Muchos gobernantes violan la Constitución y no pocos lo hacen todos los días. El Congreso, por su parte, se sigue negando a expedir la ley reglamentaria del penúltimo párrafo del artículo 134 constitucional y a cumplir con el último párrafo del mismo precepto, el cual dice que debe haber leyes que incluyan sanciones a quienes violen la prohibición de realizar propaganda personalizada de servidores públicos.

 Hubo prisa para expedir la nueva legislación electoral pero han transcurrido años en los que el texto constitucional que impide la propaganda de los gobernantes ha sido letra muerta. Si no se han expedido una ley federal y 32 leyes locales al respecto es sencillamente porque la mayoría de los políticos se niega a respetar la Constitución. Es difícil encontrar otro país como éste.

 Los fondos públicos no deben servir para que los gobernantes hagan propaganda de sus personas, pero sin tales recursos esos mismos gobernantes no podrían aparecer en los medios en la forma en que lo requieren para sus personales propósitos. Los lectores de periódicos tenemos que ver diariamente las fotografías de gobernadores que se han vuelto adictos a publicar sus propios rostros por cuenta de los contribuyentes, acompañados de horribles ditirambos.

 En una ocasión, dentro del frustrado Pacto por México, le dije al gobernador de Veracruz que él violaba la Constitución todos los días. Había en la reunión unos quince gobernadores, muchos de los cuales también lo hacían aunque no tanto. El secretario de Gobernación, ahí presente, no dijo nada, aunque se supone que su cargo le obliga a hacer respetar la Carta Magna. Antes, había yo presentado quejas contra varios gobernadores de diversos partidos por la propaganda personalizada gacetillezca que pagaban en muchos medios durante el reciente proceso electoral federal (expresamente prohibida por el Cofipe), pero el IFE se negó a hacer una investigación (sólo preguntó a los medios si las gacetillas eran pagadas y le respondieron que no). Luego, en la apelación, el Tribunal Electoral resolvió que como yo no era ya consejero del Poder Legislativo en el IFE carecía de capacidad para impugnar la resolución a pesar de haber sido el quejoso original en el ejercicio de una prerrogativa ciudadana. Esto sí que es kafkiano, estrictamente.

 También presenté una iniciativa de ley en el Senado pero los y las colegas del PRI y el PAN no quisieron ni leerla. Pocos quieren hablar de este problema porque quema, pero sobre todo porque una ley reglamentaria limitaría la publicidad inconstitucional que no sólo aparece en los diarios y revistas sino también en los medios electrónicos. Anteayer, en el flamante INE, nadie pudo hacer nada con una queja sobre esta clase de propaganda porque no están distribuidas en ley las facultades de sanción ni las sanciones concretas.

 No se trata sólo –hay que decirlo– del Congreso de la Unión sino de las legislaturas de las entidades federativas que han incumplido el mandato constitucional de legislar en esta materia. Habría que agregar que el Ejecutivo Federal y los gobernadores podrían haber presentado iniciativas al respecto pero no lo han hecho. Es cierto que no están obligados, pero con proyectos propios podrían llamar la atención a los órganos legislativos que se hacen los dormidos. Mas estamos en México y no se trata del cumplimiento del deber sino del uso del poder para sacar provecho porque el poder no sólo comprende el hacer sino el dejar de hacer aunque la Constitución rija (pero no se cumpla). ¿Dónde está la ley de réplica y la de sueldos de servidores públicos? Tampoco se han querido aprobar.

 Esta es una muestra de lo que significa en México la muy escuchada frase de “Estado de derecho”.