La política de Fox y Calderón fue la misma que la de Zedillo: privilegios a los ricos, impuestos indirectos, retracción de la inversión pública, pésima administración de la renta petrolera y aumento de los gastos de operación del gobierno. Diez y ocho años son suficientes para demostrar que esa política es nacionalmente suicida.
Zedillo subió la tasa general del IVA a 15 por ciento, Fox propuso un nuevo impuesto a las compras finales que fue rechazado por el Congreso, Calderón buscó el IVA en alimentos y medicinas, pero se conformó con uno por ciento de aumento a la tasa general y la invención del IETU y de un inusitado impuesto al circulante.
Peña Nieto acarició la idea de generalizar el IVA y logró que su partido la aprobara, pero al final se desistió. ¿Por qué? Seguir en la línea trillada, inoperante y fracasada sólo hubiera tensado más las relaciones políticas. Pero, además, no se podía lograr el IVA en alimentos y, al mismo tiempo, atacar por el lado del impuesto sobre la renta de los mayores ingresos del país. La situación política no lo permitiría porque el gobierno no hubiera podido llegar a acuerdos con ninguna de las dos fuerzas políticas que son necesarias para obtener la mayoría legislativa.
Las opciones se encontraban como siempre en la larga lista de los llamados gastos fiscales. Había que palomear aquellos que podían incluirse en un proyecto de reformas y, al mismo tiempo, obtener la mayoría en el Congreso.
Fueron algunos de los agujeros en el renglón de renta los escogidos como principales: progresividad, consolidación fiscal, ganancias bursátiles, régimen agropecuario de las grandes empresas, deducciones fiscales y derechos sobre la minería, aunque también se debía dar respuesta al ya viejo problema de la tasa diferencial del IVA en las fronteras que nunca tuvo justificación, así como al fraude en la exención del IVA de maquiladoras. Los refrescos azucarados son una añadidura, aprovechada por el PRD para lograr un trato semejante a los alimentos chatarra. El gobierno sólo quería llevar la tasa máxima del ISR de 30 a 32 por ciento, pero el PRD exigió mayor progresividad, hasta 35 por ciento sobre los ingresos mayores de tres millones anuales: no hay “clase media” que gane tanto en ninguna parte del mundo, como lo suponen el PAN e inexplicablemente algunos legisladores del PRD.
Cuando el gobierno accedió a tachar un paquete de elementos colaterales, no tanto impugnados por el PAN, sino por el PRI y no pocos perredistas, tenía que negociar con el PRD. Claro que tales negociaciones tenían una base sólida: la mayoría de las propuestas coincidía textualmente con iniciativas presentadas por la izquierda. Y un asunto vital: rechazar un sistema fiscal diferente sobre nuevos proyectos petroleros, que era la preparación de la iniciativa energética de Peña. El punto que no se logró por parte del PRD fue crear una especie de IETU sólo para las mayores empresas del país, como impuesto de control que garantizara un mínimo de contribuciones efectivas con una tasa de cinco por ciento sobre ingresos. Ese partido intentó negociarlo, por el otro lado, con el PAN a cambio de olvidar por el momento la homologación del IVA fronterizo, pero ese partido no estaba dispuesto a dar el menor paso para cobrar impuesto sobre la renta a los consorcios cuando rechazaba la tasa máxima del ISR de 35 por ciento y otras cerraduras de agujeros históricos de tal gravamen.
En síntesis, el paquete impositivo aprobado por el Congreso proveerá más recursos públicos a costa, principalmente, de los ricos. Falta el desenlace de la otra disputa: la del gasto.