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Investidura presidencial y oposición ilustrada

    Pablo Gómez

La filípica lanzada contra López Obrador por parte de 600 intelectuales opositores parece basarse en la idea de que el presidente de la República, el que sea, debe estar al margen del debate cotidiano y abstenerse de responder a los muy frecuentes ataques debido a su investidura.

La oposición ilustrada, como la otra, pide volver a la vieja hipocresía, cuando el jefe de Estado, jefe de gobierno y líder político no debía medirse directamente con sus críticos, sino mandar a otros en su lugar. Ahora se dice que aquellos usos y costumbres eran muy correctos porque las palabras del mandatario tienen, supuestamente, un significado diferente al de cualquier otra persona debido al poder que aquel ejerce. Entonces, se concluiría, lo que ahora debe hacer el presidente de la República es comprar la prensa y mandar a callar a sus peores (o mejores) críticos a través de actos ilícitos e inmorales. Así lo hicieron los presidentes durante décadas. Pero ese es precisamente el pasado que deber ser defenestrado.

El actual presidente sigue denunciando como lo ha hecho desde hace muchos años. Sería algo injustificado otro proceder, es decir, pasar esa función a otros: lo dice (o lo hace) él o ella para que me entiendas a mí (o que yo lo hago). ¿Sería esa una forma de actuar que fomentara el debate y, por tanto, la participación democrática de la sociedad?

La gota que terminó por mover a esos y esas intelectuales fue la multa contra Nexos y la revelación de que esa revista colocaba centenares de suscripciones en el gobierno, lo que no era otra cosa que un oculto subsidio.

¿Qué tendría que ver con este asunto la investidura presidencial? Según los 600, hay persecución al ejercicio de la libre difusión de las ideas, aunque no hayan presentado caso alguno. Las sanciones impuestas a Nexos hubieran sido un argumento ridículo y debatir sobre la suspensión de la compra de suscripciones llevaría a demasiadas preguntas. Así que una y otra vez se orillan a cuestionar la libertad de expresión del presidente, misma libertad que, en general, según dicen, está en peligro.

¿Bajo el actual gobierno, a quién se ha perseguido por sus dichos o escritos? ¿En el plano civil, cuántas demandas se han interpuesto contra posibles autores de afirmaciones calumniosas o difamatorias contra el Ejecutivo Federal? Los y las 600 no pueden decir nada al respecto, pero, claro está, tampoco admiten en su filípica que no hay represión gubernamental.

La investidura presidencial es algo inherente al cargo, pero no tiene una forma unívoca de expresarse. En México no existe la figura de jefe de Estado, pero las funciones del presidente adquieren ese matiz en las relaciones internacionales y en la parafernalia oficial. Por el otro lado, el Poder Ejecutivo está depositado en una sola persona, el presidente de la República, pues no existe consejo de gobierno o de ministros. Así, este cargo se parece más a un jefe de gobierno que a un rey o presidente de república parlamentaria, quienes son intocables y tampoco pueden tocar.

En los países con mayor tradición democrática el jefe de gobierno está todo el tiempo en el debate. Los y las 600 no están de acuerdo. ¿Por qué? Ellos y ellas se dicen cultos e informados. ¿Acaso desconocen la manera de discutir en países no tan ajenos como España o Italia? En casi todas partes el debate es diario, aunque no haya mañaneras.

La oposición ilustrada de las y los 600 intelectuales debería dedicarse a la crítica sistemática, a la polémica, pues también para esto, se supone, han estudiado lo suficiente. Quizá durante los años del neoliberalismo muchos de esas y esos nuevos opositores se la pasaron bien, ajenos a los avatares de la política, recibiendo concesiones y otorgando soslayos para no entrar en conflicto con el poder que repartía privilegios como forma de asumir ciertos costos. Pero ahora deberían entender que la lucha política ha cambiado. Ya no están vigentes las viejas reglas. La ciudadanía aprobó su derogación. ¿Es tan difícil entender la realidad?

Al decir que está en peligro la democracia, esa oposición ilustrada no tendría más que apoyar directamente a la oposición, digamos, pedestre, a la que le faltan ideas y, en consecuencia, propuestas. Si su propósito central es arrebatar la mayoría parlamentaria a la 4T, muchos de las y los 600 tendrían que solicitar al PRI, PAN, PRD, MC unas candidaturas para tratar de llegar a San Lázaro a detener a López Obrador. Eso sería más práctico y digno que estar exigiendo inútilmente al presidente que deje de decir lo que piensa para adecuarse al viejo e hipócrita concepto de investidura que ellos y ellas mismas quieren revivir. Vaya que hasta en eso se afilian al conservadurismo.

Desastre de predicciones económicas

Los economistas agoreros del desastre de una crisis económica que no lo es, sino de un parón decretado por los gobiernos de casi todo el mundo, se encuentran en situación comprometida porque ninguno acertó en el momento adecuado. Nos han engañado y nos han hecho sufrir de más en un momento de gran tribulación.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dijo en junio que el PIB de 2020 se iba a reducir en un -6.5%. Ahora corrige y asegura que la disminución será de -3.7%, casi la mitad, mas entre aquel primer pronóstico y el día de hoy no hay más de 75 días. Esa institución dijo también en ese mismo mes de junio que la tasa de desempleo anual (2020) llegaría a 9.3%, pero ahora considera que será de 7.6%.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) que agrupa a casi tres decenas de países, entre ellos los más ricos, había calculado una disminución del PIB de Estados Unidos en el -7.3% para el año 2020 y ahora la estima en -3.8%, casi la mitad. Esa misma OCDE había calculado que en 2020 China iba a ver disminuido su PIB en -2.6% y ahora habla de un crecimiento de 1.8%, es decir, el gigante asiático iba a tener recesión, pero hoy se considera que tendrá crecimiento.

La OCDE acaba de anunciar que la caída mundial de la economía será “menor que lo esperado” (por ese mismo organismo). Ahora considera que la economía global va a decrecer en -4.5% y que en 2021 habrá crecimiento de 4.6%, es decir, que de un año para el otro se compensará la disminución del valor de lo producido para igualarse el siguiente, 2022. ¿De qué crisis estamos hablando?

La tasa de desempleo de Estados Unidos, calculada hacia abril en 14.7 y en junio en 9.3%, en realidad será, se dice, de 7.6%. En cuanto a la inflación, originalmente estimada para este año en 0.8%, se va a ubicar en 1.2% para todo el año de 2020 y el objetivo de la Fed de alcanzar el 2% se logrará en 2023.

Dice ahora la OCDE que la contracción de la economía mexicana en 2020 será de -10.2% y que en 2021 crecerá a tasa de 3%. El gobierno mexicano calcula una disminución del PIB de -8.2% y un crecimiento de un 4% en 2021. Aquí las cifras ya no son tan groseramente dispares, pero sigue la competencia. Al menos, no se está, como en los casos de España e Italia, presagiando una disminución de más del 12.8% frente a una bajada mundial de sólo -4.5%.

Si en cualquier crisis económica con fuerte recesión los pronósticos suelen ser poco firmes, en el parón económico todo resulta un tanto caótico porque la economía no habla por sí misma sino al son que le toque la autoridad sanitaria de acuerdo con indicadores de contagio.

Lo peor es que se ha desatado una especie de tétrica competencia sobre qué economías sufren más decrecimiento, desempleo y pobreza incrementada.

Como economistas de todos los países, fieles a su profesión y, naturalmente, a lo que aprendieron en sus escuelas, empezaron a adivinar el futuro inmediato, hemos recibido una lección más: si bien el cálculo económico tradicional nunca ha sido lo mejor, ahora es lo peor.

Las calificadoras de riesgos financieros y los bancos también han hecho su festín de predicciones equivocadas y han inundado con éxito las crédulas redacciones de periódicos con toda clase de cálculos inexactos y abusivos que se han publicado con evidentes fines amarillistas. Si a esas fuéramos, cualquiera podría hacer pronóstico económico y lograr su divulgación. Lo más vergonzoso es que esos economistas jamás se autocritican ni explican el origen de sus errores.

Se ataca al gobierno mexicano por resistirse a usar el crédito para subsidios fiscales o cobertura de préstamos privados. Sin embargo, en una u otra medida, en casi todas partes se ha hecho lo mismo. En Europa se ha sustituido débito por adelantos de aportaciones presupuestales, con lo cual se han beneficiado los países más atrasados y endeudados. En Estados Unidos se cerró pronto la llave del déficit porque no hay acuerdo en el Capitolio sobre a quien subsidiar y en que cuantía.

Casi todas las personas o empresas han perdido algo en la pandemia del Covid-19, con la excepción de los procesos de concentración de capital que se han profundizado. Negocios y Estado han recibido menos ingresos, así como también los trabajadores lanzados al desempleo y muchos pequeños comerciantes.

Estamos a mediados de septiembre y no sabemos cómo terminará el año. La incorporación a la actividad de más unidades económicas, así como la reposición de consumos interrumpidos, no está totalmente clara, pero no por motivos económicos sino sanitarios, es decir, el curso de la pandemia y sus posibles rebrotes. ¿Se puede eso calcular?

No estamos en crisis económica sino en parón por decreto. Esto debemos entenderlo para no hacer el papelón de la OCDE y ni siquiera de la Fed, para ya no mencionar al FMI que ha estado peor. Los economistas corporativos se han equivocado de fea forma por la necedad de repetir fórmulas tradicionales, propias de otra clase de fenómenos.

Así como en el Decamerón de Bocaccio algunos se reúnen para narrar cuentos durante la epidemia con el fin de distraerse en un momento de enorme tribulación general, con el fin de contrarrestar su miedo, economistas de casi todo el mundo se han estado reuniendo telemáticamente para hacer apocalípticas predicciones que generen más miedo. Lo enigmático de la narración actual estriba en que no se conoce aún lo que en el fondo se pretende. Al final, habría que ajustar cuentas intelectuales por tamaño despropósito.

¡Auxilio!

Conforme se acercan las elecciones del año 2021 arrecian las llamadas de auxilio para evitar, se dice, la extinción de las libertades y la caída de la democracia. Otra vez el peligro para México, vieja canción con nueva letra. Pero, como antes, ésta no es otra cosa que un montaje para defender privilegios caducados o que están cerca de ser por fin abolidos.

El peligro de que la libertad de expresión (Art. 6º) -no se habla inexplicablemente de la libertad de difusión de las ideas por cualquier medio (Art. 7º)— sea aplastada por la 4T no tiene ningún elemento vinculable. El gobierno no ha silenciado a nadie. No hay censura alguna. Lo que molesta es la réplica del, ahora, objeto principal de la crítica, el presidente, pero esa también es un derecho constitucional que no se quiere reconocer a plenitud o sin regateos.

El presidente de la República habla mucho. Sí, pero eso no disminuye el derecho de quienes también hablan o escriben todos los días. La prensa, escrita, videada y hablada, tuvo el monopolio durante años, pero a costillas del poder político. Cuando un medio era hostil o sencillamente crítico sistemático, el gobierno se encargaba de cerrarle el paso, negarle todo mecanismo de financiamiento y atemorizar a sus dueños. Hubo muchos casos de periodistas acallados, los cuales carecieron de la solidaridad discursiva de sus colegas apoltronados.

El pleito entre Andrés Manuel López Obrador y la prensa que él llamaba fifí y ahora sólo le dice conservadora es tan viejo como la participación de aquel en las filas de la oposición. Ha sido un pleito de mucha gente que ha promovido el ejercicio de libertades porque es un medio de negarse a ser silenciado. Ha sido también parte de la lucha política por el poder.

Esto nos lleva a un asunto de mayor fondo. Dicen los conservadores (hayan sido alguna vez de izquierda o sigan siendo de derecha) que la 4T, en concreto AMLO, debería ser respetuoso, cauto, institucional, modosito y nada respondón. El que puede llamarle pendejo al presidente de la República es Aguilar Camín, como ya lo ha hecho, sin que sus viejos y nuevos amigos lo hayan criticado ni con el pétalo de una lamentación. Quizá esos opositores crean que el estilo “caminesco” sí denota un alto nivel discursivo.

Lo que desean los críticos sistemáticos de la 4T es que el presidente no responda desde la Presidencia, sino que use a otros políticos de dentro o de fuera del gobierno. Añoran las prácticas del pasado. Son nostálgicos, pero por pura conveniencia.

Es justamente la libertad de difusión (Art. 7º) la que brinda por igual una robusta base a las críticas de los conservadores y a las respuestas del gobierno. No podemos seguir en una democracia de simulaciones en la que muchos periodistas mercaban con la dosificación de su crítica mientras el gobierno les pagaba para que no fueran demasiado lejos. Cuando algunos avanzaron, los hicieron caer para que callaran.

Una democracia concursal y formalista como la mexicana no puede seguir viviendo, como antes, dentro de una crítica acotada y una respuesta ritual de parte del gobierno. Ya nadie se va a quedar callado. Luego entonces avanzamos algo y la neutralidad del internet ayuda.

El mayor problema no es que los conservadores quieran volver a ese convenio de hipocresía y complicidad entre los críticos mediáticos y el poder político, sino que tanto las oposiciones como los intelectuales conversos critican poco los actos concretos del gobierno y sus omisiones, pero gritan que está en peligro el mantenimiento de las libertades de las que gozan sin límite alguno. Claman auxilio para combatir amenazas difusas.

La plataforma de las oposiciones de derecha y de los nuevos conservadores atolondrados consiste en llamar a derrotar a Morena en las elecciones de 2021 para impedir, dicen, el aplastamiento de la democracia.

Pero ¿qué cosa proponen? No confiesan su programa propio. No pueden decir con nitidez que piensan, por ejemplo, que el gobierno regala dinero al reconocer derechos sociales y otorgar las garantías de éstos. No pueden oponerse al combate a la corrupción y el robo al fisco. No les conviene defender el derroche y el atraco en el ejercicio del gasto público. Carecen de argumentos para criticar el aumento real de salarios. Se les hace complicado promover políticas de gobiernos anteriores que llevaron a desastres y cuya impronta sigue presente en la vida nacional. No tienen el valor de proclamar a las claras que es preciso seguir subsidiando al gran capital para promover el crecimiento de la economía. No, lo que dicen es que la democracia está en peligro y gritan auxilio. Pero ¿qué institución verdaderamente democrática ha sido cancelada? ¿Qué derecho se ha negado? ¿Qué libertad ha sido reprimida? No se sabe. Lo que mucho les molesta es que se critique al INE a pesar de su historia de permisiones y su presente de corruptelas, dispendios y arrogancias, pero ahí ya también empezaron los cambios.

En verdad, la plataforma electoral de la alianza opositora que se está formando es para detener lo nuevo y restaurar lo viejo. Buscan ahogar al gobierno de la 4T en riñas interminables en el Congreso para impedir más cambios. Pero eso no lo podrían conquistar con mentirosos gritos de auxilio sino con un programa alternativo que, por lo visto, no existe, ya que esos opositores no pueden ser tan descarados como para proclamar abiertamente la defensa de los regímenes anteriores, bajo los cuales vivían en la felicidad. Se nota, sin embargo, que experimentan una fuerte añoranza.

Si de libertades y democracia tuvieran que hablar, esos conservadores (hay muchos de plano reaccionarios) tendrían que rebatir el hecho de que se ha ampliado el ejercicio del derecho de crítica, se han frenado los actos represivos, se han abierto las puertas para la libre organización y la posición de gobierno se expresa al día y es directa. El gobierno no va a permitir el uso de fondos públicos en la competencia electoral, que antes fue una regularidad solapada por las autoridades encargadas de perseguirlo.

Para confort de esos conservadores, aún no tenemos una democracia participativa de base ciudadana y social, que llevara a la gente a decidir con frecuencia en todas partes y no sólo a elegir de vez en cuando. Mas si ellos fracasaran en sus pretensiones restauradoras, podríamos acercarnos a reformas democráticas que ampliaran las libertades y ensancharan el camino hacia una gran redistribución del ingreso. Este es el fondo del llamado de auxilio de parte de quienes buscan frenar el presente para volver al pasado.

Cambio de parafernalias y formas políticas

Si el cambio político pretende ser de fondo, es necesario que también se modifiquen las formas políticas y las parafernalias. Los espíritus anticuados no lo admiten y se aferran a los viejos métodos y rituales.

Algunos aseguran que el informe presidencial no lo fue en verdad porque no se dijo lo que ellos esperaban, sino lo que ya se había dicho. Afirman otros que, a pesar de la ley, lo que importa es el deber ser, por lo que el cambio de la Mesa Directiva de la Cámara debió hacerse de otra manera aunque no fuera una opción viable. Los mensajes del presidente de la República deben considerarse como propagandas electorales, agregan los convenencieros. Las mañaneras son inventos políticos irregulares y estéticamente inaceptables, señalan los espíritus más sensibles. En fin, la vida no puede seguir su buen ritmo sin chayotes ni moches, nos han estado insinuando ciertas personas muy conocidas.

Un primero de septiembre (2006) llegó un presidente a las puertas de San Lázaro y no se le permitió  ingresar en el salón de sesiones. Ya sin escolta, ese presidente entregó sus papeles y se tuvo que retirar. Este hecho inusitado fue una expresión de la rispidez política a la que ese mismo personaje había llevado al país. Al año siguiente, llegó otro, subió a la tribuna, no pudo hablar y se tuvo que ir de regreso a la Casa Presidencial.

La Constitución obligaba al presidente a asistir al Congreso y entregar un informe por escrito, pero no señalaba que debía pronunciar un discurso, mucho menos uno deshilvanado con frases hechas sin tiempo, lugar ni circunstancia.

Pero los informes se siguen enviando y, desde hace algún tiempo, con ese motivo, el Presidente de la República invita a Palacio a escuchar su discurso. La nueva parafernalia no ha resultado mucho mejor que la vieja, pero ahora ya no se pueden esperar sensacionales anuncios, como durante décadas, sino la explicación del programa político y su balance, porque la línea del gobierno se discute día con día. Esto no se quiere entender porque se vive en la añoranza que ni siquiera es de los últimos años, sino de los viejos tiempos.

De la experiencia del acto de rendición de protesta ante el Congreso por parte del actual presidente se pudiera desprender que es llegado el momento de establecer una discusión sobre el estado del país entre el titular del Ejecutivo y los legisladores. Un día al año o dos, quizá.

El Instituto Nacional Electoral ha caído en extremosos escándalos y ridículos. He aquí el más reciente: sin que mediara queja concreta, se prohibió la retransmisión de las conferencias de prensa del Presidente de la República en los estados de Hidalgo y Coahuila, donde habrá elecciones próximamente. La «maravillosa» comisión encargada de la censura, se colgó de quejas diversas de otros temas para embargar difusiones de ideas como si fueran propaganda electoral a cargo del Ejecutivo federal. Claro que el Tribunal revocó esa resolución y de paso incluyó una llamada de atención a los consejeros facciosos diciéndoles que no resuelvan lo que no se les pide, pues ellos no son concurrentes en las elecciones sino, supuestamente, organizadores de elecciones.

Las denominadas mañaneras son vistas por muchos opositores como maniobras políticas y, por otros, como elementos que afean al país. Cuando López Obrador resultó triunfante en la elección presidencial todos sabíamos que, probablemente, habría mañaneras porque las hubo cuando él ocupó la Jefatura de Gobierno de la capital. Ahora, hay quienes han convertido la lucha contra esas conferencias de prensa en una poderosa motivación política. El ridículo en el que cayó el INE con su censura frustrada no va a contener las aspiraciones desesperadas de otros y de aquellos mismos censores.

En San Lázaro tampoco ha sido sencillo instalar prácticas sin maniobrismo. Una presidenta que era del PAN, de manera espuria, usó su cargo para desafiar a la Cámara objetando ante la Suprema Corte un decreto presidencial que regula un precepto de la Constitución que, además, esa misma diputada había votado a favor.

El escándalo parlamentario más reciente tiene muchos precedentes. Si la Ley Orgánica ordena que la presidencia de la Mesa Directiva corresponda cada año a un partido diferente tomando en cuenta el número de miembros de cada cual, se entendía que no cabe una competencia de última hora con reclutamientos de legisladores para averiguar cual es el tercer grupo, sino que esa ya era una información conocida durante dos años que lleva la Legislatura. Sin embargo, parece que la costumbre de la maniobra está tan enraizada que se muestra como sagacidad y se ejerce en nombre de los más altos intereses nacionales. Un partido (PT) reclutó a unos seis legisladores, dos de ellos (anteriores perredistas, pero entonces sin partido) son profesionales del peculado y defraudadores electorales contra Morena, mientras el PRI le pidió prestado unos cuatro al PRD para no desbalancearse. Nadie votó específicamente a favor de una diputada priista para presidir la Mesa sino que fue una aplicación de la ley. Además, la candidatura del PT no hubiera tenido los dos tercios requeridos ni sumando todos los votos de Morena y ni siquiera agregando al PES que no estaba dispuesto a hacerlo. La mayoría parlamentaria, sin embargo, no depende de la presidencia y cuenta también con la mayoría de votos en la Mesa Directiva de la Cámara. ¿Para qué tanta maniobra? Vicios de viejos lodos.

Lo que no afecta vicios, sino modus vivendi, es la desaparición del chayote (remuneración ilegal de servicios periodísticos con fondos públicos) y de los moches (asignación presupuestal por la que se cobra subrepticiamente un porcentaje a la entidad beneficiada). Estas costumbres no pueden sobrevivir si la 4T quiere poner una barrera entre el pasado reciente de corrupción y un presente de lucha contra la misma. Pero las presiones siguen presentes para que ambas «instituciones» sean mantenidas en los lugares donde aún existen y restablecidas en el nivel federal.

Estas prácticas son parte de la conciencia y la práctica de generaciones que van de salida. Mas no estamos en una lucha entre el mal y el bien, sino en un proceso de eliminación de formas de vivir y estructuras deformadas durante décadas de envilecimiento. En México, el maniobrismo político, la falta de respeto al Estado de derecho y la corrupción se despercudían incesantemente con el uso de un supremo razonamiento justificatorio: recompensa por servicios prestados a la sociedad.

Preguntar al pueblo sobre asuntos de políticos

La ciudadanía vota cada tres años, luego de lo cual no se le vuelve a preguntar nada hasta nuevas elecciones. El resto de asuntos políticos corresponde a los políticos, en especial a los gobernantes. Esa es la democracia formalista y concursal.

La 4T plantea el método de consulta popular. Las democracias formales suelen ampliarse con mecanismos plebiscitarios y refrendarios; algunas que tienen sistema presidencial también cuentan con métodos revocatorios de mandato. Ya va siendo hora de que México emprenda un pequeño salto desde su democracia formal, acartonada y engañosa, es decir, poco democrática, hacia un nivel participativo.

En febrero de 2022 habrá procedimiento de revocación de mandato, pero en lugar de que sea a pedido de las oposiciones, en esta primera vez la solicitud popular la organizará el propio presidente de la República, el revocable. Bueno, por algún  lado se empieza.

El mismo Andrés Manuel López Obrador ha estado planteando, desde antes de asumir su actual cargo, que la ciudadanía decida si los expresidentes deben acaso ser denunciados por el gobierno con miras a la apertura de procesos penales. Sin embargo, una pregunta así formulada difícilmente podría embonar con el esquema de consulta popular definido en la Constitución, aunque puede encontrarse una forma de resolver el asunto.

La Carta Magna contiene un procedimiento popular decisorio. No se trata sólo de que se manifieste la opinión mayoritaria de la ciudadanía, sino que, a través del voto, se emita un dictado de obligatorio acatamiento para las autoridades. Denunciar desde el Ejecutivo y acusar por parte de la Fiscalía a una o varias personas no entra en ese método de adoptar decisiones populares, ya que obligaría al presidente, primero, y al fiscal general, después,  a actuar contra varias personas físicas (expresidentes) que tienen el derecho humano al debido proceso desde la investigación. La consulta popular es un medio de apoyar o rechazar políticas públicas o normas, pero no personas.

Es posible y hasta probable que la Suprema Corte no admitiera una consulta cuyo resultado podría hacer obligatoria la presentación de denuncias y, luego, de acusaciones penales. En tal circunstancia, el Congreso estaría impedido de convocarla.

Sin embargo, el mismo Congreso podría iniciar el examen de una iniciativa de ley presentada por el Poder Ejecutivo para conceder amnistía a los expresidentes por actos u omisiones que hubieran cometido durante su mandato, luego de lo cual, el mismo presidente podría solicitar al Congreso la convocatoria a consulta popular. Esta sería un plebiscito sobre un proyecto en trámite. Si a la votación concurriera más del 40% de los inscritos en el padrón electoral, la decisión mayoritaria sería vinculante para el Congreso.

Hay que aclarar que si el proyecto de amnistía fuera apoyado o rechazado por el pueblo, de igual forma el fiscal general podría investigar lo que debiera, otorgando plenas garantías a los posibles acusados. Pero la ciudadanía habría tenido ocasión de resolver sobre la vieja tradición –norma no escrita— de que en México los presidentes son intocables cuando están en el cargo y cuando lo han dejado: un asunto político que ya no sería exclusivamente de los políticos.

Andrés Manuel López Obrador tiene bases razonables para pensar que el nuevo presidente no debería provocar o exigir la persecución penal de sus antecesores, los cuales fueron, además, defraudadores electorales. Este es un punto de vista de carácter estrictamente político que busca evitar un clima de mayor confrontación en el país. Sin embargo, es probable la existencia de una gran corriente ciudadana en desacuerdo con esa forma de analizar el asunto.

Votar contra un proyecto de ley suele tener el significado de promover una acción o norma en sentido contrario que goce de plena justificación democrática. Esas situaciones se han producido en Sudamérica en relación con leyes de perdón. En México no tenemos esas leyes pero contamos con tradiciones de impunidad. En el fondo es algo semejante.

El estatus de facto de los expresidentes ha operado quizá como un cerrojo de la cláusula constitucional de no reelección. El asesinato de Álvaro Obregón fue un acto demasiado fuerte que llevó a eliminar nuevamente la reelección, pero sin represalias contra el mandatario anterior. Todos los políticos quedaron contentos: si aquél era impune, ellos también.

Plutarco Elías Calles fue metido en un avión rumbo a Los Ángeles y Carlos Salinas de Gortari salió corriendo a Irlanda, pero nadie había intentado encausarlos. Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría fueron enviados por un tiempo al extranjero como embajadores. Ahora mismo se encuentran fuera del país Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. El exilio no es castigo para un expresidente, sino que puede darle tranquilidad, aunque también la tienen, al parecer, Vicente Fox y Felipe Calderón, aunque ahora sin pensión vitalicia. El único expresidente que fue sometido brevemente a proceso penal con prisión preventiva domiciliaria fue Luis Echeverría, pero, atrozmente, el Poder Judicial declaró prescritos los delitos. Todo lo anterior ocurrió con base en la norma virtual de impunidad penal de quienes fueron presidentes.

Habría que acompañar la consulta popular sobre la amnistía (olvido penal) de expresidentes, en agosto de 2021,  con un par de temas que también sean de innegable trascendencia nacional, tales como eliminar el llamado fuero (inmunidad procesal penal) a nivel de todo el país y reducir a la mitad el monto del financiamiento de los partidos.

Esos son temas de fuerte controversia, cuya solución conllevaría reformas políticas mediante decisiones del pueblo y no sólo de los políticos, como hasta ahora.

Cuando se ensanchó el Estado corrupto

La denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General contiene asuntos ya comentados, como la corrupción de la empresa Higa, los sobornos de Odebrecht, el trinquete de Agronitrogenados y el contrato leonino con Etanol XXI, pero incluye lo que un video mostró apenas hace unos días: la entrega de billetes a funcionarios del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El motivo del pago de 6 millones en efectivo no está revelado en dicho video pero ahí se habla de otros abonos mayores.

Una grabación que permite observar que una persona entrega millones en efectivo a servidores públicos, asistentes de unos legisladores, abre la razonable posibilidad de un acto delictivo. Desde el 11 de agosto, Emilio Lozoya había presentado ante la FGR una lista de pagos por «extorsiones» en dos momentos: la reforma constitucional de energía y la expedición de las leyes reglamentarias de la misma.

Es parte de un ritual que el PAN y los políticos señalados nieguen todo y se declaren inocentes e indignados. Lo mismo sucedió antes con los moches, mecanismo con el que se canalizaban directamente miles de millones hacia estados, municipios y entidades privadas, luego de lo cual se cobraban los favores. La historia de los moches se puede escribir por ahora con la descripción documentada de las cantidades y destinos de los gastos, pero no ha sido posible probar lo que de sobra se sabe: gestores, principalmente diputados, cobraban el servicio, ya fuera en efectivo o mediante la adjudicación contractual de las obras.

Una cosa es que dentro de cada gobierno (priista o panista) existiera una red de corrupción y otra que esa misma abarcara también a la oposición. En esto ha consistido parte del reciente ensanchamiento del Estado corrupto.

El gobernador de Querétaro no le preguntó a su recién despedido secretario particular por qué, con instrucciones de quién y para qué recibió los seis millones. De seguro era innecesario. Nadie en el PAN podría tampoco tomar la lista de entregas incluida en la denuncia de Lozoya y explicar desde dónde y por qué motivo se recibieron esos muchos millones en una casa de Las Lomas, la cual, se sabe, era una de las guaridas gubernamentales.

Así como los gestores y coyotes nunca han  explicado cómo se operaban los moches, tampoco esos empleados del Senado nos van a querer contar su historia. ¿El actual presidente del PAN estaría dispuesto a realizar al respecto una investigación sobre un militante de su partido al que se observa recibiendo seis millones en efectivo? La respuesta negativa ya se produjo. (El caso de René Bejarano llevó al desafuero, a procesos penales y encarcelamientos, así como a una investigación interna que culminó en expulsiones, entre ellas, la de quien era la presidenta del partido en el momento de los hechos).

Emilio Lozoya le ha contado unas historias a la Fiscalía, pero al mismo tiempo se incrimina, como es del todo natural. Busca que, al colaborar, la justicia sea menos severa. Eso está muy claro, pero no es el mayor problema.

Para desmontar el Estado corrupto que ha padecido México se precisa profundizar en sus modos de ser, operar, repartir e involucrar a muchos del entorno político e ir más lejos.

No existe sistema de corrupción como forma de gobernar que no requiera desarrollo. Eso es justamente lo que ocurrió en México desde 1949. Antes, había corrupción pero no era un sistema político como tal. A partir de su inicio, con la toma del gobierno por parte de algunos licenciados encabezados por Miguel Alemán, el Estado corrupto tuvo su siguiente gran salto en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y, recientemente, con Enrique Peña Nieto. En un ínterin de 12 años, las presidencias panistas dejaron las cosas más o menos como estaban y añadieron algunos tintes, entre ellos los moches, con los cuales el PAN hizo historia. Quizá ahora podremos saber algo de la corrupción bajo Calderón en el marco de las relaciones con el Cártel de Sinaloa, aunque no se podría considerar que esa conducta hubiera sido una aportación original.

Como es natural, los muchos fraudes electorales de los que México ha sido víctima siempre estuvieron relacionados con la corrupción. Como medio de conservar el poder corrupto y corruptor se hacía necesario usar dinero ilícito. Los Estados corruptos suelen funcionar de esa manera. Pero en México se han presentado fenómenos casi fantásticos, como el del año 2000, cuando el candidato ganador y el situado en segundo lugar usaron dinero ilícito. Al menos se conocieron entonces partes de ambas tramas y, luego de años de controversias, se multaron a los respectivos partidos, pero no hubo procesos penales debido a la ilegal orden de uno de los denunciados: Vicente Fox, presidente de la República.

La defraudación de Felipe Calderón (2006) ocupó montos mayores recolectados de manera ilícita para financiar la campaña y una propaganda mendaz, absolutamente difamatoria, además de la alteración de resultados. Todo esto con la colaboración de las autoridades electorales.

El último fraude sexenal (2012) fue dirigido por Luis Videgaray, lo cual es de público conocimiento. Los recursos dispersados con las tarjetas de Monex eran una pequeña parte de un total desconocido, pero nada fue puesto en claro con las investigaciones manipuladas. Se compró casi todo lo comprable, se violaron las leyes, pero el país siguió en una normalidad de alternancias en el gobierno, título de orgullo de algunos consejeros y ex consejeros del INE que, sin embargo, sacan de contexto esos momentos de cambio engañoso, que no sirvieron para detener el funcionamiento del Estado corrupto.

Hace unos 30 años nadie iba a pensar que Acción Nacional se iba a lanzar a la gananciosa aventura de la corrupción, hacer fraudes, usar financiamientos ilícitos, manipular la justicia, cobrar moches y mordidas, recibir dádivas del poder, etc. Pero lo hizo. Se lo tragó el Estado corrupto.

Este fenómeno es digno de investigaciones concretas sin límites, pero también de estudios teóricos para descubrir las bases estructurales y funcionales de poder sobre las cuales la corrupción pasa de un partido a otro sin detenerse o, al menos, moderarse. En este marco, habría que analizar el ensanchamiento del Estado corrupto mediante el cual se financia ilícitamente al opositor o se comparten ganancias.

El esfuerzo de hoy no es sólo para lograr que se interrumpa ese fenómeno, lo cual exige una gran lucha sistemática y cotidiana para desmontar el Estado corrupto, sino también para sentar bases que hagan políticamente imposible un cambio regresivo.

Donald Trump dejará la Casa Blanca

Faltan casi 80 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero se sabe que Donald Trump no podrá reelegirse. Joe Biden no será el triunfador sino que el actual inquilino de la Casa Blanca ha de ser el perdedor, como le ocurrió a Hillary Clinton, la cual perdió por sí misma.

Como se sabe de sobra, Trump no obtuvo la mayoría de votos populares. En realidad, Estados Unidos ha tenido una vez más un presidente de minoría. Esa democracia competencial sigue anclada al duro conservadurismo federativo que selló la unión de las 13 colonias al proclamar y defender su independencia conjunta. Pero ese sistema carece de lógica democrática, ya que el gobierno de la unión dirige en todo el territorio con facultades considerablemente fuertes.

Trump no tendrá la mayoría del voto popular, como no la tuvo hace cuatro años, pero ahora tampoco logrará la mayoría en el Colegio Electoral porque los estados donde ganó por un margen menor al 3% no se van a comportar igual (Florida, Michigan, Carolina Norte, Arizona, Pensilvania, Wisconsin), mientras que en Texas las encuestas ya igualan a ambos candidatos. Aunque conservadoras en su mayoría, en esas entidades existe una franja política que ya no está dispuesta a sostener un presidente especializado en dar palos de ciego.

Dividido en dos grandes bloques, Estados Unidos tiene un sistema político que a nivel nacional logra subsumir a todas las corrientes políticas en dos bandos. Pocas veces ha surgido un tercero y solo una vez la opción emergente logró la segunda posición electoral, con un ex presidente como candidato. La próxima elección de noviembre será clásica: sólo dos candidatos en disputa, aunque siempre se registran muchos más.

El campo más conservador se aglutina electoralmente desde hace mucho tiempo en el Partido Republicano; es ahí donde ahora son más urgentes las discrepancias, de tal manera que hay franjas que podrían preferir a un presidente también conservador pero algo moderado o mediocre: Joe Biden.

En el lado demócrata el cambio es muy urgente. El vencedor de las internas, Biden, ha decidido acompañarse de una senadora algo menos conservadora, quien algunas veces ha coqueteado con la izquierda. La combinación busca satisfacer al electorado afroamericano y, al mismo tiempo, brindar a las corrientes de izquierda, incluyendo a la socialista democrática de Sanders, un respiro frente al extremismo de derecha representado por Trump.

En Florida, por ejemplo, Trump está perdiendo terreno en el seno mismo de lo que fue su fuerza más adicta, el sector de «hispanos», principalmente cubanos, algunos de los cuales ni siquiera están contentos con la política de Washington frente a la isla. Si el actual presidente no puede tener mayoría en Florida, ya perdió la Casa Blanca. Pero perderá también otros estados antes ganados porque tampoco cumplió sus promesas.

La propaganda de Trump consiste en identificar como socialistas a todos sus adversarios, incluyendo desde luego a Joe Biden y a Kamala Harris, pero no se está enfrentando directamente a Bernie Sanders, sino a candidatos moderados, quienes, sin embargo, pueden lograr el voto de gran parte de la izquierda.

Después del incidente del asesinato de George Floyd, el 25 de mayo de este año en Minneapolis, las protestas no se circunscribieron a los afroamericanos sino llegaron a sectores de blancos que no están dispuestos a admitir la barbarie policial racista que durante tanto tiempo ha tenido lugar en Estados Unidos. La posición de Trump frente a las protestas ha ayudado a que algunos de sus anteriores electores se sientan obligados a cambiar su preferencia electoral. Así, Estados Unidos dará un voto mayoritario en contra del racismo, aunque éste no se va a acabar en una sola elección. De cualquier forma, se cree que el fuerte supremacismo blanco no es mayoritario. Si esto es así, Trump no podrá seguir siendo presidente.

 La política agresiva contra los inmigrantes puede convencer aún a algunos que tienen ya muchos años como residentes o ya son ciudadanos, en aras de mantener su situación en el competido mercado laboral estadunidense, pero no tanto como para lograr que Trump gane nuevos terrenos en esa franja del electorado.

Trump no tiene márgenes para avanzar, sino todo para retroceder. Por su lado, Biden no va a convencer más allá del voto duro demócrata pero tampoco será atacado o bloqueado por aquellos segmentos político-sociales que no quieren ver a Trump ni en pintura.

La gestión de la crisis epidémica de la Covid-19 es muy discutida, en Estados Unidos eso es algo descentralizado, de tal manera que los estados y aun los condados tienen fuerza normativa en el control de la enfermedad. Por más tonterías que haya dicho Trump sobre «el virus chino», por más equivocaciones de su inestable gabinete sanitario y por más altos que sean los números de fallecidos,  no parece que la pandemia vaya a ser decisiva en el voto ciudadano.

Otra característica de la campaña electoral estadunidense es que los mensajes electorales de ambos candidatos están centrados en el adversario. Trump acusa a Biden de izquierdista, radical, etc. Biden acusa a Trump de llevar al desastre al país y al mundo. Pero los programas propiamente dichos aparecen muy poco y se limitan a algunos puntos. La propaganda se centra demasiado en la posición que se rechaza: el no al otro.

El mayor problema está, sin embargo, en la incidencia electoral. Si los que quieren defenestrar al actual presidente logran cohesión y disciplina estrictamente electoral, no habrá problema: serán pocos los estados que voten mayoritariamente por Trump.

Si en los próximos 80 días no se produce una hecatombe política, Donald Trump dejará de ser el presidente de Estados Unidos. El mundo tomará un respiro, pero no se habrá resuelto algún problema fundamental. Al respecto, muchas cosas estarán por verse, al menos eso podría ser un comienzo.

Esta no es una crisis económica

El mayor problema de algunos economistas y no pocos periodistas, así como de muchos políticos, es creer que vivimos una crisis económica en vez de un parón por decreto de Estado.

No puede haber crisis económica sin biografía. Todas inician antes de que las personas puedan darse cuenta del carácter de sus precursores. Siempre hay fenómenos económicos y sucesivas decisiones políticas que al final llevan a una crisis.

No conviene confundir un parón económico por decreto con  una crisis económica. El primero es consecuencia de una decisión de gobierno, mientras el segundo es resultado de una compleja relación entre múltiples factores, con frecuencia estructurales, acumulados paulatinamente.

Este asunto no tendría relevancia si no fuera por la necedad de analizar la caída decretada de la producción y los servicios a través de métodos y herramientas surgidos de las crisis económicas. Como se trata de dos situaciones diferentes, se ha producido un problema epistémico. Es decir, hay formas diferentes de conocer una realidad nueva sólo aparentemente igual a otras anteriores. Mas la baja del PIB en la dimensión en curso, como producto de un decreto, no es un fenómeno desencadenado y desencadenante.

La mitad de los empleos suspendidos durante tres meses se recuperó en un mes. Pocos creyeron que eso pudiera ocurrir porque sólo recuerdan las crisis económicas, pero no los parones decretados por pandemia, el último de los cuales quizá fue en 1918.

No obstante, frente a la baja de la producción y los servicios se sigue proponiendo que el gobierno se endeude mucho más de lo programado para cubrir la entrega de inusitados subsidios fiscales y ofrecer garantías sobre créditos privados. Desde las oposiciones, nadie propone que se invierta más en infraestructura. Por el contrario, se quiere que se desinvierta en los proyectos en curso en aras de brindar subsidios en el pago de impuestos.

La idea de un mayor endeudamiento público sigue en la primera línea de la discusión doméstica debido a la insistencia de la patronal y de las oposiciones políticas. Esto ocurre sin que los proponentes consideren la prohibición constitucional de contratar crédito para cubrir gastos que no sean de inversión productiva.

Como la Constitución no sirve para los propósitos del endeudamiento extraordinario, veamos si el nuevo mega crédito propuesto pudiera ayudar a la economía a mediano plazo. Los activos de mexicanos en el exterior, menos los activos mexicanos en poder de extranjeros, incluida la deuda correspondiente, tiene un déficit de 52.1%. O sea, los mexicanos tienen afuera poco menos de la mitad de lo que poseen los extranjeros en activos mexicanos (Posición de Inversión Internacional Neta –NIIP-). Menos mal que no estamos en el déficit de 73.5 que tiene España, cuya deuda pública ya rebasó el 100% de su PIB.

Esta situación es «manejable» a la luz de otros indicadores, según consideran los analistas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la prima de riesgo neta de la deuda de México es muy alta, mayor que la de España. Eso es lo que le duele a los mexicanos porque pagan más por lo mismo. El FMI parece soslayar que las migraciones de capital desde México no regresan al primer estímulo pues se realizan pensando en un futuro indefinido, como lo ha demostrado la escasa respuesta a las amnistías fiscales ilegalmente decretadas por el gobierno anterior. Además, los bonistas domésticos se comportan con frecuencia como externos, así que los acreedores del Estado mexicano residentes en México pueden al día siguiente aparecer con una cuenta en alguna financiera estadounidense, como si fueran extranjeros, lo cual se observa con harta frecuencia desde aquel 1982, cuando «ya nos saquearon». Tenemos mercados integrados pero muy diferenciados. El mismo FMI insiste, respecto de México, que «los grandes pasivos brutos de la cartera extranjera (y buena parte de la nacional, habría que agregar) son fuente de vulnerabilidad en situación de volatilidad financiera global.» Lo sabemos de sobra.

Al margen de esta situación, el NIIP no es tan malo para un país como México. Sin embargo, ayuda a generar unas tasas de interés usurarias. Cuando en Europa y Estados Unidos el interés ronda el cero por ciento, México, con 3% de inflación, tiene una carga pesada que ha orillado a un superávit primario en el presupuesto, lo cual indica que el Estado está recogiendo de la sociedad más dinero que el devuelto a ella. Todo en aras de contener la carga de la deuda que tiende a reproducirse incesantemente por sí misma. La cuestión no reside en cuánto debes sino en cuánto pagas de intereses. Si se decreta una explosión del débito, pronto habrá otra del pago de altos intereses y, entonces, se tendrían que reducir inversiones públicas y gasto social. Ya está cantado por parte de varias calificadoras internacionales que México perderá el próximo año el grado de inversión debido al débito petrolero, es decir, aconsejarán no adquirir y deshacerse de  bonos mexicanos.

El crédito neto es un anticipo de ingresos y, en términos económicos (empresarial o estatal), la ocasión de ampliar la inversión siempre que su resultado permita cubrir el llamado costo financiero (compartir ganancias con los dueños del dinero), pero, al mismo tiempo, dejar puesto un valor mayor. Si, por el contrario, el monto de los intereses rebasa la ganancia, entonces se trabaja exclusivamente para el prestamista y se arroja una pérdida. Este problema se resuelve en el plano de la economía pública cuando los empréstitos detonan el crecimiento, en forma directa o indirecta, para generar más producción y, por esa vía, una mayor masa de impuestos, siempre por encima de los intereses pagados. Pero eso es justo lo que no ocurre cuando el Estado destina el débito a cubrir consumos improductivos. Es por tal razón que esto último no está permitido en la Constitución, la cual, al respecto, siempre fue violada.

El Fobaproa (IPAB) fue un nuevo endeudamiento por 100 mil millones de dólares, absolutamente inconstitucional. Deudas privadas convertidas en públicas por decreto del Congreso. ¿Cómo se «detonó» la economía? De ninguna forma, como no fuera con una restricción del gasto programable. La alternativa no era dejar que los dos bancos grandes que seguían vivos quebraran finalmente, sino que los activos inyectados por el gobierno no fueran regalos sino inversiones públicas en acciones bancarias sin derechos corporativos, cuyas regalías se acumularan hasta el momento de su amortización. Con el resto de los bancos que sí quebraron, el Estado formaría uno solo para resarcir quebrantos a través del tiempo. Esas propuestas, las cuales presenté en la Cámara de Diputados, fueron consideradas estrafalarias, según afirmó José Ángel Gurría, entonces secretario de Hacienda. Japón y, luego, Estados Unidos sí hicieron eso con medianos resultados, pero al menos no perdieron tanto como México. Más de 20 años después seguimos pagando intereses mes con mes, pero Bancomer y Banamex (BBVA y City Bank), poseedores de bonos Fobaproa, disfrutan de enormes ganancias, porcentualmente mayores que las de sus sedes en Madrid y Nueva York. En México no hemos tenido banca propiamente dicha sino usura. Así funcionan los esquemas monopólicos con ausencia de regulaciones del Estado.

El FMI, el cual también ha estado indicando que México tome crédito internacional, plantea que el gobierno lleve a cabo dos acciones: 1) reformas fiscales inclusivas y a favor del crecimiento, y 2) revitalizar las reformas estructurales a mediano plazo para mejorar la competitividad y el clima de inversión.

En el primer tema, el Congreso debería revisar los gastos fiscales para eliminar viejos privilegios que nunca se han justificado. Sin embargo, la política del gobierno aconseja esperar para hacer un ajuste en las tarifas sobre la renta, hacia arriba en los ingresos altos y a la baja en los medios.

En cuanto al segundo tema, sería muy difícil que cuando Pemex tiene ya un 23% de rendimiento (antes de impuestos y costo de la deuda), frente a 17% de Chevron, 12% de Total y 10% de ENI, BP, Repsol y Exxon, tuviéramos que volver a intentar matar a la gallina, la cual, además, tiene los menores costos de operación (68%) en relación con las grandes petroleras mundiales (85%). Toda la deuda de Pemex es del gobierno desde hace casi 40 años. Para contratar ilegalmente créditos para gasto corriente, los presidentes le quitaban a Pemex la mayor parte de sus ingresos y le obligaban a realizar sus inversiones con operaciones de deuda, las cuales hubieran sido innecesarias bajo un régimen fiscal diferente, sin dejar de recoger participaciones para el Estado. Así que, ahora, Pemex tiene que hacer malabares para cubrir intereses sobre lo que en verdad no debe, para solventar ilegalidades de los gobiernos anteriores que se fueron sin pagar.

Para hablar de endeudamiento excesivo, la experiencia Argentina es aleccionadora, con 9 default en su historia. El último ha culminado mediante un acuerdo con los acreedores extranjeros. Argentina no podía pagar los intereses de su deuda externa, con una tasa media de interés del 7% (mayor de la mexicana). Se ha llegado al acuerdo de reducir el monto del débito en poco más de la mitad y ubicar los intereses en 3%, lo cual conduce a dejar de pagar 30 mil millones de dólares durante los próximos 10 años.

La deuda pública central total de Argentina, unos 400 mil millones de dólares, es equivalente al 90% de su Producto Interno Bruto (en México es del 52%). Aquel país del sur lleva tres años en recesión con una devaluación de 80% en los últimos cinco años. Su anterior presidente contrató 44 mil millones de dólares con el FMI, los cuales se destinaron principalmente a defender el peso, es decir, a cubrir la compra de dólares que se fueron de regreso con el eterno agradecimiento de los más ricos del país.

Lo peor no estriba en los números macroeconómicos sino en el inmenso costo de esa crisis en términos sociales: otro volver  atrás. Esta historia no es diferente a otras vividas en América Latina, México incluido, donde a partir de los tesobonos (que no eran otra cosa que deuda en dólares) se precipitó alguna vez (1994-95) una crisis financiera internacional denominada Efecto Tequila, pero conocida dentro del país como «el error de diciembre». Emigraban los dólares hacia el norte mientras el Estado iba perdiendo capacidad para garantizar el cambio de moneda. Como había ocurrido en 1982, no había con qué pagar. El peso cayó, las tasas internas de interés se revolucionaron, los deudores debían súbitamente más que el importe del préstamo original, la producción disminuyó (el famoso PIB), los bancos quebraron, la inflación acabó con gran parte de los ahorros líquidos y disminuyó la capacidad adquisitiva de los salarios. Al final, México hizo reconversión de deudas, pero ya había cosechado desgracias pocas veces vistas.

Para volver al tema de inicio de este artículo, México no debería cometer los mismos errores que suelen verse en las crisis económicas y, justo porque no vivimos una de esas sino un parón decretado debido a un gran problema de salud carente de causa económica, mucho menos debemos usar técnicas puestas en práctica en el pasado que han  sido con frecuencia dañosas.

Como en realidad no estamos inmersos en la parte recesiva de un ciclo de la economía, hay que reconocer a plenitud que la economía no se «mueve sola», sino que, con entera pena y mucha esperanza, la manipula el Consejo de Salubridad y, ahora, también los gobiernos locales, para proteger la salud.

De por sí nuestra deuda crece rápido. No le metamos velocidad sin causa productiva alguna.

Oligopolio medicinal

El oligopolio de medicamentos, materiales y equipo de salud es causa de altos precios y mucha corrupción. Es una expresión remanente de las décadas del dominio político del PRIAN.

El gobierno actual ha buscado vías para contrarrestar los precios de monopolio y las maniobras comerciales. Uno de esos caminos lo ha abierto el Congreso con la reforma de la Ley de Adquisiciones, aprobada el miércoles 29 de julio. Se trata de que únicamente la compra de medicamentos a través de organismos internacionales intergubernamentales no esté regida por esa ley sino sólo por los principios que al respecto señala la Constitución. La adjudicación directa contemplada en la legislación actual no es un mecanismo suficiente para dar base jurídica a convenios permanentes y a la apertura de un sistema de adquisiciones exclusivas por conducto de esos organismos internacionales. Era indispensable la reforma.

La mayoría de las oposiciones presentaron argumentos dirigidos a defender al oligopolio medicinal y sus prácticas. Se dijo que la reforma de la ley se dirige a sacar a las empresas mexicanas del mercado. Sin embargo, el sector público representa menos de la mitad de la demanda interna que alcanza unos 200 mil millones de pesos anuales. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación, desde éste se erogan 80 mil millones. Además, México no podría adquirir más del 25% de su consumo interno mediante el procedimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a la clase de vacunas y medicamentos que se tramitan a través de su sistema. Asimismo, las empresas mexicanas productoras podrían participar en los procedimientos convocados por la OMS para colocar sus mercancías.

Con las nuevas operaciones de México dentro del sistema OMS/OPS, los precios de lo comprado dentro de tal mecanismo serían un 25% menores, según se ha estimado por las mismas organizaciones internacionales.

La defensa de las empresas de medicamentos no tiene ningún asidero a no ser la procura de un interés comercial ilegítimo. Las prácticas monopólicas de esas empresas son bien conocidas. En cuanto a quienes son meramente distribuidores, todo es mucho peor, pues ni siquiera producen, pero realizan las peores y más sucias maniobras, aunque también los está defendiendo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA).

Hemos tenido aquí una fuente de corrupción pública, a pesar de las licitaciones, puesto que los pactos convenientes, como se sabe, llevan a buenos precios sólo para los vendedores cuando éstos se ponen de acuerdo. Por el lado del Estado, el sector salud ha sido una sede de corrupción ligada a las adquisiciones.

El mercado de insumos para la salud es aún más ganancioso porcentualmente, pues, en México, los dispositivos médicos de alta tecnología se venden, en promedio, al doble que en el resto del mundo, a través de intermediarios mayoristas (servicios integrales de salud). Esta es una manera de hacer negocios con muchos hospitales públicos de segundo y tercer nivel. Aquí ya no son sólo los medicamentos sino algo más complejo que afecta mayormente a la medicina social del país. Urge que el IMSS y el ISSSTE terminen con ese perverso sistema.

Además, en México, sólo el 12.1% de los medicamentos son genéricos, es decir, carecen de patente en vigor, por lo que hay libre producción, y el 13.2% es sin prescripción, pero el restante 74.7% es de marca, casi siempre de laboratorios trasnacionales. Esto es algo así como un campeonato mundial de medicamentos caros. Un agobiante sistema de monopolios legalizados.

El país en su conjunto destina a salud el equivalente al 6.5% del PIB. La mitad de este porcentaje es lo que se denomina gasto de bolsillo, es decir, se realiza directamente por las personas, fuera de la medicina pública. Esto habla de lo raquítico del sistema institucional. México es uno de los países con mayor gasto personal directo en salud.

Esto lleva a entender mejor el significado concreto de la lucha contra las prácticas monopólicas de las empresas de medicamentos. Si con la nueva legislación el sector salud, al comprar más barato, se ahorrara aunque fuera el 10 por ciento de lo que hasta ahora gasta, esa misma cantidad se podría usar en el fortalecimiento de unidades médicas y hospitales, así como en el suministro de medicinas.

El problema no se va solucionar por completo sólo con la reforma legal que se aprobó en el Congreso, pero ésta va a ser de una gran ayuda. Es un paso a favor de la atención médica como derecho de todos y todas. Es un avance en la lucha contra la corrupción. Es algo en pro del combate a los sistemas monopólicos que agobian la economía mexicana.

Afores: negocios parasitarios

Uno de los grandes problemas del sistema mexicano para el retiro basado en cuentas individuales es la existencia de empresas parásitas, las llamadas afores.

Nada justifica las enormes tasas de ganancia de esos establecimientos creados exclusivamente por ley. Son unas cuantas empresas que conforman un oligopolio. Cobran cuotas como en ninguna otra parte del mundo, hasta del 1% (casi el mismo porcentaje que la aportación del trabajador), pero no hacen nada peculiar. Este sistema de afores es una maravilla: cobrar por recibir depósitos de dinero sin asumir el más mínimo riesgo ni tener la menor obligación. En términos sociales: mermar el ingreso laboral como medio de obtención de ganancia. Eso siempre ha sido un robo.

La reforma que anunció López Obrador consiste principalmente en ampliar al doble el número de trabajadores que puedan tener derecho a una pensión garantizada, tomando en cuenta el ya existente sistema de Pensión para el Bienestar, así como en aumentar la tasa de retorno de los ahorros mediante mayores aportaciones patronales.

Esto es lo más urgente, lo que debió haberse hecho hace años pues ya se conocía a detalle la dimensión de la crisis del mecanismo SAR, la cual estaba conduciendo a que millones no pudieran tener pensión (44%) y la inmensa mayoría de los pensionados sólo alcanzaran bajos porcentajes respecto al salario recibido en el momento de su retiro. Como ya se ha dicho desde hace más de 20 años, el sistema previsional mexicano es un mecanismo de empobrecimiento directo de la mayoría de los trabajadores: no te retiras para vivir mejor sino para ser más pobre.

La reforma que ha propuesto el gobierno es un primer paso en dirección de contener la crisis anunciada. No se puede hacer menos que esto a pesar de que el mayor problema está previsto para dentro de algunos años. ¿Para qué esperar?

Al plantearse la incorporación de la actual pensión de adultos mayores al sistema previsional se está haciendo que los recursos públicos destinados a ese programa queden comprometidos, lo cual protege también a quienes no cotizaron, pues el retiro de éstos seguirá siendo cubierto por la Pensión para el Bienestar.

La reforma propuesta expresa la característica de las pensiones, es decir, que son muy bajas en su gran mayoría y, al mismo tiempo, proyecta la nueva orientación del poder político. Es por ello que las aportaciones del Estado se concentrarán en favor de quienes reciben menores ingresos.

Como esquema, tenemos que las cuotas patronales irán de 5.151 hasta 13.875 del salario del trabajador, en una escala en la que sean porcentualmente mayores para los salarios más altos. En cambio, la aportación del gobierno, Cuota Social, será sólo para quienes reciban menos ingreso, hasta 4 UMA (Unidad de Medida y Actualización).

No se ha dado a conocer el impacto que pudiera tener el aumento de cuotas patronales en la recaudación, pero habrá un gasto fiscal por ese concepto.

La tasa de reemplazo (porcentaje del salario que al final puede ser jubilación o pensión), se va a equilibrar entre los diversos niveles de ingresos bajos, con lo cual mejoran principalmente quienes ganan entre 2 y 5 UMA, más los primeros dos niveles que los segundos.

La pensión garantizada, que ahora es de 3,289 pesos mensuales,  dependerá de edad, salario y semanas cotizadas, pero, en promedio, se ubicará en 4,345 pesos mensuales, lo cual es un aumento significativo.

La reducción de número de semanas de cotización para tener derecho a pensión garantizada es consecuencia del tamaño de la llamada economía informal, donde no opera el sistema de seguridad social, lo cual determina que existan millones de trabajadores que entran y salen durante toda la vida. Al final del trabajo, cuando llegan a la edad de 60 años o más, no tienen las 1,250 semanas que ahora es el requisito. Con la reforma, lo harán desde 750 y, a través de 10 años, gradualmente, se establecerá en 1,000 semanas de cotización.

Las cuotas de los trabajadores no van a aumentar a pesar de que son bajas (1.125%). Esto se debe a que los salarios mexicanos son demasiado reducidos y a que la inmensa mayoría de los trabajadores reciben menos de 5 mínimos. No podría explicarse ahora un incremento de cuotas.

Ningún sistema previsional es muy bueno o carece de problemas. Cuando no se trata de asuntos demográficos, se enfrentan a cuestiones relacionadas con los niveles salariales, las aportaciones o las crisis financieras que afectan la reserva. El sistema de cuentas individuales es de los peores sistemas, aunque es bueno para los altos salarios.

Las reformas que se van a llevar a cabo son indispensables para resolver la urgencia. Luego, se tendrá que seguir discutiendo la conformación de otro sistema, el que resulte adecuado a una prospectiva nacional y responda a las necesidades de los trabajadores formales e informales.

Por lo pronto, la pensión será la garantía del derecho al retiro, mientras la pobreza y la desigualdad se habrán reducido un poco.