas propiamente de género. El análisis demográfico (necesidad de aumentar la población) llevó a gobiernos liberales de Europa y América a prohibir el aborto. Los argumentos machistas sobre la “mujer” y la “familia” suelen ser más duros que los sermones en las corporaciones religiosas, las cuales, en realidad, se han colgado del poder secular para hacer lo que no pueden por sí mismas, es decir, proscribir la práctica del aborto y declarar delincuente a quien lo realiza.

Es el poder punitivo más conservador el que se ha impuesto para afirmar la condición subordinada de las mujeres y su prioritaria función reproductora y cuidadora, en el marco de la familia patriarcal. Son las relaciones de género las que aparecen en la discusión, aunque se mencionen asuntos biológicos y médicos.

En la Suprema Corte de Justicia se ha hablado de libertad, igualdad, independencia y derechos de las mujeres. Eso no es nuevo ahí. Se hicieron esos mismos planteamientos cuando Felipe Calderón ordenó ilegalmente al entonces procurador Eduardo Medina Mora que concurriera en acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra de la libertad de las mujeres, pidiendo que se mantuviera la penalización del aborto en el código capitalino. Lo hizo también José Luis Soberanes, cuyo cargo era, ni más ni menos, el de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero a pesar de tanto poder conjuntado, esos reaccionarios y sus camaradas sufrieron un fracaso: sólo dos ministros votaron en favor de la inconstitucionalidad de la interrupción voluntaria del embarazo.

Hoy, 12 años después, nadie en el Tribunal Pleno ha votado en favor de la prohibición total del aborto. La despenalización, como está en el Código de la Ciudad de México, es ya criterio obligatorio para los jueces en todo el país.

La primera iniciativa de despenalización data de 1979 en la Cámara de Diputados, a cargo del Partido Comunista-Coalición de Izquierda, la cual nunca fue discutida ni retirada sino congelada por la mayoría. Ya en el siglo XXI, el proyecto de despenalizar en el código federal la interrupción del embarazo antes de 12 semanas de gestación había sido presentado en el Senado (Pablo Gómez, iniciativa sobre aborto del 20 de marzo de 2007). Unos días más tarde, el 24 de abril del mismo año, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó la reforma del código local.

El grupo mayoritario de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal no había presentado ninguna iniciativa y aprovechó la existencia de dos proyectos sobre el tema. El dictamen de la Comisión de Procuración de Justicia, presidida por Daniel Ordóñez, unida a las de salud y de equidad de género, modificó los textos inicialmente propuestos con el propósito de adoptar el enfoque de la iniciativa presentada en el Senado, aunque sin proclamarlo. El PAN se opuso y fue arrollado en la votación, pero también en la discusión. El Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, promulgó de inmediato el decreto, el cual sigue vigente como modelo jurídico del derecho de las mujeres a decidir por sí mismas sobre su cuerpo y su maternidad, e incluye la atención médica gratuita. Sin embargo, sólo tres estados lo han replicado, aunque en varios otros países ha logrado alguna incidencia. El nuevo tipo penal considera que sólo existe el delito de aborto cuando el embarazo tiene ya más de doce semanas; antes de este plazo, no existe tal delito.

El cambio fue muy grande porque ya no es un perdón por haber abortado bajo ciertas condiciones legales (peligro de muerte, salud, pobreza, violación, etc.), el cual dejaba a la mujer en condición de delincuente con permiso, tal como se había hecho antes en México y otros muchos países, sino que el delito no existe cuando la expulsión se realiza antes de que el embrión se convierta en feto, para decirlo en términos clínicos.

La reciente decisión adoptada por la Suprema Corte sobre el aborto resalta los titubeos en el Congreso de la Unión, así como los ruidosos rechazos en varias legislaturas locales. El tema atraviesa a los partidos, dentro de los cuales hay discrepancias. ¿Para qué se querrá enviar mujeres a prisión cuando interrumpen su embarazo? Nadie quiere contestar esa pregunta.

Por lo pronto, con la resolución de la Corte, no podrán emitirse sentencias condenatorias contra mujeres por haber abortado dentro de las 12 semanas o en cualquier momento cuando hayan sido violadas. Habría también que tramitar la inmediata libertad de quienes se encuentran en reclusión.

Es imperioso que más congresos locales avancen sobre este camino. Mas, de inmediato, al no poder aplicarse el delito de aborto cuando éste se hubiera cometido antes de 12 semanas de embarazo, las instituciones federales de salud y los servicios locales deben expedir protocolos para garantizar ese derecho a cualquier mujer. De lo contrario, se estaría abriendo la puerta para que las clínicas privadas tuvieran virtualmente un monopolio, ahora ya legal, y operaran como factores directos de una discriminación basada en el nivel de ingresos de las mujeres.

Así como sucedió en el año 2000, cuando en la Suprema Corte no se completaron los ocho votos para rechazar el llamado aborto eugenésico introducido en el Código Penal de la Ciudad de México, y en 2009 cuando se confirmó por mayoría de votos la gran reforma despenalizadora en esa misma entidad (“no debe existir maternidad forzada”, se dijo), hoy se utiliza otra acción de inconstitucionalidad para declarar la invalidez de la norma punitiva de Coahuila, que deberá aplicarse por todos los jueces federales y locales.

La Suprema Corte de Justicia ha dado otro golpe al vetusto sistema patriarcal, pero la lucha tiene que seguir porque hay mucho más que hacer en este capítulo de la vida social.

Camino de la Cuarta T

La Cuarta Transformación culmina la mitad del sexenio presidencial de Andrés Manuel López Obrador. No tendría sentido discutir si se ha notado el cambio respecto de los gobiernos anteriores, pues los opositores, representativos de lo viejo, son quienes más lo sienten y lo resienten, con añadidas muestras de añoranza de lo de antes.

El programa de la 4T se ha puesto en práctica en el momento en que la política neoliberal, con sus prácticas políticas y sus rasgos culturales francamente de derechas, se encuentra en repliegue mundial. En México, luego de más de tres décadas de padecimientos sin fin, había que empezar tratando de borrar las improntas neoliberales e iniciar la edificación del Estado social.

Redistribuir una parte grande y creciente del ingreso captado por el fisco hacia el gasto social más urgente: pensión básica universal, aumento progresivo (anual) del salario mínimo general, educación (becas incluidas), atención médica universal y gratuita a los no asegurados, subsidio directo al empleo de jóvenes, trabajo asalariado a campesinos en la reforestación de un millón de hectáreas, mejoramiento de vivienda precaria, precios de garantía de granos, restablecimiento de estímulos fiscales y duplicación del salario mínimo en las fronteras, cobertura vitalicia de una renta a menores discapacitados permanentes, créditos a la palabra para microempresas.

Mas desmontar la política neoliberal abarca también la cancelación de la entrega de bienes públicos a la clase minoritaria: detener la privatización de recursos naturales, acabar con las asociaciones público-privadas, prohibir las condonaciones fiscales, restringir los subsidios virtuales, cobrar debidamente los impuestos, impedir sistemas de precarización de la fuerza de trabajo formal, como el outsourcing, y combatir el oprobioso sometimiento de los obreros agrícolas.

El programa democrático de la 4T ha tenido que cubrir un requisito explícito: apartar del gobierno a la gran burguesía y, en especial, a su capa oligárquica. Los grandes capitalistas ya no mandan en Palacio (antes Los Pinos). Sin esto no hubiera sido posible encarar las contradicciones entre la política económica y la política social. Pocos gobiernos en América Latina han demostrado que es posible la estabilidad macroeconómica y la redistribución del ingreso. Las concesiones a los ricos han venido disminuyendo al ritmo del impulso de la política social y de nuevas inversiones directas del Estado, así como del fortalecimiento del sector productivo paraestatal.

Esta limitación del poder de la gran burguesía se expresa en aspectos relevantes como la libertad sindical, con el derecho de los trabajadores a votar su propio contrato colectivo y su sindicato. La insistencia en la consulta popular y la revocación de mandato forma parte de la creación de una nueva institucionalidad democrática, mucho antes que de asuntos de coyuntura.

Un elemento esencial del programa democrático ha sido dejar de lado la represión. Ya no existe la prisión política como instrumento de gobierno, ni se persiguen las luchas sociales, como tampoco se busca castigar a los críticos y opositores. Esos periodistas que dicen estar acosados se refieren a que el gobierno ya no les paga por sus servicios, silencios o maquillajes. Confunden la respuesta verbal con la represalia física.

El punto de la democracia es algo muy complicado para la 4T porque el país no cuenta con un vigoroso sistema de organizaciones sociales de lucha, ni las instituciones están basadas en la participación social. Se encuentran vigentes derechos formales, largamente demandados, pero no existen sistemas participativos. La escuela mexicana sigue sin ser democrática; el magisterio ha sido gremializado y carece de proyecto educativo propio. El sindicalismo aún está dominado por las anteriores estructuras, mientras que muchas dirigencias de izquierda se comportan casi igual que el viejo charrismo. En el campo, los viejos liderazgos exigen al gobierno el retorno a las intermediaciones de subsidios y al reparto jerárquico de bonificaciones.

Morena llegó al gobierno sin el apoyo directo de las organizaciones sociales de obreros, empleados y campesinos, las cuales no estuvieron nunca en la lucha por el poder, ya fueran priistas o de izquierda. Las universidades que hace ya muchos años lograron conquistar sistemas democráticos, aterrizaron al final en la creación de mafias endurecidas que impiden la participación de estudiantes y profesores.

La democracia no debe seguir alojándose sólo en la consulta electoral. Esto lo sabe de sobra el actual presidente de la República, pero la 4T no puede decretar por magia la democracia en todas partes porque ésta tiene que surgir de las bases, para no regresar nunca a las estáticas estructuras jerárquicas de las organizaciones sociales, incluyendo, por cierto, las patronales.

Por lo pronto, el marco de libertades se ha ensanchado como nunca. Así también, en las recientes elecciones no fluyó dinero procedente del gobierno federal: primera vez en la historia.

En este marco, la 4T lleva a cabo una acción en contra de otro de los grandes anclajes del viejo régimen: la corrupción. Nada de la vida pública y de las relaciones mercantiles estuvo al margen este fenómeno. En casi todas partes aún existe corrupción, pero ese no es el peculiar problema de México, sino que durante 60 años se construyó un Estado corrupto, lo cual es otra cosa. Hoy, el gobierno se siente satisfecho de que no se observe la corrupción dentro del gabinete y su entorno inmediato, pero se sabe que existe como gran lastre que debe ser combatido en todo tiempo, lugar y circunstancia.

El Estado corrupto abarca la función pública en conjunto. Se trata, en efecto, de una organización para el reparto de recompensas y otros ingresos dentro de las estructuras del aparato estatal, especialmente basado en el peculado y la mordida. El Estado corrupto es parte del sistema de gobierno. Por ello, la corrupción se enraizó en casi todas partes. Su extinción como estructura tendrá que ser producto de reformas de enorme profundidad, no sólo de carácter institucional o de control práctico, sino de funcionamiento de las entidades públicas y de las relaciones de éstas con la clase dominante que goza del poder del dinero. La 4T es un buen comienzo, pero aún no estamos en el periodo de culminación de tan grande propósito.

El otro capítulo es la violencia. No es México el país con mayor delincuencia, pero sí lo es con mayor violencia delincuencial. Es una crisis que ha durado 15 años, conjunción de varios factores: 1) productor y abastecedor del mayor mercado de drogas prohibidas; 2) sucesivas crisis económicas, precarización del trabajo y empobrecimiento; 3) deficiente sistema educativo público en extensión y contenidos; 4) resentimiento social de gran parte de la sociedad, en especial de la juventud, la cual carece de expectativas de mejor futuro; 5) gobiernos corruptos; 6) estructura policial inexistente; 7) sistema judicial (jueces y Ministerio Público) sometido a la corrupción; 8) exaltación de la narco delincuencia en los grandes y pequeños medios de comunicación y amarillismo de la prensa. No son estos unos factores inconexos, sino que se amarraron durante la larga decadencia moral del poder, la cual se conoce ahora como prian.

La Guardia Nacional no va a disolver a la delincuencia más violenta, sino que se trata de una nueva institución para dotar al país de un verdadero cuerpo de policía que antes no existió. El trabajo policial es necesario, pero no resuelve ninguna crisis social y moral. Así que las bases que se han sentado por la 4T tienen que ver principalmente con las reformas sociales: ingreso, trabajo, pensiones, educación, salud y vivienda.

La política económica del gobierno ha sido la menos entendida por economistas académicos y analistas calificadores de riesgos; los primeros sufren desorientación teórica y política; los segundos pierden su tiempo tratando de chantajear al gobierno con el cuento de la vulnerabilidad de la deuda de Pemex.

No se puede negar que en casi tres años ha existido algo así como una huelga calculada y silenciosa de inversiones de parte de la llamada iniciativa privada, desde los medianos hasta los muy grandes empresarios. Esto se complicó con la pandemia, pero antes ya había empezado. Quienes no le vieron sentido a esa huelga fueron los inversionistas extranjeros que aplican parte de sus ganancias en nuevas inversiones dentro del país.

El gobierno no quiere tres cosas en el plano macroeconómico: seguir aumentando la deuda pública, elevar las tasas impositivas y encarecer los energéticos. Eso fue lo que hizo el binomio Peña Nieto-Videgaray, pero resulto muy mal.

Hoy, desde el presupuesto se financia la mayor parte de la inversión pública federal, aunque el problema es que ésta sigue siendo reducida. En la segunda parte del sexenio se deberán encontrar mecanismos que permitan aumentar las inversiones públicas productivas (con retorno), con o sin socios privados. Se tiene que emprender la reforma de la banca de desarrollo, aunado a nuevos sistemas de presupuestación de largo plazo de la Federación y las entidades.

México tiene una conformación industrial con alto componente de maquila para el mercado internacional. Eso puede ser mejor aprovechado si, al mismo tiempo, se desarrolla una tecnología propia y se compite con los “socios” de las metrópolis. La burguesía mexicana no lo va a hacer porque no sabe cómo y le interesa muy poco el tema cuando tiene sus propios oligopolios internos. Sólo el Estado lo lograría. La cuestión depende de que la 4T inicie pronto el camino de una nueva industrialización tecnológica, con un nuevo sistema de financiamiento y un enorme plan de infraestructuras, para aprovechar los pactos comerciales que ya se tienen con medio mundo.

Con suficiencia energética y alimentaria, que hoy se busca afanosamente, México podría sentar las bases de una industrialización de nuevo tipo, sin someterse a los tonos marcados por las grandes trasnacionales, sino en un plano de intercambio y competencia, como suele ocurrir entre naciones. La apertura comercial puede lesionar el mercado interno (ya lo vimos en México), pero la competencia con el mundo obliga a expandirlo, como ya se ha comprobado en varios países. Sólo el Estado democrático puede ordenar el proceso de acumulación con el fin de atender prioridades sociales nacionales. Así ha sido a través de la historia del capitalismo.

No podría ser sencillo construir el basamento de una transformación iniciada mediante un cambio pacífico y electoral como el que se produjo en 2018, pero nada indica que la cosa no vaya a funcionar. Es cuestión, como siempre en la vida, de seguir luchando sin dejarse desviar por cantos engañosos y sin sentir miedos inducidos por las tendencias conservadoras, con sus viejos y nuevos intelectuales.

¿Justicia tras las rejas?

El uso del poder político para encarcelar a adversarios, críticos o estorbosos fue una larga tradición en México. La otra costumbre ha sido la impunidad de amigos y simpáticos afectos al poder. Aunque parezcan imperecederas, ambas usanzas deben desaparecer. En eso se trabaja.

¿Qué debe hacer el fiscal con los legisladores panistas que recibieron las maletas de dinero procedentes del director de Pemex en los tiempos de Peña Nieto y Luis Videgaray? Lo más sencillo sería olvidar el asunto en un cajón de escritorio, como se hizo tantas veces. Sin embargo, Alejandro Gertz Manero tiene que dar salida al asunto de Emilio Lozoya, por deber y porque la Fiscalía se encuentra comprometida, en especial por haber pactado con el procesado a cambio de unas denuncias que éste mismo presentó para dar lugar a procedimientos que ayuden a desvelar las tramas de Odebrecht, Agronitrogenados y otras, como la compra de votos en el Poder Legislativo. Son 70 las personas mencionadas.

Ricardo Anaya se ha ido del país, según él mismo lo anunció. Desde entonces aviva su presencia en redes sociales, pero ahora sólo para defenderse y atacar de paso al presidente de la República, a quien señala como autor de una persecución política, a cargo de la Fiscalía General de la República.

¿De la lista de legisladores y otros funcionarios señalados por Lozoya, es preciso que el fiscal elimine el nombre de Ricardo Anaya sólo por el hecho de que fue candidato a presidente de la República y está siendo defendido por su partido? Si así fuera, se estaría dentro de la costumbre de brindar impunidad por conveniencia política. Pero si Gertz Manero mantuviera su rumbo actual, él mismo tendría que demostrar ante tribunales que sus acusaciones contra Anaya contienen el fundamento que la ley precisa y, por tanto, carecen de otro motivo cualquiera.

Por lo pronto, a Ricardo Anaya le dieron un pitazo para salir volando del país, lo cual es otra tradición mexicana. El punto más conmovedor, sin embargo, ha sido la manifestación de unos legisladores en la FGR para dejar en claro –dijeron—  que todos los cargos contra Anaya son falsos, aunque sin haber analizado la carpeta de investigación. Esta es otra costumbre de algunos políticos mexicanos que hablan nomás. ¿El resto de los involucrados son también inocentes? Eso no se precisó.

Ricardo Anaya ha obtenido la posposición de la audiencia judicial hasta octubre, a efecto de que él pueda estudiar la investigación que lleva la FGR, pero al término de este plazo tendría que ubicarse en territorio nacional o de plano ausentarse. Mientras, pase lo que pase, sus amigos lo seguirán declarando inocente de todos los cargos.

Pero las cosas en realidad sí han cambiado. Aunque el excandidato panista se haya tenido que precipitar en fuga para no correr el menor riesgo, los cargos en su contra se van a ventilar públicamente en relación con una trama de corrupción política. Es aquí donde puede salir a flote lo verdaderamente importante: la investigación y publicidad de mordidas y robos, así como la distribución de ilícitas ganancias entre poderosos. El objeto principal no tendría que ser enviar a algunos de estos últimos a la cárcel, sino poner de relieve hechos concretos de corrupción dentro del marco general del Estado corrupto.

Mientras tanto, el presidente del PAN, acompañado por el del PRI, visitaba la oficina de asuntos sobre México del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en Washington, con el objeto de acusar al gobierno mexicano de utilizar el poder para propósitos ilícitos, contrarios a la democracia, y denunciar la intromisión del narcotráfico en las elecciones mexicanas. Ha sido un acto insólito pues ningún ciudadano mexicano se había lanzado a ese vacío. La visita (se desconoce quién los recibió) no requiere más comentario porque rebasa lo simplemente grotesco, pero no está desligado de la defensa de políticos inculpados. La táctica de la oposición unificada es recriminar al presidente de México, en lo personal, de todo lo que es denunciado por ella misma y pregonado como hechos ciertos por parte de la prensa, ya sea perseguir a ciertas personas o acabar de plano con las libertades y la democracia.

Si los líderes del PAN quisieran en verdad denunciar jurídicamente a López Obrador, tendrían que presentar denuncias formales, en este caso de que el presidente le ha dado órdenes ilegales al fiscal Gertz Manero para perseguir a un inocente de toda inocencia, con unos “propósitos políticos” (revancha e inhabilitación política) que, al final de cuentas, casi nadie se atreve a manifestar como indicios para no correr el riesgo de provocar carcajadas.

El presidente de México ya puede ser denunciado, imputado y enjuiciado por cualquier delito, de acuerdo con el nuevo texto del párrafo segundo del artículo 108 de la Constitución, aprobado, por cierto, a partir de la iniciativa enviada al Congreso por López Obrador.

En realidad, las oposiciones unificadas querrían llevar tras las rejas a la justicia, bajo acusación de ser responsable de persecución política, en un lado, y de impunidades, en otro. Mas, por lo pronto, sólo es propaganda porque no tienen el poder para cometer ellas mismas esas transgresiones. Buscan con falsedad identificar al Ejecutivo y a la actual procuración de justicia con una imagen lo más cercana posible a lo que ambas instituciones eran cuando ellos gobernaban.

Corrupción, antidemocracia, represión y neoliberalismo, combinación de un pasado reciente

Toda síntesis es arriesgada e inexacta, pero es inevitable hacerla. Si a un opositor de antes, que luchó contra el Estado corrupto y en favor de la democracia política, que denunció y sufrió la represión, luego de lo cual levantó un programa político en contra del neoliberalismo, enfermedad mundial que golpeó con fuerza inusitada a México, se le preguntara qué es el pasado, pues lógicamente contestaría que todo aquello que ha criticado y tratado de cambiar.

Toda persona que busca el pensamiento crítico nunca debiera renunciar a tan alta cualidad, por lo que sería impropio pedirle que deje de examinar los hechos concretos. Por tanto, quienes advierten que los cambios actuales van en la dirección de superar aquel pasado considerado oprobioso, tienen a salvo su derecho de crítica y de réplica. La que no se explica de igual forma es la conducta que asumen algunos que, no obstante haber criticado desde la izquierda al viejo régimen, se ubican prácticamente en la oposición cuando justamente todos esos elementos del pasado empiezan a ser derruidos y se camina en pos de nuevos “modelos” de Estado y sociedad.

Los beneficiarios del régimen anterior añoran ese pasado y buscarían volver a aquellas condiciones que han empezado a cambiar. Pero, desde la izquierda, ¿es válido apoyar a aquellos que gobernaron antes y que ahora quieren volver?

Uno de los argumentos de esos disidentes estriba en negar que el gobierno de López Obrador sea de izquierda. Tienen una idea muy individual sobre el socialismo moderno como gran corriente internacional desde el siglo XVIII, que sigue existiendo a pesar de su diversidad y, aún más, de sus contradicciones y catástrofes.

La mayoría de esos progresistas o personas de la izquierda o del socialismo, como se quieran definir a sí mismos, no han manifestado el menor acuerdo con alguna de las líneas de la política gubernamental. Para ellos, todo es falso, incorrecto, engañoso o nefasto. Por tales motivos manifiestan coincidencias con la coalición opositora, “frente de contención” o como se quiera denominar al PRIAN.

Existe otra situación peculiar. Desde una sedicente e indefinida izquierda, esos opositores están fuera del debate nacional. No pocos de ellos escriben artículos y hasta opúsculos, pero no aciertan a definir un marco conceptual y mucho menos a realizar un análisis concreto. Sencillamente, salvan su alma, desprecian a la 4T y, de tal forma, pueden justificar, ante sí mismos, la causa de su propia inutilidad.

Ese territorio poblado de personas que toda su vida fueron de izquierda para terminar ahora simpatizando con la derecha política, es un lugar sin horizonte. Desde ahí, se piensa, podría volverse a vivir aquellos años que, al menos por ahora, ya quedaron atrás. Fueron momentos en los cuales era posible ser oportunista frente al gobierno priista o panista y, al mismo tiempo, ser crítico de esa combinación tan mexicana de corrupción, antidemocracia, represión y neoliberalismo. Ahora ya no, pues para ejercer aquella crítica sería indispensable romper de plano con los actuales representantes del viejo régimen.

Justo en el momento en que las herencias del pasado reciente son defenestradas desde un nuevo gobierno, algunos críticos de antes lanzan sus nuevas críticas contra la negación de lo mismo que criticaban. Las frases que escriben o pronuncian están más bien ligadas a que no les gusta el “estilo personal” del presidente de la República, como si ese hubiera sido alguna vez decisivo en la definición de la política gubernamental.

No es México el único país de América Latina en el que un gobierno de izquierdas es atacado por algunos que antes sostuvieron críticas de fondo de las políticas de las derechas. Hemos visto en Brasil, Argentina, Ecuador, entre otros, a grupos de secuaces o cómplices de los neoliberales en el marco de varias catástrofes políticas.

Hay que aclarar que aquí no tomo en cuenta a aquellos que, viniendo de la izquierda partidista, militan ahora orgánicamente en las filas de la oposición prianista, que son candidatos y vocingleros de consignas maledicentes de la alianza de las derechas y que, para oprobio histórico, utilizan las siglas construidas por la izquierda en momentos de tremenda confrontación. Estamos hablando ahora de quienes no se resbalaron por el tobogán de la corrupción, por lo que su conducta requiere buscar explicaciones o, al menos, descripciones de un fenómeno en el que gente de izquierda deja de serlo funcionalmente en el mejor momento de la corriente histórica en la que se formó.

Son personas de izquierda alineadas con la derecha, exponiendo su nueva posición como valladar frente a una supuesta vuelta al autoritarismo, a pesar de que no han aportado un sólo elemento concreto al respecto. Al asumir la versión de que México está al borde de una especie de dictadura bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, hacen suyo un novísimo espantajo de la derecha más reaccionaria. De esa forma, unos que antes cerraron filas con la izquierda en favor de la democracia política, se transfieren al otro bando político y social, en busca de rescatar una bandera que ahora carece de la significación que tuvo cuando se luchaba contra la prisión política y por los derechos ciudadanos de todos. Esa bandera no tiene ya la misma vigencia, pero no por ser enarbolada por la derecha, sino por ser producto de una mentira.

Dentro de unos meses se producirá en México un plebiscito revocatorio del mandato del presidente de la República, acto insólito de participación popular. De por sí, la cita de las urnas es una práctica generosa en el marco de la lucha política, pero también será un momento de definiciones y deslindes. Mucho aprenderá el país. Veremos hasta dónde y qué tanto pueden coincidir aquellos que durante años lucharon por superar el viejo régimen y en favor de transformaciones sociales y políticas.

Retorno a las aulas

Bajo el temor pandémico en el que vive la sociedad, casi todo asunto se hace más complicado. Entender, por ejemplo, que no es la misma situación un aumento de contagios en el momento actual que en las dos anteriores ocasiones. El punto, claro, se entiende mediante un análisis epidemiológico, el cual no está al alcance de todos, sin que las autoridades hayan puesto un empeño mayor en divulgar la información.

En cuanto al retorno a las aulas, el error original fue aquella temprana declaración del entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, de que el regreso a clases sería a partir de que el semáforo estuviera en verde. Como el ahora embajador no era experto, de seguro había sido aconsejado por algunos epidemiólogos, a quienes, no obstante su sapiencia, les era imposible advertir la evolución ulterior del comportamiento de la enfermedad.

Casi todo el mundo está en las aulas mientras en México existe una fuerte discusión, justo en el momento en que la vacunación avanza a un paso que pocos previeron y casi nadie creyó.

Lo que más llama la atención es que una parte de la dirigencia sindical de los profesores de educación básica, específicamente la CNTE, y no pocas autoridades universitarias, insisten en que el riesgo sería mayúsculo, por lo cual no debe haber retorno de momento.

Al respecto de aquella parte del liderazgo de los maestros de educación básica, habría que lamentar el enfoque que se maneja, pues parece más bien de carácter gremialista que educativo. Mucho menos se tiene un análisis del momento de la epidemia ni se toma en cuenta que el gobierno logró la vacunación de los profesores. Se habla de que “no hay condiciones”.

En cuanto a ciertas autoridades universitarias, lo más que se ha logrado es oírlas hablar de un retorno gradual a las aulas y laboratorios. La gradualidad se hará con base en lo mismo, es decir, en el criterio rectoral.

Quizá el miedo a la Covid-19 y la falta de confianza en la autoridad sanitaria sean factores relevantes, aunque no deberían descartarse otros motivos.

El manejo de los números estadísticos, sin análisis ni prospectiva, siempre lleva al oscurecimiento del fenómeno del que se quiere hablar. Esto ha ocurrido en muchos países y México está en esa lista. No es lo mismo 30 mil contagios diarios en un país de más de cien millones cuando la mitad de los adultos están vacunados que cuando no había vacunas, por ejemplo.

Mientras el gobierno mexicano trata de convencer que lo aconsejable es retornar cuanto antes a clases, en condiciones de mucho menor riesgo que en cualquier otro momento de la pandemia, en otros muchos países están regresando de vacaciones a las aulas y los europeos debaten sobre otra cosa: el uso del pasaporte sanitario para viajar y entrar a ciertos lugares de recreación, ante lo cual no se han hecho esperar varias airadas protestas.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, que va a salir de la pandemia en su peor nivel de reconocimiento y respeto, acusa a varios gobiernos de ser permisivos y, de esa manera, provocar el aumento de los contagios.

El problema de las aulas escolares es de todas formas muy singular. Se trata también de los muchos meses en que los niños, niñas y jóvenes no han tenido una relación cercana con su comunidad escolar, ni se han podido abordar con soltura los temas académicos y los demás que son propios de los recintos educativos, incluyendo la recreación.

La humanidad no parece estar en situación de vivir como en naves espaciales. El gregarismo sigue siendo fuerte a pesar de los tres siglos de individualismo burgués, el cual no va mucho más allá de ciertas familias muy bien educadas, pero de otra forma. En las ciudades hay niños y niñas que han estado algo solos durante muchos meses, quizá cerca de sus padres, pero lejos de personas como ellos y ellas. Es lamentable que haya profesores con tan marcado sentido gremialista que no toquen este aspecto, que debería ser, por lo demás, su principal tema de momento. La escuela no se compone tan sólo de la comunicación entre profesores y alumnado, sino marcadamente entre los y las estudiantes entre sí.

Entretanto, la derecha está callada. Como en tantos otros temas, carece de un punto de vista. No se reúne a discutir asuntos del país sino sólo para mantener el “bloque de contención”. Si se les pregunta sobre algún asunto, esos reactivos dirigentes políticos responden en su mayoría con ataques al gobierno cuando no con insultos, evasivas en realidad. Por otro lado, pocos medios formales de comunicación editorializan sobre el tan importante tema del retorno al aula.

No habría medio de obligar a padres de familia a enviar a sus hijos a la escuela en situación de pandemia. Eso se sabe de sobra. Mas quizá no sólo sería bueno preguntar al respecto a los mayores sino también al alumnado. Por lo pronto, hay que abrir las escuelas y observar las respuestas de la sociedad, especialmente de los niños, niñas y jóvenes.

Aborrecidos decires

Hace años en México se estudiaba “el estilo personal de gobernar”. Cada presidente era sujeto de análisis y adivinaciones sobre la manera de hacer su trabajo o de no hacerlo. Esa politología ha dejado su lugar al aborrecimiento de las conferencias cotidianas del presidente, denominadas “mañaneras”, de por sí insufribles por la hora de su inicio.

El método de comunicación que tuvo que instaurar Andrés Manuel López Obrador (lo hizo igual cuando fue jefe de gobierno de la capital) es ahora aborrecido por los integrantes de las oposiciones formales e informales que abundan en el país, pero sin admitir que ellos son la ocasión de lo mismo que aborrecen. Es peor aun que ningún opositor encuentre en las “mañaneras” aspectos aprovechables para el ataque contra el gobierno, más que la simple objeción de su existencia.

Se trata de un fenómeno mexicano, pero no el cotidiano contacto personal del jefe del Ejecutivo con los medios de comunicación, pues eso existe en casi todo el mundo como instrumento directo de gobierno y elemento insustituible del debate político. Lo exclusivamente mexicano es el rechazo por parte de los opositores, al grado de ser motivo de hiriente desprecio y, por inevitable contradicción, presentado como cuerpo del delito de atentado contra la libertad de prensa.

Durante casi tres años, la oposición no ha construido un mecanismo de réplica de los planteamientos e informaciones del Poder Ejecutivo, sino que sólo denuncia la existencia cotidiana del discurso presidencial, con independencia de su contenido, por ser dicho, lo cual denigra, sin querer queriendo, la función que realizan los cuestionadores o replicantes que asisten a Palacio Nacional en funciones periodísticas.

En México, durante muchos sexenios, se entendió como indicio de buen gobierno que el presidente de la República hablara en pocas ocasiones, pero de manera contundente, luego de lo cual la prensa le aplaudía mediante favorables glosas. Con frecuencia, el jefe del gobierno designaba a uno de los integrantes del gabinete para que se hiciera cargo de leer un discurso y esperar comentarios, los cuales ya eran un poco menos ditirámbicos. Ese método se llamó “reserva de instancia”. Si algo no caía del todo bien o generaba comentarios encontrados, entonces el presidente podía rectificar algún aspecto de la línea de gobierno.

Ahora, tenemos reportes que rinden secretarios de Estado en presencia del presidente, luego de los cuales vienen las preguntas. En las respuestas del presidente o del secretario o secretaria se contienen explicaciones que suelen ser requeridas por los cuestionadores o que amplían la información. También suelen producirse réplicas dirigidas al amplio espectro de las oposiciones o a uno u otro de sus conspicuos portavoces.

Esa parte de las “mañaneras” sí que es algo insólito, pues no se encuentra en la comunicación social de los jefes de gobierno de otros países. Las comparecencias suelen ser unipersonales, ya sean del presidente o de los secretarios de Estado (ministros les llaman). Ahora, en México, en no pocas ocasiones, una pregunta en la “mañanera” ocasiona un citatorio presidencial para que el secretario o secretaria del ramo responda preguntas y aproveche para explicar algún tema.

Este segmento es aún más aborrecido por las oposiciones porque convierte al presidente en una figura que pide cuentas en público a los secretarios y secretarias de Estado, lo cual no era método político mexicano.

No pocos reporteros presentes en esas conferencias de prensa presentan peticiones de personas o grupos, es decir, utilizan su credencial de periodistas para plantear un asunto concreto y requerir respuesta. El presidente contesta o hace las veces de oficialía de partes de sí mismo al turnar el asunto al funcionario competente. Esto suele ocurrir en pocos lugares del mundo, ya que en los países de régimen parlamentario existe la pregunta al gobierno, pero en sede legislativa y va seguida de una réplica.

Lo que tenemos aquí y ahora es una manera en la cual el presidente dirige en público al gobierno. La apertura de los asuntos gubernamentales y de los problemas del país ha dejado a las oposiciones hundidas en trincheras de la maledicencia y la difamación. Pero el nuevo método no es más que algo que forma parte de la discusión política y de la transparencia. Hay una muy evidente diferencia entre los monarcas europeos (o los presidentes en las repúblicas) y los jefes de gobierno de esos mismos países. En México no hay monarca, el presidente es el gobernante directo y tiene que dar la cara y el verbo. Es el estilo estadunidense desde el siglo XVIII. Mas el collage que se hizo en México entre jefe de Estado y de gobierno en una sola persona, la cual tan luego operaba como uno que como otro, según su propia conveniencia transfigurante, fue algo muy mexicano durante varios periodos de la vida republicana del país: se llamó presidencialismo y degeneró en despotismo.

Bueno, pues, ya se acabó el presidencialismo. Quien ocupa la jefatura del Estado y del gobierno no ha perdido ninguna facultad política derivada de la ley y, al mismo tiempo, se encuentra metido en la discusión pública y en el abierto examen de problemas y más problemas, amén de tener que replicar todos los días.

Imaginemos a un nuevo presidente mexicano que fuera igual que Adolfo Ruiz Cortines, con el objeto de reestablecer el “señor presidente” de los años cuarenta y sucesivos. No habría “mañaneras”, ni siquiera esporádicas conferencias de prensa presidenciales. Recordemos cómo las evadía el anterior presidente, Enrique Peña Nieto, en pleno siglo XXI. Hay cierta nostalgia en no pocos opositores actuales.

Pero la hipocresía como recurso integrado a la forma de gobernar no existía por vocación de los políticos, sino por conveniencia de casi todos ellos, pues aquella siempre fue vista como estrategia, forma de ser en la maniobra y en la oscuridad de la administración de los presupuestos.

El punto relevante no es la “mañanera”, aunque ésta moleste a ciertos espíritus sensibles, sino la apertura de la función de gobierno, el trato directo de los asuntos públicos y la amplia e inviolable libertad de difusión de las ideas, como nunca la habíamos tenido en México.

La consulta decisoria

    Las democracias concursales han llegado al plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato a través de procesos de aguda lucha política. La consulta popular decisoria es, en sí misma, un instrumento para resolver confrontaciones dentro del sistema político de la Constitución.

El 27 de abril de 2011, cuando se aprobó originalmente en el Senado la reforma constitucional que abría en México la consulta popular, se dijo en todos los tonos que esa era una fórmula democrática y no violenta para resolver desavenencias críticas, confrontaciones de poder o conflictos agudos. Nunca se planteó como un ritual ni se incorporó a la ley fundamental como un derecho secundario. Llevada a todos los niveles, la consulta sería un mecanismo básico de la componente directa de la democracia mexicana.

El tema del quórum tuvo desde un principio una relevancia singular. No toda consulta es vinculante, es decir, obligatoria o decisoria, sino que se requiere un porcentaje de concurrencia a las urnas. En México se optó por el 40% del listado de electores porque la figura de la consulta se creó para ser efectuada el mismo día de las elecciones. Sin embargo, en 2019, con motivo de la reforma que instituyó la revocación de mandato y ante la norma de que las consultas pueden realizarse en cualquier año y no sólo en los comiciales, se les desligó expresamente del día electoral, al grado de ubicar su realización dos meses después. Este es un evidente defecto introducido con maña por los enemigos de la democracia directa que son minoría en el Congreso, pero tienen más de un tercio para bloquear reformas constitucionales.

No es lo mismo un 40% de quórum en un día de concurrencia comicial a otro cualquiera, como será el próximo 1o de agosto. La dificultad para proveer una concurrencia de 37 millones es en verdad inmensa, más aún cuando las oposiciones ignoran la consulta porque carecen de discurso frente a la misma, aunque en realidad no están de acuerdo con realizar consultas en general y mucho menos la próxima que es en contra de ellas como formaciones políticas.

El primer gran golpe a la nueva institución de consulta popular lo asestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al descalificar el pedido popular, presentado con suficiencia de firmas en dos simultáneos procedimientos, para votar en el año de 2015 la entonces reciente reforma constitucional sobre energía.

Por diez votos de un total de 11, la Suprema Corte consideró que el tema era de ingresos públicos, los cuales no están sujetos a consultas al igual que los gastos. El país entero entendía que la cuestión no era de ingresos sino de producción de energía. Igualar una cosa con la otra podría aplicarse para cualquier pedido de consulta que, de alguna manera, pudiera incidir en los ingresos o provocar algún gasto. La resolución jurisdiccional, adoptada el 30 de octubre de 2014, fue una burla a la nación y se encuentra grabada en los anales más oscuros de la Suprema Corte.

En verdad, ese tribunal se comportó en forma canallesca. Su criterio sobre el asunto fue fabricado a partir de una consigna directa del entonces presidente de la República, quien sabía que podía ganar el No y hacer rodar cuesta abajo su reforma. Casi todos en la Suprema Corte obedecieron, en uno de los actos de mayor sumisión en décadas de mansedumbre judicial.

La consulta sobre la reforma de energía hubiera sido también todo un éxito de democracia participativa, ya que era una ocasión para lograr la elevación del pueblo mexicano al grado de tomar decisiones sobre temas de enorme trascendencia. Entre un pueblo que elige y otro que también decide hay una diferencia esencial. De ese tamaño es este asunto.

La democracia concursal no deja de ser lo que es cuando se le incorpora la consulta popular. Las fuerzas políticas convencionales siguen determinando el escenario político porque dominan el poder del Estado, pero ya pueden irrumpir otros factores que no son propiamente parte del concurso político formalista y tradicional.

Lo que ha ocurrido en Chile es una clara muestra de ese fenómeno. En una votación popular se decidió convocar a un constituyente elegido en su totalidad directamente por el pueblo. El porcentaje de participación fue alto y se produjo una avalancha de votos en favor de la solución democrática de la crisis del modelo económico y del poder político que existe en ese país. Las posteriores elecciones de diputados a la asamblea constituyente confirmaron la intromisión de factores políticos nuevos, al margen del esquema dominante concursal que proviene de la caída de la dictadura, la cual, por cierto, fue producto de una consulta popular. Ahora, fueron atropelladas por la ciudadanía las dos fuerzas que habían disputado y alternado entre ellas durante 30 años.

La situación política de México, caracterizada por una aguda confrontación entre dos grandes fuerzas, la 4T y las oposiciones unidas, va a requerir el uso de mecanismos de participación política directa, a través de los cuales podrían dirimirse algunos graves conflictos. Por lo pronto, tendrá lugar el próximo año un procedimiento de revocación presidencial.

El camino de las consultas populares apenas se inicia.

Dice Vargas Llosa

Los más recientes chistes de Mario Vargas Llosa, después de que, como experto analista electoral, declaró que Keiko Fujimori había ganado la presidencia del Perú, han sido sus afirmaciones en un texto –difícilmente artículo—publicado en El País el 25 de julio.

Dice el novelista que el bloqueo “ha servido al Gobierno cubano para explicar milagrosamente que, a causa de él, la Revolución nunca ha podido despegar económicamente”. Pero no está de acuerdo con eliminarlo: levantar el “famoso embargo norteamericano”, sería “una forma de ayuda a la incompetencia del Gobierno de los Castro” (aquí ya se olvidó que existe en Cuba una población). Así, pues, Vargas Llosa no quiere que se levante el bloqueo (quitarle un pretexto a su autor le ayuda en su engaño). ¿Dónde quedó el embargo como pretexto milagroso? Con la tesis del pretexto o sin ella, el eterno bloqueo se queda, aconseja el autor de La Guerra del Fin del Mundo.

El peruano describe la situación actual de Cuba de la siguiente manera: “caos en que se encuentra la isla, con la incertidumbre del coronavirus y el deterioro de todas las instituciones, sin trabajo y escasez de vacunas”. Este reporte puso de pelos parados a la gente de la oficina para América del gobierno de Joe Biden, la cual reporta a diario la situación del hemisferio (del Bravo a la Patagonia, solamente). Dice el comentarista peruano que no hay trabajo, por lo que de seguro cree que la gente que va a su trabajo en realidad no va trabajar sino a dar la vuelta. Ese país tiene, para decepción del analista peruano, la tasa de desocupación más baja de América. Que, por favor, no se asome a las cifras de México o Brasil porque quién sabe que escribiría. Y eso sí va a doler.

En relación con la pandemia, tema ineludible en los tiempos que corren, Vargas Llosa nos dice que en Cuba la pandemia genera incertidumbre. En contraste, de seguro, con el resto del mundo. Desde España, nos reporta el escritor que en Cuba no hay vacunas Covid-19. No desvela su fuente, pero sin duda no pudo haber sido la CIA. Menos mal que cuando culmine la vacunación en la Isla, se podrán enviar a España parte de los excedentes de Soberana 2, siempre que la UE lo autorice, con la venia de Estados Unidos, por aquello del “pretexto”. Por lo pronto, ante la intermitencia de la llegada a España de vacunas procedentes del norte de Europa y las protestas contra las nuevas medidas sanitarias, Vargas Llosa tendría que decir que eso es un caos en medio de la más terrible incertidumbre. Mejor que no diga nada al respecto: allá sí contestan feo.

Concepto atribuido al socialismo por don Mario: “capitalismo, causa de todos los males posibles en la historia de la humanidad”. Quizá los males causados por el capitalismo antes de que existiera no fueron tan grandes.

Esa Cuba de hoy y aquí

Las manifestaciones opositoras en Cuba del 11 de julio no parecen haber sido “obra del gobierno de Estados Unidos”, como se ha dicho, pero fueron expresión política concreta de una situación que, en gran medida, sí es contumaz obra de Washington.

Durante seis décadas, Cuba ha sido sometida al más prolongado bloqueo comercial hecho por Estados Unidos y con alcance trasnacional. Además, el gobierno de la isla sigue estando bajo ultimátum de rendición a pesar de que Barak Obama reestableció relaciones diplomáticas, sólo para que Donald Trump y, ahora, Joe Biden, terminaran ampliando el bloqueo. Una de las mayores coincidencias en Naciones Unidas es la exigencia de levantamiento del embargo contra Cuba: sólo dos votos en contra (EU e Israel) y cuatro vergonzosas abstenciones, entre ellas Brasil y Colombia.

Por décadas, el gobierno de Estados Unidos creó una situación en la que un “arreglo” de fondo del problema tendría que incluir el establecimiento de un nuevo régimen político aceptado por Washington. Nunca ha habido negociaciones propiamente dichas entre los dos países, sino sólo en temas específicos, incluyendo la reanudación formal de relaciones diplomáticas.

Hace seis décadas, frente a agresiones físicas y la exigencia estadunidense de que el gobierno de la isla fuera sustituido, el nuevo poder revolucionario encabezado por Fidel Castro tomó la trascendental decisión de expropiar los bienes de las compañías estadunidenses, sin pago de indemnización. Desde entonces, el gobierno norteamericano reclama esas propiedades y, muy pronto, las extendió a las de cubanos, ahora estadunidenses, cuyos bienes inmobiliarios fueron confiscados tan luego como abandonaron el país y se refugiaron en territorio de Estados Unidos.

El bloqueo ha persistido y empeorado. Causó daños económicos a Cuba por unos 150 mil millones de dólares y, sólo en lo que va de la pandemia Covid-19, ha provocado pérdidas por cerca de 10 mil millones.

Hay, además, una larga historia de agresiones, sabotajes, atentados y espionajes en la truculenta respuesta de Estados Unidos a la independencia de Cuba.

Este punto es muy relevante debido a que la soberanía y el sistema socio-económico de Cuba llegaron a hacerse una y la misma cosa. Este fenómeno no ocurrió con ningún otro país que hubiera defenestrado al capitalismo. Para Estados Unidos es como si Cuba hubiera sido una entidad asociada a la Unión Americana que súbitamente declarara su independencia y se quedara con todo. Por el otro lado, para los cubanos y cubanas, ceder a las pretensiones estadunidenses sería perder la independencia y, por tanto, no poder ejercer ninguna soberanía. Todo es todo. Por eso no ha habido nada.

Economía no-mercantil

En otra vertiente de la historia contemporánea de Cuba, las protestas del 11 de julio tienen un significado diferenciable, mucho más concreto. Al tiempo que han sido ya muchos años en que el igualitarismo cubano ha venido aflojando, la consecuente diferenciación social en Cuba es un proceso cada vez más rápido, pero no se trata de bienes básicos sino de aquellos que se adquieren con moneda convertible y que no se encuentran igual de disponibles para toda la población. Hay quienes, ligados a empresas privadas extranjeras o negocios locales, gozan de un nuevo y mucho mejor nivel de acceso a satisfactores.

Esta estratificación social está ligada a dos estructuras que operan al mismo tiempo: la vieja desmercantilización de una gran parte de los bienes y servicios, y el hecho de que el sistema productivo cubano no funciona debido a la sobrerregulación burocrática, el atraso técnico predominante y la ausencia de una política de industrialización que implicaría una apertura regulada. Si el gran comprador mayorista es el Estado, éste lo que busca es tener lo que necesita en el tiempo requerido para distribuirlo entre toda la población de manera igualitaria, por lo que suele importarle menos el cálculo económico: en Cuba, lo más costoso es lo que tiene significación social, es decir, lo que no se tiene en suficiencia; la economía está en segundo plano.

Grandes volúmenes de bienes y servicios son lanzados a un mercado que no es propiamente un mercado. El precio de éstos es demasiado bajo, es decir, una forma de captar circulante monetario, pero sin que alcance a reponer el costo y mucho menos a acumular una parte de su valor para expandir la producción.

La desmercantilización es la conversión de una gran parte de los bienes-salario en no-mercancías, pues éstos llegan a todos a precios exiguos, lo cual se garantiza a través de la “tarjeta”, que es el mecanismo universal de asignación de derecho de compra de bienes básicos. No son mercancías propiamente dichas, pues no existe un intercambio entre los compradores y los vendedores de esos objetos y servicios según su valor, sino un reparto de estos últimos entre todos aquellos, en forma igualitaria.

Este sistema no fue producto del socialismo en general sino de éste en su vinculación con la escasez de casi todo, penuria, a su vez, producto de la síntesis entre bloqueo y subdesarrollo; ambos fenómenos aún están vigentes.

El país tiene tres grandes problemas económicos concurrentes y endémicos. Producción de alimentos, industrialización y productividad del trabajo. Al no existir soluciones efectivas y duraderas a estos frenos del desarrollo, las medidas para aflojar la rigidez económica resultan al final del camino, en su mayoría, socialmente contraproducentes. La apertura al turismo internacional y a empresas extranjeras ha permitido captar divisas, pero el Estado ha tenido que repartir una parte entre grupos minoritarios. Ahora, muchos más quieren ingresar al nivel de consumo de los sectores mejor retribuidos, pero eso es imposible de momento. Las manifestaciones del 11 de julio han reclamado no sólo libertad política sino principalmente libertad de comercio. Existe lo que se denomina un conflicto social.

Salud y educación

Los y las cubanas tienen cosas que defender. En su país la educación es gratuita y está abierta a todos, al igual que la medicina. El sistema de pensiones es universal, lo mismo que la ayuda por desempleo. Esto es algo insólito. A pesar de los fuertes problemas propiamente productivos, en Cuba no hay hambre como fenómeno. El porcentaje de vivienda con servicios completos es más alto que en cualquier otro país de América Latina.

Hay algo que llama demasiado la atención: Cuba tiene vacunas Covid-19 desarrolladas dentro del país por entidades cubanas y tecnología propia, pero carece de suficientes jeringas para aplicarlas. Se ha realizado lo más difícil, una proeza histórica para un país como ese, lo que muy pocos han podido hacer, sólo los mayores y poderosos. Pero no ha podido producir suficientes jeringas después de más de un año de pandemia.

La desmercantilización abarca la atención médica y la educación en todos sus niveles. La mayor parte del excedente económico fue ubicado en esos renglones desde que el gobierno revolucionario empezó a funcionar. Se trata, sin duda, de los mayores éxitos del socialismo cubano, gratuidad universal en salud y enseñanza, en el marco de la capacidad soberana del país alcanzada a partir de 1959. En Cuba, una y otra cosa son parte de lo mismo.

Como en ningún otro país, al menos en América, en Cuba todos tienen los mismos derechos sociales y no existe discriminación al respecto. Esto no es algo menor, pero ya no es suficiente. Hay elementos que le hacen falta y otros que le dañan. Sin embargo, ya se está pasando el tiempo de examinarlos, sin prejuicios ni dogmatismos.

Democracia consensual y derechos políticos

La democracia cubana se ejerce desde el centro de trabajo. Este es el lugar privilegiado de deliberación y decisión concreta de problemas concretos, donde existe un consenso básico alrededor del funcionamiento de la empresa, organismo o centro de trabajo cualquiera.

El partido único y gobernante es el eje articulador del ejercicio de esa democracia consensual. Sus miembros militantes son elegidos por los trabajadores, a pesar de que se trata de un partido político, el cual no lo es en términos tradicionales.

Además, existen organizaciones sociales en donde se pueden tratar asuntos de carácter sectorial: sindicatos y uniones de productores rurales, de mujeres y de jóvenes, así como de especialidades o sectores.

El sistema de formación de los órganos del poder popular opera a partir de elecciones abiertas directas y, posteriormente, indirectas, las cuales arrancan con la postulación de candidatos en asambleas para llegar a la votación universal. No hay partidos que postulen, sino sólo ciudadanos propuestos por ciudadanos, pero en el segundo escalón, donde los diputados elegidos designan cargos de representación superior o de gobierno, los candidatos son aprobados previamente por una mesa integrada por las organizaciones sociales bajo la dirección del partido único. Así se llega a los órganos de gobierno municipales, provinciales y nacional, en forma parlamentaria y nunca directa, al estilo europeo.

Hasta este punto, el diseño es el de una democracia consensual, la cual parte de una coincidencia básica y en donde la libertad de expresión y de voto asume las características de aceptación de reglas y propósitos comunes.

Es evidente que el sistema político cubano es discrepante del que predomina en el resto del continente porque no existe libertad para organizar partidos políticos y proponer candidatos que se presenten por sí mismos en las elecciones, ya sean éstas directas o indirectas.

Antes de la revolución de 1959, en Cuba había un mercado de votos organizado por los partidos, dentro del cual la dictadura había acaparado las principales transacciones porque tenía mucho más dinero. Podría con razón decirse que eso ya pasó, pero el caso es que aquel sistema fue abolido por la Constitución.

Una cuestión de gran fondo es dilucidar si en los últimos 60 años hubiera sido posible el surgimiento de partidos diversos sin que éstos estuvieran financiados y subordinados al gobierno de Estados Unidos o a partes integrantes de ese mismo país.

La democracia concursal, como la que empezó a surgir en México a partir de 1988, requiere un cierto grado de soberanía nacional, aunque ésta no sea suficiente para lograrla, como ya lo pudimos ver en nuestro propio país durante décadas anteriores. En el caso de Cuba, la democracia concursal se hizo improcedente e inoperante desde el momento en que la revolución condujo a la independencia de Estados Unidos, lo que, a su vez, llevó a declarar, por parte de casi toda América, la tesis de la “incompatibilidad de regímenes sociales”: Cuba fue arrojada de la OEA, casi todos rompieron relaciones con la isla, mientras Europa nomás observaba la manera de operar de la doctrina Monroe: “América para los americanos”.

El problema funcional no consiste en que sea imposible en Cuba formar legalmente un partido político, sino que no existen medios organizados para ejercer la libertad de difusión de las ideas fuera de los centros de trabajo, donde sólo puede llegar a haber manifestación libre de las ideas, es decir, la simple libertad de expresión. Por ello, ha adquirido tanta importancia el internet como mecanismo de difusión, el cual se ha convertido en la gran ventana de la crítica al gobierno, aunque también a la sociedad cubana.

La difusión de ideas por cualquier medio debe ser definido en la ley como marco de libertades de todos en cualquier momento. Es perturbador que en las redes sociales se haya permitido a los críticos ejercer sus derechos, pero los que tienen otras ideas y no están en la oposición al gobierno carezcan en los hechos de esa misma prerrogativa, pues no se encuentran organizados con tal objetivo por su propia voluntad. Al gobierno debe convenirle, más que a nadie, entrar al ejercicio de la libertad de difusión de ideas por cualquier medio. No bastará realizar grandes movilizaciones contestatarias, eso es poco frente a otros momentos de la épica cubana. Es preciso llenar de ideas y argumentos el internet y combatir en el espacio común de la sociedad, desde el gobierno, como se hace, pero también desde afuera.

También será preciso entrar al campo de las reformas económicas estructurales, es decir, productivas, pero no es recomendable seguir abonando en la diferenciación social, sino buscar una prosperidad compartida. Una sociedad de ricos y pobres, cualquiera que sea el nivel de ingreso de cada grupo, sólo generará confrontación social dentro de la forma de democracia política que finalmente resulte.

Cuando se elaboró la consigna de “Patria o Muerte”, inspirada en otras semejantes, el punto era que para quienes habían terminado siendo sucursal de la gran potencia, a pesar de la proclamada independencia nacional enteramente formalista, el propósito de tener patria implicaba buscar la ansiada emancipación nacional frente a Estados Unidos. Los términos patria y muerte no eran complementarios, pues alcanzar a tener patria era la forma de evadir la represión. De lo contrario, sin patria, no quedarían más que cadáveres de los patriotas armados porque la capitulación no estaba admitida como hipótesis. El desenlace final era la victoria, la vida. El texto completo es: “patria o muerte, venceremos”. Eso de “patria o vida”, gritado en las manifestaciones opositoras del 11 de julio, es una parodia de muy poca imaginación. “Nadie se va a morir, menos ahora”, dijo hace años en su verso inigualable Silvio Rodríguez.