El secretario de Energía, Pedro Joaquín, ha comparecido en el Senado para defender la propuesta de Peña sobre energía. Es un canto de sirenas hablar de “cambio histórico” como no sea en sentido regresivo. Las industrias nacionales no necesitan competencia porque ésta siempre será una concesión, un traslado de riqueza a las empresas privadas. Si bien es cierto que el capitalismo mexicano no surgió así, sino bajo un sistema duro de propiedad privada, aquella línea de los liberales fue criticada y modificada de tal manera que el Estado tomó en exclusiva bienes nacionales y actividades estratégicas. ¿Por qué desandar para volver a un régimen de entreguismo nacional?

Para explicar la posición reaccionaria (volver a los anteriores privilegios) se nos habla de negocios y de progreso. La tesis es que, hoy, no puede haber progreso en las industrias de energía sin el concurso de las grandes trasnacionales, lo cual no está en absoluto demostrado. Se insiste en que el Estado no cuenta con suficiente dinero para invertir con la cuantía requerida, pero no se explica la manera en que se financian las trasnacionales para realizar sus propias inversiones, es decir, en los mismos mercados que los Estados. Pues bien, dejada de lado la mentira de la falta de financiamiento, lo que le queda al gobierno es demostrar que Pemex y CFE no pueden acometer grandes proyectos.

Sobre la incapacidad de las empresas del Estado se ha hablado hasta el cansancio, en especial por los grandes empresarios y los gobernantes, quienes son los responsables de la corrupción en el sector público. Nadie más que el gobierno ha dirigido Pemex y CFE, por lo cual si se ha administrado mal, ya llegó el tiempo en que las empresas públicas se reformen y se deje de presentar el defecto propio como argumento de la propuesta oficial.

No hay nada verdadero en la iniciativa de Peña, pero ahora dijo Pedro Joaquín que no debe impedirse a Pemex asociarse con otras empresas. Lo primero que salta a la vista es que el proyecto oficial no abarca asociaciones de la paraestatal con las trasnacionales, sino directamente del gobierno. Se quiere hacer a un lado al Pemex corrupto e inoperante antes de reformarlo. Se busca que sea el gobierno el que haga los contratos con las grandes trasnacionales. Si se aceptara, sin conceder que eso es mejor, el problema no cambiaría en sus términos. Todo contrato de producción o utilidades compartidas, por definición, entrega parte de algo. Ese algo es el dominio y usufructo exclusivos de la nación sobre los hidrocarburos. ¿Para qué? Para producir, se dice, tres millones de barriles diarios; eso ya lo hicimos y el país no cambió. En este punto ha metido directamente su cuchara Peña Nieto, quien nos ha informado que Estados Unidos será en dos años autosuficiente en energía. Aquí la cosa empeora, pues casi todos nuestros excedentes de crudo se exportan a ese país, lo cual ya no se podrá seguir haciendo y tendremos que buscar clientes lejanos, por lo cual no estaría asegurada la colocación de un millón de barriles diarios, mucho menos de dos. Entonces, ¿para qué la prisa de producir más aceite si no tenemos clientes asegurados a precios elevados? Pero, además, con una disminución de la demanda internacional, el crudo podría bajar de precio cuando México estuviera produciendo petróleo a un costo mayor de 50 dólares por barril en asociación con las grandes trasnacionales, las cuales, de cualquier manera, tendrían garantizadas, por parte del gobierno mexicano, la cobertura de sus costos y una ganancia porcentual. Hablan con fantasías en lugar de buscar hacer negocios nacionales. Es un canto de sirenas. Hay que amarrarse al mástil para atravesar el mar.