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Aeropuerto espectacular

Ha dicho Carlos Slim que a los países les conviene construir aeropuertos espectaculares para que los viajeros se sientan de maravilla al arribar, lleguen más, traigan su dinero y se vayan contentos. En otras palabras, se nos está diciendo que en un país pobre como México lo indicado, como dice un refrán, es gastar el dinero que no se tiene para apantallar a gente que ni se conoce.

El proyecto del espectacular nuevo aeropuerto en Texcoco tiene asignados cuantiosos recursos presupuestales que ya se están ejerciendo. Miles de millones de pesos se destinan a hacer viable la construcción y funcionamiento de la gran obra de la que depende, según Slim, el futuro económico del país entero.

El resto de la operación sería de pago diferido. El problema consiste en que la tarifa de aeropuerto (TUA), más el arrendamiento de espacios comerciales y el derecho de uso de lugares de estacionamiento de los aviones (slots), no alcanzaría para pagar el mantenimiento y la expansión natural del nuevo puerto aéreo, sin poder cubrir, por tanto, el pago de los intereses de la deuda que se quiere contraer, el cual estaría otra vez a cargo de los sufridos contribuyentes. Esa obra no quedaría en menos de 350 mil millones porque cada mes aumenta su presupuesto, lo cual es una muy conocida técnica del contratismo, como ya lo vimos en la sencilla barda perimetral.

En palabras más simples, desde el punto de vista de su rentabilidad, para el Estado mexicano la obra sería un gran fracaso, pero los inversionistas y constructores harían un buen negocio. El bono tiene una tasa mínima de interés del 10% garantizada, mientras que la utilidad de los contratistas no sería menor del 20% del costo.

El error de construir un nuevo aeropuerto muy cerca del viejo nunca se ha cometido. Lo que se acostumbra es hacer nuevas terminales y más pistas. JFK de NY tiene 8 terminales; Heathrow en Londres tiene 5. Con frecuencia se construye un nuevo puerto aéreo en otro lugar para que funcione simultáneamente, como lo hemos visto en Nueva York, Londres, París, Sâo Paulo, Tokio, Moscú y en casi todas las demás grandes ciudades. El viejo aeropuerto neoyorquino de LaGuardia sigue abierto con sus dos pistas y sus tres terminales. Lo mismo podemos decir del ya antiguo Le Bourget de París, ciudad donde existen cuatro aeropuertos.

El argumento de Slim sobre la lejanía de Santa Lucía es incorrecto. Las distancias con el centro de la ciudad no parecen ser diferentes a la que habría en la Ciudad de México con dos aeropuertos: París-Ch. De Gaulle: 23 km; NY-JFK: 25 km; Londres-Hearthrow, 27 km; Moscú-Sheremetyevo, 30 km; CdMx-Santa Lucía: 29 km. Hay aeropuertos más lejanos como Narita en Tokio, con 60 km o Beauvais en París, con 80 km, pero con recorridos de una hora, casi lo mismo que se hace a veces en coche entre Las Lomas y el aeropuerto Benito Juárez.

Si se construyera un nuevo puerto aéreo en Santa Lucía, la distancia entre el nuevo y el viejo (32.7 km) sería mucho menor que la existente entre Newark y JFK en NY que es de 50 km, normalmente pesados, o entre Haneda y Narita en Tokio, de 80 km. Los cinco aeropuertos de Londres están a una distancia de entre 30 y 60 kilómetros del mayor de ellos, Herthrow, el cual recibe al año 75 millones de pasajeros aunque cuenta sólo con dos pistas.

Carlos Slim nos propone que se haga una especie de Paseo de la Reforma sobre ambas pistas del para entonces ex Aeropuerto Benito Juárez. Dice que ahí podrían construirse grandes edificios. De seguro que sería el boulevard más ancho del mundo, pero ¿a dónde llevaría?

El argumento del magnate contrasta con la promesa informal e inexplicada de hacer una zona de conservación ecológica o un parque recreativo. En realidad, el gobierno no se ha tomado la molestia de esbozar siquiera un proyecto, mucho menos su financiamiento. Si se le preguntara a Peña sobre el asunto, probablemente daría evasivas. Creo que ni le importa, a pesar de la reciente y costosa reconstrucción del “hangar presidencial”, el cual ya no serviría ni como salón de baile.

El actual no puede tener otro uso razonable y económico que el de aeropuerto. Los terrenos baldíos se podrían invadir, claro está, para ampliar las zonas de vivienda ya existentes, pero los edificios y las pistas no servirían para otro uso sin realizar inversiones quizá mayores que su valor actual. Muchos países quisieran un aeropuerto como el que hoy funciona en la Ciudad de México y ninguno lo cerraría. El del centro de Berlín fue, como se sabe, una excepción en una ciudad donde había 3 aeropuertos y suficiente dinero para reutilizar uno de ellos, el más viejo y estorboso, lo cual se hizo con éxito.

Como consecuencia de su proyecto, el gobierno también quiere cerrar la base aérea militar de Santa Lucía, que tiene la pista más larga y ancha del país, ya que, por su cercanía, no podría funcionar al mismo tiempo que el aeropuerto de Texcoco.

Lo que se quiere hacer tiene los dos lados de todo dispendio: gastar mucho más de lo necesario y desperdiciar lo que ya se tiene.

Carlos Slim afirma que la zona del nuevo aeropuerto se convertiría en un “polo de desarrollo”. Pero eso es justamente lo que ya no se quiere dentro de la gran ciudad, la cual no debe seguir expandiéndose.

Además, no habría tantos nuevos empleos como se afirma, porque el día en que el aeropuerto cambiara de domicilio dos cuadras adelante, sus actuales trabajadores abandonarían el viejo y se irían todos al nuevo.

El fondo del asunto es que se ha proyectado un aeropuerto espectacular que, para serlo, requiere concentrar todo el creciente tráfico aéreo de la capital del país. De esta forma, una idea de negocios se convierte en una política pública sin sentido práctico y con un alto costo presupuestal irrecuperable.

El planteamiento de que el aeropuerto en Texcoco promovería el bienestar de 5 millones de personas de esa zona es un volado de Slim, pero afirmar que la suspensión del proyecto detendría el desarrollo del país es de plano una inesperada fanfarronada del magnate. A él le ha sucedido lo que a José Antonio Meade, quien, en lugar de infundir miedo con su propaganda, suscita hilaridad.

Carlos Slim parece que pierde memoria. Él ha dicho que no es correcto oponerse cuando ya está todo listo para levantar el espectacular aeropuerto, que es, dijo, un proyecto que lleva seis años. Tiene más, pero desde entonces hemos venido criticando el derroche que se pretende sólo para hacer un negocio prescindible.

Cualquiera puede recordar que López Obrador, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, se opuso al proyecto de Vicente Fox de construir el aeropuerto en Atenco. Ahora, Peña Nieto lo quiere unos metros más cerca, pero es lo mismo. Lo que es diferente es el gran diseño arquitectónico, la fastuosidad del edificio terminal y su potencial de crecimiento: ya se habla, como algo próximo, de 100 millones de pasajeros al año. Eso se llama, en buenos términos, megalomanía.

Carlos Slim ha gozado al país como nadie desde que prácticamente le regalaron TELMEX (nunca se supo a cambio de qué) y a partir de ahí construyó la trasnacional América Móvil. Si él quisiera entrar de lleno en la competencia política tendría que postularse. Pero, como otros, no quiere perder su tiempo en la lucha por el poder sino seguir ejerciéndolo de manera fáctica sin presentar programa ni solicitar el voto. Eso es algo que también debe terminar en este sufrido México.

Democracia directa, ¿”ruta de colisión”?

La afirmación de López Obrador de que es mejor consultar al pueblo (la ciudadanía) para tomar las grandes decisiones, ha sido respondida por Héctor Aguilar Camín, en el diario Milenio (11.04.18), con la tesis de que la democracia directa, defendida por el candidato de Morena, es una “ruta de colisión”.

¿Qué mecanismos o sistemas colisionarían? El escritor nos explica: “la lógica binaria de la voluntad en blanco y negro de la ciudadanía y la voluntad negociada de la lógica representativa, por definición matizada, llena de grises.”

Aguilar Camín parece ignorar que para llegar a una consulta popular es preciso hacer antes un proyecto. Algunas veces se vota en el parlamento y el decreto se refrenda o rechaza en las urnas; otras, se realizan negociaciones políticas promovidas por el Ejecutivo y luego se convoca a plebiscito. En ambos mecanismos hay oportunidad de abrir un debate e incorporar matices buscando la mayoría ciudadana.

En cambio, el sistema meramente representativo nunca ha garantizado la “moderación” de los proyectos del Ejecutivo, quien suele enviar sus iniciativas a un Congreso más o menos presionado por el gobierno. Luego, se tiene el problema de los “grises” mismos, es decir, maniobras, cabildeos, compra de votos, tráfico de influencias, intercambio de favores, todo ello entre legisladores y entre éstos y el secretario del ramo, con frecuencia pertrechados desde el poder del dinero.

En México no se usa el referéndum ni el plebiscito. Cuando se intentó que se pusiera a votación ciudadana la reforma energética del PRIAN, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inventó que no era permisible la consulta popular porque la privatización del petróleo podría conducir a mayores ingresos del Estado y la Carta Magna no permite que ese tema se vote en forma directa. Esta monumental mentira consagró al máximo tribunal del país como un grupo de jueces de consigna, con la excepción del ministro José Ramón Cossío. Como nadie dudaba entonces que una consulta popular sobre el tema de la energía llevaría a la derogación de las reformas, el gobierno usó burdamente a la Corte para negar a la nación el derecho de decidir sobre su legítimo patrimonio. Volvimos a un pasado de ignominia.

Antes de la infame maniobra judicial, ¿dónde habían estado los “grises”, que tanto preocupan a Aguilar Camín, en aquellas negociaciones sobre energía que llevaron a reformar la Constitución? El PRI y el PAN no cedieron nada, entregaron a grandes empresas privadas casi todas las reservas probables, posibles y prospectivas, dejando a Pemex unas migajas, como ya se ha estado viendo.

Dos partidos, funcionando como uno solo, es igual a un sistema de partido único, lo cual no quiere decir que no haya discusión sino que sólo se toman en cuenta las propuestas y los argumentos que coinciden con aquella idea fundamental que se va a convertir en ley. Sí hay “grises”, quizá, como los pide Aguilar Camín, pero no hay colores.

La “política binaria” es lo que tenemos en la democracia representativa. Se tiene la mayoría o no se tiene en un consistorio para imponer una legislación sin consultar a nadie más, sin pensar en lo que la ciudadanía pudiera estar queriendo, buscando, sufriendo.

Aunque la democracia representativa no sea por ahora sustituible del todo, nunca ha sido suficiente. Aún más, los representantes políticos de la ciudadanía suelen ser falsos en cierta medida porque no pueden representar por igual a la totalidad de los electores que les eligieron, mucho menos a quienes componen un distrito o un estado. Por eso existe la representación proporcional, pero ésa no resuelve del todo el problema.

Una idea que se aprecia en el fondo de la “colisión” de Aguilar Camín es que el pueblo no puede legislar porque no sabe. Nadie ha demostrado que los únicos que sí saben sean los legisladores. Aquí el asunto más desagradable radica en que se defiende un monopolio de sabiduría en asuntos del Estado y de la sociedad vista en su conjunto. La ciudadanía en México no vota siquiera sobre la apertura de una calle.

En muchos lugares, la democracia directa se ha venido abriendo paso. Hay países, como Suiza, en los que casi todo es votado por los electores. En Estados Unidos, donde se inventó el sistema representativo y federal que existe en México, la gente decide sobre muchos puntos sin que se informe en la prensa al público mexicano. El sistema de consultas suele ser amplio en la mayoría de los estados del vecino del norte, pero no hemos visto “colisiones”.

Existe un problema de mayor fondo: los derechos son conquistas. No hay prerrogativas otorgadas por divinidades ni tampoco existen derechos naturales. Tomar decisiones sobre asuntos colectivos debería ser un derecho tal como lo es el hacerlo en aspectos individuales. Así como los electores eligen a sus representantes –decisión acotada en un determinado marco jurídico político–, la misma ciudadanía podría legislar por mayoría.

Hay más. Los derechos –postulamos—no deben involucionar. A cada momento de la historia se han de producir cambios progresivos. Hoy tenemos más derechos que antes. Aunque ya existía en la antigüedad en algunos pueblos, es reciente el derecho a tomar parte directa en la legislatura, digamos, a partir de la segunda postguerra. Estaríamos en desacuerdo con un sistema que nos pudiera llevar hacia atrás en materia de derechos, ni siquiera con uno que nos paralizara como estatuas, tal como lo pide Aguilar Camín, aunque fuera sólo por miedo a las “colisiones”.

No siempre y no todos los derechos políticos son considerados como derechos humanos. Mas ahora se postula que la generalidad de los derechos deben convertirse en fundamentales. De lo que se trata es de que, más allá de la asociación, petición, manifestación de ideas, libre comunicación, tránsito, voto, no discriminación, educación, salud y otros que andan por ahí tocando la puerta de los derechos fundamentales, se avance mucho más en ese camino. La consulta popular tiende a convertirse en fundamental. Para su ejercicio, debe haber reglas que no la nieguen como libertad y como derecho, sino la afirmen y la garanticen. En eso estamos.

Por lo pronto, salvo decisión arbitraria y majadera de la Suprema Corte bajo órdenes del Ejecutivo, el artículo 45 de la Constitución que tenemos frente a nuestras narices dice que es derecho ciudadano votar en las consultas populares y que éstas deben realizarse a pedido del 2% de los electores enlistados.

Se diría, en la óptica de Aguilar Camín, que ya es un derecho el ser “binario” con voluntad en “blanco y negro”. Sí, en efecto, pero, como tal derecho, no podría ser disminuido sino sólo ampliado (progresividad), según el artículo 1º de la misma Constitución que, se supone, nos rige.

El tema de la lógica binaria no está en el debate, al menos por el momento. Lo que ocupa el mayor lugar en las discusiones se refiere a los evidentes límites de la democracia representativa y a la consecuente necesidad de la democracia directa. Eso es lo que les decía el candidato López Obrador a los amigos de Aguilar Camín en aquel memorable debate en Milenio TV.

Gobierno de coalición es una farsa

Los partidos buscan el poder, por lo cual ninguno tiene como fin programático hacer un gobierno de coalición. Tampoco se considera que es mejor, de por sí, gobernar con otros. Las coaliciones son provocadas por la situación, dentro de perspectivas halagüeñas y justificadas, mas con frecuencia resultan de las políticas de alianzas de sus pactantes. Muchos electores, por su lado, tienden a preferir un partido o un frente de partidos con acuerdo congruente y duradero.

Entonces, ¿qué se pretende con la oferta de gobierno de coalición presentada por el PAN? Veamos cómo es que se trata de una farsa, ideada con el peregrino propósito de atraer apoyos de personas desinformadas o distraídas, pero, sobre todo, para dar cobertura argumental a una alianza electoral con el PRD.

Se postula la necesidad de un gobierno de coalición con el anhelo, se dice, de que no dirija un solo partido y, para ello, se crea un frente electoral para unir izquierda y derecha sin tener que dar explicaciones. Así, se presenta como finalidad de la unidad a la unidad misma.

Para dar forma al tal gobierno de coalición se ha ideado una figura inexistente en la Constitución, bajo el nombre de Jefe de Gabinete, el cual sería, se dice, una persona perteneciente a un partido diferente al del Presidente de la República. Para ese desempeño se ha designado a Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, éste no es miembro de “otro partido”, sino que carece de militancia, aunque sí es candidato de uno de ellos, el PAN, justamente al que pertenece Ricardo Anaya. No es cierto, por tanto, que el tal Jefe de Gabinete sería el contrapeso partidista del Presidente de la República. Cierto es que pocos se creen la idea de un próximo gobierno de varios partidos, mucho menos Mancera, quien ya es candidato a senador en lugar de serlo a jefe de gabinete para lo que Anaya le ha designado.

Lo peor del esquema es que, además de que no habría Jefe, tampoco Gabinete. En la reforma constitucional (art. 89-XVII) para introducir la figura de “gobierno de coalición”, el PRI y el PAN olvidaron crear el Consejo de los secretarios de Estado, es decir, el Gabinete, de tal manera que la única diferencia es que el Senado tendría que aprobar el convenio y el programa de la coalición, si a caso se lo solicitara el Presidente de la República. No hay más.

En realidad, las sucesivas reformas políticas desafortunadamente no han introducido modificaciones orgánicas al Poder Ejecutivo.

Si el PAN llegara a la Presidencia, habría, con suerte, una ridícula “coalición” bajo el mando personal de Ricardo Anaya. Se trata de un falso bipartidismo en el gobierno, como lo ha sido en todos los estados donde PAN y PRD se han aliado y han obtenido el triunfo dizque para gobernar juntos, según ofrecía el mismo Anaya cuando era presidente de Acción Nacional.

El PAN y el PRD están aliados por el momento, pero con propósitos diferentes. Acción Nacional, por su lado, busca la Presidencia de la República con todo el peso institucional del cargo, al igual que como ya ha logrado recientemente varias gubernaturas. En cambio, el PRD sólo busca algunos puestos convenidos con la derecha y, ante todo, impedir que la izquierda alcance el Poder Ejecutivo.

La historia conoce convergencias de izquierdas, por un lado, y de derechas, por otro. Como proyectos exitosos en América Latina, recordamos la Unidad Popular de Chile y el Frente Amplio de Uruguay, entre otros. Podríamos decir que esas eran alianzas serias. Hemos visto frentes neoliberales, como en Chile, Brasil y Argentina. Pero, luego, presenciamos en Brasil una catastrófica alianza entre izquierda y dizque centristas, en realidad neoliberales hipócritas pero muy “modernos” (PMDB), la cual desembocó en el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff.

Lo que no habíamos visto es un frente electoral entre la derecha tradicional, rancia y también neoliberal, y un partido de izquierda con programa anti neoliberal. Se entiende que el PAN lo ha pactado por el papel de liderazgo que desempeña, mientras el PRD lo ha admitido por su conversión en un organismo para el mercadeo político, en el cual ya no hay otros objetivos que los meramente comerciales. Lo que tenemos aquí es una compra-venta de servicios, sin fecha de caducidad pactada, por lo cual se puede romper en el momento en que el negocio vaya mal. De la izquierda perredista no está quedando nada, por no decir que ya se extinguió.

Se entiende así que es una farsa el planteamiento panista de gobierno de coalición.

Democracia defenestrada

Siete periodistas polemizaron el miércoles pasado con Andrés Manuel López Obrador en Milenio Tv. Lo más destacado no fue que el candidato haya sido acusado de creerse infalible y cosas por el estilo, lo cual es cantaleta de varios de esos profesionales del periodismo. Hubo también oportunidad de tocar el tema de la democracia.

Varios expresaron sus miedos a una posible presidencia (de AMLO) de carácter autoritario y de espaldas al Congreso. La acusación fue difusa pero luego adquirió concreción en el tema de la consulta popular propuesta como método político por Andrés Manuel.

Carlos Marín sacó a relucir uno de sus recurrentes argumentos: las “equivocaciones de los pueblos”, tal como la “pavorosa” elección alemana que llevó a Hitler al poder, sin decir, claro, que los nazis no habían alcanzado entonces la mayoría absoluta pero pudieron formar gobierno ante la absurda división de los demás partidos. AMLO afirmó que los ciudadanos se equivocan menos que los políticos. El pueblo, dijo, tiene un instinto certero, es sabio. “Yo discrepo de ti en esto”, le respondió el candidato al director de Milenio con cierto comedimiento, y agregó: “en democracia es el pueblo el que manda, el que decide”.

Como es entendible, el columnista y director salió en defensa de esa institución tan despreciada por él mismo, el parlamento. “Hay una representación en el Congreso”, insistió para ladearse claramente a favor del método de las decisiones indirectas. “Son dos tipos de democracia”, agregó, como si fuera un paciente profesor, el tres veces candidato a presidente de la República: “una, representativa, que es la del Congreso”; y “existe también (debe existir, se corrigió) la participativa”. Para aclarar mejor su argumento, AMLO agregó: “no es que la democracia termina y se agota en una elección constitucional”.

Como no era lugar para repetir las conocidas groserías e insultos que suele escribir el director de Milenio en sus consuetudinarias columnas, tuvo que entrar al quite Jesús Silva-Herzog, un poco más instruido, para argumentar a favor del método de tomar las decisiones en el Congreso: “la consulta popular tiene un mecanismo que es una disyuntiva entre sí y no”; el Congreso es un espacio donde podemos decir sí a esto, no a esto otro; la consulta es una manera de plantear la política binaria”. López Obrador le respondió que lo mejor es el debate y la información para que se manifiesten quienes están a favor y están en contra, lo que “no ha existido en el país”.

Ya antes, Andrés Manuel había aclarado que son tres momentos para los grandes temas: informar y debatir; consulta ciudadana; y modificación de leyes en el Congreso.

Silva-Herzog fue al contraataque, aunque ya menguado: “sí hay –dijo– una diferencia muy importante entre plantear una reforma constitucional en el Congreso, donde está la representación de la diversidad, y plantear el cambio, echar para atrás reformas estructurales a través de una consulta popular directa”. ¿Fuera del Congreso no hay diversidad? ¿Lo que se hizo en el Congreso no se puede deshacer en el referéndum popular? Este suele ser un el método democrático para corregir al parlamento en las llamadas “democracias avanzadas”. ¿Ni a ese nivel podemos llegar?

Mientras sus interlocutores cuestionaban la democracia participativa y, en especial, las consultas populares, quizá López Obrador estaba recordando que la reforma energética fue impugnada, se colmó el requisito de firmas que exige la Constitución y se demostró la trascendencia del decreto legislativo cuya derogación se pretendía. Sin embargo, la Suprema Corte le salió al país con la increíble versión de que no puede haber consulta popular cuando su posible resultado genere un gasto al Estado. Eso no dice la Carta Magna, la cual sólo se refiere a temas de presupuesto, leyes fiscales y financiamiento como lo que no se debe votar por parte de la ciudadanía directamente. La mayoría de los ministros y ministras, con la sola excepción de Cossío, se hincaron frente al poder presidencial y cancelaron un derecho del pueblo a pesar de que ya se encuentra en la Constitución. Así opera el sistema.

Quizá también López Obrador y algunos de quienes escuchaban la entrevista (¿comparecencia?) estaban pensando que la ausencia de un Estado de derecho es precisamente una de las perversiones antidemocráticas que es preciso combatir, pero no sólo desde abajo sino también desde arriba, desde la Presidencia de la República y el Congreso, para tratar de abrir otros caminos.

Al final, esos periodistas conservadores, enemigos de las consultas populares, acusaron a AMLO de conservador. Así es México, por el momento.

Lucha política y justicia

 

Que el candidato ubicado en tercer lugar forme parte de un complot para desbancar al que va en segundo sitio, sin duda es comprensible. El problema reside en los métodos aplicados. En México se vale usar el aparato de justicia para combatir a los adversarios más odiados o más estorbosos, aunque esa conducta siempre haya sido ilegal. Sin embargo, aquí, como en cualquier otra parte, esa es una forma infame y condenable de actuación.

Lo que resulta del todo impráctico es que el aspirante priista, José Antonio Meade, diga que es preciso separar la procuración de justicia del poder político. ¿Por qué lo dice? Parece una ironía, pues no podría considerarse una crítica de la manipulación que ha hecho Enrique Peña de la PGR, la cual siempre ha sido defendida por el priismo. Además, ¿para qué proponer a estas alturas una reforma declarativa que ya ha sido introducida en la Carta Magna?

El episodio del fiscal carnal, cuando Peña quiso dejar a uno de sus amigos en la próxima Fiscalía General de la República, está aún fresco en el registro político nacional. Como consecuencia, el país no tiene procurador ni fiscal anticorrupción. La procuración de justicia se encuentra en un desastre mayor que antes de la reciente reforma de la Carta Magna para otorgarle expresa independencia orgánica.

José Antonio Meade ha hecho su pronunciamiento, de por sí desfasado, precisamente en el momento en que el gobierno está usando como ariete propagandista –quizá también penal—a la Procuraduría, aprovechando el pueril error cometido por el abanderado del PAN de ir a decirse inocente, sin que nadie lo citara, a aquella guarida del poder político que es la PGR.

Si el gobierno busca en verdad que su candidato avance al segundo lugar debería hacerse a un lado de la lucha electoral, dejarlo solo, porque con su injerencia lo único que logra es despojarlo más aún de credibilidad. Esto tendría que incluir lo más difícil: cancelar el flujo de dinero hacia el PRI para la compra de votos. Sin embargo, es de suponerse que lo dicho por Enrique Peña sobre este tema sólo abarca los dimes y los diretes, pero no los recursos para la coacción y compra de los tan necesarios sufragios. El PRI no funciona sin mucho dinero. Meade no es excepcional, se sabe, pues ya fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual opera como central del clientelismo electoral ilícito.

Quien se ha tirado al piso al ser acosado por la PGR es el aspirante panista, Ricardo Anaya. Sin embargo, de pronto, él olvidó que en 2005 su propio partido, en alianza con el PRI (PRIAN, se dice), organizó desde Los Pinos, Gobernación y la PGR el desafuero de López Obrador, con el propósito de someter a éste a proceso penal e inhabilitarlo como candidato. Que Vicente Fox, los suyos y sus ansiosos aliados hubieran tenido que echarse atrás, sólo fue producto de la afortunada combinación de tres elementos: una movilización popular de protesta como no se había visto, la decisión de AMLO de no exhibir fianza e ir a la cárcel y el sencillo acuerdo de un juez para regresar el defectuoso expediente a la PGR. El PAN usó con fines políticos a la Procuraduría, tal como lo había hecho el PRI y, antes de éste, los generales cuando gobernaban el país.

En el cincuentenario del movimiento estudiantil de 1968, no sólo hay que condenar la violencia sangrienta sino también aquella que consiste en el uso del aparato de justicia para encarcelar a los críticos y opositores del régimen. Antes y después de ese año, muchos movimientos (telegrafistas, telefonistas, maestros, ferrocarrileros, médicos, campesinos, universitarios, entre otros) fueron perseguidos con el uso de la PGR. Bajo instrucciones presidenciales verbales, se emitían órdenes para encarcelar, las cuales a menudo se cumplían. El PAN nunca protestó porque no se le aplicaba esa perversa utilización de la justicia. Las cosas han cambiado pero sólo en su grado mas no en su sistema.

No obstante que la Constitución ya define expresamente a la procuración de justicia como un órgano público autónomo (ya lo era aunque sólo en la norma), es preciso hacer otras reformas, en especial, romper el punto nodal de la trama con un Presidente de la República que respete la independencia del Ministerio Público y obligue por vías políticas a los 32 gobernadores a hacer lo mismo. De otra manera no habrá muchos avances.

Esto se puede entender mejor si se analiza la génesis del problema. Desde 1917, cuando el Ministerio Público fue elevado de rango, la entonces nueva PGR no formó parte integrante de la Administración Pública, según el artículo 90 de la Constitución, sino que era formalmente una entidad independiente. Sin embargo, el problema mayor de la reforma propuesta por Venustiano Carranza y aprobada por el Constituyente de Querétaro fue que se confirió al Presidente de la República la facultad de designar y remover libremente al procurador. Al abolirse la Secretaría de Justicia en aquel mismo Constituyente, el renovado impulso presidencialista condujo a dejar las cosas en mal estado porque surgió un Ministerio Público con enorme poder, pues en lo sucesivo los jueces ya no pudieron hacer investigaciones, las cuales se reservaron al vigoroso procurador, puesto y depuesto por el Señor Presidente. Si a esto agregamos la existencia de jueces de consigna, tal como siguen abundando, el país se metió, al respecto, en una peor situación. El Estado de Derecho se convirtió en una referencia más que en una realidad y se cocinó un inmenso caldo de cultivo de la corrupción. Así hemos seguido durante 100 años. Es mucho.

¿Hasta cuándo?

Desmadre electoral

 

Las campañas electorales no han iniciado aún y ya tenemos un desmadre. Se afirma que es contrario a la libertad el que no se puedan realizar debates en los medios durante la “intercampaña”. Que es demasiado el tiempo destinado a mensajes electorales en los medios electrónicos. Que los programas sociales de la actual administración están en riesgo si no gana el PRI. Que se vale hacer fraude a la ley con la propaganda del gobierno. Que no se van a abrir al mismo tiempo las tres urnas de la elección federal antes de empezar los cómputos porque no hay seguridad en las casillas y que, debido a eso, se dice, está en riesgo la estabilidad de México.

  1. Las campañas electorales empiezan legalmente el 30 de marzo. Antes, no debe haberlas, lo cual abarca los debates radiodifundidos. Así es en casi todo el mundo. Además, a los debates que se organicen deben ser convocados los diversos candidatos, pero en este momento formalmente no los hay; habría que esperar que la autoridad los registre. Así es la ley, por lo pronto.

López Dóriga se negó a hacer entrevistas de candidatos hace tres años porque, dijo, todos los partidos eran detestables, etc. Ahora, en búsqueda de rating y, en consecuencia, de mayores ventas, quiere organizar debates además de las entrevistas que le aplica a los políticos. No es cuestión de libertad sino de dinero.

  1. En periodo de comicios, el tiempo de radio y Tv destinado a partidos y autoridades electorales no es más que aquel que corresponde durante todo el año al Estado. ¿Por qué se critica el número de anuncios en tiempos oficiales asignados a los partidos? Porque está prohibido comprar tiempo comercial. La crítica de los espots electorales, otra vez encabezada por López Dóriga, es una cuestión de negocios. Lo que debería hacerse es acumular los mensajes de diez segundos en emisiones de dos minutos para que los candidatos pudieran decir algo, pero a eso se oponen radicalmente los concesionarios.
  2. El eslogan “Para que lo bueno pueda seguir contando”, utilizado por Peña Nieto para difundir los actos relevantes de su gobierno, es un fraude a la ley porque es una referencia electoral a favor de su candidato, José Antonio Meade.

Además, el gobierno federal está gastando millonadas en esos mensajes y en otros, tipo gacetilla (anuncios encubiertos), sobre el mismo tema de sus “logros”.

Las autoridades electorales, por su cuenta, hacen lo de siempre. Mejor dicho no hacen nada.

A partir del 31 de marzo el gobierno no podrá hacer propaganda, según la ley. Luego, la gacetilla será el único medio de publicidad gubernamental, pero el INE tampoco va a hacer algo porque la mayoría de sus integrantes considera que esa práctica siempre es legal, aun en periodos electorales, no obstante que la legislación dice otra cosa.

  1. Abrir las tres urnas antes de iniciar los cómputos, con el fin de localizar las boletas depositadas por error en otra urna, tenía el propósito de adelantar el llenado del acta de la elección presidencial con el fin de hacer con mayor facilidad un “conteo rápido” por parte del INE.

Transmitir en directo desde la casilla el resultado de la votación es un viejo anhelo ante el desinterés del INE por mejorar su programa de resultados preliminares (PREP). Lo que a esa autoridad le importa es anunciar un nombre a las 11 de la noche pero, como no tiene datos, recurre a una encuesta de resultados, llamada “conteo rápido”: se diseña una pequeña muestra (representativa) de casillas y se programa la captura de esos datos para introducirlos a la computadora. De esa manera se da la impresión de que el IFE ha cumplido con su deber.

El Tribunal le ha echado abajo al INE un apresuramiento del dato de la elección presidencial, pero se mantiene la transmisión del resultado desde las casillas donde haya señal de telefonía celular. Ahora habrá que esperar a que estén llenadas las tres actas de resultados (presidente, senadores, diputados). Sin embargo, el INE hará su encuesta mediante la captura y transmisión del cuadernillo donde han de constar los datos de la elección de Presidente, dejando para otro momento el dato oficial destinado al PREP que es el que consta en el acta de escrutinio y cómputo.

En el mundo, las autoridades electorales no suelen hacer encuestas sino que brindan resultados sólidos. El problema es que el INE nunca había querido crear un sistema de dato inmediato. Y ahora que, para hacer su encuesta más rápidamente, admitió la transmisión del resultado desde la casilla, el Tribunal lo ha contradicho, aunque de seguro no estará en riesgo la estabilidad económica de México, como han dicho algunos dramáticos consejeros electorales.

  1. A todo lo anterior habría que agregar los escándalos por malos manejos de fondos privados y públicos.

Las triangulaciones se hacen para evitar que se sepa quién se quedó con el dinero. Lo mismo en operaciones de especulación inmobiliaria o financiera que en desvíos de fondos públicos. Es por demás lógico que los operadores no tengan el dinero a su nombre, por lo cual recibirlos en la PGR con copias de sus estados de cuenta es de por sí un juego muy sucio porque esos documentos no concluyen absolutamente nada.

Las preguntas son qué se hicieron los dineros. Ricardo Anaya y Rosario Robles deberían ser investigados con seriedad, mas si no lo son ahora, podrían serlo después, cuando haya condiciones políticas propicias. Por el momento, todo es un show.

Quien la tiene más difícil es José Antonio Meade porque, habiéndose perdido los fondos, según la Auditoría Superior de la Federación, tuvieron que ir a algún lugar. Eso es lo que nos debió explicar quien recibió, de manos de Robles, la Secretaría de la Desarrollo Social: el mismo Meade. O, acaso, él no quiso darse cuenta de nada. ¿Por qué hasta ahora dice el mismo Meade que es preciso actuar en consecuencia con los señalamientos de la Auditoría, si entonces ésa era una de sus obligaciones?

Este desmadre apenas está empezando, por lo visto.

Gordillo: uso despótico y grotesco de la justicia

 

Elba Ester Gordillo pudo haber sido acusada mucho antes, junto con otros líderes magisteriales y de otros gremios. En el sindicalismo venal se cometen delitos como parte de la función de liderazgo y, al mismo tiempo, para el enriquecimiento personal. Desde hace varias décadas era muy conocida la forma y nivel de vida de la lideresa magisterial. Sin embargo, la impunidad siempre fue uno de los instrumentos con que funcionaba el sistema de ilegalidades en el sindicalismo oficial y así siguió siendo bajo los gobiernos del PAN. Al respecto, esa fue una transición a lo mismo.

El uso instrumental de la justicia por parte del poder político es una cara de la corrupción. Mas no se trata sólo de la persecución de los enemigos del régimen, sino también de algunos pocos de los viejos amigos, los caídos en desgracia, los disidentes, los indisciplinados. Es evidente que hay una abismal diferencia, por ejemplo, entre Valentín Campa, encarcelado durante 10 años por participar en una huelga de obreros ferrocarrileros, hombre de inmensa honorabilidad y honradez, que el proceso penal contra Joaquín Hernández Galicia, La Quina, un líder petrolero prototípico de la corrupción de la empresa pública mexicana y del sindicalismo venal, por haberle jugado las contras a Carlos Salinas.

Por lo regular los caídos en desgracia del presidente de la República son acusados de delitos que no cometieron, ya que los que sí cometieron suelen estar vinculados con sistemas de funcionamiento gubernamental e implicar a otros muchos personajes.

A Gordillo le acusan de lavar dinero pero no se persigue a quien se lo dio. Ella no era la única que tomaba recursos del sindicato. Además, como se sabe, tan luego como fue encarcelada nombró como sucesor a Juan Díaz, su segundo de abordo, ahora disciplinado al presidente de la República y al secretario de Educación: medio infalible de librar la cárcel.

Los sucesos relacionados con Elba Esther Gordillo se han proyectado hasta una decisión judicial, solicitada por la PGR, para impedirle comunicaciones y regular sus visitas personales, todo ello orquestado por la Presidencia de la República. Al respecto, el país está como en tiempos de Díaz Ordaz.

En las cárceles se prohíbe el uso de celulares y computadoras como medida de seguridad pero no como forma de restringir la comunicación de los internos ni su libertad de difundir ideas. Esa prohibición no va dirigida contra algún reo sino que es una norma de aplicación general. En casi todas las prisiones mexicanas, actualmente, existen teléfonos públicos, aunque haya horarios y filas. (Cuando estuve en Lecumberri (1968-1971) nunca pude hacer una llamada ni recibirla).

La prisión domiciliaria tampoco requiere bloquear las relaciones del procesado o condenado con otras personas. Se puede colocar al reo un brazalete para evitar que abandone su domicilio, ya que lo único que debe ser garantizado es que siga privado de su libertad de movilidad, pero la ley no autoriza impedir comunicaciones que puedan “desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano”. Eso no existe, es un inventado concepto enteramente despótico. Recuerda aquel delito de disolución social que fue derogado después de 1968.

El argumento de la PGR, admitido luego por un juzgador típicamente de consigna, es que la procesada, Elba Ester Gordillo, fue dirigente de un sindicato, tiene muchas relaciones y recibe personas sin que el Ministerio Público conozca para qué fines. Pero sus visitas y sus llamadas también existían cuando estaba recluida en un hospital. Es hasta ahora que el actual líder del SNTE ha pedido auxilio y se le ha dado de inmediato.

Por desgracia, el asunto tiene también otro ángulo. El presidente Enrique Peña Nieto se ha ubicado en un bajísimo escalón como jefe de Estado. Sostiene que eso que jefatura, el Estado, está en peligro debido a las visitas que recibe en su casa Elba Esther Gordillo, sus llamadas telefónicas, sus recados de internet. Ha usado su poder fáctico para hacer algo grotesco. Ella no está al frente de ningún movimiento social o político que pudiera provocar un levantamiento armado u otros hechos contrarios a la seguridad del Estado, ni su proceso es por rebelión, sedición, motín o conspiración sino por lavar dinero. ¿Elba Esther Gordillo es un peligro para alguien?

Como Gordillo es indefendible por parte de sus tradicionales adversarios políticos y mucho más por sus viejos amigos que ahora son sus enemigos disciplinados o miedosos, Peña Nieto se ha sentido con el espacio suficiente para hacer algo grotesco. El problema, sin embargo, consiste en que el país sufre cuando se efectúa una represalia política presidencial en desapego de la legalidad.

Esto se llama uso despótico y grotesco de la justicia como instrumento del poder político.

Relato precoz de una sucesión fracasada

 

La idea de postular un candidato independiente, un simple ciudadano, sólo podía desprenderse de las evidencias demoscópicas que reportaban la imposibilidad de que el PRI ganara la elección presidencial de 2018. El malestar social se dirigía concretamente hacia el gobierno priista, por más que tiempo después tuviera que ser calificado de “irracional”. La sucesión tenía que realizarse de una forma por completo heterodoxa.

La idea original de postular a Aurelio Nuño, para lo cual se le había llevado al gabinete, seguía siendo atractiva en Los Pinos pero sólo porque era la persona de mayor confianza del presidente. La propuesta de Luis Videgaray estaba más pegada al suelo: el candidato debe ser presentado como independiente para atraer a los críticos de la clase política, a la ciudadanía en su más alta abstracción. Pero, destacado funcionario sin afiliación política conocida, transpartido y transexenal, sólo había uno: José Antonio Meade.

El plan consistía en lanzar a quien pudiera ser visto como individuo sin compromisos, pero sabio, un técnico responsable, sensato, serio y capaz de proyectar a México por la senda de su conversión en potencia emergente. Todo estaba ligado, naturalmente, a la necesidad de postular a quien también pudiera lograr admiración y confianza en franjas sociales acomodadas, cúpulas empresariales y empresas monopolistas, las cuales ejercen considerable influencia política.

La primera disección debió ser una reforma del Estatuto del PRI, el cual prescribía, como requisito para obtener la candidatura, ser miembro del partido con 8 años de antigüedad y haber desempeñado algún cargo de elección popular. Nuño carecía de antigüedad y de cargo, pero Meade ni siquiera estaba afiliado. Así que, a favor de ambos, para no precipitarse demasiado, hubo que fabricar un nuevo texto redactado en Los Pinos: cualquiera puede ser candidato priista a Presidente de la República. Lo más relevante fue que en el cónclave partidario no hubo resistencias, todo pasó como miel sobre hojuelas. Esa era una manifestación de poder presidencial y disciplina de partido, como en los viejos tiempos.

Luego, expedida la convocatoria, se tenía que asegurar que no hubiera comicios internos ni otro aspirante, sino una proclamación. El gabinete y los gobernadores tenían que mostrar su disciplina y debida lealtad al presidente. Algunos secretarios ya habían emprendido sus promociones, alentadas desde arriba, pero sólo para hacer creer que había una competencia. Por lo demás, los más reconocidos como posibles, las principales figuras del sexenio, Videgaray y Osorio Chong, estaban por completo fuera de la idea de un candidato técnico, sin partido, ciudadano a secas. El secretario de Gobernación lo sabía mejor que nadie.

Luego de analizar opciones sobre la manera de oficializar el nombramiento, se optó por llevar a cabo lo que en otros tiempos se llamaba “destape”, pero ya no podía ser como antes, cuando se daba a conocer la decisión del partido a través de los líderes de los sectores y ese mismo día se le comunicaba al designado en su despacho, acto con el cual se iniciaba la campaña. Ahora, los tiempos y circunstancias habían cambiado. La autoridad presidencial debía hacerse sentir en persona para brindar todo el apoyo, por si acaso algunos se sentían movidos a discrepar o protestar. Así, se convocó a una ceremonia de relevo del secretario de Hacienda, pero se trataba de proclamar al candidato. Era Pepe, a quien el Jefe del Estado le deseaba éxito y suerte.

“Háganme suyo”, imploraba Meade a sus amigos, líderes de los “sectores”, legisladores, gobernadores. Ellos lo hicieron suyo desde el primer día, pero a costa de sacrificar el pretendido carácter de independiente, el cual no aparecía por más que la prensa se volcaba a anunciar los tiempos novísimos, que al fin habían llegado, con un candidato sin partido postulado por el PRI. Se hacía posible el anhelo ciudadano de un presidente sin partido.

En los años dorados del viejo PRI, desde Ruiz Cortines, los candidatos lanzaban sus consignas y presentaban su programa básico en los primeros días de su designación. Todos prometían cosas diferentes, al menos en apariencia, nuevas políticas sectoriales, obras, presupuestos, reformas innovadoras. José Antonio Meade, en su descarriado tiempo, no sabía qué criticar ni qué proponer. Algo tenía que decir, sin embargo: convertir a México en potencia; consigna que provocó rubor nacional y, por lo mismo, fue dejada de lado casi de inmediato.

Desde aquel día en que se le había entregado en Los Pinos su constancia de designación, Meade debía presentarse como el experto que podía garantizar la estabilidad económica del país, requisito indispensable para hacer cualquier cosa. Pero, con esa sensación de vacío político que hacía sentir su fría currícula de economista del gobierno, el candidato emprendía una gira tan modosa y tediosa como lo fue siempre su actividad burocrática. Nadie se emocionaba, con la necesaria excepción de los integrantes de las porras de las organizaciones sociales priistas y sus comités territoriales. Los asistentes a los mítines eran conocidos, liderados, llevados, pero no lograban escuchar algo interesante. Actos en lugares cerrados, en su mayoría, meticulosamente organizados. El mayor gasto de precampaña registrado ante el INE.

La proyección del precandidato en los medios de comunicación no estaba provocando confianza alguna. Era natural que Meade resintiera lo que desde hacía años le ocurría al gobierno: sus planteamientos no eran creíbles entre grandes segmentos de la sociedad. Ese enojo social, como luego tendría que ser reconocido por el mismísimo Presidente de la República, había sellado la candidatura de Meade, pues ésa era un acto de los causantes del malestar.

Resultó un fiasco el intento de nombrar “Meade” a la coalición liderada por el PRI, con lo cual, por cierto, el partido y el candidato se ahorraron tener que llevar a cuestas el ridículo. La imagen puramente ciudadana del candidato era una pifia que no se podía salvar poniendo su enredado apellido en el nombre de la coalición que lo postulaba.

No había ciudadano, pero tampoco líder ni forma de improvisarlo. La absurda idea de reproducir en México la exitosa campaña presidencial de Emmanuel Macron en Francia, era eso, algo imposible en un país con otra situación política, otra coyuntura, otra tradición, otra ciudadanía, otra ley electoral. Pero algo peor: era una mentira.

No existía tampoco salida alguna. A pesar de que Nuño era el suplente de Meade y aquél se encontraba en total disposición de tomar la estafeta, Enrique Peña envió a la mitad del gabinete a Toluca a proclamar que, así como había triunfado Alfredo del Mazo, la sucesión estaba asegurada, lo cual no alcanzó a proveer confianzas ni fortalezas.

A esas alturas, seguir con un 18 por ciento en las encuestas era como una bofetada en cara asoleada. Pero así estaba el país, ya que el Presidente de la República contaba sólo con ese mismo respaldo.

Luego vinieron las semanas de campaña legal, pero todo era igual, como si cada día se repitiera lo que antes se había visto. El resultado no hubiera podido ser otro que el fracaso del intento sucesorio. Mas, de seguro, no fue por omisión.

Este “irracional” enojo social

 

Mientras Enrique Graue, rector de la UNAM, estaba diciendo que nunca, como ahora, México había sido un país tan profundamente desigual y, por otro lado, la Concamin señalaba que no se había logrado la prometida tasa de crecimiento de más del 5 por ciento y que la de 2017 será la más baja, en promedio, de los últimos 30 años, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hacía un llamado, dijo, a “desterrar este que algunos llaman irracional enojo social”.

La frase es trascendental porque implica que el gobierno ya se ha dado cuenta de la indignación popular en su contra aunque ésta no sea racional, es decir, no sea producto del entendimiento de la realidad o no sea entendible en sí misma, por lo cual, su “destierro” (apartar de la mente un pensamiento o un sentimiento) se podría lograr –cree Peña—mediante la comunicación de los avances del gobierno. Asunto resuelto, se diría, con el muy meditado discurso del “Jefe del Ejecutivo”.

Peña se ha empeñado de inmediato en esa empresa y dijo ser “el primero en demandar de manera comedida (…) que haya memoria entre nuestra población, entre nuestra sociedad, y sepamos también reconocer de avances, de logros y de beneficios” (sic). La sociedad (desmemoriada) ya no presenta demandas al gobernante sino que ahora éste hace solicitudes al pueblo, comedidamente, claro. Sin duda, algo profundo ha ocurrido en el país como para ubicar las cosas al revés.

Al tiempo, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, afirmaba, sin titubeo, que “a México le ha ido bien”, pese al derrumbe petrolero en producción y precios.

Todo lo anterior ocurrió el pasado lunes 12 de febrero, el día en que terminó el periodo de precampañas. Mas, por lo visto, fue también el de inicio de la campaña electoral del gobierno, ya sin candidatos en la palestra.

La arremetida publicitaria del gobierno se prolongará hasta el día de la votación, pero no tiene como propósito hacer propaganda oficial, la cual está prohibida por la ley en el periodo electoral, sino difundir su mensaje político a través de gacetillas pagadas de diverso tipo. Para eso hay dinero… mucho y sin control alguno.

El fracaso de la candidatura priista es el fracaso del gobierno de Peña. Esta circunstancia es reconocida con amplitud, pues no existe dentro o fuera del país analista, político, periodista o académico que considere que la gestión de Peña ha sido exitosa. Mas no se trata sólo del contraste entre lo prometido y lo realizado, sino del balance neto de un gobierno que se perdió en sus propios dogmas y terminó generando desastres.

El número de “nuevos empleos”, que es el dato con el que Peña se glorifica, tiene un componente que no estaba antes en la estadística: la formalización de empleos ya existentes por efecto de los recientes cambios fiscales sobre los pequeños contribuyentes. Y tiene también algo estructural: casi todos son empleos de muy baja calificación y menor salario. En un marco general de estancamiento en términos reales, como el que mantuvo Peña estos cinco años como fiel heredero de sus predecesores, no se crean puestos de trabajo calificados más que en aquellas sub ramas integradas, como la automotriz, que han seguido creciendo.

Peña no habla del componente inducido que caracteriza la alta tasa de inflación, la cual rebasó por mucho el pronóstico oficial. Con el fin de promover gasolineras privadas y poner cara bonita para hacer licitaciones (entrega de yacimientos) entre las mayores compañías petroleras, se mantuvo un IEPS alto y móvil, cuyo nombre común es gasolinazo, extendiendo la carestía, con mayor salvajismo, al gas doméstico. Todo para nada: el IEPS sigue siendo “subsidiado” y las pérdidas económicas han sido mayúsculas para el país.

Dice el gobierno que las más recientes concesiones de crudo y gas le dejarán a México 159 mil millones de dólares. Todos ellos inventados porque, en realidad, se calcula que serán el monto de la inversión extranjera durante los próximos diez años, pero no serán ganancias del país ni se quedarán en México. De las últimas licitaciones que se hicieron, el ingreso del fisco será por un importe miserable de 500 millones de dólares, a cambio de concesiones por 20 años.

Que no se hable del escandaloso número de pobres mexicanos porque ese tema está clausurado en el gobierno, incluyendo a su candidato, debido a que convierte al país en algo impresentable. Tampoco se ha de hablar de que México es uno de los países socialmente más desiguales del mundo. Para ciertos sujetos y en ciertos temas, callar es mentir.

La “comunicación” de los “avances” logrados por el gobierno, ordenada por Peña, ha de ser una campaña política (electoral) de mentiras porque ese gobierno no conoce otro lenguaje, otra forma de ser. Es natural, por tanto, que el enojo social se vaya a incrementar.

Pero hay algo más. En la medida en que Peña lleve a cabo su campaña de “comunicación”, la gente le creerá mucho menos. Hay que tomar en cuenta que la falta de credibilidad es uno de los problemas que el gobierno ha trasladado al candidato Meade. Por lo demás, él ya tuvo sus momentos en el gabinete actual y en el anterior, en los que pudo haber demostrado que conoce otra política.

José Antonio Meade sabe todo lo anterior. Y sabe más porque conoce al gobierno y es parte de sus tramas. Sin embargo, no puede reaccionar, está atado a Peña y a sí mismo, es una de las partes del fenómeno conocido como enojo social, aunque algunos otros le llaman hartazgo.

INE: el trabajo de hablar demasiado… y mal

En casi todos los países existen autoridades electorales discretas y austeras. Eso se debe a que la organización y calificación de los comicios requiere exactitud, dedicación, rigor, certeza, independencia e imparcialidad. México es una reiterada y molesta excepción.

El fondo del problema consiste en que las consejeras y consejeros electorales del INE, así como sus colegas en las entidades federativas, se sienten representantes de elección popular, legisladores, alcaldes o gobernadores, o sea, próceres de la patria, antes que autoridades administrativas.

Es aún mayor el problema debido a los disparates que los administradores suelen decir. El reciente ha sido otro más de Lorenzo Córdova, quien se permitió intentar alarmar con la especie de que en México ha “disminuido significativamente” el “aprecio por la democracia”. Cualquiera pensaría que, ante el desprestigio de los políticos y en especial del gobierno, la democracia política se hace más necesaria y urgente. El administrador de la función electoral, en cambio, se basa en un “Latinbarómetro” para criticar a los mexicanos (quizá también a las mexicanas) por su desprecio de la democracia.

Lorenzo Córdova dijo más: “El descontento con la democracia y con la política es un fenómeno que afecta la calidad de la democracia y constituye para la autoridad electoral uno de los principales desafíos…”. ¿Cuál es el punto, más allá de sus enredos con el poco “aprecio”, el “descontento”, la democracia y los políticos? Que el INE –dijo su presidente– requiere respuesta ciudadana para “operar” las casillas. Y ya entrado en gastos, luego de su revoltillo conceptual, aterrizó diciendo que si las ciudadanas y los ciudadanos deciden no colaborar con el INE en la instalación de las mesas de casillas “estaremos en problemas, y estaremos en problemas todos”. Ominosa advertencia.

¿Es esa la situación política real del país en la presente coyuntura electoral? ¿La organización de los comicios está en peligro de no tener integrantes de casilla el próximo 1 de julio?

La autoridad electoral no se ha constituido para hacer politología barata con falsas conclusiones que sólo tienden a llamar la atención. Mucho menos ha sido designada para hacer alarmismo o presentar prospectivas sin el menor fundamento.

Sí se ha visto rechazo a tomar parte de las casillas, pero siempre vinculado a sucesos concretos, por ejemplo, situaciones de alarma por posible violencia local o rechazo al INE, como ocurrió con motivo de aquella filtración de una conversación de Lorenzo Córdova en la que se refería peyorativamente a un dirigente indígena. (Cfr. Informe al CG-INE, 29.07. 2015).

Se han presentado algunos otros repudios, pero nunca del nivel de una carencia de integrantes de mesas directivas, ni abarcando una entidad federativa, mucho menos el país. La ley tiene previsto, además, que las faltas de asistencia de funcionarios de casilla se cubran con electores de la fila.

Ahora, quizá para secundar a Córdova, el INE informa con dramatismo que un 22% de las secciones son de “atención especial”. Lo mismo de siempre. Ese porcentaje lo van a ir disminuyendo hasta el día de los comicios: sólo crean alarmas para hacerse los interesantes. Así no debería actuar una verdadera autoridad responsable.

¿Qué busca Córdova con esas declaraciones? Más allá de hacerse ver, quiere que, cuando se integren e instalen todas las casillas, como de seguro va a ocurrir, se le aclame como héroe electoral y genial conductor de instituciones, al servicio, claro está, de la democracia, aunque ésta se encuentre mayoritariamente despreciada, según él mismo lo asegura. Ya lo estoy viendo porque ya lo hemos visto.

Todo es ahora peor cuando varios miembros del INE asumen el discurso de que la próxima será una de las elecciones “más importantes de la historia de México”, con lo cual, en aras de llamar la atención, se convierten en involuntarios propagandistas de uno de los candidatos que, por cierto, no es el suyo.

Dentro de poco, Córdoba y sus colegas irán al tema de la abstención y luego otro y otro, porque parecen estar en campaña electoral.

La verdad, sin embargo, es que la autoridad no es responsable del nivel de concurrencia a las urnas. Ese es un problema del todo ajeno al INE, aunque los integrantes de éste suponen que ellos pueden lograr una mayor incidencia en los comicios, para lo cual gastan “dinero que no tienen para apantallar a gente que ni conocen”, es decir, se creen líderes políticos al olvidar que en realidad son servidores públicos con funciones definidas. El “descontento con la democracia”, como le llama Córdova, no existe, pero, si lo hubiera, no sería asunto institucional del órgano administrativo electoral.

El balance del IFE-INE contiene, como suele ocurrir con las instituciones, negros, grises y brillantes, pero los primeros han predominado con amplitud. Esto se debe a que la composición de su Consejo General es determinada con criterios de mansedumbre partidista. Hoy en día, el PRI tiene 4 votos duros (Baños, Favela, Andrade y Ravel), por lo que sólo requiere de sus votos blandos, los cuales suelen ser el del mismo Córdova y los de Murayama y Zavala, quienes, además, con frecuencia reciben ayuda de Nacif y de Rivera. El INE carece de la primera condición de todo órgano electoral, la imparcialidad. Lo hemos visto hasta el cansancio.

Quizá por eso sus integrantes hablan demasiado… y mal.