Algunas izquierdas no pueden declarar, así nomás, que no es necesario aumentar impuestos a las altas percepciones cuando éstas conforman la mayor parte del ingreso nacional. No se puede afirmar tan tranquilamente que el problema consiste sólo en combatir la corrupción y que no hay tareas urgentes de redistribución del ingreso en un país tan desigual como México.
Desde algunas derechas la cosa es diferente. Se puede decir, como se dice, que afectar a los ricos es impedir el crecimiento de la economía. Las derechas más tercas no se confunden porque no les conviene analizar con objetividad la realidad social. Pero no se puede afirmar lo mismo por parte de algunas izquierdas donde existe, por lo visto, una confusión de temas y objetivos que está llegando a un extremo de veras preocupante. El presidente de Morena, Martí Batres, se ha pronunciado contra la elevación de los impuestos a los ricos (él dice empresarios), mientras el PT ha votado en contra.
Hasta ahora no se había dicho desde la izquierda que las reformas para hacer progresivo el impuesto sobre la renta, eliminar deducciones inicuas, aplicar tasas a las ganancias bursátiles, incrementar los derechos por la extracción de minerales, limar los regímenes tributarios especiales y acabar con el sistema de consolidación fiscal de las holdings, entre otras, tendrían que hacerse hasta que el gobierno fuera de izquierda y, mientras tanto, no habría que luchar por ningún cambio. Esto es nuevo. Durante décadas, las izquierdas parlamentarias y académicas han presentado todas esas iniciativas, pero nunca se había dicho que nomás era para perder el tiempo.
Es cierto que el tema de la política de gasto es de la mayor importancia en todo esquema de fiscalidad. La izquierda siempre ha sostenido que el Estado debe asumir un papel central en el bienestar social y, al mismo tiempo, en el desarrollo económico. No se trata sólo de subsidios, sino también de inversiones. Son los neoliberales quienes han sostenido el repliegue del Estado de la esfera de la economía productiva en aras de una mayor libertad de los agentes económicos relevantes, es decir, de las mayores empresas, incluyendo las financieras. Esos neoliberales admiten el protagonismo del Estado sólo cuando obligan a éste a ir a los rescates: el mayor de ellos en México fue el de Fobaproa, con un millón de millones de pesos, del que todavía se debe la mayor parte y corren los intereses que nos impusieron Zedillo, Gurría y Arrigunaga (¡qué trío!).
El PAN hace bien en votar contra las reformas que afectarían a los grandes capitalistas, pues ese partido perdió hace mucho tiempo la oportunidad de ser algo así como una democracia cristiana populista o, mucho menos, un socialcristianismo. Pero desde la izquierda no se puede actuar contra las iniciativas propias, las que se han presentado en el Congreso durante décadas, sino a riesgo de la esquizofrenia.
Existen, sin embargo, algunos temas selectos a los que se recurre con frecuencia. Ya en el sexenio anterior se propuso un nuevo impuesto a los refrescos. Este gravamen y el de los alimentos chatarra no son redistributivos, sino de castigo a los consumidores. El sistema fiscal no debería usarse para castigar, sino para redistribuir ingreso y resolver problemas sociales, pero estamos entrando a una época de acciones fiscales punitivas contra ciertos hábitos nada saludables, como si los impuestos pudieran cambiarlos. En realidad no hay alimentos malos, sino dietas malas. Mas, por lo visto, en política, tampoco.