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Krauze, el absolutismo político y la mayoría

México tuvo una especie de absolutismo político en tanto que el Estado era un partido y todo el sistema electoral estaba en manos del Ejecutivo. Ninguna libertad podía ejercerse a cabalidad. Así también, el poder judicial carecía casi por completo de certeza y legalidad. El presidencialismo era despótico al grado de usar la violencia como método de gobierno. Y, por si todo eso fuera poco, la prensa estaba amenazada y comprada.

¿México puede volver a tal situación? Si se trata de tomar parte en la contienda electoral, se puede decir que sí, siempre que le convenga a un candidato. Pero si se quisiera analizar con honradez intelectual la realidad de México, sería imposible sustentar la tesis del inminente peligro de volver a ese absolutismo político.

Enrique Krauze se ha lanzado a la lucha electoral con la novedosa tesis de que con una mayoría legislativa de Morena o de la coalición electoral que encabeza Andrés Manuel López Obrador se podría regresar a México a aquel absolutismo. Por tanto, el conocido biógrafo de personajes históricos convoca a los probables votantes de AMLO a sufragar a favor de otro partido en las boletas de diputados y senadores. Equilibrio, implora.

Esa preocupación es nueva para Krauze, quien ni siquiera criticó el burdo fraude del año 2015, consumado en la mesa del Consejo General del INE y confirmado en el TEPJF, para dotar a Peña Nieto de la actual mayoría de la que ha gozado en la Cámara de Diputados.

Enrique Krauze publicó en 1984 su ensayo sobre la democracia (Vuelta, num. 86), en el cual recomendaba un sistema bipartidista, como el establecido en Inglaterra a partir de las reformas políticas de fines del siglo XVIII y las de 1832, cuando no había sufragio universal. Aquellos eran dos partidos que representaban a las clases propietarias, pues los trabajadores aún carecían del derecho a votar. Esa era la democracia en la que se inspiraba Krauze para sugerir el bipartidismo en México, con el fin de superar la corrupción, como se intentó en Inglaterra, mediante un sistema de vigilancia entre dos partidos competitivos pero que en el fondo eran lo mismo.

A Krauze no le importaba en absoluto que un partido tuviera el Ejecutivo y el Legislativo al mismo tiempo porque su plan para México, el bipartidismo, funciona con la mayor frecuencia dentro de un control de ambos poderes por la misma formación política.

El esquema bipartidista no tuvo éxito en el país porque se presentó la crisis de 1988 que llevó a la izquierda, con Cuahutémoc Cárdenas, al surgimiento de un amplio partido que planteaba remover al Estado unipartidista. El absolutismo político mexicano fue declinando paulatinamente a pesar de la presidencia de Carlos Salinas, quien intensificó la represión y la corrupción respecto del sexenio anterior. Los fraudes ya no se hacían contra el PAN sino sólo contra el entonces nuevo partido, el PRD.

Sobre el tema de la corrupción, que en 1984 le preocupaba a Krauze, no se produjeron cambios cuando el PAN se hizo cargo del gobierno federal y de varios otros de carácter local a partir del año 2000 y hasta el 2012.

El sistema bipartidista no ha sido admitido por la ciudadanía mexicana ni era solución al Estado corrupto. El problema consiste en que en México la corrupción es parte de la forma de gobernar. El aparato público opera bajo normas no escritas (a veces también escritas) de la corrupción, la cual no es sólo la disposición de fondos públicos de parte de funcionarios sino principalmente el uso de las instituciones para llevar a cabo toda clase de actos ilícitos e, incluso, lícitos, que benefician a los operadores de las funciones estatales y a integrantes o amigos de la oligarquía que López Obrador denomina “la mafia del poder”.

Es imposible combatir la corrupción cuando el presidente de la República gobierna bajo los usos de un Estado corrupto. Vicente Fox, por ejemplo, llegó a la Presidencia siendo denunciado por ilícitos electorales, los cuales fueron sancionados con multa administrativa por el IFE, pero la PGR declaró que no hubo delito alguno, luego, claro, de rehusar que se nombrara un fiscal independiente, como suele ocurrir en muchos países cuando el presidente puede ser inculpado.

Si Morena no llegara a tener una mayoría legislativa sería difícil y complicado tomar las decisiones que condujeran al establecimiento en México del Estado de derecho. Los partidos que han demostrado ser funcionales al Estado corrupto pondrían toda clase de obstáculos a los decretos que se trataran de expedir.

Quisiera poner un solo ejemplo. El “departamento de regalos” (como yo le llamo) es un mecanismo que consiste en crear cada año una bolsa de dinero no contemplado en el proyecto del Ejecutivo, con el fin de hacer asignaciones en la Cámara. Sin programas ni políticas públicas, se reparten fondos por parte de los diputados, a pedido de otros políticos e, incluso, asociaciones civiles. Así se obtienen los “moches”, cuando el creador de la partida pasa a cobrarle al beneficiario un diezmo sobre lo otorgado. Suelen repartirse así muchos miles de millones.

La corrupción es parte del sistema de gobierno, de los métodos de gobernar, de la forma de ser del aparato público, de la creación de fortunas personales, de la manera en que cualquier persona supera un obstáculo en la órbita del Estado. La mayoría legislativa es necesaria para acometer contra la corrupción, ciertamente existente en todos los Estados del mundo, pero que México es diferente: aquí, el Estado es corrupto.

Se entiende que Enrique Krauze conozca el tráfico de influencias y el dispendio presupuestal, pero no parece que le preocupe demasiado, como en 1984, el tema de la corrupción. El PRIAN, del cual él mismo es uno de sus ideólogos más conspicuos, es un genuino producto de esa corrupción estatal.

La existencia de una mayoría legislativa no podría conformar, por sí misma, un absolutismo político. El sistema parlamentario funciona generalmente con mayoría, ya sea con uno o varios partidos, pero nadie habla de un regreso al absolutismo, término, por cierto, que viene del Estado monárquico en el que no había libertades ni elecciones.

Si ante la falta de una mayoría en el Congreso, el PRIAN, aderezado como ya está con los tránsfugas de la izquierda, se propusiera bloquear sistemáticamente las iniciativas del partido emergente, el Congreso se paralizaría en un alto grado. En un esquema así, se podría orillar al uso recurrente de las facultades presidenciales que confieren las leyes, en lugar de ubicar las reformas en el plano de la discusión pública y el debate parlamentario. ¿Es eso lo que se busca como contexto para atacar por sistema al nuevo presidente de la República?

Toda la campaña sucia contra Andrés Manuel se ha basado en infundios tendientes a generar desconfianza y miedo. Ante la expectativa de una gran votación en su favor, se recurre ahora a tratar de meter otro miedo, el cual ya no es sólo el del nuevo presidente, sino el de que éste cuente con mayoría en el Congreso. Lo lógico, en todas partes, es que cuando existe una mayoría ciudadana, ésta asume el poder Ejecutivo y el Legislativo, que son justamente los de elección popular. No hay motivo válido alguno para pedir la disgregación de la mayoría política que se ha venido conformando en el país. Pero, ¿quiénes buscan hoy que esa mayoría se divida por miedo de sí misma? Son los integrantes del PRIAN que se resisten al desmoronamiento de su sistema político. Enrique Krauze no es sólo un ideólogo de esa amalgama de poder sino es también uno de sus matraqueros.

El fracaso del frente panista

Entre el 17 de octubre y el 17 de noviembre de 2017, el frente integrado por el PAN con otros dos partidos pasó de 35 al 25% en el promedio de mediciones demoscópicas. Ese fue el efecto Ricardo Anaya, pues corresponde al momento de la formalización política de su candidatura, luego de la renuncia al partido de Margarita Zavala. No es verdad que los posteriores señalamientos penales en contra de Anaya le hayan restado porcentaje. La baja de diez puntos es atribuible al candidato. El PAN debió cambiarlo a fines de noviembre para tratar de recuperar algunos votos. Había tiempo, pues la convocatoria iba a ser expedida hasta el 21 de diciembre.

El hundimiento del proyecto de hacer un “frente ciudadano”, aunque que en realidad era sólo de tres partidos, no fue causado por el simple hecho de hacer una alianza sino por sus insostenibles bases constitutivas. El encuentro histórico de la derecha con la izquierda no se pudo acreditar porque no lo era, ya que, desde antes, el PRD había dado la espalda a la corriente política nacional y popular de la cual surgió. La alianza de la dirección perredista con el PAN era un medio de confirmar la traición, no tanto por hacer un frente, sino porque el candidato era justamente el presidente del viejo partido de la derecha.

El frente construido por el PAN se ubicó en algo así como un vacío político, el cual quiso ser llenado con la propuesta izquierdista de renta ciudadana universal, presentada por Ricardo Anaya en el momento de lanzarse como (pre) candidato. Acción Nacional no podía respaldar esa idea ni tampoco era realizable, al menos en el corto plazo, porque costaría casi la mitad del presupuesto federal.

Anaya se mostró como un neoliberal sin escrúpulos, capaz de presentar la idea más atractiva para combatir la pobreza, pero sin la menor congruencia con la política de su partido ni con sus propias convicciones. La renta universal era, entonces, tan solo un operativo para ganar una elección y, luego, incumplir la promesa por inviable.

El candidato del PAN hacía de tal forma un juego de audacia que en realidad era escandaloso en un doble sentido. En su propio bando, la promesa de renta ciudadana generó rechazo por “populista” y, en todos los otros, hubo mutismo por ser simplemente demagógica. Él mismo la dejó caer. Nadie la recogió en el debate político nacional. El tema, sin embargo, es de gran importancia pero Anaya lo ha pervertido al utilizarlo en forma inescrupulosa y soez. Eso suele ocurrir con los proyectos de izquierda apropiados por la derecha: todo se torna en lacerante mentira.

El gobierno de coalición fue otro instrumento de la audacia del frente creado por el PAN. Ante un presidencialismo despótico en declive pero subsistente bajo su forma corrupta, Acción Nacional adoptó la idea de pactar una futura coalición de gobierno. El PAN y el PRD han ganado juntos varias gubernaturas pero en ninguna de ellas existe algo así, sino que el gobernador quita, pone y repone a su gusto y es el jefe único.

Un gobierno de coalición de carácter legal, como el que se plantea, requiere, antes que nada, la conformación de un colegiado con facultades constitucionales, pero eso es justamente lo que no propone el frente creado por el PAN. Se quiere engañar a partir de una figura introducida recientemente en la Constitución, llamada “gobierno de coalición”, pero que depende por completo de la decisión personal del presidente. O sea, no es lo que dice ser.

El frente panista abrazó la tesis de que los liderazgos políticos se pueden improvisar. En esto existe un paralelismo con la postulación de José Antonio Meade, presentado como candidato “ciudadano” postulado, contradictoriamente, por el presidente de la República. En el PAN fabricaron la invendible mercancía de que el frente sería “ciudadano” y, el líder, un personaje sin pasado, aunque, en verdad, con trayectoria tormentosa. La postulación de Anaya fue también ocasión para consumar un rompimiento, largamente incubado en el PAN, para dejar fuera a Felipe Calderón, mediante el uso de una aplanadora mayoría en los órganos de dirección panista. Pero el monto de lo que se rompe arriba suele ser menor que lo quebrado abajo. Esa es la historia de la candidatura malograda de Margarita Zavala y de todo lo que fue dejando el panismo en el camino.

El PAN tiene un competidor que se llama José Antonio Meade. El espacio de la derecha lo ocupan en empate dos partidos, Acción Nacional y el PRI. Por reveladora coincidencia, los candidatos de ambos partidos están haciendo promesas en materia de redistribución del ingreso, principalmente por cuenta de los fondos públicos. El “populismo” defenestrado por la derecha política es retomado sin explicación alguna por los candidatos Anaya y Meade. Eso les hace aun menos creíbles. ¿Por qué nada de eso propusieron antes?

La idea de convocar al “voto útil” para derrotar a López Obrador hubiera tenido que partir de un rechazo mayoritario hacia el líder de Morena, pero las encuestas registran más repudios contra los candidatos del PRI y del PAN. El “voto útil” se hizo inoperante por falta de utilidad.

Según los demoscópicos, más de la tercera parte de quienes se consideran a sí mismos perredistas manifiestan su intensión de votar por AMLO mientras que otro tercio se encuentra entre quienes no manifiestan preferencia alguna. El frente es un fracaso también desde el punto de vista cuantitativo, es decir, en su elemental propósito de sumar votos. El asunto se agrava cuando Meade se nutre de la décima parte del voto duro tradicional panista y pretende sacar más mediante la campaña contra Anaya por los negocios oscuros que se le atribuyen. “Aquí eres el único indiciado, Ricardo”, le ha dicho el priista en el reciente debate, aunque ya antes lo había tildado de traidor, sin precisar causa ni gobierno traicionado.

Es verdad que el PAN, con otro candidato y sin incómodas alianzas, no hubiera sido tampoco una fuerza con perspectiva de triunfo en la elección presidencial, debido a que no es opción alternativa frente al sistema actual de gobierno, pero, al menos, no estaría en la complicada situación de integrar una coalición anómala, inconsistente e inexplicada, la cual le divide, desdibuja y desarregla en el espectro político nacional.

La idea de Anaya de presentarse como el mejor y más seguro relevo del gobierno actual siempre fue una vana ilusión porque el PAN operó casi siempre como segmento del PRIAN durante el mandato de Peña Nieto. Se podría decir que las políticas de Vicente Fox y de Felipe Calderón fueron aproximadas reproducciones de la tradición priista y del Estado corrupto mexicano. Nada mejoró en el país y algunas cosas empeoraron. El contraste nunca existió o jamás fue percibido, lo que equivale a seguir en lo mismo. El PAN desperdició miserablemente sus dos oportunidades.

Ante su propio fracaso, el último recurso del frente panista ha sido el de denunciar un pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador. Pero tal sensacional revelación se hace luego de buscar con desesperación e infructuosamente la declinación de Meade en favor de Anaya. Este giro tiene dos componentes: por un lado, es la tesis del PRD de que AMLO quiere restaurar el priismo, con la cual busca justificar su inocultable traición a la izquierda popular mexicana; por el otro lado, es una prematura explicación de la derrota electoral de Acción Nacional.

De ese frente creado con grandes ilusiones por el PAN no quedará más que amargura. Ese partido tendrá que ajustar filas internas, pero volverá a su estado de partido de derecha tradicional, neoliberal, sin duda, lo cual le moderniza pero no tanto. Podrán los panistas digerir la audaz aventura de haberse presentado como lo que no son, pero su líder actual y candidato tendrá que morder el polvo de la derrota.

Meade se hundió en su propia canallada

La directa acusación de José Antonio Meade contra Nestora Salgado en el debate de Tijuana propagó una opinión que lesiona derechos de esta persona. Ella no está sometida a juicio, ni mucho menos ha sido declarada culpable. La libertad de difusión de opiniones establecida en el artículo 7º de la Constitución no otorga cobertura al atrevimiento del candidato priista.

El propósito indirecto de Meade ha sido señalar a López Obrador como responsable de la candidatura de Nestora Salgado, la cual ya fue “penalmente condenada” por el aspirante priista. Esta atrocidad, aun al calor del debate político, no merece respuesta porque el problema no está en la libertad de los partidos, sino en que un adversario pretenda prohibir la postulación de candidatos o candidatas de otras organizaciones que, en su opinión personal, forman parte de la delincuencia.

La explicación posterior de Meade es que él defiende a las víctimas, pero no ha dicho con base en qué se ha atrevido a llevarle la contraria públicamente a dos jueces penales. En realidad, el papel que Meade leyó en el debate es la transcripción de un párrafo de la declaración de una denunciante y testigo, la cual fue desestimada en el juicio, pero que Meade da por verdad.

Como es natural, el punto no puede versar sobre los concluidos procesos penales contra Nestora Salgado, por más que el fiscal haya apelado las sentencias, sino acerca de la utilización de una amplia plataforma de comunicación social para dar por culpable de un delito grave a una candidata.

La calumnia contra las personas está prohibida en la propaganda que difundan los partidos y los candidatos, según reza el apartado C del artículo 42 de la Constitución. Aunque la calumnia se emitió en un debate, éste no deja de ser propaganda electoral. En consecuencia y dado que el encuentro fue organizado y difundido por el Instituto Nacional Electoral, aun sin queja, esta autoridad debió abrir un expediente para calificar la conducta de Meade y proceder de acuerdo con la ley. Sin embargo, lo que tenemos es mutismo institucional. Por fortuna, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dicho con energía que sólo los jueces sentencian.

No hay duda que atacar a Nestora Salgado ha tenido el propósito de comprometer al candidato Andrés Manuel López Obrador, presentarlo como alguien que arropa delincuentes. Mas la arrogancia de José Antonio Meade consiste en ubicarse a sí mismo como fiscal y juez. Hasta hace poco se le había tenido sólo como un tecnoburócrata de carrera, nunca ha sido elegido para ningún cargo, pero su candidatura le ha transformado. Tenemos a un Meade que pronuncia sentencia condenatoria sobre un asunto que, además, con seguridad conoce superficialmente.

No hace falta imputar y condenar a alguien para discrepar de las propuestas de López Obrador sobre el tema de la delincuencia. En el primer debate, el mismo Meade acusó a AMLO de pasarse al “lado de los malos”. La discusión es fuerte e, incluso, los insultos han menudeado. Mas la calumnia contra una persona ausente, que no puede responder en un esquema de comunicación donde los emisores no son responsables y, por tanto, no hay derecho de réplica, es una canallada, en la que su autor, José Antonio Meade, se ha hundido por sí mismo.

Se cayeron afanosos esfuerzos del priista por presentarse como una persona decente.

El mismo debate

El debate de Tijuana parece una segunda versión del primero, significado por ataques programados. El ambiente político mexicano se caracteriza ahora por un candidato que se perfila hacia la Presidencia como puntero en todas las encuestas y dos candidatos (PAN y PRI) que no han encontrado la forma de generar una base de confianza que les permita entrar con fuerza en la competencia.

La democracia mexicana es limitadamente competencial. La gente vota cada tres años y no vuelve a intervenir en las decisiones. A través de esa única ventana que tiene la ciudadanía se proyectan los rechazos, hartazgos, temores y perjuicios que se van acumulando.

Lo que tenemos es un gobierno fracasado. La economía no despuntó y el producto por habitante sigue estancado. No se atendió el rezago educativo mientras la atención médica sigue siendo extremadamente desigual. México es un país de inmensas desigualdades sociales en el que, al fin de cuentas, prevalece la pobreza, pero vive dos crisis paralelas: corrupción y violencia.

Se pensó presentar al candidato José Antonio Meade como un ciudadano con el apoyo del PRI, pero esa maniobra se cayó desde el primer acto de precampaña: “háganme suyo”, les dijo a los priistas. Es por ello que el tecnoburócrata no conmueve a nadie y sigue en actos políticos intramuros. En el debate, sus propuestas se caen solas porque no se entiende cuál es el plan general.

José Antonio Meade fue orillado a defender la invitación a Donald Trump, que hicieron Videragaray y Peña Nieto cuando aquel era candidato. Su respuesta fue que se creía que el republicano no alcanzaría la Presidencia de EU. Pero ahí rodó él mismo y sus amigos. Si el multimillonario no iba a llegar, razón de más para abstenerse de invitarle a un diálogo directo y protocolar con el presidente mexicano. Meade exageró su afiliación gubernamental, peñista, y se hundió aún más.

Desde la oposición derechista tradicional no hay tampoco un programa social ni democrático. En esta oportunidad, Ricardo Anaya quiso presentarse como muy patriota y elaboró una artificial posición radical frente al gobierno de Trump. La réplica fue inmediata pero estuvo a cargo de uno de los conductores, León Krauze, quien lo puso contra las cuerdas cuando le dijo que sus propuestas llevarían a romper líneas de colaboración binacional, lo cual generaría nuevos y graves enfrentamientos con Estados Unidos. Anaya ya no lo podía echarse atrás pero tampoco supo explicar el alcance de su balandronada.

Ricardo Anaya tuvo otro traspié con su propuesta de exentar de impuesto sobre la renta a los ingresos mayores de 10 mil pesos al mes. Eso implicaría hacer un descuento de esa misma cantidad a la base grabable de todos los demás contribuyentes, incluso los más ricos. La solución al problema fiscal de los ingresos medios consiste, como lo ha planteado Morena, en reducir las tasas impositivas, lo cual no generaría subsidio alguno a los altos ingresos. Nadie rebatió al panista, quizá a la espera de que su propuesta corra la misma suerte de aquella “renta ciudadana universal” que murió de inanición.

El fuerte de López Obrador no es el debate porque no maneja un ritmo oratorio para explicar detalles en breve lapso, tal como se suele requerir en una discusión con tiempo medido. Por ello, el opositor se limitó a insistir en propuestas de un gran cambio.

Sin embargo, AMLO hizo un planteamiento nuevo sobre la crisis migratoria centroamericana, la cual afecta a México y Estados Unidos. Descartó que México deba ser policía de Washington, pero Propuso un plan social conjunto y, para ello, rememoró La Alianza para el Progreso de los años sesenta del siglo pasado. El planteamiento es nuevo aunque la referencia es pésima porque aquel plan de John F. Kennedy se hizo en el marco de la guerra fría, la cual, además, ya no existe.

No obstante, hay que reconocer que si pudiera haber una solución pronta a esa crisis migratoria tendría que pasar por un plan de política económica y social entre México y Estados Unidos hacia los tres países centroamericanos que viven esa situación. Al menos, eso sería un intento de abandonar la política de persecución y mal trato de migrantes que hoy observamos.

El debate de Tijuana fue para PRI y PAN una extensión de la guerra sucia que llevan a cabo contra López Obrador. Esta situación obra a favor de intercambios poco claros y estériles. Es evidente, como se ha señalado, que el nivel no es alto porque tampoco lo son las campañas. Los insultos, nada novedosos en México, no son tampoco para escandalizarse, aunque no son del nivel político que muchos desearían.

Quizá lo más feo es que los candidatos del PRI y el PAN se siguen disputando el privilegio de ser quien ocupe el segundo lugar y se presente como alternativa única frente a López Obrador. Eso les lleva a atacarse mutuamente pero, sobre todo, a competir en el campo de la guerra sucia, para ver quién de los dos ataca con mayor tino al líder de Morena.

El tercer debate será, probablemente, una repetición del anterior y del anterior. Sin embargo, la situación política de México es de lo más interesante: hay un torrente popular que quiere el cambio inmediato, dejar atrás décadas de gobiernos fracasados y dañosos. Ese torrente se ha convertido en una fuerza mayoritaria. En hora buena, sí, sonríe.

2opciones2

Desde antes del inicio de las campañas electorales, el país percibía la existencia de dos opciones políticas básicas: el neoliberalismo y el programa social. Ya iniciada formalmente la lucha electoral, eso es lo que se ha confirmado.

Por más que la alianza del PAN con el PRD se haya querido presentar como un neoliberalismo blando con algunas concesiones a la izquierda, lo cierto es que Ricardo Anaya ha fracasado en su intento de articular un programa social. Su propuesta de renta ciudadana universal, ideada para “rebasar” a AMLO, se ha desbarrancado ante su inconsistencia fiscal y las críticas del panismo. Sobre el mentado “gobierno de coalición”, Anaya ya ha admitido que él lo nombrará pero no en este momento. ¿Dónde quedaría la coalición?

Por su lado, José Antonio Meade reelabora puntos de López Obrador y formula propuestas que resultan deslavadas y extemporáneas. Por más que pretende hacer concesiones al programa social, el candidato priista genera hilaridad. Si AMLO plantea becas a todos los estudiantes del bachillerato (becarios sí, sicarios no), Meade las limita en cuantía y cobertura sólo a los jóvenes de familias de Progresa, una minoría en el país. Mucho menos ha dicho que debe haber un sistema universal de becas en la enseñanza universitaria. El candidato priista promete lograr el 60% de matricula en educación media superior, pero la Constitución marca a ésta como obligatoria, es decir, ya está prescrito en ley suprema llegar al 100%. La pensión de adultos mayores es ofrecida por el priista sólo dentro del programa de Sedesol, que comprende una minoría y es una copia mal hecha de la pensión universal de la CDMX, creada por AMLO. En todo tema social, Meade sigue extraviado. De las libertades y derechos, nada. ¡Qué desastre!

El neoliberalismo no es una ideología. Es un programa político tendiente a enterrar al Estado democrático y social, el cual se considera perjudicial para la libre empresa privada, la ganancia desregulada y el proceso de concentración y centralización de ingreso y riqueza. No sólo cuestiona el objeto y cuantía del gasto social sino también repudia la regulación estatal sobre las estructuras empresariales y los llamados mercados. Es la dictadura del dinero, cuyo estado mayor tiene sus sedes en las grandes bolsas de valores e instituciones circundantes.

Como en todo proceso político, el neoliberalismo no ha conquistado una victoria aplastante, así como el Estado social tampoco ha desaparecido por completo. La lucha entre esas dos tendencias sigue su curso ante la ausencia, por lo pronto, de una tercera opción.

En algunos países, como México, las recetas neoliberales se han suministrado con cierta lentitud pero cada seis años aumenta la dosis. Se ha llegado a privatizar yacimientos petroleros, lo cual no sólo es un insulto a la conciencia histórica nacional, sino un pésimo negocio para el Estado.

En América Latina hemos visto recientemente algunas sonadas derrotas políticas del Estado social, en especial en Argentina y Brasil. La primera, mediante la competencia electoral y, la segunda, a través de un canallesco golpe de Estado fraguado en el Congreso y la judicatura.

En México, como en ninguna otra parte, no se va a hundir del todo el neoliberalismo, pero puede recibir un fuerte golpe con la derrota de sus representaciones políticas. De los cuatro candidatos que aún siguen en la contienda, tres son claramente neoliberales. Como se nota con la renuncia de Margarita Zavala, existe una presión para que sólo quede uno. Se puede seguir negando la existencia de la mafia del poder, sin embargo, se mueve.

Pero los estrategas neoliberales no toman en cuenta que Ricardo Anaya se presenta como un opositor, mientras José Antonio Meade encarna el continuismo priista aunque lo niegue cada día. En consecuencia, si el oficialista Meade declinara en favor del opositor Anaya, a ojos de cualquiera ninguno de ellos sería lo que ha dicho ser.

Con cuatro, tres o dos candidatos, el esquema de dos opciones seguiría siendo vigente. Pero, con nuevos descartes (Bronco y Meade), el punto sería aún más claro para todos: seguir en lo mismo o abrir un nuevo camino.

Anticampañas: otra vez la guerra sucia

 

Tres candidatos y una candidata están empeñados en atacar a Andrés Manuel López Obrador, por lo cual no buscan presentar un programa diferente y pretendidamente superior al que fija el aspirante de Morena. Tampoco buscan la réplica sino sólo el ataque. Hacen anticampañas.

Mas el problema no termina en esa peculiar situación sino que se proyecta en la falta de una competencia real. AMLO sigue poniendo los temas: corrupción, seguridad pública y crisis de violencia, crecimiento económico, salarios, política presupuestal, política social, educación. Los otros candidatos y la candidata siempre están rechazando y atacando a López Obrador.

En el debate ocurrió algo inédito. Dentro del apartado de sistema político y democracia sólo hubo una propuesta concreta: la revocación de mandato como sistema constitucional, enunciada desde hace años por Andrés Manuel. Las réplicas se fueron hacia otra parte, pero lo más grotesco fue que el candidato del PAN, Ricardo Anaya, rechazó burlonamente la idea de AMLO, confundiéndolo con una votación a mano alzada. Como se sabe, ese sistema de votación en asamblea existe en México bajo métodos de usos y costumbres, pero no tendría porqué ser motivo de desprecio por ser practicado en municipios indígenas.

Asignar a López Obrador la idea de perdonar a los delincuentes organizados es una manera de eludir la discusión de un tema de inmensa importancia nacional. AMLO nunca ha propuesto perdón alguno. Mas, debido a que ha fracasado la política actual, la crisis de violencia reclama otro análisis y una política integral con varias vertientes, una de las cuales podría ser el sometimiento voluntario a la justicia, a cambio de una mejor condición penitenciaria, pero Ricardo Anaya inventó que eso no ha dado resultado en ninguna parte, lo cual es falso. No es ignorancia del panista sino deseo de engañar.

El candidato de uno de los partidos (PAN) que aprobaron el Fobaproa acepta, sin la menor sinceridad, que ese mecanismo fue y sigue siendo un gran fraude a la nación, según dijo, repitiendo palabras de AMLO. Luego, como Morena ha postulado a una sola persona que en aquel entonces votó a favor de la legalización del Fobaproa, López Obrador –dijo Anaya– ha dejado de ser honorable. ¿Qué pasa con todos los panistas que apoyaron y siguen apoyando el robo del Fobaproa-IPAB, incluyendo al actual candidato?

En un marco como este es imposible discutir propuestas. La costumbre de recurrir al ataque personal ha pervertido el debate, pero también esconde los temas verdaderamente trascendentes. ¿Para qué decidió Meade sacar lo del departamento familiar de AMLO, que ha sido aclarado hasta el cansancio, incluso, con la retractación que al respecto se vio obligado a hacer un diario estadunidense?

En el colmo, Anaya afirma con cartelito en mano que durante la gubernatura de López Obrador en la Ciudad de México aumentaron los índices delictivos, cosa que inmediatamente fue desmentida con las cifras de entonces. Y, otra vez, no se trata de desinformación personal del panista sino del uso de la mentira como arma de ataque.

En la carrera entre Anaya y Meade para lograr la mayor y mejor arremetida contra al candidato de Morena, el priista tenía preparado un espot donde aparece López Obrador, se reproducen escenas violentas sin ser identificadas y, al final, se lanza el reto: “ELIGE: MIEDO… O MEADE”. El mensaje está tan mal hecho que no podría promover la candidatura del priista. En realidad, lo relevante es la actitud mendaz, el ataque sucio contra el adversario.

Todos contra AMLO no puede ser un debate, sino expresión de ansiedades de obtener votos a partir de desacreditar al candidato más favorecido en las encuestas. El resultado es que otra vez tenemos la guerra sucia, pero ahora como caricatura de la que hizo Calderón en 2006, aunque su contenido sea muy parecido.

México vive una situación en la que un candidato recoge la crítica, el hartazgo y el enojo de millones de personas que cada seis años anidan esperanzas pero no perciben ningún cambio favorable. Es un hecho que Fox-Calderón-Peña, para hablar sólo de los últimos tres, no trajeron nada positivo. El Producto Interno Bruto por persona es prácticamente el mismo. México es uno de los países más estancados del mundo desde el punto de vista de su población y más próspero desde el punto de vista de sus magnates. No sólo es la pobreza sino también la falta de progreso y el aumento de la desigualdad. Existe un inmenso resentimiento social.

Por el otro lado, los candidatos de los partidos responsables de esa catástrofe están tratando de enlodar a López Obrador con mentiras evidentes.

Si conjugamos estos dos factores presentes en la coyuntura, las anticampañas de Meade, Anaya, Margarita y “El Bronco” confirman la crítica al actual régimen político y, por tanto, van a favorecer el cambio que ofrece Andrés Manuel. Pero, por lo pronto, llenan espacios de suciedad.

Aeropuerto espectacular

Ha dicho Carlos Slim que a los países les conviene construir aeropuertos espectaculares para que los viajeros se sientan de maravilla al arribar, lleguen más, traigan su dinero y se vayan contentos. En otras palabras, se nos está diciendo que en un país pobre como México lo indicado, como dice un refrán, es gastar el dinero que no se tiene para apantallar a gente que ni se conoce.

El proyecto del espectacular nuevo aeropuerto en Texcoco tiene asignados cuantiosos recursos presupuestales que ya se están ejerciendo. Miles de millones de pesos se destinan a hacer viable la construcción y funcionamiento de la gran obra de la que depende, según Slim, el futuro económico del país entero.

El resto de la operación sería de pago diferido. El problema consiste en que la tarifa de aeropuerto (TUA), más el arrendamiento de espacios comerciales y el derecho de uso de lugares de estacionamiento de los aviones (slots), no alcanzaría para pagar el mantenimiento y la expansión natural del nuevo puerto aéreo, sin poder cubrir, por tanto, el pago de los intereses de la deuda que se quiere contraer, el cual estaría otra vez a cargo de los sufridos contribuyentes. Esa obra no quedaría en menos de 350 mil millones porque cada mes aumenta su presupuesto, lo cual es una muy conocida técnica del contratismo, como ya lo vimos en la sencilla barda perimetral.

En palabras más simples, desde el punto de vista de su rentabilidad, para el Estado mexicano la obra sería un gran fracaso, pero los inversionistas y constructores harían un buen negocio. El bono tiene una tasa mínima de interés del 10% garantizada, mientras que la utilidad de los contratistas no sería menor del 20% del costo.

El error de construir un nuevo aeropuerto muy cerca del viejo nunca se ha cometido. Lo que se acostumbra es hacer nuevas terminales y más pistas. JFK de NY tiene 8 terminales; Heathrow en Londres tiene 5. Con frecuencia se construye un nuevo puerto aéreo en otro lugar para que funcione simultáneamente, como lo hemos visto en Nueva York, Londres, París, Sâo Paulo, Tokio, Moscú y en casi todas las demás grandes ciudades. El viejo aeropuerto neoyorquino de LaGuardia sigue abierto con sus dos pistas y sus tres terminales. Lo mismo podemos decir del ya antiguo Le Bourget de París, ciudad donde existen cuatro aeropuertos.

El argumento de Slim sobre la lejanía de Santa Lucía es incorrecto. Las distancias con el centro de la ciudad no parecen ser diferentes a la que habría en la Ciudad de México con dos aeropuertos: París-Ch. De Gaulle: 23 km; NY-JFK: 25 km; Londres-Hearthrow, 27 km; Moscú-Sheremetyevo, 30 km; CdMx-Santa Lucía: 29 km. Hay aeropuertos más lejanos como Narita en Tokio, con 60 km o Beauvais en París, con 80 km, pero con recorridos de una hora, casi lo mismo que se hace a veces en coche entre Las Lomas y el aeropuerto Benito Juárez.

Si se construyera un nuevo puerto aéreo en Santa Lucía, la distancia entre el nuevo y el viejo (32.7 km) sería mucho menor que la existente entre Newark y JFK en NY que es de 50 km, normalmente pesados, o entre Haneda y Narita en Tokio, de 80 km. Los cinco aeropuertos de Londres están a una distancia de entre 30 y 60 kilómetros del mayor de ellos, Herthrow, el cual recibe al año 75 millones de pasajeros aunque cuenta sólo con dos pistas.

Carlos Slim nos propone que se haga una especie de Paseo de la Reforma sobre ambas pistas del para entonces ex Aeropuerto Benito Juárez. Dice que ahí podrían construirse grandes edificios. De seguro que sería el boulevard más ancho del mundo, pero ¿a dónde llevaría?

El argumento del magnate contrasta con la promesa informal e inexplicada de hacer una zona de conservación ecológica o un parque recreativo. En realidad, el gobierno no se ha tomado la molestia de esbozar siquiera un proyecto, mucho menos su financiamiento. Si se le preguntara a Peña sobre el asunto, probablemente daría evasivas. Creo que ni le importa, a pesar de la reciente y costosa reconstrucción del “hangar presidencial”, el cual ya no serviría ni como salón de baile.

El actual no puede tener otro uso razonable y económico que el de aeropuerto. Los terrenos baldíos se podrían invadir, claro está, para ampliar las zonas de vivienda ya existentes, pero los edificios y las pistas no servirían para otro uso sin realizar inversiones quizá mayores que su valor actual. Muchos países quisieran un aeropuerto como el que hoy funciona en la Ciudad de México y ninguno lo cerraría. El del centro de Berlín fue, como se sabe, una excepción en una ciudad donde había 3 aeropuertos y suficiente dinero para reutilizar uno de ellos, el más viejo y estorboso, lo cual se hizo con éxito.

Como consecuencia de su proyecto, el gobierno también quiere cerrar la base aérea militar de Santa Lucía, que tiene la pista más larga y ancha del país, ya que, por su cercanía, no podría funcionar al mismo tiempo que el aeropuerto de Texcoco.

Lo que se quiere hacer tiene los dos lados de todo dispendio: gastar mucho más de lo necesario y desperdiciar lo que ya se tiene.

Carlos Slim afirma que la zona del nuevo aeropuerto se convertiría en un “polo de desarrollo”. Pero eso es justamente lo que ya no se quiere dentro de la gran ciudad, la cual no debe seguir expandiéndose.

Además, no habría tantos nuevos empleos como se afirma, porque el día en que el aeropuerto cambiara de domicilio dos cuadras adelante, sus actuales trabajadores abandonarían el viejo y se irían todos al nuevo.

El fondo del asunto es que se ha proyectado un aeropuerto espectacular que, para serlo, requiere concentrar todo el creciente tráfico aéreo de la capital del país. De esta forma, una idea de negocios se convierte en una política pública sin sentido práctico y con un alto costo presupuestal irrecuperable.

El planteamiento de que el aeropuerto en Texcoco promovería el bienestar de 5 millones de personas de esa zona es un volado de Slim, pero afirmar que la suspensión del proyecto detendría el desarrollo del país es de plano una inesperada fanfarronada del magnate. A él le ha sucedido lo que a José Antonio Meade, quien, en lugar de infundir miedo con su propaganda, suscita hilaridad.

Carlos Slim parece que pierde memoria. Él ha dicho que no es correcto oponerse cuando ya está todo listo para levantar el espectacular aeropuerto, que es, dijo, un proyecto que lleva seis años. Tiene más, pero desde entonces hemos venido criticando el derroche que se pretende sólo para hacer un negocio prescindible.

Cualquiera puede recordar que López Obrador, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, se opuso al proyecto de Vicente Fox de construir el aeropuerto en Atenco. Ahora, Peña Nieto lo quiere unos metros más cerca, pero es lo mismo. Lo que es diferente es el gran diseño arquitectónico, la fastuosidad del edificio terminal y su potencial de crecimiento: ya se habla, como algo próximo, de 100 millones de pasajeros al año. Eso se llama, en buenos términos, megalomanía.

Carlos Slim ha gozado al país como nadie desde que prácticamente le regalaron TELMEX (nunca se supo a cambio de qué) y a partir de ahí construyó la trasnacional América Móvil. Si él quisiera entrar de lleno en la competencia política tendría que postularse. Pero, como otros, no quiere perder su tiempo en la lucha por el poder sino seguir ejerciéndolo de manera fáctica sin presentar programa ni solicitar el voto. Eso es algo que también debe terminar en este sufrido México.

Democracia directa, ¿”ruta de colisión”?

La afirmación de López Obrador de que es mejor consultar al pueblo (la ciudadanía) para tomar las grandes decisiones, ha sido respondida por Héctor Aguilar Camín, en el diario Milenio (11.04.18), con la tesis de que la democracia directa, defendida por el candidato de Morena, es una “ruta de colisión”.

¿Qué mecanismos o sistemas colisionarían? El escritor nos explica: “la lógica binaria de la voluntad en blanco y negro de la ciudadanía y la voluntad negociada de la lógica representativa, por definición matizada, llena de grises.”

Aguilar Camín parece ignorar que para llegar a una consulta popular es preciso hacer antes un proyecto. Algunas veces se vota en el parlamento y el decreto se refrenda o rechaza en las urnas; otras, se realizan negociaciones políticas promovidas por el Ejecutivo y luego se convoca a plebiscito. En ambos mecanismos hay oportunidad de abrir un debate e incorporar matices buscando la mayoría ciudadana.

En cambio, el sistema meramente representativo nunca ha garantizado la “moderación” de los proyectos del Ejecutivo, quien suele enviar sus iniciativas a un Congreso más o menos presionado por el gobierno. Luego, se tiene el problema de los “grises” mismos, es decir, maniobras, cabildeos, compra de votos, tráfico de influencias, intercambio de favores, todo ello entre legisladores y entre éstos y el secretario del ramo, con frecuencia pertrechados desde el poder del dinero.

En México no se usa el referéndum ni el plebiscito. Cuando se intentó que se pusiera a votación ciudadana la reforma energética del PRIAN, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inventó que no era permisible la consulta popular porque la privatización del petróleo podría conducir a mayores ingresos del Estado y la Carta Magna no permite que ese tema se vote en forma directa. Esta monumental mentira consagró al máximo tribunal del país como un grupo de jueces de consigna, con la excepción del ministro José Ramón Cossío. Como nadie dudaba entonces que una consulta popular sobre el tema de la energía llevaría a la derogación de las reformas, el gobierno usó burdamente a la Corte para negar a la nación el derecho de decidir sobre su legítimo patrimonio. Volvimos a un pasado de ignominia.

Antes de la infame maniobra judicial, ¿dónde habían estado los “grises”, que tanto preocupan a Aguilar Camín, en aquellas negociaciones sobre energía que llevaron a reformar la Constitución? El PRI y el PAN no cedieron nada, entregaron a grandes empresas privadas casi todas las reservas probables, posibles y prospectivas, dejando a Pemex unas migajas, como ya se ha estado viendo.

Dos partidos, funcionando como uno solo, es igual a un sistema de partido único, lo cual no quiere decir que no haya discusión sino que sólo se toman en cuenta las propuestas y los argumentos que coinciden con aquella idea fundamental que se va a convertir en ley. Sí hay “grises”, quizá, como los pide Aguilar Camín, pero no hay colores.

La “política binaria” es lo que tenemos en la democracia representativa. Se tiene la mayoría o no se tiene en un consistorio para imponer una legislación sin consultar a nadie más, sin pensar en lo que la ciudadanía pudiera estar queriendo, buscando, sufriendo.

Aunque la democracia representativa no sea por ahora sustituible del todo, nunca ha sido suficiente. Aún más, los representantes políticos de la ciudadanía suelen ser falsos en cierta medida porque no pueden representar por igual a la totalidad de los electores que les eligieron, mucho menos a quienes componen un distrito o un estado. Por eso existe la representación proporcional, pero ésa no resuelve del todo el problema.

Una idea que se aprecia en el fondo de la “colisión” de Aguilar Camín es que el pueblo no puede legislar porque no sabe. Nadie ha demostrado que los únicos que sí saben sean los legisladores. Aquí el asunto más desagradable radica en que se defiende un monopolio de sabiduría en asuntos del Estado y de la sociedad vista en su conjunto. La ciudadanía en México no vota siquiera sobre la apertura de una calle.

En muchos lugares, la democracia directa se ha venido abriendo paso. Hay países, como Suiza, en los que casi todo es votado por los electores. En Estados Unidos, donde se inventó el sistema representativo y federal que existe en México, la gente decide sobre muchos puntos sin que se informe en la prensa al público mexicano. El sistema de consultas suele ser amplio en la mayoría de los estados del vecino del norte, pero no hemos visto “colisiones”.

Existe un problema de mayor fondo: los derechos son conquistas. No hay prerrogativas otorgadas por divinidades ni tampoco existen derechos naturales. Tomar decisiones sobre asuntos colectivos debería ser un derecho tal como lo es el hacerlo en aspectos individuales. Así como los electores eligen a sus representantes –decisión acotada en un determinado marco jurídico político–, la misma ciudadanía podría legislar por mayoría.

Hay más. Los derechos –postulamos—no deben involucionar. A cada momento de la historia se han de producir cambios progresivos. Hoy tenemos más derechos que antes. Aunque ya existía en la antigüedad en algunos pueblos, es reciente el derecho a tomar parte directa en la legislatura, digamos, a partir de la segunda postguerra. Estaríamos en desacuerdo con un sistema que nos pudiera llevar hacia atrás en materia de derechos, ni siquiera con uno que nos paralizara como estatuas, tal como lo pide Aguilar Camín, aunque fuera sólo por miedo a las “colisiones”.

No siempre y no todos los derechos políticos son considerados como derechos humanos. Mas ahora se postula que la generalidad de los derechos deben convertirse en fundamentales. De lo que se trata es de que, más allá de la asociación, petición, manifestación de ideas, libre comunicación, tránsito, voto, no discriminación, educación, salud y otros que andan por ahí tocando la puerta de los derechos fundamentales, se avance mucho más en ese camino. La consulta popular tiende a convertirse en fundamental. Para su ejercicio, debe haber reglas que no la nieguen como libertad y como derecho, sino la afirmen y la garanticen. En eso estamos.

Por lo pronto, salvo decisión arbitraria y majadera de la Suprema Corte bajo órdenes del Ejecutivo, el artículo 45 de la Constitución que tenemos frente a nuestras narices dice que es derecho ciudadano votar en las consultas populares y que éstas deben realizarse a pedido del 2% de los electores enlistados.

Se diría, en la óptica de Aguilar Camín, que ya es un derecho el ser “binario” con voluntad en “blanco y negro”. Sí, en efecto, pero, como tal derecho, no podría ser disminuido sino sólo ampliado (progresividad), según el artículo 1º de la misma Constitución que, se supone, nos rige.

El tema de la lógica binaria no está en el debate, al menos por el momento. Lo que ocupa el mayor lugar en las discusiones se refiere a los evidentes límites de la democracia representativa y a la consecuente necesidad de la democracia directa. Eso es lo que les decía el candidato López Obrador a los amigos de Aguilar Camín en aquel memorable debate en Milenio TV.

Gobierno de coalición es una farsa

Los partidos buscan el poder, por lo cual ninguno tiene como fin programático hacer un gobierno de coalición. Tampoco se considera que es mejor, de por sí, gobernar con otros. Las coaliciones son provocadas por la situación, dentro de perspectivas halagüeñas y justificadas, mas con frecuencia resultan de las políticas de alianzas de sus pactantes. Muchos electores, por su lado, tienden a preferir un partido o un frente de partidos con acuerdo congruente y duradero.

Entonces, ¿qué se pretende con la oferta de gobierno de coalición presentada por el PAN? Veamos cómo es que se trata de una farsa, ideada con el peregrino propósito de atraer apoyos de personas desinformadas o distraídas, pero, sobre todo, para dar cobertura argumental a una alianza electoral con el PRD.

Se postula la necesidad de un gobierno de coalición con el anhelo, se dice, de que no dirija un solo partido y, para ello, se crea un frente electoral para unir izquierda y derecha sin tener que dar explicaciones. Así, se presenta como finalidad de la unidad a la unidad misma.

Para dar forma al tal gobierno de coalición se ha ideado una figura inexistente en la Constitución, bajo el nombre de Jefe de Gabinete, el cual sería, se dice, una persona perteneciente a un partido diferente al del Presidente de la República. Para ese desempeño se ha designado a Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, éste no es miembro de “otro partido”, sino que carece de militancia, aunque sí es candidato de uno de ellos, el PAN, justamente al que pertenece Ricardo Anaya. No es cierto, por tanto, que el tal Jefe de Gabinete sería el contrapeso partidista del Presidente de la República. Cierto es que pocos se creen la idea de un próximo gobierno de varios partidos, mucho menos Mancera, quien ya es candidato a senador en lugar de serlo a jefe de gabinete para lo que Anaya le ha designado.

Lo peor del esquema es que, además de que no habría Jefe, tampoco Gabinete. En la reforma constitucional (art. 89-XVII) para introducir la figura de “gobierno de coalición”, el PRI y el PAN olvidaron crear el Consejo de los secretarios de Estado, es decir, el Gabinete, de tal manera que la única diferencia es que el Senado tendría que aprobar el convenio y el programa de la coalición, si a caso se lo solicitara el Presidente de la República. No hay más.

En realidad, las sucesivas reformas políticas desafortunadamente no han introducido modificaciones orgánicas al Poder Ejecutivo.

Si el PAN llegara a la Presidencia, habría, con suerte, una ridícula “coalición” bajo el mando personal de Ricardo Anaya. Se trata de un falso bipartidismo en el gobierno, como lo ha sido en todos los estados donde PAN y PRD se han aliado y han obtenido el triunfo dizque para gobernar juntos, según ofrecía el mismo Anaya cuando era presidente de Acción Nacional.

El PAN y el PRD están aliados por el momento, pero con propósitos diferentes. Acción Nacional, por su lado, busca la Presidencia de la República con todo el peso institucional del cargo, al igual que como ya ha logrado recientemente varias gubernaturas. En cambio, el PRD sólo busca algunos puestos convenidos con la derecha y, ante todo, impedir que la izquierda alcance el Poder Ejecutivo.

La historia conoce convergencias de izquierdas, por un lado, y de derechas, por otro. Como proyectos exitosos en América Latina, recordamos la Unidad Popular de Chile y el Frente Amplio de Uruguay, entre otros. Podríamos decir que esas eran alianzas serias. Hemos visto frentes neoliberales, como en Chile, Brasil y Argentina. Pero, luego, presenciamos en Brasil una catastrófica alianza entre izquierda y dizque centristas, en realidad neoliberales hipócritas pero muy “modernos” (PMDB), la cual desembocó en el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff.

Lo que no habíamos visto es un frente electoral entre la derecha tradicional, rancia y también neoliberal, y un partido de izquierda con programa anti neoliberal. Se entiende que el PAN lo ha pactado por el papel de liderazgo que desempeña, mientras el PRD lo ha admitido por su conversión en un organismo para el mercadeo político, en el cual ya no hay otros objetivos que los meramente comerciales. Lo que tenemos aquí es una compra-venta de servicios, sin fecha de caducidad pactada, por lo cual se puede romper en el momento en que el negocio vaya mal. De la izquierda perredista no está quedando nada, por no decir que ya se extinguió.

Se entiende así que es una farsa el planteamiento panista de gobierno de coalición.

Democracia defenestrada

Siete periodistas polemizaron el miércoles pasado con Andrés Manuel López Obrador en Milenio Tv. Lo más destacado no fue que el candidato haya sido acusado de creerse infalible y cosas por el estilo, lo cual es cantaleta de varios de esos profesionales del periodismo. Hubo también oportunidad de tocar el tema de la democracia.

Varios expresaron sus miedos a una posible presidencia (de AMLO) de carácter autoritario y de espaldas al Congreso. La acusación fue difusa pero luego adquirió concreción en el tema de la consulta popular propuesta como método político por Andrés Manuel.

Carlos Marín sacó a relucir uno de sus recurrentes argumentos: las “equivocaciones de los pueblos”, tal como la “pavorosa” elección alemana que llevó a Hitler al poder, sin decir, claro, que los nazis no habían alcanzado entonces la mayoría absoluta pero pudieron formar gobierno ante la absurda división de los demás partidos. AMLO afirmó que los ciudadanos se equivocan menos que los políticos. El pueblo, dijo, tiene un instinto certero, es sabio. “Yo discrepo de ti en esto”, le respondió el candidato al director de Milenio con cierto comedimiento, y agregó: “en democracia es el pueblo el que manda, el que decide”.

Como es entendible, el columnista y director salió en defensa de esa institución tan despreciada por él mismo, el parlamento. “Hay una representación en el Congreso”, insistió para ladearse claramente a favor del método de las decisiones indirectas. “Son dos tipos de democracia”, agregó, como si fuera un paciente profesor, el tres veces candidato a presidente de la República: “una, representativa, que es la del Congreso”; y “existe también (debe existir, se corrigió) la participativa”. Para aclarar mejor su argumento, AMLO agregó: “no es que la democracia termina y se agota en una elección constitucional”.

Como no era lugar para repetir las conocidas groserías e insultos que suele escribir el director de Milenio en sus consuetudinarias columnas, tuvo que entrar al quite Jesús Silva-Herzog, un poco más instruido, para argumentar a favor del método de tomar las decisiones en el Congreso: “la consulta popular tiene un mecanismo que es una disyuntiva entre sí y no”; el Congreso es un espacio donde podemos decir sí a esto, no a esto otro; la consulta es una manera de plantear la política binaria”. López Obrador le respondió que lo mejor es el debate y la información para que se manifiesten quienes están a favor y están en contra, lo que “no ha existido en el país”.

Ya antes, Andrés Manuel había aclarado que son tres momentos para los grandes temas: informar y debatir; consulta ciudadana; y modificación de leyes en el Congreso.

Silva-Herzog fue al contraataque, aunque ya menguado: “sí hay –dijo– una diferencia muy importante entre plantear una reforma constitucional en el Congreso, donde está la representación de la diversidad, y plantear el cambio, echar para atrás reformas estructurales a través de una consulta popular directa”. ¿Fuera del Congreso no hay diversidad? ¿Lo que se hizo en el Congreso no se puede deshacer en el referéndum popular? Este suele ser un el método democrático para corregir al parlamento en las llamadas “democracias avanzadas”. ¿Ni a ese nivel podemos llegar?

Mientras sus interlocutores cuestionaban la democracia participativa y, en especial, las consultas populares, quizá López Obrador estaba recordando que la reforma energética fue impugnada, se colmó el requisito de firmas que exige la Constitución y se demostró la trascendencia del decreto legislativo cuya derogación se pretendía. Sin embargo, la Suprema Corte le salió al país con la increíble versión de que no puede haber consulta popular cuando su posible resultado genere un gasto al Estado. Eso no dice la Carta Magna, la cual sólo se refiere a temas de presupuesto, leyes fiscales y financiamiento como lo que no se debe votar por parte de la ciudadanía directamente. La mayoría de los ministros y ministras, con la sola excepción de Cossío, se hincaron frente al poder presidencial y cancelaron un derecho del pueblo a pesar de que ya se encuentra en la Constitución. Así opera el sistema.

Quizá también López Obrador y algunos de quienes escuchaban la entrevista (¿comparecencia?) estaban pensando que la ausencia de un Estado de derecho es precisamente una de las perversiones antidemocráticas que es preciso combatir, pero no sólo desde abajo sino también desde arriba, desde la Presidencia de la República y el Congreso, para tratar de abrir otros caminos.

Al final, esos periodistas conservadores, enemigos de las consultas populares, acusaron a AMLO de conservador. Así es México, por el momento.