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El INE es ya viejo y tiene artritis

Algunos portavoces de las oposiciones dicen que Morena quiere eliminar a los organismos electorales de las entidades federativas y empezar a nombrar nuevos consejeros del INE con el fin de apoderarse de todo el andamiaje. Es fácil entender que piensan como antes y creen que los demás son como ellos eran.

Vale, entonces, empezar a poner los puntos sobre las íes. El INE cuenta con un órgano de gobierno que es el Consejo General, integrado por once personas designadas por la Cámara de Diputados. Casi todos los partidos han tenido y/o tienen uno o varios consejeros con voto porque negociaron los nombramientos. No es el caso de Morena, quien no tiene absolutamente a nadie, su registro es el más reciente entre los partidos que hoy están presentes en el INE. Mal haría, por tanto, como nuevo partido gobernante, en buscar la reproducción de los vicios del viejo sistema.

La existencia de un Consejo General con representantes virtuales de los partidos fue considerado necesario como instrumento de equilibrio y escenario de negociaciones entre los contendientes en sede administrativa electoral. Si acaso ese órgano fue alguna vez útil, ahora ya es innecesario: ningún partido debe tener agentes con voto en el INE.

Parte de la solución consiste en desaparecer el Consejo General y conformar la Junta General Ejecutiva como instancia exclusivamente técnica y profesional. Las autoridades electorales no deben ser políticos disfrazados sino especialistas imparciales.

La Junta tendría que seleccionarse, mediante concursos, entre los técnicos más capacitados y probos. Se acabaría así el reparto de lugares entre algunos partidos con los consiguientes compromisos que afectan la imparcialidad.

Además, es preciso señalar que la mayoría de los acuerdos del Consejo General sobre temas relevantes son resueltos finalmente en el Tribunal Electoral. Cualquier resolución o acción de los integrantes de la Junta o de toda ella como cuerpo colegiado seguiría siendo ventilada en sede jurisdiccional. Esto quiere decir que ya no es necesaria una instancia política para el supuesto diálogo entre los contendientes.

En este marco, resulta también innecesario que las entidades federativas cuenten con organismos electorales cuyos integrantes son ahora designados por los consejeros electorales del INE, los cuales a su vez negocian entre sí y en función de sus querencias partidistas. Los nombramientos de los miembros de los llamados Oples han sido eminentemente políticos y, por tanto, estrictamente negociados.

En el mismo sentido carece de trascendencia práctica la existencia de los tribunales locales electorales, cuyos magistrados son designados con el mismo sistema que opera para los magistrados federales y cuyas resoluciones siempre son recurridas ante el Tribunal Electoral.

El INE (antes IFE) es una institución que ha envejecido porque no ha logrado superar sus traumas de origen y sus artritis adquiridas. Una de estas es que los resultados completos se conocen hasta cuarto días después de la elección. México es uno de los países más lentos en esta materia. El INE da resultados calculados sobre una muestra de casillas a las 11 ó 12 de la noche pero sólo con porcentajes y con rangos de mínimo y máximo de más de tres puntos de diferencia, es decir, tira escopetazo pero no brinda información verificada.

Con frecuencia, el INE agrega detalles normativos en la víspera de la elección, rompiendo con ese principio constitucional de que las reglas sólo pueden cambiarse un año antes.

La majestad política con la que han sido investidos los consejeros y consejeras electorales les ha llevado con mucha frecuencia a legislar en la práctica, sentar criterios, dar cátedras, controvertirse con los partidos adversarios al suyo y favorecer al propio, rechazar toda clase de críticas, derrochar fondos en asuntos irrelevantes o personales. Recién han llegado al extremo de combatir en sedes judiciales la aplicación del artículo 127 de la Constitución que les impide ganar más que el presidente de la República, a pesar de haber protestado cumplir y hacer cumplir la Carta Magna.

Esas artritis no sólo son producto de las personas que tienen voto en la «Herradura de la Democracia», sino del carácter eminentemente político del órgano de dirección del INE.

En muchos otros países las autoridades electorales son exclusivamente técnicas, son discretas, no hacen o admiten debates y se encuentran sujetas a confiables controles jurisdiccionales. Los partidos pueden negociar lo que quieran y llegar a acuerdos, pero la autoridad es quien aplica las normas y da cuenta de sus actos, sin discursos ni mentiras.

Al tiempo de la desaparición del Consejo General, también habría que eliminar las 300 juntas distritales que casi no trabajan cuando no hay procesos electorales. En casi todo el mundo, los cuerpos ejecutivos distritales se integran cuando se acercan los comicios. A juzgar por el inmenso aparato electoral con el que cuenta México, aquí habría procesos electorales abiertos durante todos los días de todos los años.

Es preciso en paralelo avanzar hacia un registro que no sea electoral sino de las personas, ciudadanos y menores de edad. La CURP ya está integrada en el padrón, el cual seguiría existiendo y siendo supervisado por las autoridades electorales que lo usan para varios propósitos. Un organismo profesional independiente en sus decisiones  tendría que hacerse cargo del registro y de emitir la credencial de identificación plena para todo uso. La existencia de un padrón exclusivamente electoral fue algo necesario durante un tiempo pero ya no lo es.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, fue a la Cámara de Diputados, no propuso nada, pero habló de proposiciones «malintencionadas». No añadió más al respecto. Tal vez las anteriores sean vistas de esa forma. Como sea, entre los consejeros electorales predomina la idea de que todo va muy bien, por lo cual no surgirá de ahí ninguna plataforma de reformas para curar las artritis que padece el INE. Pero al menos esos consejeros no son quienes votan en el Congreso, sino que son de aquellos poderosos que no tuvieron que pasar por el tamiz del voto popular, pero tienen fuertes agarraderas en los partidos que los ungieron en el cargo. Eso sigue siendo preocupante por ser ancla del conservadurismo.

Habría que buscar, en cambio, un consenso político que permita un rejuvenecimiento, una actualización, una modernización del aparato electoral del país. El objetivo no debe ser el de disminuir gastos, los cuales ahora son inmensos e injustificados, sino contar con una autoridad que no juegue en el terreno de la lucha política y aprenda a hacer, ante todo, las cosas muy bien con probidad y austeridad.

México no debe aceptar una guerra de aranceles

El gobierno de Donald Trump es contrario, en general, al libre comercio con México y con casi todo el mundo, aún más que aquellos políticos demócratas quienes, en su mayoría, votaron en contra del TLC en el Capitolio hace 25 años. El actual presidente, sin embargo, ha logrado un nuevo acuerdo trilateral (México-EU-Canadá) con varias modificaciones, bajo la amenaza de dar por terminado el tratado original.

Sin embargo, si el Congreso estadunidense llegara a aprobar el nuevo T-MEC, el déficit comercial de Estados Unidos con México no disminuiría sensiblemente por efecto de las nuevas normas. En 2018 llegó a 81,500 millones de dólares, equivalentes al 13% de su balanza deficitaria mundial. A la economía norteamericana le hace falta ahorro interno. No tiene un problema con el mundo sino consigo misma.

Por otro lado, la crisis migratoria no podrá resolverse en unos meses, ni siquiera antes de dos años, porque hay oleadas de refugiados económicos que, además, huyen de la violencia social.

El plan de Trump para detener la inmigración sin visa no tiene viabilidad y no la tendría aunque se lograra pronto la conclusión final del ya viejo muro fronterizo.

Las relaciones entre México y Estados Unidos se encuentran entrampadas en dos problemas sin solución de corto plazo: comercio y migración fronteriza. Sobre este último tema, lo que busca Donald Trump es un manojo de concesiones de parte de México: 1) Forzar a los migrantes centroamericanos a admitir su estancia permanente en México, lo cual les haría inelegibles para optar por asilo en EU; 2) Deportar desde México a los extranjeros que lleguen a la frontera norte, incluyendo a los que ya hubieran solicitado asilo en EU; 3) Impedir el paso en la frontera sur mexicana de migrantes que pudieran estar dirigiéndose  a EU.

A juzgar por la pretensión norteamericana de lograr un sistema de persecución brutal de todo migrante procedente del sur hacia Estados Unidos a través del territorio mexicano, es decir, la solución final de Trump, todo indica que un acuerdo completo sobre el tema no se encuentra al alcance de la mano.

El establecimiento de un arancel general de 25% para los bienes procedentes de México, empezando por un 5% hasta llegar al máximo luego de cuatro meses, sería una acción ilegal del gobierno de Estados Unidos, ya que el Tratado de Libre Comercio (TLC-NAFTA) es una norma aprobada por el Congreso de ese país. Si el Ejecutivo no la obedece, podría incurrir en un ilícito. La ley que permite la manipulación de las relaciones económicas internacionales de Estados Unidos está condicionada a una situación de «emergencia» que justamente no existe en materia económica, ya que el mismo Trump ha firmado el nuevo T-MEC con México.

Donald Trump pudo vetar el rechazo del Congreso al traspaso de fondos hacia la construcción del muro fronterizo. Por ello, esperaría que tampoco hubiera mayoría suficiente en el Capitolio (2/3 en ambas cámaras) para romper el veto en materia arancelaria.

El gobierno norteamericano cometería una transgresión a las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) al desconocer (denunciar) en los hechos al TLC sin cumplir con los requisitos señalados en el mismo. Aún sin tratado alguno, Estados Unidos no puede lícitamente imponer a un país miembro de la OMC aranceles superiores a los establecidos para el resto. Parece que, con las guerras de Trump, el comercio mundial pactado podría quedar hecho añicos cuando las reglas ya no están vigentes para la mayor economía.

Otro de los problemas creados por Donald Trump es que él usa la presión arancelaria para atender un asunto que no es comercial y que, además, está prohibido por las normas de la OMC. La capacidad de Trump para modificar los aranceles, como asimismo la tiene el presidente mexicano, se refiere al comercio pero no a la migración.

Al mismo tiempo, los aranceles a las importaciones son pagados por los consumidores estadunidenses y es difícil subsidiarlos como se estila para defender al producto nacional y colocarlo en el exterior. A esto hay que agregar que gran parte de los bienes exportados desde México a Estados Unidos proceden directamente de empresas extranjeras, muchas estadunidenses, que se verían afectadas en sus ganancias con el pago de un arancel sin poder repercutirlo en su totalidad en el precio de sus productos.

Si el próximo lunes 10 de junio hubiera aranceles ilegales o si se difiriera la aplicación de los mismos por parte de Trump, de cualquier forma México tendría que definir con claridad que no desea ir a una «guerra arancelaria». Nuestro país no es una potencia económica que pudiera entrar a un intercambio de represalias comerciales, menos con Estados Unidos, país fronterizo con el cual México tiene cerca del 80% de su comercio exterior.

Si el gobierno de México hiciera «operación espejo», los consumidores mexicanos de productos estadunidenses se encontrarían en una situación semejante: pagarían un nuevo impuesto, sobre el cual, por cierto, opera el IVA porque aquel es incorporado en el precio de venta. Se tendría un costo doble: el determinado por la paulatina reducción de las exportaciones, por efecto del arancel de EU, y el que se provocaría por el incremento de precios internos a causa del arancel mexicano.

Existen otros terrenos en los cuales se puede dar la lucha contra el uso ilegal e ilegítimo de los aranceles. Hay fuerzas en Estados Unidos que podrían marchar junto a México para lograr un repliegue de Trump en esta materia, ya que gran parte de las mercancías de origen mexicano no pueden ser sustituidas rápidamente por producción local. La idea de que las empresas estadunidenses que operan en México regresarían pronto a su país no tiene mucho sentido porque en Estados Unidos los salarios son mucho mayores, por lo que, aún con arancel, las ganancias seguirían siendo buenas para muchos industriales.

Donald Trump es más rudo que otros poderosos, pero no está presentando objetivos personales. En Estados Unidos existe una gran corriente que es partidaria de exigir al mundo concesiones en todos los aspectos, incluyendo el sometimiento de gobiernos a los requerimientos norteamericanos. Es una cara del viejo hegemonismo. Dentro de poco tiempo sabremos si se trata de una mayoría electoral.

Con aranceles violatorios del TLC, el nuevo T-MEC ni siquiera se pondría a votación en el Capitolio, como lo ha dicho la diputada Nancy Pelosi, presidenta y líder de la mayoría en la Cámara de Representantes. En eso podrían converger muchos demócratas con unos cuantos republicanos, pues el viejo TLC tendría que ser denunciado formalmente por el mismo Donald Trump, tal como él lo quería hacer en un principio. Quizá esto se encuentre dentro de los cálculos de la Casa Blanca.

El intento de obligar a un Estado fronterizo, México, a poner barreras humanas con el fin de «proteger» a Estados Unidos es una mala idea, por ser ineficaz para perseguir el objetivo de los poderes políticos estadunidenses: detener la disminución relativa de la franja blanca de la planta laboral, en especial en la industria, así como el desalojo de la actual fuerza de trabajo de puestos relativamente menos remunerados. Se busca frenar el traslado de la «ventaja comparativa» de la fuerza de trabajo mal pagada hacia el interior del territorio estadunidense, lo cual ya ocurre, generando presiones sobre el salario medio y el empleo, por lo que es preciso detener brutalmente la migración, según el actual gobierno norteamericano.

El conflicto ya no es el muro que iba a pagar México, según Donald Trump. Ahora son las murallas policiales que el mismo Trump exige que sean erigidas, en el sur y en el norte, por parte del gobierno de López Obrador. Algo así, se sabe, no es prácticamente posible ni políticamente admisible. Es un viejo sueño recurrente del poder político estadunidense.

La solución debe buscarse en otro lado: remontar las causas principales de la emigración centroamericana (y mexicana). Este tema, sin embargo, no parece interesar al actual presidente norteamericano. Veremos por cuanto tiempo más. Jugamos ajedrez, no ping-pong.

Corrupción y desigualdad en «países populistas»

Alguien ha intitulado a algunos de los aún vigentes Estados de bienestar, los nórdicos, de «países populistas». Lo hizo Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del 24 de mayo pasado. Dijo que el propósito de su administración es alcanzar ese Estado de bienestar que existe en lugares, agregó, «donde son bien populistas». Parece que no pocos periodistas se lo tomaron a broma, o algo así.

En su alocución, AMLO señaló que en México hay mucha más desigualdad social que en los países nórdicos, con lo cual subrayó la diferencia estructural entre el capitalismo de aquellas naciones y el que existe en México. La concentración del ingreso es una expresión, entre otras, de esa diferencia.

En ese plano, lo que nos aleja de los países nórdicos es el Estado, como lo ha dicho Andrés Manuel, pues mientras aquéllos son redistributivos (captan el 50% del PIB), el nuestro es de ingresos ínfimos (capta menos del 15%). Sin alta recaudación relativa es imposible el Estado social, aunque ésa no basta.

Es preciso una contención de la dinámica del capitalismo basado en altas tasas de ganancia, complicada con esquemas monopólicos como los imperantes en México.

Aquí no sólo hemos sufrido el neoliberalismo como política concentradora del ingreso, promotora de la desigualdad y disolvente de las regulaciones estatales y de la economía pública, sino que casi siempre hemos tenido un Estado que se preocupa, ante todo, de garantizar altas tasas de ganancia al gran capital. El punto es que nos han llevado a un callejón en el cual, sin esos altos porcentajes de beneficio, se obstruyen las corrientes de inversión extrajera y se deprime la nacional.

Entonces, la cuestión consiste en romper con el esquema que ha llevado a que, gracias a sus bajas contribuciones y otras muchas inicuas concesiones, el gran capital invertido en México tenga iguales tasas de ganancia que las obtenidas en empresas que están ubicadas en la punta de la innovación global o en la renta del subsuelo, los hidrocarburos. Tenemos estructuras monopólicas empresariales con tasas de ganancia propias de las grandes tecnológicas mundiales, pero sin haber realizado un solo invento. La conclusión de todo eso es la precariedad del salario y la insuficiencia del gasto público.

Para encarar tal situación se necesitan varias reformas, además de las indispensables regulaciones antimonopólicas. Entre ésas se encuentran: modificar el esquema de financiamiento externo para no depender tanto de los capitales «golondrinos» y anclar la deuda externa en esquemas fijos; controlar mediante el sistema fiscal las exportaciones de capitales nacionales; promover el arraigo del capital-dinero mediante una suficiente certidumbre contributiva; controlar las remesas al exterior de las ganancias de los bancos extranjeros; desarrollar un sistema de financiamiento interno con menores tasas de interés mediante el establecimiento de un amplio sistema de garantías a cargo del Estado; disminuir las importaciones de bienes destinados al sector público y promover contratos internos de largo plazo; impulsar la innovación y la puesta en práctica de sus resultados en la industria mexicana; revolucionar la producción interna de alimentos y energéticos.

Al mismo tiempo, es indispensable aumentar la inversión pública, tanto en infraestructura como la directamente productiva, pero más allá de unos cuantos grandes proyectos.

Como algo prioritario se requiere una nueva política salarial con objetivos ciertos, precisos y claros.

Todo lo anterior se debe amarrar con un objetivo insustituible: el incremento de la tasa de crecimiento del producto.

Algunos puntos han empezado a dibujarse en los pocos meses del actual gobierno, sin embargo, Andrés Manuel subrayó que el propósito de un Estado de bienestar se puede lograr «si erradicamos la corrupción». Se sabe que, en este momento, bajo el Estado corrupto es imposible el Estado social, pero el programa anticorrupción, aunque tenga finalidades políticas propias, es un requisito de una reforma mucho mayor.

Como están las cosas en el mundo, el capitalismo como sistema va a seguir predominando ampliamente, pero un Estado de bienestar, o Estado democrático y social, no puede prescindir de reformas económicas. Es mentira que para redistribuir el ingreso primero es necesario aumentar éste. Lo que sí es cierto es que, para redistribuir mejor, será siempre necesario alcanzar altas tasas de crecimiento. Esto es algo por completo lógico. Mas una política redistributiva se dirime en el terreno de la lucha política porque los grandes acaparadores del ingreso van a defender la inmensa parte porcentual de la que ahora se apropian.

Aún más, la lucha contra la corrupción se puede quedar atorada si no sobrevienen las reformas sociales a las que se refiere el Plan Nacional de Desarrollo.

Ahora bien, dentro de este complejo panorama surge la singular pregunta de si será suficiente la eficiencia recaudatoria o va a ser preciso ajustar deducciones para ampliar la base gravable de las grandes empresas e, incluso, alzar la tasa máxima de la tabla del impuesto sobre la renta.

Los mecanismos más directos de redistribución del ingreso no son prescindibles para una reforma social que conduzca al financiamiento de salud, educación, pensiones y vivienda, así como a la cobertura de planes de infraestructura que promuevan el crecimiento económico.

El populismo nórdico, el Estado democrático y social, no es alcanzable sólo con el colapso del Estado corrupto. Nada puede suplir, por ahora, las reformas sociales. Dicho de otra forma, la lucha contra la corrupción debe inscribirse dentro de esas reformas. Esta idea es el quid del programa de la transformación de la vida política del país. El otro gran punto es el de la democracia.

AMLO: administrar o vencer la corrupción

La primera renuncia en el gabinete de López Obrador proviene de divergencias en el plano de la administración. Germán Martínez ha dicho algo al respecto. Sin embargo, al quejarse de la corrupción que corroe al IMSS, se abstuvo de presentar diagnóstico y plan de combate contra ese flagelo.

Como es de comprenderse, lo trascendente no es la separación de Germán Martínez sino el debate sobre los planes del gobierno de López Obrador para combatir la corrupción a lo largo y ancho de la administración pública. ¿Es posible alcanzar el éxito si se comienza con hacer concesiones a los circuitos de la gran corrupción? Sabemos que no se puede de un momento a otro acabar con la mordida callejera y de ventanilla, pero eso no debería poder decirse de la corrupción realizada por mafias que operan dentro y fuera del Estado.

La austeridad es un tema diferente al de la lucha contra la corrupción aunque uno y otro tienen muchas conexiones. Una administración austera no busca gastar menos sino más, pero en lo que es debido, sin derroche. La plataforma de lucha contra la corrupción no busca «ahorrar» dinero sino evitar el robo, con lo cual se preservan fondos para usarlos en otros propósitos señalados como prioritarios. Se han reducido programas y partidas de gasto puramente operativo, burocrático, pero sobre todo se han combatido sobreprecios, desviación de fondos, aviadurías, moches y grandes mordidas, amén de huachicoleos. Esto apenas empieza; así lo debemos esperar y exigir.

Si López Obrador aflojara el paso, de seguro que el nuevo gobierno fracasaría. Precios alterados de insumos, pagos en demasía, negocios con recursos públicos, concesiones amañadas, contratos a modo, peculados y muchas más formas de corrupción han formado parte del sistema político. No estamos hablando de «vicios» sino de articulaciones delincuenciales construidas dentro del poder político.

Queda por completo claro que el Estado corrupto no existe en forma aislada sino articulado a la economía y a la cultura. No debería, por tanto, combatirse sólo mediante tiros de precisión, por lo cual se está usando la denuncia pública y el desmantelamiento de estructuras legales para modificar al Estado, incluyendo políticas como las salariales y las garantías de derechos sociales.

A México, como a otros países, le ha tocado un capitalismo salvajemente neoliberal, pero al mismo tiempo una de las peores combinaciones de aquél: la corrupción como sistema. De tal suerte, la redistribución del ingreso y el establecimiento del Estado democrático y social no son factibles sin un proceso simultáneo de desarticulación del Estado corrupto.

Las cifras de condonaciones fiscales dadas a conocer por Andrés Manuel hace unos días se nos revelan como una fotografía política: véase el primer año de mandato de Peña Nieto, con más de 200 mil millones de pesos de impuestos condonados, que fueron parte del pago de financiamientos políticos ilícitos y demás apoyos para gastos electorales y para otros mecanismos de poder. Todas las aportaciones privadas se pagaban y, al mismo tiempo, en esas exacciones se creaban nuevos fondos para financiar la futura actividad política. Ésta, en México, ha sido muy cara: de una forma o de otra todo el dinero tenía que ser aportado por el Estado.

La nueva administración no podía arribar a entidades y organismos públicos con la idea de ir mejorando las cosas. Esa actitud hubiera sido un error fatal. Si se quiere transformar hay que remover el aparato administrativo anterior. Esto incluye al Seguro Social, donde desde tiempos muy remotos ha sido una tradición ocupar las delegaciones en los estados como referentes políticos de grupos y figuras del poder. Ya no se hable, por sabido, de los sobreprecios de los insumos médicos: esos sí que son «inhumanos».

Pero como es hasta cierto punto natural, cada error administrativo ha de ser magnificado por los conservadores para defender su viejo Estado corrupto. Hasta ahora, la resistencia ha sido moderada, pero quizá pronto se haga virulenta. Si el gobierno de AMLO mantiene la firmeza suficiente podrá ganar esa lucha. Pero si empezara a postergar acciones y a ceder ante los circuitos de la corrupción con sus referentes en empresas y políticos tradicionales, todo se vendría abajo. Es más, para algunos, el ritmo actual es aún lento y no va a tomar velocidad organizando insustanciales subastas de aviones y automóviles, las cuales resultan ridículas en lugar de espectaculares.

Si no se admite el freno o la tesis de la cautela, entonces es preciso empujar. Si así fuera, se podría empezar a combatir la corrupción cotidiana, la que golpea más directamente a la ciudadanía: bajar hasta el primer peldaño de la escalera, el más alejado de la cúspide del poder.

La «quiebra» de Pemex: segundo Fobaproa

Desde un punto de vista meramente formal Pemex está en quiebra porque debe más de lo que tiene. Pero bajo un análisis estrictamente económico, Pemex ha sido saqueado por los gobiernos anteriores.

Esa inmensa deuda externa de la petrolera, que asciende a más de 100 mil millones de dólares, no fue consecuencia de necesidades reales de la empresa, sino de una forma de financiamiento del gasto público improductivo, la cual, por tanto, fue inconstitucional.

Fobaproa-IPAB llegó a alcanzar 100 mil millones de dólares de deuda (un millón de millones de pesos de entonces), por lo que se puede decir que la «quiebra» de Pemex es una nueva versión, sólo que este endeudamiento público no ha sido para cubrir deudas y quebrantos de empresarios y bancos privados, sino para sufragar el gasto de operación del gobierno federal durante los cuatro sexenios anteriores. Sin embargo, ambos fraudes también tienen en común que el pueblo tendrá que pagar.

Como se sabe, el débito gubernamental debe ser destinado a inversiones que produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos, excepto reestructuraciones o regulaciones monetarias. Esto señala la Constitución. Para eludir fácilmente este mandato, las sucesivas administraciones mantuvieron muy pesada la «carga fiscal» de Pemex, obligándolo a contratar deuda soberana. Es decir, el dinero que Pemex invertía no venía de sus propios ingresos, lo que hubiera sido natural y nada oneroso, sino de los préstamos.

Si los impuestos de Pemex hubieran sido fijados según el exacto nivel de sus necesidades de operación, mantenimiento e inversión, la empresa no hubiera tenido que contratar deuda, pero el gobierno tampoco hubiera podido financiar sus gastos de operación, los cuales fueron aumentando con enorme velocidad a partir del gobierno de Vicente Fox. En el fondo, se trataba de gasto político.

Se pasaba el dinero de una caja a otra para poder elevar el gasto no productivo mientras la inversión de Pemex se tenía que financiar con créditos en el extranjero, después de saquear todos los días a Pemex. La Ley de Ingresos disponía una cantidad fija diaria que Pemex debía entregar como anticipo del pago de sus contribuciones.

México cometió el mismo error que otros países pobres del mundo: dilapidó sus excedentes petroleros en gastos de mantenimiento político, meramente operativos, de una burocracia costosa y parasitaria, así como en subsidios, muchos de los cuales eran innecesarios. A esto hay que agregar la inmensa corrupción que llevaba ríos de dinero hacia las cuentas de gobernantes, funcionarios y contratistas.

Los sucesivos gobiernos decían que el dinero procedente del petróleo debía ser destinado a cubrir las necesidades de gasto de «todos los mexicanos…». Pero esa afirmación era una mentira. Gran parte del dinero procedente del petróleo se estaba usando en sufragar el gasto administrativo del gobierno, en lugar de usarlo en inversiones productivas, petroleras también. La tolerancia hacia la elusión y la evasión fiscal era menos problemática porque más de un tercio del presupuesto se cubría con los excedentes petroleros. En síntesis, todo fue un esquema parasitario hecho por parásitos.

En los últimos años, ante la crisis de la deuda pública y bajo la política de extinción de la empresa por quiebra total, Pemex tuvo que reducir drásticamente sus inversiones. Cayó la producción y la petrolera fue presentada como el fracaso más grande, aunque corrupción y huachicol seguían hacia arriba.

El nuevo gobierno está ahora entregando recursos frescos a Pemex, ha rebajado parte del pago de sus derechos fiscales y autorizó una reconversión de deuda. Se ha evitado más del 90% del robo de combustibles. Si Pemex continúa invirtiendo para producir más, el fisco podrá ir poco a poco regresándole lo que le debe con el fin de hacer de esa empresa una plataforma de crecimiento y desarrollo.

Al mismo tiempo, la producción de refinados es una tarea de Pemex por una razón: México no debe depender (al menos no casi totalmente como ahora ocurre), de las importaciones de gasolinas y gas porque en el momento en que hubiera problemas en el suministro, la economía del país podría paralizarse. Nadie, en serio, podría sostener que México deba seguir trayendo de fuera el 90% de las gasolinas.

El esquema elaborado por la convergencia política PRI-PAN en la «reforma energética» incluyó el plan para que compañías extranjeras trajeran las gasolinas. Pero eso no cambiaría en nada la situación. Quizá la complicara.

No existe energético más caro que el no se tiene. Así han pensado los estadunidenses desde hace años en su política de alcanzar la autosuficiencia en hidrocarburos. Ya casi lo logran, aunque deban producir petróleo y gas más caros. ¿Y México? ¿En qué es distinto en ese aspecto? Estados Unidos tiene el más poderoso ejército para ir a buscar el petróleo a donde sea, pero eso ni por asomo lo podría intentar México.

Moody´s afirma que Dos Bocas costará más de 10 mil millones de dólares y no los 8 mil calculados por el gobierno, lo cual ha de generar, dice, un boquete fiscal. Se basa en la falta de experiencia nacional en la construcción de refinerías, pero no explica dónde está la experiencia propia de esa «calificadora» de riesgos en la presupuestación de complejos petroleros. Sean 8 mil, 10 mil o más, el gobierno de México tiene que hacer lo que sea necesario, para lo cual no se requieren empresas calificadoras porque no es un asunto meramente financiero sino estratégico, un problema de Estado.

Eso nos lleva a un tema mucho más complejo: más allá de los viejos conflictos regionales históricos, la globalización no está evitando del todo nuevas contradicciones internacionales. Los desbalances del comercio han vuelto al escenario, como lo indica la «guerra» arancelaria de Estados Unidos contra China, así como otras medidas tomadas en contra de diversos países, incluido México.

Al mismo tiempo, Estados Unidos ha recrudecido su capacidad de bloqueo comercial y financiero contra aquellos países considerados como amenazas o sencillamente de gobiernos «indeseables».

Pasar de la «guerra arancelaria» a los bloqueos comerciales y financieros requiere tan sólo un paso. ¿Hasta dónde podrían llegar los conflictos dentro de la modernísima globalización? ¿De qué manera y hasta qué punto se podría descomponer la libertad mundial de comercio y circulación de capitales? En verdad no lo podemos saber, sino sólo sospechar. Por lo pronto, Dos Bocas debe ir adelante y luego averiguamos. Así se trabajan estos temas.

 

La Suprema Corte frente a las remuneraciones escandalosas

Para resolver sobre la Ley de remuneraciones de servidores públicos, la Suprema Corte tiene frente a sí un proyecto para declarar inconstitucional ese ordenamiento. Los y las ministras se encuentran de cara a la Constitución.

Para el ponente, el ministro Alberto Pérez Dayán, la ley objetada no contiene lineamientos para modular la determinación del sueldo del presidente de la República. Según él, tiene que haber una «elaboración objetiva» de la remuneración presidencial.

La Ley de remuneraciones ha sido una de las más combatidas por ser chocante a los altos funcionarios, incluyendo a los del Poder Judicial. Durante muchos años, esos servidores públicos se asignaron su propio sueldo. Llegaron a los más altos montos jamás vistos. Hoy, no combaten en realidad la ley de remuneraciones, sino el texto de la Constitución (Art. 127) que les impide ganar más que el presidente de la República porque el sueldo de éste se redujo.

El parlamento moderno empezó asumiendo el «poder de bolsa». Contener al monarca mediante la fijación de los impuestos y la autorización de los gastos. Parece, sin embargo, que ahora se quiere que los gastos corrientes tengan «parámetros» predeterminados, racionalidades técnicas preestablecidas, «métodos de cálculo» definidos. Esto quiere el ministro instructor Pérez Dayán.

Sin embargo, el sistema democrático liberal que se mantiene en el texto constitucional expone otra cosa. A la espera de una democracia directa y participativa, la vigente, enteramente formalista, indica que la política de sueldos la marca la representación popular. El poder de bolsa es exclusivo del Congreso y tiene dos partes: ingresos y egresos. Estos últimos los determina de manera exclusiva la Cámara de Diputados en el Presupuesto, el cual es anual.

Se postula que la política de sueldos la determina el electorado, al elegir a quien mejor propuesta tiene al respecto. ¡Ah!, pero Pérez Dayán quiere que las remuneraciones de los altos funcionarios sean determinadas por «parámetros» y mediante métodos «objetivos». ¿Cuáles pueden ser éstos? Si tuviéramos una difícil situación de bajos ingresos y altas deudas tendríamos que bajar los sueldos de los jefes sin pensar en «parámetros». De la misma manera, cuando el pueblo ha votado y nos ha dicho que basta de privilegios, tenemos que bajar los sueldos de esos mismos jefes por el simple dictado del electorado. Cuando es preciso aumentar el gasto social y rebajar las erogaciones operativas, meramente burocráticas, hay que reducir los sueldos de los funcionarios de alto rango para dar al presupuesto otros objetivos. Todo esto es lo que está ocurriendo.

Así funciona el sistema representativo liberal formalista. ¡Ah!, pero Pérez Dayán quiere inventar un nuevo sistema tecnocrático y obligar al Congreso a expedir una ley que diga lo contrario, es decir, que los sueldos de los jefes del aparato público se deciden mediante criterios «objetivos» y «técnicos», pero de ninguna manera políticos en el sentido más amplio y exacto del término.

Si así lo dijera al final la Suprema Corte, no podría ser de esa forma porque el país no está para admitir que el sueldo del presidente se defina mediante imposibles «razones» técnicas, lógicamente, por parte de unos tecnócratas. Es decir, aunque se declarara en la Suprema Corte la inconstitucionalidad de la ley de remuneraciones, mientras no se deroguen los artículos 75 y 127 de la Constitución, el sueldo del presidente de la República, el más alto en el Estado mexicano, seguirá siendo determinado por votación en la Cámara de Diputados, cada año, como está establecido desde que se fundó la República.

El ministro Pérez Dayán va más lejos en su intento de echar abajo la ley de remuneraciones. Como dicho ordenamiento fue expedido por la Cámara de Diputados siete años después de que se lo enviara el Senado, entonces es nulo. ¿Qué? Pues sí. Ese ministro ponente pretende hacer que la Corte declare que una ley es inconstitucional porque el Congreso se tardó demasiado en expedirla. ¡Wau! Eso nunca se había visto.

No existe precepto alguno en Constitución, ley o reglamento que prescriba la caducidad de un proyecto enviado desde una cámara a la otra. Jamás. Las normas señalan la «preclusión» de la facultad de las comisiones para dictaminar una minuta procedente de la colegisladora cuando se hubiera agotado el plazo con el propósito de poder discutirla y votarla directamente en el pleno, como se hizo en este caso, pero no existe la posibilidad de declarar desechado un proyecto enviado desde la otra cámara sin la votación de la asamblea, pero, además, para devolverlo a la de su origen. Nadie por su propia decisión puede archivar una minuta o declararla extemporánea, excepto, por lo visto, Pérez Dayán, quien de seguro debió haber leído el artículo 72 de la Constitución cuando era estudiante, pero se nota que no entendió nada.

El ministro instructor dice que la ley de remuneraciones debió haber señalado lo que ya dice la Constitución en un artículo diferente al 127, justamente el 95, en el que se prescribe que las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial no puede ser disminuidas durante su encargo. Pero ese precepto vigente no requiere reglamentación especial porque es de aplicación directa. Es más, se ha respetado.

Dice el ponente que la ley de remuneraciones ataca la «autonomía presupuestal» del Poder Judicial y de los órganos «autónomos». Esta afirmación es por completo contraria a la Constitución. La Carta Magna dice que los «autónomos» y poderes deben enviar, a través del Ejecutivo, su proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados, pero no dice que ésta debe aprobarlo como llegue. El poder de bolsa, en su vertiente de egresos, corresponde por entero sólo a los diputados y diputadas. Punto.

Lo que además hace la Cámara es determinar toda «retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley», como le ordena la Constitución. Esto incluye a los integrantes de los órganos «autónomos», preocupados, todos ellos, por mantener sus altísimos e injustificados sueldos.

La llamada «autonomía presupuestal» indica que la administración del presupuesto que le asigna la Cámara a cada ente autónomo y a los poderes Judicial y Legislativo no corresponde al Ejecutivo sino a ellos mismos, sin poder eludir la revisión de sus gastos por parte de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Pero sólo la Cámara puede autorizar sus respectivos montos presupuestales y los sueldos de los empleos señalados en ley. Hagan lo que hagan, así seguirá siendo.

En el fondo de este largo, escabroso y lamentable litigio sobre la ley de remuneraciones se encuentra la aplicación del artículo 127 de la Constitución. Antes, cuando el presidente ganaba lo que quería, sin contar lo que robaba, no había problema alguno. Hoy, el sueldo presidencial es moderado y adecuado a un Estado empobrecido y saqueado. Sí, es políticamente adecuado.

Hay intereses evidentes en este asunto aunque también, podría pensarse, miseria moral de los altos jefes que reclaman inmensos sueldos cuando el país en el que se encumbraron quiere cambiar.

Existen también en la ponencia de Pérez Dayán otras pretensiones de inconstitucionalidad y algunas propuestas que son discutibles, pero el enfoque en su conjunto es inicuo porque propone la subversión de una parte del sistema político de la Constitución pero desde un mal uso del control constitucional que forma parte de ese mismo sistema.

La Suprema Corte de Justicia no puede dictar una sentencia de carácter aditivo, con la cual se agregue algo a una ley. Puede declarar omisiones legislativas pero no legislar directa o indirectamente.

En la situación actual, si la Corte declarara sin razón la inconstitucionalidad de la ley por «omisión legislativa» para tratar de obligar al Congreso a legislar por pedido y lograr así la elevación del sueldo del presidente de la República, la mayoría legislativa le respondería expidiendo el mismo texto vigente porque los elementos que Pérez Dayán quiere que entren en la legislación atentarían contra la facultad constitucional de la Cámara de Diputados para expedir el presupuesto de egresos e incluir ahí la política de sueldos. Eso no lo podría admitir un parlamento que está tratando de recobrar altura republicana y democrática.

La transformación que se está intentando en el país a partir de la victoria electoral del 1 de julio de 2018 no va a rodar sobre una mesa de billar. Es natural que los conservadores hagan lo que se pueda para, desde sus trincheras, combatir los elementos centrales del dictado de las urnas. La respuesta ha de ser tratar de impedírselos.

El imposible diagnóstico sobre el PAN

La política panista de bloqueo a las iniciativas y conductas del actual gobierno no tiene nada de peculiar. Acción Nacional es un partido ubicado en la oposición, por lo cual es del todo normal que intente impedir o entorpecer la acción gubernamental.

Lo que ameritaría un diagnóstico es la crisis del PAN, pues, al oponerse, no exhibe sus propuestas alternativas. Sería sencillo suponer que ese partido carece de planteamientos vigentes, pero ese intento explicativo resultaría tan simple como inexacto.

Acción Nacional abrazó la política neoliberal con mayor rapidez que el PRI porque siempre fue un partido crítico del estatismo mexicano y del Estado social. El liberalismo católico en México no fue en casi nada un socialcristianismo y ni siquiera una democracia cristiana. La crítica panista a la falta de democracia se limitó al control del gobierno sobre los procesos electorales y a los fraudes. El PAN no es un partido democrático en la expresión clásica liberal, pero cuando se consolidaron los neoliberales priistas en el poder, el PAN proclamó su «victoria cultural».

Sin embargo, justo por lo anterior, se tendría que esperar que Acción Nacional reivindicara abiertamente su tendencia neoliberal y expusiera sus alternativas a las propuestas del nuevo gobierno. Pero no está ocurriendo así.

En el último trance legislativo, el PAN no quiso buscar un acuerdo sobre la reforma constitucional en materia de educación pública, pero, en lugar de señalar una orientación propia, se hundió en contradicciones y necedades sin un sentido político claro: acusó al proyecto de la mayoría de no contener absolutamente ningún cambio respecto del texto aún vigente (reforma de Peña Nieto que fue votada también por el PAN) pero, al mismo tiempo, repudió las derogaciones y las nuevas redacciones del texto constitucional.

La mayor acusación de los panistas en la Cámara de Diputados fue que Morena estaba engañando a los maestros y al pueblo porque en realidad no buscaba abrogar la reforma de 2013 sino mantenerla exactamente igual, como si ellos estuvieran repudiando lo que entonces apoyaron. Pero no. En contradicción con sus acusaciones, el PAN estuvo criticando que se suprimiera la evaluación de los maestros con fines de determinar la permanencia de éstos en la docencia, es decir, la llamada evaluación punitiva.

Así ha sido la conducta panista en casi todos los lances legislativos y en sus baterías críticas, sin que la dirección panista haga esfuerzo alguno para introducir concepciones programáticas coherentes.

Las ideas políticas neoliberales siguen siendo tan fuertes dentro de la sociedad como antes del triunfo de López Obrador. No obstante, sus principales exponentes, fuera de las grandes empresas, casi no se expresan con discursos consecuentes. El PAN es uno de esos organismos agazapados.

En el curso de la lucha política, el punto es si es posible actuar indefinidamente sin defender una plataforma completa, congruente, clara, sincera. Mientras esa situación siga presente en el PAN, este partido no podrá intentar salir de su crisis, debido a que se trata de una crisis de dirección provocada principalmente por la falta de definiciones programáticas. Es por ello que se hace imposible un diagnóstico que lleve a encontrar la medicina necesaria para curar los males del Partido Acción Nacional.

Este no es un problema en sí mismo, pues se trata tan solo de un partido, sino que la ausencia de oposición –hay que estar repitiéndolo—no puede más que generar un deterioro de las relaciones políticas del país. La confrontación puede encontrar un cauce democrático cuando es clara ante los ojos de la gente y los protagonistas son precisamente actores políticos formales y no solamente poderes o partidos informales.

He aquí lo complicado de la situación.

El Memorándum de AMLO: de la forma al fondo

Algunos, los conservadores, no se han dado cuenta de que la manera de hacer política está cambiando en aras de que cambie el contenido de la misma, el fondo. No se trata de que ese cambio sea bueno nomás por serlo, pero de que hay cambio, lo hay.

El presidente ha firmado un documento insólito: un Memorándum público dirigido a una secretaria y dos secretarios de Estado, recordándoles la política administrativa que se habrá de aplicar en lo referente a la educación básica. Como eso es desusado, luego se ha señalado como «inconstitucional» por varios opositores y algunos críticos. Un ex ministro de la Suprema Corte dijo que era recurrible: lo es todo acto conocido de la autoridad.

Los presidentes mexicanos no tenían costumbre de recordar a sus subordinados el contenido de la política de manera pública más que cuando declaraban: «he dado instrucciones para…», pero, ¿sus órdenes estaban por escrito?

El Memorándum de AMLO está firmado y es público porque es parte de una difícil negociación, en varias bandas, para abrogar la reforma educativa de Peña Nieto, tal como lo dice el texto presidencial. Ese es el fondo.

Las oposiciones tienen una iniciativa conjunta. El SNTE, que no se movilizó contra aquella reforma, nunca ha estado de acuerdo con la misma. Se encuentran de manera relevante los maestros (CNTE) que lucharon arduamente contra ella y fueron víctimas de represalias administrativas y penales. Finalmente, está el bloque parlamentario mayoritario y el gobierno de López Obrador que buscan la manera de construir el acuerdo conveniente.

La iniciativa original enviada por el Ejecutivo ha sido modificada en un proceso enredado, pero el dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados no es del todo el texto que se requiere.

El Memorándum expresa algunos aspectos que no podrían ir tan claramente en un decreto de reforma constitucional, tales como actos de política administrativa que son necesarios: revocar ceses, tratar de cancelar procesos penales, dejar de pagar a los «aviadores», centralizar la nómina, contratar prioritariamente a los egresados de las normales, entre otros aspectos.

El actual gobierno busca, como todo mundo sabe, la abrogación de la reforma educativa. Mientras tanto, hay que tomar algunas orientaciones, pero, sobre todo, advertir que, después de la aprobación del nuevo texto constitucional, la cauda dañina de la reforma va a quedar subsanada.

Políticos y juristas acartonados parecen no entender el contexto político. No existe en el Memorándum ningún acto de gobierno contrario a la Carta Magna porque, para empezar, no se trata de un decreto, sino de un recordatorio interno sobre la orientación política del Ejecutivo en el tema.

Si esos «especialistas» escandalizados quieren defender la reforma de Peña Nieto, tal como parece, que lo digan y veremos cual es el contenido del debate. Si defienden el método de la política en lo oscurito, como era antes, que lo señalen también. Si lo que molesta es que el Ejecutivo pueda dar a conocer públicamente orientaciones internas dirigidas a su gabinete y no sólo actos concretos, pues están viviendo en otra época.

Si en lugar de Memorándum ese texto hubiera sido el de un discurso, los objetores no habrían podido decir nada por falta de firma, es decir, de formalidad. Pero entonces no tendría el alcance que se le ha dado en el marco de las negociaciones entre bandos que no se tienen confianza entre sí.

Ya no son tiempos de aquella hipocresía bajo la cual las decisiones del presidente eran grises, de tal forma que, si  acaso generaban rechazo, la culpa era del secretario de Estado del ramo. «Reservar instancia», se decía, cuando se ejecutaba algo que podría luego ser rectificado por el superior, aunque éste lo hubiera decidido desde un principio. Pura forma.

En cuanto a motivar y fundar los textos oficiales, eso opera para las órdenes, decretos, resoluciones, contestaciones y cosas por el estilo, con el propósito de hacer valer los principios de legalidad y certeza. Pero no se puede estar hablando de la misma manera para todo memorándum interno del gobierno. Cuando alguno de los secretarios que recibieron el Memorándum dicte alguna resolución, entonces de seguro dirá bajo qué norma está actuando: así podrán los juristas acartonados tomarse la molestia de ir con los jueces.

Otros han dicho que el Memorándum no tiene importancia ni trascendencia porque no es una figura jurídica. Entonces, ¿por qué lo cuestionan?

Gracias al ruido desatado sobre el dichoso Memorándum, éste ha tenido mayor resonancia. Como la discusión sobre su legitimidad es algo que no puede conducir a ningún acuerdo, entonces se ha convertido en un instrumento político de mayor alcance. La discusión es algo que a México le había hecho falta durante décadas. Ahora se discute casi todo lo formal, hasta el tiempo que duran las conferencias mañaneras del nuevo presidente.

Sin embargo, en política la forma no es fondo; sólo el fondo lo es. Lo trascendente no es la forma de memorándum sino el contenido del texto firmado y, especialmente, lo que se va a hacer.

Trump, de las amenazas a los hechos

Nadie en el mundo podría concluir que las caravanas de migrantes centroamericanos con rumbo a la frontera con Estados Unidos conforman una «emergencia nacional». Millones de personas sin visa buscan cada año pasar esa frontera, por lo cual, emergencia no es.

Tampoco se trata de una simple maniobra electoral, muy adelantada porque resta más de un año para la elección presidencial.

El problema consiste en la lucha política que llevan a cabo en Estados Unidos los grupos más defensistas, encabezados por el actual presidente con su lema «primero USA» y «hacer grande a USA».

Aunque los demócratas son más reacios al libre comercio con México, Trump ya dio por cerrada esa negociación y ahora quiere dos cosas: el dinero para terminar y reforzar el muro fronterizo y la colaboración del gobierno mexicano para detener a migrantes centroamericanos y para recibir a los solicitantes de asilo que logran pasar la línea o el río en busca de ingreso legal a Estados Unidos.

Lo que quiere Trump no puede ser concedido. El Congreso no va a aprobar los fondos requeridos y seguirá combatiendo la decisión presidencial de apropiarse de otros fondos para desviarlos hacia el muro fronterizo. México, por su parte, no dará un golpe de timón en materia migratoria ni firmará un convenio de «tercer país» para hacerse cargo de los migrantes no mexicanos que pisan territorio estadunidense.

Algo podría, sin embargo, obtener Donald Trump con sus resoluciones presupuestales y sus amenazas de «cerrar la frontera» y, ahora, de imponer un arancel extraordinario de 25% a las importaciones de automotores procedentes de México.

Quizá el mandatario estadunidense no sabe de cierto lo que pueda obtener al final de sus actuales confrontaciones, pero sabe que algo tendrá que ser. Que no prosperen, por ejemplo, los recursos judiciales contra sus inconstitucionales decisiones presupuestales, por un lado, y que México acepte mayor cantidad de centroamericanos en su territorio en espera de la resolución sobre su solicitud de asilo, por el otro.

Es por eso que el tono sube y baja sólo para volver a subir. Las amenazas de Trump tienden a poner nerviosos a sus interlocutores. No obstante, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el gobierno de México han aguantado bien las arremetidas verbales de Trump.

Sin embargo, la Casa Blanca está probando suerte con medidas administrativas que hacen que algunos pasos fronterizos se hagan más lentos por falta de suficiente personal. Esta situación no es ya una declaración delirante, como la del cierre total de la frontera, sino un acto muy concreto para ir incorporando a otros actores en una posible escalada de crisis fronteriza. Ahora ya están en el problema importadores y exportadores de ambos países que pueden presionar a los diputados en el Capitolio y al gobierno mexicano.

Con un arancel a los automotores procedentes de México se trataría de provocar una reacción equivalente y, de esa forma, una escalada, la cual ya no se limitaría al tema migratorio sino que sería un problema comercial y, por tanto, industrial.

Hasta el momento, López Obrador no ha caído en las provocaciones de una parte de la prensa mexicana y de un segmento de la oposición política que le exigen rechazos verbales a las amenazas de Trump. Pero las cosas se pondrían un tanto más complicadas si el presidente de Estados Unidos lleva a cabo una escalada, pero ya no de frases sino de decisiones administrativas y comerciales tan reales como duras.

Una guerra comercial no puede ser llevada a cabo por México. Las agresiones que en esta materia puedan ser emprendidas por Trump no tendrían para qué provocar respuestas a la medida de parte de López Obrador, ya que eso sería justamente entrar al juego en el que la Casa Blanca se sabe ganadora.

Por parte de los demócratas en el Capitolio tampoco habrá una defensa militante de las importaciones mexicanas. Por tanto, si Trump convierte sus delirantes amenazas en actos de agresión comercial, México se va a ver solo, por lo cual se requeriría la más amplia solidaridad interna, una especie de inmunidad fundada en la lealtad nacional.

Empezar a pelear internamente sería una fuerte carta de victoria del gobierno de Trump.

Incertidumbre segura

Pocos relevos gubernamentales como el más reciente han tenido tantas definiciones ciertas desde meses antes de su culminación. La crítica de la política neoliberal podría ser más extensa e incisiva pero no menos insistente. Lo mismo ocurre con la corrupción. Habría que agregar también la convocatoria a inaugurar el método de democracia participativa y directa.

Desde un principio se dijo que en los primeros tres años no habrá ajuste fiscal (excepto en la frontera y, si acaso, en el IEPS gasolinero), ni mayor deuda en términos del PIB.

Se sabía de antemano que no se abrirían subastas para proseguir con el reparto de yacimientos ni se darían más concesiones mineras. Así también se anunciaron aumentos de la inversión pública en las industrias de energía, incluyendo la construcción de una refinería. En la lista están el Tren Maya y el del Istmo, entre algunas otras inversiones mayores.

Los grandes programas sociales son los mismos que se vinieron prometiendo durante toda la campaña electoral por parte de López Obrador.

Algunas transferencias presupuestales aparecen ahora como consecuencias inevitables de las nuevas prioridades de gasto. La austeridad no es para gastar menos sino para hacerlo mejor. En un futuro cercano deberá poder gastarse mucho más.

Sin embargo, se habla de incertidumbre. Podría decirse que el uso de esta palabra no es descriptivo sino premonitorio, es decir, se advierte que pueden surgir políticas no esbozadas antes. En el fondo, se trata de manifestar desconfianza sobre la base de una supuesta falta de certeza.

El colmo de esta precaria forma de hacer oposición se expresa en el intento de ligar la propuesta para establecer en la Constitución la revocación del mandato con un intento de reelección, al punto de que el presidente ha firmado un compromiso de no reelección, aunque innecesario o impertinente.

Otro ejemplo es la peregrina liga entre los señalamientos de que Enrique Krauze tuvo que ver con campañas electorales subrepticias, sucias e ilegales y una inventada intención de reprimir la libertad de difusión de ideas de ese político y biógrafo de personajes históricos. El gobierno no va a perseguir a Krauze porque no va a perseguir a nadie por sus ideas. Pero tampoco se tiene que reeditar la costosa y fea política de amamantar a intelectuales orgánicos del poder político.

Se aplica cada vez más el método de la incertidumbre, mediante la forja de una liga entre lo que ocurre y cualquier cosa que pueda ocurrir.

El problema político mexicano de los días que corren, como lo hemos comentado, es que las oposiciones carecen de agenda y de liderazgo, lo cual les lleva a promover la incertidumbre. Oponerse al gobierno puede asumir formas muy variadas, pero dentro de ellas debe haber propuestas y explicaciones sobre la manera de alcanzar éstas. ¿Qué tenemos hoy? Un vacío que está siendo llenado por otros, los no opositores, aunque sí adversarios de la 4T encabezada por López Obrador.

El debate político de una democracia formalista se ve sustituido por la sensación de una ausencia de certezas. ¿Quién es en verdad Andrés Manuel? Podría ser el lobo con piel de oveja o el diablo agazapado. Así, en lugar de discutir, los jefes de los dos partidos opositores se falsifican a sí mismos mediante una afanosa búsqueda de lo que no está incluido en los actos del gobierno ni en los anuncios oficiales.

Mas no sólo se trata de los partidos opositores. Hay ríos de tinta y de habladurías que sepultan con incertidumbres al nuevo gobierno, en especial con interpretaciones fantasiosas que podrían llevar a la hilaridad si no fuera por la cantidad de personas que son propensas a creer cualquier cosa.

La sospecha del próximo advenimiento de un autoritarismo oficial y, específicamente, presidencial es una de las suertes más socorridas de analistas académicos y comentaristas, algunos de los cuales son serios o, al menos, lo eran hasta hace poco.

Como irresoluble contradicción, se quiere aparecer a la incertidumbre como lo único seguro. Para sus promotores no hay cosa más palmaria que la suspicacia. Esa es la política de los adversarios de la 4T, una nueva versión de la ya decadente propaganda de que AMLO es un peligro para México.