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REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL

Texto leído por Pablo Gómez el 28 de abril de 2022 en la conferencia “mañanera”, del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

La iniciativa de reformas constitucionales que presenta al Congreso el Presidente de México en materia político-electoral tiene como propósitos principales los siguientes:

  1. Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad. Por vez primera, en las elecciones de 2021, el gobierno federal no compró votos ni asignó dinero para que otros lo hicieran. Estamos de plano en la lucha efectiva contra la compra del sufragio, pero es necesaria una nueva reforma para lograr que ningún gobierno, ningunas empresas, ningunos poderes económicos puedan comprar votos, como tampoco utilizar instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular.
  • Erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que no sean protagonistas adicionales de la lucha por el poder. Es necesario superar la situación en la que las autoridares electorales se encontraban vinculadas de una forma u otra al gobierno en turno, lo cual, recientemente, se modificó al ubicarse esas mismas autoridades en el plano de la oposición abierta al gobierno. Ambas cosas son indebidas y dañosas para el país. Es necesario que las autoridades electorales, administrativas y judiciales, sean imparciales y se apeguen a la legalidad y los principios democráticos: que sean personas ciudadanas y no profesionales de la política.
  • Garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin censuras de ninguna especie. En estos tres años, ningún comunicador ha sido reprimido por el gobierno federal ni se ha perseguido a ningún partido o candidato. Gozamos del más amplio espacio de libertades en estas materias. Sin embargo, existen instancias públicas, organismos que supuestamente deben defender esas mismas libertades y hay también poderosas corporaciones privadas que pretenden acallar la crítica que procede del gobierno y de personas que se encuentran en el campo de la lucha por la transformación del país. “La libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”, consagrada con esta claridad en el artículo 7º de la Constitución, debe ser efectivamente “inviolable”, como lo marca la misma Carta Magna, y, por tanto, ser defendida también en todos los campos de la vida republicana de México.
  • Construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político. Los partidos deben existir legalmente sólo con base en el voto popular que obtengan y las candidaturas independientes deben tener la suficiente cobertura para su existencia y representar a sus votantes en los órganos del poder, al igual que los partidos políticos.
  • Conformar un sólo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial únicas, bajo el principio de la austeridad republicana. Ya se ha demostrado que el camino hacia la federalización de las instituciones electorales, proceso iniciado hace ya décadas, es correcto. El problema, sin embargo, es que no se ha culminado. Se plantea, por tanto, una sola legislación y unos organismos administrativos y judiciales únicos encargados de las funciones electorales, lo que, al mismo tiempo, disminuirá el gasto público que ahora se destina a la duplicidad de funciones.
  • Designar mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y a las jurisdiccionales, a través de la postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión. Es preciso que las instancias encargadas de organizar las elecciones y de decir el derecho electoral adquieran una dimensión ciudadana, para lo cual se propone que sus integrantes sean designados mediante votación popular, es decir, voto universal, libre y secreto.
  • Crear un nuevo sistema de elección en el que cada quien vote por sus representantes directos y todos los votos válidos se vean representados en los órganos colegiados del poder público, a través de una proporcionalidad pura. Uno de los mayores cambios políticos del momento actual consistiría en darle mayor representatividad a los órganos legislativos y municipales del país, para lo que se necesita que todos los votos válidos emitidos tengan el mismo peso y que los electores conozcan a los candidatos por quienes pueden votar directamente en cada entidad federativa y en cada municipio.
  • Elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en cada una de las entidades federativas, con el uso del método de listas postuladas por los partidos y listas de candidaturas independientes. Igual forma se aplicaría en cada elección legislativa local. Desaparecen las cinco circunscripciones plurinominales; en cada entidad federatriva se elegirán tantos integrantes de la Cámara como lo determine su población. De definirá la forma de votar dentro de cada lista para que los y las votantes de la misma determinen el orden de las y los candidatos.
  • Fijar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado. Asi mismo, establecer un tope máximo de 45 curules en las entidades más grandes para conformar sus legislaturas y un tope máximo de 9 integrantes en los mayores ayuntamientos. Se debe reconocer que el creciente número de representantes populares no mejora la calidad de la representación popular sino que sólo aumenta el gasto burocrático y la disputa por el mismo.
  1. Limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral, suprimiendo el llamado financiamiento ordinario que se entrega cada mes durante todos los años. Al tiempo, regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de éstos. Los gastos en burocracia partidista sólo promueven que los partidos se abstengan de cobrar cuotas y gasten dinero en actividades que no están vinculadas a la democracia, ya que son parasitarias pero pagadas con fondos públicos. El financiamiento público de partidos y candidaturas independientes debe realizarse sólo para hacer menos dispareja la contienda electoral, es decir, durante las elecciones, pero sin subsidiar preferentemente a las burocracias partidistas.

Con esta propuesta se busca fortalecer la democracia y garantizar el cumplimiento de la voluntad popular. La autoridad electoral administrativa y judicial debe ser independiente del poder político, pero también de los partidos y grupos económicos. En los últimos dos años, el país ha vivido un proceso que nunca se había visto. El INE fue pasando de ser frecuente instrumental del gobierno en turno y de algunos partidos a convertirse en actor de la lucha política. Un grupo de integrantes de su Consejo General asumió esa conducta, la cual no pudo revertirse con la designación de la Cámara de Diputados de dos nuevas consejeras y dos nuevos consejeros. El órgano de gobierno del Instituto llegó al extremo de anular candidaturas aprobadas y no impugnadas, a través de oscuros e inaceptables procedimientos de fiscalización de pequeñeces. Quedó por los suelos el derecho al voto pasivo de quienes contaban con las calidades legales para aspirar a cargos de elección popular. Esa fue una ofensa principalmente contra el electorado, aún antes que contra los candidatos y sus partidos. Ningún consejo general se había atrevido a llegar a tal extremo, aunque también es cierto que sabía de antemano que contaría con la complicidad de una mayoría de magistrados. De esa forma, se produjo dentro del INE un insospechado cambio de reglas. Una de esas reglas consistía en que la autoridad no tenía derecho a relevar candidaturas para allanar el camino de otro partido o coalición y que, a pesar de la peculiar integración del órgano, el derecho formal al voto pasivo siempre debía ser respetado por poseer carácter fundamental. Esto ha dejado de ser vigente.

Junto con esos escandalosos acontecimientos, se han producido otros muchos que, aunque con diversas connotaciones y circunstancias, hablan de una crisis del Instituto y del Tribunal.

La conducta reciente de las autoridades electorales frente al mecanismo de revocación de mandato es elocuente por sí mismo, como antes lo fue con motivo de la consulta popular. Los mecanismos de participación ciudadana con los que simpatiza el actual gobierno son tratados de la peor forma justamente por la instancia constitucional que tiene a su cargo la organización del procedimiento democrático. Centenares de millones de pesos de dos fondos que no lo son, pues proceden del desvío de partidas subejercidas con otros objetos de gasto, fueron esterilizados antes de ponerlos al servicio de aquellos dos inéditos eventos de democracia directa. El número de casillas donde el pueblo vota sin distingos se redujo en dos tercios debido a que la oposición estaba obstruyendo, por su propio lado, la concurrencia a las urnas. El INE actuó como un opositor más. Esta es una violación formal suprema de todos los pactos político-electorales que se han firmado en México desde 1977. La crisis es profunda y no sólo es de “credibilidad”, sino de ausencia de legitimidad y legalidad, pues, antes que el cumplimiento del deber, ha predominado el enfoque faccioso pretendidamente justificado con un lenguaje mendaz. Al final de ese camino tortuoso, ha quedado al descubierto la sencilla verdad de que el INE contaba sobradamente con los recursos públicos necesarios para cumplir el mandato legal de instalación de casillas.

Se requiere volver a empezar en muchos aspectos, saliendo del hoyo cavado durante los últimos tiempos. Se propone crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como autoridad electoral independiente sin militancia política y con capacidad de articular su acción con las instituciones originales del Estado mexicano.