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Venezuela: los golpistas

 

Es irrelevante que el gobierno mexicano haya “desconocido” las recientes elecciones venezolanas luego de saludar el plebiscito convocado y realizado por las oposiciones. Esto es así para los venezolanos mas no para los mexicanos. Aquí se ha cometido una intervención política del gobierno mexicano en asuntos internos de otro país.

El gobierno de Peña podría romper relaciones con Caracas, si así lo decidiera. No requiere sanción parlamentaria, ni siquiera apoyo popular. Pero México no reconoce gobiernos y, por tanto, tampoco los desconoce: no puede ser golpista. Tiene o no relaciones diplomáticas con otros Estados. Punto. Así es la política exterior mexicana. O, mejor dicho, era, porque Peña Nieto y Luis Videgaray la han defenestrado. Lo peor es que lo han hecho alineándose con Washington, quien sí reconoce o no a otros gobiernos y, más aún, los puede sancionar y buscar su derrocamiento; así es la política exterior de Estados Unidos, pero ése es otro país y tiene otra historia.

Mas al margen de los desaguisados del gobierno de Peña Nieto, existe Venezuela, donde se ha llevado a cabo durante los años recientes una aguda lucha política, cuyo centro es el destino de los excedentes petroleros, los cuales, por décadas, habían sido capturados por una minoría privilegiada que terminó en una profunda corrupción. Aquella oligarquía fue arrollada por una revolución basada en las urnas: bajo el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela había votaciones a cada rato, fueran o no necesarias.

La oposición venezolana siempre ha sido golpista. Intentó varias veces derrocar a Chávez a través de varios métodos, incluido el golpe militar. Mas lo que no estaba previsto era que lo siguiera siendo después de ganar por primera vez los comicios legislativos. Tan luego como la coalición opositora logró la mayoría en la Asamblea Nacional, se propuso terminar con el mandato de Nicolás Maduro y en eso sigue.

Lo que tampoco estaba previsto era que Maduro se convirtiera en otro golpista a través de actos sucesivos: primero, anular elecciones distritales supuestamente fraudulentas para impedir que la oposición tuviera mayoría de dos tercios en la Asamblea; segundo, negar el derecho a la votación revocatoria del mandato presidencial; tercero, suspender las elecciones locales con lo cual se aplastó el derecho del pueblo a elegir, con el único propósito de evitar la derrota electoral del oficialismo; cuarto, incrementar la lista de presos políticos; quinto, mover al Tribunal Supremo para que éste se arrogara las facultades constitucionales de la Asamblea, lo cual tuvo que ser revertido; sexto, instalar una Asamblea Constituyente, convocada sin sanción legislativa ni consulta popular previa, para decretar luego la caducidad del mandato del poder legislativo.

Las fuerzas bolivarianas que lograron una redistribución profunda de la renta petrolera, han quedado en minoría por no haber aprovechado en su momento los altos precios del crudo para impulsar el crecimiento de la economía y el desarrollo del país. Anclado en su carácter de gran exportador de petróleo, Venezuela no resolvió siquiera el problema de la producción de energía eléctrica, mucho menos el de los alimentos. Una nueva industrialización se esperaba al principio de la presidencia de Hugo Chávez con el fin de lograr una economía en expansión y la ampliación del mercado interno, pero no fue así. La política social que jamás se había visto en Venezuela, la que abrió escuelas y hospitales, construyó vivienda y otras obras, forjó programas de subsidios populares, no fue suficiente para impulsar la economía en su conjunto a fin de hacerse sustentable. La guerra económica desatada por una rancia burguesía parasitaria no fue contrarrestada por el gobierno, mucho menos después de Chávez, con la llegada del gobierno de Maduro, el cual no resuelve problemas sino los crea.

Sin duda, los ricos en su totalidad se encuentran en las filas opositoras; ahí nadie se equivoca porque todos desean recuperar lo que se les ha quitado: el excedente petrolero. El problema del gobierno es que su fracaso no se debe a la siempre previsible resistencia de sus adversarios sino a sus propias equivocaciones, graves y consuetudinarias. La crisis económica venezolana es en verdad profunda.

La incompetencia política de Maduro está al nivel que la de sus opositores, con la diferencia de que el presidente tiene que pagar de contado, cada día, sus propias equivocaciones, mientras que sus adversarios se alimentan del desplome de popularidad de un gobierno inoperante. En realidad, el bloque opositor no ha hecho nada verdaderamente memorable después de su triunfo electoral, más que un plebiscito ciudadano golpista que, de cualquier forma, fue un fracaso porque no se alcanzó el objetivo de lograr más votos que los obtenidos por Maduro cuando éste fue candidato a presidente.

A los cuantos días, el partido de Maduro se llevó su propio fracaso porque la elección de la asamblea constituyente quedó lejos del objetivo de congregar a una mayoría de los electores en un país con tan alta incidencia electoral. Los venezolanos sí que saben votar pero ahora han concurrido a urnas diferentes, colocadas por ambos bandos en días distintos, lo cual no era para resolver algún problema sino para complicarlo todo.

No hay pronóstico. Sin embargo, si no se abre un camino de acuerdos, sólo otra fuerza, fuera de la contienda política directa, podría obligar a todos a deponer su beligerancia civil. Esa fuerza sería el ejército, el cual se niega a disparar, pero cuya intervención decisoria tornaría el panorama más difícil y los tiros podrían empezar de verdad.

México no puede sancionar a otro país

 

La posición del gobierno de México frente al de Venezuela no podría analizarse al margen de la política internacional de México, tomada ésta como un legado de generaciones anteriores. Sin embargo, valdría la pena centrar la discusión en los aspectos concretos de las sanciones impuestas por Donald Trump y secundadas por Enrique Peña Nieto y su improvisado canciller Luis Videragay.

México ha firmado acuerdos y tratados para perseguir delincuentes buscados en otros países, afectar sus bienes e, incluso, detenerlos con fines de extradición. Pero el gobierno mexicano no está autorizado para aplicar sanciones por motivos políticos. Incluso, la Constitución prohíbe la extradición de reos políticos (art. 15), con lo cual traza una raya infranqueable entre el Estado mexicano y la lucha política interna de otros países, en la que México no puede tomar parte porque no admite que extranjero alguno lo haga en los asuntos políticos del país.

En México no están autorizados los decomisos, secuestros o incautaciones de bienes, mucho menos las confiscaciones, sin orden judicial. Videgaray no es un juez. La PGR y un juzgado podrían actuar en este sentido, a petición oficial de parte extranjera, sólo para colaborar con el país donde actúan o pueden actuar los posibles responsables de muy definidos delitos, como son terrorismo y delincuencia organizada.

El gobierno de México ha ido mucho más lejos que asumir una decisión ilegal. Ha hecho lo que, por simple rubor, se abstienen de hacer los más sometidos aliados de Estados Unidos. Al admitir como buena una declaración del director de la CIA, Videgaray niega que la conducta de tal personaje haya sido una intromisión en la política exterior del gobierno mexicano y que éste, al mismo tiempo, se encuentre actuando en la crisis venezolana bajo instrucciones de Washington. El director de la CIA dijo: “…tenemos gran esperanza de que haya una transición en Venezuela y lo que está haciendo la CIA es entender mejor las dinámicas allá, de forma que podamos comunicar a nuestro Departamento de Estado y a otros […] recién estuve en Ciudad de México y en Bogotá, una semana antes de hablar acerca de este mismo asunto y tratando de hacerles entender las cosas que ellos podrían hacer para obtener un mejor resultado para su región y la nuestra”.

La CIA admite a las claras que busca una transición en Venezuela, la cual, en todo caso, implicaría un nuevo gobierno, pues de otra manera, ¿de qué transición se estaría hablando? Luego, el director de la inteligencia estadunidense afirma que estuvo en México y en Bogotá, “tratando de hacerles entender las cosas que ellos podrían hacer…”. Esos ellos son los que gobiernan México y Colombia, quienes, se dice, hablaron con alguien que estuvo tratando de “hacerles entender las cosas”, pero ese alguien no era un diplomático sino un espía mundial e interventor de países. En respuesta, las autoridades venezolanas han criticado duramente a los gobiernos de esos dos países, los cuales han formulado sendas réplicas negando que sus políticas sean formas de intervención y afirmando que lo dicho por el director de la CIA no implica injerencia alguna en asuntos internos venezolanos.

El gobierno de México podría hacer cuanta declaración considerara correcta para manifestar su opinión relacionada con la crisis venezolana y podría criticar a quien quisiera, gobernantes o no. Lo que no puede hacer es formar parte de un alineamiento internacional para promover el cambio de gobierno en Venezuela, o en cualquier otro país, como lo ha intentado en la OEA y, luego, lo ha hecho, en forma bilateral, con Estados Unidos, al secundar una sanción de este último contra Venezuela, como represalia política concreta contra otro Estado. Esta conducta es inconstitucional porque lesiona el principio normativo de no intervención y el de proscripción de la amenaza en las relaciones internacionales (art. 89. X).

En Estados Unidos existe una ley que faculta al presidente a llevar a cabo esa clase de actos de represalia y otros muchos más, pero en México no hay nada al respecto en la legislación. Lo que no tiene autorizado el presidente de la República, lo tiene prohibido. Así se simple. Pero, además, la conducta del gobierno mexicano es abiertamente contraria al derecho constitucional mexicano.

La simple sanción aplicada a funcionarios gubernamentales venezolanos como represalia, medio de presión y amenaza, secundando a un tercer gobierno para perjudicar a Venezuela, tendría que llevar a incoar juicios políticos contra los funcionarios que hubieran aplicado la orden relativa. La conducta de Videgaray y posiblemente las del procurador y del secretario de Hacienda, por instrucciones de Enrique Peña Nieto, son contrarias a la Constitución y las leyes de México.

Por ahora, el juicio político parece un sueño, pero para iniciarlo se tiene hasta un año después del momento en que dejen el cargo esos funcionarios y otro año más para sancionarles. Por la naturaleza del agravio, habría que instalar el hasta ahora inexistente juicio político en México.

Narcomicidio

 

Matar a personas armadas, en el acto o en momento posterior inmediato, se está convirtiendo en una práctica. No se requiere demostrar que tales conductas son ilegales y violatorias de derechos humanos, sin embargo, el problema consiste en que se repiten sin que se exprese protesta pública y sin que el gobierno emprenda pesquisas.

De Tlatlaya a Tláhuac se manifiesta una clara tendencia hacia la impunidad de homicidios vinculados a actos de autoritarismo en la lucha en contra del llamado Narco. Esto es parte de la “guerra” declarada por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto, pero tiene su singularidad, pues acoge una doctrina criminológica extrema, brutal y falsa: el derecho penal del enemigo.

Según esa doctrina, el enemigo, el delincuente, ha transgredido el pacto fundamental y es, por tanto, un elemento a quien no se le puede aplicar la legislación como a cualquiera otra persona, sino como alguien cuyos derechos están disminuidos por la propia situación en la que se encuentra y por las decisiones que él mismo ha venido tomando en contra de la sociedad. Si ese delincuente es particularmente violento, entonces la misma doctrina lo abarca, como es lógico, dentro de la respuesta especialmente violenta de la autoridad.

La teoría de la pena se basa en ver a ésta como un mecanismo de sanción ejemplar, una especie de sistema disuasivo de actos prohibidos por las leyes penales. Pero dicha teoría ha sido analizada bajo una lupa crítica y, al menos, se ha puesto en duda que funcione de esa manera. Mas la pena de muerte está prohibida en México desde 1857, cuando se expidió la Constitución de ese año, quedando entonces con esa sanción sólo unos pocos delitos que tampoco iban a ameritar la pena capital cuando se construyera el sistema penitenciario, al cabo de lo cual, la Carta Magna fue olvidada y se fusilaba a cierta clase de personas.

Tenemos ahora que una parte de la sociedad manifiesta aprobación por combates en los que mueren todos los malos, lo cual no ocurre en las guerras formales. Tenemos también una autoridad que cree que matar es una mejor manera de desalentar el narcotráfico, el asesinato, el secuestro y la extorsión: el derecho penal del enemigo llevado a la supresión del primer derecho humano, el de la vida.

Así, un segmento social agraviado o sólo disgustado por la violencia se pone del lado de la misma y facilita, de tal forma, que la fuerza armada, a la que se ha dado extraordinariamente el encargo de llevar ante la justicia a los más violentos criminales, viole la misma ley que defiende.

Peña Nieto ha dicho que nadie debe obedecer órdenes ilegales. Pero como eludió señalar a qué se refería en concreto y habló unos pocos días después de la matanza de Tláhuac, más bien se entiende que estaba tratando de negar que tales órdenes pudieran impartirse desde su gobierno. No se trata de órdenes verticales sino de informales órdenes consentidas: otro mecanismo, pero también contrario a la ley y los derechos humanos.

Muchos saben que la solución de fondo sería superar la prohibición penal de las drogas y crear un sistema de control estatal y social de las mismas pero, mientras tanto, tenemos un problema: alguna parte de la sociedad y una gran parte del Estado simpatizan con la venganza homicida.

Justo cuando los infantes de marina salían de Tláhuac, ocurrían dos hechos aparentemente contradictorios: por un lado, unos, incluso comunicadores, comentaban que así es como hay que actuar, con arrojo y valentía, para detener a los vendedores de drogas; por el otro lado, otros hacían vallas al cadáver de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, y despedían su ataúd con aplausos y vítores. Se podría suponer que esos eran dos bandos en lucha, pero tal idea habría que ponerla bajo aquella misma lupa crítica con el fin de buscar las relaciones entre la teoría del delito, el derecho penal del enemigo y la supremacía de la violencia mortal. Quizá no tengamos dos bandos aquí, sino sólo uno, el de la muerte.

México no debería seguir por la ruta de afrontar este problema mediante la técnica de la eliminación física de los malos, quienes, se sabe, han matado a muchos, algunos buenos y otros malos. El narcomicidio llevará a una mayor violencia y, también, al deterioro moral de la fuerza armada. Hay que replantear el problema, reconducir a las instituciones en las cuales ahora ya no importa matar, por el camino de abrir escuelas para todos los jóvenes y garantizar a ellos mismos el empleo digno.

Contradicciones del “frente opositor”

 

El proyecto de “frente opositor” o “frente democrático”, promovido por las direcciones ejecutivas del PAN y el PRD, tiene varias contradicciones dignas de ser analizadas.

1. La alianza pretende ser la expresión de una “gran corriente ciudadana”, además de partidos y otras organizaciones. Esta característica no se podría conseguir porque no existe ningún proceso espontáneo entre la ciudadanía a favor de un frente regenteado por ambos partidos, ni por otros.

2. Se ha dicho que ese “frente” estará abierto a cualesquiera partidos que deseen adherirse, excepto el PRI, naturalmente. Este planteamiento es falso por cuatro elementos:

a)El llamamiento no ha estado dirigido en realidad a Morena porque se sabe de sobra que ese partido de ninguna manera podría participar en un frente con el PAN;

b) La alianza PRD-PAN no podría admitir al PVEM porque éste ya estuvo en coalición con Acción Nacional (Fox), traicionaría una nueva alianza, es peón de brega del PRI y una de las formaciones políticas bonsái más corruptas y cínicas que han existido, por todo lo cual sería contraproducente;

c) El PT marchará al lado de Morena, mientras que varios otros partidos lo harán con el PRI. El MC no ha definido su política, excepto de no aliarse al PAN. El único partido que podría ir con Acción Nacional es el PRD, aunque sólo por decisión de la dirigencia de éste.

d) Las organizaciones sociales de izquierda no podrían participar en una alianza donde aparezca el PAN porque sus bases no lo permitirían.

3. La dirección del PRD, en coincidencia con algunas frases del líder del PAN, ha dicho que para construir un frente entre ambos partidos sólo hace falta un planteamiento sobre la violencia que corroe al país, una definición en contra de la corrupción y un pacto a favor del crecimiento económico. Sin embargo, nadie ha planteado contenido alguno, sino sólo temas, ciertamente muy importantes, pero sin definiciones. El PAN comisionó a Gustavo Madero para redactar dos proyectos, uno para el partido y otro para el frente, mientras que el PRD no tiene a nadie en esa tarea, por lo cual es de esperarse que el ex líder panista sea ponente de ambas direcciones. Ya se puede anticipar el texto redactado por uno de los más entusiastas autores de la privatización petrolera.

4. La inclinación de la dirigencia del PRD hacia una alianza programática y electoral con el PAN carece de memoria activa. Acción Nacional es el partido más neoliberal y uno de los dos menos laicos del país; ha apoyado todas las privatizaciones, tanto de empresas y bienes públicos como de recursos naturales; secundó el gran fraude del Fobaproa (100 mil millones de dólares); protegió a los ladrones de las administraciones anteriores; recicló el sistema de corrupción y sigue en eso (hay varios destacados panistas en la cárcel pero aún no caen los principales); “declaró” la “guerra” contra el “narco” con su secuela de violencia y contravención de derechos humanos; ha apoyado en casi todo al gobierno de Peña; sus gobernadores jamás cumplieron sus propias “promesas” y ni siquiera conformaron coaliciones de gobierno con sus aliados, como lo habían pactado; ha repudiado siempre las principales propuestas de la izquierda, pues las considera “populistas”, aunque no se conozca el significado preciso de esta palabra. Nadie ha explicado qué elementos podrían unir a un partido con el otro.

5. La dirección del PAN va a definir pronto el procedimiento para la designación de su propio candidato o candidata, sobre el cual tiene tres opciones: votación, asamblea o encuestas. Todo conduce, sin embargo, a tener aspirante propio y buscar el apoyo del PRD a través de un llamado “frente opositor”.

6.Una parte de la dirección del PRD (Mancera-ADN) sostiene que el “frente” tendría que postular un candidato sin militancia de partido. Miguel Ángel Mancera se considera a sí mismo un candidato ciudadano, lo cual es falso, pues no existe un movimiento en tal dirección en el país ni en la Ciudad de México y, por ahora, él es el personaje más influyente en la dirección del PRD, la cual le podría postular a la Presidencia de la República, sin alianza, en un virtual acuerdo con el PRI para combatir separadamente la candidatura de López Obrador. Otra parte de la dirección del partido (NI), la más proclive al PAN, está dispuesta a apoyar al candidato presidencial panista, al que sea, aunque tiene su preferencia. En este marco, el PRD es cada día menos un partido político propiamente dicho.

7.Entre las tareas hacia la conformación del “frente” no se encuentran las relacionadas con el método para decidir las candidaturas en alianza y ni siquiera se sabe cuáles podrían ser éstas.

8.Sería imposible que, en escasos tres meses, una coalición entre el PAN y el PRD pudiera construir una candidatura común ubicada al margen de los dos partidos. No se puede improvisar un aspirante con liderazgo popular sin afiliación de partido. El último que tuvimos en México fue Cuauhtémoc Cárdenas, hace ya 30 años.

9.El PRD está cerca de que caduquen su Consejo Nacional y todas sus direcciones locales (7 de septiembre de 2017). Se les está terminando el tiempo para el que fueron elegidos pero no quieren convocar a nuevos comicios, a pesar de resoluciones del Tribunal Electoral, a las cuales no les hacen caso. Para adoptar la decisión legal de ir a una alianza general con el PAN, se requiere un Congreso Nacional debido a que se encuentra vedada por el anterior cónclave, sin embargo, los actuales delegados también caducarán el mismo 7 de septiembre. Dentro de poco, serán ilegales todas las resoluciones que se lleguen a adoptar en el PRD. Si no hay convocatoria a elecciones estatutarias, el Tribunal Electoral tendría que resolver la realización de las mismas, mediante un fallo adoptado en plena jurisdicción, a menos que los magistrados y magistradas se hagan cómplices de una fraude a la ley. La crisis del PRD es tan profunda que ni siquiera hay ahora elecciones internas y su destino está en manos de los tribunales.

10.En el PAN, el actual presidente tendrá que retirarse para intentar ser postulado como candidato, pero, entonces, su compromiso con el proyecto de “frente opositor” podría quedar en la cuerda floja porque la autoridad política competente de ese partido no ha tomado al respecto resolución alguna.

Renegados de la izquierda

 

Entre los directivos del Partido de la Revolución Democrática que se encuentran más comprometidos con el proyecto de hacer una alianza con el Partido Acción Nacional, destacan aquellos que sostienen la tesis de que los propósitos de tal coalición electoral serían, dicen, impedir que el PRI repita en el gobierno y evitar que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de la República.

El planteamiento, así de sencillo y directo, es algo inusitado en México. Un partido de izquierda postula que es preciso detener a la izquierda y sostiene la idea de que para ello sería preciso llevar a la derecha panista al gobierno nacional. Esta es la línea que se ejecutó recientemente en el Estado de México, aunque entonces fue para beneficiar al PRI. Por ello hemos dicho que el PRD actúa ahora como parte del mercado político.

La fundamentación analítica de tal línea política no existe en realidad. Lo que se dice al respecto es que Morena es “populista conservador”, pretendida categoría que no se explica, pero que de cualquier forma no podría ser suficiente para preferir a los reaccionarios de Acción Nacional.

Es evidente que en una alianza entre el PRD y el PAN se le entregaría la candidatura a quien los panistas decidieran postular a través de sus mecanismos internos. De otra forma, sencillamente no habría coalición y, entonces, ¿para qué tanta estridencia?

Durante casi 25 años, varios actuales voceros perredistas que hoy proclaman la lucha contra López Obrador apoyaron a éste muchas veces, le acompañaron en el desempeño de la presidencia del PRD, en la gestión de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en las campañas electorales nacionales. ¿Qué ha ocurrido en el mundo, en México, en la ciudad, para que aquella fuerte coincidencia política y programática se haya traducido en su contrario?

Para cualquiera es claro que entre más desunidas vayan las izquierdas en las elecciones, menor será la probabilidad de que éstas obtengan la mayoría. Lo vemos por casi todo el mundo. También está claro que los partidos más competitivos, en general, no pueden ir solos debido a la atomización política existente en el electorado del país. Es dentro de este esquema que el grupo dirigente perredista hace militancia con la pretensión de llevar a la Presidencia de la República a un nuevo Fox, a un nuevo Calderón, porque repudia la idea de llevar a López Obrador, a pesar de haberlo intentado en dos ocasiones.

La excusa de algunos es que el problema radica en que Andrés Manuel ha rehusado un acuerdo electoral con el PRD, pero no recuerdan el denominado ultimátum en el Estado de México, el cual fue contestado con un rotundo no por parte del entonces candidato perredista, con el entusiasta aplauso de su propia dirigencia nacional. Se replica, al respecto, que con ultimátum no se puede construir nada, como si en la lucha política no lo encontráramos con frecuencia como método de advertencia y presión que, en aquel caso, era una forma de seguir insistiendo en el apoyo del PRD a Morena para llegar al gobierno mexiquense, lo cual estaba verdaderamente al alcance de la mano: Morena obtuvo más votos que el PRI según los cómputos oficiales, es el partido más votado en el Estado de México; los partidos bonsái hicieron la diferencia. Todo esto, sin descontar la descomunal compra de votos y el exceso de gastos, es decir, el fraude electoral que pudo haberse neutralizado.

Si en verdad se tratara de derrotar al PRI, mejor sería buscar la convergencia del conjunto de la izquierda, la cual haría más probable la victoria que si se marchara al lado de la derecha panista que no ofrece cambio alguno para el país. Por ello, no cuesta trabajo advertir que la tesis de apoyar al PAN para contener a la otra izquierda, Morena, es en realidad una retractación ideológica y un entreguismo político. El grupo que impulsa en el PRD la coalición con Acción Nacional se integra por renegados de la izquierda que buscan con desesperación un gobierno panista para “resolver los problemas del país”, según han apostillado en sus infundados discursos.

Lo peor, sin embargo, es que, al admitir de facto que la disputa electoral principal pudiera estar entre Morena y el PRI, el grupo que usufructúa la franquicia electoral del PRD intenta dividir a la izquierda, vista ésta como parte del pueblo mexicano, lo cual terminaría favoreciendo al actual partido oficial.

En cualquier escenario, el mejor servicio que se puede hacer a las fuerzas conservadoras y reaccionarias es luchar desde la izquierda contra la izquierda. Bajo la línea de claudicación y entreguismo, el problema entonces no es el PRD, el cual de todas maneras perdería, ya fuera yendo en coalición con Acción Nacional o lanzando un candidato propio sin alianzas. La lamentable cuestión de fondo es el sitio en el que la ilegítima dirección perredista pretende colocar a la corriente histórica de la que surgió ese mismo partido y de la que hoy evidentemente reniega.

La respuesta que hay que propinar a esa traición al partido y a su programa escrito es unir nuevamente a la gente de izquierda dentro de una sola opción electoral nacional, tal como se comportó esa gran corriente mexicana a partir de 1988.

Las mentirosas golondrinas en el alambre

El gobierno mexicano siempre ha escuchado comunicaciones telefónicas privadas. Lo nuevo consiste en cómo lo hace y en para qué usa el producto de sus ilegales intromisiones. También es novedad que ahora no sólo oye sino también lee las comunicaciones, como en los muy viejos tiempos en que la correspondencia aún no era libre e inviolable.

El gran problema que tiene hoy México es que no hay, ni se quiere que haya, el menor control sobre esa actividad. El gobierno ha dicho que no sabe nada de nada, pero no se le ha solicitado un informe oficial sobre las interferencias “legales”, quiénes las hacen y con qué propósitos generales. Dicen que todo es secreto de “seguridad nacional”, lo cual es una mentira, pero muchos medios y casi todos los partidos se la han creído.

Si en México existiera un verdadero Congreso, el gobierno tendría que informar lo que hace y cómo lo hace, en esta materia y en muchas otras. Lo que es secreto es lo que se oye o lo que se lee, excepto cuando el secretario de Gobernación decide filtrarlo a la prensa: lo secreto se convierte en público, pero el gobierno vuelve a negar su autoría.

En realidad, un gobierno que actúa de esa manera es de carácter delincuencial, pero eso no es visto así, sino que, por lo regular, se acepta que cualquier gobierno necesita conocer las comunicaciones de los adversarios, por un lado, y de los delincuentes organizados, por el otro. Pero se revuelven ambos planos de tal manera que el espía se puede meter con cualquiera.

Aun a los “malos” hay que espiarlos mediante órdenes judiciales, pero tampoco se conoce la estadística al respecto, la cual no tendría que ser secreta.

Las golondrinas en el alambre oyen o leen también a Enrique Peña Nieto, según él mismo ha dicho, aunque no aclaró que se trata de la NSA estadunidense. Sin embargo, tal afirmación del presidente fue para dar a entender que las intervenciones de teléfonos celulares y correos electrónicos son realizadas por personas enteramente desconocidas y, más aún, por cualquiera que se proponga hacerlo para el propósito que fuera. Esta es otra gran mentira de las golondrinas en el alambre, pero admitida por algún columnista que tilda de ingenuos a quienes niegan que pueda haber consorcio de espionaje ilegal fuera del gobierno. Ése, sin embargo, no ha sido ingenuo al tragarse la especie oficial, ni le hizo daño, sino todo lo contrario.

Los sistemas de interferencia de comunicaciones privadas tienen un costo. El poder de fiscalización lo posee el Congreso pero tampoco sabemos qué se ha comprado y cuánto se ha gastado porque se encuentra bajo secreto –”reservado”, se dice–, lo que evidentemente es una mentira más de las aludidas golondrinas. Ninguna partida secreta ha sido aprobada por la Cámara desde hace varios años y, aunque la hubiera, el secreto no exime de dar cuenta del gasto.

La ex procuradora Arely Gómez dijo que la PGR compró equipo de interferencia, caro por bueno. La Secretaría de la Defensa ha dicho que también compró pero no le gustó el servicio del contratista. El CISEN no ha dicho nada, pero se filtra que sí, que lo tiene. Se añade que todo, sin embargo, ha sido enteramente legal. Las mentiras de las golondrinas llegan a su culminación.

Hay uno que otro periodista y director por añadidura, de esos que siempre están con el gobierno y la chota porque les pasan filtraciones de origen ilegal, que ha dicho que no hay motivo para no creerle a los funcionarios, de tal manera que las personas que quieren saber lo “secreto” del tinglado nomás están mal: prohibido inquirir, prohibido saber. Siempre ha habido periódicos así. Espero que en un lejano futuro no haya golondrinas ni redactores que les acompañen.

El PRD en su encrucijada existencial

 

Para el Partido de la Revolución Democrática, la coalición con el Partido Acción Nacional sería un rompimiento con la izquierda en su acepción más amplia y popular, que podría ya no tener retorno. El país no vive en la cerrada resistencia a la superación del sistema de partido-Estado, la cual alguna vez actualizó la idea de una alianza entre las izquierdas y la derecha panista. Después de sufrir 12 años de gobiernos del PAN y un regreso priista que no logró la intentada restauración, México vive un régimen de competencia electoral aunque se siguen produciendo actos ilícitos y persiste la impunidad.

El desprestigio del gobierno de Peña es profundo. El país tiene un presidente con el 15% de apoyo, según casi todas las encuestas. La indignación ciudadana frente al estado de cosas no se traduce en la búsqueda popular de una opción moderada, como lo demostró la reciente elección del Estado de México. La derecha panista no es respuesta a la derecha priista porque ambas están comprometidas con la corrupción, el estancamiento económico y la crisis de violencia que azota al país.

Una alianza con el PAN sólo llevaría al PRD al naufragio, tanto si esa coalición alcanzara la presidencia de la República como si se quedara en segundo o tercer puesto de la competencia. En cualquier escenario, el PRD no gobernaría pero habría defenestrado su propia historia.

El PRD no tiene siquiera una dirección política legítima, la cual ha traicionado a la izquierda como programa y como pueblo. A pesar de la pobreza del comunicado perredista donde se dio a conocer la decisión de buscar la coalición con Acción Nacional, este posible aliado no podría estar de acuerdo con la mayoría de las frases ahí escritas. Imaginemos al PAN, por ejemplo, firmando a favor de la “recuperación de la soberanía energética”, no obstante las diversas interpretaciones contemporáneas del concepto “soberanía”, pues lo que no podría ser admitido por los panistas es el término “recuperación”. En realidad, no existen bases programáticas comunes, excepto que éstas sean puras declaraciones vagas para dar cobertura al oportunismo de ambas partes.

El propósito expuesto por los líderes perredistas es construir un frente amplio “donde –afirman– quepan todos los ciudadanos que se identifiquen con la lucha por las causas ciudadanas” (sic). En realidad no existe convocatoria a “los ciudadanos” identificados con sus propias “causas”, según reza el texto redactado en círculos, sino un coqueteo con el PAN, aunque enviaron cartas a todos los demás partidos, excepto al PRI, para justificar la inconsulta e ilegal resolución del Comité Ejecutivo. La amplitud de ese “frente” no podría ir más lejos que sus convocantes, pero no por ser partidos políticos, sino porque carecen de líderes populares.

La ruta de los directivos perredistas para llegar a ese nuevo “frente” político es que “todos”(?) alcancen un “consenso”. Los planteamientos circulares no llevan a nada que no sea lo ya conocido: “convocar a una mesa de diálogo” para redactar una plataforma y “determinar” los candidatos. En otras palabras, los jefes del PRD y el PAN lo decidirían todo, pero hasta que lograran tener un presidente de la República, en cuyo caso ése diría siempre la última palabra como ya se ha visto con los gobiernos locales conocidos como “aliancistas”, por no denominarlos “panistas con ayuda”.

Las consecuencias de la llegada de Acción Nacional al gobierno ya están a la vista, pues tuvimos 12 años de estancamiento económico y político a cargo de presidentes panistas que dejaron la corrupción igual o peor que cómo la habían recibido, además de miles de muertos en una “guerra” que no se puede ganar ni se puede perder, la cual ha sido continuada por parte de Peña Nieto. En todos esos años de alternancia formal, el salario se ha mantenido a la baja con el conocido efecto del estancamiento económico. No hay, por lo demás, ningún ex presidente y ni un solo ex gobernador panista que sea gratamente recordado por la ciudadanía, en su generalidad.

En algún momento se tendría que llegar a un nombre. ¿A quién le correspondería decirlo? A juzgar por la cantidad de gobernadores y el número de votos a nivel nacional, el PAN sería el dicente: Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle, Juan Carlos Romero Hicks o cualquiera otro, como Miguel Ángel Yunes, quien ya encabeza una falsa coalición de gobierno en Veracruz. Por parte del PRD, si fuera el dicente, sería Miguel Ángel Mancera el designado pero a ése no lo va a admitir el PAN aunque se trate del más mediocre y, justamente, también con ese argumento. La presunta solución de los directivos perredistas sería un candidato sin vínculo con partido alguno. Pues bien, que lo intenten, ya veremos que les responden.

De otro lado, López Obrador ha anunciado el abandono de todo esfuerzo a favor de una alianza formal con el PRD, tal como éste lo ha hecho respecto de Morena, acusada por los “líderes” perredistas de “populista conservadora”, cualquier cosa que eso signifique. El planteamiento de AMLO se debe a la idea de que buscar una aproximación con la directiva perredista sería alentar la esperanza de que ésta pudiera rectificar su rumbo, lo cual no tendría justificación a la luz de la reciente experiencia vivida en el Estado de México, donde el esquema político estaba absolutamente claro.

Morena, sin embargo, debería aclarar bien su posición contraria a la política de los directivos del PRD, pero en favor de la más amplia alianza formal de las izquierdas, siempre sin invitación a cualquier derecha. Así de simple, pues no se debería facilitar la vergonzosa tarea a los “líderes” perredistas que denuestan a sus viejos compañeros de partido en aras de purificar a la derecha panista, presentada como salvación política. Todavía es tiempo de frasear tal contenido, de suerte que esté más claro el panorama y otros actores políticos puedan intervenir en la coyuntura, aunque hayan estado recientemente en “células dormidas”.

Francia: anacronismo político

 

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha pasado de tener una mayoría relativa de 32 por ciento de los votantes, el 23 de abril de este año, a contar con el 63% de los escaños de la Asamblea Nacional, el 18 de junio, es decir, en menos de dos meses duplicó artificialmente su representación. La candidata contra quien compitió Macron en segunda vuelta, Marine Le Pen (Frente Nacional), cuenta con 8 escaños, el 1.39 por ciento de la representación nacional, sin derecho a tener grupo parlamentario.

Esta operación política se ha llevado a cabo dentro de un sistema de elección a dos vueltas de todos los cargos y la ausencia de mecanismos de representación proporcional en el parlamento.

Toda la derecha, excluyendo la “extrema” de Le Pen, cuenta con el 87%, pero no de los votos, sino de los escaños. ¿Dónde quedó la oposición? En una izquierda reducida a 69 lugares, 42 del Partido Socialista y 27 de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélechon, el 12% de bancas entre ambos, lo que se aleja mucho de la suma de sus respectivos porcentajes verdaderos de más del 25. Por otro lado, el viejo partido de De Gaulle, Los Republicanos, que había obtenido casi el mismo número de votos que Mélechon en la primera vuelta presidencial, ha logrado sobreponerse como por milagro en la elección legislativa de segunda vuelta, con 135 diputados, el 24% de la Asamblea. Esto le ha permitido darse el lujo de dividirse en dos grupos parlamentarios con diferencias de grado sobre el apoyo al gobierno de Macron.

El abismo entre el voto popular y la fuerza política institucional es el resultado de un sistema apartado de principios democráticos básicos; el primero de ellos, cada ciudadano y ciudadana es un voto; el segundo, todas y todos los votantes deben estar representados.

Al alejarse de la democracia política, el sistema francés bosqueja una aversión a lo podría denominarse “democracia social”, o democracia a secas, en la que los intereses de quienes viven de su propio trabajo –la inmensa mayoría de la sociedad– tuvieran preeminencia en la acción del Estado, pues ellos lo sostienen todo.

Se postula, sin embargo, que el sistema francés es magnífico porque promueve la “gobernabilidad”, pero ésta es ahora gestionada por la minoría porque un partido del 32% tiene todo el control institucional, mientras millones se han quedado sin representación política. Al final, los votos de Macron valieron el doble que los demás votos.

Por más que el nuevo partido presidencial, La República en Marcha y su aliado MoDem, tengan un inmenso respaldo parlamentario (falta la elección del Senado), las contestaciones al programa de derecha van a expresarse desde la calle. Como los diputados y diputadas opositores son muy escasos, habrá de ser la gente con la que el nuevo presidente deberá encararse.

La abstención en la segunda vuelta legislativa ha subido hasta el 57%, la más alta en la historia de la V República, pero ya los analistas a modo han dicho que se debe a una “fatiga electoral” de cuatro comicios al hilo. En realidad, el fenómeno tiene otra causa. La mayoría de los partidos franceses ya había sido eliminada de la segunda vuelta en muchos distritos, donde sus seguidores no tenían opción. ¿Para qué votar? ¿Qué diferencia habría entre el nuevo partido de Emmanuel Macron y los viejos republicanos de Nicolas Sarkozy y Françoise Fillon, entre los que estaba la disputa en segunda vuelta en la mayoría de los distritos? Era la misma sopa aunque con diferente aspecto.

La derecha (sin Le Pen) se ha vuelto una especie de majestad en Francia: tiene cuatro quintas partes de la Asamblea Nacional. Habrá que ver lo que opinan los que no se encuentran representados sólo por obra del anacrónico sistema político de la “democracia avanzada” francesa.

Ese mismo sistema lo quieren para México.

La deuda interna de Peña Nieto

 

Cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República, los bonos gubernamentales en circulación ascendían a 4.39 billones de pesos (un billón, en español, es un millón de millones; billion, en inglés, son mil millones). Hoy, la deuda interna en bonos asciende a 6.33 billones de pesos, es decir, 45% de aumento. La diferencia nominal es casi de 2 billones. ¿Esta cantidad es igual o menor que la inversión pública fija desembolsada del gobierno federal durante los años del actual sexenio? Pues no. Esto quiere decir que la deuda de los bonos es inconstitucional, al menos en parte, porque la Carta Magna obliga a invertir ese dinero en obras que produzcan incrementos en los ingresos públicos, para asegurar su pago (art. 73, fracc. VIII).

Debe decirse que la deuda externa es un capítulo que se cuece aparte, del cual podremos hablar algún otro día.

Los comunicadores, políticos y empresarios que se dicen preocupados por el “populismo”, no lo están, sin embargo, con el loco incremento de la deuda interna. Éste era el “populismo” de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado. Ahora ya no lo es, debido a que, en nuestros días, por “populismo” se entiende tener programa social y procurar medios propios para su financiamiento.

Lo que Peña ha hecho es aumentar otra vez los gastos de operación del gobierno, disecar a Pemex, apoyar a los gobiernos locales priistas y a otros amigos comprometidos, derrochar muchos millones en gastos de propaganda e impulsar proyectos especiales de inspiración presidencial. Estamos en realidad en el viejo populismo, lo que se confirma con el hecho de que no hay plan porque no hay objetivos nacionales. Como país, no sabemos a dónde se quiere ir.

Del total de bonos colocados en el mercado interno (6.33 billones), 2 billones se encuentran en manos de extranjeros. Esta última cantidad corresponde en su mayor parte al presente sexenio, ya que hasta el año de 2012 sólo estaban en manos foráneas menos de 500 mil millones de pesos.

Se diría que el riesgo es el mismo porque, como sabemos, los inversionistas mexicanos (tienen 70 mil millones de dólares en el exterior) pueden sacar su dinero del país cuando lo desean (muchos de ellos ni siquiera suelen pagar impuesto sobre la renta), al igual que los extranjeros, vendiendo sus bonos y cambiando sus pesos por dólares, pero es mucho más sencillo para los fondos internacionales tomar decisiones rápidas y sorpresivas, con las cuales podrían crear un problema mayor a la economía mexicana. De los 2 billones de incremento total de los bonos desde el año de 2012, los inversionistas extranjeros han tomado 1.66 billones, cantidad no tan lejana al monto de la reserva internacional disponible del Banco de México. Mejor no recordar los Tesobonos de Salinas.

La subvaluación del peso, efecto del proceso de desvalorizaciones durante del actual sexenio, se debió a una extraordinaria demanda de divisas que no provenía de necesidades de pago, sino justamente de la venta de bonos gubernamentales y de retiros de inversiones de bolsa.

Recién han vuelto algunos, excitados por el aumento de los intereses. La tasa de riesgo mexicana (diferencial neto de interés entre México y EU) se encuentra ya en un nivel inusitado en muchos años. Lo peor de todo es que el crecimiento del rédito dificulta las inversiones productivas cuando la economía sigue atorada. El Banco de México tendrá que aumentar otra vez su tasa de referencia a partir del incremento decidido por la FED (Banco Central de Estados Unidos) de 0.25%, con el fin de “proteger” la desdichada tasa de riesgo que pagamos los mexicanos para que no nos presione el capital rentista, sólo por ser “pobres e inseguros”. Pero Agustín Carstens podría decidir un mayor aumento para seguir cubriendo una inflación que contrasta ya demasiado con la estadunidense, la cual se está volviendo a ubicar en el 2%, frente al 6% en México.

Debido a la deuda errónea e ilegítima de Peña, se decretó un “superávit primario” para el presente año. Pero, como van las cosas, es difícil que se logre el monto previsto porque la tasa de interés sigue subiendo y, con ésta, el costo financiero de la deuda. Los errores de estos años no se resuelven con un “superávit”, sino se empeoran, porque éste no es otra cosa que hacer crecer la parte del ingreso que el Estado no le regresa a la sociedad.

Entre los países grandes, el Estado mexicano es uno de los fiscalmente más pobres, es decir, con un bajo porcentaje de su Producto Interno Bruto para ser destinado a gastos comunes. Si este asunto no se resuelve, los demás temas siempre serán demasiado complicados. Por ejemplo, México tendría que duplicar el número de estudiantes universitarios tan sólo para alcanzar un nivel internacional mediocre en esta materia.

El problema está en la política económica estructuralmente equivocada que padece el país. Los gobernantes sólo se preocupan de que las cosas no vayan peor, mas con frecuencia también fracasan en ese empeño.

La solución empezará cuando el Estado promueva la inversión, el crecimiento de la economía, el aumento salarial, la redistribución del ingreso y el desarrollo social. Aunque a esto se le llama “populismo”, al menos no llevaría, como lo ha hecho Peña, a ahogar al país en una deuda ilegítima con un entorno de estancamiento y pobreza.