En la respuesta del gobierno a Alfonso Cuarón se advierte la estrategia de anclar a México como importante exportador de petróleo crudo. El gran reservorio mexicano es el Golfo y hasta ahí quiere el gobierno de Peña llevar a las trasnacionales a explorar, perforar y extraer el aceite que se pueda vender en el mercado internacional cobrando sólo una renta a empresas concesionarias, ya sea a través de contratos de producción compartida o mediante licencias. Este es un error contra el país.

Vender crudo es preciso mientras no se puede técnicamente hacer otra cosa. Pero transformar el aceite y el gas es una actividad que brinda más ventajas, entre ellas, una mayor generación de excedentes, la industrialización del país, la preparación de fuerza de trabajo y el aumento del empleo doméstico. Sin embargo, la petroquímica mexicana fue un proyecto que se perdió en las redes de la imbecilidad y la corrupción.

Para seguir en la idea de vender crudo, el gobierno de Peña quiere otorgar contratos y licencias al capital privado extranjero sin detenerse en analizar que la industria nacional es la única base para impulsar la producción de derivados con el propósito de dar sustento al crecimiento de la economía y desarrollar una ingeniería propia.

Varios países que nacionalizaron su industria petrolera avanzaron hacia la petroquímica en tanto invertían en la exploración que hace sostenible a aquélla. Sobre esta base, se crearon complejos industriales y se llevaron a cabo investigaciones y desarrollos propios. Pero México ha sido un fracaso en la materia y el gobierno de Peña quiere que lo siga siendo.

Sin embargo, nuestro país puede dar un viraje en materia de industria de petróleo, gas, refinados y derivados. Es verdad que son muy grandes las necesidades internas de gasolinas y petroquímicos pero esa es una razón de más para emprender la industrialización sin renunciar a las exportaciones. No obstante, los sucesivos gobiernos del PAN y del PRI se cerraron a considerar toda prospectiva en esta materia y no se ocuparon más que de ingresos inmediatos para el financiamiento del gasto en un país donde la recaudación es muy débil al ser una especie de paraíso fiscal de toda clase de inversionistas y grandes empresas nacionales y extranjeras.

Uno de los problemas de México es que mientras produce la materia prima, compra el bien industrializado por otros. De esa manera, se interrumpe lo que se denomina cadena de valor y el país regresa a la calidad de proveedor de lo que vale menos y comprador de lo que vale más: sus recursos son expoliados. Este fenómeno es una de las bases del imperialismo tal como se le empezó a estudiar desde principios del siglo XX, pero no se trata ya de una imposición desde fuera sino que ahora es una decisión tomada desde dentro como si la historia tuviera que echarse atrás para que los gobernantes pudieran hacer política repartiendo dólares fáciles a costa del desarrollo de sus propios países.

Eso es lo que busca Peña. No existe un programa para industrializar el crudo en el país sino para extraer lo más que se pueda en el menor tiempo posible, todo lo cual –se supone—sólo pueden hacerlo las trasnacionales con su maravillosa tecnología en aguas profundas. Tal política podría funcionar en forma perversa para un partido que quiere mantenerse en el poder pero es funesta para un país que, para progresar, requiere producción, productividad, empleo mejor remunerado y mayor gasto social.

He aquí una de las grandes diferencias entre el plan de Peña en materia de energía, aprobado por el Congreso con la entusiasta participación del PAN, y el proyecto presentado por la izquierda y rechazado por ese mismo Poder Legislativo.